Editoriales y Opiniones

Editorial UCA 15/01/2025 Los Acuerdos de Paz representan un punto de inflexión en la historia nacional. Solo su trascendencia explica los grandes esfuerzos por negarlos y descalificarlos. Al menos tres son las razones por las que la firma de la paz constituye un hito para El Salvador. La primera, los Acuerdos pusieron fin a la guerra fratricida, es decir, pararon las muertes del conflicto y la destrucción del país. La guerra costó más de 70 mil muertos (la mayoría, civiles), 10 mil desaparecidos, un millón de desplazados y una economía en ruinas. En segundo lugar, fueron exitosos, pues cumplieron su cometido: detuvieron la guerra por la vía diplomática e iniciaron el camino hacia la democracia a través de reformas institucionales y constitucionales que cambiaron el rol de la Fuerza Armada en la vida nacional, crearon la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral, y marcaron la pauta para la transformación del sistema de justicia. Y en tercer lugar, los Acuerdos fueron ejemplo a seguir para otras naciones en guerra; demostraron que es posible detener la lucha armada a través del diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. Los Acuerdos de Paz fueron producto de una serie de factores internos y externos. El primer factor que los hizo posible fue que el anhelo de paz era compartido por la mayoría de salvadoreños. Las Iglesias y el movimiento social se aglutinaron en torno al logro de la paz, supeditando a este las agendas particulares. En segundo lugar, llegada a un punto, la Fuerza Armada ya no fue capaz de defender los intereses de los sectores más ricos del país; la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989 demostró que la guerra iba para largo. Además, la masacre en la UCA deslegitimó a nivel internacional a los militares y desató enormes presiones para que las partes se sentaran a negociar. Otro factor importante fue el concurso de países amigos de El Salvador, sobre todo Francia, México y España, que lograron que la comunidad internacional, representada en las Naciones Unidas, pusieran en el centro de su agenda el proceso de paz salvadoreño. También a nivel internacional, la caída del muro de Berlín en 1990 y el consecuente fin de la Guerra Fría facilitaron la salida negociada a la guerra. Por supuesto, los Acuerdos no fueron perfectos: dejaron fuera temas y sectores relevantes, y no todo sus objetivos se cumplieron. Ni en el proceso de negociación, ni en la implementación de los Acuerdos las víctimas fueron tomadas en cuenta; una grave injusticia que se ha mantenido hasta el presente. Además, el informe de la Comisión de la Verdad fue engavetado y la impunidad se mantuvo incólume. Los Acuerdos confiaron a los actores de aquel entonces la creación de mecanismos para luchar contra la injusticia estructural que concentra la riqueza en pocas manos, pero ningún Gobierno hasta la fecha ha querido cumplir esa tarea. Sin embargo, los Acuerdos de Paz sentaron las bases para un país distinto. Gracias a ellos se eliminaron los antiguos cuerpos de seguridad, caracterizados por violar sistemáticamente los derechos humanos, y nació la Policía Nacional Civil. El diálogo y el debate sustituyeron a las armas como medios para resolver las diferencias. Quienes descalifican los Acuerdos son las mismas personas que hoy destruyen lo poco que el país avanzó gracias a ellos. El irrespeto a la Constitución, la desnaturalización del Tribunal Supremo Electoral y de la Policía Nacional Civil, la inoperancia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y del Instituto de Acceso a la Información Pública, el protagonismo de la Fuerza Armada en prácticamente todos los ámbitos de la vida pública son obra de esas personas; acciones que ponen al país en un escenario semejante al que se vivía antes de la guerra.

Por José María Tojeira, SJ Desde el ámbito de los Derechos Humanos se puede fácilmente sacar la conclusión de que nuestro sistema judicial es inicuo. Con el régimen de excepción los detenidos pueden pasar cinco años o más en la cárcel sin llegar a juicio. Y por supuesto sin medidas alternativas a la prisión. No hay “habeas corpus”, ni visita familiar, ni acceso al abogado durante esos años. Cuando la violencia se apoderaba del país, la fiscalía y otros abogados y gente del mundo de la opinión, se quejaban de las normas y las leyes, que consideraban demasiado liberales. Pero rara vez se hacía una evaluación seria de la Fiscalía, tanto en formación, como en organización o en medios y financiamiento. Todavía hoy y en las actuales circunstancias, la fiscalía no da de sí, al igual que el sistema judicial, y va dejando en retardo permanente los casos de los detenidos durante el hasta ahora permanente régimen de excepción. Aun reconociendo la buena voluntad y calidad de algunos jueces o fiscales, lo cierto es que nuestro sistema judicial se ha ido transformando en un nefasto entramado de irresponsabilidad, ideas de castigo duro, desprecio del pobre y desinterés por la justicia. Si ya antes del régimen de excepción no era raro encontrar jueces corruptos, en la actualidad encontrar jueces decentes, con criterio propio y con capacidad de aplicar la legislación con libertad se ha convertido en la excepción en vez de ser la regla. Hay impunidad y los jueces y fiscales saben claramente con quien se pueden meter y con quién no. Ante la detención de inocentes no sirve decir que en todos los sistemas se condena a veces a personas sin culpa. Pues aunque esa realidad se dé de vez en cuando en algunos países, no se mantiene a los privados de libertad sin contacto con sus abogados, ni se les juzga en grupo, ni se les tiene 4 o cinco años encerrados e incomunicados, ni se obliga a los familiares que deseen proteger la salud de sus deudos a pagar dinero para mejorarles muy ligeramente, al menos eso dicen, la comida. Oyendo a diversas organizaciones de Derechos Humanos, acaba quedando la convicción de que si en nuestra tierra se aplicara de un modo independiente el Protocolo de Estambul, ya se habrían documentado diversos casos de tortura. La Propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un excelente documento en el que se fijan “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad”. Otro documento en el que no hubiéramos salido aprobados. Y es que si se quiere que tengamos una Policía bien organizada y decente, además de invertir más en ella, se debería suspender ya el régimen de excepción y ponerle como reto a la PNC el mantener la situación de seguridad que hemos logrado. Bajarle el presupuesto al tiempo que se le sube a los militares, dar la facultad y acostumbrar a la Policía a actuar con arbitrariedad, no conduce a un cuerpo policial del que nos podamos sentir orgullosos o en el que podamos confiar plenamente. Evaluar seriamente las necesidades de la Fiscalía y educar a los jueces para el apego a las leyes y para la independencia judicial son actividades que podrían llevarse a cabo precisamente en estos tiempo en los que tenemos menor presión criminal. Mantener el régimen de excepción es simplemente perder oportunidades de mejorar el sistema judicial y fiscal así como a los cuerpos auxiliares.

Cuando el más fuerte ataca, generalmente arrasa. La historia está llena de guerras de expansión, de eliminación de los débiles y de carcajadas triunfales de los poderosos. No faltan quienes aprovechan una ofensa para iniciar una guerra veinte veces más dura que el daño recibido, la cual incluso puede conducir a la destrucción total del país percibido como enemigo. Las guerras civiles, de grupos que quieren resolver sus diferencias por la vía de la fuerza, completan el panorama absurdo e inhumano de los conflictos armados. “La guerra es mala y bárbara […] las almas entigrece”, dice uno de los poemas de Antonio Machado. Pese a esa maldad y barbarie, siempre abundan intereses, personas y colectivos dispuestos a derramar sangre, a oponerse a todo esfuerzo de paz, a declarar guerras contra otros. Quienes usan la palabra “guerra” tienden a ser autoritarios y excluyentes. Recientemente, Donald Trump ha hablado de un posible uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, y del canal de Panamá. Las amenazas van no solo contra estos dos países, sino contra el sistema internacional de reglas que garantiza la convivencia pacífica y pone límites al uso de la fuerza entre las naciones. Si Trump emprendiera una aventura militar contra alguno de los países mencionados, su acción sería equivalente a la invasión de Kuwait por parte del Irak de Saddam Hussein. Tanto Dinamarca como Panamá tendrían derecho a defenderse. Aunque nadie puede dudar de que Estados Unidos terminaría imponiéndose (invierte en militares y armamento 700 mil millones de dólares al año), los costos políticos serían enormes. Según los abusos que se cometieran en la invasión, Trump hasta podría ser catalogado como criminal de guerra. Que los líderes políticos hablen con frivolidad de invasiones militares y de guerra es siempre una irresponsabilidad. Si el uso de la violencia entre personas debe controlarse, con mucha más razón debe evitarse la agresión entre naciones. La guerra es siempre la expresión más brutal de la violencia. El papa Francisco citó recientemente una afirmación que Pío XII formuló en 1939, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial: “Nada se pierde con la paz, todo puede perderse con la guerra”. Más allá de los eufemismos que los políticos utilizan para reducir la gravedad de sus acciones, invadir militarmente un país es iniciar una guerra. Víctimas directas del intervencionismo estadounidense, los países centroamericanos deberían rechazar con energía cualquier posición imperialista que amenace con invasiones, guerras o sustracción de territorio.

Por Rodolfo Cardenal, SJ En el centro de San Salvador se exteriorizó un país próspero y feliz, sonriente y alegre. Un país, según Bukele, en “paz, libertad, optimismo y esperanza”. Una producción de Casa Presidencial, impuesta en cadena nacional de radio y televisión, ratifica esa visión. Las muchedumbres, necesitadas de diversión, acudieron a presenciar un espectáculo que las dejó con la boca abierta. Pero esos espacios maravillosos, inundados de luz y de música, no son todo el país. Muchos de los espectadores lo saben por experiencia propia. Acudieron para disfrutar de un paréntesis que les diera ánimo para continuar con la pesada carga que llevan sobre sus hombros. Tampoco la actividad presidencial de Bukele es toda la realidad nacional. El video reproduce lugares ya conocidos, cuidadosamente seleccionados, que exhiben a un Bukele deslumbrante. La construcción de esos espacios desplazó a miles de salvadoreños que se rebuscaban en sus calles y plazas, e ignoró a muchos otros que solicitaban desesperados una ayuda. Las maravillas del país de Bukele no son para ellos, ni él se entretiene atendiendo sus peticiones. Los descartados no tienen tiempo para disfrutar de la diversión, porque encontrar el sustento diario los apremia. Tampoco la pueden pagar, porque a duras penas tienen para lo indispensable. Estos ciudadanos no tienen motivos ni ánimo para regocijarse con las creaciones presidenciales. Pasadas las fiestas, apagadas las luces, silenciada la música y desmontadas las estructuras del espectáculo, la vida retorna a la rutina. Desvanecido el encanto, cabe preguntar si en este año recién comenzado Bukele dará pasos para que “el país feliz” sea de todos y de todos los días. O si seguirá siendo un montaje de fin de año para mantener vivas unas expectativas infundadas de una vida más desahogada. La concreción de esas expectativas pasa por mejorar sustancialmente las condiciones materiales de la vida de las mayorías. El nivel y la calidad del vivir no entienden de mundos maravillosos, construidos artificiosamente para deslumbrar. La realidad económica no entiende de apariencias. La FAO ha colocado a El Salvador de Bukele en la lista mundial de los países con hambre. El año 2025 encuentra a la mitad de la población salvadoreña con dificultades para comer todos los días. El hambre es acompañada de una mayor degradación de los servicios sociales del Estado. Las resplandecientes clínicas del video presidencial son excepciones raras. Esa no es la realidad de la infraestructura de la salud pública actual. La economía de El Salvador de Bukele es la que menos ha crecido en la región en los cinco últimos años, los mismos que lleva en el poder. El país importa bastante más de lo que exporta o produce. El astronómico déficit de la balanza comercial es cubierto, en gran medida, por las remesas de la diáspora. La iliquidez gubernamental es proverbial, así como el abandono de la educación y la salud. Las apuestas económicas de Bukele no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. Primero fue el bitcoin. Después, el turismo del surf y los espectáculos. El último recurso es el despido masivo de empleados públicos y la reducción del gasto social, una “medicina amarga” para las mayorías, incluso para las que acudieron atraídas por “el país de las maravillas”. La mina de oro que Bukele dice haber encontrado abandonada en el subsuelo se le antoja un regalo del cielo para su “milagro económico”. La cantidad de oro de la que habla es tan fabulosa que es materialmente imposible. Aparte la perversidad intrínseca de la minería metálica, el cuento del tesoro escondido no está respaldado por ningún estudio. Y si acaso este lo confirmara, su explotación y la riqueza que pueda generar no serán inmediatos. Además, nadie en sus cabales puede garantizar que redundará en prosperidad general ni que se distribuirá de forma equitativa. Igual que las apuestas anteriores, la riqueza está reservada al clan de la familia Bukele y sus socios. Mientras tanto, el nivel de vida de las mayorías languidecerá aún más. El “país de las maravillas” de Bukele alimenta unas expectativas que se las prometen muy felices, pero que no se concretarán. El despertar de este profundo sueño será estremecedor. Una pequeña muestra del despabilamiento es la aplicación arbitraria de la legislación de tránsito reformada. Bukele no entiende de educar, sino de garrotear. Los voceros más destacados del régimen, comenzado por Bukele, están ansiosos por “pasar a la historia”. Seguramente pasarán, la cuestión es cómo. Muchos otros en esa misma posición ya han pasado como prototipos de inhumanidad, de crueldad y de perversidad. No pueden esperar pasar de una manera diferente a la de “los mismos de siempre”, porque no solo hacen lo mismo que ellos hicieron, sino que incluso los superan. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Entender el año nuevo como novedad implica asumirlo como proyecto y formular propuestas. El papa Francisco, en su mensaje de la paz del 1 de enero, después de insistir en la obligación cristiana de combatir la injusticia, lanzó tres propuestas de alcance mundial: la condonación de la deuda de los países pobres y con pocos recursos, la eliminación mundial de la pena de muerte y la creación de un fondo solidario construido mediante la imposición de un porcentaje fijo a los presupuestos militares. La condonación de la deuda la considera un acto de justicia solo condicionable a la protección del medioambiente en los países que apliquen a ella. La eliminación de la pena de muerte la ve como un compromiso con la vida y como expresión de la confianza en que toda persona puede cambiar y rehabilitarse. Y el porcentaje sobre el gasto militar lo concibe como una forma de priorizar el desarrollo humano sobre la confrontación y las guerras. Sobre este último punto, vale la pena señalar que el 5% de la suma de los gastos militares de los diez países que mayor presupuesto dedicaron al rubro en 2023 asciende a 70 mil millones de dólares. Por la dimensión mundial de su misión y su servicio, el papa plantea sus propuesta a nivel global, pero toda persona e institución, desde las empresas hasta los gobiernos, debe plantearse opciones solidarias. Más allá de los deseos de obtener un buen trabajo, o acrecentar las ganancias empresariales, o mantener la aceptación política de la ciudadanía, es necesario formular objetivos que apunten a la mejora de la convivencia social y el desarrollo humano. Si eso falta, ni la propaganda, ni las regalías, ni los discursos tienen auténtico valor moral. De cara a la realidad de El Salvador, son tareas básicas invertir más en la gente, disminuir el cada vez más abultado gasto militar, suspender de una vez el régimen de excepción y revisar toda situación reñida con los derechos humanos y con la ley. Si bien hay paz social y mayor inversión en infraestructura, la disminución presupuestaria en educación y salud, el incumplimiento de la revisión del salario mínimo y la eliminación de personal en servicios básicos para la gente son hechos injustos y ofensivos para la legítima aspiración ciudadana de desarrollo. El respeto a los derechos humanos es indispensable para fortalecer la seguridad de la que hoy se goza. Si las propuestas del papa de crear un fondo solidario y condonar la deuda se llevaran a cabo, El Salvador difícilmente sería candidato a aplicar a ellas. La nueva ley de minería, promovida por Nayib Bukele sin importar el sentir de la población, va en contra de programas que buscan tanto el desarrollo humano como la protección del medioambiente. El nuestro es un país vulnerable. A las recurrentes inundaciones y deslaves se sumarán las sequías propias del cambio climático. Además, de no tomarse las acciones requeridas, de insistir en el abandono de los planes de prevención y gestión del riesgo, un futuro terremoto podría implicar un serio retroceso en el proceso de desarrollo nacional. Y aunque se haya crecido en paz social, en el ambiente social y político se promueve la falta de transparencia; y en las redes, el odio y la crispación. La militarización de la seguridad ciudadana no es de buen augurio, como tampoco la forma autoritaria de gobernar. La percepción de corrupción continúa siendo alta. Y la falta de soberanía alimentaria abre la puerta a crisis serias. Programar el desarrollo de un modo abierto, transparente y evaluable; avanzar en el respeto a los derechos humanos; planificar la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad son necesidades de toda sociedad que desea estabilidad, paz y justicia. 2025 será realmente nuevo solo si se inician cambios en las actitudes poco dialogantes y autoritarias, y se emprende proyectos que tiendan al bien de las mayorías.

Cada vez que en el contar del tiempo se termina un período, llamamos nuevo a lo que le sucede y viejo al período terminado. Así pasa con esa contabilidad del tiempo que llamamos años. Año viejo, y por tanto caduco, el que termina, y nuevo y supuestamente mejor, el que inicia cada primero de enero. Sin embargo lo nuevo nunca es sinónimo de mejor. Si la novedad trata de asuntos humanos, todo depende de nuestro compromiso con valores positivos y solidarios. Y en el campo cristiano, de nuestra coherencia con el Evangelio de Jesús, que implica también un compromiso con valores solidarios y fraternos. Así nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje de la paz para el año 2025, recordándonos que el aniversario del nacimiento de Jesús “es un evento que nos impulsa a buscar la justicia liberadora de Dios sobre toda la tierra”. Los cristianos, insiste, estamos “llamados a romper las cadenas de la injusticia y, así, proclamar la justicia de Dios”. No queremos un año más asolado por las guerras y por los crímenes que se repiten sistemáticamente en ellas, ni deseamos un mundo golpeado por la pobreza, la desigualdad o la soberbia explotadora de quienes se creen superiores a los demás. Ansiamos un mundo renovado y en ese sentido nuevo de verdad y no repetitivo de abusos e injusticias. En ese contexto, además de invitar al fin de las guerras que golpean al mundo actualmente, el Papa Francisco hace una triple invitación universal a todos los países. Dado que los países ricos tienen una deuda ecológica con los países pobres, pues son los principales causantes del calentamiento global que daña más a los países pobres, el Papa invita a la condonación de la deuda de las naciones que sufren pobreza. Invita también a todos los países a eliminar la pena de muerte como un “gesto concreto que pueda favorecer la cultura de la vida” y genere “esperanza humana de perdón y de renovación”. Y finalmente insiste en deducir un porcentaje fijo de los gastos en armamento de todos los países para la “constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Estas propuestas papales son en realidad tres grades pasos hacia una convivencia mundial justa y pacífica que ojalá el mundo no eche en el saco del olvido. Mirando hacia nuestro país, esta triple invitación del Papa tiene también importantes derivaciones. Es difícil pedir la condonación de la deuda que está golpeando al país y que lo tiene medio ahogado si al mismo tiempo atentamos contra el medio ambiente permitiendo que las compañías mineras contaminen el agua y el aire, dañen la salud de las mayorías y deserticen nuestro territorio. Aunque no tenemos pena de muerte en El Salvador, sí tenemos una cultura del castigo que en las cárceles ha llegado para algunos a convertirse en real pena de muerte. Las palabras del Papa nos llaman a reaccionar contra la satisfacción o la indiferencia ante los tratos crueles y degradantes tanto para los privados de libertad como para los familiares de los mismos. Y respecto a entregar un porcentaje de nuestros gastos militares para un fondo mundial de desarrollo del que seríamos beneficiarios, la conclusión que debemos sacar es que solo reduciendo gastos militares e invirtiendo más en el desarrollo humano de nuestra gente desfavorecida lograremos la convivencia pacífica y el futuro fraterno que todos deseamos. El mensaje mundial de la paz, que el Papa ofrece todos los años el primero de enero, nos marca horizontes de novedad y renovación, tanto para el mundo en su conjunto como para nuestros países pobres. Escucharlo y deducir consecuencias es fundamental para que el año nuevo sea realmente nuevo.

Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve. Por José María Tojeira Este es un axioma de la historia. Quienes llegan al poder político, son promovidos, apoyados y manipulados para usar al Estado y hacer las reformas jurídicas necesarias que faciliten la acumulación de riqueza del grupo de poder. En el camino, se van esparciendo migajas para tener cooptados y contentos a los funcionarios. Esa ha sido la historia también en El Salvador. Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha sido gobernado por proyectos de élites económicas que usan al Estado como un botín para beneficiar sus intereses. Las artimañas de gobiernos anteriores para favorecer a la cúpula de turno se repiten en la actualidad. Una de ellas es recurrir a las empresas de economía mixta. Un tema que ilustra esta situación fue el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el holding turco Yilport para administrar durante 50 años los puertos de Acajutla y de La Unión. Para nadie es un secreto que recurrir a este tipo de empresas se hace con la intención de no rendir cuentas. En los gobiernos de Arena se creó la empresa Inversiones Energéticas, INE, que generaba ganancias netas de más de cien millones. Con razón se dijo que en los gobiernos anteriores al actual, la CEL funcionó como una especie de caja chica. Sin ningún control de auditoría. Más recientemente, la actual Administración creó la empresa Chivo S.A. de C.V. con una inversión inicial de 60 millones de dólares del dinero público sin la obligación de cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información y puede limitar el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas. También el actual gobierno echó mano de la CEL para tener su propio medio de propaganda. La Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de LaGeo, propiedad del grupo CEL, constituyó la sociedad anónima El Diario Nacional (EDN) que registró la marca Diario El Salvador. Nacer como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, le permite al nuevo diario estar fuera del radar de instituciones que fiscalizan la transparencia en el uso de recursos públicos. ¿Son herramientas legales? Quizá. Sin embargo es un modo corrupto de administrar fondos públicos porque, más allá de la legalidad o ilegalidad, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas. En ninguno de los casos anteriores el beneficiado ha sido el pueblo salvadoreño, sino el grupo de poder que está detrás del gobierno. No hay signos que indiquen que ahora con los puertos será distinto. Todo indica que el país sigue repitiendo los vicios de siempre, aunque el discurso haya cambiado.

Respetará Bukele la voluntad y la salud del pueblo salvadoreño

En estos días cercanos a la Navidad, tiempo de celebrar el nacimiento del niño Jesús que vino al mundo para mostrarnos que la plenitud se alcanza en el amar y servir, se está concretando un plan gubernamental que amenaza al país desde hace meses: la derogatoria de la prohibición de la minería metálica, una ley que fue resultado del esfuerzo colectivo de personas, comunidades y organizaciones en defensa de la vida y el medioambiente. Con la prohibición de la minería no “se denegó la posibilidad de hacer uso de los recursos de la nación para el desarrollo económico e integral de los salvadoreños”, como afirma el oficialismo, sino que se priorizó la salud de la ciudadanía y el bien común frente al interés de las industrias extractivas. La aprobación del dictamen de la ley general de minería metálica por parte de la bancada cyan es una acción propia de un gobierno deshonesto y profundamente materialista, y se ha justificado recurriendo a falsedades obvias sobre la minería metálica: que entraña múltiples beneficios, que crea empleos de calidad, que desarrolla las economías locales, que de sus ganancias se obtienen recursos para remediar el desastre ambiental que deja a su paso. Lo que plantea el oficialismo es un oxímoron, una unión de contrarios, pues la protección del medioambiente y la extracción minera son opuestos; no existe la minería verde. La administración Bukele está echando adelante su proyecto prescindiendo de la consulta pública y el análisis ambiental que son de rigor para una ley de este calado. Con ello refleja su falta de visión a largo plazo, profundo desinterés por el sentir y pensar ciudadano, y total desconexión con las realidades ecológicas y sociales que afectan a la población. La prohibición de la minería no es absurda, lo absurdo es permitirla cuando, como muestra la última encuesta del Iudop, a nueve de cada diez personas no les gustaría trabajar en una mina; cuatro de cada cinco están muy preocupadas por los problemas medioambientales del país y consideran que es muy peligroso vivir cerca de una mina; y dos terceras partes opinan que en El Salvador existe ya una crisis de agua y que no es un territorio apropiado para hacer minería metálica. La minería metálica representa una amenaza directa para la salud pública, los ya menguados recursos hídricos y la biodiversidad; como da fe la experiencia en Argentina, Brasil y Perú, por solo citar tres ejemplos, la industria contamina de manera irreversible. En la encíclica Laudato si, el papa Francisco nos recuerda que “todo está interconectado” y que “la naturaleza no es un simple conjunto de bienes a ser explotados”, sino parte integral de nuestra casa común. En este sentido, la minería metálica no solo atenta contra la naturaleza, sino contra la humanidad: al dañar el entorno, compromete el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por ello, el papa cuestiona: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”. El Salvador requiere de políticas públicas alineadas con la solidaridad, la justicia distributiva, la protección ambiental y la equidad intergeneracional. La derogatoria de la ley que prohíbe la minería metálica va en contra de esa necesidad. Como afirmó la Conferencia Episcopal de El Salvador hace algunos días, “la más grande riqueza de un pueblo es la vida de las personas y su salud; eso vale más que todo el oro del mundo”.

Un medio ambiente sano garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos

Es frecuente desear la bendición y la guía de Dios. Bukele suele expresar ese deseo a sus interlocutores más estimados. En general, la invocación es una expresión de benevolencia. Se desea el bien y la dirección divina. Pero a veces, esa piedad esconde motivaciones mundanas. Los poderosos se revisten de piedad para ocultar sus maldades y sus crímenes. Dios es bueno y desea el bien de todos los seres humanos, sin excepción. En consecuencia, les ofrece ayuda para recorrer el camino de la búsqueda del bien y la felicidad. Nunca impone su voluntad. Respeta la libertad humana hasta el punto de aceptar el desvarío. No interviene ni condena. No reclama ni juzga. Se adelanta para ofrecer su misericordia y su perdón. Dios aguarda pacientemente el regreso de sus hijos descarriados para acogerlos y abrazarlos. El es padre o madre que espera el regreso de los hijos perdidos y, cuando retornan, lo abraza y hace fiesta. La guía y la ayuda de Dios están ofrecidas, pero deben ser aceptadas y puestas en práctica. Entonces, su bendición se hace presente. La aceptación de la voluntad divina se concreta en la vida diaria. No basta, pues, invocarla. La tradición bíblica recoge el criterio para verificar si esa vida se ajusta de los deseos de Dios. La Escritura subraya que se preocupa de manera muy especial por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Los profetas claman que Dios quiere derecho y justicia, no sacrificios y largas plegarias. Por tanto, aceptar la guía de Dios es asumir como propias sus preocupaciones. El rico y el poderoso que desea a un igual la bendición y la guía de Dios pronuncia palabras huecas. Si dijera verdad, le desearía la conversión, porque él ya habría escuchado su llamado y viviría de acuerdo a su voluntad. La conversión del uno y del otro no es imposible, pero es sumamente difícil. Volverse hacia Dios implica renunciar a lo que más estiman: su riqueza y su poder. Por lo general, estas personas no están dispuestas a dar ese paso y a hacerse cargo de la miseria de la humanidad. En el mejor de los casos, hacen “caridades”, que, por muy cuantiosas que sean, son puntuales y pasajeras. Y, frecuentemente, las utilizan para promoverse como personas bondadosas y, de paso, las descuentan de la declaración de la renta. La estructura explotadora y opresiva permanece intacta. Las bendiciones mutuas entre estas gentes son mundanas. Se complacen altaneramente en sus riquezas y su dicha. Estas bendiciones desean, en realidad, que la riqueza y el poder del bendecido se multipliquen, que su dicha sea aún más grande y que aumente la admiración de los demás y la envidia de quienes aspiran a imitarlos. Es comprensible que los poderosos que están en buenos términos se deseen mutuamente fortuna y poderío. Pero esos deseos no son conformes con la voluntad de Dios y, en consecuencia, no portan ninguna bendición. Más aún, lo colocan al servicio de las ambiciones de sus amistades. Dios deja de ser Dios para convertirse en instrumento de la acumulación de riquezas, por lo general, mal habidas. De esa manera, la expresión piadosa es, de hecho, blasfema. La ayuda que Bukele presta a colegas como el presidente de Costa Rica no trae bendiciones para El Salvador. Ciertamente, la ayuda al necesitado, por insignificante que sea, no será olvidada en el reino de los cielos. Pero la ayuda interesada, que busca reconocimiento y aplausos, no es tomada en cuenta. La ayuda bendecida es la que entrega desinteresadamente todo lo que se posee, como la viuda que depositó en la alcancía del templo todo lo que tenía para vivir. Y esto es, precisamente, lo que Bukele no hace. Da como los ricos de ese templo, lo que sobra y para que los otros alaben su generosidad. El dios de Bukele es milagrero. Hace portentos “a la carta”. No para favorecer a aquellos que tanto le preocupan, sino para el engrandecimiento de Bukele, que así envuelve en un aura sagrada sus logros. Cree que Dios está a su servicio al igual que sus aduladores y fanáticos. Ese dios es falso y sus bendiciones vacías. Si se dejara guiar por Dios, sería el defensor de la rectitud, del derecho y la justicia. Los miserables de este mundo encontrarían en él apoyo, consuelo y esperanza. Los poderosos acostumbran presentarse como creyentes piadosos, incluso caritativos. Así silencian su conciencia, se revisten de respetabilidad, o quizás crean también que Dios está de su lado. No viven para buscar el bien de los demás, sino para la riqueza y el halago. Están poseídos por el ansia de tener y amontonar. No es suficiente invocar la guía de Dios, tal como acostumbra Bukele. Hay que escuchar su palabra, apropiársela y ponerla en práctica. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta semana se presentó el análisis socioeconómico de El Salvador 2024, que cada año realiza el Departamento de Economía de la UCA. El estudio confirma que la economía del país beneficia a unos pocos y afecta a la mayoría, como siempre ha sido. En esa línea, revela un aumento en la productividad del trabajo y una disminución del salario medio real. Ello está en sintonía con el informe mundial sobre salarios 2023 de la OIT, que muestra que, por primera vez en lo que va del siglo, el crecimiento de los salarios ha pasado a ser negativo, mientras que la productividad ha seguido creciendo. Es decir, hoy se rinde más en el trabajo, pero se gana menos. Los más afectados por esta disminución del salario real son los empleados que ganan menos, los trabajadores de la economía informal y las mujeres asalariadas. De acuerdo al informe de la UCA, este grupo dedica una mayor proporción de sus ingresos a la compra de productos y servicios de primera necesidad, que son precisamente los que aumentan más rápidamente de precio. En lo que más gastan es en vivienda; sus alimentos son muy poco variados; necesitan recurrir a préstamos para llegar a fin de mes; tienen limitada o nula cobertura de salud; y su capacidad de compra de artículos para el cuidado personal, calzado, recreación y otros es escasa, cuando no inexistente. A las familias que viven con un salario mínimo del sector industria y comercio ($365.00 mensuales), restando los productos de la canasta básica de alimentos, solo les quedan unos 50 dólares para todo lo demás (alquiler de vivienda, educación, vestimenta, etc.). En los últimos 25 años, ningún salario mínimo ha sido suficiente para que un hogar de cuatro personas salga de la pobreza y viva dignamente. En materia de agricultura, el estudio indica que el campo sigue abandonado. A pesar de ello, las personas dedicadas al cultivo de granos básicos ascienden a 363 mil 400. El 90% de ellas son productores de subsistencia; es decir, cultivan para su propio consumo, sin posibilidad de venta. Los granos básicos se cultivan en tierras marginales con muy poca fertilidad, propensas a la erosión y deslizamientos. A nivel de la cartera general de créditos, lo destinado para granos básicos no llega ni al 1% del total. Para colmo, el sistema tributario es regresivo: pagan más los que menos tienen. Los dos principales impuestos, el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, gravan con la misma medida a los más pobres y a los más ricos. Y otros impuestos que afectarían a los que más tienen, como los tributos al patrimonio y a los activos, no se aplican. De acuerdo a la investigación, los hogares más pobres gastan un 20% de sus ingresos en el IVA, mientras que los más ricos solo el 10%. Del total de la producción de bienes y servicios en el país, que ronda los 34 mil millones de dólares, cerca de una tercera parte (35.6%) va para los trabajadores que sostienen al 80% de la población, mientras que más del 40% del PIB es para el 20% de la población. El análisis del Departamento de Economía de la UCA permite concluir que la marginación de los beneficios del desarrollo sigue adelante, agravando la desigualdad y orillando a más familias a caer en la pobreza o migrar. Y esta dinámica continuará hasta que no se ponga en el centro de la economía la vida de la personas, especialmente de los trabajadores. Mientras no haya un sistema fiscal progresivo, mientras se construyan solo viviendas de lujo, mientras se sigan pagando salarios que no alcanza para lo mínimo, la historia de El Salvador continuará sin pasar la página de la pobreza, la exclusión y la violencia.

Por muy obvio que sea, es necesario repetirlo (y esa necesidad desnuda la deshumanización imperante): los presos son seres humanos, personas que han cometido delito y que por ello han perdido el derecho a la libertad de movimiento. En ese sentido, la cárcel, al menos en teoría, sirve para proteger al resto de ciudadanos y rehabilitar a quien ha delinquido. La condición de presos no anula la dignidad humana de los recluidos; aunque privados de libertad, mantienen sus derechos básicos. Por lo general, son vidas humanas marcadas por el dolor, la frustración y sentimientos negativos ligados al abandono, la pobreza, la violencia o la exclusión. En los 33 meses de régimen de excepción, miles de personas que el propio Gobierno ha reconocido como inocentes, aunque no quiera cerrar sus casos, han sido apresadas. La pronta y cumplida justicia que garantiza la Constitución ya no aplica. Muchos han estado más de un año detenidos sin que haya nada más contra ellos que una acusación falsa o un perfil mal hecho de la Policía. Son víctimas de una ley aplicada con arbitrariedad, pero ni el Gobierno, ni el sistema judicial, ni la Fiscalía los considera como tales. El lenguaje utilizado por el poder en torno a las víctimas del régimen de excepción es un claro ejemplo de crueldad y de manipulación verbal. Se supone que los inocentes no deben estar en la cárcel. Si son inocentes y están encarcelados, son víctimas. De los cerca de 80 mil detenidos en el marco del régimen de excepción, se ha liberado a 8 mil, afirma Navib Bukele. Es decir, él mismo reconoce que personas que no tenían ninguna culpa sufrieron prisión. Y cuando dice: “Vamos a liberar al 100% de los inocentes”, reconoce que todavía hay más. El vicepresidente se ha referido a estas víctimas llamándolas “daños colaterales”, una expresión brutal que busca restarle importancia a esta terrible injusticia. Por su parte, aunque el fiscal general dijo que “toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad”, añadió que los que son liberados “están con medidas cautelares”, o sea, el juicio contra ellos queda abierto y pueden ser llevados de nuevo a la cárcel cuando el sistema judicial lo estime conveniente. En otros momentos, las autoridades han dicho que quienes están presos sufren esa condición “porque tienen el perfil” propio de los miembros de las pandillas. Así, por un simple perfil, que no es en sí mismo un delito o una prueba de nada, guarda prisión una enorme cantidad de personas. Estas víctimas tienen derecho a reparación de los daños sufridos. El régimen de excepción no debe renovarse en 2025. La PNC tiene suficientes recursos para mantener la paz conseguida. El órgano judicial debe poner en libertad a todas las personas sobre las que no tenga indicios claros de que han cometido un delito. La Fiscalía debe recibir mayor apoyo en personal, en capacitación técnica y en recursos financieros. Quienes a causa del régimen han perdido injustamente el trabajo, la salud o la estabilidad familiar deben recibir una reparación que les permita retomar su vida sin lastres ni estigmas. Finalmente, hay que investigar tanto a los directores de los centros penales como a la dirección general del sistema carcelario para deducir responsabilidades en los casos de violaciones a derechos humanos.

La polémica sobre la minería metálica plantea dos incógnitas. La primera pregunta por la identidad de los intereses que Bukele defiende con tanta fuerza. ¿Los del país o los de una multinacional? Es difícil responder que protege los primeros. En los más de cinco años en el poder se ha caracterizado por promover los intereses de unos cuantos privilegiados, incluido su clan familiar. Si en este caso su posición es sólida, ¿por qué arguye retorcidamente y apela a la confianza de los incondicionales? En definitiva, les pide confiar en su liderazgo, así como lo hicieron cuando reprimió a las pandillas. No es lo mismo. Ahora les pide confiar en que distribuirá la riqueza nacional. La discusión comenzó con un anuncio sorprendente. El Salvador está asentado sobre “los depósitos de oro con mayor densidad por km2 en el mundo”, dijo. Luego agregó, para espolear la codicia, que, además de oro, hay otros muchos metales muy cotizados en los mercados. Este fabuloso tesoro, hasta ahora escondido y felizmente descubierto por él, introducirá al país en el primer mundo. Un objetivo imposible sin contaminar todavía más uno de los medioambientes más devastados de América Latina. El pragmatismo y la mentira superan este escollo. Bukele promete una “minería moderna y sostenible”, con “tecnología de ahora” y, por tanto, “responsable” y con “costos ambientales bajos”. Pero el único procedimiento conocido para extraer oro es un proceso químico que usa metales pesados y cantidades ingentes de agua. En consecuencia, la prohibición está justificada. Una contrariedad para un Bukele decidido a todo. Presionado por unos intereses desconocidos, se revuelve contra ella por considerarla absurda. Pero El Salvador no es el único país que ha prohibido la minería metálica, tal como sostiene Bukele. Otros también lo han hecho, total o parcialmente. No satisfecho, compara al país con los países del mundo rico. La comparación es simplista, superficial y sesgada. El Salvador no ingresará en ese exclusivo club de la mano del oro. La naturaleza de las multinacionales contradice el discurso inocente del oro. Estas no entienden de responsabilidades ni de riesgos humanos y medioambientales, sino de explotación y ganancias máximas. La respuesta a esta nueva dificultad es Bukele, quien se ofrece como garantía contra la depredación multinacional. Prueba de su solvencia para asumir ese papel es su hasta ahora desconocida preocupación por la contaminación de las aguas superficiales y la promesa de “hacer bien” las cosas, a diferencia del pasado, cuando los gobernantes corruptos vendieron el país a multinacionales extractoras. Pero eso no es suficiente. No posee credenciales que lo acrediten como defensor del medioambiente. Al contrario, el cambio climático no figura en su agenda. En nombre del desarrollo, no solo ha despreciado abiertamente el cuidado de “la casa común”, sino también persigue judicialmente a los ambientalistas comunitarios. Tampoco es cierto que el oro elevará sustancialmente el nivel de vida de la población. Bukele promete que “nadie se va a enojar por vivir a la par de la mina”, porque “le van a comprar la casa en un montón de dinero”. Ese no es el caso de centenares de propietarios forzados a malvender sus tierras y viviendas para hacer espacio al cemento y al asfalto. ¿Por qué habría de ser distinto en el caso de la mina? Los vecinos no conseguirán un mejor nivel de vida. Más bien, esta será más dura. Habrá expropiación de tierras, expulsión de población y enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas y del entorno. Los únicos que sacarán provecho son la multinacional y sus intermediarios locales. Probablemente, ni siquiera contribuirá a aumentar la recaudación fiscal, porque será colmada de exoneraciones. La segunda incógnita es aún más difícil de despejar. La defensa de los intereses de la multinacional y sus socios locales es innecesaria. Basta ordenar a los diputados la derogación de la prohibición de la minería metálica y la aprobación de concesiones para la empresa extractora. El procedimiento no es nuevo. Tal vez pensó que la apología del oro suscitaría una nueva oleada de popularidad, pero se ha equivocado. El rechazo inmediato, dentro y fuera del país, lo ha puesto a la defensiva. Dios no “colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para enriquecer a una multinacional y sus patrocinadores locales, ni para contaminar, ni para destruir la vida. Indiscutiblemente, Dios desea el bien, pero no el de unos cuantos privilegiados, sino de la humanidad entera y nunca a cualquier costo. La creación tiene un límite más allá del cual se encuentra la muerte. El brillo del oro alimenta fantasías desorbitadas y codicias insaciables. El oro desata una vorágine con consecuencias fatales para quienes se dejan atrapar. El oro mata la vida humana y ambiental, y, como todo asesino, es un gran mentiroso. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Son varias las razones por las que la minería es inviable en El Salvador; la principal, la crítica situación del territorio nacional. El país es el más pequeño del continente y el que sufre el mayor deterioro ambiental; el más deforestado solo después de Haití; el que menor disponibilidad de agua tiene, en cantidad y calidad, para toda su población, por lo que es el más cercano a padecer estrés hídrico. Esto se conjuga con un irrisorio presupuesto para la atención de emergencias ambientales. Más aún, todos los posibles proyectos mineros estarán sobre la cuenca del río Lempa (ya en decadencia), que da agua a cerca de 1.5 millones de personas. La conciencia de esta situación llevó a que en 2017 se tomara la decisión de prohibir la minería metálica, privilegiándose así la salud y el bienestar de la gente. De hecho, la mayoría de países que han prohibido la minería metálica a cielo abierto lo han hecho por cuestiones ambientales y sociales. Turquía (1997), República Checa (2000), Austria (2000), Alemania (2002) y Costa Rica (2010) son parte de la lista. En 2010, la Unión Europea prohibió la extracción de minerales a cielo abierto mediante el uso del cianuro en todo su territorio. En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo. Para superar el rechazo, la industria minera y sus defensores propalan diversas falsedades. Por ejemplo, es falso que la minería genere empleos y desarrollo económico. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, solo genera el 0.09% de los trabajos a nivel planetario. En la mayoría de casos, los empleos peor remunerados y en peores condiciones son para los lugareños, mientras que los puestos más altos y mejor pagados se reservan para extranjeros. La minería es una industria de enclave, es decir, no aporta riqueza a la región donde se desarrolla ni permite crecer a las poblaciones aledañas. Las minas tienen un promedio de vida de entre 10 y 15 años, y cuando se acaba el oro, las empresas se llevan la riqueza y dejan tras de sí ríos y mantos acuíferos contaminados con sustancias tóxicas, cerros pulverizados y comunidades sin trabajo. La actividad minera no debe ser pensada en término utilitarios, de dinero y empleo, sino en cómo afecta a la naturaleza y a la sociedad. La industria minera está en expansión debido al aumento de la demanda de materias primas a raíz del crecimiento de la población y el avance de la tecnología. Pero por sus efectos nocivos, las grandes empresas transnacionales buscan trasladarse a partes del planeta en las que la flexibilidad legal o la corrupción les dan vía libre para obrar sin límites. Para las poblaciones de los países pobres, la minería trae consigo conflictos sociales, daños al medioambiente y graves violaciones a los derechos humanos. Ejemplo de ello es el Valle de Siria, en Honduras; a siete años de iniciadas las operaciones mineras, 19 de los 23 ríos se secaron. Este lugar, que antes fue un rica zona agrícola y ganadera, asemeja hoy un desierto. Entender que la relación de los seres humanos con la naturaleza se funda en el extractivismo y el lucro es en gran medida la causa del deterioro del planeta y del cambio climático. La naturaleza es para todos, para las generaciones presentes y futuras. Para el cristianismo, el destino de los bienes naturales exige la solidaridad con quienes vienen después. Y dado que los bienes son cada vez más escasos, su uso debe regirse por el principio de la justicia distributiva, propiciando un desarrollo sostenible que garantiza la sustentabilidad ambiental.

Hace quinientos años, los conquistadores españoles justificaban la guerra y el robo a los indios diciendo que estos sacrificaban personas a sus dioses. El obispo Bartolomé de Las Casas, que estaba en contra de las guerras y el robo, y defendía a los indios decía: “Los españoles han sacrificado más indios en cada año a su diosa muy amada, la codicia, que en cien años los indios a sus dioses”. Y también afirmaba que el oro era el verdadero dios de los conquistadores. Todos en El Salvador recordamos las palabras de monseñor Romero que aseguraba que la primera causa de los conflictos y la violencia en el país era la idolatría de la riqueza. Hoy, cuando oscuras nubes gubernamentales desean eliminar la prohibición de la minería metálica invocando una supuesta enormidad de oro, es necesario recordar a estos dos obispos y a mucha otra gente que, inspirados en ellos y en las necesidades de nuestra sociedad, lograron que se prohibiera dicha industria. Y es que la minería metálica es muy agresiva. Las empresas canadienses, chinas y estadounidense tienen fama bien ganada de ser depredadoras y destructoras del medioambiente. En Argentina, la empresa canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, que trabajan asociadas, han sido responsables de al menos cinco derrames tóxicos. En Sonora, México, ha habido frecuentes derrames contaminantes de varias minas canadienses y estadounidenses. Argentina es el octavo país más grande del mundo y tiene una densidad de población que no llega a los 20 habitantes por kilómetro cuadrado. El Estado de Sonora es casi nueve veces más grande que El Salvador y su densidad es de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En otras palabras, hay mucho territorio poco poblado. Incluso así, los derrames tóxicos han hecho severos daños. Frente a esos países, El Salvador es un país territorialmente pequeño y con una densidad de población de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, un país muy poblado, con gente por todas partes. Los daños acá podrían ser catastróficos, y más si los vertidos tóxicos alcanzaran al río Lempa, cuya cuenca baña al menos dos terceras partes de nuestra patria. Es probable que haya personas que piensen que la minería podría suavizar la angustiosa situación económica de El Salvador. O en otras palabras, volver menos amarga la medicina que, según el Gobierno, necesita nuestro país. No son así las cosas. Las mineras de capital extranjero aportan posibilidades de trabajo, pero destruyen el medioambiente y dañan por siglos terrenos que podrían ser productivos. Viendo los cráteres envenenados y deforestados que dejan las minas a cielo abierto cuando se van sus dueños, nadie puede negar esto último sin mentir. Las empresas mineras contaminan el aire al remover tanta tierra, levantan polvaredas tóxicas y eliminan los árboles en los terrenos donde trabajan. Usan en demasía el agua para lavar la tierra en la que el oro se esconde en pequeñas partículas y envenenan las aguas superficiales con sustancias como cianuro, arsénico, mercurio y ácido sulfúrico, que utilizan para separar el oro de otros metales con los que está mezclado. Si se produce un derrame de las aguas que almacenan en pequeñas represas para reutilizarlas, los daños en nuestro país serían gravísimos. Estas empresas dañan además los acuíferos subterráneos cercanos a la mina, por las filtraciones del agua que utilizan. Entran en conflicto con las comunidades del entorno. Contaminan el aire de nuestras aldeas y pueblos, les quitan tierras y agua, y envenenan la convivencia con su propaganda divisiva y su odio a los defensores del medioambiente. Y por si fuera poco, en un país como el nuestro, con amenazas de terremotos, inundaciones y deslaves, los riesgos de tragedia son muy elevados. Solo el ídolo de la riqueza de empresas extranjeras, extractivistas y egoístas, puede contemplar insensible y fríamente los peligros para un país pequeño, superpoblado, con riesgos climáticos y sísmicos, y con problemas serios de pobreza y vulnerabilidad, y tratar simultáneamente de engañarnos hablando de minería verde. Si las mineras llegaran a venir, al final, cuando se hayan llevado el oro para sus tierras, nos dejarán como herencia más pobreza de la que encontraron al llegar, más personas enfermas y físicamente reducidas por la contaminación y los accidentes. Es totalmente cierto lo que nos decía el domingo monseñor José Luis Escobar: “Sabemos que las empresas mineras se llevan todo y dejan a los países el 1%. Es un saqueo. Después de 500 años que se vuelva a repetir, no es justo”.

Hace unos días, los Obispos de Frontera y Responsables de Movilidad Humana de Norte, Centroamérica y el Caribe publicaron una carta pastoral dirigida a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad. En el texto se invita a la solidaridad con los migrantes y a revertir las causas de fondo de las migraciones forzadas: pobreza, desigualdad, falta de acceso a derechos básicos, degradación ambiental, crisis agroalimentaria... El afán de lucro, el individualismo, la corrupción público-privada, los regímenes autoritarios, las alianzas militares con grupos corruptos de las élites y la violencia delincuencial (en particular la de los narcotraficantes) fuerzan a mucha gente a huir de su país. En este contexto, la Iglesia latinoamericana, en actitud de salida hacia el mundo, considera a los migrantes como “la carne sufriente de Cristo”, rechaza la explotación y al maltrato de las personas en movilidad, y pide apertura personal a la solidaridad. Centra su tarea solidaria en cuatro palabras: acoger, proteger, promover e integrar. Los obispos agrupados en la red de movilidad humana, junto con los obispos centroamericanos, se comprometen a impulsar que esas cuatro palabras sean patrimonio de todos los cristianos a lo largo de este corredor de migración que es Centroamérica. Migrantes que llegan desde muy diversos países, más allá de América Latina incluso. Acogerles desde la fraternidad, protegerlos de los abusos, apoyarles en sus derechos e incluso en el trabajo, e integrarlos fraternalmente respetando su cultura se convierten en tarea de todos y en responsabilidad básica frente al sufrimiento humano. El apoyo a los migrantes debe ser para todas las personas de buena voluntad un asunto de compromiso transversal. No es un asunto específico y particular de religiosos o un interés exclusivo de algunas ONG; es simple y sencillamente un deber de humanidad. De una forma u otra, todas las familias tienen migrantes entre sus antepasados. Los primeros cristianos fueron llamados “los del camino” no solo porque seguían el camino de Jesús, sino porque caminaban por pueblos y ciudades anunciando el Evangelio. Los migrantes caminan en pos de su propia liberación, saliendo de tierras que los excluyen del desarrollo integral, pero que no logran privarles de la esperanza. Los obispos piden en su carta abandonar la idea de que la pastoral y el apoyo a los migrantes es una función particular de unos pocos. El apoyo a los migrantes debe ser tarea común, así como el cuidar y defender a quienes se comprometen a esa misión, que ya tiene mártires. Los países de la región se han alimentado de migraciones, han intercambiado talentos y liderazgos, han recibido la ayuda de quienes se han marchado de su tierra sin por ello perder sus raíces y han visto la migración como un derecho. Corresponde ahora crecer en solidaridad con los migrantes, más aún porque siguen aumentando las amenazas contra ellos. Peligros y abusos tanto de delincuentes como de gobiernos convierten el camino del migrante en un signo de inhumanidad. Nos toca a los cristianos y a todos los seres humanos de buena voluntad convertir la ruta migrante en lugar de encuentro y solidaridad.

Esta semana, Nayib Bukele afirmó que “El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo”. Esta riqueza, según Bukele, ha sido dada por Dios y “puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social sin precedentes a nuestro pueblo”. Más allá de la palabrería, lo cierto es que el agua, un bien natural del que muchas religiones también afirman que ha sido dado por Dios, está en todo y hace que todo sea; sostiene la existencia de manera innegable, todos los seres vivos dependen de ella, y la minería es uno de sus enemigos más mortales. En El Salvador, esta dependencia se ve más marcada porque la cuenca de la principal fuente de agua, el río Lempa, abarca casi a la totalidad del país. En un estudio de la UCA se determinó que más del 90% de la población depende directa o indirectamente de este río, incluyendo a 1.5 millones de personas que reciben agua potable en el área metropolitana de San Salvador. Además, más de once mil industrias extraen agua de él y el 28% de la electricidad que se genera a nivel nacional se debe a su cauce. En contraste, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 93% de los recursos hídricos evaluados en su red de monitoreo tienen una calidad entre regular y mala, y el 97% no cumple con las características mínimas para ser usados con fines recreativos. De estos 123 sitios que analiza el Ministerio, casi la mitad pertenece al Lempa, por lo que puede afirmarse que, aun sin las afectaciones que podría llegar a ocasionar la minería a gran escala, la fuente de agua de mayor importancia para la población salvadoreña ya está agonizando. En menas pobres como las de El Salvador (menos de 10 gramos de oro o plata por cada tonelada de roca) se utiliza cianuro, un potente veneno de acción rápida que provoca graves quemaduras en la piel y afecta el sistema nervioso, vías respiratorias, tiroides, riñones, cerebro y corazón. La explotación minera también presenta el peligro del drenaje ácido, ya que al excavar rocas que contienen minerales con azufre, se produce ácido sulfúrico, que disuelve otros elementos como arsénico, cadmio, plomo y mercurio. El ácido y los metales liberados en este proceso son transportados por las lluvias o por corrientes superficiales a los arroyos, ríos, lagos y mantos acuíferos, provocando condiciones que imposibilitan la vida. Incluso con los mejores sistemas de tratamiento y las eficiencias más altas, cada litro de agua residual generada por las operaciones de la minería tiene el potencial de contaminar al menos 360 litros de agua. Una vez finalizada la explotación minera, las empresas suelen dejar acumulaciones de roca sobrante con altas cantidades de ácido sulfúrico, metales pesados y cianuro. En el tipo de yacimientos que tiene el país, para extraer un kilogramo de oro deben removerse 100 toneladas de roca de su sitio original, cuya mayoría es dejada como escombreras que, al ser lavadas por las lluvias, contaminan el suelo y los cuerpos de agua cercanos. Según expertos internacionales, por cada kilogramo de oro extraído se emplean alrededor de 130 mil litros de agua, los cuales, al convertirse en aguas residuales, contaminan al menos 46.8 millones de litros de agua de los mantos acuíferos. Por ejemplo, la mina El Dorado, que operaría en Cabañas y que fue parada para privilegiar la conservación del agua, habría consumido 10.4 litros por segundo, equivalente a 328 millones de metros cúbicos al año, es decir, seis veces más que toda el agua que se consume anualmente en el área metropolitana de San Salvador. Para un país cuyos recursos hídricos ya están en malas condiciones por la sobreexplotación y por la flexibilización de los permisos ambientales, la amenaza de la minería supone condenar no solo al río, sino a toda la población. La decisión de prohibir la minería de metales no fue algo antojadizo ni ingenuo, sino que se sustentó en preocupaciones legítimas sobre el agua. Si bien el desarrollo es deseable y necesario, no a costa del deterioro sistemático de la principal fuente de agua nacional, de la precarización de la vida de la población y de la destrucción irreversible de los ecosistemas. Tampoco puede pasarse por alto que en otros países se ha desatado represión estatal contra las comunidades que protestan contra los proyectos mineros, ocasionando enfrentamientos violentos y violaciones a los derechos humanos. De hecho, en El Salvador, luchadores históricos en contra de la minería metálica están siendo hostigados, a pesar de que la industria está en pausa; la persecución legal de la que son objeto los líderes ambientalistas de Santa Marta no busca otra cosa que sentar un ejemplo y disuadir a otros. La amenaza, el miedo y la persecución contra los ambientalistas es ya una realidad. La derogación de ley que prohíbe la minería pondría en riesgo derechos fundamentales de la población, exponiendo al país a enfrentar litigios internacionales. Aunado a esto,

El paraíso en la tierra es una quimera tan antigua como la humanidad. Cada cierto tiempo, aparecen iluminados dispuestos a emprender su construcción, a pesar de los fiascos anteriores. El Salvador de Bukele se ha sumado a esa tradición, donde también figuran el fascismo, el nazismo, el comunismo y las dictaduras de todos los colores. El fracaso incuestionable de sus predecesores no es un buen presagio. No hay razones para pensar que la aventura de Bukele tendrá, contra todo pronóstico, un final feliz. La quimera paradisíaca es seductora, a pesar de sus repetidos reveses. Se suele presentar como un objetivo accesible. Incluso contiene elementos que la hacen verosímil. Pero en sus interioridades anida el gusano de la putrefacción. La Unión Soviética es un caso pertinente. Se propuso crear un paraíso comunista, pero, en la práctica, se redujo a imponer un nivel de vida con privaciones insoportables y una uniformidad sofocante. La cúpula del aparato partidario, en cambio, se regalaba con las bondades del capitalismo. El autoritarismo desembocó en la dictadura estalinista, una de las más brutales del siglo pasado. En 1989, el paraíso comunista colapsó. El capitalismo neoliberal prometió otro edén de libertad y prosperidad, de las cuales solo gozaron unos pocos. La mayoría todavía aguarda que el rebalse del vaso que las contiene. La característica más destacada del paraíso de Bukele es la seguridad. Un espacio inundado de luz, de colores y de armonía. Un entusiasta de última hora lo ensalza como “el país de las maravillas festivas”. Los visitantes acuden en masa a admirar fascinados sus creaciones. Más bien pocas, pero vistosas. La concurrencia disfruta de esas amenidades, inconsciente de que esconden el enriquecimiento desorbitado, la estafa financiera disimulada, el abismo que separa a los privilegiados de los desafortunados y el sistema carcelario donde la violación de la dignidad y los derechos humanos constituye el orden del día. Los habituales de estos espacios maravillosos viven para consumir y para exhibir su consumo, en un ambiente festivo y despreocupado. Aquellos que no pueden participar de esos placeres son negligentes. Ellos mismos se excluyen por falta de iniciativa y trabajo. Asimismo, decenas de miles están encarcelados por su propia culpa. Ellos, en cambio, han sido recompensados por sus méritos. Se creen los mejores, los únicos buenos y los que no tienen nada que aprender de los demás. Otra característica fundamental que identifica a los paraísos terrenales es su afán por reescribir la historia. Desmontan el pasado y conservan solo aquello que sirve para justificar su propia existencia y para dejar clara su pertinencia y necesidad. Sin embargo, la continuidad de sus construcciones depende de la solidez de la mentira que la sustenta. Bukele invierte ingentes cantidades de dólares en la industria de la desinformación, la propagación del catastrofismo y la difusión del miedo. En consecuencia, la viralización en las redes digitales de datos y sentires alternativos o críticos atenta directamente contra la integridad paradisíaca. Por eso, persigue a sus autores como criminales peligrosos. No le interesa considerar la verdad que pueda haber en esos discursos, sino castigar con mano dura a quienes se rebelan contra la cultura de “la sociedad feliz”. El paraíso de Bukele, igual que todos los demás, cultiva la cultura de la mentira. La China actual, su socia comercial y una de sus donantes más generosas, ilumina cómo opera esa cultura. El partido comunista mantiene un estricto régimen de vigilancia y control sobre sus ciudadanos para evitar desviaciones de la ideología oficial. El pensamiento, la creación estética, la academia y la opinión deben ajustarse a los lineamientos del partido único y su gran jefe. China es una potencia mundial, que compite con Estados Unidos y Europa, pero es también una sociedad donde la libertad está vigilada y restringida. La prolongación de la revolución maoísta, cuyo “salto adelante” generó una hambruna general y cuya “revolución cultural” ya quiso uniformar la sociedad, depende del acatamiento incondicional de las directrices del partido. Aparentemente, El Salvador de Bukele es más sosegado y festivo. En realidad, tiene dos caras. Los espacios donde reina la música, el color y la fiesta son la cara simpática y atractiva, que habla de milagro o de paraíso. Los espacios donde reina el terror como el sistema carcelario, los vecindarios populares y las dependencias estatales son la cara oculta, pero real. El acecho y el espionaje son constantes. La censura, la coacción y la humillación son habituales. Las dos realidades son inseparables. Por tanto, el “festivo mundo maravilloso” que celebran los fanáticos es mentira y engaño. En el mediano y largo plazo, esa dualidad es insostenible, tal como lo demuestran los experimentos anteriores. El germen de la putrefacción ya hace implacablemente su trabajo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que está sucediendo con los cinco ambientalistas de Santa Marta es injustificable desde todo punto de vista. Después de ser acusados, encarcelados y procesados por casi dos años, tiempo durante el cual los fiscales no pudieron demostrar su culpabilidad, el 18 de octubre el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque decretó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, la Fiscalía apeló la resolución ante la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, que el 26 de noviembre anuló el juicio y ordenó que se repitiera en otro juzgado. Antes de ello, la Cámara había evitado sentar posición sobre el caso, pero ahora que las juezas del tribunal lo resuelven, ha salido al paso. Lo que ha hecho la Cámara es equivalente a pitar un penalti inexistente a favor de la Fiscalía. Este tipo de irregularidades en el sistema judicial se producen cuando la corrupción socava sus bases para negarle a la ciudadanía el acceso a la justicia. De acuerdo a Transparencia Internacional, en términos generales, la corrupción judicial se divide en dos categorías: la primera, la interferencia de otro poder del Estado en los procesos judiciales; y la segunda, el soborno. Cuando sucede lo primero, los jueces y juezas independientes son transferidos a localidades remotas, despedidos o presionados para que renuncien. En un sistema corrupto, los funcionarios judiciales no se nombran con base al mérito, sino en función de su cercanía y obediencia al poder. A los jueces considerados “problemáticos” se les retira de casos delicados, y estos son asignados a jueces o tribunales más complacientes. Todo ello no solo es cuestionable en sí mismo, sino que tiene consecuencias graves para la ciudadanía. Debido a esta corrupción, la voz de los inocentes no es escuchada y los victimarios actúan con total impunidad. Cuando la justicia cede ante la corrupción, la sociedad en su conjunto sale perdiendo. En ese sentido, el caso de los cinco de Santa Marta no solo les atañe a ellos y a sus familias, sino que es un asunto de todos, porque esta manipulación de la justicia puede golpear a cualquiera. Los jueces de la Cámara de la Segunda Sección de Cojutepeque se han valido de un formalismo para revertir el fallo. El caso confirma que el poder judicial, como en el pasado, está siendo instrumentalizado para la persecución política. Este es el país que tenemos, un El Salvador en el que, como dijo monseñor Romero citando a un campesino, la justicia es como la serpiente: solo muerde a los descalzos. Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Antonio Pacheco y Saúl Rivas seguirán viviendo un calvario.

El caso de la masacre de la UCA, conocido como el caso jesuitas, está llegando judicialmente a su final. Terminó el equivalente a la instrucción y se ha decidido que pase a un juez de sentencia. Todos los acusados van a juicio. La mayoría por homicidio y la minoría por encubrimiento y fraude procesal. De los cinco militares denunciados originalmente por la Comisión de la Verdad dos han muerto y los tres que quedan vivos pasan de los 80 años. En el juicio contra la autoría intelectual iniciado por la UCA a principios del actual milenio, se añadieron dos personas más a los cinco señalados. El caso se cerró y se reabrió varias veces. En la reapertura del año 2022 la fiscalía añadió a cuatro personas más. El indicio acusatorio fundamental en sus inicios fue tanto la acusación de la Comisión de la Verdad contra cinco militares como el encubrimiento sistemático de la autoría del crimen tanto de parte del ejército como del gobierno de aquel entonces. En la actualidad, cuando se espera una sentencia, probablemente para el año próximo, conviene reflexionar sobre el caso. En primer lugar es importante decir que se está llegando al final de un caso grave de violación de Derechos Humanos, aunque se llegue a él más de 35 años después. Y no por las mismas razones que se llegó con tardanzas semejantes en Europa, donde algunos criminales nazis alemanes consiguieron ocultarse durante largo tiempo. Entre nosotros los acusados permanecieron siempre a la vista. En segundo lugar hay que decir también que el paso del tiempo, si bien no ha modificado la brutalidad del crimen, ha introducido otros aspectos dentro de una cultura de justicia transicional que busque verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y reconciliación. Aspectos que estuvieron siempre presentes en el caso, pues continuamente los jesuitas que pedían la apertura del caso contra los autores intelectuales, insistían desde los inicios del caso hace 35 años en que hubiera un proceso que garantizara “verdad, justicia y perdón”. Aunque algunos aspectos de la verdad, fundamental en el desarrollo de la justicia, quedarán en las manos de la investigación histórica, hay algunos aspectos que pueden mejorarse en el presente. El hecho de que se enjuicie a personas es por supuesto positivo. Pero el juez, o los jueces que juzguen casos como el de los jesuitas, deben tener en cuenta algo más que la sentencia que se vaya a dar. Y es la necesidad de exigir a las instituciones, cuando los crímenes fueron institucionales, que pidan en concreto y directamente perdón a las víctimas. En ese sentido, en el caso jesuitas, el juez debe ordenar al ejército como institución que pida perdón públicamente y en un solo acto a los parientes de los asesinados, a la Compañía de Jesús y a la UCA. Y eso más allá de las sentencias inculpatorias o absolutorias que pueda dar. Porque de lo que no hay duda es que el crimen fue institucionalmente encubierto. Durante mes y medio después del crimen, tanto la Fuerza Armada como el Gobierno salvadoreño estuvieron culpabilizando a la guerrilla del asesinato colectivo. Y ello cuando ya era evidente desde el primer momento la autoría militar. Y solo cedieron ante la presión internacional e iniciaron finalmente el juicio exclusivamente contra los autores materiales, imponiendo posteriormente, con la ley de amnistía, un manto de impunidad sobre los posibles autores intelectuales. Un crimen conocido y encubierto por tanta autoridad militar y gubernamental es un crimen con responsabilidad institucional. Basta conocer algunos de los testimonios escritos del propio coronel Benavides, o escuchar las declaraciones del juicio contra el coronel Montano dadas por el capitán (en el momento de los hechos) Luis Parada, para darse cuenta de ello. A parte de otros muchos testimonios que sería demasiado largo enumerar. Y son las instituciones también las que tienen que reconocer sus graves errores y ofrecer disculpas a las víctimas más directas del crimen. El reconocimiento de los hechos y la petición de perdón a las víctimas es además una de las medidas más importantes de cara a la reconciliación y la no repetición de los hechos. Ya en estos años recientes, ante un crimen injustamente encubierto por la institución policial, un juez obligó al Director de la PNC, Mauricio Arriaza, a pedir disculpas a los familiares de la víctima. Acto que se realizó públicamente, con presencia de medios de comunicación, en las instalaciones de la PNC de Santa Tecla. Que los jueces tengan en cuenta esta posibilidad es ventajoso para el país. Ayudará a las instituciones con poder a ser conscientes de sus responsabilidades y ayudará también a reconsiderar la calidad del sistema judicial, tan implicado en encubrimientos de crímenes del pasado.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos. Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres. En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene. Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso. El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos. El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

Reformas a la Constitución y sus posibles efectos.

Las experiencias negativas, al igual que las positivas, enseñan a vivir. Cuando se analizan críticamente, se toma conciencia de sus causas, y ello sirve para cambiar de rumbo. De la misma manera, frente a los desastres —sean climáticos, sísmicos o volcánicos— se vuelve imprescindible una reflexión crítica y una planificación de la vida social y natural que al menos minimice sus impactos. Recientemente, el país sufrió las inclemencias de la tormenta tropical Sara. La tormenta anegó más de cien viviendas y causó graves daños en otras. En algunas zonas, los pobladores tuvieron que abandonar sus casas y refugiarse en albergues estatales. Organizaciones que trabajan el agro calculan que se perdió el 16% del frijol y el 11% del maíz sembrados. Esto significará un nuevo aumento en los precios de alimentos básicos y hambre para quienes no puedan pagar ese incremento. Nayib Bukele prometió alimentos y asignaciones económicas para paliar las pérdidas. La medida es buena, pero se queda corta frente a la magnitud de los problemas que causan los desastres. En efecto, antes que nada, resulta indispensable prevenir el desastre dada la tendencia prácticamente irreversible, al menos durante un largo tiempo, del calentamiento global. No se están cumpliendo las metas globales que se fijaron para evitar un calentamiento peligroso para todos. Además, el consenso científico dice que los efectos nocivos del calentamiento global se sentirán con más fuerza en los trópicos. Por supuesto, el peso de El Salvador en el escenario mundial es muy pequeño. Más allá de mantener una posición crítica frente a la irresponsabilidad de los Estados ricos, que debieran frenar las emisiones de carbono, lo que le queda al país es prepararse para lo que viene. Las tormentas y las lluvias serán más copiosas y agresivas, y se alternarán con tiempos de sequía más largos y calientes. Proteger las viviendas frente a la posibilidad de deslaves, construirlas con estándares de sismorresistencia y en zonas seguras, y utilizar materiales aislantes contra el calor son hoy medidas básicas para cuidar la salud pública y evitar catástrofes. Reforestar sistemáticamente el país también ayudaría a resistir mejor el exceso de calor que sobrevendrá. Cuidar del agua evitando la contaminación y defendiendo los reservorios, tomar medidas contra la contaminación del aire y asegurar la soberanía alimentaria son otras medidas a implementar para caminar hacia un futuro menos ominoso. El gobierno central, las alcaldías y los vecindarios urbanos y rurales tienen una importante responsabilidad en la tarea de prevenir y contrarrestar los efectos del calentamiento global. Incluso en tanto individuos estamos en la obligación no solo de ser plenamente conscientes de lo que nos acecha, sino también de acrecentar la conciencia de vecinos y amigos respecto al escenario que se avizora para los próximos años. El calentamiento global está en marcha y sus efectos serán, a medida que pasa el tiempo, más dañinos y peligrosos, especialmente en las zonas geográficas comprendidas entre los trópicos. El papa Francisco decía hace algunos años que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Luchar sistemáticamente contra la pobreza y prepararse para los difíciles tiempos que vienen es el único camino de futuro razonable, justo y humano.

En Costa Rica, el centro de la democracia regional, Bukele sentó su cátedra de dictadura, apadrinado por el presidente de aquel país con ideología similar, pero sin su arrastre. Sin vergüenza, Bukele recetó a la democrática Costa Rica un régimen autoritario como el suyo para controlar su incipiente actividad criminal, que ha ganado terrenos por la incompetencia de su anfitrión. Fácil de palabra, pero pusilánime. Bueno para encizañar, pero corto en la acción eficaz. Pero eso no tiene ninguna importancia. Bukele utilizó la cátedra que le ofrecieron para vender su dictadura en una sociedad contraria al militarismo y tradicionalmente democrática, y de paso para legitimar la arbitrariedad y la represión. El predicador del autoritarismo exhortó a su auditorio a colocarse incondicional y graníticamente detrás de su presidente y obedecer a pie juntillas sus indicaciones. No tuvo reparo en intervenir en la política interna de Costa Rica al inducir a la ciudadanía a votar en las elecciones de 2026 por un poder ejecutivo centralizado y libre de los otros poderes que lo mantienen “amarrado de pies y manos”. La cátedra se detuvo en exponer los puntos centrales de la receta de Bukele. El primer ingrediente es un estado de excepción, que suspenda los derechos de la ciudadanía para dejar en libertad al dictador. El segundo, el control total del sistema penitenciario sin intromisión del poder judicial. El tercero, la implantación de un régimen interno despiadado, ya que es imposible administrar las cárceles con “la permisividad” costarricense, la cual da a los detenidos demasiada comida y privilegios. Y, el último, la construcción de una cárcel como la suya, para lo cual dio algunas indicaciones básicas. La comunión entre los dos gobernantes es tan intensa que hablaron de crear una “liga de naciones” pequeñas, interesadas en salvaguardar la seguridad y promover la prosperidad. Un eufemismo del autoritarismo. A pesar de su entusiasmo, el futuro de la liga está muy comprometido. El colega de Bukele tiene los días contados. Dejará el poder a mediados de 2026. Una posibilidad remota es que lo reemplace un Bukele costarricense. Por lo demás, en la región no se vislumbra otro interesado en ingresar al club. Milei sería un fichaje excepcional, pero no gira en la órbita de los centroamericanos, sino en la de Trump. Fue el primer gobernante en ser recibido por el nuevo presidente estadounidense. Bukele se contentó con una llamada telefónica. Aparte de elogiarse mutuamente, Milei propuso a Trump crear otra alianza, una de naciones libres que custodien “el legado occidental” y combatan “la mal llamada justicia social”. La cátedra de Bukele no está libre de contradicciones y falsedades. La seguridad que lo afama únicamente protege de la criminalidad de las pandillas. Las desapariciones, los homicidios, incluso en las cárceles, los feminicidios, las violaciones, la corrupción y el narcotráfico son pecados menores, que no cuentan. Ahora bien, si la seguridad es tan sólida, por qué las colonias y los pasajes no abren las calles que mantienen cerradas a los extraños, por qué el mismo Bukele se rodea de un ejército de soldados y guardaespaldas con armas de guerra, y por qué la seguridad privada no se reduce. Si Costa Rica es un país tan peligroso como para recomendar la implantación de un régimen de excepción como el suyo, Bukele se dio un baño de masas y alternó con la prensa sin el aparato militar que estila en El Salvador. Estas contradicciones advierten que el discurso de la seguridad tiene mucho de ideología. En medio de su discurso seductor y amañado, Bukele dejó escapar dos admisiones notables. La primera es que el alcance de su milagro económico solo beneficiará a unos cuantos. No incluirá, por tanto, a todos aquellos que vivían de la actividad criminal. Admitió que no puede competir con la rentabilidad del crimen. Por tanto, las masas inconformes con su suerte serán reprimidas despiadadamente. En segundo lugar, Bukele admitió sin escrúpulo ni arrepentimiento que ha capturado a miles de inocentes, aunque se apresuró a prometer que pronto los liberará. El catedrático en dictadura no se caracteriza por la lucidez y la consistencia. La problemática de los derechos humanos le resulta demasiado compleja. No distingue entre la universalidad de los derechos humanos, que reconoce, y su aplicación concreta. Solo hay buenos, que gozan de ellos, y malos, a quienes trata como objetos perversos. La verdad es otra cuestión que se le escapa. Exhortó a la prensa costarricense a decir siempre “la verdad bajo la lógica, bajo el sentido común y, sobre todo, la verdad, no la verdad de un grupo, de una elite, sino la verdad de todos”. Un galimatías que, en realidad, no importa, porque “así como digo una cosa, digo otra”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ningún país está a salvo de los efectos del cambio climático. Los huracanes, las lluvias torrenciales y las largas olas de calor ponen en peligro la supervivencia de la humanidad entera. Pero cuando golpean a zonas de los países ricos, los medios de comunicación y las naciones reaccionan de manera diferente. A mediados de julio, en Alemania, la tormenta Bernd dejó 165 muertos, pero también afectó a Italia, Suiza, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Reino Unido. A finales de octubre, España sufrió el impacto de dos temporales seguidos, que dejaron más de 200 muertes, una población en shock y mucha destrucción. Con todo, los países menos desarrollados son los más afectados; y en ellos, los sectores empobrecidos se llevan la peor parte. Las previsiones estiman que la inundaciones afectarán a 587 millones de personas en situación de pobreza; 132 millones de ellas viven por debajo del umbral de la pobreza extrema. Los fenómenos naturales les afectan desproporcionadamente porque por lo general no cuentan con recursos para tomar previsiones, viviendas seguras donde resguardarse ni condiciones para recuperarse de los daños. En los últimos 10 años, los países pobres sufrieron en torno a ocho veces más desastres naturales que en las últimas tres décadas. El Salvador es parte de ese grupo de países. Estudios de organismos internacionales estiman que el 87.7% del territorio salvadoreño es considerado de riesgo; en esa área vive el 95.4% de la población. Sin embargo, los desastres golpean con más fuerza en las zonas rural y marginales urbanas. La reciente tormenta Sara volvió a desnudar el rostro vulnerable del país. Todo parece indicar que el rubro más afectado será el agrícola, lo cual incide directamente en la alimentación de la población. Antes de Sara, se sabía que la primera cosecha de granos había sido mala y que la cosecha de frijol sería inferior a la del año pasado, pues se sembraron 33 mil manzanas menos, lo que representaría una caída de producción del 25%. Después de Sara, las gremiales calculan que el 60% de la cosecha de frijol se perderá. Esta situación agravará la precariedad de la economía familiar salvadoreña, especialmente de la gente más pobre. El Gobierno ha anunciado apoyo con un bono canjeable solo por insumos agrícolas. Aunque la intención sea incentivar la producción, la medida cae fuera de los calendarios de siembra y no fue consultada con los conocedores del tema. ¿Qué tipo de insumos se podrán adquirir con el bono de $300? ¿De dónde sale el número de 1,000 familias a ser beneficiadas con el bono para insumos? Los paquetes de alimentos prometidos sin duda brindarán ayuda y consuelo para las familias que pasan hambre, aunque la intención no sea otra que aprovechar la necesidad de esta población para fortalecer la imagen de Nayib Bukele. Por otra parte, pese a que la tormenta Sara se previó con la suficiente antelación como para intervenir de forma organizada, el sistema de protección civil actúo tarde y mal. En este sentido, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático se ve hoy amplificada por una gestión del riesgo y de los desastres que solo atiende a intereses político-partidistas.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) es la sede de la Semana de la Memoria Histórica, que este año se realiza bajo el lema: “Las huellas del pasado guían nuestro futuro”. Sobre este tema, Sol Yáñez, académica del Departamento de Psicología y Salud Pública de la UCA, destacó que "el pasado es un continuo presente", ya que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra siguen generando impactos físicos y psicológicos. Yáñez explicó que para muchas víctimas, la falta de verdad, justicia transicional y reparación mantiene las heridas abiertas.

Hace algunos años, en Estados Unidos, la madre de una joven violada y asesinada pedía para el asesino la conmutación de la pena de muerte por cadena perpetua. Cuestionada sobre por qué favorecía de ese modo a quien le había arrebatado a su hija, ella respondió lo siguiente: “El que la mató creyó que matándola arreglaba el problema de que lo descubrieran y le castigaran por su delito. Yo no quiero que la muerte del que mató a mi hija sea la medicina de mi dolor. Ni tampoco quiero parecerme a los que confían en la muerte como castigo o como encubrimiento”. Este caso no es único. En El Salvador, mucha gente ha perdonado ofensas terribles porque no quiere vivir con odio en su interior. Quieren verdad, quieren reparación, quieren que no se repita la barbarie, pero desean vivir en paz. Al celebrar la fiesta de los mártires de la UCA y recordar de nuevo tanta masacre y dolor clavados en la historia del país, es necesario y justo recordar también los esfuerzos impulsados por la Universidad para lograr la reconciliación del pueblo salvadoreño. Cuando el P. Ellacuría y sus compañeros luchaban en favor del diálogo y la negociación entre las partes en guerra, trabajaban por la reconciliación del pueblo salvadoreño en la verdad y la justicia. Sacrificaron su vida en ese esfuerzo porque había personas y sectores que preferían la victoria militar, no querían ninguna salida pacífica y humana del conflicto. Mataban por eso. La historia, sin embargo, le dio la razón a las víctimas y a los jesuitas asesinados. La paz llegó y con ella los esfuerzos de reconciliación basados en la verdad, la justicia y la reparación. Pero la soberbia de los poderosos no aceptó la verdad. Y ciertas formas de resentimiento, odio larvado y violencia quedaron en los corazones de muchos. Al recordar a los mártires, surge de nuevo el deseo de reconciliación con base en la verdad. A lo largo de 35 años, quienes han controlado los poderes del Estado se han negado a esclarecer la verdad, asumir responsabilidades y pedir perdón a las víctimas. El ejército, el sistema judicial, los partidos políticos, los que desde la riqueza y el poder explotaron a los pobres primero y callaron después ante las masacres y los abusos están en deuda. Y es precisamente esa deuda la que mantiene en desconfianza y profundamente separados a amplios sectores de la población. Juan Pablo II insistía en la verdad y la justicia como indispensables para el perdón y la reconciliación. Él sabía que cuando “se siembra la mentira y la falsedad, florecen la sospecha y las divisiones”, y que “la corrupción y la manipulación política o ideológica son esencialmente contrarias a la verdad, atacan los fundamentos mismos de la convivencia civil y socavan las posibilidades de relaciones sociales pacíficas”. También decía que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal”; y que “la puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”. Combinar las exigencias de verdad, justicia y reparación con la necesidad de reconciliación no es fácil, especialmente si perviven el resentimiento y los intentos de instrumentalizar la historia con fines políticos. Ni la impunidad, ni la manipulación de los casos, ni el exceso de justicia punitiva son soluciones. Es tiempo de pensar en una justicia transicional tanto para los crímenes de la guerra civil como para muchos casos del régimen de excepción. De lo contrario, el país continuará preso del resentimiento, la desconfianza y la división.

El autoritarismo ha derivado en absolutismo radical. La apuesta no está exenta de riesgos. La ambición lleva a sobrestimar las fuerzas reales del poder hasta el extremo de introducirlo en un callejón sin salida. La supresión de la institucionalidad democrática y el ejercicio del poder sin equilibrios ni controles ha instaurado una voluntad absoluta. Esa voluntad decide qué y cuándo informar a una opinión pública que juzga inmadura, ignorante y rebelde, pero que tiene la inmensa suerte de contar con el entendimiento preclaro, la sabiduría insondable y la operatividad inmediata y eficaz de aquella, que suple con creces las limitaciones de su minoría de edad. En consecuencia, debe acatar sus disposiciones agradecida. Los funcionarios públicos, además de obedecer, ensalzan su sabiduría. Los legisladores no tienen iniciativa de ley. No la necesitan, dado que esa voluntad absoluta decide por ellos, mejor y más rápido. De ahí que aprueben sin leer ni entender lo que les envía, a modo de simple trámite. Por la misma razón, los ha despojado de la facultad para recibir iniciativas de ley o peticiones de la ciudadanía, como la del comercio informal del centro de la capital. Y, por si fuera poco, se enorgullecen de contribuir a la gobernabilidad con su servilismo. La misma barrera encuentra la población en la institucionalidad estatal. Sorda a sus reclamos, ciega a sus peticiones y, por tanto, muda. Esta tampoco recibe solicitudes de la población y, si acaso acepta alguna, no responde. Las órdenes judiciales que liberan a algunos detenidos no son ejecutadas. El régimen de excepción hace cada vez más exasperante la indiferencia oficial. Captura sin motivo y acusa a partir de expediente falsos. Si los funcionarios resuelven alguna solicitud es por orden expresa de la voluntad suprema. La respuesta es agradecida públicamente por el beneficiado, que se deshace en elogios ante tanta magnanimidad. Pero estos casos son aislados. En general, la institucionalidad es indiferente ante la suerte de la ciudadanía. La pedantería, la soberbia y el desprecio caracterizan a los funcionarios del absolutismo, desde el primero hasta el último, el soldado o el policía de la calle. La deriva absolutista del autoritarismo ha infantilizado a una parte significativa del pueblo, que ha aceptado ser tratado como un menor de edad irresponsable. Renunció a ser libre, a pensar y a decidir su futuro. Se encuentra más cómodo y seguro en recibir lo que la voluntad absoluta tenga a bien concederle, convencido de que solo ella puede proporcionarle lo que necesita y todo lo que provenga de ella es forzosamente bueno. Su generosidad es correspondida con gran entusiasmo como un niño deslumbrado el día de Navidad por el juguete nuevo. La voluntad absoluta satisface así el deseo de mucha gente de ser guiada a cambio de entregar su libertad. No obstante la extensión y el arraigo de la servidumbre, comienza a cobrar fuerza la movilización de los sectores más golpeados por el absolutismo. El atrevimiento es cada vez más audaz, las expresiones de cólera suben de tono y los llamados a la movilización ya forman parte de la agenda nacional. Aparentemente indiferente al malestar y al rechazo, el absolutismo, confiado en sus primeros éxitos, piensa no tener límites. Pero sí, los tiene. El aguante popular y los recursos materiales, incluso para alimentar la corrupción, son limitados. La ambición de poder y riquezas es tan irresistible que conduce al desquiciamiento. Construir una nueva residencia presidencial al lado de la residencia privada del dictador, mientras pretende reducir el gasto con el despido de decenas de miles de empleados públicos, indica que algo no anda bien en los pasillos del absolutismo. Además, qué sentido tiene ese multimillonario proyecto si no habrá otra reelección. El secreto y “la reserva” ya no pueden ocultar la desmesura del absolutismo. La polémica alrededor de las finanzas y las propiedades de la familia presidencial son un buen ejemplo. El triunfo electoral de Trump en Estados Unidos llegó justo a tiempo para compensar el repudio de España y Costa Rica. Aquella rechazó la oferta de ayuda de emergencia por inoportuna y oportunista. Un error diplomático garrafal. Más cerca, los poderes legislativo y judicial de Costa Rica se negaron a recibir al dictador, lo cual degradó la visita de Estado a “oficial”. Sin embargo, ahí sí le recibieron la ayuda rechazada por España. Ridículo y afrenta para una voluntad absoluta que presume de ser bien recibida en todas partes. En realidad, solo encuentra eco en los sectores extremistas, amantes de la desinformación y las conspiraciones paranoicas.

En algunos países de América Latina, las cadenas nacionales en televisión y radio han sido una herramienta recurrente. Hugo Chávez era gran aficionado a ellas. Decía que formaban “parte de la estrategia comunicacional del gobierno” dado que, a su juicio, las televisoras privadas y la prensa no cubrían los actos oficiales. Entre enero y julio de 2012, en su calidad de presidente, Chávez sumó 70 horas y 20 minutos en cadenas nacionales. El 13 de enero de ese mismo año, decidió transmitir su rendición de cuentas al Parlamento, en una cadena de 9 horas y 49 minutos. Según la Fundación Ethos, desde que Rafael Correa llegó al poder en 2007 hasta mayo de 2011, en Ecuador se produjeron 1,025 cadenas nacionales, cifra que no incluye los “Enlaces Ciudadanos” que se emitían cada sábado por tres horas en medios estatales y algunos privados. Por su parte, Cristina Kirchner, desde 2012 hasta agosto de 2015, emitió 96 cadenas de televisión. Brasil y México también incurrieron en el hábito, pero en mucha menor proporción. En Paraguay, la figura de las cadenas obligatorias fue abolida cuando terminó la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), debido al uso constante que los militares hacían del recurso. En el caso de El Salvador, la interrupción obligatoria de la programación pública y privada para transmitir mensajes oficiales ha sido tradición. Las cadenas están reguladas en el artículo 127 de la Ley de Telecomunicaciones, que dice: “El presidente de la República tendrá derecho a convocar a todas las estaciones de radio y televisión del país a cadena nacional de radio y televisión por razones de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad, graves perturbaciones del orden público o un mensaje de interés nacional”. Solo el Tribunal Supremo Electoral tiene la misma prerrogativa. En realidad, las cadenas nacionales han sido un mecanismo para dos cosas: informar y hacer propaganda. Han buscado posicionar el discurso oficial a fin de controlar la opinión pública. Y en los últimos años, han sido usadas para rendir culto a Nayib Bukele y su gestión, y denigrar, insultar y acusar a la oposición. Dos ejemplos recientes. Mientras en Argentina la visita de Bukele apenas recibió atención, en El Salvador se pasaron en vivo largos episodios de la misma, presentándola como extremadamente importante. Lo mismo pasó con la visita de Estado a Costa Rica. Mientras los magistrados del poder judicial tico se negaron a reunirse con Bukele, el presidente costarricense lo recibió con honores, lo condecoró con la máxima distinción por lo que ha hecho en materia de seguridad y ofreció una cena de gala. Buena parte de ello, a pesar de su irrelevancia para la vida de la población salvadoreña, fue transmitido por cadena nacional. De este modo, Bukele le ha dado un giro a las cadenas nacionales. Por un lado, en contraste con su aislamiento internacional, televisa la cercanía con personajes que son parte de la crispada pero mediática escena de la ultraderecha antidemocrática mundial (Milei) o que quieren serlo (Rodrigo Chaves). Y por otro, posiblemente para suavizar las críticas de las que es objeto, se hace filmar en el extranjero comportándose de manera diferente que en El Salvador, al menos en dos aspectos: se expone a la prensa y no se hace acompañar de un pelotón de guardaespaldas que lo aísla de su entorno y lo retrata como lo que es: un hombre de armas, no de leyes.

Cuando el discurso antimigrante crece en el mundo y cuando en Estados Unidos gana las elecciones una persona que trata de sumar votos, y parece que los sumó, insultando y zahiriendo a los migrantes, es necesario hablar bien de ellos. Así hizo Jesús de Nazaret cuando vio a una viuda echando en el arca del templo lo poco que tenía para vivir, rodeada de escribas que depositaban sus limosnas más abundantes con el ansia de que los vieran. Habló bien de la pobre y criticó a quienes buscaban publicidad. Criticar a los migrantes, acusarlos de ladrones y salvajes, es desconocer la calidad de personas capaces de arriesgar la vida por mejorar tanto la propia situación como la de su familia. Gente mayoritariamente generosa, llena de esperanza y capaz de soportar con paciencia trabajos que ya no quieren aceptar muchos de los que se consideran nativos, aunque sean hijos de migrantes. Ningún país en que los ciudadanos se quejan de los migrantes fue cuna de la humanidad. Al contrario, todos fueron haciéndose a base de migraciones. El derecho a migrar ha estado vigente desde los inicios de la humanidad. El odio a los migrantes pobres de países pobres, al menos como lo conocemos ahora, todavía no ha cumplido un siglo. Los migrantes siempre mejoran la situación de los países que los reciben. Lo vemos incluso en el fútbol. No llegan a robar sino a trabajar. Aportan cultura, diversidad, espíritu de desarrollo, creatividad y con frecuencia incluso renovación religiosa. Puede haber algunos que se entreguen al delito y al crimen. Pero en eso suelen tener maestros en los nativos. La corrupción, los delitos de cuello blanco, la locura de empezar a disparar a mansalva matando inocentes en las calles o en las escuelas no es un invento de los migrantes. Es cierto que una migración ordenada es mejor que una desordenada, pero los países ricos no han trabajado adecuadamente ni la migración ordenada, ni la solidaridad debida a los países pobres. Desde 1970 se viene hablando de que los países desarrollados entreguen el 0.7% de su producto interno bruto al desarrollo. Muy pocos lo están haciendo. Y el 0.7% de lo que producen no es una cantidad que pueda poner en crisis a los países ricos, teniendo en cuenta que el 0.7% de mil dólares son simplemente 7 dólares. Una inversión seria en el desarrollo de los países empobrecidos limitaría mucho más la migración irregular que los muros y los blindajes fronterizos. En El Salvador, los migrantes aportan al mantenimiento económico de sus familias mucho más de lo que los países desarrollados dan para impulsar el desarrollo. No es raro, pues, que quienes aman a sus familias tengan en su imaginario la migración como un camino de superación de la pobreza de sus seres queridos. En este sentido, la migración no solo es ventajosa para los pobres y beneficiosa para los ricos, que se aprovechan de la mano de obra barata, sino que además es también éticamente provechosa para los Estados ricos: les ayuda a recordar sus obligaciones de solidaridad internacional y les pone en alerta sobre las raíces del racismo, que permanecen demasiado vivas en buena parte de los países desarrollados. El miedo de algunos líderes políticos del primer mundo a sus propios ciudadanos cuando asoman diversas expresiones de “supremacía blanca” deja en evidencia el escaso nivel moral de ciertas formaciones partidarias. Afortunadamente, continúan activos en el primer mundo sectores solidarios, tanto religiosos como humanistas, que tratan de hacer conciencia sobre el valor y el respeto debido a los migrantes y sobre la ayuda al desarrollo de los países en los que la pobreza injusta expulsa a las personas. En los momentos actuales, en los que el egoísmo racista levanta sus miedos en muchas partes del mundo, resulta imperioso elevar juntos la voz defendiendo a los migrantes.

En estos tiempos en que políticos mentirosos y megalómanos triunfan en las elecciones de diversos países, resulta necesario reflexionar sobre la verdad. No faltan quienes dicen que no hay verdades absolutas, que la verdad es relativa, poliédrica; afirmaciones estas que convierten la verdad en propiedad privada de personas exitosas, individuos tanto más más peligrosos por su personalidad narcisista que por su defensa de ideas o creencias. La mentira desbocada, la exageración, el insulto y la calumnia son parte de las convicciones y del éxito de cierto tipo de políticos. Ante la decepción por el lento ritmo de la democracia, el grito, la ofensa y la exhibición de fuerza se convierten en estímulos para votar. La apariencia brillante y terrible de los vencedores presentada por los medios de comunicación no es más que el reflejo de la despersonalización de las relaciones humanas y el anticipo de un futuro fracaso que tardará más o menos tiempo en llegar, pero que indefectiblemente llegará. La historia que transmite la permanencia de lo humano es muy distinta de la adornada narrativa de los triunfadores, sean de la tendencia que sean. Aguantar al lado del sufrimiento ajeno, brindar ayuda, mantener la esperanza en un mundo más fraterno es coherente con la verdad de lo humano. Los antiguos profetas, aunque pasaran desapercibidos o fueran condenados en su época, conservan actualidad y continúan planteando desafíos. Los mártires salvadoreños dicen más sobre la esencia de lo humano que la espectacularidad de los triunfadores. Quienes reflexionan sobre la realidad a partir de la igual dignidad de la persona y la fraternidad universal aportan a la convivencia humana y construyen historia con mayor eficacia que aquellos que divinizan el poder o el dinero. Los que se identifican con las cosas que tienen terminan siendo dominados por ellas. Y al igual que las cosas, pierden significado con el paso del tiempo. Frente a los que desarrollan su personalidad desde la prepotencia y la riqueza, los mártires dan ejemplo de resistencia en el bien y brindan esperanza de un mundo más justo y humano. La verdad hay que buscarla más allá del poder, del prestigio o del éxito. En la relación humana, en el diálogo, en el servicio y en la solidaridad con el sufrimiento ajeno se encuentra siempre más verdad que en la propaganda y la vanagloria del poder. Del recuerdo de las víctimas nace más verdad que de la admiración a los millonarios. En un mundo que privilegia y ensalza el poder y la fuerza bruta, es tarea de los ciudadanos darle continuidad al ansia de verdad que ha caracterizado a la humanidad desde sus inicios. En un tiempo en el que se creía más en la muerte del enemigo que en la fraternidad, los mártires de El Salvador, desde el cultivo del conocimiento y de la razón cordial y solidaria, impidieron que el poder oligopólico sobre las armas y el dinero se convirtiera en la única verdad. Cuando la mentira, el lenguaje violento y el desprecio a los pobres triunfan en la política y arrastran tras de sí las esperanzas e ilusiones de muchos, la resistencia en la verdad de lo humano, en la fraternidad y la solidaridad es siempre camino seguro de superación. La manipulación de la verdad en favor de los poderosos, por más que se revista de oropeles, no resiste el paso del tiempo ni el contraste con la realidad. La mentira carece de solidez y no puede sustituir a la verdad en el largo plazo. El sufrimiento humano y la solidaridad con las víctimas son siempre verdad irrefutable y subversiva frente a quienes idolatran el poder, la riqueza y el liderazgo autoritario.

Cesare Lombroso fue un médico italiano fundador de la escuela positivista de criminología. Pensaba este singular médico que a partir de la apariencia externa y ciertos rasgos se podía descubrir y determinar la peligrosidad del delincuente e incluso justificar un castigo preventivo. Algo parecido a los discursos de algunos funcionarios actuales que insisten en que, más allá de los delitos cometidos, algunos delincuentes no saldrán jamás de las cárceles porque son incorregibles. Las escuelas de criminología han desechado las teorías deterministas de Lombroso y estudian más aspectos vinculados con las causas del delito desde la sociología, la psicología y la medicina, entre otras ciencias. Si Lombroso partía de un determinismo biológico de la conducta delictiva, la criminología actual, mucho más sensata, estudia la interacción social en la conducta del delincuente, así como las dimensiones psicosociales que pueden impulsar hacia el delito y los dinamismo que facilitan la rehabilitación. En El Salvador, y de un modo especial a partir de la instalación del régimen de excepción, estamos contemplando una especie de resurrección de Lombroso. Para derrotar a las maras no son propiamente los delitos los que se persiguen, sino la caracterización del delincuente realizada desde los perfiles policiales. Recientemente se detuvo a dos hermanos de un futbolista salvadoreño. Cuando él trató de demostrar la inocencia de sus parientes, la respuesta fue que no se podía hacer nada porque los dos jóvenes estaban “perfilados” por la Policía como miembros de maras. Ya no se persigue el crimen ni se necesita imputar un delito para detener a un sospechoso. Basta con estar dentro del perfil de delincuente realizado por la Policía para pudrirse sin juicio en la cárcel durante varios años. Se puede entender que la PNC construya perfiles de delincuentes. Si se toman con prudencia, pueden ser útiles en la persecución del delito. Pero cuando la persecución del delito se cambia por la persecución de los perfiles elaborados a partir de chismes, denuncias anónimas, modos de vestir, barrios y zonas de vivienda, relaciones de parentesco, de relación social o cercanía habitacional, la detención ilegal y la injusticia pueden ser masivas. De hecho, aunque se habla mucho de que la Policía ha hecho perfiles de mareros, nunca se han hecho públicos los elementos que componen el perfil. Y evidentemente la correspondencia con un perfil nunca es una prueba definitiva de la comisión de un delito. Si los perfiles físico-biológicos de Lombroso incluían aspectos como frente hendida, forma y ubicación de las orejas o de las mandíbulas, hoy el perfil policial, sin capacidad de imputar delitos concretos, se fija en otros detalles construidos sobre ciertas observaciones externas que en principio no constituyen delito. Se confunden así, como en Lombroso, una serie de detalles externos con los indicios de una comisión de delitos. Lombroso pensaba que se podía determinar desde la apariencia física la incorregibilidad del delincuente. Y se podía, por tanto, en palabras suyas, “secuestrarlos para siempre o suprimirlos”. Cuando se vuelve a detener a delincuentes justo en el momento en el que salen de la cárcel tras haber cumplido su condena, queda en evidencia la semejanza entre la desfasada criminología positivista de Lombroso y algunos de los principios que marcan el funcionamiento del régimen. En realidad, se está desperdiciando la oportunidad de fortalecer a la Policía en el campo de la investigación y de la persecución del delito. El descenso notable de la delincuencia es siempre una oportunidad para mejorar métodos policiales operacionales que puedan prevenir e investigar el delito con mayor eficiencia. Dormirse en los laureles y repetir indefinidamente un método injusto no nos llevará muy lejos. Y peor si el sistema de justicia no evalúa y corrige su lento y deficiente modo de impartir justicia, todavía muy lejano de la pronta y cumplida justicia que supuestamente garantiza la Constitución.

El discurso de odio sustituye al empleo, al ingreso para adquirir la canasta básica ampliada y a las oportunidades. Llena el vacío dejado por el Estado diligente, comprometido con la ciudadanía. La presencia estatal más eficaz es la de las fuerzas represivas, que siembran el terror y la violencia. La necesidad de seguridad ante el desempleo galopante, el hambre y la enfermedad, y la negación de futuro se diluye en las emociones fuertes, suscitadas por una elocuencia deslumbrante, pero insidiosa. La fuente de los mensajes de odio construye objetivos abominables, que concentran la atención y las energías de unas mayorías que más bien debieran reclamar la satisfacción de sus necesidades vitales. Simultáneamente, el responsable de esta desviación perversa refuerza su posición, que sabe débil por sus limitaciones intelectuales y materiales para responder a los apremios de la gente. Adicionalmente, tanto aquellas como este se deshumanizan. El discurso de odio absolutiza la bondad propia y la maldad de los otros. Por eso habla de “tolerancia cero”, una actitud que aparenta firmeza, cuando en realidad oculta inseguridad y miedo por no estar a la altura de las responsabilidades adquiridas. De ahí que se revuelva furioso contra quienes exponen sus contradicciones. La intolerancia olvida que ahí donde hay desigualdad prolifera la violencia. Sin igualdad de oportunidades, la agresión, en sus diversas formas, encuentra un caldo de cultivo que, tarde o temprano, explota destructivamente. No se trata de justificar éticamente la violencia, sino de señalar que, en esas circunstancias, es inevitable. Una vez desatada, se tiende a pensar que la violencia solo puede ser combatida con otra violencia. Aquella se declara criminal o terrorista, y esta, tan provechosa e inapelable que no requiere justificación alguna. Es la bondad de la violencia de los buenos contra la perversidad de la violencia de los malos. Sin embargo, la violencia supuestamente beneficiosa no genera orden, seguridad y estabilidad, sino una violencia más encarnizada y destructiva. El discurso de odio se encarga de racionalizarla, al convertir al otro es una especie de “víctima expiatoria”, que no necesariamente es inocente, pero que tiene menos culpa de la que se le atribuye. En ella se descarga “merecidamente” la rabia acumulada por décadas de menosprecios, humillaciones y frustraciones, mientras libera a los demás de responsabilidad. La exhibición de “un chivo expiatorio” colectivo tiene la virtud de unir a los buenos. La unidad es mucho más sólida cuando es contra “un enemigo común” que cuando es a favor de algo; por ejemplo, para redistribuir la riqueza nacional de una forma más equitativa. Precisamente, eso es lo que se desea evitar. La frustración y la cólera no se dirigen contra la verdadera causa, sino contra un objeto demonizado, que tiene mucho de víctima. Los acaparadores de la riqueza nacional son intocables, ya que militan en el campo de los buenos. El discurso de odio no ofrece ninguna solución, ya que será imposible erradicar la violencia mientras haya desigualdad social. La verdadera solución pasa por la convivencia fundada en la satisfacción de las necesidades básicas y la vida digna de la totalidad, en particular, de las mayorías. El hambre de justicia no equivale a la sed de venganza criminal. La violencia no llena el estómago, no da salud, ni educación, ni vivienda. Satisface los instintos más primarios del ser humano, los cuales, una vez agotados en batallas sin alma, dejan el sabor amargo de la derrota y profundizan la humillación y el resentimiento hasta vaciar la vida de sentido. Contrario al discurso de odio, la convivencia no acepta que nada sea tan malo que no pueda contener algo bueno, ni que nada sea tan falso que no contenga algo de verdad. Y, al contrario, no hay nada tan bueno que no contenga algo de maldad, ni nada tan verdadero que no contenga cierta falsedad. La convivencia enseña a vivir con la ambigüedad de la realidad humana. La tolerancia no se identifica con la aprobación del mal y, mucho menos, con la aniquilación. La tolerancia refiere siempre a la persona, no a su conducta, la cual puede ser íntegra o criminal. Por tanto, no significa aprobar sin más la conducta del otro, sino renunciar a maltratarlo para que pague sus culpas. El discurso del odio es un engaño con pretensiones de gesta grandiosa, preñada de promesas. Suscita emociones intensas que se agotan en sí mismas. No canaliza las energías desatadas hacia la construcción de la convivencia. Por tanto, la desigualdad y la raíz de la violencia social permanecen intactas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que muchos esperaban y otros muchos temían, pasó: Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. El resultado dice mucho tanto de la estrategia y personalidad del hoy presidente electo como de los votantes estadounidenses. La creciente desafección por la democracia y el gusto público por la matonería auparon a Trump, quien goza de una ferviente masa de seguidores que le perdona excesos y abusos que hace un par de décadas hubieran tumbado a cualquier otra figura pública. Pese a estar imputado por delitos graves, haber sufrido un duro revés en el debate con Kamala Harris, cometer crasos errores durante la campaña y sufrir el distanciamiento de incluso un grupo de republicanos, ganó el voto del Colegio Electoral y es muy probable que también el sufragio popular. Durante la campaña, en la que se prodigó en mentiras e insultos, Trump volvió a hacer de la migración y de los migrantes su marca política, utilizándolos discursivamente para sembrar miedo e incertidumbre. Además, logró cargar a Harris con la historia y errores de Joe Biden, y apeló al malestar de los votantes recurriendo a un discurso catastrofista sobre el estado del país y la marcha de la economía. La estrategia mediática le dio resultado. Un éxito en el que la cuestión de género sin duda jugó a su favor. No hay que perder de vista que esta nueva victoria de Trump, al igual que la primera, se da frente a una mujer. Por ello, no es descabellado pensar que una significativa cantidad de estadounidenses se resiste a que una mujer ocupe la oficina oval de la Casa Blanca. El republicano también explotó la homofobia de sus connacionales, aprovechando las declaraciones de Harris sobre el respeto a la diversidad. El reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI+ representaba una aberración para el ultraconservadurismo que se ha apoderado del partido republicano. Y en el marco de la guerra cultural en contra de lo woke, el partido demócrata se habría inclinado demasiado a la izquierda para una parte de sus votantes. Harris nunca la tuvo fácil. Además de ser mujer, empezó tarde, le tocó competir en un entorno sombrío y se enfrentó a un electorado sediento de cambio, sobre todo en materia económica. Ese cambio deseado no podía venir de una de las personas que había estado conduciendo el país. La suerte está echada en los Estados Unidos. Y los autoritarios del mundo, los movimientos que desde la ultraderecha llaman a desmontar la democracia y la seguridad social, los que claman por el regreso de la mujer a la cocina, aquellos que han convertido a la verdad, la decencia y el diálogo fraterno en piezas de museo están de fiesta.

Hace diez años, el 80% de la población salvadoreña vivía con 10 o menos dólares diarios. Y es muy posible que en la actualidad la situación sea igual o parecida. Este grupo de personas viven y trabajan en lugares marginales, tienen una dieta de peor calidad, enfrentan dificultades para acceder a agua potable, usan menos petróleo y consumen menos energía. Pese a que contaminan menos el medioambiente, suelen ser las más expuestas a los desastres de origen climático o sísimico. En este sentido, es evidente que en el país existe una aguda injusticia social y que esta se extiende también como injusticia medioambiental, la cual deteriora las relaciones sociales, avoca a la crisis alimentaria y aumenta los riesgos de desastre. La cultura del consumo y del desperdicio no hace más que agudizar esta situación. En Laudato si, el papa afirma que “todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero”. Lo dicho por Francisco le calza al país. Por ejemplo, no se dispone de un modo apropiado de tratar la basura y los sectores privilegiados, a la vez que producen desperdicios en la misma magnitud que mucha gente de los países ricos, son indiferentes a la necesidad de reciclar. Los riesgos medioambientales de un país tropical como el nuestro no son objeto de preocupación entre quienes pueden marcharse a vivir en el norte si las cosas se complican. Aunque no son mayoría, en El Salvador distintos grupos e instituciones trabajan por el medioambiente y se preocupan por la agroecología sostenible. Ante la crisis del encarecimiento de los alimentos, los esfuerzos no pueden limitarse a crear agromercados y subsidiar precios. El problema de tenencia y utilización de las tierras, y el olvido del productor campesino empujan al país en sentido contrario a la soberanía alimentaria. El cambio climático, que afectará con mayor rigor a los países tropicales, debería convertirse en un aliciente para establecer alianzas en función de generar suficientes alimentos para todos, fomentar la agricultura sostenible y dar a los campesinos una vida digna. El Gobierno debe dialogar con los defensores del medioambiente y priorizar la agricultura ecológica. No cabe la indiferencia ante los riesgos ya palpables de que El Salvador se convierta en un territorio inhabitable. Abandonar la pretensión de saberlo todo y escuchar a los que trabajan por la protección del medioambiente y la productividad en el campo es una tarea impostergable.

El Salvador es ahora país de milagros, según reciente ocurrencia presidencial. Bukele aspira a que sea reconocido no solo como el país donde ha ocurrido el milagro de la seguridad, sino también donde ocurrirá otro milagro, el económico, aunque este “tomará algunos años”. La realidad es bastante más descorazonadora. La seguridad no es un milagro ni un crecimiento económico robusto, sostenido y viable lo será, si algún día llega a darse. La interpretación milagrera de la gestión de la dictadura es pobre, pretenciosa y reñida con la tradición bíblica. Entender el milagro como ruptura del orden natural al margen de la acción humana es surrealista. El Dios bíblico no compite con la realidad. Indiscutiblemente, liberó a Israel de la esclavitud egipcia, pero sin la colaboración activa de Moisés, esa liberación no habría tenido lugar. El auténtico milagro acontece mediante la participación humana en el plan divino de crear una vida abundante, digna y libre de toda esclavitud. La acción divina no violenta ni reemplaza dicha acción. Dios elige colaboradores, les da una misión y los envía. El acontecimiento es extraordinario no por las circunstancias más o menos insólitas que lo rodean, tal como parece pensar Bukele, sino por su finalidad: liberar al pueblo de toda forma de opresión e injusticia. Dicho de otra manera, y contrario a la pretensión presidencial, el milagro no solo no está desvinculado del pueblo, sino también es para que este tenga vida abundante. No para favorecer a unos cuantos. Los milagros de Bukele no benefician al pueblo. Favorecen a unos, pero excluyen y maltratan a muchos otros. No se puede ignorar que la seguridad impuesta descansa en la injusticia y la arbitrariedad, la tortura y el homicidio. Y el futuro milagro económico ya deja un rastro de despojo, miseria y sufrimiento. No puede alegar que el fin justifica los medios. Ni siquiera la moral más tradicional suscribe semejante barbaridad. En consecuencia, la autoridad del susodicho milagro de la seguridad no puede ser atribuido al Dios de Jesús. Si la seguridad fuera milagrosa, estaría acompañada del derecho y la justicia, respetaría la dignidad de los detenidos y trabajaría denodadamente por rehabilitarlos e insertarlos en la sociedad una vez cumplida la pena. Bukele manipula el significado del milagro para presentarse como depositario de poderes sobrenaturales. Si la reactivación económica fuera un portento divino, no generaría desempleo, hambre y desigualdad. Al menos, ampliaría la cobertura y mejoraría la calidad de la inversión social. Además, es inexplicable que un milagro, definido como la irrupción directa e inmediata de la omnipotencia divina, deba aguardar varios años para concretarse. Si así fuera, ese Dios no sería todopoderoso. El dios de Bukele es limitado, ya que debe adaptarse a sus deseos. De ahí que afirme que cuando llegue la prosperidad, si llega, habrá también milagro. Estas incoherencias tienen su razón de ser: es un burdo intento de manosear el nombre de Dios en provecho propio. Si Dios fuera el autor de la seguridad, también sería responsable de las iniquidades del régimen de excepción. Si fuera el autor de la recuperación de la economía, también sería responsable de la concentración de la riqueza en la familia presidencial y los grandes capitales de siempre. Una recuperación económica milagrosa generaría prosperidad general, convivencia pacífica y solidaridad. La creación no es propiedad privada de unos pocos elegidos, sino un bien universal para que la humanidad tenga vida abundante y digna. Si solo Dios es el autor de la acción milagrosa, Bukele se puede presentar como su “enviado”, a través de quien acontece el portento. Sin embargo, al anular la colaboración y la responsabilidad humana, no es más que un enviado “pasivo”. No para la vida del pueblo, sino para prosperar junto con su familia y los grandes capitalistas a costa de la explotación y la opresión de los demás. Un sinsentido se mire por donde se mire. En lugar de rebuscar formulaciones ingeniosas para llamar la atención, sería mucho más humano, y divino, que asumiera con seriedad las responsabilidades propias del poder político que detenta y trabajara incansablemente para que el pueblo tenga la vida que Dios quiere. El legado que desvela a Bukele por las noches no subsistirá con el marketing, sino en el reconocimiento del pueblo agradecido por cuidar de su bienestar. La mercantilización dura lo que dura quien la paga. Desaparecido este, el legado se disuelve rápidamente por falta de fundamento. Entonces, sus seguidores seguirán a otros. Y sus víctimas lo abominarán. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ha salido recientemente un informe que evalúa a nivel mundial la calidad del Estado de derecho en 142 países en 2024. La fundación que lo presenta se llama Proyecto de Justicia Mundial y viene estudiando la cuestión desde 2015. El Salvador aparece en este ranking en la pobre y deficiente posición 111 de 142 países evaluados. Revisando los aspectos que se evalúan para determinar la situación de cada país, se puede advertir que El Salvador aparece en la posición 78 en términos de orden y seguridad, pero ocupa la 140 (la antepenúltima) en lo relativo a justicia penal. En lo que respecta a justicia civil, aparece en posición 85, por encima de países como Panamá, México y Colombia, y 50 puestos arriba de Guatemala. Si acudimos a otros elementos de la evaluación se advierte de nuevo la irregularidad en las posiciones. En derechos fundamentales, aparecemos en posición de nuevo triste: 117; mientras que en cumplimiento normativo estamos en posición 80. En controles del poder ejecutivo, retrocedemos hacia los últimos puestos, quedando en la posición 120. Estos números nos demuestran algo lamentable, que si hubiera voluntad política se podría corregir. En efecto, si de parte del poder ejecutivo hubiera mejores políticas en justicia penal, en la división e independencia de poderes, y en el respeto a los derechos básicos, estaríamos claramente en una posición mucho mejor. El Salvador tiene la capacidad y los medios suficientes para estar en una posición más decente. Pero el Ejecutivo ha implementado e impuesto una serie de políticas autoritarias que nos hacen quedar en los rankings internacionales en posiciones cada vez más degradadas. La propaganda y los relatos en las redes, junto con algunos logros gubernamentales, pueden conseguir el apoyo popular. Pero el hecho de que los logros se encuentren manchados y oscurecidos por la debilidad de las instituciones y por la fragilidad de nuestro Estado de derecho nos mantendrá inevitablemente en una situación de deterioro progresivo. Solamente se podrá recuperar posiciones de respeto internacional en los ranking si el Ejecutivo cambia sus políticas y se abre a la transparencia, al respeto a las leyes y al diálogo con la sociedad civil. Y en esto de los rankings, no sirve echar las culpas a otros ni decir que no importa lo que piensen alguna fundaciones. La inversión extrajera que tanto se desea no acude donde las instituciones tienen problemas graves. Y los rankings evidencian situaciones que la propaganda no puede disimular. El hecho de que Honduras y Nicaragua estén por debajo de nosotros no puede servir de consuelo, como tampoco vale pensar que la popularidad es eterna. El Salvador puede terminar cayendo en una grave crisis si se debilitan aspectos fundamentales como la vocación democrática, el respeto a las leyes y a los derechos de las personas, la transparencia y el acceso a la información pública, la justicia y los mecanismos institucionales de control del poder. La crítica externa no es fruto de la enemistad con un gobierno determinado, sino advertencia de que el rumbo que se sigue no es el adecuado para crecer como país. Escuchar la crítica interna es la mejor manera de buscar caminos que realmente nos conduzcan a superar nuestras debilidades y hacia un desarrollo realmente humano.

Frente a la historia de salvajismo del lejano oeste y la violenta apropiación de las tierras indígenas por parte de los blancos, ofrecer “orden y ley” pasó a ser parte del abecé político de Estados Unidos como una primera síntesis de las obligaciones estatales. La frase se extendió a nivel internacional y pasó a convertirse en una consigna de políticos conservadores, especialmente en países con desarrollo social. Y esto porque el orden y la ley no bastan para construir una convivencia ciudadana pacífica; hacen falta también las redes de protección social propias de los modernos Estados sociales y democráticos de derecho. En El Salvador, con sistemas deficientes y no universales de seguridad social, cualquier avance en orden, incluso sin ley, se vende como un avance hacia el desarrollo. Recientemente se publicó un ranking internacional sobre la situación del Estado de derecho en 142 países. El Salvador se encuentra en la posición 111 y solo destaca positivamente en uno de los temas analizados: el orden y la seguridad en el país. Sin embargo, en términos de justicia penal, parte indispensable del mantenimiento del orden, el país aparece en los últimos puestos. En otras palabras, si bien el país disfruta de un mayor orden y tranquilidad a raíz de la disolución del poder de las pandillas, la justicia penal está por los suelos. La arbitrariedad, el maltrato, el debilitamiento del derecho a la defensa, las formas de reclusión semejantes a la desaparición forzada, el traspaso del castigo desde los detenidos hacia sus familiares por la falta de información de sus parientes y la imposibilidad de visitarlos han convertido a a la justicia penal en una farsa. Hay orden, sí, pero la ley es papel mojado. El orden sin ley eficiente y respetuosa de los derechos ciudadanos no es bueno en el largo plazo, aunque en un primer momento pueda percibirse como ganancia ante una situación previa de desorden salvaje o brutal. Corregido el desorden y conseguida una mayor tranquilidad, corresponde ahora mejorar la situación de la ley. La vieja síntesis de orden y ley demanda suprimir la arbitrariedad de las detenciones, mejorar la capacidad de la Policía y aumentar su presencia en la sociedad, disminuir el peso del ejército en los temas de seguridad y garantizar el cumplimiento de derechos básicos como la detención con tiempos claramente delimitados, la presunción de inocencia y la vista familiar. Centrarse solo en el orden, despreciando y anulando los pequeños avances conseguidos en el campo de una legislación coherente con los derechos humanos, solamente conducirá a nuevos fracasos. La dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez construyó orden prescindiendo de una ley que protegiera a los ciudadanos. El experimento se tradujo en una dictadura y llevó a la muerte a decenas de miles de indígenas y campesinos. Para qué repetir esta historia.

Invocar el nombre de Dios con la frecuencia de Bukele no significa que la fe sea genuina. En efecto, no pierde ocasión para afirmar que Dios lo guía y lo apoya y, por tanto, sus obras proceden de él. Sin embargo, no es fácil identificar quién es el dios invocado. No es el Dios de las tres religiones abrahámicas —el judaísmo, el cristianismo y el islam. Dios prometió a Abraham la posesión de una tierra y una descendencia como las estrellas del firmamento por confiar incondicionalmente en él, hasta el extremo de disponerse a sacrificar lo más querido, su único hijo. El Dios de Jesús pide derecho y justicia para el huérfano, la viuda y los pobres, reprueba severamente a los pendencieros, los vengativos y los indiferentes ante la enfermedad y el sufrimiento de los demás. Evidentemente, la fe es una cuestión muy personal, pero su autenticidad se verifica en la vida, en las actitudes, los sentimientos y las acciones. A eso se refiere el Evangelio cuando avisa que el árbol se conoce por sus frutos, no por unos pocos buenos y muchos inservibles, destinados a la basura. Un funcionario estatal que dice tener en gran estima su fe debiera esforzarse por acreditar su autenticidad, en su vida pública y privada. Consciente de la veleidad de la naturaleza humana, el Evangelio advierte que no todo el que invoca al Señor habla con verdad, sino aquel que hace su voluntad. Y puntualiza, para dejarlo claro, que los amantes de las riquezas, aquellos que juntan un campo con otro y una casa con otra, los explotadores, los opresores, los mentirosos y los homicidas no prevalecerán. No hay, pues, cómo perderse sobre cuál es la voluntad del Dios de Jesús. Las bienaventuranzas muestran sus dimensiones fundamentales. La primera es trabajar por el derecho y la justicia, porque abren el camino a la paz, en contraposición a la represión y la violencia. La segunda, enfrentar los conflictos con mansedumbre, no con insultos y agresiones. La tercera, desvelarse para que no haya hambrientos, enfermos, llorosos y perseguidos. La cuarta, tener compasión de los afligidos y practicar la misericordia con ellos, consolándolos y ayudándolos a superar la tribulación. La benevolencia con el débil o el derrotado es intolerancia con la causa de su aflicción. La quinta, cultivar un corazón limpio del tener y del poder para servir lealmente a los demás y a Dios. El corazón limpio ve a Dios en los pobres. No es indiferente y permisivo ante los males del mundo. Finalmente, no buscar las riquezas, sino compartir de tal modo que haya para todos y todos se sientan bienvenidos. El clamor de los pobres llega hasta a Dios, que pide superar activamente la pobreza. Ninguno de estos preceptos figura en las prioridades de Bukele ni su conducta se ajusta a ellos. En consecuencia, el dios que tanto invoca no es el cristiano, sino uno hecho a su medida. Uno que lo deja en libertad para hacer como le plazca, que no le pide cuentas y que aprueba siempre su conducta. Este dios es una construcción muy útil. No solo legítima sus riquezas y su poder absoluto, sino también, quizás, le permite dormir tranquilo. Este es un dios al servicio del poder y la riqueza. El verdadero creyente, en cambio, se pone al servicio del Dios de Abraham. Un Dios cuya gloria es, como monseñor Romero dijo sabiamente, que los pobres vivan. La posición de Bukele es única y privilegiada. Tiene a su alcance poner los fundamentos que hagan posible una vida digna para las mayorías empobrecidas y abandonadas a mediano y largo plazo. En sus manos está colocar a su servicio el poder absoluto que detenta. El gran obstáculo no es la oposición política y económica, sino la mentalidad de mesías exitoso. El “triunfador” no entiende qué es servir. Más bien, se sirve de los demás para satisfacer los apetitos más mezquinos. A pesar de sus “triunfos”, corre el riesgo de caer derrotado por sus ambiciones. Aunque satisficiera algunas, su legado no se corresponderá con sus expectativas más queridas. El verdadero triunfador es quien hace más digna y plena la vida de los demás. Este es el criterio último para determinar si la fe confesada es verdadera. En la práctica, a Bukele y su régimen, la suerte de la gente les tiene sin cuidado, pese a la responsabilidad adquirida. Su dios es un ídolo, en cuyo altar sacrifican a las mayorías, incluso a sus seguidores, para obtener poder y riquezas. Muy seguros de su protección, desconocen que, en el momento menos pensado, el ídolo también los devorará a ellos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda entregó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado y la Ley de Salarios para 2025. El presupuesto alcanza los 9,663 millones de dólares, 970 millones menos que el de este año. De inmediato, la lupa de la opinión pública se centró en las carteras a las que se les reduce la asignación y aquellas otras que experimentan un aumento presupuestario. Por su parte, la propaganda oficial destacó que no habría “necesidad de emitir un solo centavo de deuda para la cancelación de pagos corrientes”. Desde hace ya algún tiempo, organismos financieros internacionales le exigen a El Salvador realizar un ajuste fiscal para ser sujeto de préstamo, ya sea aumentando los ingresos o reduciendo los gastos. Y según lo que está a la vista, la administración de Nayib Bukele ha optado por la alternativa de reducir los gastos. Para conocer las verdaderas prioridades de un Gobierno, más que fijarse en lo que dice, hay que ver su presupuesto. Este es una herramienta no solo económica, sino de política fiscal. El presupuesto muestra las prioridades y objetivos gubernamentales para un país; y de dónde obtiene los recursos financieros y cómo los redistribuye. Salvo alguna emergencia grave, lo que se presupuesta es lo que hace. Todo lo anterior es válido en un país normal, pero El Salvador de hoy no lo es. En el Salvador, el presupuesto que se ejecuta no es el mismo que se presenta a la Asamblea Legislativa. En 2022, se hicieron 56 reformas a la estructura presupuestaria y en 2023, 57. Hasta el mes de julio de este año, ya se habían hecho 31 modificaciones. El presupuesto proyectado para 2025 reduce recursos para Salud, Educación, Agricultura, Hacienda y Justicia, y aumenta la asignación a Defensa (Fuerza Armada), a la Presidencia, al Órgano Judicial y a Gobernación y Desarrollo Territorial. Es decir, los recortes impactarán a los sectores sociales que más dependen de los servicios públicos. Salud y Educación son las carteras a las que más se recorta. Además, según proyecciones, 11,176 empleados públicos serán despedidos en 2025. El recorte también incluye medidas como la suspensión de aumentos y nivelaciones salariales, la prohibición de abrir nuevas plazas, y el congelamiento de los escalafones de salud y de educación. Y no hay que perder de vista que la deuda del Estado con los ahorrantes de las AFP ya sobrepasa los 10 mil 230 millones de dólares, 5 mil millones más que en 2019, con el agravante de que por una reforma al sistema de pensiones promovida por el oficialismo, el Gobierno no pagará intereses ni capital de la deuda previsional hasta 2027. Es otras palabras, el recorte presupuestario lo sufrirá la población que usa los servicios públicos de salud y educación, y los empleados públicos que serán despedidos. Así las cosas, el Ejecutivo está más interesado en cumplir las exigencias de organismos externos, aplicando medicina amarga a los sectores más pobres del país, que en atender las necesidades básicas de las mayorías. Mientras, la nueva élite cyan sigue con su tren de gastos y despilfarros, disfrutando de las mieles del poder.

En armas se gasta demasiado en todo el mundo. El 2023 se gastaron 2.440.000.000.000 dólares. En palabras 2.44 billones de dólares. La guerra de Ucrania ha impulsado el rearme en casi todo el mundo. Es como una epidemia; cuando los más poderosos se arman más, los pequeños se contagian y gustan imitarlos. El papa Francisco decía en su carta Fratelli Tutti que dada la capacidad letal de las armas “hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible “guerra justa”. Y es que en efecto, el potencial destructivo de las armas actuales es en buena parte la causa de que en las guerras actuales terminen muriendo más civiles que militares. En el pasado la proporcionalidad de la respuesta a un ataque es lo que podía hacer justa una guerra defensiva. Hoy la desproporción y el dolor injusto a los civiles dominan la mayor parte de las guerras. Y cuando no hay guerras, que es lo mejor que le puede pasar a la humanidad, las armas se acumulan hasta volverse obsoletas y convertirse en chatarra. Hace unos años era frecuente cruzarse con rastras que traían a las fundidoras salvadoreñas desde Nicaragua la chatarra guerrerista que Rusia le había donado al país de los pinoleros para luchar contra los grupos guerrilleros de la así llamada “contra”. La guerra es un modo de relación de poder obsoleta. Si ya en la antigüedad el poder de la conciencia terminaba ganando la batalla a las armas (vg.: Los mártires de los 3 primeros siglos), los movimiento de Gandhi. Martin Luther King, o el trabajo por la paz en El Salvador nos demuestran que la conciencia tiene mayor eficacia que las armas o el poder físico y causa menos bajas que lo enfrentamientos armados. Al final las armas sirven para matar en tiempo de guerra o para terminar tirándolas cuando la paz se prolonga. Y mientras se gasta en armas, quedan en muchos países del mundo necesidades sin cubrir y pobreza sin derrotar. Incluso en ocasiones, y especialmente en nuestros países pobres, la utilización de vehículos de guerra ya envejecidos, produce luto y muerte, como hemos visto en el reciente accidente cerca de Pasaquina de un helicóptero de la Fuerza Aérea. En este contexto, que a algunos les parecerá demasiado simple, pero al que no se le puede negar un margen alto de realidad, nos encontramos en el Salvador con un presupuesto que a lo largo de estos últimos 20 años de paz ha ido triplicando los gastos militares. En vez de fortalecer a la Policía Nacional Civil se ha preferido darle fondos a los militares para utilizarlos en unas labores de seguridad ciudadana para la que no están preparados. Quienes defienden el derroche suelen decir que gracias al apoyo militar hemos controlado la brutalidad de las maras. Pero nunca han demostrado que la inversión en ejército sea mejor que la inversión en policía para estos temas de seguridad ciudadana. Con una policía más eficiente, mejor formada, mejor pagada y más numerosa, incluso se superaría el retardo judicial existente actualmente y mejoraría la desproporción existente entre los casos que entran al sistema judicial y los que terminan con sentencia firme. Aunque la responsabilidad de los casos llevados a juicio y que quedan sin resolver es más de la Fiscalía y del sistema judicial, una buena policía, con mayor capacidad de investigación, mejoraría indudablemente las cosas. El mejor destino de las armas es siempre la basura o la reutilización de sus materiales, fundamentalmente el hierro, para el desarrollo. El aumento en la tenencia de armamento, tanto en manos militares como civiles, no elimina las causas de la violencia. Al contrario, puede aumentarlas y agravarlas. En una región como la centroamericana, en la que hay tantos vínculos institucionales, de amistad e incluso de parentesco entre nuestros países, la existencia de cuatro ejércitos de cuatro diferentes nacionalidades no tiene mayor sentido. Lo mejor es avanzar hacia la desaparición de los ejércitos convencionales y hacia el fortalecimiento e interconexión de las policías. Lo único que se podría mantener como fuerza armada centroamericana, al menos durante un tiempo, sería la creación de una fuerza militar de paz común que contribuya con las Naciones Unidas en las tareas de solidificar la paz en países con guerras internas. Los cascos azules nos ayudaron en la construcción de la paz en El Salvador, y justo es también que los centroamericanos colaboremos con el esfuerzo internacional de terminar con las guerras. La fuerza, el valor y la eficacia de la conciencia humana será siempre superior a las guerras. Y por eso es siempre más importante invertir en educación que en ejército.

A pesar de la necia insistencia de algunos funcionarios en negar la vinculación del país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU invirtió aproximadamente 99 millones de dólares durante 2023 para que El Salvador avanzara en el cumplimiento de dichos objetivos. En el informe sobre la gestión de esos fondos, se dan datos que merece la pena citar. Según el documento, el año pasado un 11% de la población padeció inseguridad alimentaria; en otras palabras, más de 600 mil compatriotas pasaron hambre o estuvieron en riesgo de sufrirla; las agencias de la ONU que informan sobre El Salvador estiman que en 2024 la cifra será de 942 mil personas. Además, los hogares que afirman encontrarse sin acceso a agua potable ascienden al 21%; es decir, un millón y medio de personas no tienen acceso a algo tan básico. Esta situación resulta escandalosa para cualquier conciencia mínimamente solidaria. El derecho a la alimentación no supone ser alimentado por otros o por el Estado, sino tener un ingreso que permita adquirir los alimentos requeridos para una vida sana y digna. En esa línea, al Estado le corresponde desarrollar una política de producción agrícola, invertir en ella y garantizar que los sueldos alcancen para alimentarse adecuadamente. Que en El Salvador más del 60% de la población esté subempleada, tenga un trabajo inestable y no esté afiliada a la seguridad social, aumenta el riesgo no solo de caer en la pobreza, sino también de pasar hambre. La persistencia de la pobreza, que afecta al menos a una cuarta parte de los ciudadanos (más de dos millones de personas), aumenta las posibilidades de que un buen número de compatriotas sufran hambre crónica. El tema es preocupante; la ciudadanía debe exigir políticas públicas y medidas concretas que enfrenten la realidad del hambre y de la pobreza. La revisión y aumento del salario mínimo, que corresponde hacerlo durante este año 2024, no se debe posponer. El costo de la canasta básica alimentaria se ha elevado de tal modo que el salario mínimo resulta insuficiente para cubrir las necesidades del hogar. El refuerzo alimentario en las escuelas, la pensión no contributiva a ancianos en pobreza, la subida del salario mínimo, la formalización del trabajo informal, el apoyo a comerciantes de dicho sector y a emprendedores, la mejora cualitativa de la educación y el bachillerato obligatorio deben ser responsabilidades gubernamentales prioritarias. El hecho de que la pobreza sea mayor en las zona rurales que en las urbanas muestra la despreocupación estatal por la producción alimentaria. El hambre es una realidad inhumana que debe revertirse. Si a causa de una deuda externa que no para de crecer el país cayera en situación de impago, las repercusiones de la falta de soberanía alimentaria serían brutales para las mayorías.

La información sobre la adquisición de un edificio antiguo en el Centro histórico por uno de los hermanos Bukele descolocó a la familia presidencial. El hermano presidente nunca antes había perdido la compostura como en esta ocasión ni sus hermanos habían polemizado con los críticos en las redes sociales. Los Bukele reaccionaron con “el ladrón juzga por su condición” y “el que las usa, se las imagina”, afirmaciones que aparentan decir todo, sin aclarar nada, para desviar la atención hacia el periodista. Luego, dieron lecciones sobre cómo establecer una empresa, acumular capital o administrar un negocio. Consejos que están fuera de lugar. Al igual que sus diputados, sus intervenciones empeoraron su posición. Si no desean o no pueden responder directamente a los cuestionamientos, lo más prudente es guardar silencio, como lo hicieron cuando se reveló que casi habían duplicado su propiedad con la adquisición de varios inmuebles, valorados en más de nueve millones de dólares, y como lo hacen constantemente ante las interpelaciones de la gente. La apasionada respuesta de la familia presidencial indica que la denuncia tocó una fibra muy sensible, pero como no aclara las dudas sobre su capital, alimenta la sospecha de que oculta algo muy grueso. El origen de la contrariedad no es la fuente, sino los hechos revelados. La cuestión no consiste en si el periodista recibió financiamiento, sino si su información es verídica o no. Si los datos son ciertos, la existencia de un pago para perjudicar a la familia presidencial no les resta credibilidad. En todo caso, arroja dudas sobre el motivo detrás de la difusión de un secreto familiar. Si la información es falsa, entonces, sí, se justifica criticar la fuente. La obstinada resistencia a facilitar información y la reacción tan poco presidencial de Bukele apuntan a la primera posibilidad. El tema no es si la familia Bukele invierte o no en el país, ni si confía o no en las promesas del hermano presidente como para invertir una porción grande de un patrimonio originalmente de dimensiones más bien modestas. Tampoco se discute si usó información privilegiada, sino el origen de más de un millón de dólares para adquirir el inmueble en cuestión y remodelarlo. La legalidad de la transacción no está reñida con las exenciones impositivas decretadas por el hermano presidente dos meses y medio antes. No se trata de una familia inversionista cualquiera, empeñada en aumentar sus ingresos y su capital, sino de la familia presidencial. En concreto, de un hermano del presidente, quien no puede alegar ser un ciudadano común y corriente, cuyas actividades, por tanto, tienen carácter privado. Si bien no es un funcionario, es uno de los poderes más influyentes detrás del sillón presidencial. Por otro lado, la rápida y abultada expansión del capital de la familia suscita dudas sobre su legalidad. Los hermanos Bukele lo atribuyen a la herencia paterna, lo cual llevó a sus detractores a indagar su procedencia y su legitimidad. Sus averiguaciones arrojan más sombras que luces. Es irónico que la causa de la polémica sean los mismos Bukele. Si la información fluyera, la controversia actual no tendría sentido. Un presidente que se precia de estimar la honradez por encima de cualquier otra cosa se habría esmerado en dar cuenta de sus ingresos y su patrimonio y del de sus hermanos. La transparencia es la mejor defensa contra los cuestionamientos y, además, permite perseguir a los corruptos con autoridad. Si la familia presidencial es un ejemplo de honestidad, qué sentido tiene ocultarlo. Los objetivos de Bukele están claros. Su prioridad es su familia y su legado. Más este que aquella. El legado le quita el sueño, la familia no. Tampoco lo altera la postración del pueblo salvadoreño. Su mayor temor es ser recordado como corrupto por las futuras generaciones. La fama y la familia son valores tan firmes que no estaría dispuesto a arriesgarlos por dinero. Uno de los Somoza dijo que todo es comprable si se paga su precio. Un buen “cañonazo” de dólares es irresistible. Aunque las revelaciones periodísticas pusieron en entredicho las prioridades presidenciales, la solución es relativamente fácil. El honor de la familia y el legado presidencial se redimen con información clara, completa y veraz. La familia Bukele es víctima de sus propias maquinaciones. Levantó barreras para proteger sus tejemanejes de la crítica, pero fue demasiado lejos o demasiado ingenua. Ya está claro “en qué liga estamos jugando”: una donde Bukele comienza a perder un partido tras otro. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras el mundo vive una era en la que las personas hacen público lo que antes era parte de la esfera privada, El Salvador y su Gobierno se rigen por el principio de la máxima reserva de la información que, por ley, es pública. Según la Real Academia de la Lengua Española, “transparente” significa “algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Por el contrario, lo opaco es algo oscuro, poco claro. La transparencia es contraria a la corrupción, que depende de la opacidad para medrar. De hecho, la transparencia que conlleva la rendición de cuentas nace como un mecanismo de control de la corrupción; por eso, en la actualidad, la transparencia es considerada como el principal antídoto contra la corrupción y un requisito para cultivar la confianza ciudadana. Por tanto, es un derecho que le permite a la ciudadanía conocer sobre los procesos, los presupuestos, los contratos y todas las acciones relacionadas con el uso de los recursos públicos. Es de rigor en materia democrática que el proceso de toma de decisiones esté expuesto al examen de los mecanismos de control y de la ciudadanía, de modo que la gente conozca qué medidas se toman y quiénes son sus responsables. Lo que ha pasado en el país es que la frontera entre lo público y lo privado ha desaparecido. En la actualidad, Nayib Bukele y los suyos gobiernan desde una lógica patrimonialista; es decir, entendiendo al Estado como una de sus propiedades. Antes se decía que el país y sus recursos eran usados como una finca, ahora más bien se dispone de ellos como la empresa privada de la familia gobernante. Y el respaldo social al Gobierno se interpreta como licencia para no rendir cuentas de nada ni a nadie. Procesar presidentes por corrupción fue posible por las condiciones de transparencia de ese momento. Al llegar la administración de Bukele, la Secretaría de Transparencia fue eliminada y al Instituto de Acceso a la Información Pública se le convirtió en simple adorno. Y así la opacidad pasó a ser política de Estado. Se ha ocultado información sobre la compra de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia, sobre el bitcoin, sobre las grandes construcciones y sobre un muy largo etcétera. Antes los mandatarios debían presentar su declaración patrimonial al comenzar su gestión y al terminarla, ahora eso es parte de la información reservada. ¿Para qué esconder el uso del dinero público si todo de verdad se hace bien? ¿Por qué atacar a quienes cuestionan la falta de transparencia si se tiene las manos limpias? En el Plan Cuscatlán, en el apartado de modernización del Estado, en el eje 2, que trata sobre gobierno abierto, se afirma que “se aspira a conducir el Estado hacia la fiscalización social y la auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos”. Y más adelante, que “la rendición de cuentas se visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por obligación, sino por convicción de parte del servicio público”. Por supuesto, el Plan quedó en papel mojado; El Salvador tiene hoy el Gobierno más opaco de toda la posguerra. Ni Arena, ni el FMLN se atrevieron a tanto. Y por ello la fobia de Nayib Bukele y los suyos a la transparencia es lógica y necesaria: como al parecer todo deben, todo temen.

Editorial UCA Mientras el mundo vive una era en la que las personas hacen público lo que antes era parte de la esfera privada, El Salvador y su Gobierno se rigen por el principio de la máxima reserva de la información que, por ley, es pública. Según la Real Academia de la Lengua Española, “transparente” significa “algo claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad”. Por el contrario, lo opaco es algo oscuro, poco claro. La transparencia es contraria a la corrupción, que depende de la opacidad para medrar. De hecho, la transparencia que conlleva la rendición de cuentas nace como un mecanismo de control de la corrupción; por eso, en la actualidad, la transparencia es considerada como el principal antídoto contra la corrupción y un requisito para cultivar la confianza ciudadana. Por tanto, es un derecho que le permite a la ciudadanía conocer sobre los procesos, los presupuestos, los contratos y todas las acciones relacionadas con el uso de los recursos públicos. Es de rigor en materia democrática que el proceso de toma de decisiones esté expuesto al examen de los mecanismos de control y de la ciudadanía, de modo que la gente conozca qué medidas se toman y quiénes son sus responsables. Lo que ha pasado en el país es que la frontera entre lo público y lo privado ha desaparecido. En la actualidad, Nayib Bukele y los suyos gobiernan desde una lógica patrimonialista; es decir, entendiendo al Estado como una de sus propiedades. Antes se decía que el país y sus recursos eran usados como una finca, ahora más bien se dispone de ellos como la empresa privada de la familia gobernante. Y el respaldo social al Gobierno se interpreta como licencia para no rendir cuentas de nada ni a nadie. Procesar presidentes por corrupción fue posible por las condiciones de transparencia de ese momento. Al llegar la administración de Bukele, la Secretaría de Transparencia fue eliminada y al Instituto de Acceso a la Información Pública se le convirtió en simple adorno. Y así la opacidad pasó a ser política de Estado. Se ha ocultado información sobre la compra de medicamentos e insumos sanitarios durante la pandemia, sobre el bitcoin, sobre las grandes construcciones y sobre un muy largo etcétera. Antes los mandatarios debían presentar su declaración patrimonial al comenzar su gestión y al terminarla, ahora eso es parte de la información reservada. ¿Para qué esconder el uso del dinero público si todo de verdad se hace bien? ¿Por qué atacar a quienes cuestionan la falta de transparencia si se tiene las manos limpias? En el Plan Cuscatlán, en el apartado de modernización del Estado, en el eje 2, que trata sobre gobierno abierto, se afirma que “se aspira a conducir el Estado hacia la fiscalización social y la auditoría permanente por medio de la apertura y disposición de datos en formatos de datos abiertos”. Y más adelante, que “la rendición de cuentas se visualiza como una práctica cotidiana e institucionalizada que debe realizarse no solo por obligación, sino por convicción de parte del servicio público”. Por supuesto, el Plan quedó en papel mojado; El Salvador tiene hoy el Gobierno más opaco de toda la posguerra. Ni Arena, ni el FMLN se atrevieron a tanto. Y por ello la fobia de Nayib Bukele y los suyos a la transparencia es lógica y necesaria: como al parecer todo deben, todo temen.

El lenguaje tiene las más de las veces una función orientada a la acción. Por eso alguna frases y discursos pueden resultar profundamente peligrosas. Un padre de familia machista y que ejerza como tal puede crear un seria baja autoestima en sus hijas, o convertir a su hijo en un futuro maltratador de mujeres. Todos conocemos las aberraciones brutales de los discursos racistas y antisemitas de Adolf Hitler y a dónde condujo el odio concentrado en las palabras. Toda persona con poder, desde los estratos más sencillos a los más altos, tiene responsabilidad con su lenguaje. El odio a grupos étnicos, a grupos sociales, o simplemente a opositores, puede llevar a unas situaciones de violencia que niegan valores básicos de humanidad. Hay países en los que ese tipo de lenguaje, a veces alentados por algunas personas con cierto liderazgo ideológico, han llevado a disparar contra inocentes y a causar innumerables muertes. Poner algunos ejemplos de frases peligrosas nos ayuda a reaccionar frente a ellas, en las últimas semanas el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y actual candidato a la Presidencia de dicho país, se ha lucido lanzando frases de contenido racista tan desaforadas como peligrosas. Afirmar, refiriéndose a inmigrantes, que Estados Unidos sufre “una invasión de salvajes criminales” puede parecer una bufonada de un fulano imbécil, pero en realidad es un acto de agresión racista con evidentes tintes de aporofobia. Y cuando las frases se repiten diciendo que los migrantes violan a las mujeres norteamericanas, que se comen las mascotas o que vienen de países de mierda, no se puede uno contentar con que se nos diga que es lenguaje político, que no hay que hacer caso, o que al final no pasará nada. La violencia verbal, y Trump la tiene, siempre es un presagio de otras formas de violencia. Un país como el nuestro, que le debe tanto a los migrantes, y que sabe que la inmensa mayoría de los que han ido a Estados Unidos son gente honrada, solidaria y trabajadora, no puede quedarse ni indiferente ni tranquilo ante este tipo de agresiones a la dignidad de nuestra gente. Como sabemos que el pueblo norteamericano es en su conjunto mucho más sensato que este millonario senil y malcriado, estamos seguros que sus palabras no llegarán a desencadenar brutalidades como las que Hitler propició. Pero de lo que no hay duda es de que el lenguaje de este ex presidente se parece bastante al del genocida alemán. Aunque en un tono no como el de Trump, hay también otras frases peligrosas que ponen en riesgo valores básico. Recientemente, en un contexto de enfrentamiento con las acusaciones de mal trato carcelario en El Salvador que vertió Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile y ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, nuestro presidente contestó afirmando que “estos organismos de derechos humanos en realidad sólo existen para defender los derechos de los criminales”. La frase es peligrosa porque en primer lugar no es cierta. El sistema de Derechos Humanos de la ONU ayudó a que finalizáramos la cruel guerra civil que nos sacudió en el pasado. Y ha tenido en Centroamérica una clara actividad en favor de las víctimas de la violencia estatal en momentos de conflicto y de abuso de poder por parte de estamentos militares. La frase es peligrosa porque indica un actitud repetitiva y hostil a un tema que es básico para la convivencia y que no se arregla simplemente con la verborrea de un comisionado asalariado, encargado de decir que todo camina bien en el campo de los derechos. En El Salvador hay excelentes instituciones defensoras de Derechos Humanos. No escucharlas o no dialogar con ellas es un error. Atacarlas o sembrar con el lenguaje una estigmatización en perjuicio de personas que defienden derechos no hace más que dañar la democracia y generar riesgos para personas comprometidas en la defensa de la igual dignidad humana.

En la tendencia a dañar y estropear el Estado de derecho y a reducir —cuando no eliminar— derechos ciudadanos, la semana pasada se propuso aumentar los términos máximos de la prisión preventiva en el país, fijados hasta ahora en dos años. La propuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública es que la prisión preventiva por un delito equivalga a la mitad del máximo de años de cárcel establecido para esa falta. En otras palabras, si la pena máxima por un homicidio es de 30 años, la prisión preventiva y el plazo para dictar sentencia sería de 15 años. De este modo, si el encausado fuera inocente, podría permanecer 15 años encarcelado por un delito que al final el juez diría que no ha cometido. Considerando que las condenas pueden sobrepasar los 40 años, la propuesta daría pie a la arbitrariedad acusatoria y la pereza judicial. La propuesta es disparatada desde todos los ángulos y puntos de vista. Ya los anteriores Gobiernos negaron en la práctica la presunción de inocencia; el actual quiere llevar la situación a condiciones semejantes a las de la Inquisición, hace cinco siglos. De hecho, ya se está violando el artículo 12 de la Constitución, que dice claramente que “toda persona a quien se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”. Los largos años de cárcel a la espera de juicio no son asunto nuevo en El Salvador, pero la falta de garantías para la defensa y las grave irregularidades en los procesos judiciales a raíz del régimen de excepción muestran a las claras una situación evidente de indefensión y de vulneración de derechos humanos básicos. Si se llega a admitir esa ley que promueve y legitima el castigo anticipado, las denuncias internacionales colocarán al país en una situación difícil. El presidente de la Corte Suprema de Justicia advirtió a los diputados del riesgo de que el exceso de tiempo en prisión preventiva pueda considerarse una anticipación de la pena y sugirió la posibilidad de cambiar la propuesta de modo que solo aplique a casos fundados en la normativa legal. Con ello se evidencia que el magistrado conoce la jurisprudencia internacional y desea que el país no caiga en otra violación del Estado de derecho. Pero trasluce también la dependencia de los jueces y su miedo a no atender adecuadamente los caprichos de quienes hoy en día dirigen la política penal. Un juez independiente le habría dicho a los diputados que la propuesta es inconstitucional. Queda claro, pues, que urge recuperar la independencia judicial. Por desgracia, esto carece de importancia para quienes se han acostumbrado a pensar que la obediencia al Ejecutivo es la única manera de conservar puestos y privilegios.

En Argentina, Bukele no pudo presentar la economía nacional como su segundo gran éxito después de la seguridad. El ego y la realidad se combinaron para traicionarlo. Se presentó ante la vicepresidenta argentina como un líder cosmopolita y refinado, sin convencer. El discurso enrevesado y el lenguaje rebuscado no fueron suficientes para imprimir credibilidad a un relato desinformado, inconsistente y contradictorio. La expresión de pasmo de su interlocutora, ultraderechista, pero educada, lo dijo todo. Bukele quiso presentar una realidad económica muy prometedora, pero se perdió e hizo exactamente lo contrario En efecto, reconoció que el desempleo es general. Las tres excepciones que hizo para matizar esa realidad no están respaldadas por las estadísticas oficiales. La zona rural se vacía a pasos agigantados por falta de empleo y no existe un plan de recuperación. La construcción ha retrocedido y el desempleo ha aumentado. Es falso, por tanto, que se importe fuerza de trabajo hondureña y nicaragüense. En la industria, el desempleo se ha duplicado en un año. El turismo no es diferente. Bukele no se atrevió a analizar el problema. Se contentó con agregar un lacónico “ahí vamos”. No podía decir más, porque no había nada más que decir. La economía no va ni bien, ni mal. Puede ir mejor, pero también puede ir peor. En esa ambigüedad del “sí, pero no”, Bukele le dijo a la vicepresidenta que la juventud es una “apuesta grande” y, sin más, negó la incidencia de los proyectos directos —el grafiti, las patinetas y el hip-hop— que trajo a cuento como prueba al aclarar que “no hay forma que el gobierno tenga presupuesto para cambiar a una generación de jóvenes”. Mucho menos si recorta el presupuesto de educación y cultura para engrosar el de la presidencia y la defensa. La juventud no es prioridad para Bukele. Al igual que la mayoría de la población, debe aguardar a que, en algún momento, “la economía mejore”, ya que es “la única forma de cambiar todo”. Cuando eso ocurra, los jóvenes se animarán a hacer dinero y a acumular patrimonio. Eso no ocurrirá. La economía no crece por arte de magia ni multiplica ininterrumpidamente por dos el PIB, desde uno hasta los miles de millones de dólares, tal como un Bukele impertérrito le aseguró a una vicepresidenta estupefacta. Confundió el interés compuesto con una simple multiplicación. Una extravagancia que las redes digitales no le perdonaron. En consecuencia, los desempleados y los jóvenes, continuó Bukele, no deben desesperar. La prosperidad llegará, aunque “no va a pasar de la noche a la mañana”. Eso sí, cuando llegue, no será de “unos pocos, sino la economía de la mayoría”. No obstante, hasta ahora, no ha dado ningún paso para redistribuir el ingreso nacional, que se acumula en los grandes capitales, las multinacionales y su familia. Abandonada a las fuerzas ciegas y la mano invisible del mercado, la economía crea un capitalismo salvaje, el ideal del neoliberalismo actual. Por tanto, si llega a crecer, no será en beneficio de los desempleados y los jóvenes. Tampoco habrá escuelas, hospitales, infraestructura y “todo lo demás”, tal como promete Bukele. Su presupuesto para el año que viene así lo establece. El ejército de desempleados ya no es el motor de la economía. En su lugar, Bukele ha colocado la infraestructura. Tal vez porque no había descubierto “la función simétrica” de las carreteras, que lo mismo conducen a la escuela que a la playa o al trabajo. El desarrollo con equidad exige más que un crecimiento económico multiplicado por dos hasta el infinito. Exige decisiones, programas, mecanismos y procesos orientados a una mejor distribución del ingreso, a crear fuentes de trabajo digno y a la promoción integral de los jóvenes, los desempleados y los excluidos en general. Pretender aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral, crea más desigualdad y exclusión. La invocación del nombre de Dios no faltó en Argentina. Bukele confesó ser un creyente sincero y abundó en sus creencias. Reconoció la misericordia de Dios y la dignidad de todos los seres humanos, imagen e hijos suyos. La profesión de fe de Bukele no es tan piadosa como parece. Se sirvió de ella para justificar la violación sistemática de los derechos humanos de la población penitenciaria. Dios perdona a sus hijos arrepentidos, pero él no. Dios los creó a imagen suya y les confirió una dignidad irreductible, pero sus carceleros y torturadores los tratan como objetos abominables. La fe verdadera no pisotea la dignidad de los hijos de Dios, incluidos los criminales. Estos no son un error, sino ovejas perdidas, que cometieron errores, algunos muy graves. Nadie es un error y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, algo que Bukele les niega. No actúa como hijo de Dios, sino como ángel exterminador. Cabe recordarle que con la medida que trata a los otros, así será tratado cuando le llegue la hora. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Un año ha pasado desde que, el 7 de octubre de 2023, la organización palestina Hamás lanzó el que es considerado el ataque más mortífero en la historia de Israel, el cual se saldó con 1,200 personas asesinadas (en su mayoría civiles), 5,400 heridos y 251 rehenes (97 de ellos siguen cautivos). El operativo provocó indignación generalizada. Sin embargo, el hecho no puede comprenderse en toda su magnitud sin considerar los factores históricos, sociales y estructurales que explican las extremas condiciones de precariedad en las que viven los palestinos en la franja de Gaza. Ignorar la permanente negativa de Israel a cumplir los acuerdos de Oslo de 1993, que buscaron sentar las bases para un Estado israelí y uno palestino conviviendo en paz, es una omisión imperdonable. No traer a cuenta la progresiva invasión de Israel a territorios palestinos y el bloqueo y asedio que estos han sufrido durante los últimos 15 años es no comprender la complejidad del problema. Rendir homenaje a los 1,200 israelís asesinados hace un año es de rigor, al igual que denunciar la respuesta de Israel al ataque de Hamás: las víctimas mortales por la represalia israelí en la Franja de Gaza suman ya 41,467; de ellas, 11,300 son niños y niñas. Además, se registran 95,921 heridos y el 90% de la población ha sido desplazada. La ONU estima que más del 70% de todas las viviendas de las familias de Gaza han resultado destruidas o dañadas desde el comienzo de los operativos. A la luz de estas evidencias, es un eufemismo calificar como desproporcionada la reacción de Israel; el término apropiado es genocidio. Nadie, ni siquiera Estados Unidos, ha podido evitar que Israel pase por encima de los parámetros internacionales de respeto a los derechos humanos. Israel ha bombardeado escuelas, hospitales, hospicios y guarderías con total impunidad. Lo que pasa en Gaza y que se extiende progresivamente a otros territorios esta lejos de ser una guerra entre iguales, porque los recursos con los que cuenta Israel son incomparables a los de sus adversario. Por ejemplo, el PIB israelí es 488,500 millones de dólares; el de Palestina, 5,407. El ingreso per cápita de un israelí es 50 veces mayor al de un palestino. Para profundizar en la desigualdad de recursos, Estados unidos, desde que inició el conflicto, envió 17,900 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Además, el 23 de abril de este año, el Senado de Estados Unidos, aprobó otros 26,400 millones. El fracaso de la sociedad mundial para poner paro al castigo indiscriminado contra millones de palestinos marca un hito en la actual etapa oscura de la humanidad. Para detener el genocidio en Gaza no basta con llamar a la paz a Israel y Palestina; se deben tomar medidas serias que ayuden a lograr ese objetivo. Quienes proveen las armas y los equipos tienen gran responsabilidad en esta tragedia, así como las lecturas históricas interesadas, los intereses geoestratégicos y la narrativa religiosa que justifican la violencia.