Editoriales y Opiniones

Faltan pocos meses para que en El Salvador se celebren cuatro elecciones. Tres de ellas absolutamente relacionadas, porque la cuarta, la de diputados al Parlamento Centroamericano es, en buena medida, irrelevante. Pero a estas alturas todavía hay gente que tiene diversas posturas ante el proceso electoral. Algunos siguen pensando que la única elección importante es la de la Asamblea Legislativa, las otras dos, no. Mucho de lo que ha hecho Bukele no hubiera sido posible sin la correlación que tiene en la Asamblea y, por tanto, con menos diputados, podría frenarse la deriva autoritaria. En cambio, la elección presidencial no hay que disputarla. Según ellos, hay dos razones para no participar: la primera es que hacerlo sería hacerle el juego y legitimar la candidatura inconstitucional a la reelección del presidente; la segunda es que esa elección está perdida por el respaldo social que tiene Bukele. Hay algunos que tampoco se inclinan por participar en la elección de las autoridades municipales, básicamente porque, por las medidas del gobierno, las alcaldías han quedado con poca capacidad para actuar con autonomía financiera y dependen del sometimiento al Ejecutivo para conseguirlo. Sin embargo, las tres elecciones están estrechamente vinculadas. Si la meta es lograr un número determinado de legisladores y legisladoras, el lanzamiento de fórmulas municipales atractivas localmente es un refuerzo casi imprescindible para tener éxito en la elección de diputados. Además, una buena candidatura presidencial puede arrastrar votos. De hecho, la historia en un país con un régimen presidencialista como El Salvador así lo confirma. Esta es la razón de fondo por la que, para el 4 de febrero del año próximo, se pusieron juntas las elecciones presidenciales y legislativas, para que la popularidad del presidente arrastre el voto para el movimiento de seguidores de la familia presidencial llamado Nuevas Ideas. Las encuestas, en general, presentan cifras que favorecen al actual mandatario. La gigantesca maquinaria mediática que ha montado la familia del presidente y sus amigos cogobernantes, y el comportamiento de la oposición hasta hoy, refuerzan esta percepción. La oposición partidaria se ha centrado más en comentar críticamente las acciones y los insultos del aparato oficial que en poner en manos de la población propuestas que capten la atención de los ciudadanos porque responden a sus necesidades. Algo semejante pasa con los críticos desde la sociedad civil, que centran sus “propuestas” en la denuncia de las violaciones constantes a la Constitución, a las leyes y a los derechos humanos (que hay que hacerlo) pero que, lamentablemente, no representan una preocupación sentida por la mayoría de los salvadoreños. Si la oposición no da un paso para presentar propuestas sobre temas que interesen a la gente, si no tiene vinculación con movimientos de base, si no se hace una crítica sustentada a la mala gestión de la cosa pública que pueda mostrar que eso afecta la posibilidad de resolver problemas centrales de la mayoría de la población, será muy difícil competir con la maquinaria presidencial. Hasta el momento, se han conocido rumores sobre posibles candidaturas en una eventual coalición de partidos de oposición. La sola reacción del oficialismo ante esta posibilidad es un indicador de que puede ser algo importante. Todo dependerá de la madurez política con que los partidos enfrenten la situación que atraviesa el país. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 122.

Cada nuevo presidente de la República suele afirmar solemnemente y sin titubear que lo será de todos los salvadoreños. La declaración es reglamentaria, pero equívoca. Ninguno ha gobernado para toda la ciudadanía y el bien de la totalidad. Todos han gobernado para la facción que los llevó al poder, sobre todo para sus financistas y para su grupo familiar y los allegados. Cuando se sentaron en el sillón presidencial, su agenda ya estaba comprometida. Sus prioridades han sido las de los donantes, la parentela, los compadres y los militares, que, deliberantes o no, han detentado un poder real. El resto de la ciudadanía, la mayoría, ha debido conformarse con los sobrantes. A ningún mandatario le ha importado que la satisfacción de los compromisos adquiridos haya hipotecado el futuro de la nación. Si hubiesen gobernado para la totalidad, no habría habido concentración de la tierra agrícola, ni levantamiento popular en 1932, ni guerra con Honduras en 1969, ni guerra civil en 1980, ni privatización depredadora, ni acumulación de capital por despojo, ni emigración masiva, ni violencia social generalizada. Quizás tampoco pandillas. El nivel educativo nacional sería muy superior, el empleo más productivo y mejor pagado, la salud universal y de calidad, y la desigualdad mucho menor. La expectativa de que este bienestar, tantas veces postergado para satisfacer los intereses de las minorías, ahora se encuentra al alcance es engañosa. El presidente actual no es diferente de sus antecesores. No olvidó la fórmula protocolaria, pero enseguida distinguió entre su rebaño, los dóciles, y los demás, los lobos. Sin embargo, los suyos se equivocan si piensan que gobierna para ellos. Gobierna para un grupito de privilegiados. En cierto sentido, distinto del tradicional, pero minoría favorecida al fin de cuentas: sus hermanos, sus parientes, sus compadres y una variopinta colección de contratistas caza fortunas, de oportunistas y de gurús extranjeros. En el trasfondo de los mensajes presidenciales resuenan los intereses de estos grupos. El presidente se dirige a ellos en inglés, no a los salvadoreños. Al parecer, se mueve con más soltura en ese idioma que en el nacional. Tampoco habla de la realidad de las mayorías del país, sino sobre aquello que agiganta su imagen. La excepción son las pandillas y la seguridad, pero no la de los estadios y la responsabilidad de la Policía en la estampida. No habla de la sequía y del hambre que avanza inexorable. Ni del calvario de los usuarios de los servicios de salud. El discurso presidencial es tan deslavazado y confiado que ni siquiera cuida bien la articulación del panegírico. La exaltación de la figura presidencial es puntual, parcial y superficial. Un mosaico desarticulado al que la emoción encuentra sentido. Una comunicación tan incompleta e incoherente no permite penetrar en la visión gubernamental de la realidad nacional. Los cambios profundos, prometidos el primer día del mandato y reiterados para cuando la mesa quede limpia de pandillas, son un enigma. La oscuridad lleva a pensar que esos cambios no están planificados ni financiados. Casa Presidencial no trabaja para colocar los fundamentos que conduzcan a la superación de los males estructurales heredados y agravados por la inflación, la sequía y la indolencia gubernamental, sino para enaltecer la figura del mandatario a través de las redes sociales. Los entusiastas no se alegran porque sus expectativas de ascenso socioeconómico están siendo satisfechas, sino por el éxito de otro, que dice dedicarse a ellos. Desde hace ya varios años, Bukele no se encuentra con la población, ni siquiera con sus devotos. La relación presidencial está mediada por las redes sociales, las originales y las repetidoras. Si la mediación es siempre una barrera, que impide el contacto físico con los demás, las redes no solo aumentan esa distancia, sino también deshumanizan. Bukele no palpa la angustia de las mayorías. Se conforma con las encuestas de opinión. Es muy difícil gobernar para la totalidad atrincherado en Casa Presidencial, sin contacto directo con el pensar, el sentir, el sufrir y las expectativas de los gobernados. Sus ministros y altos funcionarios, incluidos los llamados representantes del pueblo, siguen su ejemplo. Ellos también han levantado barreras para evitar a la gente, para no escucharla ni tener que dar explicaciones. Ellos también ordenan, imponen y sancionan desde sus posiciones de poder. Esta forma de gobernar convierte a los gobernados, ciudadanos con derechos y dignidad, a simples subordinados de los gobernantes. Estos les conceden lo que, desde el poder, les parece conveniente y, a cambio, les exigen agradecimiento y lealtad. La infantilización de la ciudadanía facilita mucho el ejercicio de la dictadura. No interpela, no cuestiona, no protesta. Acepta satisfecha lo que recibe. No exige; todo lo disculpa, todo lo explica. Los rebeldes y los revoltosos —hasta cierto punto, inconvenientes inevitables— son castigados por malagradecido

Visceral ha sido la reacción del oficialismo ante la posibilidad de que Nuevas Ideas tenga que competir contra una candidatura presidencial única, apoyada por varios partidos políticos en la oposición. El coro cyan parece estar más preocupado por la puridad ideológica de los partidos Arena y el FMLN que por la hipotética amenaza que una candidatura única representaría para la continuidad en el poder de Bukele y los suyos. Los voceros del oficialismo se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que dos partidos que por años han estado enfrentados, con ideologías radicalmente distintas, pudieran llegar a un acuerdo para la elección presidencial. Para tranquilidad del régimen, más preocupado por la moral y la puridad ideológica ajena que por la propia, los líderes del FMLN salieron rápidamente a declarar que su instituto político nunca se aliará con Arena ni con ningún otro partido de derecha de cara a las elecciones; al contrario, presentará su propia fórmula para optar a la más alta magistratura de la nación. Tanto unos como otros padecen de amnesia interesada, prefieren olvidar la dinámica política que ha caracterizado al país desde las últimas décadas hasta el presente. Durante sus 10 años de gobierno, el FMLN se apoyó en el derechista partido GANA, escindido de Arena, para lograr mayoría en la Asamblea Legislativa y así sacar adelante sus proyectos. También negoció con otras fuerzas políticas en la Asamblea para elegir a las autoridades de segundo grado. Lo mismo hizo Arena cuando la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa no le fue favorable y necesitó el apoyo de otros partidos para aprobar sus planes. Y esa herencia la hizo suya Bukele. Sus seguidores harían bien en recordar que él aspiraba a ser candidato presidencial por el FMLN y que no se fue de ese instituto político por su propia voluntad, sino que fue expulsado después de un proceso disciplinario. Por tanto, para ganar la presidencia tuvo que afiliarse a GANA y participar bajo su bandera. GANA, un partido que nació de Arena en el marco de una oscura pugna de intereses, muy probablemente aceitada con los míticos maletines negros. Durante sus cuatro años de gestión, la alianza de Bukele con GANA ha sido muy sólida, sin mayores diferencias, a pesar de que entre ambos supuestamente media un abismo ideológico; tan sólida que participaron en coalición en algunos departamentos y municipios para las elecciones de 2021. Y esa lógica de contubernio la ha aplicado también Nuevas Ideas con la Democracia Cristiana y el PCN, que apoyan todas las propuestas que el oficialismo presenta en la Asamblea Legislativa. Ninguno de estos aliados tiene un pasado limpio, ninguno se han distinguido por su pureza ideológica, ni por su honestidad, ni por su coherencia, ni por defender los intereses de la población por encima de los propios. La agresiva reacción del oficialismo ante una posible alianza entre partidos políticos de la oposición hace pensar que en el fondo desconfía del apoyo popular que muestran las encuestas. Si Nuevas Ideas y sus líderes tuvieran algo de sentido y pensamiento democrático, deberían alegrarse de la posibilidad de tener un adversario fuerte en las próximas elecciones, pues ello les permitiría demostrar que en verdad cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Y si ganaran las elecciones, su victoria sería más legítima. Competir con otras opciones fuertes y bien sustentadas, con ciudadanos probos y honestos, es mucho mejor para la democracia que la falta de competencia real. En democracia, todos tienen derecho a buscar alianzas y coaliciones, en especial cuando se trata de defender los principios y las libertades fundamentales.

El Salvador es un país pequeño y pobre. En la mediciones internacionales se nos suele ubicar entre los países de renta media. Y ciertamente estamos mejor en algunos aspectos que otras naciones centroamericanas o caribeñas. Pero no podemos decir que estemos bien. La pobreza afecta a una tercera parte de la población, la desigualdad inunda una gran cantidad de aspectos de la vida económica y social, nuestra institucionalidad es deficiente y la corrupción, la arbitrariedad y la violencia continúan siendo una rémora para el desarrollo. Son problemas viejos y nunca solucionados, a pesar de los discursos tanto del pasado como del presente. Sin embargo, El Salvador y su gente nunca han dejado de lado la esperanza. Es importante, por tanto, analizar en qué ponemos la esperanza. Mucha de nuestra gente, desesperada por tantos años de pobreza y desatención, pone la esperanza en el norte. Los migrantes muestran con frecuencia la capacidad de nuestra gente de salir adelante cuando se le ofrecen algunas mejoras, aunque sean pequeñas. El país, lamentablemente, no les ofrece oportunidades y la gente continúa migrando. Otros ponen su esperanza en los hijos y se matan trabajando para que estos sean profesionales y estén mejor que ellos. Los vínculos familiares son fuertes, aunque con frecuencia la pobreza, el machismo y la violencia dificulten la vida familiar. No faltan los que ponen la esperanza en la política, en el negocio y el emprendimiento, en la profesionalidad y el conocimiento. Pero ni la política, ni la empresa privada, ni el conocimiento han logrado aportar el diseño de un país más justo y equitativo, que sea convincente para la mayoría. Las desigualdades y el favoritismo clientelista rompen con frecuencia las esperanzas que nacen de esas tres grandes dinámicas sociales. Por eso debemos preguntarnos qué podemos hacer. Cuando estamos con esas dudas es fácil poner la esperanza en el autoritarismo. Deseamos a veces que alguien resuelva los problemas desde la fuerza si es preciso, y que desde arriba nos den un futuro mejor. Pero el autoritarismo en una sociedad tan injusta como la nuestra difícilmente supera la desigualdad. Los mismos que están en el poder no quieren salir de su comodidad y sus burbujas privilegiadas. El único camino que queda para satisfacer la esperanza de la gente es una solidaridad activa, de carácter político, que sepa unificar los muchos deseos serios de un país mejor. Una solidaridad que comience por tener un buen proyecto nacional de realización común que garantice que nadie va a quedar en la miseria, que desarrolle verdaderas redes universales de protección social, que redistribuya la riqueza a través de una inversión seria en la gente y que apoye simultáneamente la creatividad y la austeridad. Quienes caminen en esa dirección tendrán que resistir las trampas, ofertas engañosas e incluso amenazas de las élites que no deseen perder sus privilegios. Un partido político con un proyecto de realización común abierto a todos, con un claro ordenamiento ético y con capacidad de exigir responsabilidades tanto dentro como fuera de sí mismo no ha sido fundado todavía en El Salvador. Y muy probablemente tampoco abundan en otros países, incluidos los desarrollados. Iniciar la trabajosa tarea de pensar, proponer y difundir un proyecto; garantizar éticamente que este es posible; y resistir en la tarea en medio de las dificultades son pasos necesarios para que la esperanza tenga color político y se vuelva realidad dentro del país.

El Gobierno de Bukele acaba de establecer un nuevo puesto en la estructura de la Presidencia: el comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión. No es la primera vez que se produce un nombramiento de este tipo. En el período inmediato anterior al actual, el de Sánchez Cerén, se nombró una comisionada presidencial para los derechos humanos. Curiosamente, ambos nombramientos han coincidido con la misma persona al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero. En el pasado, ni la comisionada ni la procuradora hicieron nada significativo en su campo de responsabilidad. En la actualidad, al cargo se le añade auditar la libertad de expresión, en un momento en que abundan las quejas de ataques a los periodistas. Y se ha eligido como comisionado a un abogado colombiano experto en persecución de delitos informáticos. La coincidencia de que se nombre este tipo de comisionados cuando está al frente de la Procuraduría la misma persona hace pensar que algo está mal; la duplicación de funciones suele ser mala señal. Hasta el momento, la única explicación oficial del nombramiento del comisionado ha sido la de un supuesto interés gubernamental de proteger los derechos humanos. Sin embargo, ello contrasta con el discurso del presidente y los suyos, siempre agresivo con los defensores de derechos humanos y los periodistas. Cualquiera que sea la razón del nombramiento, el hecho de que haya un nuevo puesto gubernamental para el área deja en claro que las constantes acusaciones de violaciones a derechos humanos son fuente de preocupación para el Gobierno. Y eso, más allá de lo que haga el nuevo comisionado, en conjunto o en paralelo con la procuradora, podría entenderse como una buena noticia: al fin el Ejecutivo comienza a darse cuenta de que la violación de derechos humanos causa daño al país en todas las esferas, tanto nacionales como internacionales, y que la propaganda, por intensa que sea, no sustituye la objetividad de lo que pasa en las calles y cárceles. Ahora bien, por ser los derechos humanos una especie de moralidad externa al poder del Estado, el nuevo comisionado presidencial, al estar inserto en la política de turno, nunca generará confianza. Los derechos humanos, además, gozan de un enorme desarrollo jurídico y legal, y tienen su propia institucionalidad dentro del marco de las Naciones Unidas y, en el caso de América Latina, de la Organización de los Estados Americanos. Una institucionalidad que, más allá de las debilidades propias de la ONU y la OEA, apoyará siempre a la sociedad civil cuando esta reclame prácticas reñidas con los derechos humanos y con los convenios que los respaldan, basados en la igual dignidad de la persona. Durante la guerra civil, el Estado salvadoreño tuvo su propia Comisión Gubernamental de Derechos Humanos. Esta se dedicaba a, por un lado, desacreditar a la guerrilla y, por otro, ocultar los atropellos, abusos y múltiples y continuos delitos que cometían el Ejército y los cuerpos militarizados de seguridad. La Comisión Gubernamental fracasó en su intento de desfigurar la realidad de aquel entonces. Hoy, cuando expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que en El Salvador existe una verdadera crisis de respeto a los derechos humanos, es de rigor tener en cuenta las farsas y fracasos del pasado, e iniciar un diálogo serio con la comunidad nacional de defensores de derechos humanos. Solamente de esa manera se podrá corregir el desprestigio creciente en este campo.

Tema: Análisis de la Realidad Nacional Invitado: P. Andreu Oliva, rector de la UCA ⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

La seguridad ciudadana no llega hasta los escenarios deportivos, aun cuando hay riesgos dada la masividad del aforo y el entusiasmo, no pocas veces desbordado, de los fanáticos. La tragedia del fin de semana pasado es producto de una mezcla de falta de prevención e incapacidad, o desidia, para gestionar aglomeraciones. El respeto a los fanáticos y a la vida humana debiera ser prioridad para los organizadores de eventos como los deportivos. Desde hace tiempo existen indicios de la operación de mafias en el mundo del futbol, las cuales han proliferado a ciencia y paciencia de las autoridades de siempre. El futbol no es la excepción; la presencia de las mafias se atisba en los ámbitos importantes de la vida social. Prontamente, Bukele amenazó con “una investigación exhaustiva” de los equipos, los directivos, el estadio, la boletería, la liga, la federación y un largo etcétera. A primera vista, la intervención es prometedora, pero al recurrir a la fórmula de los de siempre, augura el resultado de siempre. Es un tópico nacional prometer investigaciones exhaustivas, que se agotan en el afán de la exhaustividad. Tal vez ahora sea diferente. Ciertamente, Bukele tiene una gran oportunidad para investigar las causas de la estampida, para identificar a los responsables, “sean quienes sean”, y presentarlos ante la justicia, y para aprender de la experiencia cómo prevenir estas tragedias. Pero el tono destemplado de la promesa es inquietante. Tiene mucho de exabrupto propagandístico y poco de compromiso con las víctimas y sus familias. Está repetidamente comprobado que lo suyo no es la investigación, la transparencia y la rendición de cuentas. Los policías y los fiscales no indagan para identificar a los criminales, sus motivaciones y los detalles del crimen, sino que cumplen órdenes superiores. La mayoría de los jueces permite el fraude procesal para contentar a sus superiores. Salen del paso endosando crímenes a inocentes, a quienes exhiben como culpables, sin presunción de inocencia ni defensa; y las sentencias son ratificadas por las redes digitales. Sería muy raro que esclarecieran los hechos que provocaron la estampida. Tal como es habitual, acusarán a los menos responsables o a inocentes. De hecho, las primeras sanciones han caído sobre los aficionados y los jugadores. La verdad no es el fuerte de Bukele, sino el cerco militar y la batida. Se impone, pues, tender uno alrededor del escenario de la tragedia. Ahí hicieron su aparición el ministro almirante y su séquito, armados con fusiles de asalto. También hubo soldados entrenados para mantener el orden público. Pero estos no distinguieron entre la protesta violenta y la estampida. A esta le dieron el mismo tratamiento gaseoso que suelen dar a la otra. Aunque popular, la militarización no resuelve los desafíos sociales. Los miles de soldados y policías desplegados en Nueva Concepción tampoco identificarán al autor del asesinato del agente. No han sido enviados a investigar su identidad y sus motivos, sino a reprimir y, de paso, exhibir los “juguetitos” que Bukele les ha regalado. Por tanto, no tienen pruebas contra las decenas de capturados. Es imposible que las hayan reunido en tan poco tiempo. Si los agentes de Bukele se hubieran acercado a las comunidades, habrían escuchado versiones que hablan de un ajuste de cuentas entre policías pandilleros. La bala asesina fue disparada por una de las pistolas que el mismo Bukele entregó a la PNC, se dice. El autor del asesinato, según los lugareños, es un pandillero policía y el motivo, un ajuste de cuentas. Así, pues, la víctima, elevada a héroe por el arrebato de Bukele, sería otro pandillero. Si desconoce estos datos, alguien lo ha mal informado y le oculta la existencia de pandillas en la policía. Al parecer, el encubrimiento opera también en las interioridades del régimen. La investigación policial y fiscal, y la supervisión independiente de ambas instituciones le habrían ahorrado las diatribas y las maldiciones coléricas, impropias de un estadista. También podrían evitar la impunidad de un asesinato cometido en las filas policiales y habrían librado a las comunidades de las vejaciones del régimen de excepción. Si estaba al tanto de lo ocurrido, el cerco militar en Nueva Concepción no persigue pandilleros, sino popularidad a costa de unas comunidades que merecen cuidado y no represión. El cerco militar y la batida no excusan la investigación rigurosa e independiente. Más aún, sin investigar, el control territorial es cuestionable, tal como lo evidencia el asesinato del policía, que desató la furia presidencial. Inútilmente, porque el enemigo también lo tiene dentro. Una prueba más de la corrupción que corroe las interioridades de su gestión. El régimen de los Bukele ha demostrado gran capacidad para reprimir, pero no para prevenir estampidas, ni catástrofes medioambientales, ni el rodamiento de vehículos pesados en condiciones inaceptables, ni la circulación anárquica del transporte colectivo. El régimen se conforma

El sábado 20 de mayo, el país vivió una tragedia que dejó una docena de personas fallecidas y más de un centenar de heridos y golpeados. Lo que debería haber sido una fiesta deportiva en el estadio Cuscatlán se convirtió en una noche de dolor y muerte. El hecho se investigará con más o menos seriedad, se formularán posibles explicaciones a lo ocurrido, se señalará a supuestos culpables, pero por sobre ello permanecerá la muerte de quienes solo buscaban un momento de esparcimiento y el dolor de las familias que han perdido a un ser querido. Por otra parte, en estas últimas semanas, graves y aparatosos accidentes de tránsito han causado una larga serie de víctimas mortales. Al final de cada año, las estadísticas cuentan por miles los salvadoreños y salvadoreñas que pierden la vida o quedan terriblemente lesionados en accidentes de tránsito, siendo esta una de las primeras causas de muerte en el país. Según las autoridades, las causas de los accidentes son siempre las mismas: exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, distracción del conductor, imprudencia peatonal o desperfectos mecánicos. Todas ellas pueden evitarse. Es importante asumir esta realidad tan dolorosa, no para aceptarla como algo sobre lo que nada se puede hacer ni entenderla como un destino fatal, sino para tomar acciones eficaces que lleven a prevenirla y evitarla. En todos los hechos en que intervienen personas es posible encontrar un comportamiento irresponsable o doloso de parte de alguna de ellas. En la tragedia en el estadio Cuscatlán, se investiga la sobreventa de entradas, la falsificación de boletos, la falta de organización, la negativa a abrir más puertas para facilitar el acceso ordenado del público y el cierre temprano de los portones, que provocó que gran cantidad de aficionados se quedaran fuera del estadio. Uno de estos factores o la combinación de varios de ellos causó muerte y lesiones. Queda en manos de la PNC, la Fiscalía y las autoridades del fútbol realizar una investigación seria, transparente y creíble para determinar responsabilidades e implementar medidas de fondo, no cosméticas ni propagandísticas. Lo mismo cabe decir de los accidentes de tránsito. Hace falta un interés real y permanente por hacer cumplir las regulaciones que la ley ya contempla para garantizar el buen estado de los vehículos; se necesitan más policías de tránsito en las calles para vigilar y penalizar a los conductores infractores; se requiere más protección para los peatones y empezar a pensar las ciudades y vías de tránsito más en términos de personas que de vehículos. Y por supuesto, es fundamental que todo conductor sea responsable y asuma lo que significa ponerse detrás de un volante. Manejar con prudencia, respetando a los demás, está al alcance de todos y evitaría muchas de las muertes que ocurren en las carreteras. Cambiar de actitud, dejar a un lado la irresponsabilidad y el egoísmo, actuar cívicamente y cumplir rigurosamente la ley son pasos esenciales para prevenir y evitar tanto dolor entre las familias salvadoreñas.

Las desapariciones son siempre una tragedia. Ante ellas, el Estado tiene la grave obligación de desarrollar protocolos de búsqueda, mantener políticas de atención a los familiares de las víctimas y crear cuerpos especializados de investigación eficaces y rápidos. Es evidente que dada la frecuencia de las desapariciones, la costumbre policial de esperar 72 horas antes de comenzar a indagar debe abandonarse. Alguna gente reaparece, otra queda en el olvido y un porcentaje relativamente alto ha muerto asesinada y se ha ocultado su cadáver. El caso de la policía Karla Ayala, asesinada y ocultada por un agente junto con cómplices pertenecientes a grupos de exterminio, es un caso que puede servir de ejemplo. Hay salvadoreños que desaparecen cuando emigran a Estados Unidos. Son secuestrados para obtener rescate y, en el caso de muchas mujeres, para hacer trabajos en formas muy semejantes a las de la esclavitud. El hecho de ser extranjeros en los lugares donde desaparecen dificulta tanto la investigación como la persecución de los victimarios. Por eso, tener una buena red de consulados a lo largo de las rutas migratorias es una responsabilidad de los Estados centroamericanos con abundancia de migrantes. La desaparición es considerada como un delito permanente hasta que la persona o su cuerpo no reaparece. El trauma de permanecer desaparecido un tiempo, si la víctima sobrevive, es duro y duradero. El dolor de familiares y seres queridos es sumamente angustioso. Según un estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil reportó recientemente un total de 4,060 casos de desapariciones en unos dos años y medio. El Balance Humanitario 2022-2023 del Comité Internacional de la Cruz Roja indica que en El Salvador hubo 692 personas desaparecidas en 2022. En general, las víctimas son jóvenes. Y en el caso de mujeres jóvenes desaparecidas, la mayoría es encontrada asesinada, abandonada en parques públicos o en tierras baldías. Las más de las veces los victimarios entierran los restos de sus víctimas en fosas o cementerios clandestinos, con el fin de que sus crímenes queden en la impunidad. El hecho de que gran parte de las víctimas sean de estratos poblacionales en situación de pobreza o vulnerabilidad no debe ser excusa para la inacción. Los datos nos dicen sin duda que el Estado salvadoreño tiene una deuda pendiente. El informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos afirma que “no hay cifras homologadas ni registro que permitan a las autoridades vinculadas a la búsqueda de personas sistematizar la información de los casos ocurridos en contextos de violencia, de migración y del conflicto armado del pasado”. La creación de un registro único y un sistema de búsqueda que incorpore diferentes estrategias de colaboración interinstitucional es cada vez más urgente. Tener una relación fluida con los familiares de los desaparecidos es una responsabilidad de primer nivel. Las desapariciones fueron plaga en el pasado, continuaron siendo un problema en la posguerra y persisten en el presente. Enfrentarlas, desarrollar políticas y procedimientos adecuados, invertir más en la capacidad de investigación de la PNC y crear cuerpos especializados que atiendan los casos son los pasos mínimos a los que está obligado el Estado.

La seguridad ciudadana ha sido una conquista de los Estados democráticos, alcanzada a base de crear un cuerpo policial profesional, eficiente, con una disciplina interna seria, con salarios decentes y con una relación cercana con la población. Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia y España, por ejemplo, rondan la cifra de un homicidio por cada 100 mil habitantes. Incluso países que han sufrido graves problemas de violencia en el pasado reciente, como Bosnia o Egipto, han logrado ese mismo bajo nivel de homicidios. En El Salvador, durante los años que lleva gobernando Nuevas Ideas, se ha bajado a 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes desde una cifra cercana a los 50 en 2018. Una buena parte de la población lo entiende como un éxito y, por supuesto, el Gobierno presume de los datos y afirma que su modo de luchar contra la violencia es el más correcto. ¿Es en verdad así? ¿El método salvadoreño es el mejor? Si no lo es, se corre el riesgo de volver, pasado algún tiempo, a la situación de antes. El método salvadoreño ha consistido en el uso masivo de la fuerza, en desmedro de la inteligencia y la investigación. No han importado los errores y las detenciones arbitrarias, que ya pasan de cinco mil, ni el acoso a ciertos sectores de la población, en especial a jóvenes de barrios marginales y de ciertas áreas del campo. Se ha conseguido el objetivo básico, muchas veces exigido por la ciudadanía, de bajar el número de homicidios. A la Policía se le ha dado el derecho a decidir sobre la detención de una persona sin necesidad de investigación previa. Una denuncia anónima, un tatuaje, el lugar de vivienda, un antecedente policial, una simple sospecha o el nerviosismo producido por el interrogatorio de agentes y militares fuertemente armados se puede convertir en causa de detención. Una privación de libertad de varios meses acompañada de decisiones judiciales que pasan múltiples casos a instrucción sin contar más evidencia que la presunción policial de que los detenido están vinculados a pandillas. El método es deficiente. La mejora de la investigación produce resultados estables y de largo plazo; en contraste, el uso de la fuerza y la arbitrariedad necesita un régimen de excepción permanente para dar resultados. Los cercos de municipios y ciudades impresionan, pero no garantizan la no repetición de los hechos ni el surgimiento de nuevos brotes de criminalidad cuando la medida se levanta. Además, la masividad de la intervención militar y policial es cara, cansa a la gente por la restricción de libertades que conlleva y no desarrolla capacidad de mejora de procedimientos en la lucha contra el crimen. Y distrae y olvida otro tipo de delitos como los de cuello blanco, e impulsa a una migración cada vez más riesgosa. A la misma Policía la desgasta y la separa de la gente. Por otra parte, es significativo que en medio de tanto anuncio de éxito en la lucha contra el crimen se produzcan suicidios de agentes en un número alarmante. Ante el asesinato de un policía es prioritario realizar investigaciones intensas, dar con los culpables y llevarlos a juicio. Pero dejar en el olvido la atención a agentes en crisis no es lo mejor que se puede hacer en la lucha contra el crimen. Sustituir la estrategia actual por formación policial adecuada, apoyo y desarrollo de la investigación, salarios dignos, disciplina interna y servicios adecuados, además de una mayor inversión en la población, daría resultados de largo plazo que posibilitarían que El Salvador se ubicara entre los países con mayor paz social.

Gracias a su eficaz estrategia propagandística, no limitada al ámbito nacional, Nayib Bukele ha logrado trascender fronteras. Sobre todo países con serios problemas de violencia y criminalidad, como Honduras y Colombia, vuelven su mirada a El Salvador. Políticos de la ultraderecha de Colombia lo citan con nombre y apellido, y algunos hasta anuncian viajes para ver de cerca y “aprender” de lo hecho acá. Lo cierto es que el modelo implementado por Bukele no es muy complicado ni nuevo: sigue recetas ya aplicadas por gobiernos autoritarios del pasado, pero sumando el ingrediente de las nuevas tecnologías de la información, que imprimen gran velocidad a las noticias falsas y amplifican su impacto. Si se quiere tener el éxito de Bukele en materia de seguridad, basta seguir el manual de bolsillo de cualquier autócrata. No hay misterio. Lo primero a garantizar es un buen respaldo social. Luego se decreta estado de excepción para hacer a un lado los derechos humanos y aplicar mano dura. Paralelamente, se compra o remueve a los fiscales y jueces retrógrados que quieran aplicar la ley y se guíen por principios democráticos, sustituyéndolos por empleados que no contradigan la voluntad del mandatario, que sean tan leales que llamen negro al blanco si él lo dice. Se mete a la cárcel a todos aquellos que no sirvan para los fines del oficialismo, pero no se toca a aquellos con los que alcancen pactos bajo la mesa. Más bien se les protege, así como a los funcionarios que negocien con ellos. Cada acción del gabinete de seguridad debe estar acompañada de una estrategia mediática. Cada una, por pequeña que sea, a fin de que la gente crea y defienda que es necesario violar derechos humanos a cambio de tener tranquilidad. Complementariamente, se atiza el odio contra los criminales, despojándolos de su condición humana de modo que hasta el más cristiano aplauda que se les maltrate e incluso extermine. Como ventaja extra, el régimen de excepción permitirá meter en cintura a los que critiquen y adversen las medidas del régimen; bastará inventarles un caso y hacer planear sobre ellos la posibilidad de encarcelarlos. Además, se manipula la estadística oficial y se niega toda información. No se contabilizan como homicidios los hallazgos de osamentas en fosas clandestinas, ni los asesinados en centros penales, ni los muertos en los enfrentamientos con fuerzas del orden. En el proceso, habrá gente inocente capturada. Pero ello servirá para sembrar miedo en el resto de la población, que preferirá guardar silencio por temor a ser encerrada en un infierno carcelario sin derecho a defensa ni a visita familiar. El estado de excepción se renovará in aeternum. Mientras la guerra contra los criminales siga en marcha, habrá mano libre para hacer lo que venga en gana, pues la gente estará prestando atención a los logros del Gobierno, no a sus vicios y miserias. Las seguras críticas de defensores de derechos humanos, tanto de dentro como fuera del país, se contestan acusando a sus autores de apoyar criminales y ser enemigos del pueblo. El gobernante debe demostrar y dejar claro que por el bien de su país está dispuesto a pelearse con todos. Si bien los Gobiernos democráticos lo verán con malos ojos, la gente de a pie aplaudirá. En definitiva, si políticos de otros países vienen a observar cómo ha triunfado el oficialismo, no descubrirán nada diferente a lo que en otras épocas y regiones han hecho políticos autoritarios, a excepción de las redes sociales, que tienen el poder de hacer que una cabaña desvencijada se perciba como un castillo.

Ocultar la información es imperioso. El acceso a las entrañas de Casa Presidencial comprometería seriamente la imagen de Bukele y echaría a pique su mandato. La información es “reservada” no porque comprometa la seguridad del Estado, sino la viabilidad de la gestión de los Bukele. ¿Cómo informar a los cotizantes de los fondos de pensiones de la multimillonaria pérdida del valor de sus ahorros? ¿Cómo decirles que sus intereses fueron sacrificados para dar un respiro a una hacienda pública exhausta? ¿Cómo reconocer que el retraso en el pago de los salarios y los proveedores, la escasez de alimentos en las escuelas y de medicamentos en los hospitales y el seguro social, y las obras empezadas para luego ser abandonadas se deben a la falta de liquidez? Si la gestión fuera tan brillante como alega, la información sería abundante y minuciosa, pues redundaría en la grandeza de Bukele. La mediocridad y la corrupción obligan a difundir cuanta obra comienza, está en desarrollo o concluye, por pequeña que sea. Mejor poco e insignificante que nada. La multiplicación y la repetición crean la impresión de mucho y grandioso. Casa Presidencial agita las redes digitales con trivialidades para proyectar una imagen fascinante. No puede dar acceso a sus interioridades sin cometer un suicido social y político. La podredumbre que encierra dejaría sin palabras a propios y extraños. El silencio es, pues, imprescindible, así como también la información a medias o adulterada, y la mentira descarada. No hace mucho, uno de los pilares del gabinete de seguridad expresó que ninguno de ellos, “mucho menos el presidente [podrían] dormir tranquilos si llegamos a condenar a un inocente”. A los colombianos no los soltaron para evitar el insomnio. La desesperación de las madres y las mujeres de los detenidos, que aguardan noticias de sus seres queridos en los alrededores de las cárceles, es tan despreciable que no les quita el sueño. Las vigilias interminables y los reclamos de estas mujeres, aunque latosos, los ignoran. No encajan en el guion presidencial. Tampoco las mujeres que se desloman en una maquila, las que arrastran carritos con la venta o la cargan sobre su cabeza, las que buscan a sus hijos desaparecidos o sepultan los cadáveres salidos de las cárceles, las que se prostituyen para comer, las que son víctimas de la violencia machista o la abuela que cuida a nietos abandonados. Estas mujeres son repulsivas e insufribles para el régimen, que solo tiene ojos para las surfistas, las evangelistas de la criptomoneda y las mises. Una mentira lleva a otra más inverosímil. Bukele y sus repetidores se han felicitado por haber alcanzado 365 días “no consecutivos” sin homicidios. Pero su contabilidad es muy defectuosa; solo registra los asesinatos cometidos por los pandilleros. No cuenta el homicidio común y corriente ni los presuntos pandilleros caídos en sospechosos enfrentamientos armados con sus agentes. Tampoco los desaparecidos ni los casi doscientos detenidos aniquilados en sus cárceles, víctimas de la tortura y de toda clase de negligencias. La desaparición de los homicidios no es reflejo, como aduce otro emisario de la seguridad, de políticas “certeras, precisas, valientes, firmes y estratégicas”, sino una vulgar manipulación de los números, que intentan esconder acumulando adjetivos. El régimen vive una especie de esquizofrenia estructural. Por un lado, cultiva una realidad grandiosamente única, inconmensurable e inimitable para quien no sea Bukele. Por otro, rehúye la realidad de la mayoría de la gente, la silencia o la niega. Sin embargo, las dos están inextricablemente vinculadas. La realidad negada es consecuencia directa de la realidad de las minorías privilegiadas, aglutinadas alrededor de los Bukele. La coexistencia de estas realidades incompatibles es fuente de tensiones y conflictos, que las redes digitales de la Presidencia intentar sortear. Un esfuerzo reñido con la integridad y la transparencia. Siempre es posible optar por ellas, pero eso implicaría un giro radical, para el cual se requiere cercanía y diálogo con las mayorías despojadas de su dignidad; valentía e inteligencia para dar el paso y elaborar un proyecto viable; especialistas o parteros que lleven a buen fin la conversión a la honestidad, la eficiencia y la diafanidad, y, sobre todo, seguridad en sí mismo. El régimen no apuesta por ello, confiado en que puede mantener juntas las dos realidades antagónicas con imágenes que alimentan deseos y fantasías. La fortaleza y la debilidad del régimen de los Bukele se encuentran, pues, en la imagen. Por eso, la inversión en ese rubro es tan fuerte. Mientras disponga de dólares y sea creíble, es viable. Pero siempre existe el riesgo de que el descontento social, combinado con la inviabilidad de las finanzas públicas, enturbie el brillo de la imagen presidencial. En el momento que pierda la credibilidad, el régimen habrá llegado a un punto de no retorno, ya que, para recuperarla, tendría que mostrar la verdadera realidad, l

A menos de nueve meses de las elecciones presidenciales y legislativas, previstas a realizarse el 4 de febrero del próximo año, el proceso electoral está lleno de incertidumbres. A la fecha, poca certeza hay sobre el voto electrónico y el voto por Internet. Sigue en el aire la posibilidad de que el oficialismo decida reducir, a conveniencia, el número de diputados y de municipios. No se sabe si la Asamblea Legislativa realizará cambios en la legislación electoral, luego de que se otorgara esta potestad al eliminar el artículo 291-A del Código Electoral, que prohibía realizar modificaciones en los 12 meses previos a la celebración de una elección. Pese a toda la propaganda y los esfuerzos por potabilizar la ilegalidad de la reelección presidencial, la candidatura de Bukele aún no se oficializa. Para los que creen en la democracia y en el valor de la libre elección de funcionarios y gobernantes, así como en el profundo respeto que merece la voluntad popular, la integridad de un proceso electoral como el que realizará El Salvador en 2024 es de suma importancia. Como ocurre cada 15 años, entre el 4 de febrero y el 3 de marzo próximos se elegirán todos los cargos de representación popular: el presidente y vicepresidente de la República, los diputados de la Asamblea Legislativa, los 262 gobiernos municipales y los 20 representantes de El Salvador en el Parlamento Centroamericano. Son varios los cuestionamientos que ponen en tela de juicio la integridad del proceso electoral del próximo año. Uno de los más importantes es acerca de la capacidad del Tribunal Supremo Electoral para organizar y realizar el proceso con la transparencia, independencia y confiabilidad requeridas para garantizar que sea justo y se respete tanto la ley como la voluntad popular. Declaraciones de los mismos magistrados del Tribunal han mostrado los conflictos y dificultades del ente para tomar decisiones, y son evidentes los retrasos que ello provoca en la adecuada organización de las elecciones 2024. Tampoco se observa en el Tribunal una genuina independencia respecto a las posiciones del oficialismo ni un interés por frenar los excesos y violaciones a la ley electoral de algunos partidos políticos, que han iniciado una campaña electoral adelantada, especialmente en el extranjero. Igualmente preocupa que la votación en el extranjero se realice de forma legítima, transparente e íntegra, dado que la misma ley que le dio vida no prevé la vigilancia de los partidos políticos en contienda en las mesas electorales que se instalen en el exterior, así como se hace a nivel nacional. Un hecho que se suma a la forma en que se ha legislado el voto por Internet: quienes escojan esa vía tendrán mucho tiempo para votar y hará falta un verdadero registro electoral que asegure la identidad del votante y que solo pueda ejercer el sufragio una vez. La integridad electoral, es decir que el proceso garantice el sufragio universal, se realice con transparencia y en igualdad de condiciones para todos los participantes de modo que el resultado responda a la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto, es fundamental para que los nuevos funcionarios ejerzan su rol legítimamente y con autoridad. Esta debería ser la principal preocupación del Tribunal Supremo Electoral, de los miembros de la Asamblea Legislativa y de todos los partidos políticos. Sin garantías de integridad electoral no es posible hablar de democracia, ni de respeto a la voluntad popular, ni de legitimidad en el ejercicio del poder.

Innumerables veces hemos oído a abogados y juristas decir que los convenios internacionales suscritos por El Salvador son ley de la República. Se añade, además, normalmente, la afirmación sustentada desde la Constitución que dice textualmente que “la ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado” (artículo 144). Como en la actualidad la Constitución se lee de modos desiguales y peregrinos, según sean los gustos políticos, sería interesante que los juristas aclararan si el actual régimen de excepción, con su duración de más de un año, es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada desde hace ya bastantes años por nuestro país. Y digo juristas, porque entre lo profesionales del derecho hay que distinguir, al menos desde la observación empírica, tres tipos diferentes de abogados: los “abogánster” del dólar, que trafican con el derecho; los abogados sanguijuela, que chupan la economía de los pobres; y los que tratan de aplicar el derecho con seriedad, a los que podemos llamar juristas. Pero retornando a la Convención, cualquiera que la lea puede detectar el incumplimiento sistemático de la misma por parte del llamado régimen de excepción. Es cierto que el artículo 27 de la Convención afirma que en determinados casos los Estados podrán “adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención”. Pero al mismo tiempo añade que la disposición que hemos citado no puede autorizar la suspensión de algunos derechos, entre los que se encuentra el derecho a la integridad personal, además de “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Pero en la realidad cotidiana vemos que no hay garantías judiciales que protejan ni el derecho a la integridad personal, ni el derecho a no sufrir tratos crueles o degradantes, ni el derecho a ser “tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El hecho de que un ministro del actual Gobierno, con título de abogado, acuse indiscriminadamente de “asesinos seriales” a un montón de personas, asegurando al mismo tiempo que no tienen capacidad de reinserción social, choca con la afirmación de la Convención en el mismo artículo ya citado, que insiste en que “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. Y por supuesto, no hay garantías judiciales que protejan de ese tipo de afirmaciones. Desde hace ya algún tiempo, palabras y conceptos evolucionan rápidamente al compás de la política. En vez de reflexionar sobre lo cierto de frases o palabras, compromisos o normas establecidas, se prefiere utilizar arbitrariamente el lenguaje. Con ello se dificultan las posibilidades de diálogo. Los juristas, que deberían establecer la realidad de las obligaciones y responsabilidades legales del país, quedan sepultados y sin poder ser escuchados a causa del parloteo y el discurso arbitrario que nace desde el poder, más que desde las leyes. Los ilustrados del siglo XVIII pedían frente al despotismo regio “que nos gobiernen leyes y no personas”. Dieron origen así a la democracia como gobierno de leyes construidas sobre la razón y la búsqueda del bien común. Casi trescientos años después, la tendencia al autoritarismo ha ido creciendo en muchos países. Y aunque algunos abogados continúan defendiendo la racionalidad y la claridad y exactitud del lenguaje, el pragmatismo legal de quienes respetan más al poder que a la norma se va imponiendo, muchas veces por miedo. Defender los textos legales vigentes, la racionalidad de los mismos y el sentido objetivo del lenguaje se ha vuelto una tarea en la que deben participar cada día con mayor empeño no solo los juristas, sino también la sociedad civil.

A medida que pasa el tiempo se va descubriendo que el pensamiento y las actitudes del oficialismo no solo se salen de los criterios democráticos y de derechos humanos, sino también de la racionalidad y la común comprensión del idioma. El período presidencial inmediato anterior que impide la reelección, según representantes del Estado, ya no es de cinco años, sino de seis meses. La Corte Suprema de Justicia pretende desconocer el sentido de la afirmación constitucional que señala que los períodos presidenciales son de cinco años. Los tratos que se da a personas privadas de libertad son para las instituciones internacionales de derechos humanos crueles, inhumanos y degradantes, pero para diversos funcionarios gubernamentales es el trato normal y digno. Con su silencio, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos parece avalar ese pensamiento oficial. Sería demasiado largo enumerar la lista de afirmaciones de altos funcionarios que se contradicen con la realidad. Con frecuencia, confunden el paternalismo populista con el respeto a la dignidad de la persona, el autoritarismo con el orden democrático, el insulto con la verdad. Si en todos los Gobiernos que ha tenido el país hubo personajes enemigos de la verdad, la actual administración no ha marcado ninguna diferencia. El poder y el control del mismo se han convertido en sustitutos de verdades básicas, y lo que importa son los sentimientos. Si en las encuestas las personas muestran su satisfacción con la reducción de los homicidios, eso quiere decir que todo se está haciendo bien, aunque se perpetren injusticias contra inocentes y se multipliquen los testimonios que dan fe de que se tortura a la población reclusa. La posición de la minoría se convierte en atentado contra la felicidad del poder. Se les acusa de ser malos salvadoreños que traicionan los ideales nacionales. Ofrecer resultados sin analizar los medios utilizados resulta siempre más provechoso en términos inmediatos; desde la lógica oficial, el futuro está asegurado si se tocan fibras de sensibilidad que convenzan a los ciudadanos. Sin embargo, la historia muestra que cuando la verdad se sustituye por emociones que ensalzan el poder constituido, los resultados en el mediano y largo plazo son siempre negativos. Los creadores de sentimientos nacionales llegaron a tener un gran poder en el siglo XX, aunque tanto ellos como sus creaciones se desvanecieron rápidamente. La humanidad ha desarrollado criterios de verdad desde la conciencia de la igual dignidad de la persona humana. Y criterio significa reflexión crítica, discernimiento. Por supuesto, los sentimientos forman parte de la vida social y complementan a los criterios, pero no son dueños de la conciencia. El hecho de que en el país predominen hoy los sentimientos sobre los criterios racionales y que el liderazgo político desprecie y amenace al pensamiento crítico no significa que los sentimientos no puedan cambiar. Al contrario, si algo hay cambiante son los sentimientos políticos. Basta recordar que antiguos presidentes que gozaron en algún momento de una enorme popularidad y simpatía hoy están profundamente desprestigiados. Solo las personas con criterio, con juicio claro sobre la injusticia y sobre la necesidad de solidarizarse con las víctimas se mantienen firmes en el largo plazo en la valoración popular. Los ataques y los insultos, las construcciones ideológicas edificadas sobre mentiras, medias verdades y emociones desaforadas terminan disolviéndose en el polvo de la historia.

En sus países se les teme, porque necesitar todo y no poder satisfacer nada suele llevar a acciones desesperadas. Por eso las casas y colonias se amurallan. A los poderosos les conviene que sigan siendo pobres, porque es más fácil que se conformen con ganar poco ante la falta de alternativas. Y ante la permanente situación de calamidad, se puede manipular fácilmente a muchos de ellos. Cuando se convierten en migrantes, los que antes eran temidos y excluidos son considerados héroes, porque mandan remesas y con ello mantienen la economía que los expulsó. Pero en los países de destino también se les teme, y por eso las murallas físicas, legales y diplomáticas que se levantan en su contra. En Estados Unidos, en el marco de la pandemia, se decretó una medida sanitaria, el Título 42, que permitía expulsar rápidamente a los migrantes que entraban ilegalmente al territorio por las fronteras de Canadá y México, aduciendo que representaban un peligro de contagio del covid-19. Solo los menores de edad se salvaban de la deportación exprés. Desde que se aprobó la medida, el 20 de marzo de 2020, durante el Gobierno de Donald Trump, hasta marzo de 2023, la deportación se aplicó 2.8 millones de veces para expulsar migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país del norte. Además, el Título 42 detuvo el sistema de asilo. Aunque muchos migrantes llegaron a Estados Unidos para escapar de algún tipo de persecución en su país de origen, no pudieron presentar su caso como facultan las leyes estadounidenses y estipulan los parámetros internacionales de derechos humanos. La medida llegó a su fin el pasado 11 de mayo. Miles de migrantes latinoamericanos apostados en el lado mexicano asumieron que con ello podrían cruzar sin ser expulsados de inmediato. Sin embargo, la presión política y los cálculos electorales hicieron que el mismo día que terminó el Título 42 entrara en vigencia el llamado Título 8, que estaba vigente antes de la pandemia y fue reformado para volverlo más restrictivo. Las nuevas reglas del Gobierno demócrata castigarán severamente a quienes entren de manera ilegal y recompensarán a quienes soliciten hacerlo por la vía legal. Quien entre sin documentos perderá el derecho a solicitar asilo; a quien intente ingresar de nuevo sin documentación, se le prohibirá el reingreso por cinco años y podrá enfrenar procesos legales. Además, el Gobierno estadounidense tiene proyectado abrir “centros regionales de procesamiento” en Guatemala y Colombia, que no son más que una reedición de los terceros países seguros. A dichos centros enviarán a los preseleccionados para aplicar al estatus de refugiado, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo; España y Canadá han aceptado recibir parte de estos migrantes siguiendo el proceso legal. Finalmente, ante la inminencia de una crisis, la administración de Biden ha reforzado con militares la frontera sur de Estados Unidos. No se discute el derecho de los países a controlar el ingreso a su territorio; el problema es perder de vista el factor humano inherente a la migración. Ninguna de las medidas de control y contención será efectiva mientras persistan en los países de origen las causas que obligan a migrar y a buscar protección.

El fiasco es monumental y compromete la imagen presidencial, el punto más sensible del régimen. Deslumbrados por esa imagen, dos jóvenes colombianos llegaron al país de Bukele, convencidos de que encontrarían prosperidad en dólares y seguridad. No encontraron ninguna de las dos, sino el régimen de excepción. Tuvieron la mala fortuna de recalar en una colonia de Soyapango. No podían permitirse un sitio socialmente correcto, como los turistas que disfrutan de las atracciones del régimen. La colonia y la nacionalidad colombiana, asociada a las drogas por sus captores, los perdieron. En las cárceles de los Bukele no los privaron de nada: los humillaron, los torturaron y los hacinaron durante tres meses con otras víctimas de la represión. Su situación cambió cuando la esposa de uno de ellos acudió a las redes digitales —las mismas que usan Bukele y sus secuaces— para denunciar el hecho. En menos de veinticuatro horas, el carcelero mayor en persona los puso en libertad. El segundo capítulo del fiasco es todavía más bochornoso para el régimen de la imagen. Casa Presidencial les pidió “aclarar lo sucedido”, ya que “había sido un error”. Y había también mala conciencia. “Nos dijeron que teníamos que decir que fuimos capturados por un tema migratorio”. Mientras tanto, les pagó hotel, los llevó a comprar ropa y a la playa, les ofreció trabajo, 800 dólares de salario, motos, viviendas con varios meses de alquiler cancelado (incluso se las mostró), y trasladó desde Guatemala a la familia de uno de ellos. Ninguno aceptó el chantaje y decidieron regresarse por donde habían venido. Antes de partir, grabaron un video con la versión oficial. Casa Presidencial reforzó el relato con imágenes grabadas en la playa, que los muestran disfrutando en grande de una de las atracciones turísticas más cuidadas, un mes antes de su liberación, cuando aún eran huéspedes de sus cárceles. Bukele las reprodujo para desacreditarlos. La treta fracasó. Los dos huéspedes salieron respondones. “Nosotros no estamos en contra [suya], pero el presidente tiene que tener los pantalones bien puestos y decir las cosas como son”, que muestre los registros de la Policía y las cárceles, dijeron. La experiencia de los dos colombianos es una radiografía de las entrañas del régimen de los Bukele y un aviso para los desprevenidos e incautos, propensos a caer en el engaño de las redes digitales. No fue una simple equivocación; es la otra cara de los Bukele. En este caso, sus huéspedes salieron bien librados gracias a las redes digitales. La circulación de la información, que comprometía seriamente la imagen cool del presidente, movilizó a Casa Presidencial. Le habían dado una cucharada grande de su propia medicina. Rápidamente tomó cartas en el asunto. Quiso comprar a sus víctimas. Les ofreció en abundancia lo que antes les negó. Pero la libertad, los regalos y los ofrecimientos no fueron suficientes para convencerlas de la hospitalidad de Bukele. La mentira y el desprestigio no las amedrentaron. Una vez fuera de su alcance, relataron con detalle su paso por el país. El Salvador no es sitio idóneo para encontrar un trabajo bien pagado en dólares. Tampoco para ahorrar y enviar remesas o para regresar al lugar de origen con dinero. Los interesados deben tomar nota del paso fugaz e infortunado de estos colombianos por el país. Otro dato convincente es que todos los salvadoreños que pueden, lo abandonan. Más todavía, el mismo Bukele, que promete fortuna y seguridad, les crea empleo en Estados Unidos y Canadá. Estos países, necesitados de fuerza de trabajo, le ofrecen la oportunidad de aliviar el creciente desempleo local, para el cual no tiene respuesta. Esto no le impide, sin embargo, despotricar contra el imperialismo estadounidense cuando se le antoja. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es la causa de las desventuras del régimen de Bukele, sino él mismo. El reciente ataque contra ella ni siquiera él se lo traga. Tendría que estar muy ciego para aceptarlo. La andanada, cargada de presagios tenebrosos, que supuestamente buscaba predisponer a los países vecinos contra dicha Comisión y alinearlos con su causa, no es más que otra distracción para alimentar a la fanaticada. Tampoco el dinero de Soros es necesario, ya que el mismo régimen de excepción es su peor enemigo. Por eso, la negación sistemática de la información y la desinformación son indispensables. Casa Presidencial hace lo indecible y gasta millones de dólares en ocultar su incapacidad para gobernar. Impidió la comunicación del cónsul de Colombia con sus conciudadanos y le negó acceso a su expediente, porque el diplomático podía poner en peligro sus maniobras para congraciarse con ellos. Al final, la verdad salió a la luz. En gran medida, por la integridad y la valentía de las dos víctimas del régimen. El fiasco colombiano ha mostrado a otras esposas las posibilidades de las redes digitales para presentar sus casos y reclamos. Una de las fortalezas del régimen es también una de sus grandes de

Las personas hacen crítica de la realidad con conceptos y razones, pero con frecuencia la narración de sucesos imaginarios nos ayudan a entender mejor los problema reales. Un joven creativo e inteligente narraba una historia imaginada que podríamos llamar la parábola del empresario evasor, que nos ayuda a entender mejor tanto los abusos cometidos en el régimen de excepción como los falsos conceptos que se utilizan para defenderlo. El cuento dice así. Un Gobierno de un país cansado de la evasión de impuestos, con el apoyo de la mayoría parlamentaria y con el entusiasmo de la población mayoritariamente pobre, decidió promulgar una ley que permitiera encarcelar a los empresarios, gerentes y profesionales de salarios muy altos solamente por la sospecha de que evadían impuestos. La acusación confidencial contra ellos servía para encarcelarlos por seis meses mientras se estudiaba si sus casos pasaban a instrucción. No tendrían derecho a visita familiar, estarían hacinados y se les exhibiría en calzoncillos largos rodeados de policías bien armados. Si alguno, o varios, de los detenidos resultara que eran inocentes, serían llamados “daños colaterales de la guerra contra la evasión fiscal”. Tras meter en la cárcel al último evasor fiscal, la evasión, que tanto daño hace a los países en vías de desarrollo (a veces llegando a unos niveles semejantes a los de la delincuencia), habría sido eliminada en el país imaginario. Aunque esta historia nunca llegará a ser real ni lo pretende, podemos imaginar el griterío de los poderosos y las presiones que harían contra ese tipo de medidas. En realidad, es un cuento imposible, porque los que serían acusados masivamente de evasión suelen ser demasiado poderosos y tienen medios muy diversos para defenderse. Pero desde el punto de vista ético, tendrían razón: sería una situación intolerablemente injusta. Y lo sería especialmente porque habría destrozado el Estado de derecho, además de dañar la economía, condenar y humillar a inocentes, etc. Esto no quiere decir que no se deba perseguir la evasión fiscal. Pero está claro que debe hacerse siguiendo los procedimientos de presunción de inocencia, indicios serios para una acusación, pruebas suficientes, garantías de defensa y, como suelen decir las Constituciones republicanas, “pronta y debida justicia”. Entre nosotros, la Constitución de la República en el artículo 11 tiene una excelente síntesis de derechos básicos en estos temas. Aunque la historia narrada no ofrece un paralelismo exacto con el actual régimen de excepción, nos da, desde cierta semejanza, elementos de juicio. Porque lo que no es bueno para un sector de la población, tampoco es bueno para otro. Todas las personas tenemos la misma dignidad y nadie debería ser tratado como no quisiéramos que se nos trate. Desde la comodidad que da el poder del dinero, de la política o de cualquier situación privilegiada, se puede ver el abuso frente a los derechos de las personas en la persecución de la delincuencia como un mal menor que consigue un bien mayor. El dinero y el poder dan seguridad y quitan sensibilidad, especialmente ante el dolor de los pobres. Pero más allá de la indiferencia de los afortunados, la tarea de construir el bien común no puede llevarse a cabo a base de dañar a personas inocentes o de violar derechos correspondientes a la dignidad humana, aunque simultáneamente se consigan efectos deseados. Corresponde ahora corregir errores, suprimir la arbitrariedad de un buen número de detenciones, restituir derechos y buscar soluciones laborales para quienes a causa de una detención de varios meses hayan perdido sus trabajos.

Con base en datos oficiales, se publicó recientemente que en paralelo a la reducción del desempleo, el subempleo había aumentado, llegando a afectar al 40% de la población urbana económicamente activa. En un país como el nuestro, cada vez con más gente en las ciudades, el dato es grave. Además, el subempleo en el área rural cubre a un porcentaje mayor dada la dificultad de los campesinos para obtener un ingreso digno. Nadie duda hoy que el trabajo es un deber y un derecho, pero el derecho a un trabajo digno y remunerado con justicia continúa siendo un déficit de la humanidad. Y América Latina presenta el rostro dolorido de un trabajo muchas veces duro, extenuante y muy mal pagado. Si en El Salvador se hiciera depender el subempleo de que la plaza de trabajo esté cubierta por elementos básicos de protección social, como el Seguro Social y el sistema de pensiones, los números serían todavía mayores. La dificultad de acceder a un empleo con un salario digno, que cubra las necesidades básicas de la persona, incluidos sus derechos al descanso y a la cultura, impide que los jóvenes alcancen su autorrealización. El papa Juan Pablo II, comentando el centésimo aniversario del primer mensaje vaticano sobre los derechos de los trabajadores, decía que una sociedad que niega el derecho a un salario justo y decente, y cuyas medidas de política económica “no permitan a los trabajadores alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social”. Revisar las políticas existentes y defender los derechos laborales es obligación del Estado. Y en el caso de El Salvador, no basta defender la legislación vigente, sino que es necesario, por un lado, ampliar las normativas de manera que cubran a toda la población económicamente activa y, por otro, enfrentar las externalidades que puedan afectar a los trabajadores. Son conocidos los casos de empresas extrajeras que abandonan el país sin cumplir las obligaciones con su personal. La destrucción de cosechas por inundaciones a causa de la falta de mantenimiento de los bordos de los ríos es noticia habitual cuando las lluvias son especialmente fuertes. Hoy en día, además, los agricultores enfrentan graves problemas por los altos costos de los insumos agrícolas. Y el salario en el campo es inferior al costo de la canasta básica ampliada. Por otra parte, que las mujeres que trabajan en el cuido del hogar no tengan acceso a pensión indica también una clara falta de conciencia ética en los políticos. Estos y otros muchos son problemas reales que el Estado debe prevenir y solventar. El papa Francisco, en línea con el pensamiento social de la Iglesia, que da prioridad al trabajo sobre el capital, recalcó en uno de sus últimos documentos lo que en la tradición cristiana se denomina el “destino universal de los bienes”. En otras palabras, si el mundo es la casa de todos, toda persona debe vivir dignamente con su trabajo sobre el mundo. La desigualdad humillante y la marginación negadora de derechos ni son justas, ni son cristianas. Es esencial tener claro lo que sigue pendiente y es esencial para el crecimiento equitativo de la sociedad salvadoreña. Primero, impulsar y garantizar un salario mínimo igualitario que sea suficiente para el desarrollo de las capacidades personales y la autorrealización; segundo, formular políticas efectivas y universales de inclusión en las instituciones de protección social; tercero, que el Estado y el Gobierno se impliquen con mucha mayor eficacia en aportar soluciones al subempleo y la informalidad; y cuarto, tomarse en serio la prevención de desastres, pues las sequías e inundaciones que el calentamiento global trae consigo serán cada vez más destructivas.

Los que los especialistas llaman el “sesgo de confirmación” explica por qué un mismo hecho o suceso es valorado de diferente manera por diferentes personas, incluso de forma diametralmente opuesta, llevando a enfrentamientos e imposibilitando el diálogo. El término no es nuevo; lo acuñó el psicólogo inglés Peter Wason en la década de los sesenta del siglo pasado. Las investigaciones de este y de otros científicos mostraron que cada persona tiene o adopta unas creencias o ideas que da por verdaderas sin haberlas comprobado. Y una vez que esas ideas o creencias son asumidas profundamente, la persona solo da crédito a la información que las confirma y rechaza todo aquello que las ponen en tela de juicio. Este sesgo o tendencia se da particularmente en cuestiones que tienen un fuerte componente emocional. Por ejemplo, si alguien cree que alguien es bueno, recoge toda la información que confirma la bondad de esa persona y desecha todo dato o hecho de signo contrario. Y si no le es posible desecharla, relativiza la información que va en contra de su creencia. En términos sencillos, las personas ven lo que quieren ver, oyen lo que quieren oír. A esta tendencia es a la que los especialistas llaman sesgo de confirmación. A diferencia de lo que se pueda pensar, no es algo voluntario; es un proceso inconsciente e independientemente de la condición personal. De hecho, el premio Nobel de Economía del año 2002, Daniel Kahneman, afirmó, a propósito del sesgo de confirmación, que incluso los científicos lo padecen: al comprometerse a rajatabla con una teoría, tienden a ignorar los hechos que no la validan, concluyendo que el error está en esos hechos, no en la teoría que defienden. También los médicos, cuando creen firmemente en un diagnóstico, pueden tender a buscar información que lo confirme y desestiman los datos que apuntan en otra vía. En la actualidad, el sesgo de confirmación es el combustible que dinamiza las redes sociales; las afirmaciones y noticias falsas proliferan en las plataformas virtuales y en cierto tipo de medios de comunicación. Puesto que buena parte del contenido de las redes sociales es pensado y diseñado para reforzar creencias y prejuicios, la opinión pública termina siendo manipulada. Los hechos, los datos duros de la realidad se desechan a conveniencia, como si fuesen inventos o pequeñeces que no empañan lo que ya se cree. El sesgo de confirmación anula el pensamiento crítico; las personas solo ven y escuchan las cuentas y medios de comunicación que confirman y refuerzan sus creencias. Es en este contexto que debe entenderse el afán mediático del actual Gobierno. Un afán que no busca informar a la población, sino propiciar el sesgo de confirmación de modo que la mayor cantidad posible de salvadoreños, tanto dentro como fuera del país, vivan de espaldas a la realidad, afincados en un conjunto de creencias e ideas falsas, cuya defensa nada tiene que ver con la razón y todo con las emociones. Gracias a ese esfuerzo, muchos creen que estas autoridades son en verdad distintas a las anteriores y que todos los hechos de corrupción y las injusticias que perpetran son simples inventos de opositores. Así, el único El Salvador posible es El Salvador imaginario.

La mentalidad electoralista ya flota en el ambiente, y con ella, las voces de los candidatos. Los de la oposición, que han guardado silencio durante más de tres años, han encontrado la palabra para anunciar que participarán en las próximas elecciones, como si el electorado los aguardara ansioso. Hay quien piensa que puede ganar la presidencia y la mayoría legislativa y municipal en solitario; la ideología trasnochada y la soberbia partidaria pesan aún demasiado. Por su lado, el oficialismo no tiene ideología, pero sí arrogancia. Cuenta con ella para retener el poder total del Estado. Asombra que, después de tan largo silencio, la oposición, de repente, tenga algo valioso que ofrecer a la gente. Si le interesara, habría mantenido una actitud beligerante y lúcida desde el comienzo del régimen actual. Si la derrota política la dejó sin ideas y palabra, lo honesto sería retirarse discretamente por la puerta trasera. Lo único que puede ofrecer es, otra vez, la hegemonía partidaria, la cual, en sí misma, tendría efectos transformadores o revolucionarios, según el color del partido. El desengaño con los partidos que hicieron la guerra y fueron luego incapaces de construir una sociedad menos desigual, menos injusta y más pacífica todavía persiste. Ante la ambición electoralista de quienes aspiran a repetirse en el poder y de quienes aspiran a desbancarlos, cabe preguntar, ¿para qué quieren gobernar? Los antiguos lo hicieron muy mal. Su desgobierno abrió las puertas a los Bukele y estos no son diferentes, excepto que lo encubren hábilmente. De hecho, esta es una de sus prioridades. Los partidos más recientes, ¿ofrecen algo radicalmente diferente o son, más bien, comparsas del partido gobernante? ¿Saben acaso los pretendientes al poder cómo sanear las finanzas públicas y honrar la inmensa deuda sin aumentar la carga tributaria de las mayorías?¿Tienen claridad sobre cómo reactivar la economía, aumentar la productividad, multiplicar el empleo formal y digno de tal manera que no sea necesario enviar temporalmente desempleados al norte? ¿Han pensado cómo sanear las cuentas nacionales y aumentar la inversión en educación, salud, vivienda y medioambiente? ¿Tienen claro cómo superar la crisis causada por la mala gestión de las pensiones? ¿Cuentan con un plan para disminuir la desigualdad y la pobreza? ¿Qué harán con los casi 70 mil prisioneros? ¿Cómo garantizarán la seguridad ciudadana, controlarán eficazmente el territorio y respetarán los derechos ciudadanos y humanos? ¿Mantendrán la seguridad y la policía militarizadas? ¿Replegarán el Ejército a los cuarteles? ¿Reducirán su presupuesto para aumentar el gasto social? ¿Restaurarán la independencia de los poderes del Estado y pedirán cuentas a los usurpadores por sus desafueros? ¿Erradicarán los vicios heredados del pasado y explotados diestramente por los Bukele? ¿Fortalecerán y consolidarán la institucionalidad democrática? ¿Aceptarán con buen ánimo la crítica y la protesta social? ¿Serán intolerantes con los corruptos, en particular con los poderosos que han proliferado a la sombra del Estado? ¿Tendrán valor y capacidad para llevar ante la justicia a los corruptos del régimen de los Bukele? ¿Cortarán por lo sano la corrupción en su propia gestión? ¿Proporcionarán información completa y verás sobre ella? ¿Investigarán pronta y eficazmente las denuncias de corrupción? ¿Detendrán la depredación del medioambiente? ¿Revisarán la legislación para ponerla al servicio del bien general y acomodarla a la normativa internacional? ¿Saldarán las cuentas pendientes con las víctimas de los crímenes de guerra? ¿Buscarán a los desaparecidos hasta dar con su paradero? ¿Sentarán a los responsables de tantos crímenes ante la justicia? ¿Cumplirán con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? ¿Promoverán la verdad y la justicia? ¿Repararán el daño causado a las víctimas de la guerra y del régimen de excepción de los Bukele? Las tareas son ingentes y los recursos humanos y materiales escasos. Sin embargo, ¿qué sentido puede tener ansiar el poder para mantener el ordenamiento heredado del pasado y profundizado por los Bukele? Participar en las elecciones por el prurito de ser elegido y reemplazar un poder con otro no es más que ambición y vanidad. Continuar en el poder por simple placer es enfermizo. En ambos casos, los candidatos engañan al electorado. Hacen promesas que saben bien que no cumplirán. Las candidaturas no obedecen al deseo de servir al bien general. En el mejor de los casos, este es servido de forma derivada La candidatura tiene razón de ser si dispone de planes concretos y viables, si cuenta con un capital social y político para sacarlos adelante y, sobre todo, si es lo suficientemente atrevida como para gobernar a favor de las mayorías, con metas concretas e indicadores objetivos de cumplimiento. Lo demás es demagogia y alevosía. Tal vez sea mucho pedir a unos políticos socializados en el autoritarismo, la corrupción y la violencia. Sin embargo, no hay otra salida. La al

Por su origen histórico, lo común en cada Primero de Mayo es que la clase trabajadora enarbole demandas relacionadas con su situación laboral; es decir, incrementos salariales, reducción de la jornada laboral, mejoras en las prestaciones y en las pensiones, respeto y ampliación de derechos. Esas demandas estuvieron presentes en la marcha del pasado lunes en San Salvador. Los funcionarios públicos despedidos por el oficialismo, tanto del Gobierno como de las municipalidades, exigieron respeto a la estabilidad laboral y a la debida indemnización por despido. Por su parte, las gremiales magisteriales exigieron aumentos salariales y el respeto a la ley de la carrera docente. Otros grupos pusieron el énfasis en exigir el respeto al derecho de los trabajadores a organizarse sindicalmente y el cese de las prácticas de acoso a los afiliados y a los representantes sindicales. Sin embargo, la marcha de este año trascendió lo laboral; en la manifestación se encontraron una gran variedad de demandas que expresan la actual insatisfacción de diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Un grupo importante de los manifestantes reclamaban por el régimen de excepción y los abusos cometidos durante el mismo, y exigía la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente. Otro demandó la libertad de los presos políticos y poner fin a la persecución política. Otros se pronunciaron contra la reelección presidencial. No faltaron tampoco las protestas por el alto costo de la vida, que está afectando la economía de las familias de los sectores sociales con recursos más limitados. También participaron en la marcha grupos que exigieron el respeto a la Constitución de la República, al Estado de derecho y a la separación de poderes, y poner un alto a las violaciones a los derechos humanos. Dada la poca posibilidad de expresarse por otros medios, la manifestación del Primero de Mayo fue un espacio propicio para exponer el descontento ante los atropellos del Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo siguió su guion acostumbrado: utilizó a la PNC para obstaculizar la asistencia a la marcha de personas procedentes del interior del país; con retenes impidió el paso de buses hacia la capital. Además, al igual que el 15 de septiembre del año pasó, organizó una marcha en apoyo a su gestión, presionando a los funcionarios para que participaran. Quiso así dar la imagen de que también tiene trabajadores y ciudadanos de su parte. Fue esta una nueva muestra de que en El Salvador se irrespetan libertades fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Mucha atención debería poner la actual administración a este tipo de manifestaciones y a las diversas demandas. En lugar de bloquearlas y pretender acallarlas, impidiendo la participación masiva de la población, deberían escuchar las peticiones y reflexionar sobre las razones de fondo. En esto, como en otras muchas cosas, el Gobierno de Bukele no se distingue de los anteriores; padece del mismo mal: incapacidad de escuchar a la ciudadanía. Si los Gobiernos de Arena y del FMLN hubieran escuchado las demandas —ampliamente difundidas— de la gente y las hubieran atendido como correspondía, su historia política fuera totalmente otra, diferente a la bancarrota ética y electoral en la que se encuentran. Nada da pie para afirma que el destino de Nuevas Ideas será diferente.

En el marco de lo que ha llamado una “guerra contra las pandillas”, el Estado ha logrado una disminución significativa de la delincuencia en el país. Artículos periodísticos evidencian que se percibe una aparente calma en muchas colonias que antes eran asediadas por dichos grupos criminales que durante décadas tuvieron en sus manos el control de los territorios y que causaron un gran daño a la sociedad. Con la militarización de las calles salvadoreñas, en el marco del régimen de excepción, muchos negocios dejaron de pagar renta y muchas personas ya no tienen que preocuparse por no pasarse a una cuadra que era controlada por una pandilla contraria. Pero que la violencia merme y que las pandillas ya no tengan el mismo poder ni una estructura clara, no es sinónimo de desarrollo para nuestra sociedad. La desarticulación de las pandillas nos ha costado la pérdida de derechos humanos necesarios para una sana convivencia, fundamentales para construir un país democrático. Esta forma de combatir la delincuencia ha marcado la vida de más de tres mil personas que, capturadas injustamente, han sido liberadas por el mismo sistema después de pasar varios días o meses sin que se les haya respetado el debido proceso y la presunción de inocencia. Además, ha costado la democracia, que aunque era imperfecta, servía como guía para construir un mejor país, basado en el diálogo, la búsqueda de la verdad y la justicia. Ha costado que los salvadoreños normalicen el irrespeto al debido proceso, la falta de separación de poderes y la concentración del poder en una sola persona. Ante un problema social tan complejo que fue ignorado por distintos gobiernos durante más de 30 años, los salvadoreños entregamos como ofrenda (algunos voluntariamente y otros con desconocimiento) lo único que reconoce y protege la dignidad de todos: nuestros derechos. La pregunta es entonces: ¿Cuál será nuestro camino? Para responder a esta pregunta es necesario tener en cuenta que una medida represiva y militar que resultó efectiva en corto plazo no puede ser permanente para la construcción de una mejor sociedad. * Mario Rogel, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Artículo publicado en el boletín

En el país, los desfiles y manifestaciones del 1 de mayo suelen reivindicar exigencias y reclamos de los trabajadores. Y eso es justo y adecuado, porque el mundo del trabajo no goza de la suficiente protección. El salario, la seguridad laboral, los seguros de enfermedad, el tiempo de parto y lactancia para la mujer, el sistema de jubilación tienen deficiencias y deben ser mejorados en muchos aspectos. Pero además de estas y otras reivindicaciones concretas, el mundo del trabajo debe abrirse a problemas estructurales graves que anulan los derechos laborales de la población. El trabajo informal, el subempleo, las labores del hogar y en el campo carecen en general de protecciones mínimas. Reclamar los derechos del trabajo formal olvidando a otros sectores de trabajadores y trabajadoras solo ratifica la injusticia estructural de la sociedad salvadoreña, que otorga algunos beneficios a unos mientras no valora ni protege a otros. En la práctica, el trabajo en el hogar, tan cargado sobre las mujeres, no está regulado, a pesar del extraordinario valor de las actividades de cuido para el desarrollo de las personas y para la convivencia social. Aunque haya algunas críticas contra el neoliberalismo o contra empresarios concretos, el problema de la relación entre trabajo y capital no se trata a profundidad. El pensamiento de tradición comunitaria, incluido el de la Iglesia católica, parte de la prioridad del trabajo sobre el capital. Qué significa esto en las relaciones laborales concretas, no suele pensarse ni debatirse hoy en día. Sin negar el derecho del capital a recuperar inversiones y a tener lo suficiente para realizar otras, la redistribución de la riqueza no es justa ni decente en El Salvador. La desigualdad es hiriente y por diversos aspectos se puede decir que mucho empresarios creen que con dar a sus empleados lo mínimo para sobrevivir están cumpliendo con la función social que les corresponde. La prioridad del “destino universal de los bienes”, afirmación básica de la doctrina social de la Iglesia, es un tema tabú para el capital. Dar pasos hacia la justicia social, lema y finalidad de la Organización Internacional del Trabajo, debería ser la reivindicación clave cada 1 de mayo. El papa Francisco decía recientemente que “el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos”. En nuestro contexto, el 1 de mayo debe tener como tema esencial acrecentar la solidaridad y la justicia social. El maltrato a los pobres, los bajos salarios, las exiguas pensiones, la avaricia, la negativa de muchos ricos a que se suba el impuesto sobre la renta a los más pudientes y la igualdad de derechos laborales de la mujer son temas que requieren una seria reflexión, o al menos generar inconformidad. Son también tareas de planificación, reivindicación y conquista. Nada mejor para el bien común que satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y garantizar el respeto a sus derechos y dignidad.

Los Estados de excepción no son novedad en Latinoamérica. Guatemala, Honduras, Brasil, Argentina, Venezuela y Perú, por ejemplo, los han implementado. Los Gobiernos siempre han presentado la medida como una herramienta para enfrentar una situación grave que afecta a la población, pero en realidad la han terminado aplicando no solo con ese fin. Como su nombre lo indica, el Estado de excepción es una medida excepcional, a la que se acude para enfrentar un grave problema; y se caracteriza por la suspensión temporal de una serie de derechos para salvaguardar otros más importantes mientras se recupera la “normalidad”. Sin embargo, la historia latinoamericana de los Estados de excepción muestra que estos, lejos de proteger a los ciudadanos, se implementan para que los derechos humanos fundamentales puedan ser violados con impunidad. Uno de los casos más emblemáticos es el Perú de Alberto Fujimori (1990-2000), que aprobó el Estado de excepción y lo prorrogó varias veces con la justificación de combatir el terrorismo, un flagelo que tenía a la población cansada y atemorizada. Diversas investigaciones demostraron que la medida no fue implementada para lo que se decía. Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, publicado en 2011, que recopila y analiza las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado peruano (1980-2000), el Estado de excepción fue utilizado para “perpetuar la violación de los derechos humanos” y “reprimir a opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos”. En el mismo sentido se había pronunciado unos años antes (1998) Amnistía Internacional: “Fue utilizado principalmente para restringir las libertades civiles, silenciar a la oposición política y facilitar la detención arbitraria, la tortura y otros abusos”. Incluso funcionarios de primer nivel del Gobierno fujimorista terminaron reconociendo esa verdad. Fujimori llegó a la presidencia peruana con la promesa de terminar con el terrorismo utilizando mano dura; creó y lideró un régimen autoritario que sometió a todos los poderes del Estado, a la institucionalidad pública y a los medios de comunicación, causando severos y variados perjuicios al país. Uno de ellos es una aguda inestabilidad política que sigue activa; más de 20 años después del fujimorismo, el país andino ha tenido seis presidentes en los últimos seis años. Muchos peruanos que vieron en Fujimori la solución definitiva contra el terrorismo terminaron arrepentidos de haberlo apoyado a la luz de los atropellos que su Gobierno cometió. En definitiva, a la luz de una lectura histórica, los Estados de excepción suelen ser fruto de un afán de aprovechar con fines políticos una realidad que golpea a la gente (un desastre, una guerra, una situación de inseguridad generalizada); un afán que lleva a convertir lo excepcional en norma y a aplicar la medida a todo el que resulta incómodo para el poder. Así, el Estado de excepción se vuelve una gran atarraya en la que caben analistas, periodistas, defensores de derechos humanos, luchadores contra la minería, políticos de oposición y toda persona que dice verdad. Es cuestión de cada quien y de los pueblos tener clara esa lección.

La admisión de algunas celebridades locales de las redes digitales en el recinto legislativo puede resultar contraproducente para sus patrocinadores. La misión encomendada es difícil. Tendrán que ampliar su agenda, pero no tardarán en descubrir que la actividad legislativa es, de por sí, tediosa. Mucho más cuando se encuentra al servicio de un poder que ordena y manda. En el recinto legislativo, las ideas y la discusión sobran. Ahí no hay sorpresas. Solo poses, aplausos y fotografías. Los diputados se congratulan por unos proyectos de ley y unas decisiones que no suyas, sino de Casa Presidencial. Si los youtuberos son “creadores de contenido” y medianamente sensatos, no tardarán en descubrir que ahí hay poca materia prima para crear. Entonces, el entusiasmo inicial menguará. Si no abandonan el puesto, aburridos y desencantados, puede que decidan entretenerse a costa de los legisladores. Tal vez comiencen con los de la oposición, algo que saben hacer bien. Pero este material es escaso. Son pocos y el oficialismo no les da espacio para expresarse y decidir. El contenido caerá en los tópicos y las producciones perderán interés. Agotada esta aproximación, les quedan los diputados oficialistas y sus aliados que, al ser mayoría y dominar la actividad legislativa, prometen más contenido. Si los toman en serio, encontrarán que dan poco de sí. Si la emprenden contra la ramplonería predominante, los expulsarán. Tal vez por eso les dieron credenciales solo para un mes. Sea lo que sea, la presencia de los youtuberos expone a los diputados a la vigilancia estrecha y a la crítica irrespetuosa y cínica. Propagarán lo que la prensa profesional no se atreve a difundir por respeto básico al oficio. La apertura a estas celebridades de las redes es un riesgo para la proyección idealizada de la actividad legislativa del oficialismo. Si esto llegara a suceder, los youtuberos prestarán, sin pretenderlo, un valioso servicio a la sociedad. Exhibirán, desde su peculiar perspectiva superficial y grotesca, la pobreza y el servilismo de los representantes de los Bukele. Si, por el contrario, los youtuberos satisfacen las expectativas de quien los admitió en la legislatura, sus producciones adolecerán de aburrimiento, el interés de sus seguidores tenderá a decaer, así como también los likes. Sus creaciones no solo perderán atractivo, sino que se desnaturalizarán al asimilarse al orden establecido de los Bukele. El éxito de la producción youtubera estriba, en gran medida, en su aparente independencia y autonomía, que confieren a sus creaciones una identidad y una autenticidad únicas. Muy pagados de sí mismo están los responsables de esta decisión. Si piensan que la labor legislativa es tan fascinante como para aumentar los seguidores de los youtuberos, viven en otro mundo. Si esperan que estos difundan lo que la prensa profesional censura por presuntas motivaciones políticas y perversas, son ingenuos. No se puede difundir una actividad inexistente. Claro, siempre se puede inventar, lo cual ya hacen sin acudir a la legislatura. Si buscan una mayor incidencia en la opinión pública de cara las elecciones legislativas del próximo año, las cuentas no les salen. La mayoría legislativa, lo que han dado en llamar “la gobernabilidad” de Bukele, se tambalea. La dificultad es la misma. Hay poco para mostrar y menos para entusiasmar, y ya es demasiado tarde para cambiar de rumbo. El perfil de los diputados actuales es idóneo para proporcionar esa gobernabilidad a Bukele, pero es totalmente inadecuado para representar los intereses del pueblo al que dicen deberse. El interés y el sentir popular no forman parte de la agenda legislativa. El punto único de dicha agenda es Bukele. El autoritarismo y la centralización, equivocadamente etiquetados como “gobernabilidad”, han anulado de tal manera la actividad legislativa y la personalidad de los legisladores que ahora resulta cuesta arriba seducir al electorado. No sería extraño que la desconexión de los diputados de la gente y su realidad, y la abstención dispersen el voto más de lo deseado. Desde esta perspectiva, los youtuberos tienen la difícil tarea de ilusionar a un electorado más indolente que movilizado. Esa misma incertidumbre ha llevado al oficialismo a apostar por el voto de la minoría de expatriados pudientes y privilegiados. El plan es reforzar las posibilidades de los candidatos del departamento de San Salvador. La mayoría de los inmigrantes no tiene papeles, ni empresas, ni negocios, sino dos o tres empleos simultáneos para sobrevivir ellos y la familia que dejaron atrás. Sus prioridades son permanecer, trabajar y enviar remesas. Ninguna de ellas figura en la agenda legislativa. Sus así llamados representantes no se han ocupado de defender su regularización migratoria, sus derechos laborables ni el derecho de sus familiares a una vida digna y humana. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso 21/04/2023 El Salvador se ha caracterizado por ser una sociedad profundamente consumista. Esto lo sabemos desde hace muchos años. Un estudio de hace diez años atrás ya mencionaba la preocupación de que por cada cien dólares que se producían en El Salvador, la sociedad consumía 102.40 dólares. Esto nos permitió tener el gran honor de ser, en el ranking, la tercera sociedad más consumista del mundo. Nunca está bien una casa que gasta más de lo que gana. Lo sabemos. Pero esto sigue siendo así, solo que ahora es más difícil demostrarlo. La gran mayoría de gastos que se hacen desde el Estado salvadoreño han sido puestos en reserva por al menos siete años. Pero todos los indicadores parecen señalar que las finanzas no están muy bien para las grandes mayorías. Mientras tanto sabemos de otros temas. Seguimos siendo una sociedad número uno, en otros nuevos rankings. Por ejemplo, somos el país con más población carcelaria en el mundo por encima de Ruanda y Turkmenistán que ocupan los lugares dos y tres en dicho conteo. Y tenemos otras cosas que no tiene nadie más, un presidente popular, una población con índices muy bajos de educación, un país con uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Podemos seguir, pero queremos llamar la atención en un punto importante. Somos el país que ha oficializado que los procesos de comunicación pública, no serán auditados por el periodismo, sino por generadores de opinión, youtubers e influencers. El investigador Willian Carballo mencionó, justo hace diez días, que las audiencias salvadoreñas creen más en los youtubers que en los periodistas. Esta creencia, que no es exclusiva de El Salvador, parece ir en aumento, pero quizá el experimento más interesante de la batalla comunicacional largamente librada por este gobierno ha sido entender que en la sociedad agonizante, antes de jubilar por completo los procesos de información y varias de sus profesiones asociadas ante los procesos de Inteligencia Artificial, es posible acelerar el viejo y arraigado consumismo: que reinen los youtubers. El principio de esta propuesta es muy sencillo y tiene que ver con la construcción de la cultura popular en el país. Los youtubers son parte del pueblo. Y la vida popular, lo sabemos desde las investigaciones que hizo Richard Hoggart en la escuela de Birgminghan, es familiar (por tanto conservadora), profundamente grupal, comunitaria, vecinal, con una moral mixta que mezcla el cinismo contestatario con la religiosidad elemental. La vida popular se vive en el día a día y el periodismo, desde hace mucho, se alejó de esos lugares. El universo del pueblo vive al día, insiste en la improvisación y el sentido del goce. El actual régimen lo sabe y seguramente muchas personas que lean estas líneas se encontrarán pensando en las muchas cosas buenas que ha hecho el actual régimen y que responden a estos rasgos característicos: es ley de vida, dirán algunos, que una sociedad avanza en la medida en que los sectores populares tienen mejor educación, más acceso a la salud y una vivienda digna. Una sociedad avanza en la medida en que los ricos pagan más impuestos y este dinero se pone al servicio del colectivo. Sin embargo, esas sociedades serias y acartonadas, con personas educadas y medios de comunicación con una tradición que se cuenta por siglos, no gozan. El régimen lo sabe. Por eso ofrece lo que ofrece. Videomapings maravillosos en un centro de San Salvador que ha sido recuperado de la chusma y que por fin puede recibir a los buenos ciudadanos. Bailes y emociones. No ofrece reciclaje de basura, prohibición de los plásticos o impuestos predial. Ofrece youtubers. No periodistas y contralores. No academia y pensamiento crítico. Debemos mantener lo que los neurolingüistas llaman la causalidad directa frente al análisis sistémico. La mala noticia es que este tipo de pensamiento tiene un tope. Donald Trump, el amigo de nuestro presidente, lo sabe. Y los asesores de nuestro presidente también. Es el momento de volver a preguntarnos el para qué del periodismo en el país de todas las causalidades simples. Es el momento de apostar al pensamiento complejo, a la honestidad y a un compromiso que, más allá del espectáculo, nos lleve de verdad a construir una mejor sociedad para todas las personas. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 119.

Acabamos de celebrar el día de la tierra. Y dadas las circunstancias de nuestro país, es necesario reflexionar con mayor insistencia sobre el tema. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tiene proyectos interesantes, los problemas medioambientales que nos esperan muestran escenarios aterradores. Un estudio de la Universidad Purdue, uno de los centros de educación superior de mayor prestigio en Estados Unidos, afirma que el calentamiento global, si no ponemos remedio, convertirá las zonas tropicales del mundo en áreas inviables para la vida humana. En otras palabras, existe la posibilidad de que El Salvador como país deje de existir. Por otra parte, la revista Nature, una de las publicaciones científicas de mayor credibilidad, decía hace poco en un artículo que “los trópicos serán los primeros en superar los límites históricos de temperatura. Olas de calor continuas amenazarán la biodiversidad y afectarán a los países más poblados y con menor cantidad de recursos para adaptarse”. Se produce así la paradoja de que los primeros países que serán afectados por los cambios climáticos son los menos responsables del calentamiento global, producido por la industrialización de los países del norte. Aunque esperamos que el mundo sepa corregir los ritmos del calentamiento global, las consecuencias para nuestros países siempre serán duras. Prepararnos para ellas es urgente. En El Salvador hay un proceso de desertificación que hará más grave la situación. Hasta hace poco se decía que la deforestación del país ascendía a un promedio de 4,500 hectáreas al año. Parece que se ha frenado algo. En su Política de Lucha contra la Desertificación, el MARN dice que “factores socioeconómicos como la existencia de pobreza en el 50% de la población, índices bajos en educación, mal uso de la tierra, avance de la frontera agrícola, uso de leña como fuente de energía, demanda insatisfecha de recursos forestales y el acelerado crecimiento poblacional han ocasionado una fuerte deforestación de grandes extensiones de tierras, antiguamente cubiertas por bosques naturales”. Aunque existe un política de reforestación, los avances son pequeños. Y a mayor desertificación, mayores consecuencias desastrosas. El hecho de que las zonas norte de El Salvador sean las más desertificadas explica en buena parte la sistemática migración de los jóvenes de esas localidades rumbo a Estados Unidos. La vida en Chalate es cada vez más difícil por el deterioro productivo de la tierra. Es difícil entender en este contexto el porqué no se han firmado los Acuerdos de Escazú. Coquetear con la minería metálica, como se está denunciando, es coquetear con ladrones medioambientales que nos dejarán más indefensos para luchar contra el calentamiento global. En este contexto, deben acelerarse las políticas protectoras contra el cambio climático. Según algunos cálculos, si el mundo no logra reducir la velocidad actual del calentamiento global, en el año 2047 se alcanzarán temperaturas sumamente complejas para el desarrollo de los países pobres ubicados en los trópicos, como nosotros. En otras palabras, disponemos de 25 años nada más para prepararnos para una situación difícil. Procesos de reforestación urgentes y sistemáticos, reservorios que garanticen agua accesible y sana para toda la población, mejora de los regadíos aprovechando que seguiremos por muchos años siendo un país con abundante lluvia en los seis meses húmedos son tareas indispensables para enfrentar el futuro. El papa Francisco, en su mensaje sobre el medio ambiente, Laudato si, dice que “merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo”. En El Salvador, esa lucha vigorosa contra las consecuencias del deterioro medioambiental nos corresponde a todos. Ojalá logremos poner el tema en la mesa del diálogo y de la acción.

Todos los Gobiernos salvadoreños han recurrido a la mentira, aunque eso no quiere decir que solo se hayan dedicado a mentir. Unos más, otros menos, algo hicieron, aunque no lo suficiente para llevar a El Salvador a un desarrollo equitativo. La gente aguantó durante un tiempo. El partido Arena mintió en muy diversas ocasiones y la gente lo votó durante 20 años. El FMLN despertó esperanzas; al final, no logró cumplir sus promesas. Para disimular, mentía también, y la ciudadanía lo toleró 10 años. Cuando era candidato, Bukele criticaba las mentiras del FMLN y Arena, y así se granjeó el apoyo popular. Las mentiras cansan. Por mucho que en algún momento la gente se las crea, la realidad suele ser más fuerte y termina imponiéndose. No se puede prometer desarrollo y dejar que crezca la desigualdad o que la situación de pobreza permanezca prácticamente inalterada. Como decía en otro contexto una filósofa del siglo pasado, el problema de los Gobiernos que mienten es que nunca encuentran un sustituto para la verdad. La fuerza bruta o la propaganda pueden vencer durante un tiempo a la verdad, pero nunca sustituirla. Con la opacidad informativa convertida en norma y la negativa de acceso a la información transformada en virtud, el Gobierno de Bukele entra de lleno en la tradición de presentar como buenas acciones que lo menos que puede decirse de ellas es que son ambiguas: favorecen a algunos y dañan a muchos. Además, no faltan los funcionarios de la actual administración que se lanzan a mentir sin pudor y que afirman cosas que ni siquiera tienen visos de realidad de cara al futuro. Es cierto que hay sectores que solo ven lo negativo del actual Gobierno y que este tiene la habilidad de emprender acciones inéditas que agradan a muchas personas. Sin embargo, insistir en la mentira y denigrar a cualquiera que critica la actividad gubernamental no es acertado en el largo plazo. Ni el tiempo, ni la verdad perdonan. Y el salto del gusto al rechazo es lo usual cuando se descubre la mentira. Negar hechos evidentes conduce a la desconfianza. Cuando esta aumenta, también lo hacen los problemas. El pero del Gobierno actual no es que exagera sus éxitos; muchas otras administraciones en el mundo lo han hecho o lo están haciendo. Distinto es anular los mecanismos de control, negar el acceso a datos a los que el ciudadano debe tener acceso, impedir en la práctica cualquier tipo de auditoría y sustituir la información con propaganda. Si el sistema judicial se ve forzado a obedecer e imitar en los modos de acción al Ejecutivo, el panorama pinta aún peor. La docilidad de los jueces a las consignas de la presidencia de la República implica priorizar la propaganda política por sobre la verdad y la justicia. La propaganda, la utilización hábil de las redes sociales, los regalos y las promesa pueden mantener la credibilidad durante algún tiempo. Pero cuando la injusticia social se mezcla con la mentira la presión es demasiada. Dialogar y escuchar las críticas para corregir errores es siempre lo más sensato. Usar y defender medios injustos para finalidades justas solo provoca, además de confusión, el crecimiento de formas muy diversas de corrupción política.

La población se hastió de la política tradicional y de los políticos que llegan al poder para lucrarse de la cosa pública. Se cansó de que las promesas y ofertas de cambio no sean más que aire mientras las élites concentran riqueza. La mayoría se hartó de la corrupción y de la impunidad con que los poderosos violan la ley y la manipulan a su antojo. La gente se indignó por el nepotismo, de que el Estado rebalse de personas sin capacidad y sin méritos profesionales ni éticos para desempeñar los cargos. La gente se cansó de no ser escuchada, de que sus derechos fundamentales no sean respetados. La gente de barrios y colonias populares vivía en el terror, presa en su propia casa y sometida a violencias, amenazas, y extorsiones sin que nadie hiciera algo significativo para librarla del yugo de las pandillas. Se hartó de que las instituciones públicas no funcionen, de la lentitud e ineficacia del sistema de justicia, del descuido del sistema de salud. La gente contaba, pues, con sobradas razones para no estar contenta con el rumbo del país y anhelar un cambio radical. Por eso se arrojó en brazos de quienes exacerbaron ese descontento y prometieron barrer con todo. El resultado de esa apuesta desmesurada ha sido el equivalente a dispararse en los pies. Los que que dijeron ser diferentes practican los vicios de siempre, superando con creces a sus predecesores. Quienes han hecho de la crítica a los Gobiernos anteriores su principio motor ocupan cargos para ostentar lujos y prepotencia. Aquellos que repitieron como un mantra que “el dinero alcanza cuando nadie roba” han endeudado al país a niveles sin precedentes y ocultan toda información sobre gastos, proveedores e inversiones del Gobierno. Los próceres del desagravio histórico persiguen a toda figura prominente de lo que para ellos representa el pasado mientras protegen a sus propios funcionarios ante señalamientos de corrupción y les garantizan impunidad. Los que despotricaron contra el nepotismo tienen hoy a su familia y amigos en puestos públicos. Mientras dicen que ahora hay verdadera democracia, desmontan todo mecanismo de control y pasan por encima de cualquier ley, incluyendo la Constitución. Mientras hablan de justicia, destituyen a todo juez o fiscal que obedezca a la ley antes que a un político y someten la justicia a los deseos de una sola persona. Mientras hablan de El Salvador como de una tierra paradisíaca, cientos de compatriotas huyen del país a diario en búsqueda de oportunidades. Mientras se levanta un nuevo proyecto elitista que ha puesto todo el Estado a su servicio y acapara los pocos recursos nacionales, la mayoría o no ve las contradicciones del régimen y cree a pie juntillas en un país imaginario, o prefiere seguir con su vida haciendo caso omiso de los desmanes. La distancia entre lo que se dice y lo que se hace es hoy abismal, y en el fondo de esa fosa se marchitan lentas las posibilidades de alcanzar un mejor futuro común.

Los desvelos del régimen de Bukele para encontrar reconocimiento en el exterior están reflejados en una larga entrevista que el vicepresidente tuvo a bien conceder a la BBC de Londres. Las falsedades y las torpezas de las declaraciones vicepresidenciales son un fiel reflejo de cómo se les escabulle la credibilidad internacional. En ellas palpita una realidad que pugna por salir a la luz y el afán por disfrazarla de bienestar y provecho. Atribuir las desventuras del régimen a la mala intención de la oposición local, a la desinformación de la prensa extranjera y a la ignorancia de los organismos internacionales no ha favorecido la causa de los Bukele. Juzgue el lector cuánta objetividad hay en estas acusaciones, a la luz de las declaraciones del vicepresidente. Los soldados y los policías no incursionan en las comunidades para capturar al tatuado o al que ha sido denunciado anónimamente, sino que van “directo” a quien ya posee “un perfil”. Lo demás es “una mentira” difundida por la oposición local y los medios extranjeros. Claro, los agentes del régimen abusan y se equivocan al capturar a quien no está vinculado a las pandillas, pero esa “no es una política” gubernamental. Más todavía, las detenciones se rigen por “un protocolo” y existe “una oficina para recibir quejas”. En cualquier caso, más de tres mil detenidos han sido liberados después de revisar su caso, “siguiendo el debido proceso legal en los tribunales”. El vicepresidente desconoce cuántos siguen detenidos aún y se niega a hacer “conjeturas” en “un asunto delicado” que está en manos de los jueces. El Ejecutivo no interviene en la administración de justicia, porque “la separación de poderes es clave”. Los liberados después de varios meses de reclusión deben comprender que los Bukele heredaron “un sistema penitenciario superpoblado”, que ya trabajan en “mejorar y acelerar lo más posible la administración de justicia”, para lo cual han contratado más fiscales, jueces y defensores públicos, y han construido “la mayor instalación para albergar a esos presos”. Quien tenga dudas sobre el trato dado a los detenidos debe consultar el “informe independiente” del Comité Internacional de la Cruz Roja, que supervisa diariamente sus condiciones. Sin embargo, el vicepresidente “no tiene un juicio final” sobre este punto, “porque la sensibilidad hacia los victimarios puede ofender a las víctimas”. En cualquier caso, “esa gente es presentada así”, semidesnuda, descalza, rapada y hacinada en cuclillas, porque “el presidente quiere ser transparente y responsable”. Indudablemente, la medida es muy popular, “¿por qué no? Si estás haciendo algo bueno [aunque] la oposición dice que estás haciendo algo malo”. Aquí el discurso deriva a lo esperpéntico. El vicepresidente alega desconocer quién ordenó la incomunicación de los detenidos. Por tanto, remitió al periodista al director del sistema penitenciario para preguntarle “qué es lo que pasa”. Eso sí, le adelanta que los casos de incomunicación son pocos y que “las familias mienten”. En cualquier caso, el Estado se atiene a los Convenios de Ginebra, que regulan las guerras y el conflicto interno. Pero advierte que no se trata de una guerra contra niños inocentes o delincuentes comunes, sino contra “una fuerza estructurada, con armas pesadas”, aunque con “cero muertos”. Es una operación “sin precedentes a nivel mundial”. En esa misma línea de negación de la realidad, el vicepresidente afirma rotundamente que “no hay ni hubo ninguna negociación con las pandillas”. Si acaso hubo “algún intercambio o trato o algo, negociar con las pandillas no es una política del Gobierno”. Si bien no pone en duda la afirmación del fiscal general estadounidense que asegura lo contrario, le gustaría saber si verificó la información con los funcionarios salvadoreños señalados. Debió preguntarles “si es verdad o no que [negociaron], por qué lo hicieron, los términos de la negociación, qué lograron, qué dieron y también si tenían órdenes superiores de hacerlo”. Al llegar a la liberación del Crook, el vicepresidente vuelve a tropezar. No tiene “ni idea” de ella. Leyó la noticia en la prensa, “pero no sé si es verdad o no. No puedo decir nada al respecto”. “No sé si es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición”. Sea lo que sea, está “bien claro” que “el Gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto, porque está en manos del poder judicial”. Mientras extermina a los pandilleros, el régimen “lidia” también con la pobreza y la emigración forzada, recupera la “industria agrícola”, esto es, la plantación de café, ejecuta un plan para evitar que los jóvenes ingresen en la pandilla y atiende a las esposas y las madres de los detenidos. De esa manera, el régimen de los Bukele “prepara la nueva sociedad”. Estos tendrán que cambiar drásticamente de rumbo para encontrar la credibilidad que aparentan desear, pero que se les resiste. De ahí que los desafíos tuiteros del presidente no sean respondidos. Es claro que la comunidad interna

El próximo 18 de junio se cumplirán ocho años desde que el papa Francisco publicó la encíclica Laudato si, un llamado a la humanidad para el cuido, protección y buen uso de los recursos de la naturaleza. Un llamado que entroncó con el creciente —pero aún insuficiente—aumento de la conciencia global del daño que se ocasiona al planeta y de la necesidad de cambiar hábitos a escala mundial. Si bien la encíclica no cayó en el vacío, tampoco recibió la atención que merece dada su importancia para el presente y futuro tanto de la vida humana como la de millones de especies con las que se comparte esta casa común. En el caso de El Salvador, el cuadro es aún peor. A pesar de la pequeñez del territorio nacional, su aguda vulnerabilidad ambiental y la alta densidad poblacional, muy pocos tienen un compromiso serio, coherente y constante con el cuido del medio ambiente; son mayoría los que consciente o inconsciente siguen con prácticas que lo destruyen. Por ello, las Iglesias, las instituciones educativas y las organizaciones gremiales y sociales deben implicarse más en la generación de la conciencia que permita el cambio de actitud requerido. Por su parte, el Estado salvadoreño tiene, por mandato constitucional, “el deber de proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible”. Sin embargo, no ha sido coherente con esa obligación; en no pocas ocasiones no solo la ha descuidado, sino que ha promovido o avalado prácticas muy dañinas. Los permisos de construcción de complejos residenciales o industriales en zonas boscosas y montañosas, la desprotección de quebradas y ríos, la permisividad con la roza y quema, la falta de un buen ordenamiento territorial y el abandono a su suerte de especies en peligro de extinción son algunas muestras de un Estado que no cumple con su deber institucional de proteger la integridad del medioambiente. Es muy claro que en el país se privilegian los intereses particulares sobre el bien común y se ponen por delante los beneficios inmediatos sobre los de largo plazo; el medio ambiente no queda fuera de esa lógica. Al igual que en el pasado, el poder del capital se impone, y así como hace décadas logró revertir políticas como la reforma agraria, hoy logra el favor de las autoridades para que otorguen permisos a proyectos millonarios altamente perjudiciales para el medio ambiente; proyectos que profundizan la crisis medioambiental que ya vive el país. En este marco, preocupa que se pueda revocar la prohibición de la minería metálica en El Salvador mediante la abolición o modificación de la ley que, gracias a la presión de Iglesias, medioambientalistas, la academia y las comunidades afectadas, fue aprobada hace seis años por la Asamblea Legislativa. Tal como se lee en el reciente pronunciamiento de un amplio abanico de organizaciones sociales en contra de la minería, “la minería de metales [...] destruye bosques, genera drenaje ácido, contamina el agua, causa enfermedades y deja enormes cantidades de desechos que constituye una amenaza mortal para las plantas, los animales y las personas [...] Estos daños ponen en peligro la continuidad de la vida, sobre todo porque los pretendidos proyectos mineros se ubican en la franja norte del país, que es la cuenca del río Lempa, el principal afluente nacional”. Un peligro de tal calibre amerita una vigilancia ciudadana permanente y proactiva. ¿Por qué resignarse a dejar por herencia un país de cenizas?

La permanencia de la pobreza y la desigualdad en El Salvador solo puede entenderse desde el papel jugado por las élites en nuestra historia. Aunque ha habido miembros de ellas que han intentado cambiar la dinámica injusta del país, los sectores privilegiados (económicos, políticos o militares) se han inclinado por la construcción de una sociedad que margina y explota a las mayorías en función de los beneficios de unos pocos. Como resultado de ello, la realidad de pobreza, vulnerabilidad y escasez de alternativas es muy difícil de superar sin recurrir a la migración, el crimen o la corrupción. No hay nada en la actualidad que no se haya generado desde la lógica extractivista impuesta por las élites. El hecho de que estas compartan una fracción de sus beneficios con el 20% o el 25% de la población que constituye la clase media estable no anula lo dicho. La pérdida de independencia entre los poderes del Estado, por mucho que ciertos sectores y personas quieran atribuirla a individuos aislados, no es ajena a la dinámica de las élites, partidarias de la concentración del poder político siempre y cuando sus beneficios no disminuyan. Con distintos estilos y modulaciones, la situación es parecida en la mayor parte de Centroamérica, con el agravante de que no existen alternativas políticas serias y con posibilidad de triunfo. Si en los primeros años del siglo actual se consiguió reducir la desigualdad, esta ha crecido desde la pandemia. La migración ha vuelto a aumentar y la tendencia autoritaria dificulta la reflexión, el diálogo y la formulación de propuestas de desarrollo con justicia social. No faltan quienes añoran ahora la relativa libertad de hace algunos años sin caer en cuenta que los abusos de antes son causa de la problemática actual. Mientras se añora el pasado, la pobreza y la desigualdad permanecen intactas. Exigir cambios en beneficio de quienes se mantienen en la pobreza y la vulnerabilidad, así como respaldar a las víctimas de abusos de poder es ineludible para lograr un mejor futuro. Tener claro por dónde debe caminar una reforma fiscal, denunciar la corrupción, el silencio cómplice y la arbitrariedad estatal, combatir la extendida informalidad laboral, enfrentar la destrucción del medioambiente causada por constructoras y lotificadoras, y defender los derechos humanos también son tareas básicas. Pero todo ello sin perder de vista la necesidad de redistribuir la riqueza y que los servicios estatales contribuyan al bienestar de todos y a la justicia social.

En el país, la disminución de la preocupación por la inseguridad está aparejada con el aumento de la preocupación por el incremento general de los precios, especialmente de los alimentos. En la encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), el 68% de los encuestados opinó que el costo de la vida aumentó mucho, 93% percibió incremento en los precios de los productos de la canasta básica y el 39% dijo que el desempleo aumentó. Las cifras económicas confirman la percepción de la gente. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2022, recién publicada por el Banco Central de Reserva, el año pasado la inflación alcanzó el 7.3%, algo que no se registraba desde hacía 26 años. Los datos oficiales evidencian que la pobreza —por tanto, el número de pobres— ha aumentado en el país. Un 26% de los hogares viven en pobreza, tres puntos y medio más que en 2019. Los hogares viviendo en pobreza extrema, es decir, que no alcanzan ni a comprar los alimentos básicos, pasaron del 4.6% en 2019 al 8% en 2022. Como agravante, la deuda pública se ha disparado en los últimos años y las proyecciones internacionales presagian una profundización de la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional proyecta que América Latina crecerá solo un 1.6% en 2023, dos décimas abajo de lo estimado hace unos meses y muy lejos del 4% de crecimiento registrado en 2022. Frente a este escenario, poco sirve decir que se trata de un problema mundial y que, por tanto, El Salvador no puede hacer nada por reducir el impacto en las familias. Por supuesto, hay factores internacionales que no dependen de lo que se haga aquí, pero también es cierto que hay factores internos en los que sí se podría trabajar. Por ejemplo, en el país, a diferencia de otras naciones, nunca se ha considerado la alimentación como un asunto de primera importancia. Por el contrario, ha habido y sigue habiendo un abandono del campo y de la producción agropecuaria. Si no se importara el 80% de los granos básicos, hortalizas y frutas que se consumen a nivel nacional, con seguridad el precio de la canasta básica fuera más accesible. Según datos de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, en la cosecha 2021-2022 se cultivaron 28.6 millones de quintales de granos básicos; en la siguiente, solo 19.9 millones. Por otro lado, si bien, tal como señalan los datos oficiales, el país ha crecido económicamente en algún grado, simultáneamente ha aumentado el número de gente viviendo en pobreza y pobreza extrema. Ante ello, la conclusión obvia es que, al igual que siempre, el crecimiento se queda en pocas manos, aumentando así la lacerante desigualdad de nuestra sociedad. Hasta la fecha, ninguno de los Gobiernos de la posguerra ha hecho algo para cambiar el injusto modelo fiscal que concentra la riqueza y multiplica la pobreza; ninguno se ha atrevido a implementar una reforma fiscal progresiva que beneficie a los sectores más pobres. Aunque mucha gente se queda impávida ante la afirmación de que la deuda sigue engordando a pasos agigantados y que el costo de la vida ha subido varios puntos porcentuales, sí le afecta que ahora solo le den tres plátanos por un dólar cuando antes obtenía cinco. La economía se entiende mejor cuando toca el bolsillo. En países como el nuestro, que reproducen constantemente la economía informal ante la incapacidad de generar empleos dignos y estables, en los que la mayoría de la población no tiene garantías laborales ni protección social, las crisis golpean con mayor dureza. Y nada permite decir que la actual amainará. Más allá de la propaganda oficial, el futuro de El Salvador es tan incierto como antes.

Ignacio Ellacuría propuso diagnosticar el estado de salud de la sociedad a partir del análisis de sus heces. El coproanálisis histórico, así lo llamó, permite conocer críticamente una acción o una realidad, considerando todos sus efectos y repercusiones, en el tiempo y el espacio. No solo importan los efectos inmediatos, también los de largo plazo, que repercuten sobre aquellos y sobre el todo y sobre el mismo desencadenante. El análisis de las heces es pertinente, porque la verdad de algo solo se alcanza si se tienen en cuenta sus efectos secundarios, aun cuando no sean pretendidos. El coproanálisis histórico revela la verdad del régimen de excepción y del régimen de los Bukele en su conjunto. Desautoriza las opiniones que intentan justificarlos con el argumento de que la desarticulación de las pandillas y la seguridad asociada a este hecho son algo bueno en sí mismo, desestimando la represión indiscriminada, la brutalidad de sus agentes y el terror estatal; que primero hay que limpiar la casa para luego ocuparse de la pobreza, la salud, la educación, la inflación, la deuda pública, etcétera; y que en una guerra como la librada por los Bukele es normal que haya daños colaterales. Estas opiniones enuncian verdades parciales que satisfacen conciencias inquietas, algunas cristianas, pero, obviamente, de manga ancha y mal formadas. El análisis de las heces es un recurso científico muy común para detectar enfermedades en el organismo humano y también, agrega Ellacuría, en la organización social. No se trata de ensañarse con lo malo, desconociendo lo bueno. Tampoco de tomar la parte por el todo como las opiniones mencionadas, que se quedan con lo bueno y desconocen lo inaceptable. Sino de descubrir lo que es el todo en aquello que lo caracteriza objetivamente. No es que solo produzca detritus o que estos sean lo principal, sino que en ellos se dan claves para revelar el estado de salud del productor. En consecuencia, es inadmisible argüir que el bien producido, en este caso, la seguridad, es mejor que el mal permitido, la detención hacinada de decenas de miles de pandilleros y no pandilleros, la tortura, la incomunicación y la negación del derecho a la salud, a la defensa y a la justicia. No se puede, pues, desestimar como irrelevante la violación sistemática y masiva de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Estos detritus revelan la cruda realidad del régimen de los Bukele y su estado de salud política y ética. Negar la existencia de los desechos es poner en grave riesgo la salud individual y social. Desde una perspectiva cristiana, equivale a condonar, por omisión, un pecado estructural y mortal, ya que asesina. La represión masiva e indiscriminada del Estado militarizado tiene efectos buenos para unos cuantos, mientras descarta a otros muchos, no solo pandilleros, sino también a quienes no lo son y a sus familiares. Si aquellos ya estaban deshumanizados, el régimen los deshumaniza aún más y dispone de ellos como simples desechos. Sus carceleros les propinan golpizas, los arrinconan como basura y los tratan como detritos sociales. El uso de la fuerza militar y policial para mantener la paz social pone de manifiesto no solo la irracionalidad y el envilecimiento de sus ejecutores, sino también la maldad de la estructura social. La seguridad de unos cuantos lleva a la inseguridad del resto. En la raíz de esa realidad se encuentra una estructura económica y política perversa. El capitalismo neoliberal heredado de Arena, que acumula riqueza por el despojo, ha multiplicado y profundizado la miseria y la violencia, indispensable para mantener el ritmo de acumulación de los pocos privilegiados. Los Bukele no se han atrevido a tocar esa estructura despojadora e injusta. Su novedad ha consistido en militarizar el Estado y la sociedad, y en hacer uso indiscriminado y masivo de la fuerza para mantener en su sitio la herencia de Arena. El régimen de excepción de los Bukele busca limpiar las heces del capitalismo salvaje con más heces. No ha mostrado el menor interés en modificar esa forma de capitalismo. Ni siquiera en aliviar sus efectos más devastadores. Exonera de impuestos a las empresas tecnológicas, cuya rentabilidad es de las más elevadas, pero es incapaz de suprimir el impuesto al valor agregado de la canasta básica y los medicamentos de primera necesidad, lo cual hunde aún más en la precariedad a las mayorías. No le faltan palabras para saludar a visitantes estrafalarios, pero guarda silencio ante la amenaza de escasez de granos básicos y el deterioro de los indicadores socioeconómicos. Levanta la voz para defender a un Trump acusado de 34 delitos criminales y con varias investigaciones abiertas, pero calla ante el clamor de las madres de los desaparecidos y de las mujeres en las afueras de sus prisiones. La verdad del régimen de los Bukele es la totalidad de sus prácticas y sus consecuencias. No se pueden aplaudir los beneficios e ignorar las perversidades. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monse

“No juzguéis para que no seáis juzgado” reza un conocido fragmento bíblico que oportunamente puede aplicarse a uno de los recientes “trinos” del presidente Bukele en la red social Twitter. En el tuit del cuatro de abril, el mandatario parece consternado por la acusación penal contra Donald Trump, originada en treinta y cuatro cargos relacionados con el pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de una exactriz de cine pornográfico. Hasta donde sabemos, la imputación contra Trump cuenta con el respaldo testimonial de uno de sus antiguos hombres de confianza, Michael Cohen, el abogado que recibió los 130 mil dólares de manera fraudulenta, haciendo parecer que se trataba de honorarios por servicios prestados. Dicho testimonio, sumado a abundantes documentos, fue suficiente para que un jurado estadounidense considerase en marzo del presente año que existían pruebas suficientes para imputar criminalmente a Trump. El fragmento bíblico nos increpa inclemente: “¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?”. Una interrogante que se reformula con dureza ante el trino del presidente Bukele: ¿con que cara cuestiona la acusación contra Trump cuando en El Salvador miles de inocentes llevan meses detenidos sin ningún tipo de evidencia? En el caso de Trump, hay documentos y testigos; en el de miles de inocentes detenidos, apenas una ficha policial inventada al momento de la captura. En el caso de Trump, es impensable una detención provisional; en el de miles de salvadoreños detenidos, les espera meses de prisión en lugares pútridos y hacinados, donde con suerte se recibe dos comidas diarias dignas de animales. Trump será escuchado por un gran jurado que recibirá a su equipo de abogados; los inocentes del régimen recibirán un abogado público saturado de casos que deberá habérselas con jueces con el rostro tapado e impuestos a dedo. ¿Qué tiene Trump que no tienen los salvadoreños inocentes detenidos? Es una lástima que los treinta y cuatro cargos criminales de Trump no hubiesen sido intimados en un juzgado de paz de San Salvador. Si así fuese, quizás el presidente Bukele mostraría un poco más de respeto y simpatía por el debido proceso y la humanización de la administración de justicia, dos nociones que en estos días la Constitución de la República carga forzada como estribillos de poca monta. Pero el texto de la Biblia no es eslogan ni debe tomarse a la ligera, pues también advierte: “Con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.”

Con algunos amigos comentábamos positivamente la gran cantidad de jóvenes que veíamos en las procesiones y actos de piedad correspondientes a la recién pasada Semana Santa. Que la vida de Jesús de Nazaret, impacte y atraiga a gente joven siempre es una esperanza para un país de tradición cristiana. Porque la vida de Jesús, y más en los momentos de la Pasión, siempre nos remiten a la solidaridad, al amor generoso, a la verdad, a la justicia y a la lucha pacífica, pero clara, contra el mal y contra el sufrimiento que los seres humanos causamos, directa o indirectamente, a otros seres humanos. Viviendo en un mundo y en un país donde la injusticia, la desigualdad y el menosprecio y la marginación de los pobres es frecuente, el recuerdo de Jesús es siempre fuente de vida humana fraterna y de crítica constructora de solidaridad. Frente a quienes saltándose normas y derechos básicos califican como guerra violenta la persecución del delito, el seguimiento de Jesús nos impulsa más a transformar estructuras injustas que mantienen a muchos en la pobreza y la vulnerabilidad, y que constituyen una forma de violencia estructural que incita a la violencia delincuente. Y es positivo que los jóvenes se fijen en la persona de Jesús porque ser joven en El Salvador no es fácil. El trabajo ni abunda ni está con frecuencia bien remunerado. Los jóvenes son los que más pueblan nuestras cárceles, los que más muere en accidentes o en asesinatos, los que más sufren el acoso de destrozar sus vidas con la corrupción, las drogas o la violencia. Son los que más emigran, los que tendrán que cargar, si se quedan, con una población donde abundarán los ancianos sin protección social ni pensión. Incluso muchos de los que obtienen una beca en el exterior y desarrollan con excelencia sus estudios, tienden a quedarse fuera del país, atraídos por condiciones de vida que no encontrarían en un posible retorno al propio país. Fijarse en la vida de Jesús da pertenencia y responsabilidad a la propia historia. Ayuda a asumir la realidad en la que se vive y a trabajar por mejorarla y transformarla. Da esperanza y ánimo frente a la frustración que puede ocasionar una sociedad marcada por el oportunismo y la búsqueda de dinero a como dé lugar, sin principios ni valores. La juventud es siempre una etapa de esperanza, de ilusiones y generosidad. Tener ejemplos, personas y narraciones de vida que permitan soñar con un futuro mejor, resulta indispensable tanto en el marco educativo como en el ámbito de las creencias. Y aunque podemos decir que ejemplos no faltan, la propaganda dominante habla más de triunfadores individuales que se han enriquecido o que han tenido éxito con los estudios para abrirse paso en la vida. Los espíritus generosos son menos cotizados. Muchos murieron en los tiempos duros de las guerras civiles, mientras trabajaban en favor la paz, de la justicia y del diálogo y son ejemplares. Pero se cultiva más la imagen del individuo exitoso, mientras que a quienes han impulsado soluciones sociales se les margina en el día a día. Ver, en este contexto a una buena cantidad de jóvenes participando en actividades religiosas en torno a la figura de Jesús de Nazaret da ánimo y esperanza. Se acercan a una persona que ofreció soluciones comunitarias a partir del servicio y del amor al prójimo. Entran, aunque sea a través de costumbres y actos tradicionales, en la esfera de la generosidad y de la capacidad de sacrificarse en beneficio de otros. Es probable que no sea suficiente para enfrentar los grandes retos que El Salvador tiene en el terreno del desarrollo solidario y la justicia social. Pero abre una posibilidad fuerte e intensa de trabajar con los jóvenes para que a la generosidad personal le añadan una conciencia social moderna, construida sobre la apertura de oportunidades para todos y la protección social universal. La sociedad laica, para salir adelante, necesita cristianos conscientes de su responsabilidad social. Lo mismo que el ámbito de los creyentes necesita una sociedad laica abierta a las necesidades de todos. Los jóvenes con espíritu religioso nos abren a la esperanza de un futuro salvadoreño mucho más justo que el actual presente, tan desigual y tan capaz de marginar y menospreciar a muchos.

Nada mejor para vivir cristianamente esta Semana Santa que recordar las palabras del Cardenal Rosa Chávez en el 43 aniversario de la muerte martirial de San Óscar Romero. Nuestro obispo san Óscar actualizó el sacrificio de Cristo con su propia palabra, vida y muerte. Nuestro Cardenal nos lo recuerda con una frase fundamental del santo: El cristiano debe “estar donde está el sufrimiento”. Dado que los cristianos, al igual que todos los seres humanos, estamos hechos de frágil barro, tendemos a evitar el sufrimiento de tal manera que con facilidad nos alejamos de quienes sufren. O incluso en determinadas ocasiones acabamos pensando que algunas personas merecen sufrir lo más posible. El cristiano no puede ser así. Debe tener un corazón de carne y no de piedra, ser sensible ante el sufrimiento ajeno y tratar, al menos, de consolar a quienes sufren. Dentro de la cultura individualista y consumista, no faltan quienes consideran la Semana Santa como un tiempo para descansar, gastar dinero y divertirse, a veces de modos no muy convenientes. Los accidentes de carretera en estas épocas tienden a aumentar, así como las muertes por ahogamiento. Y aunque todos tenemos necesidad de descansar sanamente, olvidar la reflexión coherente con lo que celebramos en la Semana nos aleja con frecuencia del descanso que genera vida y cordialidad. En todo momento la reflexión es necesaria para el ser humano. Pero en este tiempo en el que recordamos la muerte por amor del Señor Jesús conviene pensar un poco más en el sentido de la vida, en la solidaridad como virtud fundamental de la existencia y en el camino personal y social que queremos recorrer a lo largo de nuestra vida. El Cardenal Rosa Chávez nos decía que “muchos de nosotros nos hemos acobardado, nos hemos quedado mudos, nos hemos hundido en la indiferencia. Parecemos un pueblo anestesiado, acomodado en su pequeño mundo, gozando de una paz muy semejante a la paz de los cementerios”. La Semana Santa es tiempo de reflexión, de conversión y de cambio a la luz de la generosidad del Crucificado y con la fuerza que nos da el Espíritu a partir del Resucitado. Mantenernos en la indiferencia, buscar la huida de la realidad desde la diversión superficial y egoísta ni nos hace sentir como cristianos ni nos hace crecer en humanos. La semana santa, desde el sufrimiento de Jesús a causa de la injusticia de los poderes de este mundo, nos ayuda a tomar conciencia crítica de lo injusta que es la pobreza, la violencia o la desigualdad económica o social. Nuestro buen obispo y cardenal nos recuerda el único camino para superar las injusticias y los problemas sociales: Un diálogo que nos lleve a construir formas de convivencia y leyes que conduzcan a la fraternidad. Sus palabras en favor del diálogo se centraron en la situación de los privados de libertad durante el régimen de excepción, por ser su situación actual la que con mayor visibilidad viola derechos básicos de las personas. Pedía en efecto “Buscar el diálogo para revertir los efectos negativos que ha generado el régimen de excepción en un sector de la población”. Pero la ausencia del diálogo se extiende a demasiados campos de la vida social y política. El Salvador necesita dialogar sobre el desarrollo, sobre cómo combatir la pobreza, sobre cómo ampliar la protección social a través de un sistema de salud y pensiones universal, progresivo y con calidad. La violencia, la educación, el desarrollo cultural, la migración, la situación de la mujer oprimida todavía por el machismo, son temas indispensables de diálogo. Creer que desde el poder se pueden arreglar las cosas sin necesidad de diálogo es equivocarse. O como diría Monseñor Romero, caer en la idolatría del poder. Semana Santa con descanso, reflexión, conversión personal y social a la solidaridad y a la sensibilidad humana, continúa siendo una necesidad urgente para El Salvador. La Semana Santa es una oportunidad para reflexionar sobre la realidad. Y también para cobrar energías que nos lleven a ser agentes de solidaridad, justicia y paz. Por José María Tojeira, S.J.

Editorial UCA Escuche aquí: Hace algunos años, a un firmante de los Acuerdos de Paz por parte del Gobierno se le preguntó por qué no se había hecho justicia en los crímenes de guerra y de lesa humanidad que se perpetraron durante el conflicto armado. La respuesta fue esta: “Porque teníamos dos opciones: o hacer justicia, o conseguir la paz, y tuvimos que decidirnos por la paz, que es lo que anhelaba la gente”. Algo muy parecido está viviendo El Salvador 30 años después. En el fondo, en torno al régimen de excepción, el Gobierno ha establecido, aunque no lo diga explícitamente, un dualismo maniqueo similar: o seguridad, o respeto a los derechos humanos. Y ello queda de manifiesto en las opiniones ciudadanas que recoge la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al evaluar el régimen de excepción a un año de su implementación. Según los resultados del sondeo, la mayoría de la gente califica muy bien la medida, con una nota promedio de 7.92. El 86.5% la aprueba y un porcentaje similar se siente más seguro hoy que hace un año. Para el 59.4% de la población, el estado de excepción debe prorrogarse. Además, el régimen ha elevado la buena imagen no solo del presidente, sino de toda la institucionalidad relacionada, directa o indirectamente, con su aplicación, incluida la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es lógico, entonces, que el Gobierno haya hecho de “la guerra contra las pandillas” su principal bandera de campaña, porque es lo que le reditúa mejor en el respaldo social. Por otro lado, la encuesta revela que arriba del 75% de la población no conoce cuáles son los derechos que se han suspendido con el régimen de excepción; menos de una cuarta parte, el 23,4%, mencionó alguno. Sin embargo, ese grupo que sí dijo conocer algún derecho no supo responder a la hora de explicar en qué consiste. El sondeo también revela que quienes menos conocen los derechos que han sido suspendidos son los que mejor califican al régimen y los que menos afectados se sienten por la violación de los mismos. Esto da razón al axioma que sostiene que “derecho que no se conoce, derecho que no se defiende”. Ahora bien, a pesar de que la mayoría de la población no conoce los derechos que anula el régimen de excepción, está en desacuerdo que se capture a personas inocentes (52.6%), que se arreste sin una orden judicial (73.6%), que se niegue el derecho a la defensa a los detenidos (67.3%), que se extienda a más de 72 horas la detención administrativa (74.1%). Y un 88% rechaza que las autoridades no den información sobre las muertes de los detenidos en los centros penales ni informen a los familiares. La gente reconoce que hay dolo en la actuación de los policías, los soldados y los operadores de justicia. En el hipotético caso de que un familiar inocente fuese capturado, la mayoría dijo que no confiaría ni en la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el juez. Es decir, según la encuesta, existe consciencia de que el precio de la seguridad es la exposición a atropellos y la desconfianza en las autoridades. Las dos dualidades, la del fin de la guerra y la actual, son falacias, porque la paz y la seguridad solo pueden brotar de la justicia, no de la injusticia y el abuso. Después de la guerra se quiso hacer borrón y cuenta nueva sin sanar las heridas causadas. Ello provocó que el país siguiera siendo tierra fértil para la violencia, de la cual nacieron las pandillas. Hoy el guion falaz se repite. Las consecuencias de ello no tardarán en notarse. Y poca esperanza cabe que no se expresen, de nuevo, de manera violenta.

Al gabinete de seguridad de Bukele le crecen los enanos. La mano dura no es tan firme como parece. El dinero la doblega con su poder irresistible. Los detenidos pueden recibir visitas y otros privilegios, incluso es posible limpiar sus expedientes y, eventualmente, salir libres con medidas sustitutivas, siempre y cuando se pague la cantidad estipulada. Una amplia y tupida red medio clandestina, que llega hasta las altas esferas, ofrece estos servicios. La cantidad de dinero solicitada es exorbitante para los ingresos de los familiares de los prisioneros, pero no inalcanzable, endeudándose. Y al final la carga de la deuda se vuelve liviana al permitir el encuentro con el familiar incomunicado y el consuelo mutuo en la desgracia. La actividad de esta red deja en el aire las amenazas del gabinete de seguridad. Probablemente, los pandilleros disponen de más liquidez para adquirir los servicios de esa red corrupta. Incluso podrían obtener su libertad, ya que la cuestión no es ser o no pandillero, sino entregar la cantidad solicitada por los traficantes. El régimen negocia también con el hambre y la higiene personal de los reclusos. Roba y revende lo que llevan sus familias o las obliga a adquirir lo indispensable en sus comercios. El hecho es sorprendente, pero no insólito. En un régimen esencialmente corrupto y cerrado, todo es comercializable, incluso el dolor y la desesperación de las familias de sus víctimas. La combinación de ambición, impunidad y hermetismo es ideal para traficar con lo que se pone a mano. El régimen de excepción es así una oportunidad más para que funcionarios de todo nivel se agencien ingresos adicionales. El régimen de excepción de Bukele es víctima de su propio éxito. La explotación comercial del miedo y la angustia de los familiares de los presos ha abierto una vía de agua en la línea de flotación de su nave insignia. Por ella se escapa la severidad del aislamiento y, eventualmente, también los internos, pandilleros o no. Pero la doblez del régimen no aconseja descartar que Bukele esté al tanto de la existencia de la red y sus actividades. Si fuera el caso, la seguridad es un embuste. La red tiene sus ventajas. Permite mantener un canal de comunicación con los pandilleros sin perder la cara, abre una válvula de escape a la creciente presión social y, de paso, sus agentes perciben ingresos extras. Además, en definitiva, lo que cuenta realmente es el espectáculo ejecutado meticulosamente. Esta actividad corrupta y perversa es consecuencia directa del desmantelamiento de la institucionalidad democrática. Hace poco, Bukele se burló de una reputada publicación extranjera que señaló que su seguridad solo es viable si se suprimen los derechos ciudadanos y humanos, y la independencia judicial. En su simpleza, el sarcasmo presidencial ignora que al prescindir del Estado de derecho, socava desde dentro el que quizás sea su proyecto más exitoso. La negación de la institucionalidad le impide mantener una disciplina mínima en sus filas. La dureza impasible del discurso del régimen de excepción es subvertida desde su interior por sus mismos actores. Estos difícilmente observarán las reglas del flamante y odioso Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es muy poco probable que los centenares de soldados, policías y carceleros aguanten el mismo confinamiento que los otros reclusos. Mal pagados, maltratados y encerrados pronto darán con la manera para explotar su situación en beneficio propio. A la vista de lo que sucede en las otras cárceles, es dudoso que las normas de Bukele sean cumplidas al pie de la letra. Demasiada intolerancia, demasiada centralización, demasiados agentes y demasiados prisioneros. Contradictoriamente, la dictadura no es solo rehén de la corrupción, sino también de los pandilleros. El régimen de excepción no puede prescindir de ellos por su potencial para mantener elevada la popularidad de Bukele y, por tanto, su viabilidad política. Mal que le pese, este sigue dependiendo de los pandilleros, como al principio, cuando negoció con ellos la reducción de los homicidios. Pese a que es posible encontrar otra fuente de popularidad, difícilmente encontrará otra tan rica como los pandilleros. Casa Presidencial no puede permitirse abandonar el régimen de excepción, aun cuando ya tiene a más de 60 mil supuestos pandilleros tras las rejas y a la mayoría de la opinión pública satisfecha con una seguridad recién estrenada. Necesita que el entusiasmo no decaiga y ninguna política ha resultado tan exitosa como el régimen de excepción. Por tanto, este continuará. Por eso, el gabinete de seguridad dice que aún falta capturar a más de 23 mil pandilleros. En realidad, nunca ha sabido cuántos son como para justificar esa cifra. Pero eso es irrelevante: “Más que los datos estadísticos, lo importante es la tranquilidad de la población” y, ante todo, de los Bukele. El criterio no es combatir el crimen organizado, sino la popularidad presidencial. Así, pues, el espectáculo del régimen de terror continu

Nuestra sociedad es violenta al grado que ha optado sin pudor por la violencia como camino privilegiado para resolver sus problemas. Es violenta de múltiples y cotidianas formas, afectando las relaciones familiares y sociales, y causando heridas traumáticas en grandes segmentos de la población. El horror es de todos los días: policías que se quitan la vida, hombres que asesinan a sus parejas, mujeres que son agredidas o violadas, niñas y niños abusados, personas transgénero asesinadas… Pero hay una forma de violencia más sutil, menos perceptible, y que se aplica degradando, ridiculizando o haciendo sentir inferior a otra persona: la humillación. Se humilla a un individuo o grupo cuando se le niega o menoscaba su dignidad. La sociedad salvadoreña es experta en esa materia y por ello se enseña a la niñez a no dejarse, a devolver los golpes, ya sean estos verbales o físicos. Y así se reproduce la violencia. Por lo usual, quien ha sido humillado en algún momento de su vida tenderá a cobrar esa factura ejerciendo violencia en otros, repitiendo en personas más débiles o vulnerables lo sufrido. Gracias a la consciencia de la necesidad de trabajar por la erradicación de la violencia, El Salvador cuenta con leyes que protegen a las personas vulnerables, especialmente a las mujeres, a la niñez, a la población discapacitada y a los adultos mayores. Sin embargo, aunque necesarias, estas normativas no son suficientes para enfrentar la problemática en una sociedad como la nuestra. La ley no cambia las conductas, solo las penaliza cuando son conocidas por el Estado a través de una denuncia. Y el temor a ser castigado rara vez es un factor limitante en el ejercicio de la violencia. El Salvador y muchos otros países dan fe de ello: a pesar de la severidad de sus leyes, no han logrado disminuir los niveles de violencia, pues esta está enraizada en la cultura. La erradicación de la violencia requiere un cambio cultural, al cual solo se llega a través de una multitud de acciones constantes y prolongadas en el tiempo que transforman hábitos, comportamientos y mentalidades. En esa línea, los puntos clave son, por un lado, emprender un arduo trabajo de educación a nivel nacional, que comienza en las familias y que continúa en las escuelas, las iglesias, las comunidades, los lugares de trabajo, la política y todos aquellos espacios de socialización; y por otro lado, tomarse en serio la construcción de una cultura de paz. En definitiva, es esta una tarea de todos y de todos los días; una tarea que supone promover y mantener un respeto profundo a la dignidad de toda persona. Debemos entenderlo: respeto y dignidad son las únicas puertas de entrada a una sociedad en verdad justa, pacífica e inclusiva.

En el contexto del día Mundial del Agua que se celebra cada 22 de marzo, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) publicó su más reciente encuesta sobre la temática del agua en El Salvador. El sondeo fue realizado en el mes de febrero a una muestra nacional de 1,270 personas representativas del territorio, la edad y del sexo. Hace tres años, el instituto realizó otra encuesta similar. La diferencia aparente entre ambas es el contexto jurídico. En el año 2020, después de varios años de lucha, la población organizada logró consensuar una propuesta de Ley General de Aguas y se luchó por su aprobación. Sin embargo, al año siguiente, en el 2021, esa propuesta fue desechada sin ninguna argumentación por la nueva legislatura, bajo dominio absoluto del oficialismo. En cambio, la Asamblea Legislativa en diciembre de 2021, aprobó una Ley General de Recursos Hídricos que copió conceptos y principios de la propuesta ciudadana, mas no aspectos importantes de su contenido, como el reconocimiento de las Juntas de Agua, el derecho de la ciudadanía a la participación en las decisiones en torno al vital líquido y la gestión del agua con enfoque de cuenca hidrográfica. El reciente sondeo ratifica la conciencia de la población acerca de lo estratégico del bien hídrico para la vida humana y para el futuro del país. El 99.6% de los encuestados consideran que el agua es un derecho humano, una décima más, que el porcentaje que manifestó lo mismo en el 2020. Sin embargo, han disminuido las personas que piensan que el país está sumergido en una crisis del agua. Ocho de cada 10 salvadoreños piensan así (79.8%), frente a un 90.6% que pensaba así hace tres años. Sin embargo, esta disminución no se debe a que la población perciba que ha mejorado la situación del agua. Al contrario, 73 de cada 100 salvadoreños (72.8%) piensan que, a pesar de haberse aprobado la Ley General de Recursos Hídricos, el acceso al agua en el país sigue igual que antes o ha empeorado. Más de la mitad de la población, el 62%, manifestó que ni siquiera se dio cuenta de la aprobación de dicha ley. Como siempre, los sectores más afectados por la escasez del agua son los mismos. Los que opinan que en el país se vive una crisis hídrica son aquellos que disponen de menos días de agua a la semana, menos horas diarias y que pagan más por el servicio. Quienes desconocen que el país cuenta con una ley de aguas son aquellos con menor nivel educativo y las mujeres. Por otro lado, ha crecido la población que no bebe del agua que le llega a la casa a través de cañería. En el 2020, 41 de cada 100 personas manifestaron eso. En el sondeo de este año ese porcentaje creció hasta el 44%. Sin embargo, casi el 11% de la población que se abastece de agua por medio de cantareras, chorros públicos, pozos o directamente de una fuente natural como ojos de agua, ríos o manantiales, manifestaron que sí beben de esas fuentes. Estos sectores son los que reportan ingresos familiares inferiores a los $240 dólares mensuales. Es decir, beben agua de esas fuentes porque no tienen recursos para consumir otra. De acuerdo a la declaración de la población encuestada, más de la mitad de la población (58.3%) recibe el servicio de parte de ANDA, arriba de una quinta parte (22%) recibe el servicio de una Junta de Agua, 11% de alcaldías y un 8.6% declaró recibir el servicio de parte de una empresa privada. El servicio de ANDA se concentra en las ciudades (80.7%) mientras que, en el área rural son las alcaldías las que cubren la demanda para una quinta parte de la población (18.6%), un 13.4% es cubierto por empresas privadas y la mitad de la población lo recibe de las juntas de agua. Una revelación de esta encuesta indica que, entre los distribuidores de agua que ofrecen el servicio cinco días a la semana y más de 300 horas al mes, son las Juntas de Agua las que ofrecen un servicio más barato, mientras que ANDA registra el costo más alto por un servicio similar. La encuesta revela que la población sigue esperando que mejore el servicio del agua, que la ley no ha cambiado la realidad y que las Juntas de Agua cumplen una función social fundamental, que la población aprecia, pero que no ha sido valorado por las autoridades ni reconocido en la ley que se aprobó. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 118.

Mons. Romero no ha perdido actualidad. Todavía hoy representa un desafío. Desafía a dar continuidad a su reclamo de justicia y de paz, y desafía a seguir a Jesús en la construcción del Reino de Dios. La devoción y el culto, aunque importantes, no bastan. Tienen el grave peligro de hacer de Mons. Romero un mito que no interpela, ajeno a la historia de su pueblo. Cuando se separa a monseñor del pueblo adolorido y humillado, se lo desvirtúa. Mons. Romero no necesita culto, sino seguimiento. Los nuevos de siempre objetan que la situación del país es muy diferente. El Salvador de Bukele es totalmente nuevo. Sin duda, Mons. Romero vería con buenos ojos la desarticulación de las pandillas, pero no perdería de vista el elevado costo humano de esa operación. Denunciaría la tortura y la crueldad, el irrespeto a la dignidad humana y al derecho. Se identificaría con las familias que piden liberar a los inocentes y los enfermos, con las mujeres que aguardan noticias de sus maridos e hijos fuera de las prisiones, y con los menores abandonados. Clamaría, una y otra vez, como lo hizo en vida, que el fin nunca justifica los medios. Mons. Romero iría más allá y llamaría la atención sobre las causas que llevaron a decenas de miles de jóvenes a organizarse en pandillas criminales. Denunciaría el pecado que se encuentra en su origen y llamaría a cerrar esa posibilidad con la construcción de una sociedad igualitaria, solidaria y pacífica, donde la explotación, la opresión y la violencia no tengan cabida. Señalaría otra vez la ironía de unos soldados y policías que despojan, torturan y humillan a otros tan pobres como ellos, porque estos, a su vez, no encontraron otro medio de vida que robar y asesinar a otros igualmente pobres. El Salvador de hoy no es mejor que el de Mons. Romero. Su memoria y su palabra profética son aún necesarias. Mons. Romero clamaría con fuerza contra la militarización de la sociedad y contra la idolatría de la seguridad nacional o del régimen de excepción. En vida alertó contra “la omnipotencia de estos regímenes”, porque “el total desprecio hacia el individuo y sus derechos, la total falta de ética en los medios para lograr sus fines, hace que la seguridad nacional se convierta en un ídolo, parecido al dios Moloc, en cuyo nombre se sacrifican cotidianamente numerosas víctimas”. Esta idolatría no salva, sino somete al pueblo “a la tutela de las elites militares y políticas, que oprimen y reprimen a todos los que se opongan a sus determinaciones, en nombre de una supuesta guerra total”. La absolutización del Estado totalitario y su seguridad es inseparable de la absolutización de la riqueza y la propiedad privada. Las dos se necesitan, dijo Mons. Romero, “para mantener los privilegios, aun a costa de la dignidad humana”. Entregarse a la riqueza y la propiedad para compensar, con la grandeza y el poder derivadas de ellas, la poquedad y la pequeñez humana es perverso. La obsesión por tener cada vez más, advirtió Mons. Romero, “fomenta el egoísmo y destruye la convivencia fraterna de los hijos de Dios”. El individualismo dejado a sí mismo es necesariamente homicida. Esta idolatría es, continúa la denuncia, “la raíz de la violencia estructural y de la violencia represiva y es, en último término, la causante de gran parte de nuestro subdesarrollo”. Mons. Romero desenmascaró una tercera idolatría, una muy actual. Denunció la idolatría de la organización y los caudillos, populares y revolucionarios, entonces; sectarios, ahora. Estos se convierten en idolatría, dijo Mons. Romero, cuando se erigen en “valor supremo, al cual se subordina todo lo demás”. A quienes confían ciegamente en el líder del Estado totalitario y su seguridad militarizada, les recuerda que “no hay más que un solo Dios y un solo Señor”. La “absolutización de una cosa creada es una ofensa al único Absoluto y Creador, porque erige y sirve a un ídolo que pretende suplantar al mismo Dios”. Además de ofender a Dios, sigue Mons. Romero, “toda absolutización destruye y desorienta”, porque “cuando se absolutiza un valor humano, dándole, teórica o prácticamente, un carácter divino, se priva al hombre de su más alta vocación e inspiración y se empuja la cultura de un pueblo hacia una verdadera idolatría que lo mutila y lo oprime”. Es irónico, dijo, que todas las organizaciones y sus líderes hayan comenzado defendiendo los intereses populares. Pero luego, se fanatizaron, “de modo que ya no son los intereses populares los que más interesan, sino los del grupo u organización”. Quisieron callar su voz asesinándolo. Hoy, muchos olvidan su palabra profética. Pero su voz resuena interpelante. Desafía a comprometerse con la justicia y la paz, la reconciliación y la misericordia para reunir a su pueblo enemistado y disperso y convertirlo en el pueblo de Dios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La movilización por el área metropolitana de San Salvador se ha convertido en un calvario diario. Los congestionamientos se repiten con desesperante frecuencia, sin tregua, afectando a todos: automovilistas, motociclistas, usuarios del transporte colectivo, peatones. El problema se ha venido agudizando sin que las autoridades hayan hecho algo en verdad significativo para aliviarlo. Las causas del caos vial son muchas: el aumento del parque vehicular debido al deficiente e inseguro transporte público, la facilidad para adquirir un créditos para la compra de vehículo, el crecimiento poblacional, la falta de educación vial... Asimismo, las consecuencias son numerosas, más allá de las económicas. Debido a que el parque vehicular se ve obligado a circular a baja velocidad y por más tiempo, se incrementan la contaminación del aire, los niveles de ruido ambiental, el estrés y los incidentes de intolerancia. Prácticamente todos los habitantes del gran San Salvador son afectados por el caos vehicular, empezando por las personas que demoran hasta tres horas para llegar a su lugar de trabajo y otras tres para regresar a su hogar. Son cada vez más frecuentes los casos de empleados que salen muy de madrugada hacia su trabajo para evitar el tráfico y ya en la oficina duermen dentro de su vehículo mientras llega la hora de entrada. De los casi 700 mil vehículos que se movilizan cada día en el gran San Salvador, el 71% son autos particulares, el 12% motocicletas, el 7% autobuses, el 4% camiones y el 2% pick-ups, transporte escolar o de empresas, y taxis. Y a pesar de que esa cifra va en continuo aumento, datos oficiales revelan que el 80% de la población se desplaza en transporte público. Este contundente porcentaje es fundamental para la búsqueda de soluciones al problema del caos vehicular, y en ese sentido revela por qué han fracaso la mayoría de medidas gubernamentales: han estado pensadas para los carros, no para la gente. De hecho, la principal apuesta es, desde hace décadas, construir pasos a desnivel que alivian solo parcial y momentáneamente el tráfico. Partir de que la mayoría hace uso del transporte colectivo y que los congestionamientos los causan principalmente los vehículos livianos lleva a concluir que la solución al tráfico pasa necesariamente por un sistema de transporte público masivo. La escasa formulación y planificación de políticas de largo plazo en el área del transporte urbano está a la raíz del asunto. Si la población contara con un sistema de transporte colectivo seguro, ágil, cómodo y de calidad, seguramente una parte de quienes tienen vehículo preferirían dejarlo en casa, como sucede en otros países. Así se descongestionarían las arterias de la capital. El Sitramss apuntó precisamente a eso. Hubo deficiencias y errores obvios, pero una incomprensible decisión judicial sesgada a favor de los conductores particulares y, luego, el ciego afán de no reconocer nada bueno en lo que se hizo en el pasado lo han condenado a la muerte por abandono. Mientras las unidades del Sitramss acumulan herrumbre y las estaciones se convierten en ruinas, el tráfico continúa hundiendo ánimos, tiempos y planes a diario. A este respecto, como en muchas otras áreas de la dinámica nacional, lo estructural y de largo plazo debe imponerse sobre lo cosmético y coyuntural.

En el territorio salvadoreño, el agua sabe a desigualdad La última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA, nuevamente pone de manifiesto la postura de casi toda la población salvadoreña sobre el tema del agua en el país: el agua es un derecho humano. El 99.6% de la gente opina de esta forma. La mayor parte de la población salvadoreña sostiene que el agua es un derecho humano porque la considera como un recurso que le pertenece a toda la población y porque es fundamental para tener una vida digna. Por otra parte, los datos de esta encuesta muestran que 80 de cada 100 salvadoreños opinan que en el país existe una crisis de agua. La información disponible en esta última investigación muestra que el acceso de la población al agua tiene variaciones importantes según la ubicación geográfica y la situación económica de los ciudadanos. Por ejemplo, el abastecimiento de agua a través de cañería propia, dentro de las viviendas, alcanza un 90% de los encuestados en el área urbana del país, mientras que el área rural solo el 66% de las y los salvadoreños se abastecen del vital líquido, por esta modalidad. La información muestra que abastecerse de agua por medio de pozo, de pipas o directamente de una fuente natural es algo que resulta más frecuente en el área rural que en la urbana. Por otro lado, los datos muestran que, del grupo de personas que tienen abastecimiento de agua por medio de cañería propia dentro de su vivienda, quienes residen en el área rural disponen de agua menos días que quienes viven en el área urbana. En promedio, en el área rural se recibe agua cerca de 5 días a la semana mientras que en el área urbana se recibe, en promedio, aproximadamente 6 días a la semana. También la posibilidad de tener agua con más frecuencia está condicionada por la zona del país en la que reside la población. Así, las personas que residen en la zona Oriental y Paracentral reciben agua una cantidad de días significativamente menor que el resto de la población que vive en las zonas central, metropolitana y occidental. En la zona Oriental y Paracentral en promedio se recibe agua solo 3 días a la semana; mientras que en la zona Metropolitana y Occidental el acceso al agua alcanza, en promedio, 6 días a la semana. La situación empeora entre los residentes del área rural de la zona Oriental, quienes solo pueden contar con agua 3 días a la semana y quienes solo la reciben en promedio 4 horas diarias. Los datos de la encuesta muestran con claridad que, a excepción de la zona central del país, los residentes del área rural de las zonas paracentral, oriental y occidental tienen menos acceso a agua que los residentes urbanos de dichas zonas. Además, los datos muestran diferencias importantes en el acceso a agua según el nivel económico de la población encuestada. El grupo de personas con mayor vulnerabilidad económica, cuyos ingresos familiares al mes no alcanzan los 240 dólares, son quienes tienen disponible agua para sus hogares durante menos horas al día (13.74 horas diarias), en una cantidad que es menor al promedio general (14.74 horas diarias) y al promedio registrado entre las personas con ingresos familiares superiores a los $600 mensuales (15.61 horas diarias). Otro aspecto en que muestra la vulnerabilidad económica relacionada con el agua, es que la mayor parte de personas que se abastecen de agua por medio de pozos, cantareras o chorros públicos o directamente de una fuente natural de agua como ojos de agua, ríos, manantiales, etc. utilizan esa agua para beber. Se advierte que debido a que el perfil socioeconómico de este grupo de la población es bajo, el agua que beben no tiene ningún tipo de tratamiento, porque no pueden costearlo. La desigualdad en el acceso al agua es un punto importante que debe atender la actual administración; para lo cual es imprescindible que se tome en cuenta la opinión ciudadana, que se haga énfasis en la protección y garantía de este derecho humano, y que el acceso sea justo y equitativo priorizando el consumo humano por sobre el industrial. Por: Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, IUDOP.

En mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó incluir en el Código Electoral el artículo 291-A, que establece la prohibición de modificar un año antes de celebrarse comicios las reglas que rigen el proceso electoral. La razón cae por su peso: la prohibición garantizaba que una vez iniciado un proceso electoral no hubiera cambios en las reglas de juego. Por ejemplo, para las elecciones a celebrarse en 2024, según el calendario elaborado por el Tribunal Supremo Electoral, el proceso inició el 2 de diciembre de 2022 y el 3 de febrero de este año el Tribunal convocó a los partidos políticos a que realicen elecciones internas para elegir a sus candidatos. De haberse implementado cambios, estos tuvieron que haberse aprobado antes del 3 de febrero de este año. El artículo 291-A no fue un capricho ni obedeció a un arreglo bajo la mesa con fines oscuros, como han afirmado algunos diputados de Nuevas Ideas; fue una propuesta multipartidaria con el fin de garantizar una mayor seguridad jurídica en materia electoral. En su momento, los expertos en la materia valoraron positivamente que se incluyera esta prohibición, en particular después de varias experiencias en las que se cambiaron reglas electorales en fechas cercanas a comicios, lo cual generó no pocas dificultades al trabajo del Tribunal Supremo Electoral como ente organizador y garante de la integridad de los procesos electorales, y dudas y confusión entre la ciudadanía. Con su decisión de eliminar el artículo 291-A, el oficialismo ha abierto las puertas a que se modifiquen en cualquier momento las reglas que rigen el proceso electoral. Así, tanto la ciudadanía como los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral quedan a merced de las decisiones que la bancada de Nuevas Ideas y sus aliados tomen en materia de normativa electoral, pudiendo hacer cualquier cambio sin considerar plazos mínimos y prescindiendo de la necesidad de que las normas estén claras desde el inicio. El oficialismo asegura que el artículo 291-A vulneraba el derecho al voto de los más de seis millones de ciudadanos salvadoreños. En qué sentido, solo ellos lo saben. Más bien cabe pensar que la eliminación de la prohibición tiene como objetivo enmarañar las próximas elecciones y favorecer a un determinado actor político. Ya la ley especial para ejercer el derecho al sufragio en el extranjero ha generado muchas dudas en ese sentido, e incluso podría ser considerada inconstitucional al no exigir que los votantes en el exterior estén inscritos en el registro electoral ni que su voto sea supervisado por los partidos políticos, tal como lo establece la Constitución. Por otra parte, ya sea por un craso error o con mala intención, el decreto 686, publicado en el Diario Oficial el 15 de marzo, derogó un artículo inexistente, pues hace referencia al artículo 291-A del decreto 413 aprobado en 2013, el cual no contempla ese artículo. Fue el decreto 391 del año 2016 el que introdujo el artículo 291-A en el Código Electoral. Gracias a ese desaguisado los legisladores tuvieron la oportunidad de rectificar su decisión y mantener el artículo que impedía hacer cambios que pudieran afectar tanto el desarrollo del proceso electoral como la integridad misma de las elecciones. Ahora dependerá de la simple voluntad de la administración Bukele y sus legisladores que las próximas elecciones sean libres, transparentes y justas; es decir, dependerá de funcionarios que no respetan ni valoran la democracia hacer que las elecciones de 2024 sean democráticas.

Este 24 de marzo se conmemoran 43 años del martirio de monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ahora santo de la Iglesia universal. Paradójicamente, ahora que es santo es cuando menos comprometida con su legado se muestra la Iglesia católica arquidiocesana, especialmente en su jerarquía. Hoy, precisamente, cuando sus palabras y estilo pastoral adquieren actualidad. Entre el legado de monseñor Romero está una propuesta de estructuración de la sociedad salvadoreña sobre la base de diez principios: fraternidad, pluralismo, equidad, justicia, inclusión, responsabilidad ecológica, racionalidad, libertad, bondad y participación. Estos principios pueden ser puestos en práctica en los diversos espacios sociales de interacción humana, desde la familia hasta el Estado, pasando por las comunidades, las escuelas, las empresas, las instituciones sanitarias, los tribunales, etc. La práctica rutinaria de estos principios revolucionaría la sociedad salvadoreña, la transformaría en lo que monseñor Romero llamaba “una sociedad según el corazón de Dios”. La visión romeriana de esta sociedad corresponde a la dimensión utópica de su legado. Monseñor Romero anuncia una nueva sociedad. Si Jesús de Nazaret anunciaba el Reino de Dios como forma de organizar las relaciones sociales en la sociedad judía de su época, monseñor Romero también anunció algo semejante; algo que por requerir de la colaboración de hombres y mujeres para su realización solía llamar “proyecto”: el “proyecto de Dios”. Desde este anuncio podía emitir juicios éticos y teológicos sobre la realidad salvadoreña de finales de la década de 1970. Para monseñor Romero, aquella realidad era una negación del proyecto de Dios, un rechazo a instituir una sociedad según el corazón de Dios. La expresión más brutal de esta negación y rechazo era la sistemática violación de los derechos humanos, comenzando por el primero de entre ellos: el derecho a la vida, en especial, la vida de los campesinos y de la mayoría pobre. La sociedad que conoció monseñor Romero y que quiso transformar producía sufrimiento y muerte por todos lados. Una muerte rápida, en la forma de asesinatos, o una muerte lenta, en la forma de exclusión económica, social, política, jurídica y cultural. El pecado reina, decía monseñor Romero. Y la señal de ello era la proliferación del dolor y de la muerte por todos lados, dado que el fruto del pecado es la muerte. Desde esta realidad, mirando hacia el proyecto de Dios, monseñor Romero alzaba su voz en defensa de las víctimas de aquel orden social. Su voz se convirtió en la voz de los que no tienen voz. Su voz denunciaba el pecado, pero era también la voz del Dios de la vida. Una voz que anunciaba que las cosas podían ser diferentes. Monseñor Romero ofreció una alternativa. Una sociedad diferente que promueva la vida para los pobres es posible. La garantía está en Dios, pero se requiere del trabajo de hombres y mujeres. Buscando la eficacia histórica, monseñor Romero promovía la organización de los pobres, defendía sus derechos, los animaba, les orientaba, los acompañaba. Esta labor ya la habían emprendido otros agentes de pastoral en distintos lugares del país. El anuncio de que las cosas pueden ser de otra forma movilizó a diversos sectores y grupos sociales en la década de 1970. Monseñor Romero se sumó y acompañó ese movimiento y lo hizo como buen pastor, hasta derramar su sangre por la vida de sus ovejas. El legado de monseñor Romero requiere ser retomado por una nueva generación, así como ocurrió con el legado de Jesús de Nazaret y sus discípulos. Sin una segunda generación de seguidores de Jesús no habría existido el cristianismo como nueva religión ni la Iglesia cristiana como su expresión organizativa. Cuatro décadas han pasado desde el asesinato de monseñor Romero, y sus contemporáneos ya han muerto o están muriendo. Sin una segunda generación romeriana, el monseñor Romero de la historia será convertido en el santo que hace milagros, pero que no tiene nada que ver con la trama de la historia. Monseñor Romero proponía un modelo de sociedad para que desde este se contrastara tanto la realidad vigente como cualquier otro enfoque alternativo. El compromiso político de los cristianos sin excepción, aunque bajo diversas modalidades, debía ser hacer realidad el proyecto de Dios. En este sentido, los cristianos debían evaluar los diversos proyectos políticos para ver en qué medida realizan, en la historia, el proyecto de Dios. La alternativa romeriana es un instrumento para orientar el camino de los pueblos hacia sociedades en las que todos los hombres y mujeres vivan en plenitud. El Salvador vive en la primera mitad de la década de 2020 un momento crucial de su historia. Es un momento de transición que tiene varias dimensiones: económica, social, política, jurídica y cultural. Desde 2019 se está instituyendo una visión que puede consolidarse como hegemónica. Las elecciones de 2024 serán un hito importante en este proceso. Desde esferas gubernamentales se expand

“Las sanciones afectan profundamente la realidad de las personas; no son solo una medida política”. Con esta afirmación, el Concilio Mundial de las Iglesias, la Alianza Evangélica Mundial y Cáritas Internacional presentaron, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe titulado “Evaluación del impacto de las sanciones en la labor humanitaria”. El tema es relevante dada la tendencia planetaria a imponer sanciones a ciertos países. Si se pierde de vista que por lo general ese tipo de castigos afecta a la población más pobre, se corre el riesgo de terminar justificando un problema humanitario. El terremoto que en febrero asoló parte de Siria ha demostrado que las sanciones contra el autoritario Gobierno sirio impiden que llegue ayuda a los damnificados por el sismo y a las víctimas de la guerra interna. Así, estas personas se vuelven víctimas tanto de la guerra y la naturaleza como de las sanciones. Cualquier castigo contra grupos sociales entraña el peligro de afectar a inocentes y dejar impunes a quienes han delinquido o violado normas. En El Salvador, la persecución a las bandas criminales —algo muy necesario— ha derivado en actuaciones que han aumentado algunos de los problemas sociales existentes. Si antes de la llamada “guerra contra las pandillas” había niñez desprotegida, los casos de niños desprovistos de apoyo familiar han aumentado en muchos de los barrios y zonas en los que la Policía y el Ejército llevan a cabo redadas masivas en las que reina la arbitrariedad. El daño a los niños se extiende mientras algunos líderes del crimen se esconden y permanecen en la impunidad. Por supuesto, hay que perseguir el crimen, pero no de cualquier manera, sino desde una investigación seria, una comprobación clara de los delitos y sin “daños colaterales”, como irresponsablemente se llama a las víctimas inocentes de la lucha del Estado contra las maras. Los niños no pueden ni deben pagar los delitos de sus progenitores, y mucho menos sufrir la separación de ellos cuando no hay pruebas de culpabilidad de los detenidos. Aunque es cierto que se ha liberado y reconocido la inocencia de un pequeño porcentaje de los apresados, lo real es que el daño a las familias ya está hecho. Además, en general, la liberación no es obra de una gestión estatal, sino del intenso esfuerzo de los familiares, quienes buscan y presentan pruebas de arraigo, de trabajo y de honradez de sus parientes. Una labor que drena muchísimo tiempo, ánimo y recursos. Tener en cuenta que las sanciones contra poblaciones enteras o sectores sociales amplios producen dolor y daño a inocentes es indispensable tanto en la política internacional como en la actividad local. Implementar políticas de prevención y mitigación de daños, en particular de protección de la infancia, resulta obligado si de verdad se cree, como habitualmente se dice, en el interés superior del menor. Acelerar y facilitar los procesos de demostración de inocencia de los detenidos es otro de los pasos que el Estado debe dar en medio de la aplicación de un régimen de excepción que lleva ya un año de existencia y bajo cuya sombra se ha impuesto una lógica de detenciones arbitrarias. Es importante repetirlo: las sanciones y castigos generales siempre dañan a inocentes.

Fuera del país, nadie apuesta más por El Salvador que las y los migrantes. Una realidad irónica, porque aquellos a los que se les niega la oportunidad de desarrollar una vida digna en su propia tierra mantienen a flote la economía de sus familias y la del país que los expulsó. De acuerdo a datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), el país recibió en 2022 un total de 7 mil 741 millones de dólares en remesas, lo que representan más del 26% del producto interno bruto (PIB). El mismo año, la inversión privada batió un récord que venía desde 1960, al sumar 5 mil 291 millones de dólares (el 18.4% del PIB), lejos del aporte de las remesas. Precisamente por la importancia de la población migrante para la economía nacional es que políticos y funcionarios han tenido siempre a la diáspora como objeto de interés. A lo que en años recientes se ha sumado con más fuerza otra baza: su potencial electoral. Es decir, los migrantes les importan a quienes ejercen el poder del Estado por dos razones: dólares y votos. Sin embargo, la importancia de la población migrante trasciende los aspectos económico y electoral, pues, por mucho que viva fuera, es parte esencial del cuerpo social del país. Y así lo siente la mayoría de ellos y ellas. Una reciente publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del BCR, titulada “Encuesta de población salvadoreña en Estados Unidos. El Salvador 2022”, revela que buena parte de los salvadoreños en el exterior sigue amando y extrañando a su país. El estudio incluyó a personas adultas salvadoreñas por nacimiento y fue realizado en las primeras semanas de agosto de 2022. La primera constatación es que siguen vinculadas a su país a pesar del paso de los años en tierra extraña. El estudio revela que 6 de cada 10 tiene interés en regresar a El Salvador en algún momento y que el 18.6% ya ha realizado planes para lograrlo. Por otra parte, el 80% de los encuestados afirmó que envía remesas de manera periódica a sus familiares, incluso a amigos. Otro signo de que la población migrante tiene mente y corazón puestos en su tierra natal es que un buen porcentaje ya ha realizado inversiones o tiene intenciones de adquirir productos financieros en el país. El 66% de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior han invertido en bienes muebles, inmuebles o negocios, ya sea en El Salvador o en Estados Unidos; y se estima que casi un millón (916,923) tiene interés en adquirir algún tipo de producto financiero con instituciones salvadoreñas. El Salvador le debe a sus migrantes una defensa sistemática y honesta de sus derechos, y un esfuerzo real por garantizar acá las oportunidades que ellos debieron buscar en otra tierra. Es mero oportunismo tomarlos en cuenta solo por los dólares que mandan o por los votos que puedan aportar. Los migrantes deben ser entendidos y considerados más allá de su valor instrumental; solo de ese modo será posible respetar su dignidad y darles el lugar que les corresponde en la escena nacional.

El gabinete de seguridad de Bukele es desconcertante. Un día, uno de sus integrantes asegura que los detenidos por el régimen de excepción “no van a salir de la cárcel y nos vamos a encargar […] de que no vuelvan a poner un pie en las comunidades”. Según él, “el mensaje es claro”. Pero pocos días después, uno de sus colegas anunció la creación de “fiscales penitenciarios” para vigilar el cumplimiento de la sentencia de cada pandillero. Pero si esta es cadena perpetua, como dice el primero, los fiscales del segundo no tienen nada que verificar, ya que del encierro se encargan los centenares de soldados y policías que compartirán la incomunicación con los reclusos. Eso no es todo. La desorientación del gabinete de seguridad es aún mayor. La tarea asignada a los nuevos fiscales es “garantizar el cumplimiento de los procesos”, algo que al régimen le trae sin cuidado. Los habeas corpus se amontonan sin respuesta en la Corte Suprema de Justicia, los reclamos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos caen en el vacío y los jueces están al servicio de quien les da de comer, no del derecho. La presentación de los nuevos fiscales contiene otras falsedades. Según el presentador, “el fiscal interviene en todas las etapas del proceso, desde el momento de la denuncia”. Pero no hace mucho, otro colega suyo dijo que, en la calle, los policías hacían de jueces. Si dice verdad, violentan los procedimientos del proceso penal. Los testimonios de capturas por “orden superior” o porque “es la ley” son numerosos. Otra atribución de estos fiscales es cuidar que “las personas que han cumplido con su condena de una manera adecuada salgan en libertad y que las personas que de alguna forma no merecen volver a un estado de libertad, permanezcan en reclusión”. Según esto, la cadena no será perpetua, como aseguran. Dependerá del cumplimiento “adecuado” de la condena, una expresión enigmática, ajena al rigor del lenguaje jurisprudencial. En definitiva, la libertad o la permanencia en prisión dependerán de la evaluación de estos funcionarios y no de la sentencia judicial. Quién entiende al gabinete de seguridad. Sus integrantes no prestan atención a lo que dicen. Hablan de cualquier cosa que confirme la mano dura. Por eso aseguran que combatirán el feminicidio con más militarización. Las reuniones a altas horas de la noche son una mezcla de ignorancia, superficialidad e improvisación. Lo que nunca falta es la fotografía. El vicepresidente asegura que el plan de control territorial es tan exitoso que lo han compartido con otros países. Si así fuera, los identificaría y no faltaría la fotografía que lo atestigüe. En la práctica, nada de eso importa para una opinión pública conformista y alienada. Unas cuantas imágenes y expresiones sectarias, reproducidas y multiplicadas por las redes digitales, bastan para complacerla. No obstante el conformismo popular, la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, así como también muchas otras realidades nacionales. La ausencia de una dirección clara, dialogante e ilustrada es notable. El vicepresidente se jacta de que “acá no hay organismos internacionales que nos estén organizando, esto es producto de talento salvadoreño”. Precisamente, eso es lo que falta. No por carencia de talento nacional, sino porque el reunido en el gabinete de seguridad ha demostrado ser corto y torpe. Tal vez porque se contenta con representar el papel asignado por la mente que dirige el país detrás del sillón presidencial. En cualquier caso, no está a la altura de sus responsabilidades. En los organismos internacionales, en cambio, hay elementos con más formación, experiencia y capacidad para enfrentar los desafíos actuales de la seguridad ciudadana y de la realidad nacional en general. Pero estos son inaceptables por dos razones. Una es su independencia. Bukele y sus asesoras venezolanas solo aceptan a quienes están dispuestos a seguir el guion al pie de la letra. La otra razón es que los derechos ciudadanos y la institucionalidad democrática les son indiferentes. La intervención irracional, brutal y vengadora es publicitariamente más redituable. Inesperadamente, las alertas de Estados Unidos y Canadá sobre la conveniencia de hacer turismo en el país han desautorizado la aproximación de Bukele a la seguridad ciudadana y han infligido un duro golpe al desarrollo del turismo, una de sus apuestas más grandes. Las alertas no recomiendan el turismo en El Salvador porque “la delincuencia es un problema grave en todo el país”. Existen algunas zonas seguras, como el centro de la capital pero, fuera de ellas, “todavía ocurren homicidios, asaltos, violaciones y robos a mano armada”. Las alertas no olvidan mencionar que las garantías jurídicas normales son inexistentes. Las noticias falsas, la desinformación y la propaganda, repetida hasta la náusea, ya empiezan a mostrar sus límites. Los hechos muestran que la seguridad ciudadana se encuentra a la deriva, a merced de unos funcionarios que solo velan por la popularida