Editoriales y Opiniones

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana. Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución. Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia. Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia. Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado. A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos. Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.

Es indudable que luchar por un presente más justo es necesario. Y dado el modo en que se están desarrollado las elecciones, se necesita enmendar los errores, denunciar a los causantes de los mismos y devolver el país a la normalidad, la transparencia y la honestidad; sacarlo de la desastrosa situación al que lo ha llevado la guerra del oficialismo contra la democracia. El conteo de los votos de las elecciones legislativas debería ser hoy el principal tema de control ciudadano, ya que las instituciones han demostrado de sobra su incapacidad de dar una respuesta adecuada, racional y legítima a las expectativas de la gente. Pero más allá de ello, es urgente comenzar cuanto antes a pensar en el futuro. El presidente ha entrado de facto en su segundo período. Seguramente, seguirá contando con el apoyo mayoritario de los diputados y dominando todas las instituciones públicas, en principio establecidas para controlar los posibles excesos del poder. Ante la cooptación de los sistemas estatales de control, la tarea de poner coto a los abusos queda ahora en manos de la sociedad civil, la prensa libre y algunas instituciones dedicas a defender el Estado de derecho. Por eso es imprescindible pensar y trabajar el futuro. Sería absurdo quedarse solamente en las quejas y reclamos (por necesarios que sean) y olvidar lo que se quiere para El Salvador. Ciertamente, no conviene volver al pasado, pues lo que se requiere es un horizonte diferente al actual, uno más claro, solidario y democrático. Decir que con el FMLN o con Arena se vivía mejor es falso para la mayoría de la población. Y por ello, si se quiere tener una democracia decente, hay que diseñarla y mostrársela a la gente. Será tarea de años, sí, pero no demasiados,ya que los problemas estructurales del país, que están conduciendo a la precariedad económica y sociocultural a tantas personas, obligarán al cambio. Si no se piensa y difunde otro futuro, el populismo se enraizará y marchitará toda posibilidad de una convivencia libre y armónica. La crítica es buena, pero si no ayuda a describir con claridad un proyecto diferente al actual, termina convirtiéndose en un lamento estéril. Y ya la mayoría de la población tiene suficientes angustias y sufrimientos vitales como para querer sepultarse en lamentaciones que no conducen a ningún lugar. Hay que demostrarle a la población que un futuro sin pobreza y desigualdad extrema es posible para El Salvador. Competir con el populismo en boga y sus promesas llevará automáticamente a la derrota. Porque los populistas son expertos en convertir las promesas en propaganda y transformar toda obra pública, terminada o en proyecto, en simulacro de futuro feliz. El pan y el circo convencen más que las palabras si no hay una racionalidad y un compromiso personal que certifiquen que el futuro en justicia del que se habla tiene más garantía de ser cierto que las luces y la escenificación gloriosa del poder, que promete el liderazgo mundial de nuestra patria en casi todas las esferas de la vida social. Toca repetirlo: urge diseñar otro futuro desde la realidad y desde los cambios que ella reclama; urge proclamarlo desde la justicia social, la igual dignidad de todas las personas y la fraternidad. Solo así se podrán corregir las dinámicas que nos llevan hacia el autoritarismo, la arbitrariedad, la pobreza, la precariedad y el desguace del Estado de derecho.

Las elecciones se han desarrollado en un ambiente de debate sobre la legalidad de la reelección, predominio propagandístico del partido en el Gobierno, impago arbitrario de la deuda electoral a los partidos de oposición y uso de los recursos estatales para apoyar la reelección presidencial, entre otras graves irregularidades. Las encuestas informaban de un apoyo masivo a la candidatura presidencial de Nuevas Ideas y presumían la desaparición de algunos de los partidos participantes. En una nueva violación a las normas electorales, Nayib Bukele se declaró reelecto antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera dato alguno. En el reciente Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, El Salvador retrocede diez puntos respecto al año 2022, quedando en el puesto 126 de 180 países estudiados, y doce puntos por debajo del promedio latinoamericano. El incumplimiento de leyes y la arbitrariedad de las instituciones son dos de los indicadores de que algo marcha muy mal en El Salvador. Las reservas de información, que se han convertido ya en una norma en las dependencias estatales, empeoran la situación. El acoso a los periodistas ha crecido. Y la partida secreta de la Presidencia, causante de algunos de los mayores escándalos de corrupción de Gobiernos anteriores, continúa existiendo y engordando, pese a las promesas de eliminarla. No es raro que la percepción de corrupción aumente, aunque de momento no haya tenido repercusiones electorales. Generalmente se tiende a identificar corrupción estatal con enriquecimiento ilícito. Pero en realidad, la corrupción comienza y se desarrolla en sociedades autoritarias a partir de la arbitrariedad y la falta de transparencia. Países que no brindan información clara a la ciudadanía hacen que aumente entre la gente la sospecha o la percepción de corrupción. La percepción no es, evidentemente, una prueba judicial de que la corrupción exista. Pero si la percepción aumenta es evidente que el Estado no está cumpliendo con las normas de transparencia requeridas para luchar contra la corrupción. Los procedimientos seguidos durante los últimos años no harán que disminuya la percepción de corrupción. Al contrario, dejarán un mal sabor de boca en muchos. Demasiado peso de algunas instituciones estatales en la propaganda, demasiada prepotencia y afán de control de todo. Ahora lo inteligente sería un cambio de dirección. Es necesario abrirse al diálogo, a la contraloría social, a un funcionamiento del Estado respetuoso de los derechos ciudadanos, a la independencia de poderes y al debate público y abierto de los problemas económicos y sociales del país. Hace ya muchos años, el Concilio Vaticano II pedía a los cristianos interesados en la política que lucharan “con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político”. Cristianos o no, las salvadoreñas y salvadoreños podrían desde la crítica mejorar la realidad del Gobierno si este tuviera los oídos abiertos. Sin embargo, en su discurso de la noche del domingo 4 de febrero, Nayib Bukele no dejó duda alguna de que únicamente se escuchará a sí mismo.

La ansiedad del adicto al poder pudo más que la prudencia del ilustrado. En lugar de aguardar los resultados oficiales de una autoridad electoral favorable a su causa, Bukele se autoproclamó ganador absoluto de la elección presidencial y legislativa. La reelección estaba asegurada de antemano. Por tanto, la serie de irregularidades en todas las fases del proceso electoral, que autorizan a descalificarlo como fraude, era innecesaria. La ambición desmedida de poder vició el proceso de principio a fin. La inconstitucionalidad de la reelección desembocó en la autoproclamación cuando apenas había comenzado el conteo preliminar y no se había procesado ningún acta de la votación legislativa. Los países amigos, encabezados por Washington, cayeron en la trampa y le siguieron el juego al felicitarlo sin datos oficiales. La autoproclamación y las congratulaciones validaron una elección con más votos que empadronados, con votos fraudulentos, con actas incongruentes y contradictorias, con papeletas y actas extraviadas, con fallas graves de logística para resguardar la seguridad del voto y con la plataforma informática caída. Por falta de datos, el triunfo legislativo de Bukele es mera especulación. La ausencia de soporte electrónico impidió el escrutinio. El fiasco es tan clamoroso que la autoridad electoral dispuso abrir las urnas para contar los votos. Los partidos de la oposición hablan de anular las elecciones. En ciertos sectores de la opinión pública se habla de fraude. Desde los tiempos de la oligarquía militar y su partido de las manitas no había habido un fracaso de esta envergadura. En esto, el oficialismo se ha superado. Por asegurar lo seguro, se pasó. El descalabro organizado por la autoridad electoral no sorprende. Es reflejo fiel de cómo la dictadura gestiona la administración pública. Es tan incompetente que ni siquiera pudo disimular el fraude. Después de la autoproclamación de Bukele, calificó cínicamente las elecciones como “un éxito”. Si la debacle es triunfo, qué será el fracaso. Desde 1992, la institucionalidad electoral no había dado muestras de una incapacidad tan escandalosa, que no solo deja por el suelo su credibilidad, sino que también le ha costado al país millones de dólares. No sería extraño, entonces, que la abstención aumente en la elección municipal. El triunfo de Bukele es indudable, pero debe ser matizado. Hay indicios sólidos de que solo votó alrededor del 40 por ciento, es decir, la mayoría de la ciudadanía no acudió a las urnas. Por tanto, Bukele obtuvo una abrumadora mayoría solo entre ese 40 por ciento que votó. Dicho de otra manera, la mayoría de la población no votó por él. Tampoco la de la diáspora. De confirmarse, este dato demostraría que si su popularidad es real, no se tradujo en votos, o bien, esa popularidad no es tan alta como dicen las encuestas. Consumada la reelección de Bukele es saludable preguntar qué se puede esperar razonablemente en los próximos cinco años. Esa cuestión se puede desglosar en otras dos: el para qué y el para quién de la reelección. Hasta ahora, Bukele ha sido incapaz de concretar qué hará en el segundo mandato. Ante la falta de novedades, cabe esperar más de lo mismo: militarización, seguridad y represión, eventos con repercusión internacional y megaproyectos como el nuevo estadio chino. Por otro lado, la reelección no es para aliviar las penurias de las mayorías, que tendrán que conformarse con más diversión y algún que otro reparto de alimentos. Ellas no son la prioridad de la dictadura. Antes que ellas se encuentran la familia presidencial y sus socios, los beneficiarios directos de la reelección. La primera fase de las elecciones generales ha puesto en evidencia la similitud del oficialismo con los partidos tradicionales, la némesis de Bukele. El oficialismo hunde sus raíces en la peor tradición de la política nacional. En nombre de la gobernabilidad para una presunta transformación que no asoma por ningún lado, ha impuesto un partido único, que reproduce el partido de los militares de antaño. El atavismo es más poderoso que unas presuntas aspiraciones de novedad. La transformación en marcha se disfraza de seguridad y prosperidad para revisitar un pasado que sumió al país en una sangrienta guerra civil. La reelección pudo haber sido un triunfo nítido y brillante de la popularidad de Bukele. La insensatez del adicto al poder total la descarriló. Bukele y sus consejeros se han metido innecesariamente en un berenjenal de consecuencias imprevisibles. El delirio le impidió consumar convincentemente la inconstitucionalidad de su reelección. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Como se fue constatando en los meses previos a los comicios del 4 de febrero, el proceso en marcha se ha caracterizado por la falta de la integridad electoral que garantiza que unas elecciones sean limpias, justas e imparciales. Entre otros factores, la campaña careció de la igualdad de condiciones requerida para que hubiese una verdadera competencia; del financiamiento público a los partidos políticos de oposición, estipulado tanto por la Constitución como por el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos; de la autonomía de la autoridad electoral; y de transparencia y rendición de cuentas de los gastos gubernamentales. Como han afirmado otras instancias que han dado seguimiento al proceso electoral, esta contienda se preparó con antelación para que beneficiara al partido de gobierno. La jornada del 4 de febrero fue una prolongación de lo que se vivió durante la campaña electoral. La presencia del oficialismo dentro y fuera de los centros de votación fue abrumadora. Según reportes del asocio de observación electoral de la Universidad Don Bosco y Fundaungo, hubo presencia de miembro del partido oficial en el 97.3% de las JRV y de GANA en el 56.7%; en contraste, el resto de partidos tuvo una presencia de entre el 1.9% y el 40.8%. Por otra parte, la obstaculización sistemática del trabajo periodístico durante la jornada electoral (la Asociación de Periodistas de El Salvador registró y denunció 173 vulneraciones a periodistas) redujo la transparencia del proceso. Y en una nueva violación a la ley electoral, la publicidad televisiva del Gobierno siguió activa con absoluta impunidad incluso en el día de las elecciones. A ese respecto, particularmente relevantes fueron tres hechos. En primer lugar, la conferencia de prensa desarrollada por el candidato inconstitucional cuando todavía se desarrollaba la votación (3:54 p.m.) y en la que llamó implícitamente a votar por su partido, irrespetando así el silencio electoral normado en el artículo 175 del Código Electoral. Segundo, la publicación en la televisión estatal, replicada después por otros medios de comunicación, de una encuesta a boca de urna cuando el Tribunal Supremo Electoral aún no anunciaba ningún resultado preliminar, violando el mismo artículo del Código. Y, en tercer lugar, la autoproclamación de Bukele como ganador sin tener más datos que los de la encuesta en mención. Sin embargo, todo ello palideció ante la gravedad de lo sucedido a la hora del escrutinio en las JRV y de la transmisión de la información. De acuerdo a un reporte del consorcio Observa El Salvador 2024 (del que la UCA forma parte), en todos los centros de votación observados hubo problemas vinculados con el sistema de registro y la transmisión de los resultados. Entre otros factores que entorpecieron el escrutinio, se reportaron dificultades en la logística de entrega y manejo del equipo de transmisión, y falta de papel de seguridad para la impresión de actas. En diez centros de votación observados se constató que las cifras de la votación se multiplicaban al subirlas al sistema, una anomalía que quedó reflejada en los primeros resultados publicados por el TSE. Estos problemas provocaron que los integrantes de las JRV trabajaran en condiciones extenuantes y sumamente adversas. Las deficiencias anteriores obligaron a que la autoridad electoral declarara fallido el escrutinio preliminar de las elecciones y diera paso al escrutinio final. Esta decisión del TSE es acertada, pero no disipa la obligación que el Tribunal tiene de aclarar diversas cuestiones. El principal activo de una autoridad electoral es la confianza ciudadana, y es precisamente ello lo que está en juego en estas elecciones. El TSE debe informar sobre cómo procederá contra los que violaron el silencio y la ley electoral de manera reiterada e impune antes y durante la jornada electoral. También debe explicar cuáles fueron las causas de las fallas en el proceso de registro y transmisión de los resultados. Para evitar más especulaciones, el TSE debe informar con detalle y transparencia sobre el proceso y la metodología que empleará para la revisión de las actas y la apertura de urnas, y sobre cómo se custodiará el material electoral que contiene la evidencia sobre la voluntad de los electores manifestada en las urnas. Y es crucial que el Tribunal facilite la presencia de observadores nacionales e internacionales, y de medios de comunicación en el escrutinio final, a fin de garantizar la necesaria transparencia del conteo de votos.

El país está a las puertas de celebrar las que sin duda son las elecciones más controversiales desde la firma de los Acuerdos de Paz, pues el oficialismo no ha escatimado recursos para que los comicios den el resultado que le conviene. Por eso, no se puede analizar ni valorar este proceso electoral de la misma manera que se hizo con los precedentes. Estas elecciones son distintas porque por primera vez desde 1935 hay a un candidato a presidente que es el presidente de turno. Solo lo hizo antes Maximiliano Hernández Martínez, quien, siendo vicepresidente, llegó al poder después de un golpe de Estado en diciembre de 1931. Martínez, el responsable de la masacre de miles de indígenas y campesinos en 1932, se reeligió violando la Constitución y se mantuvo en el poder hasta 1944, cuando una huelga general de brazos caídos lo obligó a renunciar. Estas elecciones son distintas porque es la primera vez desde el fin de la guerra que se celebrarán en el contexto de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales y que condicionan la participación ciudadana. También son especiales porque la población ha presenciado una campaña electoral absolutamente desigual, tan asimétrica como las encuestas recogen que serán los resultados electorales. La campaña ha sido cuestión de una sola fuerza política, la cual cuenta con grandes recursos económicos, ha puesto la maquinaria del Estado a su servicio y se enfrenta a una oposición dispersa, estrangulada económicamente y, por esto último, incapaz de competir en igualdad de condiciones. Esta es una competencia entre un David y un Goliat. Además, esta campaña se ha caracterizado por la ausencia de propuestas concretas que respondan a los graves problemas que afectan a la población. La propaganda oficial ha saturado con mensajes que giran en torno a no volver al pasado y a seguir con los cambios, pero sin decir cuáles, ni cómo, ni cuándo. La machacona repetición de anuncios del oficialismo no dice nada, pero gusta a mucha gente. Los temas fundamentales para la población (es decir, la crisis de la economía familiar, la pérdida de poder adquisitivo ante el alto costo de la vida, la injusticia de un sistema de pensiones cada vez más inequitativo, la baja calidad de la educación, los graves problemas medioambientales, la generación de empleos dignos, la situación de las mujeres y un largo etcétera) no aparecen en la campaña. En lo que se parece la actual campaña electoral a las anteriores es en los vicios y artimañas utilizados por el oficialismo para mantenerse en el poder. Se reparten alimentos comprados con dinero público en nombre del presidente, se pauta publicidad electoral pagada por el Gobierno, se inauguran obras de infraestructura, se usan recursos del Estado para labores partidarias... todo prohibido por la ley y ante el silencio obsequioso de la autoridad electoral. Por su parte, la oposición tiene propuestas, algunas interesantes, pero por la falta de financiamiento de los partidos no se han dado a conocer. Así las cosas, las encuestas revelan que la población asistirá masivamente a las urnas, sobre todo el 4 de febrero. Pero lo hará desinformada sobre los recientes cambios en el número y la distribución de diputaciones y municipios. Las intenciones de voto declaradas apuntan a que el país se inscribirá en la lista de sistemas de partido hegemónico o de partido único. El mandatario explícitamente pide eso en su propaganda y mucha gente parece verlo bien, pese a que este tipo de sistemas de partido solo existe en regímenes no democráticos. Las encuestas serias no inventan nada, solo reflejan lo que la población declara. Aunque no es frecuente que las personas mientan en los sondeos de opinión por temor o por cualquier otra razón, hay ejemplos de eso. En 1990, la gente daba en todas las encuestas un triunfo unánime a Daniel Ortega; sin embargo, fue elegida la opositora Violeta Barrios. El año pasado, en Guatemala, Bernardo Arévalo apenas se asomaba en los últimos lugares de las encuestas y hoy es el presidente del vecino país. Poco frecuente, pero la población a veces no dice cómo piensa votar en realidad. En estas circunstancias, las personas deben recordar que, como lo estipula el Código Electoral en su artículo 3, el voto tiene al menos cuatro características: es libre (nadie puede obligar a votar por alguien, ni siquiera a votar), es directo (nadie puede votar por otra persona), es igualitario (el voto vale lo mismo sin importar la condición de las personas) y es secreto (a menos que quiera, nadie tiene que decir por quién votó). Los políticos juegan con el hambre de la gente regalando alimentos, semillas o cualquier cosa, pero, en última instancia, el voto es cuestión solo de la persona y su conciencia.

El poder genera una adicción difícil de vencer. Por esa razón, la institucionalidad democrática establece pesos y contrapesos y, en especial, provisiones para impedir que alguien se instale en él indefinidamente. Estas medidas cautelares son comprensiblemente un estorbo insoportable para los adictos al poder, que no descansan hasta removerlas. Esta adicción, como la del alcohol y las drogas, ejerce una atracción casi irresistible e insaciable. Entre más se tiene, más se quiere. De ahí que la acumulación de poder sea un esfuerzo interminable. El adicto es un inconformista de alguna manera consciente de que su empeño es absurdo. La caducidad de todas las realidades intramundanas es un obstáculo insalvable, que le impide saciar su hambre de poder. Todos sus afanes, incluida la represión, se estrellan contra la apertura de la realidad que se le escapa. Al final, el fracaso aguarda al adicto. La búsqueda del poder absoluto es un vicio devastador, que devora energías, destruye la autoestima, nubla el entendimiento, enturbia la visión y desemboca en insensateces. El adicto promete mucho, inicia obras y luego las abandona para volver a prometer y así repetir el círculo. Se vale de buenas palabras, a veces incoherentes, a veces mentirosas, para justificar lo injustificable. Un ejemplo clamoroso es la repetida promesa de perseguir la corrupción. Más allá de acusar y encarcelar a unos cuantos adversarios y desleales, la podredumbre permanece, aun cuando su hedor envenena el ambiente. La conducta de adicto se rige por la lógica fría del poder, que desconoce la sensibilidad, la generosidad y la compasión. En su afán por conquistar el poder total, se deshumaniza y deshumaniza su entorno. La relación con los demás es enfermiza, incluso patológica. Un revulsivo eficaz para la adicción al poder, además de los controles de la institucionalidad democrática, es la consideración de la muerte. El poder y sus prerrogativas, como la riqueza y la popularidad, no caben en el ataúd. Estos duran lo que dura el poderoso. El adicto, como cualquier ser humano, es caduco. La caducidad no es primariamente concebida, sino sentida profundamente. Por eso, el poderoso busca cómo prolongarse en las obras y la memoria. Pero el autor de aquellas se olvida con el tiempo; solo unos pocos lo recuerdan. La memoria es corta. La desmemoria, tan útil en el presente para no reclamar el cumplimiento de las promesas, para no pedir aclaración de las contradicciones y para no exigir explicación de los desaciertos, en el futuro se vuelve contra el poderoso. En fin, el trabajo para alcanzar la eternidad por sí mismo es inútil. El adicto al poder está convencido de ser dueño de todo y de todos. Pero justamente sucede lo contrario. El poder lo mantiene encadenado y a su servicio. No es libre como cree, sino su esclavo. El poder lo mantiene alerta para no perderlo y acrecentarlo. No lo deja tener sosiego, lo mantiene intranquilo. La posibilidad de ser destituido o traicionado lo hacen presa de la ansiedad. Las cadenas sofocan su libertad, deterioran su salud y, en definitiva, lo deshumanizan. El miedo lo vuelve pesimista ante el futuro. La inseguridad lo hace intolerante. Siempre echa la culpa a los demás y provoca conflictos y violencia. La probabilidad de que el edificio construido con tanto esfuerzo se derrumbe en cualquier momento lo angustia. Bien mirada, la adicción al poder es locura. El adicto es una especie de Sísifo moderno, que, por más que se esfuerce, no alcanza la cima del poder absoluto. La fallida conspiración para que un cartel mexicano capturara a uno de los líderes pandilleros más destacados antes que Estados Unidos es el último ejemplo de esa insensatez. Otro destacado pandillero engañó a unos desesperados investigadores del crimen organizado. La adicción somete a una lucha desgastante, impulsada por el miedo a la muerte. El adicto persigue seguridades que se desvanecen en el momento mismo en que se apodera de ellas. El poder es una gran responsabilidad, que obliga a preguntar constantemente por su finalidad. Correctamente entendido y ejercido, abre la posibilidad para hacer el bien a los otros. El poder responsable se ejerce como un servicio universal, sin ninguna discriminación. Su recompensa es hacer la vida más llevadera a los demás. Esto es, precisamente, lo que el adicto no comprende. Su poder, en vez de ser bendición o hacer bien a muchos, lo mete en un callejón sin salida. Puede que el adicto tenga mucho poder, pero es igualmente infeliz. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya bastantes años, el papa Pablo VI escribió un importante documento sobre el diálogo. En él decía que “el diálogo de la salvación no se ajustó a los méritos de aquellos a los que era dirigido, como tampoco a los resultados que conseguiría o que dejarían de lograrse [...] También nuestro diálogo debe hacerse sin límites y sin cálculo”. Aunque indudablemente era una exigencia para los cristianos, el diálogo es también desde la razón un elemento básico e indispensable para el desarrollo humano. Somos seres sociales abocados necesariamente a la comunicación inteligente. Y por tanto, llamados a compartir desde la palabra, esperanzas, criterios, valores y decisiones. Negarse al diálogo, individual o colectivamente, nos deshumaniza, con independencia de la posición política o ideológica. Al contrario, dialogar conlleva siempre un proceso de humanización y mejoramiento de la convivencia social. Dicho esto, es importante reflexionar sobre el diálogo en El Salvador en el futuro próximo. Las elecciones, discutidas desde los ámbitos legales y desde el exceso de poder de un partido, nos pueden llevar a una disminución de nuestra capacidad de diálogo. O dicho de otra manera, a un proceso de mayor polarización que ponga en entredicho el desarrollo humano de El Salvador. Frente a ello, resulta necesario que todos reflexionemos. La libertad de pensamiento, de prensa e información, de religión y de creencias es un paso inicial indispensable para poder dialogar. Pero también es necesaria la voluntad personal e institucional de escuchar lo diferente, analizar las razones ajenas, debatirlas con sinceridad y sin necesidad de acudir al grito. Aunque en el país pocos se animan a dialogar “sin límites y sin cálculo”, lo cierto es que trabajar por un crecimiento de la transparencia y la racionalidad en el diálogo resulta una tarea de primer nivel. En el escenario más comentado y, supuestamente más probable, de un partido que consiga no solo una discutida reelección presidencial, sino un control mayoritario del poder legislativo, el tema del diálogo se vuelve más importante. Quienes detenten el poder público tienen la responsabilidad de escuchar con mayor atención todo lo que pueda ser tildado de abuso de poder. Y ojalá sepan responder con celeridad y racionalidad a las quejas o reclamos que reciban. El exceso de poder lleva casi siempre al abuso de algunos derechos ciudadanos. Y en una sociedad abierta como la nuestra, el abuso lleva siempre a una confrontación en la que el más débil lleva siempre la peor parte, aunque tienda a fortalecerse con el tiempo y a buscar la revancha. Se aumentan así los problemas en países en los que el revanchismo solo sirve para permanecer en el subdesarrollo. Aunque una gran mayoría supone ya el resultado de las elecciones, con relativamente pequeñas diferencias entre los diversos cálculos, debemos insistir en que en cualquier situación que quedemos, el diálogo se imponga al fin y la racionalidad supere la arbitrariedad y cualquier tipo de abuso. Solamente desde ahí lograremos convertir las ansias de todos en favor de la justicia y el desarrollo en un proyecto de realización común que avanza desde la diversidad de opiniones y posiciones políticas. Un poder demasiado fuerte, que vaya aplastando los pequeños brotes de disidencia y de diversidad de opinión, termina dañando los vínculos de quienes están llamados por naturaleza y nación a vivir fraternal y solidariamente.

Las elecciones presidenciales del próximo cuatro de febrero no son otras elecciones más en El Salvador porque están marcadas por la candidatura inconstitucional del presidente Bukele. Según todas las encuestas de acceso público, el mandatario será reelegido. Bukele y su círculo seguramente celebran eufóricos la inminente victoria. Sin embargo, lo que para ellos es astucia política, en realidad será la titulación de Nayib Bukele como dictador. De acuerdo con la RAE, dictador es la “persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y, apoyada en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica”. Si hasta ahora hay debates, poco fructíferos, sobre la clasificación de Bukele como dictador o no, la reelección no dejará lugar a dudas. El presidente ha querido atribuir su potencial reelección exclusivamente a su popularidad; esto claramente es una farsa. La candidatura de Bukele es únicamente posible por una destitución y elección ilegal de la Sala de lo Constitucional. Para ello, el uso de la fuerza fue necesario. Efectivamente, fue la policía, y las armas que representa, la que escoltó a los magistrados inconstitucionalmente elegidos a la Corte Suprema de Justicia. En el mismo día, Bukele también colocó un fiscal general a su medida y a sus órdenes. En ese sentido, la reciente solicitud de Bukele en cadena nacional hacia el fiscal general de investigar a su propio gabinete es tan poco real como la nominación a premio nobel de física del padre del mandatario. Como pueblo salvadoreño somos víctimas y cómplices. Víctimas porque la popularidad de Bukele está íntimamente vinculada con el malestar y descontento con la calidad de vida de los salvadoreños. La inseguridad, los problemas económicos, los casos de corrupción, etc. abrieron espacio para la elección constitucional de Bukele (en 2019) y de sus diputados (en 2021). Víctimas porque ante tantos problemas de seguridad somos capaces de aceptar cualquier cambio, sin importar los medios. Somos cómplices porque en nombre de ese descontento hemos aceptado detenciones arbitrarias y torturas en nuestras prisiones. Cómplices porque es más fácil asegurar que “el que nada debe nada teme” que exigirle al mandatario y las instituciones responsables que liberen a los inocentes. Cómplices porque para indignarnos ante las torturas en las prisiones tenemos que aclarar que únicamente hablamos de los inocentes. Cómplices porque seguimos sembrando odio con la esperanza de que milagrosamente cosechemos algo distinto. Cómplices porque no cuestionamos por qué los cambios, si son tan buenos y permanentes, dependen de la continuidad de un mismo mandatario en el poder. Cómplices porque esta historia ya la vivimos. Es cierto, Bukele es diferente a “los mismos de siempre” porque se parece mucho más a los gobiernos militares anteriores a los Acuerdos de Paz; regímenes que sumieron al país en la guerra civil. Más allá de la seguridad, Bukele tiene pocos argumentos, aunque confunda su popularidad con una buena gestión presidencial. El problema económico los supera intelectual y materialmente a él y a su gabinete (oficial y en funciones), a pesar de que controlan todos los órganos del Estado. Ni la propaganda, ni la fuerza, las dos principales herramientas del gobierno, sirven para solucionar la situación económica del país. Los problemas tienen raíces que van más allá de su mandato, pero, lejos de proponer soluciones, los ha profundizado. Sin dar acceso a prensa, como buen candidato a dictador, Bukele no se ve obligado a dar explicaciones ni planes para atender el que se ha convertido en el problema principal de los salvadoreños. En los soliloquios presidenciales de redes sociales únicamente se leen fantasías propias de un mandatario alejado de la realidad de su pueblo. Las luces led tratan de disimular el poco desarrollo de El Salvador, pero cuando las luces se apagan, el hambre persiste. En suma, todo indica que el próximo 4 de febrero Bukele celebrará la reelección de su mandato, ajeno a que con ello sella su paso a la historia como dictador. La familia Bukele tuvo la oportunidad de realizar una transformación real y profunda en El Salvador, una transformación que cambiara la causa estructural de la violencia y no únicamente su expresión más inmediata. Prefirieron la acumulación de poder que demanda atención absoluta y que se sustenta en su popularidad y en la fuerza. Cuando se acabe la popularidad, como todo efímero, al candidato a dictador solo le quedará la fuerza. * Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.

Diversas instancias internacionales ubican a Costa Rica como el país más seguro de América Latina. Una de las mediciones más reconocidas es el Índice de la Paz Global que elabora cada año el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), cuya sede central está en Australia. El informe correspondiente a 2023 revela que 79 países empeoraron su situación de seguridad. Islandia es el país más seguro del planeta y Afganistán, por octavo año consecutivo, el más inseguro. En América Latina, Venezuela y Colombia son las naciones más violentas, y Costa Rica, la más segura; le siguen en el listado Uruguay, Argentina y Chile. El Salvador aparece en el puesto 122 del mundo, siendo uno de los países que empeoró su posición: en 2022 se ubicaba en el puesto 117. En relación a América Latina, nuestro país ocupa la décimo cuarta posición; y en Centroamérica está en el penúltimo lugar, solo arriba de Nicaragua (puesto 123) y abajo del resto de países del istmo. La disminución del índice de homicidios es un factor fundamental para determinar el nivel de seguridad de un país, pero no el único, ni basta para calificar a una nación como segura. En este sentido, con la seguridad pasa algo parecido que con la democracia: aunque las elecciones son fundamentales para legitimar una democracia, no son la única variable a tomar en cuenta para afirmar que se vive en democracia. Hay países autoritarios que celebran elecciones con toda normalidad, pero no son democráticos, y hay democracias avanzadas que tienen serios fallos en los procesos electorales. Las elecciones, tomadas solo en el acto del día en que se vota, son insuficientes para afirmar que existe democracia. El Índice de la Paz Global toma en cuenta 23 indicadores cuantitativos y cualitativos. Mientras mayor es el índice, más violento es el país; por el contrario, mientras más bajo es el índice, más seguro. La seguridad supone también que la ley se aplica por igual a cualquier ciudadano y que está por encima de los caprichos de los gobernantes; que la gente tiene una vivienda en la que se siente segura y a gusto; que se cuenta con un empleo digno cuyo salario garantiza vivir dignamente. Seguridad es no sentir temor a expresar las opiniones y preferencias personales. No habla bien de la situación de seguridad de un país cuando deliberadamente no se contabilizan entre los homicidios las osamentas encontradas en fosas clandestinas, ni los muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ni los asesinados al amparo del Estado en los centros penales del país. No es de extrañar, entonces, que El Salvador se ubique a la zaga del resto de países de la región. Costa Rica muestra varias cosas que son aleccionadoras para el país. De acuerdo a los estándares de la Organización de las Naciones Unidas, el número recomendado de policías por cada 100 mil habitantes es de 280. Según el informe 2021 del Observatorio Interamericano de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, Costa Rica tenía 274.87 policías por cada 100 mil habitantes (vale recordar, no cuenta con ejército). El Salvador, en contraste, es el país que más policías tiene en Centroamérica por cada 100 mil habitantes: 414.17 (y también más soldados: 369.53). Tomando en cuenta que existe un proceso progresivo de militarización de la seguridad pública, en el que policías y soldados velan juntos por la seguridad ciudadana, el país tiene 783.7 miembros para la seguridad púbica por cada 100 mil habitantes. Las conclusiones son obvias. El país más seguro no es necesariamente el que tiene más policías y soldados; la seguridad no solo es la reducción nominal de homicidios, sino una realidad mucho más amplia. Declarar a un país como el más seguro del continente solo vale dentro de ese país y para quienes quieran creerlo.

El oficialismo se apresta satisfecho a consolidarse en el poder. No sin sarcasmo intenta justificarse alegando que esa es la voluntad popular. En teoría, así es. Bien mirado, esa voluntad pertenece a un pueblo despojado, más o menos conscientemente, de su independencia para pensar, juzgar y decidir. Prefiere que Bukele disponga de su destino. La postura es cómoda, pero muy arriesgada, porque este no vela por el bienestar de la generalidad, sino por el suyo y el de su familia. La entrega de la libertad no es primariamente producto del miedo como se suele argumentar, sino del odio, inducido por los arquitectos del poder de la familia presidencial. El odio es una herramienta más eficaz que el miedo. Desde mediados del siglo pasado, el odio ha probado su eficacia en la población. En efecto, la experiencia ha demostrado que el miedo es pasajero, mientras que el odio perdura. Inculcar odio genera emociones intensas que desplazan la razón e instalan en la conciencia colectiva ideas duraderas, difíciles de desterrar. Además, el odio alimenta aversión y hostilidad en intensidad elevada. A veces se mezcla con otras emociones básicas como la tristeza y la cólera, que llevan al desprecio. El cultivo del odio saca a relucir las pasiones más primarias e irracionales de la gente. La instilación del odio no es explícita ni excesiva para evitar la identificación fácil y el descarte del mensaje. Es más eficaz el goteo continuo de baja y mediana intensidad. De esa manera, el mensaje penetra y se instala en la conciencia colectiva con un alcance social muy amplio. El uso de etiquetas, en función de las características, los gustos y la ideología, incita a odiar de manera específica a determinados sectores sociales. La difusión del mensaje, a través de redes digitales, que hacen creer que procede de otros como “nosotros”, tiene una influencia social profunda. La propagación del odio es acompañada por relatos sustentados en la desinformación. La estrategia del odio y del relato desinformativo provoca reacciones sociales que redundan en beneficio directo de su promotor o patrocinador. Así, este tiene en sus manos la voluntad popular y puede hacer con ella lo que le plazca. La estrategia es cada vez más común, desde Estados Unidos hasta Argentina, pasando por El Salvador, debido a su éxito para manipular y dirigir grupos y sociedades. La sociedad que se mueve por impulsos emotivos y por odio es manipulable y dirigible. La identidad de los candidatos del oficialismo es irrelevante. Solo importa ratificar la selección de Bukele. El cambio al que dicen estar contribuyendo consiste en acatar sus órdenes. Así, pues, ellos también le han entregado su inteligencia, su voluntad y su sentir a cambio de un puesto lucrativo y poco exigente. El voto que pide el oficialismo es indiferenciado. De hecho, bastaría con votar por Bukele, en el entendido de que, simultáneamente, se suscriben todas sus candidaturas. Así lo ha comprendido un poco más del diez por ciento del voto de la diáspora, que solo votó por aquel. El atractivo que ejerce este absurdo tiene explicación. Durante más de dos décadas, las masas experimentaron el desatino de los dos partidos de la guerra civil. En cambio, con la llegada de Bukele al poder, tienen la sensación de vivir para una causa. Aquellos no tienen credibilidad ni nada que ofrecer. Así lo confirman las encuestas. La estrategia presidencial los ha convertido exitosamente en “otros políticos”, dignos de ser odiados. Los candidatos del oficialismo también tienen la misma sensación de formar parte de un gran proyecto. Unos y otros están convencidos de que esa causa es suya, pero se engañan. Es la causa de Bukele y sus hermanos. Las masas se les han entregado en cuerpo y alma a cambio de diversión. La sensación de formar parte de algo grande abarrota el centro de la capital de un público asombrado y entusiasta. La misma impresión desbordó los espacios públicos para participar en el paso fugaz de un jugador de futbol de un equipo estadounidense. La emoción desbocada derivó en una especie de intoxicación colectiva, que movilizó millones de dólares y enalteció a Bukele, el gran patrocinador. El evento deportivo se transformó así en un espectacular acto de propaganda electoral, intangible, pero no por eso menos eficaz. Bukele acabó con la campaña electoral tradicional sin que los partidos de la oposición tomaran nota. No solo tiene asegurado un desempeño abrumador en las urnas, sino también la gratitud y la admiración de las masas. Solo falta recoger la abundante cosecha del odio. Pero las víctimas y los cadáveres sobre los que descansa no pueden ser aceptadas como inevitables y como condición indispensable de la reinvención que dice estar llevando a cabo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Jornada Mundial de la Paz, propuesta por la Iglesia católica desde hace 58 años, se celebra cada 1 de enero. En El Salvador, solemos celebrarla a lo largo del mes con diferentes actividades. Celebraciones eucarísticas, charlas en las parroquias, actividades de los departamentos de promoción social de las diócesis son parte del modo de nuestra Iglesia de celebrar la Jornada. Se busca siempre que el mensaje que para la ocasión da el papa llegue al mayor número de católicos y de personas de buena voluntad. Este año, el papa reflexionó sobre el papel que debe jugar en favor de la paz la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo nos advirtió de las posibilidades del mal uso de la misma. Como todo instrumento poderoso, porque la inteligencia artificial es en realidad un instrumento, puede usarse para el bien común o para el enriquecimiento individual, para acrecentar el poder de un sector de la humanidad o para marginar a otro. La inteligencia artificial nos acerca al conocimiento con una enorme rapidez. En la actualidad, incluso puede sustituir trabajos humanos. Nos puede ayudar a tomar decisiones de todo tipo. Pero nunca puede, nos dice el papa, sustituir al ser humano. Y mucho menos rebajar su dignidad sometiéndolo al poder de una máquina incapaz de dialogar desde los valores humanos más profundos. Aunque hay ya instrumentos que responden con palabras e información a los seres humanos que les hacen preguntas, la imaginación, la solidaridad, los sentimientos nobles trascienden en demasía las posibilidades de una máquina, por inteligente que esta sea. Los peligros de sustituir con máquinas el trabajo humano son diversos. Pueden hacer que desaparezcan múltiples tipos de empleo. Pueden ser utilizadas para acumular datos personales y clasificar a las personas, conocer tendencias e impulsar las convenientes a determinados intereses con el afán de manipular a la gente en el campo de la economía, la política o los valores. Como en toda tecnología, cuyo uso puede beneficiar o perjudicar a la humanidad, según se aplique, el papa pide que la inteligencia artificial sea utilizada para mejorar la calidad de los trabajos, que esté abierta a todos y no solo a los que tienen recursos, y que sea un medio para el desarrollo humano. Y señala que para ello se deben implementar normas internacionales que la regulen; normas que tengan en cuenta la ética, castiguen el mal uso y propicien que todos los seres humanos tengan acceso a esta tecnología. Y por supuesto, que haya instituciones y acuerdos internacionales que garanticen el cumplimiento de dichas normas. Con frecuencia, el avance de la ciencia ha servido para enriquecer a pocos y mantener las desigualdades. Con la inteligencia artificial tenemos la oportunidad de poner la ciencia al servicio de todos, con fines verdaderamente humanos y solidarios. La inteligencia artificial puede introducir mejoras sustanciales en el campo de la medicina, del conocimiento y la reflexión, de los negocios, etc. El papa recomienda sentido crítico y discernimiento para usar la tecnología desde la prioridad del ser humano sobre la máquina. Porque las máquinas están siempre creadas por seres humanos, y en el campo de la inteligencia pueden heredar los prejuicios o incluso las intencionalidades de quienes las diseñan, y dañar severamente el bien común facilitando que una minoría decida sobre el destino de las mayorías. Amar la ciencia, tener una visión científica de las cosas, es indispensable en nuestros días. Pero la ciencia es producto del ser humano en la historia, y por tanto es un producto colectivo. Porque incluso los grandes inventos individuales nacen siempre de las síntesis de anteriores saberes. Lo que es fruto de la humanidad debe estar al servicio de toda la humanidad. Y la inteligencia artificial es fruto del enorme esfuerzo del pensamiento humano y de su capacidad de adquirir conocimiento y multiplicarlo. Un producto humano construido sobre la capacidad universal de avanzar en el conocimiento de la realidad, y que tiene la capacidad de sintetizarlo, difundirlo e incluso extraer síntesis enriquecedoras del mismo, debe estar al servicio de todos y regulado desde la ética y el bien común.

La debilidad de los partidos de oposición se refleja claramente en sus discursos. Si bien hacen ciertas críticas y plantean algunas mejoras en temas de salud, educación o medioambiente, en ningún momento proponen la universalización de derechos hoy marginados o suspendidos. Universalizar derechos tiene sus dificultades, pero es el camino que han recorrido los países que buscan el desarrollo humano y que gozan de bienestar. Diferenciar, negar o suspender el goce de derechos conduce al subdesarrollo político y a diversas modalidades de autoritarismo que impiden o cercenan las posibilidades democráticas de una sociedad. En El Salvador coexisten varios sistemas públicos de salud, unos con mejores prestaciones que otros. Reducirlos a uno solo y proveer el servicio con la calidad adecuada es un imperativo exigido por lo que la propia Constitución llama “justicia social”, tarea obligatoria del Estado. Sin embargo, los partidos, aunque hablan de mejorar algunos aspectos, no dicen que el actual sistema de salud pública invierte en unos más que en otros y brinda mejores servicios a sectores minoritarios. Algo parecido pasa en el campo de la educación: su evidente desigualdad se paso por alto. Recientemente se publicó la noticia de que el 75% de los hogares con niños tienen una computadora, en buena parte gracias al esfuerzo gubernamental de repartir equipos informáticos; empero, únicamente el 43% de los mismos hogares tiene acceso a Internet. Exigir que haya conexión gratuita en todas las escuelas públicas facilitaría el proceso educativo de miles de niños y jóvenes, pero ningún partido quiere enemistarse con las empresas proveedoras de Internet imponiéndoles esa obligación. El tema de la pensión universal también parece estar fuera de la comprensión e interés de los partidos. Que solamente el 20% o 25% de los salvadoreños mayores de 50 años tengan pensión no le parece injusto a la mayoría de políticos. La indiferencia ante el sufrimiento solo cede momentáneamente cuando el discurso de cambio da réditos electorales. Nuevas Ideas se impuso en la política nacional señalando a los responsables de esa indiferencia, pero hasta la fecha no ha alterado las injusticias estructurales que mantienen a El Salvador en la desigualdad y en la vulnerabilidad económica. La elecciones abren siempre la oportunidad de analizar el funcionamiento y la estructura social, económica y política de un país. No aprovechar el momento actual para proponer cambios estructurales en temas como salud, educación o pensiones es darse anticipadamente por vencido. Muy probablemente la oposición sería derrotada aunque propusiera cambios estructurales, pero dejaría sentadas nuevas posibilidades que irían abriendo las conciencias de cara al mediano y largo plazo. Naturalizar los problemas estructurales de El Salvador y hacer ofertas en campos secundarios de la situación social es una estrategia avocada al fracaso.

Se suele pensar que, como en el futbol, en las elecciones lo más importante son los resultados. Por ello es que solo hay memoria para el ganador, dejando de lado casi todo lo demás. Definitivamente, las elecciones son un elemento fundamental para una democracia, pero no son lo único. Hay democracias consolidadas que tienen votaciones con falencias y hay regímenes autoritarios que celebran elecciones perfectas en las formas. La clave está en que solo son democráticas cuando cumplen ciertas condiciones. Lo que la ciencia política llama “integridad electoral” recoge esas condiciones que, de cumplirse, garantizan elecciones libres, competitivas y justas. La integridad electoral se aplica no solo el día de la votación, sino en todo el ciclo electoral, es decir, lo que pasa antes, durante y después de la cita en las urnas. Entre las condiciones que se deben cumplir para que exista integridad electoral están el derecho a competir en condiciones de equidad, acceso a la información, independencia del poder electoral, competitividad y rendición de cuentas. Sin estos elementos, un proceso electoral no es íntegro. Y precisamente ese es el caso de los próximos comicios en el país. El Salvador se apresta a celebrar unas elecciones con gran parte de la población desinformada. Según la última encuesta del Iudop, y a dos semanas de las elecciones del 4 de febrero, gran parte de la población desconoce que habrá comicios en dos fechas y cuáles elecciones se realizarán cada día, solo 13 de cada 100 salvadoreños sabe la nueva cantidad de diputados de su departamento, y la mayoría ignora números y nombres de municipios. El sondeo también revela serias deficiencias en el conocimiento de las formas para votar por las diputaciones. Sin embargo, la falta de información no significa que la gente no quiera votar. El 91.6% de la población tiene la determinación de ir a votar el 4 de febrero para las elecciones presidenciales y legislativas, y 86 de cada 100 salvadoreños (85.9%) afirma lo mismo para las del 3 de marzo. Si estas declaraciones llegaran a cumplirse, el país rompería récord de participación electoral. Las preguntas obligadas son, entonces, qué clase de participación se está gestando si las personas desconocen elementos importantes y qué calidad de democracia se está construyendo. Lo que está claro, de acuerdo a la encuesta del Iudop y a otros sondeos de opinión, son las preferencias electorales. La fotografía de la encuesta revela una abrumadora victoria del actual presidente con el 81.7% en la intención de voto. El segundo puesto (FMLN) solo obtendría el 4.2%. En las elecciones legislativas, el panorama es similar. Según el sondeo, la oposición tiene escasas posibilidades de sacar diputaciones. Si fuera así, el voto en el exterior se encargará de eliminarlas. La situación variará un poco en las elecciones de consejos municipales. El partido oficial cuenta con el 42.9% de la intención de voto; el segundo lugar lo ocupan los que no expresaron su preferencia (19.5%) y el tercero los que no irán a votar (8.6%). A lo anterior se suma que se está desarrollando la campaña electoral más asimétrica de los últimos tiempos; el partido del presidente es omnipresente y el resto de institutos políticos apenas tienen presencia. Esto se debe, en gran medida a la negativa oficial a entregar la deuda política a los partidos, en ruptura con lo que manda la ley. Aunque el artículo 190 del Código Electoral estipula un anticipo de la deuda política a los partidos, el Tribunal Supremo Electoral guarda un silencio obsequioso ante esta violación y otras, como la propaganda gubernamental. Si la intención de voto se mantiene, Bukele seguirá siendo presidente otros 5 años y habrá un partido único o hegemónico en la Asamblea Legislativa. La mayoría de la ciudadanía desconoce que este tipo de sistema de partidos solo se da en regímenes no democráticos. Por eso, en el fondo, es necesario cuestionarse qué quiere expresar la ciudadanía con esta decisión. Independientemente de las condiciones que se crearon para que las elecciones no fueran más que un trámite para el oficialismo, en el fondo las preferencias electorales expresan la creencia de que el partido oficial y el presidente resolverán los problemas de la economía nacional y de la familiar. La gente votará como votará para que las demandas más sentidas y siempre postergadas sean por fin atendidas. Irá a las urnas porque espera la generación de empleos decentes con salarios dignos para no verse obligada a dejar su tierra. Votará por una educación de calidad para sus hijos, por el acceso a la salud como un derecho humano, por una vivienda digna para cada núcleo familiar. Votará por vivir en paz, por desplazarse por la ciudad o el campo sin temor a ser vejada, por poder expresar sus opiniones de una manera libre. Votará porque cree que se profundizará la democracia. De los gobernantes que serán electos, desde el presidente hasta los alcaldes, dependerá que estas aspiraciones se cumplan. Pronto se verá

La libertad es el argumento más definitivo y repetido por Bukele para justificar su forma de gobernar, que no respeta nada ni a nadie. En nombre de la libertad actúa como le place o se le antoja. La lógica de la praxis de Bukele es que si existe una realidad por encima de él como la Constitución, la legislación internacional, la comunidad de naciones o la limitación de los recursos naturales, ya no es libre, sino esclavo. En consecuencia, no acepta el sometimiento a una realidad superior, porque negaría su libertad individual, que estima por encima de cualquier otra cosa. No hay, pues, naturaleza, norma o poder por encima de su libertad. Por eso, hace lo que quiere y se comporta como quiere. Todo es modificable y ajustable a su voluntad, lo cual explica sus constantes contradicciones. Las promesas y las opiniones pasadas no son inmutables. Esa es la verdadera libertad. La libertad es una de las palabras más falsificadas. Bukele cree que puede actuar al margen del impacto que sus actos tienen en la vida de los demás, en concreto, en la ciudadanía que gobierna. A decir verdad, su idea y su práctica de la libertad no son más que formas camufladas de un individualismo nefasto. Esa concepción de la libertad suprime todos los vínculos exteriores, cuya función consiste, precisamente, en proteger de autoritarismos, tiranías y esclavitudes. Ese es el caso del alcohólico y del drogadicto, que llaman libertad a la posibilidad de seguir intoxicándose. La verdadera libertad no consiste en actuar caprichosamente, sin considerar las repercusiones en los demás. Así lo entienden el ladrón y el violador. Ese egoísmo devasta el medioambiente sin contemplaciones y confunde el progreso con la acumulación de capital y el lujo. Destruye el tejido social para satisfacer una concepción miope de la seguridad, que confunde el efecto con la causa. Impone pesadas cargas económicas difíciles de soportar en sectores ya golpeados por la escasez para satisfacer la egolatría insaciable. Este falso individualismo es el que ha dado paso al “nuevo país” de Bukele, una “novedad” montada sobre víctimas. La libertad de Bukele es engañosa. El único libre es él, porque solo él sabe lo que conviene a la ciudadanía y, en consecuencia, él decide y provee a sus necesidades, mientras que esta debe conformarse y obedecer. Desde esta perspectiva, su libertad descansa en el sometimiento total de todos, incluidos sus más cercanos, a la entidad superior que es él. La monotonía de la publicidad electoral del oficialismo refleja ese enfoque. Los candidatos a diputados no se comprometen a representar y defender a la ciudadanía que dicen representar, sino a dar “gobernabilidad” a Bukele, es decir, a no entorpecer el ejercicio de su libertad. Tampoco tienen análisis ni propuestas, sino que repiten las trilladas consignas del oficialismo. La discusión o el debate electoral no tienen sentido. Los candidatos renuncian de antemano a la iniciativa legislativa, porque aquel es el único que gobierna. No son libres, sino sus servidores. En el país seguro y libre de Bukele, unos cuantos hacen fortuna y gozan de privilegios a costa de victimizar a la mayoría. Pero aquellos no son más libres que esta. Todos están igualmente sometidos, aunque de forma diferente. Aquellos disfrutan a cambio de someterse y esta es controlada por el terrorismo estatal y las huestes virtuales. La idea de libertad de Bukele es muy conveniente para encumbrarse como individuo único, dictador o rey. No es casual que haya adoptado el título de “rey filósofo”. Del primero lo tiene todo, pero de la filosofía no tiene la más mínima idea. Bien entendida, la libertad está vinculada con la apertura a los otros, la solidaridad y la fraternidad, en una palabra, con el bien de la totalidad. Por tanto, es contraria al individualismo y al egoísmo. La precipitación y la impetuosidad no coinciden con lo mejor de cada individuo. La razón es sencilla. El individualismo tiende a actuar atendiendo solo a uno o dos datos, aquellos que satisfacen sus inclinaciones. En general, tiende a ser irracional y causante de mal en sus víctimas. No existe verdadera libertad cuando esta es privilegio de uno solo a costa de la esclavitud de los demás. Y esclavitud significa explotación, opresión y violencia. En virtud de esa peculiar concepción de la libertad, Bukele ejerce como rey. No uno de las monarquías occidentales actuales, todas ellas constitucionales, sino de la monarquía absoluta del antiguo régimen, la misma que aniquiló la revolución francesa. Este poder no es novedoso. No es más que egoísmo puro, enfundado en un disfraz encantador.

“Inteligencia artificial y paz” es el título del mensaje del papa Francisco para la 57.° Jornada Mundial de la Paz, que se celebró el 1 de enero de 2024. El texto tiene ocho ejes de reflexión y acción desde los cuales se busca dar respuesta a preguntas consideradas urgentes: “¿Cuáles serán las consecuencias, a medio y a largo plazo, de las nuevas tecnologías digitales? ¿Y qué impacto tendrán sobre la vida de los individuos y de la sociedad, sobre la estabilidad internacional y sobre la paz?”. En el primer eje de pensamiento se habla del “progreso de la ciencia y de la tecnología como camino hacia la paz”. Esto es posible cuando los seres humanos se esfuerzan para que el planeta “llegue a ser morada digna de toda la familia humana”. El mensaje reitera que la inteligencia artificial debería estar al servicio de un mejor potencial humano y de nuestras más altas aspiraciones, no en competencia con ellos. En el mensaje hay un reconocimiento de los notables progresos generados por las nuevas tecnologías de la información, especialmente en el ámbito digital. Pero también se habla de los graves riesgos que esta conlleva por sus serias implicaciones para la búsqueda de la justicia y la armonía entre los pueblos. De ahí que el segundo eje se denomine “El futuro de la inteligencia artificial entre promesas y riesgos”. Para superar esta ambivalencia, el papa afirma que es necesario ser conscientes de las rápidas transformaciones que están ocurriendo y gestionarlas de modo que se puedan salvaguardar los derechos humanos fundamentales, respetando las instituciones y las leyes que promueven el desarrollo humano integral. En el tercer eje, “La tecnología del futuro: máquinas que aprenden solas”, se señalan los serios problemas que se producen cuando la inteligencia artificial se emplea en campañas de desinformación que difunden noticias falsas y llevan a una creciente desconfianza hacia los medios de comunicación. Otros ámbitos, según el mensaje, en los que la inteligencia artificial plantea graves riesgos están relacionados con la confidencialidad, la posesión de datos, la propiedad intelectual, la interferencia en los procesos electorales y la implantación de una sociedad que vigila y controla a las personas. El cuarto eje, “El sentido del límite en el paradigma tecnocrático”, se centra en lo que se considera un aspecto a menudo descuidado en la mentalidad actual, tecnocrática y eficientista: no todo está permitido, hay límites. El ser humano, pensando en sobrepasar todo límite gracias a la técnica, corre el riesgo de querer controlarlo todo. Según el papa, “reconocer y aceptar el propio límite de criatura es para el hombre condición indispensable para conseguir o, mejor, para acoger la plenitud como un don. En cambio, en el contexto ideológico de un paradigma tecnocrático, animado por una prometeica presunción de autosuficiencia, las desigualdades podrían crecer de forma desmesurada, y el conocimiento y la riqueza acumularse en las manos de unos pocos, con graves riesgos para las sociedades democráticas y la coexistencia pacífica”. El quinto eje se titula “Temas candentes para la ética”. Se parte de una constatación y de una tendencia futura: “La fiabilidad de quien pide un préstamo, la idoneidad de un individuo para un trabajo, la posibilidad de reincidencia de un condenado o el derecho a recibir asilo político o asistencia social podrían ser determinados por sistemas de inteligencia artificial”. Frente a esta amenaza que poco a poco parece convertirse en realidad, el mensaje llama a “no permitir que los algoritmos determinen el modo en el que entendemos los derechos humanos, que dejen a un lado los valores esenciales de la compasión, la misericordia y el perdón o que eliminen la posibilidad de que un individuo cambie y deje atrás el pasado”. El sexto eje tiene modo de pregunta: “¿Transformaremos las espadas en arados?”. En este plano, hay un hecho gravísimo que preocupa al papa: la posibilidad de conducir operaciones militares por medio de sistemas de control remoto. Esto ha llevado a una percepción menor de la devastación causada y de la responsabilidad en su uso. Lo último que el mundo necesita, afirma Francisco, es que las nuevas tecnologías contribuyan al injusto desarrollo del mercado y del comercio de las armas. Contrariamente, en una óptica más positiva, el papa sostiene que si la inteligencia artificial fuese utilizada para promover el desarrollo humano integral, podría introducir importantes innovaciones en la agricultura, la educación y la cultura, un mejoramiento del nivel de vida de enteras naciones y pueblos, el crecimiento de la fraternidad humana y de la amistad social. El séptimo eje, “Desafíos para la educación”, plantea que en este ámbito el uso de la inteligencia artificial debería centrarse sobre todo en promover el pensamiento crítico. Nos dice que es necesario que los usuarios de todas las edades, pero sobre todo los jóvenes, desarrollen una capacidad de discernimiento en el uso de datos y de con

José M. Tojeira Le podrán llamar pacto de corruptos, pero lo firmado el 16 de enero de 1992 fueron realmente acuerdos de paz. Quienes no vivieron la guerra, o la vivieron desde un hogar alejado de la misma, podrán dejar suelta su imaginación y decir cualquier cosa. Pero los que vivimos la guerra vimos en los Acuerdos un paso importante hacia la paz. Una opción tan honda que todavía hoy nadie en nuestro país piensa en acciones violentas para solucionar los conflictos económicos y sociales que permanecen en El Salvador. El hecho de que uno de los conflictos más violentos que afectó a nuestra tierra se resolviera pacíficamente a través del diálogo entre las partes creó cultura de paz, confianza en el diálogo y formas de amistad social que hoy tienden a ser sustituidas por discursos de odio en las redes. Es lógico y correcto que a pesar de discursos oficiales en contra, mucha gente quiera celebrarlos en privado o en público. Si algo quitó brillo a las celebraciones de los Acuerdos, fue la tendencia de las partes firmantes a convertirse en una especie de protagonistas únicos del proceso que culminó aquel 16 de enero. La realidad no era así. Las madres de desaparecidos o de asesinados que se manifestaban públicamente, los que valientemente denunciaban las masacres, defensores de Derechos Humanos, figuras eclesiales como Monseñor Rivera y el Cardenal Goyo Rosa, los mártires, tuvieron objetivamente mucha más influencia en el proceso de paz que los representantes de los partidos políticos. El deseo de apropiarse del proceso de paz por parte de los políticos y simultáneamente su lentitud en resolver problemas tanto de violencia como de justicia y desarrollo, llevó al desprestigio de los mismos. Pero los Acuerdos de Paz continúan teniendo vigencia no solo porque los verdaderos protagonistas fueron gente llena de razón y verdad que exigían paz con justicia; sino porque además ni la justicia transicional, ni el desarrollo prometido, ni la justicia social han avanzado como los Acuerdos lo prometían. Alcanzamos la paz, pero algunas de las causas que llevaron al conflicto han seguido presentes dañando la convivencia ciudadana y los derechos de las personas. Hoy, 32 años después de la firma, el diálogo social se ha hecho más escaso. La seguridad y la convivencia se ve amenazada por múltiples formas de irrespeto a la Constitución. Tenemos más seguridad en las calles pero más miedo a formas autoritarias de poder. Más discursos de desarrollo pero más inseguridad respecto a un futuro en el que el hambre se ve como posibilidad creciente. Los discursos de odio campean en las redes y el diálogo se está volviendo en algunos aspectos más difícil. El recuerdo de los Acuerdos de Paz debería llevarnos a la reflexión. El informe de la Comisión de la Verdad, recogiendo el dolor de aquellos años violentos, se titulaba “de la locura a la esperanza”. Hoy debemos corregir formas irracionales de proceder desde algunos estamentos del poder. El abuso del poder es otra forma de locura. Y freten a ella debemos sentarnos para hablar, conversar sobre diferencias de criterios, y tener la capacidad de ver lo que puede haber de bueno y verdadero en las diversas posiciones. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero la verdad de una sociedad democrática y justa se construye siempre desde el diálogo. Cuanto más tiempo se tarde en conversar sinceramente sobre nuestros problemas, más difícil será dialogar en el futuro. Los Acuerdos de Paz, en su hondura y contenido, nos impulsan al diálogo. Celebrarlos hoy es insistir en la construcción de una sociedad menos autoritaria, más democrática, más participativa y más abierta al diálogo.

Editorial UCA La última encuesta del Iudop refleja que la mayor preocupación de la sociedad salvadoreña es la situación económica. A muchos de los consultados les cuesta llegar a fin de mes, tienen que pedir prestado o dejar de comprar algunos alimentos. Diversos expertos señalan que la economía nacional está en crisis, que la deuda crece y que los derechos económicos de las personas se pueden ver amenazados en un futuro próximo. La utilización estatal de los fondos de pensiones, en un contexto en el que el número de personas de la tercera edad aumentará exponencialmente en las próxima décadas, puede llevar a crisis insospechadas. En este momento del año, en el que por ley se debe revisar el salario mínimo, y luego de que han pasado tres años desde la última revisión, el Estado, la patronal y los sindicatos deben buscar soluciones a esta situación, en la que los precios de los alimentos y de otros rubros han vuelto irrelevante el último aumento del salario. Al respecto, cabe recordar que el término “salario mínimo” desvaloriza el trabajo; debería fijarse más bien un salario justo o digno. Decir “mínimo” implica aceptar que el trabajo se puede valorar desde mínimos en vez desde la justicia y la dignidad de la persona. Crear diversos salarios mínimos, según el tipo de trabajo que se haga, supone, además, despreciar algunas labores. El hecho de que el salario del campo sea inferior al de la ciudad, y que asimismo la canasta básica rural tenga menos productos alimenticios que la de la ciudad, es un verdadero desprecio del trabajo campesino y de la soberanía alimentaria del país. Que las empleadas del hogar no tengan las mismas prestaciones que cualquier trabajador y que el Estado sea incapaz de ratificar el convenio 189 de la OIT que protege a las mujeres del servicio doméstico, muestra un grave déficit en la valoración del trabajo femenino y una buena dosis de machismo. El Salvador necesita valorar más el trabajo. Se solía decir con orgullo que somos uno de los pueblos más trabajadores del mundo. Sería triste admitir que en realidad se trabaja tanto porque no hay remedio, dado lo mal que se paga a las mayorías. Valorar el trabajo significa incluir con mayor decisión a la mujer en las labores productivas y estipular un tipo de salario básico digno, justo e igual para todos, que no solo cubra la canasta alimentaria ampliada, sino que permita el desarrollo personal. Además, todo trabajo debe estar cubierto por los sistemas de protección social. Al Estado le corresponde garantizar que incluso el sector informal tenga acceso al seguro social y a las pensiones. Mientras estas cosas no se consigan, no se podrá afirmar que el Estado salvadoreño cumple con las responsabilidades que la Constitución de la República le asigna y exige. Según el artículo 37 de la Carta Magna, “el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna”. Convertir el salario mínimo en un salario justo es la mejor manera de responder con seriedad a la muy extendida preocupación por la economía familiar que muestran las encuestas.

En los resultados de la última encuesta del Iudop, sobre la evaluación ciudadana de 2023, dos cosas quedan meridianamente claras: primero, el principal logro del Gobierno es lo hecho en materia de seguridad y, segundo, el principal flagelo que golpea al pueblo salvadoreño es la crisis económica. En pocas palabras, la gente se siente más segura, pero la mayoría está enfrentando grandes dificultades económicas. La principal variable que favorece el respaldo social de la población al Gobierno es la seguridad. El 80.5% cree que el país estuvo mejor en 2023 que en 2022, y el 91.3% de las opiniones lo atribuye a la política de seguridad. Más de la mitad de los encuestados (52.9%) cree que en 2023 mejoró el respeto a los derechos humanos y, según las percepciones, ello se debe a las acciones de seguridad. Una cuarta parte de los que piensa que la economía mejoró en 2023 (34.3%) lo explica por la mejora en la seguridad. Los resultados del sondeo, por tanto, muestran claramente que hay un antes y un después del régimen de excepción. Según la encuesta, las personas que se sienten más seguras son las que se informan del acontecer nacional a través de las redes sociales y YouTube, y que no han tenido ninguna exposición a abusos por parte de agentes de seguridad del Estado. Sin embargo, la encuesta también confirma lo que ya ha salido en sondeos anteriores: la principal preocupación ciudadana es la economía y buena parte de la gente la está pasando mal. Más del 90% piensa que el costo de la canasta básica ha subido, arriba del 80% cree que el costo de la vida se ha disparado, 78 de cada 100 (77.9%) afirman que el desempleo sigue igual o aumentó en 2023 y más de tres cuartas partes (75.3%) dicen lo mismo de la pobreza. Además, 78.7% cree que la migración aumentó o siguió igual en 2023. Pero la encuesta no solo arroja percepciones, sino que también refleja experiencias vividas por la gente. Más de la mitad de la población (52.7%) dejó de comprar algún alimento por su carestía, 40 de cada 100 personas han prestado dinero para llegar a fin de mes y 35.9% adquirió nuevas deudas para lo mismo. El 14.5% declara que algún familiar emigró en el último año. Probablemente por esta realidad, más de tres cuartas partes (78.7%) de los consultados creen que la migración aumentó (51%) o siguió igual (27.7%) en 2023, y una cuarta parte (24.8%) manifestó tener deseo de migrar al extranjero en 2024. En definitiva, la crisis económica que se percibe la está viviendo en carne propia la población con el aumento del costo de la vida y la falta de oportunidades de trabajo. No es gratuito, pues, que el 87.3% piense que es muy o algo necesario aumentar los salarios. Finalmente, la encuesta revela que las instancias gubernamentales son bien evaluadas, comenzando por el gobierno central, que es el mejor ponderado, seguido por la PNC y las Fuerzas Armadas. Sin duda, el factor decisivo en esa evaluación es el régimen de excepción. A la zaga de la confianza ciudadana aparecen los partidos políticos y las alcaldías, las únicas dos instancias reprobadas por la opinión ciudadana. Los partidos siempre han estado ahí; no por casualidad el 51% dice no tener partido de preferencia. Pero las alcaldías resultan hoy mal evaluadas debido, en parte, a que no han tenido los recursos necesarios para implementar proyectos de beneficio para la comunidad por la drástica reducción del Fodes. Esa mala nota debe ser también leída como un signo de la ineficacia de la Dirección de Obras Municipales (DOM), supuesta encargada del desarrollo municipal.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. Bukele abrió un espacio de casi dos horas para hablar informalmente, “lo más natural posible”, de lo que “no hablan los medios”. Exceptuando algunas puntadas dispersas, el mensaje carece de ideas nuevas. Repite el consabido ataque contra la institucionalidad internacional dedicada a velar por la vigencia de los derechos humanos y contra los lobistas financiados por multimillonarios con identidad difusa, pero cuya perversidad es evidente para el presidente. A la primera le reprocha pretender mantener al país en el subdesarrollo y a los otros, difundir relatos denigrantes sobre él y su obra. Es asombroso cómo las críticas y los disidentes hacen mella en una figura tan poderosa y popular. Exhibirse como víctima de oscuras fuerzas malvadas tiene sus ventajas. Disimula una gestión con poco que mostrar, aparte de una seguridad pública con mucho de terrorismo estatal; responsabiliza de la propia ineptitud y negligencia a conspiradores desconocidos; desvía el malestar o el reclamo público hacia ellos y deja intacto al orden establecido. En el fondo del discurso subyace un ego desbordado, muy pagado de sí mismo. Atribuir sin más la postración del país a los derechos humanos es temerario. En efecto, el atraso está directamente relacionada con ellos, pero de una forma muy diferente a como sostiene Bukele. El responsable no está fuera, como pretende, sino dentro. Los responsables directos del subdesarrollo no es la comunidad internacional ni los lobistas, sino las poderosas fuerzas nacionales que han negado una vida digna a las mayorías salvadoreñas durante décadas sin cuento. La recuperación del país pasa por disminuir la desigualdad, reducir la pobreza y abrir oportunidades. Avanzar en esa dirección exige una distribución más equitativa de la riqueza nacional, un desafío fuera del alcance de Bukele. Enfrentarlo requiere visión, voluntad y valor. Asumirlo encontraría aceptación popular inmediata así como el rechazo rotundo del capital nacional. El radicalismo y la innovación de Bukele no dan para tanto. La solución no se encuentra, por tanto, en el ejercicio ilimitado del poder, tal como defiende y aconseja a colegas como el presidente argentino, otro libertario aventurero. Hernández Martínez tuvo ese poder con el respaldo del Ejército y la oligarquía liberal agroexportadora y no elevó el nivel de vida de las mayorías desposeídas. Luego fue el turno de los militares y los oligarcas, los cuales condujeron al país a la guerra civil. Aunque Bukele reniega de ella constantemente, eso no le ha impedido pactar con el Ejército, uno de los protagonistas de la debacle. A pesar de estos antecedentes, Bukele está decidido a intentarlo otra vez. No en balde se ha colgado el título de “rey filósofo”. Pretende crear un país totalmente nuevo, una especie de nueva creación, reñida con el pasado. Una novedad, según él, irreversible. El primer irreversible es él. Bukele llegó para quedarse. Si bien negó contundentemente una segunda reelección continua por no estar contemplado en la Constitución, su negativa es inverosímil. Lo que ahora es convicción, seguramente dejará de serlo dentro de cuatro años. Los argumentos constitucionales no representan dificultad alguna para su vicepresidente. Hace unos pocos años, cuando la presidencia aún estaba lejana, Bukele rechazó la reelección con la misma convicción y el mismo argumento. Si los diez años de los que ahora dispone no son suficientes para que los cambios que dice estar llevando a cabo sean irreversibles, buscará la segunda reelección y cuantas sean necesarias, si se ofrece. El gran obstáculo de ese plan es que ninguna realidad histórica es irreversible. La Constitución de 1983 contiene disposiciones irreversibles, “pétreas”, en la jerga política, que han sido revertidas. Probablemente, a Hernández Martínez no se le pasó por la cabeza que era reversible. Tampoco a Arena y al FMLN. Ni siquiera la permanencia indefinida en el poder garantiza la irreversibilidad deseada por Bukele. La continuidad tendría que prolongarse en una dinastía, al estilo de la de Corea del Norte, cuyo representante actual mantiene viva la memoria de su abuelo, el fundador de la estirpe. En contra de sus deseos más profundos, Bukele pasará como han pasado todos los dictadores, incluso los más resistentes. Pasará porque no es más que un ser humano como cualquier otro. El aura con la que se ha rodeado no es divina. El Salmo 103 avisa claramente que los días del hombre con ambiciones totalitarias son como la hierba, “como la flor del campo así florece: pasa por él un soplo, y ya no existe, ni el lugar donde estuvo vuelve a conocerle”. Estos hombres poderosos y adinerados, presumidos y vanidosos, no construyen sobre piedra, sino sobre las arenas movedizas de la virtualidad, más efímera que la hierba y la flor del campo, que hoy están y mañana, marchitas, son barridas por el viento.

La palabra “juicio” tiene varias acepciones. Un juicio puede ser un proceso legal en el que se llega a una sentencia, o puede ser un ejercicio de la razón que frente a varias posibilidades elige la que considera mejor. “Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso”, nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua definiendo la palabra “juicio”. Por eso, cuando hablamos de jueces sin juicio, no nos referimos a jueces sin ocupación judicial, sino a jueces que carecen de la facultad racional para emitir sentencias que apunten a la verdad y el bien. Esto es realmente preocupante, porque cuando los jueces están sometidos a una especie de razón instrumental que les marca objetivos determinados de antemano, la vida social se empobrece enormemente y se impide tanto el diálogo como la amistad social indispensables para el desarrollo humano. Un caso ejemplar de lo que decimos es la orden de detención de la directiva de la Asamblea Legislativa de 1993 bajo el argumento de que la publicación de la ley de amnistía de ese período se convirtió prácticamente en un crimen de lesa humanidad. La jueza debe querer sentar jurisprudencia internacional, porque, hasta ahora, de las múltiples leyes de amnistía en el mundo, solamente la de El Salvador logra esa calificación de instrumento criminal. Nuestra jueza, por lo visto, no dudaría en meter preso a Nelson Mandela si no estuvieran en la cárcel todos los que en Sudáfrica cometieron crímenes de lesa humanidad. En realidad, este tipo de juicios buscan dos cosas. Por una parte, diluir las responsabilidades generalizando los crímenes: al final, si todos, o un número excesivo, son culpables, tendremos que dejar las leyes en paréntesis y tratarlos como inocentes. Y por otra parte, ese tipo de calificaciones legales absurdas pueden servir para perseguir a opositores políticos, aunque ni siquiera hayan firmado la perniciosa ley. Si la ley de amnistía fue injusta, más injusta resulta la resolución de la juzgadora haciendo responsables de delito a quienes firmaron la publicación de una ley moralmente injusta y discriminatoria. Si todas las leyes injustas fueran delito, tendríamos muchas menos leyes y predominaría la ley del más fuerte. Por eso el artículo 125 de nuestra Constitución dice que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. Lo único que puede y debe hacer el sistema judicial es declarar inconstitucionales las leyes que violen nuestra ley fundamental. ¿Dará orden de detención la jueza contra los magistrados que no declararon inconstitucional la ley de amnistía en los 23 años que estuvo vigente? Según su retorcido razonamiento, tal vez debiera. Cuando se multiplican las decisiones judiciales sin racionalidad o con una racionalidad puramente instrumental, la ciudadanía debe exigir a los jueces un alto a la arbitrariedad. Los defensores del agua en Santa Marta, los detenidos con todos los rasgos de desaparición forzada durante el régimen de excepción e incluso algunos aspectos de la reforma a la ley de persecución del terrorismo muestran diferentes matices de arbitrariedad y mal uso de la racionalidad, elemento indispensable del derecho, como todos suelen decir. Si la jueza de Morazán, y no solo ella, tuviera interés claro en los delitos de lesa humanidad, tal vez investigaría, al menos con cierta acuciosidad jurídica, los casos actuales de desaparición forzada, que en algunas circunstancias pueden constituir delitos de lesa humanidad. En Israel, la Corte Suprema anuló recientemente una ley que otorgaba al poder ejecutivo en algunos casos prerrogativas sobre el poder judicial. Entre nosotros domina la obediencia. En todos los países se necesitan jueces independientes, dotados de racionalidad jurídica, conocedores y fieles a la Constitución y a los tratados internacionales ratificados por su respectivo Estado. Caminar en esa dirección es más importante que utilizar la ley y los juzgados para perseguir a los opositores. Ojalá nuestro sistema judicial recordara siempre aquel consejo de don Quijote a Sancho, tan sabio y racional: “Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia”.

El 1 de enero el papa Francisco dedicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz a la inteligencia artificial, un tema de gran relevancia no solo para las naciones poderosas, sino también para países como El Salvador, que apuestan por el desarrollo de las TIC y que utilizan diversos programas para espiar opositores, crear noticias falsas y descontextualizar situaciones que van desde el ámbito económico al jurídico. El mensaje papal insiste en los peligros de la inteligencia artificial, especialmente cuando se utiliza para conseguir resultados económicos, políticos o sociales sin importar la ética. Francisco ve como amenazas las campañas de desinformación, la violación de la intimidad personal y la confidencialidad, la discriminación, “la interferencia en los procesos electorales, la implantación de una sociedad que vigila y controla a las personas, la exclusión digital y la intensificación de un individualismo cada vez más desvinculado de la colectividad”. Amenazas que ya son realidad.

En estos días es costumbre desear un feliz o un próspero año nuevo. Asimismo, es muy frecuente enviar a los demás la bendición de Dios. Precisamente, de esa manera concluye el mensaje presidencial de Navidad. La felicidad es un tema muy generalizado en la sociedad actual. Tanto que es obligado reconocer que se es feliz, porque, de lo contrario, se es idiota y, claro, nadie está dispuesto a reconocerse como tal. Este es un buen ejemplo de cómo las estructuras sociales quitan la libertad sin decirlo, sino haciendo creer que se es libre. Cabe, pues, explorar si es realista desear un próspero 2024 en el caso de El Salvador. La opinión general piensa que sí sin vacilar, aun cuando los alimentos básicos son más caros, el desempleo es mayor, el empleo informal en los espacios públicos —su lugar habitual— es perseguido, la salud está menos atendida, la educación no levanta cabeza, la pobreza es más extensa y las pensiones penden de un hilo.

En estos días es costumbre desear un feliz o un próspero año nuevo. Asimismo, es muy frecuente enviar a los demás la bendición de Dios. Precisamente, de esa manera concluye el mensaje presidencial de Navidad. La felicidad es un tema muy generalizado en la sociedad actual. Tanto que es obligado reconocer que se es feliz, porque, de lo contrario, se es idiota y, claro, nadie está dispuesto a reconocerse como tal. Este es un buen ejemplo de cómo las estructuras sociales quitan la libertad sin decirlo, sino haciendo creer que se es libre. Cabe, pues, explorar si es realista desear un próspero 2024 en el caso de El Salvador. La opinión general piensa que sí sin vacilar, aun cuando los alimentos básicos son más caros, el desempleo es mayor, el empleo informal en los espacios públicos —su lugar habitual— es perseguido, la salud está menos atendida, la educación no levanta cabeza, la pobreza es más extensa y las pensiones penden de un hilo. El oficialismo opina también que 2024 será un año muy bueno y por eso se felicita con anticipación. Es el año de la reelección presidencial y de la ratificación del control oficialista de la legislatura, engañosamente llamado “gobernabilidad”. El año recién comenzado será bueno, porque están cambiando el país, dicen. Curiosamente, ninguno de estos voceros de la dictadura puede concretar en qué consisten esos cambios, y estos son diferentes según sea el portavoz. Los cambios, según Bukele, consisten, fundamentalmente, en seguridad pública y diversión, especialmente, el concurso de las mises. Buena parte de la inversión pública del año giró alrededor de ellas y, correspondientemente, también la recapitulación presidencial de los cambios de 2023. Según la retórica presidencial, El Salvador es Miss Universo y Miss Universo es Bukele. En un segundo plano, figuran los juegos regionales, la ludoteca llamada biblioteca nacional, los espacios públicos embellecidos, las playas y el surf, los volcanes, los paisajes y el café. En pocas palabras, mucho circo y muy poco pan. El circo es, para Bukele, razón más que suficiente para calificar 2023 como un año excelente, hablar de la reinvención del país para el mundo y sentirse orgulloso de ser un referente mundial. Una colección de frases conocidas, repetidas incansablemente para enfatizar novedades que no lo son. Lo único diferente es la proyección al exterior, mientras que la vida de las mayorías sigue siendo tan precaria como antes. La diversión presidencial distrae, ilusiona y engaña. El nacionalismo que cultiva es tan hueco como el anterior. Los buenos deseos de prosperidad y bendición no tienen cabida en una realidad que amenaza la vida sin que exista una clara determinación de asegurarla sobre bases sólidas. La prosperidad deseada en las circunstancias actuales solo alcanza para los que se enriquecen de la corrupción y de una estructura fiscal regresiva. Tampoco se puede bendecir una realidad contraria a la voluntad del Dios de Jesús. Bendecir es alabar, celebrar y agradecer a Dios por su misericordia y su fidelidad, por las maravillas que ha creado y porque su voluntad se realiza en la tierra, así como ya es realidad en el cielo. La voluntad divina quiere derecho y justicia, igualdad y fraternidad. La vulnerabilidad, el abandono y la precariedad de las mayorías no pueden ser bendecidas sin el compromiso para erradicarlas. La diversión presidencial es frivolidad, no la alegría de la creatura que alaba a su Creador por tanto bien recibido y hecho a los prójimos. En las circunstancias actuales está fuera de lugar bendecir a los otros como un gesto de protección y de bondad. La bendición concedida por Dios a la humanidad está llamada a transformarse en inclusión, solidaridad y paz para todos. Realidades buenas negadas a las mayorías. La bendición transmite un mensaje positivo de consuelo, de cuidado y de aliento. Expresa el abrazo misericordioso de Dios e invita a tener los mismos sentimientos de Dios hacia los demás, que son hermanos y hermanas. Aparentemente, la opinión mayoritaria está convencida de que la continuidad de la familia gobernante anuncia justicia, protección y bondad. Los hechos de los últimos cuatro años y medio demuestran cuán errada es esa convicción. Bendición sería la determinación para erradicar la desigualdad, combatir la pobreza, impulsar medios eficaces para la reconciliación social y, en general, establecer el derecho y la justicia. La deslumbrante iluminación de los espacios públicos, frecuentemente simple publicidad comercial, no augura un año brillante. No por eso hay que dejarse llevar por el pesimismo y caer en la desesperanza. Ahora, cuando no hay razones para esperar, es cuando más cabida tiene la esperanza desengañada de las frivolidades del circo presidencial. Si el pueblo no renuncia a la esperanza, el poder de la dictadura no se la podrá quitar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Para que las metas y propósitos de nuevo año se cumplan no basta con buenas intenciones y deseos; es preciso planificar con realismo. Las proyecciones globales para 2024, más que pesimistas, reflejan que la sociedad mundial cosechará lo que ha sembrado. Por supuesto, esa cosecha tendrá efectos en los países de la región Se afirma que 2024 será el año de las urnas. 76 países celebrarán elecciones; más de 4 mil millones de personas, es decir, el 51% de la humanidad, están llamada a votar este año. Diversos análisis prospectivos destacan las elecciones de la Unión Europea, India, Pakistán, Estados Unidos, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela y Senegal, porque son países con peso demográfico e influencia geopolítica. Las elecciones en estas naciones se realizarán en un contexto de transición global del poder y de claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, los procesos eleccionarios que se desarrollarán a lo largo de 2024 supondrán un examen para la democracia; una buena parte de la población mundial votará en países con gobiernos autoritarios o híbridos (una mezcla de elementos autoritarios y democráticos), o que han sufrido un grave deterioro de la institucionalidad democrática. El Salvador forma parte de esta tendencia. En el ámbito internacional, las elecciones salvadoreñas no se mencionan por su importancia global, sino porque darán continuidad al autoritarismo cool de Nayib Bukele y a su política manodurista contra la delincuencia, un estilo que ha ganado adeptos entre algunos líderes políticos ultraconsevadores, populistas o de extrema derecha. Por otra parte, 2024 también se proyecta como el año de las armas. 2023 fue uno de los años más violentos después de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos más conocidos son los de Ucrania, Palestina, Sudán y Yemen, pero hay decenas más en el mundo. La guerra en Gaza, con sus más de 22 mil víctimas mortales, más de dos terceras partes de ellas niños y niñas, desnudó, de nuevo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidas de remontar los intereses de las grandes potencias, algo que fue admitido con amargura por el secretario general. Para Naciones Unidas, el mundo vive una nueva era de conflicto y violencia. Las estadísticas señalan que una sexta parte de la población mundial estuvo expuesta a algún conflicto en 2023, año en el que la violencia política aumentó un 27% con respecto a 2022. En el caso de El Salvador, la violencia política ha encontrado su nicho en las redes sociales, en las que los niveles de agresividad y odio han llegado a niveles inéditos en un país de por sí acostumbrado a la extrema polarización. Además, la persecución política de figuras públicas, utilizando a capricho la maquinaria del Estado, ha roto con el orden jurídico y constitucional de la posguerra. Una tercera tendencia mundial para 2024 está relacionado con la economía. Se prevé que en 2024 las consecuencias de las crisis económicas incubadas en los tiempos recientes serán más visibles, el crecimiento será débil y la economía de las familias sufrirá nuevos golpes. La desigualdad económica podría agudizarse: los ricos incrementarían su riqueza mientras los pobres se hundirían más en la pobreza. El Salvador sabe de esto; las familias más pobres llegan a fin de mes con muchas dificultades. A lo que se suman los desalojos de comunidades pobres de la costa para beneficio de inversionistas extranjeros, el empecinamiento con un criptoactivo que casi nadie utiliza y la profundización de las apuestas neoliberales.

El año 2023 termina mal especialmente en lo que respeta a la ejecución e interpretación de la legislación vigente. No solo en eso, pero es importante remarcarlo dentro del anhelo de muchos de preservar el estado de derecho. Termina el año con la permanencia de una ley de régimen de excepción que solo debe darse en momentos extraordinarios y por un mes, y que se viene repitiendo desde hace más de veinte meses, acumulando encarcelamientos de personas inocentes y otras arbitrariedades moralmente injustas. La reelección presidencial, basada en una interpretación de la Sala de lo Constitucional lingüísticamente caprichosa de un numeral de la Constitución, tampoco es garantía de bienestar, aunque muchos la ensalcen. Y ahora llega a una especie de delirio persecutorio la orden de detención contra la directiva de la Asamblea Legislativa que firmó la ley de amnistía de 1993. Pocas personas han criticado la mencionada ley de amnistía como el que suscribe este artículo, pero convertir la mencionada ley en un delito de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad es un monumental desafuero jurídico. Casi del mismo tamaño que la propia ley de amnistía, pero con una intencionalidad más perversa: La judicialización de la política y la advertencia de que cualquier persona puede ir detenida a través de interpretaciones arbitrarias de la ley. Podemos preguntarnos por qué el juez no libró orden de detención contra todos los diputados que votaron a favor de la ley de amnistía. Tal vez para no hacer más radical el desafuero. O tal vez para sugerir que después de la judicialización de la mencionada directiva de la Asamblea pueden venir otras órdenes de detención por estar a favor o en contra de una ley. El artículo 125 de la Constitución afirma textualmente que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. ¿Por qué entonces tienen responsabilidad los que firman o publican lo que decidieron los votos de los diputados? La ley de amnistía, en efecto, fue una bofetada en el rostro del pueblo salvadoreño, un acto de desprecio hacia las víctimas y una ley servil a los intereses de los victimarios. Pero también otras leyes, antiguas y nuevas, pueden convertirse en legislaciones injustas. Poner algún ejemplo del presente nos puede ayudar a entender el absurdo de esta orden judicial. Si en determinado momento se demostrara, con el paso del tiempo, que la ley que autorizó el bitcoin como moneda nacional, dio resultados negativos para el país, ¿tendrían que ir presos los directivos de la Asamblea que la sancionaron? El año 2024 está a las puertas. No tengo dudas de que en las próximas elecciones se reafirmará el peso sustancial de las autoridades vigentes, más allá de consideraciones legales o éticas. Más allá de proseguir una carrera en la que las partes acumulan agravios, bueno sería iniciar un diálogo sobre la situación del país y tratar de subsanar las diversas injusticias existentes. Invertir más en educación y salud es positivo, aunque haya que invertir todavía más y de modos más eficientes. Pero frenar la judicialización de la política, corregir los abusos cometidos durante el excesivamente largo régimen de excepción, limitar o incluso perseguir en algunos casos los mensajes de odio en las redes, son pasos fundamentales para el desarrollo de la amistad social que debería existir en el país. El gobierno próximo continuará teniendo demasiado poder concentrado en pocas manos. Escuchar, dialogar, aprender de otros que piensan distinto, aceptar la crítica cuando refleja verdades, reflexionar sobre la necesidad de cooperación con la sociedad civil, es la única manera existente para evitar que el poder se dirija hacia la corrupción. El historiador inglés, lord Acton, acuñó la frase, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. No quisiéramos que la frase del historiador se volviera una especie de presagio del futuro salvadoreño.

Convertir el país en un centro tecnológico regional es atractivo, pero irreal. Las bases para ello no existen, porque el nivel educativo del país no tiene la altura mínima necesaria. El Salvador ocupa la posición 79 de 81 posibles en la última medición del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). Ninguno de los trece países latinoamericanos evaluados supera el promedio de los 38 más ricos y todos muestran un mejor desempeño en lectura que en matemáticas y ciencias. Tres de cada cuatro estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas, es decir, no poseen las competencias básicas de dicha disciplina. Aunque el desempeño en lectura es superior, la mitad no comprende lo que lee. Todas las disciplinas son importantes, pero ninguna como las matemáticas, clave para acceder a las profesiones científicas y tecnológicas. Adicionalmente, la destreza en matemáticas mejora el aprendizaje de otras disciplinas. Dicho de otra manera, el país no dispone de la masa crítica con las competencias y las habilidades indispensables para construir el centro tecnológico con el que Bukele sueña. Si bien el estudio atribuye al covid —la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial— la pronunciada caída en el desempeño de los estudiantes de todos los países, la pandemia no amplió demasiado la brecha entre el rendimiento de los pobres y los ricos. En la mayoría de los países, el aprendizaje de estos últimos se estancó tanto como el de aquellos. Por tanto, el informe confirma la elevada desigualdad en los aprendizajes. En promedio, el 88 por ciento de los estudiantes más pobres de la región tiene un bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55 por ciento de los más ricos. En general, un año adicional de escolarización representa un aumento anual de cerca del 10 por ciento del salario. El aprendizaje perdido significa salarios bajos durante varios años. La caída en el desempeño implica abandonar los estudios antes del bachillerato o no adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en la educación superior. Estos datos indican que las profesiones científicas y tecnológicas, cuya demanda es creciente y, por tanto, con más posibilidades de empleo y mejor remuneración, no están al alcance de buena parte de la juventud. En teoría, el retraso educativo del país debiera actuar como acicate para impulsar reformas que eleven el rendimiento académico de los estudiantes. La superación del atraso pasa por aumentar dramáticamente la inversión en educación, pero es mucho más que eso, ya que el dinero puede ser empleado en conservar viejas estrategias, y porque con demasiada frecuencia los recursos no llegan a las escuelas y los estudiantes que más los necesitan. La distribución masiva de tabletas y computadoras no ha hecho mucha diferencia. La evidencia internacional ha demostrado que mejorar la capacitación y la motivación de los docentes es mucho más eficaz para elevar el nivel de formación de los estudiantes. Bukele prefiere gastar en el culto a su persona y en la militarización del país. Transformarlo en un centro tecnológico regional exige cambiar sus prioridades. También lo requiere satisfacer las nuevas expectativas que Washington le ha asignado. Bukele ha sido llamado a levantar un muro digital contra la influencia de China y Rusia en la región y a contener la emigración. Aparentemente, el voluminoso préstamo del FMI para salvar las derruidas finanzas nacionales está vinculado con esos dos cometidos. En cualquier caso, los resultados no serán inmediatos. Dado el nivel educativo actual, la planificación debe ser de mediano y largo plazo. Bukele ya ha desperdiciado los cinco primeros años en militares y el culto personal. En el mejor de los casos, necesitará varias reelecciones para colocar la última piedra de su proyecto. Otro obstáculo hasta ahora insuperable es la confianza desmedida e injustificada de los ministros de educación, incluidos los de Bukele. No puede, pues, escudarse en que el retraso educativo es obra de los desmanes de los de siempre. Estos funcionarios se han negado a adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, respaldadas por un consenso social y político. El afán irrefrenable de protagonismo los ha llevado a anular los avances de su antecesor y a empezar de nuevo, en lugar de evaluar lo logrado, superar los fallos y avanzar. Cada nuevo funcionario piensa que sus planteamientos son únicos, y así, pasan las administraciones, gastan el dinero y el tiempo, y la educación sigue postrada. El mal entendido protagonismo de estos funcionarios ha cerrado posibilidades a incontables generaciones de jóvenes. No es extraño, entonces, que emigren o hayan buscado una alternativa en el crimen organizado. La actitud de Bukele no es diferente a la de los ministros de educación de siempre, excepto que su desgobierno comprende las áreas sociales, económicas, políticas y culturales. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Con los días de Navidad casi encima, justo es reflexionar sobre el amor. Especialmente los cristianos, de cualquier denominación que seamos, deberíamos hacerlo. Justo antes y después de la Navidad, la Iglesia católica recuerda a dos santos de nombre Juan. El 14 de diciembre San Juan de la Cruz, uno de los poetas más extraordinarios de la lengua española; y el 27 del mismo mes San Juan apóstol y evangelista. Ambos cantaron al amor y nos dejaron palabras que para muchos son de esas frases que marcan el sentido de la vida. Juan de la Cruz nos recordaba que “en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor”. Y el apóstol Juan, después de insistir en que “Dios es amor”, insistía en que “quien no ama a su prójimo a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve”. En estos días de celebraciones religiosas se suele celebrar especialmente el amor familiar. Pero el amor social, la amistad social de la que habla el Papa Francisco, no forma parte las más de las veces del discurso cristiano. Si recorremos nuestra sociedad encontraremos sin duda muchas personas buenas, la mayoría de ellas cristianas. Y aunque la inquietud por una sociedad mejor y más solidaria es participada por la mayoría, sin embargo los dolores masivos del pueblo salvadoreño están a veces tan naturalizados que no encuentran una posición comprometida en muchos cristianos. Nuestro país tiene unos márgenes de pobreza del 30%. Casi el 50% vive fuera de la pobreza pero se mantiene en unos grados de vulnerabilidad económica bastante alto. En este contexto sólo tienen pensión de ancianidad el 20% de los mayores de 60 años. El hambre golpea más a nuestros niños que a cualquier otro grupo etario. Y nos quedamos tranquilos cuando las escuelas rebajan las porciones alimentarias que se reparten en sus aulas. La mujeres trabajan al día como promedio, según estudios, una hora más que los varones; pero las que tienen pensión son menos que los hombres y en promedio son monetariamente más bajas. Celebramos el día de la madre con grandes alabanzas. Pero las agresiones sexuales contra las mujeres son, estadísticamente, una de las epidemias más graves que soporta el país. El régimen de excepción ha encarcelado a miles de personas inocentes. Tras varios meses de encarcelamiento ha soltado a un buen número. Los que continúan en las cárceles están sometidos a fuerte hacinamiento, mal alimentados, sin permiso para recibir visitas. Y casi nadie nos recuerda las palabras de Jesús en la parábola del juicio final que entre otras cosas nos dice “vayan malditos al fuego eterno porque estuve encarcelado y no me visitaron”. Se puede ser muy amoroso y permanecer indiferentes ante el dolor ajeno. La corrupción y las graves desigualdades económicas y sociales, que desde el punto de vista cristiano serían delitos de odio contra los pobres, casi nunca las vemos como opuestas al amor. Probablemente todo el mundo está de acuerdo con que las Navidades son fiestas que exaltan el amor. “Tanto amó Dios a este mundo que les entregó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna”. Para no andar perdidos en Navidad debemos examinarnos sobre el amor que celebramos en el recuerdo del nacimiento de Jesús. Está muy bien celebrar el amor en familia, pero sin olvidar a la familia humana. Todos los seres humanos somos hermanos, miembros de la misma especie, con los mismos derechos y deberes. Por eso no podemos olvidar a este mundo marcado por “una guerra mundial a pedazos”, como dice el Papa Francisco, o caracterizado, como decía Juan Pablo II, por “una guerra de los poderosos contra los débiles”. Guerra a pedazos que la sufren desde la pobreza, la marginación y la agresión injusta muchos de nuestros hermanos y hermanas. Vivir y celebrar cristianamente la Navidad debe llevarnos siempre a ampliar nuestros círculos de amor al prójimo y convertirnos en servidores y defensores de todos los que sufren cualquier tipo de injusticia. Buscar el modo concreto de crecer en ese amor más universal y solidario es tarea de todo el que quiera celebrar la Navidad desde la esperanza cristiana.

Este 10 de diciembre se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque cada vez hay más personas e instituciones que los defienden, muchas veces con una enorme generosidad e incluso riesgo personal, lo cierto es que nos encontramos en una coyuntura mundial de crisis al respecto. Las guerras, tan mortíferas y crueles, implican graves violaciones de derechos básicos. Conocemos las guerras de Rusia-Ucrania y de Hamas (franja de Gaza)-Israel. Pero existen en la actualidad otras 10 guerras que acumulan más de mil muertes al año, junto con numerosos conflictos internos. Es lo que el papa Francisco llama “guerra mundial a pedazos”. Las instituciones internacionales de la ONU insisten en el diálogo y la búsqueda de paz. Pero los intereses tanto de grupos como de Estados se resisten a un clamor que es realmente mundial. Otros países tienen orientaciones autoritarias que niegan derechos civiles y políticos, encarcelan o destierran a sus ciudadanos sin que la comunidad internacional pueda encontrar caminos que lleven al diálogo y restauren una institucionalidad democrática que vaya más allá de las elecciones y respete los derechos de libertad de pensamiento y opinión de las personas. Los mensajes de odio, la mentira convertida en insulto y agresión, se multiplican en las redes rebajando la calidad de pensamiento de los países e impidiendo la convivencia fraterna. La pobreza, la desigualdad, el hambre continúan siendo verdaderas plagas en un mundo en el que el 17% de la producción de alimentos se desecha, acaba en la basura. Las mujeres, los niños y los ancianos sufren especialmente las carencias de políticas alimentarias y las incapacidades gubernamentales y sociales de enfrentar el problema de la pobreza. Nuestro propio país no es ejemplar en la promoción y defensa de derechos. Se critica a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil. El poder autoritario convierte en cómplices de violaciones a los derechos humanos, por acción o por comisión, a las instituciones estatales responsables de cuidar y proteger dichos derechos. Se limitan derechos políticos y civiles al tiempo que se descuidan derechos económicos y sociales. No hay un combate claro y sistemático contra la pobreza y no se invierte lo adecuado en salud ni educación. Las instituciones de justicia dependen exageradamente del poder político y la responsabilidad social no es la virtud fundamental del liderazgo económico ni del gubernamental. Si en base a lo dicho podemos hablar de una verdadera crisis en el campo de los derechos humanos, la reacción de la sociedad civil debería ser mucho más vigorosa. A los derechos humanos podemos definirlos como una moralidad externa al poder del Estado que lo modera y le obliga a estar al servicio de las personas. Descuidar los derechos humanos, ignorarlos, volvernos ciegos ante ellos es caer en la inmoralidad. Y es retornar a la dinámica que convierte al poder en un ídolo que oprime . La parábola evangélica del publicano compasivo y solidario en contraste con los clérigos indiferentes ante el dolor de un herido continúa teniendo una enorme vigencia en el mundo en que vivimos y en nuestro propio país. Al celebrar los 75 años de la proclamación de los derechos humanos resulta indispensable para todo cristiano comprometerse con mucha más seriedad en la defensa de dichos derechos.

Recientemente se publicaron los resultados de las pruebas Pisa, que cada tres años evalúan la situación educativa de los estudiantes de 15 años que cursan al menos séptimo grado. Es la primera vez que El Salvador es incluido en la prueba. Los resultados, como era de esperarse, no fueron buenos, y ello constituye un claro llamado a examinar el sistema educativo nacional. Los cambios deben ser muchos y notables, tanto en la inversión y en la preparación de los maestros como en la conciencia de la ciudadanía y de sus liderazgos. En este último aspecto, es evidente que el sistema educativo, al menos hasta ahora, está diseñado para mantener un sociedad desigual en la que algunos pueden vivir como ciudadanos del primer mundo mientras la gran mayoría hace malabares para sobrevivir. Más de la mitad de nuestros jóvenes no alcanzan a graduarse de bachillerato a la edad de 18 años. Las universidades dan cabida, aproximadamente, al 15-20 por ciento de los bachilleres y no todos terminan obteniendo su título profesional. Por ello, las posibilidades de ascenso social a través de la educación son muy reducidas. Además, tienen una ventaja sustancial para el desarrollo de sus capacidades aquellos que pertenecen al sector de los ricos y de las clases medias acomodadas, que no pasan del 25% de la población. Los medios de comunicación tienden a resaltar los éxitos individuales del algunos salvadoreños que se gradúan en universidades de prestigio mundial. Pero los éxitos personales, por valiosos que sean, no pueden ocultar los fracasos sistémicos del sistema educativo nacional. Que el 90% de los alumnos de 15 años no alcance las competencias mínimas para esa edad en matemáticas no se puede tapar con el éxito individual de algunas personas. Y lo mismo se puede decir sobre el 70% que no alcanza las competencias mínimas en ciencias. Los bajos resultados en comprensión lectora dejan en ridículo a todos aquellos que piensan que con el aprendizaje del inglés y del chino, junto con el uso de computadoras, El Salvador encontrará el camino del desarrollo. La educación en El Salvador reproduce el sistema social desigual y negador de posibilidades. La culpa no es de los niños ni de los maestros, que muchas veces hacen milagros. Los niños y niñas salvadoreñas nacen con las mismas capacidades que los nacidos en Singapur, el país con mejores índices de conocimiento y aprendizaje en esta prueba Pisa de 2023. Pero la mala alimentación, la desatención en la primera infancia y las deficiencias en las escuelas crean atrasos que terminan sepultando a muchos compatriotas en la pobreza y la necesidad de migrar. La escasa inversión en el sistema educativo, los bajos salarios a los maestros, las infraestructuras que dificultan el aprendizaje son causas evidente de nuestro atraso. El menosprecio de la profesión educativa y la ausencia de políticas familiares tampoco ayudan al desarrollo de las capacidades innatas de los niños y niñas. El trabajo por hacer es mucho. Hasta el presente, ningún Gobierno se ha tomado en serio la tarea de invertir en educación con un enfoque inteligente y multifactorial. Y no se ve que en la actualidad, a pesar de los discursos, esa tendencia vaya a variar. Los éxitos académicos de algunos salvadoreños son sin duda positivos, pero de momento solo sirven para disimular una situación educativa nacional deficiente e injusta.

El proceso electoral salvadoreño transcurre en un contexto marcado por tres factores: crisis en la economía familiar de muchos hogares, amplia desinformación y un régimen de excepción temido por algunos, pero apoyado por la mayoría. Así lo revela la primera encuesta preelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). El costo de la vida, en especial el de la canasta básica, se ha disparado. Casi dos terceras partes de la población (64.5%) piensan que el principal problema del país tiene que ver con variables económicas (desempleo, inflación, pobreza). Por otra parte, 77 de cada 100 personas desconocen que en marzo pasado se reformó el Código Electoral para eliminar la prohibición de hacer cambios en el año previo a una elección. El 65% no sabe que habrá dos fechas electorales (el 4 de febrero para presidente, vicepresidente y legisladores, y el 3 de marzo para concejos municipales y diputados al Parlacen) y más de la mitad ignora que se sustituyó la fórmula para asignar los escaños de la Asamblea Legislativa. La mayoría sí sabe que se redujo el número de municipios y el de diputados, pero desconoce los nuevos municipios y su composición, y la cantidad de diputaciones asignadas a su departamento. Así las cosas, la intención de voto beneficia en todas las contiendas al partido del presidente. Para la elección presidencial, el 61.7% de los encuestados dice que votará por Nuevas Ideas, el 14% no lo ha decidido y el 9.4% afirma que no irá a votar o anulará su voto. La tendencia se mantiene en la elección legislativa: 46.5% afirmó que votará por Nuevas Ideas, 3.2% por el FMLN, 2.1% por Arena y 1.1% por Vamos; el resto de partidos no llegan al 1%. Las personas que declaran que no irán a votar o que anularán su voto ascienden al 10.6% y una quinta parte de los encuestados (19.9%) dice no haber decidido todavía. Los números cambian un poco en la intención de voto para concejos municipales. Nuevas Ideas recibiría el 40.3% de los sufragios, Arena el 4.8%, FMLN el 4% y GANA otro tanto. El resto de partidos alcanza 1% o menos. 23 de cada 100 dicen que no han decidido por quién votar y 12 de cada 100 aseguran que no irán a las urnas o anularán el voto. Es decir, por hoy, las elecciones son cosa de un solo partido, especialmente para presidente; en las elecciones legislativa y municipal el porcentaje que respalda a Nuevas Ideas no tiene la misma solidez. Además, esta dinámica parece obedecer, más que al entusiasmo popular, a la ausencia de una alternativa política atractiva. Los números dejan claro que los partidos aliados de Nuevas Ideas no le agregan valor y que la oposición naufraga dispersa. En ambos casos, su irrelevancia política se refleja en que la población o no los conoce, o tiene opiniones mayoritariamente negativas o neutras sobre ellos. La falta de recursos económicos, a la que exitosamente ha colaborado el Gobierno, es en parte causa de la parálisis electoral de estos partidos. Y no puede perderse de vista que todo el aparato estatal ha sido puesto al servicio de la campaña cyan. Pero la principal razón de que el partido oficial vaya al frente en la intención de voto es la imagen que la gente tiene de Bukele, que hasta el momento no se ve lastrado por los errores y graves abusos cometidos durante su gestión. El 87.9% de la población cree que es importante respetar la Constitución, pero el 69.9% apoya la reelección. La mayoría está de acuerdo con que los tres poderes del Estado deben ser independientes, pero el 72.2% reconoce que los jueces y los diputados trabajan a las órdenes del mandatario. La figura del presidente es lo que propicia la opinión favorable sobre el quehacer gubernamental y, en consecuencia, aunque cada vez con más dificultad, su partido. La confianza que le deposita más de dos tercios del electorado se debe, en gran medida, al régimen de excepción. La encuesta confirma la inclinación autoritaria de la sociedad salvadoreña: quienes manifiestan que es necesario sacrificar derechos humanos para el bienestar social y quienes toleran que se viole la Constitución votarán por el partido oficial en los próximos comicios.

Bukele no desea ser recordado como otro presidente ladrón, rodeado de ladrones. Por eso, puso a todos los funcionarios del poder ejecutivo en manos de su fiscal para que los investigue “para atrás y para adelante”. Contrario a las apariencias, no es una rendición de cuentas al final del mandato, sino un ajuste de cuentas en las filas del Ejecutivo. La razón de fondo no es la corrupción y el robo, sino purgar a los funcionarios desleales o indisciplinados, que no se han apegado al guion establecido por los argentinos, con el pretexto de castigar la deshonestidad. Simultáneamente, el ajuste de cuentas proyecta la imagen de un mandatario íntegro y responsable. La operación, contrario a lo que Bukele “imagina”, es problemática, porque carece de credibilidad. El fiscal no ha demostrado las competencias mínimas para controlar la corrupción. Al comienzo de la presidencia de Bukele, engavetó las investigaciones iniciadas por su antecesor sobre la corrupción de varios de los nuevos funcionarios. Ahora, sin duda, investigará y encontrará corruptos. Pero solo aquellos cuyos nombres figuren en la lista de indeseables de Casa Presidencial. Estos serán juzgados y condenados. Rodarán algunas cabezas, no todas, ni siquiera las de los más corrompidos. Antes, al fiscal le ordenaron archivar y archivó; ahora, le han ordenado lo contrario y obedecerá para retener el cargo. Muy a su pesar, no se diferencia de la mayoría de sus antecesores, a quienes desprecia como simples “títeres”, “que buscaban mantener sometido al país a sus antojos”. A diferencia de aquellos, no satisface sus caprichos, sino los de su patrón. No es verdad que “quien sea que haya cometido delito será perseguido y punto”. Solo perseguirá a los señalados. La amenaza de investigar la corrupción no incluye a Bukele, quien se deja al margen con el argumento de que él no roba para no ser recordado como facineroso. Tampoco a sus hermanos y su círculo íntimo, en teoría, porque no forman parte del poder ejecutivo. Todos ellos tienen la continuidad asegurada. La reelección les garantiza cinco años más de impunidad e inmunidad. Si Bukele temiera en verdad ser recordado como otro presidente sinvergüenza, desde el comienzo de su gestión presidencial habría fomentado la transparencia; habría entregado información abundante, oportuna y detallada sobre sus actividades; y habría promovido la investigación de sus funcionarios. En lugar de apertura y claridad, reina el hermetismo. Cabe recordar aquí, ya que tanto le gusta citar la Escritura, que en Juan se lee que “todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras” (3,20). Aunque no hubiera duda sobre su integridad personal, Bukele ha permitido la proliferación de corruptos en su entorno. Los dos presuntos maleantes que alega haber capturado como prueba de su determinación son irrelevantes frente a los millones de dólares que han circulado libremente por los despachos no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes. La evidencia no permite recordarlo como “el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió en la cárcel”. De todas maneras, si hubiera verdad en este deseo, debió pedir al fiscal que realizara sus averiguaciones de cara a la opinión pública. Bukele promueve la honestidad desde la oscuridad. El anuncio de la purga de sus colaboradores más cercanos es un melodrama de mal gusto. Una puesta en escena, como su comparecencia entre las mises o en la isla Tasajera. ¿Por qué no comparece ante los campesinos despojados de sus parcelas donde proyecta levantar infraestructuras gigantescas? ¿O ante las madres de los desaparecidos y las víctimas de las masacres? La dictadura es, por definición, desvergonzada. Después de despedirse de sus subordinados, Bukele los amenazó con una supervisión implacable, ya que tendrá “más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras”. Así, pues, no se va; la despedida es una farsa. El decreto que lo “licencia” seis meses para hacer campaña reelectoral establece que, tanto él como su socio, retienen la relación con la presidencia del poder ejecutivo y, por tanto, gozan de las prerrogativas propias de sus cargos. Dicho de otra manera, puede hacer, y ya hace, campaña reelectoral con los recursos y el dinero del pueblo, que dice es su razón de ser. Otra es la suerte que aguarda a los defenestrados. Vivirán días tan funestos que se arrepentirán de haber servido a Bukele. Los desconocerá, les cerrará los portones de Casa Presidencial y los arrojará a la cárcel que prepara para ellos. Nunca se les ocurrió que su último servicio sería ser víctimas propiciatorias de la imagen presidencial de rectitud. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Coordinadora para la Unificación Sindical se presentó en diversas instituciones del Estado para exigir que se respeten los derechos humanos, laborales y sindicales. La organización aglutina sindicatos del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Hacienda, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, entre otros. Salvador Ramos, miembro de la Coordinadora, exigió a las instancias de gobierno que les brinden una pronta y acelerada respuesta a los casos interpuestos por los trabajadores.

Cada vez se ve con mayor claridad la relación entre la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica, así como a otras Iglesias, según tiempos y lugares. Pero en Centroamérica la correlación es evidente: hay proporción directa entre mayores violaciones a derechos y mayor persecución a la Iglesia que las denuncia. Denunciar la injusticia es una especie de sacrilegio contra los nuevos autoritarismos, convertidos en una especie de ídolos armados que exigen obediencia ciega. Y en este terreno de las nuevas idolatrías políticas, quien se lleva en el istmo el primer lugar en la persecución es la dupla dictatorial nicaragüense. Que algunos sacerdotes hayan recibido en sus parroquias, como lugar de refugio, a manifestantes contra la dictadura que huían de la represión a su manifestación pacífica, ha resultado para el dúo Ortega-Murillo una especie de delito imperdonable. Un obispo expulsado del país y privado de la nacionalidad, otro encarcelado y mal tratado, muchos sacerdotes amenazados, presos, exiliados y desnacionalizados muestran a un régimen incapaz de soportar una crítica serena y pacífica, ebrio de poder y convencido de que con castigos crueles e injustos se solucionan los problemas. Y eso solo hablando de miembros de la Iglesia y de la violación sistemática del derecho a la libertad de religión y expresión. Porque el número de los perseguidos y amenazados social y políticamente es casi incontable. Si en Nicaragua hay un gobierno al que se le puede catalogar como dictatorial, en Guatemala la situación es grave también. El hartazgo social contra la clase política tradicional, tan plegada a intereses económicos extractivistas y conservadores, ha llevado a buscar candidaturas alternativas. El triunfo electoral inesperado de Bernardo Arévalo, impensable hace dos o tres años, muestra la voluntad popular de cambio en el modo de gobernar. Pero esa especie de mafia en la que se mezclan poderes económicos, militares y políticos turbios se empeña en dificultar el acceso al poder del vencedor en las últimas elecciones. Los apoyos al Estado de derecho del cardenal Ramazzini y sus denuncias de las injusticias generaron ya quejas gubernamentales ante el Vaticano y amenazas de emprender un juicio e incluso encarcelamiento contra este líder de la Iglesia católica, de clara voz profética desde hace años. En El salvador, no han faltado discursos y mensajes de odio contra el cardenal Rosa Chávez y otros sacerdotes que han denunciado abusos en el campo de los derechos humanos. Honduras, caracterizada por una mayor tradición de libertad de expresión, también ha tenido expresiones de odio contra miembros de la Iglesia críticos frente a la pobreza injusta que sufren las mayorías populares. Y especialmente se ha ensañado con aquellos que desde su conciencia cristiana reivindican los derechos de los desfavorecidos. Curiosamente, se persigue a una Iglesia que sistemáticamente en todos los momentos de emergencia, así como en la vida diaria, ha estado cerca de los que sufren. Continuamente la Iglesia ha permanecido consiguiendo recursos, tanto materiales como humanos, creando conciencia, impulsando emprendimientos y defendiendo derechos. Esa cercanía con los pobres y vulnerables, que continúan siendo mayoría en nuestro pueblos, es lo que despierta esa mezcla de temor y odio que caracteriza a los perseguidores Y es también lo que les lleva a reprimir, perseguir y encarcelar tanto a laicos como a miembros del clero. Les gustaría una Iglesia preocupada exclusivamente por el más allá y por la administración rutinaria de los sacramentos, sin mencionar para nada las exigencias éticas y morales del Evangelio. Al final, persiguiendo a la Iglesia, los dictadores y los autoritarios trabajan en favor de su propio descrédito y fracaso. Aunque en el choque frontal el poder armado puede vencer y aplastar a la conciencia desarmada, esta es una fuerza que en el largo plazo termina destruyendo la prepotencia del poder y desenmascarando su corrupción. Porque al final, quienes llaman bien al mal y mal al bien acaban enredándose en sus propias contradicciones. Y su farsa termina siempre en una locura que ni sus propios adeptos resisten. Las Iglesias, en cambio, saben reconocer sus errores desde el Evangelio del amor, la justicia y la paz y optar por el bien de los demás. Al revés de las dictaduras, están hechas para durar mucho más que la ebriedad soberbia del poder.

Cuanto más se ama el poder, mayor el miedo a perderlo. Pasa en todas las instituciones cuando las personas vinculan su autoestima con el cargo que desempeñan. Aunque el miedo ayuda a adaptarse al ambiente y protegerse de los peligros, en las personas, y en particular en los políticos, tiende a convertirse en ansiedad. Y de la ansiedad se puede pasar a la respuesta violenta contra aquello que se ve o percibe como una amenaza. En el caso de los regímenes políticos autoritarios, se pasa muy fácilmente de la complacencia a la desconfianza, de las frases ceremoniosas a las acciones punitivas. La actual dictadura de Nicaragua, que desconfía radicalmente de la Iglesia y ha privado de nacionalidad a curas y obispos, es ejemplo claro de cómo el miedo irracional de los políticos con poder puede llevar a la represión no solo de los oponentes políticos, sino también de los defensores de derechos básicos y de los generadores de cohesión social. Sin embargo, a pesar de la fuerza material de los líderes autoritarios, el miedo y sus reacciones agresivas terminan abriendo grietas en el propio poder. El tirano poseído por el miedo puede hacer temblar a todos los que le rodean. Usualmente, se multiplican las alabanzas exageradas en torno a su persona, porque el miedo del autoritario genera también miedo entre aquellos que lo rodean. Pero por más que encuentre aduladores y colaboradores en la construcción del temor y del pánico, el miedo no es la emoción más importante del ser humano. Al revés, frente al miedo se alzan siempre la generosidad, el amor y el deseo del bien. Como dice un texto del Nuevo Testamento, “el amor echa fuera el miedo”. La libertad que brota del amor venció el miedo cuando los nazis perseguían a los judíos: campesinos sencillos los escondían en sus casas, sacerdotes les tramitaban papeles falsos para que huyeran de la persecución, diplomáticos con ética les ofrecían pasaportes para liberarlos de la muerte. Cuanto más crueles se vuelven los tiranos, más cerca suele estar su fin. En América Central, las tendencias al autoritarismo han estado siempre presentes. El istmo ha vivido dictaduras sangrientas y regímenes que mezclan algún grado de democracia con viejos modos autoritarios. Y siempre han surgido figuras y grupos, desde lo más sencillo a lo más público, que han plantado rostro a los abusos de poder. Frente a quienes defienden lo humano y lo racional, el poder que genera miedo no tiene más recurso que la persecución. Y la persecución multiplica la conciencia y el surgimiento de nuevas generosidades. Hoy, cuando el autoritarismo está de regreso, es importante recordar la importancia de la libertad personal construida sobre valores solidarios y humanistas, y saber que la única manera de vencer el miedo es enfrentando a quienes lo producen.

Las características de los regímenes dictatoriales han cambiado. Los liderados por militares y de partido único van quedando en el pasado. Hoy, la mayoría de dictaduras en el mundo son “autoritarismos electorales”, según la definición de Andreas Schedler, posicionada ya en la politología. En los autoritarismos electorales se mantiene la fachada institucional y se celebran elecciones, pero se violan los principios democráticos y los derechos humanos permanentemente. Los autócratas modernos guardan las formas, aparentan pluralismo, hablan como demócratas, pero siguen siendo déspotas; siguen creyendo que el mundo gira en torno a ellos y que su palabra es la única que pesa; siguen preocupados por garantizar que la oposición no represente ninguna amenaza a su estabilidad, mucho menos a su continuidad. Para controlar toda voz crítica, utilizan la represión y persecución selectiva, pero también mecanismos pacíficos como el control de los medios de comunicación. Su arma más poderosa contra la oposición que consideran peligrosa es dividirla, dispersarla, pero sin extinguirla del todo. Los partidos de oposición se convierten en mero ornamento de la victoria del oficialismo, simple fuente de legitimidad. Además, la existencia de la oposición, por tímida que esta sea, posibilita tener a quien atacar y así crear cohesión desde la defensa del régimen. Según Schedler, los autócratas padecen de al menos dos tipos de incertidumbre. Por un lado, incertidumbres institucionales: dudan de su permanencia en el poder. Por otro, incertidumbres informativas: no pueden obtener información certera sobre aquello, real o imaginario, que los amenaza. Por eso, el autócrata vive en miedo; por eso, no confía en casi nadie. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el reciente anunció de combate a la corrupción, además de mostrar el sometimiento del Ministerio Público a la Presidencia, constituye una advertencia para todo aquel al que se le ocurra salirse del libreto. La lista de delitos y casos de corrupción en el Gobierno de Bukele es larga; si en realidad hubiera voluntad de limpiar la casa, ya habría varios ministros en la cárcel. En un régimen autoritario, a la oposición no se le debe ponderar únicamente por ser o no un potencial catalizador del descontento popular, sino también por su potencial para limitar y dificultar el avance del régimen. En el caso salvadoreño, la dispersión y falta de ideas y de compromiso serio con la democracia de una buena parte de la oposición no le posibilita llevar a cabo ninguna de esas funciones. Fuera de unos casos aislados de oposición valiente y decidida, en el país el silencio de la civilidad democrática contrasta con la atronadora maquinaria oficial de aplausos e insultos. Por hoy, la dictadura tiene vía libre.

En el contexto del aniversario de los mártires jesuitas se desarrolló en la UCA una semana dedicada a la memoria histórica. El tema es especialmente importante porque los Gobiernos anteriores al actual desarrollaron un discurso sobre el pasado que miente y oculta tanto la opresión y el abuso económico como las graves violaciones al derecho a la vida y la integridad. El nuevo Gobierno no se queda a la zaga de los abusos que otros han cometido contra la memoria histórica. Empeñado en una propaganda que exalta exclusivamente el presente, manipula el pasado, presentando en negro casi todo lo acontecido antes de 2019 y en blanco esplendoroso la historia de los últimos cuatro años. El poder político, en el pasado, contaba la historia a su favor. Unos privatizaron la memoria y la eliminaron de lo público. Las masacres de campesinos, niños y mujeres fueron choques armados con la guerrilla. Y si las víctimas querían curar sus heridas desde la verdad y la justicia, las acusaban de reabrir las heridas del pasado. Se presentaba el “perdón y olvido” como un valor y la amnistía de crímenes de lesa humanidad como un bien jurídico. A las víctimas se les ponía como ejemplo a los poderosos y adinerados que decían: “Yo ya perdoné y no necesito justicia”. Otros hablaban del pueblo y de las víctimas, pero mantenían las mismas injusticias estructurales, al tiempo que procuraban no ofender a los militares. Hoy todo el pasado es pacto de corruptos y solo el presente es perfecto, por muy manipulada que esté una realidad que continúa siendo triste. Es el lujo del poder, que dice que todo lo hace por el pueblo. Maña vieja que incluso aparece en el acta de independencia de Centroamérica, cuando los poderosos y notables decretaron la independencia para “prevenir las consecuencias, que serían terribles si la proclamase el mismo pueblo”. Todo un paternalismo dulce, condescendiente con el pueblo, para quedar en puestos de privilegio y no soltar el poder. Sin embargo, las manipulaciones del poder no eliminan la memoria. Y ello por varias razones. La primera, porque la memoria es la base de nuestra identidad. Y lo vivido interior y emocionalmente define nuestra propia realidad. Somos quienes somos porque recordamos, asimilamos, contamos y ordenamos nuestros recuerdos. Por eso, porque la memoria es también comunicación humana, resulta indestructible. Los asesinos pueden destruir la vida, pero la memoria termina venciendo en su combate contra la nada y el olvido. Además, los que tratan de imponer mentiras no tienen un sustituto para la verdad. Y menos para esa verdad tan densa que es el sufrimiento de quien ha perdido, madre, esposo, hija o cualquier ser querido. Sin memoria no hay justicia, suele repetirse cuando se habla desde las víctimas. Y es cierto. Es la memoria decidida a ser contada la que mueve a la justicia a ser independiente frente al poder. Los jueces pueden comprarse o se les puede doblar la vara de la justicia, como decían los antiguos. Pero la memoria hace brotar en los corazones el afán de justicia, llama al reconocimiento de los crímenes e invita a la reconciliación en el perdón pedido por quienes reconocen sus crímenes. En la justicia de transición, después de graves atentados contra la dignidad humana, el pensamiento jurídico recomienda procesos en los que la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, las medidas de no repetición y los mecanismos de reconciliación restauren la sociedad como lugar de amistad social y diálogo. En El Salvador, la falta de pensamiento ético y de diálogo trasparente ha impedido hasta ahora ese tipo de justicia. Frente a una justicia dependiente, punitiva con los pobres y manipuladora de la verdad, la memoria de las víctimas sigue viva e impulsa procesos humanistas de verdad, reparación y reconocimiento.

Hace ya casi 50 años, monseñor Romero hablaba de las idolatrías que empujaban a El Salvador hacia una guerra civil; se fijaba sobre todo en la riqueza, el poder y la organización absolutizadas. En la actualidad, los poderes que gustan apoyarse en idolatrías, que en muchos sentidos continúan siendo las mismas de las que habló nuestro santo, han desarrollado un potente discurso dedicado a sembrar el convencimiento de que hay personajes a los que conviene servir. Dado que los seres humanos nos comunicamos por signos llenos de simbolismos, es fácil convertir tanto imágenes como personajes en objetos de veneración. La raza, la fuerza, el orden y la nación pueden fácilmente servir de ropaje de un líder agresivo y opresor que actúa contra aquellos que no se integran en los principios e ideas diseñadas desde el poder. El odio a los judíos o a los musulmanes, a los migrantes, a los pobres o a quienes son diferentes tiene como base ideas afincadas en simbolismos. Y ese odio se hace presente a través de personajes que se valen de una racionalidad impuesta. En El Salvador se ha desarrollado en los últimos años un discurso idolátrico. La gente estaba harta de la falsa racionalidad de los que antes eran poderosos y que hablaba de normas, igualdad, derechos humanos, democracia, etc. Las palabras utilizadas en política, que se presumían racionales, decían muy poco a las mayorías porque no eran coherentes con la realidad. Surgió, entonces, la idea de ofrecer símbolos y concretarlos en una sola persona. Alguien joven, con imaginación, eficaz, que brinda resultados, fuerte, que puede sentar a oligarcas y a militares, y que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Alguien que manifiesta con frecuencia su fe en Dios y que se siente su profeta. La propaganda dio resultado, porque, en medio de las dificultades del diario vivir, todo el mundo necesita creer en algo. Además, aunque una minoría vea todo en negro, cualquier Gobierno tienen acciones buenas y malas. Y el actual ha sido experto en resaltar lo que hace bien y convertir los errores en necesidades. ¿Qué hacer para salir de las idolatrías y construir una racionalidad no floja o hipócrita como la de antes, sino con capacidad de hacerse cargo de una realidad injusta que debe ser transformada? Lo primero, reconocer que los fallos del pasado nos han llevado a la situación actual, edificada sobre emociones, imágenes y esperanzas sin base objetiva. Y lo segundo, diseñar proyectos de futuro racionales que enfrenten seriamente la pobreza y la desigualdad, y que apuesten por un desarrollo inclusivo y una institucionalidad robusta que en verdad sirva a la gente. Seis partidos acudirán a las próximas elecciones y ninguno dispone de un proyecto de ese tipo; solamente la sociedad civil tiene una palabra crítica. El resultado electoral se perfila con mucha claridad debido a que cinco partidos débiles, sin proyecto claro y sin imagen carismática, compiten con uno fuerte, que controla todos los aparatos del Estado. De muy poco sirven los discursos moralistas de la oposición partidaria si no hay proyectos racionales y claros. Acercarse un poco más a la sociedad civil, dialogar con ella, les vendría bien a todos, tanto a los que no tienen imagen y son débiles como al que tiene una imagen prefabricada fuerte y crece a expensas de un ubicuo discurso idolátrico.

Una empresa de negocios privada, en situación de quiebra económica, ha tenido un notable éxito en El Salvador. Gozó además de la protección y propaganda del Estado. ¿Extraño? Para nada. Lo superficial suele tener éxito si va acompañado de propaganda. Miss Universo, la empresa en quiebra que exhibe muchachas bonitas en diversidad de ropajes, algunos ciertamente estrambóticos, sigue teniendo éxito cuando Gobiernos ansiosos de espectáculo la apoyan en el negocio de lo superficial. Y mientras los que pueden se sacan fotografías, algunos incluso tocándole las piernas a las jóvenes, estas se mantienen sonriendo porque el negocio les impide darle una bofetada al machista abusador. La búsqueda de lo bello ha sido una tendencia universal en el género humano. Los cánones de belleza han sido muy diversos a lo largo de la historia. Y en el caso de la mujer, con frecuencia han sido impuestos desde concepciones machistas. En algunos momentos se ha acusado a los concursos de belleza de ser una variante más suave de la trata de blancas. En México se estrenó hace algunos años un serie titulada Señorita 89, que tras el glamour de los concursos de belleza mostraba tras bambalinas la tendencia a cosificar el cuerpo de la mujer, la imposición de modelos de belleza y la frecuencia del acoso sexual. Superficial y con luces de colores el espectáculo, oscuras las interioridades. Pero la superficialidad da dinero y parece que eso es lo que importa. No faltan en el país personas que disfrutaría enormemente diciendo que la mujer más guapa del mundo y sexualmente atractiva es salvadoreña. Y emocionados con el éxito de lo superficial, olvidarían que la mujer sufre una plaga de acoso sexual en El Salvador, que trabaja más que los hombres, que tiene menos acceso a pensiones y que con frecuencia carga con el peso absoluto de sacar adelante a sus hijos. Al final, para quienes adoran lo superficial, lo importante es disfrutar con las luces, los trajes de baño y los colores con que una empresa privada viste y exhibe a muchachas bonitas. El beato mártir Rutilio Grande solía organizar en Aguilares y El Paisnal la fiesta del maíz. Pupusas, riguas, tamales, atol y otras delicias se compartían con la multitud que celebraba la identidad cultural de los hombres y mujeres de maíz. Al final se elegía a la Reina del Maíz: la mujer que había elaborado y compartido los más ricos y diversos platillos derivados del elote. No llevaba traje de baño, sino delantal y pañuelo. Sudor en la frente en vez de cosméticos, y alegría verdadera, no fingida, por saberse custodia y promotora de la soberanía alimentaria de su tierra. No había superficialidad en ella, sino la realidad fuerte y honda de un pueblo que celebraba la vida y el compartir de la misma. En El Salvador nos falta mucho todavía para llegar al pleno respeto de la igual dignidad y derechos de la mujer. No tiene sentido ético ni democrático priorizar los conceptos superficiales de empresas que hacen negocio cosificando a la mujer y al mismo tiempo olvidar las injusticias que la mujer padece: violaciones de niñas, embarazos adolescentes, acoso frecuente e injusta situación económica y social. Solucionar la injusticia de que las mujeres tengan menor acceso a pensiones, frenar el machismo, reconocer el trabajo en el hogar como un trabajo que merece retribución estatal al llegar a la ancianidad es mucho más importante que la alharaca superficial montada sobre un negocio quebrado con amplias sospechas de fiasco ético.

El Salvador de las mises no es el de las mayorías, sino el de Bukele, el de “las mejores olas y una taza del mejor café del mundo”. Las mises no experimentaron el caos vehicular cotidiano. Las llevaron y las trajeron por calles despejadas y embellecidas para la ocasión, o en helicóptero. Donde llegaron, encontraron un escenario para posar, protegido por círculos de soldados con armas de guerra. El centro de la capital lo hallaron “limpio”, sin vendedoras ambulantes, sin mendigos ni vagabundos. Los policías los expulsaron y cercaron la zona. Ni siquiera los perros de Suchitoto se libraron de la limpieza policial. Las mises vieron el país desde el interior de un círculo militarizado. En palabras de una asidua del centro de la capital, “tanto lujo en la calle y los pobres muriéndose de hambre… aquí se preocupan porque la gente extranjera ande bien, ¿y nosotros qué?”. Un medio escrito respondió a su reclamo destemplado que esas extranjeras “han venido a disfrutar y a pasársela bien”. Algo que la inmensa mayoría de las mujeres salvadoreñas no puede permitirse. Los aficionados al país de Bukele miraron extasiados los cuerpos muy cuidados y maquillados de las mises para no ver a las trabajadoras que emplean varias horas diarias para desplazarse entre su hogar y su trabajo, ni a las que aguardan días interminables para pasar consulta con un hijo enfermo, ni a las madres que buscan desesperadas a sus hijos desaparecidos, ni a las mujeres que solicitan habeas corpus sin obtener respuesta, ni a las abuelas que se rebuscan para alimentar a los menores que la dictadura dejó a su cargo. La desdicha de estas mujeres es contemplada impasiblemente por un Bukele que recibe a las mises con alfombra roja en Casa Presidencial. La multitud extasiada solo tuvo ojos para las mises, un negocio que vende fantasía y frivolidad. Sus expresiones de simpatía no consiguieron disimular la afectación y el acartonamiento. Las trajeron o vinieron para representar, para sonreír siempre, aun ante la insolencia y el acoso, y para expresarse amablemente del anfitrión, en lo que se excedieron al apoyar su reelección. La representación no era desinteresada, sino negocio. La propietaria del concurso necesita mucho dinero para saldar deudas gigantescas. Las marcas utilizan el espectáculo como vitrina para promocionar sus productos. Y Bukele reforzó su marca personal, consolidó su prestigio de gobernante implacable de la seguridad y se dio un baño de popularidad en el exclusivo ambiente de la gala final. Las ganancias provienen de la explotación de la mujer. La estudiada exhibición del cuerpo femenino la cosifica y la ofrece como producto de consumo. Basta una mirada rápida a la prensa cómplice para comprobarlo. Sus plumas encontraron unas mujeres divinas, esbeltas, elegantes, de porte increíble, bellezas de talla mundial, figuras espectaculares y deslumbrantes, piernas de infarto, look refrescantes y sofisticados, trajes fulgurantes de colores llamativos y galácticos, vestidos de noche llenos de “piedras preciosas”. La ramplonería es pasmosa por falta de ingenio literario y porque el espectáculo mismo es ordinario. Las mises no eran para el pueblo, sino para quienes pudieron pagar el prohibitivo precio de las entradas. Tampoco el local, muy bien acondicionado con “butacas de lujo”, “súper lindo”, según la embajadora en Washington. Al pueblo le reservaron unas cuantas plazas con pantallas gigantes. Bukele, que no podía perderse la coronación, no se dirigió a la audiencia en el idioma nacional. El país que “renace” bajo su dirección reniega de sus mayorías. Se avergüenza de ellas y las esconde. Tuvo tiempo para recibir a las mises en Casa Presidencial y para posar con ellas, pero no lo tiene para atender a las mujeres que, desesperadas ante la indiferencia de sus funcionarios, acuden a él pidiendo protección. La mujer trabajadora, sufrida y violada no pertenece al país de Bukele. En cambio, a las mises les agradeció en dos ocasiones el formar parte de su “renacer” y les encargó difundir como “buena noticia” que este es el sitio ideal para “luchar por sus sueños sin importar cuán grandes sean”, que los aguarda con “verdadera paz y seguridad” y los recibe con “un cálido abrazo”. Nada de esto se aplica a las vendedoras informales expulsadas de sus puestos, ni a la ambulante que empuja un carrito con mercancía, ni a la que se prostituye para alimentar a sus hijos. Bukele se prodigó generosamente con las mises, pero se niega a las mujeres salvadoreñas desamparadas y desoladas, que reclaman derecho y justicia. Su país fue “centro de atención mundial”, aunque no tanta como hubiera querido. Fueron tres semanas escasas que lo dejaron igual. Apagadas las luces del escenario e idas las mises, la dura realidad nacional sigue ahí. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

UCA no hay más que una. Distinguir entre una UCA “histórica” y otra “actual”, tal como hacen las redes oficialistas, es una representación retorcida. Para el oficialismo, la UCA verdadera sería la de antes, mientras que la de ahora sería una falsificación. Esa interpretación idealiza el pasado para rechazar un presente que le desagrada. El oficialismo se decanta por la UCA de Ignacio Ellacuría y sus compañeros mártires para desacreditar a la UCA actual. La astuta contraposición de las dos universidades es la réplica ingeniosa de un régimen sin ideas. Los agitadores del oficialismo no saben lo que dicen. Se les antoja que la UCA de los mártires alcanzó una excelencia que la actual habría perdido. La oligarquía y los militares, las plumas a su servicio y sus empresas mediáticas la acosaron igual que ellos hacen hoy. La persiguieron por pedir reformas socioeconómicas de envergadura, por defender la libertad de organización campesina y sindical, y por pedir elecciones libres y limpias. El poder oligárquico-militar invocó el comunismo para rechazar unas reformas que hubieran frenado la guerra civil. Desencadenada la guerra, la UCA exigió a las partes observar el derecho internacional humanitario. Luego, promovió el diálogo y la negociación para encontrar una salida política. Convencidas del triunfo militar, las dos partes se lanzaron virulentamente contra la UCA. Confrontado con la derrota militar y una negociación inevitable, el alto mando del Ejército masacró a la dirección de la UCA. Los ataques no cesaron después de 1992. La UCA se ganó la enemistad de militares, políticos y capitalistas por exigir el cumplimiento fiel de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, por criticar la imposición del neoliberalismo económico, en particular, las privatizaciones, y la dolarización, por el empobrecimiento generalizado y el aumento de la desigualdad y por el surgimiento, expansión y consolidación de las pandillas. Todos los gobernantes de la posguerra arremetieron contra la UCA por no plegarse a sus planteamientos. La UCA no ha cedido y se ha mantenido fiel a su misión de dar voz al pueblo salvadoreño y de defender sus derechos. En la década de 1970, la UCA estableció gradualmente medios para burlar el cerco informativo impuesto por el poder oligárquico-militar y para proyectar su pensamiento en la sociedad, sobre todo, entre las mayorías. Primero fue ECA y la imprenta, seguidas de varias publicaciones periódicas especializadas. Simultáneamente, estableció la Cátedra de Realidad Nacional para discutir racional y libremente los desafíos del país y sus posibles soluciones. Más tarde, pasó del texto escrito a la difusión radiofónica con la fundación de la YSUCA. La masacre de 1989 no mató su espíritu crítico, ni anuló su asignatura más importante, la realidad nacional, ni su compromiso con la transformación de dicha realidad. A pesar de la persistente animadversión, la UCA siempre ha estado abierta al diálogo con los poderes fácticos, y estos no solo han respetado su conocimiento del país, la seriedad y la pertinencia de sus análisis y propuestas, su influencia en la opinión pública y su integridad. En algunas coyunturas críticas, esos poderes se han acercado a la UCA para discutir posibles salidas. La UCA siempre ha estado abierta al diálogo, sin excluir a nadie, aunque poco ha conseguido hasta ahora por la crispación y la polarización que caracterizan a la sociedad salvadoreña. También es cierto que, en la actualidad, esa posibilidad está cerrada. La dictadura es demasiado soberbia como para dialogar. Solo admite el sometimiento total, lo cual implica la entrega de la razón, la libertad y la justicia. Algo que la UCA no puede aceptar sin renunciar a su identidad. Aquí está la raíz de la animosidad del oficialismo. La confrontación no es nueva, la razón última es similar a la del pasado y sus adversarios actuales tienen muchas coincidencias con los de antaño. Fiel a su tradición y su identidad universitaria, la UCA no se ha plegado a los Bukele. No lo ha hecho por obcecación, sino porque el régimen lesiona grave y sistemáticamente a las mayorías populares, el centro de la UCA. La malquerencia es aún mayor porque, pese a la avalancha de ataques del oficialismo, la UCA es un referente de verdad, derecho y justicia para sectores significativos del pueblo salvadoreño. La UCA como cualquier otra realidad histórica es dinámica y cambia para seguir siendo la misma, aunque nunca lo mismo. El oficialismo también. El de Nuevo Cuscatlán no es el de San Salvador, ni estos el presidencial, que ejerce un poder absoluto, militarizado y represivo. El cambio es inevitable. La cuestión consiste en si el cambio humaniza o deshumaniza, libera u oprime. UCA solo hay una, la de los mártires, cuyo legado, actualizado constantemente, está al servicio de la liberación del pueblo salvadoreño. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En su tercera comunicación nacional sobre cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce serios riesgos para la población de El Salvador, especialmente en la franja costera oriental y en las zonas marginales de San Salvador. Tanto ante sequías como ante inundaciones intensas, ambas amenazas del cambio climático, hay una fuerte vulnerabilidad en hogares y familias. La infraestructura agrícola y los sembrados también están en riesgo. Un estudio de este año de la Cepal afirma que las pérdidas por desbordes de ríos aumentarán un 13.5% en 2030 y 23.4% en 2050. Prevenir es mucho más importante que lamentar, pero no se ven planes para proteger los cauces de los ríos, establecer zonas de vivienda seguras y preparar y mantener bordos. Además, las alzas en la temperatura reducirán la productividad laboral. Aunque en estudios de la FAO El Salvador aparece con una vulnerabilidad agrícola menor que la de otros países de Centroamérica, la impresión es que no se está preparando adecuadamente para lo que viene. Si el futuro se corresponde con lo que la FAO llama “escenario negativo”, para el año 2050 prácticamente en todo el istmo descenderían enormemente las posibilidades de cultivar plátanos, arroz, maíz y café. Para El Salvador, que ya de por sí es un importador neto de productos agropecuarios y que está sufriendo la despoblación del campo, el panorama no pinta bien. Hay escasa evidencia de que el país esté trabajando para adaptarse a los cambios climáticos. La reforestación de algunas montañas que han perdido su vegetación, una tarea clave para la protección ante el aumento de la temperatura y para almacenar y retener el agua subterránea, no camina al ritmo que debiera. Además, El Salvador no está técnicamente preparado para una recuperación rápida de eventos climáticos desastrosos. Por ello, es mayor el riesgo de que con los desastres aumente la desigualdad ya grave. El hecho de que no se respete a los defensores del medioambiente ni se haya firmado el Acuerdo de Escazú multiplica el peligro de que continúe la degradación medioambiental. Las facilidades dadas a algunas constructoras de viviendas tampoco ayuda en nada. El papa Francisco, en su encíclica Laudato si, afirma que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. En el país, cerca de un 30% de la población vive en pobreza, a lo que se suma que un 40% de los salvadoreños está en situación vulnerable. Las divisiones políticas creadas por la inconstitucional reelección presidencial, la propaganda, la falta de diálogo y el discurso de odio contra toda persona que contradice la versión oficial de la realidad no favorecen la implementación de acciones nacionales de protección ambiental. Para que las cosas no vayan severamente hacia peor, urge contar con planteamientos y proyectos estatales que gocen de amplio consenso.

En la antigua Roma, los emperadores le entregaban trigo y espectáculos circenses a la población para mantenerla entretenida y controlada. La estrategia nunca perdió vigencia. El “pan y circo” sigue siendo utilizado por líderes políticos en todo el mundo. En el caso salvadoreño, dado que el pan escasea cada vez más en muchas mesas, prevalece el espectáculo. En estos días, el circo se ha montado en torno a un concurso de belleza y la reinauguración de la Biblioteca Nacional. El primero, un evento tan costoso que Panamá, con muchos más recursos que El Salvador, desistió de organizarlo. La propietaria del concurso, la empresa tailandesa JKN Group, compró la marca en octubre de 2022 y se declaró en quiebra a pocos días de celebrarse el evento de este año. El Gobierno de Bukele pagó una cantidad millonaria para que el concurso se realizara acá. Contradictoriamente, se utilizaron recursos públicos para montar un evento elitista en el que el precio de las entradas está fuera del alcance de la gran mayoría de salvadoreños. Miss Universo es parte del show político de la campaña electoral del presidente para una reelección prohibida por la Constitución. El circo desvía la atención o potabiliza una candidatura ilegal. El otro espectáculo ha sido la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, donado y construido por el Gobierno de China, pero que la mayoría de la población percibe como obra de Bukele. Según funcionarios chinos, la obra costó más de 50 millones de dólares. Los gastos de demolición del edificio anterior, que había sido declarado patrimonio cultural en 2008, han sido reservados por 7 años. Toda biblioteca es un bien social, pero en la presentación de esta primó el culto a la personalidad del mandatario por sobre las bondades del nuevo edificio para la conservación del acervo bibliográfico y la conservación del patrimonio. Tanto el certamen de belleza como la reinauguración de la Biblioteca le han robado la atención a varios temas en verdad importantes para el país; uno de ellos, la detención en México de Elmer Canales Rivera, alias “Crook de Hollywood”, a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos, que ya lo tiene bajo su resguardo. ¿Por qué es importante el arresto del Crook? Primero, porque es miembro de la Ranfla Nacional, la estructura de máxima jerarquía de la MS-13. Segundo, porque Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Tercero, porque, de acuerdo a investigaciones periodísticas, a pesar de la solicitud de extradición (o precisamente por ello), el Crook fue liberado, conducido y escoltado hacia Guatemala por funcionarios del Gobierno de Bukele, quienes además le proporcionaron un arma de fuego. Todo lo anterior unido al hecho de que Estados Unidos le ha solicitado al Gobierno salvadoreño la extradición de otros 11 líderes de pandillas, sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta positiva. Esto refuerza la tesis del pacto entre la administración Bukele y los máximos líderes de las pandillas; un pacto que a estos les garantiza protección. La captura del Crook podría demostrar que la narrativa del Gobierno no responde a la verdad. Por eso, mientras más volumen se le suba a los espectáculos, mientras más se deslumbre a la población con fantasías lumínicas y de cartón piedra, menos reparará en las artimañas, abusos y posibles delitos del oficialismo. Todo esto sucede mientras la situación económica de los hogares salvadoreños empeora día a día. La pregunta obligada es hasta cuándo la población preferirá los espectáculos a una atención real a sus condiciones y necesidades de vida, hasta cuánto la diversión contendrá el malestar de una época de penurias.

José María Tojeira 14/11/2023 El 34.° aniversario del martirio de los jesuitas de la UCA nos lleva siempre a reflexionar sobre la verdad y las deudas con la misma. Desde la firma de la paz, los sucesivos Gobiernos han oscilado entre el aseguramiento de la impunidad y la utilización política del caso. Evidentemente, algo se ha avanzado. Y las declaraciones recientes de los soldados que dispararon contra los jesuitas y contra Elba y Celina muestran la crudeza de la realidad de aquellos tiempos. Absueltos en el primer juicio y con la garantía constitucional de no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito, no tienen reparo en asegurar que las órdenes de matar había que cumplirlas; de lo contrario, el mismo Ejército se encargaría de matar a los desobedientes. E incluso pensaron, eso decían en sus declaraciones judiciales, que los tiros que recibieron cuando volvían a integrarse en su batallón habían sido disparados por militares para eliminar posibles testigos de la “luz verde” dada por el Estado Mayor para el crimen. La deshumanización del momento hacía que cualquier situación fuera posible. Las numerosas masacres llevadas a cabo por la Fuerza Armada muestran un panorama semejante. La impunidad domina y la institución judicial apenas ha comenzado algunos casos. La Asamblea Legislativa, la actual y las anteriores, ha sido incapaz de redactar una ley de justicia transicional que garantice en el país verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y caminos de reconciliación. Con el paso del tiempo, la tendencia ha sido a enjuiciar a algunos militares ancianos, pero en el reconocimiento de verdades clave no se ve avance. En realidad, la enorme cantidad de violaciones graves a derechos básicos nos acaba diciendo que los crímenes cometidos son responsabilidad de una política aceptada y establecida por la propia Fuerza Armada. En otras palabras, los crímenes del pasado en guerra no son en su mayoría fruto de la maldad individual de algunos miembros del Ejército, sino verdaderos crímenes institucionales. Y esto, aunque se pueda decir públicamente como una opinión, no ha sido reconocido por el Estado ni por la institución castrense. Aunque hoy la Fuerza Armada se encuentre alejada de los terribles abusos del pasado, la falta de reconocimiento de los males institucionales del tiempo de guerra no le hace bien. Reconocer problemas institucionales, pedir perdón por los mismos, honra a quienes lo hacen y da la seguridad de que el pasado no se repetirá. No basta con decir que no hay que pedir perdón por acciones cometidas por otros. Por pertenecer a la institución castrense, se debe reconocer los problemas, los errores y, en muchos casos, los crímenes cometidos o consentidos desde la dirección institucional, aunque estos hayan sucedido en un pasado lejano. Es cierto que no solo la Fuerza Armada ha cometido o encubierto crímenes o delitos; otras instituciones, estatales o no estatales, lo han hecho. Pero sean quienes sean, solo resultan fiables y confiables quienes son capaces de reconocer sus errores. Lo que admiramos en las personas que saben reconocer y corregir sus equivocaciones vale también para las instituciones. En ese sentido, es importante que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, además de reclamar justicia en casos particulares, traten de incidir en que las instituciones reconozcan errores y pidan perdón. Solo de esa manera se establecerá cultura y se construirá seguridad en el futuro. Que se consiga juzgar o condenar a diez, quince o veinte personas por los crímenes del pasado es bueno para el país. Pero si no hay capacidad institucional de reconocer crímenes o errores del pasado, y además en casos tan graves, las garantías de no repetición, en las que insiste la justicia transicional, pueden quedar en nada.

Rodolfo Cardenal 09/11/2023 Washington no resolverá la crisis nacional como algunos parecen desear, tal vez presa de la impotencia y la impaciencia. El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental lo ha dejado claro. Al menos de momento, porque la política estadounidense es muy variable. En su reciente visita, el funcionario se desentendió de las implicaciones constitucionales y políticas de la reelección del presidente y su vicepresidente. No hace mucho, Washington defendió el orden constitucional, incluso sancionó a algunos altos funcionarios de Bukele por violentarlo. Ahora se desentiende de la reelección y deja toda la responsabilidad en un diálogo interno imposible. En la práctica, Washington prescinde de las elecciones libres y limpias, y de los derechos ciudadanos y humanos. La salida es olímpica, pero típica de la política estadounidense. Esta siempre ha subordinado el bien nacional a su política doméstica e imperialista. Washington usó al país como campo de batalla para detener la presunta expansión comunista, un tópico prioritario de su agenda interna de ese entonces. Invirtió miles de millones de dólares en una aventura militar, donde el sufrimiento, los muertos y la devastación la pusieron mayoritariamente los salvadoreños pobres. Cuando perdió el interés en los comunistas, abandonó el país al capitalismo neoliberal, impuesto con la colaboración de sus socios locales. La solución estadounidense hizo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La brecha cada vez más amplia entre los ganadores y los perdedores trajo el crimen organizado, incluidas las pandillas, y el populismo autoritario. Las “décadas de colaboración” con el país de las que habla la diplomacia estadounidense han sido más bien épocas de imposición, de indiferencia y de abandono. La nueva actitud de Washington confirma la relegación del país a “patio trasero”. La Casa Blanca tiene entre manos más de lo que puede administrar. Una guerra de final impredecible entre Ucrania y Rusia, y otra de consecuencias imprevisibles entre Gaza e Israel. La expansión militar, comercial y tecnológica de China, más la emergencia de un mundo multipolar cada vez más complejo. En esta coyuntura, la prioridad de Washington es conservar el traspatio centroamericano sin sobresaltos, a cualquier costo, incluida la convivencia en buenos términos con regímenes autoritarios, dictatoriales y represivos. La apurada situación de Washington favorece a Bukele. Aquella engavetó sus críticas y se muestra complaciente. Su embajador no solo encuentra normal la reelección, sino que, temerariamente, la equipara con “elecciones libres, calmadas”. Sin embargo, el entusiasmo de Washington no es tanto como para invitar a Bukele a la Casa Blanca, donde Biden expuso a otros mandatarios latinoamericanos su interés en un crecimiento económico que contenga la emigración al norte. De todas maneras, Bukele bajó el tono de sus recriminaciones por la injerencia de Washington en sus asuntos y por su doble moral. No porque la condene, sino porque no tolera la crítica. Ninguno de los dos se rige por la ética política. Los dos son extremadamente pragmáticos y usan el terror para imponer su voluntad. El pragmatismo los hace igualmente contradictorios, incoherentes y, por tanto, no confiables. Washington alimentó el terror al comunismo para imponer su agenda imperialista; Bukele agita el miedo a un posible regreso de los pandilleros para reelegirse. Aun cuando Washington tuviera una solución para la crisis nacional, habría que tomarla con desconfianza. El subsecretario de Estado prometió promover la inversión estadounidense, pero obvió que sin seguridad jurídica, aquella no aumentará y sin ella, el crecimiento económico seguirá languideciendo, mientras el flujo migratorio se mantiene inalterado. La miopía de la Casa Blanca debilita su posición en la política doméstica, que debate apasionadamente la reducción drástica de la emigración desde el sur. La violencia social no es la única causa del desplazamiento de la población. Antes fue la violencia de las pandillas, ahora es la represión de la dictadura y el avance incontenible de la miseria. El embajador estadounidense, por su lado, aplaudió el contrato de Bukele con uno de los gigantes tecnológicos como un primer gran avance hacia una mayor inversión. Pero olvidó que aquel se comprometió a entregarle 500 millones de dólares en siete años. Dicho de otra manera, Bukele se comprometió a pagar a una multinacional para que opere en el país, así como también pagó varios millones para que mujeres extranjeras posen en los escenarios cuidadosamente decorados por el oficialismo. Entre los bastidores ha ocultado a los pobres, amenazándolos con el régimen de excepción. La pobreza de la inmensa mayoría de la población es un insulto para el glamour artificioso de El Salvador de Bukele y sus mises.

Editorial UCA 13/11/2023 Una vez más cae la fecha del aniversario de los mártires de la UCA en jueves, el mismo día de la semana en que fueron asesinados. La fuerza y la intensidad de los seis jesuitas, Elba y Celina tratamos de mantenerlas en nuestras vidas recordando la entrega generosa de quienes se sacrificaron por la pacificación de El Salvador en guerra y por la justicia social y los derechos humanos. Su recuerdo se vuelve especialmente importante en un momento en el que el liderazgo político usa la palabra “guerra” para combatir la delincuencia. Una mala selección del lenguaje, porque la guerra, todos lo sabemos y lo vemos en Gaza y Ucrania, siempre produce víctimas inocentes en grandes cantidades. El término “guerra” se debe desterrar del lenguaje, especialmente cuando se habla de resolver conflictos entre seres humanos. Los valores y virtudes que nos dejaron los mártires en herencia son caminos de racionalidad y cristiandad. A la violencia no se le pone fin matando al violento, sino tratando de reintroducirlo a una relación humana cordial. La paz siempre tiene más valor que la guerra, y por eso mismo dialogar es más importante que matar. Emplear el dinero en desarrollo es más importante que gastarlo en armamento. Lograr acuerdos de bien común con la oposición política y con la sociedad civil resulta mucho más productivo que insultar al adversario, desacreditar al opositor e impulsar campañas de odio contra quienes difieren del pensamiento oficial. Nuestros mártires mantenían siempre la racionalidad de sus propuestas, servían a las personas generosamente, resistían los insultos y amenazas de los violentos, y se ofrecían para mediar en los conflictos y colaborar en la búsqueda de soluciones amistosas. Eran personas con espíritu, siempre dispuestas a acompañar a los que sufren violaciones en sus derechos, a defender a los débiles y a comprometerse con las causas de los pobres que buscan la liberación de las estructuras o las situaciones que los oprimen. Hoy no es fácil seguir el camino de racionalidad, inteligencia y servicio a la realidad y a los pobres. El mundo cae con facilidad en la locura del poder, del olvido de los excluidos y de las guerras. Si se entregara a un fondo de desarrollo el 10% de todo lo que en 2022 se gastó en el mundo en inversión militar, la suma equivaldría a 240 mil millones de dólares. Pero la idolatría del poder desprecia a quienes insisten en frenar la locura armamentista. Los regímenes autoritarios se dan el lujo de burlarse de quienes buscan respetar las leyes y los tratados de derechos humanos. A pesar de ser El Salvador un país especialmente expuesto a los efectos devastadores del cambio climático, se rechaza los acuerdos medioambientales y se apoya a quienes destruyen la naturaleza para construir en terrenos que debían protegerse. La superficialidad reina; prueba de ello es que se publicita como un avance la celebración de un concurso de belleza organizado por una empresa en quiebra. Pero precisamente lo que nos enseñaron los mártires es a resistir, a tener conciencia crítica y a permanecer pensando, escribiendo y hablando en defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos. Nos llaman a trabajar en favor de una nueva civilización en la que no sea el capital, sino el trabajo, la fuente del desarrollo personal y social, y en la que la política sea más lugar de encuentro en la búsqueda del bien común que propaganda superficial y estéril, envenenada con lenguaje de odio hacia quien no baja la cabeza ante el poder. Seguir a los mártires es un camino seguro de desarrollo humano y de civilización humanista y humanizadora.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, es imposible callar ante las imágenes de los horrores que están sufriendo los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, es fácil decir algo erróneo si no se comprende la complejidad de un conflicto histórico y asimétrico. Sacar cuentas rápidas tomando partido por uno de los actores es lo más sencillo y simplista, pero lamentablemente lo más común. Emitir un juicio culpando solo a Hamás de las atrocidades cometidas por Israel en Gaza porque aquel atacó primero, es tener memoria corta. Nunca el asesinato de civiles es justificable. Las muertes ocasionadas por Hamás merecen condena. Usar el terrorismo como arma política, asesinar a cientos de inocentes a sangre fría y grabar los ataques y transmitirlos en las redes sociales pretendió dar un salto en la espiral de violencia y sangre en la que están atrapados palestinos e israelíes. Pero no abordar la historia de este conflicto, no reparar en la negativa sistemática de Israel a cumplir los acuerdos de Oslo de 1993, es un craso error y una afrenta al sufrimiento del pueblo palestino. Estos acuerdos fueron firmados entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el respaldo de Estados Unidos y Rusia, para ofrecer una solución permanente al conflicto entre ambas naciones. Los 17 artículos del acuerdo marcaban el camino a seguir para la consecución de un Estado palestino y un Estado israelí conviviendo en paz. Se pactó, por primera vez, el establecimiento de un gobierno palestino de carácter permanente y de un consejo electo por la población de Cisjordania y de la Franja de Gaza para un período de transición de no más de 5 años. Para llevar a buen término esto se requería del cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 de 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecían la retirada de las fuerzas armadas israelís de los territorios ocupados por Israel. Israel no solo se ha negado a cumplir estos acuerdos sino que ha ido ocupando progresivamente territorios de Palestina. A comienzos del siglo XXI, Israel bombardeó el puerto y aeropuerto de Gaza; en 2005, retiró las colonias israelíes de la Franja; y en 2007, decretó un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha restringido gravemente las importaciones y las exportaciones, la circulación de las personas dentro y fuera de Gaza, el acceso a atención sanitaria y educación, y los medios de subsistencia, incluidas las tierras agrícolas y la pesca. Fue en ese contexto que, en 2006, el grupo radical Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) ganó las elecciones e instauró un gobierno autoritario. Tras más de 15 años de bloqueo, el historiador israelí Ilan Papé califica la situación de la Franja como “la cárcel al aire libre más grande del mundo”. Israel no solo cerró el territorio, sino que ha realizado cruentas operaciones militares en Gaza en los años 2008, 2012, 2014 y 2022. Los gazatíes no puede realizar actos que son rutinarios en cualquier otro país, como ir al médico, celebrar cumpleaños, comer, dormir. Cualquier movimiento fuera de la Franja deber ser autorizado por Israel. El sometimiento de los palestinos ha sido calificado por el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en estos territorios como un régimen de apartheid. Su homólogo para el derecho a una vivienda adecuada llegó a la misma conclusión, y también Amnistía Internacional. Un mes después del ataque de Hamás a Israel que causó 1,400 muertes y la toma de 240 rehenes, Israel bombardea Gaza día y noche, lo que ha ocasionado hasta el momento casi 11 mil muertes; entre ellos, miles de mujeres y niños. Un vocero de la Organización Mundial de la Salud afirmó que diariamente mueren 160 niños en Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha informado que, en un mes, más de dos de cada tres habitantes de Gaza han sido desplazados de sus hogares, lo que significa condiciones de vida inhumanas para casi millón y medio de palestinos. La población está muriendo por la falta de agua, alimentos y atención médica. Nada puede justificar el horror que sufren los civiles en Gaza. En realidad, el conflicto histórico entre Palestina e Israel es una lucha de David contra Goliat. No solo porque los 360 kilómetros cuadrados de extensión de la Franja de Gaza caben más de 55 veces en Israel (20,700 kilómetros cuadrados), sino porque el producto interno bruto de Israel es de 488,500 millones de dólares, frente a los 5,407 millones de Palestina. Además, el ingreso per cápita de un israelí es 50 veces mayor que el de un palestino. Y ni hablar del poderío militar de Israel, que multiplica decenas de veces al de Palestina. En una época supuestamente civilizada y anclada en el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, es vergonzosa la falta de reacción de la comunidad internacional ante la ofensiva de Israel en Palestina. Quienes apoyan dicha ofensiva deberían entender el axioma elemental de que

El presidente Bukele y su vicepresidente ahora son también candidatos para ocupar inconstitucionalmente esos puestos un segundo periodo. Se desempeñarán como tales hasta que aquel no disponga otra cosa. Ambos fungirán simultáneamente como jefes del poder ejecutivo y como candidatos, porque los artículos constitucionales ocultos, descubiertos por sus asesores jurídicos, no contemplan esa circunstancia. La Constitución tampoco, dado que excluye claramente la reelección. El desempeño combinado de la dirección del poder ejecutivo y la candidatura no es una coincidencia inocua, dado el inmenso poder atribuido al presidente. Es así como estos dos funcionarios ya hacen campaña electoral, uno como presidente y el otro como vicepresidente, sin molestarse en distinguir cuándo actúan en una u otra condición. Los dos comparecieron ante la autoridad electoral como funcionarios y candidatos para inscribir sus respectivas candidaturas. Más como lo primero que como lo segundo, a juzgar por el uso de los recursos públicos en un acto eminentemente partidario. Por tanto, su comparecencia está reñida con sus atribuciones gubernamentales. La campaña electoral de estos funcionarios comienza con una ventaja considerable sobre sus contrincantes, que no disponen, ni de lejos, de semejantes recursos. Un hecho más que vicia su reelección. En la práctica, las elecciones de 2024 no son más que un trámite para justificar malamente una institucionalidad democrática inexistente. Una vez decididos a reelegirse, a pesar de ser inconstitucional, la decencia aconsejaba renunciar a los cargos antes de inscribirse como candidatos. Pero una mezcla de ambición y desconfianza impide que Bukele abandone el puesto de mando en otras manos. No confía en sus allegados como para dejarles el poder hasta el 1 de junio del próximo año. Su vicepresidente, un accesorio de la coreografía, no puede ser menos. Permanece en el elenco porque ha desempeñado satisfactoriamente el papel asignado por las guionistas de Casa Presidencial. Su exploración en las profundidades de la Constitución para dar con los artículos escondidos no ha sido poca cosa. Si al final, Bukele tiene a bien interrumpir el ejercicio de la presidencia para cumplir con la formalidad de introducir un intervalo entre lo que han dado en llamar el primer y el segundo periodo, es muy dudoso que su sustituto goce de independencia para gobernar. El designado deberá responder ante la sociedad y la ley por unas decisiones impuestas por Bukele y sus socios. Esto ya ocurre en otros niveles de la dictadura. La alcaldía de Soyapango, cuya alcaldesa fue fulminada y encarcelada por ir demasiado lejos, es ahora gobernada por la comisionada presidencial. Esta funcionaria, cuya ética ha sido cuestionada, ha anulado al consejo municipal con la conformidad y colaboración de sus integrantes. La dictadura no puede arriesgarse a que el municipio más poblado de San Salvador sea gobernado de forma independiente, tal como ordena la ley. Si esto ocurre en Soyapango, con mucha mayor razón en el ámbito nacional. Un sustituto independiente en la presidencia es demasiado riesgo para los Bukele. No vaya a ser que se le suban los humos y se quede con el mandado. La única promesa reelectoral conocida de Bukele es la conservación del estado de excepción. Es él o el caos. La dictadura se asienta cada vez más en el miedo a la anarquía social. Pero ese dilema es falso. Las pandillas crecieron y se consolidaron porque les permitieron que pasara, incluso el mismo Bukele. No solo las toleraron, sino también pactaron con ellas para mantener las apariencias de una buena gestión gubernamental. Además, la represión no es tan eficaz como aparenta Bukele. Sin embargo, su campaña reelectoral descansa en el terrorismo estatal. Nada extraño, dado que esa es la razón fundamental de su popularidad. La eficacia del terror está probada históricamente desde 1931. En ese entonces, el miedo al comunismo dejó a la sociedad a merced de los caprichos de la oligarquía y los militares. Comunismo era cualquier reforma al orden establecido. En el orden de Bukele, el miedo a las pandillas tiene a la gente a sus pies. Más allá del terror, Bukele tiene muy poco que ofrecer por falta de recursos humanos y financieros. La incompetencia es manifiesta en el sinnúmero de obras emprendidas, pero no concluidas; prometidas, pero no realizadas; o ejecutadas y malogradas. Tampoco dispone de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento. Casi la cuarta parte del presupuesto la destina a pagar una deuda que, en lugar de disminuir, tiende a crecer. En su segundo mandato, rozará el 80 por ciento del producto interno bruto si no se presentan catástrofes medioambientales, a las cuales el país es muy vulnerable. La baja inversión, el débil crecimiento de la actividad económica, la disminución del ingreso y el aumento del gasto y la corrupción tienden a elevar aún más la deuda. Estas estrecheces no dejan mucho margen para otra cosa que no sea represión y terror.

El precio varía dependiendo del tamaño de la bóveda o de la actividad que les pidan, así como de los materiales que requieran para su remodelación y limpieza. De igual forma, los vendedores de arreglos florales y ornamentos mencionaron que fue un buen día de ventas, sus productos cuyos precios oscilan entre los 2 y los 10 dólares fueron bien recibidos por la población. Entre los productos que más se venden este día están las flores naturales, las coronas y las flores artificiales. Los familiares que deciden limpiar por cuenta propia también mencionaron la importancia de recordar a los seres queridos y hacer algo por ellos, incluso tras la muerte. Uno de los visitantes mencionó que tuvo que trasladar los restos de su familiar a otro lugar a petición de la alcaldía. Sin embargo, aceptan el cambio de lugar por amor a sus seres queridos y para tener un espacio donde recordarlos.

Después de la fundación de las primeras ciudades salvadoreñas, con un impecable trazado cuadrangular de calles y organizadas en torno a la iglesia, el parque central y la alcaldía municipal, el crecimiento urbano se ha caracterizado por la improvisación, por la falta de planificación. Por ello, la mayoría de las grandes ciudades del país han crecido de forma desordenada y sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes. Cuando más grande es una zona urbana, más se sienten los inconvenientes generados por esa falta de planificación, lo que es especialmente evidente en el área metropolitana de San Salvador, que por su tamaño y número de habitantes se ha convertido en una urbe inhóspita, caótica y con altos niveles de vulnerabilidad. Son muchos y variados los problemas que caracterizan al gran San Salvador. Uno de los más sentidos, el pésimo servicio de agua potable; el agua no llega a muchas colonias con la cantidad, la calidad y la frecuencia necesarias. En segundo lugar, los recurrentes problemas con la recolección de los desechos sólidos por el ineficiente servicio que prestan las municipalidades, en particular en las zonas más populares. Además, son escasas las zonas verdes y recreativas, espacios fundamentales para el bienestar, la calidad de vida y el esparcimiento de la gente, más aún ante la elevación de las temperaturas por el cambio climático. Por otra parte, la movilización en el área metropolitana de San Salvador es uno de las principales dolores de cabeza de sus habitantes. En los últimos años, el tráfico se ha ido haciendo tan pesado que obliga a que casi cualquier desplazamiento fuera de la zona inmediata de residencia sea cuestión de horas. El transporte colectivo, factor clave en una gran ciudad, es en general desorganizado e insuficiente; la mayoría de unidades no tienen las condiciones para viajar con comodidad y no circulan con la frecuencia requerida, lo que obliga a los pasajeros a ir hacinados. Al no tener preferencia de circulación sobre los vehículos particulares, el transporte colectivo es mucho más lento que aquellos. Y la densidad del tráfico genera altos niveles de contaminación. A los problemas anteriores se suma el riesgo de inundación en muchos lugares del área metropolitana, especialmente a las orillas de quebradas y ríos, y en las zonas bajas. La falta de una canalización adecuada de las aguas lluvias y de mantenimiento a la red tragantes y tuberías multiplica las cárcavas, algunas de tal tamaño que amenazan con tragarse a conjuntos residenciales. Ante esta situación resulta obligatorio plantearse algunas preguntas clave: ¿qué acciones estratégicas tiene pensado implementar el Gobierno para mejorar la calidad de vida en el área metropolitana?, ¿existe un plan maestro de ordenamiento territorial que evite y corrija lo errores cometidos hasta la fecha? y, en definitiva, ¿hay interés real por trabajar para el desarrollo urbano sostenible? La planificación es crucial para la expansión ordenada de las ciudades; ciudades que hagan más fácil y agradable la vida de las personas y que provean los servicios esenciales. Son los planes urbanísticos pensados de forma integral los que permiten invertir con eficacia en edificios y servicios de transporte, energía, agua y desechos eficientes, y transitar hacia modos de desarrollo urbano socialmente inclusivos y sostenibles. Según ONU Habitat, “las ciudades más densas y mejor conectadas, diseñadas para estar más abiertas a los elementos, podrían mejorar el bienestar y los intercambios sociales y económicos mientras economizan el asfalto, el hormigón, la electricidad y el agua que actualmente se consume en extender los centros urbanos contemporáneos”. Es clave que las autoridades tomen nota de esta recomendación para no repetir la situación del gran San Salvador en otros centros urbanos que están creciendo a lo largo de la geografía nacional; en definitiva, para no seguir caminando en contra de lo que indican los expertos y necesitan las personas.