Editoriales y Opiniones

El rescate de 1,400 millones de dólares del FMI desvela el largo camino que el país tendrá que recorrer para llegar al “milagro económico” anunciado por Bukele. El préstamo es inevitable para contener la inminente explosión de la crisis de la deuda. De paso, puede desbloquear otros 2,100 millones de dólares de prestamistas multilaterales. Además de dejar en evidencia el caos financiero, el acuerdo impone una pesada carga sobre unas mayorías que ya arrastran bastantes penurias. Personalmente, el honor de Bukele sale escarnecido. Desde 2019, cuando llegó al poder, no solo ha mantenido al país al borde de la mora, sino que también profundizó ese riesgo con el aumento de la deuda pública y la falta de inversión en infraestructura productiva. Durante todos estos años, ha administrado las finanzas con una ligereza sorprendente. En 2024, aceleró el ritmo del endeudamiento, que superó el 90 por ciento del PIB, mientras el crecimiento económico real disminuía. El aumento insensato del 30 por ciento de las pensiones en 2023 es inviable a corto plazo. El crecimiento de la deuda implicó intereses muy altos, todo ello exacerbado por un enorme déficit fiscal. La supresión de la independencia judicial y la persecución de la oposición y los medios de comunicación críticos contribuyeron con la crisis: el clima creado por Bukele ahuyentó a los inversionistas. El entusiasmo irracional con las criptomonedas tiene mucho que ver con la debacle de las finanzas públicas. Declaró el bitcoin moneda de curso legal y prometió evitar los mercados convencionales de capital, dar servicios financieros a las dos terceras partes de los adultos fuera del sistema bancario, reducir el costo de las remesas (que en los primeros siete meses de 2024 representaron alrededor de la mitad del valor de las importaciones), generar miles de millones de dólares con la emisión de bonos criptográficos emitidos por una multinacional, construir una criptociudad y desarrollar energía geotérmica para los mineros de criptomonedas. Pero los mercados tradicionales no compraron los sueños de Bukele. Los bonos nacionales se depreciaron y cuando comenzó a retrasar el pago de los salarios del sector público, los inversionistas se replegaron más aún. Si la deuda es elevada y la inversión y el crecimiento del PIB languidecen, prestar al 12 por ciento, tal como hizo Bukele a comienzos del año pasado, es insostenible. Al retrasar el rescate del FMI y al aferrarse al experimento criptográfico mantuvo alta la prima de riesgo y el peligro de mora parecía inminente. El riesgo de una estampida bancaria y de un contagio financiero, incluso de desdolarización, era real, porque los depósitos locales están respaldados parcialmente por la deuda gubernamental. El escollo se evitó porque Bukele se hizo cargo de la deuda; echó mano de los pocos dólares que tenía para recomprar bonos con un buen descuento, lo cual ahorró buena parte del pago principal. Y por otro lado, por la reducción del déficit y la evasión fiscal, las remesas y ligero crecimiento de la economía. Sin embargo, sin el rescate no tenía probabilidades de sobrevivir. Los resultados de la inversión en criptomonedas y en criptoturismo, dos de sus apuestas más grandes, han sido insignificantes. Al final, la única salida era el FMI. La negociación duró varios años, porque el Fondo exigió disciplina fiscal, levantar la reserva de la información y, sobre todo, abandonar el bitcoin (quizás el fracaso más sonado de Bukele). El rechazo de la criptomoneda ya era una realidad. El error es de Bukele y sus socios criptoactivistas, que no tomaron en cuenta el reducido tamaño de la economía formal y la poca competencia digital de la gente. La obsesión les metió prisas, que los llevaron a improvisar y equivocarse. La temeridad dejó más pérdidas que utilidades. El invento costó unos 375 millones de dólares, una suma que supera por mucho las ganancias que pueda haber producido, las cuales, además, pueden evaporarse en cualquier momento. Es de sobra conocido que su volatilidad es un riesgo para la estabilidad financiera y fiscal. Muy a su pesar, Bukele se comprometió, en principio, a suspender las transacciones en bitcoin. El compromiso duró poco, el desafío al FMI no se hizo esperar. La constancia no es su virtud más destacada. Está por verse cuánta indisciplina tolerará un FMI ansioso por un programa exitoso. El paraíso prometido se lo tragó la corrupción y el desastre de las finanzas públicas. Al menos habrá que aguardar tres años para alcanzar cierta estabilidad financiera. Mientras tanto, las mayorías pagarán muchos más impuestos que los ricos y cada vez tendrán menos acceso a los servicios públicos. Las criptomonedas no conducen al “milagro económico” de Bukele. Sus apuestas más prometedoras se han desinflado al entrar en contacto con la realidad (ver The Economist, “El Salvador’s wild crypto experiment ends in failure. Its curtailment is the price of an IMF bail-out. And one worth paying”, 2 de marzo de 2025). * Rodolfo Cardenal, di

La Iglesia parte siempre en su pensamiento de la igual dignidad de las personas, hijos e hijas de Dios. En ese sentido, todo lo que humilla, margina, olvida o daña las necesidades básicas de la gente tiene que ser revisado y corregido. Pero quienes viven en el mundo de la riqueza (aunque no solo ellos) tienden a pasar de largo ante el dolor y el sufrimiento ajeno. En esto el Evangelio de Jesucristo es muy claro. En El Salvador, en el pasado, algunos ricos estaban más atentos al mugido de su ganado que al gemido de sus trabajadores; la indiferencia ante el sufrimiento humano proveniente de la pobreza, la injusticia o la marginación continúa siendo habitual en la élite económica nacional. La Iglesia nos recuerda que, además de que todas las personas tienen los mismos derechos básicos, el mundo y sus bienes fueron creado para todos los seres humanos. En ese sentido, no hay dueños de bienes, sino administradores. Si la riqueza, en vez de redistribuir bienes, acapara, se vuelve ostentosa y no se preocupa por una real y efectiva justicia social, se convierte automáticamente en injusta. A este respecto, vale recordar la condena del rico que no sintió compasión por Lázaro y al publicano rico, Zaqueo, que tras conocer a Jesús entregó la mitad de sus bienes a los pobres y les devolvió el cuádruple a quienes les había cobrado de más. Antiguos pensadores cristianos afirmaban que se equivoca el rico que da lo que cree que es suyo, porque en realidad está “devolviendo lo que es de los pobres” y, por ello, no hace una obra de caridad, sino de justicia. La propiedad privada es necesaria para asegurar que los bienes de la creación y de la historia lleguen a todos. Acumularla de un modo egoísta y exhibirla sin pudor no es cristiano ni propiamente humano. Tener casa propia, salario decente, medios de vida adecuados para sí y para la familia, y ser tratado con dignidad es básico para cumplir con lo que la Iglesia llama el “destino universal de los bienes”. Quienes tienen mayor peso económico o ideológico en un país, estén o no cerca del poder político, tienen la responsabilidad de insistir en aspectos de la vida social que son garantes de la igual dignidad humana. Deben defender el Estado de derecho, apoyar la calidad de las redes de protección social, fomentar la educación y preocuparse por la vigencia y respeto de los derechos humanos. Al contrario de lo que algunos piensan, la responsabilidad social empresarial no consiste en donar una pequeña parte de la riqueza que se posee y ponerla al servicio del desarrollo de unos pocos, desentendiéndose del resto de problemas del país. La justicia social, el buen funcionamiento del sistema judicial, los migrantes, el hambre y la pobreza, el maltrato en las cárceles, la corrupción, la falta de transparencia pública son también responsabilidades de quienes tienen poder económico. Reunirse con el poder político y no tratar con seriedad estos temas es convertirse en cómplice de graves atropellos.

Si El Salvador de Bukele “ha dado grandes pasos para eliminar los frenos a la inversión y las excesivas regulaciones, que solo obstaculizan el emprendimiento y ralentizan la economía”, por qué esa inversión, en lugar de aumentar, tiende a disminuir. En 2023, la diferencia entre El Salvador, en el último lugar, y Honduras, en el penúltimo, fue de más de 300 millones de dólares a favor del segundo. Y en los primeros nueve meses de 2024, atrajo el 27 por ciento menos de inversión que en el mismo período de 2023. Es la misma duda que suscita la seguridad: si el país es tan seguro, cuál es la razón del régimen de excepción o por qué Bukele se desplaza como si estuviera en zona de guerra. En un movimiento desesperado, Bukele coqueteó con multimillonarios latinoamericanos para que se hagan cargo de dinamizar su derrengada economía. En un suntuoso banquete, en un encuentro con todo el grupo y en audiencias privadas les habló de las libertades que concede a las empresas, de la infraestructura que ha levantado y de la legalidad del bitcoin. Sin embargo, no les dijo que la seguridad jurídica es inexistente, porque la única ley del país es su voluntad. Tampoco les mencionó que no esperaran información sólida sobre la actividad gubernamental, un elemento fundamental de la inseguridad jurídica. La corrupción no era necesario mencionarla, porque los capitales de la mayoría de sus invitados no son un ejemplo de honestidad. Los multimillonarios muy rara vez lo son. Uno de los aliados principales de Bukele en la apuesta por las criptomonedas experimentó en carne propia la inseguridad jurídica, la falta de transparencia y la volatibilidad gubernamental. Él y otros criptobros, atraídos por la promesa de riqueza fácil y abundante, se trasladaron al país e invirtieron en el negocio, hasta que, intempestivamente, Bukele modificó la legislación y los dejó desprotegidos. No les avisó del cambio ni les dio explicación. No es cierto, pues, tal como aseguró a sus huéspedes, que sus inversiones estarán seguras. Eso depende de sus intereses personales. El historial de Bukele aconseja desconfiar. Antes reprobó la dolarización, ahora el dólar es estabilidad; antes se declaró de izquierda, ahora es de derecha; antes dijo ser socialista, ahora es capitalista neoliberal; antes se puso del lado del venado contra el tigre, ahora está con el tigre y en contra del venado; antes se identificó con la causa los pobres, ahora con la de los multimillonarios. Se pronunció por un país capitalista radicalmente neoliberal. Los vaivenes de Bukele son mucho más peligrosos que la vacilación de Colombia ante Trump, que irónicamente atribuyó a dos tragos de más de su presidente. La presentación del país fue encantadora, pero anecdótica. Cuando le preguntaron por el plan económico de largo plazo, Bukele se perdió en vaguedades. En realidad, no tiene ningún plan. Gobierna a salto de mata. Fue incapaz de proporcionar a sus huéspedes una visión articulada de la realidad nacional y de sus posibilidades reales. Lo más concreto de su cuento es que quiere hacer del país otro Singapur u otros Emiratos Árabes Unidos. Se contentó con informarles que sus inversiones gozarían de toda clase de facilidades y, de paso, les relató sus avatares y su inventiva para erradicar a las pandillas e imponer la dictadura. Muchos de sus invitados lo escucharon con la boca abierta, deslumbrados por su desenvoltura. La apuesta económica de Bukele es clara: entregar el país a los multimillonarios para que produzcan lo que llama “el milagro económico”, pues él no tiene cómo realizarlo. El encuentro fue una demostración de cercanía, de simpatía y de sonrisas cómplices. Incluso respondió a sus preguntas y no faltó la sesión de fotografías y selfis. Bukele no escatimó gastos, tiempo y esfuerzo con tal de engatusarlos para que le salven la economía y, de paso, también su dictadura. Se solazó entre los multimillonarios y no tuvo pudor en mostrárselo al país, en una cadena nacional de más de una hora de duración. Codearse con multimillonarios boquiabiertos es haber alcanzado la cumbre del prestigio y del poder. Sus seguidores locales contemplaron orgullos y satisfechos cómo los multimillonarios trataron a Bukele como un igual. Sin embargo, la riqueza no es un criterio confiable de virtud o sabiduría, porque siempre es arbitraria y, por lo general, encierra injusticias clamorosas. Uno de los mitos más antiguos sostiene que los ricos y los poderosos salvan al mundo del desastre inminente. Pero la historia demuestra que no son confiables. Aprovechan su posición para promover sus riquezas y su poder a costa de los demás. El ascenso de los ricos significa la profundización de la desigualdad, la agudización de las divisiones sociales y la destrucción de la creación. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de haber sido expulsado del FMLN en 2018, Nayib Bukele dijo: “A mí no me verán nunca en las filas de Arena o de GANA; mi corazoncito siempre está a la izquierda”. Poco después cambió de discurso y afirmó que era parte de la nueva política, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Pero luego de que ganó las elecciones en 2019, sus acciones lo ubicaron más bien en la nueva ultra derecha global. Bukele comparte ideología y estilo con personajes como Donald Trump, Javier Milei y Tayyip Erdogan. Y esto lo dejó claro en el Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, que reunió en El Salvador a multimillonarios de unos 20 países de América Latina y sus herederos. El mensaje del mandatario a los potentados fue claro: “El Salvador está abierto para los negocios”. En ese ambiente, pareció sentirse en confianza y soltó frases que perfilan su Gobierno. “Nosotros queremos ser un país de full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo más fuerte, pero pequeño posible, que no tenga grasa solo músculo […] Todos los días trabajamos en quitar regulaciones, en hacer leyes más amplias, en invitar e incentivar la inversión y hacer más competitivo el país”, dijo. Un discurso, pues, ultra. No se trata que ser de derecha sea malo en sí mismo, sino que este tipo de política es la que por décadas ha causado pobreza, marginación y desigualdad a lo largo del continente. Por algo América Latina es considerada como la zona más desigual de mundo. Cuando Bukele aspira a que El Salvador se identifique totalmente con el capitalismo desbocado, acepta que la prioridad de su gestión son los que más tienen y que, para beneficio de ellos, se apostará por el libre mercado, bajos o nulos impuestos para los empresarios, flexibilidad laboral y mínima intervención estatal. La vieja receta de siempre que, lejos de curar el subdesarollo, concentra la riqueza en pocas manos y genera pobreza en la mayoría. A la luz de ese discurso resulta comprensible que hoy se cobre a los ciudadanos por podar o cortar árboles mientras a los grandes inversores se les facilita talar bosques enteros en zonas protegidas para construir proyectos comerciales o urbanísticos. Ahora se entiende mejor por qué, contra toda evidencia y contra el clamor de gran parte de la población, se aprobó el regreso de la minería metálica; por qué se acosa fiscalmente a los pequeños empresarios mientras se exime de impuestos a los millonarios; por qué, aunque el costo de la vida se ha disparado, los salarios permanecen congelados. Bukele logró que algunos de los empresarios más ricos de América Latina lo halagaran. Y ese triunfo propició que hablara a pecho abierto. A raíz de la reunión, transmitida por cadena nacional, queda claro que lo del corazón a la izquierda era asunto solo de campaña política y que la gente más pobre no es su prioridad. Bukele, a pesar de gozar de una amplia popularidad, no es una persona que guste del pueblo; a pesar de haber declarado una lucha contra la oligarquía para recuperar el país, aspira a gozar de las simpatías de los multimillonarios, cuando no convertirse en uno de ellos.

Hace algunos días, un expresidente del Banco Central de Reserva mencionó la baja calidad intelectual y argumentativa de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las respuestas no se hicieron esperar y llegaron cuajadas de insultos. De algún modo le daban la razón al exfuncionario, porque el insulto, así como acumula y descarga agresividad, carece de pensamiento racional. En general, es el método argumentativo más primario y vulgar. Algo que la misma sabiduría popular suele rechazar con refranes, algunos de ellos cómicos, dejando en mal lugar al que insulta ante una afirmación que, se esté de acuerdo o en desacuerdo, merece la pena analizar. Usualmente, a los poderes legislativos no llegan solo personas juiciosas o sabias. Mirando a otros países se constata que hay de todo entre las filas de los diputados. En El Salvador hemos visto tal cantidad de contradicciones en el discurso de estos funcionarios, tanto en el presente como en el pasado, que es normal preguntarse por su calidad intelectual. Unos citan a intelectuales de izquierda cuando les conviene y, al mismo tiempo, votan leyes conservadoras. Otros acusan de corruptos a los opositores y defienden la propia falta de transparencia. Y están los que prefieren el insulto al diálogo. Muchos de entre todos ellos emiten leyes sin razonamientos serios. Al respecto, difícil olvidar la ley original del bitcoin, establecido como moneda nacional sin debate previo y sin razonamiento sólido en el texto legal. Y todos nos dimos cuenta de que el cese de la obligatoriedad de recibir pagos en bitcoin se decidió sin que los diputados reflexionaran lo más mínimo al respecto. El poder ejecutivo puede dar ideas e incluso razones, y la fuerza del dinero y del Fondo Monetario Internacional pueden también externar su pensamiento, pero los diputados, en este vaivén de sí pero no, solo aprietan el botón sin que se oigan argumentos de peso en sus bocas. La prohibición de la minería metálica estuvo llena de razonamientos y datos tanto en la propuesta de la Iglesia católica como en las de otras organizaciones. En la eliminación de la ley, solo pesó la palabra de Nayib Bukele augurando un futuro feliz construido sobre el oro y unos informes sobre su abundancia que no se podían mostrar en público porque era “secretos comerciales”. Bastó eso para que se derogara la ley anterior y se promulgara otra aceptando la minería metálica en el país. Es normal ante situaciones como la mencionada que la gente se pregunte por el nivel educativo, intelectual y moral de los diputados. En el examen periódico universal que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le hicieron a El Salvador observaciones muy serias sobre violaciones a derechos humanos, debilidades del Estado de derecho y el absurdo de mantener durante tanto tiempo el régimen de excepción con todas las injusticias que propicia. Se tocaron puntos que afectan especialmente al poder legislativo. Sin embargo, a ningún diputado oficialista se le oyó una respuesta o reflexión digna de ser ubicada en el ámbito de la racionalidad y del pensamiento intelectual. El ciudadano instruido puede legítimamente pensar que la gran mayoría de los diputados sabe muy poco o nada sobre el tema básico de los derechos humanos. O simplemente imaginarse que esa temática, además de desconocerla, la desprecian o la consideran un estorbo. O lo que sería peor, que no saben bien lo que es un Estado de derecho. En diversos países es común que en las sesiones del poder legislativo se caliente la sangre, incluso se ha visto diputados llegando a los puños. Pero cuando un partido consigue una mayoría tan aplastante como en El Salvador, los abusos se pueden cometer a sangre fría y con impunidad, al menos por un tiempo. Y cuando además los funcionarios son cortos de entendimiento, creen erróneamente que la mentira puede sustituir a la verdad. Es una lástima que un grupo de diputados relativamente jóvenes, embriagados con la sensación de poder, no se preocupen de cultivar la razón y la inteligencia, y den pie a que personas más reflexivas y mejor preparadas lamenten la baja calidad intelectual de la Asamblea.

El 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. En El Salvador, la fecha pasó prácticamente inadvertida, a pesar de que la justicia social aparece en la Constitución como uno de los deberes fundamentales del Estado para con los ciudadanos. En efecto, el numeral 1 de la Constitución pone los elementos básicos de la convivencia y del sentido del Estado al servicio de la persona. La persona humana, con su dignidad fundamental, aparece como “el origen y el fin” de la actividad estatal. Y poco más adelante, en el mismo numeral, se insiste en que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Desde 1983, fecha de la promulgación de la Carta Magna, todos los Gobiernos, con sus más y sus menos, hicieron algo en favor de la libertad, la salud y la cultura. Poco, sí, pero el menos algo. Sin embargo, en bienestar económico y en justicia social el suspenso es evidente. En las encuestas, el problema de la economía ha sido una constante, a veces incluso por encima de la violencia como preocupación popular. En justicia social, entendida como igualdad en derechos básicos, el fracaso es mayor que en el campo del bienestar económico. Ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en acceso a la justicia hay igualdad. Al contrario, los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución han estado marcados por la desigualdad, y en la actualidad no hay cambios sustanciales al respecto. La primera definición de justicia social la dio a mediados del siglo XIX un sacerdote jesuita: “Virtud que iguala de hecho a los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Si la virtud es una fuerza para la acción, en El Salvador no hay fuerza ni mucho menos igualdad básica en derechos. Si cuando la Constitución se tomaba relativamente en serio las cosas iban mal, ahora que se ha convertido en un juguete al que se le pueden cambiar las piezas rápidamente, ya no hay freno legal al cual recurrir ante los desmanes de los poderosos. Sin embargo, la justicia social, como creadora de igualdad en derechos básicos, es vital no solo para la convivencia, sino también para un desarrollo inclusivo y justo. Los trabajadores son poco productivos porque el Estado no invierte lo adecuado en educación ni en formación profesional. Aristóteles, uno de los filósofos más señeros de la cultura griega, decía que tanto la desigualdad como la igualdad absoluta son injustas si se aplican desde una sola idea. Si el poder decide quiénes son iguales y quiénes desiguales, la convivencia democrática pierde sentido. Y así lo refrendaba el pensador griego: “Si la libertad y la igualdad son las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”. Desdeñar la justicia social, reducirla a simple frase formal de una Constitución sujeta al capricho del poder, es peligroso y dañino tanto en el corto como en el largo plazo. Si el Estado no está al servicio de todas las personas y si la justicia social no lo inspira, el futuro del país será de exclusión, abuso y discriminación, por mucho que la propaganda repita lo contrario.

Entre Bukele y Trump se observan algunas coincidencias interesantes. No es una relación entre iguales o aliados. Los separa un abismo infranqueable y ninguno tiene socios, sino subordinados. La relación es similar a la del emperador romano con el gobernador de una provincia imperial. Los dos comparten la misma visión de la criminalidad. Trump considera criminal al indocumentado residente en territorio estadounidense, independientemente de si tiene empleo, paga impuestos y contribuye con la comunidad. Bukele cataloga como criminal a todo aquel que está o parezca estar relacionado de alguna manera con las pandillas, a los líderes comunitarios independientes y a sus enemigos personales. Ambos socializan la criminalidad, sin distinguir grados de culpabilidad y exigen cuotas de capturados para exhibir su éxito. Las redadas de Trump maltratan a los latinoamericanos, documentados o no, y también a los estadounidenses. Las de Bukele actúan con la misma arrogancia en las poblaciones con los ingresos más bajos. Los dos dan el mismo tratamiento vejatorio e inhumano a los catalogados como criminales. Trump los deporta como animales, encadenados y humillados. Bukele da a sus criminales el mismo trato y, además, los tortura. Trump pretende imitar a Bukele y convertir Guantánamo en una megacárcel para encerrar a unos 30 mil de “los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, entre ellos a los salvadoreños. Bukele no ha levantado un solo dedo para defender a la diáspora salvadoreña, aun cuando, según dice, aportó buenas cantidades de dólares para sus campañas electorales. Trump y Bukele olvidan que, un día no lejano, sus antepasados inmediatos fueron inmigrantes. Según la lógica del primero, las poblaciones originarias sobrevivientes bien pueden tratar como criminales a la mayor parte de la ciudadanía estadounidense. Los apellidos los delatan. Bukele ha olvidado el profundo desprecio de la oligarquía agroexportadora tradicional a los inmigrantes de origen árabe, católicos y musulmanes. El discurso del emperador y su gobernador siembra división y odio. Hay latinoamericanos nacionalizados estadounidenses tan ensoberbecidos que aborrecen a sus compatriotas indocumentados y los denuncian para ser deportados. Los creyentes no debieran olvidar que Dios ordena no maltratar ni oprimir a los extranjeros, “pues extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto”. Trump considera genios empresariales a los multimillonarios tecnológicos, a quienes atribuye una creatividad, una audacia y una experiencia únicas. Bukele también siente debilidad por ellos. Recibe a los multimillonarios extranjeros con exhibiciones de una opulencia que no posee y se ha rodeado de promotores fanáticos de las criptomonedas. Sin embargo, no dispone aún del capital que da acceso al exclusivo círculo de los multimillonarios. Aunque el clan Bukele se afana para alcanzar esa meta. El Estado es para ellos, y para Trump también, un negocio muy rentable. Tanto Trump como Bukele abusan de la posición que les da la riqueza para promover inescrupulosamente sus intereses económicos. Los dos persiguen furiosamente a sus enemigos personales, a quienes acusan de corrupción, mientras ignoran cándidamente los delitos de sus amigos. La riqueza y el poder demostrarían su grandiosa capacidad para los negocios, su valor supremo. En la práctica, derrochan arrogancia y siembran inestabilidad. Trump pretende expulsar a los palestinos de la franja de Gaza para transformarla en “la Riviera del Oriente Medio”. Bukele construye la suya, mucho más modesta, en el litoral pacífico, para lo cual expulsa a los campesinos pobres. Trump suprimió de un plumazo Usaid, una importante agencia de ayuda humanitaria y también fuente de financiamiento de la agenda de Washington en el mundo desde su fundación. Bukele aplaude la supresión, porque habría financiado a los periodistas y los medios independientes, que lo incomodan con sus críticas y denuncias. Los dos mandatarios alientan la desinformación y ambos permanecen cautivos de sus propios fantasmas. Una diferencia importante es que Trump, aunque ordena vociferante e ininterrumpidamente, está sometido a los controles de los poderes legislativo y judicial, mientras que Bukele los anuló de un plumazo para hacer a su gusto. Voces cercanas a Trump le sugieren seguir el ejemplo del salvadoreño. No les será nada fácil. Podrán corromper y debilitar la institucionalidad estatal, pero está es más poderosa que sus deseos. El emperador y su gobernador provincial son al mismo tiempo cercanos y lejanos. El poder y la riqueza son inmensamente desiguales. Más importante aún, el gobernador está sometido a la voluntad del emperador. Si lo contraría o lo defrauda, es defenestrado. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”. Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”. Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

La subcontratación de la gigantesca cárcel modelo es una idea peregrina. El mensajero de Trump la recibió con entusiasmo, pero rápidamente retrocedió, al advertir problemas de competencia y jurisdicción. Trump es tan imperial como Bukele, pero, a diferencia de este, sus despropósitos están sujetos a controles legislativos y judiciales. La ristra de órdenes ejecutivas da la impresión de que el estadounidense puede hacer su voluntad, pero no es así. En este punto, la diferencia entre ambos es grande. El negocio no lo es todo. Aun cuando la tarifa por recluso “en el mejor sistema penitenciario del mundo” sea muy inferior a la de Estados Unidos, es descabellado encerrar a sus propios ciudadanos en un territorio extranjero como El Salvador, donde ni las autoridades estadounidenses, ni las salvadoreñas tendrían jurisdicción legal sobre ellos, donde el régimen carcelario violenta sistemáticamente los derechos de los detenidos, donde el inglés no es idioma común —excepto entre las élites— y donde los estadounidenses estarían bajo las órdenes de un funcionario de Bukele a quien Washington ha sancionado por corrupción. Bukele no suele detenerse un momento a considerar las consecuencias de sus ocurrencias. En esto es como Trump que, repentinamente y sin motivo claro, suelta estupideces. Existe, sin embargo, una posibilidad que puede complacer a los dos mandatarios. Si Bukele cede a Estados Unidos la soberanía de una porción del territorio nacional, Trump puede construir en ella una cárcel, resguardada por personal militar estadounidense, al estilo de Guantánamo. La inconstitucionalidad de la cesión no es impedimento para alguien que gobierna dictatorialmente. Tampoco el nacionalismo, que es inexistente. La rentabilidad económica está por encima de cualquier otra consideración. Si Trump y Bukele convienen en crear una colonia, la compensación económica debiera ser elevada, dada la magnitud de la concesión. El ofrecimiento de Bukele no buscaba solo congraciarse con Trump, sino también hacer un negocio redondo. La crisis económica que atraviesa a la dictadura incluye al sistema carcelario, que, pese a promocionarse como el mejor del mundo, financieramente no es viable. La subcontratación, en palabras del propio Bukele, es “significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”. Su vocera en Washington agregó que el negocio daría “un respiro” fiscal que redundaría en beneficio de la educación y la salud. En conclusión, el sistema carcelario con la mayor tasa de presidiarios del mundo, 1,659 por cien mil habitantes, no es sostenible a mediano y largo plazo. La seguridad pública de Bukele, el logro más admirado, se tambalea sacudido por una deuda pública superior al 90 por ciento del PIB del año pasado y por un crecimiento económico cada vez más lento. De momento, Trump recompensará “los tremendos niveles de cooperación” de Bukele impulsando la energía nuclear pacífica para bajar los costos de la minería bitcoin. No es claro si Washington colaborará con Moscú, con el que El Salvador ya tiene un acuerdo similar, o si Bukele lo repudiará para quedarse con el de Trump. La claridad no es lo suyo. Tampoco es claro de dónde sacará el personal especializado para desarrollar semejante empresa. A diferencia de El Salvador, Guatemala consiguió asistencia técnica y financiera, incluso ingenieros del ejército estadounidense, para desarrollar su infraestructura, incluidos dos puertos marítimos, a cambio de aceptar a los deportados guatemaltecos. Costa Rica logró apoyo en ciberseguridad, migración y narcotráfico. El contraste es grotesco. Las imágenes de “los encuentros cercanos” entre el mensajero de Trump y Bukele y sus funcionarios no consiguieron esconder el absurdo de los intercambios. No era fácil conseguirlo. La estupidez y la incompetencia son atrevidas. Ninguna es consciente de sus desvaríos. Las dos se tienen por sabias y competentes. Sus obras se mueven al ritmo de la popularidad. Están convencidas de tener todas las respuestas. Los argumentos razonables no cuentan. Las pruebas en contra tampoco. Los datos son irrelevantes. Las dos se deleitan en el desgobierno. Si tratan de inducirlas a la racionalidad, se irritan y reaccionan agresivamente. Iluminar el desgobierno desde la razón es casi imposible. Solo retrocede cuando la popularidad tiende a descender. Entonces, abandona la causa del retroceso sin mayor reparo y busca otro tema con potencial para revertir esa tendencia. Sin embargo, no todo está perdido. La estupidez y la incompetencia son buenas por el caos que crean. Entre más caótico el desgobierno, mejor. Tal vez es lo único que puede despertar a la sociedad de su profundo sueño de insensatez e inhumanidad. A pesar de ello, la indiferencia siempre es peligrosa, pero los reclamos, las protestas y los gritos de la hora actual pueden despabilar a las fuerzas sociales adormecidas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 12/02/2025 Aunque la propaganda busque convencer de lo contrario, El Salvador va en retroceso. El “país del milagro”, como se le promociona, está involucionando a etapas de su historia que se creía superadas. Algunos ejemplos dan fe de ello. La descentralización de la administración pública se impuso como tendencia a fines de los años ochenta del siglo pasado. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el objetivo primordial de descentralizar el poder es aproximar el gobierno a la gente y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, permite mejorar la prestación de servicios públicos y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. En definitiva, la descentralización, en cualquiera de sus modalidades, refuerza la democracia porque acerca el nivel de toma de decisiones a quienes se ven directamente afectados por las medidas gubernamentales. Lo poco que El Salvador avanzó en este camino se ha desandado en la última administración. Ahora se han concentrado el poder de decisión y el uso del dinero. Después de ofrecer en campaña aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), este se redujo a su mínima expresión. Para llenar este vacío se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Además, se aprobó una ley especial que quita a los municipios la mitad de lo recaudado en concepto de recolección de basura debido a que ese servicio se centralizará. La principal consecuencia de esta centralización del poder y del dinero es el abandono de las localidades. Pese a que se ha reducido el número de municipios, el desarrollo no llega a la gente. Por otro lado, uno de los frutos más valiosos de los Acuerdos de Paz fue sacar al país de la sombra de la dictadura militar que imperaba desde 1932. Antes de la guerra, los militares decidían todo y por todos; presidían las instituciones más importantes; tenían jerarquía sobre los cuerpos de seguridad; eran protagonistas de la vida pública. Los Acuerdos redefinieron el rol constitucional de la Fuerza Armada, limitándolo a la defensa de la soberanía nacional y de la integridad del territorio, y crearon la Policía Nacional Civil para que velara por la seguridad pública. El Ejército volvió a los cuarteles y la Policía ocupó su lugar en las calles. Aunque la remilitarización de la seguridad pública inició en los gobiernos de Arena, ha sido la administración Bukele la que les ha devuelto a los militares el papel protagónico que tenían antes de la guerra, hasta el grado de legalizar su actuación en materia de seguridad ciudadana. Asignar labores de seguridad pública a los soldados es un error, ya que los militares están preparados para la guerra, no para proteger a los ciudadanos. La dictadura militar del pasado se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, por la represión a cualquier tipo de disidencia y por cometer asesinatos selectivos y colectivos. Antes de la guerra, el país no tenía elecciones libres; los comicios eran un trámite en el que se desoía la voluntad popular. Con la firma de la paz, El Salvador dio pasos importantes hacia la integridad electoral. Pero desde el 1 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, e inició un proceso de demolición de los mecanismos de control del poder, el proceso electoral comenzó a contaminarse. Los comicios de 2024 confirmaron el retroceso del país en esta materia; las viejas trampas de la dictadura militar se vieron en el escrutinio final. Ahora, en la clasificación internacional de regímenes políticos, El Salvador figura como dictadura electoral. Estos retrocesos tienen y tendrán consecuencias graves para todos los salvadoreños, especialmente para los más vulnerables. Tarde o temprano será imposible compaginar el discurso que encandila y las fotos de luces rutilantes con la dura realidad cotidiana del país y la marcha hacia un futuro aún más desigual, conflictivo y excluyente.

n El Salvador tenemos demasiados problemas pendientes. Demasiadas amenazas que pueden generar mucho dolor para muchos. Es cierto que en algunos problemas hemos avanzado. Como por ejemplo en la desarticulación y condena de grupos de exterminio en los que había policías. Pero incluso en ese terreno quedan deudas, como la detención del grupo de exterminio que asesinó al P. Walter. Por eso es necesario prevenir o responder a las amenazas. Una relación de las amenazas vislumbradas en solo la semana pasada, nos hace ver lo vulnerables que podemos ser y la necesidad de prevenir con mayor seriedad los problemas que nos pueden golpear. Los frijoles de la cosecha salvadoreña alcanzan hasta junio y no nos quedará más remedio que importar el complemento. Es posible que encarezcan y que con ello aumente el hambre. Ya hay insuficiencia nutricional. Que disminuyan los alimentos tradicionales afectará más a los menos pudientes. Traer más presos y considerar eso un negocio es en cierto modo un despropósito. Pensar que vamos a tener unas cárceles que no le cuesten al estado y que simultáneamente sean bastante mejores es muy difícil de creer viendo como nuestro liderazgo político desprecia a los privados de libertad. Retirar como préstamo el 80 % de los fondos de pensiones abre unas impresionantes posibilidades de crisis con nuestros ancianos y un colapso del injusto, débil de cobertura y poco solidario sistema de pensiones que tenemos. La economía no está bien en el pensamiento y el sentimiento de la gente y el discurso del oro como solución tiene una dosis muy alta de falsedad. Por otro lado hay denuncias graves contra instituciones indispensables para conseguir al menos una base de solidaridad que nos permita desarrollarnos éticamente. Las denuncias por omisión de funciones contra las dos Procuradurías son una manera de denunciar el poco aprecio de nuestro Estado hacia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República tiene un número insuficiente de abogados. Los presos pobres, que son la gran mayoría, se encuentran en la práctica si el derecho de defensa. Y sabiendo que quedan muchos inocentes en las cárceles, a causa del régimen de excepción, las posibilidades de injusticia judicial se suman a las injusticias cometidas con detenciones arbitrarias. La Procuraduría de Derechos Humanos está en un situación parecida. Ofrece a diferentes instituciones cursos de Derecho Humanos, pero es incapaz de denunciar violaciones de los mismos. Con ello se convierte, de nuevo por omisión, en cómplice de las arbitrariedades y las actuaciones irregulares de diferentes instituciones estatales. Por otras parte, la Asamblea Legislativa ha refrendado reformas jurídicas que contradicen tratados suscritos por el Estado salvadoreño. Juntar menores con adultos en centro penitenciales, es muy problemático por posibles conexiones entre menores y adultos, junto con la extensión de los malos tratos que se están dando en las cárceles. Contradice además la legislación internacional aceptada por El Salvador a través de tratados debidamente firmados y ratificados. Por otra parte, el hecho aprobado recientemente de convertir en prueba las declaraciones de delincuentes contra cómplices durante los juicios abreviados, puede convertir esta modalidad judicial en una especie de caza de brujas. Se puede continuar así, de una forma más peligrosa, la tendencia antigua de rebajar penas a delincuentes consumados mientras se utilizaban sus declaraciones para condenar a otros a partir de intereses ocultos. Todo esto en la semana pasada. Por eso es necesario prevenir criticando. El pensamiento crítico es indispensable para establecer una convivencia ciudadana armónica y para lograr que las instituciones y las normas legales funcionen en favor del bien común en vez de a favor de intereses particulares. No se puede menos que insistir en un mayor diálogo y un menor autoritarismo. Es la mejor manera de vigilar y responder a las crisis.

Gobernanza es buen gobierno, capacidad de adecuar la gestión de lo público en consonancia con los valores explicitados en la Constitución si se trata de un país o de los derechos humanos si se trata de asuntos que inciden en el conjunto social. Dada la complejidad económica internacional, así como las distintas situaciones en las que son violados los derechos básicos de las personas, sea en guerras, en conflictos étnicos o en el campo del desarrollo, diversas figuras públicas, entre ellas el papa, han abogado por la necesidad de una gobernanza mundial. Francisco, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, ha insistido en la necesidad de edificar estructuras mundiales de solidaridad que podrían ser parte de un futuro gobierno mundial. Así, por ejemplo, proponía que, “con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna”. El apoyo de la Iglesia a Naciones Unidas va en esa línea de construir un mundo en el que la solidaridad y la justicia estén por encima de la soberanía de los Estados. En la actualidad, hay empresas transnacionales con más poder que algunos Estados y con capacidad de subyugarlos. Una gobernanza mundial resulta indispensable para proteger los intereses de los débiles. Lo mismo respecto a la amenaza del calentamiento global. Países como El Salvador, pequeños y en zonas especialmente vulnerables, necesitan una gobernanza mundial que los proteja de naciones poderosas que desprecian el Acuerdo de París y no les importan los resultados del calentamiento global. Sin un buen gobierno mundial, los países pobres y vulnerables están abocados a un futuro trágico. El papa viene insistiendo desde hace tiempo en que “un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos”. La resistencia y la oposición a esta idea, que no es solo del pontífice, ha crecido en los últimos años. Donald Trump pretende gobernar al mundo sin tomar en cuenta los derechos de los pobres, las tradiciones, los tratados internacionales y las leyes. Esa especie de gobierno faraónico insulta a los migrantes impunemente, le cambia nombre al Golfo de México, se sale del Acuerdo de París, emprende negocios que fomentan el calentamiento global, castiga a los países que no le son sumisos, sanciona a los jueces del Tribunal Penal Internacional y amenaza a la Unesco por impulsar una educación inclusiva y en apoyo a la diversidad. Incluso se atreve a amenazar la soberanía de otros países insistiendo en comprar o invadir territorio si no se cumplen sus exigencias. Frente a este catastrófico poder duro y cínico, que daña especialmente a países débiles o pobres, los obispos norteamericanos afirman que “algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas, como las que se centran en el trato a inmigrantes y refugiados, la ayuda extranjera, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros". Es deber de los católicos exigir, en consonancia con el papa, “alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [que incluya] la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”.

2024 finalizó con el anuncio de un acuerdo a nivel técnico entre la administración Bukele y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI señala que el acuerdo busca “atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno”. En una economía dolarizada, la crisis de la balanza de pagos —incapacidad de ingresar más dólares de los que salen de la economía— se expresa como una crisis de deuda pública y/o privada. La necesidad del acuerdo con el Fondo es fruto del deteriorado modelo económico y de la poca planificación de política económica durante la primera gestión constitucional y la actual gestión inconstitucional de Bukele. Aunque ha empezado a contraerse, el déficit comercial (la diferencia entre lo que compramos y vendemos al exterior) se amplió durante el último período presidencial. Es posible argumentar que las condiciones particulares de la pandemia y de la inflación global contribuyeron al crecimiento del déficit; sin embargo, el Gobierno no muestra interés en tomar medidas encaminadas a modificar esta vulnerabilidad. El crecimiento del déficit comercial fue posibilitado por una mayor dependencia de remesas, reflejada en un incremento de su peso en relación con el producto interno bruto. Pero las remesas no han sido suficientes para solventar los problemas de la balanza de pagos, lo que ha provocado la necesidad del acuerdo con el FMI. Si bien este da un respiro a las finanzas públicas y facilita la colocación de deuda, lleva de la mano recortes de demanda agregada a través de la disminución del gasto público y el incremento en las reservas requeridas al sistema bancario, lo que colocará al país en una ruta de menor crecimiento y de vulnerabilidad de las familias. Teniendo en sus manos el control total del Estado y pasando por encima de la Constitución, las iniciativas económicas del Ejecutivo han sido la Ley Bitcoin, el fomento del turismo y recientemente la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. La Ley Bitcoin no sirvió para los propósitos que fueron anunciados, ni siquiera para colocar los ahora olvidados Bonos Volcán. El fomento al turismo, aunque podría generar entrada de divisas, no resuelve la dependencia de importaciones y tiene seria implicaciones sociales: gentrificación y deterioro ambiental. La aprobación de la Ley de Minería merece especial mención. El rechazo generalizado de la minería acompañado de la reserva de toda la información relacionada muestran que el poder otorgado y apropiado por Bukele no está al servicio de los salvadoreños. La situación económica que enfrenta el país y las implicaciones que esta tendrá sin un alivio de corto plazo ha hecho que Bukele se incline ante el capital internacional. Pudiendo negociar en mejores condiciones el acuerdo con el FMI en tiempos de pandemia, cuando la economía global ofrecía mejores condiciones de crédito, el Gobierno entorpeció las negociaciones debido a su falta de transparencia y su sospechosa obsesión con la Ley Bitcoin. Ahora, Bukele ofrece al capital internacional recortes de gasto público y la ley de minería, buscando evitar una crisis económica que acelere su pérdida de popularidad y su salida del poder. La coyuntura nos muestra que la supuesta omnipotencia presidencial no es más que otro recurso propagandístico de Casa Presidencial. Una economía pequeña y sumamente dependiente del exterior como la de El Salvador no incrementa su autonomía con técnicas de mercadeo ni con altos puntajes de popularidad presidencial. * Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.

Nayib Bukele, paladín de la soberanía nacional, entregó más de lo que el imperio del norte exigía. No solo aceptó de buena gana el retorno de los deportados salvadoreños y de otras nacionalidades, sino también puso a su disposición la infraestructura carcelaria para acoger a cualesquiera de los criminales peligrosos que guardan prisión en Estados Unidos. Bukele ofreció lo único y lo mejor que tiene: las cárceles. Ambas partes se felicitaron mutuamente. Washington, porque nadie “ha hecho jamás una oferta de amistad” tan grande; y Bukele, porque es un acuerdo sin precedentes en América Latina. Desesperado por la falta de liquidez, resultado de una política económica errática, también claudicó ante el FMI, otro poder extranjero. Cedió en dos temas cruciales: el bitcoin y la corrupción. Un texto legislativo oscuro y confuso redujo el bitcoin a “moneda” de uso voluntario y la despojó de valor para pagar los impuestos. El invento tuvo vida corta, pese a que estaba destinado, según Bukele, a ser vehículo de “prosperidad económica y libertad financiera”. A finales de 2024, en “el país del bitcoin” había 55 mil pobres más que en 2023 y menos del 10 por ciento de sus habitantes había usado alguna vez la criptomoneda. Los muchos millones de dólares invertidos en la ocurrencia (en infraestructura, en una billetera digital y en 200 cajeros automáticos) solo enriquecieron a los extranjeros detrás del plan y al clan presidencial. La vocera de Bukele en Washington intentó despejar las dudas sobre el futuro diciendo que se trata de una simple “adaptación a la coyuntura”, mientras su jefe, como es usual en los temas espinosos, guarda silencio. Otra ley promete honradez y transparencia en la gestión pública, una condición exigida por el FMI. El nuevo instrumento para combatir la corrupción es, según Bukele, “un paso decisivo”. Una promesa que no se pueda dar por sentada. En la primera campaña electoral prometió combatir la corrupción. Hace unos meses, amenazó a los corruptos con la cárcel. Ahora anuncia disposiciones legislativas claras, rotundas y penas duras. La supresión de la Cicies dio vía libre a la corrupción autorizada. Las amenazas no se concretaron. En sentido estricto, la ley es innecesaria, porque ya existe abundante legislación contra la corrupción, instituciones para verificar la honradez de los funcionarios, para controlar el enriquecimiento ilícito y para interponer denuncias, y ordenamientos como la declaración obligatoria del patrimonio. Pese a ello, la corrupción goza de buena salud. La legislación es ignorada; la declaración de patrimonio, cuando existe, es engavetada; las investigaciones no concluyen; las denuncias no son escuchadas y las maniobras de los poderosos están resguardadas por riguroso secreto oficial. Sería sorprendente que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, en especial de Bukele y su familia, fueran del dominio público. Así como también las denuncias de corrupción y las averiguaciones de la Fiscalía y la Policía. La limpieza puede comenzar con los altos funcionarios que Washington declaró hace ya tiempo “actores corruptos” y con algunos de los señalados por la prensa independiente, como el primer ministro de agricultura, el ministro de salud o el carcelero mayor, entre muchos otros. Entonces, la nueva ley sí sería “un paso decisivo”. Otros pasos igualmente firmes consisten en eliminar la impunidad de los corruptos con carné, reforzar la investigación independiente, eliminar el secreto y generar confianza en la opinión pública para que denuncie a los corruptos. La lucha contra la corrupción no es, primariamente, una cuestión de leyes y penas duras, sino de honestidad y voluntad política. Dos condiciones que Bukele no puede satisfacer sin destruirse. No puede erradicar la corrupción, porque su dictadura es corrupta. La nueva ley no es el comienzo de ningún “esfuerzo firme”. Está por verse si el FMI se contenta con una simple declaración de buenas intenciones. En cualquier caso, Trump bien puede corresponder a la claudicación de Bukele forzando al Fondo a contentarse con buenas palabras. Dos lecciones importantes se pueden sacar de estos hechos. La primera, Bukele no es consistente. Antes se negó rotundamente a ser el patio trasero de un poder extranjero, ahora es vertedero de los desechos humanos de la presidencia imperial de Trump. Antes comió a gusto de la mano de los chinos, ahora come con igual placer de Washington. La segunda lección, Bukele no es invencible por muy alto que se encumbre. Su poder es limitado como lo evidencia su actitud genuflexa ante las exigencias del imperio. Se inclinó humildemente ante un poder más fuerte que el suyo. El movimiento contra la minería metálica tiene potencial para acumular poder y ponerlo en serios aprietos. El bien general del país no figura en la agenda de su relación con el Washington de Trump, sino el endiosamiento de su figura. No abogó por los salvadoreños indocumentados, sino por los líderes de las pandillas. Ofreció las cárcele

Que la movilidad vehicular se ha convertido en un gran problema en el país, está fuera de discusión. De acuerdo a cifras oficiales, en 2024, 1,303 salvadoreños murieron a causa de accidentes de tránsito, 47 más que en 2023. Cuatro personas fallecieron a diario en 2024, uno más que en el año previo. También creció el número de lesionados en 2024 (11,954) con respecto a 2023 (11,015). El aumento de víctimas está en relación directa con el aumento de accidentes. Se registraron 18,463 accidentes en 2023 y 20,301 en 2024, un 10% más. Según las autoridades, las principales causas de muerte en los percances viales en el país son la distracción al conducir, luego la velocidad excesiva y, en tercer lugar, invadir el carril contrario. En otros países, para enfrentar la problemática, se han implementado las fotomultas, con buenos resultados. Las fotomultas contribuyen a disminuir la velocidad en zonas de escuelas, hospitales y viviendas. Lógicamente, cuando los conductores reducen la velocidad, disminuyen las posibilidades de accidentes. En El Salvador, las fotomultas entraron en funcionamiento el 9 de enero pasado. Colombia, Guatemala y México tienen años de experiencia al respecto. En México, en 2018, cuando Claudia Sheinbaum se aprestaba a tomar las riendas del gobierno de la Ciudad de México, prometió “acabar con las fotomultas, por dos razones. La primera es porque son un problema para la economía familiar, y la segunda, porque en la Ciudad de México las fotomultas son un negocio. No están hechas para cuidar a los peatones, no están hechas para cuidar a la gente. De cada 100 pesos que se pagan de una fotomulta, 46 pesos se van a la bolsa de un privado. Claro que hay que controlar la movilidad en la ciudad […], debe haber un reglamento de tránsito, educación vial, pero no estos negocios que nomás le roban a la gente el dinero”. En la línea de lo dicho por la hoy presidenta, las fotomultas en sí mismas no son el problema, sino el mecanismo con el cual se implementan y el fin que se persigue con ellas. No hay duda de que es necesario implementar medidas que disminuyan los accidentes, pero para ello hace falta, antes que nada, claridad en los datos. Por ejemplo, en México es posible saber a quién benefician económicamente las fotomultas y en qué porcentaje; en El Salvador, eso es un misterio, a pesar de que el proyecto se venía preparando desde hacía un buen tiempo. El 28 de junio de 2021, el entonces titular del Viceministerio de Transporte, Saúl Castellar, anunció que antes del fin de ese año esperaban adjudicar el proyecto de las fotomultas y que para mediados de 2022 ya estarían operando. Más de tres años después, no es posible contestar ninguna de las preguntas de rigor: ¿quién maneja las fotomultas en el país? ¿A quién se las adjudicaron? Si fueron adjudicadas, ¿en qué condiciones se concesionó el sistema? ¿Cuánto percibe el Estado por cada fotomulta y cuánto se lleva el concesionario? Estando toda la información en reserva, lo único que cabe decir de las fotomultas es que parecen ser otro mecanismo gubernamental para mantener sometida en el miedo a la ciudadanía y un manera fácil para recaudar dinero para el Estado, pues no hay instancia ante la cual apelar en caso de recibir una injustamente. La receta es ya conocida: fuerza bruta y arbitrariedad.

En los países democráticos la Constitución se toma en serio. Generalmente, las Cartas Magnas se redactan en momentos importantes de la historia de su países. Para regular las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, distribuyen el poder del Estado en tres sectores básicos, independientes uno del otro: legislativo, ejecutivo y judicial. El Salvador escribió su Constitución actual en un contexto de guerra y posteriormente la reformó para facilitar la participación ciudadana y el control del poder. Aunque quedaba mucho por hacer para perfeccionarla, no era un mal instrumento para defender derechos y mantener una cierta independencia de poderes. En la actualidad, con la reforma del artículo 248 de la Constitución, el oficialismo ha convertido la Carta Magna en un papel mojado al servicio del Ejecutivo. En efecto, el artículo 248 regulaba las posibilidades de reforma constitucional. El primer paso era aprobar la reforma con la mitad más uno de los votos de los diputados. Y se exigía una segunda votación por parte de la siguiente Asamblea Legislativa, que debía ratificar la reforma con dos tercios de los votos de los legisladores. Así, se obligaba a separar en dos Asambleas la aprobación y se aumentaba el número de votos para dar por definitiva la reforma. En la actualidad, teniendo el oficialismo más de dos tercios de los diputados, es suficiente con que una misma Asamblea Legislativa apruebe en dos votaciones la reforma constitucional, pudiendo hacerlo incluso en un solo día. Se facilita así el cambio exprés de la Constitución, debilitando la seguridad jurídica e impidiendo que la ciudadanía dé su opinión e incida sobre cambios sustanciales para la convivencia. De momento, la reforma se utilizará para sacar de la Constitución el artículo 210, que garantizaba la deuda política para fortalecer la independencia de los partidos. Pero el futuro queda en las manos de una Asamblea Legislativa totalmente dependiente del Ejecutivo, capaz de reescribir o eliminar cualquier artículo que incomode al mandatario. En otras palabras, la Asamblea ha cedido el poder absoluto a la Presidencia de la República, y ello, a la luz de los abusos cometidos durante el régimen de excepción, no augura nada bueno para los derechos de las personas. Si antes de esta reforma constitucional se consideraba que el sistema de gobierno de El Salvador era híbrido, por mezclar componentes democráticos con formas autoritarias de gestión, hoy se abre la puerta a la instauración de un régimen autoritario en toda regla. El exceso de poder conduce a una especie de ebriedad del mando. Los grandes novelistas latinoamericanos han descrito con maestría la brutalidad y el desvarío a los que ha conducido el poder absoluto. Centroamérica, en particular, ha experimentado la violencia, locura y paranoia de múltiples dictadores. Más allá de cómo se utilice esta reforma orientada claramente al autoritarismo, es importante acudir a la historia y observar los resultados tanto para la gente que padeció los excesos del poder absoluto como para quienes lo ejercieron. Los pueblos sufrieron y la mayoría de dictadores terminaron hundidos en el desprecio ciudadano. Dialogar, reflexionar y escuchar razones es la única manera de evitar un futuro que presenta trazas claras de inestabilidad, confrontación y abuso.

Una llamada telefónica y una visita del secretario de Estado sustituyeron el encuentro personal de Bukele con Trump en la juramentación de este, que fue una celebración de la gloria, del triunfo y de la ambición. Y una oportunidad única pérdida para Bukele. Tal vez consideraron que no está a la altura de los libertarios, los autoritarios, los negacionistas y los milmillonarios amigos de Trump. Al parecer, “el dictador más cool del mundo mundial” no fue considerado digno. Tal vez hubo invitación, pero declinó asistir. Habría sido uno más entre los mandatarios de países más grandes y poderosos y, peor aún, un pobretón en medio de los grandes ricachones que rodean a Trump. En cualquier caso, la “reinvención” de El Salvador no es tan extraordinaria como para invitar a su autor a codearse con el poder capitalista de Estados Unidos. La llamada telefónica tampoco parece haber sido muy grata. El silencio de este lado de la línea habla a gritos. En lugar de informar de su conversación con su supuesto amigo, Bukele anunció la condonación de abultadas multas de tráfico que ya estaban anuladas por fallos tecnológicos y se regodeó de su soledad en la cumbre de la popularidad global. La Casa Blanca, como es usual en esa clase de llamadas, informó escuetamente de los temas conversados. Trump elogió a Bukele por su liderazgo regional y su ejemplo para el resto del hemisferio. Si este se sintió halagado, debiera tener presente que, en julio del año pasado, durante la campaña electoral, lo criticó duramente por enviar criminales a Estados Unidos. El elogio no era más que un simple trámite diplomático para comunicarle enseguida el papel que le había asignado en las deportaciones masivas. Su cometido es doble: contener la emigración de salvadoreños y recibir a los deportados de terceros países, incluidos los miembros de una organización criminal transnacional. Indudablemente, Bukele aceptó detener la emigración. Pero no podrá cumplir su palabra. La gente huye del terror estatal y urgida por la pobreza. Bukele no está dispuesto a prescindir de la herramienta de dominación más exitosa ni a velar por el bienestar de la ciudadanía. Al contrario, ahora la pobreza es más grande y más profunda. Las generaciones más jóvenes no tienen futuro en El Salvador de Bukele. Tampoco está preparado para recibir a las decenas de miles de salvadoreños que Trump deporte. No hay albergue capaz de contener a tantos en condiciones aceptables ni programa de reinserción laboral, porque no hay empleo. La deportación masiva aumentará la presión sobre unos servicios sociales exhaustos, complicará aún más la vida de miles de familias que sobreviven de las remesas, reducirá el consumo con un impacto negativo en el comercio y la banca, y la escasez de dólares desestabilizará aún más las finanzas públicas. El arribo de deportados de terceros países agudizará la crisis de sobrevivencia. Sin posibilidad de asilarse en Estados Unidos y sin poder retornar a sus países de origen, estos deportados permanecerán atrapados en El Salvador indefinidamente. Los etiquetados como terroristas o criminales serán recluidos en las cárceles de la dictadura. El panorama es preocupante y deprimente. El papel de Bukele en los planes de Trump pone en entredicho la reinvención del país. El Salvador sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Un espacio para abandonar a los latinoamericanos descartados por indeseables. Un vertedero humano. Trump aborrece el sur del río Bravo, excepto la Argentina de Milei. El país del café, del surf y de los volcanes será también el basurero de Trump con la complicidad de Bukele. La moneda de cambio, si la hay, es desconocida. Una cosa es segura, no favorecerá al país. Las redes digitales de Bukele han dejado en evidencia su intrascendencia como líder y como gobernante. Los troles del oficialismo se han contentado con reproducir imágenes de encuentros pasados y con destacar el elogio de Trump a un liderazgo que no es reconocido en la región, excepto en la Costa Rica de Chaves, y a un modelo sin repercusión hemisférica, excepto en Milei. Disimulan mal su desconcierto. Sorprendentemente, el Bukele abanderado de la soberanía nacional, que repitió innumerables veces que nadie le diría qué hacer y cómo hacerlo, se doblegó sin rechistar ante un Trump imperial. Su postura es tan entreguista como la del siglo pasado. Un baño de realidad nunca viene mal. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las deportaciones de migrantes latinoamericanos han comenzado en Estados Unidos. Muy probablemente el Gobierno de Trump será incapaz —por lo oneroso de la medida y por insuficiencias logísticas— de alcanzar la masividad que anunció, pero lo visto hasta ahora ha sido suficiente para causar gran impacto. Las redadas han sembrado temor en los migrantes indocumentados y en sus países de origen, por las consecuencias de posibles deportaciones masivas. Las deportaciones de Trump y el modo humillante de ejecutarlas son reflejo de la criminalización de la migración, un prejuicio que es compartido por una buena parte de la población estadounidense, incluso por ciudadanos de origen latino. La medida emana del racismo y la xenofobia que azuzan Trump y la gran mayoría de republicanos. Los argumentos para justificarla no resisten la crítica. No es que al mandatario se le olvide que su madre fue inmigrante escocesa y que sus abuelos paternos llegaron de Alemania. Para Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa, la campaña contra los y las migrante descansa en cinco mitos. El primero, los migrantes están invadiendo los territorios. Esto es falso; estadísticas oficiales indican que la migración internacional se ha mantenido relativamente estable durante años, representando el 3% de la población mundial. En el caso de Estados Unidos, diversas instancias oficiales estiman que el número de migrantes indocumentados en ese país se mantiene en torno a las 11 millones de personas desde hace años. El segundo mito es que los migrantes reciben más ayudas que la población originaria; sin embargo, la realidad es que ellos aportan más al Estado de lo que reciben, contribuyendo significativamente a la generación de riqueza, al desarrollo y a la innovación. De acuerdo al Instituto de Política Fiscal y Económica, los trabajadores indocumentados en Estados Unidos pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos en el año 2022. Otras instancias estiman cantidades similares. El tercer mito afirma que los migrantes causan inseguridad en los países a los que llegan. Otra falsedad. No hay evidencia científica de que la migración aumente los índices delincuenciales; al contrario, algunos estudios señalan que la criminalidad es menor en ciudades con alta migración. El cuarto mito: los migrantes le quitan los empleos a la población originaria. Diversas investigaciones demuestran que las personas migrantes por lo general ocupan puestos en los que la población local no está dispuesta a trabajar, como la atención a la tercera edad, la agricultura y el servicio básico en restaurantes y hoteles. Y el quinto mito, muy propio de Trump, es que los muros detienen la migración. Lo que está comprobado es que las medidas que endurecen los controles fronterizos son ineficaces, causan muerte y deshumanización. La campaña de Trump contra los migrantes se basa en premisas falsas. De llegarse a concretar la masividad de las deportaciones, los efectos no solo serán perniciosos para los migrantes, sino también para la economía de Estados Unidos, pues la recaudación tributaria se verá reducida y no habrá quién se ocupe de las tareas sencillas pero esenciales que realizaban los expulsados. Cuando Trump apunta contra los migrantes, apunta también contra una de las bases que hacen posible el modo de vida estadounidense.

Un día después de la toma de posesión presidencial, Donald Trump participó en un servicio religioso en Washington como parte de las tradiciones del inicio de un nuevo gobierno. En su discurso inaugural, Trump había anunciado, entre otras medidas, la deportación masiva de los que denominó “miles de delincuentes”; que en Estados Unidos solo habrá dos géneros: hombre y mujer; y que la soberanía del país sería reclamada y la seguridad recuperada. En ese contexto, la obispa episcopal Mariann Edgar Budde le pidió a Trump, de forma directa, que tuviera piedad de aquellos que viven con miedo, como la comunidad LGBT, los inmigrantes indocumentados y los refugiados. Con fineza y valentía habló en nombre de Dios (justo y misericordioso) y del pueblo amenazado. Sus llamados son elocuentes. Con respecto a la comunidad LGBT, dijo: “Señor presidente, millones de personas han depositado su confianza en usted y, como dijo ayer a la nación, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”. Luego, abogó por los migrantes: “Y las personas que recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales: puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, monasterios y templos”. Y en el mismo espíritu de los profetas bíblicos que mantenían una actitud compasiva hacia los huérfanos, viudas y extranjeros, hizo un llamado a la hospitalidad, no a la hostilidad: “Le pido que tenga piedad, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean llevados, y que ayude a quienes huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero, porque todos fuimos extranjeros en esta tierra”. Mariann, quien es defensora de causas como la igualdad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma migratoria y la plena inclusión de las personas LGBTQ+, habló con valentía profética. Es decir, habló en nombre de Dios: justo, cercano, compasivo. Frente al “todopoderoso” Trump, ella se constituyó en portavoz y boca de ese Dios. Conocedora de las angustias y esperanzas de las personas y las colectividades, habló también en nombre del pueblo. Tiene los pies puestos en la tierra y el corazón en Dios y en los que sufren. Y como los antiguos profetas, es una persona amenazada. Desde que le pidió a Trump que mostrara misericordia hacia las personas que temen por sus vidas, ha recibido amenazas de muerte; algunos de los seguidores de Trump han pedido que ella también sea deportada; y el mandatario expresó su disgusto por el sermón, calificándolo de “poco emocionante”. Ahora bien, la ceremonia tenía como objetivo rezar por la unidad de la nación. Unidad que, para Mariann, debe fomentar la comunidad por encima de la división. Unidad que sirva al bien común. En su predicación cuestionó si era posible ese tipo de unidad en los Estados Unidos, y si debería importarnos. Y a renglón seguido añadió: “Espero que nos importe porque la cultura del desprecio que se ha normalizado en este país amenaza con destruirnos”. Asimismo, Mariann habló de los fundamentos de la unidad que requiere la nación estadounidense. Desde las tradiciones y textos sagrados sugirió que hay al menos tres. El primero, honrar la dignidad inherente a todo ser humano. “Eso significa no burlarse, descartar o demonizar a aquellos con los que discrepamos”. Es preferible, dijo, “debatir respetuosamente nuestras diferencias y, siempre que sea posible, buscar un consenso”. El segundo pilar es la honestidad, afirmó, tanto en las conversaciones privadas como en el discurso público. “Si no estamos dispuestos a ser sinceros, no sirve de nada rezar por la unidad, porque nuestras acciones van en contra de las propias oraciones”. El tercer fundamento para construir unidad, según Mariann, es la humildad: “Todos la necesitamos porque todos somos seres humanos falibles”. Y añadió: “Quizá seamos más peligrosos para nosotros mismos y para los demás cuando estamos convencidos, sin lugar a dudas, de que tenemos toda la razón y que los demás están totalmente equivocados”. La crítica profética de la obispa Mariann, pues, ha sido un signo esperanzador para todos aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos, en su dignidad y en sus sueños. La crítica profética es un freno al poder absoluto. Jesús de Nazaret, principal fuente de inspiración de Mariann, también

En el actual gobierno las reservas de información crecen como la espuma. Qué hay debajo de tanta reserva no se sabe, porque las explicaciones que se dan son demasiado variadas. Se reserva información por seguridad nacional, porque es secreto comercial, para que no nos roben las ideas, y por muchas otras variadas razones. Se reservan estudios de factibilidad de obras, construcciones, contratos y compras públicos, gastos en medicinas, consultorías y los famosos estudios de la supuesta cantidad de oro que existe en el país. De vez en cuando se decide que la información que se pide es inexistente. Algunos Ministerios no actualizan sus índices de información desde hace algunos años. La gente tiene acceso a la propaganda oficial pero no a la información pública. Con tanta reserva de información y simultáneamente tanta propaganda de maravillas y éxitos gubernamentales, quienes tienen sentido crítico desconfían cada vez más de la rectitud con la que se estén manejando los asuntos públicos. Y es normal que la desconfianza crezca. Porque donde no hay cuentas ni información clara, la tendencia a la corrupción suele crecer. La falta grave de información es típica de los paraísos fiscales. Y todos sabemos que la trampa y el engaño están con demasiada frecuencia en sus bancos y negociaciones. Nosotros no somos un paraíso fiscal, pero tampoco un paraíso a secas. La pobreza, el deterioro ecológico, la contaminación de los ríos, las desigualdades, un sistema judicial débil y dependiente, la fragilidad y limitaciones de nuestras instituciones de protección social chocan con las catalogaciones de país de desarrollo medio alto con el que nos califican algunas instituciones internacionales. Que en medio de la crisis de confianza ciudadana que ha desatado la nueva ley de minería se nos diga que no se pueden mostrar los supuestos estudios existentes sobre la cantidad de oro y otros minerales valiosos que también supuestamente abundan en el país, raya en el desprecio absoluto a la inteligencia ciudadana. La excusa de decir que son secreto comercial, sin informar quién hizo esos informes, cuánto dinero le costó al Estado, si es que le costó a algo, o cuándo se hicieron, difícilmente se puede considerar secreto comercial. Pero ni eso se dice, pidiendo una fe ciega en las palabras del líder. El hecho de que en ocasiones se nos hayan dicho mentiras evidentes, hace sospechar que se nos niega información para que no descubramos mentiras. Negar información puede tener alguna ventaja en el corto plazo. Pero en el largo o el mediano termina llevando al fracaso. Primero porque cansa a la gente. Si el país es, al menos teóricamente, de todos, y la persona, como dice la Constitución, es “el origen y el fin de la actividad del Estado”, negar información a la gente y rechazar la rendición de cuentas, genera desconfianza y sospechas de todo tipo. Somos un país pequeño en el que mucha gente se conoce, tiene contactos, ve cosas, comenta, y querer silenciar la debida información no satisface a nadie. En el tema del oro en particular, ya hay gente diciendo que no hay más información que la que pueden dar la empresas mineras interesadas en tener explotaciones rentables para ellas. Por otro lado, las instituciones que reclaman información o simplemente derogación de la ley actual de minería, son instituciones mucho más serias, humanistas y solidarias que las empresas mineras. Escuchar a la Iglesia y a otras instituciones sería bueno para el gobierno. Rechazar sus peticiones y reflexiones solo provocará un decrecimiento de la confianza en las instituciones estatales. Insistir, en ese contexto, en reservar información tanto respecto a los riesgos de la minería como a la supuesta cantidad de oro existente o las relaciones no mencionadas con compañías extractivistas, no hace más que aumentar la incomodidad y el descontento de muchos ciudadanos. Dialogar con transparencia es mucho mejor camino tanto para mantener la aprobación ciudadana en el largo plazo como para lograr un desarrollo humano rico en valores y solidaridad.

Por primera vez en los seis años de gobierno de Nuevas Ideas se ha dado un confluencia de hechos que erosionan con fuerza la popularidad gubernamental. La economía golpea a los sectores populares y de clase media vulnerable; es decir, al 75% del la población. A ello se suma, por un lado, una ola de despidos en las dependencias del Estado que crean resentimiento con las autoridades y dañan a las familias; y por otro, el Ejecutivo ha dado pie a un mayor deterioro medioambiental. Si bien es cierto que algunos proyectos de desarrollo causan daño a la naturaleza, se puede y debe buscar siempre reponer y mejorar el medioambiente. Lejos de ello, ni se ven, ni se conocen planes serios para proteger los pocos recursos naturales de los que aún dispone el país. Aprobar la posibilidad de minería metálica a cielo abierto es condenar a El Salvador a un deterioro que llevará a más pobreza y más migración. El relato de un horizonte de riqueza extraordinaria gracias al oro y otros minerales raros no es más que fantasía y propaganda. Los riesgos y los daños asociados a la minería son mucho mayores que la ganancia que se pueda conseguir. Y a todo lo anterior se añade el tema de los derechos humanos. Las recomendaciones de la mayoría de naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU piden al país un sistema de justicia decente y el fin de los abusos que produce el permanente régimen de excepción. Cada vez más salvadoreños se preguntan si es necesaria una estructura legal tan plagada de injusticias para mantener la seguridad ciudadana conseguida. Que un alto porcentaje de presos tenga que ser alimentado por sus familiares y que estén prohibidas las visitas, incluso de los abogados, resulta escandaloso en cualquier Estado de derecho. Y de ello comienzan a cobrar conciencia cada vez más compatriotas. Además, se cierne sobre el país un futuro difícil si se cumplen las amenazas del presidente Trump de expulsar a millones de migrantes. Es posible que Nayib Bukele, gracias a su relativa cercanía con Trump y con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, pueda atajar la crisis. Pero la amenaza está ahí, y una baja en las remesas implicaría un duro golpe para las economías nacional y familiar. Esto sin hablar del drama que supondría la llegada de miles de compatriotas con escasas posibilidades de incorporarse a la vida productiva. La conjunción de estos problemas ha erosionado la popularidad de Bukele. Aunque aún goza de mucha popularidad, ha llegado a su nivel más bajo. Y no hay ninguna señal de que la intensidad de estos problemas vaya a disminuir. Dar regalos quizás aminore la baja en el apoyo de la ciudadanía. Pero ninguna dádiva será suficiente para maquillar las carencias estructurales del país. El diálogo es el único camino de solución en el mediano y largo plazo. Las soluciones autoritarias cansan. Si bien no es del agrado de Bukele recordar los Acuerdos de Paz, estos continúan siendo un ejemplo de lo que son capaces la razón y el deseo de un mejor futuro para todos. Dar marcha atrás en algunas acciones y abrirse a la búsqueda de un sano entendimiento con la sociedad es mucho más sabio que tratar de imponerse con base en propaganda mentirosa, regalos o la fuerza bruta.

“¿Cómo es eso?”, emplazó Bukele a los contrarios a la minería metálica. “¿Cómo va a ser que está destruyendo el río?” si “minería todavía no hay, va a haber”. Asombrado, responde, “yo, como cualquier persona con un poquito de inteligencia, preguntaría qué es lo que está contaminando ahorita”. Cierto, minería no hay, porque fue prohibida en 2017. Sin embargo, su impacto contaminador todavía persiste. Las industrias mineras se llevaron los metales valiosos y dejaron sustancias químicas altamente venenosas, las cuales se agregan a las heces fecales, las aguas servidas, los desechos industriales y cañeros, los desarrollos inmobiliarios, los fertilizantes, los insecticidas, las aguas negras de la cárcel modelo para pandillas y la destrucción del entorno de las megainfraestructuras como el aeropuerto oriental. Valerse de la contaminación existente para defender la minería metálica es un sofisma malo. Bukele argumenta que es inocua, porque no se le puede atribuir la contaminación actual. Pero de aquí no se sigue que no vaya a contaminar, como ya lo ha hecho antes de 2017. La minería limpia es materialmente imposible; la minería amenaza con reducir aún más el acceso al agua, que utiliza en cantidades ingentes. En su arrebatada defensa, Bukele señaló perjuicio: dejó caer que provoca insuficiencia renal en los trabajadores y los vecinos de la explotación. Los ofrecimientos de vigilar la industria minera y de preservar el medioambiente no son confiables. Bukele no tiene poder para supervisar, auditar y fiscalizar la actividad extractiva. Tampoco tiene capacidad para ello y mucho menos voluntad política. Un pequeño descuido tendría consecuencias catastróficas. Las normas que Bukele dicte serán una formalidad para guardar las apariencias. Las multinacionales no están interesadas en la minería limpia y el medioambiente les tiene sin cuidado. Las minas abandonadas son fuente de contaminación durante décadas. Por otro lado, en los cinco años y medio de poder absoluto, Bukele no se ha distinguido por defender el medioambiente. No ha clausurado ninguna de las fuentes principales de contaminación que él mismo señaló. Eso iría contra los intereses de su familia y sus socios capitalistas, propietarios de algunos de los desarrollos inmobiliarios más grandes. Tampoco se ha hecho cargo de la insuficiencia renal, pese a gobernar el país con la incidencia más alta. El saneamiento de las zonas más densamente pobladas y la educación de sus habitantes no figuran en su agenda. Carecen de atractivo turístico. El bienestar animal está por encima de la salud pública. Desde una perspectiva positiva, Bukele no tiene argumentos válidos. Tampoco negativamente. Pretende desacreditar a la oposición alegando su apatía ante la contaminación. Olvida que esta, desde hace ya mucho tiempo, ha denunciado la contaminación y la indolencia gubernamental y ha exigido medidas paliativas y preventivas, que han caído en oídos sordos. Algunos líderes del movimiento ambientalista han sido asesinados, otros encarcelados y muchos más acosados por “las fuerzas del orden”. Las organizaciones medioambientalistas lograron la prohibición de la minería en 2017; ante la supresión de dicha decisión, han retomado la lucha con determinación. Sorprendentemente, no están solas. Un movimiento social amplio y variado, consciente de lo que está en juego, se ha aglutinado a su alrededor. Ni las multas electrónicas, ni el subsidio del agua y la electricidad han contenido su beligerancia. La resistencia se extiende como mancha de aceite hasta el punto de amenazar la buena salud de la dictadura. La protesta social ha respondido de forma contundente a los cuestionamientos de Bukele. La inocuidad y el control gubernamental no son creíbles. La promesa de riquezas nunca antes vistas no impresiona. La gente sabe bien que, si acaso las hubiera, no son para ella. En los más de cinco años en el poder, Bukele no solo no ha elevado el nivel de vida de la gente, sino que este es ahora inferior al de 2019. La distribución desigual de la riqueza nacional es aguda e histórica. Inesperadamente, Bukele despertó una fuerza social amplia, variopinta pero unida, dispuesta a combatir y a resistir su última ocurrencia. Su lógica está contaminada por los intereses económicos familiares y de alguna multinacional aún no identificada, y por una vanidad desbocada. Si se sale con la suya, desgastará su capital político y pagará un costo elevado en popularidad. Los Bukele no arriesgarían tanto por amor al bien común. En las dependencias de Casa Presidencial deambulan ambiciones poderosas. Si consiguen extraer oro del subsuelo salvadoreño, los Bukele se enriquecerán aún más y podrán circular con pie firme en los círculos de la oligarquía financiera, pero la vanidad del jefe del clan saldrá mal parada. Dice no querer que “después digan ‘hizo todo bien, pero en la minería la regó’”. Eso es, justamente, lo que se dirá. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A lo largo de la posguerra, los políticos y las élites han jugado con la necesidad de los salvadoreños prometiendo soluciones a sus grandes y graves problemas; hasta la fecha, siempre lo han defraudado. Primero, dijeron que la paz exigía perdón y olvido, e impusieron la impunidad a través de la ley de amnistía. Además, no crearon los mecanismos requeridos por los Acuerdos de Paz para superar las injusticias estructurales en el campo económico y social. En lugar de ello, implementaron medidas neoliberales que acrecentaron la desigualdad y, así, facilitaron el surgimiento de la violencia delincuencial. En 1994 prometieron hacer de El Salvador una “gran zona franca” que traería desarrollo al país y riqueza para todos. Pero las maquilas solo se tradujeron en empleos mal pagados y volátiles. En el segundo período presidencial de Arena, se privatizó las empresas estatales, reduciendo la capacidad del Estado para la necesaria y urgente reconstrucción posconflicto. Por su parte, Francisco Flores ofreció convertir al país un centro financiero y logístico de calidad mundial. En ese marco, se legalizó la libre circulación del dólar, con lo cual El Salvador perdió capacidad de política monetaria y se redujo la capacidad adquisitiva de la gente. Para demostrar que lo del centro logístico iba en serio, Antonio Saca construyó un puerto marítimo en el departamento de La Unión, el cual nunca ha operado a plenitud. También prometió combatir la pobreza e incorporar a la vida productiva a los sectores en desventaja económica y marginación social. En su discurso de toma de posesión, adquirió tres compromisos puntuales: garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por la concertación sociopolítica y defender la legalidad y la democracia. Lo que pasó es ya conocido. La clase política se aprovechó del Estado para esquilmarlo, la delincuencia no disminuyó a pesar de las manos duras y los problemas nacionales se agudizaron. Después de 20 años de Arena, llegó el FMLN. “Nace la esperanza y llega el cambio” fue el eslogan de campaña con el que ganó la presidencia en 2009. Buena parte de la población se ilusionó y dio la oportunidad al primer gobierno de izquierda. Los cambios profundos nunca llegaron. No hubo reforma fiscal, el neoliberalismo permaneció inalterado, la economía no despegó y la justicia social continuó siendo materia pendiente. Más aún, los nuevos funcionarios copiaron el estilo y vicios de sus predecesores; el partido dejó de escuchar a sus bases y se volvió electorero, tal como los otros institutos políticos. La segunda administración efemelenista se puso como objetivo profundizar los supuestos cambios, pero en realidad lo que se agudizó fue el enfrentamiento entre el Estado y las pandillas. Hastiados de Arena y del FMLN, en 2019 la gente puso sus esperanza en quienes dijeron ser diferentes a los mismos de siempre. Ellos prometieron cero corrupción, pero hoy el dinero no alcanza, han endeudado al país a niveles alarmantes y no rinden cuentas de nada ni a nadie. Ofrecieron mejorar la educación, pero tienen en abandono a la única universidad pública de país y, en general, al sistema educativo estatal. Prometieron llevar el desarrollo a las comunidades, pero redujeron el Fodes al mínimo y reconfiguraron los municipios a su conveniencia electoral. Aunque han logrado paz social, ello ha sido con base en la violación de los derechos humanos, la cooptación de los poderes del Estado y la anulación de la mayoría de mecanismos y principios democráticos. La imposición del bitcoin, la reelección inconstitucional y la amenaza de un futuro brillante empanado en oro son otras de sus obras. La de El Salvador es, pues, la historia de un fraude reiterado.

En países como el nuestro, con problemas graves de pobreza, los subsidios son importantes. Pero solamente tienen eficacia si entran dentro de políticas públicas orientadas al desarrollo y si están focalizados en aquellos grupos o personas económicamente más marginadas o impedidas de acceder al desarrollo. Regalar el pago de agua y luz un mes, no es un subsidio, sino un regalo. A los pobres les alivia los costos de un mes, pero no los pone en la senda del desarrollo. Dejar de cobrar todos los meses tres metros cúbicos de agua al 20% los hogares en mayor pobreza, sí es un subsidio, porque les rebaja un costo mensual que pueden aplicar a otras necesidades. Esto si recibieran agua, porque la mayoría de los más pobres tienen problemas con el acceso normal y frecuente al agua. Para que los subsidios sean eficaces tienen que estar bien focalizados en los que los necesitan y promover el acceso a derechos humanos que parte de la población tiene limitados por la ausencia de recursos. E incluso ser complementados con otras disposiciones que los hagan más eficaces. Regalar una computadora a los estudiantes del sector público puede ser un buen subsidio, en cuanto apoyo al conocimiento y al aprendizaje. Pero debe ser complementado con las capacidades del profesor que impulse el uso positivo del ordenador y con el acceso gratuito a internet, al menos en el interior de las escuelas. Lo peor que puede hacerse con los subsidios es cambiarlos por una especie de regalos en busca de mantener la popularidad política de quien los otorga. Eso alcanza para mantener la popularidad un tiempo. Pero normalmente las economías no pueden soportar el gasto en regalos que no reproducen avances en el desarrollo. La pensión compensatoria a los ancianos en pobreza, que comenzó hace algunos años, es un buen subsidio. Aumenta los recursos de la gente, el dinero se va a la economía y al gasto, mejora el presupuesto familiar de quienes atienden a los ancianos y mueve un poco el comercio. Pero entre nosotros se ha quedado en una proporción de ancianos muy pequeña y no ha funcionado adecuadamente, interrumpiéndose con frecuencia el pago mensual. Cuando se da un subsidio hay que darlo en fechas fijas, evaluarlo e irlo ampliando a otros sectores en la medida en que se perciben sus frutos. Los regalos producen agradecimiento durante un tiempo, pero no previenen las crisis ni revierten situaciones. En El Salvador ha habido buenos subsidios, como el dado a las madres a cambio de que exigieran a su hijos pequeños la asistencia a la escuela. La mejora de la educación produce siempre desarrollo y la pobreza es una de las razones para el abandono temprano de la escuela. A los pobres no podemos verlos como un recurso electoral o un objeto de propaganda política. En nuestro país los políticos han utilizado sistemáticamente a los pobres en su propio interés y beneficio. Las promesas falsas de llegar al desarrollo han sido demasiado frecuentes. En medio de la necesidad se agradecen los regalos, pero es triste que la situación permanezca sin cambios. Los gobiernos prefieren dar regalos en vez de subir el salario mínimo a niveles decentes o mejorar de tal manera las instituciones públicas de servicios básicos que den servicios de calidad a los más necesitados. El culto a la apariencia se refleja en las obras públicas tratando en algunos momentos de mejorar infraestructura básica de servicios, y en otros de impresionar con obras suficientemente grandes como para dar la impresión de desarrollo. A las personas en pobreza no hay que verlos ni como un problema ni como un objeto de manipulación. Son seres humanos dotados de plena dignidad a los que el Estado, y todas las personas e instituciones de buena voluntad, deben ayudar a convertirse en sujetos de su propio desarrollo. Impulsar los derechos humanos de todos, y especialmente de los más pobres, e incluso subsidiarlos para que lleguen a ser protagonistas de su desarrollo, es tarea del Estado. Y la ciudadanía es responsable de que el Estado cumpla con su obligación.

Recientemente se hizo público un estudio que, a partir de datos del Banco Mundial, muestra que el monto total de las remesas que los migrantes envían a sus países de origen triplica la ayuda que el conjunto de los países ricos da a las naciones pobres. En otras palabras, los migrantes contribuyen más al desarrollo de los países con problemas de pobreza que los países del primer mundo. Las cifras no engañan: la ayuda exterior de los países ricos en 2023 fue de 202 mil millones de dólares, mientras que los migrantes aportaron 781 mil millones en remesas. En América Latina, los países que reciben más remesas son centroamericanos; El Salvador, Honduras y Nicaragua perciben en remesas más del 20% de su producto interno bruto. La función social de reparto de la riqueza, que deberían llevar a cabo los países ricos con sus aportes a las economías en desarrollo, la realizan mucho mejor los migrantes expulsados de sus países por la pobreza, la guerra, la corrupción o la problemática medioambiental. Generosidad y justicia son cualidades en las que los pobres, cuando tienen oportunidad, brillan más que los ricos. Tiene toda la razón el cardenal Gregorio Rosa Chávez cuando afirma que los migrantes merecen respeto y dignidad. Resulta intolerable desde la fe cristiana que se les maltrate, que se les tipifique como criminales, que sean objeto de desprecio y racismo. No se les puede expulsar de los países de destino solo por no tener papeles. Los migrantes no solo enriquecen con su trabajo y sus impuestos a los países desarrollados, sino que al aliviar la pobreza y las vulnerabilidades de sus países de origen, contribuyen a disminuir las disparidades mundiales y a construir una mayor cultura de paz. Porque las diferencias y desigualdades, al ser en sí mismas formas de violencia estructural, terminan impulsando la violencia y la disfunción social. En los países con serias deficiencias en el campo de la seguridad social, las remesas han funcionado como un complemento fundamental en el campo de la salud, la educación y la vivienda. Por ejemplo, algunos jóvenes salvadoreños pueden acceder a una educación universitaria solo gracias a las remesas de sus parientes. En ese sentido, para reducir el impacto de algunos de los factores que obligan a migrar, la reducción del costo del envío de remesas debería ser política pública en los países desarrollados. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estipulan que, a partir del año 2030, el costo de transacción por remesa no será mayor al 5%. El Fondo Monetario Internacional estima que si se cumple con esa meta de la ONU, los países pobres podrían recibir alrededor de 32 mil millones de dólares adicionales cada año. Por ello, respetar a los migrantes y apoyarles debe ser una política pública internacional.

Evidentemente, no es nada “sencillo” determinar si las capturas del régimen de excepción están o no justificadas. En esto no se equivoca uno de los responsables de la ejecución del régimen carcelario de la dictadura. No es tarea simple, porque, además de pandilleros, se captura a activistas del medioambiente, a líderes destacados de las comunidades, a los que se resisten a la expropiación de sus tierras por parte de Bukele y sus socios, y a los que hacen bulto para llenar la cuota asignada por los directores de la represión a sus agentes. La averiguación de la culpabilidad de los capturados se complica aún más por la falta de interés en comprobar fehacientemente los hechos de los cuales son acusados. El régimen de excepción no dispone de los medios técnicos indispensables ni del conocimiento mínimo para usarlos de forma eficaz. La dictadura enfatiza la cantidad. Entre más capturados, más seguridad. Si algunos fallecen en el camino o caen asesinados por los torturadores en las cárceles, mala suerte. No hay policías “perfectas”, se excusa la dictadura. Estos muertos son daños colaterales, sacrificados por un bien mayor: crear la sensación de seguridad en un amplio sector social. En un nuevo esfuerzo por mostrar la corrección y la seriedad del régimen de excepción, la dictadura, sin quererlo, pone al descubierto su ineptitud. El vocero de la dictadura asegura haber identificado y localizado a los ocho mil pandilleros que aún gozan de libertad. Más aún, sus perfiles “están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden”. Si dice verdad, cómo explica que todavía estén en libertad. El régimen de excepción, el mayor logro de la dictadura, adolece de la misma incapacidad operativa que el resto de las instancias estatales. La represión es poco rigurosa. El manejo de los datos, como la gestión de toda la operación, es caprichoso. Los ocho mil pandilleros localizados, pero no capturados, es un decir de la dictadura. Carece de datos que respalden la afirmación. La cifra es útil para justificar la prolongación del régimen de excepción como instrumento para aterrorizar a la sociedad. Tampoco tiene claridad sobre los culpables y los inocentes. Por un lado, investiga la posición que ocupaban en la jerarquía de las pandillas; por otro, admite que todos son pandilleros, ya que solo pone en libertad, después de un examen concienzudo, a quienes fueron obligados a formar parte de ellas. En consecuencia, el “trabajo responsable” de la dictadura consiste en determinar si la pertenencia a la pandilla fue libre o forzada. Los directores del régimen de excepción están tan seguros de sí mismos que prescinden de la lógica, y la contradicción, incluso en una misma intervención, les tiene sin cuidado. Dan por hecho que la opinión pública acepta sus afirmaciones sin más por provenir de funcionarios que gozan de la confianza de Bukele. La misma altanería se observa en este nivel de la burocracia dictatorial. Los ejemplos no faltan. Los responsables del tráfico terrestre impusieron unos límites de velocidad en la Monseñor Romero sin considerar el diseño del bulevar. El “descuido” se ha traducido en información confusa y en una ejecución errática. La aplicación de la norma es selectiva. Amparados en esa práctica, los buseros piden rebaja de las sanciones por violar las normas de tráfico. Los legisladores de más jerarquía suelen insistir en lo mucho que trabajan. Pero el trabajo lo hace Casa Presidencial. Ellos se contentan con ratificar sin más lo que ella decide. Ni siquiera se molestan en disimular su indiferencia. Aprobaron la minería metálica a partir de las opiniones infundadas de unos pocos funcionarios. El ministerio responsable del medioambiente no tiene empacho en aceptar que no tiene estudios sobre la cantidad de oro existente ni sobre el impacto de la minería en el ecosistema. Tanto la opinión calificada como la popular han sido despreciadas. La única voluntad que cuenta es la de Bukele. Las legislaturas anteriores al menos tenían un poco más de vergüenza. La seguridad de Bukele desprecia la justicia. No obstante, cada cierto tiempo, sus directores se sienten obligados a dar explicaciones. Quizás movidos por la mala conciencia. Pero esas intervenciones exponen con lucidez creciente la incapacidad gubernamental. El régimen de excepción no se rige por criterios de justicia, sino por intereses políticos perversos. Una madre de 63 años con un hijo detenido lo expresó de forma contundente: “Noche y día le pido a Dios que haya una persona que me ayude y que le den la libertad a mi hijo, porque yo no tengo dinero o influencias”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 15/01/2025 Los Acuerdos de Paz representan un punto de inflexión en la historia nacional. Solo su trascendencia explica los grandes esfuerzos por negarlos y descalificarlos. Al menos tres son las razones por las que la firma de la paz constituye un hito para El Salvador. La primera, los Acuerdos pusieron fin a la guerra fratricida, es decir, pararon las muertes del conflicto y la destrucción del país. La guerra costó más de 70 mil muertos (la mayoría, civiles), 10 mil desaparecidos, un millón de desplazados y una economía en ruinas. En segundo lugar, fueron exitosos, pues cumplieron su cometido: detuvieron la guerra por la vía diplomática e iniciaron el camino hacia la democracia a través de reformas institucionales y constitucionales que cambiaron el rol de la Fuerza Armada en la vida nacional, crearon la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y marcaron la pauta para la transformación del sistema de justicia. Y en tercer lugar, los Acuerdos fueron ejemplo a seguir para otras naciones en guerra; demostraron que es posible detener la lucha armada a través del diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. Los Acuerdos de Paz fueron producto de una serie de factores internos y externos. El primer factor que los hizo posible fue que el anhelo de paz era compartido por la mayoría de salvadoreños. Las Iglesias y el movimiento social se aglutinaron en torno al logro de la paz, supeditando a este las agendas particulares. En segundo lugar, llegada a un punto, la Fuerza Armada ya no fue capaz de defender los intereses de los sectores más ricos del país; la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 demostró que la guerra iba para largo. Además, la masacre en la UCA deslegitimó a nivel internacional a los militares y desató enormes presiones para que las partes se sentaran a negociar. Otro factor importante fue el concurso de países amigos de El Salvador, sobre todo Francia, México y España, que lograron que la comunidad internacional, representada en las Naciones Unidas, pusieran en el centro de su agenda el proceso de paz salvadoreño. También a nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1990 y el consecuente fin de la Guerra Fría facilitaron la salida negociada a la guerra. Por supuesto, los Acuerdos no fueron perfectos: dejaron fuera temas y sectores relevantes, y no todo sus objetivos se cumplieron. Ni en el proceso de negociación, ni en la implementación de los Acuerdos las víctimas fueron tomadas en cuenta; una grave injusticia que se ha mantenido hasta el presente. Además, el informe de la Comisión de la Verdad fue engavetado y la impunidad se mantuvo incólume. Los Acuerdos confiaron a los actores de aquel entonces la creación de mecanismos para luchar contra la injusticia estructural que concentra la riqueza en pocas manos, pero ningún Gobierno hasta la fecha ha querido cumplir esa tarea. Sin embargo, los Acuerdos de Paz sentaron las bases para un país distinto. Gracias a ellos se eliminaron los antiguos cuerpos de seguridad, caracterizados por violar sistemáticamente los derechos humanos, y nació la Policía Nacional Civil. El diálogo y el debate sustituyeron a las armas como medios para resolver las diferencias. Quienes descalifican los Acuerdos son las mismas personas que hoy destruyen lo poco que el país avanzó gracias a ellos. El irrespeto a la Constitución, la desnaturalización del Tribunal Supremo Electoral y de la Policía Nacional Civil, la inoperancia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública, el protagonismo de la Fuerza Armada en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública son obra de esas personas; acciones que ponen al país en un escenario semejante al que se vivía antes de la guerra.

Por José María Tojeira, SJ Desde el ámbito de los Derechos Humanos se puede fácilmente sacar la conclusión de que nuestro sistema judicial es inicuo. Con el régimen de excepción los detenidos pueden pasar cinco años o más en la cárcel sin llegar a juicio. Y por supuesto sin medidas alternativas a la prisión. No hay “habeas corpus”, ni visita familiar, ni acceso al abogado durante esos años. Cuando la violencia se apoderaba del país, la fiscalía y otros abogados y gente del mundo de la opinión, se quejaban de las normas y las leyes, que consideraban demasiado liberales. Pero rara vez se hacía una evaluación seria de la Fiscalía, tanto en formación, como en organización o en medios y financiamiento. Todavía hoy y en las actuales circunstancias, la fiscalía no da de sí, al igual que el sistema judicial, y va dejando en retardo permanente los casos de los detenidos durante el hasta ahora permanente régimen de excepción. Aun reconociendo la buena voluntad y calidad de algunos jueces o fiscales, lo cierto es que nuestro sistema judicial se ha ido transformando en un nefasto entramado de irresponsabilidad, ideas de castigo duro, desprecio del pobre y desinterés por la justicia. Si ya antes del régimen de excepción no era raro encontrar jueces corruptos, en la actualidad encontrar jueces decentes, con criterio propio y con capacidad de aplicar la legislación con libertad se ha convertido en la excepción en vez de ser la regla. Hay impunidad y los jueces y fiscales saben claramente con quien se pueden meter y con quién no. Ante la detención de inocentes no sirve decir que en todos los sistemas se condena a veces a personas sin culpa. Pues aunque esa realidad se dé de vez en cuando en algunos países, no se mantiene a los privados de libertad sin contacto con sus abogados, ni se les juzga en grupo, ni se les tiene 4 o cinco años encerrados e incomunicados, ni se obliga a los familiares que deseen proteger la salud de sus deudos a pagar dinero para mejorarles muy ligeramente, al menos eso dicen, la comida. Oyendo a diversas organizaciones de Derechos Humanos, acaba quedando la convicción de que si en nuestra tierra se aplicara de un modo independiente el Protocolo de Estambul, ya se habrían documentado diversos casos de tortura. La Propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un excelente documento en el que se fijan “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad”. Otro documento en el que no hubiéramos salido aprobados. Y es que si se quiere que tengamos una Policía bien organizada y decente, además de invertir más en ella, se debería suspender ya el régimen de excepción y ponerle como reto a la PNC el mantener la situación de seguridad que hemos logrado. Bajarle el presupuesto al tiempo que se le sube a los militares, dar la facultad y acostumbrar a la Policía a actuar con arbitrariedad, no conduce a un cuerpo policial del que nos podamos sentir orgullosos o en el que podamos confiar plenamente. Evaluar seriamente las necesidades de la Fiscalía y educar a los jueces para el apego a las leyes y para la independencia judicial son actividades que podrían llevarse a cabo precisamente en estos tiempo en los que tenemos menor presión criminal. Mantener el régimen de excepción es simplemente perder oportunidades de mejorar el sistema judicial y fiscal así como a los cuerpos auxiliares.

Cuando el más fuerte ataca, generalmente arrasa. La historia está llena de guerras de expansión, de eliminación de los débiles y de carcajadas triunfales de los poderosos. No faltan quienes aprovechan una ofensa para iniciar una guerra veinte veces más dura que el daño recibido, la cual incluso puede conducir a la destrucción total del país percibido como enemigo. Las guerras civiles, de grupos que quieren resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, completan el panorama absurdo e inhumano de los conflictos armados. “La guerra es mala y bárbara […] las almas entigrece”, dice uno de los poemas de Antonio Machado. Pese a esa maldad y barbarie, siempre abundan intereses, personas y colectivos dispuestos a derramar sangre, a oponerse a todo esfuerzo de paz, a declarar guerras contra otros. Quienes usan la palabra “guerra” tienden a ser autoritarios y excluyentes. Recientemente, Donald Trump ha hablado de un posible uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y del canal de Panamá. Las amenazas van no solo contra estos dos países, sino contra el sistema internacional de reglas que garantiza la convivencia pacífica y pone límites al uso de la fuerza entre las naciones. Si Trump emprendiera una aventura militar contra alguno de los países mencionados, su acción sería equivalente a la invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein. Tanto Dinamarca como Panamá tendrían derecho a defenderse. Aunque nadie puede dudar de que Estados Unidos terminaría imponiéndose (invierte en militares y armamento 700 mil millones de dólares al año), los costos políticos serían enormes. Según los abusos que se cometieran en la invasión, Trump hasta podría ser catalogado como criminal de guerra. Que los líderes políticos hablen con frivolidad de invasiones militares y de guerra es siempre una irresponsabilidad. Si el uso de la violencia entre personas debe controlarse, con mucha más razón debe evitarse la agresión entre naciones. La guerra es siempre la expresión más brutal de la violencia. El papa Francisco citó recientemente una afirmación que Pío XII formuló en 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial: “Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra”. Más allá de los eufemismos que los políticos utilizan para reducir la gravedad de sus acciones, invadir militarmente un país es iniciar una guerra. Víctimas directas del intervencionismo estadounidense, los países centroamericanos deberían rechazar con energía cualquier posición imperialista que amenace con invasiones, guerras o sustracción de territorio.

Por Rodolfo Cardenal, SJ En el centro de San Salvador se exteriorizó un país próspero y feliz, sonriente y alegre. Un país, según Bukele, en “paz, libertad, optimismo y esperanza”. Una producción de Casa Presidencial, impuesta en cadena nacional de radio y televisión, ratifica esa visión. Las muchedumbres, necesitadas de diversión, acudieron a presenciar un espectáculo que las dejó con la boca abierta. Pero esos espacios maravillosos, inundados de luz y de música, no son todo el país. Muchos de los espectadores lo saben por experiencia propia. Acudieron para disfrutar de un paréntesis que les diera ánimo para continuar con la pesada carga que llevan sobre sus hombros. Tampoco la actividad presidencial de Bukele es toda la realidad nacional. El video reproduce lugares ya conocidos, cuidadosamente seleccionados, que exhiben a un Bukele deslumbrante. La construcción de esos espacios desplazó a miles de salvadoreños que se rebuscaban en sus calles y plazas, e ignoró a muchos otros que solicitaban desesperados una ayuda. Las maravillas del país de Bukele no son para ellos, ni él se entretiene atendiendo sus peticiones. Los descartados no tienen tiempo para disfrutar de la diversión, porque encontrar el sustento diario los apremia. Tampoco la pueden pagar, porque a duras penas tienen para lo indispensable. Estos ciudadanos no tienen motivos ni ánimo para regocijarse con las creaciones presidenciales. Pasadas las fiestas, apagadas las luces, silenciada la música y desmontadas las estructuras del espectáculo, la vida retorna a la rutina. Desvanecido el encanto, cabe preguntar si en este año recién comenzado Bukele dará pasos para que “el país feliz” sea de todos y de todos los días. O si seguirá siendo un montaje de fin de año para mantener vivas unas expectativas infundadas de una vida más desahogada. La concreción de esas expectativas pasa por mejorar sustancialmente las condiciones materiales de la vida de las mayorías. El nivel y la calidad del vivir no entienden de mundos maravillosos, construidos artificiosamente para deslumbrar. La realidad económica no entiende de apariencias. La FAO ha colocado a El Salvador de Bukele en la lista mundial de los países con hambre. El año 2025 encuentra a la mitad de la población salvadoreña con dificultades para comer todos los días. El hambre es acompañada de una mayor degradación de los servicios sociales del Estado. Las resplandecientes clínicas del video presidencial son excepciones raras. Esa no es la realidad de la infraestructura de la salud pública actual. La economía de El Salvador de Bukele es la que menos ha crecido en la región en los cinco últimos años, los mismos que lleva en el poder. El país importa bastante más de lo que exporta o produce. El astronómico déficit de la balanza comercial es cubierto, en gran medida, por las remesas de la diáspora. La iliquidez gubernamental es proverbial, así como el abandono de la educación y la salud. Las apuestas económicas de Bukele no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. Primero fue el bitcoin. Después, el turismo del surf y los espectáculos. El último recurso es el despido masivo de empleados públicos y la reducción del gasto social, una “medicina amarga” para las mayorías, incluso para las que acudieron atraídas por “el país de las maravillas”. La mina de oro que Bukele dice haber encontrado abandonada en el subsuelo se le antoja un regalo del cielo para su “milagro económico”. La cantidad de oro de la que habla es tan fabulosa que es materialmente imposible. Aparte la perversidad intrínseca de la minería metálica, el cuento del tesoro escondido no está respaldado por ningún estudio. Y si acaso este lo confirmara, su explotación y la riqueza que pueda generar no serán inmediatos. Además, nadie en sus cabales puede garantizar que redundará en prosperidad general ni que se distribuirá de forma equitativa. Igual que las apuestas anteriores, la riqueza está reservada al clan de la familia Bukele y sus socios. Mientras tanto, el nivel de vida de las mayorías languidecerá aún más. El “país de las maravillas” de Bukele alimenta unas expectativas que se las prometen muy felices, pero que no se concretarán. El despertar de este profundo sueño será estremecedor. Una pequeña muestra del despabilamiento es la aplicación arbitraria de la legislación de tránsito reformada. Bukele no entiende de educar, sino de garrotear. Los voceros más destacados del régimen, comenzado por Bukele, están ansiosos por “pasar a la historia”. Seguramente pasarán, la cuestión es cómo. Muchos otros en esa misma posición ya han pasado como prototipos de inhumanidad, de crueldad y de perversidad. No pueden esperar pasar de una manera diferente a la de “los mismos de siempre”, porque no solo hacen lo mismo que ellos hicieron, sino que incluso los superan. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Entender el año nuevo como novedad implica asumirlo como proyecto y formular propuestas. El papa Francisco, en su mensaje de la paz del 1 de enero, después de insistir en la obligación cristiana de combatir la injusticia, lanzó tres propuestas de alcance mundial: la condonación de la deuda de los países pobres y con pocos recursos, la eliminación mundial de la pena de muerte y la creación de un fondo solidario construido mediante la imposición de un porcentaje fijo a los presupuestos militares. La condonación de la deuda la considera un acto de justicia solo condicionable a la protección del medioambiente en los países que apliquen a ella. La eliminación de la pena de muerte la ve como un compromiso con la vida y como expresión de la confianza en que toda persona puede cambiar y rehabilitarse. Y el porcentaje sobre el gasto militar lo concibe como una forma de priorizar el desarrollo humano sobre la confrontación y las guerras. Sobre este último punto, vale la pena señalar que el 5% de la suma de los gastos militares de los diez países que mayor presupuesto dedicaron al rubro en 2023 asciende a 70 mil millones de dólares. Por la dimensión mundial de su misión y su servicio, el papa plantea sus propuesta a nivel global, pero toda persona e institución, desde las empresas hasta los gobiernos, debe plantearse opciones solidarias. Más allá de los deseos de obtener un buen trabajo, o acrecentar las ganancias empresariales, o mantener la aceptación política de la ciudadanía, es necesario formular objetivos que apunten a la mejora de la convivencia social y el desarrollo humano. Si eso falta, ni la propaganda, ni las regalías, ni los discursos tienen auténtico valor moral. De cara a la realidad de El Salvador, son tareas básicas invertir más en la gente, disminuir el cada vez más abultado gasto militar, suspender de una vez el régimen de excepción y revisar toda situación reñida con los derechos humanos y con la ley. Si bien hay paz social y mayor inversión en infraestructura, la disminución presupuestaria en educación y salud, el incumplimiento de la revisión del salario mínimo y la eliminación de personal en servicios básicos para la gente son hechos injustos y ofensivos para la legítima aspiración ciudadana de desarrollo. El respeto a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la seguridad de la que hoy se goza. Si las propuestas del papa de crear un fondo solidario y condonar la deuda se llevaran a cabo, El Salvador difícilmente sería candidato a aplicar a ellas. La nueva ley de minería, promovida por Nayib Bukele sin importar el sentir de la población, va en contra de programas que buscan tanto el desarrollo humano como la protección del medioambiente. El nuestro es un país vulnerable. A las recurrentes inundaciones y deslaves se sumarán las sequías propias del cambio climático. Además, de no tomarse las acciones requeridas, de insistir en el abandono de los planes de prevención y gestión del riesgo, un futuro terremoto podría implicar un serio retroceso en el proceso de desarrollo nacional. Y aunque se haya crecido en paz social, en el ambiente social y político se promueve la falta de transparencia; y en las redes, el odio y la crispación. La militarización de la seguridad ciudadana no es de buen augurio, como tampoco la forma autoritaria de gobernar. La percepción de corrupción continúa siendo alta. Y la falta de soberanía alimentaria abre la puerta a crisis serias. Programar el desarrollo de un modo abierto, transparente y evaluable; avanzar en el respeto a los derechos humanos; planificar la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad son necesidades de toda sociedad que desea estabilidad, paz y justicia. 2025 será realmente nuevo solo si se inician cambios en las actitudes poco dialogantes y autoritarias, y se emprende proyectos que tiendan al bien de las mayorías.

Cada vez que en el contar del tiempo se termina un período, llamamos nuevo a lo que le sucede y viejo al período terminado. Así pasa con esa contabilidad del tiempo que llamamos años. Año viejo, y por tanto caduco, el que termina, y nuevo y supuestamente mejor, el que inicia cada primero de enero. Sin embargo lo nuevo nunca es sinónimo de mejor. Si la novedad trata de asuntos humanos, todo depende de nuestro compromiso con valores positivos y solidarios. Y en el campo cristiano, de nuestra coherencia con el Evangelio de Jesús, que implica también un compromiso con valores solidarios y fraternos. Así nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje de la paz para el año 2025, recordándonos que el aniversario del nacimiento de Jesús “es un evento que nos impulsa a buscar la justicia liberadora de Dios sobre toda la tierra”. Los cristianos, insiste, estamos “llamados a romper las cadenas de la injusticia y, así, proclamar la justicia de Dios”. No queremos un año más asolado por las guerras y por los crímenes que se repiten sistemáticamente en ellas, ni deseamos un mundo golpeado por la pobreza, la desigualdad o la soberbia explotadora de quienes se creen superiores a los demás. Ansiamos un mundo renovado y en ese sentido nuevo de verdad y no repetitivo de abusos e injusticias. En ese contexto, además de invitar al fin de las guerras que golpean al mundo actualmente, el Papa Francisco hace una triple invitación universal a todos los países. Dado que los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres, pues son los principales causantes del calentamiento global que daña más a los países pobres, el Papa invita a la condonación de la deuda de las naciones que sufren pobreza. Invita también a todos los países a eliminar la pena de muerte como un “gesto concreto que pueda favorecer la cultura de la vida” y genere “esperanza humana de perdón y de renovación”. Y finalmente insiste en deducir un porcentaje fijo de los gastos en armamento de todos los países para la “constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Estas propuestas papales son en realidad tres grades pasos hacia una convivencia mundial justa y pacífica que ojalá el mundo no eche en el saco del olvido. Mirando hacia nuestro país, esta triple invitación del Papa tiene también importantes derivaciones. Es difícil pedir la condonación de la deuda que está golpeando al país y que lo tiene medio ahogado si al mismo tiempo atentamos contra el medio ambiente permitiendo que las compañías mineras contaminen el agua y el aire, dañen la salud de las mayorías y deserticen nuestro territorio. Aunque no tenemos pena de muerte en El Salvador, sí tenemos una cultura del castigo que en las cárceles ha llegado para algunos a convertirse en real pena de muerte. Las palabras del Papa nos llaman a reaccionar contra la satisfacción o la indiferencia ante los tratos crueles y degradantes tanto para los privados de libertad como para los familiares de los mismos. Y respecto a entregar un porcentaje de nuestros gastos militares para un fondo mundial de desarrollo del que seríamos beneficiarios, la conclusión que debemos sacar es que solo reduciendo gastos militares e invirtiendo más en el desarrollo humano de nuestra gente desfavorecida lograremos la convivencia pacífica y el futuro fraterno que todos deseamos. El mensaje mundial de la paz, que el Papa ofrece todos los años el primero de enero, nos marca horizontes de novedad y renovación, tanto para el mundo en su conjunto como para nuestros países pobres. Escucharlo y deducir consecuencias es fundamental para que el año nuevo sea realmente nuevo.

Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve. Por José María Tojeira Este es un axioma de la historia. Quienes llegan al poder político, son promovidos, apoyados y manipulados para usar al Estado y hacer las reformas jurídicas necesarias que faciliten la acumulación de riqueza del grupo de poder. En el camino, se van esparciendo migajas para tener cooptados y contentos a los funcionarios. Esa ha sido la historia también en El Salvador. Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha sido gobernado por proyectos de élites económicas que usan al Estado como un botín para beneficiar sus intereses. Las artimañas de gobiernos anteriores para favorecer a la cúpula de turno se repiten en la actualidad. Una de ellas es recurrir a las empresas de economía mixta. Un tema que ilustra esta situación fue el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el holding turco Yilport para administrar durante 50 años los puertos de Acajutla y de La Unión. Para nadie es un secreto que recurrir a este tipo de empresas se hace con la intención de no rendir cuentas. En los gobiernos de Arena se creó la empresa Inversiones Energéticas, INE, que generaba ganancias netas de más de cien millones. Con razón se dijo que en los gobiernos anteriores al actual, la CEL funcionó como una especie de caja chica. Sin ningún control de auditoría. Más recientemente, la actual Administración creó la empresa Chivo S.A. de C.V. con una inversión inicial de 60 millones de dólares del dinero público sin la obligación de cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información y puede limitar el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas. También el actual gobierno echó mano de la CEL para tener su propio medio de propaganda. La Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de LaGeo, propiedad del grupo CEL, constituyó la sociedad anónima El Diario Nacional (EDN) que registró la marca Diario El Salvador. Nacer como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, le permite al nuevo diario estar fuera del radar de instituciones que fiscalizan la transparencia en el uso de recursos públicos. ¿Son herramientas legales? Quizá. Sin embargo es un modo corrupto de administrar fondos públicos porque, más allá de la legalidad o ilegalidad, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas. En ninguno de los casos anteriores el beneficiado ha sido el pueblo salvadoreño, sino el grupo de poder que está detrás del gobierno. No hay signos que indiquen que ahora con los puertos será distinto. Todo indica que el país sigue repitiendo los vicios de siempre, aunque el discurso haya cambiado.

Respetará Bukele la voluntad y la salud del pueblo salvadoreño

En estos días cercanos a la Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del niño Jesús que vino al mundo para mostrarnos que la plenitud se alcanza en el amar y servir, se está concretando un plan gubernamental que amenaza al país desde hace meses: la derogatoria de la prohibición de la minería metálica, una ley que fue resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el medioambiente. Con la prohibición de la minería no “se denegó la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, como afirma el oficialismo, sino que se priorizó la salud de la ciudadanía y el bien común frente al interés de las industrias extractivas. La aprobación del dictamen de la ley general de minería metálica por parte de la bancada cyan es una acción propia de un gobierno deshonesto y profundamente materialista, y se ha justificado recurriendo a falsedades obvias sobre la minería metálica: que entraña múltiples beneficios, que crea empleos de calidad, que desarrolla las economías locales, que de sus ganancias se obtienen recursos para remediar el desastre ambiental que deja a su paso. Lo que plantea el oficialismo es un oxímoron, una unión de contrarios, pues la protección del medioambiente y la extracción minera son opuestos; no existe la minería verde. La administración Bukele está echando adelante su proyecto prescindiendo de la consulta pública y el análisis ambiental que son de rigor para una ley de este calado. Con ello refleja su falta de visión a largo plazo, profundo desinterés por el sentir y pensar ciudadano, y total desconexión con las realidades ecológicas y sociales que afectan a la población. La prohibición de la minería no es absurda, lo absurdo es permitirla cuando, como muestra la última encuesta del Iudop, a nueve de cada diez personas no les gustaría trabajar en una mina; cuatro de cada cinco están muy preocupadas por los problemas medioambientales del país y consideran que es muy peligroso vivir cerca de una mina; y dos terceras partes opinan que en El Salvador existe ya una crisis de agua y que no es un territorio apropiado para hacer minería metálica. La minería metálica representa una amenaza directa para la salud pública, los ya menguados recursos hídricos y la biodiversidad; como da fe la experiencia en Argentina, Brasil y Perú, por solo citar tres ejemplos, la industria contamina de manera irreversible. En la encíclica Laudato si, el papa Francisco nos recuerda que “todo está interconectado” y que “la naturaleza no es un simple conjunto de bienes a ser explotados”, sino parte integral de nuestra casa común. En este sentido, la minería metálica no solo atenta contra la naturaleza, sino contra la humanidad: al dañar el entorno, compromete el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ello, el papa cuestiona: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. El Salvador requiere de políticas públicas alineadas con la solidaridad, la justicia distributiva, la protección ambiental y la equidad intergeneracional. La derogatoria de la ley que prohíbe la minería metálica va en contra de esa necesidad. Como afirmó la Conferencia Episcopal de El Salvador hace algunos días, “la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo”.

Un medio ambiente sano garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos

Es frecuente desear la bendición y la guía de Dios. Bukele suele expresar ese deseo a sus interlocutores más estimados. En general, la invocación es una expresión de benevolencia. Se desea el bien y la dirección divina. Pero a veces, esa piedad esconde motivaciones mundanas. Los poderosos se revisten de piedad para ocultar sus maldades y sus crímenes. Dios es bueno y desea el bien de todos los seres humanos, sin excepción. En consecuencia, les ofrece ayuda para recorrer el camino de la búsqueda del bien y la felicidad. Nunca impone su voluntad. Respeta la libertad humana hasta el punto de aceptar el desvarío. No interviene ni condena. No reclama ni juzga. Se adelanta para ofrecer su misericordia y su perdón. Dios aguarda pacientemente el regreso de sus hijos descarriados para acogerlos y abrazarlos. El es padre o madre que espera el regreso de los hijos perdidos y, cuando retornan, lo abraza y hace fiesta. La guía y la ayuda de Dios están ofrecidas, pero deben ser aceptadas y puestas en práctica. Entonces, su bendición se hace presente. La aceptación de la voluntad divina se concreta en la vida diaria. No basta, pues, invocarla. La tradición bíblica recoge el criterio para verificar si esa vida se ajusta de los deseos de Dios. La Escritura subraya que se preocupa de manera muy especial por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Los profetas claman que Dios quiere derecho y justicia, no sacrificios y largas plegarias. Por tanto, aceptar la guía de Dios es asumir como propias sus preocupaciones. El rico y el poderoso que desea a un igual la bendición y la guía de Dios pronuncia palabras huecas. Si dijera verdad, le desearía la conversión, porque él ya habría escuchado su llamado y viviría de acuerdo a su voluntad. La conversión del uno y del otro no es imposible, pero es sumamente difícil. Volverse hacia Dios implica renunciar a lo que más estiman: su riqueza y su poder. Por lo general, estas personas no están dispuestas a dar ese paso y a hacerse cargo de la miseria de la humanidad. En el mejor de los casos, hacen “caridades”, que, por muy cuantiosas que sean, son puntuales y pasajeras. Y, frecuentemente, las utilizan para promoverse como personas bondadosas y, de paso, las descuentan de la declaración de la renta. La estructura explotadora y opresiva permanece intacta. Las bendiciones mutuas entre estas gentes son mundanas. Se complacen altaneramente en sus riquezas y su dicha. Estas bendiciones desean, en realidad, que la riqueza y el poder del bendecido se multipliquen, que su dicha sea aún más grande y que aumente la admiración de los demás y la envidia de quienes aspiran a imitarlos. Es comprensible que los poderosos que están en buenos términos se deseen mutuamente fortuna y poderío. Pero esos deseos no son conformes con la voluntad de Dios y, en consecuencia, no portan ninguna bendición. Más aún, lo colocan al servicio de las ambiciones de sus amistades. Dios deja de ser Dios para convertirse en instrumento de la acumulación de riquezas, por lo general, mal habidas. De esa manera, la expresión piadosa es, de hecho, blasfema. La ayuda que Bukele presta a colegas como el presidente de Costa Rica no trae bendiciones para El Salvador. Ciertamente, la ayuda al necesitado, por insignificante que sea, no será olvidada en el reino de los cielos. Pero la ayuda interesada, que busca reconocimiento y aplausos, no es tomada en cuenta. La ayuda bendecida es la que entrega desinteresadamente todo lo que se posee, como la viuda que depositó en la alcancía del templo todo lo que tenía para vivir. Y esto es, precisamente, lo que Bukele no hace. Da como los ricos de ese templo, lo que sobra y para que los otros alaben su generosidad. El dios de Bukele es milagrero. Hace portentos “a la carta”. No para favorecer a aquellos que tanto le preocupan, sino para el engrandecimiento de Bukele, que así envuelve en un aura sagrada sus logros. Cree que Dios está a su servicio al igual que sus aduladores y fanáticos. Ese dios es falso y sus bendiciones vacías. Si se dejara guiar por Dios, sería el defensor de la rectitud, del derecho y la justicia. Los miserables de este mundo encontrarían en él apoyo, consuelo y esperanza. Los poderosos acostumbran presentarse como creyentes piadosos, incluso caritativos. Así silencian su conciencia, se revisten de respetabilidad, o quizás crean también que Dios está de su lado. No viven para buscar el bien de los demás, sino para la riqueza y el halago. Están poseídos por el ansia de tener y amontonar. No es suficiente invocar la guía de Dios, tal como acostumbra Bukele. Hay que escuchar su palabra, apropiársela y ponerla en práctica. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta semana se presentó el análisis socioeconómico de El Salvador 2024, que cada año realiza el Departamento de Economía de la UCA. El estudio confirma que la economía del país beneficia a unos pocos y afecta a la mayoría, como siempre ha sido. En esa línea, revela un aumento en la productividad del trabajo y una disminución del salario medio real. Ello está en sintonía con el informe mundial sobre salarios 2023 de la OIT, que muestra que, por primera vez en lo que va del siglo, el crecimiento de los salarios ha pasado a ser negativo, mientras que la productividad ha seguido creciendo. Es decir, hoy se rinde más en el trabajo, pero se gana menos. Los más afectados por esta disminución del salario real son los empleados que ganan menos, los trabajadores de la economía informal y las mujeres asalariadas. De acuerdo al informe de la UCA, este grupo dedica una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos y servicios de primera necesidad, que son precisamente los que aumentan más rápidamente de precio. En lo que más gastan es en vivienda; sus alimentos son muy poco variados; necesitan recurrir a préstamos para llegar a fin de mes; tienen limitada o nula cobertura de salud; y su capacidad de compra de artículos para el cuidado personal, calzado, recreación y otros es escasa, cuando no inexistente. A las familias que viven con un salario mínimo del sector industria y comercio ($365.00 mensuales), restando los productos de la canasta básica de alimentos, solo les quedan unos 50 dólares para todo lo demás (alquiler de vivienda, educación, vestimenta, etc.). En los últimos 25 años, ningún salario mínimo ha sido suficiente para que un hogar de cuatro personas salga de la pobreza y viva dignamente. En materia de agricultura, el estudio indica que el campo sigue abandonado. A pesar de ello, las personas dedicadas al cultivo de granos básicos ascienden a 363 mil 400. El 90% de ellas son productores de subsistencia; es decir, cultivan para su propio consumo, sin posibilidad de venta. Los granos básicos se cultivan en tierras marginales con muy poca fertilidad, propensas a la erosión y deslizamientos. A nivel de la cartera general de créditos, lo destinado para granos básicos no llega ni al 1% del total. Para colmo, el sistema tributario es regresivo: pagan más los que menos tienen. Los dos principales impuestos, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, gravan con la misma medida a los más pobres y a los más ricos. Y otros impuestos que afectarían a los que más tienen, como los tributos al patrimonio y a los activos, no se aplican. De acuerdo a la investigación, los hogares más pobres gastan un 20% de sus ingresos en el IVA, mientras que los más ricos solo el 10%. Del total de la producción de bienes y servicios en el país, que ronda los 34 mil millones de dólares, cerca de una tercera parte (35.6%) va para los trabajadores que sostienen al 80% de la población, mientras que más del 40% del PIB es para el 20% de la población. El análisis del Departamento de Economía de la UCA permite concluir que la marginación de los beneficios del desarrollo sigue adelante, agravando la desigualdad y orillando a más familias a caer en la pobreza o migrar. Y esta dinámica continuará hasta que no se ponga en el centro de la economía la vida de la personas, especialmente de los trabajadores. Mientras no haya un sistema fiscal progresivo, mientras se construyan solo viviendas de lujo, mientras se sigan pagando salarios que no alcanza para lo mínimo, la historia de El Salvador continuará sin pasar la página de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Por muy obvio que sea, es necesario repetirlo (y esa necesidad desnuda la deshumanización imperante): los presos son seres humanos, personas que han cometido delito y que por ello han perdido el derecho a la libertad de movimiento. En ese sentido, la cárcel, al menos en teoría, sirve para proteger al resto de ciudadanos y rehabilitar a quien ha delinquido. La condición de presos no anula la dignidad humana de los recluidos; aunque privados de libertad, mantienen sus derechos básicos. Por lo general, son vidas humanas marcadas por el dolor, la frustración y sentimientos negativos ligados al abandono, la pobreza, la violencia o la exclusión. En los 33 meses de régimen de excepción, miles de personas que el propio Gobierno ha reconocido como inocentes, aunque no quiera cerrar sus casos, han sido apresadas. La pronta y cumplida justicia que garantiza la Constitución ya no aplica. Muchos han estado más de un año detenidos sin que haya nada más contra ellos que una acusación falsa o un perfil mal hecho de la Policía. Son víctimas de una ley aplicada con arbitrariedad, pero ni el Gobierno, ni el sistema judicial, ni la Fiscalía los considera como tales. El lenguaje utilizado por el poder en torno a las víctimas del régimen de excepción es un claro ejemplo de crueldad y de manipulación verbal. Se supone que los inocentes no deben estar en la cárcel. Si son inocentes y están encarcelados, son víctimas. De los cerca de 80 mil detenidos en el marco del régimen de excepción, se ha liberado a 8 mil, afirma Navib Bukele. Es decir, él mismo reconoce que personas que no tenían ninguna culpa sufrieron prisión. Y cuando dice: “Vamos a liberar al 100% de los inocentes”, reconoce que todavía hay más. El vicepresidente se ha referido a estas víctimas llamándolas “daños colaterales”, una expresión brutal que busca restarle importancia a esta terrible injusticia. Por su parte, aunque el fiscal general dijo que “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, añadió que los que son liberados “están con medidas cautelares”, o sea, el juicio contra ellos queda abierto y pueden ser llevados de nuevo a la cárcel cuando el sistema judicial lo estime conveniente. En otros momentos, las autoridades han dicho que quienes están presos sufren esa condición “porque tienen el perfil” propio de los miembros de las pandillas. Así, por un simple perfil, que no es en sí mismo un delito o una prueba de nada, guarda prisión una enorme cantidad de personas. Estas víctimas tienen derecho a reparación de los daños sufridos. El régimen de excepción no debe renovarse en 2025. La PNC tiene suficientes recursos para mantener la paz conseguida. El órgano judicial debe poner en libertad a todas las personas sobre las que no tenga indicios claros de que han cometido un delito. La Fiscalía debe recibir mayor apoyo en personal, en capacitación técnica y en recursos financieros. Quienes a causa del régimen han perdido injustamente el trabajo, la salud o la estabilidad familiar deben recibir una reparación que les permita retomar su vida sin lastres ni estigmas. Finalmente, hay que investigar tanto a los directores de los centros penales como a la dirección general del sistema carcelario para deducir responsabilidades en los casos de violaciones a derechos humanos.

La polémica sobre la minería metálica plantea dos incógnitas. La primera pregunta por la identidad de los intereses que Bukele defiende con tanta fuerza. ¿Los del país o los de una multinacional? Es difícil responder que protege los primeros. En los más de cinco años en el poder se ha caracterizado por promover los intereses de unos cuantos privilegiados, incluido su clan familiar. Si en este caso su posición es sólida, ¿por qué arguye retorcidamente y apela a la confianza de los incondicionales? En definitiva, les pide confiar en su liderazgo, así como lo hicieron cuando reprimió a las pandillas. No es lo mismo. Ahora les pide confiar en que distribuirá la riqueza nacional. La discusión comenzó con un anuncio sorprendente. El Salvador está asentado sobre “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, dijo. Luego agregó, para espolear la codicia, que, además de oro, hay otros muchos metales muy cotizados en los mercados. Este fabuloso tesoro, hasta ahora escondido y felizmente descubierto por él, introducirá al país en el primer mundo. Un objetivo imposible sin contaminar todavía más uno de los medioambientes más devastados de América Latina. El pragmatismo y la mentira superan este escollo. Bukele promete una “minería moderna y sostenible”, con “tecnología de ahora” y, por tanto, “responsable” y con “costos ambientales bajos”. Pero el único procedimiento conocido para extraer oro es un proceso químico que usa metales pesados y cantidades ingentes de agua. En consecuencia, la prohibición está justificada. Una contrariedad para un Bukele decidido a todo. Presionado por unos intereses desconocidos, se revuelve contra ella por considerarla absurda. Pero El Salvador no es el único país que ha prohibido la minería metálica, tal como sostiene Bukele. Otros también lo han hecho, total o parcialmente. No satisfecho, compara al país con los países del mundo rico. La comparación es simplista, superficial y sesgada. El Salvador no ingresará en ese exclusivo club de la mano del oro. La naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas. La respuesta a esta nueva dificultad es Bukele, quien se ofrece como garantía contra la depredación multinacional. Prueba de su solvencia para asumir ese papel es su hasta ahora desconocida preocupación por la contaminación de las aguas superficiales y la promesa de “hacer bien” las cosas, a diferencia del pasado, cuando los gobernantes corruptos vendieron el país a multinacionales extractoras. Pero eso no es suficiente. No posee credenciales que lo acrediten como defensor del medioambiente. Al contrario, el cambio climático no figura en su agenda. En nombre del desarrollo, no solo ha despreciado abiertamente el cuidado de “la casa común”, sino también persigue judicialmente a los ambientalistas comunitarios. Tampoco es cierto que el oro elevará sustancialmente el nivel de vida de la población. Bukele promete que “nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina”, porque “le van a comprar la casa en un montón de dinero”. Ese no es el caso de centenares de propietarios forzados a malvender sus tierras y viviendas para hacer espacio al cemento y al asfalto. ¿Por qué habría de ser distinto en el caso de la mina? Los vecinos no conseguirán un mejor nivel de vida. Más bien, esta será más dura. Habrá expropiación de tierras, expulsión de población y enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas y del entorno. Los únicos que sacarán provecho son la multinacional y sus intermediarios locales. Probablemente, ni siquiera contribuirá a aumentar la recaudación fiscal, porque será colmada de exoneraciones. La segunda incógnita es aún más difícil de despejar. La defensa de los intereses de la multinacional y sus socios locales es innecesaria. Basta ordenar a los diputados la derogación de la prohibición de la minería metálica y la aprobación de concesiones para la empresa extractora. El procedimiento no es nuevo. Tal vez pensó que la apología del oro suscitaría una nueva oleada de popularidad, pero se ha equivocado. El rechazo inmediato, dentro y fuera del país, lo ha puesto a la defensiva. Dios no “colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para enriquecer a una multinacional y sus patrocinadores locales, ni para contaminar, ni para destruir la vida. Indiscutiblemente, Dios desea el bien, pero no el de unos cuantos privilegiados, sino de la humanidad entera y nunca a cualquier costo. La creación tiene un límite más allá del cual se encuentra la muerte. El brillo del oro alimenta fantasías desorbitadas y codicias insaciables. El oro desata una vorágine con consecuencias fatales para quienes se dejan atrapar. El oro mata la vida humana y ambiental, y, como todo asesino, es un gran mentiroso. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Son varias las razones por las que la minería es inviable en El Salvador; la principal, la crítica situación del territorio nacional. El país es el más pequeño del continente y el que sufre el mayor deterioro ambiental; el más deforestado solo después de Haití; el que menor disponibilidad de agua tiene, en cantidad y calidad, para toda su población, por lo que es el más cercano a padecer estrés hídrico. Esto se conjuga con un irrisorio presupuesto para la atención de emergencias ambientales. Más aún, todos los posibles proyectos mineros estarán sobre la cuenca del río Lempa (ya en decadencia), que da agua a cerca de 1.5 millones de personas. La conciencia de esta situación llevó a que en 2017 se tomara la decisión de prohibir la minería metálica, privilegiándose así la salud y el bienestar de la gente. De hecho, la mayoría de países que han prohibido la minería metálica a cielo abierto lo han hecho por cuestiones ambientales y sociales. Turquía (1997), República Checa (2000), Austria (2000), Alemania (2002) y Costa Rica (2010) son parte de la lista. En 2010, la Unión Europea prohibió la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso del cianuro en todo su territorio. En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo. Para superar el rechazo, la industria minera y sus defensores propalan diversas falsedades. Por ejemplo, es falso que la minería genere empleos y desarrollo económico. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, solo genera el 0.09% de los trabajos a nivel planetario. En la mayoría de casos, los empleos peor remunerados y en peores condiciones son para los lugareños, mientras que los puestos más altos y mejor pagados se reservan para extranjeros. La minería es una industria de enclave, es decir, no aporta riqueza a la región donde se desarrolla ni permite crecer a las poblaciones aledañas. Las minas tienen un promedio de vida de entre 10 y 15 años, y cuando se acaba el oro, las empresas se llevan la riqueza y dejan tras de sí ríos y mantos acuíferos contaminados con sustancias tóxicas, cerros pulverizados y comunidades sin trabajo. La actividad minera no debe ser pensada en término utilitarios, de dinero y empleo, sino en cómo afecta a la naturaleza y a la sociedad. La industria minera está en expansión debido al aumento de la demanda de materias primas a raíz del crecimiento de la población y el avance de la tecnología. Pero por sus efectos nocivos, las grandes empresas transnacionales buscan trasladarse a partes del planeta en las que la flexibilidad legal o la corrupción les dan vía libre para obrar sin límites. Para las poblaciones de los países pobres, la minería trae consigo conflictos sociales, daños al medioambiente y graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es el Valle de Siria, en Honduras; a siete años de iniciadas las operaciones mineras, 19 de los 23 ríos se secaron. Este lugar, que antes fue un rica zona agrícola y ganadera, asemeja hoy un desierto. Entender que la relación de los seres humanos con la naturaleza se funda en el extractivismo y el lucro es en gran medida la causa del deterioro del planeta y del cambio climático. La naturaleza es para todos, para las generaciones presentes y futuras. Para el cristianismo, el destino de los bienes naturales exige la solidaridad con quienes vienen después. Y dado que los bienes son cada vez más escasos, su uso debe regirse por el principio de la justicia distributiva, propiciando un desarrollo sostenible que garantiza la sustentabilidad ambiental.

Hace quinientos años, los conquistadores españoles justificaban la guerra y el robo a los indios diciendo que estos sacrificaban personas a sus dioses. El obispo Bartolomé de Las Casas, que estaba en contra de las guerras y el robo, y defendía a los indios decía: “Los españoles han sacrificado más indios en cada año a su diosa muy amada, la codicia, que en cien años los indios a sus dioses”. Y también afirmaba que el oro era el verdadero dios de los conquistadores. Todos en El Salvador recordamos las palabras de monseñor Romero que aseguraba que la primera causa de los conflictos y la violencia en el país era la idolatría de la riqueza. Hoy, cuando oscuras nubes gubernamentales desean eliminar la prohibición de la minería metálica invocando una supuesta enormidad de oro, es necesario recordar a estos dos obispos y a mucha otra gente que, inspirados en ellos y en las necesidades de nuestra sociedad, lograron que se prohibiera dicha industria. Y es que la minería metálica es muy agresiva. Las empresas canadienses, chinas y estadounidense tienen fama bien ganada de ser depredadoras y destructoras del medioambiente. En Argentina, la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que trabajan asociadas, han sido responsables de al menos cinco derrames tóxicos. En Sonora, México, ha habido frecuentes derrames contaminantes de varias minas canadienses y estadounidenses. Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene una densidad de población que no llega a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El Estado de Sonora es casi nueve veces más grande que El Salvador y su densidad es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En otras palabras, hay mucho territorio poco poblado. Incluso así, los derrames tóxicos han hecho severos daños. Frente a esos países, El Salvador es un país territorialmente pequeño y con una densidad de población de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, un país muy poblado, con gente por todas partes. Los daños acá podrían ser catastróficos, y más si los vertidos tóxicos alcanzaran al río Lempa, cuya cuenca baña al menos dos terceras partes de nuestra patria. Es probable que haya personas que piensen que la minería podría suavizar la angustiosa situación económica de El Salvador. O en otras palabras, volver menos amarga la medicina que, según el Gobierno, necesita nuestro país. No son así las cosas. Las mineras de capital extranjero aportan posibilidades de trabajo, pero destruyen el medioambiente y dañan por siglos terrenos que podrían ser productivos. Viendo los cráteres envenenados y deforestados que dejan las minas a cielo abierto cuando se van sus dueños, nadie puede negar esto último sin mentir. Las empresas mineras contaminan el aire al remover tanta tierra, levantan polvaredas tóxicas y eliminan los árboles en los terrenos donde trabajan. Usan en demasía el agua para lavar la tierra en la que el oro se esconde en pequeñas partículas y envenenan las aguas superficiales con sustancias como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, que utilizan para separar el oro de otros metales con los que está mezclado. Si se produce un derrame de las aguas que almacenan en pequeñas represas para reutilizarlas, los daños en nuestro país serían gravísimos. Estas empresas dañan además los acuíferos subterráneos cercanos a la mina, por las filtraciones del agua que utilizan. Entran en conflicto con las comunidades del entorno. Contaminan el aire de nuestras aldeas y pueblos, les quitan tierras y agua, y envenenan la convivencia con su propaganda divisiva y su odio a los defensores del medioambiente. Y por si fuera poco, en un país como el nuestro, con amenazas de terremotos, inundaciones y deslaves, los riesgos de tragedia son muy elevados. Solo el ídolo de la riqueza de empresas extranjeras, extractivistas y egoístas, puede contemplar insensible y fríamente los peligros para un país pequeño, superpoblado, con riesgos climáticos y sísmicos, y con problemas serios de pobreza y vulnerabilidad, y tratar simultáneamente de engañarnos hablando de minería verde. Si las mineras llegaran a venir, al final, cuando se hayan llevado el oro para sus tierras, nos dejarán como herencia más pobreza de la que encontraron al llegar, más personas enfermas y físicamente reducidas por la contaminación y los accidentes. Es totalmente cierto lo que nos decía el domingo monseñor José Luis Escobar: “Sabemos que las empresas mineras se llevan todo y dejan a los países el 1%. Es un saqueo. Después de 500 años que se vuelva a repetir, no es justo”.

Hace unos días, los Obispos de Frontera y Responsables de Movilidad Humana de Norte, Centroamérica y el Caribe publicaron una carta pastoral dirigida a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad. En el texto se invita a la solidaridad con los migrantes y a revertir las causas de fondo de las migraciones forzadas: pobreza, desigualdad, falta de acceso a derechos básicos, degradación ambiental, crisis agroalimentaria... El afán de lucro, el individualismo, la corrupción público-privada, los regímenes autoritarios, las alianzas militares con grupos corruptos de las élites y la violencia delincuencial (en particular la de los narcotraficantes) fuerzan a mucha gente a huir de su país. En este contexto, la Iglesia latinoamericana, en actitud de salida hacia el mundo, considera a los migrantes como “la carne sufriente de Cristo”, rechaza la explotación y al maltrato de las personas en movilidad, y pide apertura personal a la solidaridad. Centra su tarea solidaria en cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Los obispos agrupados en la red de movilidad humana, junto con los obispos centroamericanos, se comprometen a impulsar que esas cuatro palabras sean patrimonio de todos los cristianos a lo largo de este corredor de migración que es Centroamérica. Migrantes que llegan desde muy diversos países, más allá de América Latina incluso. Acogerles desde la fraternidad, protegerlos de los abusos, apoyarles en sus derechos e incluso en el trabajo, e integrarlos fraternalmente respetando su cultura se convierten en tarea de todos y en responsabilidad básica frente al sufrimiento humano. El apoyo a los migrantes debe ser para todas las personas de buena voluntad un asunto de compromiso transversal. No es un asunto específico y particular de religiosos o un interés exclusivo de algunas ONG; es simple y sencillamente un deber de humanidad. De una forma u otra, todas las familias tienen migrantes entre sus antepasados. Los primeros cristianos fueron llamados “los del camino” no solo porque seguían el camino de Jesús, sino porque caminaban por pueblos y ciudades anunciando el Evangelio. Los migrantes caminan en pos de su propia liberación, saliendo de tierras que los excluyen del desarrollo integral, pero que no logran privarles de la esperanza. Los obispos piden en su carta abandonar la idea de que la pastoral y el apoyo a los migrantes es una función particular de unos pocos. El apoyo a los migrantes debe ser tarea común, así como el cuidar y defender a quienes se comprometen a esa misión, que ya tiene mártires. Los países de la región se han alimentado de migraciones, han intercambiado talentos y liderazgos, han recibido la ayuda de quienes se han marchado de su tierra sin por ello perder sus raíces y han visto la migración como un derecho. Corresponde ahora crecer en solidaridad con los migrantes, más aún porque siguen aumentando las amenazas contra ellos. Peligros y abusos tanto de delincuentes como de gobiernos convierten el camino del migrante en un signo de inhumanidad. Nos toca a los cristianos y a todos los seres humanos de buena voluntad convertir la ruta migrante en lugar de encuentro y solidaridad.

Esta semana, Nayib Bukele afirmó que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. Esta riqueza, según Bukele, ha sido dada por Dios y “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”. Más allá de la palabrería, lo cierto es que el agua, un bien natural del que muchas religiones también afirman que ha sido dado por Dios, está en todo y hace que todo sea; sostiene la existencia de manera innegable, todos los seres vivos dependen de ella, y la minería es uno de sus enemigos más mortales. En El Salvador, esta dependencia se ve más marcada porque la cuenca de la principal fuente de agua, el río Lempa, abarca casi a la totalidad del país. En un estudio de la UCA se determinó que más del 90% de la población depende directa o indirectamente de este río, incluyendo a 1.5 millones de personas que reciben agua potable en el área metropolitana de San Salvador. Además, más de once mil industrias extraen agua de él y el 28% de la electricidad que se genera a nivel nacional se debe a su cauce. En contraste, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 93% de los recursos hídricos evaluados en su red de monitoreo tienen una calidad entre regular y mala, y el 97% no cumple con las características mínimas para ser usados con fines recreativos. De estos 123 sitios que analiza el Ministerio, casi la mitad pertenece al Lempa, por lo que puede afirmarse que, aun sin las afectaciones que podría llegar a ocasionar la minería a gran escala, la fuente de agua de mayor importancia para la población salvadoreña ya está agonizando. En menas pobres como las de El Salvador (menos de 10 gramos de oro o plata por cada tonelada de roca) se utiliza cianuro, un potente veneno de acción rápida que provoca graves quemaduras en la piel y afecta el sistema nervioso, vías respiratorias, tiroides, riñones, cerebro y corazón. La explotación minera también presenta el peligro del drenaje ácido, ya que al excavar rocas que contienen minerales con azufre, se produce ácido sulfúrico, que disuelve otros elementos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El ácido y los metales liberados en este proceso son transportados por las lluvias o por corrientes superficiales a los arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos, provocando condiciones que imposibilitan la vida. Incluso con los mejores sistemas de tratamiento y las eficiencias más altas, cada litro de agua residual generada por las operaciones de la minería tiene el potencial de contaminar al menos 360 litros de agua. Una vez finalizada la explotación minera, las empresas suelen dejar acumulaciones de roca sobrante con altas cantidades de ácido sulfúrico, metales pesados y cianuro. En el tipo de yacimientos que tiene el país, para extraer un kilogramo de oro deben removerse 100 toneladas de roca de su sitio original, cuya mayoría es dejada como escombreras que, al ser lavadas por las lluvias, contaminan el suelo y los cuerpos de agua cercanos. Según expertos internacionales, por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua, los cuales, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos. Por ejemplo, la mina El Dorado, que operaría en Cabañas y que fue parada para privilegiar la conservación del agua, habría consumido 10.4 litros por segundo, equivalente a 328 millones de metros cúbicos al año, es decir, seis veces más que toda el agua que se consume anualmente en el área metropolitana de San Salvador. Para un país cuyos recursos hídricos ya están en malas condiciones por la sobreexplotación y por la flexibilización de los permisos ambientales, la amenaza de la minería supone condenar no solo al río, sino a toda la población. La decisión de prohibir la minería de metales no fue algo antojadizo ni ingenuo, sino que se sustentó en preocupaciones legítimas sobre el agua. Si bien el desarrollo es deseable y necesario, no a costa del deterioro sistemático de la principal fuente de agua nacional, de la precarización de la vida de la población y de la destrucción irreversible de los ecosistemas. Tampoco puede pasarse por alto que en otros países se ha desatado represión estatal contra las comunidades que protestan contra los proyectos mineros, ocasionando enfrentamientos violentos y violaciones a los derechos humanos. De hecho, en El Salvador, luchadores históricos en contra de la minería metálica están siendo hostigados, a pesar de que la industria está en pausa; la persecución legal de la que son objeto los líderes ambientalistas de Santa Marta no busca otra cosa que sentar un ejemplo y disuadir a otros. La amenaza, el miedo y la persecución contra los ambientalistas es ya una realidad. La derogación de ley que prohíbe la minería pondría en riesgo derechos fundamentales de la población, exponiendo al país a enfrentar litigios internacionales. Aunado a esto,

El paraíso en la tierra es una quimera tan antigua como la humanidad. Cada cierto tiempo, aparecen iluminados dispuestos a emprender su construcción, a pesar de los fiascos anteriores. El Salvador de Bukele se ha sumado a esa tradición, donde también figuran el fascismo, el nazismo, el comunismo y las dictaduras de todos los colores. El fracaso incuestionable de sus predecesores no es un buen presagio. No hay razones para pensar que la aventura de Bukele tendrá, contra todo pronóstico, un final feliz. La quimera paradisíaca es seductora, a pesar de sus repetidos reveses. Se suele presentar como un objetivo accesible. Incluso contiene elementos que la hacen verosímil. Pero en sus interioridades anida el gusano de la putrefacción. La Unión Soviética es un caso pertinente. Se propuso crear un paraíso comunista, pero, en la práctica, se redujo a imponer un nivel de vida con privaciones insoportables y una uniformidad sofocante. La cúpula del aparato partidario, en cambio, se regalaba con las bondades del capitalismo. El autoritarismo desembocó en la dictadura estalinista, una de las más brutales del siglo pasado. En 1989, el paraíso comunista colapsó. El capitalismo neoliberal prometió otro edén de libertad y prosperidad, de las cuales solo gozaron unos pocos. La mayoría todavía aguarda que el rebalse del vaso que las contiene. La característica más destacada del paraíso de Bukele es la seguridad. Un espacio inundado de luz, de colores y de armonía. Un entusiasta de última hora lo ensalza como “el país de las maravillas festivas”. Los visitantes acuden en masa a admirar fascinados sus creaciones. Más bien pocas, pero vistosas. La concurrencia disfruta de esas amenidades, inconsciente de que esconden el enriquecimiento desorbitado, la estafa financiera disimulada, el abismo que separa a los privilegiados de los desafortunados y el sistema carcelario donde la violación de la dignidad y los derechos humanos constituye el orden del día. Los habituales de estos espacios maravillosos viven para consumir y para exhibir su consumo, en un ambiente festivo y despreocupado. Aquellos que no pueden participar de esos placeres son negligentes. Ellos mismos se excluyen por falta de iniciativa y trabajo. Asimismo, decenas de miles están encarcelados por su propia culpa. Ellos, en cambio, han sido recompensados por sus méritos. Se creen los mejores, los únicos buenos y los que no tienen nada que aprender de los demás. Otra característica fundamental que identifica a los paraísos terrenales es su afán por reescribir la historia. Desmontan el pasado y conservan solo aquello que sirve para justificar su propia existencia y para dejar clara su pertinencia y necesidad. Sin embargo, la continuidad de sus construcciones depende de la solidez de la mentira que la sustenta. Bukele invierte ingentes cantidades de dólares en la industria de la desinformación, la propagación del catastrofismo y la difusión del miedo. En consecuencia, la viralización en las redes digitales de datos y sentires alternativos o críticos atenta directamente contra la integridad paradisíaca. Por eso, persigue a sus autores como criminales peligrosos. No le interesa considerar la verdad que pueda haber en esos discursos, sino castigar con mano dura a quienes se rebelan contra la cultura de “la sociedad feliz”. El paraíso de Bukele, igual que todos los demás, cultiva la cultura de la mentira. La China actual, su socia comercial y una de sus donantes más generosas, ilumina cómo opera esa cultura. El partido comunista mantiene un estricto régimen de vigilancia y control sobre sus ciudadanos para evitar desviaciones de la ideología oficial. El pensamiento, la creación estética, la academia y la opinión deben ajustarse a los lineamientos del partido único y su gran jefe. China es una potencia mundial, que compite con Estados Unidos y Europa, pero es también una sociedad donde la libertad está vigilada y restringida. La prolongación de la revolución maoísta, cuyo “salto adelante” generó una hambruna general y cuya “revolución cultural” ya quiso uniformar la sociedad, depende del acatamiento incondicional de las directrices del partido. Aparentemente, El Salvador de Bukele es más sosegado y festivo. En realidad, tiene dos caras. Los espacios donde reina la música, el color y la fiesta son la cara simpática y atractiva, que habla de milagro o de paraíso. Los espacios donde reina el terror como el sistema carcelario, los vecindarios populares y las dependencias estatales son la cara oculta, pero real. El acecho y el espionaje son constantes. La censura, la coacción y la humillación son habituales. Las dos realidades son inseparables. Por tanto, el “festivo mundo maravilloso” que celebran los fanáticos es mentira y engaño. En el mediano y largo plazo, esa dualidad es insostenible, tal como lo demuestran los experimentos anteriores. El germen de la putrefacción ya hace implacablemente su trabajo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que está sucediendo con los cinco ambientalistas de Santa Marta es injustificable desde todo punto de vista. Después de ser acusados, encarcelados y procesados por casi dos años, tiempo durante el cual los fiscales no pudieron demostrar su culpabilidad, el 18 de octubre el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que el 26 de noviembre anuló el juicio y ordenó que se repitiera en otro juzgado. Antes de ello, la Cámara había evitado sentar posición sobre el caso, pero ahora que las juezas del tribunal lo resuelven, ha salido al paso. Lo que ha hecho la Cámara es equivalente a pitar un penalti inexistente a favor de la Fiscalía. Este tipo de irregularidades en el sistema judicial se producen cuando la corrupción socava sus bases para negarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. De acuerdo a Transparencia Internacional, en términos generales, la corrupción judicial se divide en dos categorías: la primera, la interferencia de otro poder del Estado en los procesos judiciales; y la segunda, el soborno. Cuando sucede lo primero, los jueces y juezas independientes son transferidos a localidades remotas, despedidos o presionados para que renuncien. En un sistema corrupto, los funcionarios judiciales no se nombran con base al mérito, sino en función de su cercanía y obediencia al poder. A los jueces considerados “problemáticos” se les retira de casos delicados, y estos son asignados a jueces o tribunales más complacientes. Todo ello no solo es cuestionable en sí mismo, sino que tiene consecuencias graves para la ciudadanía. Debido a esta corrupción, la voz de los inocentes no es escuchada y los victimarios actúan con total impunidad. Cuando la justicia cede ante la corrupción, la sociedad en su conjunto sale perdiendo. En ese sentido, el caso de los cinco de Santa Marta no solo les atañe a ellos y a sus familias, sino que es un asunto de todos, porque esta manipulación de la justicia puede golpear a cualquiera. Los jueces de la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque se han valido de un formalismo para revertir el fallo. El caso confirma que el poder judicial, como en el pasado, está siendo instrumentalizado para la persecución política. Este es el país que tenemos, un El Salvador en el que, como dijo monseñor Romero citando a un campesino, la justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas seguirán viviendo un calvario.

El caso de la masacre de la UCA, conocido como el caso jesuitas, está llegando judicialmente a su final. Terminó el equivalente a la instrucción y se ha decidido que pase a un juez de sentencia. Todos los acusados van a juicio. La mayoría por homicidio y la minoría por encubrimiento y fraude procesal. De los cinco militares denunciados originalmente por la Comisión de la Verdad dos han muerto y los tres que quedan vivos pasan de los 80 años. En el juicio contra la autoría intelectual iniciado por la UCA a principios del actual milenio, se añadieron dos personas más a los cinco señalados. El caso se cerró y se reabrió varias veces. En la reapertura del año 2022 la fiscalía añadió a cuatro personas más. El indicio acusatorio fundamental en sus inicios fue tanto la acusación de la Comisión de la Verdad contra cinco militares como el encubrimiento sistemático de la autoría del crimen tanto de parte del ejército como del gobierno de aquel entonces. En la actualidad, cuando se espera una sentencia, probablemente para el año próximo, conviene reflexionar sobre el caso. En primer lugar es importante decir que se está llegando al final de un caso grave de violación de Derechos Humanos, aunque se llegue a él más de 35 años después. Y no por las mismas razones que se llegó con tardanzas semejantes en Europa, donde algunos criminales nazis alemanes consiguieron ocultarse durante largo tiempo. Entre nosotros los acusados permanecieron siempre a la vista. En segundo lugar hay que decir también que el paso del tiempo, si bien no ha modificado la brutalidad del crimen, ha introducido otros aspectos dentro de una cultura de justicia transicional que busque verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y reconciliación. Aspectos que estuvieron siempre presentes en el caso, pues continuamente los jesuitas que pedían la apertura del caso contra los autores intelectuales, insistían desde los inicios del caso hace 35 años en que hubiera un proceso que garantizara “verdad, justicia y perdón”. Aunque algunos aspectos de la verdad, fundamental en el desarrollo de la justicia, quedarán en las manos de la investigación histórica, hay algunos aspectos que pueden mejorarse en el presente. El hecho de que se enjuicie a personas es por supuesto positivo. Pero el juez, o los jueces que juzguen casos como el de los jesuitas, deben tener en cuenta algo más que la sentencia que se vaya a dar. Y es la necesidad de exigir a las instituciones, cuando los crímenes fueron institucionales, que pidan en concreto y directamente perdón a las víctimas. En ese sentido, en el caso jesuitas, el juez debe ordenar al ejército como institución que pida perdón públicamente y en un solo acto a los parientes de los asesinados, a la Compañía de Jesús y a la UCA. Y eso más allá de las sentencias inculpatorias o absolutorias que pueda dar. Porque de lo que no hay duda es que el crimen fue institucionalmente encubierto. Durante mes y medio después del crimen, tanto la Fuerza Armada como el Gobierno salvadoreño estuvieron culpabilizando a la guerrilla del asesinato colectivo. Y ello cuando ya era evidente desde el primer momento la autoría militar. Y solo cedieron ante la presión internacional e iniciaron finalmente el juicio exclusivamente contra los autores materiales, imponiendo posteriormente, con la ley de amnistía, un manto de impunidad sobre los posibles autores intelectuales. Un crimen conocido y encubierto por tanta autoridad militar y gubernamental es un crimen con responsabilidad institucional. Basta conocer algunos de los testimonios escritos del propio coronel Benavides, o escuchar las declaraciones del juicio contra el coronel Montano dadas por el capitán (en el momento de los hechos) Luis Parada, para darse cuenta de ello. A parte de otros muchos testimonios que sería demasiado largo enumerar. Y son las instituciones también las que tienen que reconocer sus graves errores y ofrecer disculpas a las víctimas más directas del crimen. El reconocimiento de los hechos y la petición de perdón a las víctimas es además una de las medidas más importantes de cara a la reconciliación y la no repetición de los hechos. Ya en estos años recientes, ante un crimen injustamente encubierto por la institución policial, un juez obligó al Director de la PNC, Mauricio Arriaza, a pedir disculpas a los familiares de la víctima. Acto que se realizó públicamente, con presencia de medios de comunicación, en las instalaciones de la PNC de Santa Tecla. Que los jueces tengan en cuenta esta posibilidad es ventajoso para el país. Ayudará a las instituciones con poder a ser conscientes de sus responsabilidades y ayudará también a reconsiderar la calidad del sistema judicial, tan implicado en encubrimientos de crímenes del pasado.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos. Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres. En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene. Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso. El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos. El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

Reformas a la Constitución y sus posibles efectos.