Editoriales y Opiniones

Como ya se ha dicho antes, puesto que la Constitución es fruto del modo de convivencia por el que el país ha optado, toda propuesta de cambiar su texto debería ser de conocimiento de la población y debatirse públicamente, no ser asunto exclusivo de diputados. La Constitución prevé, en su artículo 248, los tres pasos para su reforma: primero, acuerdo de reforma adoptado por una legislatura; segundo, realización de la elección legislativa periódica para que la población vote por los diputados que apoyan o no tal acuerdo; y tercero, ratificación de la reforma por la nueva legislatura. En la iniciativa de reforma constitucional del citado artículo 248 presentada por diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa anterior, estos afirmaron que habían visto la necesidad urgente de modificar la Carta Magna ante los “cambios acelerados y las nuevas realidades que se van presentando”, para que “las generaciones actuales y venideras tengan una herramienta por la que puedan enfrentar de forma inmediata según la urgencia de los desafíos” (sic). Las verdaderas urgencias están en otro lado. ¿No hay una urgencia y un desafío, por ejemplo, en proteger los derechos de las personas que han sido encarceladas arbitrariamente por el régimen de excepción, sin que se les garantice un debido proceso judicial? Es decir, sin que se les garantice el derecho a un trato justo; obtener oportunamente un defensor y reunirse con él; contar con información de los avances del juicio; recibir la visita de familiares; etc. ¿No es también urgente encontrar a los desaparecidos y dar una respuesta a sus familias? Las urgencias y prioridades de los diputados son otras. Se apuraron para introducir una iniciativa de reforma que hoy hace posible que una legislatura tome la decisión de reformar la Constitución y ratifique dicho cambio sin necesidad de un período de espera o un paso intermedio. La justificación: evitar “perjuicios” a “los derechos fundamentales de los salvadoreños”. Lo que les faltó explicar fue cómo el mecanismo de reforma tradicional (el de los tres pasos) afectaba tales derechos, o lo contrario: de qué manera el nuevo mecanismo exprés beneficia a la gente. Pero ¿qué justificaciones o razonamientos cabe esperar de una Asamblea que nunca ha cuestionado la constitucionalidad de las prórrogas del régimen de excepción y que ha modificado leyes penales para facilitar la arbitrariedad de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, entre otras instituciones? ¿Cómo confiar en legisladores que se han encargado de hacer permanente la violación masiva a los derechos de los salvadoreños y que ahora, en una nueva actuación viciada, pretenden ratificar la reforma del artículo 248 sin otra consideración que los deseos del Ejecutivo? Una Sala de lo Constitucional medianamente independiente declararía inconstitucional todo esto. En los próximos días se verá el verdadero trasfondo de esta abrupta propuesta de reforma constitucional: o se utiliza para mejorar y ampliar los derechos fundamentales de las personas, o para dar más poder y perpetuar al oficialismo.

El oficialismo no se cansa de prometer cambios. A veces, anuncia la transformación del país. A veces, habla de reinventarlo. En algunas ocasiones, declara que la reinvención está consumada. En otras, está por llegar. La versión del cambio varía según el humor del vocero. En lo único en que todos coinciden es en no concretar qué van a hacer y cuándo lo harán. El cambio es un tópico del discurso oficial. La promesa de cambios indefinidos y a muy largo plazo ha salido a relucir a raíz del acomodo de la Constitución para dejarla a merced de los dictados de Bukele. Sus voceros alegan por él que la reforma es necesaria para facilitarle la transformación del país. Nadie sabe bien en qué, cómo y cuándo. Los defensores confían ciegamente en su juicio. Cualquier cosa que haga la recibirán bien y la agradecerán. El oficialismo confunde interesadamente a estos fanáticos con el pueblo para defender la anulación de la norma constitucional. El pueblo “demanda”, “el pueblo decide” y “el pueblo sabe qué quiere”, repiten imperturbables. Pero no lo consultaron. Tampoco les interesaba conocer su opinión. Invocar el querer popular cuando se mantiene secuestrado al pueblo y al Estado salvadoreño es cínico. El pueblo sabe bien qué quiere. Un sector no despreciable expresó sus deseos en la manifestación del 1 de mayo. El pueblo quiere empleos dignos, reducción de la inflación, liberación de los inocentes, aparición de los desaparecidos, vivienda, salud, educación, derecho y justicia, honestidad y democracia. Las mayorías que se abstuvieron en las últimas elecciones rechazaron con su ausencia a Bukele y al oficialismo. Las que huyen buscan en el norte las oportunidades que aquí no encuentran. Muchos pandilleros optaron por el crimen porque no hallaron alternativas. De todas maneras, si Bukele y los suyos quisieran, podrían conocer de primera mano lo que el pueblo quiere. En lugar de usurpar su parecer, deberían salir al encuentro de las comunidades y los vecindarios golpeados por el capitalismo neoliberal, la desidia gubernamental y la represión militar para escuchar sus quejas y sus demandas. A pesar de su claridad, el oficialismo no se hace cargo del querer popular. No tiene recursos ni voluntad política para satisfacerlo. Además, su tarea no consiste en atender las necesidades de la gente, sino en ejecutar las órdenes de Bukele y su entorno, los únicos con poder de decisión. Sus legisladores no ratificaron la reforma constitucional que declaraba el acceso al agua un derecho, aun cuando es respaldada por la inmensa mayoría de la opinión pública, porque Bukele, por razones desconocidas, pero fáciles de adivinar, no se los indicó. Solo aprobaron, sin estudio, sin consulta y sin discusión, ni siquiera entre ellos mismos, colocar la Constitución a disposición de sus caprichos. No hay, pues, que lamentar la reducción de unas comisiones legislativas que no analizan, no escuchan, ni deliberan. La dispensa de trámites es la orden del día. Invocar el querer popular es hipócrita. Conscientes de su triste papel, los funcionarios nunca se comprometen. Se contentan con anunciar cambios indeterminados y lejanos. Sus promesas son vacías, sin plazo y, de hecho, sin posibilidad real de cumplimiento. No van más allá de un vago “lo vamos a hacer”, pero “paso a paso”, como si el hambre y la enfermedad pudieran esperar. En el mejor de los casos, harán algo para aliviarlos cuando Bukele así lo determine. Y no tanto para remediar esas tribulaciones como para alimentar la popularidad del mandatario. Solo una creciente presión popular por tanto sufrimiento y olvido acumulado podrá forzar algunos cambios. Después de cinco años de autoritarismo, la única transformación innegable es la división del país en dos partes. Una para minorías extranjeras y locales acomodadas, y otra para mayorías empobrecidas e impresentables. El país de Bukele es el de los turistas, los deportistas, las mises y los creadores de contenido digital. El otro es el de las mayorías oprimidas y vulnerables. En el primero, invierte dólares prestados. El otro lo ha abandonado a su suerte. Los habitantes del primero gozan de privilegios migratorios, tributarios y económicos. Los más distinguidos tienen la rara distinción de ser recibidos en audiencia privada por el dictador. Los del otro país son expulsados violentamente de los espacios públicos, porque su miseria afea el paisaje construido para los primeros. El comercio ambulante e informal de la pobrería es antiestético y vergonzoso. Aparentemente, la apuesta de Bukele es que las mayorías excluidas se rindan, huyan y envíen remesas para financiar el país que las desconoce, o que se abandonen con resignación a la muerte lenta del hambre y la enfermedad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a El Salvador un informe en el que señalaba el bajo seguimiento estatal a algunas de sus recomendaciones dadas al Gobierno en 2021. Responder a víctimas del pasado de guerra reparando y haciendo justicia, algunos aspectos de seguridad ciudadana, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y la situación en las cárceles derivada del régimen de excepción son parte de los puntos que la Comisión considera pendientes o de bajo o nulo cumplimiento. También se menciona como preocupante la carencia de investigación sobre agresiones a defensores de derechos humanos. Y se recuerda la negativa a firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Sobre algunos de estos temas conviene hacer algunas reflexiones, que ojalá condujeran a cambiar pensamientos y actitudes. El Gobierno dice que en El Salvador no hay tortura. Nada le sería más útil para demostrarlo que ratificar el Protocolo Facultativo. Aunque mucha gente, acostumbrada al castigo físico como método educativo en la casa e incluso en las escuelas, no considera como tortura los malos tratos e incluso los golpes en las cárceles, los repetidos testimonios de personas que adquieren su libertad por haber estado detenidas sin motivo hablan de tratos crueles y degradantes; en otras palabras, de tortura. La agresiones e insultos a los defensores de derechos humanos deberían también ser investigados. De nuevo, la cultura del insulto relativamente habitual en nuestra sociedad tiende a quitarle importancia al tema. Pero cuando la población ve que se insulta incluso a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, abundan los que comienzan a pensar que las autoridades gubernamentales tienen una seria falla a la hora de defender a personas que ejercen y reclaman sus derechos con plena razón y justicia. La indiferencia ante la agresión verbal puede convertirse, con el paso del tiempo, en complicidad con otro tipo de violencias. Lo más sorprendente en estos casos es el silencio de las estructuras estatales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Se puede entender que el comisionado presidencial para dichos derechos se ponga siempre a la defensiva frente a las denuncias ciudadanas y niegue realidades evidentes. Toda la impresión es que se trata de una persona contratada para hacer eso. Pero que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se diga ni una palabra respecto a las preocupaciones de la Comisión Interamericana resulta inexplicable. De nuevo, la única explicación es que el nombramiento de sus autoridades haya estado condicionado al silencio respecto a denuncias ciudadanas. Se les permite dar cursos sobre derechos humanos, hablar de ellos en general, manifestar incluso algunas preocupaciones de orden abstracto y general, pero decirle públicamente al Gobierno, por poner un ejemplo, que es necesario ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura se convierte en una misión imposible a pesar de su manifiesta sencillez. Defender derechos humanos es una de las tareas más nobles que existen. Los defensores se podrán equivocar en algunas cosas y en algunos momentos, como nos equivocamos todos los seres humanos. Pero permanecer callados ante evidencias es traicionar la función de defensoría que tienen algunas instituciones del Estado. Es, además, favorecer la cultura de la violencia. Pues la violencia no es solamente la acción delictiva de la gente que debe ser llevada a juicio, sino también la falta de justicia, la ignorancia y silencio ante el sufrimiento de inocentes, detenidos y humillados irrespetando normas básicas del Estado de derecho. Aunque algunos hayan tenido causas pendientes, si la tortura está prohibida por la Constitución, tomarse el tema a la ligera es fomentar la cultura de la violencia.

Toda Constitución puede ser reformada, al igual que cualquier norma de convivencia elaborada por la comunidad humana. Pero dado que una Constitución es fruto del modo de convivencia por el que un país ha optado, todo cambio debería debatirse públicamente en el contexto de la sociedad civil, no ser un asunto solo de legisladores. Sin embargo, en El Salvador rige otra lógica: la del poder. Recientemente se hizo un cambio constitucional con dispensa de trámite, es decir, con escaso o nulo debate, y sorprendiendo con la decisión a la opinión pública, nunca consultada al respecto. El cambio alude específicamente al proceso a seguir cuando se quiera modificar algún punto de la Constitución. Si antes se necesitaba la aprobación de dos Asambleas Legislativas sucesivas para que el cambio cobrara efecto, ahora una legislatura podrá cambiar la Carta Magna votando la reforma dos veces. Así pues, de hoy en adelante, el partido que cuente con una mayoría de al menos tres cuartas partes de los diputados podrá hacer cualquier cambio que desee. Este empeño de la administración de Bukele en alcanzar la capacidad de aplicar cambios rápidos en la Constitución contrasta con la lentitud, desidia o simple negativa a aprobar lo que no procede del poder, aunque responda a anhelos y necesidades de la población. El caso del reconocimiento constitucional del agua como derecho humano es un claro ejemplo de ello. Después de un largo proceso en el que participaron comunidades, ONG especializadas, centros educativos e Iglesias, la Asamblea del trienio 2018-2021 aprobó la inclusión del agua como derecho humano en la Constitución. La propuesta aprobada ponía el derecho al agua en el artículo 2 de la Carta Magna, en el que figuran los derechos esenciales del ciudadano. Y añadía, en el artículo 69, que “el agua constituye un bien público” y que, por tanto, el Estado queda obligado a “crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”. La Asamblea 2021-2024, que terminó sus funciones este 30 de abril, pudo haber ratificado esta reforma constitucional largamente debatida y deseada por la mayoría de la población, pero la opinión de la gente no sirvió de nada. Desde una visión humanista y cristiana, es muy significativo y lamentable que el derecho al agua haya sido despreciado. El papa Francisco, en una de sus cartas magisteriales, dice que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. La tendencia a privatizar el agua, muy presente en las grandes constructoras de viviendas de clase media y alta, constituye una amenaza al derecho al agua al convertirla en un objeto de mercado. El partido en el poder tiene un fuerte deseo de controlar la Constitución a su antojo, pero poca urgencia de satisfacer las necesidades y los derechos básicos de las mayorías pobres y vulnerables. El nuevo El Salvador queda definido por ese duro contraste.

Llegó a su fin la primera legislatura con predominio del partido oficial. Tuvo en sus manos la reforma constitucional que reconocería al agua como un derecho humano, pero, al igual que Asambleas anteriores, se abstuvo de actuar. Tampoco quiso aprobar una reforma constitucional para reconocer a la alimentación como un derecho humano, lo cual hubiera incentivado la producción agropecuaria y apoyado al campesinado. Por otro lado, a pesar de ofrecer su apoyo, los diputados oficialistas dejaron en el olvido el proyecto de ley de justicia transicional, presentado en octubre de 2021 gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones y comunidades que buscan reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La misma suerte corrió la ley para los trabajadores de seguridad privada Sin embargo, sí tuvieron la voluntad de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura, una serie de préstamos que han endeudado al país a niveles sin precedentes en la historia reciente, con el agravante de que no se explica con exactitud en qué se utilizará el dinero. Además, en la última sesión plenaria, aprobaron, con dispensa de trámite, sin discusión y violentando la jurisprudencia constitucional, una reforma a la Carta Magna, en su artículo 248. Así, la primera legislatura dominada por el oficialismo terminó como comenzó: con un espectáculo propio de gobiernos autoritarios. Las acciones de los diputados oficialistas reflejan diáfanamente qué intereses defienden. No tuvieron tiempo ni voluntad para aprobar reformas constitucionales y leyes que habrían beneficiado directamente a los sectores menos favorecidos de país y a las víctimas del conflicto armado. Reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos beneficiaría, sin duda, a la población de menos recursos, que tiene más dificultades para acceder a ellas. Legislar para las víctimas de las atrocidades de la guerra favorecería a los siempre olvidados. Y una ley para los empleados de las empresas de seguridad atendería a uno de los sectores que reportan más violaciones a sus derechos laborales. En contraste, ¿a quien conviene la reforma constitucional que aprobaron de un plumazo? La nueva legislatura tendrá el poder de definir las reglas que regirán la relación entre gobernados y gobernantes; la reforma a la Constitución abre las puertas para aprobar cualquier cosa. En el centro de una política de gobierno decente debería estar mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de la más pobre. Algunas acciones básicas para ese objetivo son promover la creación de fuentes de empleo con salario digno, mejorar los sistemas de educación y de salud, garantizar el agua para todos y todas, y diseñar e implementar una política de protección de los bienes naturales, condición indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto político, social o económico. Por ahora, no se ve que ninguna de dichas acciones sea prioridad del oficialismo. De nada servirá tener un país atractivo, con vestimenta de moderno, sin vendedores ni violencia en las calles, si toda esa imagen se construye ignorando las condiciones de vida de la población.

La guerra contra la corrupción avanza despacio. Muy poca corrupción ha identificado el expresidente reelecto desde la dramática declaración de hostilidades, en junio del año pasado. Bukele espera que esta nueva guerra sea tan exitosa como “nuestra guerra contra las pandillas”. Pero esta no es una guerra sin cuartel. Si fuera como la de las pandillas, ya tendría a centenares de funcionarios, incluidos militares y policías, tras las rejas, acusados de corrupción. Los corruptos no son perseguidos con la misma agresividad e inclemencia que las pandillas. No puede ser de otra manera. Se trata de sus colaboradores, desde los más cercanos hasta los esbirros de la represión, que recorren los vecindarios populares en busca de alguien a quien despojar. La nueva guerra salió a la luz a raíz de la caída en desgracia del comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo. Estos colaboradores cayeron no por extorsionar a personas y empresas interesadas en desarrollar dichos proyectos, sino por algo que no fue del agrado del expresidente reelecto o porque ofendieron a alguien cercano a este. Otra comisionada presidencial, cuya corrupción es pública, permanece confortablemente en el cargo. Lo mismo otros altos funcionarios. Todos ellos seguirán gozando de la protección presidencial mientras sean dóciles a los dictados de los hermanos Bukele y su círculo. Si la guerra contra la corrupción tuviera la misma contundencia que la librada contra las pandillas, Casa Presidencial habría habilitado un canal para recibir denuncias. En vez de ello, oculta la información sobre casi todas sus actividades. La denuncia ciudadana no le interesa, porque Bukele y sus cofrades deciden quién se queda y quién es lanzado fuera con escarnio. Tampoco acepta las denuncias de la prensa nacional e internacional, que realiza una labor encomiable al investigar y denunciar la corrupción gubernamental. Los periodistas han sorteado toda clase de obstáculos, incluidos señalamientos infundados, amenazas y acoso. Ni siquiera toma nota de las denuncias de Washington. En buena medida, porque el Gobierno de Biden no presiona, pese a tener pleno conocimiento de la proliferación de los corruptos y su influjo en la persistente corriente migratoria hacia el norte. Estados Unidos ha optado por la estabilidad, a sabiendas que se trata de una dictadura. El éxito de cualquier guerra depende, en buena medida, de la colaboración activa de la población, tanto en el frente como en la retaguardia. Bukele prescinde de la ciudadanía porque teme una avalancha de denuncias que ponga en evidencia la podredumbre de su gestión. La guerra contra la corrupción es controlada, no es general. Solo incluye a funcionarios díscolos. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo no son los primeros en caer, pero tardaron en ser descartados. Los siguientes tardarán más aún. La guerra contra la corrupción es una guerra de mentiras. Si fuera real, Bukele podría comenzar con una limpieza general del ejército, la policía y los funcionarios de alto rango, los que detentan más poder y, por tanto, los más corruptos. No lo hará, porque crearía entre sus incondicionales un malestar que pondría en peligro su propia sobrevivencia. Poco duraría la primera reelección. No sería nada extraño que los defenestrados por corrupción cayeran en la tentación de contar lo que saben de las andanzas de sus jefes inmediatos. La información comenzaría a rodar y adquiriría volumen como si se tratara de una bola de nieve. Las denuncias se multiplicarían en la medida en que arreciera la persecución. Más práctico es no revolver unas aguas fétidas, que podrían transformarse en una marejada que arrastrase a la cúpula de los hermanos Bukele. El Dios cristiano no tiene ningún papel en esta guerra ni en ninguna otra. No es un Dios guerrero ni está por las guerras, sino por el diálogo, el consenso y la convivencia, basadas en la verdad, el derecho y la justicia. Invocarlo en este contexto es usar su nombre en vano, algo condenado por el segundo mandamiento. Bukele es el único que señala el blanco contra quien sus fiscales dirigen sus acusaciones. Encontrar las pruebas incriminatorias es secundario y relativamente fácil, porque la corrupción, la falsedad y la mentira son prácticas comunes en los círculos gubernamentales. El éxito de esta aventura no depende del Dios cristiano, sino de la voluntad de Bukele. Sin duda, en los casos más cercanos a su círculo íntimo, los más escandalosos. En los otros casos, depende de los jefes. Sin embargo, la conveniencia de todos, porque casi todos están implicados de una u otra forma, recomienda tolerar, encubrir y mentir abiertamente. Los corruptos pueden dormir tranquilos mientras sean dóciles y no disgusten a Bukele. La guerra contra la corrupción es una farsa más, muy conveniente para deshacerse de los indeseables y, de paso, presentar las manos limpias de un cuerpo putrefacto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Más allá de las manifestaciones y los reclamos, cada 1 de mayo debemos reflexionar sobre el valor del trabajo. La realidad nos dice que este es visto por algunas personas como un simple medio para subsistir. En demasiados países el salario mínimo es demasiado mínimo, precisamente por esa creencia falsa de que el valor del trabajo equivale a la reposición de la fuerza que se gasta en la actividad laboral. Y por supuesto, quienes así piensan creen que el trabajo debe estar al servicio del capital. No lo dicen tan claramente, pero lo practican de forma evidente. Baste ver cómo el dueño de los medios de producción se pone siempre un ingreso mucho mayor que lo que paga a quienes manejan esos mismos medios. Lo que nos dice tanto la razón como la religión (al menos la cristiana) es que el trabajo es más valioso que el capital. El capital son cosas, mientras que el trabajo es una realidad humana. No hay capital sin trabajo humano previo, sin creatividad laboral, sin inteligencia de las cosas. El capital tiene su importancia, pero las “capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria”, nos dice el papa Francisco. En otras palabras, tanto el empresario como el capital deben estar al servicio del desarrollo humano. Por eso, diría Ellacuría ya hace años, “nadie tiene derecho a lo superfluo cuando todos no tienen lo necesario”. El destino universal de los bienes, antigua, grande y permanente tradición de la Iglesia, deja claramente al capital al servicio del trabajo. Los seres humanos, llevados por la codicia y por el afán de poder que da el dinero, aprovechamos cualquier discurso o cualquier maniobra para resaltar el poder y el supuesto valor máximo del capital. El consumismo nos lleva a permanecer indiferentes ante la explotación del trabajador. E incluso a alegrarnos de los precios bajos, sin pensar ni averiguar lo que ciertos precios baratos pueden significar de hambre y de explotación en otros países del Tercer Mundo. El machismo contribuye también a que las mujeres enfrenten serias desventajas en el mundo del?trabajo. El Banco Mundial, nada sospechoso de radicalismo, nos dice que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, incluso cuando hacen lo mismo. Y lo explica no acusando a la mujeres de ser poco productivas, sino insistiendo en “prácticas discriminatorias, normas sociales y patrones de conducta que las conducen a oficios peor remunerados y a menos progresos en su trayectoria laboral”. Prácticas detrás de las cuales está sin duda la codicia y el abuso del capital. San Pablo tiene una dicho famoso: “El que no trabaje que no coma”. Y es que el trabajo nos hace personas y debe contribuir a nuestro propio desarrollo personal. Un profesor de teología moral, a mediados del siglo XIX, acuñó un nuevo concepto de justicia: “justicia social”. Y la definía como la virtud que “debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Y los derechos humanos ya sabemos que exigen mucho más que subsistir malamente con un salario deficiente. La Organización Internacional del Trabajo tiene como lema la justicia social. En El Salvador, la justicia social aparece en la Constitución como una responsabilidad del Estado frente a la población; en otras palabras, los gobiernos están obligados a promoverla. Pero con frecuencia más bien han servido con mayor esmero al capital que al trabajo. Y dejan, además, al trabajo en una relación de supeditación y abandono. El Día del Trabajo, 1 de mayo, solo tiene sentido si nos comprometemos a construir la justicia social y a hacer que el trabajo, por encima de los objetivos del capital, tenga como fin principal, como decía Ellacuría, “el perfeccionamiento del ser humano”. Eso superaría la explotación y contribuiría a la autorrealización de las personas y al desarrollo económico y social.

Según notas de prensa, a algunos institutos públicos de educación se les ha enviado la orden o recomendación de fichar a alumnos de perfil antisocial. El tema, por supuesto, ha generado gran preocupación. Si la escuela es y debe ser un lugar de desarrollo personal y social, fichar a jóvenes por su comportamiento supone una negación de lo que debe ser un proceso educativo sano. En general, la adolescencia es una época de desarrollo que implica aspectos de crisis dados los cambios físicos, emocionales y sociales que conlleva. Confundir la rebeldía que puede darse en esa edad con un comportamiento antisocial es peligroso, más aún si eso significa que los jóvenes quedarían fichados de por vida. En la adolescencia, el joven cae en la cuenta de su personalidad, empieza a tejer la idea de sí mismo y a fraguar en su interior la capacidad de dar razón de su personalidad. Además,comienza a pensar en su vocación profesional y su futuro. Los valores aprendidos en el ambiente familiar pasan a ser racionalizados y reflexionados críticamente. No es esta una etapa en la que tenga sentido encasillar la personalidad de las personas, pues están inmersas en un proceso de cambio y adaptación. El adolescente necesita acompañamiento, colaboración entre padres y maestros, empatía de los adultos y apoyo para aprender a resolver conflictos, tanto personales como grupales. También ayuda para gestionar sus emociones y para descubrir sus capacidades y habilidades. Satisfacer esas necesidades es fundamental para su futuro tanto social como democrático. En contraparte, el descuido en el acompañamiento, tanto en el hogar como en la escuela, puede llevar al adolescente a situaciones complejas, desde el aumento de la rebeldía a la depresión y el suicidio. En El Salvador hay un grave déficit educativo. Aunque a lo largo del tiempo ha habido mejoras, falta todavía mucho para tener instalaciones adecuadas, para superar la inequidad educativa entre los diversos centros de enseñanza y para acompañar psicológicamente a los niños y adolescentes a lo largo de su proceso educativo. Fichar a los jóvenes que pasen por etapas conflictivas no es solución ni desde el campo de la convivencia ni desde la pedagogía. El adolescente necesita ámbitos de comodidad y de comprensión tanto en la escuela como en su casa. En esa línea, lo ideal en el país sería que el bachillerato tuviera un año más de duración, a fin de posibilitar que los estudiantes maduren un poco más antes entrar en la universidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre un 4% y un 7%. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud señala que, en el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental; la depresión y la ansiedad son dos de esos trastornos. Fichar a quienes tengan comportamientos “antisociales” en una etapa de la vida en la que ciertas formas de rebeldía son frecuentes es la mejor manera de disminuir en el largo plazo el capital humano de El Salvador.

Editorial UCA Escuche aquí: A pocos días del cambio de Asamblea Legislativa, circula el rumor de que antes del 1 de mayo se aprobará una reforma a la Constitución de la República, la cual será ratificada por la próxima legislatura, para cambiar lo que la máxima ley del país dice sobre la reelección presidencial continua. Al respecto, es importante compartir unas reflexiones. Desde el punto de vista constitucional, esa reforma no se puede hacer. El artículo 248 establece que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República". Esos artículos son a los que comúnmente se les llama “pétreos”. Frente al argumento de que la prohibición es vaga, cabe recordar que cuando la Carta Magna habla de “la forma y sistema de gobierno” se refiere al sistema republicano, democrático y representativo que se contempla en el artículo 85 y que inhibe implementar cualquier otro que vaya en contra de esos principios; por ejemplo, una presidencia vitalicia que anule la división de poderes y el control constitucional. Por otro lado, cuando la Constitución prohíbe reformar el territorio de la República se refiere a lo estipulado en el artículo 84: el territorio continental, las islas o cayos, las aguas territoriales, el subsuelo, el espacio aéreo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas náuticas. Por su parte, la alternabilidad en la Presidencia está íntimamente relacionada a la prohibición de la reelección presidencial, contemplada en los artículos 75, 88, 131, 152 y 154. Independientemente de si se está de acuerdo o no con estos artículos, el texto de la Constitución no da pie a dudas. Además, los artículos pétreos no son exclusivos de la Constitución vigente, aprobada en 1983, sino que están presentes en las Constituciones de 1824, 1841 y 1886. Desde el punto de vista jurisprudencial, ninguna reforma es posible en este tiempo de acuerdo a dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. La primera fue la inconstitucionalidad 7-2012, emitida en el año 2013, que estableció que entre la aprobación de una reforma y su ratificación por parte de la siguiente legislatura debe mediar una elección, a fin de que la población pueda manifestar, a través del voto, su apoyo o no a la reforma. La segunda sentencia es la 33-2015, publicada en el año 2017, que establece que un decreto de reforma constitucional solo puede emitirse al menos seis meses antes de que asuma la nueva legislatura, para que la ciudadanía pueda ser informada de lo que se pretende reformar. Desde el punto de vista ético, no sería honesto reformar la Constitución, pues durante la campaña de la elección legislativa nunca se habló de ella. De hecho, la sentencia del año 2017 considera que el tiempo idóneo para dar a conocer la postura de los candidatos y candidatas sobre una reforma a la Constitución es la campaña electoral. Si los candidatos oficialistas tenían pensado cambiar el texto de la Constitución, ¿por qué no incluyeron esa intención en su oferta de campaña? Finalmente, el artículo 248 de la Constitución establece el proceso a seguir para realizar una reforma y define que el único actor que puede promoverla es la Asamblea Legislativa. Nadie ignora que la pretendida reforma no ha sido iniciativa del poder legislativo, sino del vicepresidente, en su calidad de delegado para la tarea por el presidente de la República, a través del acuerdo ejecutivo 295 del 24 de agosto del año 2020. Una reforma constitucional es el cambio más importante en el ordenamiento jurídico del país. Por ello requiere que la población la conozca y pueda participar en un diálogo previo a su implementación. Que la Constitución establezca en su artículo 248 que una legislatura puede aprobar una reforma con mayoría simple y que la siguiente Asamblea debe ratificarla con mayoría calificada tiene la intención de dar el tiempo suficiente para que la reforma sea reflexionada, ponderada y conocida por la población antes de que entre en vigencia. Aprobar una reforma con dispensa de trámite, sin estudio de los parlamentarios, y a espaldas de la población contradeciría absolutamente el espíritu de la Constitución y sería la enésima señal de la consolidación de un régimen autoritario, dictatorial.

El expresidente reelecto, en ejercicio pleno de su cargo, ventiló a los cuatro vientos un nuevo sueño. Desde una elevada azotea con vistas panorámicas, presidida por el logo de una de las multinacionales más poderosas del mundo, anunció triunfante que esta conducirá al país “ahí donde lo queremos llevar”. El nacionalismo presidencial no es tan sólido como aparenta: se rinde ante una empresa multinacional de tecnología estadounidense. La meta a donde Bukele quiere llegar permanece indefinida, porque así puede agregar cualquier nueva ocurrencia que despierte ilusiones en propios y extraños. Lo único claro es que aspira a ocupar el primer lugar en unas competencias presidenciales inventadas por él. Desde las alturas de la terraza, se declaró campeón en adoptar la infraestructura y los servicios de dicha multinacional en América Latina y en albergar una sede tecnológica de esa envergadura en Centroamérica. Los campeonatos presidenciales responden al afán de destacar y ser reconocido. La multinacional se ha instalado en el país no porque haya visto su “potencial” o la “reinvención” llevada a cabo por Bukele, sino porque este le entregará 500 millones de dólares. El país no ha sido favorecido por dicha empresa. Es, más bien, un comprador al por mayor de sus servicios. Ninguna multinacional hace donaciones de esa naturaleza, menos una como la contratada por Bukele, que se destaca por sus estrategias depredadoras y sus ganancias astronómicas. Aceptó la oferta presidencial por simple conveniencia comercial. Si las valoraciones de Bukele son sinceras, pecan de ingenuidad. Si no lo son, encantan muy astutamente a unas masas deseosas de escuchar novedades. Bukele está convencido de que la tecnología digital tiene la respuesta para proveer salud pública y educación. Indudablemente, esa tecnología es una herramienta muy útil y necesaria para agilizar los procesos administrativos de la salud pública, pero no tiene capacidad para construir unidades de atención primaria y hospitales, para proveer personal especializado que atienda la demanda de la población o para proporcionar los tratamientos necesarios. En una palabra, no es más que una entre otras herramientas indispensables para facilitar cuidados de salud universales y de calidad. Quizás, incluso, no sea lo más apremiante, dado el hacinamiento de pacientes y personal sanitario en facilidades inadecuadas, la falta de especialistas, los plazos extremadamente largos para pasar consulta y la aguda escasez de medicamentos. Asimismo, confía en que las aplicaciones y las tecnologías contratadas consolidarán los progresos presuntamente logrados en educación pública. Pero estos son relativos. No es cierto que todos los niños del país utilicen el servicio web educativo gratuito desarrollado por la multinacional. No todos disponen de un dispositivo para ello ni tienen acceso a Internet, ni siquiera en las escuelas. Tampoco existe personal y programas educativos para aprovechar al máximo ese recurso. O Bukele no está bien informado del estado real de la educación pública, o se deja llevar por el entusiasmo de su competencia con otros países y mandatarios, o confunde el medio con el fin. Un lamentable fallo para quien se dice “rey filósofo”. En todo caso, la última evaluación internacional del aprendizaje no deja en buen lugar al país: ocupa los puestos inferiores de la escala. Nada raro. Su ministerio de Educación no sabe cómo manejar la inmadurez y la rebeldía adolescentes. Cómodamente, pretende tratar a los estudiantes como “antisociales” e introducir en las escuelas la represión del régimen de excepción. Las aportaciones más interesantes de la tecnología digital adquirida pueden contribuir a agilizar la administración pública, lastrada con una pesada carga burocrática, y a vigilar y controlar más estrechamente a la gente. Los servicios secretos de Bukele visualizarán en tiempo real sus movimientos, sus viviendas y sus calles. La novedad la presentó como un gran beneficio para la población, que estará así en el mismo nivel que la estadounidense. La comprobada ineficiencia operativa de los funcionarios amenaza desde dentro la realización de los sueños presidenciales. El peligro es real. Las cámaras y los semáforos son tan “inteligentes” como inútiles y las diferentes bases gubernamentales con datos de la ciudadanía están a merced de los hackers, que las exponen gratuitamente al público. La bienvenida que Bukele brindó a la multinacional enlista sus deseos en el campo de la tecnología digital. Aparentemente, una vez formulados en voz alta, esos deseos adquieren realidad inmediata. El “hágase” presidencial pretende ser similar al del Creador. Su confianza en la tecnología es ciega. Si hay tecnología, el éxito es inevitable. La energía atómica es otra de esas realidades logradas con la simple firma de una declaración de intenciones. Lo mismo el satélite Cuscatlán. En la lista de deseos no figura la inteligencia artificial, un olvido imperdonable de los escribanos del discurso. La te

“A la luz de toda lógica y experiencia común —remató el fiscal su escrito— una mujer embarazada por humilde que sea, e independientemente de su estatus económico, busca asistencia médica para llevar su control prenatal, así como asistencia médica o de personas con conocimiento empírico para que les asista en el parto; por lo que se establece que existe una acción dolosa por parte de la imputada”. Con estas palabras, el acusador finalizó su argumento de “casación” buscando revocar la resolución adversa de sobreseimiento que le impide condenar a María hasta por 25 años de prisión. “A la luz de toda lógica y experiencia común”, pensé, luego de recordar el estudio social del expediente judicial… ¿Qué sabe María, la del barranco, de la lógica y la experiencia común? María vive en un caserío de un pequeño municipio de La Unión, un lugar alejado con altos niveles de pobreza cuya principal fuente de ingresos es recibir remesas, cuando no la crianza de animales de corral. La escuela más cercana a María culmina en el sexto grado, y se alcanza luego de caminar una hora de distancia; la falta de personal y recursos impide que los servicios de salud del Estado lleguen al caserío de María. Por su parte, la vivienda de María no es más que un conjunto organizado de retazos y latas, un espacio de siete por cuatro metros de tablones largos, láminas deterioradas y pedazos de plástico sueltos, todo rodeado por una vereda montañosa, un cerro de barro rojo con constantes deslizamientos y un barranco de varios metros en el cual hace sus necesidades la familia de María, al aire libre, como lo hacen los perros y gatos de nuestras cercadas residenciales. ¿Qué se yo de la experiencia y lógica común de María? ¿Qué se yo de tener un barranco por sanitario? Recuerdo que en cierta ocasión fui invitado a una zona rural aledaña a la carretera de Comalapa; recuerdo la vejiga inflada por las ganas de orinar, que, aunque fuertes, no eran tan poderosas como para ingresar en la fosa séptica de la caseta: el olor fétido y la apariencia derruida del espacio cerrado sobre un suelo de tierra me quitaron las ganas. Pero aquí estoy, junto a mis doctos colegas en derecho, juzgando a María por ignorar la “luz de toda lógica y experiencia” ¿Cuál lógica y cuál experiencia? Una tarde de febrero, María, la del barranco, sintió dolores leves y ganas de defecar. La joven de 23 años, que cargaba un embarazo de su tío, un señor casado con tres hijos, se acurruco junto a los únicos testigos del hecho, árboles y piedras, en el servicio sanitario de su residencia, un barranco. El dolor se hizo insoportable. María perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un árbol de quebracho. El ruido fue suficiente para que la mamá de María se percatara de lo sucedido, así como del embarazo y alumbramiento de su sobrino-nieto. A pesar del sobresalto, la madre y hermana de María consiguieron un vehículo de uno de los vecinos, y la trasladaron al centro asistencial, junto al amoratado recién nacido. María fue detenida y procesada por el delito de homicidio; su error fue evidente: contrariar la ley, pero no la de los códigos, sino la que proviene de la enceguecedora lógica y el sentido común: los hijos son productos del amor y no del abuso, los embarazos proceden de relaciones pudorosas y no de la violación o un incesto impuesto por la fuerza, los nacimientos son acontecimientos cargados de belleza y no de miedo o vergüenza. María actuó contra la lógica, y por una conversión de esas que hacemos los juristas, iure et de iure, María es una asesina calculadora que esperó ansiosa el desenlace de su embarazo para asesinar a su recién nacido, disparándolo con su vientre cargado contra un barranco; tan malévola como para esperar por meses el avistamiento de su presa, pero no tan calculadora como para evitar un árbol de quebracho. El delito perfecto para una sociedad tan conservadora como carente de empatía y solidaridad; un crimen desde lo que los tribunales denominan “el uso de la lógica y el sentido común”. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En el acontecer de la UCA, se llevaron a cabo recientemente dos intervenciones sobre la realidad nacional. La primera, una encuesta del Iudop sobre la continuidad del régimen de excepción; la segunda, el estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 2023. En ambas investigaciones se advierte no solo la problemática existente en torno a derechos básicos, sino también la ignorancia de la población al respecto. En efecto, los resultados de la encuesta del Iudop muestran un amplio respaldo al régimen de excepción, que ya lleva dos años vigente; sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma desconocer los derechos que el régimen ha suspendido. El desconocimiento de los derechos humanos en el país es un problema grave de larga data. Los partidos tradicionales, a pesar de sus discursos, nunca se preocuparon en serio por el tema. Si lograba llegar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un profesional con el conocimiento y el compromiso adecuados, pronto era asediado por uno o varios de los poderes del Estado. Las frases repetidas de los políticos asegurando el respeto a los derechos chocaban con una realidad de desidia, despreocupación y abandono de los derechos de los sectores pobres o vulnerables. Más que un Estado democrático de derecho, lo que se implantó en el país después de la guerra fue un estado de consagración de privilegios. Por ello no extraña que, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil, una gran proporción de la población no crea ni se interese en los derechos humanos. Para quienes tienen la convicción de que los derechos humanos deben ser la fuente básica de la convivencia en el país, el estudio anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos ofrece una fuente de reflexión y compromiso, pues corrige los datos estatales sin caer en exageraciones tendenciosas, contribuye a entender la realidad actual de olvido o violación de derechos humanos y facilita el pensamiento crítico. En el informe de 2023, el Observatorio concluye que “hoy día en El Salvador funcionan paralelamente dos procedimientos penales: el procedimiento común, ordinario, y el procedimiento penal del enemigo desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales”. El segundo procedimiento termina considerando a quienes amenazan la estabilidad del Estado como si fueran enemigos extranjeros, en guerra contra la República, que merecen castigos especiales, mucho más duros que los ordinarios. Algunos de los abusos que se derivan de ese estilo de derecho penal discriminatorio son penas exageradas tanto a adultos como a menores de edad, suspensión de la visita familiar, tiempos muy largos de prisión preventiva, juicios masivos, jueces sin rostro, e incluso formas de desaparición forzada llevadas a cabo por el Estado. Mientras El Salvador continúe empecinado en intentar resolver sus problemas actuando de espaldas a los derechos humanos, será muy difícil alcanzar mayor desarrollo humano y construir una convivencia pacífica y armoniosa.

El modelo de Bukele no es la única respuesta posible al crimen organizado y la violencia social. El recurso al ejército para superar las crisis sociales es antiguo. En la década de 1970, la oligarquía tradicional lo utilizó para evitar reformar su modelo de acumulación de capital y vino la guerra. El militarismo arrancó vidas y destruyó la sociedad y también la economía. El final de la guerra no lo decidió el ejército, sino los políticos. Parecía que los militares se quedaban sin oficio. Entonces, Washington les asignó la lucha contra el narcotráfico y las misiones de pacificación de la ONU. Contrario a lo esperado, los traficantes prosperaron y la cúpula militar medró a costa de la seguridad de otros países. El ejército no ha contribuido a resolver ninguna de las crisis sociales del país. Esa experiencia se repite en el continente. México desplegó su ejército para combatir el crimen organizado y solo consiguió aumentar la violencia. La autoría de la mayoría de las desapariciones y de los asesinatos, delitos frecuentes, es desconocida. Tanto puede ser el Estado como los criminales o ambos en colaboración. El mal pagado ejército de Ecuador enfrenta a unas organizaciones criminales mucho más poderosas. Colombia, en cambio, comprendió que la única manera de reducir la actividad criminal organizada es la negociación, pese a ser una alternativa políticamente casi inviable. Excepto en Rosario, Argentina tiene tasas de homicidio y violencia más bajas que otros países de la región gracias a la flexibilidad y la inteligencia policial. A pesar de los repetidos fracasos, los gobernantes latinoamericanos insisten en la solución militar. El Salvador de Arena, del FMLN y de Bukele no ha sido la excepción. Primero negociaron con las pandillas cierta libertad de acción a cambio de votos y de reducir los homicidios. El equilibrio resultó precario y frágil, y desembocó en la represión total. La novedad del modelo de Bukele es que lo ha librado de rendir cuentas y le ha garantizado impunidad. Pero el ejército no está entrenado para enfrentar una crisis social de gran envergadura. Su solución requiere de una enorme cuota de inteligencia. Una tarea que corresponde a la policía, que tampoco está capacitada. Sus jefes han optado por la salida fácil de la militarización. El modelo de Bukele deshumaniza a sus víctimas e insensibiliza a la sociedad simultáneamente. No se ensaña con personas, sino con cosas. Etiqueta a sus víctimas como cosas intrínsecamente malvadas, las cuales deben ser exterminadas. La etiqueta y el castigo son actos unilaterales, que dictan el destino de los sentenciados. El modelo prescinde de cualquier otra prueba de culpabilidad. Una vez colocada la etiqueta, circunstancias personales como una discapacidad, una enfermedad mental y la peligrosidad son irrelevantes. De hecho, ni siquiera es necesario que la víctima haya cometido un delito punible para ser condenada y severamente castigada. El castigo tampoco es proporcional a la gravedad del supuesto crimen. Y a la inversa, nada de lo que las víctimas hubieran hecho o dejado de hacer las beneficia. Por eso, las constancias y los testimonios, así como las órdenes de libertad de los jueces son echadas a la basura. Nada puede liberar a la víctima del destino asignado a la etiqueta encasquetada. El Salvador de Bukele es unilateral. La etiqueta separa nítidamente a los sujetos de los objetos reprimidos, el derecho a castigar de la obligación de sufrir el escarmiento, el hacer del padecer. Una vez identificados, los objetivos son despojados de su humanidad y su vida, y la vida de su entorno es destruida. La sabiduría popular lo expresa con la siguiente fórmula: “Nacer con cariño para crecer reprimido”. La destrucción de la vida de un ente extraño como la de una cosa poco valiosa o descartable no impresiona ni conmueve. Al contrario, el verdugo no solo está convencido de cumplir un deber, sino también de ser una persona íntegra y honesta, incluso religiosa. Es la nueva forma adquirida por el mal. Un mal que se presenta, como suele ocurrir, con apariencia de bien. El método de Bukele tortura y mata sin piedad y sin remordimientos. Sus verdugos son sociópatas sádicos activos, mientras que la multitud que asiente complacida es también sociópata sádica, pero pasiva. Al convertir al otro en un objeto infame, el modelo de Bukele ha despojado a la sociedad salvadoreña de su capacidad humana para sentir afinidad y empatía con los demás. La humillación pública, la cárcel y la crueldad suceden a otros que no son como nosotros. Las sufren los criminales o los enemigos del pueblo. Nosotros no debemos nada, no tememos nada. Hasta que el modelo nos etiqueta como despreciables y perversos, incluso si votamos por Bukele. * Rodolfo Cardenal, director de Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA En el país, la pobreza aumentó en 2023 en relación a 2022; los datos oficiales hablan de un 30% de la población en pobreza. Si la medición se realizara tras una revisión del costo de la canasta básica, el porcentaje sería mayor. Entre los Objetivos del Milenio de la ONU, asumidos por El Salvador, está eliminar la pobreza a más tardar en 2030. El compromiso inició en 2015, cuando el 32 % de la población salvadoreña vivía en pobreza. A pesar de que la cifra se logró reducir al 28%, la pandemia provocó un serio aumento de la misma, y aún no ha sido posible llevarla al nivel previo. Si no se toman medidas atinadas en el campo económico, el país no logrará cumplir con la meta de vencer la pobreza. Con una economía endeudada y una escasa inversión, lo más probable es que en 2030 la proporción de personas en pobreza sea mayor al 25% de la población. El problema se agrava por el hecho de que casi el 50% de la población no pobre está en situación de vulnerabilidad económica. Un accidente de carro, la pérdida del empleo, una enfermedad grave pueden devolver a la pobreza a quienes ya habían salido de ella. Hay una serie de medidas que es necesario aplicar antes de decir que se está en camino de vencer la pobreza. La primera, fortalecer y universalizar las redes de protección social básicas de salud, educación y pensiones. Y la segunda, mejorar sustancialmente el trabajo, tanto en la calidad del mismo como en la formalización y en el logro de un salario decente. La protección social no contributiva para niños y ancianos, dos de los sectores más vulnerables frente a la pobreza, es una necesidad urgente que debe satisfacerse cuanto antes. Asimismo, la lucha contra el hambre, una exigencia ética que no debe tener atraso ni pausa. Que un 10% de la población pase hambre, es decir, más de 500 mil personas, es una atentado contra todo sentimiento de humanidad. Para avanzar en estas tareas es necesario establecer pactos de tipo social y fiscal, los cuales requieren de diálogo, visión de futuro y audacia política, no de autoritarismo y propaganda. No habrá desarrollo inclusivo sin mejora y universalización de las redes de protección social. Educación de calidad para todos, un único sistema público de salud capaz de satisfacer las necesidades de la población y un sistema de pensiones universal son pasos necesarios. Pero también proteger el trabajo, mejorar la calidad técnica de los trabajadores, implementar un salario mínimo decente, invertir en las zonas más pobres del país y eliminar las desigualdades de género. Planificar el desarrollo es algo más que construir estadios, centros turísticos y carreteras vistosas. Se debe invertir en la gente, especialmente en los servicios a la población pobre y vulnerable, que en El Salvador es la inmensa mayoría. Y para ello es también preciso que, como decía Ignacio Ellacuría, la voz del pueblo se haga escuchar.

Desde que comenzó el régimen de excepción en el que estamos desde hace más de dos años, han venido repitiéndose toda una serie de abusos. Uno de ellos, que rompe el discurso oficial, es la desobediencia a las cartas de libertad dadas por los jueces. En efecto, cada vez aparecen con más frecuencia en las noticias este tipo de irrespeto a los miembros de la judicatura, que son los únicos que pueden dar órdenes de poner en libertad a un privado de la misma, condicional o incondicionalmente. Después de 87 días preso, a José Santos Alfaro Ayala le dieron carta de libertad, pero pasados varios días tras la entrega de la carta, en el penal de Izalco no se atendía el mandato judicial. En el Bajo Lempa se ha detenido a 130 personas bajo el régimen de excepción. Sus defensores insisten en que no son miembros de maras. Varios tienen ya cartas de libertad, que no han sido atendidas. Los defensores de los detenidos en la isla Espíritu Santo piden que se revisen los casos, porque un fiscal recientemente arrestado por falsedad documental fue uno de los que participó en las detenciones. La gran mayoría de detenciones de personas durante el régimen son ilegales. ¿Funciona el sistema judicial? La lentitud en soltar inocentes y la incapacidad de los jueces de imponerse sobre las autoridades carcelarias hablan muy mal del sistema. Defendiendo el derecho a la libertad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos insiste en que nadie puede ser privado de la libertad de un modo arbitrario y que toda persona detenida “tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fuera ilegal”. La Convención está por encima de la legislación ordinaria de El Salvador, pero da la impresión de que muchos jueces no la conocen o han decidido conscientemente desconocerla. A nadie se le otorga ese derecho en estas detenciones multitudinarias. Muchos familiares desconocen la situación de sus deudos. La “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, que garantiza esa misma Convención firmada y ratificada por El Salvador, no es más que un sueño, dada la imposibilidad de los abogados de reunirse con sus defendidos. La pandillas han sido prácticamente anuladas. Al menos en el último año, tenemos índices de homicidios semejantes a los de los países desarrollados, y mucha gente está contenta con la seguridad existente en las calles. Es el momento de dejar el régimen de excepción y regresar a una situación de normalidad. Proseguir con el régimen de excepción se convertirá pronto en fuente de una tensión muy negativa, dada la continuada violación de derechos de demasiada gente. Irrespetar las cartas de libertad nos convierte en un país donde tanto los jueces como la seguridad jurídica son muy débiles. No es raro, en ese sentido, que seamos el país con menor inversión extranjera de Centroamérica, al menos por cifras del año recién pasado. La situación económica no da para creer que se puede salir del atolladero poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Con los recursos normales puede mantenerse ya la seguridad conseguida. El régimen ha dejado de tener sentido. Entablar un diálogo con la sociedad civil sobre este y otros temas también de debate sería para el país mucho más productivo que continuar haciendo alardes de fuerza y violando derechos.

La encrucijada energética que vive el mundo impone encontrar alternativas a los combustibles fósiles. El precio del petróleo sigue al alza, por lo que los costos de la energía que se produce con él son cada vez más altos. Además, el aumento de la temperatura y los estragos de las sequías y las inundaciones se generalizan sin que el concierto de naciones sea capaz de cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Urge, pues, encontrar modos de producción energética que no dependan de los combustibles fósiles. Hasta el momento, hay dos caminos disponibles: la energía nuclear y las energías renovables. Para algunos, la energía nuclear es la mejor opción porque produce cantidades mínimas de gases de efecto invernadero y, por tanto, tiene un bajo impacto ambiental. Sin embargo, la energía nuclear crea residuos muy peligrosos para la salud humana y para el medioambiente. Cuando se produce un accidente en una planta nuclear, los efectos radioactivos pueden durar desde decenas hasta miles de años, y dejar inutilizables regiones enteras por la radiación. En dosis altas, la radiación ionizante tiene un efecto instantáneo en el cuerpo humano, produciendo enfermedades agudas y la muerte; en dosis más pequeñas, causa enfermedades cardiovasculares, cataratas y cáncer. El accidente en 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Ucrania, contaminó un área mayor al territorio de Nicaragua, el país más grande de Centroamérica; pasarán cientos de años antes de que la radiación deje de ser nociva en la zona. En Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2011, un tsunami a raíz de un potente terremoto inundó la planta nuclear de la localidad, causando que explotara. 160 mil personas fueron evacuadas. 13 años después, la zona del desastre de Fukushima sigue siendo inhabitable; diversos estudios señalan que deberán pasar aproximadamente cuatro décadas antes de que vuelva a serlo. Y los japoneses aún no saben cómo solucionar el problema del agua contaminada por la radioactividad. Si el accidente de Fukushima hubiese ocurrido en El Salvador, el área afectada sería equivalente a una vez y media el departamento de San Salvador. Una de las lecciones de Fukushima es que equivale a una locura construir una planta nuclear en una región sísmica. Por otra parte, la energía nuclear no es barata. En América Latina, solamente México, Brasil y Argentina tienen plantas nucleares, y la producción de esas plantas es muy baja en relación a su participación en el total nacional. Por el riesgo que la opción nuclear supone para la salud humana y para el medioambiente, la apuesta debería ser por las energías renovables, como las obtenidas del sol, el viento y el agua. El Salvador ya tiene experiencia en la producción de energía geotérmica, la cual es muy abundante y no contamina. Meritxell Bennasar, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, afirma que “adoptar un modelo energético 100% renovable y eficiente es técnicamente posible, económicamente viable y sostenible”.

El modelo de Bukele no consigue satisfacer las expectativas de su creador. Aparte de unas cuantas voces aisladas que desean verlo implementado en sus respectivos países, no atrae más que a un puñado de turistas, sin potencial para dinamizar la maltrecha economía nacional. Los excursionistas son fugaces, pasan por los sitios señalados en las guías turísticas y siguen a la siguiente parada. Las mises, los atletas y otros personajes de la farándula digital no han venido para quedarse. Tampoco los salvadoreños, que huyen en masa. El Salvador de Bukele no atrae. El año pasado, ofreció el pasaporte a cambio de invertir un millón de dólares en bitcoin. Esperaba mil inversionistas, solo llegaron ocho. Una cantidad irrelevante como los ocho millones que aportaron. La oferta cayó en el vacío y con ella el valor del pasaporte. Ahora lo ofrece gratis a científicos, ingenieros, doctores, artistas y filósofos extranjeros. Las redes digitales del oficialismo saltan embargadas de emoción, mientras que las otras se ríen a gusto. Imaginan que esos nuevos salvadoreños encontrarán trabajo en la central nuclear, el satélite Cuscatlán, la ciudad libertaria de la criptomoneda, el centro digital de Amazon, el estudio cinematográfico más grande de América Latina, el aeropuerto oriental, el tren del litoral y las nuevas sedes de la Universidad de El Salvador. Entusiasmos y bromas aparte, la desvalorización total de la nacionalidad salvadoreña muestra que el modelo no da más de sí. Solo ofrece seguridad y con limitaciones, tal como lo revelan las constantes desapariciones y el hallazgo de cadáveres en descampado. Los inversionistas no encuentran un panorama económico interesante ni seguridad jurídica para su capital. Están a merced de los vaivenes del modelo, que no duda en atacar y confiscar la propiedad privada cuando le place. A pesar del nuevo país supuestamente creado por el modelo, sus habitantes lo siguen abandonando. Con ellos se van cerebros actuales y potenciales, los cuales no piensan retornar. Si no puede retener a su propia población, menos puede atraer extranjeros con especializaciones, experiencia y comodidades materiales. Sin actividad económica, la construcción languidece y a los ingenieros les espera el paro. Existe una gran necesidad de médicos, pero los pocos que hay abandonan el sistema público de salud, más por condiciones laborales inadmisibles que por mal pagados. A esto se agrega la enorme demanda de técnicos, enfermeras y médicos en el mundo rico, donde encuentran un ambiente laboral, salarios y reconocimientos muchos más atractivos. Los artistas con fama y fortuna no tienen argumento para dejar su entorno actual. Y de la filosofía difícilmente se vive en el país. Tal vez algún filósofo logre sentarse a filosofar con “el rey filósofo” nacional. Uno de los voceros cualificados del oficialismo en la legislatura reconoció sin vacilar que el desarrollo económico pasa por la ciencia y la cultura. Ahora bien, si la economía sana y robusta descansa en una educación universal gratuita y excelente, cómo se explica que la comisión de hacienda que preside autorice gastar miles de millones de dólares en soldados y policías, en armamento y equipo militar pesado, en publicidad y cabilderos. El modelo de Bukele no mira hacia adentro, sino hacia afuera. Aguarda que la solución venga del exterior, como las remeses, sin esfuerzo y sin costo. Busca fuera lo que no haya dentro, porque no ha sido construido. Sus predecesores confiaron ciegamente en las fuerzas voraces del mercado neoliberal. Él tampoco cimentará sólidamente la economía, la educación y la cultura, porque carece de visión, de la capacidad para planificar y ejecutar, y de recursos. Ya ha optado por el camino fácil de la militarización y la publicidad. En cinco años, no ha llegado lejos. El tiempo apremia ante un segundo mandato sin otra cosa que más seguridad. El pasaporte salvadoreño para los extranjeros no es ninguna ganga. Bukele no puede ofrecer empleo ni un entorno y un salario superiores a los del norte industrializado. Asume gratuitamente la existencia de multitud de científicos y académicos dispuestos a pelearse un pasaporte cual tesoro muy valioso. Antes soñó con los inversionistas. Nadie en su sano juicio abandona un empleo bien remunerado y reconocido, un entorno estable y unas relaciones familiares y sociales gratificantes para aventurarse en lo desconocido. Habría que estar muy desesperado por dejar atrás una carrera profesional impresentable, o por disimular una especialidad inexistente, o por lavar dinero mal habido para aceptar la oferta del pasaporte salvadoreño gratis. Los repetidos intentos del modelo de Bukele para ir más allá de la seguridad indican que algo importante falla. Es claro que la seguridad no es suficiente. La promoción periódica del país como sitio ideal para invertir, trabajar y residir revela sus graves limitaciones, si es que no son señales claras de agotamiento.

Fui sorprendido el 11 de enero del año pasado con la detención de los cinco líderes de Santa Marta. Me sorprendió porque conozco la trayectoria de su liderazgo comunitario, especialmente la de Antonio Pacheco, que con sus compañeros y junto a la comunidad han llevado a Santa Marta y a la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta a convertirse en un ejemplo de lucha, dignidad y organización. Se les acusa del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, ocurrido en el contexto de la guerra civil, en agosto de 1989. Desde mi compromiso con el esclarecimiento de la memoria histórica y con las víctimas, sean de donde sean, en un principio el asunto me pareció complejo, aunque nunca estuvo en duda de que los cinco de Santa Marta eran víctimas de quienes en estos momentos tienen el monopolio del aparato de justicia. Pronto se fue despejando el panorama. Los detenidos pasaron cautivos casi 8 meses en condiciones deplorables ya denunciadas, y desde el 5 de septiembre del año pasado cumplen arresto domiciliario. El 3 de abril, comenzó la audiencia preliminar, que continuará el miércoles 10 de este mismo mes. En más de un año que lleva el proceso, las cosas se han ido asentando y, como dijo Mary Lawlor, relatora especial para Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es hora ya de que el Estado retire lo cargos. Varias razones dejan claro que ese tiempo ha llegado. En primer lugar, en todos estos meses, la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar la participación de los procesados. Según ha trascendido, el único recurso presentado es un testimonio contradictorio de un testigo criteriado que primero dijo que fue testigo presencial y después que le habían contado. También dijo conocer el lugar donde yacen los restos de la víctima, pero la exhumación, que se extendió por varios días, fue infructuosa. En más de un año solo entrevistaron a un testigo circunstancial que no abona en nada a deducir responsabilidades. En segundo lugar, según la legislación penal que se está aplicando en este caso, el supuesto crimen ya prescribió. Además, la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1992 y vigente gracias a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, ampara este tipo de delitos. Sin embargo, a sabiendas de esto, la Fiscalía tipificó el hecho como un crimen de lesa humanidad que no tiene prescripción, pero se equivocó: lo ocurrido con la víctima no corresponde con ese tipo de crimen. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad es un hecho de carácter generalizado, por lo que se entiende que ha sido planificado para múltiples personas y, además, sistemático. El asesinato de la señora Alvarenga no fue parte de un ataque generalizado ni sistemático; por tanto, no puede ser tipificado como un crimen de lesa humanidad. En tercer lugar, la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta y la ADES es, sin duda, el acontecimiento que más solidaridad nacional e internacional ha despertado en los últimos años. La relatora Lawlor le está dando seguimiento cercano al proceso. A la audiencia inicial del 3 de abril se hicieron presentes, en calidad de observadores, representantes diplomáticos de Canadá, Francia, Alemania y de la Unión Europea, y representantes de organizaciones españolas. Por supuesto, no se trata de que se les deje en libertad porque hay presión internacional, sino porque no se han presentado pruebas de las acusaciones, porque se han desestimado sin argumentos convincentes casi todos los recursos interpuestos por la defensa y porque queda expuesta la disfuncionalidad del Estado de derecho en el país. Las razones anteriores autorizan a pensar que el fondo de la cuestión no es aclarar la verdad de lo que pasó con doña María Inés, sino penalizar el activismo social y la organización comunitaria. Para nadie es un secreto que la fuerza de los pobres está en la organización y que el papel jugado por la comunidad de Santa Marta y la ADES fue fundamental en la lucha frente a la minería metálica, que tuvo como epicentro al departamento de Cabañas. La persecución contra estos líderes comunitarios busca desarticular la organización comunitaria y atrofiar la resistencia ante una eventual nueva ofensiva de la minería metálica industrial. Si realmente la Fiscalía y el Estado quieren recuperar la memoria histórica, deberían comenzar con masacres como la del río Lempa, perpetrada en 1981 y, que según investigó la Comisión de la Verdad, dejó más de doscientos muertos, la mayoría de la comunidad de Santa Marta. Materia prima sobra en el país para recuperar la verdad de los crímenes cometidos, pero ningún gobierno desde la firma de la paz se ha comprometido a ello, porque descubrir la verdad, reclama justicia. Toda muerte debe ser aclarada, pero no tergiversando la verdad por intereses políticos y económicos. Es hora ya de terminar con este proceso y dejar libres a quienes han sido señalados sin ningún fundamento.

Una reciente entrevista del vicepresidente de la República a Diario El Mundo refleja con claridad la índole del discurso gubernamental sobre la realidad del país. Lo que el funcionario dijo coincide con lo que el mercadeo llama publicidad engañosa. En ese tipo de discurso, se utilizan afirmaciones falsas o exageradas, y se omite datos fundamentales sobre aquello de lo que se habla. Según el vicepresidente, la pandemia posibilitó salvar un sistema de salud y hospitalario que estaba en condiciones precarias. Pero los datos revelan que se ocultó intencionalmente el número real tanto de contagiados como de fallecidos. Además, es de sobra conocida la falta de medicinas en unidades de salud y hospitales, el deterioro en la atención de citas y terapias ambulatorias, la fuga de especialistas y, a consecuencia de esto, la inaudita decisión de poner a médicos sin experiencia a realizar procedimientos especializados. Para el funcionario, “cuando ya se tiene una población segura, una población sana y una población educada, toca impulsar el desarrollo económico tal cual”. Con ello, dio la seguridad ciudadana por hecho sin decir nada de las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de miles de personas sin investigación previa y la criminalización de opositores políticos. Tampoco habló de la inoperancia del sistema de justicia. Por otra parte, presumió de una población educada. Para el vicepresidente, se saldó una gran deuda educativa con la distribución de más de un millón de computadoras a estudiantes. Sin embargo, el hipotético salto educativo queda en duda por la desigualdad en el acceso a Internet, el estrangulamiento económico de la única universidad pública del país, la falta de apoyo para las necesidades más elemental de los centros educativos y las mediciones internacionales que ubican a El Salvador en los últimos lugares en la asimilación de los contenidos de ciencia y matemáticas. Además, según el funcionario, el país acaba de vivir un proceso electoral limpio y transparente, y el TSE realizó un papel extraordinario, por lo que merece felicitaciones. Esas afirmaciones contradicen lo que estuvo a la vista de los electores y de las misiones de observación, nacionales e internacionales: las recientes elecciones fueron la más irregulares, inequitativas y no competitivas desde la firma de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, el discurso engañoso alcanzó un punto aún más alto con respecto a la reelección presidencial. Ya antes el vicepresidente había intentado justificar, infructuosamente, la reelección. Primero, con el argumento del artículo escondido y, posteriormente, sosteniendo que no se trata de una reelección, sino de un segundo mandato. En la entrevista argumentó que para que el presidente aspire a una segunda reelección o a una reelección indefinida debe modificarse la Constitución y que se está en el momento adecuado para hacer ya la reforma, de modo que sea ratificada por la legislatura que entrará en funciones a partir del próximo 1 de mayo. Pese a su formación constitucionalista, el funcionario no tomó en cuenta que la misma Constitución prohíbe modificar algunos de sus artículos, entre ellos los que tratan sobre la forma de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Pasó por alto también que este es un tiempo vetado para hacer reformas constitucionales, porque ello violaría la jurisprudencia constitucional que en el proceso 33-2015 prohibió realizarlas en el período entre las elecciones y la toma de posesión. Ampararse en el respeto a la voluntad popular para justificar las reformas no es nada más que demagogia. Si al Gobierno de verdad le importara el sentir ciudadano, renunciaría al bitcoin, una de las apuestas del Ejecutivo más duramente rechazadas por la población. Una cosa es el discurso oficial que se impone a fuerza de repetirlo sin descanso gracias a una inversión multimillonaria y otra, la realidad. En la actualidad, muchas salvadoreñas y salvadoreños han sido presa de la publicidad engañosa; tarde o temprano, la realidad los hará despertar.

El modelo de Bukele, reclamado por algunos ilusos como solución ideal para la violencia de sus países, es inviable. El nuevo cerco militar de miles de soldados y policías, en Chalatenango, así lo pone de manifiesto una vez más. El pretexto fueron dos homicidios; en realidad, es un escarmiento a una población desafecta al oficialismo. El motivo no es la seguridad, sino humillar y atemorizar. Los presuntos homicidas fueron capturados antes de tender el cerco y la zona bajo asedio está libre de pandillas desde hace bastante tiempo, gracias a la organización de las comunidades. El modelo de Bukele no persigue el crimen, sino disciplinar a una población insumisa. No pretende devolver una tranquilidad no alterada, sino inculcar miedo. La farsa ya la experimentan quienes ayer circularon por las calles y las plazas del país con la sensación de una seguridad hasta hace poco insospechada. Confiados en que no debían nada y, por tanto, nada tenían que temer, se han encontrado de repente con que las fuerzas de seguridad de Bukele, en las que habían depositado su confianza y agradecimiento, ahora los extorsionan. Les exigen dinero para no hacerlos víctimas de la violencia del régimen de excepción. Extorsionados antes por los pandilleros, ahora lo son por los soldados y los policías. No es simple casualidad ni daño colateral, como gusta decir al oficialismo para evadir sus responsabilidades; el abuso y el terrorismo son elementos fundamentales del modelo de Bukele. No es fácil depurar a unos soldados y policías a los que les dio vía libre para atropellar y violentar a pandilleros y a sospechosos de serlo. Concluida la guerra contra las pandillas, las fuerzas represivas de Bukele aterrorizan a la población para complementar sus salarios y acosar a las mujeres. Y se sienten autorizadas para desvalijar y asediar a una ciudadanía indefensa. Una vez garantizada la impunidad, no será fácil sofrenar sus instintos sin provocar descontento en sus filas. De hecho, imitan a sus jefes y no ven razón para renunciar a ello en un régimen caracterizado por la arbitrariedad. La corrupción y el terror han desbordado la cúpula de la dictadura y se han desparramado entre sus bases. Pero la mano dura de Bukele tiene preferencias. A los pandilleros los ha recluido en una cárcel construida expresamente para ellos, donde gozan de unas facilidades que niega a los otros prisioneros del régimen de excepción, sometidos a la desnutrición, las enfermedades, la tortura y, eventualmente, la muerte. A los grandes jefes de las pandillas no los molesta, algunos incluso fueron sacados del país por Casa Presidencial. Tampoco persigue a todos los criminales. Ignora el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. No perturba sus negocios. Actúa contra los narcotraficantes cuando Estados Unidos le señala un objetivo. En este caso, se traga el orgullo nacionalista y actúa según las instrucciones. Mientras tanto, la organización criminal se fortalece, amplía su radio de acción y consolida un poderoso imperio económico. La mano dura de Bukele desconoce la articulación de criminales, políticos y funcionarios. Tampoco se hace cargo de los feminicidios, las desapariciones forzadas y la corrupción. El concepto de seguridad del modelo es muy simple. Cercos militares como el de Chalatenango y despliegues masivos de soldados y policías con armas de guerra y equipo pesado no son el medio más eficaz para combatir el crimen organizado. Mucho menos el común. Aparte de inútiles, esas demostraciones implican una pesada carga para una hacienda pública exhausta. El instrumento más eficaz es la inteligencia y la acción policial informada, como la utilizada en las operaciones contra el narcotráfico, ejecutadas bajo la supervisión de tropas estadounidenses. La movilización de miles de soldados y policías no es más que la exhibición de un poderío inservible y caro. No obstante, la superficialidad y la trivialidad de la receta de Bukele aparenta ofrecer una salida rápida y barata. Crea la impresión de hacer mucho, cuando, en realidad, hace poco. Bukele ha tomado el camino más fácil. La desarticulación de las pandillas le ha granjeado popularidad interna y admiración en círculos extremistas del exterior. Más allá de las apariencias, las raíces de la criminalidad organizada y de la violencia extrema, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la falta de oportunidades permanecen intactas. Estos males no tienen solución inmediata y requieren de complicados acuerdos políticos y sociales de mediano y largo plazo, y de un liderazgo que Bukele no posee. Otras consideraciones aparte, como la democracia o los derechos humanos, el modelo de Bukele es, en sí mismo, una farsa bien comercializada. La seguridad que ofrece es más aparente y de corto plazo que real y sólida. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por José María Tojeira, S.J. Desde hace días venimos escuchando quejas sobre el mal trato gubernamental a la Universidad de El Salvador. Es la única universidad pública, la que tiene mayor número de alumnos, de carreras y de catedráticos, la de mayor acceso económico y la de mayor número de alumnos con becas totales o parciales. En algunos ranking de universidades aparece como la mejor universidad de El Salvador, aunque en una situación bastante baja en comparación con otras universidades estatales de América Latina. En un estado eficiente, que sabe que no se llega al desarrollo al margen del conocimiento, una universidad como la UES debía ser la institución más protegida y apoyada por los gobiernos. Pero no es así. Desde hace años el presupuesto no es el indicado. Al contrario, se le pone un presupuesto bajo y no se le paga a tiempo lo que se le debe. Se la usa como hospedaje para deportistas y no se le devuelven a tiempo las instalaciones. Algunos funcionarios se dan el lujo de desvalorizar públicamente las investigaciones de la UES, como ha hecho recientemente un directivo de ANDA ante el análisis universitario del lago de Ilopango, en el que se habla de los graves riesgos de la potabilización del agua. Estas actitudes no son nuevas. Pero en la actualidad las contradicciones adquieren una dimensión más amplia cuando se escucha con tanta frecuencia hablar de grandes proyectos. Porque hablar de grandes proyectos y despreciar el conocimiento científico no lleva a ninguna parte. Un ejemplo evidente de las contradicciones entre los discursos grandiosos y la despreocupación por la universidad la podemos encontrar en una noticia reciente. El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas compartió recientemente en el antiguo twiter, hoy X, que había firmado “instrumentos legales” con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el uso pacífico de esta energía. Si no me equivoco, la única universidad en El Salvador que tiene la carrera de física es la UES. Y sin buenos profesionales de física, no solo con licenciatura, sino con especialidades y doctorados, es muy difícil no solo instalar, sino también manejar una central térmica nuclear para generación de energía eléctrica. Más allá de la conveniencia o no de una planta nuclear en un país tan pequeño como el nuestro y los riesgos ecológicos que puede entrañar, lo curioso es que se quiera instalar una planta nuclear y simultáneamente se maltrate y no se invierta con seriedad en la única universidad pública con una carrera de física. Hace algunos años, uno de los mejores rectores que ha tenido la UES a lo largo de su historia, la Dra María Isabel Rodríguez insistió en relanzar la investigación en la Universidad Nacional. Los diputados de aquel tiempo, que probablemente confundían la investigación científica con el trabajo que realizaba el Organismo de Inteligencia del Estado, le dieron a la UES una cantidad ridícula para investigación. Hoy no parece que haya cambiado la situación. Lo que debía ser la “joya de la corona”, como dirían los que les gusta el lenguaje clásico, yace en serios problemas económicos causados por el propio Estado salvadoreño. Una Asamblea Legislativa en la que abundan diputados jóvenes, debería tener un talante universitario mucho mayor. Pero da la impresión que la juventud política en los diversos poderes del Estado pasa de largo ante el valor del trabajo y el esfuerzo intelectual. Sin darse cuenta de que sin capacidad intelectual y científica no solo estaremos condenados a estar permanentemente en la cola del desarrollo humano, sino que estaremos condenados a caer en fanatismos, polarizaciones improductivas e incapacitados para un diálogo humanamente productivo. Apoyar a la UES es una necesidad nacional que todos deberíamos reclamar y apoyar.

Desde un punto de vista ético podemos decir que la Semana Santa es la fiesta del triunfo de los medios débiles en la transformación del mundo en que vivimos. Mucha gente piensa que los mejores medios para transformar el mundo son los medios fuertes. El dinero, el poder político, la fuerza organizacional, el liderazgo carismático, la propaganda mediático y las armas son, entre otros, medios fuertes para transformar el mundo. El amor, el perdón, el diálogo, la compasión, la reconciliación son medios débiles. En el año 1935, en una reunión con un político francés, el dictador ruso Stalin preguntaba burlándose de los católicos que cuántas divisiones militares tenía el Papa. Al igual que Hitler, Stalin fue un ejemplo muy claro de persona que creía solamente en los medios fuertes de control y de poder. Los dos fueron sanguinarios, cometieron crímenes de lesa humanidad y no terminaron bien, aunque uno de ellos muriera en el poder. En el cristianismo se cree fundamentalmente en el amor tanto a Dios como al prójimo y en los valores y actitudes derivadas de ese mismo amor que son considerados como medios débiles de transformación de la realidad. La fe cristiana no es de ilusos y sabe que en la vida hay que utilizar en ocasiones medios fuertes, pero siempre subordina dichos medios al amor. Lo contrario, la confianza absoluta en los medios fuertes, es para los cristianos una forma de idolatría, mucho más perniciosa y sangrienta que las antiguas idolatrías a dioses de barro. Jesús de Nazaret nos mostró no solo el camino y la fuerza de los medios débiles, sino que asesinado por quienes creían en los medios fuertes, mostró tanto poder después de muerto que logró cambiar la idea de la fuerza social en millones de personas. Y eso a pesar de que sus seguidores se enfrentaron pacíficamente y con medios débiles, con uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Al celebrar hoy la Semana Santa es necesario reflexionar sobre los medios que tanto la humanidad como nosotros mismos usamos para transformar el mundo o nuestro propio entorno. No es para nadie un secreto que hay demasiada gente que cree más en el dinero o en las armas que en el amor al prójimo o la solidaridad con el que sufre. Los medios fuertes se utilizan para resolver problemas, para callar la crítica, para perseguir la religión cuando se declara a favor de la justicia y para manipular a las personas de muy diversas formas. La Semana Santa debe ayudarnos a todos los cristianos a reflexionar sobre nuestra utilización de los medios. ¿Preferimos el grito al diálogo? ¿el autoritarismo a los controles democráticos del poder? ¿caemos en la trampa de quienes desprecian los derechos humanos diciendo que solo sirven para defender a los criminales? . En muchos de nuestros países se respeta más a los militares que a los maestros, a la fuerza bruta más que al diálogo, a la propaganda mentirosa más que a la verdad. La Semana Santa, a la luz de la fuerza histórica y del poder del crucificado, nos debe llevar al discernimiento y a la acción pacífica pero clara y comprometida con los que sufren y con la igual dignidad de todo ser humano. Una semana santa sin pensamiento crítico frente a las idolatrías del poder o del dinero, ni es santa ni tiene que ver mucho con el cristianismo. Reflexionar sobre nosotros mismos, sobre los valores en los que creemos y sobre las actitudes y medios que dominan la política y la sociedad, resulta necesario para vivir nuestra fe y para no caer en la religión política de quienes creen exclusivamente en los medios fuertes de transformación o de control social.

La ocurrencia de construir una nueva Roma es otro despropósito muy poco original de Bukele. Mucho antes que él, en el siglo IV, cuando la ciudad dejó de ser la capital del imperio, su aristocracia hizo de ella un parque temático del pasado grecorromano. En el siglo VIII, una serie de papas la transformó en la ciudad de los mártires y las reliquias. Más tarde, el Renacimiento reivindicó su pasado grecorromano frente a una mentalidad medieval rígida y dogmática. Más recientemente, Mussolini recuperó su pasado imperial, levantó grandes monumentos y reinventó algunos de los símbolos clásicos del poder imperial. También creó el fascismo y un partido único, cooptó a las organizaciones sociales y disolvió a las que no se sometieron. Concedió privilegios al catolicismo, persiguió a los protestantes y los judíos. Impresionado, Hitler siguió sus pasos. Al final, Mussolini le entregó Italia y ambos acabaron mal. Demandar la construcción de una nueva Roma es abogar por el globalismo, uno de los fantasmas de Bukele. Roma construyó un imperio a costa de someter pueblos enteros, cuya soberanía anuló. Esas poblaciones fueron forzadas a tributar y a incorporarse en las legiones para sostener la expansión territorial del imperio. En su máxima expansión, Roma gobernó desde la península ibérica hasta el Asia central y desde las islas británicas hasta el norte de África. El imperialismo romano es incompatible con la defensa cerrada de la soberanía que hace Bukele, aferrado a lo local y lo provinciano. ¿O será que ahora sueña con conquistar el mundo cual nuevo Alejandro o Julio César? O más pragmáticamente, ¿solo busca llamar la atención de su reducida, pero fanática audiencia angloparlante? El imperio romano daba pan y circo a los desheredados. Bukele da más circo que pan; un paquete con unos pocos alimentos de mala calidad muy de vez en cuando. El emperador y la aristocracia romana financiaban con su propio dinero los espectáculos y el reparto gratuito de trigo a los ciudadanos. Ni los Bukele ni lo grandes capitales sueltan un cinco de su bolsillo para contentar a la gente. Al contrario, aquel le quita impuestos a los más ricos, mientras mantiene en vigor un opresivo impuesto regresivo al valor agregado. No obstante, la Roma imperial y el deseo de Bukele coinciden en la preponderancia del ejército. El imperio descansaba en un multitudinario ejército multiétnico y cayó cuando este colapsó en las fronteras occidentales. Bukele, en último término, también descansa en el ejército y la militarización. Hasta aquí el parecido. Los oficiales romanos gozaban de mucha libertad hasta el punto de poner y quitar emperadores. Y una vez dados de baja, los soldados recibían tierras. El ejército de Bukele, en cambio, está sometido, mal pagado y mal tratado, excepto la oficialidad de confianza. Los soldados de baja son devueltos a sus familias con las manos vacías. La ignorancia, el arrebato y el deseo de llamar la atención por cualquier medio dejan en mal lugar al “rey filósofo”. Desconoce que glorias imperiales como las que añora no tienen cabida en el siglo XXI. No existen condiciones para las antiguas aventuras militares. Ninguna de las grandes potencias actuales comparte sus aspiraciones. Ni siquiera Putin, que suele evocar la Gran Rusia de Pedro el Grande, piensa en los términos de Bukele. Las potencias actuales reinan en el espacio que consideran su ámbito de influencia, mientras conviven malamente con las demás. Se disputan las fronteras, a veces, ferozmente, pero no van más allá. Dicho de otra manera, la nueva Roma de Bukele es demodé. Eso no impide fantasear con anticuadas pompas imperiales. Quizás por eso se presentó como el salvador de Haití, sin reparar en las condiciones internas de esa nación. A diferencia de las pandillas locales, las de ese país están mejor organizadas, poseen armamento pesado y responden con fuego vivo a quien se interpone en su camino. No es extraño que los países caribeños y las naciones amigas no hayan tomado en serio su ofrecimiento. Al parecer, a Bukele no le basta con El Salvador. Ansía un reconocimiento internacional que se resisten a concederle. Proponer la construcción de una nueva Roma es un desatino de alguien ávido de llamar la atención. La contradicción entre defender la soberanía nacional y comunicarse en inglés le resulta “normal”. La apuesta por el bitcóin adolece del mismo mal: un desafío temerario a la institucionalidad monetaria internacional para presentarse como superhéroe. Sacrifica la institucionalidad financiera del país en aras de una vanagloria que no penetra en las masas populares, que pasan de esa veleidad. Bukele no construirá ninguna Roma. No tiene los recursos, ni la experiencia, ni posibilidad real. El mundo actual es multipolar, algo que, sumido en ensoñaciones, no parece comprender. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En tiempos del cristianismo primitivo se asesinaba a los cristianos por no dar culto y adoración a las estatuas de los dioses o del emperador. A principios del siglo segundo de nuestra era, Plinio el Joven, un perseguidor de los cristianos en Bitinia, lugar que hoy se ubica en Turquía, escribió al emperador Trajano diciendo que era imposible que un cristiano adorara a los dioses o maldijera a Cristo. Casi mil ochocientos años después, monseñor Romero, hoy san Óscar Romero, decía que la causa última de la violencia en El Salvador era la triple idolatría del dinero, el poder y la organización. La negativa a adorar a esos ídolos lo llevó a la muerte. En estos tiempos, cuando hemos dejado de lado el concepto de idolatría, como si fuera una costumbre de un pasado muy lejano, conviene recordar el término. El diccionario de la lengua la define como “amor excesivo y vehemente a alguien o a algo”. Y no hay duda de que en el presente muchas personas continúan teniendo un amor excesivo al dinero, al dominio machista de las personas, al poder político en sus diversas formas y al lujo a toda costa. Convierten en ídolos a cosas materiales y a personas, y encuentran en ello su felicidad y probablemente sus ventajas materiales. Son cómplices de la pobreza y de los efectos de la misma, porque, como decían antiguamente de los terratenientes, “el mugido de las vacas no les dejaba escuchar el gemido de los pobres”. El catecismo de la Iglesia católica dice que “hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, de poder, de placer, de raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc.”. Y en otro lugar dice que “la idolatría de la nación y de su jefe son una amenaza constante de vuelta al paganismo”. Cuando celebramos un aniversario más de la muerte martirial de monseñor Romero, resulta importante rescatar su mensaje sobre la idolatría. La sociedad de consumo en la que vivimos, las propagandas políticas en las que nos movemos, la vehemencia e incluso agresividad con la que atacamos a quienes no piensan como nosotros no solo muestran fanatismo o avaricia desatada, sino que también son una forma de idolatría que genera sacrificios de inocentes a los ídolos de turno. Frente a estas formas idolátricas de destrozar la relación humana de amistad y fraternidad, san Óscar Romero no solo levantó su voz valiente, sino que insistió en la necesidad de escuchar el clamor de los pobres, servir a los necesitados y cargar con la cruz del servicio a todos y del perdón. Nos corresponde ahora, recuperando lo mejor de nuestra herencia, recoger el mensaje de Romero y aplicarlo a nuestra historia contemporánea. Políticas serias y universales de protección social, diálogo responsable y fraterno en torno a los problemas del país, abandono del lenguaje polarizante y agresivo son tareas que continúan siendo urgentes en El Salvador. La luz de Mons. Romero, tan unida al Evangelio y a los valores cristianos, ilumina un camino de desarrollo inclusivo, pacífico y fraterno que todos debemos seguir. Olvidarlo o dejarlo de lado solo nos conduce a la idolatría pagana de la ley del más fuerte. Aprovechar sus aniversarios para recordar su mensaje siempre será fuente de paz y desarrollo humano.

La estatua de monseñor Romero situada en la zona de la catedral metropolitana fue trasladada al hospitalito de la Divina Providencia: de lo más público a lo más privado. Aunque a mucha gente el traslado le causó consternación, otros terminaron diciendo que la llevaron al lugar en el que monseñor siempre quiso estar: al lado de los que sufren. Allí quiso vivir el santo salvadoreño, en el hospital para personas sin recursos que llegan a curarse o a morir de cáncer cuidados por las hermanas carmelitas. Allí está ahora su imagen, lejos del ruido de la ciudad, pero no de los salvadoreños. Llegados a un aniversario más de su asesinato, se le recuerda, entre otras cosas, por los ataques que el Estado oligárquico y militar de su tiempo le hizo sufrir. Los insultos, las amenazas y los desplantes fueron la tónica de la relación del poder con el arzobispo Romero. El dinero y las armas no toleraban la palabra sencilla de verdad y de solidaridad con los pobres que la gran mayoría de salvadoreños escuchaba todos los domingos. Como con los antiguos mártires, se le puede decir a quienes deshonraban a monseñor “la crueldad de ustedes es nuestra gloria”. Y por eso mismo no hay que preocuparse por que a algunas personas les estorbe la imagen de Romero. Quienes le admiran seguirán hablando de él, escribiendo sobre su vida y ejemplo, viviendo en el culto y en la vida sus valores y su entrega a los más pobres y golpeados por una historia injusta. Cuando en el segundo siglo de nuestra era se empezaron a escribir relatos de cómo el Imperio romano convertía en mártires a los cristianos, se decían que esa narraciones de amor y entrega hasta el fin había que leerlas “para memoria de los que acabaron ya su combate y preparación de los que tienen aún que combatir”. Para el pueblo salvadoreño, la memoria de san Óscar Romero será siempre signo de lo más humano y de lo más valioso de la historia nacional. Las acciones que busquen retirarlo de la conciencia pública no harán más que acrecentar su recuerdo. Y no solo su recuerdo, sino también la responsabilidad de construir un país con justicia social, participación democrática y sin abusos de poder, sea este económico, ideológico, político o militar. El Salvador ha cambiado desde los tiempos de Romero y de la guerra, pero la irresponsabilidad estatal frente a las necesidades de los pobres y de quienes están en vulnerabilidad continúa siendo un problema grave. Se han superado algunos rasgos de violencia; permanecen otros no menos graves. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la pobreza y la desigualdad, el abandono de la mayoría de ancianos sin pensión, la falta de medicamentos, la poca inversión en educación, la fría utilización de medios injustos para conseguir prestigio y poder son formas de violencia soterradas y escondidas debajo de un manto de propaganda creador de ilusiones. Frente a todo ello, tanto el santo arzobispo como los otros muchos mártires reconocidos y por reconocer dicen una palabra de verdad y llaman a la honestidad personal y al acompañamiento solidario y liberador del sufrimiento de los débiles. A quienes abusan del pobre y del sencillo les gusta olvidar o manipular el pasado a su conveniencia, pero la memoria y los aniversarios vividos desde la fe y la confianza en el valor de los mártires devuelven la esperanza a los pobres y vencen al olvido impulsado por el poder.

Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la manera de hacer política. Es cada vez más frecuente que las campaña electorales se trasladen casi en su totalidad a las redes sociales. Paralelamente, hay un creciente recurso a la mentira. Nunca antes ha habido tanta información a disposición pública, pero también nunca antes tal profusión de mentiras. Internet ha hecho posible que cada usuario, además de consumidor de contenido, pueda ser generador de discurso sin ningún tipo de control. Además, los algoritmos de las redes sociales hacen que la información que se le muestra a cada persona esté condicionada y filtrada, instalándola así en una burbuja discursiva. El Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Escuela de Administración de Sloan (ambas estadounidenses) realizaron el que hasta hoy es el estudio más grande sobre la transmisión de falsedades en Twitter. Analizaron aproximadamente 126 mil tuits publicados entre los años 2006 y 2017, los cuales fueron retuiteados más de 4.5 millones de veces. Entre los hallazgos de la investigación destaca, primero, que las noticias falsas tienen 70% más posibilidades de ser compartidas que la verdad; que las falsedades más populares se refieren a temas políticos; y, tercero, que, contrariamente a lo que se cree, las fake news se difunden más rápido que la verdad porque son los humanos, y no los bots, quienes más las propagan. Una mentira viaja más rápido y más lejos que una verdad. A Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hittler, se le atribuye la frase “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Entre los psicólogos, esto se conoce como el efecto de la “ilusión de verdad”, y tiene una enorme eficacia en el mundo de la propaganda. Los políticos lo saben y lo usan. Y todo esto sucede hoy en el contexto de la posverdad, en el cual los hechos objetivos, las evidencias, las pruebas son menos importantes a la hora de formar la opinión pública que las emociones o a las creencias personales. Y la comunicación política ha sabido desde siempre que entre racionalidad y emoción, triunfa la emoción. La mayoría de políticos solo dicen lo que la gente quiere escuchar y tocar sus emociones, más allá de lo que sea verdad o posible. Las noticias falsas tienen incidencia en la sociedad en su conjunto, afectan la integridad democrática, y por tanto deben ser abordadas en sus dimensiones política, social y cultural. Además de ser portadoras de mentiras, tienen una intencionalidad explícita de engañar. Desde la política, la manipulación de la información, las medias verdades o directamente las mentiras son un medio para construir base electoral o consolidar una idea. Las fake news han convertido en presidentes a mentirosos y facilitado que la gente apoye acciones que la perjudican. ¿Cómo saber cuando una noticia es falsa? Los especialistas aconsejan percatarse de quién es la fuente de la información y contrastar con otras fuentes para verificar su veracidad. Para la vida diaria, otro recurso es aplicar el triple filtro de Sócrates, que consiste en preguntarse lo siguiente: primero, ¿estoy absolutamente seguro de que lo que se dice es cierto?: filtro de la verdad; segundo, ¿es algo bueno lo que se afirma de otra persona o instancia?: filtro de la bondad; y, tercero, ¿es útil para mí o para el país lo que dice la información?: filtro de la utilidad. Una vez hechas las tres preguntas, si una información no es cierta, ni buena, ni útil, entonces toca desecharla, ignorarla, no reproducirla.

El revés sufrido por el oficialismo en las elecciones municipales forzó a Bukele a intentar disimular la erosión de su popularidad en el nivel local con medias verdades. Contrario a las elecciones anteriores de 2021 y a las de febrero recién pasado, donde su popularidad es incuestionable, las municipales del 3 de marzo la han dejado mal parada. El ganador indiscutible de estas es la abstención (70%). El oficialismo solo obtuvo un poco más del 36 por ciento del tercio que votó, un poco más del 8 por ciento del padrón electoral. Ciertamente, Bukele y los suyos se apuntaron un hito histórico en estas elecciones: solo ganaron en 103 de las 262 antiguas jurisdicciones municipales, que representan un poco menos del 40 por ciento del territorio nacional, pero gracias al ajuste de las jurisdicciones consiguieron la mayoría de las alcaldías con el 11 por ciento del voto. El descalabro indica que la popularidad de Bukele no abarca mecánicamente a los alcaldes. Dicho de otra manera, la aceptación en el nivel presidencial, aunque relativa, no es total, no tiene correspondencia en el orden local. La primera es abstracta y muy permeable al entrenamiento disfrazado de información y de obra grande. La otra, en cambio, se hace sentir con fuerza en una larga y apremiante lista de necesidades no satisfechas. Por tanto, está fuera del alcance de la distracción repartida a manos llenas por Casa Presidencial. De hecho, esto siempre ha sido así. La elección nacional se rige por un criterio diferente al de la elección local. La reelección de Bukele no incluyó a sus representantes locales por la sencilla razón de que se han desentendido de la población que supuestamente gobernaban. Lo nacional le resulta demasiado grande o lejano como para sentirse afectada, no así el desafío cotidiano de sobrevivir en la precariedad. La propaganda electoral del oficialismo asumió que la aceptación de la reelección impulsaría las candidaturas de los alcaldes. Incluso los que ganaron, lo hicieron por poco. No representan a la mayoría de la población municipal. La gente los rechazó, no por ideología ni por preferir otra bandera, tal como son dados a pensar los partidos tradicionales, sino porque tienen la mirada puesta en Casa Presidencial y no en ella. Han demostrado ser incapaces para resolver cosas tan elementales como la recolección y la disposición de la basura, o la mejora de la infraestructura. Tampoco escuchan a las comunidades de los municipios, sino que les imponen insensiblemente lo que a ellos les parece adecuado. El resultado de la elección municipal es también una derrota personal para Bukele. Confiados en su popularidad, sus candidatos se contentaron con respaldar su gestión. Así lo expresó una de sus candidatas favoritas, quien declaró, con la arrogancia propia del oficialismo, que no necesitaban hacer promesas ni anunciar planes, porque Bukele es todo para ellas. Nada extraño, entonces, que haya sufrido una estruendosa derrota en las urnas. No satisfecha, corroboró su pleitesía pidiéndole disculpas públicas por la decepción que le había causado su fracaso. En lugar de votar por las candidaturas oficiales, los pocos que acudieron a las urnas votaron por otras opciones, con sobrada razón. En un típico giro oportunista, Bukele se desentendió del naufragio. Achacó la derrota a la pésima gestión de algunos alcaldes. Pero el principal responsable es él mismo, porque él los escogió, él les quitó la iniciativa y los fondos, y él toleró su ineficiencia y corrupción. La centralización y el autoritarismo no admiten escapatoria. En este sentido, los derrotados han sido víctimas de una gestión presidencial que los despojó de motivación e iniciativa, de creatividad y ejecución. Excusarse ahora diciendo que les negó su apoyo por considerarlos un fracaso, no lo libra de responsabilidad. La maniobra no es más que un hipócrita lavado de manos. En todo caso, si la gestión municipal de sus peones era tan pésima, por qué no hizo uso del autoritarismo, tal como lo hace en otras áreas de la administración pública. No lo hizo porque no le importó y porque pensó que la población es totalmente dócil a sus designios. Calculó mal. Entretenido con los grandes espectáculos, la diversión y los megaproyectos de gran aceptación entre turistas y admiradores del exterior, olvidó algo fundamental: la vida de la gente. Tal vez no haya que aguardar mucho para que esta relacione su situación con el responsable último. Cuando sea insoportable la contradicción entre lo que el mandatario predica y promete, y el heroico esfuerzo de la mayoría para sobrevivir, el final de la dictadura no estará lejos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las elecciones municipales y del Parlacen, realizadas el domingo 3 de marzo, tuvieron menos incidentes que las presidenciales y legislativas. Sin embargo, sufrieron un fuerte descenso en la afluencia de votantes; prácticamente acudió a las urnas solamente el 30% de las personas censadas. Al analizar la escasez de votantes se puede decir que no es extraño que haya más personas con deseo de participar en las elecciones presidenciales que en las municipales. Pero el hecho de que se haya registrado la más alta abstención de los últimos 20 años nos dice algo más que el “es normal” al que acuden algunos. La desorganización y mal funcionamiento del Tribuna Supremo Electoral en las primeras elecciones tuvo sin duda algo que ver en el desánimo ciudadano, a pesar de que en las elecciones municipales se deciden temas de importancia muy concreta para la gente. Además de la incapacidad y el desorden del Tribunal, hay otros factores interesantes. La centralización del poder ha impulsado la idea de que solo el gobierno central es operativo y que, por tanto, las elecciones municipales son insustanciales. Concentrar el antiguo Fodes en una agencia del gobierno central hace pensar a algunos que si se logra tener a la Presidencia en buena relación con una alcaldía concreta será más fácil tener acceso a los fondos de financiamiento para proyectos municipales. La ganadora de la alcaldía de La Libertad este sabe eso y dedicó tras su triunfo unas palabras de cariñosa amistad al presidente, a pesar de pertenecer a un partido de oposición. Hay también en la baja participación una señal de que las cosas no caminan en el día a día del ciudadano, habitante de municipios en el que todo el mundo se conoce. La mala gestión de algunos alcaldes del partido en el poder era evidente y la nueva distribución municipal desorientaba a la hora de elegir. La reducción de municipios y el aumento de territorio deja al votante en una situación de pérdida de referencias personales. Crea un cierto malestar, porque resulta más fácil que solo los poderosos compitan, con frecuencia desconocedores de los problemas del municipio más pequeño absorbido en una estructura a veces notablemente más grande. Y finalmente tenemos que ver la ausencia de votantes como una aviso. Hay descontento. Y el descontento municipal puede convertirse en descontento nacional si la nueva organización de los municipios no resulta más operativa que la anterior. El descontento puede motivar la ausencia de votos, pero puede también, en determinadas situaciones, convertirse en aliciente para votar en contra del poder. Las elecciones municipales han demostrado que la situación del país no despierta el mismo entusiasmo que levanta el presidente. Aun con todos los éxitos conseguidos, sería inteligente dialogar un poco más con la sociedad civil y escuchar las críticas a la situación que vive El Salvador.

El Teatro Nacional acogió la conclusión de la farsa electoral del 4 de febrero. La entrega de las credenciales de la reelección inconstitucional fue otra cuidada puesta en escena de Casa Presidencial. Ahí consumó la usurpación de la autoridad electoral. La coreografía giró alrededor del actor principal. La elegante arquitectura con cierto aire francés del Teatro contrastó con el aparatoso despliegue militar del que se hace acompañar el protagonista de la escenificación. Una chocante mezcla de arte y militarismo. El presidente estadounidense, con muchos más enemigos, no es vigilado tan celosamente como el salvadoreño. El servicio secreto de la Casa Blanca es bastante más discreto y, seguramente, más eficaz. Sorprende que la formalización de la reelección, en gran medida atribuible a la seguridad impuesta, haya incluido la presencia masiva de soldados con armas de guerra y equipo militar pesado. Según esa demostración de fuerza y poderío, las pandillas aún representarían una amenaza muy peligrosa, que exige mantener al Ejército en la calle. Sin embargo, la cuestión no es la seguridad personal de Bukele y su entorno, ni la de la población en general. La relevancia del presunto objetivo de la agresión la hace muy improbable. Más todavía, si el enemigo no está identificado. Se trata más bien de exhibir el temor ante un posible atentado de fuerzas oscuras y perversas no identificadas. El propósito es infundir miedo para consolidar la normalización de la militarización de la sociedad y del Estado. La mezcolanza de arte y militarismo tiene dos motivaciones relacionadas. La primera es la obsesión por la seguridad. No para contrarrestar amenazas, reales o ficticias, sino por los réditos políticos. Una vez liberada, esa obsesión es inagotable e insaciable. No hay manera de detenerla. Se alimenta a sí misma. A medida que adquiere fuerza, los motivos originales y los peligros son secundarios. El espacio dejado por los pandilleros encarcelados ha sido ocupado por el miedo a una amenaza indefinida, cuya simple mención justifica la negación de las libertades y los derechos, y la omnipresencia del Ejército. Contradictoriamente, el mantenimiento y el reforzamiento de las medidas de seguridad, en lugar de moderar los miedos y las ansiedades causados por la inseguridad, los reproducen, los expanden y los profundizan. Las estructuras y las prácticas adoptadas para garantizar la seguridad no erradican esos miedos y esas ansiedades. Tampoco se lo proponen seriamente. De hecho, aterrorizan en proporción directa al crecimiento de la preocupación por la seguridad y la visibilidad de las fuerzas militares y policiales destinadas a combatirlas. El miedo sostiene a la dictadura. En la seguridad encontró un filón políticamente muy rentable e inagotable. No tiene otra cosa que ofrecer que seguridad. Pese a que la desarticulación de las pandillas eliminó la inseguridad del espacio público, la seguridad sigue siendo la prioridad única, porque la dictadura tiene las manos vacías. El miedo la alimenta, al mismo tiempo que paraliza, divide y somete. Tal vez no por mucho tiempo. La masiva abstención en las elecciones municipales, la pérdida de aceptación en la mayor parte del territorio nacional y las alcaldías no ganadas son señales claras de la hartura de la población. El efecto más pernicioso de la obsesión por la seguridad es el debilitamiento de la confianza mutua y la propagación de la sospecha de los demás, mientras aumentan los prejuicios de unos y otros. La desconfianza establece la frontera entre nosotros y ellos. La erosión de la confianza debilita la comunicación, lo cual amplía la brecha entre los de confianza y los no confiables, mientras alimenta el miedo y la ansiedad. Contrario a las apariencias, la obsesión por la seguridad no ha hecho a la sociedad salvadoreña más sana, sino cada vez más insegura. Presa de la incertidumbre y el desasosiego, se la antoja que la solución ideal es la dictadura de un iluminado. La segunda motivación de la disonante combinación de arte y militarismo es la vanagloria. La escenificación en el Teatro Nacional fue un ejercicio perfecto de vanagloria. Un vicio propio de quien aspira a erigirse en el centro del mundo. El vanaglorioso se declara libre para explotar todo y a todos. Posee un yo despótico, que carece de empatía y prescinde de la existencia de los demás. Sus relaciones son instrumentales y dominantes. Exhibe ante el mundo su persona, sus logros y sus éxitos. Y se alza como centro de todos los elogios, la admiración y también de la envidia, compañera inseparable del engreimiento. La vanagloria es autoestima inflada y sin fundamento. En realidad, el vanaglorioso siempre mendiga atención. Por eso, la vanagloria y la soberbia son compañeras. El soberbio cree ser mucho más de lo que es en realidad. Tiene la absurda pretensión de ser como Dios. Si acaso sus cualidades no son reconocidas o es criticado constructivamente, monta en cólera y grita. Los demás son injustos, no comprenden, no están a su

La semana pasada, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU se refirió a El Salvador en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos, en la que participan por elección 47 países. El Salvador perteneció a este Consejo desde 2015 a 2018, siendo ese quizás uno de los éxitos diplomáticos más importantes de la historia nacional reciente. Pues bien, en el Consejo, el Alto Comisionado le pidió al Gobierno salvadoreño defender “el Estado de derecho”, así como “garantizar la separación de poderes y promover controles y equilibrios adecuados". Insistió en que si bien defender a los salvadoreños de la delincuencia era un objetivo de derechos humanos, ese fin se puede lograr solo a partir de “medidas basadas en los derechos humanos”. En otras palabras, las detenciones arbitrarias, la retención de un gran número de inocentes en las cárceles y diversas formas de maltrato no garantizan que la violencia desaparezca definitivamente. Sobre el Estado de derecho se ha escrito mucho, y desde todos los ámbitos del saber y de la reflexión. La Iglesia católica es muy clara en su apuesta por del Estado de derecho, la división clara de poderes y el respeto a los derechos humanos, que son, en palabras de Juan Pablo II, “universales, inviolables e inalienables”. La tendencia de ciertos políticos a despreciar los derechos humanos va en contra no solo de las instancias internacionales a las que el país pertenece, sino también contra el pensamiento humanista y religioso. La centralización del poder suele llevar a diferentes formas de corrupción. Tomar nota de las experiencias en la Honduras de Juan Orlando Hernández, recientemente condenado en Estados Unidos, y la Nicaragua de la dictadura Ortega-Murillo ayuda a entender con claridad el camino que nuestra nación no debe recorrer. El sistema de gobierno que ha regido en el país desde la firma de la paz ha sido deficiente, no se ha traducido en mejores condiciones de vida para las mayorías. Las expectativas y anhelos puestos en la democracia se truncaron y de ahí resurgió la tentación autoritaria de acaparar todo el poder y aplicar la fuerza como solución a los problemas. Una mano dura que en muchos aspectos contradice obligaciones legales del Estado salvadoreño. Por ello, no debería causar extrañeza que en diversas instancias internacionales se le llame la atención a El Salvador y se le pida respetar el Estado de derecho. Aceptar y corregir las deficiencias en ese campo es una responsabilidad estatal frente al pueblo salvadoreño. Continuar con un discurso adverso a los derechos humanos solo aumenta la indefensión ciudadana ante los abusos del poder. Todos los políticos, tanto los de ayer como los de hoy, deben recordar que cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todos los ciudadanos sin excepción, violenta gravemente el Estado de derecho. Y aunque se alcancen algunos éxitos mediante la fuerza arbitraria, se están poniendo los cimientos de nuevas violencias.

Editorial UCA Lluvias torrenciales, picos históricos de calor… el calentamiento global avanza sin que en el país se tomen las medidas para lidiar con sus efectos. Los defensores del medioambiente no son bien vistos; quienes defienden el agua son ignorados. El Gobierno se ha negado a ratificar el Acuerdo de Escazú mientras protege proyectos urbanísticos con independencia de su impacto en el medioambiente. La comunidad del cantón El Matazano está en alerta porque la construcción de la nueva Escuela Militar en la zona la dejará sin acceso a su fuente de agua natural, y lo mismo sucede en El Zonte ante la amenaza de desalojos para la construcción de apartamentos de lujo. En la práctica, la legislación vigente protege más la explotación del agua por parte de los proyectos de construcción inmobiliaria que las necesidades de la población pobre o vulnerable. Perseguir ambientalistas, como en Santa Marta, solamente agrava la situación. Si bien los reclamos de protección de Cerro Negro en Chalatenango han sido oídos, tras la autorización del Ministerio de Agricultura a una tala de árboles, lo positivo tiende a ser más excepción que regla. Cada día se advierte con mayor claridad que, más allá del discurso oficial y los regalos populistas, en el país se avanza hacia una explotación despiadada de los recursos naturales en favor de sectores minoritarios. Y el panorama se ensombrece aún más por el hecho de que las abundantes aguas lluvias de cada invierno, que ya quisieran para sí muchas otras naciones, terminan en su mayoría desperdiciándose y generando graves riesgos de inundaciones o deslaves debido a la nula planificación urbana y la deforestación generalizada y cada vez más extendida. Las lluvias, que bien aprovechadas serían fuente de vida y desarrollo, causan erosión y desastre por la desidia de las autoridades, incapaces de pensar en infraestructuras de protección, canalización y uso. San Salvador, ubicada en un valle que solo tiene como salida de las aguas el cauce del río Acelhuate, ya ha sufrido verdaderos desastres, y nada indica que haya interés por hacer obras coherentes con la situación. Las administraciones anteriores reaccionaron a los desastres con pequeñas obras, pero sin políticas de prevención claras. El Gobierno actual sigue esa tradición. Todo hace prever que las luchas por el agua serán cada vez más intensas y dramáticas en todo el planeta; El Salvador no será la excepción. En su aislamiento y autocomplacencia, el Ejecutivo parece sentirse a salvo de los riesgos. El encanto de una escenificación política y una propaganda muy elaboradas hace creer en una especie de autonomía milagrosa, centrada en la capacidad del líder. La apuesta comercial inmediatista y de un liberalismo económico exacerbado no augura nada bueno para un país como el nuestro, con fragilidades y riesgos medioambientales tan acentuados.

Hace 200 años en El Salvador se decretaba la unión de nuestro país con Estados Unidos para preservar la libertad. En ese momento, nuestra patria estaba con toda Centroamérica bajo control del imperio Mexicano. También hace doscientos años, por estas misma fechas de marzo, caía el proclamado emperador de México, Agustín Iturbide, y comenzaba a fraguarse definitivamente la independencia republicana de nuestras tierras, con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica. En febrero de 1823 se iniciaba una revolución contra Iturbide; este renunciaba a la corona imperial en marzo y a finales de ese mismo mes se anunciaban las elecciones para el Congreso de la Provincias Unidas de Centroamérica, el cual ratificaría la independencia y redactaría la nueva y primera Constitución centroamericana. A doscientos años de esa fecha, no se habla mucho de lo ocurrido en ese momento. Pero es entonces, y con una Asamblea Constituyente, cuando comienza a ser real la independencia centroamericana y cuando comienzan a discutirse los problemas de una Centroamérica que sale de su dependencia colonial con una estructura social profundamente injusta. Ahí se discutió la abolición de la esclavitud y nuestros países fueron los primeros en abolirla en América después de Haití. Se discutió también la pobreza de los indígenas e incluso algunos lucharon por un sistema fiscal que no dañara a los pobres. Y se redactó una Constitución que tardó en ser superada en sus valores y derechos después de la división del Estado centroamericano en pequeñas repúblicas. Hoy, cuando la Constitución es un texto que se puede interpretar arbitraria y caprichosamente, no es fácil celebrar un acontecimiento, el de hace 200 años, del que se podrían deducir valores para la convivencia, no solo hacia dentro de nuestras repúblicas, sino hacia el conjunto de nuestros cinco países que, divididos y golpeados por el autoritarismo, no tienen grandes perspectivas de futuro. Y más cuando la Constitución de ese momento era partidaria de una verdadera igualdad en dignidad de las personas y enemiga de las desigualdades. En consecuencia con la igualdad legal de los ciudadanos, la Asamblea Constituyente anuló todos los tratamientos que implicaban una mayor distinción, como “majestad”, “alteza”, “excelencia” y “señoría”. Algo que ni en la actualidad respetan los políticos ni los jueces, engreídos con las palabras y títulos que les distinguen del pueblo. Dentro de aquel profundo sentimiento de igualdad democrática, incluso el título de “don” se eliminó como atributo de la gente importante y pasó a formar parte del trato general de las personas. Olvidar el pasado y pensar que todo será nuevo desde la actualidad en adelante, por la simple razón de que hemos pasado a ser en la práctica un país de partido único, es desconocer tanto nuestra historia particular como muchas experiencias internacionales en las que los sistemas de partido único generaron graves dificultades al desarrollo. Recordar los pasos importantes de nuestra historia y valorarlos en el presente resulta indispensable para crear una identidad esperanzada y activa en la construcción de un futuro más justo.

El Salvador no está solo en su bajada al autoritarismo y al culto a la personalidad de un aprendiz de dictador. Por primera vez en más de dos décadas, el mundo tiene más autocracias cerradas que democracias plenas. El 72% de la población mundial, es decir, 5 mil 700 millones de personas, vivieron en países regidos por autoritarismos durante el año 2022. La receta para el autoritarismo no es muy complicada. El venezolano Moisés Naim la llama la “receta de la triple P”. La primera “P” es del populismo. El gobernante identifica dos bandos. En un lado ubica al pueblo humillado, engañado, siempre explotado y nunca escuchado. En el otro lado, a los que lo han humillado, los que han gobernado antes. Todos los males vienen de este segundo grupo y el gobernante se autoproclama defensor y redentor del pueblo. De lo anterior se desprende la polarización, la segunda “P”. El autócrata divide al país en dos polos opuestos. A los otros políticos se les demoniza, se les culpa de todo. Para el gobernante solo hay dos posibilidades: o se está a su favor, o en su contra. Y exige lealtad absoluta. Él puede violar cualquier norma y cometer abusos sin que ello le implique perder el apoyo de sus seguidores fanatizados, pues confían en él. Aristóteles sostenía que cuando un monarca deja de gobernar para el bien común y lo hace para su propio beneficio y el de los suyos, se convierte en un tirano y su gobierno se vuelve despótico. La tercera “P” se refiere a la posverdad. El gobernante crea realidades ficticias y sus seguidores creen fervorosamente en ellas. Así, la mentira y la desinformación se convierten en sus mecanismos diarios de comunicación, utilizándolas para orientar las preferencias ciudadanas, atizar la división y reforzar su apoyo. Dos ejemplos: según The Washington Post, Donald Trump dijo más de 30 mil falsedades desde el 20 de enero de 2017, cuando tomó posesión, hasta el 12 de enero de 2021; por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, vertió en sus conferencias matutinas 86 mil 917 declaraciones falsas, engañosas o incomprobables. Es esta una época de antipolítica. La gente no cree en los partidos políticos tradicionales porque, lejos de resolver los problemas de las mayorías, se han dedicado a medrar a la sombra del poder, instrumentalizando el Estado a su favor. La crisis de los partidos políticos tradicionales tiene una de sus expresiones más recientes en la elección de Javier Milei, en Argentina. Los autócratas populistas recogen los clamores de la gente y canalizan el descontento con un lenguaje que conecta con las mayorías. Gobiernan sin contrapesos que los controlen, entregándose a un ejercicio salvaje del poder. Este tipo de gobernantes apelan a las pasiones y emociones, no a la razón. Y esa sinrazón y ese poder total los llevan a la intolerancia contra cualquier voz que no se someta a sus designios. Nicaragua ilustra a cabalidad los resultados y consecuencias del autoritarismo y, en este sentido, es una buena ventana en la cual avizorar el destino de nuestro país.

Provocador, engañoso y triunfalista. Así se presentó Bukele en uno de los escenarios del conservadurismo estadounidense más rancio. Escenificó un colorido y ruidoso espectáculo de entretenimiento político con teorías conspirativas, sensacionalismo barato, insinuaciones perversas y odio. Tuvo el atrevimiento de indicarle a su auditorio y al próximo presidente de Estados Unidos lo que debían hacer. Los exhortó a seguir su ejemplo y a rediseñar de arriba abajo la institucionalidad democrática estadounidense para instaurar una dictadura como la suya. Inmediatamente después de declarar la muerte del globalismo y de afirmar el aislacionismo, se tomó la libertad de intervenir directamente en la campaña electoral de Estados Unidos. Se presentó como un líder mundial exitoso y expuso el “ideario” que le ha dado renombre, algunos de los eslóganes más queridos de Trump y los suyos. Les dijo lo que querían oír, confirmó sus creencias y garantizó un triunfo similar al suyo. De la misma manera que había hecho realidad el eslogan “El Salvador primero”, ellos también debían hacer lo mismo con Estados Unidos. Los puso sobre aviso acerca de las fuerzas ocultas no identificadas que conspiraban para destruir a Estados Unidos. En un segundo momento, atribuyó la conspiración a la comunidad internacional, las organizaciones no gubernamentales y las noticias falsas. Luego, señaló a la elite global. El único presunto conspirador que pudo identificar fue el millonario filántropo George Soros. Prueba irrefutable del avance de la conspiración es la expansión del crimen y la droga, promovida y protegida por las mismas autoridades estadounidenses. Sabe de lo que habla, ya que son los mismos conspiradores que hundieron a El Salvador. Su recomendación es destituir cuanto antes y sin contemplaciones a las autoridades corruptas e instaurar una dictadura militar, que imponga la ley y el orden. Los conminó a actuar rápido, antes de que el agua hierva y la rana ya no pueda saltar. Al final del espectáculo, Bukele soltó una insólita teoría financiera. Animó a sus oyentes a no pagar impuestos, de por sí, muy altos. El auditorio rugió complacido. No pagar impuestos es la libertad. Bukele fue más allá. Les dijo que los obligan a pagarlos para crear la ilusión de que contribuyen con el financiamiento del Estado. Pero este se financia con la impresión de papel moneda. Aunque no les explicó a dónde iban a parar los impuestos ni como se sostiene con papel una economía como la de Estados Unidos, su público reaccionó clamando por su libertad. Es así como Bukele enarboló la bandera de la libertad en Washington, mientras abogaba por una dictadura como la suya. La liberación de los impuestos solo es válida en Estados Unidos, aquí no perdona el impuesto al valor agregado de la canasta básica y los medicamentos. Es un despropósito mayúsculo proponer una dictadura en la capital de una nación orgullosa de la libertad. Sus fundadores sustituyeron la monarquía absoluta por un cuidadoso equilibrio de los poderes estatales, diseñado para impedir el abuso. El contrasentido no es problema para un auditorio desquiciado, que exige a gritos libertad y dictadura. El Bukele nacional no admite la injerencia en sus asuntos, pero el internacional no tuvo reparos en entrometerse en la política interna de Estados Unidos. El héroe que enterró el globalismo en el país, lo desempolvó en Washington para hacer campaña electoral a favor de Trump. La lógica encuentra incomprensible estas contradicciones, pero las mentes desquiciadas las digieren sin dificultad. Viven en compartimentos inconexos y se quedan con aquellos que más les agradan. La presentación internacional del éxito salvadoreño es otra muestra de ese desajuste. Bukele defendió la libertad de prensa, pero calló que acosa a sus críticos y les niega la información. Atacó las noticias falsas, pero omitió que es una de sus herramientas para manipular a la opinión pública. Se vanaglorió de la remoción forzada de jueces y fiscales por liberar a los pandilleros, pero olvidó que él hizo lo mismo con algunos de sus líderes. Pidió elecciones libres y limpias, pero pasó por alto el fraude electoral. Se presentó como ganador absoluto de esas elecciones, pero desconoció que fue reelegido por solo un poco más del 40 por ciento del padrón. La serie de impertinencias fue recibida con repetidas ovaciones en pie por un auditorio extasiado con lo que consideró una representación extraordinaria. Bukele disfrutó el baño de las masas republicanas de Trump. También demostró una enorme habilidad para adaptarse a sus gustos. Bukele no revela lo que realmente piensa, sino aquello que sus oyentes desean escuchar, a cambio de sus aplausos, sus elogios y su admiración. En ello se complace y encuentra seguridad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Gobernanza significa buen gobierno. La gobernabilidad indica, en cambio, la calidad de obediencia o incluso de sumisión del ciudadano que hace fácil gobernar a un pueblo. Muchos líderes autoritarios tienen durante al menos un tiempo un nivel de gobernabilidad alto, pero la gobernanza, que se refiere a la calidad democrática del gobierno, es generalmente baja. Mucha gente confunde ambos términos, pero la diferencia es clara. La gobernanza nos habla de buen gobierno y la gobernabilidad de aceptación del gobierno entre la gente, sea bueno o malo el modo de gobernar. Ser buen gobierno no depende de los votos recibidos, sino de criterios externos al poder como la ética, la justicia social o los derechos humanos. Con frecuencia algunas personas se preguntan por qué algunos regímenes autoritarios pueden durar largo tiempo cuando hay datos evidentes de sus fallos en el modo de gobernar. Y la respuesta tiene múltiples facetas: investigar y buscar la verdad, enfrentarse a ella, es una tarea compleja. Con frecuencia preferimos creer dogmas, sobre todo cuando el que manda los expresa con total seguridad y con algo de ingenio. La comodidad puede perfectamente ser otra razón. Es mucho más cómodo aceptar un gobierno autoritario que luchar contra él, especialmente si se tienen bienes que se podrían arriesgar o perder en la confrontación con el más fuerte. No faltan también los que seducidos por el individualismo se conforman con cualquier situación con tal de que esta no toque sus intereses. Otros plantean la duda con actitud de conveniencia. Se muestran abiertos a la crítica, pero se disculpan diciendo que lo diferente puede ser peor, que nunca sabremos lo que puede sobrevenir en un futuro diferente de un presente aparentemente estable. Al final, optar por un gobierno autoritario termina siendo una decisión de conveniencia: o me da mucho, o puedo perder comodidad, seguridad o estabilidad si me opongo. Y por supuesto, están los clientes. Toda democracia imperfecta tiende a establecer vínculos clientelistas. No quedan lejos unas elecciones en las que el candidato perdedor, en aquel momento de Arena, decía que “ si gano voy a dar todo lo que dice el FMLN que dará, y todavía más”. Las promesas pueden creerse en algún momento, pero los clientes son los que se benefician y, por tanto, terminan seguros de que el gobierno que les favorece es el mejor, al menos mientras no sientan que otro gobierno les puede dar más. Y finalmente están los convencidos, que no suelen ser tantos en la política, y los fanáticos, que tienden a la agresividad en la defensa de sus posiciones. Tanto los clientes como los fanáticos cambian de posición cuando no reciben lo que esperan y piensan que otro se los puede dar. Con la diferencia de que el cliente simplemente se adapta, pero el fanático pasa del amor al odio con respecto a su anterior objeto de pasión. En El Salvador se ha consolidado, con las últimas elecciones, un gobierno de corte autoritario, con amplia influencia en los tres poderes del Estado y que goza de gobernabilidad. Para avanzar hacia la gobernanza se necesita crecer en respeto a los controles externos al Estado. Es bueno pedir independencia para las instancias estatales que sirven como sistema de control interno del poder. Pero el poder también hay que controlarlo desde fuera y desde valores humanos universales. Como ya hemos dicho, la ética, la capacidad crítica de una racionalidad humanista y los derechos humanos son fundamentales para corregir los excesos de poder. A la sociedad civil le corresponde salir de la comodidad y del interés particular para ir creando una base de pensamiento común en torno a la justicia social y al desarrollo inclusivo que nos lleve de la gobernabilidad a la gobernanza.

Por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, desde 2007 cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. En la Constitución del país, la justicia social aparece como uno de los principios fundamentales que deben orientar e impulsar la actividad del Estado. En los discursos de los políticos el tema sale de vez en cuando, aunque cada vez con menos frecuencia. Los sectores económicamente pudientes han logrado que mucha gente piense que la justicia social es algo del pasado, propio de un lenguaje izquierdista obsoleto y pasado de moda. Sin embargo, continúa siendo una necesidad en El Salvador, porque lo que abunda es lo contrario: injusticia, desigualdad, discriminación. La persona que acuñó por primera vez el término lo definió como aquella virtud que “iguala de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. En otras palabras, se da a todos el disfrute de sus derechos básicos. En nuestro caso, la justicia social sería dar justicia y seguridad a quienes estaban oprimidos por las pandillas, pero también respetar y garantizar los derechos de quienes están recluidos en las cárceles. Justicia social es brindar derechos a todos, no limitar los de unos en favor de otros. Ciertamente, el delincuente puede y generalmente debe perder el derecho a la libertad para no dañar a otras personas, pero conserva el derecho a la alimentación, a ser tratado con dignidad, a recibir la visita de familiares y amigos. En el terreno socioeconómico, que es donde con más frecuencia se debe aplicar, la justicia social significa educación, salud, salario, vivienda y pensiones de igual calidad para todos. La justicia social está en el origen del llamado Estado social y democrático de derecho. Y en buena parte por ello los partidarios del capitalismo a ultranza, que permite a los más fuertes hacer grandes riquezas a costa de las mayorías, se oponen a tomarla en serio. Es un error. La desigualdad está en la base de la mayor parte de los problemas sociales del país, sin que hasta la fecha se esté realmente luchando contra ella. Mientras no haya una reforma fiscal que exija mayor responsabilidad a los que más tienen, mientras no se abran oportunidades de desarrollo para las mayorías será poco probable que se pueda superar la dura situación socioeconómica nacional. Aunque desgraciadamente está ausente en la agenda política y en las perspectivas de desarrollo de El Salvador, la justicia social es el camino para que el futuro sea pacífico y aporte bienestar universalmente. El silencio, la falta de diálogo y de celebración en el Día Mundial de la Justicia Social no es una buena señal; el mismo silencio que guardaron los anteriores Gobiernos, a los que con cierta razón se les señala de ser causantes de los problemas actuales.

Los hechos le están dando la razón al Ejecutivo: los Acuerdos de Paz son cuestión del pasado. Desde el fin del conflicto armado, el país avanzó tímidamente en el camino de la democratización, especialmente en lo que se refiere al modo en que se elige a los gobernantes. Desde entonces, nunca se había cuestionado tanto un proceso electoral. En cada elección hay irregularidades, pero el actual proceso es más cercano a los de la dictadura militar que a los de la etapa posconflicto armado. Antes de los recientes comicios legislativo y presidencial, se afirmó desde este espacio que el país se avocaba a las elecciones más controversiales de los últimos tiempos. Primero porque, después del general Hernández Martínez, nadie había pasado por encima de la Constitución para reelegirse. Segundo, porque por primera vez desde los Acuerdos de Paz habría elecciones en el marco de un régimen de excepción. Y tercero, porque se desarrolló una campaña electoral sin propuestas y la más desigual de las últimas décadas a favor del partido de gobierno. Por esas y otras razones el proceso electoral no cumplía con la integridad electoral propia de un régimen democrático. Las elecciones del 4 de febrero fueron la cosecha de lo que el oficialismo sembró concienzudamente. En toda la jornada electoral hubo una serie de triquiñuelas y anomalías a favor del partido oficial, pero el mayor descalabro llegó a la hora del escrutinio. En los 12 años transcurridos desde que el país utiliza sistemas informáticos para procesar los resultados electorales, nunca se registraron fallas como las de esta ocasión. En este sentido, las elecciones del 4 de febrero representan un punto de quiebre en el desempeño del Tribunal Supremo Electoral. La caída del sistema, el desconocimiento del mismo por parte de los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos y la falta de materiales necesarios para el escrutinio, entre otros factores, hicieron imposible realizar el escrutinio preliminar. Después vino el bochornoso espectáculo del escrutinio final. Todos los vicios históricos de la política salvadoreña acudieron a las mesas del Gimnasio Nacional. La masiva presencia de miembros y vigilantes del partido oficial; su actitud prepotente e intimidatoria contra los escasos representantes de otros partidos, contra la prensa y contra algunos observadores; la admisión de votos nulos como válidos; la multiplicación intencional de votos para el partido gobernante y la omisión de otros que favorecían a partidos de oposición; la evidente ausencia de imparcialidad; papeletas sin dobleces, otras marcadas con plumones... Todas las trampas del pasado afloraron en este escrutinio. La causa es clara: por incompetencia, negligencia o decisión, el Tribunal Supremo Electoral perdió el control del proceso en beneficio del partido de gobierno. Solo así se puede explicar todo lo que ha sucedido. Es claro que con o sin irregularidades el ganador de la elección presidencial sería el mismo, pero es no aplica al voto por las diputaciones y sus distribuciones. Además, ante el jolgorio del oficialismo, toca recordar que la democracia es absolutamente incompatible con un régimen de partido hegemónico. Afirmar que el país será el único “plenamente democrático” con partido único es equivalente a mezclar agua y aceite. Lo que se acaba de ver en este proceso electoral es propio de regímenes totalitarios. Regímenes que no admiten oposición real ni una verdadera competencia electoral en igualdad de condiciones; que cambian las reglas del juego a su antojo para dañar a los adversarios; que utilizan la institucionalidad a su favor; que alteran la voluntad popular para aparentar más apoyo del que tienen. Lo visto es un nuevo adelanto de lo que está por venir.

La reelección presidencial y la elección legislativa han puesto al descubierto la verdadera naturaleza del régimen de los Bukele. A diferencia de otros eventos como las competencias deportivas y las mises, las elecciones desvelan con claridad meridiana de qué pasta está hecha su dictadura. Muy pagada de sí misma, proclama con orgullo que “el soberano” expresó su voluntad. Una licencia electorera, porque solo votó un poco más de la mitad en la elección presidencial y algo menos en la legislativa. En el exterior, el voto cumplió su papel de aupar al oficialismo, pero la abstención es muy elevada. En cualquier caso, eso no significa que la voluntad de los votantes haya sido respetada. La voluntad que ha prevalecido es la de Bukele, “el soberano” por naturaleza. Su dictado se impuso mediante el engaño y la coacción de sus informáticos y sus huestes, dirigidos por funcionarios de alto rango y protegidos por policías, fiscales y la misma autoridad electoral, usurpada por Casa Presidencial. La mesnada del oficialismo acosó a la prensa y a la observación internacional. A juzgar por estos hechos, la orden era obtener por la fuerza unos resultados que no dejaran dudas sobre la popularidad del “soberano”. Consiguió bastante, pero se quedó corto. El resultado de su reelección solo indica una aceptación un poco superior al 40 por ciento del sufragio. En la legislatura no alcanzó los 58 escaños anunciados y la aceptación es todavía menor. El oficialismo no debe olvidar que su triunfo está mancillado por un fraude masivo y sistemático. En sentido estricto, los elegidos no representan al pueblo salvadoreño. Este no los ha elegido libre y limpiamente, sino “el soberano”. Él los escogió y los eligió a cambio de que estén incondicionalmente a su servicio. La soberanía popular es incompatible con la insaciable ambición de poder y fama. El principal rival del “soberano” no son los partidos políticos, sino los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales influyentes y la prensa independiente y crítica. Prueba de ello es el discurso de la máxima representante de la autoridad electoral, que intenta reducir a la irrelevancia los numerosos señalamientos de fraude. Según ella, el proceso ha sido completamente transparente y objetivo. Las denuncias que apuntan a lo contrario no son más que especulaciones, motivadas por intereses partidarios y perversos. Solo acepta “la complejidad de varias situaciones”, sin dar más explicaciones. Estos son tiempos de obsesión por el poder. “El soberano” está obsesionado con ejercerlo sin controles ni límites. Por eso se aísla de la comunidad internacional, cuyos compromisos se le antojan una interferencia inaceptable en el ejercicio de su soberanía. “El soberano” y sus servidores encuentran en el ejercicio del poder absoluto su realización personal y, sobre todo, un medio indispensable para enriquecerse y vivir sin trabajar, a costa del pueblo salvadoreño, al que dicen representar. Primero sirven a su “señor” y después, en la medida en que este se los tolera, se sirven a sí mismos. La obsesión con el poder los coloca fuera del ámbito de lo legal e ilegal, de lo moral e inmoral, es decir, al margen de las obligaciones constitucionales y morales, y de las instancias controladoras y las consideraciones éticas. Por anticonstitucional o perversa que sea su conducta, como en el caso de la reelección o del llamado “régimen de excepción”, se les antoja indispensable para defender “un bien mayor”. De esa manera, actuaciones como las de la máxima autoridad electoral se les antojan triviales. No es extraño, entonces, que no encuentren motivos para el desasosiego y la vergüenza. La democracia, las libertades ciudadanas y los derechos humanos solo son relevantes cuando no se tiene el poder. Bukele, antes de apoderarse del Estado, se presentó como demócrata convencido. Una vez en el poder, este lo exime de actuar dentro de la institucionalidad democrática y tener alguna obligación ética. No es simple casualidad que el fraude electoral haya coincidido con información que corroborara, otra vez, la hipocresía del “soberano”. En cuestión de horas, puso en libertad a uno de sus candidatos a alcalde, a pesar de que, a diferencia de miles de capturados, la Policía había documentado su vinculación con una de las pandillas más grandes. El desenlace de la reelección y la elección legislativa ha dejado en evidencia la inutilidad de acudir a las urnas. La conducta del “soberano” justifica la abstención. Las elecciones no son más que un simple formalismo vacío y sin credibilidad. Solo la obsesión por el poder explica una actuación tan torpe. Más aún cuando las dos elecciones estaban ganadas de antemano. Probablemente con menos votos favorables. El diablo ha demostrado una vez más que su poder reside en su maestría en el arte del engaño. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todos los seres humanos buscamos ser felices, en ocasiones incluso sin importarnos la infelicidad ajena. Y no nos damos cuenta que impedir o dañar la felicidad ajena se revuelve contra nosotros y nos hace menos felices. Y es que la vida no es una realidad solamente individual. Dañar la vida de una persona es dañar la vida en general, incluida la propia. En la política, quienes apuestan por liderar los destinos de los pueblos nos hablan siempre de bienestar, de concordia y de felicidad. Pero con frecuencia reparten felicidad a base de privar a otros de la misma. Al final, ese modo de proceder lleva a la crisis, cuando no a la polarización y a la revuelta. En El Salvador vamos viendo cada vez con mayor claridad cómo ese afán de prometer felicidad se va convirtiendo en un proceso de negarla a mucha gente. Mejora la seguridad, pero aumenta el número de familias dolidas con detenciones injustificadas. Se ofrecen elecciones libres, pero los entusiastas del régimen tratan de imponer un éxito rotundo; sin importar que tuvieran asegurada la victoria electoral, tratan de aplastar a los débiles contrincantes, creyendo que eso les dará una alegría triunfal mucho mayor. Y al mismo tiempo, se permite que otros construyan su felicidad aun a costa de las dificultades económicas de muchos, sin buscar formas de solidaridad y justicia social que disminuyan el dolor y las carencias de la mayorías. La crítica más seria a los mismos de siempre insistía fundamentalmente en señalar la injusticia de querer construir la felicidad de pocos sobre el dolor de muchos. Como en tiempos antiguos, los políticos actuales creen que se puede comprar la felicidad de los pobres con regalos. Y efectivamente algo se consigue con esa táctica. Pero en el largo plazo, la gente no quiere regalos que alivien un momento el dolor de la pobreza o de la carencia de derechos, sino oportunidades estructurales y concretas que conviertan la felicidad en el fruto del propio esfuerzo. En algunas encuestas que medían la felicidad, el pueblo salvadoreño afirmaba que era mayoritariamente feliz. Probablemente afirmaba su felicidad desde la esperanza. Porque quien supera muchas pruebas y continúa con la esperanza viva tiende a manifestar su alegría por los problemas superados. Pero el goteo de negaciones de felicidad a grupos y sectores críticos con los liderazgos actuales, así como a víctimas de la pobreza, termina erosionando y desgastando el poder, por muy absoluto que se crea. Como en todo conflicto, el camino duradero de solución se encuentra en el diálogo. Ese es siempre el ideal en la resolución de problemas y conflictos. Pero el acaparamiento y control de las instituciones del Estado llevan al aislamiento y a la sordera del poder. Hace años, ante la oposición a la reforma agraria de parte de terratenientes ganaderos, se decía que el mugido de las vacas les impedía escuchar los gritos de los pobres. Hoy es la propaganda de victoria y felicidad de algunos lo que les impide ver las carencias de felicidad en un gran número de personas. Bajar el ruido del triunfalismo, eliminar la prepotencia y escuchar las quejas del débil es el único recurso válido para lograr la felicidad de todos.

Con frecuencia se confunde la legalidad con la ética. Si bien el cumplimiento de las leyes es una muestra del talante ético de las personas, ética y legalidad no son realidades siempre coincidentes. En El Salvador, muchos encargados de velar por el Estado de derecho están interpretando las leyes a favor de quienes tienen más poder; por ello, el imperio de la ley está fuertemente golpeado, debilitado por la arbitrariedad de esos funcionarios. Sin ética, o dicho en otras palabras, sin valores comunitarios y solidarios, las leyes sirven de poco. Quienes las aplican e interpretan pueden convertir la legislación en un instrumento de opresión. La ética parte de la igual dignidad de las personas. La misma dignidad tiene el poderoso y el débil, el armado y el desarmado, el acusador y el acusado. Las responsabilidades legales de cada uno deben regularse desde el respeto a ese principio fundamental. Al privado de libertad a causa de un delito solamente se le pueden aplicar castigos o sanciones que estén debidamente regulados. Al partido político pequeño debe dársele la misma facilidad para supervisar una votación que la que se da al partido más fuerte. A la empleada del hogar y los campesinos les corresponden los mismos derechos de cualquier otro trabajador. El problema en El Salvador es la larga tradición de catalogar a las personas como superiores o inferiores. Una tradición que ha estado acompañada de una prestación diferenciada de los servicios del Estado. A lo largo de la historia nacional se ha oscilado entre Estados autoritarios que han convertido la ley del más fuerte en la normativa vigente y otros que, pese al compromiso de no hacer distinciones entre las personas a la hora de brindarles servicios, conservan costumbres que en definitiva burlan la igual dignidad de las personas. A este segundo tipo de Estado los expertos lo denominan Estado de derecho híbrido. De este estilo fue el que nació de los Acuerdos de Paz. Por eso, por ser incapaz en la práctica de respetar plenamente la igual dignidad de las personas y promover con equidad el desarrollo, cayó en el descrédito y abrió el camino a un nuevo Estado autoritario de fuerte respaldo popular. Esta dinámica de oscilación entre democracias híbridas e incompletas, y populismos autoritarios viene repitiéndose desde la fundación de la República. En la doctrina social de la Iglesia católica se considera “la sociedad civil como el lugar donde siempre es posible recomponer una ética pública centrada en la solidaridad, la colaboración concreta y el diálogo fraterno”. Frente a la oscilación entre Estado híbrido y Estado autoritario, a la sociedad civil le corresponde impulsar una ética construida sobre la igual dignidad de la persona; solo ello pondrá paro a la desigualdad, el individualismo del sálvese quien pueda y el malestar social y cultural. Cuando la esfera política es incapaz de caer en la cuenta de que hay valores que son innegociables y que la ley debe responder a ellos, toda la esperanza pasa a depender del empuje, las propuestas y la capacidad de diálogo de la sociedad civil.

El antídoto para la corrupción es la transparencia. Reservar la información que por oficio debe ser pública es una maniobra que solo tiene eficacia temporal para ocultar la verdad, porque, como dice el saber popular, tarde o temprano todo sale a la luz. La información empodera para la auditoría ciudadana y para exigir que los gobernantes rindan cuentas; ocultarla difícilmente tiene otro propósito que esconder evidencias de lo que pasa detrás de bambalinas. Si bien no decir la verdad y mentir no son exactamente lo mismo; para efectos prácticos, tienen el mismo fin: engañar. En El Salvador, el actual Gobierno se caracteriza por ocultar sin recato, pero parece que buena parte de la población se lo disculpa por lo que se ha hecho en materia de seguridad. Ello explica el alto grado de permisividad y pasividad ante la nula rendición de cuentas. En los últimos años, se ha ocultado diversa clase de información, pero sobre todo la que tiene que ver con el uso del dinero público y con la seguridad, específicamente con el respeto a los derechos humanos. Por una parte, se ha reservado información sobre las compras públicas, sobre la contratación de personal y sobre licitaciones de bienes, servicios y obras. También se han reservado las actas del Consejo de Ministros y el Plan Nacional de Salud. Igual suerte ha corrido el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto de construcción del viaducto y ampliación del tramo Los Chorros. Tampoco se conoce el detalle del contrato entre Google y el Gobierno de El Salvador, que le costará al país 500 millones de dólares. Y a pesar de las absurdas cantidades invertidas en el bitcóin, tampoco se es posible acceder a la documentación relacionada Por otra parte, se ha declarado reserva de información sobre decenas de temas vinculados a la seguridad pública. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil ha declarado bajo reserva la información sobre homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios, secuestros y violaciones. La Fiscalía ha hecho lo mismo con los datos sobre fosas y cementerios clandestinos. No hay informes oficiales sobre la participación de la Cancillería en procesos judiciales. Y todavía no se sabe cómo se adquirieron las vacunas contra el covid ni lo que costaron las cabinas para el proceso de vacunación. Y un largo etcétera. Para poder ocultar tanta información, el Gobierno redujo al Instituto de Acceso a la Información Pública a la condición de mero ornamento; ahora actúa en sentido contrario a lo que su misión le exige. El proceso electoral no ha escapado a esa dinámica. No se conoce detalles sobre los programas informáticos que se aplicaron para el voto remoto. Se desconoce quién realizó o realizará la auditoría sobre esa votación. Para el voto presencial en el país, sigue sin haber información veraz; a más de 10 días de realizadas, no hay resultados sobre las elecciones legislativas. El proceso ha sembrado más dudas que certezas por las muchas anomalías denunciadas por observadores nacionales e internacionales. En el escrutinio final hasta se ha prohibido discutir sobre los votos nulos e impugnados, porque, según la autoridad electoral, ya fueron clasificados por cada Junta Receptora de Votos. En el país se ha extinguido el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas; se ha impuesto el máximo ocultamiento de la información. La confidencialidad de la gestión pública ya no es una excepción para casos o situaciones especiales, sino la norma. La anomalía es hoy forma de vida.

Bukele dictó a la nación los resultados de las elecciones desde el balcón del Palacio Nacional. Se autoproclamó reelecto y dueño de la legislatura por mayorías abrumadoras. Precipitadamente, los países amigos aceptaron el dictado presidencial. La reserva de Estados Unidos sobre la observancia de los derechos humanos es un mero formalismo, requerido por las circunstancias. Washington no espera que los observe ni se lo exigirá. Mientras tanto, los peones se las ingenian para revestir de credibilidad unas elecciones abiertamente fraudulentas. Por mucho que se esfuercen, las elecciones presidencial y legislativa están lastrada por una larga cadena de irregularidades, cada vez más clara y documentada por las redes sociales. Mientras Bukele guarda silencio, pues su dictum es ley, los fieles se atrincheran defensivamente en el caudal de votos captado por su ídolo y la oposición pide anular la elección. La insensatez del oficialismo puso por primera vez en entredicho una elección desde 1992. Envalentonado, decidió arrasar en las urnas a cualquier precio, convencido de que un simple triunfo era insuficiente para sus ambiciones totalitarias. Bukele no se contenta con un triunfo, busca aplastar. La reelección y el control de la legislatura eran cosa hecha; la mayoría votaría a favor. Pero Bukele aspira a una totalidad similar a la de sus encuestas de popularidad; una totalidad que lo encumbre definitivamente en el pináculo que roza el cielo de los grandes y famosos, y así presentarse ante el mundo como “rey de reyes”. No lo logró, se quedó corto. Apenas un poco más del 40 por ciento del padrón votó por su reelección. Obtuvo el doble de los votos de 2019, pero no la totalidad del sufragio, ni siquiera la mitad. El dictado intempestivo de los resultados electorales desde el balcón del Palacio Presidencial pretendía disimular el desaire de más de la mitad del electorado, tanto del local como el del extranjero, donde el caudal de votos, respecto a la totalidad de la diáspora, es todavía mucho menor. Este inconveniente se ha visto agravado por la ineptitud de sus peones para montar un fraude creíble. No pudieron entregar un triunfo electoral limpio. El TSE, último responsable del proceso, no tiene explicación convincente del caos. Calla, desinforma y se desdice. La única conspiración evidente es su incapacidad para garantizar unas elecciones confiables y seguras. La anarquía creada ha hecho más difícil ajustar los resultados al dictum de Bukele de manera plausible. El fraude electoral es muestra clara de debilidad. Bukele busca arrebatar mañosamente lo que pudo haber obtenido limpia y elegantemente. La inconstitucionalidad de la reelección arrastra consigo un fraude masivo y sistemático, que ratifica su ilegitimidad. Bukele y sus huestes usurparon la institucionalidad electoral, desde el sufragio hasta el escrutinio final. No cabe duda de que ha eliminado la institucionalidad democrática, tal como alardean sus voceros más cualificados. Pero no crea novedad. Reemplazó una democracia en ciernes con las prácticas oligárquicas y militares del pasado. La experiencia demuestra que esas prácticas conducen a un callejón sin salida, del cual nadie sale indemne. La carga más pesada recaerá sobre los sectores con menos ingresos y oportunidades. La democracia heredada tenía mucho de podrido, corrupto y sanguinario, pero la dictadura de nuevo cuño de Bukele no es diferente, excepto por su notable habilidad para disfrazar una corrupción más voraz que la de los políticos tradicionales. El fraude de la primera ronda de elecciones da la razón a los indiferentes y los desengañados que no acudieron a las urnas. No tenía sentido movilizarse y votar cuando una autoridad desvergonzadamente deshonesta había determinado de antemano el resultado. Mucho menos sentido tiene ahora votar en la elección municipal y del parlamento centroamericano. Las torpezas del oficialismo desmovilizan a un sector representativo de la población. Anular las elecciones no es opción para una autoridad electoral obligada a ajustar los resultados definitivos al dictado de Bukele. Tampoco está a su alcance revestirlos de un mínimo de legitimidad para guardar las apariencias. La matonería predominante en el oficialismo pareciera indicar que ha llegado el momento de suprimir, mediante otro dictado presidencial, los restos de la institucionalidad. Las elecciones han demostrado que el país es gobernado por los dictados de Bukele. El régimen se ha despojado de lo que quedaba de su máscara de respetabilidad para mostrar su verdadero rostro. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana. Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución. Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia. Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia. Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado. A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos. Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.

Es indudable que luchar por un presente más justo es necesario. Y dado el modo en que se están desarrollado las elecciones, se necesita enmendar los errores, denunciar a los causantes de los mismos y devolver el país a la normalidad, la transparencia y la honestidad; sacarlo de la desastrosa situación al que lo ha llevado la guerra del oficialismo contra la democracia. El conteo de los votos de las elecciones legislativas debería ser hoy el principal tema de control ciudadano, ya que las instituciones han demostrado de sobra su incapacidad de dar una respuesta adecuada, racional y legítima a las expectativas de la gente. Pero más allá de ello, es urgente comenzar cuanto antes a pensar en el futuro. El presidente ha entrado de facto en su segundo período. Seguramente, seguirá contando con el apoyo mayoritario de los diputados y dominando todas las instituciones públicas, en principio establecidas para controlar los posibles excesos del poder. Ante la cooptación de los sistemas estatales de control, la tarea de poner coto a los abusos queda ahora en manos de la sociedad civil, la prensa libre y algunas instituciones dedicas a defender el Estado de derecho. Por eso es imprescindible pensar y trabajar el futuro. Sería absurdo quedarse solamente en las quejas y reclamos (por necesarios que sean) y olvidar lo que se quiere para El Salvador. Ciertamente, no conviene volver al pasado, pues lo que se requiere es un horizonte diferente al actual, uno más claro, solidario y democrático. Decir que con el FMLN o con Arena se vivía mejor es falso para la mayoría de la población. Y por ello, si se quiere tener una democracia decente, hay que diseñarla y mostrársela a la gente. Será tarea de años, sí, pero no demasiados,ya que los problemas estructurales del país, que están conduciendo a la precariedad económica y sociocultural a tantas personas, obligarán al cambio. Si no se piensa y difunde otro futuro, el populismo se enraizará y marchitará toda posibilidad de una convivencia libre y armónica. La crítica es buena, pero si no ayuda a describir con claridad un proyecto diferente al actual, termina convirtiéndose en un lamento estéril. Y ya la mayoría de la población tiene suficientes angustias y sufrimientos vitales como para querer sepultarse en lamentaciones que no conducen a ningún lugar. Hay que demostrarle a la población que un futuro sin pobreza y desigualdad extrema es posible para El Salvador. Competir con el populismo en boga y sus promesas llevará automáticamente a la derrota. Porque los populistas son expertos en convertir las promesas en propaganda y transformar toda obra pública, terminada o en proyecto, en simulacro de futuro feliz. El pan y el circo convencen más que las palabras si no hay una racionalidad y un compromiso personal que certifiquen que el futuro en justicia del que se habla tiene más garantía de ser cierto que las luces y la escenificación gloriosa del poder, que promete el liderazgo mundial de nuestra patria en casi todas las esferas de la vida social. Toca repetirlo: urge diseñar otro futuro desde la realidad y desde los cambios que ella reclama; urge proclamarlo desde la justicia social, la igual dignidad de todas las personas y la fraternidad. Solo así se podrán corregir las dinámicas que nos llevan hacia el autoritarismo, la arbitrariedad, la pobreza, la precariedad y el desguace del Estado de derecho.

Las elecciones se han desarrollado en un ambiente de debate sobre la legalidad de la reelección, predominio propagandístico del partido en el Gobierno, impago arbitrario de la deuda electoral a los partidos de oposición y uso de los recursos estatales para apoyar la reelección presidencial, entre otras graves irregularidades. Las encuestas informaban de un apoyo masivo a la candidatura presidencial de Nuevas Ideas y presumían la desaparición de algunos de los partidos participantes. En una nueva violación a las normas electorales, Nayib Bukele se declaró reelecto antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera dato alguno. En el reciente Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, El Salvador retrocede diez puntos respecto al año 2022, quedando en el puesto 126 de 180 países estudiados, y doce puntos por debajo del promedio latinoamericano. El incumplimiento de leyes y la arbitrariedad de las instituciones son dos de los indicadores de que algo marcha muy mal en El Salvador. Las reservas de información, que se han convertido ya en una norma en las dependencias estatales, empeoran la situación. El acoso a los periodistas ha crecido. Y la partida secreta de la Presidencia, causante de algunos de los mayores escándalos de corrupción de Gobiernos anteriores, continúa existiendo y engordando, pese a las promesas de eliminarla. No es raro que la percepción de corrupción aumente, aunque de momento no haya tenido repercusiones electorales. Generalmente se tiende a identificar corrupción estatal con enriquecimiento ilícito. Pero en realidad, la corrupción comienza y se desarrolla en sociedades autoritarias a partir de la arbitrariedad y la falta de transparencia. Países que no brindan información clara a la ciudadanía hacen que aumente entre la gente la sospecha o la percepción de corrupción. La percepción no es, evidentemente, una prueba judicial de que la corrupción exista. Pero si la percepción aumenta es evidente que el Estado no está cumpliendo con las normas de transparencia requeridas para luchar contra la corrupción. Los procedimientos seguidos durante los últimos años no harán que disminuya la percepción de corrupción. Al contrario, dejarán un mal sabor de boca en muchos. Demasiado peso de algunas instituciones estatales en la propaganda, demasiada prepotencia y afán de control de todo. Ahora lo inteligente sería un cambio de dirección. Es necesario abrirse al diálogo, a la contraloría social, a un funcionamiento del Estado respetuoso de los derechos ciudadanos, a la independencia de poderes y al debate público y abierto de los problemas económicos y sociales del país. Hace ya muchos años, el Concilio Vaticano II pedía a los cristianos interesados en la política que lucharan “con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político”. Cristianos o no, las salvadoreñas y salvadoreños podrían desde la crítica mejorar la realidad del Gobierno si este tuviera los oídos abiertos. Sin embargo, en su discurso de la noche del domingo 4 de febrero, Nayib Bukele no dejó duda alguna de que únicamente se escuchará a sí mismo.

La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales. La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó. El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal. El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas. Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección. La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil. La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Como se fue constatando en los meses previos a los comicios del 4 de febrero, el proceso en marcha se ha caracterizado por la falta de la integridad electoral que garantiza que unas elecciones sean limpias, justas e imparciales. Entre otros factores, la campaña careció de la igualdad de condiciones requerida para que hubiese una verdadera competencia; del financiamiento público a los partidos políticos de oposición, estipulado tanto por la Constitución como por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos; de la autonomía de la autoridad electoral; y de transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. Como han afirmado otras instancias que han dado seguimiento al proceso electoral, esta contienda se preparó con antelación para que beneficiara al partido de gobierno. La jornada del 4 de febrero fue una prolongación de lo que se vivió durante la campaña electoral. La presencia del oficialismo dentro y fuera de los centros de votación fue abrumadora. Según reportes del asocio de observación electoral de la Universidad Don Bosco y Fundaungo, hubo presencia de miembro del partido oficial en el 97.3% de las JRV y de GANA en el 56.7%; en contraste, el resto de partidos tuvo una presencia de entre el 1.9% y el 40.8%. Por otra parte, la obstaculización sistemática del trabajo periodístico durante la jornada electoral (la Asociación de Periodistas de El Salvador registró y denunció 173 vulneraciones a periodistas) redujo la transparencia del proceso. Y en una nueva violación a la ley electoral, la publicidad televisiva del Gobierno siguió activa con absoluta impunidad incluso en el día de las elecciones. A ese respecto, particularmente relevantes fueron tres hechos. En primer lugar, la conferencia de prensa desarrollada por el candidato inconstitucional cuando todavía se desarrollaba la votación (3:54 p.m.) y en la que llamó implícitamente a votar por su partido, irrespetando así el silencio electoral normado en el artículo 175 del Código Electoral. Segundo, la publicación en la televisión estatal, replicada después por otros medios de comunicación, de una encuesta a boca de urna cuando el Tribunal Supremo Electoral aún no anunciaba ningún resultado preliminar, violando el mismo artículo del Código. Y, en tercer lugar, la autoproclamación de Bukele como ganador sin tener más datos que los de la encuesta en mención. Sin embargo, todo ello palideció ante la gravedad de lo sucedido a la hora del escrutinio en las JRV y de la transmisión de la información. De acuerdo a un reporte del consorcio Observa El Salvador 2024 (del que la UCA forma parte), en todos los centros de votación observados hubo problemas vinculados con el sistema de registro y la transmisión de los resultados. Entre otros factores que entorpecieron el escrutinio, se reportaron dificultades en la logística de entrega y manejo del equipo de transmisión, y falta de papel de seguridad para la impresión de actas. En diez centros de votación observados se constató que las cifras de la votación se multiplicaban al subirlas al sistema, una anomalía que quedó reflejada en los primeros resultados publicados por el TSE. Estos problemas provocaron que los integrantes de las JRV trabajaran en condiciones extenuantes y sumamente adversas. Las deficiencias anteriores obligaron a que la autoridad electoral declarara fallido el escrutinio preliminar de las elecciones y diera paso al escrutinio final. Esta decisión del TSE es acertada, pero no disipa la obligación que el Tribunal tiene de aclarar diversas cuestiones. El principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y es precisamente ello lo que está en juego en estas elecciones. El TSE debe informar sobre cómo procederá contra los que violaron el silencio y la ley electoral de manera reiterada e impune antes y durante la jornada electoral. También debe explicar cuáles fueron las causas de las fallas en el proceso de registro y transmisión de los resultados. Para evitar más especulaciones, el TSE debe informar con detalle y transparencia sobre el proceso y la metodología que empleará para la revisión de las actas y la apertura de urnas, y sobre cómo se custodiará el material electoral que contiene la evidencia sobre la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Y es crucial que el Tribunal facilite la presencia de observadores nacionales e internacionales, y de medios de comunicación en el escrutinio final, a fin de garantizar la necesaria transparencia del conteo de votos.

El país está a las puertas de celebrar las que sin duda son las elecciones más controversiales desde la firma de los Acuerdos de Paz, pues el oficialismo no ha escatimado recursos para que los comicios den el resultado que le conviene. Por eso, no se puede analizar ni valorar este proceso electoral de la misma manera que se hizo con los precedentes. Estas elecciones son distintas porque por primera vez desde 1935 hay a un candidato a presidente que es el presidente de turno. Solo lo hizo antes Maximiliano Hernández Martínez, quien, siendo vicepresidente, llegó al poder después de un golpe de Estado en diciembre de 1931. Martínez, el responsable de la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932, se reeligió violando la Constitución y se mantuvo en el poder hasta 1944, cuando una huelga general de brazos caídos lo obligó a renunciar. Estas elecciones son distintas porque es la primera vez desde el fin de la guerra que se celebrarán en el contexto de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que condicionan la participación ciudadana. También son especiales porque la población ha presenciado una campaña electoral absolutamente desigual, tan asimétrica como las encuestas recogen que serán los resultados electorales. La campaña ha sido cuestión de una sola fuerza política, la cual cuenta con grandes recursos económicos, ha puesto la maquinaria del Estado a su servicio y se enfrenta a una oposición dispersa, estrangulada económicamente y, por esto último, incapaz de competir en igualdad de condiciones. Esta es una competencia entre un David y un Goliat. Además, esta campaña se ha caracterizado por la ausencia de propuestas concretas que respondan a los graves problemas que afectan a la población. La propaganda oficial ha saturado con mensajes que giran en torno a no volver al pasado y a seguir con los cambios, pero sin decir cuáles, ni cómo, ni cuándo. La machacona repetición de anuncios del oficialismo no dice nada, pero gusta a mucha gente. Los temas fundamentales para la población (es decir, la crisis de la economía familiar, la pérdida de poder adquisitivo ante el alto costo de la vida, la injusticia de un sistema de pensiones cada vez más inequitativo, la baja calidad de la educación, los graves problemas medioambientales, la generación de empleos dignos, la situación de las mujeres y un largo etcétera) no aparecen en la campaña. En lo que se parece la actual campaña electoral a las anteriores es en los vicios y artimañas utilizados por el oficialismo para mantenerse en el poder. Se reparten alimentos comprados con dinero público en nombre del presidente, se pauta publicidad electoral pagada por el Gobierno, se inauguran obras de infraestructura, se usan recursos del Estado para labores partidarias... todo prohibido por la ley y ante el silencio obsequioso de la autoridad electoral. Por su parte, la oposición tiene propuestas, algunas interesantes, pero por la falta de financiamiento de los partidos no se han dado a conocer. Así las cosas, las encuestas revelan que la población asistirá masivamente a las urnas, sobre todo el 4 de febrero. Pero lo hará desinformada sobre los recientes cambios en el número y la distribución de diputaciones y municipios. Las intenciones de voto declaradas apuntan a que el país se inscribirá en la lista de sistemas de partido hegemónico o de partido único. El mandatario explícitamente pide eso en su propaganda y mucha gente parece verlo bien, pese a que este tipo de sistemas de partido solo existe en regímenes no democráticos. Las encuestas serias no inventan nada, solo reflejan lo que la población declara. Aunque no es frecuente que las personas mientan en los sondeos de opinión por temor o por cualquier otra razón, hay ejemplos de eso. En 1990, la gente daba en todas las encuestas un triunfo unánime a Daniel Ortega; sin embargo, fue elegida la opositora Violeta Barrios. El año pasado, en Guatemala, Bernardo Arévalo apenas se asomaba en los últimos lugares de las encuestas y hoy es el presidente del vecino país. Poco frecuente, pero la población a veces no dice cómo piensa votar en realidad. En estas circunstancias, las personas deben recordar que, como lo estipula el Código Electoral en su artículo 3, el voto tiene al menos cuatro características: es libre (nadie puede obligar a votar por alguien, ni siquiera a votar), es directo (nadie puede votar por otra persona), es igualitario (el voto vale lo mismo sin importar la condición de las personas) y es secreto (a menos que quiera, nadie tiene que decir por quién votó). Los políticos juegan con el hambre de la gente regalando alimentos, semillas o cualquier cosa, pero, en última instancia, el voto es cuestión solo de la persona y su conciencia.

El poder genera una adicción difícil de vencer. Por esa razón, la institucionalidad democrática establece pesos y contrapesos y, en especial, provisiones para impedir que alguien se instale en él indefinidamente. Estas medidas cautelares son comprensiblemente un estorbo insoportable para los adictos al poder, que no descansan hasta removerlas. Esta adicción, como la del alcohol y las drogas, ejerce una atracción casi irresistible e insaciable. Entre más se tiene, más se quiere. De ahí que la acumulación de poder sea un esfuerzo interminable. El adicto es un inconformista de alguna manera consciente de que su empeño es absurdo. La caducidad de todas las realidades intramundanas es un obstáculo insalvable, que le impide saciar su hambre de poder. Todos sus afanes, incluida la represión, se estrellan contra la apertura de la realidad que se le escapa. Al final, el fracaso aguarda al adicto. La búsqueda del poder absoluto es un vicio devastador, que devora energías, destruye la autoestima, nubla el entendimiento, enturbia la visión y desemboca en insensateces. El adicto promete mucho, inicia obras y luego las abandona para volver a prometer y así repetir el círculo. Se vale de buenas palabras, a veces incoherentes, a veces mentirosas, para justificar lo injustificable. Un ejemplo clamoroso es la repetida promesa de perseguir la corrupción. Más allá de acusar y encarcelar a unos cuantos adversarios y desleales, la podredumbre permanece, aun cuando su hedor envenena el ambiente. La conducta de adicto se rige por la lógica fría del poder, que desconoce la sensibilidad, la generosidad y la compasión. En su afán por conquistar el poder total, se deshumaniza y deshumaniza su entorno. La relación con los demás es enfermiza, incluso patológica. Un revulsivo eficaz para la adicción al poder, además de los controles de la institucionalidad democrática, es la consideración de la muerte. El poder y sus prerrogativas, como la riqueza y la popularidad, no caben en el ataúd. Estos duran lo que dura el poderoso. El adicto, como cualquier ser humano, es caduco. La caducidad no es primariamente concebida, sino sentida profundamente. Por eso, el poderoso busca cómo prolongarse en las obras y la memoria. Pero el autor de aquellas se olvida con el tiempo; solo unos pocos lo recuerdan. La memoria es corta. La desmemoria, tan útil en el presente para no reclamar el cumplimiento de las promesas, para no pedir aclaración de las contradicciones y para no exigir explicación de los desaciertos, en el futuro se vuelve contra el poderoso. En fin, el trabajo para alcanzar la eternidad por sí mismo es inútil. El adicto al poder está convencido de ser dueño de todo y de todos. Pero justamente sucede lo contrario. El poder lo mantiene encadenado y a su servicio. No es libre como cree, sino su esclavo. El poder lo mantiene alerta para no perderlo y acrecentarlo. No lo deja tener sosiego, lo mantiene intranquilo. La posibilidad de ser destituido o traicionado lo hacen presa de la ansiedad. Las cadenas sofocan su libertad, deterioran su salud y, en definitiva, lo deshumanizan. El miedo lo vuelve pesimista ante el futuro. La inseguridad lo hace intolerante. Siempre echa la culpa a los demás y provoca conflictos y violencia. La probabilidad de que el edificio construido con tanto esfuerzo se derrumbe en cualquier momento lo angustia. Bien mirada, la adicción al poder es locura. El adicto es una especie de Sísifo moderno, que, por más que se esfuerce, no alcanza la cima del poder absoluto. La fallida conspiración para que un cartel mexicano capturara a uno de los líderes pandilleros más destacados antes que Estados Unidos es el último ejemplo de esa insensatez. Otro destacado pandillero engañó a unos desesperados investigadores del crimen organizado. La adicción somete a una lucha desgastante, impulsada por el miedo a la muerte. El adicto persigue seguridades que se desvanecen en el momento mismo en que se apodera de ellas. El poder es una gran responsabilidad, que obliga a preguntar constantemente por su finalidad. Correctamente entendido y ejercido, abre la posibilidad para hacer el bien a los otros. El poder responsable se ejerce como un servicio universal, sin ninguna discriminación. Su recompensa es hacer la vida más llevadera a los demás. Esto es, precisamente, lo que el adicto no comprende. Su poder, en vez de ser bendición o hacer bien a muchos, lo mete en un callejón sin salida. Puede que el adicto tenga mucho poder, pero es igualmente infeliz. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya bastantes años, el papa Pablo VI escribió un importante documento sobre el diálogo. En él decía que “el diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a los que era dirigido, como tampoco a los resultados que conseguiría o que dejarían de lograrse [...] También nuestro diálogo debe hacerse sin límites y sin cálculo”. Aunque indudablemente era una exigencia para los cristianos, el diálogo es también desde la razón un elemento básico e indispensable para el desarrollo humano. Somos seres sociales abocados necesariamente a la comunicación inteligente. Y por tanto, llamados a compartir desde la palabra, esperanzas, criterios, valores y decisiones. Negarse al diálogo, individual o colectivamente, nos deshumaniza, con independencia de la posición política o ideológica. Al contrario, dialogar conlleva siempre un proceso de humanización y mejoramiento de la convivencia social. Dicho esto, es importante reflexionar sobre el diálogo en El Salvador en el futuro próximo. Las elecciones, discutidas desde los ámbitos legales y desde el exceso de poder de un partido, nos pueden llevar a una disminución de nuestra capacidad de diálogo. O dicho de otra manera, a un proceso de mayor polarización que ponga en entredicho el desarrollo humano de El Salvador. Frente a ello, resulta necesario que todos reflexionemos. La libertad de pensamiento, de prensa e información, de religión y de creencias es un paso inicial indispensable para poder dialogar. Pero también es necesaria la voluntad personal e institucional de escuchar lo diferente, analizar las razones ajenas, debatirlas con sinceridad y sin necesidad de acudir al grito. Aunque en el país pocos se animan a dialogar “sin límites y sin cálculo”, lo cierto es que trabajar por un crecimiento de la transparencia y la racionalidad en el diálogo resulta una tarea de primer nivel. En el escenario más comentado y, supuestamente más probable, de un partido que consiga no solo una discutida reelección presidencial, sino un control mayoritario del poder legislativo, el tema del diálogo se vuelve más importante. Quienes detenten el poder público tienen la responsabilidad de escuchar con mayor atención todo lo que pueda ser tildado de abuso de poder. Y ojalá sepan responder con celeridad y racionalidad a las quejas o reclamos que reciban. El exceso de poder lleva casi siempre al abuso de algunos derechos ciudadanos. Y en una sociedad abierta como la nuestra, el abuso lleva siempre a una confrontación en la que el más débil lleva siempre la peor parte, aunque tienda a fortalecerse con el tiempo y a buscar la revancha. Se aumentan así los problemas en países en los que el revanchismo solo sirve para permanecer en el subdesarrollo. Aunque una gran mayoría supone ya el resultado de las elecciones, con relativamente pequeñas diferencias entre los diversos cálculos, debemos insistir en que en cualquier situación que quedemos, el diálogo se imponga al fin y la racionalidad supere la arbitrariedad y cualquier tipo de abuso. Solamente desde ahí lograremos convertir las ansias de todos en favor de la justicia y el desarrollo en un proyecto de realización común que avanza desde la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Un poder demasiado fuerte, que vaya aplastando los pequeños brotes de disidencia y de diversidad de opinión, termina dañando los vínculos de quienes están llamados por naturaleza y nación a vivir fraternal y solidariamente.