Editoriales y Opiniones

Editorial UCA Tanto se estima el éxito, la comodidad, el lujo y las ventajas del bienestar que se olvidan o relegan valores más importantes como la verdad, la honestidad y la justicia, indispensables para un desarrollo social armónico y solidario. Lo común es que los liderazgos sean los más exentos de valores, aunque se refieran a ellos con frecuencia. Se privilegia la opinión del poder mientras se dificulta e incluso persigue el desarrollo de la conciencia crítica, como si la opinión de los fuertes —generalmente lo más manipulador y voluble del pensamiento humano— fuera el material más sólido para construir convivencia. La posibilidad del manejo de la opinión a través de los medios modernos de comunicación es enorme. Poner tanto los anhelos como los resentimientos individuales al servicio de intereses turbios es hoy más fácil que nunca. El individualismo consumista y narcisista se pliega rápido a la perspectiva del éxito y olvida con facilidad las responsabilidades sociales básicas del ser humano. Lo que parece una prédica pesimista tiene su correlato en la dinámica de El Salvador. A la mayoría de la gente que accede a la educación universitaria no le importa que solamente el 10% de los jóvenes tengan la misma oportunidad. Quienes conforman el 20% de la población que vive con una comodidad semejante a la del Primer Mundo no se sienten mayormente afectados por el hecho de que un 30% de la población está en situación de pobreza. Lo normal desde el privilegio y la comodidad es dejar para el mañana el arreglo de las penas y angustia ajenas, pensando ingenuamente que a otros les corresponde arreglar el problema. Echar la culpa al Gobierno de turno es fácil para todos, en especial cuando se piensa que arreglar los problemas es siempre responsabilidad de alguien más. El que está acostumbrado al dinero y al éxito los seguirán buscando por encima del servicio y del trabajo solidario y transformador de sistemas y estructuras injustas. Transformar la sociedad no es fácil. El odio cayó en abundancia sobre quienes querían la paz en tiempo de guerra, así como se persiguió y asesinó a los que clamaban por justicia social ante las prácticas de explotación y depredación de la fuerza de trabajo. Denunciar la corrupción y el abuso de los liderazgos políticos y sociales siempre será un riesgo. Decir que los ricos tienen mayor responsabilidad en las desgracias que sufre el país pone en alerta y casi en pie de guerra a quienes tienen riqueza y poder. El desarrollo del país no avanzará si se opta por vías injustas y carentes de valores. El derroche, el abuso ambicioso de poderosos y ricos, la corrupción y el egoísmo individualista explican que un 30% de la población esté en pobreza y que un grupo un poco más grande sufra serias carencias que generan vulnerabilidad económica y angustia familiar. Se podrá decir que las miserias actuales son fruto del pasado. Es cierto. Pero también lo es que hoy hay matonería estatal, acoso al pensamiento crítico, fuerte resistencia de las élites a una reforma fiscal progresiva, olvido de las necesidades de los pobres, corrupción y ausencia de generosidad. Todo ello acompañado de una propaganda oficial abundante, permanente y llena de falsedades. El futuro fraterno y más igualitario que deseamos solo se podrá construir abandonando el afán de lucro, injusticia y mentira. Si no se supera la actual crisis de valores, si la solidaridad sigue siendo una palabra desconocida en la vida social y política, El Salvador continuará siendo el mismo viejo El Salvador de siempre, ese que rompe esperanzas y obliga a huir.

Rodolfo Cardenal Participar en elecciones democráticas incluye la posibilidad de no ganar. Si los candidatos no contemplan esa posibilidad y arreglan las elecciones para no perder, estas son innecesarias. En estos casos, además, los disimulos de libertad y limpieza no convencen. Si el oficialismo de Bukele no corre el riesgo de perder, no es democrático, aun cuando organice elecciones (una ficción que cuesta millones de dólares a un Estado en crisis financiera permanente). No tiene, pues, argumentos para molestarse por los señalamientos de la comunidad internacional. La posibilidad de sufrir una derrota en las urnas es un elemento fundamental del sistema democrático. El riesgo implica permitir a la opinión pública ventilar sus valoraciones y repudios. La popularidad presidencial de las encuestas no basta. Tampoco el aplauso de las redes digitales. El respeto a la voluntad de la gente obliga a observar rigurosamente las normas establecidas y, por tanto, expone a la derrota. El buen gobernante está genuinamente interesado en escuchar directamente la opinión de los gobernados, sin intermediarios que la filtren ni barreras y tarimas que lo alejen del sentir popular. El gobernante sensato se aproxima a aquellos para quienes gobierna y aprende de ellos. La cercanía proporciona un sentido de la realidad imposible de experimentar desde los opulentos salones de Casa Presidencial. La proximidad expone a las críticas, los reclamos airados y también a los insultos. Inevitablemente, si el gobernante se pone a tiro, oye cosas desagradables, pero verdaderas. Si obvia el sentir y el pensar de la gente, no gobierna para ella. La cercanía es un revulsivo eficaz para las tentaciones del poder, cuya fuerza seductora, casi erótica, solo los más auténticos y comprometidos resisten. Dejarse arrastrar por ella no legitima al gobernante, aun cuando haya llegado al poder en las urnas. Los gobernantes libres y entregados a la ciudadanía gobiernan para su bienestar. El poder bien empleado se ocupa diligentemente de la satisfacción universal y de calidad de las necesidades básicas de la gente, y persigue sin cuartel a los oportunistas y los corruptos, sus enemigos más perniciosos. El juicio definitivo sobre la calidad del servicio de los funcionarios públicos corresponde a la voluntad popular libremente expresada, no al gobernante iluminado de la monarquía absoluta o del despotismo ilustrado. Desde la perspectiva del bien general, adueñarse del poder presidencial es secundario. Lo primero y lo más importante es gobernar para la gente, en especial, para la más vulnerable y empobrecida. Cuando ese servicio no satisface las expectativas populares, existe la posibilidad real de perder las elecciones. Aferrarse al poder con ilegalidades y fraudes es convertirlo en la finalidad única. Entonces, la dictadura es una realidad insoslayable. Se puede disfrazar de bondad, pero siempre es perversidad. Es la gran tentación de quienes ejercen poder. Ciertamente, los Bukele tienen más probabilidades de triunfar en las urnas que la oposición política partidaria, porque disponen de unos recursos y de unas oportunidades únicas. Más todavía cuando a esa oposición la divide la ambición de poder. En eso no es diferente al dictador obsesionado con la dominación opresora. No obstante, siempre existe la posibilidad de derrotarlo. La fuerza de la oposición es el malestar popular, no las candidaturas presidenciales, en gran medida irrelevantes. Una de sus mayores debilidades es que ella tampoco se ha aproximado a la gente, ha asumido sus causas y ha hecho política para ella. Si no renuncia al narcisismo y se vuelca a los descartados por el capitalismo neoliberal y la dictadura, sus posibilidades son prácticamente nulas. El creciente descontento popular tiene un potencial movilizador mucho más fuerte que la oposición partidaria tradicional. Cada vez más sectores manifiestan públicamente su descontento con los desaciertos del oficialismo. En este sentido, las bases del partido han sido las últimas en expresar su enojo ante las manipulaciones del clan de los Bukele, que les han impuesto los candidatos para las elecciones. Estas voces son cada vez más, menos temerosas y más claras. Los ingresos exiguos, el desempleo, el hambre y el abandono aprietan con fuerza creciente. Aparentemente, Casa Presidencial tiene mala conciencia. La inscripción de Bukele y su adlátere para la reelección inconstitucional ha sido poco triunfalista, casi vergonzante, sin baño de correligionarios, luces de colores, pólvora y música. El aumento del descontento no pasa desapercibido para Casa Presidencial, que se afana para ocultar cómo la gente se aleja de Bukele. Sus producciones escénicas, como la primera piedra del Hospital Rosales o la inauguración de los juegos regionales, lo elevan, pero también lo alejan. Único y radiante, pero insensible e ineficaz. Cuando el espectáculo y las redes digitales ya no convenzan, solo quedará extender todavía más las capturas por “asociaciones ilícitas”,

En muchas personas permanece el recuerdo de las viejas utopías que pregonaban la igualdad y la convivencia en justicia y paz, no de las utopías que se establecían como absolutos y que podían convertirse en dueños de vida o muerte de las personas, según fueran o no fieles a su pensamiento. Hay en el país y en muchas personas una verdadera nostalgia de la política como camino realista hacia el bien común. Un bien común que solo puede establecerse desde la opción por los más pobres y desprotegidos de nuestra población. En la actualidad, cuando la política se ha convertido en el arte de la apariencia y de la fascinación mediática, o cuando la oposición se centra casi exclusivamente en la crítica del poder sin tener claro el tipo de sociedad que necesitamos, la gente añora a personas como Mons. Romero o al P. Ellacuría. Romero como padre de los pobres y defensor incansable y radical de sus derechos, y Ellacuría como el que nos ayudaba a vislumbrar una sociedad en la que el trabajo, no el capital, fuera la base de la estructuración social. Un trabajo, decía, que fuera al mismo tiempo creador de riqueza y fuente de autorrealización personal, capaz de satisfacer las necesidades humanas y contribuir al desarrollo social de todos. Las urgencias políticas son siempre malas consejeras y llevan a repetir los errores del pasado. Tener claridad en lo que se quiere a largo plazo es lo único que contribuye a que los cambios sociales sean duraderos. Podemos ser hábiles en la crítica, en las tácticas o estrategias de discusión y debate, pero con demasiada frecuencia somos imprecisos y perezosos para pensar el futuro. Algo así como si creyéramos que basta con conseguir el poder político para arreglar después todo. Ha sido ese el error del pasado y el que ha llevado a nuevas generaciones a creer que pueden controlar el poder político desde el odio a un pasado deficiente, desde la creación de futuros virtuales y desde soluciones temporales a problemas graves, mezcladas con espectáculo, arbitrariedad y abuso. Frente a esto es indispensable tener claro el tipo de sociedad que queremos. La política es un instrumento para el bien común. Pero el bien común hay que diseñarlo desde las necesidades concretas de la gente. Nuestros trabajadores informales no deben vivir en la pobreza o con miedo a no tener recursos para comer o para mantener una familia. Las mujeres dedicadas al cuido del hogar deben vivir en una sociedad que sea igual de buena para ellas que para las o los gerentes de un banco. Los niños del campo y de las zonas marginales deben tener el mismo acceso a una educación de calidad que la que tienen los que viven en los nuevos y caros apartamentos de edificios de lujo. El camionero y el cobrador de buses tienen derecho a las mismas prestaciones sociales que un médico; y los recogedores de basura de las municipalidades deben tener el mismo acceso al bienestar y los mismos beneficios laborales que los alcaldes. Si no construimos una sociedad mucho más igualitaria que la actual, los problemas continuarán variando coyunturalmente, pero partirán siempre de las mismas raíces. Tener un proyecto político y de desarrollo social factible y solidario debe ser pensado antes de acceder al poder. Y no pensado en general, sino en concreto desde el campo del salario, de la seguridad social, del trabajo, de la educación y de los derechos paritarios de la mujer. La nostalgia política puede ser que no lleve muy lejos, pero al menos nos recuerda que otro El Salvador es posible y que solamente teniendo proyectos políticos y de desarrollo social claros podremos construir un futuro mejor.

Los más recientes señalamientos contra la UCA por apoyar el diálogo democrático entre diversos sectores de la sociedad civil, se inscriben en una campaña sostenida de ataques y desprestigio que el oficialismo y sus seguidores mantienen porque la UCA sigue siendo fiel a su tradición de ser conciencia crítica y creadora de la realidad. El objetivo es claro, silenciar o hacer a un lado a la universidad, que es también parte de una estrategia más amplia para eliminar a las voces críticas del cuento gubernamental. Aunque los métodos y los actores cambien, es sorprendente como la represión y persecución de los que detentan el poder se reedita en la historia. Durante la guerra civil, en los años ochenta, la UCA fue blanco de una campaña permanente de parte de quienes, cegados por sus intereses, ambiciones e ideologías, fueron incapaces de un diálogo racional y se cerraron a los aportes de la academia. Por parte de los sectores gubernamentales, la UCA fue señalada como agente de comunismo internacional, como formadora de subversivos, sus instalaciones fueron objeto de atentados con bombas, sus miembros perseguidos, encarcelados o asesinados. Por parte de los sectores insurgentes, la universidad fue señalada como reformista y reaccionaria porque sus análisis intentaban ser objetivos y nunca complacientes con uno y otro bando. El final de la permanente campaña ya lo conocemos. ¿Por qué asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y a dos mujeres en 1989? Porque quienes decidieron esa acción estaban convencidos de que la UCA y sus dirigentes eran la vanguardia de la insurgencia y, asesinándolos a ellos, se acababa el problema. Pero se equivocaron o mintieron. Cuando el odio mueve al ser humano, la razón languidece. Mintieron porque ninguna de las acusaciones era verdadera. Pensar críticamente, dialogar con actores sociales de diversa índole, conversar con los protagonistas de la guerra, compartir visiones de la realidad, era visto, por los que estaban comprometidos con la guerra, como una afrenta a sus intereses. Se equivocaron porque con su magnicidio, comenzó la recta final para lograr la paz al demostrarse la inhumanidad de una guerra y el grado de ignominia alcanzado. La historia se ha encargado de poner a cada actor de aquella época en su justo lugar. El paralelismo entre los ataques a la UCA en la actualidad con los de la guerra es evidente. De nuevo, desde el poder, se apunta el dedo acusador a la universidad como la aglutinadora, organizadora y hasta financiadora de la oposición, Falsedades formuladas, en su mayoría, por troles que se esconden en el anonimato de las redes sociales, por funcionarios cobijados con la impunidad o por personajes con una marcada trayectoria delincuencial que ahora pregonan ser parte de la nueva forma de hacer política. Una vez más mienten y calumnian, y lo saben. Quizá esperan que haciendo a un lado a la UCA la población organizada se desmovilizará como pensaron los que mandaron a matar a los jesuitas. Esta es la razón de fondo de la campaña permanente de mentiras contra la universidad. Y no se trata de victimizar a la UCA porque, la de antes y la de hoy, dirigida por seres humanos, es susceptible de cometer errores. La cuestión es que los señalamientos que se le hacen, antes y ahora, son falsos y el objetivo que se busca -silenciarla- es el mismo que en 1989. Sin embargo, el método es distinto, porque a fuerza de troles y redes sociales se quiere minar la credibilidad de la universidad y hacer creer que la UCA de hoy ya no es la misma que la de antes. Mienten, porque precisamente lo que les molesta es que la UCA siga siendo la misma, crítica, independiente de los poderes para llamarle negro al negro y blanco al blanco. Los mismos que hoy reivindican a Ellacuría o a monseñor Romero con las manos manchadas hacen exactamente lo mismo que sus antecesores en la política de los ochenta. Que distintos sectores sociales se hayan organizado para ayudar al país no es responsabilidad de la UCA, es más bien una respuesta a la crítica situación que vive el país. No hay que ser prestidigitador para darse cuenta que la situación económica, especialmente la fiscal y la familiar, es mala. Los verdaderos enemigos de la presente administración son los resultados de su misma gestión y es en lo que debían reparar. Una elección no se gana manoseando las reglas a conveniencia de quien tiene más poder. Los enemigos a combatir son el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la baja creación de empleos, las pensiones indignas, los casos de corrupción en las altas esferas del gobierno, las violaciones a los derechos humanos, la falta de medicinas en los hospitales, el desprecio a las fuentes de trabajo de los más humildes, la prepotencia de funcionarios que entienden el poder como arma para humillar a los demás. No se puede seguir señalando a otros porque quieren ayudar a mejorar el país sin mirar los problemas que agobian la vida de la gente. Podrán silenciar a la UCA manipulando el aparato del Estado, pero

Uno de los problemas más graves de la sociedad salvadoreña es la pobreza, que en sus distintas manifestaciones afecta a una importante parte de la población. Si bien es cierto que las personas en situación de pobreza monetaria han disminuido a más de la mitad desde 1990, su número sigue siendo muy elevado. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022, la pobreza monetaria alcanza al 26.7% de los hogares salvadoreños, es decir, más de medio millón de hogares. Ello muestra la disfuncionalidad de nuestra sociedad y su incapacidad de proveer una vida digna a todos sus miembros. En los últimos tres años se ha observado un crecimiento de la población en situación de pobreza. La misma encuesta muestra que la pobreza extrema pasó a afectar en 2022 al 8.6% de los hogares, cuando en 2019 tocaba al 4.5%; en otras palabras, se ha duplicado el número de personas en condición de pobreza extrema. También la pobreza monetaria se ha incrementado en ese mismo período, golpeando a más de una cuarta parte de los hogares del país, con un crecimiento del 3.9% en los últimos tres años. La más afectada es la población rural, con el 30% de sus hogares viviendo en pobreza (frente al 25% del área urbana). En este tema, aparte de los números, hay un elemento clave a considerar: los pobres siempre pierden. Ellos son los que más han sufrido la violencia criminal de las pandillas y los que más están sufriendo los abusos de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las personas detenidas y privadas de libertad de forma arbitraria son habitantes de las zonas urbanas marginadas y de las zonas rurales siempre abandonadas. Durante el conflicto armado, los pobres, en especial los del campo, donde operaba la guerrilla, fueron objeto de la más cruel represión por parte de los cuerpos de seguridad. Fueron pobres los que tuvieron que refugiarse en Honduras por casi una década para proteger y salvar sus vidas. Son en su gran mayoría pobres los desplazados, los obligados a abandonar sus ventas en los centros de las ciudades, los que viajan hacinados en los buses, los que no reciben una educación de calidad en las escuelas públicas, los que hacen fila por largas horas en los centros de salud y hospitales, los migrantes indocumentados, los que trabajan la tierra para producir los alimentos que el país consume o el azúcar y el café de exportación. Son los pobres los más desprotegidos de siempre, los que deben ganarse la vida en la rebusca, los que nunca tendrán derecho a una pensión ni a servicios públicos de calidad. Son también los pobres los que más contribuyen a sostener la maltrecha economía nacional a través de las remesas, que superan con creces las exportaciones de bienes y servicios. Ante esta realidad, no se puede permanecer indiferente ni callado. La pobreza no es una condena, pero su superación requiere la eliminación de toda barrera que impida o dificulte el desarrollo personal y social. Para los cristianos, la solidaridad con los pobres es una exigencia de la fe, que invita a todas las personas a trabajar por la eliminación de la pobreza y por la promoción de la justicia social. Para los países que han suscrito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un compromiso trabajar por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. En El Salvador, la pobreza y la desigualdad son estructurales, son parte de la forma en que se ha organizado social y económicamente el país. Sin cambios en esa estructura que genera exclusión, sin una redistribución de la riqueza que está acaparada en muy pocas manos, sin un plan de gobierno que busque realmente la igualdad de oportunidades, no será posible reducir la pobreza ni en los siete años que quedan para el 2030, ni nunca.

La semana pasada se publicaron los resultados de dos encuestas en las que, entre otros temas, se consultó a los ciudadanos sobre su valoración del cuarto año de gestión del actual Gobierno. Ambas, la del Iudop y la de Fundaungo, coinciden en dos aspectos importantes: la alta popularidad del presidente y la mayoritaria preocupación por la economía. Más allá de los errores que haya cometido, la gestión de la pandemia y la práctica anulación de la actividad de las pandillas pesan positivamente en favor del Gobierno. La preocupación por la economía, una constante en todas las encuestas desde hace años, solamente sobrepasada en ocasiones por el problema de la violencia, no parece afectar al ejercicio político del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Esto hace pensar que difícilmente habrá después de las elecciones un escenario político diferente al actual, aunque sí más cuestionado en cuanto a la legalidad del poder. Sin embargo, falta todavía más de medio año para las elecciones, con una serie de cambios en el esquema político de inciertos efectos en la opinión pública. Las encuestas reflejan que son las alcaldías, dominadas mayoritariamente por el partido cyan, las que más inconformidad generan. El propio presidente dio unas declaraciones ampliamente negativas contra la mayoría de los alcaldes y sus cabildos. Según la encuesta de Fundaungo, un 49% de la población valora como mala o muy mala la gestión municipal. Frente a ello, Nuevas Ideas está presentando a algunos de sus diputados como candidatos a alcaldes. La reducción del número de alcaldías, aunque en algunos lugares necesaria, parece obedecer al fracaso en la gestión edilicia de Nuevas Ideas. La reestructuración municipal, al disolver la importancia de los liderazgos muy locales, favorecerá sin duda a quienes mayor peso tienen en estos momentos en las estructuras nacionales. Ante este panorama, llama la atención que el mayor esfuerzo de los partidos de oposición esté dirigido a lograr una candidatura presidencial competitiva. Desde una lectura de los resultados de las encuestas, lo lógico sería trabajar con mayor intensidad allí donde el poder establecido está más débil: el territorio municipal. En el mediano y largo plazo, el triunfo en varias alcaldías podría tener para la oposición un mayor efecto en el juego democrático que una derrota amplia en las elecciones presidenciales. Sin embargo, según parece, la idea de que la Presidencia de la República es más importante que toda consideración práctica y que cualquier necesidad ciudadana sigue enquistada muy profundamente en la clase política. Abandonar el trabajo de base y olvidar las inquietudes y necesidades más primarias de las personas en el territorio no suele llevar muy lejos, ni a los triunfadores ni a los perdedores.

Está socialmente aceptado que la seguridad actual justifica encerrar a criminales e inocentes, a líderes comunitarios y sindicales y, en general, a cualquier que se le antoje a los agentes de Bukele. Quienes sostienen esa opinión están convencidos de que un fin tan satisfactorio justifica los medios utilizados, esto es, la violación sistemática de los derechos constitucionales y humanos. En la práctica, ese principio es invocado para evadir el derecho y la ética con el pretexto de alcanzar un fin bueno. Sin embargo, sus defensores asumen que si el fin es lícito, también los medios. Es así como el éxito de la receta de Bukele para implantar la seguridad ciudadana se ha convertido en una práctica aplaudida y admirada. Maquiavelo lo formuló lúcidamente hace más de cuatro siglos. El príncipe debe conservar el poder sin reparar en los medios, porque estos “siempre serán honorables y loados por todos”, dado que “el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito”. Más aún en el caso del príncipe, “donde no hay apelación posible”. Los resultados se imponen por sí mismos, sin prestar atención a los medios. De esa tesis, Maquiavelo deriva las siguientes pautas de conducta para el príncipe: velar únicamente por sus intereses, engrandecerse solo a sí mismo, hacer el mal y fingir hacer el bien, codiciar y apropiarse de todo lo que pueda, actuar miserable y brutalmente, gozar del presente, eliminar a los enemigos y, si es necesario, también a los amigos, usar la fuerza con los demás y pensar exclusivamente en la guerra. Mejor ser temido que amado. Es irrelevante, pues, cómo el príncipe materialice sus deseos, siempre y cuando los consiga. El éxito justifica siempre los medios utilizados, aun cuando estos sean perversos. Sin embargo, violentar la institucionalidad democrática y la moral pública para alcanzar un objetivo, incluso bueno, no es más que una excusa para valerse de cualquier mecanismo, sin reparar en la ilegalidad, la inmoralidad y la repugnancia. El príncipe es, por tanto, un gobernante que se mueve al margen de la legislación y la ética. De hecho, se coloca por encima de ellas. La ambición de poder y riquezas lo hacen necesariamente injusto e inmoral. Pese a las apariencias, esta forma de gobernar tiene desventajas. Los medios utilizados determinan la naturaleza del fin alcanzado. La excepcionalidad es irrelevante si la acción está viciada por la brutalidad, el encarnizamiento y el engaño. Esta manera de actuar revela la identidad del líder o del presidente. Estos son capaces de cualquier cosa con tal de preservar intacto su poder. El segundo agravante es que la manera de desenvolverse compromete la justicia y la moralidad de la acción, del agente y del resultado. Atropellar, agredir y mentir son tan ilegales e inmorales como sus agentes. En cuanto a las consecuencias de estas prácticas, cabe preguntar qué seguridad puede ofrecer una sociedad donde los corruptos, los asesinos y los embusteros deciden la justeza de sus crímenes. Desde la perspectiva cristiana, codiciar, robar, asesinar y mentir son pecados gravísimos y el Evangelio no contempla ninguna excepción que los vuelva admisibles o justificados. Ni siquiera cuando se pretende hacer que los planes de Dios se cumplan sin contratiempos. Algunas figuras religiosas y muy devotas suelen racionalizar la acción perversa con el cumplimiento de la voluntad divina. No existe justificación alguna para el comportamiento inmoral, sin importar la motivación o la finalidad. Si los medios no se apegan a la justicia del reinado de Dios, el fin tampoco, por más piadoso que parezca. El presidente acostumbra repetir que Dios está de su lado, y por ello debe recapacitar seriamente sobre su obrar, porque este contradice la fe que dice profesar. No solo quien invoca al Señor Jesús entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y cuando los que mucho hablan aleguen que actuaron en su nombre, los apartará por haber practicado la iniquidad. La voluntad de Dios pide cuidar de su creación, no expoliarla para impulsar un progreso falso y solo para algunos; dar de comer al hambriento, de beber al sediento y vestir al desnudo, no pisotear la dignidad de los descartados; acoger a los inmigrantes, no desampararlos; cuidar los enfermos, no desatender la salud de las mayorías; y visitar a los presos, no maltratarlos y exterminarlos. Los asesores cristianos de Casa Presidencial tienen una grave responsabilidad al no censurar una conducta contraria al Evangelio y al recomendar a sus víctimas orar y confiar en una providencia divina, en la cual ellos mismos no creen, porque tienen su confianza puesta en el dinero y el poder. Más pecado tiene quien guía a los ciegos al despeñadero que los propios ciegos que se despeñan confiados en haber encontrado su salvación. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A partir de finales de septiembre del año pasado, la Iglesia decidió dedicar todo un año, hasta el 30 de septiembre de 2024, a Mons. Rivera; se cumplieron en septiembre del año pasado los cien años de su nacimiento. Recientemente, la Conferencia Episcopal celebró una misa en el marco del centenario, en el lugar de su nacimiento, San Esteban Catarina. Hombre de recia espiritualidad y fuerte personalidad, este arzobispo marcó por largos años la vida de la Iglesia salvadoreña: acompañó primero a Mons. Chávez como obispo auxiliar durante 16 años, apoyó a Mons. Romero durante los tres años en que este fue arzobispo y dirigió posteriormente la arquidiócesis durante 14 años. Habiendo participado en prácticamente todo el Concilio Vaticano II, tuvo un rol muy activo en la reunión episcopal de Medellín y, conociendo bien los documentos de Puebla, acompañó eficazmente a la Iglesia salvadoreña en su puesta al día con la reflexión y pensamiento eclesial. Recordarlo en este centenario de su natalicio es un deber. Don Quijote decía en una de sus múltiples frases sabias que “bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser […] que sea desagradecido”. Y efectivamente, a Mons. Rivera le debe mucho no solo la Iglesia, sino también El Salvador. Seríamos desagradecidos si no lo recordáramos como merece. Los que estuvimos en la misa del 24 de marzo de 1990 en la catedral de San Salvador recordaremos siempre la emoción que produjo el anuncio de Mons. Rivera de que iniciaba el proceso diocesano de canonización de Mons. Romero. No había muchos obispos concelebrando ese día ni tampoco había mucho entusiasmo en el tema en algunos sectores de la Iglesia jerárquica universal. Pero Mons. Rivera no trataba de hacer carrera eclesiástica ni satisfacer a cardenales conservadores, sino de ser fiel a su recta conciencia de pastor y creyente. Su labor constante en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la paz a través del diálogo y la negociación tuvo una extraordinaria incidencia en la derrota de los sentimientos belicistas de las partes en conflicto y en la pacificación del país. Acusado de parcial y amenazado de muerte, supo mantener su independencia y resistir en las opciones evangélicas de justicia y paz. En la actualidad, cuando seguimos necesitando una amplia defensa de los derechos humanos y el impulso de un desarrollo equitativo que garantice la paz y la amistad social, el recuerdo de personas como Mons. Rivera, tan claro en la defensa de los pobres y de la justicia social, nos estimula siempre a enfrentar con claridad y sinceridad los problemas del presente. Frente a la cultura de la imagen y la manipulación de los mensajes en las redes, resultan más que necesarias la calma y la capacidad de deconstruir, incluso con cierta ironía, las escenificaciones de cuentos de hadas de las que tanto gusta la política. La habilidad de rodearse de personas como Mons. Urioste, el P. Fabián Amaya y María Julia Hernández, por citar solo a fallecidos, se unía a la habilidad de trabajar con todos, crear sinergias, aprovechar lo bueno donde quiera que estuviera. En las complejas situaciones actuales, en las que la propaganda y la manipulación de la redes sociales tergiversan valores y crean confusión, se necesita valentía, equilibrio y discernimiento. Y Mons. Rivera nos dio ejemplo de ello en un momento en el que la guerra nublaba la racionalidad y los sentimientos de humanidad. Recordarle no solo es muestra de agradecimiento por tanto bien hecho a lo largo de su vida, sino también una necesidad para orientarnos en el presente.

El Gobierno y el presidente siguen gozando de un mayoritario respaldo social, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). En el sondeo, la población califica el desempeño de Bukele con una nota promedio de 8.48, la segunda más alta en lo que va de la presente administración (la más alta fue de 8.51, en mayo de 2021). Casi todo lo que se vincula al mandatario sale bien valorado; por ello, como ha sucedido antes, esta opinión favorable se expande a las carteras de Estado, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. Tanto los ministerios como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia salen, en general, bien evaluados por la población, pero sobre ellos se comienza a vislumbrar el peso de su sometimiento al Ejecutivo. Más de una tercera parte de la población (34.8%) cree que hay alguna o mucha corrupción en el Viceministerio de Transporte y más del 30% piensa lo mismo del Ministerio de Trabajo (31.9%), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (30.4%), del Ministerio de Hacienda (31.3%) y del Ministerio de Obras Públicas (30.2%). Más de la mitad de la gente cree que los diputados han aprobado leyes que le han beneficiado poco o nada. Solo el 35.7% piensa que los legisladores representan a toda la población, mientras que una cuarta parte cree que representan al presidente; 19.3%, a ellos mismos; y 13.1, a su partido político. Con referencia al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de ser bien evaluada, casi dos terceras partes de los encuestados (63.4%) piensan que las decisiones de los jueces están influenciadas algo o mucho por el Ejecutivo. Las grandes perdedoras en este sondeo son las alcaldías. Su mala evaluación por parte de la población solo es comparable al —y probablemente efecto del— daño que les infligió la drástica reducción del Fodes. La nota de 4.80 que en promedio da la gente a los municipios habla por sí misma. ¿Qué hace que el Gobierno y especialmente el presidente salgan bien evaluados? Hay varias medidas implementadas por el oficialismo que son bien apreciadas, como la creación del Hospital El Salvador o la entrega de tabletas y computadoras. Pero hay dos variables que indudablemente son los pilares que sostienen la popularidad del presidente. El primer pilar es la seguridad y el segundo, la publicidad. El 97.7% piensa que la delincuencia se ha reducido, el 91.1% menciona variables que tienen que ver con la seguridad como principal logro del Gobierno y más de la mitad cree que el régimen de excepción ha ayudado a reducir la delincuencia. La encuesta revela que la relación entre la buena valoración del régimen de excepción y la nota del Gobierno es directamente proporcional: mientras mejor se califique la medida, mayor es la nota que se le da al Gobierno, y viceversa. El otro pilar es la exposición mediática a la publicidad oficial. Los inmensos recursos públicos que el Ejecutivo destina a la comunicación le están dando muchos réditos. Más de la mitad de la gente afirma enterarse de las noticias oficiales a través de las redes sociales, nicho privilegiado de los empleados públicos para hacerle publicidad al Gobierno. Los medios oficiales, impresos, digitales, radiales o televisivos son consumidos por gran parte de la población, que en un 41.8% les profesa mucha confianza. También la relación de esta variable está directamente unida a la buena calificación al Gobierno. Mientras mayor es la exposición mediática a los canales que utiliza el Gobierno y el presidente para publicitarse, mejor es la nota que los ciudadanos les otorgan; y a más confianza en esos canales, mejor calificación a la gestión gubernamental. Por otra parte, la economía no solo es el principal problema del país para 64 de cada 100 encuestados, sino que se perfila, en la opinión de la gente, como un fracaso de la presente administración. Aunque más de la mitad de los encuestados no menciona ninguno, una quinta parte alude a cuestiones económicas como los principales fracasos del Gobierno. Además, de las personas que ven algún cambio negativo, el 46% lo vincula a factores económicos. Más de la mitad (52.4%) cree que la economía está igual o peor que antes, y el 62.5% piensa lo mismo con respecto a la economía familiar. Para el 71%, el bitcoin no ha ayudado en nada a la economía familiar y el 59% piensa que el Gobierno no ha logrado controlar la subida de los precios de los productos de la canasta básica. La opinión crítica con respecto a la gestión gubernamental del tema económico es clara; sin embargo, esta cruda apreciación no les implica, hasta ahora, costos político-electorales a la actual administración y al mandatario. Finalmente, a pesar de que la seguridad es uno de los dos pilares que explican la buena calificación al Gobierno, la encuesta revela algunas alertas en este campo. En primer lugar, las personas perciben que la delincuencia patrimonial (robos de celulares, billeteras o carteras) ha aumentado. En segundo lugar, la población rechaza

Hace algo más de 25 años la ONU aprobó en su Asamblea General declarar el 26 de junio de cada año como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Pese a que es considerada como un crimen de lesa humanidad, su práctica, lejos de desaparecer, se extiende. De hecho, la ONU manifestó recientemente que “las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura u otras formas de trato cruel, degradante o inhumano”. Son diarias las noticias sobre el abuso que los migrantes sin papeles reciben en los centros de detención tanto en los países de destino como en los de tránsito. Y no son pocos los planes y proyectos contra el terrorismo que se han utilizado para silenciar las críticas y reclamos de la sociedad civil ante la violación de derechos humanos. En El Salvador, la tortura está prohibida por la Constitución y penalizada en la ley secundaria. Además, el país ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, nadie ignora que en las bartolinas y las cárceles abundan los tratos crueles y degradantes. La sanción por la imposición de “penas infamantes”, prohibidas en la Constitución junto con “toda especie de tormento”, no está adecuadamente desarrollada en la ley secundaria. Infamante es que se presente públicamente como culpables a personas que gozan de la presunción de inocencia, también garantizada por la Constitución. Generalmente, quienes infligen malos tratos suelen escudarse en el argumento, presente en la convención contra la tortura, que dice que “no se consideran tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de medidas legales o inherentes a estas”. Sin embargo, en ninguna parte de la legislación salvadoreña se ordena presentar a los acusados de un delito de una forma degradante o sufriendo un real maltrato. Cuando estuvieron en el poder, ni Arena ni el FMLN impulsaron la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco Nuevas Ideas se ha preocupado por ello. El Protocolo ofrece la posibilidad de luchar contra la tortura y el maltrato a los detenidos, hayan sido sentenciados o no. La Convención, ratificada por El Salvador y, por tanto, ley vigente en nuestro país incluso por encima de la ley secundaria, define la tortura con mucha claridad: actos que producen gran sufrimiento físico o mental, ejecutados por un funcionario público con la intención de castigar. Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que exhibir públicamente en una posición humillante a una persona inocente le crea a esta un grave sufrimiento. Y es ese un caso claro de delito de tortura. Aunque la cultura de violencia que existe en el país avale la imposición de ese tipo de sufrimiento, el más elemental sentido de humanidad y de sensibilidad cristiana dice otra cosa. Ratificar el Protocolo ayudaría a prevenir acusaciones e incluso descalificaciones internacionales, pues previene la tortura y ayuda a definirla. Ojalá la Asamblea Legislativa recuerde la existencia del Protocolo y decida ratificarlo. Mientras no lo haga, se continuará desconfiando de la vigencia del Estado de derecho en El Salvador.

Desde su creación, la UCA ha estado presente en las coyunturas históricas del pueblo salvadoreño y, fiel al legado del P. Ignacio Ellacuría, ha tenido siempre sus puertas abiertas para los actores sociales que buscan reflexionar y debatir sobre el país. El análisis de la realidad ilumina posibles caminos de superación de los graves problemas que afectan a las mayorías, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el irrespeto a los derechos humanos y la destrucción del Estado de derecho. En una situación de normalidad democrática, lo natural es dialogar o propiciar el diálogo con diversos sectores y actores en búsqueda del bien común de la sociedad. Sin embargo, en el actual contexto de El Salvador, esa tarea, que para la UCA constituye además una exigencia ética, es entendida por algunos sectores como una actividad perniciosa e indebida para una institución universitaria. Por ello, ante cierto tipo de discursos que buscan deformar el rol que la Universidad ha jugado y juega en la dinámica nacional, es necesario decir lo que siempre ha sido claro: la institución ha participado, ahora y a lo largo de su historia, en reuniones y encuentros con una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil para reflexionar sobre los problemas del país y avanzar hacia un horizonte más democrático, de justicia social y pleno respeto a los derechos de todas las salvadoreñas y salvadoreños. La UCA ha tenido siempre presente que su papel es incidir en la realidad a través de la docencia, la investigación y, especialmente, la proyección social, la cual, de acuerdo al P. Ellacuría, “procura poner a la Universidad en relación directa con las fuerzas y procesos sociales en la línea del deseado cambio social”. El límite de su acción ha sido siempre el respeto a la Constitución y a las leyes del país, y la incidencia en la realidad de un modo estrictamente universitario; en este sentido, la UCA no se involucra en procesos y decisiones de carácter partidario, ni es su papel definir o apoyar candidaturas electorales. La preocupación por la realidad del país es propia de la proyección social y de la identidad de la Universidad. Esa función institucional siempre ha implicado un alto costo, pues, tal como presagió Ellacuría, “un mundo histórico configurado por antivalores cristianos no podrá menos que ver en esta posición un desafío a sus intereses egoístas. De ahí que la inspiración cristiana pueda llegar a causar, con toda probabilidad, dificultades y persecuciones por parte de quienes no están en favor del cambio social requerido”. La UCA mantiene incólume su independencia y su compromiso con la verdad, la democracia y los derechos humanos; su inspiración cristiana y la fidelidad a su misión universitaria, que exige la promoción de la libertad plena, la justicia social y la búsqueda del bien común. Los ataques de los que es objeto no hacen más que mostrar la vigencia de ese compromiso y reafirmarlo.

La responsabilidad es un valor indispensable que tiene dos elementos básicos (quienes gustan del poder exhiben uno y ocultan el otro): por un lado, implica enfrentar los problemas y y buscarles solución; y por otro, supone dar cuenta de lo realizado. Hacer propaganda de los logros y acciones ejecutadas es muy fácil. La rendición de cuentas honesta, consciente de los límites y transparente en el uso de los recursos utilizados, es normalmente más escasa y difícil, porque la verdad siempre muestra, incluso en los proyectos de éxito, debilidades en los procesos y lo que queda falta por hacer. Por eso abundan en la política quienes ocultan la verdad, evitan la crítica y exageran sus realizaciones. Los que eso hacen no cumplen con la responsabilidad que tienen ante la sociedad. En la actualidad se habla con frecuencia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, las instituciones no siempre tienen la capacidad moral de ser coherentes con la verdad. En principio, las grandes responsabilidades sociales, como el desarrollo inclusivo, la justicia social, la preservación y defensa del medioambiente, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, son competencia del Estado. Los partidos políticos deben elaborar planes y proyectos coherentes con esas responsabilidades, fundamentalmente consignadas en la Constitución. Por su parte, a la sociedad civil le corresponde supervisar e impulsar dichas responsabilidades, criticando los incumplimientos. Las Iglesias, con su bagaje de valores, están llamadas a crear conciencia social fraterna y defender a los más pobres e indefensos. Se habla también de responsabilidad social en las instituciones privadas. Para el caso de las universidades, a fin de establecer diferencias con la responsabilidad social empresarial, se ha acuñado el término responsabilidad social universitaria. Esta va más allá de la empresarial porque parte intelectual y humanamente desde una opción mucho más radical: construir lo humano desde la inteligencia y la razón con una óptica universalista, solidaria y cordial. Ellacuría llamó “proyección social” a esa responsabilidad, dado que las universidades debían ser una fuerza viva y activa en la construcción de una cultura solidaria montada sobre el trabajo como fuente de libertad y desarrollo humano. En tiempos de manipulación social en favor de intereses particulares impulsados desde el Estado, a las universidades les corresponde alentar la racionalidad en la convivencia social y actuar como conciencia crítica de poderes sin conciencia. Es normal que a quien así actúa se le ataque, más aún hoy en el mundillo superficial de las redes sociales, en el que con tanta frecuencia se manifiestan carencias de juicio. Desaprovechar las posibilidades de diálogo de las universidades, su conocimiento y su capacidad de investigación, tratar de ponerlas al servicio del poder, es uno de los errores más perniciosos que pueden cometer las élites. Como instituciones abiertas al saber, a la cultura, a la racionalidad, al diálogo y a la construcción de lo humano, las universidades deben siempre permanecer libres. Un Estado sin capacidad de hablar con las universidades camina por lo usual hacia el fracaso.

“El Salvador es otro país” es la sentencia que abre y cierra el discurso que Bukele dio el 1 de junio en la legislatura. De ahí concluye sin más que “ya no somos los mismos”. Es indudable que el país no es el mismo, porque la realidad es una estructura procesual dinámica. En ella intervienen fuerzas naturales, biológicas, psíquicas, sociales, culturales, ideológicas, políticas y personales. El proceso es mucho más complejo de lo que piensan los voceros presidenciales, que solo aluden a las últimas fuerzas, es decir, a Bukele. Todas esas fuerzas, en interacción mutua, imprimen al proceso histórico una determinada dirección y unos contenidos precisos. Son estas fuerzas, no la voluntad individual, ni siquiera la de Bukele, las que determinan el curso y el contenido del proceso histórico. Así, pues, el país actual no es el de hace cuatro años. En esto tiene razón el presidente, pero no solo porque haya “tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá”, sino por la intervención de ese conjunto de fuerzas, entre las cuales se encuentra su aporte. El que el país sea distinto no significa que sea mejor. El criterio fundamental para determinar esa mejora no es cómo le va a la familia Bukele, a sus allegados y socios, incluidos los predicadores extranjeros de los criptoactivos. Tampoco cómo le va al capital. Sino cómo le va a la mayoría de la gente. El estado de un país no se puede diagnosticar desde las minorías. Hacerlo es un error de perspectiva, que ignora deliberadamente a la gente, la porción más importante de la realidad. En cualquier caso, la mejora debe ser respaldada por datos, que Casa Presidencial omite y esconde porque cuestionan su discurso. Sin embargo, y muy a su pesar, varios organismos internacionales proporcionan información valiosa para valorar el estado de cosas. Por otro lado, las encuestas de opinión no cesan de señalar el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la gente. Estos datos se complementan con la observación directa de lo que ocurre en los sectores con los ingresos más bajos. Pero para apreciarlo hay que tener una sensibilidad de la cual carece la Casa Presidencial de los Bukele y los venezolanos. Difícilmente se puede defender que la sociedad salvadoreña ha avanzado en convivencia, solidaridad y bienestar general en los últimos cuatro años. La mayoría de la opinión pública se siente cómoda con la dictadura y la represión. Acepta la supresión de sus derechos y la ley del talión, que prescribe ojo por ojo y diente por diente. Al decantarse por el desquite, esa mayoría ha renunciado a la justicia superior del Reino de Dios, anunciada por Jesús de Nazaret en el sermón del monte. La dictadura ha sacado de los bajos fondos sociales la creencia de que la represalia brutal e implacable es la respuesta ideal para los desafíos sociales y la ha explotado exitosamente en provecho propio. Una sociedad que pone su seguridad en la venganza, por muy arraigada y popular que pueda ser, no está sana. Ninguna sociedad se reinventa a partir de la violencia. La sensación de seguridad que muchos alaban y agradecen descansa en la fuerza bruta, que aplasta y aniquila. Esa es la solución que los Bukele han encontrado, por causalidad, para enfrentar la faceta más visible del crimen organizado y para todos aquellos que amenazan con perturbar el orden impuesto. La respuesta satisface a las tendencias más irracionales, al mismo tiempo que divide, asfixia y mata. Bukele no tiene una alternativa constructiva. Tampoco la necesita, porque la finalidad de su presidencia es detentar el poder absoluto. Está aproximación a la crisis nacional no hace a la sociedad más decente, solidaria y humana. Tampoco cristiana. La sociedad de los Bukele es egoísta, vengativa, violenta e insensible al sufrimiento. La configuración de esta realidad social hunde sus raíces en una larga historia de explotación y de opresión, sin solución de continuidad desde comienzos del siglo XX, cuya conclusión ha sido el orden impuesto por las pandillas en los territorios abandonados por el Estado neoliberal. Los crímenes de los detentadores del poder, la oligarquía agroexportadora, los neoliberales y las pandillas no justifican la venganza. El odio y la violencia no conducen a una sociedad vivible, pacífica y con las necesidades básicas satisfechas. En este sentido, los Bukele no han introducido ninguna novedad. Reproducen la espiral de violencia del pasado y la lanzan hacia delante. Todavía es tiempo para recapacitar y buscar consensos sobre cómo transformar la cultura violenta predominante en otra abierta, amante de la justicia y la paz. El enfrentamiento y la aniquilación no garantizan una seguridad duradera. Unos cuantos no pueden vivir seguros mientras otros viven, aterrorizados, una exclusión aberrante. A partir de este convencimiento se pueden construir consensos cada vez más amplios para encontrar formas de sana convivencia.

Los cambios en el número de diputados y de municipios, a parte de los problemas que causarán en el desarrollo de unas elecciones muy cercanas y con plazos ya establecidos, reflejan la tendencia a dejar el control de la representación política y del territorio en manos de quien tiene mayor capacidad de recursos e influencia. El método d’Hondt, el sistema de reparto de escaños y concejales aprobado recientemente por el oficialismo, tiende a favorecer a los partidos grandes en detrimento de los pequeños. En realidad, se suele decir que favorece el bipartidismo. En ese sentido, que los partidos minoritarios participen de manera independiente en las elecciones legislativas reducirá sus posibilidades de alcanzar algún peso relevante en la Asamblea. Sin lugar a dudas, el instituto político que hasta el momento puede salir más beneficiado por el nuevo método de reparto de curules es Nuevas Ideas. Por otra parte, la ampliación tan fuerte del territorio municipal, especialmente en las zonas rurales, hace que los liderazgos tradicionales de los pequeños municipios queden casi disueltos. El caso del nuevo municipio llamado Chalatenango Sur es un buen ejemplo. Abarca 20 distritos, que antes eran municipios. Mientras los liderazgo de Arcatao, San Isidro, La Laguna y San José Cancasque, por citar solo cuatro, tienen presencia solamente a un nivel local reducido, Chalatenango tiene figuras del sector económico o gubernamental que son conocidas en toda la región. Por ello, quien domine Chalatenango imperará en toda la región. Y por supuesto, quienes están en la actualidad en el poder municipal o legislativo partirán con una enorme ventaja en las elecciones. En el caso de La Libertad Sur, que une Santa Tecla con Comasagua, la ciudad grande anulará casi con toda seguridad los liderazgos que puedan surgir en la segunda. Al final, la apuesta es fortalecer al más fuerte. Y en este momento, el más fuerte es el que está en control de las instituciones estatales. La democracia, en principio, trata de poner en paridad al fuerte y al débil, tanto a través de los sistemas electorales como de las instituciones encargadas de controlar al poder. Pero cuando las instituciones de control están cooptadas por el Ejecutivo, los sistemas electorales, sean más o menos proporcionales, no resuelven el problema que provoca la ley del más fuerte. Que la aprobación de la reducción de diputados y municipios se haya llevado a cabo con dispensa de trámite deja en evidencia el desprecio al diálogo y el debate, tan necesarios en el ejercicio democrático. Sin negar que cierto tipo de reducción y reunificación de municipios, especialmente de los más pequeños, puede ser una buena idea, lo decente y apropiado hubiera sido que los legisladores oyeran, antes de alzar la mano para aprobar lo que les mandó Nayib Bukele, a asociaciones de alcaldes y miembros de la sociedad civil implicada en el desarrollo territorial. Como en tantos otros campos de la vida nacional, al final se impuso la ley del más fuerte.

“Muchos alcaldes solo se dedicaban a robar” fueron parte de las palabras del actual presidente del país. Aun reconociendo que hay algunos honestos, insistió en que la mayoría roban. Por supuesto, al tener la mayoría de las alcaldías el partido Nuevas Ideas, el presidente está hablando de una buena parte de sus alcaldes. Pero no hay investigación sobre el tema ni un número de acusaciones en los juzgados que sean coherentes con las frases del discurso presidencial del primero de junio. Sin embargo, no faltaron las acusaciones de robo y cercanía con los delincuentes contra los que antes llamábamos los partidos tradicionales. Robar parece que significan dos cosas distintas según quien las haga. En algún momento se nos decía que algunos de los proyectos sociales o de seguridad del país no se hacían públicos para que otros países no los copiaran. En vez de una ley de justicia transicional que tienda a la reconciliación en el país, se prefieren leyes duras y punitivas, revestidas de un vocabulario que insiste en que ahora por fin se está haciendo justicia. La justicia podrá ser selectiva y parcial, centrándose en las zonas marginales del país o en los enemigos políticos. Los jueces podrán dar sentencias injustas a sabiendas, pero el lenguaje siempre insistirá en que nunca hubo tanta justicia como en el presente. Las tareas estatales de investigación y persecución del delito se han convertido en “guerras”. Primero fue la guerra contra las maras y recientemente se ha anunciado la guerra contra la corrupción. Como en toda guerra hay aliados y enemigos. Y por supuesto se trata de diversa manera a quienes son cercanos al “régimen” y a quienes son catalogados como enemigos. No es extraño que a algunos de los detenidos se les considere presos políticos. Aunque a veces nos olvidamos de muchos, precisamente porque son pobres, pero también deberían ser considerados presos políticos los más de cinco mil inocentes detenidos por el régimen. Porque ha sido más la política que la justicia la que ha promovido unas detenciones masivas con altas dosis de arbitrariedad. El lenguaje sirve para todo, incluido para llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ahora resulta que hay guerras buenas y pacifismos malos. Los Derechos Humanos no son los que aparecen en los instrumento legales internacionales que hemos firmado y ratificado. Y quienes se han dedicado durante muchos años a defenderlos son solamente vividores. Víctimas son solamente las que el poder decide que lo son desde su propio lenguaje. Parece que todos hablamos la misma lengua, pero el poder le da al lenguaje tales matices que las palabras acaban significando solamente lo que dice el poder. O al menos eso se pretende. La democracia trató desde sus comienzos de elaborar un lenguaje objetivo, construido sobre derechos y deberes universales. Los regímenes autoritarios construyen sus propios significados y manipulan de tal manera el vocabulario que convierte en políticamente correcto solamente lo que les conviene. Ya lo hacían algunos gobiernos anteriores cuando hablaban de desarrollo, igualdad ante la ley o justicia social. Pero hoy el lenguaje del poder se construye con una especie de exclusividad que trata de eliminar del debate todo lo que no cabe en el discurso oficial. Y utiliza, en una especie de subcontrato de las redes, los peor del lenguaje, el grito agresivo y el insulto, contra todos los que utilizan un discurso diferente del poder. Reconocer democracias a partir del lenguaje es fácil. A mayor transparencia, tanto del lenguaje como de las acciones, se encuentra una mayor democracia. Cuando el lenguaje se convierte en un galimatías oportunista y las acciones y proyectos carecen de transparencia, los menos que se puede decir es que la democracia está enferma. La curación no es difícil, pero hace falta voluntad política para ello.

El presidente Bukele cerró su cuarto año de gobierno con grandes noticias. En el escenario perfectamente organizado de la Asamblea Legislativa, presentó tres proyectos, dos de ellos legislativos y el otro, propio del Ejecutivo, de lucha contra la corrupción, que estrenó inmediatamente mandando al fiscal general a ocupar propiedades del expresidente Cristiani. No rindió cuentas, no dijo nada de los problemas gubernamentales con los derechos humanos, la economía del país, la deuda y los atrasos de sus proyectos estrella. Solamente insistió en la derrota de las pandillas y en la tranquilidad que ello trajo a la ciudadanía. Ni una palabra, por supuesto, sobre los medios utilizados: militarismo, cerco a comunidades, detenciones sin garantías jurídicas. La prepotencia frente al pensamiento distinto se expresó a través de una burla presidencial a la reducida oposición parlamentaria. Quien todo tiene controlado suele pensar que no hay que dar importancia a las críticas. En el caso de Bukele, lo que le interesa es sorprender, poner en el tablero de discusión y debate lo que realizará desde el poder, y obligar que se olviden temas críticos. La reducción del número de municipios y de diputados fue el gran anuncio. La Asamblea y el corro de invitados aplaudían emocionados. Sin embargo, el mandatario no dio ninguna explicación sobre los criterios utilizados para definir dicha reducción. No hubo consultas previas y da la impresión de que tampoco las habrá en el futuro. Reducir municipios puede ser necesario; es una manera de mejorar las posibilidades de desarrollo en un territorio más amplio. Si se sabe hacer, podría contribuir a evitar la despoblación del campo. Pero hacer una reducción tan drástica sin estudios conocidos y sin abrirse al diálogo con los habitantes presagia una situación caótica, de mucha incertidumbre y contradicciones. Todo apunta a que los intereses electorales están de fondo, pues al ampliarse el territorio de los municipios, cambia también la influencia de los liderazgos preexistentes. Y eso suele favorecer a quien maneja el poder y los recursos. Con respecto al número de diputados, hubiera sido interesante aprovechar el paso para reflexionar a fondo sobre la vinculación de los legisladores con el territorio y sus pobladores. Tener diputados para simplemente entrar en el juego del poder y del beneficio personal no beneficia en nada a la ciudadanía. Finalmente, la supuesta guerra contra la corrupción parece más dirigida a anular la capacidad de influencia de enemigos políticos que a combatir la falta de transparencia y corrupción enraizada en el Estado desde hace tantos años. En definitiva, el discurso del mandatario se orientó a la propaganda y la espectacularidad, no a informar con datos sobre los aciertos y errores de su cuarto año de gestión. Además, su modo de hablar y de actuar no deja dudas sobre su decisión de continuar un segundo período, tal como llama el vicepresidente a la inconstitucional reelección. El diálogo, difícil desde el inicio del actual Gobierno, se complica aún más cuando las decisiones se toman de antemano y sin consulta. El presidente está moldeando un país a su imagen y semejanza: sordo, intransigente, ajeno a la empatía, con la fuerza y el poder como único credo.

Faltan pocos meses para que en El Salvador se celebren cuatro elecciones. Tres de ellas absolutamente relacionadas, porque la cuarta, la de diputados al Parlamento Centroamericano es, en buena medida, irrelevante. Pero a estas alturas todavía hay gente que tiene diversas posturas ante el proceso electoral. Algunos siguen pensando que la única elección importante es la de la Asamblea Legislativa, las otras dos, no. Mucho de lo que ha hecho Bukele no hubiera sido posible sin la correlación que tiene en la Asamblea y, por tanto, con menos diputados, podría frenarse la deriva autoritaria. En cambio, la elección presidencial no hay que disputarla. Según ellos, hay dos razones para no participar: la primera es que hacerlo sería hacerle el juego y legitimar la candidatura inconstitucional a la reelección del presidente; la segunda es que esa elección está perdida por el respaldo social que tiene Bukele. Hay algunos que tampoco se inclinan por participar en la elección de las autoridades municipales, básicamente porque, por las medidas del gobierno, las alcaldías han quedado con poca capacidad para actuar con autonomía financiera y dependen del sometimiento al Ejecutivo para conseguirlo. Sin embargo, las tres elecciones están estrechamente vinculadas. Si la meta es lograr un número determinado de legisladores y legisladoras, el lanzamiento de fórmulas municipales atractivas localmente es un refuerzo casi imprescindible para tener éxito en la elección de diputados. Además, una buena candidatura presidencial puede arrastrar votos. De hecho, la historia en un país con un régimen presidencialista como El Salvador así lo confirma. Esta es la razón de fondo por la que, para el 4 de febrero del año próximo, se pusieron juntas las elecciones presidenciales y legislativas, para que la popularidad del presidente arrastre el voto para el movimiento de seguidores de la familia presidencial llamado Nuevas Ideas. Las encuestas, en general, presentan cifras que favorecen al actual mandatario. La gigantesca maquinaria mediática que ha montado la familia del presidente y sus amigos cogobernantes, y el comportamiento de la oposición hasta hoy, refuerzan esta percepción. La oposición partidaria se ha centrado más en comentar críticamente las acciones y los insultos del aparato oficial que en poner en manos de la población propuestas que capten la atención de los ciudadanos porque responden a sus necesidades. Algo semejante pasa con los críticos desde la sociedad civil, que centran sus “propuestas” en la denuncia de las violaciones constantes a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos (que hay que hacerlo) pero que, lamentablemente, no representan una preocupación sentida por la mayoría de los salvadoreños. Si la oposición no da un paso para presentar propuestas sobre temas que interesen a la gente, si no tiene vinculación con movimientos de base, si no se hace una crítica sustentada a la mala gestión de la cosa pública que pueda mostrar que eso afecta la posibilidad de resolver problemas centrales de la mayoría de la población, será muy difícil competir con la maquinaria presidencial. Hasta el momento, se han conocido rumores sobre posibles candidaturas en una eventual coalición de partidos de oposición. La sola reacción del oficialismo ante esta posibilidad es un indicador de que puede ser algo importante. Todo dependerá de la madurez política con que los partidos enfrenten la situación que atraviesa el país. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 122.

Cada nuevo presidente de la República suele afirmar solemnemente y sin titubear que lo será de todos los salvadoreños. La declaración es reglamentaria, pero equívoca. Ninguno ha gobernado para toda la ciudadanía y el bien de la totalidad. Todos han gobernado para la facción que los llevó al poder, sobre todo para sus financistas y para su grupo familiar y los allegados. Cuando se sentaron en el sillón presidencial, su agenda ya estaba comprometida. Sus prioridades han sido las de los donantes, la parentela, los compadres y los militares, que, deliberantes o no, han detentado un poder real. El resto de la ciudadanía, la mayoría, ha debido conformarse con los sobrantes. A ningún mandatario le ha importado que la satisfacción de los compromisos adquiridos haya hipotecado el futuro de la nación. Si hubiesen gobernado para la totalidad, no habría habido concentración de la tierra agrícola, ni levantamiento popular en 1932, ni guerra con Honduras en 1969, ni guerra civil en 1980, ni privatización depredadora, ni acumulación de capital por despojo, ni emigración masiva, ni violencia social generalizada. Quizás tampoco pandillas. El nivel educativo nacional sería muy superior, el empleo más productivo y mejor pagado, la salud universal y de calidad, y la desigualdad mucho menor. La expectativa de que este bienestar, tantas veces postergado para satisfacer los intereses de las minorías, ahora se encuentra al alcance es engañosa. El presidente actual no es diferente de sus antecesores. No olvidó la fórmula protocolaria, pero enseguida distinguió entre su rebaño, los dóciles, y los demás, los lobos. Sin embargo, los suyos se equivocan si piensan que gobierna para ellos. Gobierna para un grupito de privilegiados. En cierto sentido, distinto del tradicional, pero minoría favorecida al fin de cuentas: sus hermanos, sus parientes, sus compadres y una variopinta colección de contratistas caza fortunas, de oportunistas y de gurús extranjeros. En el trasfondo de los mensajes presidenciales resuenan los intereses de estos grupos. El presidente se dirige a ellos en inglés, no a los salvadoreños. Al parecer, se mueve con más soltura en ese idioma que en el nacional. Tampoco habla de la realidad de las mayorías del país, sino sobre aquello que agiganta su imagen. La excepción son las pandillas y la seguridad, pero no la de los estadios y la responsabilidad de la Policía en la estampida. No habla de la sequía y del hambre que avanza inexorable. Ni del calvario de los usuarios de los servicios de salud. El discurso presidencial es tan deslavazado y confiado que ni siquiera cuida bien la articulación del panegírico. La exaltación de la figura presidencial es puntual, parcial y superficial. Un mosaico desarticulado al que la emoción encuentra sentido. Una comunicación tan incompleta e incoherente no permite penetrar en la visión gubernamental de la realidad nacional. Los cambios profundos, prometidos el primer día del mandato y reiterados para cuando la mesa quede limpia de pandillas, son un enigma. La oscuridad lleva a pensar que esos cambios no están planificados ni financiados. Casa Presidencial no trabaja para colocar los fundamentos que conduzcan a la superación de los males estructurales heredados y agravados por la inflación, la sequía y la indolencia gubernamental, sino para enaltecer la figura del mandatario a través de las redes sociales. Los entusiastas no se alegran porque sus expectativas de ascenso socioeconómico están siendo satisfechas, sino por el éxito de otro, que dice dedicarse a ellos. Desde hace ya varios años, Bukele no se encuentra con la población, ni siquiera con sus devotos. La relación presidencial está mediada por las redes sociales, las originales y las repetidoras. Si la mediación es siempre una barrera, que impide el contacto físico con los demás, las redes no solo aumentan esa distancia, sino también deshumanizan. Bukele no palpa la angustia de las mayorías. Se conforma con las encuestas de opinión. Es muy difícil gobernar para la totalidad atrincherado en Casa Presidencial, sin contacto directo con el pensar, el sentir, el sufrir y las expectativas de los gobernados. Sus ministros y altos funcionarios, incluidos los llamados representantes del pueblo, siguen su ejemplo. Ellos también han levantado barreras para evitar a la gente, para no escucharla ni tener que dar explicaciones. Ellos también ordenan, imponen y sancionan desde sus posiciones de poder. Esta forma de gobernar convierte a los gobernados, ciudadanos con derechos y dignidad, a simples subordinados de los gobernantes. Estos les conceden lo que, desde el poder, les parece conveniente y, a cambio, les exigen agradecimiento y lealtad. La infantilización de la ciudadanía facilita mucho el ejercicio de la dictadura. No interpela, no cuestiona, no protesta. Acepta satisfecha lo que recibe. No exige; todo lo disculpa, todo lo explica. Los rebeldes y los revoltosos —hasta cierto punto, inconvenientes inevitables— son castigados por malagradecido

Visceral ha sido la reacción del oficialismo ante la posibilidad de que Nuevas Ideas tenga que competir contra una candidatura presidencial única, apoyada por varios partidos políticos en la oposición. El coro cyan parece estar más preocupado por la puridad ideológica de los partidos Arena y el FMLN que por la hipotética amenaza que una candidatura única representaría para la continuidad en el poder de Bukele y los suyos. Los voceros del oficialismo se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que dos partidos que por años han estado enfrentados, con ideologías radicalmente distintas, pudieran llegar a un acuerdo para la elección presidencial. Para tranquilidad del régimen, más preocupado por la moral y la puridad ideológica ajena que por la propia, los líderes del FMLN salieron rápidamente a declarar que su instituto político nunca se aliará con Arena ni con ningún otro partido de derecha de cara a las elecciones; al contrario, presentará su propia fórmula para optar a la más alta magistratura de la nación. Tanto unos como otros padecen de amnesia interesada, prefieren olvidar la dinámica política que ha caracterizado al país desde las últimas décadas hasta el presente. Durante sus 10 años de gobierno, el FMLN se apoyó en el derechista partido GANA, escindido de Arena, para lograr mayoría en la Asamblea Legislativa y así sacar adelante sus proyectos. También negoció con otras fuerzas políticas en la Asamblea para elegir a las autoridades de segundo grado. Lo mismo hizo Arena cuando la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no le fue favorable y necesitó el apoyo de otros partidos para aprobar sus planes. Y esa herencia la hizo suya Bukele. Sus seguidores harían bien en recordar que él aspiraba a ser candidato presidencial por el FMLN y que no se fue de ese instituto político por su propia voluntad, sino que fue expulsado después de un proceso disciplinario. Por tanto, para ganar la presidencia tuvo que afiliarse a GANA y participar bajo su bandera. GANA, un partido que nació de Arena en el marco de una oscura pugna de intereses, muy probablemente aceitada con los míticos maletines negros. Durante sus cuatro años de gestión, la alianza de Bukele con GANA ha sido muy sólida, sin mayores diferencias, a pesar de que entre ambos supuestamente media un abismo ideológico; tan sólida que participaron en coalición en algunos departamentos y municipios para las elecciones de 2021. Y esa lógica de contubernio la ha aplicado también Nuevas Ideas con la Democracia Cristiana y el PCN, que apoyan todas las propuestas que el oficialismo presenta en la Asamblea Legislativa. Ninguno de estos aliados tiene un pasado limpio, ninguno se han distinguido por su pureza ideológica, ni por su honestidad, ni por su coherencia, ni por defender los intereses de la población por encima de los propios. La agresiva reacción del oficialismo ante una posible alianza entre partidos políticos de la oposición hace pensar que en el fondo desconfía del apoyo popular que muestran las encuestas. Si Nuevas Ideas y sus líderes tuvieran algo de sentido y pensamiento democrático, deberían alegrarse de la posibilidad de tener un adversario fuerte en las próximas elecciones, pues ello les permitiría demostrar que en verdad cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Y si ganaran las elecciones, su victoria sería más legítima. Competir con otras opciones fuertes y bien sustentadas, con ciudadanos probos y honestos, es mucho mejor para la democracia que la falta de competencia real. En democracia, todos tienen derecho a buscar alianzas y coaliciones, en especial cuando se trata de defender los principios y las libertades fundamentales.

El Salvador es un país pequeño y pobre. En la mediciones internacionales se nos suele ubicar entre los países de renta media. Y ciertamente estamos mejor en algunos aspectos que otras naciones centroamericanas o caribeñas. Pero no podemos decir que estemos bien. La pobreza afecta a una tercera parte de la población, la desigualdad inunda una gran cantidad de aspectos de la vida económica y social, nuestra institucionalidad es deficiente y la corrupción, la arbitrariedad y la violencia continúan siendo una rémora para el desarrollo. Son problemas viejos y nunca solucionados, a pesar de los discursos tanto del pasado como del presente. Sin embargo, El Salvador y su gente nunca han dejado de lado la esperanza. Es importante, por tanto, analizar en qué ponemos la esperanza. Mucha de nuestra gente, desesperada por tantos años de pobreza y desatención, pone la esperanza en el norte. Los migrantes muestran con frecuencia la capacidad de nuestra gente de salir adelante cuando se le ofrecen algunas mejoras, aunque sean pequeñas. El país, lamentablemente, no les ofrece oportunidades y la gente continúa migrando. Otros ponen su esperanza en los hijos y se matan trabajando para que estos sean profesionales y estén mejor que ellos. Los vínculos familiares son fuertes, aunque con frecuencia la pobreza, el machismo y la violencia dificulten la vida familiar. No faltan los que ponen la esperanza en la política, en el negocio y el emprendimiento, en la profesionalidad y el conocimiento. Pero ni la política, ni la empresa privada, ni el conocimiento han logrado aportar el diseño de un país más justo y equitativo, que sea convincente para la mayoría. Las desigualdades y el favoritismo clientelista rompen con frecuencia las esperanzas que nacen de esas tres grandes dinámicas sociales. Por eso debemos preguntarnos qué podemos hacer. Cuando estamos con esas dudas es fácil poner la esperanza en el autoritarismo. Deseamos a veces que alguien resuelva los problemas desde la fuerza si es preciso, y que desde arriba nos den un futuro mejor. Pero el autoritarismo en una sociedad tan injusta como la nuestra difícilmente supera la desigualdad. Los mismos que están en el poder no quieren salir de su comodidad y sus burbujas privilegiadas. El único camino que queda para satisfacer la esperanza de la gente es una solidaridad activa, de carácter político, que sepa unificar los muchos deseos serios de un país mejor. Una solidaridad que comience por tener un buen proyecto nacional de realización común que garantice que nadie va a quedar en la miseria, que desarrolle verdaderas redes universales de protección social, que redistribuya la riqueza a través de una inversión seria en la gente y que apoye simultáneamente la creatividad y la austeridad. Quienes caminen en esa dirección tendrán que resistir las trampas, ofertas engañosas e incluso amenazas de las élites que no deseen perder sus privilegios. Un partido político con un proyecto de realización común abierto a todos, con un claro ordenamiento ético y con capacidad de exigir responsabilidades tanto dentro como fuera de sí mismo no ha sido fundado todavía en El Salvador. Y muy probablemente tampoco abundan en otros países, incluidos los desarrollados. Iniciar la trabajosa tarea de pensar, proponer y difundir un proyecto; garantizar éticamente que este es posible; y resistir en la tarea en medio de las dificultades son pasos necesarios para que la esperanza tenga color político y se vuelva realidad dentro del país.

El Gobierno de Bukele acaba de establecer un nuevo puesto en la estructura de la Presidencia: el comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión. No es la primera vez que se produce un nombramiento de este tipo. En el período inmediato anterior al actual, el de Sánchez Cerén, se nombró una comisionada presidencial para los derechos humanos. Curiosamente, ambos nombramientos han coincidido con la misma persona al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. En el pasado, ni la comisionada ni la procuradora hicieron nada significativo en su campo de responsabilidad. En la actualidad, al cargo se le añade auditar la libertad de expresión, en un momento en que abundan las quejas de ataques a los periodistas. Y se ha eligido como comisionado a un abogado colombiano experto en persecución de delitos informáticos. La coincidencia de que se nombre este tipo de comisionados cuando está al frente de la Procuraduría la misma persona hace pensar que algo está mal; la duplicación de funciones suele ser mala señal. Hasta el momento, la única explicación oficial del nombramiento del comisionado ha sido la de un supuesto interés gubernamental de proteger los derechos humanos. Sin embargo, ello contrasta con el discurso del presidente y los suyos, siempre agresivo con los defensores de derechos humanos y los periodistas. Cualquiera que sea la razón del nombramiento, el hecho de que haya un nuevo puesto gubernamental para el área deja en claro que las constantes acusaciones de violaciones a derechos humanos son fuente de preocupación para el Gobierno. Y eso, más allá de lo que haga el nuevo comisionado, en conjunto o en paralelo con la procuradora, podría entenderse como una buena noticia: al fin el Ejecutivo comienza a darse cuenta de que la violación de derechos humanos causa daño al país en todas las esferas, tanto nacionales como internacionales, y que la propaganda, por intensa que sea, no sustituye la objetividad de lo que pasa en las calles y cárceles. Ahora bien, por ser los derechos humanos una especie de moralidad externa al poder del Estado, el nuevo comisionado presidencial, al estar inserto en la política de turno, nunca generará confianza. Los derechos humanos, además, gozan de un enorme desarrollo jurídico y legal, y tienen su propia institucionalidad dentro del marco de las Naciones Unidas y, en el caso de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos. Una institucionalidad que, más allá de las debilidades propias de la ONU y la OEA, apoyará siempre a la sociedad civil cuando esta reclame prácticas reñidas con los derechos humanos y con los convenios que los respaldan, basados en la igual dignidad de la persona. Durante la guerra civil, el Estado salvadoreño tuvo su propia Comisión Gubernamental de Derechos Humanos. Esta se dedicaba a, por un lado, desacreditar a la guerrilla y, por otro, ocultar los atropellos, abusos y múltiples y continuos delitos que cometían el Ejército y los cuerpos militarizados de seguridad. La Comisión Gubernamental fracasó en su intento de desfigurar la realidad de aquel entonces. Hoy, cuando expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que en El Salvador existe una verdadera crisis de respeto a los derechos humanos, es de rigor tener en cuenta las farsas y fracasos del pasado, e iniciar un diálogo serio con la comunidad nacional de defensores de derechos humanos. Solamente de esa manera se podrá corregir el desprestigio creciente en este campo.

Tema: Análisis de la Realidad Nacional Invitado: P. Andreu Oliva, rector de la UCA ⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

La seguridad ciudadana no llega hasta los escenarios deportivos, aun cuando hay riesgos dada la masividad del aforo y el entusiasmo, no pocas veces desbordado, de los fanáticos. La tragedia del fin de semana pasado es producto de una mezcla de falta de prevención e incapacidad, o desidia, para gestionar aglomeraciones. El respeto a los fanáticos y a la vida humana debiera ser prioridad para los organizadores de eventos como los deportivos. Desde hace tiempo existen indicios de la operación de mafias en el mundo del futbol, las cuales han proliferado a ciencia y paciencia de las autoridades de siempre. El futbol no es la excepción; la presencia de las mafias se atisba en los ámbitos importantes de la vida social. Prontamente, Bukele amenazó con “una investigación exhaustiva” de los equipos, los directivos, el estadio, la boletería, la liga, la federación y un largo etcétera. A primera vista, la intervención es prometedora, pero al recurrir a la fórmula de los de siempre, augura el resultado de siempre. Es un tópico nacional prometer investigaciones exhaustivas, que se agotan en el afán de la exhaustividad. Tal vez ahora sea diferente. Ciertamente, Bukele tiene una gran oportunidad para investigar las causas de la estampida, para identificar a los responsables, “sean quienes sean”, y presentarlos ante la justicia, y para aprender de la experiencia cómo prevenir estas tragedias. Pero el tono destemplado de la promesa es inquietante. Tiene mucho de exabrupto propagandístico y poco de compromiso con las víctimas y sus familias. Está repetidamente comprobado que lo suyo no es la investigación, la transparencia y la rendición de cuentas. Los policías y los fiscales no indagan para identificar a los criminales, sus motivaciones y los detalles del crimen, sino que cumplen órdenes superiores. La mayoría de los jueces permite el fraude procesal para contentar a sus superiores. Salen del paso endosando crímenes a inocentes, a quienes exhiben como culpables, sin presunción de inocencia ni defensa; y las sentencias son ratificadas por las redes digitales. Sería muy raro que esclarecieran los hechos que provocaron la estampida. Tal como es habitual, acusarán a los menos responsables o a inocentes. De hecho, las primeras sanciones han caído sobre los aficionados y los jugadores. La verdad no es el fuerte de Bukele, sino el cerco militar y la batida. Se impone, pues, tender uno alrededor del escenario de la tragedia. Ahí hicieron su aparición el ministro almirante y su séquito, armados con fusiles de asalto. También hubo soldados entrenados para mantener el orden público. Pero estos no distinguieron entre la protesta violenta y la estampida. A esta le dieron el mismo tratamiento gaseoso que suelen dar a la otra. Aunque popular, la militarización no resuelve los desafíos sociales. Los miles de soldados y policías desplegados en Nueva Concepción tampoco identificarán al autor del asesinato del agente. No han sido enviados a investigar su identidad y sus motivos, sino a reprimir y, de paso, exhibir los “juguetitos” que Bukele les ha regalado. Por tanto, no tienen pruebas contra las decenas de capturados. Es imposible que las hayan reunido en tan poco tiempo. Si los agentes de Bukele se hubieran acercado a las comunidades, habrían escuchado versiones que hablan de un ajuste de cuentas entre policías pandilleros. La bala asesina fue disparada por una de las pistolas que el mismo Bukele entregó a la PNC, se dice. El autor del asesinato, según los lugareños, es un pandillero policía y el motivo, un ajuste de cuentas. Así, pues, la víctima, elevada a héroe por el arrebato de Bukele, sería otro pandillero. Si desconoce estos datos, alguien lo ha mal informado y le oculta la existencia de pandillas en la policía. Al parecer, el encubrimiento opera también en las interioridades del régimen. La investigación policial y fiscal, y la supervisión independiente de ambas instituciones le habrían ahorrado las diatribas y las maldiciones coléricas, impropias de un estadista. También podrían evitar la impunidad de un asesinato cometido en las filas policiales y habrían librado a las comunidades de las vejaciones del régimen de excepción. Si estaba al tanto de lo ocurrido, el cerco militar en Nueva Concepción no persigue pandilleros, sino popularidad a costa de unas comunidades que merecen cuidado y no represión. El cerco militar y la batida no excusan la investigación rigurosa e independiente. Más aún, sin investigar, el control territorial es cuestionable, tal como lo evidencia el asesinato del policía, que desató la furia presidencial. Inútilmente, porque el enemigo también lo tiene dentro. Una prueba más de la corrupción que corroe las interioridades de su gestión. El régimen de los Bukele ha demostrado gran capacidad para reprimir, pero no para prevenir estampidas, ni catástrofes medioambientales, ni el rodamiento de vehículos pesados en condiciones inaceptables, ni la circulación anárquica del transporte colectivo. El régimen se conforma

El sábado 20 de mayo, el país vivió una tragedia que dejó una docena de personas fallecidas y más de un centenar de heridos y golpeados. Lo que debería haber sido una fiesta deportiva en el estadio Cuscatlán se convirtió en una noche de dolor y muerte. El hecho se investigará con más o menos seriedad, se formularán posibles explicaciones a lo ocurrido, se señalará a supuestos culpables, pero por sobre ello permanecerá la muerte de quienes solo buscaban un momento de esparcimiento y el dolor de las familias que han perdido a un ser querido. Por otra parte, en estas últimas semanas, graves y aparatosos accidentes de tránsito han causado una larga serie de víctimas mortales. Al final de cada año, las estadísticas cuentan por miles los salvadoreños y salvadoreñas que pierden la vida o quedan terriblemente lesionados en accidentes de tránsito, siendo esta una de las primeras causas de muerte en el país. Según las autoridades, las causas de los accidentes son siempre las mismas: exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, distracción del conductor, imprudencia peatonal o desperfectos mecánicos. Todas ellas pueden evitarse. Es importante asumir esta realidad tan dolorosa, no para aceptarla como algo sobre lo que nada se puede hacer ni entenderla como un destino fatal, sino para tomar acciones eficaces que lleven a prevenirla y evitarla. En todos los hechos en que intervienen personas es posible encontrar un comportamiento irresponsable o doloso de parte de alguna de ellas. En la tragedia en el estadio Cuscatlán, se investiga la sobreventa de entradas, la falsificación de boletos, la falta de organización, la negativa a abrir más puertas para facilitar el acceso ordenado del público y el cierre temprano de los portones, que provocó que gran cantidad de aficionados se quedaran fuera del estadio. Uno de estos factores o la combinación de varios de ellos causó muerte y lesiones. Queda en manos de la PNC, la Fiscalía y las autoridades del fútbol realizar una investigación seria, transparente y creíble para determinar responsabilidades e implementar medidas de fondo, no cosméticas ni propagandísticas. Lo mismo cabe decir de los accidentes de tránsito. Hace falta un interés real y permanente por hacer cumplir las regulaciones que la ley ya contempla para garantizar el buen estado de los vehículos; se necesitan más policías de tránsito en las calles para vigilar y penalizar a los conductores infractores; se requiere más protección para los peatones y empezar a pensar las ciudades y vías de tránsito más en términos de personas que de vehículos. Y por supuesto, es fundamental que todo conductor sea responsable y asuma lo que significa ponerse detrás de un volante. Manejar con prudencia, respetando a los demás, está al alcance de todos y evitaría muchas de las muertes que ocurren en las carreteras. Cambiar de actitud, dejar a un lado la irresponsabilidad y el egoísmo, actuar cívicamente y cumplir rigurosamente la ley son pasos esenciales para prevenir y evitar tanto dolor entre las familias salvadoreñas.

Las desapariciones son siempre una tragedia. Ante ellas, el Estado tiene la grave obligación de desarrollar protocolos de búsqueda, mantener políticas de atención a los familiares de las víctimas y crear cuerpos especializados de investigación eficaces y rápidos. Es evidente que dada la frecuencia de las desapariciones, la costumbre policial de esperar 72 horas antes de comenzar a indagar debe abandonarse. Alguna gente reaparece, otra queda en el olvido y un porcentaje relativamente alto ha muerto asesinada y se ha ocultado su cadáver. El caso de la policía Karla Ayala, asesinada y ocultada por un agente junto con cómplices pertenecientes a grupos de exterminio, es un caso que puede servir de ejemplo. Hay salvadoreños que desaparecen cuando emigran a Estados Unidos. Son secuestrados para obtener rescate y, en el caso de muchas mujeres, para hacer trabajos en formas muy semejantes a las de la esclavitud. El hecho de ser extranjeros en los lugares donde desaparecen dificulta tanto la investigación como la persecución de los victimarios. Por eso, tener una buena red de consulados a lo largo de las rutas migratorias es una responsabilidad de los Estados centroamericanos con abundancia de migrantes. La desaparición es considerada como un delito permanente hasta que la persona o su cuerpo no reaparece. El trauma de permanecer desaparecido un tiempo, si la víctima sobrevive, es duro y duradero. El dolor de familiares y seres queridos es sumamente angustioso. Según un estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil reportó recientemente un total de 4,060 casos de desapariciones en unos dos años y medio. El Balance Humanitario 2022-2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja indica que en El Salvador hubo 692 personas desaparecidas en 2022. En general, las víctimas son jóvenes. Y en el caso de mujeres jóvenes desaparecidas, la mayoría es encontrada asesinada, abandonada en parques públicos o en tierras baldías. Las más de las veces los victimarios entierran los restos de sus víctimas en fosas o cementerios clandestinos, con el fin de que sus crímenes queden en la impunidad. El hecho de que gran parte de las víctimas sean de estratos poblacionales en situación de pobreza o vulnerabilidad no debe ser excusa para la inacción. Los datos nos dicen sin duda que el Estado salvadoreño tiene una deuda pendiente. El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos afirma que “no hay cifras homologadas ni registro que permitan a las autoridades vinculadas a la búsqueda de personas sistematizar la información de los casos ocurridos en contextos de violencia, de migración y del conflicto armado del pasado”. La creación de un registro único y un sistema de búsqueda que incorpore diferentes estrategias de colaboración interinstitucional es cada vez más urgente. Tener una relación fluida con los familiares de los desaparecidos es una responsabilidad de primer nivel. Las desapariciones fueron plaga en el pasado, continuaron siendo un problema en la posguerra y persisten en el presente. Enfrentarlas, desarrollar políticas y procedimientos adecuados, invertir más en la capacidad de investigación de la PNC y crear cuerpos especializados que atiendan los casos son los pasos mínimos a los que está obligado el Estado.

La seguridad ciudadana ha sido una conquista de los Estados democráticos, alcanzada a base de crear un cuerpo policial profesional, eficiente, con una disciplina interna seria, con salarios decentes y con una relación cercana con la población. Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia y España, por ejemplo, rondan la cifra de un homicidio por cada 100 mil habitantes. Incluso países que han sufrido graves problemas de violencia en el pasado reciente, como Bosnia o Egipto, han logrado ese mismo bajo nivel de homicidios. En El Salvador, durante los años que lleva gobernando Nuevas Ideas, se ha bajado a 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes desde una cifra cercana a los 50 en 2018. Una buena parte de la población lo entiende como un éxito y, por supuesto, el Gobierno presume de los datos y afirma que su modo de luchar contra la violencia es el más correcto. ¿Es en verdad así? ¿El método salvadoreño es el mejor? Si no lo es, se corre el riesgo de volver, pasado algún tiempo, a la situación de antes. El método salvadoreño ha consistido en el uso masivo de la fuerza, en desmedro de la inteligencia y la investigación. No han importado los errores y las detenciones arbitrarias, que ya pasan de cinco mil, ni el acoso a ciertos sectores de la población, en especial a jóvenes de barrios marginales y de ciertas áreas del campo. Se ha conseguido el objetivo básico, muchas veces exigido por la ciudadanía, de bajar el número de homicidios. A la Policía se le ha dado el derecho a decidir sobre la detención de una persona sin necesidad de investigación previa. Una denuncia anónima, un tatuaje, el lugar de vivienda, un antecedente policial, una simple sospecha o el nerviosismo producido por el interrogatorio de agentes y militares fuertemente armados se puede convertir en causa de detención. Una privación de libertad de varios meses acompañada de decisiones judiciales que pasan múltiples casos a instrucción sin contar más evidencia que la presunción policial de que los detenido están vinculados a pandillas. El método es deficiente. La mejora de la investigación produce resultados estables y de largo plazo; en contraste, el uso de la fuerza y la arbitrariedad necesita un régimen de excepción permanente para dar resultados. Los cercos de municipios y ciudades impresionan, pero no garantizan la no repetición de los hechos ni el surgimiento de nuevos brotes de criminalidad cuando la medida se levanta. Además, la masividad de la intervención militar y policial es cara, cansa a la gente por la restricción de libertades que conlleva y no desarrolla capacidad de mejora de procedimientos en la lucha contra el crimen. Y distrae y olvida otro tipo de delitos como los de cuello blanco, e impulsa a una migración cada vez más riesgosa. A la misma Policía la desgasta y la separa de la gente. Por otra parte, es significativo que en medio de tanto anuncio de éxito en la lucha contra el crimen se produzcan suicidios de agentes en un número alarmante. Ante el asesinato de un policía es prioritario realizar investigaciones intensas, dar con los culpables y llevarlos a juicio. Pero dejar en el olvido la atención a agentes en crisis no es lo mejor que se puede hacer en la lucha contra el crimen. Sustituir la estrategia actual por formación policial adecuada, apoyo y desarrollo de la investigación, salarios dignos, disciplina interna y servicios adecuados, además de una mayor inversión en la población, daría resultados de largo plazo que posibilitarían que El Salvador se ubicara entre los países con mayor paz social.

Gracias a su eficaz estrategia propagandística, no limitada al ámbito nacional, Nayib Bukele ha logrado trascender fronteras. Sobre todo países con serios problemas de violencia y criminalidad, como Honduras y Colombia, vuelven su mirada a El Salvador. Políticos de la ultraderecha de Colombia lo citan con nombre y apellido, y algunos hasta anuncian viajes para ver de cerca y “aprender” de lo hecho acá. Lo cierto es que el modelo implementado por Bukele no es muy complicado ni nuevo: sigue recetas ya aplicadas por gobiernos autoritarios del pasado, pero sumando el ingrediente de las nuevas tecnologías de la información, que imprimen gran velocidad a las noticias falsas y amplifican su impacto. Si se quiere tener el éxito de Bukele en materia de seguridad, basta seguir el manual de bolsillo de cualquier autócrata. No hay misterio. Lo primero a garantizar es un buen respaldo social. Luego se decreta estado de excepción para hacer a un lado los derechos humanos y aplicar mano dura. Paralelamente, se compra o remueve a los fiscales y jueces retrógrados que quieran aplicar la ley y se guíen por principios democráticos, sustituyéndolos por empleados que no contradigan la voluntad del mandatario, que sean tan leales que llamen negro al blanco si él lo dice. Se mete a la cárcel a todos aquellos que no sirvan para los fines del oficialismo, pero no se toca a aquellos con los que alcancen pactos bajo la mesa. Más bien se les protege, así como a los funcionarios que negocien con ellos. Cada acción del gabinete de seguridad debe estar acompañada de una estrategia mediática. Cada una, por pequeña que sea, a fin de que la gente crea y defienda que es necesario violar derechos humanos a cambio de tener tranquilidad. Complementariamente, se atiza el odio contra los criminales, despojándolos de su condición humana de modo que hasta el más cristiano aplauda que se les maltrate e incluso extermine. Como ventaja extra, el régimen de excepción permitirá meter en cintura a los que critiquen y adversen las medidas del régimen; bastará inventarles un caso y hacer planear sobre ellos la posibilidad de encarcelarlos. Además, se manipula la estadística oficial y se niega toda información. No se contabilizan como homicidios los hallazgos de osamentas en fosas clandestinas, ni los asesinados en centros penales, ni los muertos en los enfrentamientos con fuerzas del orden. En el proceso, habrá gente inocente capturada. Pero ello servirá para sembrar miedo en el resto de la población, que preferirá guardar silencio por temor a ser encerrada en un infierno carcelario sin derecho a defensa ni a visita familiar. El estado de excepción se renovará in aeternum. Mientras la guerra contra los criminales siga en marcha, habrá mano libre para hacer lo que venga en gana, pues la gente estará prestando atención a los logros del Gobierno, no a sus vicios y miserias. Las seguras críticas de defensores de derechos humanos, tanto de dentro como fuera del país, se contestan acusando a sus autores de apoyar criminales y ser enemigos del pueblo. El gobernante debe demostrar y dejar claro que por el bien de su país está dispuesto a pelearse con todos. Si bien los Gobiernos democráticos lo verán con malos ojos, la gente de a pie aplaudirá. En definitiva, si políticos de otros países vienen a observar cómo ha triunfado el oficialismo, no descubrirán nada diferente a lo que en otras épocas y regiones han hecho políticos autoritarios, a excepción de las redes sociales, que tienen el poder de hacer que una cabaña desvencijada se perciba como un castillo.

Ocultar la información es imperioso. El acceso a las entrañas de Casa Presidencial comprometería seriamente la imagen de Bukele y echaría a pique su mandato. La información es “reservada” no porque comprometa la seguridad del Estado, sino la viabilidad de la gestión de los Bukele. ¿Cómo informar a los cotizantes de los fondos de pensiones de la multimillonaria pérdida del valor de sus ahorros? ¿Cómo decirles que sus intereses fueron sacrificados para dar un respiro a una hacienda pública exhausta? ¿Cómo reconocer que el retraso en el pago de los salarios y los proveedores, la escasez de alimentos en las escuelas y de medicamentos en los hospitales y el seguro social, y las obras empezadas para luego ser abandonadas se deben a la falta de liquidez? Si la gestión fuera tan brillante como alega, la información sería abundante y minuciosa, pues redundaría en la grandeza de Bukele. La mediocridad y la corrupción obligan a difundir cuanta obra comienza, está en desarrollo o concluye, por pequeña que sea. Mejor poco e insignificante que nada. La multiplicación y la repetición crean la impresión de mucho y grandioso. Casa Presidencial agita las redes digitales con trivialidades para proyectar una imagen fascinante. No puede dar acceso a sus interioridades sin cometer un suicido social y político. La podredumbre que encierra dejaría sin palabras a propios y extraños. El silencio es, pues, imprescindible, así como también la información a medias o adulterada, y la mentira descarada. No hace mucho, uno de los pilares del gabinete de seguridad expresó que ninguno de ellos, “mucho menos el presidente [podrían] dormir tranquilos si llegamos a condenar a un inocente”. A los colombianos no los soltaron para evitar el insomnio. La desesperación de las madres y las mujeres de los detenidos, que aguardan noticias de sus seres queridos en los alrededores de las cárceles, es tan despreciable que no les quita el sueño. Las vigilias interminables y los reclamos de estas mujeres, aunque latosos, los ignoran. No encajan en el guion presidencial. Tampoco las mujeres que se desloman en una maquila, las que arrastran carritos con la venta o la cargan sobre su cabeza, las que buscan a sus hijos desaparecidos o sepultan los cadáveres salidos de las cárceles, las que se prostituyen para comer, las que son víctimas de la violencia machista o la abuela que cuida a nietos abandonados. Estas mujeres son repulsivas e insufribles para el régimen, que solo tiene ojos para las surfistas, las evangelistas de la criptomoneda y las mises. Una mentira lleva a otra más inverosímil. Bukele y sus repetidores se han felicitado por haber alcanzado 365 días “no consecutivos” sin homicidios. Pero su contabilidad es muy defectuosa; solo registra los asesinatos cometidos por los pandilleros. No cuenta el homicidio común y corriente ni los presuntos pandilleros caídos en sospechosos enfrentamientos armados con sus agentes. Tampoco los desaparecidos ni los casi doscientos detenidos aniquilados en sus cárceles, víctimas de la tortura y de toda clase de negligencias. La desaparición de los homicidios no es reflejo, como aduce otro emisario de la seguridad, de políticas “certeras, precisas, valientes, firmes y estratégicas”, sino una vulgar manipulación de los números, que intentan esconder acumulando adjetivos. El régimen vive una especie de esquizofrenia estructural. Por un lado, cultiva una realidad grandiosamente única, inconmensurable e inimitable para quien no sea Bukele. Por otro, rehúye la realidad de la mayoría de la gente, la silencia o la niega. Sin embargo, las dos están inextricablemente vinculadas. La realidad negada es consecuencia directa de la realidad de las minorías privilegiadas, aglutinadas alrededor de los Bukele. La coexistencia de estas realidades incompatibles es fuente de tensiones y conflictos, que las redes digitales de la Presidencia intentar sortear. Un esfuerzo reñido con la integridad y la transparencia. Siempre es posible optar por ellas, pero eso implicaría un giro radical, para el cual se requiere cercanía y diálogo con las mayorías despojadas de su dignidad; valentía e inteligencia para dar el paso y elaborar un proyecto viable; especialistas o parteros que lleven a buen fin la conversión a la honestidad, la eficiencia y la diafanidad, y, sobre todo, seguridad en sí mismo. El régimen no apuesta por ello, confiado en que puede mantener juntas las dos realidades antagónicas con imágenes que alimentan deseos y fantasías. La fortaleza y la debilidad del régimen de los Bukele se encuentran, pues, en la imagen. Por eso, la inversión en ese rubro es tan fuerte. Mientras disponga de dólares y sea creíble, es viable. Pero siempre existe el riesgo de que el descontento social, combinado con la inviabilidad de las finanzas públicas, enturbie el brillo de la imagen presidencial. En el momento que pierda la credibilidad, el régimen habrá llegado a un punto de no retorno, ya que, para recuperarla, tendría que mostrar la verdadera realidad, l

A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas a realizarse el 4 de febrero del próximo año, el proceso electoral está lleno de incertidumbres. A la fecha, poca certeza hay sobre el voto electrónico y el voto por Internet. Sigue en el aire la posibilidad de que el oficialismo decida reducir, a conveniencia, el número de diputados y de municipios. No se sabe si la Asamblea Legislativa realizará cambios en la legislación electoral, luego de que se otorgara esta potestad al eliminar el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía realizar modificaciones en los 12 meses previos a la celebración de una elección. Pese a toda la propaganda y los esfuerzos por potabilizar la ilegalidad de la reelección presidencial, la candidatura de Bukele aún no se oficializa. Para los que creen en la democracia y en el valor de la libre elección de funcionarios y gobernantes, así como en el profundo respeto que merece la voluntad popular, la integridad de un proceso electoral como el que realizará El Salvador en 2024 es de suma importancia. Como ocurre cada 15 años, entre el 4 de febrero y el 3 de marzo próximos se elegirán todos los cargos de representación popular: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa, los 262 gobiernos municipales y los 20 representantes de El Salvador en el Parlamento Centroamericano. Son varios los cuestionamientos que ponen en tela de juicio la integridad del proceso electoral del próximo año. Uno de los más importantes es acerca de la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar el proceso con la transparencia, independencia y confiabilidad requeridas para garantizar que sea justo y se respete tanto la ley como la voluntad popular. Declaraciones de los mismos magistrados del Tribunal han mostrado los conflictos y dificultades del ente para tomar decisiones, y son evidentes los retrasos que ello provoca en la adecuada organización de las elecciones 2024. Tampoco se observa en el Tribunal una genuina independencia respecto a las posiciones del oficialismo ni un interés por frenar los excesos y violaciones a la ley electoral de algunos partidos políticos, que han iniciado una campaña electoral adelantada, especialmente en el extranjero. Igualmente preocupa que la votación en el extranjero se realice de forma legítima, transparente e íntegra, dado que la misma ley que le dio vida no prevé la vigilancia de los partidos políticos en contienda en las mesas electorales que se instalen en el exterior, así como se hace a nivel nacional. Un hecho que se suma a la forma en que se ha legislado el voto por Internet: quienes escojan esa vía tendrán mucho tiempo para votar y hará falta un verdadero registro electoral que asegure la identidad del votante y que solo pueda ejercer el sufragio una vez. La integridad electoral, es decir que el proceso garantice el sufragio universal, se realice con transparencia y en igualdad de condiciones para todos los participantes de modo que el resultado responda a la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto, es fundamental para que los nuevos funcionarios ejerzan su rol legítimamente y con autoridad. Esta debería ser la principal preocupación del Tribunal Supremo Electoral, de los miembros de la Asamblea Legislativa y de todos los partidos políticos. Sin garantías de integridad electoral no es posible hablar de democracia, ni de respeto a la voluntad popular, ni de legitimidad en el ejercicio del poder.

Innumerables veces hemos oído a abogados y juristas decir que los convenios internacionales suscritos por El Salvador son ley de la República. Se añade, además, normalmente, la afirmación sustentada desde la Constitución que dice textualmente que “la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado” (artículo 144). Como en la actualidad la Constitución se lee de modos desiguales y peregrinos, según sean los gustos políticos, sería interesante que los juristas aclararan si el actual régimen de excepción, con su duración de más de un año, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada desde hace ya bastantes años por nuestro país. Y digo juristas, porque entre lo profesionales del derecho hay que distinguir, al menos desde la observación empírica, tres tipos diferentes de abogados: los “abogánster” del dólar, que trafican con el derecho; los abogados sanguijuela, que chupan la economía de los pobres; y los que tratan de aplicar el derecho con seriedad, a los que podemos llamar juristas. Pero retornando a la Convención, cualquiera que la lea puede detectar el incumplimiento sistemático de la misma por parte del llamado régimen de excepción. Es cierto que el artículo 27 de la Convención afirma que en determinados casos los Estados podrán “adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención”. Pero al mismo tiempo añade que la disposición que hemos citado no puede autorizar la suspensión de algunos derechos, entre los que se encuentra el derecho a la integridad personal, además de “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Pero en la realidad cotidiana vemos que no hay garantías judiciales que protejan ni el derecho a la integridad personal, ni el derecho a no sufrir tratos crueles o degradantes, ni el derecho a ser “tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El hecho de que un ministro del actual Gobierno, con título de abogado, acuse indiscriminadamente de “asesinos seriales” a un montón de personas, asegurando al mismo tiempo que no tienen capacidad de reinserción social, choca con la afirmación de la Convención en el mismo artículo ya citado, que insiste en que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Y por supuesto, no hay garantías judiciales que protejan de ese tipo de afirmaciones. Desde hace ya algún tiempo, palabras y conceptos evolucionan rápidamente al compás de la política. En vez de reflexionar sobre lo cierto de frases o palabras, compromisos o normas establecidas, se prefiere utilizar arbitrariamente el lenguaje. Con ello se dificultan las posibilidades de diálogo. Los juristas, que deberían establecer la realidad de las obligaciones y responsabilidades legales del país, quedan sepultados y sin poder ser escuchados a causa del parloteo y el discurso arbitrario que nace desde el poder, más que desde las leyes. Los ilustrados del siglo XVIII pedían frente al despotismo regio “que nos gobiernen leyes y no personas”. Dieron origen así a la democracia como gobierno de leyes construidas sobre la razón y la búsqueda del bien común. Casi trescientos años después, la tendencia al autoritarismo ha ido creciendo en muchos países. Y aunque algunos abogados continúan defendiendo la racionalidad y la claridad y exactitud del lenguaje, el pragmatismo legal de quienes respetan más al poder que a la norma se va imponiendo, muchas veces por miedo. Defender los textos legales vigentes, la racionalidad de los mismos y el sentido objetivo del lenguaje se ha vuelto una tarea en la que deben participar cada día con mayor empeño no solo los juristas, sino también la sociedad civil.

A medida que pasa el tiempo se va descubriendo que el pensamiento y las actitudes del oficialismo no solo se salen de los criterios democráticos y de derechos humanos, sino también de la racionalidad y la común comprensión del idioma. El período presidencial inmediato anterior que impide la reelección, según representantes del Estado, ya no es de cinco años, sino de seis meses. La Corte Suprema de Justicia pretende desconocer el sentido de la afirmación constitucional que señala que los períodos presidenciales son de cinco años. Los tratos que se da a personas privadas de libertad son para las instituciones internacionales de derechos humanos crueles, inhumanos y degradantes, pero para diversos funcionarios gubernamentales es el trato normal y digno. Con su silencio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos parece avalar ese pensamiento oficial. Sería demasiado largo enumerar la lista de afirmaciones de altos funcionarios que se contradicen con la realidad. Con frecuencia, confunden el paternalismo populista con el respeto a la dignidad de la persona, el autoritarismo con el orden democrático, el insulto con la verdad. Si en todos los Gobiernos que ha tenido el país hubo personajes enemigos de la verdad, la actual administración no ha marcado ninguna diferencia. El poder y el control del mismo se han convertido en sustitutos de verdades básicas, y lo que importa son los sentimientos. Si en las encuestas las personas muestran su satisfacción con la reducción de los homicidios, eso quiere decir que todo se está haciendo bien, aunque se perpetren injusticias contra inocentes y se multipliquen los testimonios que dan fe de que se tortura a la población reclusa. La posición de la minoría se convierte en atentado contra la felicidad del poder. Se les acusa de ser malos salvadoreños que traicionan los ideales nacionales. Ofrecer resultados sin analizar los medios utilizados resulta siempre más provechoso en términos inmediatos; desde la lógica oficial, el futuro está asegurado si se tocan fibras de sensibilidad que convenzan a los ciudadanos. Sin embargo, la historia muestra que cuando la verdad se sustituye por emociones que ensalzan el poder constituido, los resultados en el mediano y largo plazo son siempre negativos. Los creadores de sentimientos nacionales llegaron a tener un gran poder en el siglo XX, aunque tanto ellos como sus creaciones se desvanecieron rápidamente. La humanidad ha desarrollado criterios de verdad desde la conciencia de la igual dignidad de la persona humana. Y criterio significa reflexión crítica, discernimiento. Por supuesto, los sentimientos forman parte de la vida social y complementan a los criterios, pero no son dueños de la conciencia. El hecho de que en el país predominen hoy los sentimientos sobre los criterios racionales y que el liderazgo político desprecie y amenace al pensamiento crítico no significa que los sentimientos no puedan cambiar. Al contrario, si algo hay cambiante son los sentimientos políticos. Basta recordar que antiguos presidentes que gozaron en algún momento de una enorme popularidad y simpatía hoy están profundamente desprestigiados. Solo las personas con criterio, con juicio claro sobre la injusticia y sobre la necesidad de solidarizarse con las víctimas se mantienen firmes en el largo plazo en la valoración popular. Los ataques y los insultos, las construcciones ideológicas edificadas sobre mentiras, medias verdades y emociones desaforadas terminan disolviéndose en el polvo de la historia.

En sus países se les teme, porque necesitar todo y no poder satisfacer nada suele llevar a acciones desesperadas. Por eso las casas y colonias se amurallan. A los poderosos les conviene que sigan siendo pobres, porque es más fácil que se conformen con ganar poco ante la falta de alternativas. Y ante la permanente situación de calamidad, se puede manipular fácilmente a muchos de ellos. Cuando se convierten en migrantes, los que antes eran temidos y excluidos son considerados héroes, porque mandan remesas y con ello mantienen la economía que los expulsó. Pero en los países de destino también se les teme, y por eso las murallas físicas, legales y diplomáticas que se levantan en su contra. En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, se decretó una medida sanitaria, el Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes que entraban ilegalmente al territorio por las fronteras de Canadá y México, aduciendo que representaban un peligro de contagio del covid-19. Solo los menores de edad se salvaban de la deportación exprés. Desde que se aprobó la medida, el 20 de marzo de 2020, durante el Gobierno de Donald Trump, hasta marzo de 2023, la deportación se aplicó 2.8 millones de veces para expulsar migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte. Además, el Título 42 detuvo el sistema de asilo. Aunque muchos migrantes llegaron a Estados Unidos para escapar de algún tipo de persecución en su país de origen, no pudieron presentar su caso como facultan las leyes estadounidenses y estipulan los parámetros internacionales de derechos humanos. La medida llegó a su fin el pasado 11 de mayo. Miles de migrantes latinoamericanos apostados en el lado mexicano asumieron que con ello podrían cruzar sin ser expulsados de inmediato. Sin embargo, la presión política y los cálculos electorales hicieron que el mismo día que terminó el Título 42 entrara en vigencia el llamado Título 8, que estaba vigente antes de la pandemia y fue reformado para volverlo más restrictivo. Las nuevas reglas del Gobierno demócrata castigarán severamente a quienes entren de manera ilegal y recompensarán a quienes soliciten hacerlo por la vía legal. Quien entre sin documentos perderá el derecho a solicitar asilo; a quien intente ingresar de nuevo sin documentación, se le prohibirá el reingreso por cinco años y podrá enfrenar procesos legales. Además, el Gobierno estadounidense tiene proyectado abrir “centros regionales de procesamiento” en Guatemala y Colombia, que no son más que una reedición de los terceros países seguros. A dichos centros enviarán a los preseleccionados para aplicar al estatus de refugiado, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo; España y Canadá han aceptado recibir parte de estos migrantes siguiendo el proceso legal. Finalmente, ante la inminencia de una crisis, la administración de Biden ha reforzado con militares la frontera sur de Estados Unidos. No se discute el derecho de los países a controlar el ingreso a su territorio; el problema es perder de vista el factor humano inherente a la migración. Ninguna de las medidas de control y contención será efectiva mientras persistan en los países de origen las causas que obligan a migrar y a buscar protección.

El fiasco es monumental y compromete la imagen presidencial, el punto más sensible del régimen. Deslumbrados por esa imagen, dos jóvenes colombianos llegaron al país de Bukele, convencidos de que encontrarían prosperidad en dólares y seguridad. No encontraron ninguna de las dos, sino el régimen de excepción. Tuvieron la mala fortuna de recalar en una colonia de Soyapango. No podían permitirse un sitio socialmente correcto, como los turistas que disfrutan de las atracciones del régimen. La colonia y la nacionalidad colombiana, asociada a las drogas por sus captores, los perdieron. En las cárceles de los Bukele no los privaron de nada: los humillaron, los torturaron y los hacinaron durante tres meses con otras víctimas de la represión. Su situación cambió cuando la esposa de uno de ellos acudió a las redes digitales —las mismas que usan Bukele y sus secuaces— para denunciar el hecho. En menos de veinticuatro horas, el carcelero mayor en persona los puso en libertad. El segundo capítulo del fiasco es todavía más bochornoso para el régimen de la imagen. Casa Presidencial les pidió “aclarar lo sucedido”, ya que “había sido un error”. Y había también mala conciencia. “Nos dijeron que teníamos que decir que fuimos capturados por un tema migratorio”. Mientras tanto, les pagó hotel, los llevó a comprar ropa y a la playa, les ofreció trabajo, 800 dólares de salario, motos, viviendas con varios meses de alquiler cancelado (incluso se las mostró), y trasladó desde Guatemala a la familia de uno de ellos. Ninguno aceptó el chantaje y decidieron regresarse por donde habían venido. Antes de partir, grabaron un video con la versión oficial. Casa Presidencial reforzó el relato con imágenes grabadas en la playa, que los muestran disfrutando en grande de una de las atracciones turísticas más cuidadas, un mes antes de su liberación, cuando aún eran huéspedes de sus cárceles. Bukele las reprodujo para desacreditarlos. La treta fracasó. Los dos huéspedes salieron respondones. “Nosotros no estamos en contra [suya], pero el presidente tiene que tener los pantalones bien puestos y decir las cosas como son”, que muestre los registros de la Policía y las cárceles, dijeron. La experiencia de los dos colombianos es una radiografía de las entrañas del régimen de los Bukele y un aviso para los desprevenidos e incautos, propensos a caer en el engaño de las redes digitales. No fue una simple equivocación; es la otra cara de los Bukele. En este caso, sus huéspedes salieron bien librados gracias a las redes digitales. La circulación de la información, que comprometía seriamente la imagen cool del presidente, movilizó a Casa Presidencial. Le habían dado una cucharada grande de su propia medicina. Rápidamente tomó cartas en el asunto. Quiso comprar a sus víctimas. Les ofreció en abundancia lo que antes les negó. Pero la libertad, los regalos y los ofrecimientos no fueron suficientes para convencerlas de la hospitalidad de Bukele. La mentira y el desprestigio no las amedrentaron. Una vez fuera de su alcance, relataron con detalle su paso por el país. El Salvador no es sitio idóneo para encontrar un trabajo bien pagado en dólares. Tampoco para ahorrar y enviar remesas o para regresar al lugar de origen con dinero. Los interesados deben tomar nota del paso fugaz e infortunado de estos colombianos por el país. Otro dato convincente es que todos los salvadoreños que pueden, lo abandonan. Más todavía, el mismo Bukele, que promete fortuna y seguridad, les crea empleo en Estados Unidos y Canadá. Estos países, necesitados de fuerza de trabajo, le ofrecen la oportunidad de aliviar el creciente desempleo local, para el cual no tiene respuesta. Esto no le impide, sin embargo, despotricar contra el imperialismo estadounidense cuando se le antoja. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la causa de las desventuras del régimen de Bukele, sino él mismo. El reciente ataque contra ella ni siquiera él se lo traga. Tendría que estar muy ciego para aceptarlo. La andanada, cargada de presagios tenebrosos, que supuestamente buscaba predisponer a los países vecinos contra dicha Comisión y alinearlos con su causa, no es más que otra distracción para alimentar a la fanaticada. Tampoco el dinero de Soros es necesario, ya que el mismo régimen de excepción es su peor enemigo. Por eso, la negación sistemática de la información y la desinformación son indispensables. Casa Presidencial hace lo indecible y gasta millones de dólares en ocultar su incapacidad para gobernar. Impidió la comunicación del cónsul de Colombia con sus conciudadanos y le negó acceso a su expediente, porque el diplomático podía poner en peligro sus maniobras para congraciarse con ellos. Al final, la verdad salió a la luz. En gran medida, por la integridad y la valentía de las dos víctimas del régimen. El fiasco colombiano ha mostrado a otras esposas las posibilidades de las redes digitales para presentar sus casos y reclamos. Una de las fortalezas del régimen es también una de sus grandes de

Las personas hacen crítica de la realidad con conceptos y razones, pero con frecuencia la narración de sucesos imaginarios nos ayudan a entender mejor los problema reales. Un joven creativo e inteligente narraba una historia imaginada que podríamos llamar la parábola del empresario evasor, que nos ayuda a entender mejor tanto los abusos cometidos en el régimen de excepción como los falsos conceptos que se utilizan para defenderlo. El cuento dice así. Un Gobierno de un país cansado de la evasión de impuestos, con el apoyo de la mayoría parlamentaria y con el entusiasmo de la población mayoritariamente pobre, decidió promulgar una ley que permitiera encarcelar a los empresarios, gerentes y profesionales de salarios muy altos solamente por la sospecha de que evadían impuestos. La acusación confidencial contra ellos servía para encarcelarlos por seis meses mientras se estudiaba si sus casos pasaban a instrucción. No tendrían derecho a visita familiar, estarían hacinados y se les exhibiría en calzoncillos largos rodeados de policías bien armados. Si alguno, o varios, de los detenidos resultara que eran inocentes, serían llamados “daños colaterales de la guerra contra la evasión fiscal”. Tras meter en la cárcel al último evasor fiscal, la evasión, que tanto daño hace a los países en vías de desarrollo (a veces llegando a unos niveles semejantes a los de la delincuencia), habría sido eliminada en el país imaginario. Aunque esta historia nunca llegará a ser real ni lo pretende, podemos imaginar el griterío de los poderosos y las presiones que harían contra ese tipo de medidas. En realidad, es un cuento imposible, porque los que serían acusados masivamente de evasión suelen ser demasiado poderosos y tienen medios muy diversos para defenderse. Pero desde el punto de vista ético, tendrían razón: sería una situación intolerablemente injusta. Y lo sería especialmente porque habría destrozado el Estado de derecho, además de dañar la economía, condenar y humillar a inocentes, etc. Esto no quiere decir que no se deba perseguir la evasión fiscal. Pero está claro que debe hacerse siguiendo los procedimientos de presunción de inocencia, indicios serios para una acusación, pruebas suficientes, garantías de defensa y, como suelen decir las Constituciones republicanas, “pronta y debida justicia”. Entre nosotros, la Constitución de la República en el artículo 11 tiene una excelente síntesis de derechos básicos en estos temas. Aunque la historia narrada no ofrece un paralelismo exacto con el actual régimen de excepción, nos da, desde cierta semejanza, elementos de juicio. Porque lo que no es bueno para un sector de la población, tampoco es bueno para otro. Todas las personas tenemos la misma dignidad y nadie debería ser tratado como no quisiéramos que se nos trate. Desde la comodidad que da el poder del dinero, de la política o de cualquier situación privilegiada, se puede ver el abuso frente a los derechos de las personas en la persecución de la delincuencia como un mal menor que consigue un bien mayor. El dinero y el poder dan seguridad y quitan sensibilidad, especialmente ante el dolor de los pobres. Pero más allá de la indiferencia de los afortunados, la tarea de construir el bien común no puede llevarse a cabo a base de dañar a personas inocentes o de violar derechos correspondientes a la dignidad humana, aunque simultáneamente se consigan efectos deseados. Corresponde ahora corregir errores, suprimir la arbitrariedad de un buen número de detenciones, restituir derechos y buscar soluciones laborales para quienes a causa de una detención de varios meses hayan perdido sus trabajos.

Con base en datos oficiales, se publicó recientemente que en paralelo a la reducción del desempleo, el subempleo había aumentado, llegando a afectar al 40% de la población urbana económicamente activa. En un país como el nuestro, cada vez con más gente en las ciudades, el dato es grave. Además, el subempleo en el área rural cubre a un porcentaje mayor dada la dificultad de los campesinos para obtener un ingreso digno. Nadie duda hoy que el trabajo es un deber y un derecho, pero el derecho a un trabajo digno y remunerado con justicia continúa siendo un déficit de la humanidad. Y América Latina presenta el rostro dolorido de un trabajo muchas veces duro, extenuante y muy mal pagado. Si en El Salvador se hiciera depender el subempleo de que la plaza de trabajo esté cubierta por elementos básicos de protección social, como el Seguro Social y el sistema de pensiones, los números serían todavía mayores. La dificultad de acceder a un empleo con un salario digno, que cubra las necesidades básicas de la persona, incluidos sus derechos al descanso y a la cultura, impide que los jóvenes alcancen su autorrealización. El papa Juan Pablo II, comentando el centésimo aniversario del primer mensaje vaticano sobre los derechos de los trabajadores, decía que una sociedad que niega el derecho a un salario justo y decente, y cuyas medidas de política económica “no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social”. Revisar las políticas existentes y defender los derechos laborales es obligación del Estado. Y en el caso de El Salvador, no basta defender la legislación vigente, sino que es necesario, por un lado, ampliar las normativas de manera que cubran a toda la población económicamente activa y, por otro, enfrentar las externalidades que puedan afectar a los trabajadores. Son conocidos los casos de empresas extrajeras que abandonan el país sin cumplir las obligaciones con su personal. La destrucción de cosechas por inundaciones a causa de la falta de mantenimiento de los bordos de los ríos es noticia habitual cuando las lluvias son especialmente fuertes. Hoy en día, además, los agricultores enfrentan graves problemas por los altos costos de los insumos agrícolas. Y el salario en el campo es inferior al costo de la canasta básica ampliada. Por otra parte, que las mujeres que trabajan en el cuido del hogar no tengan acceso a pensión indica también una clara falta de conciencia ética en los políticos. Estos y otros muchos son problemas reales que el Estado debe prevenir y solventar. El papa Francisco, en línea con el pensamiento social de la Iglesia, que da prioridad al trabajo sobre el capital, recalcó en uno de sus últimos documentos lo que en la tradición cristiana se denomina el “destino universal de los bienes”. En otras palabras, si el mundo es la casa de todos, toda persona debe vivir dignamente con su trabajo sobre el mundo. La desigualdad humillante y la marginación negadora de derechos ni son justas, ni son cristianas. Es esencial tener claro lo que sigue pendiente y es esencial para el crecimiento equitativo de la sociedad salvadoreña. Primero, impulsar y garantizar un salario mínimo igualitario que sea suficiente para el desarrollo de las capacidades personales y la autorrealización; segundo, formular políticas efectivas y universales de inclusión en las instituciones de protección social; tercero, que el Estado y el Gobierno se impliquen con mucha mayor eficacia en aportar soluciones al subempleo y la informalidad; y cuarto, tomarse en serio la prevención de desastres, pues las sequías e inundaciones que el calentamiento global trae consigo serán cada vez más destructivas.

Los que los especialistas llaman el “sesgo de confirmación” explica por qué un mismo hecho o suceso es valorado de diferente manera por diferentes personas, incluso de forma diametralmente opuesta, llevando a enfrentamientos e imposibilitando el diálogo. El término no es nuevo; lo acuñó el psicólogo inglés Peter Wason en la década de los sesenta del siglo pasado. Las investigaciones de este y de otros científicos mostraron que cada persona tiene o adopta unas creencias o ideas que da por verdaderas sin haberlas comprobado. Y una vez que esas ideas o creencias son asumidas profundamente, la persona solo da crédito a la información que las confirma y rechaza todo aquello que las ponen en tela de juicio. Este sesgo o tendencia se da particularmente en cuestiones que tienen un fuerte componente emocional. Por ejemplo, si alguien cree que alguien es bueno, recoge toda la información que confirma la bondad de esa persona y desecha todo dato o hecho de signo contrario. Y si no le es posible desecharla, relativiza la información que va en contra de su creencia. En términos sencillos, las personas ven lo que quieren ver, oyen lo que quieren oír. A esta tendencia es a la que los especialistas llaman sesgo de confirmación. A diferencia de lo que se pueda pensar, no es algo voluntario; es un proceso inconsciente e independientemente de la condición personal. De hecho, el premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, afirmó, a propósito del sesgo de confirmación, que incluso los científicos lo padecen: al comprometerse a rajatabla con una teoría, tienden a ignorar los hechos que no la validan, concluyendo que el error está en esos hechos, no en la teoría que defienden. También los médicos, cuando creen firmemente en un diagnóstico, pueden tender a buscar información que lo confirme y desestiman los datos que apuntan en otra vía. En la actualidad, el sesgo de confirmación es el combustible que dinamiza las redes sociales; las afirmaciones y noticias falsas proliferan en las plataformas virtuales y en cierto tipo de medios de comunicación. Puesto que buena parte del contenido de las redes sociales es pensado y diseñado para reforzar creencias y prejuicios, la opinión pública termina siendo manipulada. Los hechos, los datos duros de la realidad se desechan a conveniencia, como si fuesen inventos o pequeñeces que no empañan lo que ya se cree. El sesgo de confirmación anula el pensamiento crítico; las personas solo ven y escuchan las cuentas y medios de comunicación que confirman y refuerzan sus creencias. Es en este contexto que debe entenderse el afán mediático del actual Gobierno. Un afán que no busca informar a la población, sino propiciar el sesgo de confirmación de modo que la mayor cantidad posible de salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, vivan de espaldas a la realidad, afincados en un conjunto de creencias e ideas falsas, cuya defensa nada tiene que ver con la razón y todo con las emociones. Gracias a ese esfuerzo, muchos creen que estas autoridades son en verdad distintas a las anteriores y que todos los hechos de corrupción y las injusticias que perpetran son simples inventos de opositores. Así, el único El Salvador posible es El Salvador imaginario.

La mentalidad electoralista ya flota en el ambiente, y con ella, las voces de los candidatos. Los de la oposición, que han guardado silencio durante más de tres años, han encontrado la palabra para anunciar que participarán en las próximas elecciones, como si el electorado los aguardara ansioso. Hay quien piensa que puede ganar la presidencia y la mayoría legislativa y municipal en solitario; la ideología trasnochada y la soberbia partidaria pesan aún demasiado. Por su lado, el oficialismo no tiene ideología, pero sí arrogancia. Cuenta con ella para retener el poder total del Estado. Asombra que, después de tan largo silencio, la oposición, de repente, tenga algo valioso que ofrecer a la gente. Si le interesara, habría mantenido una actitud beligerante y lúcida desde el comienzo del régimen actual. Si la derrota política la dejó sin ideas y palabra, lo honesto sería retirarse discretamente por la puerta trasera. Lo único que puede ofrecer es, otra vez, la hegemonía partidaria, la cual, en sí misma, tendría efectos transformadores o revolucionarios, según el color del partido. El desengaño con los partidos que hicieron la guerra y fueron luego incapaces de construir una sociedad menos desigual, menos injusta y más pacífica todavía persiste. Ante la ambición electoralista de quienes aspiran a repetirse en el poder y de quienes aspiran a desbancarlos, cabe preguntar, ¿para qué quieren gobernar? Los antiguos lo hicieron muy mal. Su desgobierno abrió las puertas a los Bukele y estos no son diferentes, excepto que lo encubren hábilmente. De hecho, esta es una de sus prioridades. Los partidos más recientes, ¿ofrecen algo radicalmente diferente o son, más bien, comparsas del partido gobernante? ¿Saben acaso los pretendientes al poder cómo sanear las finanzas públicas y honrar la inmensa deuda sin aumentar la carga tributaria de las mayorías?¿Tienen claridad sobre cómo reactivar la economía, aumentar la productividad, multiplicar el empleo formal y digno de tal manera que no sea necesario enviar temporalmente desempleados al norte? ¿Han pensado cómo sanear las cuentas nacionales y aumentar la inversión en educación, salud, vivienda y medioambiente? ¿Tienen claro cómo superar la crisis causada por la mala gestión de las pensiones? ¿Cuentan con un plan para disminuir la desigualdad y la pobreza? ¿Qué harán con los casi 70 mil prisioneros? ¿Cómo garantizarán la seguridad ciudadana, controlarán eficazmente el territorio y respetarán los derechos ciudadanos y humanos? ¿Mantendrán la seguridad y la policía militarizadas? ¿Replegarán el Ejército a los cuarteles? ¿Reducirán su presupuesto para aumentar el gasto social? ¿Restaurarán la independencia de los poderes del Estado y pedirán cuentas a los usurpadores por sus desafueros? ¿Erradicarán los vicios heredados del pasado y explotados diestramente por los Bukele? ¿Fortalecerán y consolidarán la institucionalidad democrática? ¿Aceptarán con buen ánimo la crítica y la protesta social? ¿Serán intolerantes con los corruptos, en particular con los poderosos que han proliferado a la sombra del Estado? ¿Tendrán valor y capacidad para llevar ante la justicia a los corruptos del régimen de los Bukele? ¿Cortarán por lo sano la corrupción en su propia gestión? ¿Proporcionarán información completa y verás sobre ella? ¿Investigarán pronta y eficazmente las denuncias de corrupción? ¿Detendrán la depredación del medioambiente? ¿Revisarán la legislación para ponerla al servicio del bien general y acomodarla a la normativa internacional? ¿Saldarán las cuentas pendientes con las víctimas de los crímenes de guerra? ¿Buscarán a los desaparecidos hasta dar con su paradero? ¿Sentarán a los responsables de tantos crímenes ante la justicia? ¿Cumplirán con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? ¿Promoverán la verdad y la justicia? ¿Repararán el daño causado a las víctimas de la guerra y del régimen de excepción de los Bukele? Las tareas son ingentes y los recursos humanos y materiales escasos. Sin embargo, ¿qué sentido puede tener ansiar el poder para mantener el ordenamiento heredado del pasado y profundizado por los Bukele? Participar en las elecciones por el prurito de ser elegido y reemplazar un poder con otro no es más que ambición y vanidad. Continuar en el poder por simple placer es enfermizo. En ambos casos, los candidatos engañan al electorado. Hacen promesas que saben bien que no cumplirán. Las candidaturas no obedecen al deseo de servir al bien general. En el mejor de los casos, este es servido de forma derivada La candidatura tiene razón de ser si dispone de planes concretos y viables, si cuenta con un capital social y político para sacarlos adelante y, sobre todo, si es lo suficientemente atrevida como para gobernar a favor de las mayorías, con metas concretas e indicadores objetivos de cumplimiento. Lo demás es demagogia y alevosía. Tal vez sea mucho pedir a unos políticos socializados en el autoritarismo, la corrupción y la violencia. Sin embargo, no hay otra salida. La al

Por su origen histórico, lo común en cada Primero de Mayo es que la clase trabajadora enarbole demandas relacionadas con su situación laboral; es decir, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, mejoras en las prestaciones y en las pensiones, respeto y ampliación de derechos. Esas demandas estuvieron presentes en la marcha del pasado lunes en San Salvador. Los funcionarios públicos despedidos por el oficialismo, tanto del Gobierno como de las municipalidades, exigieron respeto a la estabilidad laboral y a la debida indemnización por despido. Por su parte, las gremiales magisteriales exigieron aumentos salariales y el respeto a la ley de la carrera docente. Otros grupos pusieron el énfasis en exigir el respeto al derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y el cese de las prácticas de acoso a los afiliados y a los representantes sindicales. Sin embargo, la marcha de este año trascendió lo laboral; en la manifestación se encontraron una gran variedad de demandas que expresan la actual insatisfacción de diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Un grupo importante de los manifestantes reclamaban por el régimen de excepción y los abusos cometidos durante el mismo, y exigía la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente. Otro demandó la libertad de los presos políticos y poner fin a la persecución política. Otros se pronunciaron contra la reelección presidencial. No faltaron tampoco las protestas por el alto costo de la vida, que está afectando la economía de las familias de los sectores sociales con recursos más limitados. También participaron en la marcha grupos que exigieron el respeto a la Constitución de la República, al Estado de derecho y a la separación de poderes, y poner un alto a las violaciones a los derechos humanos. Dada la poca posibilidad de expresarse por otros medios, la manifestación del Primero de Mayo fue un espacio propicio para exponer el descontento ante los atropellos del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo siguió su guion acostumbrado: utilizó a la PNC para obstaculizar la asistencia a la marcha de personas procedentes del interior del país; con retenes impidió el paso de buses hacia la capital. Además, al igual que el 15 de septiembre del año pasó, organizó una marcha en apoyo a su gestión, presionando a los funcionarios para que participaran. Quiso así dar la imagen de que también tiene trabajadores y ciudadanos de su parte. Fue esta una nueva muestra de que en El Salvador se irrespetan libertades fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Mucha atención debería poner la actual administración a este tipo de manifestaciones y a las diversas demandas. En lugar de bloquearlas y pretender acallarlas, impidiendo la participación masiva de la población, deberían escuchar las peticiones y reflexionar sobre las razones de fondo. En esto, como en otras muchas cosas, el Gobierno de Bukele no se distingue de los anteriores; padece del mismo mal: incapacidad de escuchar a la ciudadanía. Si los Gobiernos de Arena y del FMLN hubieran escuchado las demandas —ampliamente difundidas— de la gente y las hubieran atendido como correspondía, su historia política fuera totalmente otra, diferente a la bancarrota ética y electoral en la que se encuentran. Nada da pie para afirma que el destino de Nuevas Ideas será diferente.

En el marco de lo que ha llamado una “guerra contra las pandillas”, el Estado ha logrado una disminución significativa de la delincuencia en el país. Artículos periodísticos evidencian que se percibe una aparente calma en muchas colonias que antes eran asediadas por dichos grupos criminales que durante décadas tuvieron en sus manos el control de los territorios y que causaron un gran daño a la sociedad. Con la militarización de las calles salvadoreñas, en el marco del régimen de excepción, muchos negocios dejaron de pagar renta y muchas personas ya no tienen que preocuparse por no pasarse a una cuadra que era controlada por una pandilla contraria. Pero que la violencia merme y que las pandillas ya no tengan el mismo poder ni una estructura clara, no es sinónimo de desarrollo para nuestra sociedad. La desarticulación de las pandillas nos ha costado la pérdida de derechos humanos necesarios para una sana convivencia, fundamentales para construir un país democrático. Esta forma de combatir la delincuencia ha marcado la vida de más de tres mil personas que, capturadas injustamente, han sido liberadas por el mismo sistema después de pasar varios días o meses sin que se les haya respetado el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, ha costado la democracia, que aunque era imperfecta, servía como guía para construir un mejor país, basado en el diálogo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Ha costado que los salvadoreños normalicen el irrespeto al debido proceso, la falta de separación de poderes y la concentración del poder en una sola persona. Ante un problema social tan complejo que fue ignorado por distintos gobiernos durante más de 30 años, los salvadoreños entregamos como ofrenda (algunos voluntariamente y otros con desconocimiento) lo único que reconoce y protege la dignidad de todos: nuestros derechos. La pregunta es entonces: ¿Cuál será nuestro camino? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta que una medida represiva y militar que resultó efectiva en corto plazo no puede ser permanente para la construcción de una mejor sociedad. * Mario Rogel, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Artículo publicado en el boletín

En el país, los desfiles y manifestaciones del 1 de mayo suelen reivindicar exigencias y reclamos de los trabajadores. Y eso es justo y adecuado, porque el mundo del trabajo no goza de la suficiente protección. El salario, la seguridad laboral, los seguros de enfermedad, el tiempo de parto y lactancia para la mujer, el sistema de jubilación tienen deficiencias y deben ser mejorados en muchos aspectos. Pero además de estas y otras reivindicaciones concretas, el mundo del trabajo debe abrirse a problemas estructurales graves que anulan los derechos laborales de la población. El trabajo informal, el subempleo, las labores del hogar y en el campo carecen en general de protecciones mínimas. Reclamar los derechos del trabajo formal olvidando a otros sectores de trabajadores y trabajadoras solo ratifica la injusticia estructural de la sociedad salvadoreña, que otorga algunos beneficios a unos mientras no valora ni protege a otros. En la práctica, el trabajo en el hogar, tan cargado sobre las mujeres, no está regulado, a pesar del extraordinario valor de las actividades de cuido para el desarrollo de las personas y para la convivencia social. Aunque haya algunas críticas contra el neoliberalismo o contra empresarios concretos, el problema de la relación entre trabajo y capital no se trata a profundidad. El pensamiento de tradición comunitaria, incluido el de la Iglesia católica, parte de la prioridad del trabajo sobre el capital. Qué significa esto en las relaciones laborales concretas, no suele pensarse ni debatirse hoy en día. Sin negar el derecho del capital a recuperar inversiones y a tener lo suficiente para realizar otras, la redistribución de la riqueza no es justa ni decente en El Salvador. La desigualdad es hiriente y por diversos aspectos se puede decir que mucho empresarios creen que con dar a sus empleados lo mínimo para sobrevivir están cumpliendo con la función social que les corresponde. La prioridad del “destino universal de los bienes”, afirmación básica de la doctrina social de la Iglesia, es un tema tabú para el capital. Dar pasos hacia la justicia social, lema y finalidad de la Organización Internacional del Trabajo, debería ser la reivindicación clave cada 1 de mayo. El papa Francisco decía recientemente que “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos”. En nuestro contexto, el 1 de mayo debe tener como tema esencial acrecentar la solidaridad y la justicia social. El maltrato a los pobres, los bajos salarios, las exiguas pensiones, la avaricia, la negativa de muchos ricos a que se suba el impuesto sobre la renta a los más pudientes y la igualdad de derechos laborales de la mujer son temas que requieren una seria reflexión, o al menos generar inconformidad. Son también tareas de planificación, reivindicación y conquista. Nada mejor para el bien común que satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos y dignidad.

Los Estados de excepción no son novedad en Latinoamérica. Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú, por ejemplo, los han implementado. Los Gobiernos siempre han presentado la medida como una herramienta para enfrentar una situación grave que afecta a la población, pero en realidad la han terminado aplicando no solo con ese fin. Como su nombre lo indica, el Estado de excepción es una medida excepcional, a la que se acude para enfrentar un grave problema; y se caracteriza por la suspensión temporal de una serie de derechos para salvaguardar otros más importantes mientras se recupera la “normalidad”. Sin embargo, la historia latinoamericana de los Estados de excepción muestra que estos, lejos de proteger a los ciudadanos, se implementan para que los derechos humanos fundamentales puedan ser violados con impunidad. Uno de los casos más emblemáticos es el Perú de Alberto Fujimori (1990-2000), que aprobó el Estado de excepción y lo prorrogó varias veces con la justificación de combatir el terrorismo, un flagelo que tenía a la población cansada y atemorizada. Diversas investigaciones demostraron que la medida no fue implementada para lo que se decía. Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, publicado en 2011, que recopila y analiza las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado peruano (1980-2000), el Estado de excepción fue utilizado para “perpetuar la violación de los derechos humanos” y “reprimir a opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”. En el mismo sentido se había pronunciado unos años antes (1998) Amnistía Internacional: “Fue utilizado principalmente para restringir las libertades civiles, silenciar a la oposición política y facilitar la detención arbitraria, la tortura y otros abusos”. Incluso funcionarios de primer nivel del Gobierno fujimorista terminaron reconociendo esa verdad. Fujimori llegó a la presidencia peruana con la promesa de terminar con el terrorismo utilizando mano dura; creó y lideró un régimen autoritario que sometió a todos los poderes del Estado, a la institucionalidad pública y a los medios de comunicación, causando severos y variados perjuicios al país. Uno de ellos es una aguda inestabilidad política que sigue activa; más de 20 años después del fujimorismo, el país andino ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. Muchos peruanos que vieron en Fujimori la solución definitiva contra el terrorismo terminaron arrepentidos de haberlo apoyado a la luz de los atropellos que su Gobierno cometió. En definitiva, a la luz de una lectura histórica, los Estados de excepción suelen ser fruto de un afán de aprovechar con fines políticos una realidad que golpea a la gente (un desastre, una guerra, una situación de inseguridad generalizada); un afán que lleva a convertir lo excepcional en norma y a aplicar la medida a todo el que resulta incómodo para el poder. Así, el Estado de excepción se vuelve una gran atarraya en la que caben analistas, periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores contra la minería, políticos de oposición y toda persona que dice verdad. Es cuestión de cada quien y de los pueblos tener clara esa lección.

La admisión de algunas celebridades locales de las redes digitales en el recinto legislativo puede resultar contraproducente para sus patrocinadores. La misión encomendada es difícil. Tendrán que ampliar su agenda, pero no tardarán en descubrir que la actividad legislativa es, de por sí, tediosa. Mucho más cuando se encuentra al servicio de un poder que ordena y manda. En el recinto legislativo, las ideas y la discusión sobran. Ahí no hay sorpresas. Solo poses, aplausos y fotografías. Los diputados se congratulan por unos proyectos de ley y unas decisiones que no suyas, sino de Casa Presidencial. Si los youtuberos son “creadores de contenido” y medianamente sensatos, no tardarán en descubrir que ahí hay poca materia prima para crear. Entonces, el entusiasmo inicial menguará. Si no abandonan el puesto, aburridos y desencantados, puede que decidan entretenerse a costa de los legisladores. Tal vez comiencen con los de la oposición, algo que saben hacer bien. Pero este material es escaso. Son pocos y el oficialismo no les da espacio para expresarse y decidir. El contenido caerá en los tópicos y las producciones perderán interés. Agotada esta aproximación, les quedan los diputados oficialistas y sus aliados que, al ser mayoría y dominar la actividad legislativa, prometen más contenido. Si los toman en serio, encontrarán que dan poco de sí. Si la emprenden contra la ramplonería predominante, los expulsarán. Tal vez por eso les dieron credenciales solo para un mes. Sea lo que sea, la presencia de los youtuberos expone a los diputados a la vigilancia estrecha y a la crítica irrespetuosa y cínica. Propagarán lo que la prensa profesional no se atreve a difundir por respeto básico al oficio. La apertura a estas celebridades de las redes es un riesgo para la proyección idealizada de la actividad legislativa del oficialismo. Si esto llegara a suceder, los youtuberos prestarán, sin pretenderlo, un valioso servicio a la sociedad. Exhibirán, desde su peculiar perspectiva superficial y grotesca, la pobreza y el servilismo de los representantes de los Bukele. Si, por el contrario, los youtuberos satisfacen las expectativas de quien los admitió en la legislatura, sus producciones adolecerán de aburrimiento, el interés de sus seguidores tenderá a decaer, así como también los likes. Sus creaciones no solo perderán atractivo, sino que se desnaturalizarán al asimilarse al orden establecido de los Bukele. El éxito de la producción youtubera estriba, en gran medida, en su aparente independencia y autonomía, que confieren a sus creaciones una identidad y una autenticidad únicas. Muy pagados de sí mismo están los responsables de esta decisión. Si piensan que la labor legislativa es tan fascinante como para aumentar los seguidores de los youtuberos, viven en otro mundo. Si esperan que estos difundan lo que la prensa profesional censura por presuntas motivaciones políticas y perversas, son ingenuos. No se puede difundir una actividad inexistente. Claro, siempre se puede inventar, lo cual ya hacen sin acudir a la legislatura. Si buscan una mayor incidencia en la opinión pública de cara las elecciones legislativas del próximo año, las cuentas no les salen. La mayoría legislativa, lo que han dado en llamar “la gobernabilidad” de Bukele, se tambalea. La dificultad es la misma. Hay poco para mostrar y menos para entusiasmar, y ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. El perfil de los diputados actuales es idóneo para proporcionar esa gobernabilidad a Bukele, pero es totalmente inadecuado para representar los intereses del pueblo al que dicen deberse. El interés y el sentir popular no forman parte de la agenda legislativa. El punto único de dicha agenda es Bukele. El autoritarismo y la centralización, equivocadamente etiquetados como “gobernabilidad”, han anulado de tal manera la actividad legislativa y la personalidad de los legisladores que ahora resulta cuesta arriba seducir al electorado. No sería extraño que la desconexión de los diputados de la gente y su realidad, y la abstención dispersen el voto más de lo deseado. Desde esta perspectiva, los youtuberos tienen la difícil tarea de ilusionar a un electorado más indolente que movilizado. Esa misma incertidumbre ha llevado al oficialismo a apostar por el voto de la minoría de expatriados pudientes y privilegiados. El plan es reforzar las posibilidades de los candidatos del departamento de San Salvador. La mayoría de los inmigrantes no tiene papeles, ni empresas, ni negocios, sino dos o tres empleos simultáneos para sobrevivir ellos y la familia que dejaron atrás. Sus prioridades son permanecer, trabajar y enviar remesas. Ninguna de ellas figura en la agenda legislativa. Sus así llamados representantes no se han ocupado de defender su regularización migratoria, sus derechos laborables ni el derecho de sus familiares a una vida digna y humana. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso 21/04/2023 El Salvador se ha caracterizado por ser una sociedad profundamente consumista. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Un estudio de hace diez años atrás ya mencionaba la preocupación de que por cada cien dólares que se producían en El Salvador, la sociedad consumía 102.40 dólares. Esto nos permitió tener el gran honor de ser, en el ranking, la tercera sociedad más consumista del mundo. Nunca está bien una casa que gasta más de lo que gana. Lo sabemos. Pero esto sigue siendo así, solo que ahora es más difícil demostrarlo. La gran mayoría de gastos que se hacen desde el Estado salvadoreño han sido puestos en reserva por al menos siete años. Pero todos los indicadores parecen señalar que las finanzas no están muy bien para las grandes mayorías. Mientras tanto sabemos de otros temas. Seguimos siendo una sociedad número uno, en otros nuevos rankings. Por ejemplo, somos el país con más población carcelaria en el mundo por encima de Ruanda y Turkmenistán que ocupan los lugares dos y tres en dicho conteo. Y tenemos otras cosas que no tiene nadie más, un presidente popular, una población con índices muy bajos de educación, un país con uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Podemos seguir, pero queremos llamar la atención en un punto importante. Somos el país que ha oficializado que los procesos de comunicación pública, no serán auditados por el periodismo, sino por generadores de opinión, youtubers e influencers. El investigador Willian Carballo mencionó, justo hace diez días, que las audiencias salvadoreñas creen más en los youtubers que en los periodistas. Esta creencia, que no es exclusiva de El Salvador, parece ir en aumento, pero quizá el experimento más interesante de la batalla comunicacional largamente librada por este gobierno ha sido entender que en la sociedad agonizante, antes de jubilar por completo los procesos de información y varias de sus profesiones asociadas ante los procesos de Inteligencia Artificial, es posible acelerar el viejo y arraigado consumismo: que reinen los youtubers. El principio de esta propuesta es muy sencillo y tiene que ver con la construcción de la cultura popular en el país. Los youtubers son parte del pueblo. Y la vida popular, lo sabemos desde las investigaciones que hizo Richard Hoggart en la escuela de Birgminghan, es familiar (por tanto conservadora), profundamente grupal, comunitaria, vecinal, con una moral mixta que mezcla el cinismo contestatario con la religiosidad elemental. La vida popular se vive en el día a día y el periodismo, desde hace mucho, se alejó de esos lugares. El universo del pueblo vive al día, insiste en la improvisación y el sentido del goce. El actual régimen lo sabe y seguramente muchas personas que lean estas líneas se encontrarán pensando en las muchas cosas buenas que ha hecho el actual régimen y que responden a estos rasgos característicos: es ley de vida, dirán algunos, que una sociedad avanza en la medida en que los sectores populares tienen mejor educación, más acceso a la salud y una vivienda digna. Una sociedad avanza en la medida en que los ricos pagan más impuestos y este dinero se pone al servicio del colectivo. Sin embargo, esas sociedades serias y acartonadas, con personas educadas y medios de comunicación con una tradición que se cuenta por siglos, no gozan. El régimen lo sabe. Por eso ofrece lo que ofrece. Videomapings maravillosos en un centro de San Salvador que ha sido recuperado de la chusma y que por fin puede recibir a los buenos ciudadanos. Bailes y emociones. No ofrece reciclaje de basura, prohibición de los plásticos o impuestos predial. Ofrece youtubers. No periodistas y contralores. No academia y pensamiento crítico. Debemos mantener lo que los neurolingüistas llaman la causalidad directa frente al análisis sistémico. La mala noticia es que este tipo de pensamiento tiene un tope. Donald Trump, el amigo de nuestro presidente, lo sabe. Y los asesores de nuestro presidente también. Es el momento de volver a preguntarnos el para qué del periodismo en el país de todas las causalidades simples. Es el momento de apostar al pensamiento complejo, a la honestidad y a un compromiso que, más allá del espectáculo, nos lleve de verdad a construir una mejor sociedad para todas las personas. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 119.

Acabamos de celebrar el día de la tierra. Y dadas las circunstancias de nuestro país, es necesario reflexionar con mayor insistencia sobre el tema. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tiene proyectos interesantes, los problemas medioambientales que nos esperan muestran escenarios aterradores. Un estudio de la Universidad Purdue, uno de los centros de educación superior de mayor prestigio en Estados Unidos, afirma que el calentamiento global, si no ponemos remedio, convertirá las zonas tropicales del mundo en áreas inviables para la vida humana. En otras palabras, existe la posibilidad de que El Salvador como país deje de existir. Por otra parte, la revista Nature, una de las publicaciones científicas de mayor credibilidad, decía hace poco en un artículo que “los trópicos serán los primeros en superar los límites históricos de temperatura. Olas de calor continuas amenazarán la biodiversidad y afectarán a los países más poblados y con menor cantidad de recursos para adaptarse”. Se produce así la paradoja de que los primeros países que serán afectados por los cambios climáticos son los menos responsables del calentamiento global, producido por la industrialización de los países del norte. Aunque esperamos que el mundo sepa corregir los ritmos del calentamiento global, las consecuencias para nuestros países siempre serán duras. Prepararnos para ellas es urgente. En El Salvador hay un proceso de desertificación que hará más grave la situación. Hasta hace poco se decía que la deforestación del país ascendía a un promedio de 4,500 hectáreas al año. Parece que se ha frenado algo. En su Política de Lucha contra la Desertificación, el MARN dice que “factores socioeconómicos como la existencia de pobreza en el 50% de la población, índices bajos en educación, mal uso de la tierra, avance de la frontera agrícola, uso de leña como fuente de energía, demanda insatisfecha de recursos forestales y el acelerado crecimiento poblacional han ocasionado una fuerte deforestación de grandes extensiones de tierras, antiguamente cubiertas por bosques naturales”. Aunque existe un política de reforestación, los avances son pequeños. Y a mayor desertificación, mayores consecuencias desastrosas. El hecho de que las zonas norte de El Salvador sean las más desertificadas explica en buena parte la sistemática migración de los jóvenes de esas localidades rumbo a Estados Unidos. La vida en Chalate es cada vez más difícil por el deterioro productivo de la tierra. Es difícil entender en este contexto el porqué no se han firmado los Acuerdos de Escazú. Coquetear con la minería metálica, como se está denunciando, es coquetear con ladrones medioambientales que nos dejarán más indefensos para luchar contra el calentamiento global. En este contexto, deben acelerarse las políticas protectoras contra el cambio climático. Según algunos cálculos, si el mundo no logra reducir la velocidad actual del calentamiento global, en el año 2047 se alcanzarán temperaturas sumamente complejas para el desarrollo de los países pobres ubicados en los trópicos, como nosotros. En otras palabras, disponemos de 25 años nada más para prepararnos para una situación difícil. Procesos de reforestación urgentes y sistemáticos, reservorios que garanticen agua accesible y sana para toda la población, mejora de los regadíos aprovechando que seguiremos por muchos años siendo un país con abundante lluvia en los seis meses húmedos son tareas indispensables para enfrentar el futuro. El papa Francisco, en su mensaje sobre el medio ambiente, Laudato si, dice que “merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo”. En El Salvador, esa lucha vigorosa contra las consecuencias del deterioro medioambiental nos corresponde a todos. Ojalá logremos poner el tema en la mesa del diálogo y de la acción.

Todos los Gobiernos salvadoreños han recurrido a la mentira, aunque eso no quiere decir que solo se hayan dedicado a mentir. Unos más, otros menos, algo hicieron, aunque no lo suficiente para llevar a El Salvador a un desarrollo equitativo. La gente aguantó durante un tiempo. El partido Arena mintió en muy diversas ocasiones y la gente lo votó durante 20 años. El FMLN despertó esperanzas; al final, no logró cumplir sus promesas. Para disimular, mentía también, y la ciudadanía lo toleró 10 años. Cuando era candidato, Bukele criticaba las mentiras del FMLN y Arena, y así se granjeó el apoyo popular. Las mentiras cansan. Por mucho que en algún momento la gente se las crea, la realidad suele ser más fuerte y termina imponiéndose. No se puede prometer desarrollo y dejar que crezca la desigualdad o que la situación de pobreza permanezca prácticamente inalterada. Como decía en otro contexto una filósofa del siglo pasado, el problema de los Gobiernos que mienten es que nunca encuentran un sustituto para la verdad. La fuerza bruta o la propaganda pueden vencer durante un tiempo a la verdad, pero nunca sustituirla. Con la opacidad informativa convertida en norma y la negativa de acceso a la información transformada en virtud, el Gobierno de Bukele entra de lleno en la tradición de presentar como buenas acciones que lo menos que puede decirse de ellas es que son ambiguas: favorecen a algunos y dañan a muchos. Además, no faltan los funcionarios de la actual administración que se lanzan a mentir sin pudor y que afirman cosas que ni siquiera tienen visos de realidad de cara al futuro. Es cierto que hay sectores que solo ven lo negativo del actual Gobierno y que este tiene la habilidad de emprender acciones inéditas que agradan a muchas personas. Sin embargo, insistir en la mentira y denigrar a cualquiera que critica la actividad gubernamental no es acertado en el largo plazo. Ni el tiempo, ni la verdad perdonan. Y el salto del gusto al rechazo es lo usual cuando se descubre la mentira. Negar hechos evidentes conduce a la desconfianza. Cuando esta aumenta, también lo hacen los problemas. El pero del Gobierno actual no es que exagera sus éxitos; muchas otras administraciones en el mundo lo han hecho o lo están haciendo. Distinto es anular los mecanismos de control, negar el acceso a datos a los que el ciudadano debe tener acceso, impedir en la práctica cualquier tipo de auditoría y sustituir la información con propaganda. Si el sistema judicial se ve forzado a obedecer e imitar en los modos de acción al Ejecutivo, el panorama pinta aún peor. La docilidad de los jueces a las consignas de la presidencia de la República implica priorizar la propaganda política por sobre la verdad y la justicia. La propaganda, la utilización hábil de las redes sociales, los regalos y las promesa pueden mantener la credibilidad durante algún tiempo. Pero cuando la injusticia social se mezcla con la mentira la presión es demasiada. Dialogar y escuchar las críticas para corregir errores es siempre lo más sensato. Usar y defender medios injustos para finalidades justas solo provoca, además de confusión, el crecimiento de formas muy diversas de corrupción política.

La población se hastió de la política tradicional y de los políticos que llegan al poder para lucrarse de la cosa pública. Se cansó de que las promesas y ofertas de cambio no sean más que aire mientras las élites concentran riqueza. La mayoría se hartó de la corrupción y de la impunidad con que los poderosos violan la ley y la manipulan a su antojo. La gente se indignó por el nepotismo, de que el Estado rebalse de personas sin capacidad y sin méritos profesionales ni éticos para desempeñar los cargos. La gente se cansó de no ser escuchada, de que sus derechos fundamentales no sean respetados. La gente de barrios y colonias populares vivía en el terror, presa en su propia casa y sometida a violencias, amenazas, y extorsiones sin que nadie hiciera algo significativo para librarla del yugo de las pandillas. Se hartó de que las instituciones públicas no funcionen, de la lentitud e ineficacia del sistema de justicia, del descuido del sistema de salud. La gente contaba, pues, con sobradas razones para no estar contenta con el rumbo del país y anhelar un cambio radical. Por eso se arrojó en brazos de quienes exacerbaron ese descontento y prometieron barrer con todo. El resultado de esa apuesta desmesurada ha sido el equivalente a dispararse en los pies. Los que que dijeron ser diferentes practican los vicios de siempre, superando con creces a sus predecesores. Quienes han hecho de la crítica a los Gobiernos anteriores su principio motor ocupan cargos para ostentar lujos y prepotencia. Aquellos que repitieron como un mantra que “el dinero alcanza cuando nadie roba” han endeudado al país a niveles sin precedentes y ocultan toda información sobre gastos, proveedores e inversiones del Gobierno. Los próceres del desagravio histórico persiguen a toda figura prominente de lo que para ellos representa el pasado mientras protegen a sus propios funcionarios ante señalamientos de corrupción y les garantizan impunidad. Los que despotricaron contra el nepotismo tienen hoy a su familia y amigos en puestos públicos. Mientras dicen que ahora hay verdadera democracia, desmontan todo mecanismo de control y pasan por encima de cualquier ley, incluyendo la Constitución. Mientras hablan de justicia, destituyen a todo juez o fiscal que obedezca a la ley antes que a un político y someten la justicia a los deseos de una sola persona. Mientras hablan de El Salvador como de una tierra paradisíaca, cientos de compatriotas huyen del país a diario en búsqueda de oportunidades. Mientras se levanta un nuevo proyecto elitista que ha puesto todo el Estado a su servicio y acapara los pocos recursos nacionales, la mayoría o no ve las contradicciones del régimen y cree a pie juntillas en un país imaginario, o prefiere seguir con su vida haciendo caso omiso de los desmanes. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es hoy abismal, y en el fondo de esa fosa se marchitan lentas las posibilidades de alcanzar un mejor futuro común.

Los desvelos del régimen de Bukele para encontrar reconocimiento en el exterior están reflejados en una larga entrevista que el vicepresidente tuvo a bien conceder a la BBC de Londres. Las falsedades y las torpezas de las declaraciones vicepresidenciales son un fiel reflejo de cómo se les escabulle la credibilidad internacional. En ellas palpita una realidad que pugna por salir a la luz y el afán por disfrazarla de bienestar y provecho. Atribuir las desventuras del régimen a la mala intención de la oposición local, a la desinformación de la prensa extranjera y a la ignorancia de los organismos internacionales no ha favorecido la causa de los Bukele. Juzgue el lector cuánta objetividad hay en estas acusaciones, a la luz de las declaraciones del vicepresidente. Los soldados y los policías no incursionan en las comunidades para capturar al tatuado o al que ha sido denunciado anónimamente, sino que van “directo” a quien ya posee “un perfil”. Lo demás es “una mentira” difundida por la oposición local y los medios extranjeros. Claro, los agentes del régimen abusan y se equivocan al capturar a quien no está vinculado a las pandillas, pero esa “no es una política” gubernamental. Más todavía, las detenciones se rigen por “un protocolo” y existe “una oficina para recibir quejas”. En cualquier caso, más de tres mil detenidos han sido liberados después de revisar su caso, “siguiendo el debido proceso legal en los tribunales”. El vicepresidente desconoce cuántos siguen detenidos aún y se niega a hacer “conjeturas” en “un asunto delicado” que está en manos de los jueces. El Ejecutivo no interviene en la administración de justicia, porque “la separación de poderes es clave”. Los liberados después de varios meses de reclusión deben comprender que los Bukele heredaron “un sistema penitenciario superpoblado”, que ya trabajan en “mejorar y acelerar lo más posible la administración de justicia”, para lo cual han contratado más fiscales, jueces y defensores públicos, y han construido “la mayor instalación para albergar a esos presos”. Quien tenga dudas sobre el trato dado a los detenidos debe consultar el “informe independiente” del Comité Internacional de la Cruz Roja, que supervisa diariamente sus condiciones. Sin embargo, el vicepresidente “no tiene un juicio final” sobre este punto, “porque la sensibilidad hacia los victimarios puede ofender a las víctimas”. En cualquier caso, “esa gente es presentada así”, semidesnuda, descalza, rapada y hacinada en cuclillas, porque “el presidente quiere ser transparente y responsable”. Indudablemente, la medida es muy popular, “¿por qué no? Si estás haciendo algo bueno [aunque] la oposición dice que estás haciendo algo malo”. Aquí el discurso deriva a lo esperpéntico. El vicepresidente alega desconocer quién ordenó la incomunicación de los detenidos. Por tanto, remitió al periodista al director del sistema penitenciario para preguntarle “qué es lo que pasa”. Eso sí, le adelanta que los casos de incomunicación son pocos y que “las familias mienten”. En cualquier caso, el Estado se atiene a los Convenios de Ginebra, que regulan las guerras y el conflicto interno. Pero advierte que no se trata de una guerra contra niños inocentes o delincuentes comunes, sino contra “una fuerza estructurada, con armas pesadas”, aunque con “cero muertos”. Es una operación “sin precedentes a nivel mundial”. En esa misma línea de negación de la realidad, el vicepresidente afirma rotundamente que “no hay ni hubo ninguna negociación con las pandillas”. Si acaso hubo “algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del Gobierno”. Si bien no pone en duda la afirmación del fiscal general estadounidense que asegura lo contrario, le gustaría saber si verificó la información con los funcionarios salvadoreños señalados. Debió preguntarles “si es verdad o no que [negociaron], por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron y también si tenían órdenes superiores de hacerlo”. Al llegar a la liberación del Crook, el vicepresidente vuelve a tropezar. No tiene “ni idea” de ella. Leyó la noticia en la prensa, “pero no sé si es verdad o no. No puedo decir nada al respecto”. “No sé si es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición”. Sea lo que sea, está “bien claro” que “el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto, porque está en manos del poder judicial”. Mientras extermina a los pandilleros, el régimen “lidia” también con la pobreza y la emigración forzada, recupera la “industria agrícola”, esto es, la plantación de café, ejecuta un plan para evitar que los jóvenes ingresen en la pandilla y atiende a las esposas y las madres de los detenidos. De esa manera, el régimen de los Bukele “prepara la nueva sociedad”. Estos tendrán que cambiar drásticamente de rumbo para encontrar la credibilidad que aparentan desear, pero que se les resiste. De ahí que los desafíos tuiteros del presidente no sean respondidos. Es claro que la comunidad interna

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años desde que el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si, un llamado a la humanidad para el cuido, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza. Un llamado que entroncó con el creciente —pero aún insuficiente—aumento de la conciencia global del daño que se ocasiona al planeta y de la necesidad de cambiar hábitos a escala mundial. Si bien la encíclica no cayó en el vacío, tampoco recibió la atención que merece dada su importancia para el presente y futuro tanto de la vida humana como la de millones de especies con las que se comparte esta casa común. En el caso de El Salvador, el cuadro es aún peor. A pesar de la pequeñez del territorio nacional, su aguda vulnerabilidad ambiental y la alta densidad poblacional, muy pocos tienen un compromiso serio, coherente y constante con el cuido del medio ambiente; son mayoría los que consciente o inconsciente siguen con prácticas que lo destruyen. Por ello, las Iglesias, las instituciones educativas y las organizaciones gremiales y sociales deben implicarse más en la generación de la conciencia que permita el cambio de actitud requerido. Por su parte, el Estado salvadoreño tiene, por mandato constitucional, “el deber de proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”. Sin embargo, no ha sido coherente con esa obligación; en no pocas ocasiones no solo la ha descuidado, sino que ha promovido o avalado prácticas muy dañinas. Los permisos de construcción de complejos residenciales o industriales en zonas boscosas y montañosas, la desprotección de quebradas y ríos, la permisividad con la roza y quema, la falta de un buen ordenamiento territorial y el abandono a su suerte de especies en peligro de extinción son algunas muestras de un Estado que no cumple con su deber institucional de proteger la integridad del medioambiente. Es muy claro que en el país se privilegian los intereses particulares sobre el bien común y se ponen por delante los beneficios inmediatos sobre los de largo plazo; el medio ambiente no queda fuera de esa lógica. Al igual que en el pasado, el poder del capital se impone, y así como hace décadas logró revertir políticas como la reforma agraria, hoy logra el favor de las autoridades para que otorguen permisos a proyectos millonarios altamente perjudiciales para el medio ambiente; proyectos que profundizan la crisis medioambiental que ya vive el país. En este marco, preocupa que se pueda revocar la prohibición de la minería metálica en El Salvador mediante la abolición o modificación de la ley que, gracias a la presión de Iglesias, medioambientalistas, la academia y las comunidades afectadas, fue aprobada hace seis años por la Asamblea Legislativa. Tal como se lee en el reciente pronunciamiento de un amplio abanico de organizaciones sociales en contra de la minería, “la minería de metales [...] destruye bosques, genera drenaje ácido, contamina el agua, causa enfermedades y deja enormes cantidades de desechos que constituye una amenaza mortal para las plantas, los animales y las personas [...] Estos daños ponen en peligro la continuidad de la vida, sobre todo porque los pretendidos proyectos mineros se ubican en la franja norte del país, que es la cuenca del río Lempa, el principal afluente nacional”. Un peligro de tal calibre amerita una vigilancia ciudadana permanente y proactiva. ¿Por qué resignarse a dejar por herencia un país de cenizas?

La permanencia de la pobreza y la desigualdad en El Salvador solo puede entenderse desde el papel jugado por las élites en nuestra historia. Aunque ha habido miembros de ellas que han intentado cambiar la dinámica injusta del país, los sectores privilegiados (económicos, políticos o militares) se han inclinado por la construcción de una sociedad que margina y explota a las mayorías en función de los beneficios de unos pocos. Como resultado de ello, la realidad de pobreza, vulnerabilidad y escasez de alternativas es muy difícil de superar sin recurrir a la migración, el crimen o la corrupción. No hay nada en la actualidad que no se haya generado desde la lógica extractivista impuesta por las élites. El hecho de que estas compartan una fracción de sus beneficios con el 20% o el 25% de la población que constituye la clase media estable no anula lo dicho. La pérdida de independencia entre los poderes del Estado, por mucho que ciertos sectores y personas quieran atribuirla a individuos aislados, no es ajena a la dinámica de las élites, partidarias de la concentración del poder político siempre y cuando sus beneficios no disminuyan. Con distintos estilos y modulaciones, la situación es parecida en la mayor parte de Centroamérica, con el agravante de que no existen alternativas políticas serias y con posibilidad de triunfo. Si en los primeros años del siglo actual se consiguió reducir la desigualdad, esta ha crecido desde la pandemia. La migración ha vuelto a aumentar y la tendencia autoritaria dificulta la reflexión, el diálogo y la formulación de propuestas de desarrollo con justicia social. No faltan quienes añoran ahora la relativa libertad de hace algunos años sin caer en cuenta que los abusos de antes son causa de la problemática actual. Mientras se añora el pasado, la pobreza y la desigualdad permanecen intactas. Exigir cambios en beneficio de quienes se mantienen en la pobreza y la vulnerabilidad, así como respaldar a las víctimas de abusos de poder es ineludible para lograr un mejor futuro. Tener claro por dónde debe caminar una reforma fiscal, denunciar la corrupción, el silencio cómplice y la arbitrariedad estatal, combatir la extendida informalidad laboral, enfrentar la destrucción del medioambiente causada por constructoras y lotificadoras, y defender los derechos humanos también son tareas básicas. Pero todo ello sin perder de vista la necesidad de redistribuir la riqueza y que los servicios estatales contribuyan al bienestar de todos y a la justicia social.

En el país, la disminución de la preocupación por la inseguridad está aparejada con el aumento de la preocupación por el incremento general de los precios, especialmente de los alimentos. En la encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el 68% de los encuestados opinó que el costo de la vida aumentó mucho, 93% percibió incremento en los precios de los productos de la canasta básica y el 39% dijo que el desempleo aumentó. Las cifras económicas confirman la percepción de la gente. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, recién publicada por el Banco Central de Reserva, el año pasado la inflación alcanzó el 7.3%, algo que no se registraba desde hacía 26 años. Los datos oficiales evidencian que la pobreza —por tanto, el número de pobres— ha aumentado en el país. Un 26% de los hogares viven en pobreza, tres puntos y medio más que en 2019. Los hogares viviendo en pobreza extrema, es decir, que no alcanzan ni a comprar los alimentos básicos, pasaron del 4.6% en 2019 al 8% en 2022. Como agravante, la deuda pública se ha disparado en los últimos años y las proyecciones internacionales presagian una profundización de la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional proyecta que América Latina crecerá solo un 1.6% en 2023, dos décimas abajo de lo estimado hace unos meses y muy lejos del 4% de crecimiento registrado en 2022. Frente a este escenario, poco sirve decir que se trata de un problema mundial y que, por tanto, El Salvador no puede hacer nada por reducir el impacto en las familias. Por supuesto, hay factores internacionales que no dependen de lo que se haga aquí, pero también es cierto que hay factores internos en los que sí se podría trabajar. Por ejemplo, en el país, a diferencia de otras naciones, nunca se ha considerado la alimentación como un asunto de primera importancia. Por el contrario, ha habido y sigue habiendo un abandono del campo y de la producción agropecuaria. Si no se importara el 80% de los granos básicos, hortalizas y frutas que se consumen a nivel nacional, con seguridad el precio de la canasta básica fuera más accesible. Según datos de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en la cosecha 2021-2022 se cultivaron 28.6 millones de quintales de granos básicos; en la siguiente, solo 19.9 millones. Por otro lado, si bien, tal como señalan los datos oficiales, el país ha crecido económicamente en algún grado, simultáneamente ha aumentado el número de gente viviendo en pobreza y pobreza extrema. Ante ello, la conclusión obvia es que, al igual que siempre, el crecimiento se queda en pocas manos, aumentando así la lacerante desigualdad de nuestra sociedad. Hasta la fecha, ninguno de los Gobiernos de la posguerra ha hecho algo para cambiar el injusto modelo fiscal que concentra la riqueza y multiplica la pobreza; ninguno se ha atrevido a implementar una reforma fiscal progresiva que beneficie a los sectores más pobres. Aunque mucha gente se queda impávida ante la afirmación de que la deuda sigue engordando a pasos agigantados y que el costo de la vida ha subido varios puntos porcentuales, sí le afecta que ahora solo le den tres plátanos por un dólar cuando antes obtenía cinco. La economía se entiende mejor cuando toca el bolsillo. En países como el nuestro, que reproducen constantemente la economía informal ante la incapacidad de generar empleos dignos y estables, en los que la mayoría de la población no tiene garantías laborales ni protección social, las crisis golpean con mayor dureza. Y nada permite decir que la actual amainará. Más allá de la propaganda oficial, el futuro de El Salvador es tan incierto como antes.