Editoriales y Opiniones

Para que las metas y propósitos de nuevo año se cumplan no basta con buenas intenciones y deseos; es preciso planificar con realismo. Las proyecciones globales para 2024, más que pesimistas, reflejan que la sociedad mundial cosechará lo que ha sembrado. Por supuesto, esa cosecha tendrá efectos en los países de la región Se afirma que 2024 será el año de las urnas. 76 países celebrarán elecciones; más de 4 mil millones de personas, es decir, el 51% de la humanidad, están llamada a votar este año. Diversos análisis prospectivos destacan las elecciones de la Unión Europea, India, Pakistán, Estados Unidos, Indonesia, México, Taiwán, Venezuela y Senegal, porque son países con peso demográfico e influencia geopolítica. Las elecciones en estas naciones se realizarán en un contexto de transición global del poder y de claro retroceso humanitario y de derechos fundamentales. En la mayoría de los casos, los procesos eleccionarios que se desarrollarán a lo largo de 2024 supondrán un examen para la democracia; una buena parte de la población mundial votará en países con gobiernos autoritarios o híbridos (una mezcla de elementos autoritarios y democráticos), o que han sufrido un grave deterioro de la institucionalidad democrática. El Salvador forma parte de esta tendencia. En el ámbito internacional, las elecciones salvadoreñas no se mencionan por su importancia global, sino porque darán continuidad al autoritarismo cool de Nayib Bukele y a su política manodurista contra la delincuencia, un estilo que ha ganado adeptos entre algunos líderes políticos ultraconsevadores, populistas o de extrema derecha. Por otra parte, 2024 también se proyecta como el año de las armas. 2023 fue uno de los años más violentos después de la Segunda Guerra Mundial. Los conflictos más conocidos son los de Ucrania, Palestina, Sudán y Yemen, pero hay decenas más en el mundo. La guerra en Gaza, con sus más de 22 mil víctimas mortales, más de dos terceras partes de ellas niños y niñas, desnudó, de nuevo, la incapacidad del Consejo de Seguridad de las Nacionales Unidas de remontar los intereses de las grandes potencias, algo que fue admitido con amargura por el secretario general. Para Naciones Unidas, el mundo vive una nueva era de conflicto y violencia. Las estadísticas señalan que una sexta parte de la población mundial estuvo expuesta a algún conflicto en 2023, año en el que la violencia política aumentó un 27% con respecto a 2022. En el caso de El Salvador, la violencia política ha encontrado su nicho en las redes sociales, en las que los niveles de agresividad y odio han llegado a niveles inéditos en un país de por sí acostumbrado a la extrema polarización. Además, la persecución política de figuras públicas, utilizando a capricho la maquinaria del Estado, ha roto con el orden jurídico y constitucional de la posguerra. Una tercera tendencia mundial para 2024 está relacionado con la economía. Se prevé que en 2024 las consecuencias de las crisis económicas incubadas en los tiempos recientes serán más visibles, el crecimiento será débil y la economía de las familias sufrirá nuevos golpes. La desigualdad económica podría agudizarse: los ricos incrementarían su riqueza mientras los pobres se hundirían más en la pobreza. El Salvador sabe de esto; las familias más pobres llegan a fin de mes con muchas dificultades. A lo que se suman los desalojos de comunidades pobres de la costa para beneficio de inversionistas extranjeros, el empecinamiento con un criptoactivo que casi nadie utiliza y la profundización de las apuestas neoliberales.

El año 2023 termina mal especialmente en lo que respeta a la ejecución e interpretación de la legislación vigente. No solo en eso, pero es importante remarcarlo dentro del anhelo de muchos de preservar el estado de derecho. Termina el año con la permanencia de una ley de régimen de excepción que solo debe darse en momentos extraordinarios y por un mes, y que se viene repitiendo desde hace más de veinte meses, acumulando encarcelamientos de personas inocentes y otras arbitrariedades moralmente injustas. La reelección presidencial, basada en una interpretación de la Sala de lo Constitucional lingüísticamente caprichosa de un numeral de la Constitución, tampoco es garantía de bienestar, aunque muchos la ensalcen. Y ahora llega a una especie de delirio persecutorio la orden de detención contra la directiva de la Asamblea Legislativa que firmó la ley de amnistía de 1993. Pocas personas han criticado la mencionada ley de amnistía como el que suscribe este artículo, pero convertir la mencionada ley en un delito de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad es un monumental desafuero jurídico. Casi del mismo tamaño que la propia ley de amnistía, pero con una intencionalidad más perversa: La judicialización de la política y la advertencia de que cualquier persona puede ir detenida a través de interpretaciones arbitrarias de la ley. Podemos preguntarnos por qué el juez no libró orden de detención contra todos los diputados que votaron a favor de la ley de amnistía. Tal vez para no hacer más radical el desafuero. O tal vez para sugerir que después de la judicialización de la mencionada directiva de la Asamblea pueden venir otras órdenes de detención por estar a favor o en contra de una ley. El artículo 125 de la Constitución afirma textualmente que los diputados “no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan”. ¿Por qué entonces tienen responsabilidad los que firman o publican lo que decidieron los votos de los diputados? La ley de amnistía, en efecto, fue una bofetada en el rostro del pueblo salvadoreño, un acto de desprecio hacia las víctimas y una ley servil a los intereses de los victimarios. Pero también otras leyes, antiguas y nuevas, pueden convertirse en legislaciones injustas. Poner algún ejemplo del presente nos puede ayudar a entender el absurdo de esta orden judicial. Si en determinado momento se demostrara, con el paso del tiempo, que la ley que autorizó el bitcoin como moneda nacional, dio resultados negativos para el país, ¿tendrían que ir presos los directivos de la Asamblea que la sancionaron? El año 2024 está a las puertas. No tengo dudas de que en las próximas elecciones se reafirmará el peso sustancial de las autoridades vigentes, más allá de consideraciones legales o éticas. Más allá de proseguir una carrera en la que las partes acumulan agravios, bueno sería iniciar un diálogo sobre la situación del país y tratar de subsanar las diversas injusticias existentes. Invertir más en educación y salud es positivo, aunque haya que invertir todavía más y de modos más eficientes. Pero frenar la judicialización de la política, corregir los abusos cometidos durante el excesivamente largo régimen de excepción, limitar o incluso perseguir en algunos casos los mensajes de odio en las redes, son pasos fundamentales para el desarrollo de la amistad social que debería existir en el país. El gobierno próximo continuará teniendo demasiado poder concentrado en pocas manos. Escuchar, dialogar, aprender de otros que piensan distinto, aceptar la crítica cuando refleja verdades, reflexionar sobre la necesidad de cooperación con la sociedad civil, es la única manera existente para evitar que el poder se dirija hacia la corrupción. El historiador inglés, lord Acton, acuñó la frase, “el poder tiende a corromper, y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. No quisiéramos que la frase del historiador se volviera una especie de presagio del futuro salvadoreño.

Convertir el país en un centro tecnológico regional es atractivo, pero irreal. Las bases para ello no existen, porque el nivel educativo del país no tiene la altura mínima necesaria. El Salvador ocupa la posición 79 de 81 posibles en la última medición del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA). Ninguno de los trece países latinoamericanos evaluados supera el promedio de los 38 más ricos y todos muestran un mejor desempeño en lectura que en matemáticas y ciencias. Tres de cada cuatro estudiantes tienen un bajo rendimiento en matemáticas, es decir, no poseen las competencias básicas de dicha disciplina. Aunque el desempeño en lectura es superior, la mitad no comprende lo que lee. Todas las disciplinas son importantes, pero ninguna como las matemáticas, clave para acceder a las profesiones científicas y tecnológicas. Adicionalmente, la destreza en matemáticas mejora el aprendizaje de otras disciplinas. Dicho de otra manera, el país no dispone de la masa crítica con las competencias y las habilidades indispensables para construir el centro tecnológico con el que Bukele sueña. Si bien el estudio atribuye al covid —la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial— la pronunciada caída en el desempeño de los estudiantes de todos los países, la pandemia no amplió demasiado la brecha entre el rendimiento de los pobres y los ricos. En la mayoría de los países, el aprendizaje de estos últimos se estancó tanto como el de aquellos. Por tanto, el informe confirma la elevada desigualdad en los aprendizajes. En promedio, el 88 por ciento de los estudiantes más pobres de la región tiene un bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55 por ciento de los más ricos. En general, un año adicional de escolarización representa un aumento anual de cerca del 10 por ciento del salario. El aprendizaje perdido significa salarios bajos durante varios años. La caída en el desempeño implica abandonar los estudios antes del bachillerato o no adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en la educación superior. Estos datos indican que las profesiones científicas y tecnológicas, cuya demanda es creciente y, por tanto, con más posibilidades de empleo y mejor remuneración, no están al alcance de buena parte de la juventud. En teoría, el retraso educativo del país debiera actuar como acicate para impulsar reformas que eleven el rendimiento académico de los estudiantes. La superación del atraso pasa por aumentar dramáticamente la inversión en educación, pero es mucho más que eso, ya que el dinero puede ser empleado en conservar viejas estrategias, y porque con demasiada frecuencia los recursos no llegan a las escuelas y los estudiantes que más los necesitan. La distribución masiva de tabletas y computadoras no ha hecho mucha diferencia. La evidencia internacional ha demostrado que mejorar la capacitación y la motivación de los docentes es mucho más eficaz para elevar el nivel de formación de los estudiantes. Bukele prefiere gastar en el culto a su persona y en la militarización del país. Transformarlo en un centro tecnológico regional exige cambiar sus prioridades. También lo requiere satisfacer las nuevas expectativas que Washington le ha asignado. Bukele ha sido llamado a levantar un muro digital contra la influencia de China y Rusia en la región y a contener la emigración. Aparentemente, el voluminoso préstamo del FMI para salvar las derruidas finanzas nacionales está vinculado con esos dos cometidos. En cualquier caso, los resultados no serán inmediatos. Dado el nivel educativo actual, la planificación debe ser de mediano y largo plazo. Bukele ya ha desperdiciado los cinco primeros años en militares y el culto personal. En el mejor de los casos, necesitará varias reelecciones para colocar la última piedra de su proyecto. Otro obstáculo hasta ahora insuperable es la confianza desmedida e injustificada de los ministros de educación, incluidos los de Bukele. No puede, pues, escudarse en que el retraso educativo es obra de los desmanes de los de siempre. Estos funcionarios se han negado a adoptar políticas de Estado de mediano y largo plazo, respaldadas por un consenso social y político. El afán irrefrenable de protagonismo los ha llevado a anular los avances de su antecesor y a empezar de nuevo, en lugar de evaluar lo logrado, superar los fallos y avanzar. Cada nuevo funcionario piensa que sus planteamientos son únicos, y así, pasan las administraciones, gastan el dinero y el tiempo, y la educación sigue postrada. El mal entendido protagonismo de estos funcionarios ha cerrado posibilidades a incontables generaciones de jóvenes. No es extraño, entonces, que emigren o hayan buscado una alternativa en el crimen organizado. La actitud de Bukele no es diferente a la de los ministros de educación de siempre, excepto que su desgobierno comprende las áreas sociales, económicas, políticas y culturales. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Con los días de Navidad casi encima, justo es reflexionar sobre el amor. Especialmente los cristianos, de cualquier denominación que seamos, deberíamos hacerlo. Justo antes y después de la Navidad, la Iglesia católica recuerda a dos santos de nombre Juan. El 14 de diciembre San Juan de la Cruz, uno de los poetas más extraordinarios de la lengua española; y el 27 del mismo mes San Juan apóstol y evangelista. Ambos cantaron al amor y nos dejaron palabras que para muchos son de esas frases que marcan el sentido de la vida. Juan de la Cruz nos recordaba que “en el atardecer de la vida seremos examinados en el amor”. Y el apóstol Juan, después de insistir en que “Dios es amor”, insistía en que “quien no ama a su prójimo a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve”. En estos días de celebraciones religiosas se suele celebrar especialmente el amor familiar. Pero el amor social, la amistad social de la que habla el Papa Francisco, no forma parte las más de las veces del discurso cristiano. Si recorremos nuestra sociedad encontraremos sin duda muchas personas buenas, la mayoría de ellas cristianas. Y aunque la inquietud por una sociedad mejor y más solidaria es participada por la mayoría, sin embargo los dolores masivos del pueblo salvadoreño están a veces tan naturalizados que no encuentran una posición comprometida en muchos cristianos. Nuestro país tiene unos márgenes de pobreza del 30%. Casi el 50% vive fuera de la pobreza pero se mantiene en unos grados de vulnerabilidad económica bastante alto. En este contexto sólo tienen pensión de ancianidad el 20% de los mayores de 60 años. El hambre golpea más a nuestros niños que a cualquier otro grupo etario. Y nos quedamos tranquilos cuando las escuelas rebajan las porciones alimentarias que se reparten en sus aulas. La mujeres trabajan al día como promedio, según estudios, una hora más que los varones; pero las que tienen pensión son menos que los hombres y en promedio son monetariamente más bajas. Celebramos el día de la madre con grandes alabanzas. Pero las agresiones sexuales contra las mujeres son, estadísticamente, una de las epidemias más graves que soporta el país. El régimen de excepción ha encarcelado a miles de personas inocentes. Tras varios meses de encarcelamiento ha soltado a un buen número. Los que continúan en las cárceles están sometidos a fuerte hacinamiento, mal alimentados, sin permiso para recibir visitas. Y casi nadie nos recuerda las palabras de Jesús en la parábola del juicio final que entre otras cosas nos dice “vayan malditos al fuego eterno porque estuve encarcelado y no me visitaron”. Se puede ser muy amoroso y permanecer indiferentes ante el dolor ajeno. La corrupción y las graves desigualdades económicas y sociales, que desde el punto de vista cristiano serían delitos de odio contra los pobres, casi nunca las vemos como opuestas al amor. Probablemente todo el mundo está de acuerdo con que las Navidades son fiestas que exaltan el amor. “Tanto amó Dios a este mundo que les entregó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna”. Para no andar perdidos en Navidad debemos examinarnos sobre el amor que celebramos en el recuerdo del nacimiento de Jesús. Está muy bien celebrar el amor en familia, pero sin olvidar a la familia humana. Todos los seres humanos somos hermanos, miembros de la misma especie, con los mismos derechos y deberes. Por eso no podemos olvidar a este mundo marcado por “una guerra mundial a pedazos”, como dice el Papa Francisco, o caracterizado, como decía Juan Pablo II, por “una guerra de los poderosos contra los débiles”. Guerra a pedazos que la sufren desde la pobreza, la marginación y la agresión injusta muchos de nuestros hermanos y hermanas. Vivir y celebrar cristianamente la Navidad debe llevarnos siempre a ampliar nuestros círculos de amor al prójimo y convertirnos en servidores y defensores de todos los que sufren cualquier tipo de injusticia. Buscar el modo concreto de crecer en ese amor más universal y solidario es tarea de todo el que quiera celebrar la Navidad desde la esperanza cristiana.

Este 10 de diciembre se han cumplido 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque cada vez hay más personas e instituciones que los defienden, muchas veces con una enorme generosidad e incluso riesgo personal, lo cierto es que nos encontramos en una coyuntura mundial de crisis al respecto. Las guerras, tan mortíferas y crueles, implican graves violaciones de derechos básicos. Conocemos las guerras de Rusia-Ucrania y de Hamas (franja de Gaza)-Israel. Pero existen en la actualidad otras 10 guerras que acumulan más de mil muertes al año, junto con numerosos conflictos internos. Es lo que el papa Francisco llama “guerra mundial a pedazos”. Las instituciones internacionales de la ONU insisten en el diálogo y la búsqueda de paz. Pero los intereses tanto de grupos como de Estados se resisten a un clamor que es realmente mundial. Otros países tienen orientaciones autoritarias que niegan derechos civiles y políticos, encarcelan o destierran a sus ciudadanos sin que la comunidad internacional pueda encontrar caminos que lleven al diálogo y restauren una institucionalidad democrática que vaya más allá de las elecciones y respete los derechos de libertad de pensamiento y opinión de las personas. Los mensajes de odio, la mentira convertida en insulto y agresión, se multiplican en las redes rebajando la calidad de pensamiento de los países e impidiendo la convivencia fraterna. La pobreza, la desigualdad, el hambre continúan siendo verdaderas plagas en un mundo en el que el 17% de la producción de alimentos se desecha, acaba en la basura. Las mujeres, los niños y los ancianos sufren especialmente las carencias de políticas alimentarias y las incapacidades gubernamentales y sociales de enfrentar el problema de la pobreza. Nuestro propio país no es ejemplar en la promoción y defensa de derechos. Se critica a las organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil. El poder autoritario convierte en cómplices de violaciones a los derechos humanos, por acción o por comisión, a las instituciones estatales responsables de cuidar y proteger dichos derechos. Se limitan derechos políticos y civiles al tiempo que se descuidan derechos económicos y sociales. No hay un combate claro y sistemático contra la pobreza y no se invierte lo adecuado en salud ni educación. Las instituciones de justicia dependen exageradamente del poder político y la responsabilidad social no es la virtud fundamental del liderazgo económico ni del gubernamental. Si en base a lo dicho podemos hablar de una verdadera crisis en el campo de los derechos humanos, la reacción de la sociedad civil debería ser mucho más vigorosa. A los derechos humanos podemos definirlos como una moralidad externa al poder del Estado que lo modera y le obliga a estar al servicio de las personas. Descuidar los derechos humanos, ignorarlos, volvernos ciegos ante ellos es caer en la inmoralidad. Y es retornar a la dinámica que convierte al poder en un ídolo que oprime . La parábola evangélica del publicano compasivo y solidario en contraste con los clérigos indiferentes ante el dolor de un herido continúa teniendo una enorme vigencia en el mundo en que vivimos y en nuestro propio país. Al celebrar los 75 años de la proclamación de los derechos humanos resulta indispensable para todo cristiano comprometerse con mucha más seriedad en la defensa de dichos derechos.

Recientemente se publicaron los resultados de las pruebas Pisa, que cada tres años evalúan la situación educativa de los estudiantes de 15 años que cursan al menos séptimo grado. Es la primera vez que El Salvador es incluido en la prueba. Los resultados, como era de esperarse, no fueron buenos, y ello constituye un claro llamado a examinar el sistema educativo nacional. Los cambios deben ser muchos y notables, tanto en la inversión y en la preparación de los maestros como en la conciencia de la ciudadanía y de sus liderazgos. En este último aspecto, es evidente que el sistema educativo, al menos hasta ahora, está diseñado para mantener un sociedad desigual en la que algunos pueden vivir como ciudadanos del primer mundo mientras la gran mayoría hace malabares para sobrevivir. Más de la mitad de nuestros jóvenes no alcanzan a graduarse de bachillerato a la edad de 18 años. Las universidades dan cabida, aproximadamente, al 15-20 por ciento de los bachilleres y no todos terminan obteniendo su título profesional. Por ello, las posibilidades de ascenso social a través de la educación son muy reducidas. Además, tienen una ventaja sustancial para el desarrollo de sus capacidades aquellos que pertenecen al sector de los ricos y de las clases medias acomodadas, que no pasan del 25% de la población. Los medios de comunicación tienden a resaltar los éxitos individuales del algunos salvadoreños que se gradúan en universidades de prestigio mundial. Pero los éxitos personales, por valiosos que sean, no pueden ocultar los fracasos sistémicos del sistema educativo nacional. Que el 90% de los alumnos de 15 años no alcance las competencias mínimas para esa edad en matemáticas no se puede tapar con el éxito individual de algunas personas. Y lo mismo se puede decir sobre el 70% que no alcanza las competencias mínimas en ciencias. Los bajos resultados en comprensión lectora dejan en ridículo a todos aquellos que piensan que con el aprendizaje del inglés y del chino, junto con el uso de computadoras, El Salvador encontrará el camino del desarrollo. La educación en El Salvador reproduce el sistema social desigual y negador de posibilidades. La culpa no es de los niños ni de los maestros, que muchas veces hacen milagros. Los niños y niñas salvadoreñas nacen con las mismas capacidades que los nacidos en Singapur, el país con mejores índices de conocimiento y aprendizaje en esta prueba Pisa de 2023. Pero la mala alimentación, la desatención en la primera infancia y las deficiencias en las escuelas crean atrasos que terminan sepultando a muchos compatriotas en la pobreza y la necesidad de migrar. La escasa inversión en el sistema educativo, los bajos salarios a los maestros, las infraestructuras que dificultan el aprendizaje son causas evidente de nuestro atraso. El menosprecio de la profesión educativa y la ausencia de políticas familiares tampoco ayudan al desarrollo de las capacidades innatas de los niños y niñas. El trabajo por hacer es mucho. Hasta el presente, ningún Gobierno se ha tomado en serio la tarea de invertir en educación con un enfoque inteligente y multifactorial. Y no se ve que en la actualidad, a pesar de los discursos, esa tendencia vaya a variar. Los éxitos académicos de algunos salvadoreños son sin duda positivos, pero de momento solo sirven para disimular una situación educativa nacional deficiente e injusta.

El proceso electoral salvadoreño transcurre en un contexto marcado por tres factores: crisis en la economía familiar de muchos hogares, amplia desinformación y un régimen de excepción temido por algunos, pero apoyado por la mayoría. Así lo revela la primera encuesta preelectoral del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). El costo de la vida, en especial el de la canasta básica, se ha disparado. Casi dos terceras partes de la población (64.5%) piensan que el principal problema del país tiene que ver con variables económicas (desempleo, inflación, pobreza). Por otra parte, 77 de cada 100 personas desconocen que en marzo pasado se reformó el Código Electoral para eliminar la prohibición de hacer cambios en el año previo a una elección. El 65% no sabe que habrá dos fechas electorales (el 4 de febrero para presidente, vicepresidente y legisladores, y el 3 de marzo para concejos municipales y diputados al Parlacen) y más de la mitad ignora que se sustituyó la fórmula para asignar los escaños de la Asamblea Legislativa. La mayoría sí sabe que se redujo el número de municipios y el de diputados, pero desconoce los nuevos municipios y su composición, y la cantidad de diputaciones asignadas a su departamento. Así las cosas, la intención de voto beneficia en todas las contiendas al partido del presidente. Para la elección presidencial, el 61.7% de los encuestados dice que votará por Nuevas Ideas, el 14% no lo ha decidido y el 9.4% afirma que no irá a votar o anulará su voto. La tendencia se mantiene en la elección legislativa: 46.5% afirmó que votará por Nuevas Ideas, 3.2% por el FMLN, 2.1% por Arena y 1.1% por Vamos; el resto de partidos no llegan al 1%. Las personas que declaran que no irán a votar o que anularán su voto ascienden al 10.6% y una quinta parte de los encuestados (19.9%) dice no haber decidido todavía. Los números cambian un poco en la intención de voto para concejos municipales. Nuevas Ideas recibiría el 40.3% de los sufragios, Arena el 4.8%, FMLN el 4% y GANA otro tanto. El resto de partidos alcanza 1% o menos. 23 de cada 100 dicen que no han decidido por quién votar y 12 de cada 100 aseguran que no irán a las urnas o anularán el voto. Es decir, por hoy, las elecciones son cosa de un solo partido, especialmente para presidente; en las elecciones legislativa y municipal el porcentaje que respalda a Nuevas Ideas no tiene la misma solidez. Además, esta dinámica parece obedecer, más que al entusiasmo popular, a la ausencia de una alternativa política atractiva. Los números dejan claro que los partidos aliados de Nuevas Ideas no le agregan valor y que la oposición naufraga dispersa. En ambos casos, su irrelevancia política se refleja en que la población o no los conoce, o tiene opiniones mayoritariamente negativas o neutras sobre ellos. La falta de recursos económicos, a la que exitosamente ha colaborado el Gobierno, es en parte causa de la parálisis electoral de estos partidos. Y no puede perderse de vista que todo el aparato estatal ha sido puesto al servicio de la campaña cyan. Pero la principal razón de que el partido oficial vaya al frente en la intención de voto es la imagen que la gente tiene de Bukele, que hasta el momento no se ve lastrado por los errores y graves abusos cometidos durante su gestión. El 87.9% de la población cree que es importante respetar la Constitución, pero el 69.9% apoya la reelección. La mayoría está de acuerdo con que los tres poderes del Estado deben ser independientes, pero el 72.2% reconoce que los jueces y los diputados trabajan a las órdenes del mandatario. La figura del presidente es lo que propicia la opinión favorable sobre el quehacer gubernamental y, en consecuencia, aunque cada vez con más dificultad, su partido. La confianza que le deposita más de dos tercios del electorado se debe, en gran medida, al régimen de excepción. La encuesta confirma la inclinación autoritaria de la sociedad salvadoreña: quienes manifiestan que es necesario sacrificar derechos humanos para el bienestar social y quienes toleran que se viole la Constitución votarán por el partido oficial en los próximos comicios.

Bukele no desea ser recordado como otro presidente ladrón, rodeado de ladrones. Por eso, puso a todos los funcionarios del poder ejecutivo en manos de su fiscal para que los investigue “para atrás y para adelante”. Contrario a las apariencias, no es una rendición de cuentas al final del mandato, sino un ajuste de cuentas en las filas del Ejecutivo. La razón de fondo no es la corrupción y el robo, sino purgar a los funcionarios desleales o indisciplinados, que no se han apegado al guion establecido por los argentinos, con el pretexto de castigar la deshonestidad. Simultáneamente, el ajuste de cuentas proyecta la imagen de un mandatario íntegro y responsable. La operación, contrario a lo que Bukele “imagina”, es problemática, porque carece de credibilidad. El fiscal no ha demostrado las competencias mínimas para controlar la corrupción. Al comienzo de la presidencia de Bukele, engavetó las investigaciones iniciadas por su antecesor sobre la corrupción de varios de los nuevos funcionarios. Ahora, sin duda, investigará y encontrará corruptos. Pero solo aquellos cuyos nombres figuren en la lista de indeseables de Casa Presidencial. Estos serán juzgados y condenados. Rodarán algunas cabezas, no todas, ni siquiera las de los más corrompidos. Antes, al fiscal le ordenaron archivar y archivó; ahora, le han ordenado lo contrario y obedecerá para retener el cargo. Muy a su pesar, no se diferencia de la mayoría de sus antecesores, a quienes desprecia como simples “títeres”, “que buscaban mantener sometido al país a sus antojos”. A diferencia de aquellos, no satisface sus caprichos, sino los de su patrón. No es verdad que “quien sea que haya cometido delito será perseguido y punto”. Solo perseguirá a los señalados. La amenaza de investigar la corrupción no incluye a Bukele, quien se deja al margen con el argumento de que él no roba para no ser recordado como facineroso. Tampoco a sus hermanos y su círculo íntimo, en teoría, porque no forman parte del poder ejecutivo. Todos ellos tienen la continuidad asegurada. La reelección les garantiza cinco años más de impunidad e inmunidad. Si Bukele temiera en verdad ser recordado como otro presidente sinvergüenza, desde el comienzo de su gestión presidencial habría fomentado la transparencia; habría entregado información abundante, oportuna y detallada sobre sus actividades; y habría promovido la investigación de sus funcionarios. En lugar de apertura y claridad, reina el hermetismo. Cabe recordar aquí, ya que tanto le gusta citar la Escritura, que en Juan se lee que “todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras” (3,20). Aunque no hubiera duda sobre su integridad personal, Bukele ha permitido la proliferación de corruptos en su entorno. Los dos presuntos maleantes que alega haber capturado como prueba de su determinación son irrelevantes frente a los millones de dólares que han circulado libremente por los despachos no solo del Ejecutivo, sino de todos los poderes. La evidencia no permite recordarlo como “el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara y al que robó lo metió en la cárcel”. De todas maneras, si hubiera verdad en este deseo, debió pedir al fiscal que realizara sus averiguaciones de cara a la opinión pública. Bukele promueve la honestidad desde la oscuridad. El anuncio de la purga de sus colaboradores más cercanos es un melodrama de mal gusto. Una puesta en escena, como su comparecencia entre las mises o en la isla Tasajera. ¿Por qué no comparece ante los campesinos despojados de sus parcelas donde proyecta levantar infraestructuras gigantescas? ¿O ante las madres de los desaparecidos y las víctimas de las masacres? La dictadura es, por definición, desvergonzada. Después de despedirse de sus subordinados, Bukele los amenazó con una supervisión implacable, ya que tendrá “más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras”. Así, pues, no se va; la despedida es una farsa. El decreto que lo “licencia” seis meses para hacer campaña reelectoral establece que, tanto él como su socio, retienen la relación con la presidencia del poder ejecutivo y, por tanto, gozan de las prerrogativas propias de sus cargos. Dicho de otra manera, puede hacer, y ya hace, campaña reelectoral con los recursos y el dinero del pueblo, que dice es su razón de ser. Otra es la suerte que aguarda a los defenestrados. Vivirán días tan funestos que se arrepentirán de haber servido a Bukele. Los desconocerá, les cerrará los portones de Casa Presidencial y los arrojará a la cárcel que prepara para ellos. Nunca se les ocurrió que su último servicio sería ser víctimas propiciatorias de la imagen presidencial de rectitud. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Coordinadora para la Unificación Sindical se presentó en diversas instituciones del Estado para exigir que se respeten los derechos humanos, laborales y sindicales. La organización aglutina sindicatos del Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Hacienda, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, entre otros. Salvador Ramos, miembro de la Coordinadora, exigió a las instancias de gobierno que les brinden una pronta y acelerada respuesta a los casos interpuestos por los trabajadores.

Cada vez se ve con mayor claridad la relación entre la violación de derechos humanos y la persecución a la Iglesia católica, así como a otras Iglesias, según tiempos y lugares. Pero en Centroamérica la correlación es evidente: hay proporción directa entre mayores violaciones a derechos y mayor persecución a la Iglesia que las denuncia. Denunciar la injusticia es una especie de sacrilegio contra los nuevos autoritarismos, convertidos en una especie de ídolos armados que exigen obediencia ciega. Y en este terreno de las nuevas idolatrías políticas, quien se lleva en el istmo el primer lugar en la persecución es la dupla dictatorial nicaragüense. Que algunos sacerdotes hayan recibido en sus parroquias, como lugar de refugio, a manifestantes contra la dictadura que huían de la represión a su manifestación pacífica, ha resultado para el dúo Ortega-Murillo una especie de delito imperdonable. Un obispo expulsado del país y privado de la nacionalidad, otro encarcelado y mal tratado, muchos sacerdotes amenazados, presos, exiliados y desnacionalizados muestran a un régimen incapaz de soportar una crítica serena y pacífica, ebrio de poder y convencido de que con castigos crueles e injustos se solucionan los problemas. Y eso solo hablando de miembros de la Iglesia y de la violación sistemática del derecho a la libertad de religión y expresión. Porque el número de los perseguidos y amenazados social y políticamente es casi incontable. Si en Nicaragua hay un gobierno al que se le puede catalogar como dictatorial, en Guatemala la situación es grave también. El hartazgo social contra la clase política tradicional, tan plegada a intereses económicos extractivistas y conservadores, ha llevado a buscar candidaturas alternativas. El triunfo electoral inesperado de Bernardo Arévalo, impensable hace dos o tres años, muestra la voluntad popular de cambio en el modo de gobernar. Pero esa especie de mafia en la que se mezclan poderes económicos, militares y políticos turbios se empeña en dificultar el acceso al poder del vencedor en las últimas elecciones. Los apoyos al Estado de derecho del cardenal Ramazzini y sus denuncias de las injusticias generaron ya quejas gubernamentales ante el Vaticano y amenazas de emprender un juicio e incluso encarcelamiento contra este líder de la Iglesia católica, de clara voz profética desde hace años. En El salvador, no han faltado discursos y mensajes de odio contra el cardenal Rosa Chávez y otros sacerdotes que han denunciado abusos en el campo de los derechos humanos. Honduras, caracterizada por una mayor tradición de libertad de expresión, también ha tenido expresiones de odio contra miembros de la Iglesia críticos frente a la pobreza injusta que sufren las mayorías populares. Y especialmente se ha ensañado con aquellos que desde su conciencia cristiana reivindican los derechos de los desfavorecidos. Curiosamente, se persigue a una Iglesia que sistemáticamente en todos los momentos de emergencia, así como en la vida diaria, ha estado cerca de los que sufren. Continuamente la Iglesia ha permanecido consiguiendo recursos, tanto materiales como humanos, creando conciencia, impulsando emprendimientos y defendiendo derechos. Esa cercanía con los pobres y vulnerables, que continúan siendo mayoría en nuestro pueblos, es lo que despierta esa mezcla de temor y odio que caracteriza a los perseguidores Y es también lo que les lleva a reprimir, perseguir y encarcelar tanto a laicos como a miembros del clero. Les gustaría una Iglesia preocupada exclusivamente por el más allá y por la administración rutinaria de los sacramentos, sin mencionar para nada las exigencias éticas y morales del Evangelio. Al final, persiguiendo a la Iglesia, los dictadores y los autoritarios trabajan en favor de su propio descrédito y fracaso. Aunque en el choque frontal el poder armado puede vencer y aplastar a la conciencia desarmada, esta es una fuerza que en el largo plazo termina destruyendo la prepotencia del poder y desenmascarando su corrupción. Porque al final, quienes llaman bien al mal y mal al bien acaban enredándose en sus propias contradicciones. Y su farsa termina siempre en una locura que ni sus propios adeptos resisten. Las Iglesias, en cambio, saben reconocer sus errores desde el Evangelio del amor, la justicia y la paz y optar por el bien de los demás. Al revés de las dictaduras, están hechas para durar mucho más que la ebriedad soberbia del poder.

Cuanto más se ama el poder, mayor el miedo a perderlo. Pasa en todas las instituciones cuando las personas vinculan su autoestima con el cargo que desempeñan. Aunque el miedo ayuda a adaptarse al ambiente y protegerse de los peligros, en las personas, y en particular en los políticos, tiende a convertirse en ansiedad. Y de la ansiedad se puede pasar a la respuesta violenta contra aquello que se ve o percibe como una amenaza. En el caso de los regímenes políticos autoritarios, se pasa muy fácilmente de la complacencia a la desconfianza, de las frases ceremoniosas a las acciones punitivas. La actual dictadura de Nicaragua, que desconfía radicalmente de la Iglesia y ha privado de nacionalidad a curas y obispos, es ejemplo claro de cómo el miedo irracional de los políticos con poder puede llevar a la represión no solo de los oponentes políticos, sino también de los defensores de derechos básicos y de los generadores de cohesión social. Sin embargo, a pesar de la fuerza material de los líderes autoritarios, el miedo y sus reacciones agresivas terminan abriendo grietas en el propio poder. El tirano poseído por el miedo puede hacer temblar a todos los que le rodean. Usualmente, se multiplican las alabanzas exageradas en torno a su persona, porque el miedo del autoritario genera también miedo entre aquellos que lo rodean. Pero por más que encuentre aduladores y colaboradores en la construcción del temor y del pánico, el miedo no es la emoción más importante del ser humano. Al revés, frente al miedo se alzan siempre la generosidad, el amor y el deseo del bien. Como dice un texto del Nuevo Testamento, “el amor echa fuera el miedo”. La libertad que brota del amor venció el miedo cuando los nazis perseguían a los judíos: campesinos sencillos los escondían en sus casas, sacerdotes les tramitaban papeles falsos para que huyeran de la persecución, diplomáticos con ética les ofrecían pasaportes para liberarlos de la muerte. Cuanto más crueles se vuelven los tiranos, más cerca suele estar su fin. En América Central, las tendencias al autoritarismo han estado siempre presentes. El istmo ha vivido dictaduras sangrientas y regímenes que mezclan algún grado de democracia con viejos modos autoritarios. Y siempre han surgido figuras y grupos, desde lo más sencillo a lo más público, que han plantado rostro a los abusos de poder. Frente a quienes defienden lo humano y lo racional, el poder que genera miedo no tiene más recurso que la persecución. Y la persecución multiplica la conciencia y el surgimiento de nuevas generosidades. Hoy, cuando el autoritarismo está de regreso, es importante recordar la importancia de la libertad personal construida sobre valores solidarios y humanistas, y saber que la única manera de vencer el miedo es enfrentando a quienes lo producen.

Las características de los regímenes dictatoriales han cambiado. Los liderados por militares y de partido único van quedando en el pasado. Hoy, la mayoría de dictaduras en el mundo son “autoritarismos electorales”, según la definición de Andreas Schedler, posicionada ya en la politología. En los autoritarismos electorales se mantiene la fachada institucional y se celebran elecciones, pero se violan los principios democráticos y los derechos humanos permanentemente. Los autócratas modernos guardan las formas, aparentan pluralismo, hablan como demócratas, pero siguen siendo déspotas; siguen creyendo que el mundo gira en torno a ellos y que su palabra es la única que pesa; siguen preocupados por garantizar que la oposición no represente ninguna amenaza a su estabilidad, mucho menos a su continuidad. Para controlar toda voz crítica, utilizan la represión y persecución selectiva, pero también mecanismos pacíficos como el control de los medios de comunicación. Su arma más poderosa contra la oposición que consideran peligrosa es dividirla, dispersarla, pero sin extinguirla del todo. Los partidos de oposición se convierten en mero ornamento de la victoria del oficialismo, simple fuente de legitimidad. Además, la existencia de la oposición, por tímida que esta sea, posibilita tener a quien atacar y así crear cohesión desde la defensa del régimen. Según Schedler, los autócratas padecen de al menos dos tipos de incertidumbre. Por un lado, incertidumbres institucionales: dudan de su permanencia en el poder. Por otro, incertidumbres informativas: no pueden obtener información certera sobre aquello, real o imaginario, que los amenaza. Por eso, el autócrata vive en miedo; por eso, no confía en casi nadie. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el reciente anunció de combate a la corrupción, además de mostrar el sometimiento del Ministerio Público a la Presidencia, constituye una advertencia para todo aquel al que se le ocurra salirse del libreto. La lista de delitos y casos de corrupción en el Gobierno de Bukele es larga; si en realidad hubiera voluntad de limpiar la casa, ya habría varios ministros en la cárcel. En un régimen autoritario, a la oposición no se le debe ponderar únicamente por ser o no un potencial catalizador del descontento popular, sino también por su potencial para limitar y dificultar el avance del régimen. En el caso salvadoreño, la dispersión y falta de ideas y de compromiso serio con la democracia de una buena parte de la oposición no le posibilita llevar a cabo ninguna de esas funciones. Fuera de unos casos aislados de oposición valiente y decidida, en el país el silencio de la civilidad democrática contrasta con la atronadora maquinaria oficial de aplausos e insultos. Por hoy, la dictadura tiene vía libre.

En el contexto del aniversario de los mártires jesuitas se desarrolló en la UCA una semana dedicada a la memoria histórica. El tema es especialmente importante porque los Gobiernos anteriores al actual desarrollaron un discurso sobre el pasado que miente y oculta tanto la opresión y el abuso económico como las graves violaciones al derecho a la vida y la integridad. El nuevo Gobierno no se queda a la zaga de los abusos que otros han cometido contra la memoria histórica. Empeñado en una propaganda que exalta exclusivamente el presente, manipula el pasado, presentando en negro casi todo lo acontecido antes de 2019 y en blanco esplendoroso la historia de los últimos cuatro años. El poder político, en el pasado, contaba la historia a su favor. Unos privatizaron la memoria y la eliminaron de lo público. Las masacres de campesinos, niños y mujeres fueron choques armados con la guerrilla. Y si las víctimas querían curar sus heridas desde la verdad y la justicia, las acusaban de reabrir las heridas del pasado. Se presentaba el “perdón y olvido” como un valor y la amnistía de crímenes de lesa humanidad como un bien jurídico. A las víctimas se les ponía como ejemplo a los poderosos y adinerados que decían: “Yo ya perdoné y no necesito justicia”. Otros hablaban del pueblo y de las víctimas, pero mantenían las mismas injusticias estructurales, al tiempo que procuraban no ofender a los militares. Hoy todo el pasado es pacto de corruptos y solo el presente es perfecto, por muy manipulada que esté una realidad que continúa siendo triste. Es el lujo del poder, que dice que todo lo hace por el pueblo. Maña vieja que incluso aparece en el acta de independencia de Centroamérica, cuando los poderosos y notables decretaron la independencia para “prevenir las consecuencias, que serían terribles si la proclamase el mismo pueblo”. Todo un paternalismo dulce, condescendiente con el pueblo, para quedar en puestos de privilegio y no soltar el poder. Sin embargo, las manipulaciones del poder no eliminan la memoria. Y ello por varias razones. La primera, porque la memoria es la base de nuestra identidad. Y lo vivido interior y emocionalmente define nuestra propia realidad. Somos quienes somos porque recordamos, asimilamos, contamos y ordenamos nuestros recuerdos. Por eso, porque la memoria es también comunicación humana, resulta indestructible. Los asesinos pueden destruir la vida, pero la memoria termina venciendo en su combate contra la nada y el olvido. Además, los que tratan de imponer mentiras no tienen un sustituto para la verdad. Y menos para esa verdad tan densa que es el sufrimiento de quien ha perdido, madre, esposo, hija o cualquier ser querido. Sin memoria no hay justicia, suele repetirse cuando se habla desde las víctimas. Y es cierto. Es la memoria decidida a ser contada la que mueve a la justicia a ser independiente frente al poder. Los jueces pueden comprarse o se les puede doblar la vara de la justicia, como decían los antiguos. Pero la memoria hace brotar en los corazones el afán de justicia, llama al reconocimiento de los crímenes e invita a la reconciliación en el perdón pedido por quienes reconocen sus crímenes. En la justicia de transición, después de graves atentados contra la dignidad humana, el pensamiento jurídico recomienda procesos en los que la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, las medidas de no repetición y los mecanismos de reconciliación restauren la sociedad como lugar de amistad social y diálogo. En El Salvador, la falta de pensamiento ético y de diálogo trasparente ha impedido hasta ahora ese tipo de justicia. Frente a una justicia dependiente, punitiva con los pobres y manipuladora de la verdad, la memoria de las víctimas sigue viva e impulsa procesos humanistas de verdad, reparación y reconocimiento.

Hace ya casi 50 años, monseñor Romero hablaba de las idolatrías que empujaban a El Salvador hacia una guerra civil; se fijaba sobre todo en la riqueza, el poder y la organización absolutizadas. En la actualidad, los poderes que gustan apoyarse en idolatrías, que en muchos sentidos continúan siendo las mismas de las que habló nuestro santo, han desarrollado un potente discurso dedicado a sembrar el convencimiento de que hay personajes a los que conviene servir. Dado que los seres humanos nos comunicamos por signos llenos de simbolismos, es fácil convertir tanto imágenes como personajes en objetos de veneración. La raza, la fuerza, el orden y la nación pueden fácilmente servir de ropaje de un líder agresivo y opresor que actúa contra aquellos que no se integran en los principios e ideas diseñadas desde el poder. El odio a los judíos o a los musulmanes, a los migrantes, a los pobres o a quienes son diferentes tiene como base ideas afincadas en simbolismos. Y ese odio se hace presente a través de personajes que se valen de una racionalidad impuesta. En El Salvador se ha desarrollado en los últimos años un discurso idolátrico. La gente estaba harta de la falsa racionalidad de los que antes eran poderosos y que hablaba de normas, igualdad, derechos humanos, democracia, etc. Las palabras utilizadas en política, que se presumían racionales, decían muy poco a las mayorías porque no eran coherentes con la realidad. Surgió, entonces, la idea de ofrecer símbolos y concretarlos en una sola persona. Alguien joven, con imaginación, eficaz, que brinda resultados, fuerte, que puede sentar a oligarcas y a militares, y que no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a Estados Unidos. Alguien que manifiesta con frecuencia su fe en Dios y que se siente su profeta. La propaganda dio resultado, porque, en medio de las dificultades del diario vivir, todo el mundo necesita creer en algo. Además, aunque una minoría vea todo en negro, cualquier Gobierno tienen acciones buenas y malas. Y el actual ha sido experto en resaltar lo que hace bien y convertir los errores en necesidades. ¿Qué hacer para salir de las idolatrías y construir una racionalidad no floja o hipócrita como la de antes, sino con capacidad de hacerse cargo de una realidad injusta que debe ser transformada? Lo primero, reconocer que los fallos del pasado nos han llevado a la situación actual, edificada sobre emociones, imágenes y esperanzas sin base objetiva. Y lo segundo, diseñar proyectos de futuro racionales que enfrenten seriamente la pobreza y la desigualdad, y que apuesten por un desarrollo inclusivo y una institucionalidad robusta que en verdad sirva a la gente. Seis partidos acudirán a las próximas elecciones y ninguno dispone de un proyecto de ese tipo; solamente la sociedad civil tiene una palabra crítica. El resultado electoral se perfila con mucha claridad debido a que cinco partidos débiles, sin proyecto claro y sin imagen carismática, compiten con uno fuerte, que controla todos los aparatos del Estado. De muy poco sirven los discursos moralistas de la oposición partidaria si no hay proyectos racionales y claros. Acercarse un poco más a la sociedad civil, dialogar con ella, les vendría bien a todos, tanto a los que no tienen imagen y son débiles como al que tiene una imagen prefabricada fuerte y crece a expensas de un ubicuo discurso idolátrico.

Una empresa de negocios privada, en situación de quiebra económica, ha tenido un notable éxito en El Salvador. Gozó además de la protección y propaganda del Estado. ¿Extraño? Para nada. Lo superficial suele tener éxito si va acompañado de propaganda. Miss Universo, la empresa en quiebra que exhibe muchachas bonitas en diversidad de ropajes, algunos ciertamente estrambóticos, sigue teniendo éxito cuando Gobiernos ansiosos de espectáculo la apoyan en el negocio de lo superficial. Y mientras los que pueden se sacan fotografías, algunos incluso tocándole las piernas a las jóvenes, estas se mantienen sonriendo porque el negocio les impide darle una bofetada al machista abusador. La búsqueda de lo bello ha sido una tendencia universal en el género humano. Los cánones de belleza han sido muy diversos a lo largo de la historia. Y en el caso de la mujer, con frecuencia han sido impuestos desde concepciones machistas. En algunos momentos se ha acusado a los concursos de belleza de ser una variante más suave de la trata de blancas. En México se estrenó hace algunos años un serie titulada Señorita 89, que tras el glamour de los concursos de belleza mostraba tras bambalinas la tendencia a cosificar el cuerpo de la mujer, la imposición de modelos de belleza y la frecuencia del acoso sexual. Superficial y con luces de colores el espectáculo, oscuras las interioridades. Pero la superficialidad da dinero y parece que eso es lo que importa. No faltan en el país personas que disfrutaría enormemente diciendo que la mujer más guapa del mundo y sexualmente atractiva es salvadoreña. Y emocionados con el éxito de lo superficial, olvidarían que la mujer sufre una plaga de acoso sexual en El Salvador, que trabaja más que los hombres, que tiene menos acceso a pensiones y que con frecuencia carga con el peso absoluto de sacar adelante a sus hijos. Al final, para quienes adoran lo superficial, lo importante es disfrutar con las luces, los trajes de baño y los colores con que una empresa privada viste y exhibe a muchachas bonitas. El beato mártir Rutilio Grande solía organizar en Aguilares y El Paisnal la fiesta del maíz. Pupusas, riguas, tamales, atol y otras delicias se compartían con la multitud que celebraba la identidad cultural de los hombres y mujeres de maíz. Al final se elegía a la Reina del Maíz: la mujer que había elaborado y compartido los más ricos y diversos platillos derivados del elote. No llevaba traje de baño, sino delantal y pañuelo. Sudor en la frente en vez de cosméticos, y alegría verdadera, no fingida, por saberse custodia y promotora de la soberanía alimentaria de su tierra. No había superficialidad en ella, sino la realidad fuerte y honda de un pueblo que celebraba la vida y el compartir de la misma. En El Salvador nos falta mucho todavía para llegar al pleno respeto de la igual dignidad y derechos de la mujer. No tiene sentido ético ni democrático priorizar los conceptos superficiales de empresas que hacen negocio cosificando a la mujer y al mismo tiempo olvidar las injusticias que la mujer padece: violaciones de niñas, embarazos adolescentes, acoso frecuente e injusta situación económica y social. Solucionar la injusticia de que las mujeres tengan menor acceso a pensiones, frenar el machismo, reconocer el trabajo en el hogar como un trabajo que merece retribución estatal al llegar a la ancianidad es mucho más importante que la alharaca superficial montada sobre un negocio quebrado con amplias sospechas de fiasco ético.

El Salvador de las mises no es el de las mayorías, sino el de Bukele, el de “las mejores olas y una taza del mejor café del mundo”. Las mises no experimentaron el caos vehicular cotidiano. Las llevaron y las trajeron por calles despejadas y embellecidas para la ocasión, o en helicóptero. Donde llegaron, encontraron un escenario para posar, protegido por círculos de soldados con armas de guerra. El centro de la capital lo hallaron “limpio”, sin vendedoras ambulantes, sin mendigos ni vagabundos. Los policías los expulsaron y cercaron la zona. Ni siquiera los perros de Suchitoto se libraron de la limpieza policial. Las mises vieron el país desde el interior de un círculo militarizado. En palabras de una asidua del centro de la capital, “tanto lujo en la calle y los pobres muriéndose de hambre… aquí se preocupan porque la gente extranjera ande bien, ¿y nosotros qué?”. Un medio escrito respondió a su reclamo destemplado que esas extranjeras “han venido a disfrutar y a pasársela bien”. Algo que la inmensa mayoría de las mujeres salvadoreñas no puede permitirse. Los aficionados al país de Bukele miraron extasiados los cuerpos muy cuidados y maquillados de las mises para no ver a las trabajadoras que emplean varias horas diarias para desplazarse entre su hogar y su trabajo, ni a las que aguardan días interminables para pasar consulta con un hijo enfermo, ni a las madres que buscan desesperadas a sus hijos desaparecidos, ni a las mujeres que solicitan habeas corpus sin obtener respuesta, ni a las abuelas que se rebuscan para alimentar a los menores que la dictadura dejó a su cargo. La desdicha de estas mujeres es contemplada impasiblemente por un Bukele que recibe a las mises con alfombra roja en Casa Presidencial. La multitud extasiada solo tuvo ojos para las mises, un negocio que vende fantasía y frivolidad. Sus expresiones de simpatía no consiguieron disimular la afectación y el acartonamiento. Las trajeron o vinieron para representar, para sonreír siempre, aun ante la insolencia y el acoso, y para expresarse amablemente del anfitrión, en lo que se excedieron al apoyar su reelección. La representación no era desinteresada, sino negocio. La propietaria del concurso necesita mucho dinero para saldar deudas gigantescas. Las marcas utilizan el espectáculo como vitrina para promocionar sus productos. Y Bukele reforzó su marca personal, consolidó su prestigio de gobernante implacable de la seguridad y se dio un baño de popularidad en el exclusivo ambiente de la gala final. Las ganancias provienen de la explotación de la mujer. La estudiada exhibición del cuerpo femenino la cosifica y la ofrece como producto de consumo. Basta una mirada rápida a la prensa cómplice para comprobarlo. Sus plumas encontraron unas mujeres divinas, esbeltas, elegantes, de porte increíble, bellezas de talla mundial, figuras espectaculares y deslumbrantes, piernas de infarto, look refrescantes y sofisticados, trajes fulgurantes de colores llamativos y galácticos, vestidos de noche llenos de “piedras preciosas”. La ramplonería es pasmosa por falta de ingenio literario y porque el espectáculo mismo es ordinario. Las mises no eran para el pueblo, sino para quienes pudieron pagar el prohibitivo precio de las entradas. Tampoco el local, muy bien acondicionado con “butacas de lujo”, “súper lindo”, según la embajadora en Washington. Al pueblo le reservaron unas cuantas plazas con pantallas gigantes. Bukele, que no podía perderse la coronación, no se dirigió a la audiencia en el idioma nacional. El país que “renace” bajo su dirección reniega de sus mayorías. Se avergüenza de ellas y las esconde. Tuvo tiempo para recibir a las mises en Casa Presidencial y para posar con ellas, pero no lo tiene para atender a las mujeres que, desesperadas ante la indiferencia de sus funcionarios, acuden a él pidiendo protección. La mujer trabajadora, sufrida y violada no pertenece al país de Bukele. En cambio, a las mises les agradeció en dos ocasiones el formar parte de su “renacer” y les encargó difundir como “buena noticia” que este es el sitio ideal para “luchar por sus sueños sin importar cuán grandes sean”, que los aguarda con “verdadera paz y seguridad” y los recibe con “un cálido abrazo”. Nada de esto se aplica a las vendedoras informales expulsadas de sus puestos, ni a la ambulante que empuja un carrito con mercancía, ni a la que se prostituye para alimentar a sus hijos. Bukele se prodigó generosamente con las mises, pero se niega a las mujeres salvadoreñas desamparadas y desoladas, que reclaman derecho y justicia. Su país fue “centro de atención mundial”, aunque no tanta como hubiera querido. Fueron tres semanas escasas que lo dejaron igual. Apagadas las luces del escenario e idas las mises, la dura realidad nacional sigue ahí. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

UCA no hay más que una. Distinguir entre una UCA “histórica” y otra “actual”, tal como hacen las redes oficialistas, es una representación retorcida. Para el oficialismo, la UCA verdadera sería la de antes, mientras que la de ahora sería una falsificación. Esa interpretación idealiza el pasado para rechazar un presente que le desagrada. El oficialismo se decanta por la UCA de Ignacio Ellacuría y sus compañeros mártires para desacreditar a la UCA actual. La astuta contraposición de las dos universidades es la réplica ingeniosa de un régimen sin ideas. Los agitadores del oficialismo no saben lo que dicen. Se les antoja que la UCA de los mártires alcanzó una excelencia que la actual habría perdido. La oligarquía y los militares, las plumas a su servicio y sus empresas mediáticas la acosaron igual que ellos hacen hoy. La persiguieron por pedir reformas socioeconómicas de envergadura, por defender la libertad de organización campesina y sindical, y por pedir elecciones libres y limpias. El poder oligárquico-militar invocó el comunismo para rechazar unas reformas que hubieran frenado la guerra civil. Desencadenada la guerra, la UCA exigió a las partes observar el derecho internacional humanitario. Luego, promovió el diálogo y la negociación para encontrar una salida política. Convencidas del triunfo militar, las dos partes se lanzaron virulentamente contra la UCA. Confrontado con la derrota militar y una negociación inevitable, el alto mando del Ejército masacró a la dirección de la UCA. Los ataques no cesaron después de 1992. La UCA se ganó la enemistad de militares, políticos y capitalistas por exigir el cumplimiento fiel de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, por criticar la imposición del neoliberalismo económico, en particular, las privatizaciones, y la dolarización, por el empobrecimiento generalizado y el aumento de la desigualdad y por el surgimiento, expansión y consolidación de las pandillas. Todos los gobernantes de la posguerra arremetieron contra la UCA por no plegarse a sus planteamientos. La UCA no ha cedido y se ha mantenido fiel a su misión de dar voz al pueblo salvadoreño y de defender sus derechos. En la década de 1970, la UCA estableció gradualmente medios para burlar el cerco informativo impuesto por el poder oligárquico-militar y para proyectar su pensamiento en la sociedad, sobre todo, entre las mayorías. Primero fue ECA y la imprenta, seguidas de varias publicaciones periódicas especializadas. Simultáneamente, estableció la Cátedra de Realidad Nacional para discutir racional y libremente los desafíos del país y sus posibles soluciones. Más tarde, pasó del texto escrito a la difusión radiofónica con la fundación de la YSUCA. La masacre de 1989 no mató su espíritu crítico, ni anuló su asignatura más importante, la realidad nacional, ni su compromiso con la transformación de dicha realidad. A pesar de la persistente animadversión, la UCA siempre ha estado abierta al diálogo con los poderes fácticos, y estos no solo han respetado su conocimiento del país, la seriedad y la pertinencia de sus análisis y propuestas, su influencia en la opinión pública y su integridad. En algunas coyunturas críticas, esos poderes se han acercado a la UCA para discutir posibles salidas. La UCA siempre ha estado abierta al diálogo, sin excluir a nadie, aunque poco ha conseguido hasta ahora por la crispación y la polarización que caracterizan a la sociedad salvadoreña. También es cierto que, en la actualidad, esa posibilidad está cerrada. La dictadura es demasiado soberbia como para dialogar. Solo admite el sometimiento total, lo cual implica la entrega de la razón, la libertad y la justicia. Algo que la UCA no puede aceptar sin renunciar a su identidad. Aquí está la raíz de la animosidad del oficialismo. La confrontación no es nueva, la razón última es similar a la del pasado y sus adversarios actuales tienen muchas coincidencias con los de antaño. Fiel a su tradición y su identidad universitaria, la UCA no se ha plegado a los Bukele. No lo ha hecho por obcecación, sino porque el régimen lesiona grave y sistemáticamente a las mayorías populares, el centro de la UCA. La malquerencia es aún mayor porque, pese a la avalancha de ataques del oficialismo, la UCA es un referente de verdad, derecho y justicia para sectores significativos del pueblo salvadoreño. La UCA como cualquier otra realidad histórica es dinámica y cambia para seguir siendo la misma, aunque nunca lo mismo. El oficialismo también. El de Nuevo Cuscatlán no es el de San Salvador, ni estos el presidencial, que ejerce un poder absoluto, militarizado y represivo. El cambio es inevitable. La cuestión consiste en si el cambio humaniza o deshumaniza, libera u oprime. UCA solo hay una, la de los mártires, cuyo legado, actualizado constantemente, está al servicio de la liberación del pueblo salvadoreño. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En su tercera comunicación nacional sobre cambio climático, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce serios riesgos para la población de El Salvador, especialmente en la franja costera oriental y en las zonas marginales de San Salvador. Tanto ante sequías como ante inundaciones intensas, ambas amenazas del cambio climático, hay una fuerte vulnerabilidad en hogares y familias. La infraestructura agrícola y los sembrados también están en riesgo. Un estudio de este año de la Cepal afirma que las pérdidas por desbordes de ríos aumentarán un 13.5% en 2030 y 23.4% en 2050. Prevenir es mucho más importante que lamentar, pero no se ven planes para proteger los cauces de los ríos, establecer zonas de vivienda seguras y preparar y mantener bordos. Además, las alzas en la temperatura reducirán la productividad laboral. Aunque en estudios de la FAO El Salvador aparece con una vulnerabilidad agrícola menor que la de otros países de Centroamérica, la impresión es que no se está preparando adecuadamente para lo que viene. Si el futuro se corresponde con lo que la FAO llama “escenario negativo”, para el año 2050 prácticamente en todo el istmo descenderían enormemente las posibilidades de cultivar plátanos, arroz, maíz y café. Para El Salvador, que ya de por sí es un importador neto de productos agropecuarios y que está sufriendo la despoblación del campo, el panorama no pinta bien. Hay escasa evidencia de que el país esté trabajando para adaptarse a los cambios climáticos. La reforestación de algunas montañas que han perdido su vegetación, una tarea clave para la protección ante el aumento de la temperatura y para almacenar y retener el agua subterránea, no camina al ritmo que debiera. Además, El Salvador no está técnicamente preparado para una recuperación rápida de eventos climáticos desastrosos. Por ello, es mayor el riesgo de que con los desastres aumente la desigualdad ya grave. El hecho de que no se respete a los defensores del medioambiente ni se haya firmado el Acuerdo de Escazú multiplica el peligro de que continúe la degradación medioambiental. Las facilidades dadas a algunas constructoras de viviendas tampoco ayuda en nada. El papa Francisco, en su encíclica Laudato si, afirma que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. En el país, cerca de un 30% de la población vive en pobreza, a lo que se suma que un 40% de los salvadoreños está en situación vulnerable. Las divisiones políticas creadas por la inconstitucional reelección presidencial, la propaganda, la falta de diálogo y el discurso de odio contra toda persona que contradice la versión oficial de la realidad no favorecen la implementación de acciones nacionales de protección ambiental. Para que las cosas no vayan severamente hacia peor, urge contar con planteamientos y proyectos estatales que gocen de amplio consenso.

En la antigua Roma, los emperadores le entregaban trigo y espectáculos circenses a la población para mantenerla entretenida y controlada. La estrategia nunca perdió vigencia. El “pan y circo” sigue siendo utilizado por líderes políticos en todo el mundo. En el caso salvadoreño, dado que el pan escasea cada vez más en muchas mesas, prevalece el espectáculo. En estos días, el circo se ha montado en torno a un concurso de belleza y la reinauguración de la Biblioteca Nacional. El primero, un evento tan costoso que Panamá, con muchos más recursos que El Salvador, desistió de organizarlo. La propietaria del concurso, la empresa tailandesa JKN Group, compró la marca en octubre de 2022 y se declaró en quiebra a pocos días de celebrarse el evento de este año. El Gobierno de Bukele pagó una cantidad millonaria para que el concurso se realizara acá. Contradictoriamente, se utilizaron recursos públicos para montar un evento elitista en el que el precio de las entradas está fuera del alcance de la gran mayoría de salvadoreños. Miss Universo es parte del show político de la campaña electoral del presidente para una reelección prohibida por la Constitución. El circo desvía la atención o potabiliza una candidatura ilegal. El otro espectáculo ha sido la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, donado y construido por el Gobierno de China, pero que la mayoría de la población percibe como obra de Bukele. Según funcionarios chinos, la obra costó más de 50 millones de dólares. Los gastos de demolición del edificio anterior, que había sido declarado patrimonio cultural en 2008, han sido reservados por 7 años. Toda biblioteca es un bien social, pero en la presentación de esta primó el culto a la personalidad del mandatario por sobre las bondades del nuevo edificio para la conservación del acervo bibliográfico y la conservación del patrimonio. Tanto el certamen de belleza como la reinauguración de la Biblioteca le han robado la atención a varios temas en verdad importantes para el país; uno de ellos, la detención en México de Elmer Canales Rivera, alias “Crook de Hollywood”, a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos, que ya lo tiene bajo su resguardo. ¿Por qué es importante el arresto del Crook? Primero, porque es miembro de la Ranfla Nacional, la estructura de máxima jerarquía de la MS-13. Segundo, porque Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, conspiración para financiar el terrorismo y conspiración para el narcoterrorismo. Tercero, porque, de acuerdo a investigaciones periodísticas, a pesar de la solicitud de extradición (o precisamente por ello), el Crook fue liberado, conducido y escoltado hacia Guatemala por funcionarios del Gobierno de Bukele, quienes además le proporcionaron un arma de fuego. Todo lo anterior unido al hecho de que Estados Unidos le ha solicitado al Gobierno salvadoreño la extradición de otros 11 líderes de pandillas, sin que hasta la fecha haya obtenido una respuesta positiva. Esto refuerza la tesis del pacto entre la administración Bukele y los máximos líderes de las pandillas; un pacto que a estos les garantiza protección. La captura del Crook podría demostrar que la narrativa del Gobierno no responde a la verdad. Por eso, mientras más volumen se le suba a los espectáculos, mientras más se deslumbre a la población con fantasías lumínicas y de cartón piedra, menos reparará en las artimañas, abusos y posibles delitos del oficialismo. Todo esto sucede mientras la situación económica de los hogares salvadoreños empeora día a día. La pregunta obligada es hasta cuándo la población preferirá los espectáculos a una atención real a sus condiciones y necesidades de vida, hasta cuánto la diversión contendrá el malestar de una época de penurias.

José María Tojeira 14/11/2023 El 34.° aniversario del martirio de los jesuitas de la UCA nos lleva siempre a reflexionar sobre la verdad y las deudas con la misma. Desde la firma de la paz, los sucesivos Gobiernos han oscilado entre el aseguramiento de la impunidad y la utilización política del caso. Evidentemente, algo se ha avanzado. Y las declaraciones recientes de los soldados que dispararon contra los jesuitas y contra Elba y Celina muestran la crudeza de la realidad de aquellos tiempos. Absueltos en el primer juicio y con la garantía constitucional de no poder ser juzgados dos veces por el mismo delito, no tienen reparo en asegurar que las órdenes de matar había que cumplirlas; de lo contrario, el mismo Ejército se encargaría de matar a los desobedientes. E incluso pensaron, eso decían en sus declaraciones judiciales, que los tiros que recibieron cuando volvían a integrarse en su batallón habían sido disparados por militares para eliminar posibles testigos de la “luz verde” dada por el Estado Mayor para el crimen. La deshumanización del momento hacía que cualquier situación fuera posible. Las numerosas masacres llevadas a cabo por la Fuerza Armada muestran un panorama semejante. La impunidad domina y la institución judicial apenas ha comenzado algunos casos. La Asamblea Legislativa, la actual y las anteriores, ha sido incapaz de redactar una ley de justicia transicional que garantice en el país verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantías de no repetición y caminos de reconciliación. Con el paso del tiempo, la tendencia ha sido a enjuiciar a algunos militares ancianos, pero en el reconocimiento de verdades clave no se ve avance. En realidad, la enorme cantidad de violaciones graves a derechos básicos nos acaba diciendo que los crímenes cometidos son responsabilidad de una política aceptada y establecida por la propia Fuerza Armada. En otras palabras, los crímenes del pasado en guerra no son en su mayoría fruto de la maldad individual de algunos miembros del Ejército, sino verdaderos crímenes institucionales. Y esto, aunque se pueda decir públicamente como una opinión, no ha sido reconocido por el Estado ni por la institución castrense. Aunque hoy la Fuerza Armada se encuentre alejada de los terribles abusos del pasado, la falta de reconocimiento de los males institucionales del tiempo de guerra no le hace bien. Reconocer problemas institucionales, pedir perdón por los mismos, honra a quienes lo hacen y da la seguridad de que el pasado no se repetirá. No basta con decir que no hay que pedir perdón por acciones cometidas por otros. Por pertenecer a la institución castrense, se debe reconocer los problemas, los errores y, en muchos casos, los crímenes cometidos o consentidos desde la dirección institucional, aunque estos hayan sucedido en un pasado lejano. Es cierto que no solo la Fuerza Armada ha cometido o encubierto crímenes o delitos; otras instituciones, estatales o no estatales, lo han hecho. Pero sean quienes sean, solo resultan fiables y confiables quienes son capaces de reconocer sus errores. Lo que admiramos en las personas que saben reconocer y corregir sus equivocaciones vale también para las instituciones. En ese sentido, es importante que la sociedad civil y las organizaciones de víctimas, además de reclamar justicia en casos particulares, traten de incidir en que las instituciones reconozcan errores y pidan perdón. Solo de esa manera se establecerá cultura y se construirá seguridad en el futuro. Que se consiga juzgar o condenar a diez, quince o veinte personas por los crímenes del pasado es bueno para el país. Pero si no hay capacidad institucional de reconocer crímenes o errores del pasado, y además en casos tan graves, las garantías de no repetición, en las que insiste la justicia transicional, pueden quedar en nada.

Rodolfo Cardenal 09/11/2023 Washington no resolverá la crisis nacional como algunos parecen desear, tal vez presa de la impotencia y la impaciencia. El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental lo ha dejado claro. Al menos de momento, porque la política estadounidense es muy variable. En su reciente visita, el funcionario se desentendió de las implicaciones constitucionales y políticas de la reelección del presidente y su vicepresidente. No hace mucho, Washington defendió el orden constitucional, incluso sancionó a algunos altos funcionarios de Bukele por violentarlo. Ahora se desentiende de la reelección y deja toda la responsabilidad en un diálogo interno imposible. En la práctica, Washington prescinde de las elecciones libres y limpias, y de los derechos ciudadanos y humanos. La salida es olímpica, pero típica de la política estadounidense. Esta siempre ha subordinado el bien nacional a su política doméstica e imperialista. Washington usó al país como campo de batalla para detener la presunta expansión comunista, un tópico prioritario de su agenda interna de ese entonces. Invirtió miles de millones de dólares en una aventura militar, donde el sufrimiento, los muertos y la devastación la pusieron mayoritariamente los salvadoreños pobres. Cuando perdió el interés en los comunistas, abandonó el país al capitalismo neoliberal, impuesto con la colaboración de sus socios locales. La solución estadounidense hizo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. La brecha cada vez más amplia entre los ganadores y los perdedores trajo el crimen organizado, incluidas las pandillas, y el populismo autoritario. Las “décadas de colaboración” con el país de las que habla la diplomacia estadounidense han sido más bien épocas de imposición, de indiferencia y de abandono. La nueva actitud de Washington confirma la relegación del país a “patio trasero”. La Casa Blanca tiene entre manos más de lo que puede administrar. Una guerra de final impredecible entre Ucrania y Rusia, y otra de consecuencias imprevisibles entre Gaza e Israel. La expansión militar, comercial y tecnológica de China, más la emergencia de un mundo multipolar cada vez más complejo. En esta coyuntura, la prioridad de Washington es conservar el traspatio centroamericano sin sobresaltos, a cualquier costo, incluida la convivencia en buenos términos con regímenes autoritarios, dictatoriales y represivos. La apurada situación de Washington favorece a Bukele. Aquella engavetó sus críticas y se muestra complaciente. Su embajador no solo encuentra normal la reelección, sino que, temerariamente, la equipara con “elecciones libres, calmadas”. Sin embargo, el entusiasmo de Washington no es tanto como para invitar a Bukele a la Casa Blanca, donde Biden expuso a otros mandatarios latinoamericanos su interés en un crecimiento económico que contenga la emigración al norte. De todas maneras, Bukele bajó el tono de sus recriminaciones por la injerencia de Washington en sus asuntos y por su doble moral. No porque la condene, sino porque no tolera la crítica. Ninguno de los dos se rige por la ética política. Los dos son extremadamente pragmáticos y usan el terror para imponer su voluntad. El pragmatismo los hace igualmente contradictorios, incoherentes y, por tanto, no confiables. Washington alimentó el terror al comunismo para imponer su agenda imperialista; Bukele agita el miedo a un posible regreso de los pandilleros para reelegirse. Aun cuando Washington tuviera una solución para la crisis nacional, habría que tomarla con desconfianza. El subsecretario de Estado prometió promover la inversión estadounidense, pero obvió que sin seguridad jurídica, aquella no aumentará y sin ella, el crecimiento económico seguirá languideciendo, mientras el flujo migratorio se mantiene inalterado. La miopía de la Casa Blanca debilita su posición en la política doméstica, que debate apasionadamente la reducción drástica de la emigración desde el sur. La violencia social no es la única causa del desplazamiento de la población. Antes fue la violencia de las pandillas, ahora es la represión de la dictadura y el avance incontenible de la miseria. El embajador estadounidense, por su lado, aplaudió el contrato de Bukele con uno de los gigantes tecnológicos como un primer gran avance hacia una mayor inversión. Pero olvidó que aquel se comprometió a entregarle 500 millones de dólares en siete años. Dicho de otra manera, Bukele se comprometió a pagar a una multinacional para que opere en el país, así como también pagó varios millones para que mujeres extranjeras posen en los escenarios cuidadosamente decorados por el oficialismo. Entre los bastidores ha ocultado a los pobres, amenazándolos con el régimen de excepción. La pobreza de la inmensa mayoría de la población es un insulto para el glamour artificioso de El Salvador de Bukele y sus mises.

Editorial UCA 13/11/2023 Una vez más cae la fecha del aniversario de los mártires de la UCA en jueves, el mismo día de la semana en que fueron asesinados. La fuerza y la intensidad de los seis jesuitas, Elba y Celina tratamos de mantenerlas en nuestras vidas recordando la entrega generosa de quienes se sacrificaron por la pacificación de El Salvador en guerra y por la justicia social y los derechos humanos. Su recuerdo se vuelve especialmente importante en un momento en el que el liderazgo político usa la palabra “guerra” para combatir la delincuencia. Una mala selección del lenguaje, porque la guerra, todos lo sabemos y lo vemos en Gaza y Ucrania, siempre produce víctimas inocentes en grandes cantidades. El término “guerra” se debe desterrar del lenguaje, especialmente cuando se habla de resolver conflictos entre seres humanos. Los valores y virtudes que nos dejaron los mártires en herencia son caminos de racionalidad y cristiandad. A la violencia no se le pone fin matando al violento, sino tratando de reintroducirlo a una relación humana cordial. La paz siempre tiene más valor que la guerra, y por eso mismo dialogar es más importante que matar. Emplear el dinero en desarrollo es más importante que gastarlo en armamento. Lograr acuerdos de bien común con la oposición política y con la sociedad civil resulta mucho más productivo que insultar al adversario, desacreditar al opositor e impulsar campañas de odio contra quienes difieren del pensamiento oficial. Nuestros mártires mantenían siempre la racionalidad de sus propuestas, servían a las personas generosamente, resistían los insultos y amenazas de los violentos, y se ofrecían para mediar en los conflictos y colaborar en la búsqueda de soluciones amistosas. Eran personas con espíritu, siempre dispuestas a acompañar a los que sufren violaciones en sus derechos, a defender a los débiles y a comprometerse con las causas de los pobres que buscan la liberación de las estructuras o las situaciones que los oprimen. Hoy no es fácil seguir el camino de racionalidad, inteligencia y servicio a la realidad y a los pobres. El mundo cae con facilidad en la locura del poder, del olvido de los excluidos y de las guerras. Si se entregara a un fondo de desarrollo el 10% de todo lo que en 2022 se gastó en el mundo en inversión militar, la suma equivaldría a 240 mil millones de dólares. Pero la idolatría del poder desprecia a quienes insisten en frenar la locura armamentista. Los regímenes autoritarios se dan el lujo de burlarse de quienes buscan respetar las leyes y los tratados de derechos humanos. A pesar de ser El Salvador un país especialmente expuesto a los efectos devastadores del cambio climático, se rechaza los acuerdos medioambientales y se apoya a quienes destruyen la naturaleza para construir en terrenos que debían protegerse. La superficialidad reina; prueba de ello es que se publicita como un avance la celebración de un concurso de belleza organizado por una empresa en quiebra. Pero precisamente lo que nos enseñaron los mártires es a resistir, a tener conciencia crítica y a permanecer pensando, escribiendo y hablando en defensa de la igual dignidad de todos los seres humanos. Nos llaman a trabajar en favor de una nueva civilización en la que no sea el capital, sino el trabajo, la fuente del desarrollo personal y social, y en la que la política sea más lugar de encuentro en la búsqueda del bien común que propaganda superficial y estéril, envenenada con lenguaje de odio hacia quien no baja la cabeza ante el poder. Seguir a los mártires es un camino seguro de desarrollo humano y de civilización humanista y humanizadora.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, es imposible callar ante las imágenes de los horrores que están sufriendo los palestinos de la Franja de Gaza. Sin embargo, es fácil decir algo erróneo si no se comprende la complejidad de un conflicto histórico y asimétrico. Sacar cuentas rápidas tomando partido por uno de los actores es lo más sencillo y simplista, pero lamentablemente lo más común. Emitir un juicio culpando solo a Hamás de las atrocidades cometidas por Israel en Gaza porque aquel atacó primero, es tener memoria corta. Nunca el asesinato de civiles es justificable. Las muertes ocasionadas por Hamás merecen condena. Usar el terrorismo como arma política, asesinar a cientos de inocentes a sangre fría y grabar los ataques y transmitirlos en las redes sociales pretendió dar un salto en la espiral de violencia y sangre en la que están atrapados palestinos e israelíes. Pero no abordar la historia de este conflicto, no reparar en la negativa sistemática de Israel a cumplir los acuerdos de Oslo de 1993, es un craso error y una afrenta al sufrimiento del pueblo palestino. Estos acuerdos fueron firmados entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), con el respaldo de Estados Unidos y Rusia, para ofrecer una solución permanente al conflicto entre ambas naciones. Los 17 artículos del acuerdo marcaban el camino a seguir para la consecución de un Estado palestino y un Estado israelí conviviendo en paz. Se pactó, por primera vez, el establecimiento de un gobierno palestino de carácter permanente y de un consejo electo por la población de Cisjordania y de la Franja de Gaza para un período de transición de no más de 5 años. Para llevar a buen término esto se requería del cumplimiento de las resoluciones 242 y 338 de 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecían la retirada de las fuerzas armadas israelís de los territorios ocupados por Israel. Israel no solo se ha negado a cumplir estos acuerdos sino que ha ido ocupando progresivamente territorios de Palestina. A comienzos del siglo XXI, Israel bombardeó el puerto y aeropuerto de Gaza; en 2005, retiró las colonias israelíes de la Franja; y en 2007, decretó un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que ha restringido gravemente las importaciones y las exportaciones, la circulación de las personas dentro y fuera de Gaza, el acceso a atención sanitaria y educación, y los medios de subsistencia, incluidas las tierras agrícolas y la pesca. Fue en ese contexto que, en 2006, el grupo radical Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) ganó las elecciones e instauró un gobierno autoritario. Tras más de 15 años de bloqueo, el historiador israelí Ilan Papé califica la situación de la Franja como “la cárcel al aire libre más grande del mundo”. Israel no solo cerró el territorio, sino que ha realizado cruentas operaciones militares en Gaza en los años 2008, 2012, 2014 y 2022. Los gazatíes no puede realizar actos que son rutinarios en cualquier otro país, como ir al médico, celebrar cumpleaños, comer, dormir. Cualquier movimiento fuera de la Franja deber ser autorizado por Israel. El sometimiento de los palestinos ha sido calificado por el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos en estos territorios como un régimen de apartheid. Su homólogo para el derecho a una vivienda adecuada llegó a la misma conclusión, y también Amnistía Internacional. Un mes después del ataque de Hamás a Israel que causó 1,400 muertes y la toma de 240 rehenes, Israel bombardea Gaza día y noche, lo que ha ocasionado hasta el momento casi 11 mil muertes; entre ellos, miles de mujeres y niños. Un vocero de la Organización Mundial de la Salud afirmó que diariamente mueren 160 niños en Gaza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha informado que, en un mes, más de dos de cada tres habitantes de Gaza han sido desplazados de sus hogares, lo que significa condiciones de vida inhumanas para casi millón y medio de palestinos. La población está muriendo por la falta de agua, alimentos y atención médica. Nada puede justificar el horror que sufren los civiles en Gaza. En realidad, el conflicto histórico entre Palestina e Israel es una lucha de David contra Goliat. No solo porque los 360 kilómetros cuadrados de extensión de la Franja de Gaza caben más de 55 veces en Israel (20,700 kilómetros cuadrados), sino porque el producto interno bruto de Israel es de 488,500 millones de dólares, frente a los 5,407 millones de Palestina. Además, el ingreso per cápita de un israelí es 50 veces mayor que el de un palestino. Y ni hablar del poderío militar de Israel, que multiplica decenas de veces al de Palestina. En una época supuestamente civilizada y anclada en el cumplimiento del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, es vergonzosa la falta de reacción de la comunidad internacional ante la ofensiva de Israel en Palestina. Quienes apoyan dicha ofensiva deberían entender el axioma elemental de que

El presidente Bukele y su vicepresidente ahora son también candidatos para ocupar inconstitucionalmente esos puestos un segundo periodo. Se desempeñarán como tales hasta que aquel no disponga otra cosa. Ambos fungirán simultáneamente como jefes del poder ejecutivo y como candidatos, porque los artículos constitucionales ocultos, descubiertos por sus asesores jurídicos, no contemplan esa circunstancia. La Constitución tampoco, dado que excluye claramente la reelección. El desempeño combinado de la dirección del poder ejecutivo y la candidatura no es una coincidencia inocua, dado el inmenso poder atribuido al presidente. Es así como estos dos funcionarios ya hacen campaña electoral, uno como presidente y el otro como vicepresidente, sin molestarse en distinguir cuándo actúan en una u otra condición. Los dos comparecieron ante la autoridad electoral como funcionarios y candidatos para inscribir sus respectivas candidaturas. Más como lo primero que como lo segundo, a juzgar por el uso de los recursos públicos en un acto eminentemente partidario. Por tanto, su comparecencia está reñida con sus atribuciones gubernamentales. La campaña electoral de estos funcionarios comienza con una ventaja considerable sobre sus contrincantes, que no disponen, ni de lejos, de semejantes recursos. Un hecho más que vicia su reelección. En la práctica, las elecciones de 2024 no son más que un trámite para justificar malamente una institucionalidad democrática inexistente. Una vez decididos a reelegirse, a pesar de ser inconstitucional, la decencia aconsejaba renunciar a los cargos antes de inscribirse como candidatos. Pero una mezcla de ambición y desconfianza impide que Bukele abandone el puesto de mando en otras manos. No confía en sus allegados como para dejarles el poder hasta el 1 de junio del próximo año. Su vicepresidente, un accesorio de la coreografía, no puede ser menos. Permanece en el elenco porque ha desempeñado satisfactoriamente el papel asignado por las guionistas de Casa Presidencial. Su exploración en las profundidades de la Constitución para dar con los artículos escondidos no ha sido poca cosa. Si al final, Bukele tiene a bien interrumpir el ejercicio de la presidencia para cumplir con la formalidad de introducir un intervalo entre lo que han dado en llamar el primer y el segundo periodo, es muy dudoso que su sustituto goce de independencia para gobernar. El designado deberá responder ante la sociedad y la ley por unas decisiones impuestas por Bukele y sus socios. Esto ya ocurre en otros niveles de la dictadura. La alcaldía de Soyapango, cuya alcaldesa fue fulminada y encarcelada por ir demasiado lejos, es ahora gobernada por la comisionada presidencial. Esta funcionaria, cuya ética ha sido cuestionada, ha anulado al consejo municipal con la conformidad y colaboración de sus integrantes. La dictadura no puede arriesgarse a que el municipio más poblado de San Salvador sea gobernado de forma independiente, tal como ordena la ley. Si esto ocurre en Soyapango, con mucha mayor razón en el ámbito nacional. Un sustituto independiente en la presidencia es demasiado riesgo para los Bukele. No vaya a ser que se le suban los humos y se quede con el mandado. La única promesa reelectoral conocida de Bukele es la conservación del estado de excepción. Es él o el caos. La dictadura se asienta cada vez más en el miedo a la anarquía social. Pero ese dilema es falso. Las pandillas crecieron y se consolidaron porque les permitieron que pasara, incluso el mismo Bukele. No solo las toleraron, sino también pactaron con ellas para mantener las apariencias de una buena gestión gubernamental. Además, la represión no es tan eficaz como aparenta Bukele. Sin embargo, su campaña reelectoral descansa en el terrorismo estatal. Nada extraño, dado que esa es la razón fundamental de su popularidad. La eficacia del terror está probada históricamente desde 1931. En ese entonces, el miedo al comunismo dejó a la sociedad a merced de los caprichos de la oligarquía y los militares. Comunismo era cualquier reforma al orden establecido. En el orden de Bukele, el miedo a las pandillas tiene a la gente a sus pies. Más allá del terror, Bukele tiene muy poco que ofrecer por falta de recursos humanos y financieros. La incompetencia es manifiesta en el sinnúmero de obras emprendidas, pero no concluidas; prometidas, pero no realizadas; o ejecutadas y malogradas. Tampoco dispone de fondos para cubrir los gastos de funcionamiento. Casi la cuarta parte del presupuesto la destina a pagar una deuda que, en lugar de disminuir, tiende a crecer. En su segundo mandato, rozará el 80 por ciento del producto interno bruto si no se presentan catástrofes medioambientales, a las cuales el país es muy vulnerable. La baja inversión, el débil crecimiento de la actividad económica, la disminución del ingreso y el aumento del gasto y la corrupción tienden a elevar aún más la deuda. Estas estrecheces no dejan mucho margen para otra cosa que no sea represión y terror.

El precio varía dependiendo del tamaño de la bóveda o de la actividad que les pidan, así como de los materiales que requieran para su remodelación y limpieza. De igual forma, los vendedores de arreglos florales y ornamentos mencionaron que fue un buen día de ventas, sus productos cuyos precios oscilan entre los 2 y los 10 dólares fueron bien recibidos por la población. Entre los productos que más se venden este día están las flores naturales, las coronas y las flores artificiales. Los familiares que deciden limpiar por cuenta propia también mencionaron la importancia de recordar a los seres queridos y hacer algo por ellos, incluso tras la muerte. Uno de los visitantes mencionó que tuvo que trasladar los restos de su familiar a otro lugar a petición de la alcaldía. Sin embargo, aceptan el cambio de lugar por amor a sus seres queridos y para tener un espacio donde recordarlos.

Después de la fundación de las primeras ciudades salvadoreñas, con un impecable trazado cuadrangular de calles y organizadas en torno a la iglesia, el parque central y la alcaldía municipal, el crecimiento urbano se ha caracterizado por la improvisación, por la falta de planificación. Por ello, la mayoría de las grandes ciudades del país han crecido de forma desordenada y sin tener en cuenta las necesidades de sus habitantes. Cuando más grande es una zona urbana, más se sienten los inconvenientes generados por esa falta de planificación, lo que es especialmente evidente en el área metropolitana de San Salvador, que por su tamaño y número de habitantes se ha convertido en una urbe inhóspita, caótica y con altos niveles de vulnerabilidad. Son muchos y variados los problemas que caracterizan al gran San Salvador. Uno de los más sentidos, el pésimo servicio de agua potable; el agua no llega a muchas colonias con la cantidad, la calidad y la frecuencia necesarias. En segundo lugar, los recurrentes problemas con la recolección de los desechos sólidos por el ineficiente servicio que prestan las municipalidades, en particular en las zonas más populares. Además, son escasas las zonas verdes y recreativas, espacios fundamentales para el bienestar, la calidad de vida y el esparcimiento de la gente, más aún ante la elevación de las temperaturas por el cambio climático. Por otra parte, la movilización en el área metropolitana de San Salvador es uno de las principales dolores de cabeza de sus habitantes. En los últimos años, el tráfico se ha ido haciendo tan pesado que obliga a que casi cualquier desplazamiento fuera de la zona inmediata de residencia sea cuestión de horas. El transporte colectivo, factor clave en una gran ciudad, es en general desorganizado e insuficiente; la mayoría de unidades no tienen las condiciones para viajar con comodidad y no circulan con la frecuencia requerida, lo que obliga a los pasajeros a ir hacinados. Al no tener preferencia de circulación sobre los vehículos particulares, el transporte colectivo es mucho más lento que aquellos. Y la densidad del tráfico genera altos niveles de contaminación. A los problemas anteriores se suma el riesgo de inundación en muchos lugares del área metropolitana, especialmente a las orillas de quebradas y ríos, y en las zonas bajas. La falta de una canalización adecuada de las aguas lluvias y de mantenimiento a la red tragantes y tuberías multiplica las cárcavas, algunas de tal tamaño que amenazan con tragarse a conjuntos residenciales. Ante esta situación resulta obligatorio plantearse algunas preguntas clave: ¿qué acciones estratégicas tiene pensado implementar el Gobierno para mejorar la calidad de vida en el área metropolitana?, ¿existe un plan maestro de ordenamiento territorial que evite y corrija lo errores cometidos hasta la fecha? y, en definitiva, ¿hay interés real por trabajar para el desarrollo urbano sostenible? La planificación es crucial para la expansión ordenada de las ciudades; ciudades que hagan más fácil y agradable la vida de las personas y que provean los servicios esenciales. Son los planes urbanísticos pensados de forma integral los que permiten invertir con eficacia en edificios y servicios de transporte, energía, agua y desechos eficientes, y transitar hacia modos de desarrollo urbano socialmente inclusivos y sostenibles. Según ONU Habitat, “las ciudades más densas y mejor conectadas, diseñadas para estar más abiertas a los elementos, podrían mejorar el bienestar y los intercambios sociales y económicos mientras economizan el asfalto, el hormigón, la electricidad y el agua que actualmente se consume en extender los centros urbanos contemporáneos”. Es clave que las autoridades tomen nota de esta recomendación para no repetir la situación del gran San Salvador en otros centros urbanos que están creciendo a lo largo de la geografía nacional; en definitiva, para no seguir caminando en contra de lo que indican los expertos y necesitan las personas.

Hay “una situación de miedo” al interior del Tribunal Supremo Electoral sobre el proceso de inscripción de las candidaturas presidenciales para los comicios de 2024. Así lo afirmó en entrevista televisiva el magistrado del TSE, Julio Olivo. Esto lo manifiesta en el momento en que la máxima autoridad electoral analiza las solicitudes de inscripciones de las candidaturas presidenciales del otro año, entre estas la del presidente Bukele que fue presentada el pasado 26 de octubre. Esto ha generado polémica porque el mandatario actual solicitó la inscripción de su candidatura presidencial, pese a que la Carta Magna se lo prohíbe. El magistrado habló de la resolución emitida el 3 de septiembre de 2021 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impuesta por el oficialismo en la que se habilitó al presidente actual a participar en los próximos comicios. Expertos señalan que este fallo no tiene validez. Olivo remarcó que mantendrá su postura sobre la candidatura del presidente actual.

Hablar de libertad religiosa parece asunto del pasado, pero el tema es actual en Nicaragua y lo ha sido recurrentemente en muchos países latinoamericanos. En El Salvador, se está iniciando el proceso de beatificación como mártires de 47 personas (laicos, religiosas y sacerdotes), lo que es un signo de que hasta hace relativamente poco tiempo la libertad religiosa era seriamente golpeada. Hoy, después de algunos años en que este derecho parecía ser respetado, surge de nuevo la preocupación, pues se observan tendencias autoritarias, desprecio a las leyes, violación sistemática de tratados internacionales de derechos humanos e interpretaciones arbitrarias de la Constitución. El 27 de octubre, Día Internacional de la Libertad Religiosa, nadie habló de ella, pese a que el autoritarismo y la arbitrariedad legal no suelen respetarla, pues está muy relacionada con la libertad de conciencia, pensamiento y expresión. La causa de fondo de las violaciones al derecho a la libertad religiosa se encuentra en la función profética de la fe cristiana, que lleva a denunciar injusticias, exigir respeto a la dignidad humana y anunciar un mundo diferente, en el que no haya explotación y donde los seres humanos vivan en fraternidad y amistad social. La profecía está siempre en las Iglesias al servicio de la actualización del mensaje de Jesús de Nazareth. La condena moral de la explotación, del autoritarismo represivo, de la corrupción, del abandono de multitudes en pobreza termina molestando a los regímenes autoritarios, especialmente cuando buscan perpetuarse en el poder. Así ocurrió en el pasado y así pasa en Nicaragua en la actualidad, país donde crece el ya abultado número de personas exiliadas, desterradas, privadas de su nacionalidad y encarceladas; entre ellas, un buen grupo de sacerdotes y religiosas. A los que quedan en libertad ni siquiera se les permite rezar públicamente por el obispo Rolando Álvarez, verdadero preso de conciencia y víctima de persecución religiosa. En El Salvador, la libertad religiosa peligra. Una de las señales más evidentes de ello es el odio que desde las redes sociales se lanza contra toda persona, sacerdotes incluidos, que públicamente critica acciones o decisiones del Gobierno. Como dice la ONU, los mensajes de odio pueden convertirse fácilmente en delitos de odio. Además, debe tenerse en cuenta que la libertad religiosa es más amplia que la pura confesión pública de la fe o el derecho a organizar o participar en actos religiosos. En la interpretación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad religiosa incluye el derecho a promover las doctrinas sociales y políticas vinculadas a la visión teológica de una comunidad religiosa. En el caso del cristianismo, el Evangelio y el Nuevo Testamento en general tienen un contenido social crítico que a todo cristiano le corresponde actualizar en su época. Denunciar responsabilidades sociales o políticas de males o injusticias es, además de un deber, un derecho. Lo único que con respecto al tema prohíbe el sistema latinoamericano de derechos humanos es el fomento del odio religioso. Y eso debería estar prohibido también por todas las Iglesias. La libertad religiosa, en la medida que busca el bien común y la justicia social, implica siempre un beneficio para las naciones y su gente.

El papa Francisco no pensaba solo en El Salvador de Bukele cuando comentó a un medio argentino sobre las crisis políticas que sacuden en la actualidad a América Latina y a otros continentes. Pero sus comentarios, valientes y lúcidos, invitan a reflexionar sobre la realidad salvadoreña. El papa reconoce la existencia inevitable de esas crisis. Pero ese no es el problema, sino el no saber resolverlas, porque, en estos casos, las sociedades tienden a buscar “un mesías que venga a salvarnos de afuera”. La gente se aferra a los milagros y los mesías con la expectativa de que resuelvan las crisis de forma mesiánica. Pero ese empeño, advierte el papa, es irreal, porque “el mesías es uno solo y nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo”. En segundo lugar, porque “ninguno puede prometer la resolución de los conflictos, si no es a través de las crisis”, ya que ellas disparan las alarmas. Las crisis no solo son inevitables, sino necesarias para avanzar. La cuestión no es, entonces, eludir las crisis, sino saber identificar el conflicto que las causa para enfrentarlo y resolverlo. La mejor manera, según el papa, es ir “hacia arriba” y no ir solo. Aquí el papa se refiere a la imagen del árbol y sus raíces, una de sus comparaciones preferidas. Las raíces, en plural, captan la humedad y los nutrientes de la tierra, y los lanzan hacia arriba, a través del tronco, hasta alcanzar la copa del árbol. Si esa conexión se interrumpe, el árbol se seca. Los conflictos no se superan desde la soledad del poder, sino desde el arraigo firme en quienes los sufren. Las raíces refieren también a la tradición, en el buen sentido. La tradición, continúa el papa, constituye a la persona y la sociedad. Sin ella, la vida no es viable. “Todos tenemos una tradición, todos tenemos una familia, todos nacimos con la cultura de un país, una cultura política”. Por tanto, la resolución de los conflictos pasa por hacerse cargo de esa tradición. Por eso, Francisco insiste en la relación entre las personas mayores y los jóvenes, entre los abuelos y los nietos. La experiencia y la sabiduría de la edad enriquecen la iniciativa y la creatividad de los jóvenes. Y el ansia de vida y la alegría de estos rejuvenecen a aquellos. Los mesías, en cambio, pretenden romper con la tradición para erigirse en seres inimitables. Sin embargo, agrega el papa, “las rupturas no son buenas. O se progresa por desarrollo o terminamos mal. Las rupturas te dejan fuera de la savia de un desarrollo”. Secan el árbol, que luego tiran y convierten en leña. Los flautistas, previene el papa, reniegan de la tradición, desarraigan el árbol y confunden, alegando que hacen todo nuevo y único. En realidad, esconden los conflictos, que se enconan y suscitan crisis incesantes. Estos políticos, según el papa, son como “el flautista de Hamelin, que tocan la flauta, vos crees que todo es flauta, vas allá y todos se ahogan”. Y agrega: “Yo les tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin, porque son encantadores. Si fueran de serpientes, los dejaría, pero son encantadores de gente… y las terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, son redentores hechos de un día para el otro”. Las crisis deben gestionarse con sabiduría, “son como voces que nos señalan dónde hay que proceder”. Sin embargo, añade el papa, a veces “falta esa capacidad de gestionar las crisis y de hacer aflorar la propia cultura”. Desecharla es desarraigar la sociedad e inhabilitarla para responder creativamente. Las crisis se superan desde abajo hacia arriba, desde las raíces hacia las alturas. No al revés, porque entonces la savia de la vida no circula. Los mesías reniegan de la tradición, de la cultura y, en definitiva, de la identidad popular para apropiarse más fácilmente de la sociedad y colocarla al servicio de sus delirios de grandeza. Desde otra perspectiva, las crisis actuales muestran la ausencia de “protagonistas de humanidad”, que hagan ver a los abandonados y los desesperados su poder para transformar la inhumanidad prevaleciente en solidaridad y compasión. El mesías solitario y endiosado es incapaz de infundir humanidad donde hay barbarie. A este propósito, el papa tiene a bien recordar que “explotar a la gente es uno de los pecados más graves” y, por tanto, uno de los pecados del mundo que debe ser quitado. “Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino también el que explota a una persona”. La sociedad verdaderamente humana cuida de la viuda, del huérfano y del extranjero. “Si una sociedad cumple estas tres cosas”, señala el papa, “anda fenómeno, porque se hace cargo de situaciones límites” y “si se hace cargo de las situaciones límites, lo hará con las otras también”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Olvidar a los pobres es difícil, porque abundan, están siempre presentes. Sin embargo, abunda también una cultura que trata sistemáticamente de negarlos o invisibilizarlos. Se crean residenciales exclusivas, zonas, comercios y lugares de diversión donde la gente puede moverse sin riesgo de toparse con la pobreza. Se mantienen salarios deficientes y las instituciones de protección social excluyen a grandes sectores de la población. Pocos se preocupan de que el Estado no tenga una política eficiente y decidida de lucha contra la pobreza. Los políticos hablan de grandes obras que generarán riqueza, pero rara vez corrigen las desigualdades injustas ya establecidas. Los presupuestos nacionales muestran la indiferencia ante los pobres. Incluso los programas existentes para superar la pobreza son los que más fácilmente sufren recortes en beneficio de otras actividades. A pesar de lo difícil que es olvidar a los pobres, los factores culturales que llevan a despreciarlos han tenido el predominio suficiente como para que una tercera parte de la población permanezca en la pobreza y otra cantidad más o menos igual esté en riesgo de caer en ella. En El Salvador, los gestos de olvido de los pobres se repiten con frecuencia. De hecho, la pobreza se mantiene alta y la inversión en la lucha contra la pobreza ha venido descendiendo. El hecho de que los impuestos regresivos tengan en la práctica más importancia y apoyo estatal que los impuestos progresivos es otra señal de indiferencia ante las necesidades de los pobres y una especie de mecanismo para hacer más ricos a los ricos mientras muchos pasan necesidad. A sabiendas de que la alimentación que se da en las escuelas ha bajado de nivel y cantidad, a la hora de transferir dinero a Hacienda para pagos, se le quita al Ministerio de Educación mucho más que a otras dependencias. Al campesinado, en vez de darle protección y apoyo para garantizar la seguridad alimentaria del país, se le mantiene en una situación que impulsa sistemáticamente a la migración hacia las ciudades o hacia el exterior. Las empresas constructoras de viviendas de clase media no tienen reparo en controlar el agua de los lugares donde establecen sus proyectos residenciales y privan de su derecho a los campesinos y a la población del entorno. A la cárcel van sobre todo los jóvenes de las colonias marginales, muchas veces sin garantías judiciales de que tengan pronta y debida justicia. Olvidar a los pobres es permanecer en el subdesarrollo, tanto económico como moral. Un país que no apuesta con energía por vencer la pobreza mantiene una violencia estructural que genera diversas formas de sufrimiento. Cierto tipo de migración, la corrupción, la desigualdad, la violencia e incluso el autoritarismo son fruto de la violencia estructural. También la rebeldía primitiva que opta por la violencia delictiva que tanto daño ha causado en el país. Con frecuencia, los gobernantes prefieren el espectáculo y la propaganda, las grandes obras que dan apariencia de desarrollo, mientras en paralelo ocultan la pobreza. Si no se invierte en los pobres, si no se les apoya, las grandes obras será insuficientes. Revisar el funcionamiento del Estado, teniendo como prioridad la superación de la pobreza, es la única manera de tener un futuro en el que la fraternidad, la paz y el desarrollo caminen de la mano.

Todos sabemos que el machismo continúa siendo una plaga en El Salvador. Basta recordar las miles de niñas embarazadas, las denuncias de agresiones contra la mujer, físicas y sexuales, y últimamente los ataques a mujeres con personalidad propia, profesionales e independientes, que ejercen su derecho a la crítica. A unas se las maltrata, y a las que no se dejan abusar y tienen más neuronas y personalidad que los maltratadores, se les insulta o calumnia. Aunque esto último sea mucho menos grave que una violación, deja testimonio de la bajeza y cobardía de algunos hombres que, cuando no pueden abusar físicamente, se dedican a insultar o a mentir contra las mujeres que son autónomas en su pensamiento, en su acción y en su crítica social. La cobardía de esos individuos, que con frecuencia se esconden en las redes virtuales, contrasta con la capacidad de las mujeres de resistir los insultos y amenazas, y continuar trabajando desde su coherencia personal. A todos nos ha escandalizado la brutalidad del pasado, cuando en las masacres no se dudaba en asesinar a mujeres embarazadas, ancianas o enfermas. Odiar a la mujer es probablemente la muestra más evidente de una masculinidad enferma y cobarde. Y si el lenguaje de odio es siempre un lenguaje de personas traumadas, sean hombres o mujeres quienes lo utilizan, esas mismas expresiones, cuando se vuelcan contra la mujer, terminan siendo lo más miserable e indigno. Los países con mayor desarrollo humano han logrado equiparar en derechos y en funciones a hombres y mujeres. Y es lógico, pues cuando toda la población asume sin distinciones de género la participación en la economía productiva, en el debate público, en la política o en los servicios sociales, la cohesión social crece, el respeto mutuo aumenta y se pueden asumir más fácilmente proyectos de realización común que beneficien a todas las personas. Lamentablemente, a pesar de las normas existentes que protegen a la mujer y los relativos avances habidos después de la guerra civil, el déficit en el respeto a la mujer permanece con síntomas graves entre nosotros. Pero nadie se plantea que ese déficit sea una de las causas de nuestras dificultades a la hora de conseguir un desarrollo equitativo. El machismo es y ha sido siempre una de las expresiones más nefastas dentro de la tendencia humana a dividir el mundo en superiores e inferiores. Y es, además, la que con mayor frecuencia se naturaliza, contra toda evidencia científica. El hecho de que entre los seres humanos el macho tenga generalmente más fuerza física que la hembra no lo hace superior. La racionalidad, los sentimientos generosos y solidarios, la capacidad de juicio que distingue entre lo bueno y lo malo, la conciencia que nos ayuda a optar por lo bueno son las dimensiones humanas que construyen a la persona y le dan su dignidad. La fuerza bruta es un atributo animal que ni siquiera en los animales salvajes se utiliza contra la hembra. Mal utilizar la fuerza física contra la mujer no solo rebaja la dignidad del más fuerte, sino que lo convierte además en un animal degenerado. Atacar en las redes con insultos o mentiras a las mujeres, lo haga quien lo haga, es continuar con ese mismo espíritu degenerado que dificulta gravemente el desarrollo humano e impide la cohesión y amistad social necesaria para el pleno respeto a la dignidad humana.

Que la OEA emita una resolución contra el Gobierno de Nicaragua no es nada nuevo; ya son muchas y nulo el efecto que han causado en la dictadura, que sigue desafiando todo tipo de límite. La liberación de algunos presos políticos con la condición de volverlos apátridas sirve para las apariencias y para despejar el camino de voces críticas al interior de Nicaragua; es decir, está en el ámbito de lo esperable en un régimen como el de Ortega-Murillo. Lo que sí resulta llamativo es la actuación de El Salvador en este contexto. En su resolución más reciente, firmada el 11 de octubre y titulada “Rechazo a las medidas represivas del Gobierno de Nicaragua contra instituciones educativas y la Iglesia católica en ese país”, la OEA condena el cierre de la UCA de Nicaragua y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, y expresa su preocupación por el encarcelamiento arbitrario de sacerdotes, como el obispo Rolando Álvarez, así como por la expulsión del país de decenas de clérigos nicaragüenses y extranjeros. Sin embargo, El Salvador no firmó la resolución argumentando principios de derecho internacional; en concreto, el de no intervención ni injerencia en asuntos internos de otro Estado. Como se sabe, la abstención es el mecanismo para apoyar solapadamente a un Gobierno cuestionando. En esto, en la posición sin ética ni coherencia frente a lo que pasa en Nicaragua, coincide la actual administración con las del FMLN. Sin embargo, la postura de Bukele no siempre fue esa. En su campaña electoral, el entonces candidato calificó a Nicaragua de dictadura y, por esa razón, no invitó a Daniel Ortega al acto de toma de posesión. En su resolución del 12 de noviembre de 2021, la OEA descalificó las elecciones en las que se impuso Ortega por considerar que no fueron libres, ni justas, ni transparentes y que, por tanto, no tenían legitimidad democrática. El Gobierno salvadoreño fue uno de los 25 países, de los 34 que conformaban la OEA, que suscribió esa resolución. El cambio vino en agosto de 2022. Ese mes, la OEA emitió otra resolución condenando el hostigamiento a la Iglesia católica, la persecución a la prensa y a las ONG, y exigió al Gobierno de Ortega que liberara a los presos políticos. Sin embargo, El Salvador se abstuvo de firmarla. En junio de 2023, la OEA sacó una de las resoluciones más unánimes sobre Nicaragua: 32 de los 34 países, incluyendo El Salvador, constataban el agravamiento de la crisis política y humanitaria, y expresaban preocupación por un escalamiento en la represión. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la ética y decencia, lo de Nicaragua es indefendible. Más de 220 periodistas nicaragüenses están en el exilio; la dictadura ha cancelado a 3,390 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas más de 20 universidades, según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta hace unos días, más de 10 sacerdotes estaban encarcelados arbitrariamente. Además, se canceló la personería jurídica de los jesuitas y se confiscó su patrimonio; se expulsó a cerca de medio centenar de religiosas y sacerdotes; se prohibieron celebraciones religiosas; se clausuró al partido indígena Yatama y se encarceló a dos de sus dirigentes, y un largo etcétera de excesos y violencias. Entonces, ante una realidad tan evidentemente injusta, ¿por qué el gobierno de El Salvador no muestra una posición firme? Es claro que la volatilidad es una característica esencial de las posturas presidenciales. Bukele hoy dice una cosa y mañana hace o dice lo contrario. En campaña prometió aumentar el Fodes para los municipios, pero siendo presidente lo redujo al mínimo. También en campaña dijo que su corazón estaba a la “izquierda”, pero el 13 de marzo de 2019, recién elegido presidente, en la fundación Heritage en Washington, se declaró seguidor de los principios neoliberales y calificó a China de injerencista y no democrática. Ya como presidente, su discurso contra el gigante asiático desapareció. Dijo que iba a perseguir a los corruptos en su Gobierno, pero a los señalados de su partido los protege. El discurso del Gobierno es, pues, una caña movida por el viento de la conveniencia. Los principios y valores, si es que los tienen, quedan en un plano muy secundario; lo que pesa son los intereses y ambiciones, y no precisamente los del pueblo salvadoreño.

Los habitantes de La Campanera han experimentado con dolor e impotencia la fragilidad de la seguridad de Bukele. La desaparición y el asesinato de una menor ponen en evidencia que el control del territorio es relativo. De hecho, este no es el único asesinato ocurrido en estos días, pero es el que más ha agitado las redes digitales. Tal vez porque ocurrió en las narices de la Policía, o porque el crimen se dio en una colonia que varios altos funcionarios saludaron como “más segura que Canadá”, o porque la víctima es una menor. Sea lo que sea, el hecho ensombrece la publicidad electoral de Bukele. Este crimen desenmascara su discurso sobre la seguridad. El encarcelamiento masivo de pandilleros dejó un vacío que su institucionalidad no ha podido llenar. El espacio abandonado ha sido ocupado paulatinamente por el crimen común. Las pandillas lo mantuvieron a raya, pero la débil e incompetente institucionalidad de Bukele no puede contenerlo. Tampoco parece interesarle, excepto porque su actividad cuestiona el lema de su reelección: el país es seguro y está en paz. Intentó ocultar el revés de La Campanera haciendo del crimen común un acto terrorista, ejecutado por pandilleros. Pero, en cuestión de horas, su propia Policía lo desautorizó. Presentó a un vecino contra quien alegó tener “pruebas documentales, testimoniales y científicas” de ser el autor del crimen. La contradicción es solo una muestra del desconcierto de la seguridad. Bukele lanzó a miles de soldados con armamento pesado para capturar a terroristas inexistentes. En cualquier caso, ese despliegue militar no es apto para perseguir un crimen común, sino para pelear en un frente de guerra real como los del Medio Oriente. En un primer momento, capturaron a la madre de la menor, acusándola públicamente de “descuido y desamparo”, y a dos vecinos más. Ninguno fue imputado, sino un cuarto vecino. Encarcelada, la madre no pudo asistir al sepelio de su hija. El régimen de excepción recorre vecindarios y colonias populares a ciegas. En este caso, además, llegó demasiado tarde. La organización comunitaria fue más eficaz que sus agentes para buscar y localizar el cadáver de la niña. Estas no son las únicas torpezas de la seguridad de Bukele. Es humanamente imposible que el contralmirante y los jefes policial y de seguridad hayan podido reunir “prueba testimonial, documental y técnica científica” veinticuatro horas después de hallado el cuerpo sin vida de la menor. Tampoco pueden afirmar con verdad, poco después de efectuada la cuarta captura, que “el móvil del asesinato comienza con una intención sexual, que deriva en asesinato”. Los jefes de la seguridad se contradicen, exageran y mienten fríamente para salvar la cara de su jefe. En aclaraciones como “no vamos a tolerar a este tipo de salvajes dentro de nuestras comunidades. […] El compromiso como gobierno con la comunidad Reparto La Campanera es que este salvaje no va a regresar nunca” o amenazas como “los vamos a mostrar descalzos, encadenados, para que la población sepa de quiénes se trata” resuenan la impotencia y la frustración de unos funcionarios derrotados por su ineptitud. Les preocupa más el ridículo que hacen que el sufrimiento de las víctimas. Los vecinos de La Campanera no son ingenuos. La presencia de “los tres magníficos” de la seguridad de Bukele no los impresionó. Saben que se trata de “un efecto demostrativo”. Asimismo, lamentan el retiro del retén que controlaba la circulación en la colonia, porque desde entonces apareció “gente rara”, y la negligencia de los policías responsables de su seguridad, que les negaron ayuda. Sin pretenderlo, su queja revela la inviabilidad de los despliegues militares a mediano y largo plazo. Desde otro ángulo, una voz policial anónima expone la razón de la apatía de los agentes destacados en la colonia: no auxiliaron a los vecinos desesperados porque no habían recibido una orden superior, y si actuaban por su cuenta, se arriesgaban a ser desautorizados por sus jefes. Los pandilleros no son la única amenaza para la población, tal como lo muestra la proliferación del robo y del crimen común. El gran error político de Bukele es haberlos absolutizado con la idea de imponer un orden nunca antes experimentado. En los vecindarios populares, el crimen acecha a sus habitantes. La solución no son los despliegues militares, un insumo muy apreciado por la imaginería presidencial, pero ineficaz para contener el crimen común. Este se enfrenta con inteligencia e investigación policial, tareas poco apreciadas, porque no dan brillo a la campaña de la reelección presidencial. El descontrol de la delincuencia común le puede costar caro. Un crimen similar al de La Campanera durante un evento como el de las mises, diseñado para ratificar el lema de la reelección, puede dañar irreparablemente la cuidada imagen presidencial. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La comunidad de países reunida en Naciones Unidas tiene décadas de proponer acciones para la erradicación de la pobreza en el mundo. Primero, los Objetivos del Milenio plantearon que en el año 2015 se erradicaría la pobreza extrema y el hambre. Evidentemente, la propuesta no se hizo realidad, pero durante esos años hubo una disminución significativa del número de personas afectadas por esos males, lo que generó la esperanza de que con más y mejores esfuerzos se llegaría a la meta en un futuro cercano. En 2015, los países de la ONU acordaron una agenda de desarrollo sostenible, en la cual se fijó 2030 como nuevo año tope. Sin embargo, la realidad muestra que si todo sigue como hasta ahora, la meta trazada será muy difícil de cruzar. La pandemia, los conflictos bélicos crecientes, el impacto del cambio climático y los altos precios de los alimentos son factores que han impactado negativamente en las economías familiares y que han hecho crecer en los últimos cuatro años el número de personas que padecen hambre, alcanzándose la cifra de 250 millones de personas. Respecto a la situación de pobreza, los datos tampoco son alentadores: el PNUD señala que al cierre de 2023, 1,100 millones de personas vivirán en pobreza (el 18% de la población mundial). La tendencia se repite en El Salvador: la pobreza extrema afecta ya al 10.8% de la población rural y al 7.5% de la urbana, de acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Es fácil tomar una actitud derrotista y afirmar que no es posible eliminar el hambre ni la pobreza. Ceder a esa tentación significaría condenar a cientos de millones a unas condiciones de vida terriblemente precarias y vulnerables, y aceptar que la sociedad global no es capaz de brindar un futuro digno. Para no perder la esperanza, es importante contar con una perspectiva histórica: entre 1990 y 2015, la pobreza extrema pasó del 36% al 10% del total de la población mundial. Lo mismo ocurrió en El Salvador: si a inicios de la década de 1990 el 28.2% de los hogares salvadoreños vivía en pobreza extrema, en 2018 la cifra fue del 5.8%, el nivel más bajo de la historia nacional. Precisamente para no caer en la derrota, el 17 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, Naciones Unidas hizo un llamado a redoblar esfuerzos: “La celebración de este año es una oportunidad para solidarizarse con las personas que viven en la pobreza, escuchar de verdad sus dificultades cotidianas y renovar los compromisos para crear una economía justa centrada en la protección del bienestar humano y medioambiental por encima de la optimización de los beneficios económicos. El objetivo final es eliminar por completo la pobreza al crear las condiciones para que todas las personas vivan con dignidad”. En un país pobre y necesitado como el nuestro, es imperativo que el Gobierno y los actores sociales y económicos de peso se apunten a esta tarea, dejando a un lado intereses particulares muchas veces mezquinos. Avanzar hacia la justicia social y el bien común en El Salvador debe dejar de ser un eslogan.

Que en casi todo el mundo la mayoría de los políticos mienten con cierta frecuencia es bastante obvio. Pero en El Salvador hemos entrado en una especie de carrera de afirmaciones falsas que desafían la racionalidad e incluso caen en lo ridículo. Decir que somos el país más seguro de América Latina y que simultáneamente necesitamos una decimonovena aprobación del régimen de excepción es un tanto absurdo y contradictorio. El hecho de que queden en el país algunos criminales sueltos no debería necesitar la movilización de miles de militares en las calles, sino una labor de investigación seria y normal de la Policía. Pero parece que después de detener a más de 70 mil personas todavía es necesario restringir derechos constitucionales y violar derechos humanos para luchar con algunos, se supone que pocos, delincuentes aún no detenidos. ¿Tan deficiente es la Policía que no puede trabajar en un contexto constitucional normal? En otros campos tampoco faltan las mentiras. Mientras instituciones internacionales serias hablan de un crecimiento de la economía salvadoreña del 2.1% en el año 2024 y de un aumento peligroso de la deuda, el Gobierno hace malabarismos para decirnos que todo va bien. Y por supuesto, no habla nada de la inequidad en el crecimiento concreto del país, que siempre termina enriqueciendo más a los más ricos. Se dice que las instituciones funcionan simplemente porque admiten y corrigen algunos errores, que en algunos casos son llamados daños colaterales. Daños que se naturalizan y que no implican ningún tipo de indemnización. Se puede poner en boca de otras personas palabras que nunca dijeron o dar datos falsos de nuestra historia sin pedir disculpas y sin reconocer públicamente el error. Se afirma que en el actual Gobierno no hay partidas secretas, pero se impide el acceso a la información de obras y proyectos de inversión pública. Y mientras en Estados Unidos se dice otra cosa, un ministro salvadoreño asegura que el 30% de los criminales investigados por el FBI y acusados en los tribunales logran sentencias exculpatorias, tras pasar varios años en las cárceles. El asombro es todavía mayor cuando las leyes de Estados Unidos prohíben permanecer más de seis meses en prisión preventiva. Y por supuesto, no faltan las afirmaciones tan falsas como cómicas. El poblado maya de Tazumal fue creciendo en construcciones a lo largo de 400 años, desde el año 200 después de Cristo hasta el año 600. Pero un diputado informó recientemente al público que el Tazumal existía desde el año 3000 antes de Cristo. La norma Constitucional que exige que para ser diputado se disponga “de notoria honradez e instrucción” se podrá cubrir con títulos educativos en los referente a lo último, pero afirmaciones como la anterior dejan al título, al titulado y a la instrucción notoria en una situación delicada. Mentir, inventar datos, acusar falsamente puede producir algún efecto favorable durante algún tiempo. Después se convierte en una fuente de desprestigio. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento, los valores, los derechos y deberes de las personas se han universalizado. Al mismo tiempo, el mundo se ha vuelto más multicultural y tolerante. En él, la capacidad de negociar y de buscar intereses comunes da mejores resultados que la dominación y el abuso de poder. Dialogar con la sociedad civil, buscar soluciones justas y que beneficien a todos es imprescindible en una democracia moderna. La jerga política basada en la mentira y la ficción pueden seducir, pero al final lo que queda es fracaso y frustración. Plantear la verdad de la situación económica y social, abrir el Estado a la transparencia informativa, buscar soluciones conjuntas es mejor que imponer caminos desde el poder. Reflexionar un poco más y más sinceramente sobre nuestra realidad es responsabilidad de todos.

Hace ya más de cien años, y ante las guerras de su época, se preguntaba el poeta Antonio Machado: “¿Por qué otra vez el hombre de sangre se emborracha?”. Hoy el mundo atestigua consternado una nueva guerra. El grupo Hamás lanzó una ofensiva contra Israel y la contestación no se hizo esperar. Miles de personas murieron o resultados heridas en la primera semana de esta guerra. De ambas partes se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Hamás mató civiles y secuestró a casi 200 de ellos para usarlos como rehenes, además de lanzar misiles contra objetivos no militares. Israel ha contestado con bombardeos que también han matado civiles y han destruido un gran número de viviendas. La decisión israelí de cortar el acceso al agua y a la electricidad supone también riesgos muy graves de desastre humanitario para la población gazatí. Lo mismo que la orden de desalojo en 24 horas de la zona norte de la franja de Gaza, que supone el éxodo de más de un millón de personas. El Salvador, que pasó por una guerra cruel y sanguinaria, y que logró salir de ella a través del diálogo, debería ser no solo un país pacifista, sino también constructor de paz y promotor de salidas negociadas en casos de conflicto. El problema, y no es de ahora, ha sido la poca capacidad gubernamental de tener una política exterior diseñada en torno a principios éticos claros. El lenguaje guerrerista y despectivo del actual Gobierno aleja todavía más la posibilidad de que El Salvador sea una nación respetada en la promoción de la paz. Una especie de miopía política egoísta, sumada a la incapacidad de aprovechar la historia nacional para defender una política multilateral basada en los derechos humanos, va dejando sin voz al país en el ámbito internacional. El rumbo equivocado de la administración de Bukele en el campo de los derechos humanos convierte a El Salvador en un país sin capacidad de incidencia. Y este papel de mediación en conflictos es más que necesario hoy en día en Centroamérica. En Nicaragua, una dictadura ensimismada espía a sus ciudadanos y persigue, destierra, encarcela y priva de la nacionalidad a cualquiera que haga la más mínima crítica. En Guatemala, un grupo de poder, apoyado en las decisiones arbitrarias de la fiscal general, trata de impedir el acceso a la presidencia de la República al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo. Ese modo de proceder golpista ha levantado la justa cólera de la mayoría de guatemaltecos, sumados en protestas pacíficas por todo el país. Si El Salvador fuera respetuoso de los derechos humanos y del Estado de derecho, tendría magníficas oportunidades de mediar y de impulsar una Centroamérica pacífica. Pero el Estado salvadoreño ha despreciado sus propias posibilidades negándose a construir una ley de justicia transicional que enjuicie adecuadamente los crímenes del pasado y busque la reconciliación. El afán propagandístico de confundir el trabajo policial y judicial con una guerra, y el discurso que justifica o niega fallos hacen que nuestro país se desprestigie y pierda oportunidades. La paz es un derecho de los pueblos; la guerra de agresión constituye siempre un crimen grave. Los principios de proporcionalidad de respuesta a un agravio y de que incluso la guerra defensiva busque la paz justa en vez de la venganza o de la destrucción absoluta del enemigo imponen barreras a la barbarie. San Agustín de Hipona, el primer pensador en hablar de las posibilidades de una guerra justa, insistía en que “nadie con la paz busca la guerra”. Encaminar la política internacional salvadoreña de tal manera que nuestro país se convierta en un agente de paz será un ideal, pero está mucho más de acuerdo con nuestra historia y con la tradición de hombres y mujeres buenos de nuestro pueblo que el narcisimo oportunista dedicado a presumir de guerras y de falsos principios democráticos.

Con el paro nacional, el pueblo guatemalteco, especialmente los pueblos originarios, están dando lección de dignidad y de lucha en defensa de la democracia y del Estado de derecho, dos principios prácticamente ya desterrados de El Salvador. Pero como era de esperarse, el cierre de carreteras ha dificultado el intercambio comercial en la región, en especial el de verduras y hortalizas. En 2018, un estudio de la Superintendencia de Competencia señaló que un 93.2% de las verduras que se consumen en El Salvador son importadas, al igual que un 55% de las frutas. El estudio determinó que de Guatemala venía la mitad de los tomates, casi el 100% de las papas y el repollo, y cerca del 80% de las cebollas. La situación sirve de recordatorio de varias cosas. En primer lugar, de la interdependencia entre nuestros países. La concepción independentista de no necesitar de otros, además de anacrónica, es imposible. La Centroamérica que alguna vez fue una sola nación no puede subsistir si no es como región. En segundo lugar, del abandono del campo salvadoreño. El país figura como uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, según un informe de Naciones Unidas sobre perspectivas de inseguridad alimentaria. Antes de lo sucesos de Guatemala, la ONU advertía que El Niño afectaría la producción agrícola, lo que probablemente causaría una subida de precios y una agudización de la inseguridad alimentaria. Poco después, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que El Niño ya estaba provocando daños en el sector agrícola salvadoreño. El Gobierno aseguró que las pérdidas “no son tan significativas”; sin embargo, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios afirma que los productores han perdido 18,360 quintales de frijol y 545,713 quintales de maíz por la sequía de julio de este año. Los efectos por la situación en Guatemala no se sentirían con tal intensidad en nuestra nación si en el centro del quehacer de las autoridades y de la sociedad salvadoreñas estuviera el bienestar humano. Un derecho fundamental que un país debe garantizar a su población es la alimentación, pues de ese derecho se derivan otros, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Instancias como la Mesa por la Soberanía Alimentaria han propuesto crear una reserva nacional de alimentos, con el objetivo de que “el Estado intervenga en la dinámica económica de los granos básicos, garantizando, por un lado, ingresos justos al campesinado [...]; y, por el otro lado, para que el consumidor final adquiera productos a un precio justo". La propaganda, la publicidad, los artilugios de la comunicación mediática pueden hacer creer que se vive en un nuevo país que va progresando, pero esos espejismos no podrán con el muro de un estómago vacío. La soberanía de la cual el oficialismo se vanagloria no alcanza ni para producir nuestra propia comida.

El régimen de excepción se le ha ido de las manos a Bukele. La actividad criminal de los soldados y los policías pone en entredicho su seguridad. La guerra contra las pandillas se ha convertido en otro monstruo. Los soldados y los policías, al igual que los pandilleros, roban, extorsionan, violan e intimidan a sus víctimas para que guarden silencio. El descontrol es producto de la naturaleza del propio régimen. Bukele ordenó a sus huestes prescindir de la institucionalidad democrática y castigar implacablemente. No calculó que esas fuerzas, viciadas por la barbarie del encargo, actuarían por su cuenta. Un recorrido rápido por la prensa nacional basta para constatar el desgobierno. Un sargento y cinco soldados violaron a una menor en Mizata, cuando la niña regresaba de la playa con varios amigos. El sargento apartó a su víctima para “revisar si aún era virgen”. Un capitán violó a otra menor en Puerto El Triunfo, después de amenazarla en los siguientes términos: “si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”. Seis soldados violentaron la vivienda de un campesino de Chinameca y lo despojaron de sus ahorros, sus herramientas de trabajo y algunas joyas. El investigador de una unidad especializada en el crimen organizado es también extorsionador. En el centro de la capital, los oficiales y los agentes de la delegación policial recolectan “donativos” en los mercados, los comercios y entre los transportistas, y consumen en los comedores sin pagar. A esto se agrega que soldados y policías borrachos suelen protagonizar incidentes violentos. Una fuente independiente de la Policía habla de al menos quince soldados y diez policías capturados durante el régimen de excepción. Esta no es más que la punta del iceberg. El acoso y el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres por parte de soldados y policías están documentados. Estos crímenes no han sido denunciados por miedo a las represalias. Los violadores amenazan a sus víctimas con aplicar el régimen de excepción a sus familiares. Familias aterrorizadas abandonan sus hogares y se refugian en sitios más seguros. Algunas se contentan con enviar a sus hijas y adolescentes a otro lado para evitar que sean abusadas o detenidas por resistir el acoso de los soldados y los policías. La agresión sexual es una práctica común en las guerras. El Salvador de Bukele, en guerra permanente, no es la excepción. El Ejército intenta ocultar estos crímenes. Decidió no informar sobre la violación de Mizata “porque iba a ser una gran mancha”. Pero pocos días después, la presión de las redes digitales lo obligó a reconocer el hecho e identificar a los hechores. El ocultamiento del crimen militar o policial es un patrón establecido, pero tiene en la denuncia y las redes digitales a su peor enemigo. Los habitantes de Puerto El Triunfo hablan de muchas mujeres abusadas sexualmente por los oficiales y soldados de la naval y por el jefe policial, del encarcelamiento de quienes opusieron resistencia o de sus maridos, y de extorsiones. En cualquier caso, los soldados y los policías reciben un trato ventajoso por parte de sus superiores. El capitán de Puerto El Triunfo había sido acusado de violar a dos menores y de acosar a una mujer. Enviado a prisión provisional por seis meses, salió a los dos y fue destacado a una unidad de la marina. Cuatro soldados acusados inicialmente de homicidio agravado en un ingeniero de Santa Tecla fueron procesados por homicidio simple, en contra de la evidencia disponible. Esta actitud contrasta con el trato cruel y humillante que esas mismas autoridades dan a las víctimas del régimen de excepción. El ministro de Defensa se extraña hipócritamente del acoso y las violaciones de sus subordinados, hechos que califica como “lamentables”. Se muestra sorprendido, porque “todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles […] nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”. Es extraño que un régimen amante de la imagen no haya documentado unas reuniones tan frecuentes e importantes. Más bien exhibe al contralmirante en plan de combate y desinformando. En cualquier caso, su instrucción, y la de sus oficiales, cae en el vacío. A la autoridad militar, policial y política le tiene sin cuidado las víctimas de sus subordinados. Su prioridad consiste en salvaguardar el prestigio institucional, sobre todo del Ejército. Una actitud idéntica a la de la guerra civil, que hasta el día de hoy ha impedido hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Ejército de Bukele es similar al de los generales y coroneles de la guerra: sacrifica víctimas inocentes a una seguridad muy injusta y a una Fuerza Armada deshonrada por una larga historia de crímenes. El Salvador de Bukele no es un país seguro para los pobres; en particular, para las niñas, las adolescentes y las mujeres. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Dado que la expresión más evidente de la violencia es el asesinato, se tiende a considerar más tolerables otras formas de violencia. Eso ocurre con particular fuerza en El Salvador debido a que muy rara vez el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes ha bajado de 30 desde el fin de la guerra. Hoy en día, con un poco más de cien asesinatos en total en lo que va de año, voceros del Gobierno afirman que el nuestro es uno de los países más seguros del mundo. De seguir la tendencia, el año terminará con una tasa de entre 3 y 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, sin incluir los asesinatos que el Gobierno no suele contabilizar oficialmente. Si bien las cifras son buenas, las miles de personas encarceladas injustamente obligan a concluir que la cultura de la violencia sigue activa y que, por tanto, el índice de homicidios podría subir de nuevo más allá de lo tolerable. Si hay cultura de violencia, siempre hay riesgo de llegar a extremos. La violencia homicida se nutre de la cultura de la violencia. Y en El Salvador hay muy poco trabajo en torno a la construcción de una cultura de paz. La violencia contra la mujer se sigue manifestando en la agresión sexual. Los embarazos de niñas menores de 18 años se cuentan por miles. La violencia económica se manifiesta en la desnutrición y en la pobreza. Que una tercera parte de la población viva en la pobreza es una realidad violenta. La violencia en las relaciones personales, comenzando por la familia o la escuela, es también intensa. La falta de políticas estatales en el campo de la salud sicológica agravan el problema. El suicidio, relativamente alto en El Salvador, es también signo de unas relaciones personales en las que la violencia está activa. El tráfico tiene niveles de muerte propios de una epidemia. Y el Estado, desde siempre, privilegia a los conductor por sobre los peatones. En este sentido, es cómplice de la violencia del tráfico, a pesar de los semáforos inteligentes y otras medidas que son solamente parte del espectáculo superficial de una forma de gobernar paternalista que prefiere a los que tienen más. El Estado combate la violencia con violencia, sin darse cuenta de que los resultados no cambian la cultura, sino que solo aminoran algunos de sus efectos. Ante la cultura de violencia no hay más camino que educar para la paz. La cultura de paz se crea con educación, leyes claras, instituciones fuertes y estrictamente apegadas a la legislación. Luchar contra la violencia estructural, contra todas sus ramificaciones económicas, sociales y culturales en nuestra sociedad clasista, machista y despectiva frente al débil, es una tarea que exige pensamiento. El insulto al que piensa distinto, el castigo indiscriminado y arbitrario no conducen a la cultura de paz. Tampoco la soberbia del poderoso, la indiferencia del cómodo, la manipulación de las normas al servicio del poder y el resentimiento. La cultura de paz se construye desde la racionalidad, la solidaridad y la justicia, tanto legal como social. Salir de la cultura violenta implica diálogo y voluntad, comprensión de la realidad y opción por los valores y principios que brotan de la igual dignidad de toda persona humana y que generan conciencia tanto de los derechos como de los deberes. Dialogar con la sociedad civil, que es la que más ha trabajado la cultura de paz, es obligado si de verdad se quiere salir de la cultura de la violencia y afianzar, a largo plazo, una convivencia social más amistosa.

Editorial UCA 06/10/2023 La legalización del traspaso de bienes públicos a manos privadas no es nuevo en el país. Ha sido una artimaña clásica de la clase política, realizada casi siempre sin que la gente se dé cuenta o sin que provoque mayor indignación. En una nueva reedición de esa costumbre, el miércoles 4 de octubre, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) transfiera equipos, maquinarias e inmuebles a una sociedad anónima. La cesión de bienes asciende a más de 14 millones de dólares a favor de Constructora El Salvador, una empresa creada el 26 de abril de este año; la identidad de sus accionistas y directivos es un misterio. Esta acción del oficialismo es muy similar a otras de los Gobiernos de Arena. Primero, se presenta el asunto como algo bueno para el país en la medida que, dicen, mejorará la eficiencia de una instancia pública. Segundo, se utiliza una empresa ya constituida o se crea una nuevapara transferir bienes y dinero público. Tercero, los accionistas o dueños de la empresa son prestanombres o gente muy cercana al poder político. Al final, el proyecto no resulta ser lo prometido y el dinero público se evapora. Con la cesión de bienes a la empresa privada se busca evitar la fiscalización de los recursos y disponer de ellos a conveniencia, con lo cual la vía para el aprovechamiento queda despejada. Durante la administración de Antonio Saca, la CEL pasó a funcionar claramente como una especie de caja chica de uso discrecional del Gobierno. Con ese dinero se creó la empresa Inversiones Energéticas (INE), de la cual la CEL era la accionista mayoritaria. De la INE nació la Geo, que, según estimaciones, generaba ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares anuales. De ahí surgió el escándalo por el contrato con la empresa italiana ENEL para que explotara energía geotérmica en Ahuachapán y Usulután. En 2014, durante el juicio por las irregularidades del contrato con esa empresa, la experticia financiera de la Fiscalía General de la República estimó que el acuerdo provocó pérdidas a la CEL por 1,824 millones de dólares. En tiempos del FMLN se creó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), que comenzó a funcionar en 2015. La infraestructura requerida para el Sistema se construyó gracias a un préstamo del Estado por 45 millones de dólares. La administración del proyecto se le otorgó a un grupo de empresarios, que creó el Sistema Integrado Prepago (Sipago). Todo ello sin realizar licitación ni pasar por la Asamblea Legislativa. El conflicto con los empresarios que no fueron incluidos en el paquete derivó en tres demandas ante la Sala de lo Constitucional, que en 2019 declaró inconstitucional el uso privativo de la vía que utilizaba el Sitramss, con lo que el proyecto quedó en punto muerto, perdiéndose así millones de dólares de la hacienda pública. Nada ha cambiado con la administración de Bukele. En 2020, el Gobierno utilizó la empresa Perforadora de Santa Bárbara, propiedad de La Geo, subsidiaria de la CEL, para crear Diario El Salvador. Mientras el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmaba que ese diario no recibiría fondos públicos porque era una empresa, Bukele sostenía que el nuevo periódico sería una empresa propiedad del Estado, cuyas ganancias se utilizarían en obras de beneficio social. Lo cierto es que Diario El Salvador es una marca inscrita por la sociedad anónima El Diario Nacional. La empresa escapa al control de la Corte de Cuentas y su representante legal, al momento de su fundación, trabajaba en el Gobierno y era hombre de confianza de la familia Bukele. El Gobierno de Bukele también transfirió fondos públicos a una empresa privada en el caso de la Chivo Wallet. La billetera electrónica pertenece a una empresa creada hace más de dos décadas por la CEL. El 24 de agosto de 2021, dicha empresa pasó a llamarse Chivo S.A. de C.V. y recibió una inversión inicial de 60 millones de dólares provenientes de Bandesal, destinados exclusivamente a la compra de bitcoin. De nuevo, como en el caso de la INE, del Sitramss y de Diario el Salvador, la empresa de la Chivo Wallet no está obligada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública ni puede ser auditada por la Corte de Cuentas. Esta empresa tiene un administrador único con capacidad legal para disponer de los recursos sin ninguna restricción. Estamos, pues, ante un modo evidentemente corrupto de administrar el dinero público. En la confluencia de Ejecutivo, CEL y empresa privada, el gran perdedor ha sido siempre el pueblo salvadoreño. Así fue y sigue siendo. Lo hicieron Arena y el FMLN; lo hace hoy Nuevas Ideas. El saqueo público continúa.

El oficialismo no se ha demorado en colocar la reelección de Bukele bajo la bendición de Dios. “En nombre de Dios, ¡aquí vamos!” ha exclamado el presidente de la legislatura, quien agregó la siguiente petición: “Que Dios te ayude, amigo mío, te guarde y te siga bendiciendo, a ti, a Gaby, a Layla y a la bebé, que pronto estará con ustedes”. Quienes imploran estas bendiciones no caen en la cuenta de que la fe que supuestamente las mueve exige una determinada conducta. Están convencidos de que Dios está de su parte y, en consecuencia, bendice su régimen injusto y violento. Dios estaría tan satisfecho con ellos que desea que sigan en el poder. Así, pues, el dios del oficialismo bendice la reelección y promete toda clase de beneficios. La idea de Dios del oficialismo tiene su atractivo, pero adolece de una confusión grave, que conviene dilucidar. Una cosa es creer en Dios, invocarlo y apelar a él, y otra, muy distinta, conocerlo. Lo primero cae en el campo de la religión y la superstición; lo segundo tiene que ver con lo verdaderamente cristiano. La Biblia advierte que es posible establecer una relación idolátrica no solo con el ídolo, “hechura de manos humanas”, sino también con el mismo Dios verdadero. Esto ocurre cuando se lo falsifica en provecho propio y se presenta como obediencia a su voluntad lo que es simple manipulación. Este es el caso del oficialismo. Utiliza a Dios para justificar la reelección y, por tanto, la prolongación de la injusticia y la violencia, del despilfarro y la incompetencia. En su temeridad, el oficialismo presenta sus desmanes como obediencia a la voluntad divina. El desvarío es tal que la invocación del “amigo” de Bukele tiene tonos dinásticos. Implora la ayuda, la protección y la bendición divinas no solo para este, sino también para su esposa y sus hijas. Aun cuando solo fuera un arrebato afectuoso, no puede evitar desvelar que la dictadura pretende prolongarse en la descendencia de Bukele. Algo que él mismo ha promovido, al utilizar a su hija mayor, una menor de edad, con fines propagandísticos, con la anuencia de la madre, una acérrima defensora de los derechos de la infancia. La exposición pública del heredero del trono es un recurso de las monarquías tradicionales para que, al faltar el mandatario actual, no quede duda de quién debe ocupar su lugar. Las monarquías actuales son más discretas, quizás porque la sucesión está institucionalmente asegurada. De todas formas, es paradójico que la pretensión dinástica de la familia Bukele haya sido explicitada por el presidente de una legislatura teóricamente republicana. Este funcionario está persuadido de que “Con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país”. El oficialismo coloca el pueblo al lado de Dios como otra razón de ser. Otra manipulación clamorosa, porque el régimen no camina de la mano del pueblo. La actividad legislativa, presidida por este funcionario, desprecia su sentir y su pensar. Solo cuenta la voluntad de Bukele. La sumisión de los legisladores es tan completa que no discuten los proyectos de ley, no leen los documentos ni escuchan a las partes afectadas por sus votaciones. Los diputados legislan para Bukele, ocupan un escaño para servirlo y satisfacen diligentemente sus deseos. En este sentido, los legisladores del oficialismo han hecho de Bukele un ídolo ante el cual se inclinan y sacrifican el bienestar del pueblo al que dicen representar y servir. En segundo lugar, la popularidad de Bukele debe tomarse con cautela, porque se mueve por impulsos emotivos irracionales, en concreto, por el odio. Es, en consecuencia, una popularidad manipulada y dirigida. La estrategia reelectoral gira en torno a la construcción de relatos basados en la desinformación y el odio. A sus estrategas les parece más importante derrotar que ganar, razón por la cual convierten al “otro” en un ser odioso. Indudablemente, los discursos repetitivos que suscitan emociones fuertes impactan en la población. El odio, combinado con otras emociones básicas como la ira, explota la dimensión más emocional de la opinión pública, al mismo tiempo que desplaza a la razón. El odio resiste el olvido y fija ciertas ideas. El odio es una herramienta eficaz para provocar unas reacciones determinadas en beneficio exclusivo de Bukele y su familia. La sociedad que se mueve por esos impulsos es manipulable y dirigida. Por tanto, no es libre, sino sometida a los caprichos de la familia presidencial. El apoyo popular a la reelección no es genuino, sino una ficción. Eficaz para los fines dictatoriales, pero artificial. Dios y el pueblo son dos manipulaciones perversas que no redundan en una sociedad más humana, realizada y plena. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace unos días, un joven se quitó la vida en una concurrida calle de San Salvador. Más allá de la conmoción del momento, esta tragedia debe mover a una reflexión seria sobre lo que el hecho dice y exige de nuestra sociedad. Según las estadísticas, en promedio, nueve salvadoreños se quitan la vida cada semana; casi 500 al año. La mayoría de los suicidios ocurren en el ámbito privado, por lo que pasan desapercibidos. Sin embargo, se den en público o en privado, suponen un llamado de atención sobre el estado de la salud mental en el país. A lo largo de su historia, El Salvador ha vivido situaciones y dinámicas que han golpeado física y psicológicamente a su población. El conflicto armado, la criminalidad pandilleril, la pobreza y la falta de oportunidades, las desapariciones, las masacres, la desintegración familiar por la masiva migración, los abusos sexuales, el desplazamiento forzado, la variada violencia de una cultura profundamente machista son algunas de las principales causas de traumas de largo aliento y alcance. Y a esa lista se sumó la pandemia de covid-19, que obligó al encierro, trastornó las relaciones sociales y causó cuadros generalizados de estrés, depresión y ansiedad. No reconocer esta realidad es un grave error, pues no permite tomar acciones para proveer de atención psicológica o psiquiátrica a las muchas personas que lo requieren. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, una de cada 10 personas adultas padece de estrés postraumático y 2 de cada 10 muestran algún grado de depresión. En el caso de los adolescentes, la situación es aún peor: el 22.4% tiene estrés postraumático o siente angustia moderada, y 4 de cada 10 presentan síntomas de trastorno depresivo. Esta realidad contrasta con la capacidad instalada del sistema público para la atención de la salud mental. Al inicio de este año, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social disponía de 55 psiquiatras y 50 psicólogos para atender a los derechohabientes. Por su parte, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud contaba en 2018 con un total de 147 psicólogos y 32 psiquiatras, la mayoría de ellos en San Salvador. Es evidente que con este personal no es posible atender la demanda en materia de salud mental. No en pocas ocasiones se ha tratado de hacer consciencia sobre el problema; diversos sectores de la sociedad han llamado a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional incorporando más especialistas que atiendan la salud mental. Sin embargo, las autoridades del ramo sigue pasando de largo frente al tema. Hace aproximadamente un año, se propuso a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Salud Mental para crear clínicas psicológicas y psiquiátricas en las unidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en toda institución pública de salud, e implementar una línea telefónica de ayuda. La propuesta fue rechazada y archivada. Este tipo de decisiones son contrarias a los intereses y la vida de la población. Mantenerse indiferente ante esta crisis nacional de salud mental es apostar por la multiplicación de tragedias y renunciar al anhelo de una convivencia social sana.

Rodolfo Cardenal 28/09/2023 En la Asamblea General de Naciones Unidas, Bukele no dijo nada nuevo. El discurso giró alrededor de su exitosa política de seguridad, la soberanía y la independencia nacional decimonónica, y sus sueños de grandeza. Todos temas conocidos. El discurso es pobre en contenido y expresión. Palabras como “renacer”, “potencial”, “grandeza”, “valentía”, “orgullo”, “soberanía” e “independencia” se repiten descuidadamente. Un indicio del agotamiento del mensaje y de la pobreza de vocabulario de los escribanos. Con todo, el discurso tiene la virtud de poner en evidencia los embustes presidenciales. La política de seguridad no es tan exitosa como pregona. Los espacios públicos son más seguros ahora a raíz del encierro de decenas de miles de pandilleros. Pero el vacío dejado por estos no ha sido ocupado por la actividad gubernamental, sino por rateros de diversa ralea. Mantenidos a raya por los pandilleros, estos han regresado. En buena medida, porque no tienen otro medio de vida que la ratería. La alta tasa de desempleo, agravada por la expulsión del comercio informal de los centros históricos, se traduce en decenas de miles de unidades familiares sin un medio de vida digno. Por otro lado, las cúpulas de las pandillas gozan de libertad y de buena salud. No deja de ser desconcertante que unos pandilleros perseguidos como terroristas no hayan ofrecido resistencia a las fuerzas represivas que los detuvieron y que su armamento, variado y letal, haya desaparecido misteriosamente. La mansedumbre de estos terroristas es asombrosa. La versión presidencial del origen de la guerra contra ellos es igualmente sorprendente. En la tribuna de la ONU, Bukele atribuyó su victoria a la supresión de la independencia del poder judicial y la seguridad jurídica. Una decisión, según él, valiente. Una prueba irrefutable de su liderazgo que, a juzgar por los resultados, constituye un éxito admirado por muchos. Un ejemplo de las ventajas del ejercicio de una soberanía nacional ilimitada. La verdad es muy diferente. La eliminación de la independencia de la administración de justicia es anterior al régimen de excepción. En ese momento, Bukele estaba en buenos términos con las pandillas. El entendimiento le permitió presumir de la disminución de los homicidios. El mismo objetivo del régimen de excepción, implantado cuando el acuerdo se rompió. La dictadura no está relacionada con la desaparición de las pandillas de las calles. Tampoco es El Salvador el país más seguro. Ninguna de las fuentes especializadas disponibles le concede esa distinción, un hecho que no ha pasado desapercibido a los medios más perspicaces. La exageración resta legitimidad al reclamo presidencial. La justificación del acierto de la dictadura con “la migración a la inversa”, una salida novedosa del discurso de la ONU, suena a música celestial en los oídos estadounidenses, pero no es más que lirismo presidencial. Bukele sueña con que la diáspora se dispone a retornar en tropel, atraída por la seguridad, los paisajes y las olas. Las visitas han aumentado junto con la normalización de los viajes después del parón de la pandemia. El grupo que piensa o añora regresar, según los datos disponibles, es el de los jubilados, respaldados por una pensión estadounidense. La inmensa mayoría de los jóvenes y los adultos jóvenes desea emigrar. La cantidad de salvadoreños en territorio mexicanos sigue siendo elevada. El empobrecimiento y la falta de oportunidades, por un lado, y el miedo generado por la arbitrariedad militar y policial y la falta de garantías judiciales, por otro, son motivos poderosos para huir del país de Bukele. Tampoco existen registros del aumento de la inversión de la diáspora en el país. Otra cosa son las remesas, que permiten malvivir a decenas de miles de familias y contribuyen a mantener a flote la economía. El aborrecimiento visceral al sistema de Naciones Unidas no impide que Bukele comparezca ante su Asamblea General para vender sus logros y, sobre todo, su imagen de hombre fuerte, decidido y creador de realidades admirables. La opinión de la comunidad internacional le importa mucho. Por eso, sus críticas y sus llamados a respetar la institucionalidad democrática y los derechos humanos hieren dolorosamente su sensibilidad. Por eso se siente más cómodo estableciendo relaciones diplomáticas con las dictaduras africanas más antiguas. Pero las censuras no cesan. La última es de la Unión Europea, que ha pedido acabar con el régimen de excepción y adoptar políticas sociales y de integración social de largo plazo para complementar la política de seguridad. La comparecencia de Bukele ante la Asamblea General de la ONU revela señales de agotamiento. El discurso presidencial no da más de sí. Suelen decir que la mentira repetida adquiere credibilidad. Pero si el mentiroso, envalentonado por su éxito, abusa de los embustes, deja al descubierto el engaño. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Quien tiene poder, sea físico, armado, económico, intelectual o religioso, y aprovecha su condición para abusar de una persona traiciona valores básicos de humanidad. La violación es el acto más grave dentro de la cultura del abuso. Frente a la reciente violación de una niña por parte de un soldado, la reacción ciudadana fue tan intensa que a las autoridades no les quedó de otra que exhibir públicamente y llevar a los tribunales tanto al abusador como a los otros militares que le dieron cobertura. En general, el país registra una enorme cantidad anual de abusos sexuales, en su mayoría dirigidos contra menores de edad. El año pasado hubo más de diez mil embarazos de niñas y adolescentes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El número indica la existencia de una cultura de abuso machista muy grave. Aunque la reacción ante el caso de la niña fue positiva, traslució cierta hipocresía. En la sociedad salvadoreña, la agresión sexual contra mujeres y niñas es algo que pasa a diario, pero no todos los días se denuncia. Se necesitan casos especialmente mediáticos para que la indignación se desate, cuando en realidad se requiere enfrentar el problema sistemáticamente en la educación, en la cultura religiosa, en la cultura ciudadana y en el seno de la familia. El Estado tiene la responsabilidad de educar a la población para revertir la tendencia a ocultar, incluso justificar, los abusos. Y hay actitudes machistas en otros campos que deben superarse. El hecho de que el país haya sido incapaz de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo muestra la cultura machista que persiste tanto en el Estado como en la empresa privada y los sindicatos, que son los encargados de velar por los derechos de las trabajadoras. Dicho convenio exige que las trabajadoras del hogar sean inscritas en el Seguro Social con los mismos derechos que cualquier trabajador formal. Pero aún abunda la idea de que el trabajo en el hogar no es tanto una labor que merece paga, sino una especie de obligación natural de la mujer. La comisión tripartita, conformada por representantes del Estado, la empresa y los sindicatos, ha obstaculizado la aprobación del convenio 189. Por ello, no hay duda de que es parte de la cultura machista que teóricamente todos condenamos. La indignación ante el abuso es necesaria, pero los golpes de pecho no bastan. A fin de no caer en la hipocresía, es obligatorio trabajar metódicamente por la erradicación de costumbres e ideas que llevan al abuso. Una sociedad en la que la hipocresía tiene fuerza difícilmente avanza hacia el desarrollo equitativo, pues la hipocresía implica aceptar la mentira como fundamento válido de la convivencia social. Tanto la persona hipócrita como la sociedad que cae en el mismo defecto pueden mantener magníficos discursos, hablar de valores y de respeto a la igual dignidad humana, y hacer todo lo contrario. Los escritores clásicos, en cuenta Cervantes, decían que el mal se disfraza con frecuencia de ángel de luz. Condenar con altisonancia un caso de abuso y permanecer indiferente ante la cultura machista que lo posibilita es cómodo, incluso tranquilizador, pero nunca reducirá el número de víctimas de este delito atroz ni el sufrimiento que provoca.

“La justicia es como la culebra, solo muerde a los descalzos”, dijo monseñor Romero hace décadas, repitiendo lo que escuchó de un campesino. El doloroso significado de esa frase no ha cambiado: con los ricos y los que roban a manos llenas, las leyes son indulgentes o francamente permisivas; por el contrario, golpean con dureza a los pobres que cometen alguna ratería, e incluso a los inocentes. Siempre atento a los deseos de quienes detentan el poder, el sistema de justicia se ha ganado su propio descrédito. Duras penas para los que roban gallinas por hambre, pero protección para los funcionarios que roban miles de sacos de alimentos destinados a familias pobres. Por supuesto, también siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema; jueces que han sabido mantenerse rectos en un contexto de manipulación y corrupción. Aunque cada vez son más escasas las dos características principales de un juez íntegro: independencia e imparcialidad, hay algunos que no se desvían del camino de la ética. El caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, acusados por un homicidio cometido en 1989, se ha convertido en una vitrina de las arbitrariedades características del estado de excepción. Durante los casi ocho meses que estuvieron detenidos, los acusados sufrieron maltrato, hambre y hacinamiento. Tan escandalosas y numerosas han sido las irregularidades que rodean al caso que este alcanzó trascendencia internacional. Así lo atestiguan los dos pronunciamientos de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la carta en la que 17 congresistas estadounidenses le solicitaron al secretario de Estado de su país que abogara por los detenidos y el respaldo de más de 250 ONG del extranjero que han acompañado la lucha de la comunidad de Santa Marta por obtener justicia. Jurídicamente, el caso no parece tener asidero. Probablemente porque no puede probar la participación de los detenidos en el delito del que los acusa, la Fiscalía no apeló la decisión de la jueza de instrucción de Sensuntepeque de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliar. Además, las contradictorias declaraciones de un testigo, cuya identidad se desconoce por estar bajo régimen de protección, en lugar de apuntalar la acusación la han debilitado. Algo a lo que también ha contribuido la infructuosa búsqueda de los restos de la mujer asesinada. No hay indicios razonables para seguir el proceso. La solicitud de la defensa de un sobreseimiento definitivo amparado en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, a la que la Sala de lo Constitucional devolvió la vigencia con la anulación de la ley de amnistía, pone a prueba al sistema judicial. La justicia debe sancionar a quien viola la ley y proteger a las personas a las que se les acusa sin fundamento. En una democracia verdadera, no se castiga la crítica que ejerce la ciudadanía a las acciones del Estado, sean cuales sean. Pero en un país de gobierno dictatorial, la ley cae pesada sobre aquellos que señalan los abusos e ilegalidades del poder. Los ambientalistas detenidos han jugado un papel clave en la lucha contra la minería metálica, que una vez más busca instalarse en el país. Todo apunta a que ese ha sido en verdad su delito.

Desde hace años, diversos sectores de la sociedad salvadoreña insisten en la necesidad de políticas públicas, programas y acciones que tengan por objetivo la superación de la pobreza y la exclusión, y el combate a la desigualdad; algo esencial para transformar efectivamente al país y lograr que un día todos sus ciudadanos puedan realizar sus proyectos de vida. Asimismo, ello contribuiría a la reconstrucción del tejido social y a la superación de la grave situación de inseguridad ciudadana que ha caracterizado a El Salvador por décadas. Lamentablemente, muy poco se ha hecho hasta la fecha en esta dirección. Cuando se conformó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se elaboró un ambicioso plan de trabajo en el que colaboraron diversos actores y al que se asignaron importantes recursos. Sin embargo, los fondos se destinaron principal y mayoritariamente a las acciones de represión y persecución del crimen, quedando relegadas las acciones de prevención de la violencia. Aunque la seguridad ciudadana haya mejorado notablemente en los últimos años, El Salvador sigue necesitando planes e inversión para combatir la pobreza y la exclusión de manera estructural. La falta de oportunidades y la exclusión de amplios sectores sociales es una de las causas más importantes del surgimiento y crecimiento de la delincuencia. Si bien hoy se ha privado de libertad a un gran número de personas en conflicto con la ley y ello brinda sensación de seguridad, la exclusión sigue afectando a más de una tercera parte de la población. Exclusión que inicia incluso antes del nacimiento, se consolida por las graves deficiencias del sistema educativo y se perfecciona por la falta de oportunidades de empleo digno. Si esta situación no se resuelve, la seguridad ciudadana no estará garantizada en el mediano y largo plazo. La más reciente iniciativa del Ejecutivo en esta materia, una ley que, a través de la creación de una nueva dirección, busca integrar a la sociedad a los grupos actualmente excluidos de la misma, adolece de al menos dos fallas. En primer lugar, no se articula con otros esfuerzos en la misma línea, tanto públicos como privados, y deja fuera a instituciones clave como los ministerios de Educación, Desarrollo Local y Trabajo. En este sentido, el sistema nacional de integración dará pie a la duplicidad de esfuerzos. En segundo lugar, los recursos que se asignan son claramente insuficientes para la magnitud del trabajo que se requiere hacer. En el mejor de los casos, la redacción de la ley es confusa a ese respecto: la nueva dirección dispondrá de unos 30 millones de dólares, la mitad de los recursos que recibía el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), con los que deberá echar adelante tanto el trabajo de integración como los programas de educación y capacitación que actualmente realiza el Insaforp. En un país como el nuestro, con un índice de pobreza superior al 35%, con una tasa de empleo decente que no llega al 30% de la población económicamente activa, con un gran número de personas privadas de libertad, la integración social es un reto gigantesco que requiere muchísimo más que 30 millones de dólares y una nueva fase de un plan de control territorial que nadie conoce. Debe ser una prioridad de carácter nacional, con todo lo que ello significa en capital humano, recursos financieros y mecanismos interinstitucionales. Solo así será posible que nuestra sociedad se acerque al nivel de bienestar con dignidad que todos merecemos.

En otros países, muchas empresas priorizan el tema de los derechos humanos en sus planes de responsabilidad social empresarial, pues saben que no es suficiente con la legislación que impone multas y diversos tipos de sanciones. En esa línea, desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene trabajando un tratado vinculante internacional que garantice que las grandes empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Ello implicaría que las personas afectadas en sus derechos por la actividad empresarial sean indemnizadas y exista la posibilidad de abrir juicios contra las transnacionales. Esto último posibilitaría que las naciones en vías de desarrollo, que con frecuencia contratan empresas transnacionales para el desarrollo de sus obras, prefieran a las que pertenecen a países que haya firmado el tratado, para tener así más garantías de obtener mejores resultados en caso de realizar un reclamo. En El Salvador se logró prohibir la minería metálica ante el riesgo de daños ecológicos. Eso es positivo y no se debe cambiar. Los constantes accidentes de las empresas mineras y las condiciones geográficas de nuestro territorio justifican totalmente la decisión. Pero existen otros riesgos vinculados a empresas transnacionales; por ejemplo, vertidos de petróleo, derrames de industrias cañeras y contaminación de fuentes de agua. Los grandes proyectos que promete el actual Gobierno suponen la contratación de empresas transnacionales, las cuales podrían afectar derechos básicos de los pobladores del entorno al construir viaductos, aeropuertos, trenes o potabilizadoras de agua de lagos volcánicos contaminada con minerales pesados. Dado que en la Constitución se reconoce el derecho a la indemnización, la violación del derecho básico a una vida sana por parte de una empresa debería estar sujeto a indemnización. El país se ha negado sistemáticamente a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que ha hecho pensar a muchos en una regresión en el cuidado del medioambiente. Una regresión igual de nociva que la tendencia a declarar reserva de información en muchas de las actividades en las que se contrata a empresas transnacionales. El propio mundo empresarial debería ser consciente de que, más allá de posibles sanciones en un futuro no muy lejano, aprovecharse de tratos con el Gobierno para lucrarse ilegalmente o evadir responsabilidad es fuente de enorme desprestigio social. La apertura de la empresa privada a la transparencia, el desarrollo sustentable y al respeto de la dignidad humana debe ser una cuestión de principios. Exigirlo es ineludible para la ciudadanía que anhela una convivencia sana e incluyente.

En un mundo dominado por la imagen, muchas personas, instituciones y gobiernos se esmeran más por cultivar las apariencias que por ocuparse de la realidad. Este es el caso del presidente y el Gobierno de El Salvador. Ambos viven enfrascados en un esfuerzo titánico por pulir las apariencias, desde la imagen presidencial hasta todo lo que se puede promocionar en las redes sociales y los medios de comunicación. Mientras se demuelen aceras en buen estado para construir otras más estéticas y se comprometen 500 millones de dólares para aparentar que el país se está modernizando tecnológicamente, las medicinas en los hospitales escasean, los pagos a proveedores del Estado se retrasan, se cierran instituciones que brindaban servicios a sectores vulnerables y se congela por cuatro años el pago de la deuda y de los intereses a los fondos de los cotizantes de las AFP. Lo que importa es la imagen. Se presenta a el país como modelo de seguridad, el más seguro de América Latina, pero no se dice nada sobre las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales, sobre las miles de personas inocentes que han sido capturadas, sobre las cientos de muertes no esclarecidas en los centros penales, sobre la suspensión de los derechos a la defensa y al debido proceso. Lejos de reconocerse, eso más bien se silencia y esconde. Se dice que el pueblo es el que manda, pero no se habla del temor a ser encarcelado a causa de una simple llamada telefónica anónima. A fuerza de imagen, a fuerza de un gasto desmesurado en propaganda se quiere hacer creer que el país ha cambiado. En lo que actual Gobierno menos disimula es en la violación de las leyes, empezando con la Constitución, como si en su entorno el desprecio a la legalidad fuera fuente de prestigio. La ley, la justicia y la religión se utilizan a conveniencia, sin ningún tipo de pudor, para promover el culto al líder y a su versión de la realidad. Pero llegará el día en que no será suficiente con repetir que el dinero alcanza si nadie roba cuando al mismo tiempo se multiplican los casos de corrupción y malversación de fondos públicos. Ser honesto no es cuestión de dichos, sino de hechos. La rectitud pasa por utilizar los recursos para satisfacer las necesidades más apremiantes de la gente; es ser decente, razonable, justo. Virtudes que no son parte del repertorio vital de los actuales funcionarios. Ser honesto implica apegarse a la verdad, no a la conveniencia y el disimulo.

La “integración” de la sociedad, encomendada a una nueva dirección, no es un objetivo razonablemente asequible. Las dos marchas multitudinarias del 15 de septiembre han puesto de manifiesto la profunda brecha que separa al cuerpo social. En un lado, un ejército armado hasta los dientes más unos cuantos estudiantes de relleno. El desfile es militar, al estilo soviético, norcoreano o chino, no estudiantil. En el otro lado, los agraviados, los humillados y los descartados por la dictadura. Integrarlos es prácticamente imposible. Las fuentes de la exclusión y del descontento no pueden ser cerradas sin desarticular la arbitrariedad y el terror del Estado militarizado. La desintegración no es obra de “muros invisibles […] que están en la mente, en la psicología del miedo”, como asegura Bukele engañosamente. Los muros son reales, opresivos y violentos. Paradójicamente, él mismo asume la existencia de dos países. Si bien solo habla del que “renace” gracias a sus desvelos, el otro está presente por omisión. El país de Bukele, al cual llama “vitrina”, es el de los turistas y los surfistas, los deportistas y las mises extranjeras. Cuando desembarquen, encontrarán una autopista de primer nivel, bien iluminada y dotada de “un sistema inteligente”; “nuevos complejos con infraestructura cómoda y atractiva” en las playas, y plazas, edificios y jardines esplendorosos en los centros históricos de algunas ciudades. Tanto esmero contrasta con el abandono de Los Chorros, el descuido de la infraestructura educativa, la ausencia de espacios comunitarios, culturales y deportivos en las barriadas populares y la expulsión de la pobrería que malvive del comercio informal, para causar buena impresión en los paseantes de los centros históricos. El país “vitrina” es un espacio peculiar para los delirios de grandeza. La nueva biblioteca nacional es “la más grande y moderna de toda Latinoamérica”, los juegos regionales recién pasados fueron “los mejores de la historia” y El Salvador es el primer país latinoamericano en contratar “la infraestructura y todos los servicios” de un gigante digital. Es así como “el mundo tiene sus ojos puestos” en esta “vitrina” y “cada vez más personas quieren ser testigos de nuestra transformación”. Pero aquí concluye la lista de los productos exhibidos. No hay más “transformaciones” que admirar. Si las hubiera, no habría dejado pasar la oportunidad para enumerarlas. Aquí no cabe “la reserva” por razones de seguridad nacional. Agotada la lista, solo queda “creer” que el país está “renaciendo”, que “ha experimentado un cambio profundo” y que “en tan solo cuatro años somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia”, lo cual ha sido posible gracias a “nuestra capacidad”. Pero el gigante digital no ha sido atraído por esa capacidad, sino por los 500 millones de dólares que Bukele le entregará en los próximos siete años. La baja ejecución del presupuesto (menos del 60 por ciento en lo que va del año) deja en mal lugar la capacidad operativa de Bukele. El llamado “a todos los salvadoreños” para “estar a la altura de este momento” y “asumir un rol activo y dejar de ser ciudadanos pasivos”, tampoco se sostiene. El país de Bukele no desea ciudadanos activos, sino obedientes a sus dictados. La pasividad actual, que tiene mucho de miedo, es obra de la dictadura. En una cosa no se equivoca el discurso de Bukele. El país “vitrina” no es más que un sueño. Él mismo lo reconoce, cuando pasa, sin más, del presente al futuro. Hasta ahora, solo ha colocado las “bases sólidas y férreas” de ese sueño, que espera hacer realidad “algún día”. Tan es así que invita a “pensar en grande” y a “construir un futuro que hasta hace poco era inimaginable”. Al paso que avanza la realización de lo inconcebible, envejecerá en el poder. Es decir, el presente es fundamentalmente el mismo de siempre con alguna que otra novedad. La “vitrina” presidencial, en el mejor de los casos, es bastante modesta. No está a la altura de las promesas y las expectativas. Así, pues, Bukele invita a conformase con soñar grandezas futuras. La integración social no es más que una alusión para justificar la disolución y la apropiación del patrimonio de una institución dedicada a la formación profesional. La superación de la división y la reconciliación social son un pretexto para apropiarse de un dinero cada vez más escaso. Dicho de otra manera, Bukele sacrifica la formación profesional de los menos favorecidos para sobrevivir. Es imposible que la nueva institución pueda prestar un servicio educativo más eficaz y mejor con una reducción presupuestaria del 80 por ciento. La dinámica de la dictadura empuja a la exclusión, la división y la confrontación. Solo los privilegiados están invitados a disfrutar del país de Bukele. Los demás no cuentan, más bien estorban. Por eso los hace desaparecer. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en 2022, muestra que en el 52.5% de los hogares salvadoreños del área rural se vive en hacinamiento y que en el área urbana esa condición alcanza al 31% de los hogares. Según la misma fuente, “el hacinamiento es un indicador básico para evaluar la calidad de vida en los hogares ya que, cuando un hogar se encuentra en esta condición, sus miembros presentan mayor riesgo de sufrir ciertas problemáticas como violencia doméstica, desintegración familiar, abusos, violencia sexual, bajo rendimiento escolar, entre otros”. La situación es, pues, muy preocupante, pero se vuelve escandalosa al tomar en cuenta la proliferación de complejos habitacionales metropolitanos con viviendas que superan los 100 metros cuadrados y que disponen de áreas verdes y espacios recreativos. Comprar una casa en una de esas residenciales escapa a las posibilidades económicas de la mayoría de las familias salvadoreñas. En las últimas dos décadas, los precios de las viviendas han sufrido un elevado incremento que no se corresponde con el aumento del costo de la vida ni con la capacidad adquisitiva de la población. Esto ha convertido a la construcción y promoción de viviendas en uno de los negocios más rentables a nivel nacional, y ha restringido el acceso a la vivienda a una minoría privilegiada. Hasta ahora, las intervenciones gubernamentales en el tema de la vivienda y el hábitat distan mucho de lo que requiere El Salvador; las memorias de labores del Ministerio de Vivienda muestran resultados insuficientes respecto a las necesidades. La mayor inversión oficial es la dedicada a préstamos para adquisición de vivienda, pero que solo son accesibles para familias con un empleo formal y a tasas de interés muy similares a las de las instituciones bancarias. En el último año, el Ministerio de Vivienda ha entregado 28 apartamentos en San Martín, 12 viviendas en La Libertad, un subsidio de 304,350 dólares para la construcción de 104 viviendas en ayuda mutua y 84 paquetes de mejora de vivienda para igual número de familias. Cuatro años después de la toma de posesión del actual Gobierno y de la creación del Ministerio de Vivienda, la inversión en este rubro, sin la cartera de préstamos, es anecdótica y no ha logrado cambios significativos en el lamentable estado de la vivienda en El Salvador. Ante una realidad tan crítica, a la que se añade que el 48% de los hogares habita en vivienda ajena, se requiere de un plan de emergencia a nivel nacional que reduzca el déficit habitacional y el hacinamiento, y que amplíe el acceso a una vivienda digna para los sectores populares. Una acción de este tipo no se ha visto en el país desde las décadas de 1950 y 1960, cuando se realizaron las mayores inversiones en vivienda popular de la historia nacional. Es mucho lo que falta por hacer en materia de vivienda y hábitat para el bienestar a la población, especialmente del 50% que vive en hogares con importantes déficits. El enfoque no puede ser el del libre juego del mercado, pues este se ha mostrado feroz, sin alma y excluyente. Es el Estado el que tiene el deber de velar por la calidad de vida de la población más vulnerable y desfavorecida. El artículo 119 de la Constitución declara de interés social la construcción de viviendas y afirma que el Estado procurará que el mayor número de familias sean propietaria de una. Al día de hoy, adquirir una casa o un apartamento es un sueño irrealizable para la mayoría de la población. Lo más visitado Opinión Noticias Multimedia Los Chorros, un obstáculo inconmensurable Ética de la responsabilidad Desde la empatía a la razón El triángulo de la violencia Hoy, perseguidores; mañana, perseguidos