Editoriales y Opiniones

Que en casi todo el mundo la mayoría de los políticos mienten con cierta frecuencia es bastante obvio. Pero en El Salvador hemos entrado en una especie de carrera de afirmaciones falsas que desafían la racionalidad e incluso caen en lo ridículo. Decir que somos el país más seguro de América Latina y que simultáneamente necesitamos una decimonovena aprobación del régimen de excepción es un tanto absurdo y contradictorio. El hecho de que queden en el país algunos criminales sueltos no debería necesitar la movilización de miles de militares en las calles, sino una labor de investigación seria y normal de la Policía. Pero parece que después de detener a más de 70 mil personas todavía es necesario restringir derechos constitucionales y violar derechos humanos para luchar con algunos, se supone que pocos, delincuentes aún no detenidos. ¿Tan deficiente es la Policía que no puede trabajar en un contexto constitucional normal? En otros campos tampoco faltan las mentiras. Mientras instituciones internacionales serias hablan de un crecimiento de la economía salvadoreña del 2.1% en el año 2024 y de un aumento peligroso de la deuda, el Gobierno hace malabarismos para decirnos que todo va bien. Y por supuesto, no habla nada de la inequidad en el crecimiento concreto del país, que siempre termina enriqueciendo más a los más ricos. Se dice que las instituciones funcionan simplemente porque admiten y corrigen algunos errores, que en algunos casos son llamados daños colaterales. Daños que se naturalizan y que no implican ningún tipo de indemnización. Se puede poner en boca de otras personas palabras que nunca dijeron o dar datos falsos de nuestra historia sin pedir disculpas y sin reconocer públicamente el error. Se afirma que en el actual Gobierno no hay partidas secretas, pero se impide el acceso a la información de obras y proyectos de inversión pública. Y mientras en Estados Unidos se dice otra cosa, un ministro salvadoreño asegura que el 30% de los criminales investigados por el FBI y acusados en los tribunales logran sentencias exculpatorias, tras pasar varios años en las cárceles. El asombro es todavía mayor cuando las leyes de Estados Unidos prohíben permanecer más de seis meses en prisión preventiva. Y por supuesto, no faltan las afirmaciones tan falsas como cómicas. El poblado maya de Tazumal fue creciendo en construcciones a lo largo de 400 años, desde el año 200 después de Cristo hasta el año 600. Pero un diputado informó recientemente al público que el Tazumal existía desde el año 3000 antes de Cristo. La norma Constitucional que exige que para ser diputado se disponga “de notoria honradez e instrucción” se podrá cubrir con títulos educativos en los referente a lo último, pero afirmaciones como la anterior dejan al título, al titulado y a la instrucción notoria en una situación delicada. Mentir, inventar datos, acusar falsamente puede producir algún efecto favorable durante algún tiempo. Después se convierte en una fuente de desprestigio. Vivimos en un mundo en el que el conocimiento, los valores, los derechos y deberes de las personas se han universalizado. Al mismo tiempo, el mundo se ha vuelto más multicultural y tolerante. En él, la capacidad de negociar y de buscar intereses comunes da mejores resultados que la dominación y el abuso de poder. Dialogar con la sociedad civil, buscar soluciones justas y que beneficien a todos es imprescindible en una democracia moderna. La jerga política basada en la mentira y la ficción pueden seducir, pero al final lo que queda es fracaso y frustración. Plantear la verdad de la situación económica y social, abrir el Estado a la transparencia informativa, buscar soluciones conjuntas es mejor que imponer caminos desde el poder. Reflexionar un poco más y más sinceramente sobre nuestra realidad es responsabilidad de todos.

Hace ya más de cien años, y ante las guerras de su época, se preguntaba el poeta Antonio Machado: “¿Por qué otra vez el hombre de sangre se emborracha?”. Hoy el mundo atestigua consternado una nueva guerra. El grupo Hamás lanzó una ofensiva contra Israel y la contestación no se hizo esperar. Miles de personas murieron o resultados heridas en la primera semana de esta guerra. De ambas partes se han cometido graves violaciones a derechos humanos. Hamás mató civiles y secuestró a casi 200 de ellos para usarlos como rehenes, además de lanzar misiles contra objetivos no militares. Israel ha contestado con bombardeos que también han matado civiles y han destruido un gran número de viviendas. La decisión israelí de cortar el acceso al agua y a la electricidad supone también riesgos muy graves de desastre humanitario para la población gazatí. Lo mismo que la orden de desalojo en 24 horas de la zona norte de la franja de Gaza, que supone el éxodo de más de un millón de personas. El Salvador, que pasó por una guerra cruel y sanguinaria, y que logró salir de ella a través del diálogo, debería ser no solo un país pacifista, sino también constructor de paz y promotor de salidas negociadas en casos de conflicto. El problema, y no es de ahora, ha sido la poca capacidad gubernamental de tener una política exterior diseñada en torno a principios éticos claros. El lenguaje guerrerista y despectivo del actual Gobierno aleja todavía más la posibilidad de que El Salvador sea una nación respetada en la promoción de la paz. Una especie de miopía política egoísta, sumada a la incapacidad de aprovechar la historia nacional para defender una política multilateral basada en los derechos humanos, va dejando sin voz al país en el ámbito internacional. El rumbo equivocado de la administración de Bukele en el campo de los derechos humanos convierte a El Salvador en un país sin capacidad de incidencia. Y este papel de mediación en conflictos es más que necesario hoy en día en Centroamérica. En Nicaragua, una dictadura ensimismada espía a sus ciudadanos y persigue, destierra, encarcela y priva de la nacionalidad a cualquiera que haga la más mínima crítica. En Guatemala, un grupo de poder, apoyado en las decisiones arbitrarias de la fiscal general, trata de impedir el acceso a la presidencia de la República al ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo. Ese modo de proceder golpista ha levantado la justa cólera de la mayoría de guatemaltecos, sumados en protestas pacíficas por todo el país. Si El Salvador fuera respetuoso de los derechos humanos y del Estado de derecho, tendría magníficas oportunidades de mediar y de impulsar una Centroamérica pacífica. Pero el Estado salvadoreño ha despreciado sus propias posibilidades negándose a construir una ley de justicia transicional que enjuicie adecuadamente los crímenes del pasado y busque la reconciliación. El afán propagandístico de confundir el trabajo policial y judicial con una guerra, y el discurso que justifica o niega fallos hacen que nuestro país se desprestigie y pierda oportunidades. La paz es un derecho de los pueblos; la guerra de agresión constituye siempre un crimen grave. Los principios de proporcionalidad de respuesta a un agravio y de que incluso la guerra defensiva busque la paz justa en vez de la venganza o de la destrucción absoluta del enemigo imponen barreras a la barbarie. San Agustín de Hipona, el primer pensador en hablar de las posibilidades de una guerra justa, insistía en que “nadie con la paz busca la guerra”. Encaminar la política internacional salvadoreña de tal manera que nuestro país se convierta en un agente de paz será un ideal, pero está mucho más de acuerdo con nuestra historia y con la tradición de hombres y mujeres buenos de nuestro pueblo que el narcisimo oportunista dedicado a presumir de guerras y de falsos principios democráticos.

Con el paro nacional, el pueblo guatemalteco, especialmente los pueblos originarios, están dando lección de dignidad y de lucha en defensa de la democracia y del Estado de derecho, dos principios prácticamente ya desterrados de El Salvador. Pero como era de esperarse, el cierre de carreteras ha dificultado el intercambio comercial en la región, en especial el de verduras y hortalizas. En 2018, un estudio de la Superintendencia de Competencia señaló que un 93.2% de las verduras que se consumen en El Salvador son importadas, al igual que un 55% de las frutas. El estudio determinó que de Guatemala venía la mitad de los tomates, casi el 100% de las papas y el repollo, y cerca del 80% de las cebollas. La situación sirve de recordatorio de varias cosas. En primer lugar, de la interdependencia entre nuestros países. La concepción independentista de no necesitar de otros, además de anacrónica, es imposible. La Centroamérica que alguna vez fue una sola nación no puede subsistir si no es como región. En segundo lugar, del abandono del campo salvadoreño. El país figura como uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, según un informe de Naciones Unidas sobre perspectivas de inseguridad alimentaria. Antes de lo sucesos de Guatemala, la ONU advertía que El Niño afectaría la producción agrícola, lo que probablemente causaría una subida de precios y una agudización de la inseguridad alimentaria. Poco después, el Ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que El Niño ya estaba provocando daños en el sector agrícola salvadoreño. El Gobierno aseguró que las pérdidas “no son tan significativas”; sin embargo, la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios afirma que los productores han perdido 18,360 quintales de frijol y 545,713 quintales de maíz por la sequía de julio de este año. Los efectos por la situación en Guatemala no se sentirían con tal intensidad en nuestra nación si en el centro del quehacer de las autoridades y de la sociedad salvadoreñas estuviera el bienestar humano. Un derecho fundamental que un país debe garantizar a su población es la alimentación, pues de ese derecho se derivan otros, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo. Instancias como la Mesa por la Soberanía Alimentaria han propuesto crear una reserva nacional de alimentos, con el objetivo de que “el Estado intervenga en la dinámica económica de los granos básicos, garantizando, por un lado, ingresos justos al campesinado [...]; y, por el otro lado, para que el consumidor final adquiera productos a un precio justo". La propaganda, la publicidad, los artilugios de la comunicación mediática pueden hacer creer que se vive en un nuevo país que va progresando, pero esos espejismos no podrán con el muro de un estómago vacío. La soberanía de la cual el oficialismo se vanagloria no alcanza ni para producir nuestra propia comida.

El régimen de excepción se le ha ido de las manos a Bukele. La actividad criminal de los soldados y los policías pone en entredicho su seguridad. La guerra contra las pandillas se ha convertido en otro monstruo. Los soldados y los policías, al igual que los pandilleros, roban, extorsionan, violan e intimidan a sus víctimas para que guarden silencio. El descontrol es producto de la naturaleza del propio régimen. Bukele ordenó a sus huestes prescindir de la institucionalidad democrática y castigar implacablemente. No calculó que esas fuerzas, viciadas por la barbarie del encargo, actuarían por su cuenta. Un recorrido rápido por la prensa nacional basta para constatar el desgobierno. Un sargento y cinco soldados violaron a una menor en Mizata, cuando la niña regresaba de la playa con varios amigos. El sargento apartó a su víctima para “revisar si aún era virgen”. Un capitán violó a otra menor en Puerto El Triunfo, después de amenazarla en los siguientes términos: “si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”. Seis soldados violentaron la vivienda de un campesino de Chinameca y lo despojaron de sus ahorros, sus herramientas de trabajo y algunas joyas. El investigador de una unidad especializada en el crimen organizado es también extorsionador. En el centro de la capital, los oficiales y los agentes de la delegación policial recolectan “donativos” en los mercados, los comercios y entre los transportistas, y consumen en los comedores sin pagar. A esto se agrega que soldados y policías borrachos suelen protagonizar incidentes violentos. Una fuente independiente de la Policía habla de al menos quince soldados y diez policías capturados durante el régimen de excepción. Esta no es más que la punta del iceberg. El acoso y el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres por parte de soldados y policías están documentados. Estos crímenes no han sido denunciados por miedo a las represalias. Los violadores amenazan a sus víctimas con aplicar el régimen de excepción a sus familiares. Familias aterrorizadas abandonan sus hogares y se refugian en sitios más seguros. Algunas se contentan con enviar a sus hijas y adolescentes a otro lado para evitar que sean abusadas o detenidas por resistir el acoso de los soldados y los policías. La agresión sexual es una práctica común en las guerras. El Salvador de Bukele, en guerra permanente, no es la excepción. El Ejército intenta ocultar estos crímenes. Decidió no informar sobre la violación de Mizata “porque iba a ser una gran mancha”. Pero pocos días después, la presión de las redes digitales lo obligó a reconocer el hecho e identificar a los hechores. El ocultamiento del crimen militar o policial es un patrón establecido, pero tiene en la denuncia y las redes digitales a su peor enemigo. Los habitantes de Puerto El Triunfo hablan de muchas mujeres abusadas sexualmente por los oficiales y soldados de la naval y por el jefe policial, del encarcelamiento de quienes opusieron resistencia o de sus maridos, y de extorsiones. En cualquier caso, los soldados y los policías reciben un trato ventajoso por parte de sus superiores. El capitán de Puerto El Triunfo había sido acusado de violar a dos menores y de acosar a una mujer. Enviado a prisión provisional por seis meses, salió a los dos y fue destacado a una unidad de la marina. Cuatro soldados acusados inicialmente de homicidio agravado en un ingeniero de Santa Tecla fueron procesados por homicidio simple, en contra de la evidencia disponible. Esta actitud contrasta con el trato cruel y humillante que esas mismas autoridades dan a las víctimas del régimen de excepción. El ministro de Defensa se extraña hipócritamente del acoso y las violaciones de sus subordinados, hechos que califica como “lamentables”. Se muestra sorprendido, porque “todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles […] nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”. Es extraño que un régimen amante de la imagen no haya documentado unas reuniones tan frecuentes e importantes. Más bien exhibe al contralmirante en plan de combate y desinformando. En cualquier caso, su instrucción, y la de sus oficiales, cae en el vacío. A la autoridad militar, policial y política le tiene sin cuidado las víctimas de sus subordinados. Su prioridad consiste en salvaguardar el prestigio institucional, sobre todo del Ejército. Una actitud idéntica a la de la guerra civil, que hasta el día de hoy ha impedido hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Ejército de Bukele es similar al de los generales y coroneles de la guerra: sacrifica víctimas inocentes a una seguridad muy injusta y a una Fuerza Armada deshonrada por una larga historia de crímenes. El Salvador de Bukele no es un país seguro para los pobres; en particular, para las niñas, las adolescentes y las mujeres. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Dado que la expresión más evidente de la violencia es el asesinato, se tiende a considerar más tolerables otras formas de violencia. Eso ocurre con particular fuerza en El Salvador debido a que muy rara vez el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes ha bajado de 30 desde el fin de la guerra. Hoy en día, con un poco más de cien asesinatos en total en lo que va de año, voceros del Gobierno afirman que el nuestro es uno de los países más seguros del mundo. De seguir la tendencia, el año terminará con una tasa de entre 3 y 4 homicidios por cada 100 mil habitantes, sin incluir los asesinatos que el Gobierno no suele contabilizar oficialmente. Si bien las cifras son buenas, las miles de personas encarceladas injustamente obligan a concluir que la cultura de la violencia sigue activa y que, por tanto, el índice de homicidios podría subir de nuevo más allá de lo tolerable. Si hay cultura de violencia, siempre hay riesgo de llegar a extremos. La violencia homicida se nutre de la cultura de la violencia. Y en El Salvador hay muy poco trabajo en torno a la construcción de una cultura de paz. La violencia contra la mujer se sigue manifestando en la agresión sexual. Los embarazos de niñas menores de 18 años se cuentan por miles. La violencia económica se manifiesta en la desnutrición y en la pobreza. Que una tercera parte de la población viva en la pobreza es una realidad violenta. La violencia en las relaciones personales, comenzando por la familia o la escuela, es también intensa. La falta de políticas estatales en el campo de la salud sicológica agravan el problema. El suicidio, relativamente alto en El Salvador, es también signo de unas relaciones personales en las que la violencia está activa. El tráfico tiene niveles de muerte propios de una epidemia. Y el Estado, desde siempre, privilegia a los conductor por sobre los peatones. En este sentido, es cómplice de la violencia del tráfico, a pesar de los semáforos inteligentes y otras medidas que son solamente parte del espectáculo superficial de una forma de gobernar paternalista que prefiere a los que tienen más. El Estado combate la violencia con violencia, sin darse cuenta de que los resultados no cambian la cultura, sino que solo aminoran algunos de sus efectos. Ante la cultura de violencia no hay más camino que educar para la paz. La cultura de paz se crea con educación, leyes claras, instituciones fuertes y estrictamente apegadas a la legislación. Luchar contra la violencia estructural, contra todas sus ramificaciones económicas, sociales y culturales en nuestra sociedad clasista, machista y despectiva frente al débil, es una tarea que exige pensamiento. El insulto al que piensa distinto, el castigo indiscriminado y arbitrario no conducen a la cultura de paz. Tampoco la soberbia del poderoso, la indiferencia del cómodo, la manipulación de las normas al servicio del poder y el resentimiento. La cultura de paz se construye desde la racionalidad, la solidaridad y la justicia, tanto legal como social. Salir de la cultura violenta implica diálogo y voluntad, comprensión de la realidad y opción por los valores y principios que brotan de la igual dignidad de toda persona humana y que generan conciencia tanto de los derechos como de los deberes. Dialogar con la sociedad civil, que es la que más ha trabajado la cultura de paz, es obligado si de verdad se quiere salir de la cultura de la violencia y afianzar, a largo plazo, una convivencia social más amistosa.

Editorial UCA 06/10/2023 La legalización del traspaso de bienes públicos a manos privadas no es nuevo en el país. Ha sido una artimaña clásica de la clase política, realizada casi siempre sin que la gente se dé cuenta o sin que provoque mayor indignación. En una nueva reedición de esa costumbre, el miércoles 4 de octubre, la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa aprobó que la Dirección de Obras Municipales (DOM) transfiera equipos, maquinarias e inmuebles a una sociedad anónima. La cesión de bienes asciende a más de 14 millones de dólares a favor de Constructora El Salvador, una empresa creada el 26 de abril de este año; la identidad de sus accionistas y directivos es un misterio. Esta acción del oficialismo es muy similar a otras de los Gobiernos de Arena. Primero, se presenta el asunto como algo bueno para el país en la medida que, dicen, mejorará la eficiencia de una instancia pública. Segundo, se utiliza una empresa ya constituida o se crea una nuevapara transferir bienes y dinero público. Tercero, los accionistas o dueños de la empresa son prestanombres o gente muy cercana al poder político. Al final, el proyecto no resulta ser lo prometido y el dinero público se evapora. Con la cesión de bienes a la empresa privada se busca evitar la fiscalización de los recursos y disponer de ellos a conveniencia, con lo cual la vía para el aprovechamiento queda despejada. Durante la administración de Antonio Saca, la CEL pasó a funcionar claramente como una especie de caja chica de uso discrecional del Gobierno. Con ese dinero se creó la empresa Inversiones Energéticas (INE), de la cual la CEL era la accionista mayoritaria. De la INE nació la Geo, que, según estimaciones, generaba ganancias netas superiores a los 100 millones de dólares anuales. De ahí surgió el escándalo por el contrato con la empresa italiana ENEL para que explotara energía geotérmica en Ahuachapán y Usulután. En 2014, durante el juicio por las irregularidades del contrato con esa empresa, la experticia financiera de la Fiscalía General de la República estimó que el acuerdo provocó pérdidas a la CEL por 1,824 millones de dólares. En tiempos del FMLN se creó el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss), que comenzó a funcionar en 2015. La infraestructura requerida para el Sistema se construyó gracias a un préstamo del Estado por 45 millones de dólares. La administración del proyecto se le otorgó a un grupo de empresarios, que creó el Sistema Integrado Prepago (Sipago). Todo ello sin realizar licitación ni pasar por la Asamblea Legislativa. El conflicto con los empresarios que no fueron incluidos en el paquete derivó en tres demandas ante la Sala de lo Constitucional, que en 2019 declaró inconstitucional el uso privativo de la vía que utilizaba el Sitramss, con lo que el proyecto quedó en punto muerto, perdiéndose así millones de dólares de la hacienda pública. Nada ha cambiado con la administración de Bukele. En 2020, el Gobierno utilizó la empresa Perforadora de Santa Bárbara, propiedad de La Geo, subsidiaria de la CEL, para crear Diario El Salvador. Mientras el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmaba que ese diario no recibiría fondos públicos porque era una empresa, Bukele sostenía que el nuevo periódico sería una empresa propiedad del Estado, cuyas ganancias se utilizarían en obras de beneficio social. Lo cierto es que Diario El Salvador es una marca inscrita por la sociedad anónima El Diario Nacional. La empresa escapa al control de la Corte de Cuentas y su representante legal, al momento de su fundación, trabajaba en el Gobierno y era hombre de confianza de la familia Bukele. El Gobierno de Bukele también transfirió fondos públicos a una empresa privada en el caso de la Chivo Wallet. La billetera electrónica pertenece a una empresa creada hace más de dos décadas por la CEL. El 24 de agosto de 2021, dicha empresa pasó a llamarse Chivo S.A. de C.V. y recibió una inversión inicial de 60 millones de dólares provenientes de Bandesal, destinados exclusivamente a la compra de bitcoin. De nuevo, como en el caso de la INE, del Sitramss y de Diario el Salvador, la empresa de la Chivo Wallet no está obligada a cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública ni puede ser auditada por la Corte de Cuentas. Esta empresa tiene un administrador único con capacidad legal para disponer de los recursos sin ninguna restricción. Estamos, pues, ante un modo evidentemente corrupto de administrar el dinero público. En la confluencia de Ejecutivo, CEL y empresa privada, el gran perdedor ha sido siempre el pueblo salvadoreño. Así fue y sigue siendo. Lo hicieron Arena y el FMLN; lo hace hoy Nuevas Ideas. El saqueo público continúa.

El oficialismo no se ha demorado en colocar la reelección de Bukele bajo la bendición de Dios. “En nombre de Dios, ¡aquí vamos!” ha exclamado el presidente de la legislatura, quien agregó la siguiente petición: “Que Dios te ayude, amigo mío, te guarde y te siga bendiciendo, a ti, a Gaby, a Layla y a la bebé, que pronto estará con ustedes”. Quienes imploran estas bendiciones no caen en la cuenta de que la fe que supuestamente las mueve exige una determinada conducta. Están convencidos de que Dios está de su parte y, en consecuencia, bendice su régimen injusto y violento. Dios estaría tan satisfecho con ellos que desea que sigan en el poder. Así, pues, el dios del oficialismo bendice la reelección y promete toda clase de beneficios. La idea de Dios del oficialismo tiene su atractivo, pero adolece de una confusión grave, que conviene dilucidar. Una cosa es creer en Dios, invocarlo y apelar a él, y otra, muy distinta, conocerlo. Lo primero cae en el campo de la religión y la superstición; lo segundo tiene que ver con lo verdaderamente cristiano. La Biblia advierte que es posible establecer una relación idolátrica no solo con el ídolo, “hechura de manos humanas”, sino también con el mismo Dios verdadero. Esto ocurre cuando se lo falsifica en provecho propio y se presenta como obediencia a su voluntad lo que es simple manipulación. Este es el caso del oficialismo. Utiliza a Dios para justificar la reelección y, por tanto, la prolongación de la injusticia y la violencia, del despilfarro y la incompetencia. En su temeridad, el oficialismo presenta sus desmanes como obediencia a la voluntad divina. El desvarío es tal que la invocación del “amigo” de Bukele tiene tonos dinásticos. Implora la ayuda, la protección y la bendición divinas no solo para este, sino también para su esposa y sus hijas. Aun cuando solo fuera un arrebato afectuoso, no puede evitar desvelar que la dictadura pretende prolongarse en la descendencia de Bukele. Algo que él mismo ha promovido, al utilizar a su hija mayor, una menor de edad, con fines propagandísticos, con la anuencia de la madre, una acérrima defensora de los derechos de la infancia. La exposición pública del heredero del trono es un recurso de las monarquías tradicionales para que, al faltar el mandatario actual, no quede duda de quién debe ocupar su lugar. Las monarquías actuales son más discretas, quizás porque la sucesión está institucionalmente asegurada. De todas formas, es paradójico que la pretensión dinástica de la familia Bukele haya sido explicitada por el presidente de una legislatura teóricamente republicana. Este funcionario está persuadido de que “Con la fe puesta en Dios y de la mano del pueblo salvadoreño, continuaremos la refundación de nuestro país”. El oficialismo coloca el pueblo al lado de Dios como otra razón de ser. Otra manipulación clamorosa, porque el régimen no camina de la mano del pueblo. La actividad legislativa, presidida por este funcionario, desprecia su sentir y su pensar. Solo cuenta la voluntad de Bukele. La sumisión de los legisladores es tan completa que no discuten los proyectos de ley, no leen los documentos ni escuchan a las partes afectadas por sus votaciones. Los diputados legislan para Bukele, ocupan un escaño para servirlo y satisfacen diligentemente sus deseos. En este sentido, los legisladores del oficialismo han hecho de Bukele un ídolo ante el cual se inclinan y sacrifican el bienestar del pueblo al que dicen representar y servir. En segundo lugar, la popularidad de Bukele debe tomarse con cautela, porque se mueve por impulsos emotivos irracionales, en concreto, por el odio. Es, en consecuencia, una popularidad manipulada y dirigida. La estrategia reelectoral gira en torno a la construcción de relatos basados en la desinformación y el odio. A sus estrategas les parece más importante derrotar que ganar, razón por la cual convierten al “otro” en un ser odioso. Indudablemente, los discursos repetitivos que suscitan emociones fuertes impactan en la población. El odio, combinado con otras emociones básicas como la ira, explota la dimensión más emocional de la opinión pública, al mismo tiempo que desplaza a la razón. El odio resiste el olvido y fija ciertas ideas. El odio es una herramienta eficaz para provocar unas reacciones determinadas en beneficio exclusivo de Bukele y su familia. La sociedad que se mueve por esos impulsos es manipulable y dirigida. Por tanto, no es libre, sino sometida a los caprichos de la familia presidencial. El apoyo popular a la reelección no es genuino, sino una ficción. Eficaz para los fines dictatoriales, pero artificial. Dios y el pueblo son dos manipulaciones perversas que no redundan en una sociedad más humana, realizada y plena. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace unos días, un joven se quitó la vida en una concurrida calle de San Salvador. Más allá de la conmoción del momento, esta tragedia debe mover a una reflexión seria sobre lo que el hecho dice y exige de nuestra sociedad. Según las estadísticas, en promedio, nueve salvadoreños se quitan la vida cada semana; casi 500 al año. La mayoría de los suicidios ocurren en el ámbito privado, por lo que pasan desapercibidos. Sin embargo, se den en público o en privado, suponen un llamado de atención sobre el estado de la salud mental en el país. A lo largo de su historia, El Salvador ha vivido situaciones y dinámicas que han golpeado física y psicológicamente a su población. El conflicto armado, la criminalidad pandilleril, la pobreza y la falta de oportunidades, las desapariciones, las masacres, la desintegración familiar por la masiva migración, los abusos sexuales, el desplazamiento forzado, la variada violencia de una cultura profundamente machista son algunas de las principales causas de traumas de largo aliento y alcance. Y a esa lista se sumó la pandemia de covid-19, que obligó al encierro, trastornó las relaciones sociales y causó cuadros generalizados de estrés, depresión y ansiedad. No reconocer esta realidad es un grave error, pues no permite tomar acciones para proveer de atención psicológica o psiquiátrica a las muchas personas que lo requieren. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, una de cada 10 personas adultas padece de estrés postraumático y 2 de cada 10 muestran algún grado de depresión. En el caso de los adolescentes, la situación es aún peor: el 22.4% tiene estrés postraumático o siente angustia moderada, y 4 de cada 10 presentan síntomas de trastorno depresivo. Esta realidad contrasta con la capacidad instalada del sistema público para la atención de la salud mental. Al inicio de este año, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social disponía de 55 psiquiatras y 50 psicólogos para atender a los derechohabientes. Por su parte, según los últimos datos disponibles, el Ministerio de Salud contaba en 2018 con un total de 147 psicólogos y 32 psiquiatras, la mayoría de ellos en San Salvador. Es evidente que con este personal no es posible atender la demanda en materia de salud mental. No en pocas ocasiones se ha tratado de hacer consciencia sobre el problema; diversos sectores de la sociedad han llamado a fortalecer el sistema de salud a nivel nacional incorporando más especialistas que atiendan la salud mental. Sin embargo, las autoridades del ramo sigue pasando de largo frente al tema. Hace aproximadamente un año, se propuso a la Asamblea Legislativa una reforma a la Ley de Salud Mental para crear clínicas psicológicas y psiquiátricas en las unidades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y en toda institución pública de salud, e implementar una línea telefónica de ayuda. La propuesta fue rechazada y archivada. Este tipo de decisiones son contrarias a los intereses y la vida de la población. Mantenerse indiferente ante esta crisis nacional de salud mental es apostar por la multiplicación de tragedias y renunciar al anhelo de una convivencia social sana.

Rodolfo Cardenal 28/09/2023 En la Asamblea General de Naciones Unidas, Bukele no dijo nada nuevo. El discurso giró alrededor de su exitosa política de seguridad, la soberanía y la independencia nacional decimonónica, y sus sueños de grandeza. Todos temas conocidos. El discurso es pobre en contenido y expresión. Palabras como “renacer”, “potencial”, “grandeza”, “valentía”, “orgullo”, “soberanía” e “independencia” se repiten descuidadamente. Un indicio del agotamiento del mensaje y de la pobreza de vocabulario de los escribanos. Con todo, el discurso tiene la virtud de poner en evidencia los embustes presidenciales. La política de seguridad no es tan exitosa como pregona. Los espacios públicos son más seguros ahora a raíz del encierro de decenas de miles de pandilleros. Pero el vacío dejado por estos no ha sido ocupado por la actividad gubernamental, sino por rateros de diversa ralea. Mantenidos a raya por los pandilleros, estos han regresado. En buena medida, porque no tienen otro medio de vida que la ratería. La alta tasa de desempleo, agravada por la expulsión del comercio informal de los centros históricos, se traduce en decenas de miles de unidades familiares sin un medio de vida digno. Por otro lado, las cúpulas de las pandillas gozan de libertad y de buena salud. No deja de ser desconcertante que unos pandilleros perseguidos como terroristas no hayan ofrecido resistencia a las fuerzas represivas que los detuvieron y que su armamento, variado y letal, haya desaparecido misteriosamente. La mansedumbre de estos terroristas es asombrosa. La versión presidencial del origen de la guerra contra ellos es igualmente sorprendente. En la tribuna de la ONU, Bukele atribuyó su victoria a la supresión de la independencia del poder judicial y la seguridad jurídica. Una decisión, según él, valiente. Una prueba irrefutable de su liderazgo que, a juzgar por los resultados, constituye un éxito admirado por muchos. Un ejemplo de las ventajas del ejercicio de una soberanía nacional ilimitada. La verdad es muy diferente. La eliminación de la independencia de la administración de justicia es anterior al régimen de excepción. En ese momento, Bukele estaba en buenos términos con las pandillas. El entendimiento le permitió presumir de la disminución de los homicidios. El mismo objetivo del régimen de excepción, implantado cuando el acuerdo se rompió. La dictadura no está relacionada con la desaparición de las pandillas de las calles. Tampoco es El Salvador el país más seguro. Ninguna de las fuentes especializadas disponibles le concede esa distinción, un hecho que no ha pasado desapercibido a los medios más perspicaces. La exageración resta legitimidad al reclamo presidencial. La justificación del acierto de la dictadura con “la migración a la inversa”, una salida novedosa del discurso de la ONU, suena a música celestial en los oídos estadounidenses, pero no es más que lirismo presidencial. Bukele sueña con que la diáspora se dispone a retornar en tropel, atraída por la seguridad, los paisajes y las olas. Las visitas han aumentado junto con la normalización de los viajes después del parón de la pandemia. El grupo que piensa o añora regresar, según los datos disponibles, es el de los jubilados, respaldados por una pensión estadounidense. La inmensa mayoría de los jóvenes y los adultos jóvenes desea emigrar. La cantidad de salvadoreños en territorio mexicanos sigue siendo elevada. El empobrecimiento y la falta de oportunidades, por un lado, y el miedo generado por la arbitrariedad militar y policial y la falta de garantías judiciales, por otro, son motivos poderosos para huir del país de Bukele. Tampoco existen registros del aumento de la inversión de la diáspora en el país. Otra cosa son las remesas, que permiten malvivir a decenas de miles de familias y contribuyen a mantener a flote la economía. El aborrecimiento visceral al sistema de Naciones Unidas no impide que Bukele comparezca ante su Asamblea General para vender sus logros y, sobre todo, su imagen de hombre fuerte, decidido y creador de realidades admirables. La opinión de la comunidad internacional le importa mucho. Por eso, sus críticas y sus llamados a respetar la institucionalidad democrática y los derechos humanos hieren dolorosamente su sensibilidad. Por eso se siente más cómodo estableciendo relaciones diplomáticas con las dictaduras africanas más antiguas. Pero las censuras no cesan. La última es de la Unión Europea, que ha pedido acabar con el régimen de excepción y adoptar políticas sociales y de integración social de largo plazo para complementar la política de seguridad. La comparecencia de Bukele ante la Asamblea General de la ONU revela señales de agotamiento. El discurso presidencial no da más de sí. Suelen decir que la mentira repetida adquiere credibilidad. Pero si el mentiroso, envalentonado por su éxito, abusa de los embustes, deja al descubierto el engaño. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Quien tiene poder, sea físico, armado, económico, intelectual o religioso, y aprovecha su condición para abusar de una persona traiciona valores básicos de humanidad. La violación es el acto más grave dentro de la cultura del abuso. Frente a la reciente violación de una niña por parte de un soldado, la reacción ciudadana fue tan intensa que a las autoridades no les quedó de otra que exhibir públicamente y llevar a los tribunales tanto al abusador como a los otros militares que le dieron cobertura. En general, el país registra una enorme cantidad anual de abusos sexuales, en su mayoría dirigidos contra menores de edad. El año pasado hubo más de diez mil embarazos de niñas y adolescentes, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El número indica la existencia de una cultura de abuso machista muy grave. Aunque la reacción ante el caso de la niña fue positiva, traslució cierta hipocresía. En la sociedad salvadoreña, la agresión sexual contra mujeres y niñas es algo que pasa a diario, pero no todos los días se denuncia. Se necesitan casos especialmente mediáticos para que la indignación se desate, cuando en realidad se requiere enfrentar el problema sistemáticamente en la educación, en la cultura religiosa, en la cultura ciudadana y en el seno de la familia. El Estado tiene la responsabilidad de educar a la población para revertir la tendencia a ocultar, incluso justificar, los abusos. Y hay actitudes machistas en otros campos que deben superarse. El hecho de que el país haya sido incapaz de ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo muestra la cultura machista que persiste tanto en el Estado como en la empresa privada y los sindicatos, que son los encargados de velar por los derechos de las trabajadoras. Dicho convenio exige que las trabajadoras del hogar sean inscritas en el Seguro Social con los mismos derechos que cualquier trabajador formal. Pero aún abunda la idea de que el trabajo en el hogar no es tanto una labor que merece paga, sino una especie de obligación natural de la mujer. La comisión tripartita, conformada por representantes del Estado, la empresa y los sindicatos, ha obstaculizado la aprobación del convenio 189. Por ello, no hay duda de que es parte de la cultura machista que teóricamente todos condenamos. La indignación ante el abuso es necesaria, pero los golpes de pecho no bastan. A fin de no caer en la hipocresía, es obligatorio trabajar metódicamente por la erradicación de costumbres e ideas que llevan al abuso. Una sociedad en la que la hipocresía tiene fuerza difícilmente avanza hacia el desarrollo equitativo, pues la hipocresía implica aceptar la mentira como fundamento válido de la convivencia social. Tanto la persona hipócrita como la sociedad que cae en el mismo defecto pueden mantener magníficos discursos, hablar de valores y de respeto a la igual dignidad humana, y hacer todo lo contrario. Los escritores clásicos, en cuenta Cervantes, decían que el mal se disfraza con frecuencia de ángel de luz. Condenar con altisonancia un caso de abuso y permanecer indiferente ante la cultura machista que lo posibilita es cómodo, incluso tranquilizador, pero nunca reducirá el número de víctimas de este delito atroz ni el sufrimiento que provoca.

“La justicia es como la culebra, solo muerde a los descalzos”, dijo monseñor Romero hace décadas, repitiendo lo que escuchó de un campesino. El doloroso significado de esa frase no ha cambiado: con los ricos y los que roban a manos llenas, las leyes son indulgentes o francamente permisivas; por el contrario, golpean con dureza a los pobres que cometen alguna ratería, e incluso a los inocentes. Siempre atento a los deseos de quienes detentan el poder, el sistema de justicia se ha ganado su propio descrédito. Duras penas para los que roban gallinas por hambre, pero protección para los funcionarios que roban miles de sacos de alimentos destinados a familias pobres. Por supuesto, también siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema; jueces que han sabido mantenerse rectos en un contexto de manipulación y corrupción. Aunque cada vez son más escasas las dos características principales de un juez íntegro: independencia e imparcialidad, hay algunos que no se desvían del camino de la ética. El caso de los líderes ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, acusados por un homicidio cometido en 1989, se ha convertido en una vitrina de las arbitrariedades características del estado de excepción. Durante los casi ocho meses que estuvieron detenidos, los acusados sufrieron maltrato, hambre y hacinamiento. Tan escandalosas y numerosas han sido las irregularidades que rodean al caso que este alcanzó trascendencia internacional. Así lo atestiguan los dos pronunciamientos de la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, la carta en la que 17 congresistas estadounidenses le solicitaron al secretario de Estado de su país que abogara por los detenidos y el respaldo de más de 250 ONG del extranjero que han acompañado la lucha de la comunidad de Santa Marta por obtener justicia. Jurídicamente, el caso no parece tener asidero. Probablemente porque no puede probar la participación de los detenidos en el delito del que los acusa, la Fiscalía no apeló la decisión de la jueza de instrucción de Sensuntepeque de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliar. Además, las contradictorias declaraciones de un testigo, cuya identidad se desconoce por estar bajo régimen de protección, en lugar de apuntalar la acusación la han debilitado. Algo a lo que también ha contribuido la infructuosa búsqueda de los restos de la mujer asesinada. No hay indicios razonables para seguir el proceso. La solicitud de la defensa de un sobreseimiento definitivo amparado en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992, a la que la Sala de lo Constitucional devolvió la vigencia con la anulación de la ley de amnistía, pone a prueba al sistema judicial. La justicia debe sancionar a quien viola la ley y proteger a las personas a las que se les acusa sin fundamento. En una democracia verdadera, no se castiga la crítica que ejerce la ciudadanía a las acciones del Estado, sean cuales sean. Pero en un país de gobierno dictatorial, la ley cae pesada sobre aquellos que señalan los abusos e ilegalidades del poder. Los ambientalistas detenidos han jugado un papel clave en la lucha contra la minería metálica, que una vez más busca instalarse en el país. Todo apunta a que ese ha sido en verdad su delito.

Desde hace años, diversos sectores de la sociedad salvadoreña insisten en la necesidad de políticas públicas, programas y acciones que tengan por objetivo la superación de la pobreza y la exclusión, y el combate a la desigualdad; algo esencial para transformar efectivamente al país y lograr que un día todos sus ciudadanos puedan realizar sus proyectos de vida. Asimismo, ello contribuiría a la reconstrucción del tejido social y a la superación de la grave situación de inseguridad ciudadana que ha caracterizado a El Salvador por décadas. Lamentablemente, muy poco se ha hecho hasta la fecha en esta dirección. Cuando se conformó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se elaboró un ambicioso plan de trabajo en el que colaboraron diversos actores y al que se asignaron importantes recursos. Sin embargo, los fondos se destinaron principal y mayoritariamente a las acciones de represión y persecución del crimen, quedando relegadas las acciones de prevención de la violencia. Aunque la seguridad ciudadana haya mejorado notablemente en los últimos años, El Salvador sigue necesitando planes e inversión para combatir la pobreza y la exclusión de manera estructural. La falta de oportunidades y la exclusión de amplios sectores sociales es una de las causas más importantes del surgimiento y crecimiento de la delincuencia. Si bien hoy se ha privado de libertad a un gran número de personas en conflicto con la ley y ello brinda sensación de seguridad, la exclusión sigue afectando a más de una tercera parte de la población. Exclusión que inicia incluso antes del nacimiento, se consolida por las graves deficiencias del sistema educativo y se perfecciona por la falta de oportunidades de empleo digno. Si esta situación no se resuelve, la seguridad ciudadana no estará garantizada en el mediano y largo plazo. La más reciente iniciativa del Ejecutivo en esta materia, una ley que, a través de la creación de una nueva dirección, busca integrar a la sociedad a los grupos actualmente excluidos de la misma, adolece de al menos dos fallas. En primer lugar, no se articula con otros esfuerzos en la misma línea, tanto públicos como privados, y deja fuera a instituciones clave como los ministerios de Educación, Desarrollo Local y Trabajo. En este sentido, el sistema nacional de integración dará pie a la duplicidad de esfuerzos. En segundo lugar, los recursos que se asignan son claramente insuficientes para la magnitud del trabajo que se requiere hacer. En el mejor de los casos, la redacción de la ley es confusa a ese respecto: la nueva dirección dispondrá de unos 30 millones de dólares, la mitad de los recursos que recibía el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), con los que deberá echar adelante tanto el trabajo de integración como los programas de educación y capacitación que actualmente realiza el Insaforp. En un país como el nuestro, con un índice de pobreza superior al 35%, con una tasa de empleo decente que no llega al 30% de la población económicamente activa, con un gran número de personas privadas de libertad, la integración social es un reto gigantesco que requiere muchísimo más que 30 millones de dólares y una nueva fase de un plan de control territorial que nadie conoce. Debe ser una prioridad de carácter nacional, con todo lo que ello significa en capital humano, recursos financieros y mecanismos interinstitucionales. Solo así será posible que nuestra sociedad se acerque al nivel de bienestar con dignidad que todos merecemos.

En otros países, muchas empresas priorizan el tema de los derechos humanos en sus planes de responsabilidad social empresarial, pues saben que no es suficiente con la legislación que impone multas y diversos tipos de sanciones. En esa línea, desde 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU viene trabajando un tratado vinculante internacional que garantice que las grandes empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Ello implicaría que las personas afectadas en sus derechos por la actividad empresarial sean indemnizadas y exista la posibilidad de abrir juicios contra las transnacionales. Esto último posibilitaría que las naciones en vías de desarrollo, que con frecuencia contratan empresas transnacionales para el desarrollo de sus obras, prefieran a las que pertenecen a países que haya firmado el tratado, para tener así más garantías de obtener mejores resultados en caso de realizar un reclamo. En El Salvador se logró prohibir la minería metálica ante el riesgo de daños ecológicos. Eso es positivo y no se debe cambiar. Los constantes accidentes de las empresas mineras y las condiciones geográficas de nuestro territorio justifican totalmente la decisión. Pero existen otros riesgos vinculados a empresas transnacionales; por ejemplo, vertidos de petróleo, derrames de industrias cañeras y contaminación de fuentes de agua. Los grandes proyectos que promete el actual Gobierno suponen la contratación de empresas transnacionales, las cuales podrían afectar derechos básicos de los pobladores del entorno al construir viaductos, aeropuertos, trenes o potabilizadoras de agua de lagos volcánicos contaminada con minerales pesados. Dado que en la Constitución se reconoce el derecho a la indemnización, la violación del derecho básico a una vida sana por parte de una empresa debería estar sujeto a indemnización. El país se ha negado sistemáticamente a firmar el Acuerdo de Escazú, lo que ha hecho pensar a muchos en una regresión en el cuidado del medioambiente. Una regresión igual de nociva que la tendencia a declarar reserva de información en muchas de las actividades en las que se contrata a empresas transnacionales. El propio mundo empresarial debería ser consciente de que, más allá de posibles sanciones en un futuro no muy lejano, aprovecharse de tratos con el Gobierno para lucrarse ilegalmente o evadir responsabilidad es fuente de enorme desprestigio social. La apertura de la empresa privada a la transparencia, el desarrollo sustentable y al respeto de la dignidad humana debe ser una cuestión de principios. Exigirlo es ineludible para la ciudadanía que anhela una convivencia sana e incluyente.

En un mundo dominado por la imagen, muchas personas, instituciones y gobiernos se esmeran más por cultivar las apariencias que por ocuparse de la realidad. Este es el caso del presidente y el Gobierno de El Salvador. Ambos viven enfrascados en un esfuerzo titánico por pulir las apariencias, desde la imagen presidencial hasta todo lo que se puede promocionar en las redes sociales y los medios de comunicación. Mientras se demuelen aceras en buen estado para construir otras más estéticas y se comprometen 500 millones de dólares para aparentar que el país se está modernizando tecnológicamente, las medicinas en los hospitales escasean, los pagos a proveedores del Estado se retrasan, se cierran instituciones que brindaban servicios a sectores vulnerables y se congela por cuatro años el pago de la deuda y de los intereses a los fondos de los cotizantes de las AFP. Lo que importa es la imagen. Se presenta a el país como modelo de seguridad, el más seguro de América Latina, pero no se dice nada sobre las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales, sobre las miles de personas inocentes que han sido capturadas, sobre las cientos de muertes no esclarecidas en los centros penales, sobre la suspensión de los derechos a la defensa y al debido proceso. Lejos de reconocerse, eso más bien se silencia y esconde. Se dice que el pueblo es el que manda, pero no se habla del temor a ser encarcelado a causa de una simple llamada telefónica anónima. A fuerza de imagen, a fuerza de un gasto desmesurado en propaganda se quiere hacer creer que el país ha cambiado. En lo que actual Gobierno menos disimula es en la violación de las leyes, empezando con la Constitución, como si en su entorno el desprecio a la legalidad fuera fuente de prestigio. La ley, la justicia y la religión se utilizan a conveniencia, sin ningún tipo de pudor, para promover el culto al líder y a su versión de la realidad. Pero llegará el día en que no será suficiente con repetir que el dinero alcanza si nadie roba cuando al mismo tiempo se multiplican los casos de corrupción y malversación de fondos públicos. Ser honesto no es cuestión de dichos, sino de hechos. La rectitud pasa por utilizar los recursos para satisfacer las necesidades más apremiantes de la gente; es ser decente, razonable, justo. Virtudes que no son parte del repertorio vital de los actuales funcionarios. Ser honesto implica apegarse a la verdad, no a la conveniencia y el disimulo.

La “integración” de la sociedad, encomendada a una nueva dirección, no es un objetivo razonablemente asequible. Las dos marchas multitudinarias del 15 de septiembre han puesto de manifiesto la profunda brecha que separa al cuerpo social. En un lado, un ejército armado hasta los dientes más unos cuantos estudiantes de relleno. El desfile es militar, al estilo soviético, norcoreano o chino, no estudiantil. En el otro lado, los agraviados, los humillados y los descartados por la dictadura. Integrarlos es prácticamente imposible. Las fuentes de la exclusión y del descontento no pueden ser cerradas sin desarticular la arbitrariedad y el terror del Estado militarizado. La desintegración no es obra de “muros invisibles […] que están en la mente, en la psicología del miedo”, como asegura Bukele engañosamente. Los muros son reales, opresivos y violentos. Paradójicamente, él mismo asume la existencia de dos países. Si bien solo habla del que “renace” gracias a sus desvelos, el otro está presente por omisión. El país de Bukele, al cual llama “vitrina”, es el de los turistas y los surfistas, los deportistas y las mises extranjeras. Cuando desembarquen, encontrarán una autopista de primer nivel, bien iluminada y dotada de “un sistema inteligente”; “nuevos complejos con infraestructura cómoda y atractiva” en las playas, y plazas, edificios y jardines esplendorosos en los centros históricos de algunas ciudades. Tanto esmero contrasta con el abandono de Los Chorros, el descuido de la infraestructura educativa, la ausencia de espacios comunitarios, culturales y deportivos en las barriadas populares y la expulsión de la pobrería que malvive del comercio informal, para causar buena impresión en los paseantes de los centros históricos. El país “vitrina” es un espacio peculiar para los delirios de grandeza. La nueva biblioteca nacional es “la más grande y moderna de toda Latinoamérica”, los juegos regionales recién pasados fueron “los mejores de la historia” y El Salvador es el primer país latinoamericano en contratar “la infraestructura y todos los servicios” de un gigante digital. Es así como “el mundo tiene sus ojos puestos” en esta “vitrina” y “cada vez más personas quieren ser testigos de nuestra transformación”. Pero aquí concluye la lista de los productos exhibidos. No hay más “transformaciones” que admirar. Si las hubiera, no habría dejado pasar la oportunidad para enumerarlas. Aquí no cabe “la reserva” por razones de seguridad nacional. Agotada la lista, solo queda “creer” que el país está “renaciendo”, que “ha experimentado un cambio profundo” y que “en tan solo cuatro años somos un nuevo El Salvador, con una nueva historia”, lo cual ha sido posible gracias a “nuestra capacidad”. Pero el gigante digital no ha sido atraído por esa capacidad, sino por los 500 millones de dólares que Bukele le entregará en los próximos siete años. La baja ejecución del presupuesto (menos del 60 por ciento en lo que va del año) deja en mal lugar la capacidad operativa de Bukele. El llamado “a todos los salvadoreños” para “estar a la altura de este momento” y “asumir un rol activo y dejar de ser ciudadanos pasivos”, tampoco se sostiene. El país de Bukele no desea ciudadanos activos, sino obedientes a sus dictados. La pasividad actual, que tiene mucho de miedo, es obra de la dictadura. En una cosa no se equivoca el discurso de Bukele. El país “vitrina” no es más que un sueño. Él mismo lo reconoce, cuando pasa, sin más, del presente al futuro. Hasta ahora, solo ha colocado las “bases sólidas y férreas” de ese sueño, que espera hacer realidad “algún día”. Tan es así que invita a “pensar en grande” y a “construir un futuro que hasta hace poco era inimaginable”. Al paso que avanza la realización de lo inconcebible, envejecerá en el poder. Es decir, el presente es fundamentalmente el mismo de siempre con alguna que otra novedad. La “vitrina” presidencial, en el mejor de los casos, es bastante modesta. No está a la altura de las promesas y las expectativas. Así, pues, Bukele invita a conformase con soñar grandezas futuras. La integración social no es más que una alusión para justificar la disolución y la apropiación del patrimonio de una institución dedicada a la formación profesional. La superación de la división y la reconciliación social son un pretexto para apropiarse de un dinero cada vez más escaso. Dicho de otra manera, Bukele sacrifica la formación profesional de los menos favorecidos para sobrevivir. Es imposible que la nueva institución pueda prestar un servicio educativo más eficaz y mejor con una reducción presupuestaria del 80 por ciento. La dinámica de la dictadura empuja a la exclusión, la división y la confrontación. Solo los privilegiados están invitados a disfrutar del país de Bukele. Los demás no cuentan, más bien estorban. Por eso los hace desaparecer. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, realizada en 2022, muestra que en el 52.5% de los hogares salvadoreños del área rural se vive en hacinamiento y que en el área urbana esa condición alcanza al 31% de los hogares. Según la misma fuente, “el hacinamiento es un indicador básico para evaluar la calidad de vida en los hogares ya que, cuando un hogar se encuentra en esta condición, sus miembros presentan mayor riesgo de sufrir ciertas problemáticas como violencia doméstica, desintegración familiar, abusos, violencia sexual, bajo rendimiento escolar, entre otros”. La situación es, pues, muy preocupante, pero se vuelve escandalosa al tomar en cuenta la proliferación de complejos habitacionales metropolitanos con viviendas que superan los 100 metros cuadrados y que disponen de áreas verdes y espacios recreativos. Comprar una casa en una de esas residenciales escapa a las posibilidades económicas de la mayoría de las familias salvadoreñas. En las últimas dos décadas, los precios de las viviendas han sufrido un elevado incremento que no se corresponde con el aumento del costo de la vida ni con la capacidad adquisitiva de la población. Esto ha convertido a la construcción y promoción de viviendas en uno de los negocios más rentables a nivel nacional, y ha restringido el acceso a la vivienda a una minoría privilegiada. Hasta ahora, las intervenciones gubernamentales en el tema de la vivienda y el hábitat distan mucho de lo que requiere El Salvador; las memorias de labores del Ministerio de Vivienda muestran resultados insuficientes respecto a las necesidades. La mayor inversión oficial es la dedicada a préstamos para adquisición de vivienda, pero que solo son accesibles para familias con un empleo formal y a tasas de interés muy similares a las de las instituciones bancarias. En el último año, el Ministerio de Vivienda ha entregado 28 apartamentos en San Martín, 12 viviendas en La Libertad, un subsidio de 304,350 dólares para la construcción de 104 viviendas en ayuda mutua y 84 paquetes de mejora de vivienda para igual número de familias. Cuatro años después de la toma de posesión del actual Gobierno y de la creación del Ministerio de Vivienda, la inversión en este rubro, sin la cartera de préstamos, es anecdótica y no ha logrado cambios significativos en el lamentable estado de la vivienda en El Salvador. Ante una realidad tan crítica, a la que se añade que el 48% de los hogares habita en vivienda ajena, se requiere de un plan de emergencia a nivel nacional que reduzca el déficit habitacional y el hacinamiento, y que amplíe el acceso a una vivienda digna para los sectores populares. Una acción de este tipo no se ha visto en el país desde las décadas de 1950 y 1960, cuando se realizaron las mayores inversiones en vivienda popular de la historia nacional. Es mucho lo que falta por hacer en materia de vivienda y hábitat para el bienestar a la población, especialmente del 50% que vive en hogares con importantes déficits. El enfoque no puede ser el del libre juego del mercado, pues este se ha mostrado feroz, sin alma y excluyente. Es el Estado el que tiene el deber de velar por la calidad de vida de la población más vulnerable y desfavorecida. El artículo 119 de la Constitución declara de interés social la construcción de viviendas y afirma que el Estado procurará que el mayor número de familias sean propietaria de una. Al día de hoy, adquirir una casa o un apartamento es un sueño irrealizable para la mayoría de la población. Lo más visitado Opinión Noticias Multimedia Los Chorros, un obstáculo inconmensurable Ética de la responsabilidad Desde la empatía a la razón El triángulo de la violencia Hoy, perseguidores; mañana, perseguidos

La pensadora Adela Cortina señala que la ética debe partir siempre de dos elementos: de lo que es razonable y justo, según las grandes tradiciones del pensamiento, y de los sentimientos profundos de solidaridad y misericordia. El primer aspecto recoge toda la experiencia humana de pactos, convenios y reflexiones sobre derechos humanos. Y el segundo implica ponerse en el lugar de las víctimas de sufrimientos injustos propiciados desde cualquier ámbito de poder, sea político, económico o social. Razón y sentimientos unidos generan lo que la catedrática universitaria llama ética cordial. En la mayoría de países de este istmo que une el norte y el sur del continente americano, abundan las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento injusto. Nicaragua mantiene un Estado policíaco que reprime el pensamiento crítico con penas brutales reñidas con todos los pactos y convenciones firmadas por el país. El destierro, la cárcel, la privación de nacionalidad, el espionaje, el chantaje y las represalias contra los familiares de quienes se han manifestado críticamente en algún momento son pan de cada día en la sociedad nicaragüense. Guatemala está atenazado por un grupo mafioso de poder en el que se mezclan exmilitares genocidas, empresarios y narcotraficantes; un grupo que pretende burlar el reclamo democrático de la población e impedir el acceso al Ejecutivo del candidato a la presidencia elegido recientemente, o al menos anular sus posibilidades de reforma social. En el Salvador se está imponiendo un autoritarismo creciente, con amplia influencia en medios y redes sociales, que ofrece soluciones a algunos problemas sociales sin que importen los medios utilizados, muchas veces reñidos claramente con el Estado de derecho. En Honduras, aun con algunas perspectivas de cambio respecto al autoritarismo represivo anterior, se entremezclan demasiados intereses más empeñados en mantener privilegios que en impulsar el bien común. En los cuatro países los pobres son los que más sufren y los que más forzados se ven a la migración o a plegarse a promesas falsas. Convertir en cultura los derechos humanos, aceptar en la convivencia y en el derecho la dignidad presente en toda persona por el mero hecho de ser humana, e impulsar la justicia social son tareas ineludibles. Y más cuando las élites gobernantes adaptan a sus intereses el discurso sobre los derechos humanos. Quienes desde la razón apelan al pensamiento crítico deben también manifestar con mayor claridad su solidaridad con el sufrimiento concreto de tantas hermanas y hermanos. Si la razón teórica de los derechos humanos es por muchas circunstancias injustas asunto de minorías, el corazón y el sentimiento frente al dolor de quien sufre es patrimonio de todas las personas sensibles y capaces de empatía. Caminar desde la empatía a la razón es clave para construir una cultura solidaria capaz de vencer la pobreza y la vulnerabilidad generalizadas. El fin nunca justifica los medios, menos aún cuando estos ofenden la dignidad de las personas. Mientras no se acepte esto, el peligro de convulsiones sociales siempre estará presente.

Editorial Idhuca Septiembre siempre inicia con aires nostálgicos, con mucho azul y blanco y discursos patrióticos que buscan recordar la importancia de las hazañas “independentistas”. Así que valga esa nostalgia, no para ensalzar nacionalismos, sino para recordar nuestra historia y comprender el presente. Si de algo nos debe servir esta fecha es para reflexionar sobre nuestra historia, la violencia que la ha acompañado, el sufrimiento de tantas y tantos, las vidas perdidas, los ideales que no han podido ser. Pero siempre será importante recordar y reflexionar. Porque borrar el pasado y atribuirle todo lo malo es una visión reduccionista e inmadura que nos lleva a pensar que solo el futuro será mejor y por eso importa, aún cuando no haya señal del presente que nos haga pensar que puede haber cambios para bien. Hace dos años, el Ejecutivo le designó al mismo Ejecutivo la elaboración de reformas constitucionales, que prácticamente se convirtieron en una nueva Constitución. Un año después, el presidente anunciaba que se reelegiría, sin importarle que la Constitución lo prohíbe expresamente, pero eliminó los controles para que nadie se interpusiera en su afán de hacerse de más poder. Nuestra propia historia y la latinoamericana nos alerta sobre el peligro del presente, porque ya lo vivimos, y porque sabemos que normalizar el irrespeto a las normas y a lo diferente no conduce a nada bueno. Lo demostró Maximiliano Hernández Martínez y las sucesivas dictaduras militares. Nos lo enseñó Chile, que este 11 de septiembre recordó los 50 años del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder y que hoy, enfrente del Palacio de la Moneda se gritó un potente #NuncaMás. Y así, hay tantos ejemplos que hacerse del poder solo puede llevar a represión y opresión. Es preciso recordar que la nuestra es una historia violenta, que no se reduce a 202 años de existencia, pero eso debe llevarnos a confirmar que solo el respeto hacia el otro y la otra permitirá nuestra convivencia y la construcción de una sociedad más justa y más humana. El deseo que debe primar es que vivamos en libertad y en fraternidad, en unión, donde no falte el pan para todas y todos, y donde haya una existencia digna para cada persona.

Los deslaves persistentes en Los Chorros exhiben las interioridades de la dictadura. Al comenzar su mandato, Bukele criticó duramente a sus antecesores por no haber asegurado esa vital vía de comunicación con el occidente del país y enseguida prometió que él lo haría. Más de cuatro años después, Los Chorros son todavía lugar de deslizamiento de tierra, piedras y árboles. También es un paso con una siniestralidad elevada. Cualquier lluvia torrencial tira la montaña abajo y, si no, un accidente o un vehículo con desperfectos mecánicos lo cierra. Los congestionamientos son tan espectaculares como siempre, al punto que forman parte de la cotidianidad de quienes lo transitan. Los elevados costos humanos y materiales son prohibitivos para la economía regional que menos crece. Entretanto, Bukele, al igual que sus antecesores, se contenta con remover las consecuencias de la vulnerabilidad medioambiental, la imprevisión y la irresponsabilidad. Incapaz de prevenir, se conforma con remendar unas pendientes muy inestables y con avisar del peligro de derrumbes e inundaciones. El conformismo gubernamental es simple impotencia. La solución prometida aún permanece en el papel. La inestabilidad de Los Chorros no es única. El año pasado, la institución estatal a cargo del agua potable perdió más 60 por ciento del líquido extraído. A pesar de ser un vital recurso natural cada vez más escaso, Bukele no ha podido impedir la fuga del agua por unas tuberías en ruinas y ha tolerado las conexiones ilegales y el simple robo. Mientras tanto, el agua escasea en las zonas populares. Las alcaldías de Soyapango, Mejicanos y Nuevo Cuscatlán crearon empresas mixtas para recolectar los desechos sólidos, mediante contratos fraudulentos, negociados por personajes con antecedentes poco recomendables. En algunas de esas municipalidades, la acumulación de la basura en los espacios públicos es recurrente. En la actualidad, las tres alcaldías están descabezadas: la alcaldesa oficialista está detenida; los otros dos alcaldes están ausentes. Estas alcaldías no son la excepción. Existen indicios de corrupción en otras muchas. El mismo patrón se observa en una alcaldía como la de Santa Tecla, empeñada, desde hace meses en rehacer las aceras. Destruye las existentes, las reemplaza y las vuelve a demoler, y a reconstruir. Una versión tecleña de un Sísifo ajeno a la acumulación de cascotes en unas calles ya achicadas por el caos urbano y a la de equipo y material de construcción en una de las paradas de autobuses más concurridas de la ciudad. Los escenarios deportivos de los juegos regionales recién pasados no estuvieron terminados para la inauguración. Algunos todavía no han sido concluidos, mientras que, dos meses después de la competencia, la Universidad de El Salvador aguarda la devolución de sus instalaciones. La educación no es una prioridad para Bukele, a pesar de haber prometido universalizarla. Más de cuatro después, casi la mitad de la población nacida en 2001 no terminó la educación secundaria y quienes la concluyeron tienen deficiencias notables en las áreas básicas del conocimiento. Nada extraño, dado que el presupuesto para educación tiende a la baja. Entretanto, Bukele mira hacia otro lado. No hacia Los Chorros, el occidente y Guatemala, donde la intervención es urgente, sino hacia las vías que conducen al litoral, donde ha creado un costoso centro turístico con menoscabo de zonas protegidas para el disfrute de privilegiados con dinero de sobra. Asimismo, pagó millones de dólares por un concurso de belleza y acondiciona escenarios y remodela parques y plazas, remodeladas no hace mucho, para que las mises desfilen. Comprometió 500 millones de dólares con un gigante digital para informatizar el Estado, a pesar de que existen alternativas mucho más baratas y probadas. Sin embargo, la fotografía con los representantes de la multinacional, los surfistas y los turistas, y las mises vale mucho más. La difusión intensa de estas actividades, y de muchas otras de menor envergadura, oculta la ineficiencia de la dictadura. Es una huida hacia adelante, que no conduce a ninguna parte, excepto a los bolsillos de unos cuantos, que rebosan con el dinero del tráfico de influencias y los sobornos. La difusión es complementada con la reorganización y el cambio de nombre e imagen de las instituciones existentes. Aparte de centralizar aún más la actividad gubernamental, estas no prestan un mejor servicio a la población por falta de fondos y de competencia. Bukele ha hecho del país un escaparate, donde exhibe un país exitoso, que provoca admiración, incluso envidia, en las redes digitales. Detrás de su cuidada exhibición esconde un país muy vulnerable y una sociedad empobrecida, desempleada, deseosa de emigrar y amante de la violencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José María Tojeira 12/09/2023 La independencia de Centroamérica es un acontecimiento del pasado. Su significado para hoy depende en muchos aspectos de lo que recordemos de ese momento. Hay quienes prefieren ver la independencia como un paso valiente frente a un poder superior. Por eso, deducen de sus recuerdos, a nuestros países les conviene armarse. “El ejército vivirá mientras viva la república” es probablemente la frase que más repiten quienes piensan en una independencia armada. No importa que la realidad haya sido distinta, que la independencia haya sido pacífica y que los ejércitos nacieran en nuestras tierras para servir a las oligarquías locales que desmembraron la Centroamérica unida. Recordar la Asamblea Constituyente de 1823 resulta más interesante para entender los propósitos de la independencia y para reflexionar lo que la misma nos entrega para una positiva reflexión actual. En esa Asamblea se ratificó la independencia y se construyó el país que la gente noble deseaba. No recordar los ideales de aquel entonces y enturbiar la política con intereses particulares y egoístas nos ha llevado a una historia triste y a estar en la cola del desarrollo humano, al menos en los cuatro países más norteños de Centroamérica. España, la potencia colonial de la que se independizó Centroamérica, abolió la esclavitud formalmente en 1837, pero siguió permitiéndola en sus territorios americanos: en Puerto Rico hasta hasta 1873 y en Cuba hasta 1886. Y por supuesto, nobles españoles con propiedades en Cuba continuaron involucrados en el tráfico de esclavos hasta avanzado el siglo XIX. En México, del que dependimos brevemente después de la independencia, el fin de la esclavitud llegó en 1829. En Estados Unidos, cuya independencia temprana de Inglaterra inspiró a muchos independentistas americanos, la abolición de la esclavitud llegó hasta 1863. En Centroamérica, la abolición se produce en 1824, en la Asamblea Constituyente de Centroamérica, auténtica fundadora de la República, bastante antes que nuestro principales vecinos. Un profundo humanismo inspirado en la religión, la lógica democrática y la reacción frente al sistema colonial que legitimaba la esclavitud estuvieron en el fondo de los razonamientos. En las deliberaciones hubo una fuerte discusión sobre la indemnización a los dueños de esclavos, una vez liberados por el Estado. También se discutieron las penas, pidiendo algunos incluso la de muerte para quienes traficaran esclavos. Al final, un salvadoreño, el sacerdote José Simeón Cañas, pidió la aprobación inmediata de la liberación de los que él llamó “nuestros hermanos esclavos”. Su razonamiento era limpio y claro: el despojado de sus bienes tiene derecho a la restitución. Y no habiendo bien mayor que la libertad, resulta humanamente indispensable restituir el derecho básico a la misma. Habiendo además declarado libre a la nación, es necesario que todas sus partes queden libres. Ofreció también su salario como diputado para el fondo de indemnización a los propietarios de esclavos. Independencia es eso: libertad y fraternidad para todos. Sin pensar que otros países, aunque sean más poderosos, hagan otras cosas o mantengan costumbres y normas que uno no considera coherente con la democracia y los valores republicanos. En el hoy nuestro es necesario reflexionar sobre las personas a las que hacemos sufrir injustamente, como a las que metemos presas siendo inocentes o las que tienen dificultades para comer los tres tiempos. Independencia es dar libertad y dignidad, trabajo digno y protección social a todos los que viven en el país. Así como la esclavitud era necesario abolirla en una país que se consideraba libre, así también hoy tenemos que enfrentar las necesidades de los más pobres y vulnerables de nuestro país, que en algunos aspectos conservan situaciones impuestas semejantes a las antiguas de los esclavos. Celebrar es recordar el pasado, no manipularlo al capricho del poder. Recordar lo bueno es indispensable para que nuestro país sea cada vez más centroamericano, más democrático y más justo.

Editorial Idhuca Cuando se habla de corrupción en El Salvador es importante tener en cuenta que se trata de una práctica estructural, que carcome las entrañas de las instituciones y que tiene efectos concretos en la vida de la población; es decir, en el ejercicio de los derechos humanos de cada una y cada uno. Esta corrupción se manifiesta de diferentes formas: desde colocar a familiares en cargos sin tener las aptitudes, pasando por el desvío de fondos públicos, hasta el cobro de dinero por dejar pasar algún paquete a una persona detenida o permitir verla. De forma reiterada, y sobre todo en tiempos de campaña, las promesas de combate a la corrupción proliferan y nuestro afán por querer convivir en espacios libres de comportamientos retorcidos y perversos, hace que muchas veces creamos en estas promesas. Pero comúnmente, cuando alguien en quien confiamos se aprovecha de alguna situación y nos traiciona, solemos reaccionar con inseguridad, aversión y cautela… Sobre todo si a esta persona le brindamos más oportunidades y, aún así, sigue traicionando nuestra confianza. De esa misma forma actúan los funcionarios que cometen corrupción: la sociedad confía en ellos, pero traicionan ese voto de confianza y se lucran del Estado para beneficio personal. Luego prometen combatir esa situación que ellos mismos han creado, pero solo maquillan esfuerzos que están vaciados de contenido, con la apariencia que se está haciendo mucho, cuando en realidad se sigue minando el Estado y sus fondos que, al final de cuentas, se trata de nuestros impuestos. Esto no es nuevo. La corrupción, en menor o mayor medida, ha estado presente, al menos, en los últimos 30 años. Desde la corrupción cometida por funcionarios de gobiernos de Arena y del FMLN, hasta la corrupción cometida por funcionarios actuales, de los cuales muchos siguen ostentando cargos públicos. Por eso indigna mucho que el gobierno actual, en apariencia, nos haga creer que trabaja en contra de la corrupción, cuando sigue desbaratando instituciones, eliminando los controles, anula la rendición de cuentas y se caracteriza más por la opacidad que por la transparencia. Este gobierno instrumentaliza la justicia, se ufana de utilizar un lenguaje de “guerra” y ha acuñado también la frase de “guerra contra la corrupción”, pero siguen irrespetando las normas y eliminando todo aquello que le hace estorbo. Se empecinan por defender a los suyos y sacrifican a quienes consideran imprescindibles, para hacer creer al imaginario que se es diferente cuando son más o peor de lo mismo. La corrupción destruye las instituciones estatales y la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones mínimas de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Debido a las desigualdades preexistentes, la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad y las personas que viven en la pobreza. Luchar contra la corrupción requiere hacer verdaderos cambios estructurales, no pantomimas que se ensañan contra uno o dos peones que se vuelven insignificantes en la partida que hay que ganar. Hay que partir por transparentar y rendir cuenta y apostarle al combate a la impunidad. De lo contrario, se está traicionando una vez más ese deseo de la población de confiar que se harán las cosas diferentes, una promesa más que queda sin cumplir.

Editorial UCA Escuche aquí: Cuando se acerca la celebración de la independencia de Centroamérica, antes de tirar cohetes y organizar ruidosos desfiles, conviene reflexionar sobre lo que el hecho significó en aquellos momentos y lo que debe significar para nosotros en la actualidad. La independencia se vivió de distintos modos y maneras. Hubo personas que la proclamaron para que no lo hiciera el pueblo por su cuenta. Así reza el acta de la independencia, suscrita por una reunión de notables en Guatemala, temerosos de una insurgencia popular que les dañara su situación socioeconómica. Otros la vivieron con esperanza; deseaban cambiar el sistema de castas, la esclavitud e incluso la explotación de los pobres, especialmente de los indígenas. Desde la confianza en la cultura autóctona, muchos acompañaron la independencia con alegría. Por supuesto, hubo personas que no se enteraron o tardaron en darse cuenta. Y algunos, pocos pero poderosos, vieron en la independencia una oportunidad para desmembrar Centroamérica en diminutos países, centrados en los intereses locales. En la actualidad, continuamos honrando la fecha, pero lo que fue una independencia básicamente pacífica se celebra ahora como un evento militar. Los desfiles ocupan la mente de los niños. El Ejército se presenta, también desfilando, como salvaguarda de la República. Para otros es una oportunidad para resaltar los logros del Gobierno de turno o para impulsar el nacionalismo. No faltan, no obstante, los que reflexionan sobre las tareas que implica una independencia en los campos económicos y sociales. La responsabilidad está ahora en nuestras manos; despreocuparse de los problemas existentes es la mejor manera de mantenerse sujeto a otros. Independencia es hoy autonomía y capacidad de lograr el bien común con justicia y libertad. En el pasado, quienes quisieron vivir la independencia como transformación de una sociedad en la que predominaban la explotación y la falta de libertad lograron la abolición de la esclavitud. Pidieron también medidas para el desarrollo de las comunidades indígenas, tratando de liberar a los pueblos originarios de impuestos dañinos y opresivos. Si quiere desarrollar su independencia, a la sociedad salvadoreña le toca enfrentar todo aquello que signifique abuso o exceso de poder. El régimen de excepción que se vive desde hace más de un año supone el encarcelamiento y empobrecimiento de personas de la franja más vulnerable de la población. El subempleo, la amenaza a sindicatos, el clima de polarización, el endeudamiento cada vez mayor, el encarecimiento de la canasta básica implican amenazas para la autonomía de las personas y del país. Independencia, por el contrario, supone soberanía alimentaria, eliminación del hambre, salarios dignos, capacidad de diálogo y de encontrar caminos comunes en la convivencia nacional. Celebrar la independencia pensando en el país será siempre más positivo que los cohetes, los desfiles y los espectáculos propagandísticos. Celebrarla es optar por El Salvador y por su desarrollo, es tener un proyecto de realización común en beneficio de todos y generador de amistad social. Preguntarnos con honestidad cómo celebrar la independencia más allá de los clichés y la exhibición de armas puede dar inicio a uno de los cambios que hacen falta.

A finales de agosto murió una salvadoreña a quien se ha llamado Rosario para seguridad de su familia. Desde hace años, Rosario padecía insuficiencia renal. Estaba ya en la etapa 5, es decir, sus riñones tenían un daño grave y ya no podían limpiar la sangre, lo que le ocasionaba múltiples padecimientos. Ella aplicó al programa de trasplante de riñón del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su esposo se ofreció como donante. Después de pasar los exámenes de rigor, se le declaró apto para serlo. Pero en abril de 2022 fue detenido en el marco del estado de excepción y el proceso de preparación para la operación se vio interrumpido. Varias veces se hizo la solicitud de liberación, hasta que finalmente la Cámara de lo Penal ordenó que continuara su proceso en libertad a fin de que pudiera ayudar a sobrevivir a su esposa. Sin embargo, la resolución de la Cámara fue desoída por la Dirección General de Centros Penales, argumentando que la Fiscalía General de la República había iniciado otro proceso judicial en contra del señor. Varias organizaciones, entre ellas el Idhuca, que acompañaba legalmente al esposo de Rosario, iniciaron una campaña, a la que se sumaron colectivos y personas, pidiendo la liberación del donante. Rosario murió a finales de agosto; su esposo sigue detenido. Luego de que se dieron a conocer los entresijos de la tregua que las principales pandillas del país acordaron con apoyo del Gobierno de Mauricio Funes, Raúl Mijango fue el rostro elegido para condenarla. Mijango fue asesor del ministro de Defensa, David Munguía Payés, y medió entre las maras para llegar a la tregua. Pese a la condena social, nunca se escondió ni negó el rol que jugó en el proceso. Lo detuvieron en 2016 y en repetidas ocasiones las acusaciones judiciales en su contra por diversos delitos se cayeron por falta de pruebas. Hasta que en octubre de 2018, gracias al testimonio de un testigo criteriado que había declarado en otros juicios, lo condenaron a 13 años y 4 meses de prisión, acusado de colaborar en una extorsión. Mijango estaba enfermo cuando lo condenaron. Y con el paso del tiempo y por las duras condiciones de la reclusión, su estado de salud se fue agravando. Tenía varias enfermedades; entre ellas, insuficiencia renal. La última vez que dio declaraciones, dijo que su vida dependía de una máquina para hacerse dos hemodiálisis semanales y una dieta que en el centro penal era imposible de cumplir. Por eso, solicito libertad condicional, pero se le negó argumentando “riesgo social”. Sus representantes pidieron que lo sacaran por razones humanitarias, para que pudiera morir en su casa, pero la solicitud no obtuvo respuesta. Mijango murió el pasado 28 de agosto. Aunque de naturaleza y connotaciones diferente, estos dos ejemplos dan cuenta de los niveles de deshumanización en los que ha caído la administración de justicia controlada por el Ejecutivo. Independientemente de que se crea o no en la veracidad de los señalamientos en ambos casos, no conceder una medida humanitaria y aplaudir esa decisión reflejan un grave deterioro humano y social. Hay más, muchos más casos de personas que han muerto en los centros penales pese a los ruegos y los recursos presentados por sus familiares. Una sociedad que es insensible y tolerante a las injusticias camina hacia su destrucción.

La persecución de la corrupción entre los funcionarios del pasado es, en principio, positiva. Pero su parcialidad y su saña están reñidas con la justicia. La motivación política y la inquina personal que la mueven son perversas. La justicia no es recta cuando no es universal, porque se administra para ajustar cuentas. Sus administradores no debieran descartar que ellos pueden correr una suerte similar si caen en desgracia. La única forma de evitarlo es acumular mandatos presidenciales. La dinastía de los Bukele aseguraría el ocultamiento indefinido de sus crímenes. Contrario a las apariencias, nadie puede garantizar a los incondicionales que un cambio ajeno a la familia gobernante mantenga sus secretos. Esta es una poderosa razón para encomendarse a la continuidad de los Bukele. Ventaja adicional es que su permanencia en el poder lleva aparejada la prolongación del enriquecimiento ilícito y del saqueo del Estado. Muy en tercer lugar, tal vez tengan la intención de hacer realidad tantos proyectos anunciados y no desarrollados, o inconclusos como la infraestructura escolar o los hospitales. Los perseguidores de la corrupción del pasado ahora son fuertes, pero son vulnerables. Su supervivencia depende de la continuidad de la dictadura y sus intimidades. Pero las dictaduras no son eternas. Los colaboradores caen junto con los dictadores. No es, pues, pérdida de tiempo contemplar esa posibilidad. Cuando llegue, tal vez más pronto de lo que les gustaría, sus desafueros saldrán a la luz pública. Entonces, les pedirán cuentas del despilfarro, del pillaje, de los fraudes y también de las violaciones a los derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y están sujetos a la persecución internacional. Más de alguno puede terminar reclamado por la Corte Penal Internacional con una orden de captura como la que impide a Putin viajar al exterior. Cuando los incondicionales de la dictadura se encuentren en este aprieto, ¿dónde se esconderán? Cuando El Salvador se les vuelva hostil, ¿en qué país se refugiarán para pasar desapercibidos? Estados Unidos ya no es opción para algunos de los más destacados. Los altos mandos militares de la guerra civil, otrora enaltecidos como héroes anticomunistas, han sido acusados de crímenes de guerra y han sufrido deportaciones. Un excoronel fue entregado por la justicia estadounidense a la española, que lo juzgó, lo encontró culpable y lo condenó a más de cien años de cárcel. Bien harían los peones de Bukele en prever que, en un futuro no lejano, pueden encontrarse en apuros similares a los de los expresidentes del FMLN, los mandamases de Arena y los exoficiales de la guerra civil. Si de algo pueden estar seguros es que los Bukele no darán la cara por ellos y no les será fácil encontrar un país donde sean bienvenidos. Desde una perspectiva personal, ¿qué le dirán a sus seres queridos cuando sean acusados de malversación, robo, estafa, incluso de asesinato, y se vean expuestos a la vergüenza pública? No podrán excusarse con la creación del nuevo país, muchas veces prometido, pero no concretado. La vergüenza derivada de la exposición a la opinión pública es más dolorosa que la multa y la prisión. Uno de los exoficiales chilenos juzgados y condenados por el asesinato de Víctor Jara optó por el suicidio. Varias promociones de oficiales salvadoreños han reaccionado indignadas por la imputación de crímenes de guerra a dos de los suyos. En su pronunciamiento, estos oficiales invitan temerariamente a su comandante en jefe a hacer uso de su poder absoluto para librarlos de los rigores de la justicia. La multiplicación de las señales de agotamiento aconseja reflexionar sobre el futuro de la dictadura. La confrontación con diversos sectores sociales va a más. En gran medida, porque no dispone de fondos para cumplir los compromisos adquiridos y, por tanto, tampoco de flexibilidad para negociar. Así, su sensación de asedio aumenta. El acoso a los trabajadores de la salud, la negociación de contratos colectivos bajo vigilancia militar, el despido de líderes sindicales incómodos, el cese de empleados públicos descontentos, la criminalización de los líderes comunitarios independientes y de los campesinos que no ceden a las presiones del capital asociado a los Bukele son muestras claras de debilidad. La solidez aparente puede llevar a pensar que su régimen tiene aún mucha vida. El mismo cálculo hicieron los dictadores latinoamericanos del pasado, hasta que la catástrofe se abatió sobre ellos y sus colaboradores, sus familias y sus bienes. La insensatez tiende a obviar las consecuencias de las decisiones erróneas. En su cortedad, otorga carácter definitivo a lo inmediato y pasajero. En esto, los incondicionales de la dictadura son como los pandilleros, quienes también dieron por hecho que su poder territorial y económico había llegado para quedarse indefinidamente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En El Salvador, como en muchas otras partes, suele haber un contraste entre el lenguaje oficial y la práctica cotidiana. La Constitución puede decir solemnemente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero la ley trata a los ciudadanos de distinta manera, según sean sus condiciones económicas, políticas, culturales, etc. Ensalzamos las raíces indígenas y nos despreocupamos de la economía, la salud y la cultura de los indios. Hablamos mucho de democracia, pero preferimos las medidas de autoridad. Estamos teóricamente contra la violencia, pero nos encantan los castigos duros, a veces cercanos a la tortura. Son problemas antiguos, pero que a medida que pasa el tiempo suelen reaparecer. En los años transcurridos desde el fin de la guerra, todos los partidos que nos han gobernado han caído en contradicciones de este estilo. Los políticos suelen defenderse diciendo que los de los otros partidos han hecho cosas peores, pero la semejanza en este tipo de contradicciones ha solido ser demasiado frecuente. En realidad, este problema cultural proviene de siglos de racismo. El ser humano ha tendido históricamente a dividir a las personas en superiores e inferiores. Con las diferencias étnicas, el racismo, presente en muchas sociedades, ha creado dolor y muerte. Incluso en países avanzados, como Estados Unidos o Alemania, hay gente que se cree superior a otros grupos étnicos, comete delitos vinculados al odio racial y presume de una supuesta supremacía blanca. El racismo está condenado por activa y por pasiva en las leyes locales e internacionales, pero continúan apareciendo focos de este mal, muchas veces violentos. Sin embargo, no solo crean problemas de convivencia los grupos racistas, compuestos muchas veces por personas paranoicas. El problema se agrava cuando las instituciones dan muestras de parcialidad hacia unos sectores de la población y marginan o maltratan a otros. Si un sistema judicial permite que los detenidos sean exhibidos en paños menores, hincados y presentados ya como culpables ante los medios de comunicación, no lo hacen de la misma manera con todos. A los pobres se les presenta semidesnudos. A diputados, corruptos con dinero, gente que ha tenido relaciones sociales amplias, se les presenta mejor vestidos y generalmente no en posiciones humillantes. Presentar públicamente a los acusados esposados como si fueran culpables es una violación del principio constitucional de presunción de inocencia. Incluso cuando se viola la Constitución se producen diferencias entre los considerados superiores y los vistos como inferiores. El Salvador ha firmado un buen porcentaje de convenios relativos a derechos humanos. Tiene en su Constitución una verdadera insistencia en la igual dignidad de todas las personas. Pero como muchos otros países, conserva esa tendencia a diferenciar entre superiores e inferiores. De hecho, el machismo no es sino una forma patriarcal de racismo. Y desde el Estado se trata con mayor consideración a quienes tienen más que a quienes viven en la pobreza. No importa la tradición de personas generosas que desde el inicio de nuestra vida independiente trabajaron por la liberación de los esclavos, fueron generosas con los empobrecidos o practicaron desde su fe cristiana una verdadera opción por los pobres y por defender sus derechos. Aunque larvadas y sin una opción teórica, las formas de racismo se repiten cuando dividimos a las personas en superiores e inferiores. Los gobiernos, a través de la enseñanza y las instituciones, deben trabajar seriamente en la lucha contra el racismo, muchas veces justificado desde el odio y desde el desprecio a los pobres. Se puede y se debe hacer, y de hecho algunas instituciones han avanzado. El Salvador tiene recursos humanos e históricos que le pueden ayudar a cambiar el trato desigual que suele darse según la condición social de las personas. La mayor protección y consideración con el pobre y el humilde es la única manera de universalizar derechos y de vencer esa manía de comparar a las personas, dividirlas en superiores e inferiores, y dar un trato desigual en perjuicio para los más vulnerables.

La política de seguridad actual en El Salvador es brutal, alejada y contraria a la Constitución y a la jurisprudencia interna, ajena a los estándares internacionales y violatoria de derechos humanos. Además, no hay institución ni persona alguna capaz de ejercer sobre ella un control independiente. Es cierto que las comunidades pueden organizarse para una mejor convivencia, prevenir el delito, mantenerse en comunicación constante para cuidar los espacios y solicitar coordinadamente a las autoridades competentes el mantenimiento de calles, instalación de escuelas, unidades de salud, presencia policial permanente o la construcción de infraestructuras en la zona. Pero estas actividades no sustituyen el deber estatal de ejercer control sobre cada parte del territorio del país y asegurar que cada uno de sus habitantes disponga de trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad, propiedad, libertad y todos los derechos contemplados en la Constitución. Cuando el Estado abandona los territorios y se desentiende de sus pobladores, es muy probable que las estructuras criminales ejerzan controles y hagan difícil la tranquilidad en la colectividad. A pocas horas de cumplir el mandato de nueve años, los miembros de la Sala de lo Constitucional deliberamos y sentenciamos un caso que nos comprometimos a no dejar inconcluso: la situación de los desplazados a causa de la violencia generada por las pandillas. En concreto, se trató de una demanda de amparo interpuesta por varias familias, quienes reclamaron al Estado por no garantizarles sus derechos a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y residencia, y a la propiedad. Los hechos relatados por los demandantes reflejaron el poder y el control territorial de las estructuras criminales, quienes golpearon a varios miembros de las familias, les obligaron a desnudarse buscando tatuajes de la pandilla contraria, realizaron agresiones a menores, les amenazaron con matarlos, les exigieron dinero y les ordenaron dejar sus viviendas en cuestión de horas. Las familias no tuvieron más opción que abandonarlo todo y buscar refugio en otras zonas del país. En aquel entonces, el gobierno central de turno no reconocía abiertamente la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado y en las audiencias otorgadas para defenderse de los señalamientos dentro del proceso, todas las autoridades demandadas (Asamblea Legislativa, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y Comisión Coordinadora del Sector Justicia de la Unidad Técnica Ejecutiva) negaron las violaciones constitucionales y adujeron la realización de algunos actos destinados a la protección de las personas frente al accionar delincuencial, tales como asignar claves a las víctimas en los procesos administrativos para reservar sus identidades, ofrecer protección física a los demandantes, aprobar el programa “Plan El Salvador Seguro” y emitir normas como la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. Pero esas acciones fueron insuficientes para frenar la violencia cruel y despiadada de los pandilleros. Frente a estas realidades, en el proceso constitucional quedaron reforzados los hechos que ya eran notorios: las maras o pandillas ejercían control total en diferentes zonas geográficas y en sus habitantes; las omisiones estatales permitieron o facilitaron la expansión de las estructuras criminales y la diversificación delictiva; y sus ataques eran sistemáticos y generaban terror en la población, lo que obligaba a muchas personas a dejar sus trabajos, estudios, bienes materiales, amistades y sus arraigos. Algunas personas tenían la opción de migrar a causa de la violencia y de acceder a protección internacional en sus nuevos destinos, mientras que otras se vieron obligadas a desplazamientos internos. Es responsabilidad del Estado garantizar a los habitantes el disfrute de los derechos reclamados por los demandantes; la protección de esos derechos no debe ser trasladada ni delegada a nadie más. El auténtico combate del fenómeno de la violencia, el compromiso del Estado como rector de las políticas públicas y, en definitiva, la recuperación de territorios implica, en primer lugar, crear condiciones para el fomento de empleo que permita a las personas y a las familias vivir con dignidad, garantice estabilidad laboral y un salario suficiente para cubrir las necesidades. En segundo lugar, articular una estrategia intensa que facilite la educación formal gratuita de los niños, niñas y adolescentes, la creación de escuelas en condiciones adecuadas, la contratación de maestros y maestras en cantidad suficiente y la enseñanza de buena calidad. En tercer lugar, construir zonas de esparcimiento sano, como parques, espacios para la práctica de deportes, cine, teatro, grupos de lectura y aprendizajes de oficios. En cuarto lugar, proveer servicios de salud de fácil acceso, infraestructura adecuada, personal médico suficiente, con medicamentos dis

Recientemente se canceló el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), una institución que, pese a recibir escasos recursos y no destacar por un manejo transparente, transmitía una preocupación, al menos formal, por la situación de los jóvenes en el país. Sus pequeños logros estuvieron relacionados con los deportes y algunas tareas comunales aisladas. El Injuve servía para decir que las autoridades se preocupaban por los jóvenes, aunque sus resultados fueran magros en un contexto en el que la juventud era víctima de la delincuencia o se sumaba a ella con la intención de sobrevivir, poblaba mayoritariamente las cárceles, tenía serias carencias educativas y encontraba pocas oportunidades de desarrollo en el mercado laboral. Y la situación de las mujeres jóvenes era todavía peor: expuestas al abuso machista, condenadas muchas a ser madres adolescentes y a trabajar en solitario por la manutención y desarrollo de sus hijos. Mientras una minoría de la juventud logra escalar posiciones sociales a base de herencia, esfuerzo o recomendaciones, al resto le queda una triple opción: conformarse con la transmisión generacional de la pobreza o la vulnerabilidad, emigrar hacia el norte u optar por salidas contrarias a la ley. Con la eliminación del Injuve, todo queda igual, pero se dificulta implementar políticas públicas dedicadas a promover y mejorar la situación de los jóvenes. Incluir esta institución en una dirección recién creada que realizará múltiples funciones difícilmente facilitará la formulación de acciones que rompan la tradición de abandono de la juventud. En los cuatro años del Injuve durante el Gobierno actual, sus logros fueron igual de reducidos y parcos que los de las anteriores administraciones. Las medidas aisladas que la gestión de Bukele ha tomado en beneficio de los menores de edad, en especial de los que están escolarizados, no resuelven el problema de una juventud sin perspectivas de encontrar un futuro digno. Los estudios sobre la población salvadoreña señalan una tendencia clara al envejecimiento de nuestra sociedad. En treinta años, el número de adultos mayores se habrá duplicado; habrá menos jóvenes y, por tanto, aumentará la carga para quienes estén en edad laboral. Además, no hay perspectivas de una pensión digna. Una política orientada a los jóvenes debe insistir no solo en prepararlos, sino en abrir posibilidades de emprendimiento y trabajo digno. Pensar que la inversión extranjera, el turismo y las remesas solucionarán los problemas socioeconómicos y productivos de El Salvador es una ilusión vetusta que no ha conducido más que a desengaños. De Rubén Darío mucha gente conoce la poesía que comienza diciendo “Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver”. Ese tesoro, sin embargo, hay que cultivarlo. No puede ser que los jóvenes se pudran en la cárcel, se consuman en trabajos mal pagados y sofocantes, o se vayan del país para huir del maltrato y la pobreza. La supresión del Injuve es signo de un profundo desinterés por el futuro, porque solo habrá futuro si se invierte adecuadamente en la juventud. Los esfuerzos por atender a la primera infancia no darán resultados si no tienen una continuación seria y bien planificada en una política de juventud que tenga en cuenta los problemas de este sector en la actualidad y en los próximos años.

Es común escuchar que “la salud es lo primero”, porque estar sano es condición necesaria para estudiar, trabajar y llevar una vida plena. Por ello, los médicos y las personas que velan por la salud suelen ser apreciadas. Además, los profesionales de la salud se comprometen públicamente a cumplir los valores universales que defienden la vida. En no pocos países, la calificación requerida para entrar a las facultades de medicina suele ser más elevada que para otras carreras. Quien escoge estudiar medicina sabe que le esperan largos años de preparación y una exigencia permanente de excelencia y actualización. Y es por esta exigencia que los errores médicos suelen ser muy criticados y objeto de duras sanciones. En nuestro país, incluso se publica el nombre del galeno en cuestión y se le exhibe ante los medios de comunicación, prescindiendo del derecho a la imagen y del principio legal de presunción de inocencia. Por su puesto, no se trata de idealizar la profesión. Es imposible dejar de lado que en ciertos casos la medicina se ha convertido en un negocio cuyos precios son prohibitivos para muchas personas. Los pacientes pasan a ser clientes y la salud ya no se entiendo como un derecho, sino como una mercancía. Pero esta no es la generalidad. La pandemia de covid-19 evidenció la importancia, gran valentía y entrega de los trabajadores de la salud. Fueron los más expuestos a contagiarse y a sufrir emocionalmente por el estrés de una situación fuera de regla. En El Salvador, el personal de salud no tuvo otra alternativa que sacrificarse para atender a los enfermos sin contar con las herramientas necesarias para ello. De acuerdo a organizaciones del sector, más de 230 miembros del personal de salud perdieron la vida desde el inicio de la pandemia, y se estima que la cifra puede ser mayor debido al subregistro por falta de pruebas clínicas. En reconocimiento a esa entrega, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para otorgar una compensación económica de treinta mil dólares a los familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha honrado ese decreto. En la nueva coyuntura nacional, en la que la ley es absolutamente prescindible, en las que las órdenes de los jueces no valen nada ante los caprichos de quien detenta el poder y en la que la verdad camina hacia la extinción, el gremio médico está sufriendo lo que ya padecían todos los sectores y personas que han cuestionado las medidas gubernamentales. El distanciamiento entre el gremio médico y el Gobierno es un reflejo de la escasez de medicamentos en los hospitales y del evidente deterioro de la atención en salud por la fuga de especialistas. Las solicitudes de diálogo que el gremio ha formulado a las autoridades para resolver los problemas han sido infructuosas, pues el oficialismo solo entiende de imposición. Defender a sus compañeros de profesión es motivo de escarnio y de despido. En la actualidad, la profesión médica no solo es denostada, sino acosada. Este desprecio por los médicos del sector público es la consecuencia lógica del desprecio por la población que necesita de ellos.

Las columnas sobre las que descansa la dictadura no son confiables. En un comienzo, su solidez era incuestionable, pero el tiempo ha producido fracturas que amenazan su estabilidad. El poder de atracción del “dictador más cool del mundo mundial” parecía irresistible. Un nuevo creador que haría totalmente nuevo el país. La entrega rápida y masiva parecía confirmar que el invento funcionaba. Sin embargo, el descontento y la frustración de los puntales descartados han comenzado a abrir fisuras en el edificio presidencial. Otro de sus pilares primarios, la exclusiva relación con el Ejército, también parece debilitarse. La lealtad de los altos mandos ha sido comprada con la adquisición de armamento y equipo caro e innecesario. Ninguna de las dos guerras presidenciales en curso los necesita, pero sus guerreros disfrutan en grande con juguetes nuevos. La incondicionalidad militar, como la de los otros funcionarios, ha sido comprada. No responde a principios ni a un proyecto. Tampoco conoce la ética. Si aparece un donante más generoso con mayor disponibilidad de fondos, tenderán a abandonar al patrocinador actual. La crisis financiera, menos conocida por el secreto que la esconde, es otro puntal que se tambalea. Prueba de ello es la “generosa” oferta de la banca nacional de ampliar los plazos de la deuda de corto plazo. Una de las grandes debilidades de la dictadura, además de la falta de dinero, es su dependencia de voluntades a la venta. Los peones obedecen a pie juntillas, defienden lo indefendible, legislan desde la ignorancia, adulan sin escrúpulos y mienten descaradamente por un cargo público, que les da acceso a una parcela de poder con posibilidades indecibles para obtener dinero fácil. Así complementan un salario de por sí alto. Ambos, el dinero sucio y el salario provienen de los impuestos de la ciudadanía. Su bienestar es secundario. Lo primero es lo primero, es decir, yo. Los demás sálvense como puedan. Por eso, la exclusión de las listas electorales extingue la devoción y la fidelidad. Sin retribución no hay seguimiento. Los descartados, incluso los castigados, representan una amenaza potencial para la paz dictatorial. Sin empleo o con uno mal pagado, con un nivel de vida disminuido y despojado del aura asociada al círculo de poder, en cualquier momento pueden armarse de valor y relatar lo que han visto y vivido en el interior del régimen. De hecho, algunos de sus valedores connotados de la primera hora ahora dicen exactamente lo contrario. En cierto sentido es comprensible. Las discrepancias no son ideológicas, políticas o éticas, sino oportunismo humillado, que busca revancha. Cuando el poder no retribuye, los peones se revuelven contra él. El segundo mandato no tendrá la aceptación del primero ni la misma solidez. La inseguridad anuncia nuevas purgas y castigos. El dictador ya advirtió a los inquietos y los descontentos: “Las líneas de investigación son muchas y complejas, sería contraproducente dar demasiada información al inicio”. La mano dura caerá sorpresivamente sobre ellos, como ladrón nocturno, sin apelación ni defensa. La incondicionalidad ha dejado paso al descontento entre los excluidos. Las luchas internas de poder, la ineficiencia administrativa, que comienza obras con conclusión pospuesta indefinidamente, y el caos organizativo empujan a apoyarse cada vez más en la represión, una solución no confiable. El terror es temporalmente paralizante, hasta que los represaliados pierden el miedo y se ponen en movimiento. El poder de atracción y de convicción no es absoluto. No puede ser de otra manera. El Chief Executive Officer del nuevo país no es divino y, en consecuencia, la entrega tampoco puede ser total. En el mejor de los casos, es similar a la de las divinidades grecorromanas, cuyos devotos les daban culto y les ofrecían sacrificios a cambio de protección y favores. La relación era estrictamente comercial. Un dando y dando, con mucho de chantaje. Si la respuesta divina no llegaba o era insatisfactoria, los devotos abandonaban a la divinidad y salían en busca de otra más prometedora. El culto al dictador es muy similar. La entrega es total, mientras hay retribución. Inevitablemente, el ejercicio del poder desgasta y si desgobierna, el daño es mayor. El deterioro no corroe solo los estamentos superiores de la estructura dictatorial. Los indicios de podredumbre en sus estratos inferiores son cada vez más. Los policías, “los jueces de la calle” y los de despacho, extorsionan y tiranizan a la población, igual que los pandilleros a los que persiguen. No se conforman con ser simples instrumentos represivos. También desean participar de la rapiña de sus jefes. La supresión de la institucionalidad concentra el poder en el dictador, pero también fomenta el descontrol y la criminalidad en todos los niveles. El edificio dictatorial de los Bukele, tan cuidadosamente construido, muestra fracturas que presagian decadencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el año 2022, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), se registraron 83,180 nuevos hogares en condición de pobreza extrema en El Salvador respecto al año 2019. Al hablar de pobreza extrema, nos referimos a que los ingresos no logran cubrir ni una sola canasta básica. En el país, la canasta básica únicamente está conformada por alimentos, dejando fuera al resto de bienes y servicios que son necesarios para una vida digna, como: la salud, la educación, la vivienda, entre otros. En el área urbana, la canasta básica incluye 22 alimentos[ Canasta básica urbana: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles, azúcar, cebolla, chile verde, tomate, güisquil, repollo y pan francés. Según el Banco Central de Reserva (BCR) el costo mensual de la canasta básica urbana a mayo de 2023 era de $247.87.], mientras que la canasta básica rural solo incluye 15[ Canasta básica rural: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles y azúcar. Según el BCR el costo mensual de la canasta básica rural a mayo de 2023 era de $188.84.]; la canasta básica salvadoreña es la que registra la menor cantidad de alimentos en Centroamérica. Lo anterior, ha sido señalado previamente en el informe de Análisis Socioeconómico de El Salvador (ASES) del Departamento de Economía de la UCA desde el 2019. Esta situación resulta preocupante especialmente en el actual contexto inflacionario. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, entre agosto de 2021 y mayo de 2023, los precios de los alimentos se han incrementado en un 20.8%, condicionando sustancialmente el poder de compra de los hogares, la satisfacción de sus necesidades y exponiendo la fragilidad de los presupuestos familiares. En los últimos años, las presiones sobre el costo de la vida han aumentado cada vez más en los hogares salvadoreños. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) lo deja en evidencia; en dicho estudio la mayor parte de la población identifica algún aspecto vinculado a la economía como el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. El estudio indica que 52 de cada 100 salvadoreñas y salvadoreños consideran que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado con el actual Gobierno. Dentro de ese grupo, 8 de cada 10 personas indicaron que la principal razón por la que la economía del país está en esa condición guarda relación con el aumento de los precios de la canasta básica, el alto costo de la vida y el desempleo. Mientras 45 de cada 100 personas perciben una mejoría en la situación económica del país con esta administración; entre quienes sostienen esta postura, aproximadamente 5 de cada 10 salvadoreños atribuyen dicha condición al incremento de la seguridad en las calles y al actual cese del pago de extorsión. Las mejoras señaladas por la población en materia de seguridad han tenido un impacto en su cotidianidad y en sus economías familiares debido a la percepción de que pueden salir a trabajar a partir de las medidas implementadas con el régimen de excepción. Sin embargo, lo anterior no se traduce, necesariamente, en una mejora a los salarios o en mayores fuentes de empleo. De hecho, la encuesta del Iudop revela, que dentro del grupo de la población que reportó mejoras en su situación económica familiar (35.8%), solo un 3.5% lo atribuye al aumento del salario mínimo y a la existencia de más oportunidades laborales. El garantizar el bienestar económico es una responsabilidad directa del Estado salvadoreño, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución. En los contextos de aumentos sostenidos de los precios, como el actual, es requerido que el Estado actúe a través de una clara política económica que permita, al menos, garantizar la seguridad alimentaria de la población. Al consultar sobre la capacidad del actual Gobierno para controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica, más de la mitad de la población salvadoreña (59.2%) indicó que el Gobierno controló en poco o nada dicho incremento. Las subidas de precios de los alimentos conducen no solo a reducir la ingesta nutricional de las personas, sino también a reducir otros gastos del hogar que son igualmente esenciales para el día a día. Lo que el Gobierno no soluciona en materia económica debe resolverse en los hogares salvadoreños. La encuesta del Iudop también revela que 10 de cada 100 salvadoreños declararon tener ingresos mensuales inferiores al total de los gastos realizados en sus hogares en el mismo período. El 54.5% de ese grupo declaró tener ingresos mensuales que no superan los 300 dólares. La cuarta parte de la población que reportó ingresos inferiores a sus gastos (25.9%) declaró que para cubrir esta brecha entre el ingreso y el gasto de sus hogares era necesario realizar actividades adicionales como trabajos complementa

En El Salvador, la desaparición de personas es una realidad que viene de antaño y que lamentablemente no cesa. Las miles de desapariciones dan cuenta de la magnitud de una tragedia que ni siquiera el régimen de excepción, que en teoría busca garantizar la seguridad de la población, ha logrado interrumpir. En la actualidad, las desapariciones están directamente relacionadas con el actuar del crimen organizado, las distintas formas de violencia social y estatal, y con la migración irregular. Si bien el número de desaparecidos ha tenido una leve disminución en los últimos años, sigue siendo elevado, lo que muestra que es una práctica sistemática y habitual en nuestro país. Según datos de Fespad, entre 2019 y junio de 2023 se registraron 6,443 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, se observa un incremento del 28% entre el primer trimestre de este año y el mismo período del año anterior. La muerte de un ser querido es siempre dolorosa, pero el dolor se mitiga mediante los procesos de duelo, la sepultura del cuerpo y la certeza del fallecimiento. Ello no ocurre en el caso de las desapariciones, pues la familia vive en incertidumbre constante acerca del paradero de su pariente, lo cual genera más dolor y da pie a una situación de angustia diaria. Es por ello que las desapariciones son consideradas un crimen de lesa humanidad con carácter imprescriptible. En el fondo, pues, se trata de un problema de derechos humanos, tal como señala la ONU: “Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber ‘desaparecido’ de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores”. A pesar de lo que esta tragedia significa, no parece que a las autoridades les preocupen las miles de desapariciones que tienen lugar en El Salvador, puesto que, hasta donde se sabe, no están tomando las medidas necesarias para atender, combatir y erradicar el flagelo. Más bien han tratado de minimizarlo y restarle importancia. Sin embargo, la multitud de casos no se puede esconder. La magnitud del problema y su impacto en la sociedad son suficiente motivo para generar e implementar una política nacional que permita la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas. Es desolador que sean las mismas familias las que, en medio de su dolor, se dedican a buscar a sus parientes dada la incapacidad y displicencia del Estado. En este momento, existen dos comisiones nacionales de búsqueda: la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador, y Conabusqueda, enfocada en la localización de las personas adultas desaparecidas en esa mismo momento de la historia salvadoreña. Ninguna de ellas recibe del Estado los recursos y el apoyo requeridos para cumplir con éxito su cometido. Sin embargo, en ambas hay el conocimiento y la experiencia imprescindibles para diseñar e implementar una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El Estado no puede desentenderse del tema. Su obligación es velar por el bienestar de la población y trabajar por la erradicación de todos los delitos. Ignorar las desapariciones es un modo de permitir el crimen y dejar en la impunidad a los victimarios. Las organizaciones de derechos humanos están solicitando una respuesta del Estado y, a la vez, indicando el camino a seguir: la aprobación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que permita prevenir, investigar, judicializar, reparar integralmente y dar garantías de no repetición del delito. Además, piden que se cree un registro nacional de fosas y un plan de exhumaciones; se establezca una mesa de diálogo con los familiares y las organizaciones de derechos humanos; que las instituciones gubernamentales actúen diligentemente y con transparencia en las investigaciones correspondientes; se apliquen sanciones adecuadas a los victimarios; y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asuma su rol, atienda a las víctimas y a las organizaciones sociales, y resuelva sobre la responsabilidad por acción u omisión de las y los funcionarios vinculados con esta temática. Todos ellos deberían ser elementos para una política nacional de prevención y búsqueda de personas desaparecidas.

En la actualidad, al igual que en otros tiempos, hay temas urgentes que no se tratan. Al contrario, priva ante ellos una especie de tranquilidad peligrosa, sobre todo a largo plazo. En El Salvador en particular, lograr la seguridad alimentaria es un tema urgente. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador aparece en el promedio de los años 2018-2020 con saldos comerciales deficitarios en el campo de los alimentos. Nuestro país es comercialmente deficitario incluso en el sector de los productos agropecuarios, en los que América Latina en su conjunto tiene un abundante superávit. Mientras otros países de América Latina cuidan la producción agrícola para asegurar la soberanía y seguridad alimentarias, el campo salvadoreño está descuidado. Y mientras permanecemos tranquilos con nuestro déficit comercial, pensando que siempre podremos comprar fuera los alimentos, estos no han hecho más que crecer de precio desde 2007. Con altibajos, pero con una tendencia fuerte al encarecimiento. Es cierto que la guerra de Ucrania ha incidido en la escasez de algunos productos y, en ese contexto, en el encarecimiento. Pero también el calentamiento global amenaza con disminuir la producción de las cosechas. La India, que es el segundo país con mayor producción de trigo en el mundo, había diseñado un plan de aumento de su producción para sustituir los déficits que producía la guerra de Ucrania. Pero le afectaron unas olas de calor y de sequía, y tuvo que revertir su proyecto para cubrir las necesidades de su población. La adaptación al calentamiento global y la problemática climática continuarán presionando en favor del aumento de precios en los productos alimenticios. El hecho de que los fertilizantes y los combustibles tengan también tendencias al alza agrava la situación, dada la dependencia de los agricultores a estos productos. Despreocuparse del campo, permitir amplias construcciones en lugares de clara vocación agrícola y con frecuencia importantes reservorios de agua, mantenerse en un déficit comercial en la mayoría de los rubros alimentarios es una especie de suicidio. El hambre salta los muros, decía un viejo adagio. “Comer primero, luego la moral”, decía un coro de personas empobrecidas en una obra de teatro de Bertol Brecht. Despreocuparse por la seguridad alimentaria es llevar al país a la desintegración social. Entre las diversas acciones gubernamentales que han contribuido al apoyo popular que tiene el actual presidente, una es el apoyo con canastas alimentarias que se le dio a las familias durante la pandemia. Pero dar alimentos sin producirlos en el país no es solución en el mediano y largo plazo, en el que se prevé un encarecimiento de los alimentos y una mayor dificultad para producirlos. El turismo, la modernización de El Salvador, las remesas venidas del exterior no son remedios para la carestía alimentaria. Cuando el hambre aprieta, los problemas sociales crecen. Y El Salvador ya ha sufrido demasiado a causa de otros problemas sociales en el pasado. Cuando los problemas son previsibles y solucionables con políticas públicas, es un grave error no diseñar caminos de solución para los mismos. En el tema de los alimentos y la producción agrícola, satisfacer las necesidades básicas de la población es indispensable para la paz social. Nuestro país ha tenido una tradición agrícola importante en Centroamérica, pero hoy el campesinado no encuentra relevos en la juventud. El campesino joven, acechado en tiempos pasados por la violencia, con una formación mayor que la de sus padres, acosado en algunas zonas por el régimen de excepción, prefiere migrar a quedarse en un tierra que da pocas satisfacciones a quien la cultiva. No hay políticas de apoyo ni salarios o ingresos que permitan una vida medianamente digna. El calentamiento global amenaza y el liderazgo político parece pensar que a El Salvador no le afectará ni el crecimiento del nivel del mar, ni las sequías alternando con terribles temporales. La toma de conciencia y el apoyo al campo son dos necesidades urgente. Si las tenemos en cuenta, podremos pensar en un El Salvador con mayor capacidad de integrarse en el mundo del desarrollo equitativo y digno.

En los tiempos que corren, en el campo de la política están confluyendo, cada vez con mayor fuerza, la mentira y el fanatismo para justificar cualquier acción de las autoridades. Si antes hubo corrupción en el sistema judicial, hoy quienes están en el poder pretenden controlar a los jueces para que no haya corruptos. Y en la limpia general del sistema se van tanto jueces probos como corruptos, que son sustituidos por magistrados fieles y obedientes al Ejecutivo. Si las instituciones de derechos humanos lanzan alguna crítica, se las acusa de defender criminales. La táctica es repetir incesantemente lo mismo para sustituir la verdad objetiva por un criterio establecido políticamente. Si en otros tiempos se tomaban decisiones arbitrarias desde el poder absoluto, hoy se toman desde la repetición sistemática de la mentira, que descalifica a toda persona o institución que se convierte en obstáculo para los fines de quien está al frente de la institucionalidad estatal. En Centroamérica, el ejemplo más claro de esta forma de proceder es la actuación del régimen Ortega-Murillo. Es característica su tendencia a acusar de traición al que hace alguna crítica, de terrorismo al que usa con libertad la palabra, y de rebeldía o mentira a quien no baja la cabeza y descubre las contradicciones del régimen. Esto mientras se repite sistemáticamente que Nicaragua es “cristiana, socialista y solidaria”, encarnando Ortega y Murillo la esencia de esas cualidades. Quienes no siguen las consignas oficiales se exponen al destierro o al encierro, se les clasifica de enemigos y comienzan a ser tratados como cosas que estorban. Cuando el poder se convierte en una fuerza autorreferente, busca despersonalizar a sus enemigos. Así lo hicieron Hitler y Stalin. En este ambiente de manipulación y de construcción de una realidad alterna caprichosa y arbitraria, debe defenderse siempre el valor de la persona humana. Si hay una verdad objetiva, más allá de las convicciones religiosas, es que la persona humana no pierde nunca su dignidad, incluso cuando es objeto de sanciones y castigos por acciones delictivas. Los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión derivan de la dignidad de la persona y deben ser respetados. Por otra parte, la solidaridad es una condición ineludible para la sobrevivencia, pues lleva a socorrer a quien sufre. Hablar de solidaridad y cristianismo cuando se persigue a la religión y a quienes se solidarizan con el sufrimiento humano muestra la irracionalidad del poder. La racionalidad humana y humanista, y la mayoría de las religiones buscan la convivencia amistosa, tolerante y dialogante. La instrumentalización de una realidad fabricada desde los intereses de los gobernantes o los partidos políticos lleva a la descomposición de los vínculos sociales y al doble y correlativo ejercicio de la ley del más fuerte y del sálvese quien pueda. Buscar la objetividad de la verdad en los derechos y valores básicos de la persona humana es el único camino de convivencia democrática y el único modo de generar felicidad social a largo plazo.

Los resultados de las elecciones celebradas recientemente en Guatemala, además de infundir esperanza a su pueblo, arrojan luces sobre el resto de países de la región. Hace poco más de dos meses, nadie habría previsto lo que pasó en la primera vuelta electoral del 25 de junio. Todo estaba calculado para que, ganara quien ganara, el Estado siguiera en manos de lo que llaman “pacto de corruptos”, que aglutina a un reducido grupo de políticos conservadores, empresarios, militares y miembros del crimen organizado que manipulan las leyes y las instituciones públicas para garantizarse impunidad. A los candidatos que representaban un peligro para su dominio los eliminaron de la contienda electoral; dejaron a los que consideraban inofensivos. Pero los cálculos les salieron mal. En la primera vuelta surgió un actor inesperado: el Movimiento Semilla. Su candidato, Bernardo Arévalo, aunque en las encuestas previas aparecía solo con el 2% de la intención de voto, sacó el segundo lugar y pasó al balotaje junto con la Unión Nacional de la Esperanza y su candidata, Sandra Torres. Saltaron, entonces, las alarmas de los miembros del “pacto de corruptos”, que intentaron, con artimañas del Ministerio Público, inhabilitar la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral. Por eso, las elecciones guatemaltecas despertaron tanto interés internacional. La movilización de sectores sociales y de la comunidad internacional provocó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo Electoral decidieran seguir adelante con el proceso electoral con los dos candidatos que la voluntad popular llevó a la segunda vuelta. El 20 de agosto, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, su compañera de fórmula, ganaron las elecciones con un amplio margen sobre Sandra Torres, quien por tercera vez llegaba sin éxito a una segunda vuelta. La población guatemalteca sabía que el Movimiento Semilla y sus candidatos no eran parte del “pacto de corruptos”, y por eso despertaron tanta esperanza; su sorpresivo resultado en la primera vuelta mostró que era posible llevar al poder a alguien distinto y dispuesto a combatir la corrupción. En realidad, el ruido generado por las elecciones guatemaltecas no vino del desarrollo de la votación, sino del entorno de los actores de poder, legal y fáctico, que ven amenazados sus intereses y no desisten de su pretensión de eliminar o neutralizar al Movimiento Semilla. Las elecciones guatemaltecas dejan varias lecciones. En primer lugar, contrario a lo que se piensa, a la juventud le interesa la política. Los jóvenes se volcaron masivamente a las calles para ejercer su derecho al voto y, además, la mayoría de las mesas de votación estuvieron integradas por ellos y ellas. En segundo lugar, no es necesario que un partido gaste mucho dinero durante la campaña para llegar al poder. Si de algo careció el Movimiento Semilla en este proceso electoral fue de recursos económicos. El trabajo de ir casa por casa y ubicarse en el imaginario colectivo hizo que el Movimiento Semilla se convirtiera en la alternativa preferida de los guatemaltecos. Por otro lado, es falso que no se puede ganar unas elecciones sin el apoyo de los grandes medios de comunicación. Por la falta de recursos, el Movimiento Semilla hizo de las redes sociales su principal canal de difusión, y la apuesta dio resultados. En cuarto lugar, el tamaño del partido no garantiza o inhibe la victoria. La Unión Nacional de la Esperanza es el partido más grande del espectro político guatemalteco; en cambio, el Movimiento Semilla es un partido pequeño, sin estructura territorial a nivel nacional. Finalmente, se constató que la observación electoral realizada tanto por actores internacionales como nacionales brinda legitimidad a los procesos. Las elecciones recientes fueron las más observadas en la historia de Guatemala. Además de varias misiones internacionales, hubo un consorcio nacional que realizó una verificación independiente de los resultados. En la primera vuelta, ese recuento independiente respaldó los resultados proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral. Para la segunda vuelta, esa verificación independiente le dio legitimidad al resultado. Pese a su sorprendente ascenso y éxito, Bernardo Arévalo, hoy presidente electo, no tiene allanado el camino. Enfrenta y enfrentará variadas acciones para sacarlo del juego político y neutralizar su capacidad de maniobra una vez esté al frente del Ejecutivo. Sin embargo, la esperanza ha resurgido en Guatemala; será tarea del nuevo Gobierno tener la lucidez, laboriosidad, honradez y valentía necesarias para no defraudar a la ciudadanía.

“El Estado de derecho nunca [puede ser] objeto de la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis”. La tesis no la ha enunciado una organización de derechos humanos ni un movimiento social de protesta, sino el papa Francisco. No la proclamó pensando en El Salvador de Bukele, sino ante una delegación de abogados del Consejo de Europa, este lunes recién pasado. Sin embargo, la interpelación es válida y muy actual, y, por porvenir del papa, lleva impresa su autoridad humana, cristiana y moral. La afirmación no es ingenua. El papa es consciente de que corren tiempos de crisis económica, social, de seguridad e identidad que desafían a las democracias occidentales y les exigen una respuesta rápida y eficaz. Pese a ello, pide preservar la democracia y el respeto a la libertad y la dignidad humana. A primera vista, la petición parece conservadora y tradicional. Sin embargo, la colocación de la persona humana y su dignidad en el centro del derecho frente a la creciente marejada autoritaria la vuelve revolucionaria. “El Estado de derecho está al servicio de la persona humana y pretende tutelar su dignidad, y esto”, insiste el papa, “no admite excepciones. Es un principio”. La persona humana y su dignidad constituyen, por tanto, un límite intraspasable. Ni siquiera, tal como argumenta Bukele, la presión “ante las emergencias puede llevar a la tentación de hacer excepciones, de limitar ?al menos temporalmente? el Estado de derecho”. “El miedo a los disturbios y las violencias” y “la posibilidad de trastornos en los equilibrios establecidos” no son argumentos válidos. Pese a ello, la superación de las crisis no está reñida con la acción eficaz. El desafío consiste en enfrentarlas sin violentar a la persona y su dignidad. El curso tomado por Bukele es, para Francisco, una prueba irrefutable de cómo “cada vez se extiende más una concepción errónea de la naturaleza humana y de la persona humana, una concepción que debilita su propia protección y abre progresivamente la puerta a graves abusos bajo la apariencia de bien”. El error consiste en “reivindicar cada vez más los derechos individuales, sin tener en cuenta que todo ser humano está vinculado a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están vinculados a los de los demás y al bien común de la propia sociedad”. Dicho de otra manera, la libertad, la seguridad y el bienestar no son verdaderos si no son universales. La deriva individualista es muy tentadora, pero conduce a “soluciones fáciles e inmediatas”, que responden a una “mala comprensión del concepto de los derechos humanos y a su paradójico mal uso”. En consecuencia, el papa pide mantenerse alertas. Esa clase de soluciones conserva intacta la raíz de las crisis. Pese a ello, esta es la opción de El Salvador de Bukele. Las consecuencias, advierte el papa a sus visitantes, “podrían relegar a los pueblos a ‘purismos angélicos’, a ‘totalitarismos de lo relativo’, a ‘fundamentalismos antihistóricos’, a características éticas ‘sin bondad’ o a ‘intelectualismos sin sabiduría’”. Estos males, que el papa señala como una posibilidad, son realidad cotidiana en el país. El Estado de derecho no está al servicio de la persona, sino que se ha convertido en una “versión falsificada y manipulada según intereses económicos e ideológicos”, y también, cabe agregar, por ambiciones de poder y dinero. El respeto categórico a la persona y su dignidad no admite ninguna excepción, porque su origen trascendente “prohíbe cualquier violación”. La trascendencia “exige que, en toda actividad humana, la persona se sitúe en el centro y no esté a merced de las modas y los poderes del momento”. Por tanto, la práctica estatal debe estar fundada en la verdad sobre los seres humanos, su origen divino y su destino final. Sin un esfuerzo “constante para buscar la verdad sobre la persona humana, de acuerdo con el plan de Dios, los individuos se convierten en la medida de sí mismos y de sus acciones”. La interpelación de Francisco es indirecta, pero no por eso menos real. Si bien no se dirige a la sociedad salvadoreña, el papa tiene delante, en lenguaje presidencial, “el mundo mundial”. La injusticia y la violencia no solo son universales, sino también tienden a ser cada vez más mortíferas y destructivas. El Salvador no es la excepción. Probablemente, la denuncia de Francisco pasará desapercibida para la cuenta presidencial en X, muy selectiva y de entendimiento corto. Las reflexiones del papa interpelan a los cristianos conscientes de su fe y de sus implicaciones prácticas. Negar la apertura trascendente de los seres humanos es negar la creación y a su Creador para aferrarse a un materialismo sin futuro. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La lucha contra la corrupción, que “apenas comienza”, es muy similar a la librada contra las pandillas. Las dos son disparatadas. Las dos comenzaron tardíamente y por casualidad. Si las recién pasadas fiestas de agosto fueron “las más seguras de la historia”, el régimen de excepción ha cumplido su cometido. La guerra contra la corrupción enfiló al primer presidente de Arena. Aun cuando existen hechos para iniciar una investigación fiscal, el motivo es exclusivamente político. Muchos otros políticos y empresarios poseen bienes mal habidos, de los cuales, por coherencia, debieran también dar cuentas. Después de un compás de espera, la guerra reinició su actividad. Esta vez el blanco fue un asesor de seguridad de Bukele y varios diputados. Si fuera auténtica, debió haber comenzado al día siguiente de la toma de posesión de Bukele y este se habría esmerado en rendir cuentas de su gestión, no habría dado tregua a los corruptos anteriores ni tolerado la podredumbre actual. Las acusaciones contra los nuevos objetivos son rocambolescas. Un doble agente en el seno del organismo de inteligencia estatal, que habría filtrado información al primer presidente del FMLN, a periodistas críticos y a varios extranjeros, deja muy mal parado a los operadores de la seguridad nacional. El doble agente es “descubierto” por denunciar a un diputado oficialista de traficar drogas. Limitación similar se observa en la primera guerra. La dictadura canta victoria, pero mantiene el régimen de excepción. Alega la existencia de “terroristas” debajo de las piedras, pero no sabe cuántos son ni bajo qué piedras se ocultan. Tampoco tiene claridad sobre la cantidad de homicidios. La excepción camina a ciegas. En un país tan seguro como el de Bukele, los portones de las colonias que impiden el libre paso debieran caer. Ese país ni siquiera es el más seguro del continente, sino el cuarto, después de Chile, Nicaragua y Paraguay. El pecado capital del asesor de seguridad consistió en acusar públicamente a un traficante en medio de la lucha de poder desatada en el seno del oficialismo entre los elegidos y los descartados de las listas electorales. La “traición”, por tanto, no es desinteresada. Una vez en las redes digitales, la maquinaria de Bukele se lanzó contra el asesor, el diputado acusado y sus cómplices, quienes fueron defenestrados de forma expedita y cuya condena es cosa hecha. El delito era materia de seguridad nacional, porque cuestiona la integridad presidencial. La información no es infundada. El mismo Bukele acepta que el señalamiento está respaldado por pruebas fehacientes. Es claro que este vigila de cerca a sus colaboradores y está al tanto de sus tropelías, pero las oculta y las usa para intimidar. La “traición” consiste en denunciar un delito sin autorización, un privilegio presidencial. Las luchas de poder han revuelto las aguas aparentemente tranquilas del oficialismo. Los descartados se han encontrado inesperadamente con su carrera truncada. Asumieron gratuitamente que la incondicionalidad los hacía inamovibles. El ensueño termina antes de lo esperado. El descontento ha echado a correr rumores de fraude en las elecciones internas, de conspiraciones y de compra de voluntades. Al parecer, ha llegado la hora para que algunos incondicionales experimenten en carne propia la arbitrariedad de la dictadura. Se entregaron a ella en cuerpo y alma, pero ahora aquella los descarta como basura. Es la misma experiencia de los miles de inocentes que la excepción se ha llevado por delante. El enrarecimiento del ambiente en las filas del oficialismo es propicio para nuevas revelaciones. La audacia del asesor caído en desgracia indica que en las entrañas de Casa Presidencial existen otros expedientes similares. Bukele ya no solo tiene que lidiar con los defensores de los derechos humanos y la prensa crítica, sino también con las corrientes subterráneas que amenazan su poderío. El asesor, aunque detenido, es un peligro por la información que posee. No sería extraño que otros funcionarios descartados comenzaran a contar sus propias historias. Rodarán cabezas, pero el daño ya estará hecho. Bukele tiene razón al afirmar que en cuestiones de corrupción “aún hay mucha tela que cortar”. No será él quien la corte. No puede cortar sin renunciar a sus ambiciones de fama y poder. Su fiscal, tan seguro de sí mismo, no ha investigado aún los fraudes cometidos durante la pandemia. El último conocido es de más de 16 millones de dólares, empleados para adquirir medicamento adulterado y equipo inadecuado. Algunas de las estafas más voluminosas y los timadores son de dominio público, excepto para quienes están obligados a “cortar esa tela”. Habrá, pues, que esperar a alguien más para enderezar la honestidad pública. Uno independiente, incorruptible y valiente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Además de perseguir la libertad de pensamiento y cualquier tipo de oposición, al actual gobierno de Nicaragua le gusta la rapiña. Si un periódico hace críticas, le confiscan la maquinaria y el local. Si un político de oposición quiere competir democráticamente con el dúo Ortega-Murillo, lo meten preso y se apoderan de sus propiedades. Si un obispo les dice que algunas medidas gubernamentales van en contra del Evangelio, lo condenan a cárcel en un juicio acelerado, como los de Stalin. Y si una universidad recibe en su campus a estudiantes que huyen de una manifestación disuelta a balazos por la Policía y el rector los acompaña en un diálogo con las autoridades, la acusan de terrorismo. Después, apropiarse de todos los bienes de la universidad es cuestión de días. No hay nada más fácil para unas autoridades implicadas en terrorismo de Estado que acusar de terroristas a sus opositores, meterlos presos y quedarse con sus bienes. Periodistas, políticos, religiosos e instituciones que quieren poner racionalidad y diálogo en la vida ciudadana... todos entran en el mismo saco de lo que la dictadura de Ortega considera infamia y ataques a sus afanes de poder absoluto. Pero más allá del tiempo que el clan de los Ortega-Murillo persista en la injusticia y controle con violencia el país, y por más que infunda miedo en la población, lo cierto es que camina hacia el fracaso. Podrá echar del país a sacerdotes, intelectuales, periodistas, políticos y religiosos, y encarcelar a muchos otros, pero la Iglesia, el periodismo libre y el pensamiento crítico resistirán y durarán más tiempo que un régimen dirigido por un anciano ensimismado en sus caprichos de poder. Los reprimidos y acusados arbitrariamente volverán y ya no estarán en el país los autores de la infamia. Cuanto más se obstina un dictador en ser eterno, con mayor velocidad camina hacia su fracaso. Algunos logran terminar sus días estando en el poder, pero tras su muerte su recuerdo queda como un residuo mal oliente de una historia de abuso e injusticia. Quienes desean una Centroamérica justa, democrática, que venza la pobreza y la desigualdad, la arbitrariedad y el autoritarismo, deben seguir insistiendo en la necesidad de contar con instituciones fuertes y con mecanismos de control democrático, y exigir a los partidos políticos que tengan programas claramente orientados hacia la democracia y sepan ser intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones. Trabajar en favor de un desarrollo solidario implica sacrificio y constancia, porque los resultados rara vez se obtienen con rapidez. Y por supuesto, también supone renunciar a un tipo de capitalismo que considera escoria a los pobres y alienta y protege el triunfo de los más fuertes. El darwinismo social, económico y político tiene muy poco que ver con los principios democráticos La farsa y la mentira no tienen futuro, por mucho que algunos gobernantes se llenen la boca con consignas que tratan de hacer aparecer el mal como si fuera un bien. Hace años, las izquierdas solían decir que si en Nicaragua cayó la dictadura, en El Salvador también caería. Hoy muchos temen que el autoritarismo nicaragüense se contagie al resto de Centroamérica. Sin embargo, mientras se mantenga la dignidad del pensamiento libre y se impulse la justicia social, los autoritarismos no tendrán futuro. La dictadura nicaragüense se ahogará sola.

Desde hace algún tiempo me ha resultado difícil ponerle nombre a lo que sucede en Nicaragua. Más allá del debate teórico sobre algunos conceptos relacionados con regímenes autoritarios, es difícil describir la irracionalidad de unos dirigentes que lucharon por derrocar a una cruel dictadura para convertirse con los años en su alter ego. Evidentemente, el cierre y confiscación de todos los bienes de la UCA de Nicaragua es un zarpazo más en la ya innumerable lista de atrocidades del régimen, pero confieso que por tratarse de una universidad hermana, por haber estudiado ahí y por las amistades y colegas que padecen la injusticia, este caso me ha golpeado profundamente. Entre todos los sentimientos que me provoca esta situación sobresalen la impotencia, que ya la veníamos experimentando estos años, y ahora también, con más fuerza, la indignación. La impotencia por darnos cuenta de que la dupla presidencial es totalmente inmune a las demandas de su pueblo como también a cualquier reclamo de la comunidad internacional, incluidas las más encumbradas jerarquías de organismos supranacionales y eclesiales. Ahora también se acentúa la indignación, esa que se siente ante un acto totalmente injusto, arbitrario e infame. Una indignación que no es resignación. La indignación quiere que se restablezca la justicia y provoca el compromiso con esa causa. Sentir indignación y no actuar quedándose pasivo o callado es contradictorio. El pueblo de Nicaragua está pagando el precio de permitir que la dictadura nicaragüense se fuera imponiendo gradualmente, a partir del control del Ejército y de la Policía, avalando reelecciones inconstitucionales, capturando toda la institucionalidad, comprando voluntades, cerrando medios de comunicación alternativos, asesinando a manifestantes, encarcelando o exiliando a los críticos y un largo etcétera. Todo esto hasta no dejar voces críticas que puedan expresarse dentro del territorio nicaragüense y ante la pasividad o las condenas absolutamente ineficaces de la comunidad internacional. Muchas veces leemos que las consecuencias de un gobierno dictatorial son impredecibles, pero Nicaragua lo está viviendo en carne viva. La historia enseña que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo diría que también idiotiza a quienes se embriagan de tanto poder. Los relatos de locuras de quien tiene poder absoluto abundan, porque el poder hace tomar decisiones fuera de toda lógica o suposición. El dictador Macías Nguema en Guinea Ecuatorial, ya convertido en dictador después de llegar al poder por la vía democrática, impuso como lema nacional “No hay otro Dios que Macías Nguema” y prohibió la palabra “intelectual”. Duvalier, en Haití, conocido como “Papa Doc”, se creía la encarnación del barón Samedi, el espíritu vudú de la muerte, y razón no le faltaba dado los actos que cometió. Trujillo, en República Dominicana, que en las elecciones que lo llevaron al poder sacó más votos que el número de electores, nombró coronel a su hijo de tres años, gastó una tercera parte del presupuesto nacional en organizar un evento que duró un año para coronar reina a su hija e intentó que le dieran a su esposa (semi analfabeta) el Nobel de Literatura. Más recientemente, en Corea del Norte, Kim Jong-un prohibió que su nombre sea usado por los coreanos porque nadie más que él puede llamarse así. Cuando se da todo el poder a una sola persona el totalitarismo está a la vuelta de la esquina, y de ahí al absurdo no hay más que un paso. Los tiranos nicaragüenses están en esta etapa; su falta de lógica solo es comparable a sus atrocidades. Deciden quién es nicaragüense y quién no, expulsan a nacionales y extranjeros a discreción, consideran peligrosas a las Hermanas de la Caridad, encarcelan opositores, obispos y sacerdotes, clausuran organizaciones filantrópicas, cierran y expropia universidades por considerarlas centros de terrorismo. Como todas las dictaduras, tienen un gran pavor al pensamiento crítico y excomulgan de su grey a todo el que se atreva a pensar distinto. Duele e indigna lo de Nicaragua, y no puedo dejar de mencionar la tristeza y decepción que provocan las actitudes de los autodenominados revolucionarios de manual que o prefieren guardar silencio, o siguen defendiendo a Ortega y Murillo. Señalar con vehemencia la deriva autoritaria del Gobierno de Bukele y simultáneamente defender y hasta celebrar lo que hacen Ortega y Murillo es padecer la esquizofrenia ideológica que tanto daño ha causado a la izquierda y que la tienen en la irrelevancia política en El Salvador. Dictadura es dictadura, sea de derecha o de izquierda. En nuestro país hay temor porque el actual Gobierno tiene actitudes que lo asemejan al nicaragüense, mientras que este cada vez se asemeja más al de Corea del Norte. Triste momento que vive la región. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

El artículo 65 de la Constitución afirma que “la salud de los habitantes de la República constituye un bien público […] el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, entendiendo la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (una perspectiva integral y holística de la salud humana que frecuentemente es dejada de lado). Para conocer a cabalidad el estado de la salud en El Salvador, establecer los planes pertinentes y coordinar acciones interinstitucionales, hacen falta estudios que midan periódicamente el nivel de bienestar físico, mental y social de la población. Dichos estudios tendrían que ser promovidos por el Ministerio de Salud. Ante la falta de ellos, al hablar de salud esta se reduce a la atención que brindan los centros de salud y hospitales públicos. Mucho hace falta para poder afirmar que en el país la salud es un derecho fundamental, tal como se lee en la Constitución y ha ratificado la Sala de lo Constitucional. Volver a este asunto no es banal ni gratuito. A pesar de la propaganda oficial que pregona la mejora cualitativa del sistema de salud público, la realidad es otra. Por ejemplo, la falta de medicamentos es un mal endémico en el sistema de salud nacional. Y en las farmacias el precio es elevado, muy por encima del nivel de otros países. Y como ese hay otros problemas de igual o mayor gravedad. El aparato público de salud salvadoreño no cumple con tres de las principales características que de acuerdo a la OMS debe tener todo sistema para responder al derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Además, la administración Bukele le ha negado a la ciudadanía la posibilidad de conocer el plan nacional de salud, el cual ha sido declarado en reserva en cuatro ocasiones, la última el 13 de septiembre de 2022 y por un período de dos años; es decir, no podrá ser conocido hasta septiembre de 2024, fecha en la que El Salvador habrá iniciado otro período presidencial. Poner bajo reserva el plan que debería garantizar la salud de todos los salvadoreños es un modo de afectar el derecho a la salud, pues impide tanto a los galenos como a la población en general conocer las líneas generales del trabajo del Estado en dicha materia. Son los usuarios y los sindicatos del sector público de salud quienes señalan las múltiples deficiencias del sistema. Un sistema que muestra señales de haber colapsado tanto por falta de medicamentos, equipos y personal cualificado como por problemas de gestión y administración, que llegan hasta el extremo de que no se paga oportunamente las horas de trabajo extra. También médicos connotados, con prestigio a nivel nacional e internacional, han señalado que el sistema público de salud está enfermo, incluso moribundo. A su juicio, para salvarlo se requiere de una política de Estado, de largo plazo, que responda de manera efectiva a la desastrosa situación actual. Sin embargo, las más altas autoridades niegan esta realidad, actúan de forma autoritaria y se niegan a dialogar con aquellos que más saben sobre salud: el Colegio Médico de El Salvador, el cual puede aportar mucha experiencia y conocimiento en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas existentes en esta área. Jugar con la salud es jugar con la vida de la gente, es negar un derecho humano y, sobre todo, es mostrar desprecio por el bienestar de todo un pueblo. La cuestión es lo suficientemente importante y valiosa como para abandonar caprichos y protagonismos, buscar el diálogo y facilitar la participación de los que saben y tienen mucho que aportar para que el derecho al más alto nivel de bienestar físico, mental y social no siga siendo una quimera en nuestro país.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa. Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales. En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano. En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado. Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa. Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales. En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano. En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado. Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

El 6 de agosto, en la catedral metropolitana, monseñor José Luis Escobar pronunció una homilía clave para señalar el camino que debe impulsar la Iglesia en el país con respecto al desarrollo social y el bien común. Al inicio de sus palabras, el arzobispo citó una frase de Ignacio Ellacuría: “Solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”. A partir de ella, construyó una homilía en la que fe cristiana, justicia social y propuesta de cambio indican los cambios fundamentales, y en su mayoría estructurales, que necesita El Salvador en el campo de la educación, la salud, las pensiones y el sistema de justicia, incluido el tema del encarcelamiento de inocentes. Cambios que también son morales y que suponen luchar contra la corrupción y abandonar “las divisiones exacerbadas por la ideologización y los partidismos que han desangrado por años este país, principalmente a los pobres”. La homilía del arzobispo continúa la senda marcada por los profetas salvadoreños, algunos de ellos ya reconocidos como mártires por la Iglesia, como el padre Rutilio Grande y monseñor Romero. De Rutilio se recuerda siempre su homilía en la “bajada” del Salvador del Mundo, a principios de los años setenta, en la que insistió en la necesidad de que los cristianos trabajen en la transfiguración de El Salvador. Monseñor Romero brilla por su incesante clamor en favor de la justicia social, la paz y la defensa de los pobres. Estar donde está el sufrimiento humano era para él una tarea cotidiana. Otras referencias de la homilía al papa Francisco, Charles de Foucauld y Bartolomé de Las Casas enfatizaron en el compromiso cristiano de impulsar la historia hacia el Reino de Dios, Reino de verdad, vida, amor, justicia y paz. La homilía del arzobispo ofrece un camino adecuado para corregir la graves disonancias nacionales. La fe cristiana no puede ser indiferente a la tarea de crear una sociedad fraterna a través de estructuras legales que defiendan la igual dignidad humana y los derechos de la persona. En El Salvador, todo cristiano está llamado a buscar una sociedad solidaria y equitativa, y a defender los derechos humanos básicos de la persona. Menospreciar los derechos humanos, atacar a quienes los defienden, es optar por una sociedad enemiga de la fe cristiana. Del odio a los derechos humanos a caer en actos persecutorios hay un paso muy pequeño. Y toda persona con liderazgo político o social debería tener en cuenta ese peligro. El proceso de beatificación de cerca de cincuenta personas asesinadas en el último cuarto del siglo veinte, anunciado durante la homilía, reafirma la seriedad del compromiso cristiano. “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”, decía Jesús de Nazaret. Y los 47 mártires a los que se refirió el arzobispo dieron la vida por sus amigos los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los marginados y excluidos de los bienes básicos necesarios para el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Reflexionar sobre la homilía del 6 de agosto es tarea importante para todo el que se considere cristiano, recuerde a los mártires con el aprecio que se merecen y desee un El Salvador pleno de solidaridad y justicia, equidad y desarrollo humano.

Su enorme popularidad personal, que es su principal y único argumento, y la envidia de algunos políticos latinoamericanos desnortados, no parece satisfacerle a Bukele. Los juicios, cada vez más críticos y más frecuentes, de la prensa extranjera seria lo perturban mucho. No puede contenerse y responde insolentemente. Tal vez no le falte razón, porque El Salvador no es solo el país donde se libra una guerra de exterminio contra las pandillas, sino también uno donde una dictadura violenta sistemáticamente los derechos fundamentales, la mentira es desvergonzada y la seguridad jurídica inexistente. Los despropósitos de Bukele son seguidos de cerca por las instituciones y la prensa internacional. El Salvador de los informes institucionales y de los reportajes periodísticos no es el del dictador. Aun cuando insiste en su popularidad y la exitosa lucha contra las pandillas, esto no parece darle confianza para gobernar con prudencia. Lo suyo es la agitación constante para dar la impresión de avanzar. Pero esto no engaña a la crítica externa, lo cual lo frustra. Sus reacciones desproporcionadas ponen de manifiesto la inestabilidad que lo atenaza. Bukele recibe esas críticas como una conspiración para derrocarlo. Sin embargo, las bravatas no impresionan a la crítica internacional, que lo sigue de cerca y no le deja pasar una. Solo encuentran eco en los partidarios del negacionismo y las teorías conspirativas, afines a los Trump y los Bolsonaro, y enemigos jurados del papa Francisco. Pese a detentar el poder total, el dictador se siente asediado por poderosos enemigos ocultos. La inseguridad y el miedo son caldo de cultivo de fantasmas inquietantes. Quizás esa conducta responda al deseo desenfrenado de ser reconocido universalmente como un engendro nunca antes visto. Un Alejandro Magno, un Julio César o un Carlomagno. O, más modernamente, un Mussolini o un Franco en versión salvadoreña. Hernández Martínez es demasiado local y carece del aura de las grandes figuras occidentales. Las repetidas denuncias de los despropósitos y las violaciones de la dignidad humana ensombrecen el resplandor del personaje. Los publicistas de Casa Presidencial y el cuerpo diplomático no la tienen fácil. El obstáculo no está fuera, sino dentro. Recientemente, el dictador aconsejó paternalmente a sus seguidores no poner las manos en el fuego por nadie, es decir, no deben defender a los acusados por el régimen. Bien entendido el consejo, tampoco debieran poner sus manos en el fuego por el dictador, tal como lo hacen en la actualidad. El riesgo de sufrir quemaduras de tercer grado es muy alto. El personal de salud acumula varios meses sin recibir su salario completo. En el sistema educativo faltan los alimentos para los estudiantes empobrecidos. El sistema público de salud adolece de desabastecimiento crónico. En esa misma línea paternalista, Bukele invitó a los colombianos a visitar y disfrutar el país que ha creado para los turistas con medios, siempre que no sean extorsionistas. En realidad, ni estos, ni cualquier otro turista tiene garantías frente al poder arbitrario y absoluto de las fuerzas militares del régimen. Una invitación igualmente embustera lanzó a las víctimas del cerco militar del departamento de Cabañas para que continuaran con normalidad sus actividades cotidianas. Es imposible desarrollar actividades con normalidad rodeado de agentes arbitrarios, desconsiderados y embrutecidos. Ellos deciden quién es criminal y quién no. Y su juicio es inapelable. Luego los acusados son presentados en “combo” como pandilleros y todos son igualmente condenados sin pruebas y sin defensa. Los avisados ya han sacado sus propias conclusiones, visto lo ocurrido en otras zonas del país. La dictadura ni siquiera es confiable en el tema primero de su agenda. Según su retórica, la guerra contra las pandillas había concluido exitosamente. Pero ahora resulta que todavía queda entre un 20 y un 30 por ciento de “estructuras criminales”. La dictadura no solo desconocía su existencia, tampoco sabe cuántos pandilleros las integran ni dónde se esconden. En la zona rural, dicen vagamente los generales y los comandantes. Dirigir una guerra sin información rigurosa dice mucho del poco nivel profesional de los militares y los policías. La dictadura no es creíble ni fiable. En el interior, tiene aceptación, pero en el exterior el descrédito aumenta. Su discurso se devalúa rápidamente y sus consejos no son de fiar. Las instituciones y la prensa internacional seria no son interlocutores que se alimenten con propaganda digital. En ellos no operan poderes malévolos ocultos ni ignorancia y mala voluntad, sino realidad. La dictadura tiene un elevado déficit de realidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En Guatemala, la próxima semana, el domingo 20 de agosto, se realizará la segunda ronda de la elección presidencial. El resultado es crucial para el futuro del vecino país, pues conducirá o bien a la consolidación de un Estado fallido controlado por poderes fácticos corruptos, o al inicio de un proceso de reconstrucción de la democracia y del Estado de derecho. Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, que inesperadamente obtuvo el segundo lugar en las votaciones del 25 de junio, ha puesto a temblar a los que hoy por hoy controlan el poder y las instituciones estatales. Su miedo es tan grande que han tratado de impedir, valiéndose de todos los medios posibles, la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral, en la que también competirá Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza. Para impedir la participación de Arévalo en el balotaje, los grupos mafiosos que controlan Guatemala han utilizado al sistema judicial. Primero obligaron al Tribunal Supremo Electoral a contar nuevamente los votos, pero el recuento solo confirmó el resultado de la primera ronda. Lo que siguió fue mucho más agresivo: a través de la Fiscalía, y actuando en contra de la ley electoral que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, intentaron suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla y allanaron las sedes de esta agrupación política y del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de todo ello, y en parte gracias a la oposición ciudadana y a la atenta mirada de la comunidad internacional, no han logrado salirse con la suya: Arévalo estará en la segunda ronda electoral. Después del intento de acabar con la corrupción y la impunidad a través de la conformación y el accionar de la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICIG, la historia guatemalteca dio un vuelco en sentido contrario. Si durante el breve período de tiempo en que funcionó la CICIG los corruptos y los criminales fueron perseguidos, como corresponde en un Estado de derecho, ahora son los corruptos y los criminales los que, por medio de la Policía, la Fiscalía y el poder judicial, atacan, persiguen y encarcelan a todos aquellos que en el pasado reciente lucharon contra el crimen y contra la impunidad tratando de restaurar el orden en su país. Lo que está ocurriendo en Guatemala es el sueño dorado de los delincuentes. Así las cosas, diversos exfiscales y luchadores contra el crimen enfrentan procesos judiciales en su contra, están presos o en el exilio. En la segunda vuelta, los guatemaltecos no elegirán entre dos ideologías políticas distintas, ni entre dos programas de gobierno, ni entre izquierda y derecha, sino entre dos modelos de Estado: por un lado, uno controlado por criminales y, por otro, uno regido por la ley. Se trata, por tanto, de una elección crucial que marcará de forma decisiva el futuro de Guatemala, llevando al país centroamericano a sumarse de nuevo a la comunidad de naciones democráticas o a quedar bajo el control de una mafia a la que no le interesa el bienestar ni el desarrollo del pueblo guatemalteco, sino el poder y el enriquecimiento ilícito de sus miembros.

Una enorme cantidad de personas se divierten con juegos de números. El Sudoku es hoy uno de los más extendidos y publicados con frecuencia en los periódicos en sus páginas de pasatiempos. Jugar con números nos ayuda a agilizar la lógica mental, a medir la racionalidad de los precios, a hacer cálculos de ingresos o a cambiar procesos insostenibles. En ese sentido, resulta interesante jugar con los números grandes que en política suelen usarse como propaganda. Jugando con ellos, poniendo en relación un número propagandístico o establecido con fines políticos con otros que brotan de la información oficial o de la misma realidad, nos damos cuenta de su racionalidad o la irracionalidad. Un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo racional o lo irracional de la política es el número de 900 acusados del mismo delito a los que se pretende juzgar simultáneamente en nuestros tribunales en virtud del régimen de excepción ya habitual. Se pretende, así lo ha dicho un ministro, juzgar a grupos de 900 acusados en un mismo proceso. Suponiendo que se libera antes a un grupo de personas inocentes detenidas durante el alargado régimen de excepción, podemos hacer cálculos sobre 54 mil personas llevadas a juicio en grupos de 900. Necesitaríamos 60 juicios de ese estilo. La primera pregunta que surge es dónde serían las audiencias. Hasta el presente, el poder judicial no tiene ni una sala donde quepan 900 personas, más los fiscales, defensores, jueces y escribanos. ¿Se recurrirá a los estadios o a los parques? Toda una incógnita. El siguiente número interesante es el de los defensores públicos. Según la información, la gran mayoría de los detenidos son personas de bajos recursos. Pongamos que el 80% necesitaría defensores públicos, eso se traduce en un poco más de 40 mil personas. La Procuraduría General de la República, por su parte, cuenta con aproximadamente 300 defensores públicos en todo el país. Teniendo en cuenta que un juicio no es válido si el acusado no tiene un defensor público o privado, ¿podrá defender con seriedad y eficiencia cada defensor público a más de 130 acusados? Ya de hecho esos juicios están viciados por la no observación adecuada del principio constitucional de considerar inocentes a los acusados mientras no sean vencidos en juicio. Pero ¿serán juicios válidos los que tengan en la defensa del imputado a defensores sin el tiempo adecuado para defenderlos? Hemos visto ya durante Gobiernos anteriores cómo un solo defensor atendía a más de 40 imputados en una audiencia. Simplemente firmaba como defensor de los acusados, pero no hacía nada más por ellos. Por otra parte, los jueces que presidan los juicios de 900 acusados, ¿llegarán dispuestos a exigir a los defensores que cumplan con diligencia su labor?, ¿serán capaces de acusar a defensores públicos por patrocinio infiel cuando no hagan adecuadamente su función, más allá de firmar? Los números no mienten. Plantean problemas si se les mira con objetividad. La pobreza, la vulnerabilidad, las masacres, la incidencia de enfermedades prevenibles, el salario mínimo se miden con números. Pero cuando se habla de problemas sociales, detrás de los números siempre hay personas. Los números son fríos, las personas son siempre miembros de la comunidad humana. Con los números se puede jugar, con las personas no, aunque a los políticos les guste hacerlo. Los números hay que verlos, a las personas hay que atenderlas. Jugar con los números, interpretarlos o utilizarlos caprichosamente sin tener en cuenta la dimensión humana y los derechos de las personas, solo refleja inhumanidad y violencia. Como decíamos hace algunos años, cruel inhumanidad “venga de donde venga”. Atender son seriedad los números y sus problemas, usarlos para medir avances y retrocesos, impulsar desde ellos una sociedad mejor nos ofrecería un poco más de esperanza.

En las celebraciones patronales tanto de San Salvador como del nombre del país, el tráfico se descongestiona, la alegría y el descanso crecen, la devoción se acrecienta. La fiesta es necesaria para la salud humana; todas las sociedades celebran, incluso en medio de circunstancias difíciles o incluso trágicas. Es famosa la tregua de la Primera Guerra Mundial en la que soldados franceses y alemanes dejaron de dispararse, espontáneamente y en contra de las órdenes de sus oficiales superiores, y celebraron unidos la Navidad. Las fiestas permiten respirar en medio de las dificultades y manifestar el ansia de fraternidad y paz. Sin embargo, la realidad pronto termina imponiéndose; no es prudente desentenderse de los problemas por el afán celebratorio. En el caso de El Salvador, los accidentes de tránsito, los ahogamientos y otras desgracias previsibles necesitan una mayor atención por parte del Estado. Es triste y contradictorio que en estas fiestas agostinas, cuando el país en general necesitaba mayor protección en carreteras, costas y lugares de diversión, se utilizaran 8 mil miembros del Ejército y la Policía para invadir y cercar un departamento. El hecho de que los casos de neumonía estén aumentando entre los adultos mayores y los niños menores de nueve años apunta a una irresponsabilidad gubernamental en el tema de la vacunación, fundamental para luchar contra dicha enfermedad. Además, la situación en las cárceles es trágica, y el sistema de seguridad y justicia no piensa más que en aumentar las detenciones y continuar con juicios que no ofrecen garantías para quienes son apresados sin pruebas fehacientes. Las fiestas son buenas, alivian tensiones y acrecientan valores en quienes saben vivirlas serenamente. Pero del descanso y de la celebración comunitaria debe brotar un mayor sentido de responsabilidad. Si en verdad es una manifestación de hermandad entre quienes celebran valores comunes, la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo debe renovar nuestro sentido gregario y mejorar la fraternidad. El Salvador del Mundo nos invita a superar el sufrimiento de nuestros prójimos y a construir una familia humana en la que la justicia social, el derecho y la verdad sean patrimonio de todos. Hace más de cuatro décadas, el mártir y hoy beato Rutilio Grande predicó en catedral durante esta fiesta de la Transfiguración, en la que Jesús de Nazaret se muestra como salvador del mundo. Rutilio insistía en la necesidad de transfigurar El Salvador, haciéndolo más justo y fraterno. Esa necesidad continúa vigente. Una fiesta sin lutos es la meta a la que el país debe aspirar. Alcanzarla debe ser tarea diaria de todos.

Por José María Tojeira, S.J. Escuche aquí: Los juicios colectivos, en los que se acusa a un grupo amplio del mismo crimen, son propios de estados autoritarios. Las cosas se complican todavía más cuando las capturas carecen de una investigación previa adecuada y las pruebas que se presentan son circunstanciales y las mismas para muchas personas. El estado de derecho, como se conoce internacionalmente, queda seriamente limitado con este tipo de enjuiciamientos orientados a conseguir sentencias condenatorias rápidas que no cumplen con los parámetros de un juicio justo. Enjuiciar a grupos de 900 personas simultáneamente y por el mismo delito, como se pretende en El Salvador, es la mejor manera de ser injustos. El modo de llevar estos casos nos hace retroceder en el tiempo o viajar en el espacio a lugares distantes, aunque con frecuencia los países que han juzgado masivamente a personas hayan abusado de los acusados con mucha mayor violencia que en El Salvador. En las farsas de juicio soviéticas, aunque terminaran con frecuencia con la pena de muerte, rarísima vez se llegó a enjuiciamientos de un número tan grande como el que se pretende en el país. El secretario del partido comunista, Josef Stalin, durante la llamada gran purga que eliminó a millones de seres humanos, realizaba juicios grupales en contra de, más o menos, veinte personas. Recientemente, ya en este siglo, en Emiratos Árabes Unidos, en particular en Abu Dabi, se tuvo un juicio colectivo contra 94 personas. Al igual que en la Unión Soviética, las confesiones forzadas con tortura fueron la fuente de la condena. La diferencia con nosotros, a parte de las condenas y la tortura previa, es que si aquellos forzaban las confesiones para considerarlas posteriormente pruebas, nuestros inventores de leyes prefieren prescindir de las pruebas. Aunque ciertamente la brutalidad de los ejemplos mencionados no existe en El Salvador, el número de personas de las que se abusa crea un precedente muy peligroso para la convivencia ciudadana. Decir que más abusaban de la gente las maras no justifica que el Estado abuse. Hay medios de control de la delincuencia más eficaces que los utilizados entre nosotros que no necesitan violar derechos humanos. Otra cosa es que los anteriores gobiernos hayan sido incapaces de controlar la violencia. Pero la incapacidad de otros para resolver problemas delictivos, no justifica que se opte por un sistema que elimina garantías judiciales básicas. Al final no se tocan las causas de la violencia. La pobreza, la desigualdad, las debilidades del sistema escolar y de los sistemas de protección social, la larga tradición de no dar importancia a la vida de los pobres son siempre causas de violencia. La violencia se puede vencer con violencia, generalmente causando daño y dolor. Pero si no se superan las causas, la violencia surge de nuevo. En un país como el nuestro, con una larga tradición autoritaria, el autoritarismo puede prolongarse durante un tiempo largo. Pero al final acumula más enemigos que amigos, y eso le lleva a la ruina. Lo mejor es siempre emprender el camino del fortalecimiento democrático de las instituciones y de la justicia social. Otros caminos terminan siempre en el lado oscuro de la historia. “El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos. Asimismo, recalcaron que las personas aprehendidas en “esta red de arrastre del Gobierno” salvadoreño deben tener garantizado el goce de sus derechos el respaldo que el gobierno presta al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas, abogaron por el respeto a las garantías fundamentales estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso de todos los detenidos.

La alta popularidad de Bukele, en algunos países latinoamericanos superior a la del papa, no es absoluta. Aparentemente, en el país, las mayorías aceptan de buen grado su dictadura. Sin embargo, esa popularidad debe ser matizada. En primer lugar, el asentimiento popular se concentra en la figura del dictador. Los diputados, los alcaldes y la cúpula del Ejecutivo son muy poco apreciados por la opinión pública, según las encuestas. En las elecciones internas del partido oficial, los candidatos a diputados que repiten han recibido un respaldo muy inferior al de la primera vez. En su descargo, cabe señalar que el desempeño eficiente y brillante es incompatible con la dictadura. Dicho esto, debe agregarse también que entre ellos militan muchos oportunistas, que se apuntan para vivir del Estado sin trabajar. Así lo confirma la opinión pública, que piensa que los políticos son corruptos, aprecia poco su actividad y desprecia su credibilidad. En cuatro años, la dictadura no ha podido corregir esa opinión. Su persistencia confirma la especie de quienes sostienen que la reducción de los municipios obedece a razones electorales. En efecto, el oficialismo ha disminuido los 262 municipios a 44 para reducir las posibilidades de pérdidas en el nivel municipal. De hecho, cualquier candidato a alcalde tiene más aceptación que el de la dictadura. Paradójicamente, esta ha adormecido a sus bases. El que la candidatura de Bukele no haya superado el diez por ciento en sus elecciones internas expresa la confianza total de aquellas, pero también su desinterés ante lo que perciben como un hecho consumado. La popularidad no se traduce automáticamente en votos. En cambio, los excluidos de las listas electorales del oficialismo no aceptan resignadamente su suerte. Descontentos, se empeñan en desacreditar e insultar a los favoritos. La reducción de los diputados y los alcaldes no solo disminuye las oportunidades de la oposición, sino también las de los que se lucran del oficialismo. La lealtad no es ilimitada. Se mueve por intereses que si no son satisfechos, se revuelven contra el objeto de su devoción. La relación de la dictadura con las mayorías que la aprueban y la justifican tampoco es lineal. La valoran muy positivamente, pero no pueden identificar qué beneficios les procura, aparte de la seguridad. Sí saben que sus ingresos no aumentan mientras la canasta básica sube y que no encuentran empleo. Solo un poco más de la tercera parte de la población está satisfecha con su situación económica. La estadística de la pobreza es elocuente. Aproximadamente, la tercera parte es pobre. Más de medio millón vive en la pobreza extrema, es decir, no puede adquirir la canasta básica. Una canasta que ni siquiera contiene la cantidad de calorías necesarias, ni los productos más adecuados. Es la canasta más miserable de la región. La mayoría de estas familias solo come dos veces al día y su dieta es maíz, frutas, hierbas, flores y, a veces, frijoles. La carne y los lácteos no están a su alcance. El 24/7 presidencial tampoco ha conseguido reducir la pobreza. La seguridad no incluye el derecho y la justicia. La disminución de la pobreza no figura en la agenda presidencial. Los hechos son incuestionables. Ahora son más los que están por debajo de la línea de la pobreza y los que inexorablemente son empujados hacia ella. La dictadura es desagradecida con las mayorías a las cuales debe la popularidad que la legitima. En su defensa se debe añadir que desconocen qué es el Estado de derecho. Nunca lo han experimentado, siempre sometidas a diferentes dictaduras. Arena introdujo el capitalismo neoliberal para modernizar la economía, es decir, para revalorizar el capital. El FMLN, pese a su identidad revolucionaria, ni siquiera intentó paliar los efectos más nefastos del modelo económico impuesto por su enemigo más odiado. Y el enemigo más recalcitrante de los dos habla mucho de grandes cambios, pero mantiene intacta esa estructura socioeconómica. En lugar de una política orientada a reducir la desigualdad y la pobreza, la dictadura cultiva el rencor a los explotadores y los opresores del pasado, mientras recorre impasible el camino abierto y transitado por ellos. No busca una sociedad más igualitaria y justa, sino la revancha contra los enemigos políticos que le facilitaron llegar al poder. En realidad, es un recurso para disimular que el clan presidencial y sus allegados son igualmente explotadores y opresores. La dictadura no promueve la convivencia pacífica, sino el conflicto social. No fomenta la solidaridad, sino el egoísmo exacerbado. No gobierna para el bien de las mayorías, que con su asentimiento la justifican y suscitan la admiración de ingenuos y necios, sino para unos cuantos favoritos. Tampoco contempla una sociedad bien avenida, sino el conflicto como fundamento de su poder y el conflicto victorioso como su forma de gobernar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En las últimas semanas han aparecido con frecuencia noticias que nos hablan de la posibilidad de que el hambre aumente en el mundo y en El Salvador. El recrudecimiento de la guerra en Ucrania, el calentamiento global, el fenómeno de El Niño en nuestras costas son amenazas permanentes y crean tendencia a la escasez de granos básicos. Ya en 2021 la FAO invitaba a El Salvador a realizar intervenciones adecuadamente planificadas y programadas para iniciar un proceso que contribuyera a erradicar totalmente el hambre y la malnutrición. Una investigación reciente del Programa Mundial de Alimentos afirma que uno de cada seis niños salvadoreños sufre desnutrición crónica, que 4 de cada 10 que padecen desnutrición no terminan la escuela primaria y que 8 de cada 10 no concluyen la escuela secundaria. En la actualidad, las gremiales de maestros se han quejado de los atrasos en la entrega de alimentación en las escuelas. El frijol, uno de nuestros alimentos básicos, mantiene desde hace tiempo un precio alto. El trigo seguirá encareciéndose y las cosechas de maíz se perderán parcialmente este año a causa de El Niño. El hambre es injusta. Y el hambre de los niños es realmente un crimen, sobre todo cuando en realidad no se puede hablar de hambre a causa de la ausencia de alimentos. A pesar de los precios y la carestía, el mundo produce suficientes alimentos como para que nadie pase hambre. La FAO nos dice que entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Y esa misma agencia de la ONU afirma que en América Latina y el Caribe cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles. Todo ello a pesar de que 47 millones de sus habitantes padecen hambre en la actualidad. Con estos datos es imposible pensar que en El Salvador no se desperdician o tiran alimentos. Si algo se puede y debe hacer ya en la lucha contra la pobreza es conseguir que nadie pase hambre en nuestro país. Las Iglesias y la sociedad civil contribuyen de un modo importante a paliar el problema del hambre, aunque el esfuerzo sea insuficiente. Sin una decisión clara de lucha contra el hambre y la pobreza a nivel gubernamental, seguiremos teniendo serias rémoras en nuestro desarrollo, tanto humano como económico. El alimento en las escuelas es una medida básica en este esfuerzo, lo mismo que la pensión no contributiva que se le da aproximadamente a un 5% de las personas mayores de 70 años. Manejar mal estos programas, bajando los niveles de alimentación escolar o dando la pensión con atrasos o incluso interrumpiéndola temporalmente, agrava la situación. Pero además de estos programas, debe pensarse en nuevas formas de transferencia de recursos y de impulso al trabajo productivo para vencer definitivamente el hambre. Conformarnos con el hambre y con la pobreza ajena o considerar ambos problemas como una realidad secundaria nos transforma en personas de baja calidad humana. Y desde el punto de vista religioso, la inacción frente al hambre nos convierte en traidores no solamente al espíritu cristiano, sino al espíritu solidario de todas las religiones. Hacer pasar hambre intencionalmente a otras personas, aunque hayan cometido delitos, es igualarse a ellos cometiendo una forma de tortura. Despreocuparse del hambre ajena es convertirse en cómplices de una de las injusticias más graves, especialmente en un mundo que produce los alimentos suficientes para nutrir adecuadamente a toda la humanidad. La fe cristiana pone el alimentar al hambriento como un camino claro hacia la plenitud del Reino de Dios. En nuestra patria, no alcanzaremos nunca la decencia política, ni la empresarial, ni la social hasta que no venzamos el hambre y la pobreza.

El capitalismo neoliberal ha corrompido a la sociedad salvadoreña desde dentro y la ha malogrado. Continuamente suscita nuevos apetitos, símbolos e ideales de felicidad y plenitud. Alimenta falsas necesidades y deseos para aumentar su tasa de rentabilidad y el volumen de la acumulación de unos pocos. Al final, esa dinámica de enriquecimiento y acumulación de unos cuantos a costa de los muchos ha creado en la conciencia colectiva un individualismo soberbio e indiferente, que corroe y destruye lentamente a la sociedad. El individualismo suscita el deseo soberbio de autonomía absoluta y la indiferencia hacia los demás. La seguridad individual se ha impuesto como el valor más apreciado, aun cuando para ello la dictadura retenga en sus cárceles a una cantidad desconocida de inocentes junto con pandilleros, ninguno procesado debidamente conforme al derecho y todos recluidos en condiciones desalmadas. Contrario a la creencia mayoritaria, esa seguridad no hace más libre a los individuos. En su soberbia, estos se dicen a sí mismos que para ser libres y felices no necesitan de los demás, a veces ni siquiera de Dios. Están convencidos de que alcanzarán sus metas, su libertad y su felicidad con su propio esfuerzo o emprendimiento. Ese deseo arrebata con tal furor que somete a los otros al interés egoísta, considera la creación como un recurso explotable hasta el agotamiento y a Dios como un ser superfluo. Puede que lo confiesen con los labios, pero su práctica es impía. En su enajenación, ese individualismo endurece el corazón. Esta forma de enfrentar la vida ha desarticulado las relaciones familiares, comunitarias y sociales, y es contraria al bien general. El individualismo desbocado engendra lo que el papa Francisco denuncia como la cultura del descarte. Una cultura que dispone sistemáticamente de una porción significativa de la sociedad. Los descartados son tratados como basura por las clases poderosas, para las cuales no tienen valor ni merecen consideración. La cultura del descarte engendra la humillación persistente de sectores sociales cada vez más amplios, a los cuales se les niega institucionalmente su dignidad. Ello genera resentimiento contra quienes son percibidos deleitándose en esa humillación. El resentimiento transforma la humillación en ira y deseo de venganza, en odio visceral al privilegiado. Aquí se encuentra el principio de las pandillas. El capitalismo neoliberal descartó a varias generaciones de jóvenes. Les negó oportunidades mientras revalorizaba el capital de quienes ya eran ricos. La humillación y el resentimiento, la cólera y la violencia fueron la consecuencia lógica. Pero el empeño en el odio y la venganza contra aquellos que consideraban privilegiados no proporcionaron a los pandilleros el bienestar, el respeto y la plenitud deseados. El ejercicio del poder total sobre las vidas y las posesiones de los demás era placentero, pero fugaz y desolador. La furia y la crueldad de los pandilleros contra quienes no pertenecían a la propia mara, frecuentemente personas tan descartadas como ellos, los destruyeron al mismo tiempo que destruían a los otros. La sociedad pospandillas de Bukele comete el mismo error. La dictadura descarta a una porción significativa de la población para demostrar la eficacia de su “guerra contra las pandillas”, mientras enriquece a un nuevo grupo de privilegiados. Ha transformado las prisiones en un inmenso basurero, donde dispone de aquellos a quienes desestima como desechos. Las cárceles son vertederos donde se descompone la humanidad de miles de inocentes y la que queda en los pandilleros. La seguridad que descansa en el descarte de más del uno por ciento de la población total, arrumbada en las cárceles de la dictadura, la tasa más alta del mundo y el doble de la de Estados Unidos, una de las más elevadas, es ficticia. El método de Bukele, tan aplaudido por un amplio sector nacional y envidiado por algunos círculos extranjeros, es doblemente discriminatorio. Por un lado, descarta a los pandilleros y a una abultada cantidad desconocida de empobrecidos y vulnerables, en una palabra, de desafortunados, que incluye a líderes sindicales y comunitarios independientes, y a discapacitados. Pero por otro, los funcionarios y los contratistas corruptos, los contrabandistas, los narcotraficantes y los lavadores de dinero atesoran fortunas impunemente, amparados por el clan presidencial. En continuidad con el neoliberalismo de Arena, la dictadura promete satisfacer los deseos de abundancia, tranquilidad y prosperidad de la gente. En la práctica, consolida el individualismo feroz y la indiferencia neoliberal de las décadas anteriores. El resultado es muy similar. Más exclusión, nuevas humillaciones y más resentimientos, y odios y deseos de venganza más enconados. La dictadura familiar tiende a la continuidad, apoyada en el egoísmo implacable y la indiferencia ante la suerte de los demás, en el embrutecimiento y la deshumanización. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor R