Editoriales y Opiniones

En los países democráticos la Constitución se toma en serio. Generalmente, las Cartas Magnas se redactan en momentos importantes de la historia de su países. Para regular las relaciones entre los ciudadanos y los políticos, distribuyen el poder del Estado en tres sectores básicos, independientes uno del otro: legislativo, ejecutivo y judicial. El Salvador escribió su Constitución actual en un contexto de guerra y posteriormente la reformó para facilitar la participación ciudadana y el control del poder. Aunque quedaba mucho por hacer para perfeccionarla, no era un mal instrumento para defender derechos y mantener una cierta independencia de poderes. En la actualidad, con la reforma del artículo 248 de la Constitución, el oficialismo ha convertido la Carta Magna en un papel mojado al servicio del Ejecutivo. En efecto, el artículo 248 regulaba las posibilidades de reforma constitucional. El primer paso era aprobar la reforma con la mitad más uno de los votos de los diputados. Y se exigía una segunda votación por parte de la siguiente Asamblea Legislativa, que debía ratificar la reforma con dos tercios de los votos de los legisladores. Así, se obligaba a separar en dos Asambleas la aprobación y se aumentaba el número de votos para dar por definitiva la reforma. En la actualidad, teniendo el oficialismo más de dos tercios de los diputados, es suficiente con que una misma Asamblea Legislativa apruebe en dos votaciones la reforma constitucional, pudiendo hacerlo incluso en un solo día. Se facilita así el cambio exprés de la Constitución, debilitando la seguridad jurídica e impidiendo que la ciudadanía dé su opinión e incida sobre cambios sustanciales para la convivencia. De momento, la reforma se utilizará para sacar de la Constitución el artículo 210, que garantizaba la deuda política para fortalecer la independencia de los partidos. Pero el futuro queda en las manos de una Asamblea Legislativa totalmente dependiente del Ejecutivo, capaz de reescribir o eliminar cualquier artículo que incomode al mandatario. En otras palabras, la Asamblea ha cedido el poder absoluto a la Presidencia de la República, y ello, a la luz de los abusos cometidos durante el régimen de excepción, no augura nada bueno para los derechos de las personas. Si antes de esta reforma constitucional se consideraba que el sistema de gobierno de El Salvador era híbrido, por mezclar componentes democráticos con formas autoritarias de gestión, hoy se abre la puerta a la instauración de un régimen autoritario en toda regla. El exceso de poder conduce a una especie de ebriedad del mando. Los grandes novelistas latinoamericanos han descrito con maestría la brutalidad y el desvarío a los que ha conducido el poder absoluto. Centroamérica, en particular, ha experimentado la violencia, locura y paranoia de múltiples dictadores. Más allá de cómo se utilice esta reforma orientada claramente al autoritarismo, es importante acudir a la historia y observar los resultados tanto para la gente que padeció los excesos del poder absoluto como para quienes lo ejercieron. Los pueblos sufrieron y la mayoría de dictadores terminaron hundidos en el desprecio ciudadano. Dialogar, reflexionar y escuchar razones es la única manera de evitar un futuro que presenta trazas claras de inestabilidad, confrontación y abuso.

Una llamada telefónica y una visita del secretario de Estado sustituyeron el encuentro personal de Bukele con Trump en la juramentación de este, que fue una celebración de la gloria, del triunfo y de la ambición. Y una oportunidad única pérdida para Bukele. Tal vez consideraron que no está a la altura de los libertarios, los autoritarios, los negacionistas y los milmillonarios amigos de Trump. Al parecer, “el dictador más cool del mundo mundial” no fue considerado digno. Tal vez hubo invitación, pero declinó asistir. Habría sido uno más entre los mandatarios de países más grandes y poderosos y, peor aún, un pobretón en medio de los grandes ricachones que rodean a Trump. En cualquier caso, la “reinvención” de El Salvador no es tan extraordinaria como para invitar a su autor a codearse con el poder capitalista de Estados Unidos. La llamada telefónica tampoco parece haber sido muy grata. El silencio de este lado de la línea habla a gritos. En lugar de informar de su conversación con su supuesto amigo, Bukele anunció la condonación de abultadas multas de tráfico que ya estaban anuladas por fallos tecnológicos y se regodeó de su soledad en la cumbre de la popularidad global. La Casa Blanca, como es usual en esa clase de llamadas, informó escuetamente de los temas conversados. Trump elogió a Bukele por su liderazgo regional y su ejemplo para el resto del hemisferio. Si este se sintió halagado, debiera tener presente que, en julio del año pasado, durante la campaña electoral, lo criticó duramente por enviar criminales a Estados Unidos. El elogio no era más que un simple trámite diplomático para comunicarle enseguida el papel que le había asignado en las deportaciones masivas. Su cometido es doble: contener la emigración de salvadoreños y recibir a los deportados de terceros países, incluidos los miembros de una organización criminal transnacional. Indudablemente, Bukele aceptó detener la emigración. Pero no podrá cumplir su palabra. La gente huye del terror estatal y urgida por la pobreza. Bukele no está dispuesto a prescindir de la herramienta de dominación más exitosa ni a velar por el bienestar de la ciudadanía. Al contrario, ahora la pobreza es más grande y más profunda. Las generaciones más jóvenes no tienen futuro en El Salvador de Bukele. Tampoco está preparado para recibir a las decenas de miles de salvadoreños que Trump deporte. No hay albergue capaz de contener a tantos en condiciones aceptables ni programa de reinserción laboral, porque no hay empleo. La deportación masiva aumentará la presión sobre unos servicios sociales exhaustos, complicará aún más la vida de miles de familias que sobreviven de las remesas, reducirá el consumo con un impacto negativo en el comercio y la banca, y la escasez de dólares desestabilizará aún más las finanzas públicas. El arribo de deportados de terceros países agudizará la crisis de sobrevivencia. Sin posibilidad de asilarse en Estados Unidos y sin poder retornar a sus países de origen, estos deportados permanecerán atrapados en El Salvador indefinidamente. Los etiquetados como terroristas o criminales serán recluidos en las cárceles de la dictadura. El panorama es preocupante y deprimente. El papel de Bukele en los planes de Trump pone en entredicho la reinvención del país. El Salvador sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Un espacio para abandonar a los latinoamericanos descartados por indeseables. Un vertedero humano. Trump aborrece el sur del río Bravo, excepto la Argentina de Milei. El país del café, del surf y de los volcanes será también el basurero de Trump con la complicidad de Bukele. La moneda de cambio, si la hay, es desconocida. Una cosa es segura, no favorecerá al país. Las redes digitales de Bukele han dejado en evidencia su intrascendencia como líder y como gobernante. Los troles del oficialismo se han contentado con reproducir imágenes de encuentros pasados y con destacar el elogio de Trump a un liderazgo que no es reconocido en la región, excepto en la Costa Rica de Chaves, y a un modelo sin repercusión hemisférica, excepto en Milei. Disimulan mal su desconcierto. Sorprendentemente, el Bukele abanderado de la soberanía nacional, que repitió innumerables veces que nadie le diría qué hacer y cómo hacerlo, se doblegó sin rechistar ante un Trump imperial. Su postura es tan entreguista como la del siglo pasado. Un baño de realidad nunca viene mal. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las deportaciones de migrantes latinoamericanos han comenzado en Estados Unidos. Muy probablemente el Gobierno de Trump será incapaz —por lo oneroso de la medida y por insuficiencias logísticas— de alcanzar la masividad que anunció, pero lo visto hasta ahora ha sido suficiente para causar gran impacto. Las redadas han sembrado temor en los migrantes indocumentados y en sus países de origen, por las consecuencias de posibles deportaciones masivas. Las deportaciones de Trump y el modo humillante de ejecutarlas son reflejo de la criminalización de la migración, un prejuicio que es compartido por una buena parte de la población estadounidense, incluso por ciudadanos de origen latino. La medida emana del racismo y la xenofobia que azuzan Trump y la gran mayoría de republicanos. Los argumentos para justificarla no resisten la crítica. No es que al mandatario se le olvide que su madre fue inmigrante escocesa y que sus abuelos paternos llegaron de Alemania. Para Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Refugiados de Europa, la campaña contra los y las migrante descansa en cinco mitos. El primero, los migrantes están invadiendo los territorios. Esto es falso; estadísticas oficiales indican que la migración internacional se ha mantenido relativamente estable durante años, representando el 3% de la población mundial. En el caso de Estados Unidos, diversas instancias oficiales estiman que el número de migrantes indocumentados en ese país se mantiene en torno a las 11 millones de personas desde hace años. El segundo mito es que los migrantes reciben más ayudas que la población originaria; sin embargo, la realidad es que ellos aportan más al Estado de lo que reciben, contribuyendo significativamente a la generación de riqueza, al desarrollo y a la innovación. De acuerdo al Instituto de Política Fiscal y Económica, los trabajadores indocumentados en Estados Unidos pagaron 96 mil 700 millones de dólares en impuestos en el año 2022. Otras instancias estiman cantidades similares. El tercer mito afirma que los migrantes causan inseguridad en los países a los que llegan. Otra falsedad. No hay evidencia científica de que la migración aumente los índices delincuenciales; al contrario, algunos estudios señalan que la criminalidad es menor en ciudades con alta migración. El cuarto mito: los migrantes le quitan los empleos a la población originaria. Diversas investigaciones demuestran que las personas migrantes por lo general ocupan puestos en los que la población local no está dispuesta a trabajar, como la atención a la tercera edad, la agricultura y el servicio básico en restaurantes y hoteles. Y el quinto mito, muy propio de Trump, es que los muros detienen la migración. Lo que está comprobado es que las medidas que endurecen los controles fronterizos son ineficaces, causan muerte y deshumanización. La campaña de Trump contra los migrantes se basa en premisas falsas. De llegarse a concretar la masividad de las deportaciones, los efectos no solo serán perniciosos para los migrantes, sino también para la economía de Estados Unidos, pues la recaudación tributaria se verá reducida y no habrá quién se ocupe de las tareas sencillas pero esenciales que realizaban los expulsados. Cuando Trump apunta contra los migrantes, apunta también contra una de las bases que hacen posible el modo de vida estadounidense.

Un día después de la toma de posesión presidencial, Donald Trump participó en un servicio religioso en Washington como parte de las tradiciones del inicio de un nuevo gobierno. En su discurso inaugural, Trump había anunciado, entre otras medidas, la deportación masiva de los que denominó “miles de delincuentes”; que en Estados Unidos solo habrá dos géneros: hombre y mujer; y que la soberanía del país sería reclamada y la seguridad recuperada. En ese contexto, la obispa episcopal Mariann Edgar Budde le pidió a Trump, de forma directa, que tuviera piedad de aquellos que viven con miedo, como la comunidad LGBT, los inmigrantes indocumentados y los refugiados. Con fineza y valentía habló en nombre de Dios (justo y misericordioso) y del pueblo amenazado. Sus llamados son elocuentes. Con respecto a la comunidad LGBT, dijo: “Señor presidente, millones de personas han depositado su confianza en usted y, como dijo ayer a la nación, ha sentido la mano providencial de un Dios amoroso. En nombre de nuestro Dios, le pido que se apiade de las personas de nuestro país que ahora tienen miedo. Hay niños gays, lesbianas y transexuales en familias demócratas, republicanas e independientes, algunos de los cuales temen por sus vidas”. Luego, abogó por los migrantes: “Y las personas que recogen nuestras cosechas, limpian nuestros edificios de oficinas, trabajan en granjas avícolas y plantas de envasado de carne, lavan los platos después de comer en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales: puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son fieles miembros de nuestras iglesias, mezquitas, sinagogas, monasterios y templos”. Y en el mismo espíritu de los profetas bíblicos que mantenían una actitud compasiva hacia los huérfanos, viudas y extranjeros, hizo un llamado a la hospitalidad, no a la hostilidad: “Le pido que tenga piedad, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que sus padres sean llevados, y que ayude a quienes huyen de zonas de guerra y persecución en sus propias tierras a encontrar compasión y acogida aquí. Nuestro Dios nos enseña que debemos ser misericordiosos con el extranjero, porque todos fuimos extranjeros en esta tierra”. Mariann, quien es defensora de causas como la igualdad racial, la prevención de la violencia con armas de fuego, la reforma migratoria y la plena inclusión de las personas LGBTQ+, habló con valentía profética. Es decir, habló en nombre de Dios: justo, cercano, compasivo. Frente al “todopoderoso” Trump, ella se constituyó en portavoz y boca de ese Dios. Conocedora de las angustias y esperanzas de las personas y las colectividades, habló también en nombre del pueblo. Tiene los pies puestos en la tierra y el corazón en Dios y en los que sufren. Y como los antiguos profetas, es una persona amenazada. Desde que le pidió a Trump que mostrara misericordia hacia las personas que temen por sus vidas, ha recibido amenazas de muerte; algunos de los seguidores de Trump han pedido que ella también sea deportada; y el mandatario expresó su disgusto por el sermón, calificándolo de “poco emocionante”. Ahora bien, la ceremonia tenía como objetivo rezar por la unidad de la nación. Unidad que, para Mariann, debe fomentar la comunidad por encima de la división. Unidad que sirva al bien común. En su predicación cuestionó si era posible ese tipo de unidad en los Estados Unidos, y si debería importarnos. Y a renglón seguido añadió: “Espero que nos importe porque la cultura del desprecio que se ha normalizado en este país amenaza con destruirnos”. Asimismo, Mariann habló de los fundamentos de la unidad que requiere la nación estadounidense. Desde las tradiciones y textos sagrados sugirió que hay al menos tres. El primero, honrar la dignidad inherente a todo ser humano. “Eso significa no burlarse, descartar o demonizar a aquellos con los que discrepamos”. Es preferible, dijo, “debatir respetuosamente nuestras diferencias y, siempre que sea posible, buscar un consenso”. El segundo pilar es la honestidad, afirmó, tanto en las conversaciones privadas como en el discurso público. “Si no estamos dispuestos a ser sinceros, no sirve de nada rezar por la unidad, porque nuestras acciones van en contra de las propias oraciones”. El tercer fundamento para construir unidad, según Mariann, es la humildad: “Todos la necesitamos porque todos somos seres humanos falibles”. Y añadió: “Quizá seamos más peligrosos para nosotros mismos y para los demás cuando estamos convencidos, sin lugar a dudas, de que tenemos toda la razón y que los demás están totalmente equivocados”. La crítica profética de la obispa Mariann, pues, ha sido un signo esperanzador para todos aquellos que se sienten vulnerados en sus derechos, en su dignidad y en sus sueños. La crítica profética es un freno al poder absoluto. Jesús de Nazaret, principal fuente de inspiración de Mariann, también

En el actual gobierno las reservas de información crecen como la espuma. Qué hay debajo de tanta reserva no se sabe, porque las explicaciones que se dan son demasiado variadas. Se reserva información por seguridad nacional, porque es secreto comercial, para que no nos roben las ideas, y por muchas otras variadas razones. Se reservan estudios de factibilidad de obras, construcciones, contratos y compras públicos, gastos en medicinas, consultorías y los famosos estudios de la supuesta cantidad de oro que existe en el país. De vez en cuando se decide que la información que se pide es inexistente. Algunos Ministerios no actualizan sus índices de información desde hace algunos años. La gente tiene acceso a la propaganda oficial pero no a la información pública. Con tanta reserva de información y simultáneamente tanta propaganda de maravillas y éxitos gubernamentales, quienes tienen sentido crítico desconfían cada vez más de la rectitud con la que se estén manejando los asuntos públicos. Y es normal que la desconfianza crezca. Porque donde no hay cuentas ni información clara, la tendencia a la corrupción suele crecer. La falta grave de información es típica de los paraísos fiscales. Y todos sabemos que la trampa y el engaño están con demasiada frecuencia en sus bancos y negociaciones. Nosotros no somos un paraíso fiscal, pero tampoco un paraíso a secas. La pobreza, el deterioro ecológico, la contaminación de los ríos, las desigualdades, un sistema judicial débil y dependiente, la fragilidad y limitaciones de nuestras instituciones de protección social chocan con las catalogaciones de país de desarrollo medio alto con el que nos califican algunas instituciones internacionales. Que en medio de la crisis de confianza ciudadana que ha desatado la nueva ley de minería se nos diga que no se pueden mostrar los supuestos estudios existentes sobre la cantidad de oro y otros minerales valiosos que también supuestamente abundan en el país, raya en el desprecio absoluto a la inteligencia ciudadana. La excusa de decir que son secreto comercial, sin informar quién hizo esos informes, cuánto dinero le costó al Estado, si es que le costó a algo, o cuándo se hicieron, difícilmente se puede considerar secreto comercial. Pero ni eso se dice, pidiendo una fe ciega en las palabras del líder. El hecho de que en ocasiones se nos hayan dicho mentiras evidentes, hace sospechar que se nos niega información para que no descubramos mentiras. Negar información puede tener alguna ventaja en el corto plazo. Pero en el largo o el mediano termina llevando al fracaso. Primero porque cansa a la gente. Si el país es, al menos teóricamente, de todos, y la persona, como dice la Constitución, es “el origen y el fin de la actividad del Estado”, negar información a la gente y rechazar la rendición de cuentas, genera desconfianza y sospechas de todo tipo. Somos un país pequeño en el que mucha gente se conoce, tiene contactos, ve cosas, comenta, y querer silenciar la debida información no satisface a nadie. En el tema del oro en particular, ya hay gente diciendo que no hay más información que la que pueden dar la empresas mineras interesadas en tener explotaciones rentables para ellas. Por otro lado, las instituciones que reclaman información o simplemente derogación de la ley actual de minería, son instituciones mucho más serias, humanistas y solidarias que las empresas mineras. Escuchar a la Iglesia y a otras instituciones sería bueno para el gobierno. Rechazar sus peticiones y reflexiones solo provocará un decrecimiento de la confianza en las instituciones estatales. Insistir, en ese contexto, en reservar información tanto respecto a los riesgos de la minería como a la supuesta cantidad de oro existente o las relaciones no mencionadas con compañías extractivistas, no hace más que aumentar la incomodidad y el descontento de muchos ciudadanos. Dialogar con transparencia es mucho mejor camino tanto para mantener la aprobación ciudadana en el largo plazo como para lograr un desarrollo humano rico en valores y solidaridad.

Por primera vez en los seis años de gobierno de Nuevas Ideas se ha dado un confluencia de hechos que erosionan con fuerza la popularidad gubernamental. La economía golpea a los sectores populares y de clase media vulnerable; es decir, al 75% del la población. A ello se suma, por un lado, una ola de despidos en las dependencias del Estado que crean resentimiento con las autoridades y dañan a las familias; y por otro, el Ejecutivo ha dado pie a un mayor deterioro medioambiental. Si bien es cierto que algunos proyectos de desarrollo causan daño a la naturaleza, se puede y debe buscar siempre reponer y mejorar el medioambiente. Lejos de ello, ni se ven, ni se conocen planes serios para proteger los pocos recursos naturales de los que aún dispone el país. Aprobar la posibilidad de minería metálica a cielo abierto es condenar a El Salvador a un deterioro que llevará a más pobreza y más migración. El relato de un horizonte de riqueza extraordinaria gracias al oro y otros minerales raros no es más que fantasía y propaganda. Los riesgos y los daños asociados a la minería son mucho mayores que la ganancia que se pueda conseguir. Y a todo lo anterior se añade el tema de los derechos humanos. Las recomendaciones de la mayoría de naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU piden al país un sistema de justicia decente y el fin de los abusos que produce el permanente régimen de excepción. Cada vez más salvadoreños se preguntan si es necesaria una estructura legal tan plagada de injusticias para mantener la seguridad ciudadana conseguida. Que un alto porcentaje de presos tenga que ser alimentado por sus familiares y que estén prohibidas las visitas, incluso de los abogados, resulta escandaloso en cualquier Estado de derecho. Y de ello comienzan a cobrar conciencia cada vez más compatriotas. Además, se cierne sobre el país un futuro difícil si se cumplen las amenazas del presidente Trump de expulsar a millones de migrantes. Es posible que Nayib Bukele, gracias a su relativa cercanía con Trump y con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, pueda atajar la crisis. Pero la amenaza está ahí, y una baja en las remesas implicaría un duro golpe para las economías nacional y familiar. Esto sin hablar del drama que supondría la llegada de miles de compatriotas con escasas posibilidades de incorporarse a la vida productiva. La conjunción de estos problemas ha erosionado la popularidad de Bukele. Aunque aún goza de mucha popularidad, ha llegado a su nivel más bajo. Y no hay ninguna señal de que la intensidad de estos problemas vaya a disminuir. Dar regalos quizás aminore la baja en el apoyo de la ciudadanía. Pero ninguna dádiva será suficiente para maquillar las carencias estructurales del país. El diálogo es el único camino de solución en el mediano y largo plazo. Las soluciones autoritarias cansan. Si bien no es del agrado de Bukele recordar los Acuerdos de Paz, estos continúan siendo un ejemplo de lo que son capaces la razón y el deseo de un mejor futuro para todos. Dar marcha atrás en algunas acciones y abrirse a la búsqueda de un sano entendimiento con la sociedad es mucho más sabio que tratar de imponerse con base en propaganda mentirosa, regalos o la fuerza bruta.

“¿Cómo es eso?”, emplazó Bukele a los contrarios a la minería metálica. “¿Cómo va a ser que está destruyendo el río?” si “minería todavía no hay, va a haber”. Asombrado, responde, “yo, como cualquier persona con un poquito de inteligencia, preguntaría qué es lo que está contaminando ahorita”. Cierto, minería no hay, porque fue prohibida en 2017. Sin embargo, su impacto contaminador todavía persiste. Las industrias mineras se llevaron los metales valiosos y dejaron sustancias químicas altamente venenosas, las cuales se agregan a las heces fecales, las aguas servidas, los desechos industriales y cañeros, los desarrollos inmobiliarios, los fertilizantes, los insecticidas, las aguas negras de la cárcel modelo para pandillas y la destrucción del entorno de las megainfraestructuras como el aeropuerto oriental. Valerse de la contaminación existente para defender la minería metálica es un sofisma malo. Bukele argumenta que es inocua, porque no se le puede atribuir la contaminación actual. Pero de aquí no se sigue que no vaya a contaminar, como ya lo ha hecho antes de 2017. La minería limpia es materialmente imposible; la minería amenaza con reducir aún más el acceso al agua, que utiliza en cantidades ingentes. En su arrebatada defensa, Bukele señaló perjuicio: dejó caer que provoca insuficiencia renal en los trabajadores y los vecinos de la explotación. Los ofrecimientos de vigilar la industria minera y de preservar el medioambiente no son confiables. Bukele no tiene poder para supervisar, auditar y fiscalizar la actividad extractiva. Tampoco tiene capacidad para ello y mucho menos voluntad política. Un pequeño descuido tendría consecuencias catastróficas. Las normas que Bukele dicte serán una formalidad para guardar las apariencias. Las multinacionales no están interesadas en la minería limpia y el medioambiente les tiene sin cuidado. Las minas abandonadas son fuente de contaminación durante décadas. Por otro lado, en los cinco años y medio de poder absoluto, Bukele no se ha distinguido por defender el medioambiente. No ha clausurado ninguna de las fuentes principales de contaminación que él mismo señaló. Eso iría contra los intereses de su familia y sus socios capitalistas, propietarios de algunos de los desarrollos inmobiliarios más grandes. Tampoco se ha hecho cargo de la insuficiencia renal, pese a gobernar el país con la incidencia más alta. El saneamiento de las zonas más densamente pobladas y la educación de sus habitantes no figuran en su agenda. Carecen de atractivo turístico. El bienestar animal está por encima de la salud pública. Desde una perspectiva positiva, Bukele no tiene argumentos válidos. Tampoco negativamente. Pretende desacreditar a la oposición alegando su apatía ante la contaminación. Olvida que esta, desde hace ya mucho tiempo, ha denunciado la contaminación y la indolencia gubernamental y ha exigido medidas paliativas y preventivas, que han caído en oídos sordos. Algunos líderes del movimiento ambientalista han sido asesinados, otros encarcelados y muchos más acosados por “las fuerzas del orden”. Las organizaciones medioambientalistas lograron la prohibición de la minería en 2017; ante la supresión de dicha decisión, han retomado la lucha con determinación. Sorprendentemente, no están solas. Un movimiento social amplio y variado, consciente de lo que está en juego, se ha aglutinado a su alrededor. Ni las multas electrónicas, ni el subsidio del agua y la electricidad han contenido su beligerancia. La resistencia se extiende como mancha de aceite hasta el punto de amenazar la buena salud de la dictadura. La protesta social ha respondido de forma contundente a los cuestionamientos de Bukele. La inocuidad y el control gubernamental no son creíbles. La promesa de riquezas nunca antes vistas no impresiona. La gente sabe bien que, si acaso las hubiera, no son para ella. En los más de cinco años en el poder, Bukele no solo no ha elevado el nivel de vida de la gente, sino que este es ahora inferior al de 2019. La distribución desigual de la riqueza nacional es aguda e histórica. Inesperadamente, Bukele despertó una fuerza social amplia, variopinta pero unida, dispuesta a combatir y a resistir su última ocurrencia. Su lógica está contaminada por los intereses económicos familiares y de alguna multinacional aún no identificada, y por una vanidad desbocada. Si se sale con la suya, desgastará su capital político y pagará un costo elevado en popularidad. Los Bukele no arriesgarían tanto por amor al bien común. En las dependencias de Casa Presidencial deambulan ambiciones poderosas. Si consiguen extraer oro del subsuelo salvadoreño, los Bukele se enriquecerán aún más y podrán circular con pie firme en los círculos de la oligarquía financiera, pero la vanidad del jefe del clan saldrá mal parada. Dice no querer que “después digan ‘hizo todo bien, pero en la minería la regó’”. Eso es, justamente, lo que se dirá. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A lo largo de la posguerra, los políticos y las élites han jugado con la necesidad de los salvadoreños prometiendo soluciones a sus grandes y graves problemas; hasta la fecha, siempre lo han defraudado. Primero, dijeron que la paz exigía perdón y olvido, e impusieron la impunidad a través de la ley de amnistía. Además, no crearon los mecanismos requeridos por los Acuerdos de Paz para superar las injusticias estructurales en el campo económico y social. En lugar de ello, implementaron medidas neoliberales que acrecentaron la desigualdad y, así, facilitaron el surgimiento de la violencia delincuencial. En 1994 prometieron hacer de El Salvador una “gran zona franca” que traería desarrollo al país y riqueza para todos. Pero las maquilas solo se tradujeron en empleos mal pagados y volátiles. En el segundo período presidencial de Arena, se privatizó las empresas estatales, reduciendo la capacidad del Estado para la necesaria y urgente reconstrucción posconflicto. Por su parte, Francisco Flores ofreció convertir al país un centro financiero y logístico de calidad mundial. En ese marco, se legalizó la libre circulación del dólar, con lo cual El Salvador perdió capacidad de política monetaria y se redujo la capacidad adquisitiva de la gente. Para demostrar que lo del centro logístico iba en serio, Antonio Saca construyó un puerto marítimo en el departamento de La Unión, el cual nunca ha operado a plenitud. También prometió combatir la pobreza e incorporar a la vida productiva a los sectores en desventaja económica y marginación social. En su discurso de toma de posesión, adquirió tres compromisos puntuales: garantizar la seguridad ciudadana, trabajar por la concertación sociopolítica y defender la legalidad y la democracia. Lo que pasó es ya conocido. La clase política se aprovechó del Estado para esquilmarlo, la delincuencia no disminuyó a pesar de las manos duras y los problemas nacionales se agudizaron. Después de 20 años de Arena, llegó el FMLN. “Nace la esperanza y llega el cambio” fue el eslogan de campaña con el que ganó la presidencia en 2009. Buena parte de la población se ilusionó y dio la oportunidad al primer gobierno de izquierda. Los cambios profundos nunca llegaron. No hubo reforma fiscal, el neoliberalismo permaneció inalterado, la economía no despegó y la justicia social continuó siendo materia pendiente. Más aún, los nuevos funcionarios copiaron el estilo y vicios de sus predecesores; el partido dejó de escuchar a sus bases y se volvió electorero, tal como los otros institutos políticos. La segunda administración efemelenista se puso como objetivo profundizar los supuestos cambios, pero en realidad lo que se agudizó fue el enfrentamiento entre el Estado y las pandillas. Hastiados de Arena y del FMLN, en 2019 la gente puso sus esperanza en quienes dijeron ser diferentes a los mismos de siempre. Ellos prometieron cero corrupción, pero hoy el dinero no alcanza, han endeudado al país a niveles alarmantes y no rinden cuentas de nada ni a nadie. Ofrecieron mejorar la educación, pero tienen en abandono a la única universidad pública de país y, en general, al sistema educativo estatal. Prometieron llevar el desarrollo a las comunidades, pero redujeron el Fodes al mínimo y reconfiguraron los municipios a su conveniencia electoral. Aunque han logrado paz social, ello ha sido con base en la violación de los derechos humanos, la cooptación de los poderes del Estado y la anulación de la mayoría de mecanismos y principios democráticos. La imposición del bitcoin, la reelección inconstitucional y la amenaza de un futuro brillante empanado en oro son otras de sus obras. La de El Salvador es, pues, la historia de un fraude reiterado.

En países como el nuestro, con problemas graves de pobreza, los subsidios son importantes. Pero solamente tienen eficacia si entran dentro de políticas públicas orientadas al desarrollo y si están focalizados en aquellos grupos o personas económicamente más marginadas o impedidas de acceder al desarrollo. Regalar el pago de agua y luz un mes, no es un subsidio, sino un regalo. A los pobres les alivia los costos de un mes, pero no los pone en la senda del desarrollo. Dejar de cobrar todos los meses tres metros cúbicos de agua al 20% los hogares en mayor pobreza, sí es un subsidio, porque les rebaja un costo mensual que pueden aplicar a otras necesidades. Esto si recibieran agua, porque la mayoría de los más pobres tienen problemas con el acceso normal y frecuente al agua. Para que los subsidios sean eficaces tienen que estar bien focalizados en los que los necesitan y promover el acceso a derechos humanos que parte de la población tiene limitados por la ausencia de recursos. E incluso ser complementados con otras disposiciones que los hagan más eficaces. Regalar una computadora a los estudiantes del sector público puede ser un buen subsidio, en cuanto apoyo al conocimiento y al aprendizaje. Pero debe ser complementado con las capacidades del profesor que impulse el uso positivo del ordenador y con el acceso gratuito a internet, al menos en el interior de las escuelas. Lo peor que puede hacerse con los subsidios es cambiarlos por una especie de regalos en busca de mantener la popularidad política de quien los otorga. Eso alcanza para mantener la popularidad un tiempo. Pero normalmente las economías no pueden soportar el gasto en regalos que no reproducen avances en el desarrollo. La pensión compensatoria a los ancianos en pobreza, que comenzó hace algunos años, es un buen subsidio. Aumenta los recursos de la gente, el dinero se va a la economía y al gasto, mejora el presupuesto familiar de quienes atienden a los ancianos y mueve un poco el comercio. Pero entre nosotros se ha quedado en una proporción de ancianos muy pequeña y no ha funcionado adecuadamente, interrumpiéndose con frecuencia el pago mensual. Cuando se da un subsidio hay que darlo en fechas fijas, evaluarlo e irlo ampliando a otros sectores en la medida en que se perciben sus frutos. Los regalos producen agradecimiento durante un tiempo, pero no previenen las crisis ni revierten situaciones. En El Salvador ha habido buenos subsidios, como el dado a las madres a cambio de que exigieran a su hijos pequeños la asistencia a la escuela. La mejora de la educación produce siempre desarrollo y la pobreza es una de las razones para el abandono temprano de la escuela. A los pobres no podemos verlos como un recurso electoral o un objeto de propaganda política. En nuestro país los políticos han utilizado sistemáticamente a los pobres en su propio interés y beneficio. Las promesas falsas de llegar al desarrollo han sido demasiado frecuentes. En medio de la necesidad se agradecen los regalos, pero es triste que la situación permanezca sin cambios. Los gobiernos prefieren dar regalos en vez de subir el salario mínimo a niveles decentes o mejorar de tal manera las instituciones públicas de servicios básicos que den servicios de calidad a los más necesitados. El culto a la apariencia se refleja en las obras públicas tratando en algunos momentos de mejorar infraestructura básica de servicios, y en otros de impresionar con obras suficientemente grandes como para dar la impresión de desarrollo. A las personas en pobreza no hay que verlos ni como un problema ni como un objeto de manipulación. Son seres humanos dotados de plena dignidad a los que el Estado, y todas las personas e instituciones de buena voluntad, deben ayudar a convertirse en sujetos de su propio desarrollo. Impulsar los derechos humanos de todos, y especialmente de los más pobres, e incluso subsidiarlos para que lleguen a ser protagonistas de su desarrollo, es tarea del Estado. Y la ciudadanía es responsable de que el Estado cumpla con su obligación.

Recientemente se hizo público un estudio que, a partir de datos del Banco Mundial, muestra que el monto total de las remesas que los migrantes envían a sus países de origen triplica la ayuda que el conjunto de los países ricos da a las naciones pobres. En otras palabras, los migrantes contribuyen más al desarrollo de los países con problemas de pobreza que los países del primer mundo. Las cifras no engañan: la ayuda exterior de los países ricos en 2023 fue de 202 mil millones de dólares, mientras que los migrantes aportaron 781 mil millones en remesas. En América Latina, los países que reciben más remesas son centroamericanos; El Salvador, Honduras y Nicaragua perciben en remesas más del 20% de su producto interno bruto. La función social de reparto de la riqueza, que deberían llevar a cabo los países ricos con sus aportes a las economías en desarrollo, la realizan mucho mejor los migrantes expulsados de sus países por la pobreza, la guerra, la corrupción o la problemática medioambiental. Generosidad y justicia son cualidades en las que los pobres, cuando tienen oportunidad, brillan más que los ricos. Tiene toda la razón el cardenal Gregorio Rosa Chávez cuando afirma que los migrantes merecen respeto y dignidad. Resulta intolerable desde la fe cristiana que se les maltrate, que se les tipifique como criminales, que sean objeto de desprecio y racismo. No se les puede expulsar de los países de destino solo por no tener papeles. Los migrantes no solo enriquecen con su trabajo y sus impuestos a los países desarrollados, sino que al aliviar la pobreza y las vulnerabilidades de sus países de origen, contribuyen a disminuir las disparidades mundiales y a construir una mayor cultura de paz. Porque las diferencias y desigualdades, al ser en sí mismas formas de violencia estructural, terminan impulsando la violencia y la disfunción social. En los países con serias deficiencias en el campo de la seguridad social, las remesas han funcionado como un complemento fundamental en el campo de la salud, la educación y la vivienda. Por ejemplo, algunos jóvenes salvadoreños pueden acceder a una educación universitaria solo gracias a las remesas de sus parientes. En ese sentido, para reducir el impacto de algunos de los factores que obligan a migrar, la reducción del costo del envío de remesas debería ser política pública en los países desarrollados. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio estipulan que, a partir del año 2030, el costo de transacción por remesa no será mayor al 5%. El Fondo Monetario Internacional estima que si se cumple con esa meta de la ONU, los países pobres podrían recibir alrededor de 32 mil millones de dólares adicionales cada año. Por ello, respetar a los migrantes y apoyarles debe ser una política pública internacional.

Evidentemente, no es nada “sencillo” determinar si las capturas del régimen de excepción están o no justificadas. En esto no se equivoca uno de los responsables de la ejecución del régimen carcelario de la dictadura. No es tarea simple, porque, además de pandilleros, se captura a activistas del medioambiente, a líderes destacados de las comunidades, a los que se resisten a la expropiación de sus tierras por parte de Bukele y sus socios, y a los que hacen bulto para llenar la cuota asignada por los directores de la represión a sus agentes. La averiguación de la culpabilidad de los capturados se complica aún más por la falta de interés en comprobar fehacientemente los hechos de los cuales son acusados. El régimen de excepción no dispone de los medios técnicos indispensables ni del conocimiento mínimo para usarlos de forma eficaz. La dictadura enfatiza la cantidad. Entre más capturados, más seguridad. Si algunos fallecen en el camino o caen asesinados por los torturadores en las cárceles, mala suerte. No hay policías “perfectas”, se excusa la dictadura. Estos muertos son daños colaterales, sacrificados por un bien mayor: crear la sensación de seguridad en un amplio sector social. En un nuevo esfuerzo por mostrar la corrección y la seriedad del régimen de excepción, la dictadura, sin quererlo, pone al descubierto su ineptitud. El vocero de la dictadura asegura haber identificado y localizado a los ocho mil pandilleros que aún gozan de libertad. Más aún, sus perfiles “están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden”. Si dice verdad, cómo explica que todavía estén en libertad. El régimen de excepción, el mayor logro de la dictadura, adolece de la misma incapacidad operativa que el resto de las instancias estatales. La represión es poco rigurosa. El manejo de los datos, como la gestión de toda la operación, es caprichoso. Los ocho mil pandilleros localizados, pero no capturados, es un decir de la dictadura. Carece de datos que respalden la afirmación. La cifra es útil para justificar la prolongación del régimen de excepción como instrumento para aterrorizar a la sociedad. Tampoco tiene claridad sobre los culpables y los inocentes. Por un lado, investiga la posición que ocupaban en la jerarquía de las pandillas; por otro, admite que todos son pandilleros, ya que solo pone en libertad, después de un examen concienzudo, a quienes fueron obligados a formar parte de ellas. En consecuencia, el “trabajo responsable” de la dictadura consiste en determinar si la pertenencia a la pandilla fue libre o forzada. Los directores del régimen de excepción están tan seguros de sí mismos que prescinden de la lógica, y la contradicción, incluso en una misma intervención, les tiene sin cuidado. Dan por hecho que la opinión pública acepta sus afirmaciones sin más por provenir de funcionarios que gozan de la confianza de Bukele. La misma altanería se observa en este nivel de la burocracia dictatorial. Los ejemplos no faltan. Los responsables del tráfico terrestre impusieron unos límites de velocidad en la Monseñor Romero sin considerar el diseño del bulevar. El “descuido” se ha traducido en información confusa y en una ejecución errática. La aplicación de la norma es selectiva. Amparados en esa práctica, los buseros piden rebaja de las sanciones por violar las normas de tráfico. Los legisladores de más jerarquía suelen insistir en lo mucho que trabajan. Pero el trabajo lo hace Casa Presidencial. Ellos se contentan con ratificar sin más lo que ella decide. Ni siquiera se molestan en disimular su indiferencia. Aprobaron la minería metálica a partir de las opiniones infundadas de unos pocos funcionarios. El ministerio responsable del medioambiente no tiene empacho en aceptar que no tiene estudios sobre la cantidad de oro existente ni sobre el impacto de la minería en el ecosistema. Tanto la opinión calificada como la popular han sido despreciadas. La única voluntad que cuenta es la de Bukele. Las legislaturas anteriores al menos tenían un poco más de vergüenza. La seguridad de Bukele desprecia la justicia. No obstante, cada cierto tiempo, sus directores se sienten obligados a dar explicaciones. Quizás movidos por la mala conciencia. Pero esas intervenciones exponen con lucidez creciente la incapacidad gubernamental. El régimen de excepción no se rige por criterios de justicia, sino por intereses políticos perversos. Una madre de 63 años con un hijo detenido lo expresó de forma contundente: “Noche y día le pido a Dios que haya una persona que me ayude y que le den la libertad a mi hijo, porque yo no tengo dinero o influencias”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 15/01/2025 Los Acuerdos de Paz representan un punto de inflexión en la historia nacional. Solo su trascendencia explica los grandes esfuerzos por negarlos y descalificarlos. Al menos tres son las razones por las que la firma de la paz constituye un hito para El Salvador. La primera, los Acuerdos pusieron fin a la guerra fratricida, es decir, pararon las muertes del conflicto y la destrucción del país. La guerra costó más de 70 mil muertos (la mayoría, civiles), 10 mil desaparecidos, un millón de desplazados y una economía en ruinas. En segundo lugar, fueron exitosos, pues cumplieron su cometido: detuvieron la guerra por la vía diplomática e iniciaron el camino hacia la democracia a través de reformas institucionales y constitucionales que cambiaron el rol de la Fuerza Armada en la vida nacional, crearon la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y marcaron la pauta para la transformación del sistema de justicia. Y en tercer lugar, los Acuerdos fueron ejemplo a seguir para otras naciones en guerra; demostraron que es posible detener la lucha armada a través del diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. Los Acuerdos de Paz fueron producto de una serie de factores internos y externos. El primer factor que los hizo posible fue que el anhelo de paz era compartido por la mayoría de salvadoreños. Las Iglesias y el movimiento social se aglutinaron en torno al logro de la paz, supeditando a este las agendas particulares. En segundo lugar, llegada a un punto, la Fuerza Armada ya no fue capaz de defender los intereses de los sectores más ricos del país; la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 demostró que la guerra iba para largo. Además, la masacre en la UCA deslegitimó a nivel internacional a los militares y desató enormes presiones para que las partes se sentaran a negociar. Otro factor importante fue el concurso de países amigos de El Salvador, sobre todo Francia, México y España, que lograron que la comunidad internacional, representada en las Naciones Unidas, pusieran en el centro de su agenda el proceso de paz salvadoreño. También a nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1990 y el consecuente fin de la Guerra Fría facilitaron la salida negociada a la guerra. Por supuesto, los Acuerdos no fueron perfectos: dejaron fuera temas y sectores relevantes, y no todo sus objetivos se cumplieron. Ni en el proceso de negociación, ni en la implementación de los Acuerdos las víctimas fueron tomadas en cuenta; una grave injusticia que se ha mantenido hasta el presente. Además, el informe de la Comisión de la Verdad fue engavetado y la impunidad se mantuvo incólume. Los Acuerdos confiaron a los actores de aquel entonces la creación de mecanismos para luchar contra la injusticia estructural que concentra la riqueza en pocas manos, pero ningún Gobierno hasta la fecha ha querido cumplir esa tarea. Sin embargo, los Acuerdos de Paz sentaron las bases para un país distinto. Gracias a ellos se eliminaron los antiguos cuerpos de seguridad, caracterizados por violar sistemáticamente los derechos humanos, y nació la Policía Nacional Civil. El diálogo y el debate sustituyeron a las armas como medios para resolver las diferencias. Quienes descalifican los Acuerdos son las mismas personas que hoy destruyen lo poco que el país avanzó gracias a ellos. El irrespeto a la Constitución, la desnaturalización del Tribunal Supremo Electoral y de la Policía Nacional Civil, la inoperancia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública, el protagonismo de la Fuerza Armada en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública son obra de esas personas; acciones que ponen al país en un escenario semejante al que se vivía antes de la guerra.

Por José María Tojeira, SJ Desde el ámbito de los Derechos Humanos se puede fácilmente sacar la conclusión de que nuestro sistema judicial es inicuo. Con el régimen de excepción los detenidos pueden pasar cinco años o más en la cárcel sin llegar a juicio. Y por supuesto sin medidas alternativas a la prisión. No hay “habeas corpus”, ni visita familiar, ni acceso al abogado durante esos años. Cuando la violencia se apoderaba del país, la fiscalía y otros abogados y gente del mundo de la opinión, se quejaban de las normas y las leyes, que consideraban demasiado liberales. Pero rara vez se hacía una evaluación seria de la Fiscalía, tanto en formación, como en organización o en medios y financiamiento. Todavía hoy y en las actuales circunstancias, la fiscalía no da de sí, al igual que el sistema judicial, y va dejando en retardo permanente los casos de los detenidos durante el hasta ahora permanente régimen de excepción. Aun reconociendo la buena voluntad y calidad de algunos jueces o fiscales, lo cierto es que nuestro sistema judicial se ha ido transformando en un nefasto entramado de irresponsabilidad, ideas de castigo duro, desprecio del pobre y desinterés por la justicia. Si ya antes del régimen de excepción no era raro encontrar jueces corruptos, en la actualidad encontrar jueces decentes, con criterio propio y con capacidad de aplicar la legislación con libertad se ha convertido en la excepción en vez de ser la regla. Hay impunidad y los jueces y fiscales saben claramente con quien se pueden meter y con quién no. Ante la detención de inocentes no sirve decir que en todos los sistemas se condena a veces a personas sin culpa. Pues aunque esa realidad se dé de vez en cuando en algunos países, no se mantiene a los privados de libertad sin contacto con sus abogados, ni se les juzga en grupo, ni se les tiene 4 o cinco años encerrados e incomunicados, ni se obliga a los familiares que deseen proteger la salud de sus deudos a pagar dinero para mejorarles muy ligeramente, al menos eso dicen, la comida. Oyendo a diversas organizaciones de Derechos Humanos, acaba quedando la convicción de que si en nuestra tierra se aplicara de un modo independiente el Protocolo de Estambul, ya se habrían documentado diversos casos de tortura. La Propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un excelente documento en el que se fijan “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad”. Otro documento en el que no hubiéramos salido aprobados. Y es que si se quiere que tengamos una Policía bien organizada y decente, además de invertir más en ella, se debería suspender ya el régimen de excepción y ponerle como reto a la PNC el mantener la situación de seguridad que hemos logrado. Bajarle el presupuesto al tiempo que se le sube a los militares, dar la facultad y acostumbrar a la Policía a actuar con arbitrariedad, no conduce a un cuerpo policial del que nos podamos sentir orgullosos o en el que podamos confiar plenamente. Evaluar seriamente las necesidades de la Fiscalía y educar a los jueces para el apego a las leyes y para la independencia judicial son actividades que podrían llevarse a cabo precisamente en estos tiempo en los que tenemos menor presión criminal. Mantener el régimen de excepción es simplemente perder oportunidades de mejorar el sistema judicial y fiscal así como a los cuerpos auxiliares.

Cuando el más fuerte ataca, generalmente arrasa. La historia está llena de guerras de expansión, de eliminación de los débiles y de carcajadas triunfales de los poderosos. No faltan quienes aprovechan una ofensa para iniciar una guerra veinte veces más dura que el daño recibido, la cual incluso puede conducir a la destrucción total del país percibido como enemigo. Las guerras civiles, de grupos que quieren resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, completan el panorama absurdo e inhumano de los conflictos armados. “La guerra es mala y bárbara […] las almas entigrece”, dice uno de los poemas de Antonio Machado. Pese a esa maldad y barbarie, siempre abundan intereses, personas y colectivos dispuestos a derramar sangre, a oponerse a todo esfuerzo de paz, a declarar guerras contra otros. Quienes usan la palabra “guerra” tienden a ser autoritarios y excluyentes. Recientemente, Donald Trump ha hablado de un posible uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y del canal de Panamá. Las amenazas van no solo contra estos dos países, sino contra el sistema internacional de reglas que garantiza la convivencia pacífica y pone límites al uso de la fuerza entre las naciones. Si Trump emprendiera una aventura militar contra alguno de los países mencionados, su acción sería equivalente a la invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein. Tanto Dinamarca como Panamá tendrían derecho a defenderse. Aunque nadie puede dudar de que Estados Unidos terminaría imponiéndose (invierte en militares y armamento 700 mil millones de dólares al año), los costos políticos serían enormes. Según los abusos que se cometieran en la invasión, Trump hasta podría ser catalogado como criminal de guerra. Que los líderes políticos hablen con frivolidad de invasiones militares y de guerra es siempre una irresponsabilidad. Si el uso de la violencia entre personas debe controlarse, con mucha más razón debe evitarse la agresión entre naciones. La guerra es siempre la expresión más brutal de la violencia. El papa Francisco citó recientemente una afirmación que Pío XII formuló en 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial: “Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra”. Más allá de los eufemismos que los políticos utilizan para reducir la gravedad de sus acciones, invadir militarmente un país es iniciar una guerra. Víctimas directas del intervencionismo estadounidense, los países centroamericanos deberían rechazar con energía cualquier posición imperialista que amenace con invasiones, guerras o sustracción de territorio.

Por Rodolfo Cardenal, SJ En el centro de San Salvador se exteriorizó un país próspero y feliz, sonriente y alegre. Un país, según Bukele, en “paz, libertad, optimismo y esperanza”. Una producción de Casa Presidencial, impuesta en cadena nacional de radio y televisión, ratifica esa visión. Las muchedumbres, necesitadas de diversión, acudieron a presenciar un espectáculo que las dejó con la boca abierta. Pero esos espacios maravillosos, inundados de luz y de música, no son todo el país. Muchos de los espectadores lo saben por experiencia propia. Acudieron para disfrutar de un paréntesis que les diera ánimo para continuar con la pesada carga que llevan sobre sus hombros. Tampoco la actividad presidencial de Bukele es toda la realidad nacional. El video reproduce lugares ya conocidos, cuidadosamente seleccionados, que exhiben a un Bukele deslumbrante. La construcción de esos espacios desplazó a miles de salvadoreños que se rebuscaban en sus calles y plazas, e ignoró a muchos otros que solicitaban desesperados una ayuda. Las maravillas del país de Bukele no son para ellos, ni él se entretiene atendiendo sus peticiones. Los descartados no tienen tiempo para disfrutar de la diversión, porque encontrar el sustento diario los apremia. Tampoco la pueden pagar, porque a duras penas tienen para lo indispensable. Estos ciudadanos no tienen motivos ni ánimo para regocijarse con las creaciones presidenciales. Pasadas las fiestas, apagadas las luces, silenciada la música y desmontadas las estructuras del espectáculo, la vida retorna a la rutina. Desvanecido el encanto, cabe preguntar si en este año recién comenzado Bukele dará pasos para que “el país feliz” sea de todos y de todos los días. O si seguirá siendo un montaje de fin de año para mantener vivas unas expectativas infundadas de una vida más desahogada. La concreción de esas expectativas pasa por mejorar sustancialmente las condiciones materiales de la vida de las mayorías. El nivel y la calidad del vivir no entienden de mundos maravillosos, construidos artificiosamente para deslumbrar. La realidad económica no entiende de apariencias. La FAO ha colocado a El Salvador de Bukele en la lista mundial de los países con hambre. El año 2025 encuentra a la mitad de la población salvadoreña con dificultades para comer todos los días. El hambre es acompañada de una mayor degradación de los servicios sociales del Estado. Las resplandecientes clínicas del video presidencial son excepciones raras. Esa no es la realidad de la infraestructura de la salud pública actual. La economía de El Salvador de Bukele es la que menos ha crecido en la región en los cinco últimos años, los mismos que lleva en el poder. El país importa bastante más de lo que exporta o produce. El astronómico déficit de la balanza comercial es cubierto, en gran medida, por las remesas de la diáspora. La iliquidez gubernamental es proverbial, así como el abandono de la educación y la salud. Las apuestas económicas de Bukele no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. Primero fue el bitcoin. Después, el turismo del surf y los espectáculos. El último recurso es el despido masivo de empleados públicos y la reducción del gasto social, una “medicina amarga” para las mayorías, incluso para las que acudieron atraídas por “el país de las maravillas”. La mina de oro que Bukele dice haber encontrado abandonada en el subsuelo se le antoja un regalo del cielo para su “milagro económico”. La cantidad de oro de la que habla es tan fabulosa que es materialmente imposible. Aparte la perversidad intrínseca de la minería metálica, el cuento del tesoro escondido no está respaldado por ningún estudio. Y si acaso este lo confirmara, su explotación y la riqueza que pueda generar no serán inmediatos. Además, nadie en sus cabales puede garantizar que redundará en prosperidad general ni que se distribuirá de forma equitativa. Igual que las apuestas anteriores, la riqueza está reservada al clan de la familia Bukele y sus socios. Mientras tanto, el nivel de vida de las mayorías languidecerá aún más. El “país de las maravillas” de Bukele alimenta unas expectativas que se las prometen muy felices, pero que no se concretarán. El despertar de este profundo sueño será estremecedor. Una pequeña muestra del despabilamiento es la aplicación arbitraria de la legislación de tránsito reformada. Bukele no entiende de educar, sino de garrotear. Los voceros más destacados del régimen, comenzado por Bukele, están ansiosos por “pasar a la historia”. Seguramente pasarán, la cuestión es cómo. Muchos otros en esa misma posición ya han pasado como prototipos de inhumanidad, de crueldad y de perversidad. No pueden esperar pasar de una manera diferente a la de “los mismos de siempre”, porque no solo hacen lo mismo que ellos hicieron, sino que incluso los superan. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Entender el año nuevo como novedad implica asumirlo como proyecto y formular propuestas. El papa Francisco, en su mensaje de la paz del 1 de enero, después de insistir en la obligación cristiana de combatir la injusticia, lanzó tres propuestas de alcance mundial: la condonación de la deuda de los países pobres y con pocos recursos, la eliminación mundial de la pena de muerte y la creación de un fondo solidario construido mediante la imposición de un porcentaje fijo a los presupuestos militares. La condonación de la deuda la considera un acto de justicia solo condicionable a la protección del medioambiente en los países que apliquen a ella. La eliminación de la pena de muerte la ve como un compromiso con la vida y como expresión de la confianza en que toda persona puede cambiar y rehabilitarse. Y el porcentaje sobre el gasto militar lo concibe como una forma de priorizar el desarrollo humano sobre la confrontación y las guerras. Sobre este último punto, vale la pena señalar que el 5% de la suma de los gastos militares de los diez países que mayor presupuesto dedicaron al rubro en 2023 asciende a 70 mil millones de dólares. Por la dimensión mundial de su misión y su servicio, el papa plantea sus propuesta a nivel global, pero toda persona e institución, desde las empresas hasta los gobiernos, debe plantearse opciones solidarias. Más allá de los deseos de obtener un buen trabajo, o acrecentar las ganancias empresariales, o mantener la aceptación política de la ciudadanía, es necesario formular objetivos que apunten a la mejora de la convivencia social y el desarrollo humano. Si eso falta, ni la propaganda, ni las regalías, ni los discursos tienen auténtico valor moral. De cara a la realidad de El Salvador, son tareas básicas invertir más en la gente, disminuir el cada vez más abultado gasto militar, suspender de una vez el régimen de excepción y revisar toda situación reñida con los derechos humanos y con la ley. Si bien hay paz social y mayor inversión en infraestructura, la disminución presupuestaria en educación y salud, el incumplimiento de la revisión del salario mínimo y la eliminación de personal en servicios básicos para la gente son hechos injustos y ofensivos para la legítima aspiración ciudadana de desarrollo. El respeto a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la seguridad de la que hoy se goza. Si las propuestas del papa de crear un fondo solidario y condonar la deuda se llevaran a cabo, El Salvador difícilmente sería candidato a aplicar a ellas. La nueva ley de minería, promovida por Nayib Bukele sin importar el sentir de la población, va en contra de programas que buscan tanto el desarrollo humano como la protección del medioambiente. El nuestro es un país vulnerable. A las recurrentes inundaciones y deslaves se sumarán las sequías propias del cambio climático. Además, de no tomarse las acciones requeridas, de insistir en el abandono de los planes de prevención y gestión del riesgo, un futuro terremoto podría implicar un serio retroceso en el proceso de desarrollo nacional. Y aunque se haya crecido en paz social, en el ambiente social y político se promueve la falta de transparencia; y en las redes, el odio y la crispación. La militarización de la seguridad ciudadana no es de buen augurio, como tampoco la forma autoritaria de gobernar. La percepción de corrupción continúa siendo alta. Y la falta de soberanía alimentaria abre la puerta a crisis serias. Programar el desarrollo de un modo abierto, transparente y evaluable; avanzar en el respeto a los derechos humanos; planificar la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad son necesidades de toda sociedad que desea estabilidad, paz y justicia. 2025 será realmente nuevo solo si se inician cambios en las actitudes poco dialogantes y autoritarias, y se emprende proyectos que tiendan al bien de las mayorías.

Cada vez que en el contar del tiempo se termina un período, llamamos nuevo a lo que le sucede y viejo al período terminado. Así pasa con esa contabilidad del tiempo que llamamos años. Año viejo, y por tanto caduco, el que termina, y nuevo y supuestamente mejor, el que inicia cada primero de enero. Sin embargo lo nuevo nunca es sinónimo de mejor. Si la novedad trata de asuntos humanos, todo depende de nuestro compromiso con valores positivos y solidarios. Y en el campo cristiano, de nuestra coherencia con el Evangelio de Jesús, que implica también un compromiso con valores solidarios y fraternos. Así nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje de la paz para el año 2025, recordándonos que el aniversario del nacimiento de Jesús “es un evento que nos impulsa a buscar la justicia liberadora de Dios sobre toda la tierra”. Los cristianos, insiste, estamos “llamados a romper las cadenas de la injusticia y, así, proclamar la justicia de Dios”. No queremos un año más asolado por las guerras y por los crímenes que se repiten sistemáticamente en ellas, ni deseamos un mundo golpeado por la pobreza, la desigualdad o la soberbia explotadora de quienes se creen superiores a los demás. Ansiamos un mundo renovado y en ese sentido nuevo de verdad y no repetitivo de abusos e injusticias. En ese contexto, además de invitar al fin de las guerras que golpean al mundo actualmente, el Papa Francisco hace una triple invitación universal a todos los países. Dado que los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres, pues son los principales causantes del calentamiento global que daña más a los países pobres, el Papa invita a la condonación de la deuda de las naciones que sufren pobreza. Invita también a todos los países a eliminar la pena de muerte como un “gesto concreto que pueda favorecer la cultura de la vida” y genere “esperanza humana de perdón y de renovación”. Y finalmente insiste en deducir un porcentaje fijo de los gastos en armamento de todos los países para la “constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Estas propuestas papales son en realidad tres grades pasos hacia una convivencia mundial justa y pacífica que ojalá el mundo no eche en el saco del olvido. Mirando hacia nuestro país, esta triple invitación del Papa tiene también importantes derivaciones. Es difícil pedir la condonación de la deuda que está golpeando al país y que lo tiene medio ahogado si al mismo tiempo atentamos contra el medio ambiente permitiendo que las compañías mineras contaminen el agua y el aire, dañen la salud de las mayorías y deserticen nuestro territorio. Aunque no tenemos pena de muerte en El Salvador, sí tenemos una cultura del castigo que en las cárceles ha llegado para algunos a convertirse en real pena de muerte. Las palabras del Papa nos llaman a reaccionar contra la satisfacción o la indiferencia ante los tratos crueles y degradantes tanto para los privados de libertad como para los familiares de los mismos. Y respecto a entregar un porcentaje de nuestros gastos militares para un fondo mundial de desarrollo del que seríamos beneficiarios, la conclusión que debemos sacar es que solo reduciendo gastos militares e invirtiendo más en el desarrollo humano de nuestra gente desfavorecida lograremos la convivencia pacífica y el futuro fraterno que todos deseamos. El mensaje mundial de la paz, que el Papa ofrece todos los años el primero de enero, nos marca horizontes de novedad y renovación, tanto para el mundo en su conjunto como para nuestros países pobres. Escucharlo y deducir consecuencias es fundamental para que el año nuevo sea realmente nuevo.

Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve. Por José María Tojeira Este es un axioma de la historia. Quienes llegan al poder político, son promovidos, apoyados y manipulados para usar al Estado y hacer las reformas jurídicas necesarias que faciliten la acumulación de riqueza del grupo de poder. En el camino, se van esparciendo migajas para tener cooptados y contentos a los funcionarios. Esa ha sido la historia también en El Salvador. Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha sido gobernado por proyectos de élites económicas que usan al Estado como un botín para beneficiar sus intereses. Las artimañas de gobiernos anteriores para favorecer a la cúpula de turno se repiten en la actualidad. Una de ellas es recurrir a las empresas de economía mixta. Un tema que ilustra esta situación fue el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el holding turco Yilport para administrar durante 50 años los puertos de Acajutla y de La Unión. Para nadie es un secreto que recurrir a este tipo de empresas se hace con la intención de no rendir cuentas. En los gobiernos de Arena se creó la empresa Inversiones Energéticas, INE, que generaba ganancias netas de más de cien millones. Con razón se dijo que en los gobiernos anteriores al actual, la CEL funcionó como una especie de caja chica. Sin ningún control de auditoría. Más recientemente, la actual Administración creó la empresa Chivo S.A. de C.V. con una inversión inicial de 60 millones de dólares del dinero público sin la obligación de cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información y puede limitar el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas. También el actual gobierno echó mano de la CEL para tener su propio medio de propaganda. La Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de LaGeo, propiedad del grupo CEL, constituyó la sociedad anónima El Diario Nacional (EDN) que registró la marca Diario El Salvador. Nacer como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, le permite al nuevo diario estar fuera del radar de instituciones que fiscalizan la transparencia en el uso de recursos públicos. ¿Son herramientas legales? Quizá. Sin embargo es un modo corrupto de administrar fondos públicos porque, más allá de la legalidad o ilegalidad, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas. En ninguno de los casos anteriores el beneficiado ha sido el pueblo salvadoreño, sino el grupo de poder que está detrás del gobierno. No hay signos que indiquen que ahora con los puertos será distinto. Todo indica que el país sigue repitiendo los vicios de siempre, aunque el discurso haya cambiado.

Respetará Bukele la voluntad y la salud del pueblo salvadoreño

En estos días cercanos a la Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del niño Jesús que vino al mundo para mostrarnos que la plenitud se alcanza en el amar y servir, se está concretando un plan gubernamental que amenaza al país desde hace meses: la derogatoria de la prohibición de la minería metálica, una ley que fue resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el medioambiente. Con la prohibición de la minería no “se denegó la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, como afirma el oficialismo, sino que se priorizó la salud de la ciudadanía y el bien común frente al interés de las industrias extractivas. La aprobación del dictamen de la ley general de minería metálica por parte de la bancada cyan es una acción propia de un gobierno deshonesto y profundamente materialista, y se ha justificado recurriendo a falsedades obvias sobre la minería metálica: que entraña múltiples beneficios, que crea empleos de calidad, que desarrolla las economías locales, que de sus ganancias se obtienen recursos para remediar el desastre ambiental que deja a su paso. Lo que plantea el oficialismo es un oxímoron, una unión de contrarios, pues la protección del medioambiente y la extracción minera son opuestos; no existe la minería verde. La administración Bukele está echando adelante su proyecto prescindiendo de la consulta pública y el análisis ambiental que son de rigor para una ley de este calado. Con ello refleja su falta de visión a largo plazo, profundo desinterés por el sentir y pensar ciudadano, y total desconexión con las realidades ecológicas y sociales que afectan a la población. La prohibición de la minería no es absurda, lo absurdo es permitirla cuando, como muestra la última encuesta del Iudop, a nueve de cada diez personas no les gustaría trabajar en una mina; cuatro de cada cinco están muy preocupadas por los problemas medioambientales del país y consideran que es muy peligroso vivir cerca de una mina; y dos terceras partes opinan que en El Salvador existe ya una crisis de agua y que no es un territorio apropiado para hacer minería metálica. La minería metálica representa una amenaza directa para la salud pública, los ya menguados recursos hídricos y la biodiversidad; como da fe la experiencia en Argentina, Brasil y Perú, por solo citar tres ejemplos, la industria contamina de manera irreversible. En la encíclica Laudato si, el papa Francisco nos recuerda que “todo está interconectado” y que “la naturaleza no es un simple conjunto de bienes a ser explotados”, sino parte integral de nuestra casa común. En este sentido, la minería metálica no solo atenta contra la naturaleza, sino contra la humanidad: al dañar el entorno, compromete el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ello, el papa cuestiona: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. El Salvador requiere de políticas públicas alineadas con la solidaridad, la justicia distributiva, la protección ambiental y la equidad intergeneracional. La derogatoria de la ley que prohíbe la minería metálica va en contra de esa necesidad. Como afirmó la Conferencia Episcopal de El Salvador hace algunos días, “la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo”.

Un medio ambiente sano garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos

Es frecuente desear la bendición y la guía de Dios. Bukele suele expresar ese deseo a sus interlocutores más estimados. En general, la invocación es una expresión de benevolencia. Se desea el bien y la dirección divina. Pero a veces, esa piedad esconde motivaciones mundanas. Los poderosos se revisten de piedad para ocultar sus maldades y sus crímenes. Dios es bueno y desea el bien de todos los seres humanos, sin excepción. En consecuencia, les ofrece ayuda para recorrer el camino de la búsqueda del bien y la felicidad. Nunca impone su voluntad. Respeta la libertad humana hasta el punto de aceptar el desvarío. No interviene ni condena. No reclama ni juzga. Se adelanta para ofrecer su misericordia y su perdón. Dios aguarda pacientemente el regreso de sus hijos descarriados para acogerlos y abrazarlos. El es padre o madre que espera el regreso de los hijos perdidos y, cuando retornan, lo abraza y hace fiesta. La guía y la ayuda de Dios están ofrecidas, pero deben ser aceptadas y puestas en práctica. Entonces, su bendición se hace presente. La aceptación de la voluntad divina se concreta en la vida diaria. No basta, pues, invocarla. La tradición bíblica recoge el criterio para verificar si esa vida se ajusta de los deseos de Dios. La Escritura subraya que se preocupa de manera muy especial por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Los profetas claman que Dios quiere derecho y justicia, no sacrificios y largas plegarias. Por tanto, aceptar la guía de Dios es asumir como propias sus preocupaciones. El rico y el poderoso que desea a un igual la bendición y la guía de Dios pronuncia palabras huecas. Si dijera verdad, le desearía la conversión, porque él ya habría escuchado su llamado y viviría de acuerdo a su voluntad. La conversión del uno y del otro no es imposible, pero es sumamente difícil. Volverse hacia Dios implica renunciar a lo que más estiman: su riqueza y su poder. Por lo general, estas personas no están dispuestas a dar ese paso y a hacerse cargo de la miseria de la humanidad. En el mejor de los casos, hacen “caridades”, que, por muy cuantiosas que sean, son puntuales y pasajeras. Y, frecuentemente, las utilizan para promoverse como personas bondadosas y, de paso, las descuentan de la declaración de la renta. La estructura explotadora y opresiva permanece intacta. Las bendiciones mutuas entre estas gentes son mundanas. Se complacen altaneramente en sus riquezas y su dicha. Estas bendiciones desean, en realidad, que la riqueza y el poder del bendecido se multipliquen, que su dicha sea aún más grande y que aumente la admiración de los demás y la envidia de quienes aspiran a imitarlos. Es comprensible que los poderosos que están en buenos términos se deseen mutuamente fortuna y poderío. Pero esos deseos no son conformes con la voluntad de Dios y, en consecuencia, no portan ninguna bendición. Más aún, lo colocan al servicio de las ambiciones de sus amistades. Dios deja de ser Dios para convertirse en instrumento de la acumulación de riquezas, por lo general, mal habidas. De esa manera, la expresión piadosa es, de hecho, blasfema. La ayuda que Bukele presta a colegas como el presidente de Costa Rica no trae bendiciones para El Salvador. Ciertamente, la ayuda al necesitado, por insignificante que sea, no será olvidada en el reino de los cielos. Pero la ayuda interesada, que busca reconocimiento y aplausos, no es tomada en cuenta. La ayuda bendecida es la que entrega desinteresadamente todo lo que se posee, como la viuda que depositó en la alcancía del templo todo lo que tenía para vivir. Y esto es, precisamente, lo que Bukele no hace. Da como los ricos de ese templo, lo que sobra y para que los otros alaben su generosidad. El dios de Bukele es milagrero. Hace portentos “a la carta”. No para favorecer a aquellos que tanto le preocupan, sino para el engrandecimiento de Bukele, que así envuelve en un aura sagrada sus logros. Cree que Dios está a su servicio al igual que sus aduladores y fanáticos. Ese dios es falso y sus bendiciones vacías. Si se dejara guiar por Dios, sería el defensor de la rectitud, del derecho y la justicia. Los miserables de este mundo encontrarían en él apoyo, consuelo y esperanza. Los poderosos acostumbran presentarse como creyentes piadosos, incluso caritativos. Así silencian su conciencia, se revisten de respetabilidad, o quizás crean también que Dios está de su lado. No viven para buscar el bien de los demás, sino para la riqueza y el halago. Están poseídos por el ansia de tener y amontonar. No es suficiente invocar la guía de Dios, tal como acostumbra Bukele. Hay que escuchar su palabra, apropiársela y ponerla en práctica. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta semana se presentó el análisis socioeconómico de El Salvador 2024, que cada año realiza el Departamento de Economía de la UCA. El estudio confirma que la economía del país beneficia a unos pocos y afecta a la mayoría, como siempre ha sido. En esa línea, revela un aumento en la productividad del trabajo y una disminución del salario medio real. Ello está en sintonía con el informe mundial sobre salarios 2023 de la OIT, que muestra que, por primera vez en lo que va del siglo, el crecimiento de los salarios ha pasado a ser negativo, mientras que la productividad ha seguido creciendo. Es decir, hoy se rinde más en el trabajo, pero se gana menos. Los más afectados por esta disminución del salario real son los empleados que ganan menos, los trabajadores de la economía informal y las mujeres asalariadas. De acuerdo al informe de la UCA, este grupo dedica una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos y servicios de primera necesidad, que son precisamente los que aumentan más rápidamente de precio. En lo que más gastan es en vivienda; sus alimentos son muy poco variados; necesitan recurrir a préstamos para llegar a fin de mes; tienen limitada o nula cobertura de salud; y su capacidad de compra de artículos para el cuidado personal, calzado, recreación y otros es escasa, cuando no inexistente. A las familias que viven con un salario mínimo del sector industria y comercio ($365.00 mensuales), restando los productos de la canasta básica de alimentos, solo les quedan unos 50 dólares para todo lo demás (alquiler de vivienda, educación, vestimenta, etc.). En los últimos 25 años, ningún salario mínimo ha sido suficiente para que un hogar de cuatro personas salga de la pobreza y viva dignamente. En materia de agricultura, el estudio indica que el campo sigue abandonado. A pesar de ello, las personas dedicadas al cultivo de granos básicos ascienden a 363 mil 400. El 90% de ellas son productores de subsistencia; es decir, cultivan para su propio consumo, sin posibilidad de venta. Los granos básicos se cultivan en tierras marginales con muy poca fertilidad, propensas a la erosión y deslizamientos. A nivel de la cartera general de créditos, lo destinado para granos básicos no llega ni al 1% del total. Para colmo, el sistema tributario es regresivo: pagan más los que menos tienen. Los dos principales impuestos, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, gravan con la misma medida a los más pobres y a los más ricos. Y otros impuestos que afectarían a los que más tienen, como los tributos al patrimonio y a los activos, no se aplican. De acuerdo a la investigación, los hogares más pobres gastan un 20% de sus ingresos en el IVA, mientras que los más ricos solo el 10%. Del total de la producción de bienes y servicios en el país, que ronda los 34 mil millones de dólares, cerca de una tercera parte (35.6%) va para los trabajadores que sostienen al 80% de la población, mientras que más del 40% del PIB es para el 20% de la población. El análisis del Departamento de Economía de la UCA permite concluir que la marginación de los beneficios del desarrollo sigue adelante, agravando la desigualdad y orillando a más familias a caer en la pobreza o migrar. Y esta dinámica continuará hasta que no se ponga en el centro de la economía la vida de la personas, especialmente de los trabajadores. Mientras no haya un sistema fiscal progresivo, mientras se construyan solo viviendas de lujo, mientras se sigan pagando salarios que no alcanza para lo mínimo, la historia de El Salvador continuará sin pasar la página de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Por muy obvio que sea, es necesario repetirlo (y esa necesidad desnuda la deshumanización imperante): los presos son seres humanos, personas que han cometido delito y que por ello han perdido el derecho a la libertad de movimiento. En ese sentido, la cárcel, al menos en teoría, sirve para proteger al resto de ciudadanos y rehabilitar a quien ha delinquido. La condición de presos no anula la dignidad humana de los recluidos; aunque privados de libertad, mantienen sus derechos básicos. Por lo general, son vidas humanas marcadas por el dolor, la frustración y sentimientos negativos ligados al abandono, la pobreza, la violencia o la exclusión. En los 33 meses de régimen de excepción, miles de personas que el propio Gobierno ha reconocido como inocentes, aunque no quiera cerrar sus casos, han sido apresadas. La pronta y cumplida justicia que garantiza la Constitución ya no aplica. Muchos han estado más de un año detenidos sin que haya nada más contra ellos que una acusación falsa o un perfil mal hecho de la Policía. Son víctimas de una ley aplicada con arbitrariedad, pero ni el Gobierno, ni el sistema judicial, ni la Fiscalía los considera como tales. El lenguaje utilizado por el poder en torno a las víctimas del régimen de excepción es un claro ejemplo de crueldad y de manipulación verbal. Se supone que los inocentes no deben estar en la cárcel. Si son inocentes y están encarcelados, son víctimas. De los cerca de 80 mil detenidos en el marco del régimen de excepción, se ha liberado a 8 mil, afirma Navib Bukele. Es decir, él mismo reconoce que personas que no tenían ninguna culpa sufrieron prisión. Y cuando dice: “Vamos a liberar al 100% de los inocentes”, reconoce que todavía hay más. El vicepresidente se ha referido a estas víctimas llamándolas “daños colaterales”, una expresión brutal que busca restarle importancia a esta terrible injusticia. Por su parte, aunque el fiscal general dijo que “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, añadió que los que son liberados “están con medidas cautelares”, o sea, el juicio contra ellos queda abierto y pueden ser llevados de nuevo a la cárcel cuando el sistema judicial lo estime conveniente. En otros momentos, las autoridades han dicho que quienes están presos sufren esa condición “porque tienen el perfil” propio de los miembros de las pandillas. Así, por un simple perfil, que no es en sí mismo un delito o una prueba de nada, guarda prisión una enorme cantidad de personas. Estas víctimas tienen derecho a reparación de los daños sufridos. El régimen de excepción no debe renovarse en 2025. La PNC tiene suficientes recursos para mantener la paz conseguida. El órgano judicial debe poner en libertad a todas las personas sobre las que no tenga indicios claros de que han cometido un delito. La Fiscalía debe recibir mayor apoyo en personal, en capacitación técnica y en recursos financieros. Quienes a causa del régimen han perdido injustamente el trabajo, la salud o la estabilidad familiar deben recibir una reparación que les permita retomar su vida sin lastres ni estigmas. Finalmente, hay que investigar tanto a los directores de los centros penales como a la dirección general del sistema carcelario para deducir responsabilidades en los casos de violaciones a derechos humanos.

La polémica sobre la minería metálica plantea dos incógnitas. La primera pregunta por la identidad de los intereses que Bukele defiende con tanta fuerza. ¿Los del país o los de una multinacional? Es difícil responder que protege los primeros. En los más de cinco años en el poder se ha caracterizado por promover los intereses de unos cuantos privilegiados, incluido su clan familiar. Si en este caso su posición es sólida, ¿por qué arguye retorcidamente y apela a la confianza de los incondicionales? En definitiva, les pide confiar en su liderazgo, así como lo hicieron cuando reprimió a las pandillas. No es lo mismo. Ahora les pide confiar en que distribuirá la riqueza nacional. La discusión comenzó con un anuncio sorprendente. El Salvador está asentado sobre “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, dijo. Luego agregó, para espolear la codicia, que, además de oro, hay otros muchos metales muy cotizados en los mercados. Este fabuloso tesoro, hasta ahora escondido y felizmente descubierto por él, introducirá al país en el primer mundo. Un objetivo imposible sin contaminar todavía más uno de los medioambientes más devastados de América Latina. El pragmatismo y la mentira superan este escollo. Bukele promete una “minería moderna y sostenible”, con “tecnología de ahora” y, por tanto, “responsable” y con “costos ambientales bajos”. Pero el único procedimiento conocido para extraer oro es un proceso químico que usa metales pesados y cantidades ingentes de agua. En consecuencia, la prohibición está justificada. Una contrariedad para un Bukele decidido a todo. Presionado por unos intereses desconocidos, se revuelve contra ella por considerarla absurda. Pero El Salvador no es el único país que ha prohibido la minería metálica, tal como sostiene Bukele. Otros también lo han hecho, total o parcialmente. No satisfecho, compara al país con los países del mundo rico. La comparación es simplista, superficial y sesgada. El Salvador no ingresará en ese exclusivo club de la mano del oro. La naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas. La respuesta a esta nueva dificultad es Bukele, quien se ofrece como garantía contra la depredación multinacional. Prueba de su solvencia para asumir ese papel es su hasta ahora desconocida preocupación por la contaminación de las aguas superficiales y la promesa de “hacer bien” las cosas, a diferencia del pasado, cuando los gobernantes corruptos vendieron el país a multinacionales extractoras. Pero eso no es suficiente. No posee credenciales que lo acrediten como defensor del medioambiente. Al contrario, el cambio climático no figura en su agenda. En nombre del desarrollo, no solo ha despreciado abiertamente el cuidado de “la casa común”, sino también persigue judicialmente a los ambientalistas comunitarios. Tampoco es cierto que el oro elevará sustancialmente el nivel de vida de la población. Bukele promete que “nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina”, porque “le van a comprar la casa en un montón de dinero”. Ese no es el caso de centenares de propietarios forzados a malvender sus tierras y viviendas para hacer espacio al cemento y al asfalto. ¿Por qué habría de ser distinto en el caso de la mina? Los vecinos no conseguirán un mejor nivel de vida. Más bien, esta será más dura. Habrá expropiación de tierras, expulsión de población y enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas y del entorno. Los únicos que sacarán provecho son la multinacional y sus intermediarios locales. Probablemente, ni siquiera contribuirá a aumentar la recaudación fiscal, porque será colmada de exoneraciones. La segunda incógnita es aún más difícil de despejar. La defensa de los intereses de la multinacional y sus socios locales es innecesaria. Basta ordenar a los diputados la derogación de la prohibición de la minería metálica y la aprobación de concesiones para la empresa extractora. El procedimiento no es nuevo. Tal vez pensó que la apología del oro suscitaría una nueva oleada de popularidad, pero se ha equivocado. El rechazo inmediato, dentro y fuera del país, lo ha puesto a la defensiva. Dios no “colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para enriquecer a una multinacional y sus patrocinadores locales, ni para contaminar, ni para destruir la vida. Indiscutiblemente, Dios desea el bien, pero no el de unos cuantos privilegiados, sino de la humanidad entera y nunca a cualquier costo. La creación tiene un límite más allá del cual se encuentra la muerte. El brillo del oro alimenta fantasías desorbitadas y codicias insaciables. El oro desata una vorágine con consecuencias fatales para quienes se dejan atrapar. El oro mata la vida humana y ambiental, y, como todo asesino, es un gran mentiroso. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Son varias las razones por las que la minería es inviable en El Salvador; la principal, la crítica situación del territorio nacional. El país es el más pequeño del continente y el que sufre el mayor deterioro ambiental; el más deforestado solo después de Haití; el que menor disponibilidad de agua tiene, en cantidad y calidad, para toda su población, por lo que es el más cercano a padecer estrés hídrico. Esto se conjuga con un irrisorio presupuesto para la atención de emergencias ambientales. Más aún, todos los posibles proyectos mineros estarán sobre la cuenca del río Lempa (ya en decadencia), que da agua a cerca de 1.5 millones de personas. La conciencia de esta situación llevó a que en 2017 se tomara la decisión de prohibir la minería metálica, privilegiándose así la salud y el bienestar de la gente. De hecho, la mayoría de países que han prohibido la minería metálica a cielo abierto lo han hecho por cuestiones ambientales y sociales. Turquía (1997), República Checa (2000), Austria (2000), Alemania (2002) y Costa Rica (2010) son parte de la lista. En 2010, la Unión Europea prohibió la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso del cianuro en todo su territorio. En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo. Para superar el rechazo, la industria minera y sus defensores propalan diversas falsedades. Por ejemplo, es falso que la minería genere empleos y desarrollo económico. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, solo genera el 0.09% de los trabajos a nivel planetario. En la mayoría de casos, los empleos peor remunerados y en peores condiciones son para los lugareños, mientras que los puestos más altos y mejor pagados se reservan para extranjeros. La minería es una industria de enclave, es decir, no aporta riqueza a la región donde se desarrolla ni permite crecer a las poblaciones aledañas. Las minas tienen un promedio de vida de entre 10 y 15 años, y cuando se acaba el oro, las empresas se llevan la riqueza y dejan tras de sí ríos y mantos acuíferos contaminados con sustancias tóxicas, cerros pulverizados y comunidades sin trabajo. La actividad minera no debe ser pensada en término utilitarios, de dinero y empleo, sino en cómo afecta a la naturaleza y a la sociedad. La industria minera está en expansión debido al aumento de la demanda de materias primas a raíz del crecimiento de la población y el avance de la tecnología. Pero por sus efectos nocivos, las grandes empresas transnacionales buscan trasladarse a partes del planeta en las que la flexibilidad legal o la corrupción les dan vía libre para obrar sin límites. Para las poblaciones de los países pobres, la minería trae consigo conflictos sociales, daños al medioambiente y graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es el Valle de Siria, en Honduras; a siete años de iniciadas las operaciones mineras, 19 de los 23 ríos se secaron. Este lugar, que antes fue un rica zona agrícola y ganadera, asemeja hoy un desierto. Entender que la relación de los seres humanos con la naturaleza se funda en el extractivismo y el lucro es en gran medida la causa del deterioro del planeta y del cambio climático. La naturaleza es para todos, para las generaciones presentes y futuras. Para el cristianismo, el destino de los bienes naturales exige la solidaridad con quienes vienen después. Y dado que los bienes son cada vez más escasos, su uso debe regirse por el principio de la justicia distributiva, propiciando un desarrollo sostenible que garantiza la sustentabilidad ambiental.

Hace quinientos años, los conquistadores españoles justificaban la guerra y el robo a los indios diciendo que estos sacrificaban personas a sus dioses. El obispo Bartolomé de Las Casas, que estaba en contra de las guerras y el robo, y defendía a los indios decía: “Los españoles han sacrificado más indios en cada año a su diosa muy amada, la codicia, que en cien años los indios a sus dioses”. Y también afirmaba que el oro era el verdadero dios de los conquistadores. Todos en El Salvador recordamos las palabras de monseñor Romero que aseguraba que la primera causa de los conflictos y la violencia en el país era la idolatría de la riqueza. Hoy, cuando oscuras nubes gubernamentales desean eliminar la prohibición de la minería metálica invocando una supuesta enormidad de oro, es necesario recordar a estos dos obispos y a mucha otra gente que, inspirados en ellos y en las necesidades de nuestra sociedad, lograron que se prohibiera dicha industria. Y es que la minería metálica es muy agresiva. Las empresas canadienses, chinas y estadounidense tienen fama bien ganada de ser depredadoras y destructoras del medioambiente. En Argentina, la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que trabajan asociadas, han sido responsables de al menos cinco derrames tóxicos. En Sonora, México, ha habido frecuentes derrames contaminantes de varias minas canadienses y estadounidenses. Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene una densidad de población que no llega a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El Estado de Sonora es casi nueve veces más grande que El Salvador y su densidad es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En otras palabras, hay mucho territorio poco poblado. Incluso así, los derrames tóxicos han hecho severos daños. Frente a esos países, El Salvador es un país territorialmente pequeño y con una densidad de población de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, un país muy poblado, con gente por todas partes. Los daños acá podrían ser catastróficos, y más si los vertidos tóxicos alcanzaran al río Lempa, cuya cuenca baña al menos dos terceras partes de nuestra patria. Es probable que haya personas que piensen que la minería podría suavizar la angustiosa situación económica de El Salvador. O en otras palabras, volver menos amarga la medicina que, según el Gobierno, necesita nuestro país. No son así las cosas. Las mineras de capital extranjero aportan posibilidades de trabajo, pero destruyen el medioambiente y dañan por siglos terrenos que podrían ser productivos. Viendo los cráteres envenenados y deforestados que dejan las minas a cielo abierto cuando se van sus dueños, nadie puede negar esto último sin mentir. Las empresas mineras contaminan el aire al remover tanta tierra, levantan polvaredas tóxicas y eliminan los árboles en los terrenos donde trabajan. Usan en demasía el agua para lavar la tierra en la que el oro se esconde en pequeñas partículas y envenenan las aguas superficiales con sustancias como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, que utilizan para separar el oro de otros metales con los que está mezclado. Si se produce un derrame de las aguas que almacenan en pequeñas represas para reutilizarlas, los daños en nuestro país serían gravísimos. Estas empresas dañan además los acuíferos subterráneos cercanos a la mina, por las filtraciones del agua que utilizan. Entran en conflicto con las comunidades del entorno. Contaminan el aire de nuestras aldeas y pueblos, les quitan tierras y agua, y envenenan la convivencia con su propaganda divisiva y su odio a los defensores del medioambiente. Y por si fuera poco, en un país como el nuestro, con amenazas de terremotos, inundaciones y deslaves, los riesgos de tragedia son muy elevados. Solo el ídolo de la riqueza de empresas extranjeras, extractivistas y egoístas, puede contemplar insensible y fríamente los peligros para un país pequeño, superpoblado, con riesgos climáticos y sísmicos, y con problemas serios de pobreza y vulnerabilidad, y tratar simultáneamente de engañarnos hablando de minería verde. Si las mineras llegaran a venir, al final, cuando se hayan llevado el oro para sus tierras, nos dejarán como herencia más pobreza de la que encontraron al llegar, más personas enfermas y físicamente reducidas por la contaminación y los accidentes. Es totalmente cierto lo que nos decía el domingo monseñor José Luis Escobar: “Sabemos que las empresas mineras se llevan todo y dejan a los países el 1%. Es un saqueo. Después de 500 años que se vuelva a repetir, no es justo”.

Hace unos días, los Obispos de Frontera y Responsables de Movilidad Humana de Norte, Centroamérica y el Caribe publicaron una carta pastoral dirigida a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad. En el texto se invita a la solidaridad con los migrantes y a revertir las causas de fondo de las migraciones forzadas: pobreza, desigualdad, falta de acceso a derechos básicos, degradación ambiental, crisis agroalimentaria... El afán de lucro, el individualismo, la corrupción público-privada, los regímenes autoritarios, las alianzas militares con grupos corruptos de las élites y la violencia delincuencial (en particular la de los narcotraficantes) fuerzan a mucha gente a huir de su país. En este contexto, la Iglesia latinoamericana, en actitud de salida hacia el mundo, considera a los migrantes como “la carne sufriente de Cristo”, rechaza la explotación y al maltrato de las personas en movilidad, y pide apertura personal a la solidaridad. Centra su tarea solidaria en cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Los obispos agrupados en la red de movilidad humana, junto con los obispos centroamericanos, se comprometen a impulsar que esas cuatro palabras sean patrimonio de todos los cristianos a lo largo de este corredor de migración que es Centroamérica. Migrantes que llegan desde muy diversos países, más allá de América Latina incluso. Acogerles desde la fraternidad, protegerlos de los abusos, apoyarles en sus derechos e incluso en el trabajo, e integrarlos fraternalmente respetando su cultura se convierten en tarea de todos y en responsabilidad básica frente al sufrimiento humano. El apoyo a los migrantes debe ser para todas las personas de buena voluntad un asunto de compromiso transversal. No es un asunto específico y particular de religiosos o un interés exclusivo de algunas ONG; es simple y sencillamente un deber de humanidad. De una forma u otra, todas las familias tienen migrantes entre sus antepasados. Los primeros cristianos fueron llamados “los del camino” no solo porque seguían el camino de Jesús, sino porque caminaban por pueblos y ciudades anunciando el Evangelio. Los migrantes caminan en pos de su propia liberación, saliendo de tierras que los excluyen del desarrollo integral, pero que no logran privarles de la esperanza. Los obispos piden en su carta abandonar la idea de que la pastoral y el apoyo a los migrantes es una función particular de unos pocos. El apoyo a los migrantes debe ser tarea común, así como el cuidar y defender a quienes se comprometen a esa misión, que ya tiene mártires. Los países de la región se han alimentado de migraciones, han intercambiado talentos y liderazgos, han recibido la ayuda de quienes se han marchado de su tierra sin por ello perder sus raíces y han visto la migración como un derecho. Corresponde ahora crecer en solidaridad con los migrantes, más aún porque siguen aumentando las amenazas contra ellos. Peligros y abusos tanto de delincuentes como de gobiernos convierten el camino del migrante en un signo de inhumanidad. Nos toca a los cristianos y a todos los seres humanos de buena voluntad convertir la ruta migrante en lugar de encuentro y solidaridad.

Esta semana, Nayib Bukele afirmó que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. Esta riqueza, según Bukele, ha sido dada por Dios y “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”. Más allá de la palabrería, lo cierto es que el agua, un bien natural del que muchas religiones también afirman que ha sido dado por Dios, está en todo y hace que todo sea; sostiene la existencia de manera innegable, todos los seres vivos dependen de ella, y la minería es uno de sus enemigos más mortales. En El Salvador, esta dependencia se ve más marcada porque la cuenca de la principal fuente de agua, el río Lempa, abarca casi a la totalidad del país. En un estudio de la UCA se determinó que más del 90% de la población depende directa o indirectamente de este río, incluyendo a 1.5 millones de personas que reciben agua potable en el área metropolitana de San Salvador. Además, más de once mil industrias extraen agua de él y el 28% de la electricidad que se genera a nivel nacional se debe a su cauce. En contraste, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 93% de los recursos hídricos evaluados en su red de monitoreo tienen una calidad entre regular y mala, y el 97% no cumple con las características mínimas para ser usados con fines recreativos. De estos 123 sitios que analiza el Ministerio, casi la mitad pertenece al Lempa, por lo que puede afirmarse que, aun sin las afectaciones que podría llegar a ocasionar la minería a gran escala, la fuente de agua de mayor importancia para la población salvadoreña ya está agonizando. En menas pobres como las de El Salvador (menos de 10 gramos de oro o plata por cada tonelada de roca) se utiliza cianuro, un potente veneno de acción rápida que provoca graves quemaduras en la piel y afecta el sistema nervioso, vías respiratorias, tiroides, riñones, cerebro y corazón. La explotación minera también presenta el peligro del drenaje ácido, ya que al excavar rocas que contienen minerales con azufre, se produce ácido sulfúrico, que disuelve otros elementos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El ácido y los metales liberados en este proceso son transportados por las lluvias o por corrientes superficiales a los arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos, provocando condiciones que imposibilitan la vida. Incluso con los mejores sistemas de tratamiento y las eficiencias más altas, cada litro de agua residual generada por las operaciones de la minería tiene el potencial de contaminar al menos 360 litros de agua. Una vez finalizada la explotación minera, las empresas suelen dejar acumulaciones de roca sobrante con altas cantidades de ácido sulfúrico, metales pesados y cianuro. En el tipo de yacimientos que tiene el país, para extraer un kilogramo de oro deben removerse 100 toneladas de roca de su sitio original, cuya mayoría es dejada como escombreras que, al ser lavadas por las lluvias, contaminan el suelo y los cuerpos de agua cercanos. Según expertos internacionales, por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua, los cuales, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos. Por ejemplo, la mina El Dorado, que operaría en Cabañas y que fue parada para privilegiar la conservación del agua, habría consumido 10.4 litros por segundo, equivalente a 328 millones de metros cúbicos al año, es decir, seis veces más que toda el agua que se consume anualmente en el área metropolitana de San Salvador. Para un país cuyos recursos hídricos ya están en malas condiciones por la sobreexplotación y por la flexibilización de los permisos ambientales, la amenaza de la minería supone condenar no solo al río, sino a toda la población. La decisión de prohibir la minería de metales no fue algo antojadizo ni ingenuo, sino que se sustentó en preocupaciones legítimas sobre el agua. Si bien el desarrollo es deseable y necesario, no a costa del deterioro sistemático de la principal fuente de agua nacional, de la precarización de la vida de la población y de la destrucción irreversible de los ecosistemas. Tampoco puede pasarse por alto que en otros países se ha desatado represión estatal contra las comunidades que protestan contra los proyectos mineros, ocasionando enfrentamientos violentos y violaciones a los derechos humanos. De hecho, en El Salvador, luchadores históricos en contra de la minería metálica están siendo hostigados, a pesar de que la industria está en pausa; la persecución legal de la que son objeto los líderes ambientalistas de Santa Marta no busca otra cosa que sentar un ejemplo y disuadir a otros. La amenaza, el miedo y la persecución contra los ambientalistas es ya una realidad. La derogación de ley que prohíbe la minería pondría en riesgo derechos fundamentales de la población, exponiendo al país a enfrentar litigios internacionales. Aunado a esto,

El paraíso en la tierra es una quimera tan antigua como la humanidad. Cada cierto tiempo, aparecen iluminados dispuestos a emprender su construcción, a pesar de los fiascos anteriores. El Salvador de Bukele se ha sumado a esa tradición, donde también figuran el fascismo, el nazismo, el comunismo y las dictaduras de todos los colores. El fracaso incuestionable de sus predecesores no es un buen presagio. No hay razones para pensar que la aventura de Bukele tendrá, contra todo pronóstico, un final feliz. La quimera paradisíaca es seductora, a pesar de sus repetidos reveses. Se suele presentar como un objetivo accesible. Incluso contiene elementos que la hacen verosímil. Pero en sus interioridades anida el gusano de la putrefacción. La Unión Soviética es un caso pertinente. Se propuso crear un paraíso comunista, pero, en la práctica, se redujo a imponer un nivel de vida con privaciones insoportables y una uniformidad sofocante. La cúpula del aparato partidario, en cambio, se regalaba con las bondades del capitalismo. El autoritarismo desembocó en la dictadura estalinista, una de las más brutales del siglo pasado. En 1989, el paraíso comunista colapsó. El capitalismo neoliberal prometió otro edén de libertad y prosperidad, de las cuales solo gozaron unos pocos. La mayoría todavía aguarda que el rebalse del vaso que las contiene. La característica más destacada del paraíso de Bukele es la seguridad. Un espacio inundado de luz, de colores y de armonía. Un entusiasta de última hora lo ensalza como “el país de las maravillas festivas”. Los visitantes acuden en masa a admirar fascinados sus creaciones. Más bien pocas, pero vistosas. La concurrencia disfruta de esas amenidades, inconsciente de que esconden el enriquecimiento desorbitado, la estafa financiera disimulada, el abismo que separa a los privilegiados de los desafortunados y el sistema carcelario donde la violación de la dignidad y los derechos humanos constituye el orden del día. Los habituales de estos espacios maravillosos viven para consumir y para exhibir su consumo, en un ambiente festivo y despreocupado. Aquellos que no pueden participar de esos placeres son negligentes. Ellos mismos se excluyen por falta de iniciativa y trabajo. Asimismo, decenas de miles están encarcelados por su propia culpa. Ellos, en cambio, han sido recompensados por sus méritos. Se creen los mejores, los únicos buenos y los que no tienen nada que aprender de los demás. Otra característica fundamental que identifica a los paraísos terrenales es su afán por reescribir la historia. Desmontan el pasado y conservan solo aquello que sirve para justificar su propia existencia y para dejar clara su pertinencia y necesidad. Sin embargo, la continuidad de sus construcciones depende de la solidez de la mentira que la sustenta. Bukele invierte ingentes cantidades de dólares en la industria de la desinformación, la propagación del catastrofismo y la difusión del miedo. En consecuencia, la viralización en las redes digitales de datos y sentires alternativos o críticos atenta directamente contra la integridad paradisíaca. Por eso, persigue a sus autores como criminales peligrosos. No le interesa considerar la verdad que pueda haber en esos discursos, sino castigar con mano dura a quienes se rebelan contra la cultura de “la sociedad feliz”. El paraíso de Bukele, igual que todos los demás, cultiva la cultura de la mentira. La China actual, su socia comercial y una de sus donantes más generosas, ilumina cómo opera esa cultura. El partido comunista mantiene un estricto régimen de vigilancia y control sobre sus ciudadanos para evitar desviaciones de la ideología oficial. El pensamiento, la creación estética, la academia y la opinión deben ajustarse a los lineamientos del partido único y su gran jefe. China es una potencia mundial, que compite con Estados Unidos y Europa, pero es también una sociedad donde la libertad está vigilada y restringida. La prolongación de la revolución maoísta, cuyo “salto adelante” generó una hambruna general y cuya “revolución cultural” ya quiso uniformar la sociedad, depende del acatamiento incondicional de las directrices del partido. Aparentemente, El Salvador de Bukele es más sosegado y festivo. En realidad, tiene dos caras. Los espacios donde reina la música, el color y la fiesta son la cara simpática y atractiva, que habla de milagro o de paraíso. Los espacios donde reina el terror como el sistema carcelario, los vecindarios populares y las dependencias estatales son la cara oculta, pero real. El acecho y el espionaje son constantes. La censura, la coacción y la humillación son habituales. Las dos realidades son inseparables. Por tanto, el “festivo mundo maravilloso” que celebran los fanáticos es mentira y engaño. En el mediano y largo plazo, esa dualidad es insostenible, tal como lo demuestran los experimentos anteriores. El germen de la putrefacción ya hace implacablemente su trabajo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que está sucediendo con los cinco ambientalistas de Santa Marta es injustificable desde todo punto de vista. Después de ser acusados, encarcelados y procesados por casi dos años, tiempo durante el cual los fiscales no pudieron demostrar su culpabilidad, el 18 de octubre el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que el 26 de noviembre anuló el juicio y ordenó que se repitiera en otro juzgado. Antes de ello, la Cámara había evitado sentar posición sobre el caso, pero ahora que las juezas del tribunal lo resuelven, ha salido al paso. Lo que ha hecho la Cámara es equivalente a pitar un penalti inexistente a favor de la Fiscalía. Este tipo de irregularidades en el sistema judicial se producen cuando la corrupción socava sus bases para negarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. De acuerdo a Transparencia Internacional, en términos generales, la corrupción judicial se divide en dos categorías: la primera, la interferencia de otro poder del Estado en los procesos judiciales; y la segunda, el soborno. Cuando sucede lo primero, los jueces y juezas independientes son transferidos a localidades remotas, despedidos o presionados para que renuncien. En un sistema corrupto, los funcionarios judiciales no se nombran con base al mérito, sino en función de su cercanía y obediencia al poder. A los jueces considerados “problemáticos” se les retira de casos delicados, y estos son asignados a jueces o tribunales más complacientes. Todo ello no solo es cuestionable en sí mismo, sino que tiene consecuencias graves para la ciudadanía. Debido a esta corrupción, la voz de los inocentes no es escuchada y los victimarios actúan con total impunidad. Cuando la justicia cede ante la corrupción, la sociedad en su conjunto sale perdiendo. En ese sentido, el caso de los cinco de Santa Marta no solo les atañe a ellos y a sus familias, sino que es un asunto de todos, porque esta manipulación de la justicia puede golpear a cualquiera. Los jueces de la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque se han valido de un formalismo para revertir el fallo. El caso confirma que el poder judicial, como en el pasado, está siendo instrumentalizado para la persecución política. Este es el país que tenemos, un El Salvador en el que, como dijo monseñor Romero citando a un campesino, la justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas seguirán viviendo un calvario.

El caso de la masacre de la UCA, conocido como el caso jesuitas, está llegando judicialmente a su final. Terminó el equivalente a la instrucción y se ha decidido que pase a un juez de sentencia. Todos los acusados van a juicio. La mayoría por homicidio y la minoría por encubrimiento y fraude procesal. De los cinco militares denunciados originalmente por la Comisión de la Verdad dos han muerto y los tres que quedan vivos pasan de los 80 años. En el juicio contra la autoría intelectual iniciado por la UCA a principios del actual milenio, se añadieron dos personas más a los cinco señalados. El caso se cerró y se reabrió varias veces. En la reapertura del año 2022 la fiscalía añadió a cuatro personas más. El indicio acusatorio fundamental en sus inicios fue tanto la acusación de la Comisión de la Verdad contra cinco militares como el encubrimiento sistemático de la autoría del crimen tanto de parte del ejército como del gobierno de aquel entonces. En la actualidad, cuando se espera una sentencia, probablemente para el año próximo, conviene reflexionar sobre el caso. En primer lugar es importante decir que se está llegando al final de un caso grave de violación de Derechos Humanos, aunque se llegue a él más de 35 años después. Y no por las mismas razones que se llegó con tardanzas semejantes en Europa, donde algunos criminales nazis alemanes consiguieron ocultarse durante largo tiempo. Entre nosotros los acusados permanecieron siempre a la vista. En segundo lugar hay que decir también que el paso del tiempo, si bien no ha modificado la brutalidad del crimen, ha introducido otros aspectos dentro de una cultura de justicia transicional que busque verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y reconciliación. Aspectos que estuvieron siempre presentes en el caso, pues continuamente los jesuitas que pedían la apertura del caso contra los autores intelectuales, insistían desde los inicios del caso hace 35 años en que hubiera un proceso que garantizara “verdad, justicia y perdón”. Aunque algunos aspectos de la verdad, fundamental en el desarrollo de la justicia, quedarán en las manos de la investigación histórica, hay algunos aspectos que pueden mejorarse en el presente. El hecho de que se enjuicie a personas es por supuesto positivo. Pero el juez, o los jueces que juzguen casos como el de los jesuitas, deben tener en cuenta algo más que la sentencia que se vaya a dar. Y es la necesidad de exigir a las instituciones, cuando los crímenes fueron institucionales, que pidan en concreto y directamente perdón a las víctimas. En ese sentido, en el caso jesuitas, el juez debe ordenar al ejército como institución que pida perdón públicamente y en un solo acto a los parientes de los asesinados, a la Compañía de Jesús y a la UCA. Y eso más allá de las sentencias inculpatorias o absolutorias que pueda dar. Porque de lo que no hay duda es que el crimen fue institucionalmente encubierto. Durante mes y medio después del crimen, tanto la Fuerza Armada como el Gobierno salvadoreño estuvieron culpabilizando a la guerrilla del asesinato colectivo. Y ello cuando ya era evidente desde el primer momento la autoría militar. Y solo cedieron ante la presión internacional e iniciaron finalmente el juicio exclusivamente contra los autores materiales, imponiendo posteriormente, con la ley de amnistía, un manto de impunidad sobre los posibles autores intelectuales. Un crimen conocido y encubierto por tanta autoridad militar y gubernamental es un crimen con responsabilidad institucional. Basta conocer algunos de los testimonios escritos del propio coronel Benavides, o escuchar las declaraciones del juicio contra el coronel Montano dadas por el capitán (en el momento de los hechos) Luis Parada, para darse cuenta de ello. A parte de otros muchos testimonios que sería demasiado largo enumerar. Y son las instituciones también las que tienen que reconocer sus graves errores y ofrecer disculpas a las víctimas más directas del crimen. El reconocimiento de los hechos y la petición de perdón a las víctimas es además una de las medidas más importantes de cara a la reconciliación y la no repetición de los hechos. Ya en estos años recientes, ante un crimen injustamente encubierto por la institución policial, un juez obligó al Director de la PNC, Mauricio Arriaza, a pedir disculpas a los familiares de la víctima. Acto que se realizó públicamente, con presencia de medios de comunicación, en las instalaciones de la PNC de Santa Tecla. Que los jueces tengan en cuenta esta posibilidad es ventajoso para el país. Ayudará a las instituciones con poder a ser conscientes de sus responsabilidades y ayudará también a reconsiderar la calidad del sistema judicial, tan implicado en encubrimientos de crímenes del pasado.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos. Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres. En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene. Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso. El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos. El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

Reformas a la Constitución y sus posibles efectos.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos. Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres. En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene. Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso. El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos. El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

En Costa Rica, el centro de la democracia regional, Bukele sentó su cátedra de dictadura, apadrinado por el presidente de aquel país con ideología similar, pero sin su arrastre. Sin vergüenza, Bukele recetó a la democrática Costa Rica un régimen autoritario como el suyo para controlar su incipiente actividad criminal, que ha ganado terrenos por la incompetencia de su anfitrión. Fácil de palabra, pero pusilánime. Bueno para encizañar, pero corto en la acción eficaz. Pero eso no tiene ninguna importancia. Bukele utilizó la cátedra que le ofrecieron para vender su dictadura en una sociedad contraria al militarismo y tradicionalmente democrática, y de paso para legitimar la arbitrariedad y la represión. El predicador del autoritarismo exhortó a su auditorio a colocarse incondicional y graníticamente detrás de su presidente y obedecer a pie juntillas sus indicaciones. No tuvo reparo en intervenir en la política interna de Costa Rica al inducir a la ciudadanía a votar en las elecciones de 2026 por un poder ejecutivo centralizado y libre de los otros poderes que lo mantienen “amarrado de pies y manos”. La cátedra se detuvo en exponer los puntos centrales de la receta de Bukele. El primer ingrediente es un estado de excepción, que suspenda los derechos de la ciudadanía para dejar en libertad al dictador. El segundo, el control total del sistema penitenciario sin intromisión del poder judicial. El tercero, la implantación de un régimen interno despiadado, ya que es imposible administrar las cárceles con “la permisividad” costarricense, la cual da a los detenidos demasiada comida y privilegios. Y, el último, la construcción de una cárcel como la suya, para lo cual dio algunas indicaciones básicas. La comunión entre los dos gobernantes es tan intensa que hablaron de crear una “liga de naciones” pequeñas, interesadas en salvaguardar la seguridad y promover la prosperidad. Un eufemismo del autoritarismo. A pesar de su entusiasmo, el futuro de la liga está muy comprometido. El colega de Bukele tiene los días contados. Dejará el poder a mediados de 2026. Una posibilidad remota es que lo reemplace un Bukele costarricense. Por lo demás, en la región no se vislumbra otro interesado en ingresar al club. Milei sería un fichaje excepcional, pero no gira en la órbita de los centroamericanos, sino en la de Trump. Fue el primer gobernante en ser recibido por el nuevo presidente estadounidense. Bukele se contentó con una llamada telefónica. Aparte de elogiarse mutuamente, Milei propuso a Trump crear otra alianza, una de naciones libres que custodien “el legado occidental” y combatan “la mal llamada justicia social”. La cátedra de Bukele no está libre de contradicciones y falsedades. La seguridad que lo afama únicamente protege de la criminalidad de las pandillas. Las desapariciones, los homicidios, incluso en las cárceles, los feminicidios, las violaciones, la corrupción y el narcotráfico son pecados menores, que no cuentan. Ahora bien, si la seguridad es tan sólida, por qué las colonias y los pasajes no abren las calles que mantienen cerradas a los extraños, por qué el mismo Bukele se rodea de un ejército de soldados y guardaespaldas con armas de guerra, y por qué la seguridad privada no se reduce. Si Costa Rica es un país tan peligroso como para recomendar la implantación de un régimen de excepción como el suyo, Bukele se dio un baño de masas y alternó con la prensa sin el aparato militar que estila en El Salvador. Estas contradicciones advierten que el discurso de la seguridad tiene mucho de ideología. En medio de su discurso seductor y amañado, Bukele dejó escapar dos admisiones notables. La primera es que el alcance de su milagro económico solo beneficiará a unos cuantos. No incluirá, por tanto, a todos aquellos que vivían de la actividad criminal. Admitió que no puede competir con la rentabilidad del crimen. Por tanto, las masas inconformes con su suerte serán reprimidas despiadadamente. En segundo lugar, Bukele admitió sin escrúpulo ni arrepentimiento que ha capturado a miles de inocentes, aunque se apresuró a prometer que pronto los liberará. El catedrático en dictadura no se caracteriza por la lucidez y la consistencia. La problemática de los derechos humanos le resulta demasiado compleja. No distingue entre la universalidad de los derechos humanos, que reconoce, y su aplicación concreta. Solo hay buenos, que gozan de ellos, y malos, a quienes trata como objetos perversos. La verdad es otra cuestión que se le escapa. Exhortó a la prensa costarricense a decir siempre “la verdad bajo la lógica, bajo el sentido común y, sobre todo, la verdad, no la verdad de un grupo, de una elite, sino la verdad de todos”. Un galimatías que, en realidad, no importa, porque “así como digo una cosa, digo otra”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ningún país está a salvo de los efectos del cambio climático. Los huracanes, las lluvias torrenciales y las largas olas de calor ponen en peligro la supervivencia de la humanidad entera. Pero cuando golpean a zonas de los países ricos, los medios de comunicación y las naciones reaccionan de manera diferente. A mediados de julio, en Alemania, la tormenta Bernd dejó 165 muertos, pero también afectó a Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido. A finales de octubre, España sufrió el impacto de dos temporales seguidos, que dejaron más de 200 muertes, una población en shock y mucha destrucción. Con todo, los países menos desarrollados son los más afectados; y en ellos, los sectores empobrecidos se llevan la peor parte. Las previsiones estiman que la inundaciones afectarán a 587 millones de personas en situación de pobreza; 132 millones de ellas viven por debajo del umbral de la pobreza extrema. Los fenómenos naturales les afectan desproporcionadamente porque por lo general no cuentan con recursos para tomar previsiones, viviendas seguras donde resguardarse ni condiciones para recuperarse de los daños. En los últimos 10 años, los países pobres sufrieron en torno a ocho veces más desastres naturales que en las últimas tres décadas. El Salvador es parte de ese grupo de países. Estudios de organismos internacionales estiman que el 87.7% del territorio salvadoreño es considerado de riesgo; en esa área vive el 95.4% de la población. Sin embargo, los desastres golpean con más fuerza en las zonas rural y marginales urbanas. La reciente tormenta Sara volvió a desnudar el rostro vulnerable del país. Todo parece indicar que el rubro más afectado será el agrícola, lo cual incide directamente en la alimentación de la población. Antes de Sara, se sabía que la primera cosecha de granos había sido mala y que la cosecha de frijol sería inferior a la del año pasado, pues se sembraron 33 mil manzanas menos, lo que representaría una caída de producción del 25%. Después de Sara, las gremiales calculan que el 60% de la cosecha de frijol se perderá. Esta situación agravará la precariedad de la economía familiar salvadoreña, especialmente de la gente más pobre. El Gobierno ha anunciado apoyo con un bono canjeable solo por insumos agrícolas. Aunque la intención sea incentivar la producción, la medida cae fuera de los calendarios de siembra y no fue consultada con los conocedores del tema. ¿Qué tipo de insumos se podrán adquirir con el bono de $300? ¿De dónde sale el número de 1,000 familias a ser beneficiadas con el bono para insumos? Los paquetes de alimentos prometidos sin duda brindarán ayuda y consuelo para las familias que pasan hambre, aunque la intención no sea otra que aprovechar la necesidad de esta población para fortalecer la imagen de Nayib Bukele. Por otra parte, pese a que la tormenta Sara se previó con la suficiente antelación como para intervenir de forma organizada, el sistema de protección civil actúo tarde y mal. En este sentido, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático se ve hoy amplificada por una gestión del riesgo y de los desastres que solo atiende a intereses político-partidistas.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es la sede de la Semana de la Memoria Histórica, que este año se realiza bajo el lema: “Las huellas del pasado guían nuestro futuro”. Sobre este tema, Sol Yáñez, académica del Departamento de Psicología y Salud Pública de la UCA, destacó que "el pasado es un continuo presente", ya que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra siguen generando impactos físicos y psicológicos. Yáñez explicó que para muchas víctimas, la falta de verdad, justicia transicional y reparación mantiene las heridas abiertas.

Hace algunos años, en Estados Unidos, la madre de una joven violada y asesinada pedía para el asesino la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua. Cuestionada sobre por qué favorecía de ese modo a quien le había arrebatado a su hija, ella respondió lo siguiente: “El que la mató creyó que matándola arreglaba el problema de que lo descubrieran y le castigaran por su delito. Yo no quiero que la muerte del que mató a mi hija sea la medicina de mi dolor. Ni tampoco quiero parecerme a los que confían en la muerte como castigo o como encubrimiento”. Este caso no es único. En El Salvador, mucha gente ha perdonado ofensas terribles porque no quiere vivir con odio en su interior. Quieren verdad, quieren reparación, quieren que no se repita la barbarie, pero desean vivir en paz. Al celebrar la fiesta de los mártires de la UCA y recordar de nuevo tanta masacre y dolor clavados en la historia del país, es necesario y justo recordar también los esfuerzos impulsados por la Universidad para lograr la reconciliación del pueblo salvadoreño. Cuando el P. Ellacuría y sus compañeros luchaban en favor del diálogo y la negociación entre las partes en guerra, trabajaban por la reconciliación del pueblo salvadoreño en la verdad y la justicia. Sacrificaron su vida en ese esfuerzo porque había personas y sectores que preferían la victoria militar, no querían ninguna salida pacífica y humana del conflicto. Mataban por eso. La historia, sin embargo, le dio la razón a las víctimas y a los jesuitas asesinados. La paz llegó y con ella los esfuerzos de reconciliación basados en la verdad, la justicia y la reparación. Pero la soberbia de los poderosos no aceptó la verdad. Y ciertas formas de resentimiento, odio larvado y violencia quedaron en los corazones de muchos. Al recordar a los mártires, surge de nuevo el deseo de reconciliación con base en la verdad. A lo largo de 35 años, quienes han controlado los poderes del Estado se han negado a esclarecer la verdad, asumir responsabilidades y pedir perdón a las víctimas. El ejército, el sistema judicial, los partidos políticos, los que desde la riqueza y el poder explotaron a los pobres primero y callaron después ante las masacres y los abusos están en deuda. Y es precisamente esa deuda la que mantiene en desconfianza y profundamente separados a amplios sectores de la población. Juan Pablo II insistía en la verdad y la justicia como indispensables para el perdón y la reconciliación. Él sabía que cuando “se siembra la mentira y la falsedad, florecen la sospecha y las divisiones”, y que “la corrupción y la manipulación política o ideológica son esencialmente contrarias a la verdad, atacan los fundamentos mismos de la convivencia civil y socavan las posibilidades de relaciones sociales pacíficas”. También decía que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal”; y que “la puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”. Combinar las exigencias de verdad, justicia y reparación con la necesidad de reconciliación no es fácil, especialmente si perviven el resentimiento y los intentos de instrumentalizar la historia con fines políticos. Ni la impunidad, ni la manipulación de los casos, ni el exceso de justicia punitiva son soluciones. Es tiempo de pensar en una justicia transicional tanto para los crímenes de la guerra civil como para muchos casos del régimen de excepción. De lo contrario, el país continuará preso del resentimiento, la desconfianza y la división.

El autoritarismo ha derivado en absolutismo radical. La apuesta no está exenta de riesgos. La ambición lleva a sobrestimar las fuerzas reales del poder hasta el extremo de introducirlo en un callejón sin salida. La supresión de la institucionalidad democrática y el ejercicio del poder sin equilibrios ni controles ha instaurado una voluntad absoluta. Esa voluntad decide qué y cuándo informar a una opinión pública que juzga inmadura, ignorante y rebelde, pero que tiene la inmensa suerte de contar con el entendimiento preclaro, la sabiduría insondable y la operatividad inmediata y eficaz de aquella, que suple con creces las limitaciones de su minoría de edad. En consecuencia, debe acatar sus disposiciones agradecida. Los funcionarios públicos, además de obedecer, ensalzan su sabiduría. Los legisladores no tienen iniciativa de ley. No la necesitan, dado que esa voluntad absoluta decide por ellos, mejor y más rápido. De ahí que aprueben sin leer ni entender lo que les envía, a modo de simple trámite. Por la misma razón, los ha despojado de la facultad para recibir iniciativas de ley o peticiones de la ciudadanía, como la del comercio informal del centro de la capital. Y, por si fuera poco, se enorgullecen de contribuir a la gobernabilidad con su servilismo. La misma barrera encuentra la población en la institucionalidad estatal. Sorda a sus reclamos, ciega a sus peticiones y, por tanto, muda. Esta tampoco recibe solicitudes de la población y, si acaso acepta alguna, no responde. Las órdenes judiciales que liberan a algunos detenidos no son ejecutadas. El régimen de excepción hace cada vez más exasperante la indiferencia oficial. Captura sin motivo y acusa a partir de expediente falsos. Si los funcionarios resuelven alguna solicitud es por orden expresa de la voluntad suprema. La respuesta es agradecida públicamente por el beneficiado, que se deshace en elogios ante tanta magnanimidad. Pero estos casos son aislados. En general, la institucionalidad es indiferente ante la suerte de la ciudadanía. La pedantería, la soberbia y el desprecio caracterizan a los funcionarios del absolutismo, desde el primero hasta el último, el soldado o el policía de la calle. La deriva absolutista del autoritarismo ha infantilizado a una parte significativa del pueblo, que ha aceptado ser tratado como un menor de edad irresponsable. Renunció a ser libre, a pensar y a decidir su futuro. Se encuentra más cómodo y seguro en recibir lo que la voluntad absoluta tenga a bien concederle, convencido de que solo ella puede proporcionarle lo que necesita y todo lo que provenga de ella es forzosamente bueno. Su generosidad es correspondida con gran entusiasmo como un niño deslumbrado el día de Navidad por el juguete nuevo. La voluntad absoluta satisface así el deseo de mucha gente de ser guiada a cambio de entregar su libertad. No obstante la extensión y el arraigo de la servidumbre, comienza a cobrar fuerza la movilización de los sectores más golpeados por el absolutismo. El atrevimiento es cada vez más audaz, las expresiones de cólera suben de tono y los llamados a la movilización ya forman parte de la agenda nacional. Aparentemente indiferente al malestar y al rechazo, el absolutismo, confiado en sus primeros éxitos, piensa no tener límites. Pero sí, los tiene. El aguante popular y los recursos materiales, incluso para alimentar la corrupción, son limitados. La ambición de poder y riquezas es tan irresistible que conduce al desquiciamiento. Construir una nueva residencia presidencial al lado de la residencia privada del dictador, mientras pretende reducir el gasto con el despido de decenas de miles de empleados públicos, indica que algo no anda bien en los pasillos del absolutismo. Además, qué sentido tiene ese multimillonario proyecto si no habrá otra reelección. El secreto y “la reserva” ya no pueden ocultar la desmesura del absolutismo. La polémica alrededor de las finanzas y las propiedades de la familia presidencial son un buen ejemplo. El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos llegó justo a tiempo para compensar el repudio de España y Costa Rica. Aquella rechazó la oferta de ayuda de emergencia por inoportuna y oportunista. Un error diplomático garrafal. Más cerca, los poderes legislativo y judicial de Costa Rica se negaron a recibir al dictador, lo cual degradó la visita de Estado a “oficial”. Sin embargo, ahí sí le recibieron la ayuda rechazada por España. Ridículo y afrenta para una voluntad absoluta que presume de ser bien recibida en todas partes. En realidad, solo encuentra eco en los sectores extremistas, amantes de la desinformación y las conspiraciones paranoicas.

En algunos países de América Latina, las cadenas nacionales en televisión y radio han sido una herramienta recurrente. Hugo Chávez era gran aficionado a ellas. Decía que formaban “parte de la estrategia comunicacional del gobierno” dado que, a su juicio, las televisoras privadas y la prensa no cubrían los actos oficiales. Entre enero y julio de 2012, en su calidad de presidente, Chávez sumó 70 horas y 20 minutos en cadenas nacionales. El 13 de enero de ese mismo año, decidió transmitir su rendición de cuentas al Parlamento, en una cadena de 9 horas y 49 minutos. Según la Fundación Ethos, desde que Rafael Correa llegó al poder en 2007 hasta mayo de 2011, en Ecuador se produjeron 1,025 cadenas nacionales, cifra que no incluye los “Enlaces Ciudadanos” que se emitían cada sábado por tres horas en medios estatales y algunos privados. Por su parte, Cristina Kirchner, desde 2012 hasta agosto de 2015, emitió 96 cadenas de televisión. Brasil y México también incurrieron en el hábito, pero en mucha menor proporción. En Paraguay, la figura de las cadenas obligatorias fue abolida cuando terminó la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), debido al uso constante que los militares hacían del recurso. En el caso de El Salvador, la interrupción obligatoria de la programación pública y privada para transmitir mensajes oficiales ha sido tradición. Las cadenas están reguladas en el artículo 127 de la Ley de Telecomunicaciones, que dice: “El presidente de la República tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televisión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público o un mensaje de interés nacional”. Solo el Tribunal Supremo Electoral tiene la misma prerrogativa. En realidad, las cadenas nacionales han sido un mecanismo para dos cosas: informar y hacer propaganda. Han buscado posicionar el discurso oficial a fin de controlar la opinión pública. Y en los últimos años, han sido usadas para rendir culto a Nayib Bukele y su gestión, y denigrar, insultar y acusar a la oposición. Dos ejemplos recientes. Mientras en Argentina la visita de Bukele apenas recibió atención, en El Salvador se pasaron en vivo largos episodios de la misma, presentándola como extremadamente importante. Lo mismo pasó con la visita de Estado a Costa Rica. Mientras los magistrados del poder judicial tico se negaron a reunirse con Bukele, el presidente costarricense lo recibió con honores, lo condecoró con la máxima distinción por lo que ha hecho en materia de seguridad y ofreció una cena de gala. Buena parte de ello, a pesar de su irrelevancia para la vida de la población salvadoreña, fue transmitido por cadena nacional. De este modo, Bukele le ha dado un giro a las cadenas nacionales. Por un lado, en contraste con su aislamiento internacional, televisa la cercanía con personajes que son parte de la crispada pero mediática escena de la ultraderecha antidemocrática mundial (Milei) o que quieren serlo (Rodrigo Chaves). Y por otro, posiblemente para suavizar las críticas de las que es objeto, se hace filmar en el extranjero comportándose de manera diferente que en El Salvador, al menos en dos aspectos: se expone a la prensa y no se hace acompañar de un pelotón de guardaespaldas que lo aísla de su entorno y lo retrata como lo que es: un hombre de armas, no de leyes.

Cuando el discurso antimigrante crece en el mundo y cuando en Estados Unidos gana las elecciones una persona que trata de sumar votos, y parece que los sumó, insultando y zahiriendo a los migrantes, es necesario hablar bien de ellos. Así hizo Jesús de Nazaret cuando vio a una viuda echando en el arca del templo lo poco que tenía para vivir, rodeada de escribas que depositaban sus limosnas más abundantes con el ansia de que los vieran. Habló bien de la pobre y criticó a quienes buscaban publicidad. Criticar a los migrantes, acusarlos de ladrones y salvajes, es desconocer la calidad de personas capaces de arriesgar la vida por mejorar tanto la propia situación como la de su familia. Gente mayoritariamente generosa, llena de esperanza y capaz de soportar con paciencia trabajos que ya no quieren aceptar muchos de los que se consideran nativos, aunque sean hijos de migrantes. Ningún país en que los ciudadanos se quejan de los migrantes fue cuna de la humanidad. Al contrario, todos fueron haciéndose a base de migraciones. El derecho a migrar ha estado vigente desde los inicios de la humanidad. El odio a los migrantes pobres de países pobres, al menos como lo conocemos ahora, todavía no ha cumplido un siglo. Los migrantes siempre mejoran la situación de los países que los reciben. Lo vemos incluso en el fútbol. No llegan a robar sino a trabajar. Aportan cultura, diversidad, espíritu de desarrollo, creatividad y con frecuencia incluso renovación religiosa. Puede haber algunos que se entreguen al delito y al crimen. Pero en eso suelen tener maestros en los nativos. La corrupción, los delitos de cuello blanco, la locura de empezar a disparar a mansalva matando inocentes en las calles o en las escuelas no es un invento de los migrantes. Es cierto que una migración ordenada es mejor que una desordenada, pero los países ricos no han trabajado adecuadamente ni la migración ordenada, ni la solidaridad debida a los países pobres. Desde 1970 se viene hablando de que los países desarrollados entreguen el 0.7% de su producto interno bruto al desarrollo. Muy pocos lo están haciendo. Y el 0.7% de lo que producen no es una cantidad que pueda poner en crisis a los países ricos, teniendo en cuenta que el 0.7% de mil dólares son simplemente 7 dólares. Una inversión seria en el desarrollo de los países empobrecidos limitaría mucho más la migración irregular que los muros y los blindajes fronterizos. En El Salvador, los migrantes aportan al mantenimiento económico de sus familias mucho más de lo que los países desarrollados dan para impulsar el desarrollo. No es raro, pues, que quienes aman a sus familias tengan en su imaginario la migración como un camino de superación de la pobreza de sus seres queridos. En este sentido, la migración no solo es ventajosa para los pobres y beneficiosa para los ricos, que se aprovechan de la mano de obra barata, sino que además es también éticamente provechosa para los Estados ricos: les ayuda a recordar sus obligaciones de solidaridad internacional y les pone en alerta sobre las raíces del racismo, que permanecen demasiado vivas en buena parte de los países desarrollados. El miedo de algunos líderes políticos del primer mundo a sus propios ciudadanos cuando asoman diversas expresiones de “supremacía blanca” deja en evidencia el escaso nivel moral de ciertas formaciones partidarias. Afortunadamente, continúan activos en el primer mundo sectores solidarios, tanto religiosos como humanistas, que tratan de hacer conciencia sobre el valor y el respeto debido a los migrantes y sobre la ayuda al desarrollo de los países en los que la pobreza injusta expulsa a las personas. En los momentos actuales, en los que el egoísmo racista levanta sus miedos en muchas partes del mundo, resulta imperioso elevar juntos la voz defendiendo a los migrantes.

En estos tiempos en que políticos mentirosos y megalómanos triunfan en las elecciones de diversos países, resulta necesario reflexionar sobre la verdad. No faltan quienes dicen que no hay verdades absolutas, que la verdad es relativa, poliédrica; afirmaciones estas que convierten la verdad en propiedad privada de personas exitosas, individuos tanto más más peligrosos por su personalidad narcisista que por su defensa de ideas o creencias. La mentira desbocada, la exageración, el insulto y la calumnia son parte de las convicciones y del éxito de cierto tipo de políticos. Ante la decepción por el lento ritmo de la democracia, el grito, la ofensa y la exhibición de fuerza se convierten en estímulos para votar. La apariencia brillante y terrible de los vencedores presentada por los medios de comunicación no es más que el reflejo de la despersonalización de las relaciones humanas y el anticipo de un futuro fracaso que tardará más o menos tiempo en llegar, pero que indefectiblemente llegará. La historia que transmite la permanencia de lo humano es muy distinta de la adornada narrativa de los triunfadores, sean de la tendencia que sean. Aguantar al lado del sufrimiento ajeno, brindar ayuda, mantener la esperanza en un mundo más fraterno es coherente con la verdad de lo humano. Los antiguos profetas, aunque pasaran desapercibidos o fueran condenados en su época, conservan actualidad y continúan planteando desafíos. Los mártires salvadoreños dicen más sobre la esencia de lo humano que la espectacularidad de los triunfadores. Quienes reflexionan sobre la realidad a partir de la igual dignidad de la persona y la fraternidad universal aportan a la convivencia humana y construyen historia con mayor eficacia que aquellos que divinizan el poder o el dinero. Los que se identifican con las cosas que tienen terminan siendo dominados por ellas. Y al igual que las cosas, pierden significado con el paso del tiempo. Frente a los que desarrollan su personalidad desde la prepotencia y la riqueza, los mártires dan ejemplo de resistencia en el bien y brindan esperanza de un mundo más justo y humano. La verdad hay que buscarla más allá del poder, del prestigio o del éxito. En la relación humana, en el diálogo, en el servicio y en la solidaridad con el sufrimiento ajeno se encuentra siempre más verdad que en la propaganda y la vanagloria del poder. Del recuerdo de las víctimas nace más verdad que de la admiración a los millonarios. En un mundo que privilegia y ensalza el poder y la fuerza bruta, es tarea de los ciudadanos darle continuidad al ansia de verdad que ha caracterizado a la humanidad desde sus inicios. En un tiempo en el que se creía más en la muerte del enemigo que en la fraternidad, los mártires de El Salvador, desde el cultivo del conocimiento y de la razón cordial y solidaria, impidieron que el poder oligopólico sobre las armas y el dinero se convirtiera en la única verdad. Cuando la mentira, el lenguaje violento y el desprecio a los pobres triunfan en la política y arrastran tras de sí las esperanzas e ilusiones de muchos, la resistencia en la verdad de lo humano, en la fraternidad y la solidaridad es siempre camino seguro de superación. La manipulación de la verdad en favor de los poderosos, por más que se revista de oropeles, no resiste el paso del tiempo ni el contraste con la realidad. La mentira carece de solidez y no puede sustituir a la verdad en el largo plazo. El sufrimiento humano y la solidaridad con las víctimas son siempre verdad irrefutable y subversiva frente a quienes idolatran el poder, la riqueza y el liderazgo autoritario.

Cesare Lombroso fue un médico italiano fundador de la escuela positivista de criminología. Pensaba este singular médico que a partir de la apariencia externa y ciertos rasgos se podía descubrir y determinar la peligrosidad del delincuente e incluso justificar un castigo preventivo. Algo parecido a los discursos de algunos funcionarios actuales que insisten en que, más allá de los delitos cometidos, algunos delincuentes no saldrán jamás de las cárceles porque son incorregibles. Las escuelas de criminología han desechado las teorías deterministas de Lombroso y estudian más aspectos vinculados con las causas del delito desde la sociología, la psicología y la medicina, entre otras ciencias. Si Lombroso partía de un determinismo biológico de la conducta delictiva, la criminología actual, mucho más sensata, estudia la interacción social en la conducta del delincuente, así como las dimensiones psicosociales que pueden impulsar hacia el delito y los dinamismo que facilitan la rehabilitación. En El Salvador, y de un modo especial a partir de la instalación del régimen de excepción, estamos contemplando una especie de resurrección de Lombroso. Para derrotar a las maras no son propiamente los delitos los que se persiguen, sino la caracterización del delincuente realizada desde los perfiles policiales. Recientemente se detuvo a dos hermanos de un futbolista salvadoreño. Cuando él trató de demostrar la inocencia de sus parientes, la respuesta fue que no se podía hacer nada porque los dos jóvenes estaban “perfilados” por la Policía como miembros de maras. Ya no se persigue el crimen ni se necesita imputar un delito para detener a un sospechoso. Basta con estar dentro del perfil de delincuente realizado por la Policía para pudrirse sin juicio en la cárcel durante varios años. Se puede entender que la PNC construya perfiles de delincuentes. Si se toman con prudencia, pueden ser útiles en la persecución del delito. Pero cuando la persecución del delito se cambia por la persecución de los perfiles elaborados a partir de chismes, denuncias anónimas, modos de vestir, barrios y zonas de vivienda, relaciones de parentesco, de relación social o cercanía habitacional, la detención ilegal y la injusticia pueden ser masivas. De hecho, aunque se habla mucho de que la Policía ha hecho perfiles de mareros, nunca se han hecho públicos los elementos que componen el perfil. Y evidentemente la correspondencia con un perfil nunca es una prueba definitiva de la comisión de un delito. Si los perfiles físico-biológicos de Lombroso incluían aspectos como frente hendida, forma y ubicación de las orejas o de las mandíbulas, hoy el perfil policial, sin capacidad de imputar delitos concretos, se fija en otros detalles construidos sobre ciertas observaciones externas que en principio no constituyen delito. Se confunden así, como en Lombroso, una serie de detalles externos con los indicios de una comisión de delitos. Lombroso pensaba que se podía determinar desde la apariencia física la incorregibilidad del delincuente. Y se podía, por tanto, en palabras suyas, “secuestrarlos para siempre o suprimirlos”. Cuando se vuelve a detener a delincuentes justo en el momento en el que salen de la cárcel tras haber cumplido su condena, queda en evidencia la semejanza entre la desfasada criminología positivista de Lombroso y algunos de los principios que marcan el funcionamiento del régimen. En realidad, se está desperdiciando la oportunidad de fortalecer a la Policía en el campo de la investigación y de la persecución del delito. El descenso notable de la delincuencia es siempre una oportunidad para mejorar métodos policiales operacionales que puedan prevenir e investigar el delito con mayor eficiencia. Dormirse en los laureles y repetir indefinidamente un método injusto no nos llevará muy lejos. Y peor si el sistema de justicia no evalúa y corrige su lento y deficiente modo de impartir justicia, todavía muy lejano de la pronta y cumplida justicia que supuestamente garantiza la Constitución.

El discurso de odio sustituye al empleo, al ingreso para adquirir la canasta básica ampliada y a las oportunidades. Llena el vacío dejado por el Estado diligente, comprometido con la ciudadanía. La presencia estatal más eficaz es la de las fuerzas represivas, que siembran el terror y la violencia. La necesidad de seguridad ante el desempleo galopante, el hambre y la enfermedad, y la negación de futuro se diluye en las emociones fuertes, suscitadas por una elocuencia deslumbrante, pero insidiosa. La fuente de los mensajes de odio construye objetivos abominables, que concentran la atención y las energías de unas mayorías que más bien debieran reclamar la satisfacción de sus necesidades vitales. Simultáneamente, el responsable de esta desviación perversa refuerza su posición, que sabe débil por sus limitaciones intelectuales y materiales para responder a los apremios de la gente. Adicionalmente, tanto aquellas como este se deshumanizan. El discurso de odio absolutiza la bondad propia y la maldad de los otros. Por eso habla de “tolerancia cero”, una actitud que aparenta firmeza, cuando en realidad oculta inseguridad y miedo por no estar a la altura de las responsabilidades adquiridas. De ahí que se revuelva furioso contra quienes exponen sus contradicciones. La intolerancia olvida que ahí donde hay desigualdad prolifera la violencia. Sin igualdad de oportunidades, la agresión, en sus diversas formas, encuentra un caldo de cultivo que, tarde o temprano, explota destructivamente. No se trata de justificar éticamente la violencia, sino de señalar que, en esas circunstancias, es inevitable. Una vez desatada, se tiende a pensar que la violencia solo puede ser combatida con otra violencia. Aquella se declara criminal o terrorista, y esta, tan provechosa e inapelable que no requiere justificación alguna. Es la bondad de la violencia de los buenos contra la perversidad de la violencia de los malos. Sin embargo, la violencia supuestamente beneficiosa no genera orden, seguridad y estabilidad, sino una violencia más encarnizada y destructiva. El discurso de odio se encarga de racionalizarla, al convertir al otro es una especie de “víctima expiatoria”, que no necesariamente es inocente, pero que tiene menos culpa de la que se le atribuye. En ella se descarga “merecidamente” la rabia acumulada por décadas de menosprecios, humillaciones y frustraciones, mientras libera a los demás de responsabilidad. La exhibición de “un chivo expiatorio” colectivo tiene la virtud de unir a los buenos. La unidad es mucho más sólida cuando es contra “un enemigo común” que cuando es a favor de algo; por ejemplo, para redistribuir la riqueza nacional de una forma más equitativa. Precisamente, eso es lo que se desea evitar. La frustración y la cólera no se dirigen contra la verdadera causa, sino contra un objeto demonizado, que tiene mucho de víctima. Los acaparadores de la riqueza nacional son intocables, ya que militan en el campo de los buenos. El discurso de odio no ofrece ninguna solución, ya que será imposible erradicar la violencia mientras haya desigualdad social. La verdadera solución pasa por la convivencia fundada en la satisfacción de las necesidades básicas y la vida digna de la totalidad, en particular, de las mayorías. El hambre de justicia no equivale a la sed de venganza criminal. La violencia no llena el estómago, no da salud, ni educación, ni vivienda. Satisface los instintos más primarios del ser humano, los cuales, una vez agotados en batallas sin alma, dejan el sabor amargo de la derrota y profundizan la humillación y el resentimiento hasta vaciar la vida de sentido. Contrario al discurso de odio, la convivencia no acepta que nada sea tan malo que no pueda contener algo bueno, ni que nada sea tan falso que no contenga algo de verdad. Y, al contrario, no hay nada tan bueno que no contenga algo de maldad, ni nada tan verdadero que no contenga cierta falsedad. La convivencia enseña a vivir con la ambigüedad de la realidad humana. La tolerancia no se identifica con la aprobación del mal y, mucho menos, con la aniquilación. La tolerancia refiere siempre a la persona, no a su conducta, la cual puede ser íntegra o criminal. Por tanto, no significa aprobar sin más la conducta del otro, sino renunciar a maltratarlo para que pague sus culpas. El discurso del odio es un engaño con pretensiones de gesta grandiosa, preñada de promesas. Suscita emociones intensas que se agotan en sí mismas. No canaliza las energías desatadas hacia la construcción de la convivencia. Por tanto, la desigualdad y la raíz de la violencia social permanecen intactas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que muchos esperaban y otros muchos temían, pasó: Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. El resultado dice mucho tanto de la estrategia y personalidad del hoy presidente electo como de los votantes estadounidenses. La creciente desafección por la democracia y el gusto público por la matonería auparon a Trump, quien goza de una ferviente masa de seguidores que le perdona excesos y abusos que hace un par de décadas hubieran tumbado a cualquier otra figura pública. Pese a estar imputado por delitos graves, haber sufrido un duro revés en el debate con Kamala Harris, cometer crasos errores durante la campaña y sufrir el distanciamiento de incluso un grupo de republicanos, ganó el voto del Colegio Electoral y es muy probable que también el sufragio popular. Durante la campaña, en la que se prodigó en mentiras e insultos, Trump volvió a hacer de la migración y de los migrantes su marca política, utilizándolos discursivamente para sembrar miedo e incertidumbre. Además, logró cargar a Harris con la historia y errores de Joe Biden, y apeló al malestar de los votantes recurriendo a un discurso catastrofista sobre el estado del país y la marcha de la economía. La estrategia mediática le dio resultado. Un éxito en el que la cuestión de género sin duda jugó a su favor. No hay que perder de vista que esta nueva victoria de Trump, al igual que la primera, se da frente a una mujer. Por ello, no es descabellado pensar que una significativa cantidad de estadounidenses se resiste a que una mujer ocupe la oficina oval de la Casa Blanca. El republicano también explotó la homofobia de sus connacionales, aprovechando las declaraciones de Harris sobre el respeto a la diversidad. El reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI+ representaba una aberración para el ultraconservadurismo que se ha apoderado del partido republicano. Y en el marco de la guerra cultural en contra de lo woke, el partido demócrata se habría inclinado demasiado a la izquierda para una parte de sus votantes. Harris nunca la tuvo fácil. Además de ser mujer, empezó tarde, le tocó competir en un entorno sombrío y se enfrentó a un electorado sediento de cambio, sobre todo en materia económica. Ese cambio deseado no podía venir de una de las personas que había estado conduciendo el país. La suerte está echada en los Estados Unidos. Y los autoritarios del mundo, los movimientos que desde la ultraderecha llaman a desmontar la democracia y la seguridad social, los que claman por el regreso de la mujer a la cocina, aquellos que han convertido a la verdad, la decencia y el diálogo fraterno en piezas de museo están de fiesta.

Hace diez años, el 80% de la población salvadoreña vivía con 10 o menos dólares diarios. Y es muy posible que en la actualidad la situación sea igual o parecida. Este grupo de personas viven y trabajan en lugares marginales, tienen una dieta de peor calidad, enfrentan dificultades para acceder a agua potable, usan menos petróleo y consumen menos energía. Pese a que contaminan menos el medioambiente, suelen ser las más expuestas a los desastres de origen climático o sísimico. En este sentido, es evidente que en el país existe una aguda injusticia social y que esta se extiende también como injusticia medioambiental, la cual deteriora las relaciones sociales, avoca a la crisis alimentaria y aumenta los riesgos de desastre. La cultura del consumo y del desperdicio no hace más que agudizar esta situación. En Laudato si, el papa afirma que “todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero”. Lo dicho por Francisco le calza al país. Por ejemplo, no se dispone de un modo apropiado de tratar la basura y los sectores privilegiados, a la vez que producen desperdicios en la misma magnitud que mucha gente de los países ricos, son indiferentes a la necesidad de reciclar. Los riesgos medioambientales de un país tropical como el nuestro no son objeto de preocupación entre quienes pueden marcharse a vivir en el norte si las cosas se complican. Aunque no son mayoría, en El Salvador distintos grupos e instituciones trabajan por el medioambiente y se preocupan por la agroecología sostenible. Ante la crisis del encarecimiento de los alimentos, los esfuerzos no pueden limitarse a crear agromercados y subsidiar precios. El problema de tenencia y utilización de las tierras, y el olvido del productor campesino empujan al país en sentido contrario a la soberanía alimentaria. El cambio climático, que afectará con mayor rigor a los países tropicales, debería convertirse en un aliciente para establecer alianzas en función de generar suficientes alimentos para todos, fomentar la agricultura sostenible y dar a los campesinos una vida digna. El Gobierno debe dialogar con los defensores del medioambiente y priorizar la agricultura ecológica. No cabe la indiferencia ante los riesgos ya palpables de que El Salvador se convierta en un territorio inhabitable. Abandonar la pretensión de saberlo todo y escuchar a los que trabajan por la protección del medioambiente y la productividad en el campo es una tarea impostergable.

El Salvador es ahora país de milagros, según reciente ocurrencia presidencial. Bukele aspira a que sea reconocido no solo como el país donde ha ocurrido el milagro de la seguridad, sino también donde ocurrirá otro milagro, el económico, aunque este “tomará algunos años”. La realidad es bastante más descorazonadora. La seguridad no es un milagro ni un crecimiento económico robusto, sostenido y viable lo será, si algún día llega a darse. La interpretación milagrera de la gestión de la dictadura es pobre, pretenciosa y reñida con la tradición bíblica. Entender el milagro como ruptura del orden natural al margen de la acción humana es surrealista. El Dios bíblico no compite con la realidad. Indiscutiblemente, liberó a Israel de la esclavitud egipcia, pero sin la colaboración activa de Moisés, esa liberación no habría tenido lugar. El auténtico milagro acontece mediante la participación humana en el plan divino de crear una vida abundante, digna y libre de toda esclavitud. La acción divina no violenta ni reemplaza dicha acción. Dios elige colaboradores, les da una misión y los envía. El acontecimiento es extraordinario no por las circunstancias más o menos insólitas que lo rodean, tal como parece pensar Bukele, sino por su finalidad: liberar al pueblo de toda forma de opresión e injusticia. Dicho de otra manera, y contrario a la pretensión presidencial, el milagro no solo no está desvinculado del pueblo, sino también es para que este tenga vida abundante. No para favorecer a unos cuantos. Los milagros de Bukele no benefician al pueblo. Favorecen a unos, pero excluyen y maltratan a muchos otros. No se puede ignorar que la seguridad impuesta descansa en la injusticia y la arbitrariedad, la tortura y el homicidio. Y el futuro milagro económico ya deja un rastro de despojo, miseria y sufrimiento. No puede alegar que el fin justifica los medios. Ni siquiera la moral más tradicional suscribe semejante barbaridad. En consecuencia, la autoridad del susodicho milagro de la seguridad no puede ser atribuido al Dios de Jesús. Si la seguridad fuera milagrosa, estaría acompañada del derecho y la justicia, respetaría la dignidad de los detenidos y trabajaría denodadamente por rehabilitarlos e insertarlos en la sociedad una vez cumplida la pena. Bukele manipula el significado del milagro para presentarse como depositario de poderes sobrenaturales. Si la reactivación económica fuera un portento divino, no generaría desempleo, hambre y desigualdad. Al menos, ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de la inversión social. Además, es inexplicable que un milagro, definido como la irrupción directa e inmediata de la omnipotencia divina, deba aguardar varios años para concretarse. Si así fuera, ese Dios no sería todopoderoso. El dios de Bukele es limitado, ya que debe adaptarse a sus deseos. De ahí que afirme que cuando llegue la prosperidad, si llega, habrá también milagro. Estas incoherencias tienen su razón de ser: es un burdo intento de manosear el nombre de Dios en provecho propio. Si Dios fuera el autor de la seguridad, también sería responsable de las iniquidades del régimen de excepción. Si fuera el autor de la recuperación de la economía, también sería responsable de la concentración de la riqueza en la familia presidencial y los grandes capitales de siempre. Una recuperación económica milagrosa generaría prosperidad general, convivencia pacífica y solidaridad. La creación no es propiedad privada de unos pocos elegidos, sino un bien universal para que la humanidad tenga vida abundante y digna. Si solo Dios es el autor de la acción milagrosa, Bukele se puede presentar como su “enviado”, a través de quien acontece el portento. Sin embargo, al anular la colaboración y la responsabilidad humana, no es más que un enviado “pasivo”. No para la vida del pueblo, sino para prosperar junto con su familia y los grandes capitalistas a costa de la explotación y la opresión de los demás. Un sinsentido se mire por donde se mire. En lugar de rebuscar formulaciones ingeniosas para llamar la atención, sería mucho más humano, y divino, que asumiera con seriedad las responsabilidades propias del poder político que detenta y trabajara incansablemente para que el pueblo tenga la vida que Dios quiere. El legado que desvela a Bukele por las noches no subsistirá con el marketing, sino en el reconocimiento del pueblo agradecido por cuidar de su bienestar. La mercantilización dura lo que dura quien la paga. Desaparecido este, el legado se disuelve rápidamente por falta de fundamento. Entonces, sus seguidores seguirán a otros. Y sus víctimas lo abominarán. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ha salido recientemente un informe que evalúa a nivel mundial la calidad del Estado de derecho en 142 países en 2024. La fundación que lo presenta se llama Proyecto de Justicia Mundial y viene estudiando la cuestión desde 2015. El Salvador aparece en este ranking en la pobre y deficiente posición 111 de 142 países evaluados. Revisando los aspectos que se evalúan para determinar la situación de cada país, se puede advertir que El Salvador aparece en la posición 78 en términos de orden y seguridad, pero ocupa la 140 (la antepenúltima) en lo relativo a justicia penal. En lo que respecta a justicia civil, aparece en posición 85, por encima de países como Panamá, México y Colombia, y 50 puestos arriba de Guatemala. Si acudimos a otros elementos de la evaluación se advierte de nuevo la irregularidad en las posiciones. En derechos fundamentales, aparecemos en posición de nuevo triste: 117; mientras que en cumplimiento normativo estamos en posición 80. En controles del poder ejecutivo, retrocedemos hacia los últimos puestos, quedando en la posición 120. Estos números nos demuestran algo lamentable, que si hubiera voluntad política se podría corregir. En efecto, si de parte del poder ejecutivo hubiera mejores políticas en justicia penal, en la división e independencia de poderes, y en el respeto a los derechos básicos, estaríamos claramente en una posición mucho mejor. El Salvador tiene la capacidad y los medios suficientes para estar en una posición más decente. Pero el Ejecutivo ha implementado e impuesto una serie de políticas autoritarias que nos hacen quedar en los rankings internacionales en posiciones cada vez más degradadas. La propaganda y los relatos en las redes, junto con algunos logros gubernamentales, pueden conseguir el apoyo popular. Pero el hecho de que los logros se encuentren manchados y oscurecidos por la debilidad de las instituciones y por la fragilidad de nuestro Estado de derecho nos mantendrá inevitablemente en una situación de deterioro progresivo. Solamente se podrá recuperar posiciones de respeto internacional en los ranking si el Ejecutivo cambia sus políticas y se abre a la transparencia, al respeto a las leyes y al diálogo con la sociedad civil. Y en esto de los rankings, no sirve echar las culpas a otros ni decir que no importa lo que piensen alguna fundaciones. La inversión extrajera que tanto se desea no acude donde las instituciones tienen problemas graves. Y los rankings evidencian situaciones que la propaganda no puede disimular. El hecho de que Honduras y Nicaragua estén por debajo de nosotros no puede servir de consuelo, como tampoco vale pensar que la popularidad es eterna. El Salvador puede terminar cayendo en una grave crisis si se debilitan aspectos fundamentales como la vocación democrática, el respeto a las leyes y a los derechos de las personas, la transparencia y el acceso a la información pública, la justicia y los mecanismos institucionales de control del poder. La crítica externa no es fruto de la enemistad con un gobierno determinado, sino advertencia de que el rumbo que se sigue no es el adecuado para crecer como país. Escuchar la crítica interna es la mejor manera de buscar caminos que realmente nos conduzcan a superar nuestras debilidades y hacia un desarrollo realmente humano.

Frente a la historia de salvajismo del lejano oeste y la violenta apropiación de las tierras indígenas por parte de los blancos, ofrecer “orden y ley” pasó a ser parte del abecé político de Estados Unidos como una primera síntesis de las obligaciones estatales. La frase se extendió a nivel internacional y pasó a convertirse en una consigna de políticos conservadores, especialmente en países con desarrollo social. Y esto porque el orden y la ley no bastan para construir una convivencia ciudadana pacífica; hacen falta también las redes de protección social propias de los modernos Estados sociales y democráticos de derecho. En El Salvador, con sistemas deficientes y no universales de seguridad social, cualquier avance en orden, incluso sin ley, se vende como un avance hacia el desarrollo. Recientemente se publicó un ranking internacional sobre la situación del Estado de derecho en 142 países. El Salvador se encuentra en la posición 111 y solo destaca positivamente en uno de los temas analizados: el orden y la seguridad en el país. Sin embargo, en términos de justicia penal, parte indispensable del mantenimiento del orden, el país aparece en los últimos puestos. En otras palabras, si bien el país disfruta de un mayor orden y tranquilidad a raíz de la disolución del poder de las pandillas, la justicia penal está por los suelos. La arbitrariedad, el maltrato, el debilitamiento del derecho a la defensa, las formas de reclusión semejantes a la desaparición forzada, el traspaso del castigo desde los detenidos hacia sus familiares por la falta de información de sus parientes y la imposibilidad de visitarlos han convertido a a la justicia penal en una farsa. Hay orden, sí, pero la ley es papel mojado. El orden sin ley eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos no es bueno en el largo plazo, aunque en un primer momento pueda percibirse como ganancia ante una situación previa de desorden salvaje o brutal. Corregido el desorden y conseguida una mayor tranquilidad, corresponde ahora mejorar la situación de la ley. La vieja síntesis de orden y ley demanda suprimir la arbitrariedad de las detenciones, mejorar la capacidad de la Policía y aumentar su presencia en la sociedad, disminuir el peso del ejército en los temas de seguridad y garantizar el cumplimiento de derechos básicos como la detención con tiempos claramente delimitados, la presunción de inocencia y la vista familiar. Centrarse solo en el orden, despreciando y anulando los pequeños avances conseguidos en el campo de una legislación coherente con los derechos humanos, solamente conducirá a nuevos fracasos. La dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez construyó orden prescindiendo de una ley que protegiera a los ciudadanos. El experimento se tradujo en una dictadura y llevó a la muerte a decenas de miles de indígenas y campesinos. Para qué repetir esta historia.