Editoriales y Opiniones

La pensadora Adela Cortina señala que la ética debe partir siempre de dos elementos: de lo que es razonable y justo, según las grandes tradiciones del pensamiento, y de los sentimientos profundos de solidaridad y misericordia. El primer aspecto recoge toda la experiencia humana de pactos, convenios y reflexiones sobre derechos humanos. Y el segundo implica ponerse en el lugar de las víctimas de sufrimientos injustos propiciados desde cualquier ámbito de poder, sea político, económico o social. Razón y sentimientos unidos generan lo que la catedrática universitaria llama ética cordial. En la mayoría de países de este istmo que une el norte y el sur del continente americano, abundan las violaciones a los derechos humanos y el sufrimiento injusto. Nicaragua mantiene un Estado policíaco que reprime el pensamiento crítico con penas brutales reñidas con todos los pactos y convenciones firmadas por el país. El destierro, la cárcel, la privación de nacionalidad, el espionaje, el chantaje y las represalias contra los familiares de quienes se han manifestado críticamente en algún momento son pan de cada día en la sociedad nicaragüense. Guatemala está atenazado por un grupo mafioso de poder en el que se mezclan exmilitares genocidas, empresarios y narcotraficantes; un grupo que pretende burlar el reclamo democrático de la población e impedir el acceso al Ejecutivo del candidato a la presidencia elegido recientemente, o al menos anular sus posibilidades de reforma social. En el Salvador se está imponiendo un autoritarismo creciente, con amplia influencia en medios y redes sociales, que ofrece soluciones a algunos problemas sociales sin que importen los medios utilizados, muchas veces reñidos claramente con el Estado de derecho. En Honduras, aun con algunas perspectivas de cambio respecto al autoritarismo represivo anterior, se entremezclan demasiados intereses más empeñados en mantener privilegios que en impulsar el bien común. En los cuatro países los pobres son los que más sufren y los que más forzados se ven a la migración o a plegarse a promesas falsas. Convertir en cultura los derechos humanos, aceptar en la convivencia y en el derecho la dignidad presente en toda persona por el mero hecho de ser humana, e impulsar la justicia social son tareas ineludibles. Y más cuando las élites gobernantes adaptan a sus intereses el discurso sobre los derechos humanos. Quienes desde la razón apelan al pensamiento crítico deben también manifestar con mayor claridad su solidaridad con el sufrimiento concreto de tantas hermanas y hermanos. Si la razón teórica de los derechos humanos es por muchas circunstancias injustas asunto de minorías, el corazón y el sentimiento frente al dolor de quien sufre es patrimonio de todas las personas sensibles y capaces de empatía. Caminar desde la empatía a la razón es clave para construir una cultura solidaria capaz de vencer la pobreza y la vulnerabilidad generalizadas. El fin nunca justifica los medios, menos aún cuando estos ofenden la dignidad de las personas. Mientras no se acepte esto, el peligro de convulsiones sociales siempre estará presente.

Editorial Idhuca Septiembre siempre inicia con aires nostálgicos, con mucho azul y blanco y discursos patrióticos que buscan recordar la importancia de las hazañas “independentistas”. Así que valga esa nostalgia, no para ensalzar nacionalismos, sino para recordar nuestra historia y comprender el presente. Si de algo nos debe servir esta fecha es para reflexionar sobre nuestra historia, la violencia que la ha acompañado, el sufrimiento de tantas y tantos, las vidas perdidas, los ideales que no han podido ser. Pero siempre será importante recordar y reflexionar. Porque borrar el pasado y atribuirle todo lo malo es una visión reduccionista e inmadura que nos lleva a pensar que solo el futuro será mejor y por eso importa, aún cuando no haya señal del presente que nos haga pensar que puede haber cambios para bien. Hace dos años, el Ejecutivo le designó al mismo Ejecutivo la elaboración de reformas constitucionales, que prácticamente se convirtieron en una nueva Constitución. Un año después, el presidente anunciaba que se reelegiría, sin importarle que la Constitución lo prohíbe expresamente, pero eliminó los controles para que nadie se interpusiera en su afán de hacerse de más poder. Nuestra propia historia y la latinoamericana nos alerta sobre el peligro del presente, porque ya lo vivimos, y porque sabemos que normalizar el irrespeto a las normas y a lo diferente no conduce a nada bueno. Lo demostró Maximiliano Hernández Martínez y las sucesivas dictaduras militares. Nos lo enseñó Chile, que este 11 de septiembre recordó los 50 años del golpe de Estado que llevó a Augusto Pinochet al poder y que hoy, enfrente del Palacio de la Moneda se gritó un potente #NuncaMás. Y así, hay tantos ejemplos que hacerse del poder solo puede llevar a represión y opresión. Es preciso recordar que la nuestra es una historia violenta, que no se reduce a 202 años de existencia, pero eso debe llevarnos a confirmar que solo el respeto hacia el otro y la otra permitirá nuestra convivencia y la construcción de una sociedad más justa y más humana. El deseo que debe primar es que vivamos en libertad y en fraternidad, en unión, donde no falte el pan para todas y todos, y donde haya una existencia digna para cada persona.

Los deslaves persistentes en Los Chorros exhiben las interioridades de la dictadura. Al comenzar su mandato, Bukele criticó duramente a sus antecesores por no haber asegurado esa vital vía de comunicación con el occidente del país y enseguida prometió que él lo haría. Más de cuatro años después, Los Chorros son todavía lugar de deslizamiento de tierra, piedras y árboles. También es un paso con una siniestralidad elevada. Cualquier lluvia torrencial tira la montaña abajo y, si no, un accidente o un vehículo con desperfectos mecánicos lo cierra. Los congestionamientos son tan espectaculares como siempre, al punto que forman parte de la cotidianidad de quienes lo transitan. Los elevados costos humanos y materiales son prohibitivos para la economía regional que menos crece. Entretanto, Bukele, al igual que sus antecesores, se contenta con remover las consecuencias de la vulnerabilidad medioambiental, la imprevisión y la irresponsabilidad. Incapaz de prevenir, se conforma con remendar unas pendientes muy inestables y con avisar del peligro de derrumbes e inundaciones. El conformismo gubernamental es simple impotencia. La solución prometida aún permanece en el papel. La inestabilidad de Los Chorros no es única. El año pasado, la institución estatal a cargo del agua potable perdió más 60 por ciento del líquido extraído. A pesar de ser un vital recurso natural cada vez más escaso, Bukele no ha podido impedir la fuga del agua por unas tuberías en ruinas y ha tolerado las conexiones ilegales y el simple robo. Mientras tanto, el agua escasea en las zonas populares. Las alcaldías de Soyapango, Mejicanos y Nuevo Cuscatlán crearon empresas mixtas para recolectar los desechos sólidos, mediante contratos fraudulentos, negociados por personajes con antecedentes poco recomendables. En algunas de esas municipalidades, la acumulación de la basura en los espacios públicos es recurrente. En la actualidad, las tres alcaldías están descabezadas: la alcaldesa oficialista está detenida; los otros dos alcaldes están ausentes. Estas alcaldías no son la excepción. Existen indicios de corrupción en otras muchas. El mismo patrón se observa en una alcaldía como la de Santa Tecla, empeñada, desde hace meses en rehacer las aceras. Destruye las existentes, las reemplaza y las vuelve a demoler, y a reconstruir. Una versión tecleña de un Sísifo ajeno a la acumulación de cascotes en unas calles ya achicadas por el caos urbano y a la de equipo y material de construcción en una de las paradas de autobuses más concurridas de la ciudad. Los escenarios deportivos de los juegos regionales recién pasados no estuvieron terminados para la inauguración. Algunos todavía no han sido concluidos, mientras que, dos meses después de la competencia, la Universidad de El Salvador aguarda la devolución de sus instalaciones. La educación no es una prioridad para Bukele, a pesar de haber prometido universalizarla. Más de cuatro después, casi la mitad de la población nacida en 2001 no terminó la educación secundaria y quienes la concluyeron tienen deficiencias notables en las áreas básicas del conocimiento. Nada extraño, dado que el presupuesto para educación tiende a la baja. Entretanto, Bukele mira hacia otro lado. No hacia Los Chorros, el occidente y Guatemala, donde la intervención es urgente, sino hacia las vías que conducen al litoral, donde ha creado un costoso centro turístico con menoscabo de zonas protegidas para el disfrute de privilegiados con dinero de sobra. Asimismo, pagó millones de dólares por un concurso de belleza y acondiciona escenarios y remodela parques y plazas, remodeladas no hace mucho, para que las mises desfilen. Comprometió 500 millones de dólares con un gigante digital para informatizar el Estado, a pesar de que existen alternativas mucho más baratas y probadas. Sin embargo, la fotografía con los representantes de la multinacional, los surfistas y los turistas, y las mises vale mucho más. La difusión intensa de estas actividades, y de muchas otras de menor envergadura, oculta la ineficiencia de la dictadura. Es una huida hacia adelante, que no conduce a ninguna parte, excepto a los bolsillos de unos cuantos, que rebosan con el dinero del tráfico de influencias y los sobornos. La difusión es complementada con la reorganización y el cambio de nombre e imagen de las instituciones existentes. Aparte de centralizar aún más la actividad gubernamental, estas no prestan un mejor servicio a la población por falta de fondos y de competencia. Bukele ha hecho del país un escaparate, donde exhibe un país exitoso, que provoca admiración, incluso envidia, en las redes digitales. Detrás de su cuidada exhibición esconde un país muy vulnerable y una sociedad empobrecida, desempleada, deseosa de emigrar y amante de la violencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José María Tojeira 12/09/2023 La independencia de Centroamérica es un acontecimiento del pasado. Su significado para hoy depende en muchos aspectos de lo que recordemos de ese momento. Hay quienes prefieren ver la independencia como un paso valiente frente a un poder superior. Por eso, deducen de sus recuerdos, a nuestros países les conviene armarse. “El ejército vivirá mientras viva la república” es probablemente la frase que más repiten quienes piensan en una independencia armada. No importa que la realidad haya sido distinta, que la independencia haya sido pacífica y que los ejércitos nacieran en nuestras tierras para servir a las oligarquías locales que desmembraron la Centroamérica unida. Recordar la Asamblea Constituyente de 1823 resulta más interesante para entender los propósitos de la independencia y para reflexionar lo que la misma nos entrega para una positiva reflexión actual. En esa Asamblea se ratificó la independencia y se construyó el país que la gente noble deseaba. No recordar los ideales de aquel entonces y enturbiar la política con intereses particulares y egoístas nos ha llevado a una historia triste y a estar en la cola del desarrollo humano, al menos en los cuatro países más norteños de Centroamérica. España, la potencia colonial de la que se independizó Centroamérica, abolió la esclavitud formalmente en 1837, pero siguió permitiéndola en sus territorios americanos: en Puerto Rico hasta hasta 1873 y en Cuba hasta 1886. Y por supuesto, nobles españoles con propiedades en Cuba continuaron involucrados en el tráfico de esclavos hasta avanzado el siglo XIX. En México, del que dependimos brevemente después de la independencia, el fin de la esclavitud llegó en 1829. En Estados Unidos, cuya independencia temprana de Inglaterra inspiró a muchos independentistas americanos, la abolición de la esclavitud llegó hasta 1863. En Centroamérica, la abolición se produce en 1824, en la Asamblea Constituyente de Centroamérica, auténtica fundadora de la República, bastante antes que nuestro principales vecinos. Un profundo humanismo inspirado en la religión, la lógica democrática y la reacción frente al sistema colonial que legitimaba la esclavitud estuvieron en el fondo de los razonamientos. En las deliberaciones hubo una fuerte discusión sobre la indemnización a los dueños de esclavos, una vez liberados por el Estado. También se discutieron las penas, pidiendo algunos incluso la de muerte para quienes traficaran esclavos. Al final, un salvadoreño, el sacerdote José Simeón Cañas, pidió la aprobación inmediata de la liberación de los que él llamó “nuestros hermanos esclavos”. Su razonamiento era limpio y claro: el despojado de sus bienes tiene derecho a la restitución. Y no habiendo bien mayor que la libertad, resulta humanamente indispensable restituir el derecho básico a la misma. Habiendo además declarado libre a la nación, es necesario que todas sus partes queden libres. Ofreció también su salario como diputado para el fondo de indemnización a los propietarios de esclavos. Independencia es eso: libertad y fraternidad para todos. Sin pensar que otros países, aunque sean más poderosos, hagan otras cosas o mantengan costumbres y normas que uno no considera coherente con la democracia y los valores republicanos. En el hoy nuestro es necesario reflexionar sobre las personas a las que hacemos sufrir injustamente, como a las que metemos presas siendo inocentes o las que tienen dificultades para comer los tres tiempos. Independencia es dar libertad y dignidad, trabajo digno y protección social a todos los que viven en el país. Así como la esclavitud era necesario abolirla en una país que se consideraba libre, así también hoy tenemos que enfrentar las necesidades de los más pobres y vulnerables de nuestro país, que en algunos aspectos conservan situaciones impuestas semejantes a las antiguas de los esclavos. Celebrar es recordar el pasado, no manipularlo al capricho del poder. Recordar lo bueno es indispensable para que nuestro país sea cada vez más centroamericano, más democrático y más justo.

Editorial Idhuca Cuando se habla de corrupción en El Salvador es importante tener en cuenta que se trata de una práctica estructural, que carcome las entrañas de las instituciones y que tiene efectos concretos en la vida de la población; es decir, en el ejercicio de los derechos humanos de cada una y cada uno. Esta corrupción se manifiesta de diferentes formas: desde colocar a familiares en cargos sin tener las aptitudes, pasando por el desvío de fondos públicos, hasta el cobro de dinero por dejar pasar algún paquete a una persona detenida o permitir verla. De forma reiterada, y sobre todo en tiempos de campaña, las promesas de combate a la corrupción proliferan y nuestro afán por querer convivir en espacios libres de comportamientos retorcidos y perversos, hace que muchas veces creamos en estas promesas. Pero comúnmente, cuando alguien en quien confiamos se aprovecha de alguna situación y nos traiciona, solemos reaccionar con inseguridad, aversión y cautela… Sobre todo si a esta persona le brindamos más oportunidades y, aún así, sigue traicionando nuestra confianza. De esa misma forma actúan los funcionarios que cometen corrupción: la sociedad confía en ellos, pero traicionan ese voto de confianza y se lucran del Estado para beneficio personal. Luego prometen combatir esa situación que ellos mismos han creado, pero solo maquillan esfuerzos que están vaciados de contenido, con la apariencia que se está haciendo mucho, cuando en realidad se sigue minando el Estado y sus fondos que, al final de cuentas, se trata de nuestros impuestos. Esto no es nuevo. La corrupción, en menor o mayor medida, ha estado presente, al menos, en los últimos 30 años. Desde la corrupción cometida por funcionarios de gobiernos de Arena y del FMLN, hasta la corrupción cometida por funcionarios actuales, de los cuales muchos siguen ostentando cargos públicos. Por eso indigna mucho que el gobierno actual, en apariencia, nos haga creer que trabaja en contra de la corrupción, cuando sigue desbaratando instituciones, eliminando los controles, anula la rendición de cuentas y se caracteriza más por la opacidad que por la transparencia. Este gobierno instrumentaliza la justicia, se ufana de utilizar un lenguaje de “guerra” y ha acuñado también la frase de “guerra contra la corrupción”, pero siguen irrespetando las normas y eliminando todo aquello que le hace estorbo. Se empecinan por defender a los suyos y sacrifican a quienes consideran imprescindibles, para hacer creer al imaginario que se es diferente cuando son más o peor de lo mismo. La corrupción destruye las instituciones estatales y la capacidad de los Estados para cumplir con sus obligaciones mínimas de respetar y proteger los derechos humanos, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Debido a las desigualdades preexistentes, la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, la niñez, las personas con discapacidad y las personas que viven en la pobreza. Luchar contra la corrupción requiere hacer verdaderos cambios estructurales, no pantomimas que se ensañan contra uno o dos peones que se vuelven insignificantes en la partida que hay que ganar. Hay que partir por transparentar y rendir cuenta y apostarle al combate a la impunidad. De lo contrario, se está traicionando una vez más ese deseo de la población de confiar que se harán las cosas diferentes, una promesa más que queda sin cumplir.

Editorial UCA Escuche aquí: Cuando se acerca la celebración de la independencia de Centroamérica, antes de tirar cohetes y organizar ruidosos desfiles, conviene reflexionar sobre lo que el hecho significó en aquellos momentos y lo que debe significar para nosotros en la actualidad. La independencia se vivió de distintos modos y maneras. Hubo personas que la proclamaron para que no lo hiciera el pueblo por su cuenta. Así reza el acta de la independencia, suscrita por una reunión de notables en Guatemala, temerosos de una insurgencia popular que les dañara su situación socioeconómica. Otros la vivieron con esperanza; deseaban cambiar el sistema de castas, la esclavitud e incluso la explotación de los pobres, especialmente de los indígenas. Desde la confianza en la cultura autóctona, muchos acompañaron la independencia con alegría. Por supuesto, hubo personas que no se enteraron o tardaron en darse cuenta. Y algunos, pocos pero poderosos, vieron en la independencia una oportunidad para desmembrar Centroamérica en diminutos países, centrados en los intereses locales. En la actualidad, continuamos honrando la fecha, pero lo que fue una independencia básicamente pacífica se celebra ahora como un evento militar. Los desfiles ocupan la mente de los niños. El Ejército se presenta, también desfilando, como salvaguarda de la República. Para otros es una oportunidad para resaltar los logros del Gobierno de turno o para impulsar el nacionalismo. No faltan, no obstante, los que reflexionan sobre las tareas que implica una independencia en los campos económicos y sociales. La responsabilidad está ahora en nuestras manos; despreocuparse de los problemas existentes es la mejor manera de mantenerse sujeto a otros. Independencia es hoy autonomía y capacidad de lograr el bien común con justicia y libertad. En el pasado, quienes quisieron vivir la independencia como transformación de una sociedad en la que predominaban la explotación y la falta de libertad lograron la abolición de la esclavitud. Pidieron también medidas para el desarrollo de las comunidades indígenas, tratando de liberar a los pueblos originarios de impuestos dañinos y opresivos. Si quiere desarrollar su independencia, a la sociedad salvadoreña le toca enfrentar todo aquello que signifique abuso o exceso de poder. El régimen de excepción que se vive desde hace más de un año supone el encarcelamiento y empobrecimiento de personas de la franja más vulnerable de la población. El subempleo, la amenaza a sindicatos, el clima de polarización, el endeudamiento cada vez mayor, el encarecimiento de la canasta básica implican amenazas para la autonomía de las personas y del país. Independencia, por el contrario, supone soberanía alimentaria, eliminación del hambre, salarios dignos, capacidad de diálogo y de encontrar caminos comunes en la convivencia nacional. Celebrar la independencia pensando en el país será siempre más positivo que los cohetes, los desfiles y los espectáculos propagandísticos. Celebrarla es optar por El Salvador y por su desarrollo, es tener un proyecto de realización común en beneficio de todos y generador de amistad social. Preguntarnos con honestidad cómo celebrar la independencia más allá de los clichés y la exhibición de armas puede dar inicio a uno de los cambios que hacen falta.

A finales de agosto murió una salvadoreña a quien se ha llamado Rosario para seguridad de su familia. Desde hace años, Rosario padecía insuficiencia renal. Estaba ya en la etapa 5, es decir, sus riñones tenían un daño grave y ya no podían limpiar la sangre, lo que le ocasionaba múltiples padecimientos. Ella aplicó al programa de trasplante de riñón del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su esposo se ofreció como donante. Después de pasar los exámenes de rigor, se le declaró apto para serlo. Pero en abril de 2022 fue detenido en el marco del estado de excepción y el proceso de preparación para la operación se vio interrumpido. Varias veces se hizo la solicitud de liberación, hasta que finalmente la Cámara de lo Penal ordenó que continuara su proceso en libertad a fin de que pudiera ayudar a sobrevivir a su esposa. Sin embargo, la resolución de la Cámara fue desoída por la Dirección General de Centros Penales, argumentando que la Fiscalía General de la República había iniciado otro proceso judicial en contra del señor. Varias organizaciones, entre ellas el Idhuca, que acompañaba legalmente al esposo de Rosario, iniciaron una campaña, a la que se sumaron colectivos y personas, pidiendo la liberación del donante. Rosario murió a finales de agosto; su esposo sigue detenido. Luego de que se dieron a conocer los entresijos de la tregua que las principales pandillas del país acordaron con apoyo del Gobierno de Mauricio Funes, Raúl Mijango fue el rostro elegido para condenarla. Mijango fue asesor del ministro de Defensa, David Munguía Payés, y medió entre las maras para llegar a la tregua. Pese a la condena social, nunca se escondió ni negó el rol que jugó en el proceso. Lo detuvieron en 2016 y en repetidas ocasiones las acusaciones judiciales en su contra por diversos delitos se cayeron por falta de pruebas. Hasta que en octubre de 2018, gracias al testimonio de un testigo criteriado que había declarado en otros juicios, lo condenaron a 13 años y 4 meses de prisión, acusado de colaborar en una extorsión. Mijango estaba enfermo cuando lo condenaron. Y con el paso del tiempo y por las duras condiciones de la reclusión, su estado de salud se fue agravando. Tenía varias enfermedades; entre ellas, insuficiencia renal. La última vez que dio declaraciones, dijo que su vida dependía de una máquina para hacerse dos hemodiálisis semanales y una dieta que en el centro penal era imposible de cumplir. Por eso, solicito libertad condicional, pero se le negó argumentando “riesgo social”. Sus representantes pidieron que lo sacaran por razones humanitarias, para que pudiera morir en su casa, pero la solicitud no obtuvo respuesta. Mijango murió el pasado 28 de agosto. Aunque de naturaleza y connotaciones diferente, estos dos ejemplos dan cuenta de los niveles de deshumanización en los que ha caído la administración de justicia controlada por el Ejecutivo. Independientemente de que se crea o no en la veracidad de los señalamientos en ambos casos, no conceder una medida humanitaria y aplaudir esa decisión reflejan un grave deterioro humano y social. Hay más, muchos más casos de personas que han muerto en los centros penales pese a los ruegos y los recursos presentados por sus familiares. Una sociedad que es insensible y tolerante a las injusticias camina hacia su destrucción.

La persecución de la corrupción entre los funcionarios del pasado es, en principio, positiva. Pero su parcialidad y su saña están reñidas con la justicia. La motivación política y la inquina personal que la mueven son perversas. La justicia no es recta cuando no es universal, porque se administra para ajustar cuentas. Sus administradores no debieran descartar que ellos pueden correr una suerte similar si caen en desgracia. La única forma de evitarlo es acumular mandatos presidenciales. La dinastía de los Bukele aseguraría el ocultamiento indefinido de sus crímenes. Contrario a las apariencias, nadie puede garantizar a los incondicionales que un cambio ajeno a la familia gobernante mantenga sus secretos. Esta es una poderosa razón para encomendarse a la continuidad de los Bukele. Ventaja adicional es que su permanencia en el poder lleva aparejada la prolongación del enriquecimiento ilícito y del saqueo del Estado. Muy en tercer lugar, tal vez tengan la intención de hacer realidad tantos proyectos anunciados y no desarrollados, o inconclusos como la infraestructura escolar o los hospitales. Los perseguidores de la corrupción del pasado ahora son fuertes, pero son vulnerables. Su supervivencia depende de la continuidad de la dictadura y sus intimidades. Pero las dictaduras no son eternas. Los colaboradores caen junto con los dictadores. No es, pues, pérdida de tiempo contemplar esa posibilidad. Cuando llegue, tal vez más pronto de lo que les gustaría, sus desafueros saldrán a la luz pública. Entonces, les pedirán cuentas del despilfarro, del pillaje, de los fraudes y también de las violaciones a los derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y están sujetos a la persecución internacional. Más de alguno puede terminar reclamado por la Corte Penal Internacional con una orden de captura como la que impide a Putin viajar al exterior. Cuando los incondicionales de la dictadura se encuentren en este aprieto, ¿dónde se esconderán? Cuando El Salvador se les vuelva hostil, ¿en qué país se refugiarán para pasar desapercibidos? Estados Unidos ya no es opción para algunos de los más destacados. Los altos mandos militares de la guerra civil, otrora enaltecidos como héroes anticomunistas, han sido acusados de crímenes de guerra y han sufrido deportaciones. Un excoronel fue entregado por la justicia estadounidense a la española, que lo juzgó, lo encontró culpable y lo condenó a más de cien años de cárcel. Bien harían los peones de Bukele en prever que, en un futuro no lejano, pueden encontrarse en apuros similares a los de los expresidentes del FMLN, los mandamases de Arena y los exoficiales de la guerra civil. Si de algo pueden estar seguros es que los Bukele no darán la cara por ellos y no les será fácil encontrar un país donde sean bienvenidos. Desde una perspectiva personal, ¿qué le dirán a sus seres queridos cuando sean acusados de malversación, robo, estafa, incluso de asesinato, y se vean expuestos a la vergüenza pública? No podrán excusarse con la creación del nuevo país, muchas veces prometido, pero no concretado. La vergüenza derivada de la exposición a la opinión pública es más dolorosa que la multa y la prisión. Uno de los exoficiales chilenos juzgados y condenados por el asesinato de Víctor Jara optó por el suicidio. Varias promociones de oficiales salvadoreños han reaccionado indignadas por la imputación de crímenes de guerra a dos de los suyos. En su pronunciamiento, estos oficiales invitan temerariamente a su comandante en jefe a hacer uso de su poder absoluto para librarlos de los rigores de la justicia. La multiplicación de las señales de agotamiento aconseja reflexionar sobre el futuro de la dictadura. La confrontación con diversos sectores sociales va a más. En gran medida, porque no dispone de fondos para cumplir los compromisos adquiridos y, por tanto, tampoco de flexibilidad para negociar. Así, su sensación de asedio aumenta. El acoso a los trabajadores de la salud, la negociación de contratos colectivos bajo vigilancia militar, el despido de líderes sindicales incómodos, el cese de empleados públicos descontentos, la criminalización de los líderes comunitarios independientes y de los campesinos que no ceden a las presiones del capital asociado a los Bukele son muestras claras de debilidad. La solidez aparente puede llevar a pensar que su régimen tiene aún mucha vida. El mismo cálculo hicieron los dictadores latinoamericanos del pasado, hasta que la catástrofe se abatió sobre ellos y sus colaboradores, sus familias y sus bienes. La insensatez tiende a obviar las consecuencias de las decisiones erróneas. En su cortedad, otorga carácter definitivo a lo inmediato y pasajero. En esto, los incondicionales de la dictadura son como los pandilleros, quienes también dieron por hecho que su poder territorial y económico había llegado para quedarse indefinidamente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En El Salvador, como en muchas otras partes, suele haber un contraste entre el lenguaje oficial y la práctica cotidiana. La Constitución puede decir solemnemente que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, pero la ley trata a los ciudadanos de distinta manera, según sean sus condiciones económicas, políticas, culturales, etc. Ensalzamos las raíces indígenas y nos despreocupamos de la economía, la salud y la cultura de los indios. Hablamos mucho de democracia, pero preferimos las medidas de autoridad. Estamos teóricamente contra la violencia, pero nos encantan los castigos duros, a veces cercanos a la tortura. Son problemas antiguos, pero que a medida que pasa el tiempo suelen reaparecer. En los años transcurridos desde el fin de la guerra, todos los partidos que nos han gobernado han caído en contradicciones de este estilo. Los políticos suelen defenderse diciendo que los de los otros partidos han hecho cosas peores, pero la semejanza en este tipo de contradicciones ha solido ser demasiado frecuente. En realidad, este problema cultural proviene de siglos de racismo. El ser humano ha tendido históricamente a dividir a las personas en superiores e inferiores. Con las diferencias étnicas, el racismo, presente en muchas sociedades, ha creado dolor y muerte. Incluso en países avanzados, como Estados Unidos o Alemania, hay gente que se cree superior a otros grupos étnicos, comete delitos vinculados al odio racial y presume de una supuesta supremacía blanca. El racismo está condenado por activa y por pasiva en las leyes locales e internacionales, pero continúan apareciendo focos de este mal, muchas veces violentos. Sin embargo, no solo crean problemas de convivencia los grupos racistas, compuestos muchas veces por personas paranoicas. El problema se agrava cuando las instituciones dan muestras de parcialidad hacia unos sectores de la población y marginan o maltratan a otros. Si un sistema judicial permite que los detenidos sean exhibidos en paños menores, hincados y presentados ya como culpables ante los medios de comunicación, no lo hacen de la misma manera con todos. A los pobres se les presenta semidesnudos. A diputados, corruptos con dinero, gente que ha tenido relaciones sociales amplias, se les presenta mejor vestidos y generalmente no en posiciones humillantes. Presentar públicamente a los acusados esposados como si fueran culpables es una violación del principio constitucional de presunción de inocencia. Incluso cuando se viola la Constitución se producen diferencias entre los considerados superiores y los vistos como inferiores. El Salvador ha firmado un buen porcentaje de convenios relativos a derechos humanos. Tiene en su Constitución una verdadera insistencia en la igual dignidad de todas las personas. Pero como muchos otros países, conserva esa tendencia a diferenciar entre superiores e inferiores. De hecho, el machismo no es sino una forma patriarcal de racismo. Y desde el Estado se trata con mayor consideración a quienes tienen más que a quienes viven en la pobreza. No importa la tradición de personas generosas que desde el inicio de nuestra vida independiente trabajaron por la liberación de los esclavos, fueron generosas con los empobrecidos o practicaron desde su fe cristiana una verdadera opción por los pobres y por defender sus derechos. Aunque larvadas y sin una opción teórica, las formas de racismo se repiten cuando dividimos a las personas en superiores e inferiores. Los gobiernos, a través de la enseñanza y las instituciones, deben trabajar seriamente en la lucha contra el racismo, muchas veces justificado desde el odio y desde el desprecio a los pobres. Se puede y se debe hacer, y de hecho algunas instituciones han avanzado. El Salvador tiene recursos humanos e históricos que le pueden ayudar a cambiar el trato desigual que suele darse según la condición social de las personas. La mayor protección y consideración con el pobre y el humilde es la única manera de universalizar derechos y de vencer esa manía de comparar a las personas, dividirlas en superiores e inferiores, y dar un trato desigual en perjuicio para los más vulnerables.

La política de seguridad actual en El Salvador es brutal, alejada y contraria a la Constitución y a la jurisprudencia interna, ajena a los estándares internacionales y violatoria de derechos humanos. Además, no hay institución ni persona alguna capaz de ejercer sobre ella un control independiente. Es cierto que las comunidades pueden organizarse para una mejor convivencia, prevenir el delito, mantenerse en comunicación constante para cuidar los espacios y solicitar coordinadamente a las autoridades competentes el mantenimiento de calles, instalación de escuelas, unidades de salud, presencia policial permanente o la construcción de infraestructuras en la zona. Pero estas actividades no sustituyen el deber estatal de ejercer control sobre cada parte del territorio del país y asegurar que cada uno de sus habitantes disponga de trabajo, salud, educación, vivienda, seguridad, propiedad, libertad y todos los derechos contemplados en la Constitución. Cuando el Estado abandona los territorios y se desentiende de sus pobladores, es muy probable que las estructuras criminales ejerzan controles y hagan difícil la tranquilidad en la colectividad. A pocas horas de cumplir el mandato de nueve años, los miembros de la Sala de lo Constitucional deliberamos y sentenciamos un caso que nos comprometimos a no dejar inconcluso: la situación de los desplazados a causa de la violencia generada por las pandillas. En concreto, se trató de una demanda de amparo interpuesta por varias familias, quienes reclamaron al Estado por no garantizarles sus derechos a la seguridad material, a la protección familiar, a las libertades de circulación y residencia, y a la propiedad. Los hechos relatados por los demandantes reflejaron el poder y el control territorial de las estructuras criminales, quienes golpearon a varios miembros de las familias, les obligaron a desnudarse buscando tatuajes de la pandilla contraria, realizaron agresiones a menores, les amenazaron con matarlos, les exigieron dinero y les ordenaron dejar sus viviendas en cuestión de horas. Las familias no tuvieron más opción que abandonarlo todo y buscar refugio en otras zonas del país. En aquel entonces, el gobierno central de turno no reconocía abiertamente la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado y en las audiencias otorgadas para defenderse de los señalamientos dentro del proceso, todas las autoridades demandadas (Asamblea Legislativa, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y Comisión Coordinadora del Sector Justicia de la Unidad Técnica Ejecutiva) negaron las violaciones constitucionales y adujeron la realización de algunos actos destinados a la protección de las personas frente al accionar delincuencial, tales como asignar claves a las víctimas en los procesos administrativos para reservar sus identidades, ofrecer protección física a los demandantes, aprobar el programa “Plan El Salvador Seguro” y emitir normas como la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. Pero esas acciones fueron insuficientes para frenar la violencia cruel y despiadada de los pandilleros. Frente a estas realidades, en el proceso constitucional quedaron reforzados los hechos que ya eran notorios: las maras o pandillas ejercían control total en diferentes zonas geográficas y en sus habitantes; las omisiones estatales permitieron o facilitaron la expansión de las estructuras criminales y la diversificación delictiva; y sus ataques eran sistemáticos y generaban terror en la población, lo que obligaba a muchas personas a dejar sus trabajos, estudios, bienes materiales, amistades y sus arraigos. Algunas personas tenían la opción de migrar a causa de la violencia y de acceder a protección internacional en sus nuevos destinos, mientras que otras se vieron obligadas a desplazamientos internos. Es responsabilidad del Estado garantizar a los habitantes el disfrute de los derechos reclamados por los demandantes; la protección de esos derechos no debe ser trasladada ni delegada a nadie más. El auténtico combate del fenómeno de la violencia, el compromiso del Estado como rector de las políticas públicas y, en definitiva, la recuperación de territorios implica, en primer lugar, crear condiciones para el fomento de empleo que permita a las personas y a las familias vivir con dignidad, garantice estabilidad laboral y un salario suficiente para cubrir las necesidades. En segundo lugar, articular una estrategia intensa que facilite la educación formal gratuita de los niños, niñas y adolescentes, la creación de escuelas en condiciones adecuadas, la contratación de maestros y maestras en cantidad suficiente y la enseñanza de buena calidad. En tercer lugar, construir zonas de esparcimiento sano, como parques, espacios para la práctica de deportes, cine, teatro, grupos de lectura y aprendizajes de oficios. En cuarto lugar, proveer servicios de salud de fácil acceso, infraestructura adecuada, personal médico suficiente, con medicamentos dis

Recientemente se canceló el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), una institución que, pese a recibir escasos recursos y no destacar por un manejo transparente, transmitía una preocupación, al menos formal, por la situación de los jóvenes en el país. Sus pequeños logros estuvieron relacionados con los deportes y algunas tareas comunales aisladas. El Injuve servía para decir que las autoridades se preocupaban por los jóvenes, aunque sus resultados fueran magros en un contexto en el que la juventud era víctima de la delincuencia o se sumaba a ella con la intención de sobrevivir, poblaba mayoritariamente las cárceles, tenía serias carencias educativas y encontraba pocas oportunidades de desarrollo en el mercado laboral. Y la situación de las mujeres jóvenes era todavía peor: expuestas al abuso machista, condenadas muchas a ser madres adolescentes y a trabajar en solitario por la manutención y desarrollo de sus hijos. Mientras una minoría de la juventud logra escalar posiciones sociales a base de herencia, esfuerzo o recomendaciones, al resto le queda una triple opción: conformarse con la transmisión generacional de la pobreza o la vulnerabilidad, emigrar hacia el norte u optar por salidas contrarias a la ley. Con la eliminación del Injuve, todo queda igual, pero se dificulta implementar políticas públicas dedicadas a promover y mejorar la situación de los jóvenes. Incluir esta institución en una dirección recién creada que realizará múltiples funciones difícilmente facilitará la formulación de acciones que rompan la tradición de abandono de la juventud. En los cuatro años del Injuve durante el Gobierno actual, sus logros fueron igual de reducidos y parcos que los de las anteriores administraciones. Las medidas aisladas que la gestión de Bukele ha tomado en beneficio de los menores de edad, en especial de los que están escolarizados, no resuelven el problema de una juventud sin perspectivas de encontrar un futuro digno. Los estudios sobre la población salvadoreña señalan una tendencia clara al envejecimiento de nuestra sociedad. En treinta años, el número de adultos mayores se habrá duplicado; habrá menos jóvenes y, por tanto, aumentará la carga para quienes estén en edad laboral. Además, no hay perspectivas de una pensión digna. Una política orientada a los jóvenes debe insistir no solo en prepararlos, sino en abrir posibilidades de emprendimiento y trabajo digno. Pensar que la inversión extranjera, el turismo y las remesas solucionarán los problemas socioeconómicos y productivos de El Salvador es una ilusión vetusta que no ha conducido más que a desengaños. De Rubén Darío mucha gente conoce la poesía que comienza diciendo “Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver”. Ese tesoro, sin embargo, hay que cultivarlo. No puede ser que los jóvenes se pudran en la cárcel, se consuman en trabajos mal pagados y sofocantes, o se vayan del país para huir del maltrato y la pobreza. La supresión del Injuve es signo de un profundo desinterés por el futuro, porque solo habrá futuro si se invierte adecuadamente en la juventud. Los esfuerzos por atender a la primera infancia no darán resultados si no tienen una continuación seria y bien planificada en una política de juventud que tenga en cuenta los problemas de este sector en la actualidad y en los próximos años.

Es común escuchar que “la salud es lo primero”, porque estar sano es condición necesaria para estudiar, trabajar y llevar una vida plena. Por ello, los médicos y las personas que velan por la salud suelen ser apreciadas. Además, los profesionales de la salud se comprometen públicamente a cumplir los valores universales que defienden la vida. En no pocos países, la calificación requerida para entrar a las facultades de medicina suele ser más elevada que para otras carreras. Quien escoge estudiar medicina sabe que le esperan largos años de preparación y una exigencia permanente de excelencia y actualización. Y es por esta exigencia que los errores médicos suelen ser muy criticados y objeto de duras sanciones. En nuestro país, incluso se publica el nombre del galeno en cuestión y se le exhibe ante los medios de comunicación, prescindiendo del derecho a la imagen y del principio legal de presunción de inocencia. Por su puesto, no se trata de idealizar la profesión. Es imposible dejar de lado que en ciertos casos la medicina se ha convertido en un negocio cuyos precios son prohibitivos para muchas personas. Los pacientes pasan a ser clientes y la salud ya no se entiendo como un derecho, sino como una mercancía. Pero esta no es la generalidad. La pandemia de covid-19 evidenció la importancia, gran valentía y entrega de los trabajadores de la salud. Fueron los más expuestos a contagiarse y a sufrir emocionalmente por el estrés de una situación fuera de regla. En El Salvador, el personal de salud no tuvo otra alternativa que sacrificarse para atender a los enfermos sin contar con las herramientas necesarias para ello. De acuerdo a organizaciones del sector, más de 230 miembros del personal de salud perdieron la vida desde el inicio de la pandemia, y se estima que la cifra puede ser mayor debido al subregistro por falta de pruebas clínicas. En reconocimiento a esa entrega, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto para otorgar una compensación económica de treinta mil dólares a los familiares del personal de salud fallecido durante la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy, no se ha honrado ese decreto. En la nueva coyuntura nacional, en la que la ley es absolutamente prescindible, en las que las órdenes de los jueces no valen nada ante los caprichos de quien detenta el poder y en la que la verdad camina hacia la extinción, el gremio médico está sufriendo lo que ya padecían todos los sectores y personas que han cuestionado las medidas gubernamentales. El distanciamiento entre el gremio médico y el Gobierno es un reflejo de la escasez de medicamentos en los hospitales y del evidente deterioro de la atención en salud por la fuga de especialistas. Las solicitudes de diálogo que el gremio ha formulado a las autoridades para resolver los problemas han sido infructuosas, pues el oficialismo solo entiende de imposición. Defender a sus compañeros de profesión es motivo de escarnio y de despido. En la actualidad, la profesión médica no solo es denostada, sino acosada. Este desprecio por los médicos del sector público es la consecuencia lógica del desprecio por la población que necesita de ellos.

Las columnas sobre las que descansa la dictadura no son confiables. En un comienzo, su solidez era incuestionable, pero el tiempo ha producido fracturas que amenazan su estabilidad. El poder de atracción del “dictador más cool del mundo mundial” parecía irresistible. Un nuevo creador que haría totalmente nuevo el país. La entrega rápida y masiva parecía confirmar que el invento funcionaba. Sin embargo, el descontento y la frustración de los puntales descartados han comenzado a abrir fisuras en el edificio presidencial. Otro de sus pilares primarios, la exclusiva relación con el Ejército, también parece debilitarse. La lealtad de los altos mandos ha sido comprada con la adquisición de armamento y equipo caro e innecesario. Ninguna de las dos guerras presidenciales en curso los necesita, pero sus guerreros disfrutan en grande con juguetes nuevos. La incondicionalidad militar, como la de los otros funcionarios, ha sido comprada. No responde a principios ni a un proyecto. Tampoco conoce la ética. Si aparece un donante más generoso con mayor disponibilidad de fondos, tenderán a abandonar al patrocinador actual. La crisis financiera, menos conocida por el secreto que la esconde, es otro puntal que se tambalea. Prueba de ello es la “generosa” oferta de la banca nacional de ampliar los plazos de la deuda de corto plazo. Una de las grandes debilidades de la dictadura, además de la falta de dinero, es su dependencia de voluntades a la venta. Los peones obedecen a pie juntillas, defienden lo indefendible, legislan desde la ignorancia, adulan sin escrúpulos y mienten descaradamente por un cargo público, que les da acceso a una parcela de poder con posibilidades indecibles para obtener dinero fácil. Así complementan un salario de por sí alto. Ambos, el dinero sucio y el salario provienen de los impuestos de la ciudadanía. Su bienestar es secundario. Lo primero es lo primero, es decir, yo. Los demás sálvense como puedan. Por eso, la exclusión de las listas electorales extingue la devoción y la fidelidad. Sin retribución no hay seguimiento. Los descartados, incluso los castigados, representan una amenaza potencial para la paz dictatorial. Sin empleo o con uno mal pagado, con un nivel de vida disminuido y despojado del aura asociada al círculo de poder, en cualquier momento pueden armarse de valor y relatar lo que han visto y vivido en el interior del régimen. De hecho, algunos de sus valedores connotados de la primera hora ahora dicen exactamente lo contrario. En cierto sentido es comprensible. Las discrepancias no son ideológicas, políticas o éticas, sino oportunismo humillado, que busca revancha. Cuando el poder no retribuye, los peones se revuelven contra él. El segundo mandato no tendrá la aceptación del primero ni la misma solidez. La inseguridad anuncia nuevas purgas y castigos. El dictador ya advirtió a los inquietos y los descontentos: “Las líneas de investigación son muchas y complejas, sería contraproducente dar demasiada información al inicio”. La mano dura caerá sorpresivamente sobre ellos, como ladrón nocturno, sin apelación ni defensa. La incondicionalidad ha dejado paso al descontento entre los excluidos. Las luchas internas de poder, la ineficiencia administrativa, que comienza obras con conclusión pospuesta indefinidamente, y el caos organizativo empujan a apoyarse cada vez más en la represión, una solución no confiable. El terror es temporalmente paralizante, hasta que los represaliados pierden el miedo y se ponen en movimiento. El poder de atracción y de convicción no es absoluto. No puede ser de otra manera. El Chief Executive Officer del nuevo país no es divino y, en consecuencia, la entrega tampoco puede ser total. En el mejor de los casos, es similar a la de las divinidades grecorromanas, cuyos devotos les daban culto y les ofrecían sacrificios a cambio de protección y favores. La relación era estrictamente comercial. Un dando y dando, con mucho de chantaje. Si la respuesta divina no llegaba o era insatisfactoria, los devotos abandonaban a la divinidad y salían en busca de otra más prometedora. El culto al dictador es muy similar. La entrega es total, mientras hay retribución. Inevitablemente, el ejercicio del poder desgasta y si desgobierna, el daño es mayor. El deterioro no corroe solo los estamentos superiores de la estructura dictatorial. Los indicios de podredumbre en sus estratos inferiores son cada vez más. Los policías, “los jueces de la calle” y los de despacho, extorsionan y tiranizan a la población, igual que los pandilleros a los que persiguen. No se conforman con ser simples instrumentos represivos. También desean participar de la rapiña de sus jefes. La supresión de la institucionalidad concentra el poder en el dictador, pero también fomenta el descontrol y la criminalidad en todos los niveles. El edificio dictatorial de los Bukele, tan cuidadosamente construido, muestra fracturas que presagian decadencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el año 2022, según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), se registraron 83,180 nuevos hogares en condición de pobreza extrema en El Salvador respecto al año 2019. Al hablar de pobreza extrema, nos referimos a que los ingresos no logran cubrir ni una sola canasta básica. En el país, la canasta básica únicamente está conformada por alimentos, dejando fuera al resto de bienes y servicios que son necesarios para una vida digna, como: la salud, la educación, la vivienda, entre otros. En el área urbana, la canasta básica incluye 22 alimentos[ Canasta básica urbana: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles, azúcar, cebolla, chile verde, tomate, güisquil, repollo y pan francés. Según el Banco Central de Reserva (BCR) el costo mensual de la canasta básica urbana a mayo de 2023 era de $247.87.], mientras que la canasta básica rural solo incluye 15[ Canasta básica rural: tortillas, arroz, res, cerdo, aves, aceite, margarina, manteca vegetal, huevos, leche de vaca, naranja, plátano, guineo, frijoles y azúcar. Según el BCR el costo mensual de la canasta básica rural a mayo de 2023 era de $188.84.]; la canasta básica salvadoreña es la que registra la menor cantidad de alimentos en Centroamérica. Lo anterior, ha sido señalado previamente en el informe de Análisis Socioeconómico de El Salvador (ASES) del Departamento de Economía de la UCA desde el 2019. Esta situación resulta preocupante especialmente en el actual contexto inflacionario. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, entre agosto de 2021 y mayo de 2023, los precios de los alimentos se han incrementado en un 20.8%, condicionando sustancialmente el poder de compra de los hogares, la satisfacción de sus necesidades y exponiendo la fragilidad de los presupuestos familiares. En los últimos años, las presiones sobre el costo de la vida han aumentado cada vez más en los hogares salvadoreños. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) lo deja en evidencia; en dicho estudio la mayor parte de la población identifica algún aspecto vinculado a la economía como el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador. El estudio indica que 52 de cada 100 salvadoreñas y salvadoreños consideran que la situación económica del país sigue igual o ha empeorado con el actual Gobierno. Dentro de ese grupo, 8 de cada 10 personas indicaron que la principal razón por la que la economía del país está en esa condición guarda relación con el aumento de los precios de la canasta básica, el alto costo de la vida y el desempleo. Mientras 45 de cada 100 personas perciben una mejoría en la situación económica del país con esta administración; entre quienes sostienen esta postura, aproximadamente 5 de cada 10 salvadoreños atribuyen dicha condición al incremento de la seguridad en las calles y al actual cese del pago de extorsión. Las mejoras señaladas por la población en materia de seguridad han tenido un impacto en su cotidianidad y en sus economías familiares debido a la percepción de que pueden salir a trabajar a partir de las medidas implementadas con el régimen de excepción. Sin embargo, lo anterior no se traduce, necesariamente, en una mejora a los salarios o en mayores fuentes de empleo. De hecho, la encuesta del Iudop revela, que dentro del grupo de la población que reportó mejoras en su situación económica familiar (35.8%), solo un 3.5% lo atribuye al aumento del salario mínimo y a la existencia de más oportunidades laborales. El garantizar el bienestar económico es una responsabilidad directa del Estado salvadoreño, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución. En los contextos de aumentos sostenidos de los precios, como el actual, es requerido que el Estado actúe a través de una clara política económica que permita, al menos, garantizar la seguridad alimentaria de la población. Al consultar sobre la capacidad del actual Gobierno para controlar el alza de los precios de los productos de la canasta básica, más de la mitad de la población salvadoreña (59.2%) indicó que el Gobierno controló en poco o nada dicho incremento. Las subidas de precios de los alimentos conducen no solo a reducir la ingesta nutricional de las personas, sino también a reducir otros gastos del hogar que son igualmente esenciales para el día a día. Lo que el Gobierno no soluciona en materia económica debe resolverse en los hogares salvadoreños. La encuesta del Iudop también revela que 10 de cada 100 salvadoreños declararon tener ingresos mensuales inferiores al total de los gastos realizados en sus hogares en el mismo período. El 54.5% de ese grupo declaró tener ingresos mensuales que no superan los 300 dólares. La cuarta parte de la población que reportó ingresos inferiores a sus gastos (25.9%) declaró que para cubrir esta brecha entre el ingreso y el gasto de sus hogares era necesario realizar actividades adicionales como trabajos complementa

En El Salvador, la desaparición de personas es una realidad que viene de antaño y que lamentablemente no cesa. Las miles de desapariciones dan cuenta de la magnitud de una tragedia que ni siquiera el régimen de excepción, que en teoría busca garantizar la seguridad de la población, ha logrado interrumpir. En la actualidad, las desapariciones están directamente relacionadas con el actuar del crimen organizado, las distintas formas de violencia social y estatal, y con la migración irregular. Si bien el número de desaparecidos ha tenido una leve disminución en los últimos años, sigue siendo elevado, lo que muestra que es una práctica sistemática y habitual en nuestro país. Según datos de Fespad, entre 2019 y junio de 2023 se registraron 6,443 casos de personas desaparecidas. De acuerdo a datos de la Policía Nacional Civil, se observa un incremento del 28% entre el primer trimestre de este año y el mismo período del año anterior. La muerte de un ser querido es siempre dolorosa, pero el dolor se mitiga mediante los procesos de duelo, la sepultura del cuerpo y la certeza del fallecimiento. Ello no ocurre en el caso de las desapariciones, pues la familia vive en incertidumbre constante acerca del paradero de su pariente, lo cual genera más dolor y da pie a una situación de angustia diaria. Es por ello que las desapariciones son consideradas un crimen de lesa humanidad con carácter imprescriptible. En el fondo, pues, se trata de un problema de derechos humanos, tal como señala la ONU: “Las víctimas de desapariciones, al haberlas separado del ámbito protector de la ley y al haber ‘desaparecido’ de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores”. A pesar de lo que esta tragedia significa, no parece que a las autoridades les preocupen las miles de desapariciones que tienen lugar en El Salvador, puesto que, hasta donde se sabe, no están tomando las medidas necesarias para atender, combatir y erradicar el flagelo. Más bien han tratado de minimizarlo y restarle importancia. Sin embargo, la multitud de casos no se puede esconder. La magnitud del problema y su impacto en la sociedad son suficiente motivo para generar e implementar una política nacional que permita la búsqueda y ubicación de las personas desaparecidas. Es desolador que sean las mismas familias las que, en medio de su dolor, se dedican a buscar a sus parientes dada la incapacidad y displicencia del Estado. En este momento, existen dos comisiones nacionales de búsqueda: la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador, y Conabusqueda, enfocada en la localización de las personas adultas desaparecidas en esa mismo momento de la historia salvadoreña. Ninguna de ellas recibe del Estado los recursos y el apoyo requeridos para cumplir con éxito su cometido. Sin embargo, en ambas hay el conocimiento y la experiencia imprescindibles para diseñar e implementar una política nacional de búsqueda de personas desaparecidas. El Estado no puede desentenderse del tema. Su obligación es velar por el bienestar de la población y trabajar por la erradicación de todos los delitos. Ignorar las desapariciones es un modo de permitir el crimen y dejar en la impunidad a los victimarios. Las organizaciones de derechos humanos están solicitando una respuesta del Estado y, a la vez, indicando el camino a seguir: la aprobación de una ley de búsqueda de personas desaparecidas que permita prevenir, investigar, judicializar, reparar integralmente y dar garantías de no repetición del delito. Además, piden que se cree un registro nacional de fosas y un plan de exhumaciones; se establezca una mesa de diálogo con los familiares y las organizaciones de derechos humanos; que las instituciones gubernamentales actúen diligentemente y con transparencia en las investigaciones correspondientes; se apliquen sanciones adecuadas a los victimarios; y que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos asuma su rol, atienda a las víctimas y a las organizaciones sociales, y resuelva sobre la responsabilidad por acción u omisión de las y los funcionarios vinculados con esta temática. Todos ellos deberían ser elementos para una política nacional de prevención y búsqueda de personas desaparecidas.

En la actualidad, al igual que en otros tiempos, hay temas urgentes que no se tratan. Al contrario, priva ante ellos una especie de tranquilidad peligrosa, sobre todo a largo plazo. En El Salvador en particular, lograr la seguridad alimentaria es un tema urgente. En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), El Salvador aparece en el promedio de los años 2018-2020 con saldos comerciales deficitarios en el campo de los alimentos. Nuestro país es comercialmente deficitario incluso en el sector de los productos agropecuarios, en los que América Latina en su conjunto tiene un abundante superávit. Mientras otros países de América Latina cuidan la producción agrícola para asegurar la soberanía y seguridad alimentarias, el campo salvadoreño está descuidado. Y mientras permanecemos tranquilos con nuestro déficit comercial, pensando que siempre podremos comprar fuera los alimentos, estos no han hecho más que crecer de precio desde 2007. Con altibajos, pero con una tendencia fuerte al encarecimiento. Es cierto que la guerra de Ucrania ha incidido en la escasez de algunos productos y, en ese contexto, en el encarecimiento. Pero también el calentamiento global amenaza con disminuir la producción de las cosechas. La India, que es el segundo país con mayor producción de trigo en el mundo, había diseñado un plan de aumento de su producción para sustituir los déficits que producía la guerra de Ucrania. Pero le afectaron unas olas de calor y de sequía, y tuvo que revertir su proyecto para cubrir las necesidades de su población. La adaptación al calentamiento global y la problemática climática continuarán presionando en favor del aumento de precios en los productos alimenticios. El hecho de que los fertilizantes y los combustibles tengan también tendencias al alza agrava la situación, dada la dependencia de los agricultores a estos productos. Despreocuparse del campo, permitir amplias construcciones en lugares de clara vocación agrícola y con frecuencia importantes reservorios de agua, mantenerse en un déficit comercial en la mayoría de los rubros alimentarios es una especie de suicidio. El hambre salta los muros, decía un viejo adagio. “Comer primero, luego la moral”, decía un coro de personas empobrecidas en una obra de teatro de Bertol Brecht. Despreocuparse por la seguridad alimentaria es llevar al país a la desintegración social. Entre las diversas acciones gubernamentales que han contribuido al apoyo popular que tiene el actual presidente, una es el apoyo con canastas alimentarias que se le dio a las familias durante la pandemia. Pero dar alimentos sin producirlos en el país no es solución en el mediano y largo plazo, en el que se prevé un encarecimiento de los alimentos y una mayor dificultad para producirlos. El turismo, la modernización de El Salvador, las remesas venidas del exterior no son remedios para la carestía alimentaria. Cuando el hambre aprieta, los problemas sociales crecen. Y El Salvador ya ha sufrido demasiado a causa de otros problemas sociales en el pasado. Cuando los problemas son previsibles y solucionables con políticas públicas, es un grave error no diseñar caminos de solución para los mismos. En el tema de los alimentos y la producción agrícola, satisfacer las necesidades básicas de la población es indispensable para la paz social. Nuestro país ha tenido una tradición agrícola importante en Centroamérica, pero hoy el campesinado no encuentra relevos en la juventud. El campesino joven, acechado en tiempos pasados por la violencia, con una formación mayor que la de sus padres, acosado en algunas zonas por el régimen de excepción, prefiere migrar a quedarse en un tierra que da pocas satisfacciones a quien la cultiva. No hay políticas de apoyo ni salarios o ingresos que permitan una vida medianamente digna. El calentamiento global amenaza y el liderazgo político parece pensar que a El Salvador no le afectará ni el crecimiento del nivel del mar, ni las sequías alternando con terribles temporales. La toma de conciencia y el apoyo al campo son dos necesidades urgente. Si las tenemos en cuenta, podremos pensar en un El Salvador con mayor capacidad de integrarse en el mundo del desarrollo equitativo y digno.

En los tiempos que corren, en el campo de la política están confluyendo, cada vez con mayor fuerza, la mentira y el fanatismo para justificar cualquier acción de las autoridades. Si antes hubo corrupción en el sistema judicial, hoy quienes están en el poder pretenden controlar a los jueces para que no haya corruptos. Y en la limpia general del sistema se van tanto jueces probos como corruptos, que son sustituidos por magistrados fieles y obedientes al Ejecutivo. Si las instituciones de derechos humanos lanzan alguna crítica, se las acusa de defender criminales. La táctica es repetir incesantemente lo mismo para sustituir la verdad objetiva por un criterio establecido políticamente. Si en otros tiempos se tomaban decisiones arbitrarias desde el poder absoluto, hoy se toman desde la repetición sistemática de la mentira, que descalifica a toda persona o institución que se convierte en obstáculo para los fines de quien está al frente de la institucionalidad estatal. En Centroamérica, el ejemplo más claro de esta forma de proceder es la actuación del régimen Ortega-Murillo. Es característica su tendencia a acusar de traición al que hace alguna crítica, de terrorismo al que usa con libertad la palabra, y de rebeldía o mentira a quien no baja la cabeza y descubre las contradicciones del régimen. Esto mientras se repite sistemáticamente que Nicaragua es “cristiana, socialista y solidaria”, encarnando Ortega y Murillo la esencia de esas cualidades. Quienes no siguen las consignas oficiales se exponen al destierro o al encierro, se les clasifica de enemigos y comienzan a ser tratados como cosas que estorban. Cuando el poder se convierte en una fuerza autorreferente, busca despersonalizar a sus enemigos. Así lo hicieron Hitler y Stalin. En este ambiente de manipulación y de construcción de una realidad alterna caprichosa y arbitraria, debe defenderse siempre el valor de la persona humana. Si hay una verdad objetiva, más allá de las convicciones religiosas, es que la persona humana no pierde nunca su dignidad, incluso cuando es objeto de sanciones y castigos por acciones delictivas. Los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión derivan de la dignidad de la persona y deben ser respetados. Por otra parte, la solidaridad es una condición ineludible para la sobrevivencia, pues lleva a socorrer a quien sufre. Hablar de solidaridad y cristianismo cuando se persigue a la religión y a quienes se solidarizan con el sufrimiento humano muestra la irracionalidad del poder. La racionalidad humana y humanista, y la mayoría de las religiones buscan la convivencia amistosa, tolerante y dialogante. La instrumentalización de una realidad fabricada desde los intereses de los gobernantes o los partidos políticos lleva a la descomposición de los vínculos sociales y al doble y correlativo ejercicio de la ley del más fuerte y del sálvese quien pueda. Buscar la objetividad de la verdad en los derechos y valores básicos de la persona humana es el único camino de convivencia democrática y el único modo de generar felicidad social a largo plazo.

Los resultados de las elecciones celebradas recientemente en Guatemala, además de infundir esperanza a su pueblo, arrojan luces sobre el resto de países de la región. Hace poco más de dos meses, nadie habría previsto lo que pasó en la primera vuelta electoral del 25 de junio. Todo estaba calculado para que, ganara quien ganara, el Estado siguiera en manos de lo que llaman “pacto de corruptos”, que aglutina a un reducido grupo de políticos conservadores, empresarios, militares y miembros del crimen organizado que manipulan las leyes y las instituciones públicas para garantizarse impunidad. A los candidatos que representaban un peligro para su dominio los eliminaron de la contienda electoral; dejaron a los que consideraban inofensivos. Pero los cálculos les salieron mal. En la primera vuelta surgió un actor inesperado: el Movimiento Semilla. Su candidato, Bernardo Arévalo, aunque en las encuestas previas aparecía solo con el 2% de la intención de voto, sacó el segundo lugar y pasó al balotaje junto con la Unión Nacional de la Esperanza y su candidata, Sandra Torres. Saltaron, entonces, las alarmas de los miembros del “pacto de corruptos”, que intentaron, con artimañas del Ministerio Público, inhabilitar la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral. Por eso, las elecciones guatemaltecas despertaron tanto interés internacional. La movilización de sectores sociales y de la comunidad internacional provocó que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo Electoral decidieran seguir adelante con el proceso electoral con los dos candidatos que la voluntad popular llevó a la segunda vuelta. El 20 de agosto, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, su compañera de fórmula, ganaron las elecciones con un amplio margen sobre Sandra Torres, quien por tercera vez llegaba sin éxito a una segunda vuelta. La población guatemalteca sabía que el Movimiento Semilla y sus candidatos no eran parte del “pacto de corruptos”, y por eso despertaron tanta esperanza; su sorpresivo resultado en la primera vuelta mostró que era posible llevar al poder a alguien distinto y dispuesto a combatir la corrupción. En realidad, el ruido generado por las elecciones guatemaltecas no vino del desarrollo de la votación, sino del entorno de los actores de poder, legal y fáctico, que ven amenazados sus intereses y no desisten de su pretensión de eliminar o neutralizar al Movimiento Semilla. Las elecciones guatemaltecas dejan varias lecciones. En primer lugar, contrario a lo que se piensa, a la juventud le interesa la política. Los jóvenes se volcaron masivamente a las calles para ejercer su derecho al voto y, además, la mayoría de las mesas de votación estuvieron integradas por ellos y ellas. En segundo lugar, no es necesario que un partido gaste mucho dinero durante la campaña para llegar al poder. Si de algo careció el Movimiento Semilla en este proceso electoral fue de recursos económicos. El trabajo de ir casa por casa y ubicarse en el imaginario colectivo hizo que el Movimiento Semilla se convirtiera en la alternativa preferida de los guatemaltecos. Por otro lado, es falso que no se puede ganar unas elecciones sin el apoyo de los grandes medios de comunicación. Por la falta de recursos, el Movimiento Semilla hizo de las redes sociales su principal canal de difusión, y la apuesta dio resultados. En cuarto lugar, el tamaño del partido no garantiza o inhibe la victoria. La Unión Nacional de la Esperanza es el partido más grande del espectro político guatemalteco; en cambio, el Movimiento Semilla es un partido pequeño, sin estructura territorial a nivel nacional. Finalmente, se constató que la observación electoral realizada tanto por actores internacionales como nacionales brinda legitimidad a los procesos. Las elecciones recientes fueron las más observadas en la historia de Guatemala. Además de varias misiones internacionales, hubo un consorcio nacional que realizó una verificación independiente de los resultados. En la primera vuelta, ese recuento independiente respaldó los resultados proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral. Para la segunda vuelta, esa verificación independiente le dio legitimidad al resultado. Pese a su sorprendente ascenso y éxito, Bernardo Arévalo, hoy presidente electo, no tiene allanado el camino. Enfrenta y enfrentará variadas acciones para sacarlo del juego político y neutralizar su capacidad de maniobra una vez esté al frente del Ejecutivo. Sin embargo, la esperanza ha resurgido en Guatemala; será tarea del nuevo Gobierno tener la lucidez, laboriosidad, honradez y valentía necesarias para no defraudar a la ciudadanía.

“El Estado de derecho nunca [puede ser] objeto de la más mínima excepción, ni siquiera en tiempos de crisis”. La tesis no la ha enunciado una organización de derechos humanos ni un movimiento social de protesta, sino el papa Francisco. No la proclamó pensando en El Salvador de Bukele, sino ante una delegación de abogados del Consejo de Europa, este lunes recién pasado. Sin embargo, la interpelación es válida y muy actual, y, por porvenir del papa, lleva impresa su autoridad humana, cristiana y moral. La afirmación no es ingenua. El papa es consciente de que corren tiempos de crisis económica, social, de seguridad e identidad que desafían a las democracias occidentales y les exigen una respuesta rápida y eficaz. Pese a ello, pide preservar la democracia y el respeto a la libertad y la dignidad humana. A primera vista, la petición parece conservadora y tradicional. Sin embargo, la colocación de la persona humana y su dignidad en el centro del derecho frente a la creciente marejada autoritaria la vuelve revolucionaria. “El Estado de derecho está al servicio de la persona humana y pretende tutelar su dignidad, y esto”, insiste el papa, “no admite excepciones. Es un principio”. La persona humana y su dignidad constituyen, por tanto, un límite intraspasable. Ni siquiera, tal como argumenta Bukele, la presión “ante las emergencias puede llevar a la tentación de hacer excepciones, de limitar ?al menos temporalmente? el Estado de derecho”. “El miedo a los disturbios y las violencias” y “la posibilidad de trastornos en los equilibrios establecidos” no son argumentos válidos. Pese a ello, la superación de las crisis no está reñida con la acción eficaz. El desafío consiste en enfrentarlas sin violentar a la persona y su dignidad. El curso tomado por Bukele es, para Francisco, una prueba irrefutable de cómo “cada vez se extiende más una concepción errónea de la naturaleza humana y de la persona humana, una concepción que debilita su propia protección y abre progresivamente la puerta a graves abusos bajo la apariencia de bien”. El error consiste en “reivindicar cada vez más los derechos individuales, sin tener en cuenta que todo ser humano está vinculado a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están vinculados a los de los demás y al bien común de la propia sociedad”. Dicho de otra manera, la libertad, la seguridad y el bienestar no son verdaderos si no son universales. La deriva individualista es muy tentadora, pero conduce a “soluciones fáciles e inmediatas”, que responden a una “mala comprensión del concepto de los derechos humanos y a su paradójico mal uso”. En consecuencia, el papa pide mantenerse alertas. Esa clase de soluciones conserva intacta la raíz de las crisis. Pese a ello, esta es la opción de El Salvador de Bukele. Las consecuencias, advierte el papa a sus visitantes, “podrían relegar a los pueblos a ‘purismos angélicos’, a ‘totalitarismos de lo relativo’, a ‘fundamentalismos antihistóricos’, a características éticas ‘sin bondad’ o a ‘intelectualismos sin sabiduría’”. Estos males, que el papa señala como una posibilidad, son realidad cotidiana en el país. El Estado de derecho no está al servicio de la persona, sino que se ha convertido en una “versión falsificada y manipulada según intereses económicos e ideológicos”, y también, cabe agregar, por ambiciones de poder y dinero. El respeto categórico a la persona y su dignidad no admite ninguna excepción, porque su origen trascendente “prohíbe cualquier violación”. La trascendencia “exige que, en toda actividad humana, la persona se sitúe en el centro y no esté a merced de las modas y los poderes del momento”. Por tanto, la práctica estatal debe estar fundada en la verdad sobre los seres humanos, su origen divino y su destino final. Sin un esfuerzo “constante para buscar la verdad sobre la persona humana, de acuerdo con el plan de Dios, los individuos se convierten en la medida de sí mismos y de sus acciones”. La interpelación de Francisco es indirecta, pero no por eso menos real. Si bien no se dirige a la sociedad salvadoreña, el papa tiene delante, en lenguaje presidencial, “el mundo mundial”. La injusticia y la violencia no solo son universales, sino también tienden a ser cada vez más mortíferas y destructivas. El Salvador no es la excepción. Probablemente, la denuncia de Francisco pasará desapercibida para la cuenta presidencial en X, muy selectiva y de entendimiento corto. Las reflexiones del papa interpelan a los cristianos conscientes de su fe y de sus implicaciones prácticas. Negar la apertura trascendente de los seres humanos es negar la creación y a su Creador para aferrarse a un materialismo sin futuro. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La lucha contra la corrupción, que “apenas comienza”, es muy similar a la librada contra las pandillas. Las dos son disparatadas. Las dos comenzaron tardíamente y por casualidad. Si las recién pasadas fiestas de agosto fueron “las más seguras de la historia”, el régimen de excepción ha cumplido su cometido. La guerra contra la corrupción enfiló al primer presidente de Arena. Aun cuando existen hechos para iniciar una investigación fiscal, el motivo es exclusivamente político. Muchos otros políticos y empresarios poseen bienes mal habidos, de los cuales, por coherencia, debieran también dar cuentas. Después de un compás de espera, la guerra reinició su actividad. Esta vez el blanco fue un asesor de seguridad de Bukele y varios diputados. Si fuera auténtica, debió haber comenzado al día siguiente de la toma de posesión de Bukele y este se habría esmerado en rendir cuentas de su gestión, no habría dado tregua a los corruptos anteriores ni tolerado la podredumbre actual. Las acusaciones contra los nuevos objetivos son rocambolescas. Un doble agente en el seno del organismo de inteligencia estatal, que habría filtrado información al primer presidente del FMLN, a periodistas críticos y a varios extranjeros, deja muy mal parado a los operadores de la seguridad nacional. El doble agente es “descubierto” por denunciar a un diputado oficialista de traficar drogas. Limitación similar se observa en la primera guerra. La dictadura canta victoria, pero mantiene el régimen de excepción. Alega la existencia de “terroristas” debajo de las piedras, pero no sabe cuántos son ni bajo qué piedras se ocultan. Tampoco tiene claridad sobre la cantidad de homicidios. La excepción camina a ciegas. En un país tan seguro como el de Bukele, los portones de las colonias que impiden el libre paso debieran caer. Ese país ni siquiera es el más seguro del continente, sino el cuarto, después de Chile, Nicaragua y Paraguay. El pecado capital del asesor de seguridad consistió en acusar públicamente a un traficante en medio de la lucha de poder desatada en el seno del oficialismo entre los elegidos y los descartados de las listas electorales. La “traición”, por tanto, no es desinteresada. Una vez en las redes digitales, la maquinaria de Bukele se lanzó contra el asesor, el diputado acusado y sus cómplices, quienes fueron defenestrados de forma expedita y cuya condena es cosa hecha. El delito era materia de seguridad nacional, porque cuestiona la integridad presidencial. La información no es infundada. El mismo Bukele acepta que el señalamiento está respaldado por pruebas fehacientes. Es claro que este vigila de cerca a sus colaboradores y está al tanto de sus tropelías, pero las oculta y las usa para intimidar. La “traición” consiste en denunciar un delito sin autorización, un privilegio presidencial. Las luchas de poder han revuelto las aguas aparentemente tranquilas del oficialismo. Los descartados se han encontrado inesperadamente con su carrera truncada. Asumieron gratuitamente que la incondicionalidad los hacía inamovibles. El ensueño termina antes de lo esperado. El descontento ha echado a correr rumores de fraude en las elecciones internas, de conspiraciones y de compra de voluntades. Al parecer, ha llegado la hora para que algunos incondicionales experimenten en carne propia la arbitrariedad de la dictadura. Se entregaron a ella en cuerpo y alma, pero ahora aquella los descarta como basura. Es la misma experiencia de los miles de inocentes que la excepción se ha llevado por delante. El enrarecimiento del ambiente en las filas del oficialismo es propicio para nuevas revelaciones. La audacia del asesor caído en desgracia indica que en las entrañas de Casa Presidencial existen otros expedientes similares. Bukele ya no solo tiene que lidiar con los defensores de los derechos humanos y la prensa crítica, sino también con las corrientes subterráneas que amenazan su poderío. El asesor, aunque detenido, es un peligro por la información que posee. No sería extraño que otros funcionarios descartados comenzaran a contar sus propias historias. Rodarán cabezas, pero el daño ya estará hecho. Bukele tiene razón al afirmar que en cuestiones de corrupción “aún hay mucha tela que cortar”. No será él quien la corte. No puede cortar sin renunciar a sus ambiciones de fama y poder. Su fiscal, tan seguro de sí mismo, no ha investigado aún los fraudes cometidos durante la pandemia. El último conocido es de más de 16 millones de dólares, empleados para adquirir medicamento adulterado y equipo inadecuado. Algunas de las estafas más voluminosas y los timadores son de dominio público, excepto para quienes están obligados a “cortar esa tela”. Habrá, pues, que esperar a alguien más para enderezar la honestidad pública. Uno independiente, incorruptible y valiente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Además de perseguir la libertad de pensamiento y cualquier tipo de oposición, al actual gobierno de Nicaragua le gusta la rapiña. Si un periódico hace críticas, le confiscan la maquinaria y el local. Si un político de oposición quiere competir democráticamente con el dúo Ortega-Murillo, lo meten preso y se apoderan de sus propiedades. Si un obispo les dice que algunas medidas gubernamentales van en contra del Evangelio, lo condenan a cárcel en un juicio acelerado, como los de Stalin. Y si una universidad recibe en su campus a estudiantes que huyen de una manifestación disuelta a balazos por la Policía y el rector los acompaña en un diálogo con las autoridades, la acusan de terrorismo. Después, apropiarse de todos los bienes de la universidad es cuestión de días. No hay nada más fácil para unas autoridades implicadas en terrorismo de Estado que acusar de terroristas a sus opositores, meterlos presos y quedarse con sus bienes. Periodistas, políticos, religiosos e instituciones que quieren poner racionalidad y diálogo en la vida ciudadana... todos entran en el mismo saco de lo que la dictadura de Ortega considera infamia y ataques a sus afanes de poder absoluto. Pero más allá del tiempo que el clan de los Ortega-Murillo persista en la injusticia y controle con violencia el país, y por más que infunda miedo en la población, lo cierto es que camina hacia el fracaso. Podrá echar del país a sacerdotes, intelectuales, periodistas, políticos y religiosos, y encarcelar a muchos otros, pero la Iglesia, el periodismo libre y el pensamiento crítico resistirán y durarán más tiempo que un régimen dirigido por un anciano ensimismado en sus caprichos de poder. Los reprimidos y acusados arbitrariamente volverán y ya no estarán en el país los autores de la infamia. Cuanto más se obstina un dictador en ser eterno, con mayor velocidad camina hacia su fracaso. Algunos logran terminar sus días estando en el poder, pero tras su muerte su recuerdo queda como un residuo mal oliente de una historia de abuso e injusticia. Quienes desean una Centroamérica justa, democrática, que venza la pobreza y la desigualdad, la arbitrariedad y el autoritarismo, deben seguir insistiendo en la necesidad de contar con instituciones fuertes y con mecanismos de control democrático, y exigir a los partidos políticos que tengan programas claramente orientados hacia la democracia y sepan ser intermediarios entre los ciudadanos y las instituciones. Trabajar en favor de un desarrollo solidario implica sacrificio y constancia, porque los resultados rara vez se obtienen con rapidez. Y por supuesto, también supone renunciar a un tipo de capitalismo que considera escoria a los pobres y alienta y protege el triunfo de los más fuertes. El darwinismo social, económico y político tiene muy poco que ver con los principios democráticos La farsa y la mentira no tienen futuro, por mucho que algunos gobernantes se llenen la boca con consignas que tratan de hacer aparecer el mal como si fuera un bien. Hace años, las izquierdas solían decir que si en Nicaragua cayó la dictadura, en El Salvador también caería. Hoy muchos temen que el autoritarismo nicaragüense se contagie al resto de Centroamérica. Sin embargo, mientras se mantenga la dignidad del pensamiento libre y se impulse la justicia social, los autoritarismos no tendrán futuro. La dictadura nicaragüense se ahogará sola.

Desde hace algún tiempo me ha resultado difícil ponerle nombre a lo que sucede en Nicaragua. Más allá del debate teórico sobre algunos conceptos relacionados con regímenes autoritarios, es difícil describir la irracionalidad de unos dirigentes que lucharon por derrocar a una cruel dictadura para convertirse con los años en su alter ego. Evidentemente, el cierre y confiscación de todos los bienes de la UCA de Nicaragua es un zarpazo más en la ya innumerable lista de atrocidades del régimen, pero confieso que por tratarse de una universidad hermana, por haber estudiado ahí y por las amistades y colegas que padecen la injusticia, este caso me ha golpeado profundamente. Entre todos los sentimientos que me provoca esta situación sobresalen la impotencia, que ya la veníamos experimentando estos años, y ahora también, con más fuerza, la indignación. La impotencia por darnos cuenta de que la dupla presidencial es totalmente inmune a las demandas de su pueblo como también a cualquier reclamo de la comunidad internacional, incluidas las más encumbradas jerarquías de organismos supranacionales y eclesiales. Ahora también se acentúa la indignación, esa que se siente ante un acto totalmente injusto, arbitrario e infame. Una indignación que no es resignación. La indignación quiere que se restablezca la justicia y provoca el compromiso con esa causa. Sentir indignación y no actuar quedándose pasivo o callado es contradictorio. El pueblo de Nicaragua está pagando el precio de permitir que la dictadura nicaragüense se fuera imponiendo gradualmente, a partir del control del Ejército y de la Policía, avalando reelecciones inconstitucionales, capturando toda la institucionalidad, comprando voluntades, cerrando medios de comunicación alternativos, asesinando a manifestantes, encarcelando o exiliando a los críticos y un largo etcétera. Todo esto hasta no dejar voces críticas que puedan expresarse dentro del territorio nicaragüense y ante la pasividad o las condenas absolutamente ineficaces de la comunidad internacional. Muchas veces leemos que las consecuencias de un gobierno dictatorial son impredecibles, pero Nicaragua lo está viviendo en carne viva. La historia enseña que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo diría que también idiotiza a quienes se embriagan de tanto poder. Los relatos de locuras de quien tiene poder absoluto abundan, porque el poder hace tomar decisiones fuera de toda lógica o suposición. El dictador Macías Nguema en Guinea Ecuatorial, ya convertido en dictador después de llegar al poder por la vía democrática, impuso como lema nacional “No hay otro Dios que Macías Nguema” y prohibió la palabra “intelectual”. Duvalier, en Haití, conocido como “Papa Doc”, se creía la encarnación del barón Samedi, el espíritu vudú de la muerte, y razón no le faltaba dado los actos que cometió. Trujillo, en República Dominicana, que en las elecciones que lo llevaron al poder sacó más votos que el número de electores, nombró coronel a su hijo de tres años, gastó una tercera parte del presupuesto nacional en organizar un evento que duró un año para coronar reina a su hija e intentó que le dieran a su esposa (semi analfabeta) el Nobel de Literatura. Más recientemente, en Corea del Norte, Kim Jong-un prohibió que su nombre sea usado por los coreanos porque nadie más que él puede llamarse así. Cuando se da todo el poder a una sola persona el totalitarismo está a la vuelta de la esquina, y de ahí al absurdo no hay más que un paso. Los tiranos nicaragüenses están en esta etapa; su falta de lógica solo es comparable a sus atrocidades. Deciden quién es nicaragüense y quién no, expulsan a nacionales y extranjeros a discreción, consideran peligrosas a las Hermanas de la Caridad, encarcelan opositores, obispos y sacerdotes, clausuran organizaciones filantrópicas, cierran y expropia universidades por considerarlas centros de terrorismo. Como todas las dictaduras, tienen un gran pavor al pensamiento crítico y excomulgan de su grey a todo el que se atreva a pensar distinto. Duele e indigna lo de Nicaragua, y no puedo dejar de mencionar la tristeza y decepción que provocan las actitudes de los autodenominados revolucionarios de manual que o prefieren guardar silencio, o siguen defendiendo a Ortega y Murillo. Señalar con vehemencia la deriva autoritaria del Gobierno de Bukele y simultáneamente defender y hasta celebrar lo que hacen Ortega y Murillo es padecer la esquizofrenia ideológica que tanto daño ha causado a la izquierda y que la tienen en la irrelevancia política en El Salvador. Dictadura es dictadura, sea de derecha o de izquierda. En nuestro país hay temor porque el actual Gobierno tiene actitudes que lo asemejan al nicaragüense, mientras que este cada vez se asemeja más al de Corea del Norte. Triste momento que vive la región. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

El artículo 65 de la Constitución afirma que “la salud de los habitantes de la República constituye un bien público […] el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud confirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, entendiendo la salud como “el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” (una perspectiva integral y holística de la salud humana que frecuentemente es dejada de lado). Para conocer a cabalidad el estado de la salud en El Salvador, establecer los planes pertinentes y coordinar acciones interinstitucionales, hacen falta estudios que midan periódicamente el nivel de bienestar físico, mental y social de la población. Dichos estudios tendrían que ser promovidos por el Ministerio de Salud. Ante la falta de ellos, al hablar de salud esta se reduce a la atención que brindan los centros de salud y hospitales públicos. Mucho hace falta para poder afirmar que en el país la salud es un derecho fundamental, tal como se lee en la Constitución y ha ratificado la Sala de lo Constitucional. Volver a este asunto no es banal ni gratuito. A pesar de la propaganda oficial que pregona la mejora cualitativa del sistema de salud público, la realidad es otra. Por ejemplo, la falta de medicamentos es un mal endémico en el sistema de salud nacional. Y en las farmacias el precio es elevado, muy por encima del nivel de otros países. Y como ese hay otros problemas de igual o mayor gravedad. El aparato público de salud salvadoreño no cumple con tres de las principales características que de acuerdo a la OMS debe tener todo sistema para responder al derecho a la salud: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Además, la administración Bukele le ha negado a la ciudadanía la posibilidad de conocer el plan nacional de salud, el cual ha sido declarado en reserva en cuatro ocasiones, la última el 13 de septiembre de 2022 y por un período de dos años; es decir, no podrá ser conocido hasta septiembre de 2024, fecha en la que El Salvador habrá iniciado otro período presidencial. Poner bajo reserva el plan que debería garantizar la salud de todos los salvadoreños es un modo de afectar el derecho a la salud, pues impide tanto a los galenos como a la población en general conocer las líneas generales del trabajo del Estado en dicha materia. Son los usuarios y los sindicatos del sector público de salud quienes señalan las múltiples deficiencias del sistema. Un sistema que muestra señales de haber colapsado tanto por falta de medicamentos, equipos y personal cualificado como por problemas de gestión y administración, que llegan hasta el extremo de que no se paga oportunamente las horas de trabajo extra. También médicos connotados, con prestigio a nivel nacional e internacional, han señalado que el sistema público de salud está enfermo, incluso moribundo. A su juicio, para salvarlo se requiere de una política de Estado, de largo plazo, que responda de manera efectiva a la desastrosa situación actual. Sin embargo, las más altas autoridades niegan esta realidad, actúan de forma autoritaria y se niegan a dialogar con aquellos que más saben sobre salud: el Colegio Médico de El Salvador, el cual puede aportar mucha experiencia y conocimiento en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas existentes en esta área. Jugar con la salud es jugar con la vida de la gente, es negar un derecho humano y, sobre todo, es mostrar desprecio por el bienestar de todo un pueblo. La cuestión es lo suficientemente importante y valiosa como para abandonar caprichos y protagonismos, buscar el diálogo y facilitar la participación de los que saben y tienen mucho que aportar para que el derecho al más alto nivel de bienestar físico, mental y social no siga siendo una quimera en nuestro país.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa. Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales. En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano. En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado. Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

La semana pasada recordamos las dos bombas atómicas arrojadas hace cincuenta años sobre Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas. Si la guerra es de por sí una locura, la utilización de estas armas de destrucción masiva nos demuestran la deshumanización a la que pueden llegar tanto las personas como las instituciones. Ninguna de estas dos ciudades era un objetivo militar importante. Simplemente se trataba de hacer una manifestación de fuerza y de poder. Y, supuestamente, de salvar vidas norteamericanas a cambio de destruir vidas japonesas indiscriminadamente: niños, ancianos, mujeres embarazadas, nadie ni nada detenía la locura de quienes deseaban manifestar su capacidad de utilizar armas inmorales. Ahí no hubo lo que ahora suelen llamar “daños colaterales”. Fue una masacre llevada a cabo fríamente contra la población civil japonesa. Casi al mismo tiempo que se recordaba la brutalidad atómica, se estrenaba en El Salvador la película Oppenheimer. En ella hay una breve y rápida referencia a las doscientas mil víctimas mortales que causaron las dos bombas. Pero la película no se centra en las víctimas, sino en el drama personal del físico jefe del proyecto de construcción de la bomba, y su paso de ser un entusiasta tanto del arma nuclear como de su utilización, a convertirse en un enemigo de la carrera armamentista atómica y en impulsor de tratados de no proliferación de este tipo de armamento. El mundo occidental tiene sus protagonistas y casi siempre ellos despiertan más interés que las víctimas de las veleidades imperiales. En algunos momentos de la guerra de Ucrania, el fantasma del uso de armas nucleares volvió a sonar. A pesar del desmantelamiento de una parte de los grandes arsenales nucleares, especialmente en Rusia y Estados Unidos, las ojivas nucleares se cuentan por miles. La fabricación de armas continúa siendo uno de los negocios más lucrativos del mundo. Los presupuestos militares de algunos países llegan a cientos de miles de millones. Si se dedicara al desarrollo solamente el diez por ciento del gasto militar anual en el mundo, el hambre, el anafalbetismo, la pobreza y algunas enfermedades endémicas desaparecerían. Pero la mayoría de los países continúa privilegiando las armas sobre el desarrollo humano. En los países que se llaman a sí mismos civilizados, el salvajismo suele personificarse en las mafias, las maras, el terrorismo y los grupos radicales armados. En las películas y series de televisión, el salvajismo se refleja con frecuencia a través de la representación de individuos o grupos desquiciados, así como en las culturas primitivas. Sin embargo, el salvajismo está demasiado inserto en la cultura política que privilegia las armas sobre el desarrollo. Por eso mismo, aniversarios como el de Hiroshima y Nagasaki no pueden dejarse de lado, como tampoco los campos de concentración nazis o los gulags de la época soviética. “La guerra, odiada por las madres, las almas entigrece”, decía en una de sus poesías Antonio Machado. Si bien odiar al prójimo es parte y origen de salvajismo, odiar la guerra debería ser parte de un espíritu civilizatorio universal. Limitar la producción y utilización de armas, perseguir con decisión el tráfico de las mismas, buscar una gobernanza mundial estructurada desde la ética y no desde el voto o la fuerza bruta de los países económicamente más fuertes son pasos indispensables para recordar con dignidad a las víctimas de tanto abuso presente en la historia de nuestro mundo. Solo así daremos pasos eficaces para superar el salvajismo de una civilización que mata niños en sus guerras y causa sufrimiento siempre en los sectores más débiles o más manipulables de sus sociedades.

El 6 de agosto, en la catedral metropolitana, monseñor José Luis Escobar pronunció una homilía clave para señalar el camino que debe impulsar la Iglesia en el país con respecto al desarrollo social y el bien común. Al inicio de sus palabras, el arzobispo citó una frase de Ignacio Ellacuría: “Solo utópica y esperanzadamente uno puede creer y tener ánimos para intentar con todos los pobres y oprimidos del mundo revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección”. A partir de ella, construyó una homilía en la que fe cristiana, justicia social y propuesta de cambio indican los cambios fundamentales, y en su mayoría estructurales, que necesita El Salvador en el campo de la educación, la salud, las pensiones y el sistema de justicia, incluido el tema del encarcelamiento de inocentes. Cambios que también son morales y que suponen luchar contra la corrupción y abandonar “las divisiones exacerbadas por la ideologización y los partidismos que han desangrado por años este país, principalmente a los pobres”. La homilía del arzobispo continúa la senda marcada por los profetas salvadoreños, algunos de ellos ya reconocidos como mártires por la Iglesia, como el padre Rutilio Grande y monseñor Romero. De Rutilio se recuerda siempre su homilía en la “bajada” del Salvador del Mundo, a principios de los años setenta, en la que insistió en la necesidad de que los cristianos trabajen en la transfiguración de El Salvador. Monseñor Romero brilla por su incesante clamor en favor de la justicia social, la paz y la defensa de los pobres. Estar donde está el sufrimiento humano era para él una tarea cotidiana. Otras referencias de la homilía al papa Francisco, Charles de Foucauld y Bartolomé de Las Casas enfatizaron en el compromiso cristiano de impulsar la historia hacia el Reino de Dios, Reino de verdad, vida, amor, justicia y paz. La homilía del arzobispo ofrece un camino adecuado para corregir la graves disonancias nacionales. La fe cristiana no puede ser indiferente a la tarea de crear una sociedad fraterna a través de estructuras legales que defiendan la igual dignidad humana y los derechos de la persona. En El Salvador, todo cristiano está llamado a buscar una sociedad solidaria y equitativa, y a defender los derechos humanos básicos de la persona. Menospreciar los derechos humanos, atacar a quienes los defienden, es optar por una sociedad enemiga de la fe cristiana. Del odio a los derechos humanos a caer en actos persecutorios hay un paso muy pequeño. Y toda persona con liderazgo político o social debería tener en cuenta ese peligro. El proceso de beatificación de cerca de cincuenta personas asesinadas en el último cuarto del siglo veinte, anunciado durante la homilía, reafirma la seriedad del compromiso cristiano. “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos”, decía Jesús de Nazaret. Y los 47 mártires a los que se refirió el arzobispo dieron la vida por sus amigos los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los marginados y excluidos de los bienes básicos necesarios para el desarrollo pleno de las capacidades humanas. Reflexionar sobre la homilía del 6 de agosto es tarea importante para todo el que se considere cristiano, recuerde a los mártires con el aprecio que se merecen y desee un El Salvador pleno de solidaridad y justicia, equidad y desarrollo humano.

Su enorme popularidad personal, que es su principal y único argumento, y la envidia de algunos políticos latinoamericanos desnortados, no parece satisfacerle a Bukele. Los juicios, cada vez más críticos y más frecuentes, de la prensa extranjera seria lo perturban mucho. No puede contenerse y responde insolentemente. Tal vez no le falte razón, porque El Salvador no es solo el país donde se libra una guerra de exterminio contra las pandillas, sino también uno donde una dictadura violenta sistemáticamente los derechos fundamentales, la mentira es desvergonzada y la seguridad jurídica inexistente. Los despropósitos de Bukele son seguidos de cerca por las instituciones y la prensa internacional. El Salvador de los informes institucionales y de los reportajes periodísticos no es el del dictador. Aun cuando insiste en su popularidad y la exitosa lucha contra las pandillas, esto no parece darle confianza para gobernar con prudencia. Lo suyo es la agitación constante para dar la impresión de avanzar. Pero esto no engaña a la crítica externa, lo cual lo frustra. Sus reacciones desproporcionadas ponen de manifiesto la inestabilidad que lo atenaza. Bukele recibe esas críticas como una conspiración para derrocarlo. Sin embargo, las bravatas no impresionan a la crítica internacional, que lo sigue de cerca y no le deja pasar una. Solo encuentran eco en los partidarios del negacionismo y las teorías conspirativas, afines a los Trump y los Bolsonaro, y enemigos jurados del papa Francisco. Pese a detentar el poder total, el dictador se siente asediado por poderosos enemigos ocultos. La inseguridad y el miedo son caldo de cultivo de fantasmas inquietantes. Quizás esa conducta responda al deseo desenfrenado de ser reconocido universalmente como un engendro nunca antes visto. Un Alejandro Magno, un Julio César o un Carlomagno. O, más modernamente, un Mussolini o un Franco en versión salvadoreña. Hernández Martínez es demasiado local y carece del aura de las grandes figuras occidentales. Las repetidas denuncias de los despropósitos y las violaciones de la dignidad humana ensombrecen el resplandor del personaje. Los publicistas de Casa Presidencial y el cuerpo diplomático no la tienen fácil. El obstáculo no está fuera, sino dentro. Recientemente, el dictador aconsejó paternalmente a sus seguidores no poner las manos en el fuego por nadie, es decir, no deben defender a los acusados por el régimen. Bien entendido el consejo, tampoco debieran poner sus manos en el fuego por el dictador, tal como lo hacen en la actualidad. El riesgo de sufrir quemaduras de tercer grado es muy alto. El personal de salud acumula varios meses sin recibir su salario completo. En el sistema educativo faltan los alimentos para los estudiantes empobrecidos. El sistema público de salud adolece de desabastecimiento crónico. En esa misma línea paternalista, Bukele invitó a los colombianos a visitar y disfrutar el país que ha creado para los turistas con medios, siempre que no sean extorsionistas. En realidad, ni estos, ni cualquier otro turista tiene garantías frente al poder arbitrario y absoluto de las fuerzas militares del régimen. Una invitación igualmente embustera lanzó a las víctimas del cerco militar del departamento de Cabañas para que continuaran con normalidad sus actividades cotidianas. Es imposible desarrollar actividades con normalidad rodeado de agentes arbitrarios, desconsiderados y embrutecidos. Ellos deciden quién es criminal y quién no. Y su juicio es inapelable. Luego los acusados son presentados en “combo” como pandilleros y todos son igualmente condenados sin pruebas y sin defensa. Los avisados ya han sacado sus propias conclusiones, visto lo ocurrido en otras zonas del país. La dictadura ni siquiera es confiable en el tema primero de su agenda. Según su retórica, la guerra contra las pandillas había concluido exitosamente. Pero ahora resulta que todavía queda entre un 20 y un 30 por ciento de “estructuras criminales”. La dictadura no solo desconocía su existencia, tampoco sabe cuántos pandilleros las integran ni dónde se esconden. En la zona rural, dicen vagamente los generales y los comandantes. Dirigir una guerra sin información rigurosa dice mucho del poco nivel profesional de los militares y los policías. La dictadura no es creíble ni fiable. En el interior, tiene aceptación, pero en el exterior el descrédito aumenta. Su discurso se devalúa rápidamente y sus consejos no son de fiar. Las instituciones y la prensa internacional seria no son interlocutores que se alimenten con propaganda digital. En ellos no operan poderes malévolos ocultos ni ignorancia y mala voluntad, sino realidad. La dictadura tiene un elevado déficit de realidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En Guatemala, la próxima semana, el domingo 20 de agosto, se realizará la segunda ronda de la elección presidencial. El resultado es crucial para el futuro del vecino país, pues conducirá o bien a la consolidación de un Estado fallido controlado por poderes fácticos corruptos, o al inicio de un proceso de reconstrucción de la democracia y del Estado de derecho. Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, que inesperadamente obtuvo el segundo lugar en las votaciones del 25 de junio, ha puesto a temblar a los que hoy por hoy controlan el poder y las instituciones estatales. Su miedo es tan grande que han tratado de impedir, valiéndose de todos los medios posibles, la participación del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral, en la que también competirá Sandra Torres por la Unidad Nacional de la Esperanza. Para impedir la participación de Arévalo en el balotaje, los grupos mafiosos que controlan Guatemala han utilizado al sistema judicial. Primero obligaron al Tribunal Supremo Electoral a contar nuevamente los votos, pero el recuento solo confirmó el resultado de la primera ronda. Lo que siguió fue mucho más agresivo: a través de la Fiscalía, y actuando en contra de la ley electoral que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, intentaron suspender la personería jurídica del Movimiento Semilla y allanaron las sedes de esta agrupación política y del Tribunal Supremo Electoral. A pesar de todo ello, y en parte gracias a la oposición ciudadana y a la atenta mirada de la comunidad internacional, no han logrado salirse con la suya: Arévalo estará en la segunda ronda electoral. Después del intento de acabar con la corrupción y la impunidad a través de la conformación y el accionar de la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como CICIG, la historia guatemalteca dio un vuelco en sentido contrario. Si durante el breve período de tiempo en que funcionó la CICIG los corruptos y los criminales fueron perseguidos, como corresponde en un Estado de derecho, ahora son los corruptos y los criminales los que, por medio de la Policía, la Fiscalía y el poder judicial, atacan, persiguen y encarcelan a todos aquellos que en el pasado reciente lucharon contra el crimen y contra la impunidad tratando de restaurar el orden en su país. Lo que está ocurriendo en Guatemala es el sueño dorado de los delincuentes. Así las cosas, diversos exfiscales y luchadores contra el crimen enfrentan procesos judiciales en su contra, están presos o en el exilio. En la segunda vuelta, los guatemaltecos no elegirán entre dos ideologías políticas distintas, ni entre dos programas de gobierno, ni entre izquierda y derecha, sino entre dos modelos de Estado: por un lado, uno controlado por criminales y, por otro, uno regido por la ley. Se trata, por tanto, de una elección crucial que marcará de forma decisiva el futuro de Guatemala, llevando al país centroamericano a sumarse de nuevo a la comunidad de naciones democráticas o a quedar bajo el control de una mafia a la que no le interesa el bienestar ni el desarrollo del pueblo guatemalteco, sino el poder y el enriquecimiento ilícito de sus miembros.

Una enorme cantidad de personas se divierten con juegos de números. El Sudoku es hoy uno de los más extendidos y publicados con frecuencia en los periódicos en sus páginas de pasatiempos. Jugar con números nos ayuda a agilizar la lógica mental, a medir la racionalidad de los precios, a hacer cálculos de ingresos o a cambiar procesos insostenibles. En ese sentido, resulta interesante jugar con los números grandes que en política suelen usarse como propaganda. Jugando con ellos, poniendo en relación un número propagandístico o establecido con fines políticos con otros que brotan de la información oficial o de la misma realidad, nos damos cuenta de su racionalidad o la irracionalidad. Un ejemplo que nos puede ayudar a reflexionar sobre lo racional o lo irracional de la política es el número de 900 acusados del mismo delito a los que se pretende juzgar simultáneamente en nuestros tribunales en virtud del régimen de excepción ya habitual. Se pretende, así lo ha dicho un ministro, juzgar a grupos de 900 acusados en un mismo proceso. Suponiendo que se libera antes a un grupo de personas inocentes detenidas durante el alargado régimen de excepción, podemos hacer cálculos sobre 54 mil personas llevadas a juicio en grupos de 900. Necesitaríamos 60 juicios de ese estilo. La primera pregunta que surge es dónde serían las audiencias. Hasta el presente, el poder judicial no tiene ni una sala donde quepan 900 personas, más los fiscales, defensores, jueces y escribanos. ¿Se recurrirá a los estadios o a los parques? Toda una incógnita. El siguiente número interesante es el de los defensores públicos. Según la información, la gran mayoría de los detenidos son personas de bajos recursos. Pongamos que el 80% necesitaría defensores públicos, eso se traduce en un poco más de 40 mil personas. La Procuraduría General de la República, por su parte, cuenta con aproximadamente 300 defensores públicos en todo el país. Teniendo en cuenta que un juicio no es válido si el acusado no tiene un defensor público o privado, ¿podrá defender con seriedad y eficiencia cada defensor público a más de 130 acusados? Ya de hecho esos juicios están viciados por la no observación adecuada del principio constitucional de considerar inocentes a los acusados mientras no sean vencidos en juicio. Pero ¿serán juicios válidos los que tengan en la defensa del imputado a defensores sin el tiempo adecuado para defenderlos? Hemos visto ya durante Gobiernos anteriores cómo un solo defensor atendía a más de 40 imputados en una audiencia. Simplemente firmaba como defensor de los acusados, pero no hacía nada más por ellos. Por otra parte, los jueces que presidan los juicios de 900 acusados, ¿llegarán dispuestos a exigir a los defensores que cumplan con diligencia su labor?, ¿serán capaces de acusar a defensores públicos por patrocinio infiel cuando no hagan adecuadamente su función, más allá de firmar? Los números no mienten. Plantean problemas si se les mira con objetividad. La pobreza, la vulnerabilidad, las masacres, la incidencia de enfermedades prevenibles, el salario mínimo se miden con números. Pero cuando se habla de problemas sociales, detrás de los números siempre hay personas. Los números son fríos, las personas son siempre miembros de la comunidad humana. Con los números se puede jugar, con las personas no, aunque a los políticos les guste hacerlo. Los números hay que verlos, a las personas hay que atenderlas. Jugar con los números, interpretarlos o utilizarlos caprichosamente sin tener en cuenta la dimensión humana y los derechos de las personas, solo refleja inhumanidad y violencia. Como decíamos hace algunos años, cruel inhumanidad “venga de donde venga”. Atender son seriedad los números y sus problemas, usarlos para medir avances y retrocesos, impulsar desde ellos una sociedad mejor nos ofrecería un poco más de esperanza.

En las celebraciones patronales tanto de San Salvador como del nombre del país, el tráfico se descongestiona, la alegría y el descanso crecen, la devoción se acrecienta. La fiesta es necesaria para la salud humana; todas las sociedades celebran, incluso en medio de circunstancias difíciles o incluso trágicas. Es famosa la tregua de la Primera Guerra Mundial en la que soldados franceses y alemanes dejaron de dispararse, espontáneamente y en contra de las órdenes de sus oficiales superiores, y celebraron unidos la Navidad. Las fiestas permiten respirar en medio de las dificultades y manifestar el ansia de fraternidad y paz. Sin embargo, la realidad pronto termina imponiéndose; no es prudente desentenderse de los problemas por el afán celebratorio. En el caso de El Salvador, los accidentes de tránsito, los ahogamientos y otras desgracias previsibles necesitan una mayor atención por parte del Estado. Es triste y contradictorio que en estas fiestas agostinas, cuando el país en general necesitaba mayor protección en carreteras, costas y lugares de diversión, se utilizaran 8 mil miembros del Ejército y la Policía para invadir y cercar un departamento. El hecho de que los casos de neumonía estén aumentando entre los adultos mayores y los niños menores de nueve años apunta a una irresponsabilidad gubernamental en el tema de la vacunación, fundamental para luchar contra dicha enfermedad. Además, la situación en las cárceles es trágica, y el sistema de seguridad y justicia no piensa más que en aumentar las detenciones y continuar con juicios que no ofrecen garantías para quienes son apresados sin pruebas fehacientes. Las fiestas son buenas, alivian tensiones y acrecientan valores en quienes saben vivirlas serenamente. Pero del descanso y de la celebración comunitaria debe brotar un mayor sentido de responsabilidad. Si en verdad es una manifestación de hermandad entre quienes celebran valores comunes, la fiesta en honor al Divino Salvador del Mundo debe renovar nuestro sentido gregario y mejorar la fraternidad. El Salvador del Mundo nos invita a superar el sufrimiento de nuestros prójimos y a construir una familia humana en la que la justicia social, el derecho y la verdad sean patrimonio de todos. Hace más de cuatro décadas, el mártir y hoy beato Rutilio Grande predicó en catedral durante esta fiesta de la Transfiguración, en la que Jesús de Nazaret se muestra como salvador del mundo. Rutilio insistía en la necesidad de transfigurar El Salvador, haciéndolo más justo y fraterno. Esa necesidad continúa vigente. Una fiesta sin lutos es la meta a la que el país debe aspirar. Alcanzarla debe ser tarea diaria de todos.

Por José María Tojeira, S.J. Escuche aquí: Los juicios colectivos, en los que se acusa a un grupo amplio del mismo crimen, son propios de estados autoritarios. Las cosas se complican todavía más cuando las capturas carecen de una investigación previa adecuada y las pruebas que se presentan son circunstanciales y las mismas para muchas personas. El estado de derecho, como se conoce internacionalmente, queda seriamente limitado con este tipo de enjuiciamientos orientados a conseguir sentencias condenatorias rápidas que no cumplen con los parámetros de un juicio justo. Enjuiciar a grupos de 900 personas simultáneamente y por el mismo delito, como se pretende en El Salvador, es la mejor manera de ser injustos. El modo de llevar estos casos nos hace retroceder en el tiempo o viajar en el espacio a lugares distantes, aunque con frecuencia los países que han juzgado masivamente a personas hayan abusado de los acusados con mucha mayor violencia que en El Salvador. En las farsas de juicio soviéticas, aunque terminaran con frecuencia con la pena de muerte, rarísima vez se llegó a enjuiciamientos de un número tan grande como el que se pretende en el país. El secretario del partido comunista, Josef Stalin, durante la llamada gran purga que eliminó a millones de seres humanos, realizaba juicios grupales en contra de, más o menos, veinte personas. Recientemente, ya en este siglo, en Emiratos Árabes Unidos, en particular en Abu Dabi, se tuvo un juicio colectivo contra 94 personas. Al igual que en la Unión Soviética, las confesiones forzadas con tortura fueron la fuente de la condena. La diferencia con nosotros, a parte de las condenas y la tortura previa, es que si aquellos forzaban las confesiones para considerarlas posteriormente pruebas, nuestros inventores de leyes prefieren prescindir de las pruebas. Aunque ciertamente la brutalidad de los ejemplos mencionados no existe en El Salvador, el número de personas de las que se abusa crea un precedente muy peligroso para la convivencia ciudadana. Decir que más abusaban de la gente las maras no justifica que el Estado abuse. Hay medios de control de la delincuencia más eficaces que los utilizados entre nosotros que no necesitan violar derechos humanos. Otra cosa es que los anteriores gobiernos hayan sido incapaces de controlar la violencia. Pero la incapacidad de otros para resolver problemas delictivos, no justifica que se opte por un sistema que elimina garantías judiciales básicas. Al final no se tocan las causas de la violencia. La pobreza, la desigualdad, las debilidades del sistema escolar y de los sistemas de protección social, la larga tradición de no dar importancia a la vida de los pobres son siempre causas de violencia. La violencia se puede vencer con violencia, generalmente causando daño y dolor. Pero si no se superan las causas, la violencia surge de nuevo. En un país como el nuestro, con una larga tradición autoritaria, el autoritarismo puede prolongarse durante un tiempo largo. Pero al final acumula más enemigos que amigos, y eso le lleva a la ruina. Lo mejor es siempre emprender el camino del fortalecimiento democrático de las instituciones y de la justicia social. Otros caminos terminan siempre en el lado oscuro de la historia. “El prolongado estado de excepción, junto con la legislación que permite una mayor vigilancia, un enjuiciamiento más amplio y una determinación más rápida de la culpabilidad y de la sentencia, conllevan el riesgo de violaciones masivas del derecho a un juicio justo”, advirtieron los expertos. Asimismo, recalcaron que las personas aprehendidas en “esta red de arrastre del Gobierno” salvadoreño deben tener garantizado el goce de sus derechos el respaldo que el gobierno presta al concepto de “delito flagrante permanente” para favorecer los arrestos sin orden judicial de personas sospechosas de pertenecer a pandillas, abogaron por el respeto a las garantías fundamentales estipuladas en las leyes internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso de todos los detenidos.

La alta popularidad de Bukele, en algunos países latinoamericanos superior a la del papa, no es absoluta. Aparentemente, en el país, las mayorías aceptan de buen grado su dictadura. Sin embargo, esa popularidad debe ser matizada. En primer lugar, el asentimiento popular se concentra en la figura del dictador. Los diputados, los alcaldes y la cúpula del Ejecutivo son muy poco apreciados por la opinión pública, según las encuestas. En las elecciones internas del partido oficial, los candidatos a diputados que repiten han recibido un respaldo muy inferior al de la primera vez. En su descargo, cabe señalar que el desempeño eficiente y brillante es incompatible con la dictadura. Dicho esto, debe agregarse también que entre ellos militan muchos oportunistas, que se apuntan para vivir del Estado sin trabajar. Así lo confirma la opinión pública, que piensa que los políticos son corruptos, aprecia poco su actividad y desprecia su credibilidad. En cuatro años, la dictadura no ha podido corregir esa opinión. Su persistencia confirma la especie de quienes sostienen que la reducción de los municipios obedece a razones electorales. En efecto, el oficialismo ha disminuido los 262 municipios a 44 para reducir las posibilidades de pérdidas en el nivel municipal. De hecho, cualquier candidato a alcalde tiene más aceptación que el de la dictadura. Paradójicamente, esta ha adormecido a sus bases. El que la candidatura de Bukele no haya superado el diez por ciento en sus elecciones internas expresa la confianza total de aquellas, pero también su desinterés ante lo que perciben como un hecho consumado. La popularidad no se traduce automáticamente en votos. En cambio, los excluidos de las listas electorales del oficialismo no aceptan resignadamente su suerte. Descontentos, se empeñan en desacreditar e insultar a los favoritos. La reducción de los diputados y los alcaldes no solo disminuye las oportunidades de la oposición, sino también las de los que se lucran del oficialismo. La lealtad no es ilimitada. Se mueve por intereses que si no son satisfechos, se revuelven contra el objeto de su devoción. La relación de la dictadura con las mayorías que la aprueban y la justifican tampoco es lineal. La valoran muy positivamente, pero no pueden identificar qué beneficios les procura, aparte de la seguridad. Sí saben que sus ingresos no aumentan mientras la canasta básica sube y que no encuentran empleo. Solo un poco más de la tercera parte de la población está satisfecha con su situación económica. La estadística de la pobreza es elocuente. Aproximadamente, la tercera parte es pobre. Más de medio millón vive en la pobreza extrema, es decir, no puede adquirir la canasta básica. Una canasta que ni siquiera contiene la cantidad de calorías necesarias, ni los productos más adecuados. Es la canasta más miserable de la región. La mayoría de estas familias solo come dos veces al día y su dieta es maíz, frutas, hierbas, flores y, a veces, frijoles. La carne y los lácteos no están a su alcance. El 24/7 presidencial tampoco ha conseguido reducir la pobreza. La seguridad no incluye el derecho y la justicia. La disminución de la pobreza no figura en la agenda presidencial. Los hechos son incuestionables. Ahora son más los que están por debajo de la línea de la pobreza y los que inexorablemente son empujados hacia ella. La dictadura es desagradecida con las mayorías a las cuales debe la popularidad que la legitima. En su defensa se debe añadir que desconocen qué es el Estado de derecho. Nunca lo han experimentado, siempre sometidas a diferentes dictaduras. Arena introdujo el capitalismo neoliberal para modernizar la economía, es decir, para revalorizar el capital. El FMLN, pese a su identidad revolucionaria, ni siquiera intentó paliar los efectos más nefastos del modelo económico impuesto por su enemigo más odiado. Y el enemigo más recalcitrante de los dos habla mucho de grandes cambios, pero mantiene intacta esa estructura socioeconómica. En lugar de una política orientada a reducir la desigualdad y la pobreza, la dictadura cultiva el rencor a los explotadores y los opresores del pasado, mientras recorre impasible el camino abierto y transitado por ellos. No busca una sociedad más igualitaria y justa, sino la revancha contra los enemigos políticos que le facilitaron llegar al poder. En realidad, es un recurso para disimular que el clan presidencial y sus allegados son igualmente explotadores y opresores. La dictadura no promueve la convivencia pacífica, sino el conflicto social. No fomenta la solidaridad, sino el egoísmo exacerbado. No gobierna para el bien de las mayorías, que con su asentimiento la justifican y suscitan la admiración de ingenuos y necios, sino para unos cuantos favoritos. Tampoco contempla una sociedad bien avenida, sino el conflicto como fundamento de su poder y el conflicto victorioso como su forma de gobernar. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En las últimas semanas han aparecido con frecuencia noticias que nos hablan de la posibilidad de que el hambre aumente en el mundo y en El Salvador. El recrudecimiento de la guerra en Ucrania, el calentamiento global, el fenómeno de El Niño en nuestras costas son amenazas permanentes y crean tendencia a la escasez de granos básicos. Ya en 2021 la FAO invitaba a El Salvador a realizar intervenciones adecuadamente planificadas y programadas para iniciar un proceso que contribuyera a erradicar totalmente el hambre y la malnutrición. Una investigación reciente del Programa Mundial de Alimentos afirma que uno de cada seis niños salvadoreños sufre desnutrición crónica, que 4 de cada 10 que padecen desnutrición no terminan la escuela primaria y que 8 de cada 10 no concluyen la escuela secundaria. En la actualidad, las gremiales de maestros se han quejado de los atrasos en la entrega de alimentación en las escuelas. El frijol, uno de nuestros alimentos básicos, mantiene desde hace tiempo un precio alto. El trigo seguirá encareciéndose y las cosechas de maíz se perderán parcialmente este año a causa de El Niño. El hambre es injusta. Y el hambre de los niños es realmente un crimen, sobre todo cuando en realidad no se puede hablar de hambre a causa de la ausencia de alimentos. A pesar de los precios y la carestía, el mundo produce suficientes alimentos como para que nadie pase hambre. La FAO nos dice que entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se pierde o desperdicia. Y esa misma agencia de la ONU afirma que en América Latina y el Caribe cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles. Todo ello a pesar de que 47 millones de sus habitantes padecen hambre en la actualidad. Con estos datos es imposible pensar que en El Salvador no se desperdician o tiran alimentos. Si algo se puede y debe hacer ya en la lucha contra la pobreza es conseguir que nadie pase hambre en nuestro país. Las Iglesias y la sociedad civil contribuyen de un modo importante a paliar el problema del hambre, aunque el esfuerzo sea insuficiente. Sin una decisión clara de lucha contra el hambre y la pobreza a nivel gubernamental, seguiremos teniendo serias rémoras en nuestro desarrollo, tanto humano como económico. El alimento en las escuelas es una medida básica en este esfuerzo, lo mismo que la pensión no contributiva que se le da aproximadamente a un 5% de las personas mayores de 70 años. Manejar mal estos programas, bajando los niveles de alimentación escolar o dando la pensión con atrasos o incluso interrumpiéndola temporalmente, agrava la situación. Pero además de estos programas, debe pensarse en nuevas formas de transferencia de recursos y de impulso al trabajo productivo para vencer definitivamente el hambre. Conformarnos con el hambre y con la pobreza ajena o considerar ambos problemas como una realidad secundaria nos transforma en personas de baja calidad humana. Y desde el punto de vista religioso, la inacción frente al hambre nos convierte en traidores no solamente al espíritu cristiano, sino al espíritu solidario de todas las religiones. Hacer pasar hambre intencionalmente a otras personas, aunque hayan cometido delitos, es igualarse a ellos cometiendo una forma de tortura. Despreocuparse del hambre ajena es convertirse en cómplices de una de las injusticias más graves, especialmente en un mundo que produce los alimentos suficientes para nutrir adecuadamente a toda la humanidad. La fe cristiana pone el alimentar al hambriento como un camino claro hacia la plenitud del Reino de Dios. En nuestra patria, no alcanzaremos nunca la decencia política, ni la empresarial, ni la social hasta que no venzamos el hambre y la pobreza.

El capitalismo neoliberal ha corrompido a la sociedad salvadoreña desde dentro y la ha malogrado. Continuamente suscita nuevos apetitos, símbolos e ideales de felicidad y plenitud. Alimenta falsas necesidades y deseos para aumentar su tasa de rentabilidad y el volumen de la acumulación de unos pocos. Al final, esa dinámica de enriquecimiento y acumulación de unos cuantos a costa de los muchos ha creado en la conciencia colectiva un individualismo soberbio e indiferente, que corroe y destruye lentamente a la sociedad. El individualismo suscita el deseo soberbio de autonomía absoluta y la indiferencia hacia los demás. La seguridad individual se ha impuesto como el valor más apreciado, aun cuando para ello la dictadura retenga en sus cárceles a una cantidad desconocida de inocentes junto con pandilleros, ninguno procesado debidamente conforme al derecho y todos recluidos en condiciones desalmadas. Contrario a la creencia mayoritaria, esa seguridad no hace más libre a los individuos. En su soberbia, estos se dicen a sí mismos que para ser libres y felices no necesitan de los demás, a veces ni siquiera de Dios. Están convencidos de que alcanzarán sus metas, su libertad y su felicidad con su propio esfuerzo o emprendimiento. Ese deseo arrebata con tal furor que somete a los otros al interés egoísta, considera la creación como un recurso explotable hasta el agotamiento y a Dios como un ser superfluo. Puede que lo confiesen con los labios, pero su práctica es impía. En su enajenación, ese individualismo endurece el corazón. Esta forma de enfrentar la vida ha desarticulado las relaciones familiares, comunitarias y sociales, y es contraria al bien general. El individualismo desbocado engendra lo que el papa Francisco denuncia como la cultura del descarte. Una cultura que dispone sistemáticamente de una porción significativa de la sociedad. Los descartados son tratados como basura por las clases poderosas, para las cuales no tienen valor ni merecen consideración. La cultura del descarte engendra la humillación persistente de sectores sociales cada vez más amplios, a los cuales se les niega institucionalmente su dignidad. Ello genera resentimiento contra quienes son percibidos deleitándose en esa humillación. El resentimiento transforma la humillación en ira y deseo de venganza, en odio visceral al privilegiado. Aquí se encuentra el principio de las pandillas. El capitalismo neoliberal descartó a varias generaciones de jóvenes. Les negó oportunidades mientras revalorizaba el capital de quienes ya eran ricos. La humillación y el resentimiento, la cólera y la violencia fueron la consecuencia lógica. Pero el empeño en el odio y la venganza contra aquellos que consideraban privilegiados no proporcionaron a los pandilleros el bienestar, el respeto y la plenitud deseados. El ejercicio del poder total sobre las vidas y las posesiones de los demás era placentero, pero fugaz y desolador. La furia y la crueldad de los pandilleros contra quienes no pertenecían a la propia mara, frecuentemente personas tan descartadas como ellos, los destruyeron al mismo tiempo que destruían a los otros. La sociedad pospandillas de Bukele comete el mismo error. La dictadura descarta a una porción significativa de la población para demostrar la eficacia de su “guerra contra las pandillas”, mientras enriquece a un nuevo grupo de privilegiados. Ha transformado las prisiones en un inmenso basurero, donde dispone de aquellos a quienes desestima como desechos. Las cárceles son vertederos donde se descompone la humanidad de miles de inocentes y la que queda en los pandilleros. La seguridad que descansa en el descarte de más del uno por ciento de la población total, arrumbada en las cárceles de la dictadura, la tasa más alta del mundo y el doble de la de Estados Unidos, una de las más elevadas, es ficticia. El método de Bukele, tan aplaudido por un amplio sector nacional y envidiado por algunos círculos extranjeros, es doblemente discriminatorio. Por un lado, descarta a los pandilleros y a una abultada cantidad desconocida de empobrecidos y vulnerables, en una palabra, de desafortunados, que incluye a líderes sindicales y comunitarios independientes, y a discapacitados. Pero por otro, los funcionarios y los contratistas corruptos, los contrabandistas, los narcotraficantes y los lavadores de dinero atesoran fortunas impunemente, amparados por el clan presidencial. En continuidad con el neoliberalismo de Arena, la dictadura promete satisfacer los deseos de abundancia, tranquilidad y prosperidad de la gente. En la práctica, consolida el individualismo feroz y la indiferencia neoliberal de las décadas anteriores. El resultado es muy similar. Más exclusión, nuevas humillaciones y más resentimientos, y odios y deseos de venganza más enconados. La dictadura familiar tiende a la continuidad, apoyada en el egoísmo implacable y la indiferencia ante la suerte de los demás, en el embrutecimiento y la deshumanización. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor R

Editorial UCA Tanto se estima el éxito, la comodidad, el lujo y las ventajas del bienestar que se olvidan o relegan valores más importantes como la verdad, la honestidad y la justicia, indispensables para un desarrollo social armónico y solidario. Lo común es que los liderazgos sean los más exentos de valores, aunque se refieran a ellos con frecuencia. Se privilegia la opinión del poder mientras se dificulta e incluso persigue el desarrollo de la conciencia crítica, como si la opinión de los fuertes —generalmente lo más manipulador y voluble del pensamiento humano— fuera el material más sólido para construir convivencia. La posibilidad del manejo de la opinión a través de los medios modernos de comunicación es enorme. Poner tanto los anhelos como los resentimientos individuales al servicio de intereses turbios es hoy más fácil que nunca. El individualismo consumista y narcisista se pliega rápido a la perspectiva del éxito y olvida con facilidad las responsabilidades sociales básicas del ser humano. Lo que parece una prédica pesimista tiene su correlato en la dinámica de El Salvador. A la mayoría de la gente que accede a la educación universitaria no le importa que solamente el 10% de los jóvenes tengan la misma oportunidad. Quienes conforman el 20% de la población que vive con una comodidad semejante a la del Primer Mundo no se sienten mayormente afectados por el hecho de que un 30% de la población está en situación de pobreza. Lo normal desde el privilegio y la comodidad es dejar para el mañana el arreglo de las penas y angustia ajenas, pensando ingenuamente que a otros les corresponde arreglar el problema. Echar la culpa al Gobierno de turno es fácil para todos, en especial cuando se piensa que arreglar los problemas es siempre responsabilidad de alguien más. El que está acostumbrado al dinero y al éxito los seguirán buscando por encima del servicio y del trabajo solidario y transformador de sistemas y estructuras injustas. Transformar la sociedad no es fácil. El odio cayó en abundancia sobre quienes querían la paz en tiempo de guerra, así como se persiguió y asesinó a los que clamaban por justicia social ante las prácticas de explotación y depredación de la fuerza de trabajo. Denunciar la corrupción y el abuso de los liderazgos políticos y sociales siempre será un riesgo. Decir que los ricos tienen mayor responsabilidad en las desgracias que sufre el país pone en alerta y casi en pie de guerra a quienes tienen riqueza y poder. El desarrollo del país no avanzará si se opta por vías injustas y carentes de valores. El derroche, el abuso ambicioso de poderosos y ricos, la corrupción y el egoísmo individualista explican que un 30% de la población esté en pobreza y que un grupo un poco más grande sufra serias carencias que generan vulnerabilidad económica y angustia familiar. Se podrá decir que las miserias actuales son fruto del pasado. Es cierto. Pero también lo es que hoy hay matonería estatal, acoso al pensamiento crítico, fuerte resistencia de las élites a una reforma fiscal progresiva, olvido de las necesidades de los pobres, corrupción y ausencia de generosidad. Todo ello acompañado de una propaganda oficial abundante, permanente y llena de falsedades. El futuro fraterno y más igualitario que deseamos solo se podrá construir abandonando el afán de lucro, injusticia y mentira. Si no se supera la actual crisis de valores, si la solidaridad sigue siendo una palabra desconocida en la vida social y política, El Salvador continuará siendo el mismo viejo El Salvador de siempre, ese que rompe esperanzas y obliga a huir.

Rodolfo Cardenal Participar en elecciones democráticas incluye la posibilidad de no ganar. Si los candidatos no contemplan esa posibilidad y arreglan las elecciones para no perder, estas son innecesarias. En estos casos, además, los disimulos de libertad y limpieza no convencen. Si el oficialismo de Bukele no corre el riesgo de perder, no es democrático, aun cuando organice elecciones (una ficción que cuesta millones de dólares a un Estado en crisis financiera permanente). No tiene, pues, argumentos para molestarse por los señalamientos de la comunidad internacional. La posibilidad de sufrir una derrota en las urnas es un elemento fundamental del sistema democrático. El riesgo implica permitir a la opinión pública ventilar sus valoraciones y repudios. La popularidad presidencial de las encuestas no basta. Tampoco el aplauso de las redes digitales. El respeto a la voluntad de la gente obliga a observar rigurosamente las normas establecidas y, por tanto, expone a la derrota. El buen gobernante está genuinamente interesado en escuchar directamente la opinión de los gobernados, sin intermediarios que la filtren ni barreras y tarimas que lo alejen del sentir popular. El gobernante sensato se aproxima a aquellos para quienes gobierna y aprende de ellos. La cercanía proporciona un sentido de la realidad imposible de experimentar desde los opulentos salones de Casa Presidencial. La proximidad expone a las críticas, los reclamos airados y también a los insultos. Inevitablemente, si el gobernante se pone a tiro, oye cosas desagradables, pero verdaderas. Si obvia el sentir y el pensar de la gente, no gobierna para ella. La cercanía es un revulsivo eficaz para las tentaciones del poder, cuya fuerza seductora, casi erótica, solo los más auténticos y comprometidos resisten. Dejarse arrastrar por ella no legitima al gobernante, aun cuando haya llegado al poder en las urnas. Los gobernantes libres y entregados a la ciudadanía gobiernan para su bienestar. El poder bien empleado se ocupa diligentemente de la satisfacción universal y de calidad de las necesidades básicas de la gente, y persigue sin cuartel a los oportunistas y los corruptos, sus enemigos más perniciosos. El juicio definitivo sobre la calidad del servicio de los funcionarios públicos corresponde a la voluntad popular libremente expresada, no al gobernante iluminado de la monarquía absoluta o del despotismo ilustrado. Desde la perspectiva del bien general, adueñarse del poder presidencial es secundario. Lo primero y lo más importante es gobernar para la gente, en especial, para la más vulnerable y empobrecida. Cuando ese servicio no satisface las expectativas populares, existe la posibilidad real de perder las elecciones. Aferrarse al poder con ilegalidades y fraudes es convertirlo en la finalidad única. Entonces, la dictadura es una realidad insoslayable. Se puede disfrazar de bondad, pero siempre es perversidad. Es la gran tentación de quienes ejercen poder. Ciertamente, los Bukele tienen más probabilidades de triunfar en las urnas que la oposición política partidaria, porque disponen de unos recursos y de unas oportunidades únicas. Más todavía cuando a esa oposición la divide la ambición de poder. En eso no es diferente al dictador obsesionado con la dominación opresora. No obstante, siempre existe la posibilidad de derrotarlo. La fuerza de la oposición es el malestar popular, no las candidaturas presidenciales, en gran medida irrelevantes. Una de sus mayores debilidades es que ella tampoco se ha aproximado a la gente, ha asumido sus causas y ha hecho política para ella. Si no renuncia al narcisismo y se vuelca a los descartados por el capitalismo neoliberal y la dictadura, sus posibilidades son prácticamente nulas. El creciente descontento popular tiene un potencial movilizador mucho más fuerte que la oposición partidaria tradicional. Cada vez más sectores manifiestan públicamente su descontento con los desaciertos del oficialismo. En este sentido, las bases del partido han sido las últimas en expresar su enojo ante las manipulaciones del clan de los Bukele, que les han impuesto los candidatos para las elecciones. Estas voces son cada vez más, menos temerosas y más claras. Los ingresos exiguos, el desempleo, el hambre y el abandono aprietan con fuerza creciente. Aparentemente, Casa Presidencial tiene mala conciencia. La inscripción de Bukele y su adlátere para la reelección inconstitucional ha sido poco triunfalista, casi vergonzante, sin baño de correligionarios, luces de colores, pólvora y música. El aumento del descontento no pasa desapercibido para Casa Presidencial, que se afana para ocultar cómo la gente se aleja de Bukele. Sus producciones escénicas, como la primera piedra del Hospital Rosales o la inauguración de los juegos regionales, lo elevan, pero también lo alejan. Único y radiante, pero insensible e ineficaz. Cuando el espectáculo y las redes digitales ya no convenzan, solo quedará extender todavía más las capturas por “asociaciones ilícitas”,

En muchas personas permanece el recuerdo de las viejas utopías que pregonaban la igualdad y la convivencia en justicia y paz, no de las utopías que se establecían como absolutos y que podían convertirse en dueños de vida o muerte de las personas, según fueran o no fieles a su pensamiento. Hay en el país y en muchas personas una verdadera nostalgia de la política como camino realista hacia el bien común. Un bien común que solo puede establecerse desde la opción por los más pobres y desprotegidos de nuestra población. En la actualidad, cuando la política se ha convertido en el arte de la apariencia y de la fascinación mediática, o cuando la oposición se centra casi exclusivamente en la crítica del poder sin tener claro el tipo de sociedad que necesitamos, la gente añora a personas como Mons. Romero o al P. Ellacuría. Romero como padre de los pobres y defensor incansable y radical de sus derechos, y Ellacuría como el que nos ayudaba a vislumbrar una sociedad en la que el trabajo, no el capital, fuera la base de la estructuración social. Un trabajo, decía, que fuera al mismo tiempo creador de riqueza y fuente de autorrealización personal, capaz de satisfacer las necesidades humanas y contribuir al desarrollo social de todos. Las urgencias políticas son siempre malas consejeras y llevan a repetir los errores del pasado. Tener claridad en lo que se quiere a largo plazo es lo único que contribuye a que los cambios sociales sean duraderos. Podemos ser hábiles en la crítica, en las tácticas o estrategias de discusión y debate, pero con demasiada frecuencia somos imprecisos y perezosos para pensar el futuro. Algo así como si creyéramos que basta con conseguir el poder político para arreglar después todo. Ha sido ese el error del pasado y el que ha llevado a nuevas generaciones a creer que pueden controlar el poder político desde el odio a un pasado deficiente, desde la creación de futuros virtuales y desde soluciones temporales a problemas graves, mezcladas con espectáculo, arbitrariedad y abuso. Frente a esto es indispensable tener claro el tipo de sociedad que queremos. La política es un instrumento para el bien común. Pero el bien común hay que diseñarlo desde las necesidades concretas de la gente. Nuestros trabajadores informales no deben vivir en la pobreza o con miedo a no tener recursos para comer o para mantener una familia. Las mujeres dedicadas al cuido del hogar deben vivir en una sociedad que sea igual de buena para ellas que para las o los gerentes de un banco. Los niños del campo y de las zonas marginales deben tener el mismo acceso a una educación de calidad que la que tienen los que viven en los nuevos y caros apartamentos de edificios de lujo. El camionero y el cobrador de buses tienen derecho a las mismas prestaciones sociales que un médico; y los recogedores de basura de las municipalidades deben tener el mismo acceso al bienestar y los mismos beneficios laborales que los alcaldes. Si no construimos una sociedad mucho más igualitaria que la actual, los problemas continuarán variando coyunturalmente, pero partirán siempre de las mismas raíces. Tener un proyecto político y de desarrollo social factible y solidario debe ser pensado antes de acceder al poder. Y no pensado en general, sino en concreto desde el campo del salario, de la seguridad social, del trabajo, de la educación y de los derechos paritarios de la mujer. La nostalgia política puede ser que no lleve muy lejos, pero al menos nos recuerda que otro El Salvador es posible y que solamente teniendo proyectos políticos y de desarrollo social claros podremos construir un futuro mejor.

Los más recientes señalamientos contra la UCA por apoyar el diálogo democrático entre diversos sectores de la sociedad civil, se inscriben en una campaña sostenida de ataques y desprestigio que el oficialismo y sus seguidores mantienen porque la UCA sigue siendo fiel a su tradición de ser conciencia crítica y creadora de la realidad. El objetivo es claro, silenciar o hacer a un lado a la universidad, que es también parte de una estrategia más amplia para eliminar a las voces críticas del cuento gubernamental. Aunque los métodos y los actores cambien, es sorprendente como la represión y persecución de los que detentan el poder se reedita en la historia. Durante la guerra civil, en los años ochenta, la UCA fue blanco de una campaña permanente de parte de quienes, cegados por sus intereses, ambiciones e ideologías, fueron incapaces de un diálogo racional y se cerraron a los aportes de la academia. Por parte de los sectores gubernamentales, la UCA fue señalada como agente de comunismo internacional, como formadora de subversivos, sus instalaciones fueron objeto de atentados con bombas, sus miembros perseguidos, encarcelados o asesinados. Por parte de los sectores insurgentes, la universidad fue señalada como reformista y reaccionaria porque sus análisis intentaban ser objetivos y nunca complacientes con uno y otro bando. El final de la permanente campaña ya lo conocemos. ¿Por qué asesinaron a seis sacerdotes jesuitas y a dos mujeres en 1989? Porque quienes decidieron esa acción estaban convencidos de que la UCA y sus dirigentes eran la vanguardia de la insurgencia y, asesinándolos a ellos, se acababa el problema. Pero se equivocaron o mintieron. Cuando el odio mueve al ser humano, la razón languidece. Mintieron porque ninguna de las acusaciones era verdadera. Pensar críticamente, dialogar con actores sociales de diversa índole, conversar con los protagonistas de la guerra, compartir visiones de la realidad, era visto, por los que estaban comprometidos con la guerra, como una afrenta a sus intereses. Se equivocaron porque con su magnicidio, comenzó la recta final para lograr la paz al demostrarse la inhumanidad de una guerra y el grado de ignominia alcanzado. La historia se ha encargado de poner a cada actor de aquella época en su justo lugar. El paralelismo entre los ataques a la UCA en la actualidad con los de la guerra es evidente. De nuevo, desde el poder, se apunta el dedo acusador a la universidad como la aglutinadora, organizadora y hasta financiadora de la oposición, Falsedades formuladas, en su mayoría, por troles que se esconden en el anonimato de las redes sociales, por funcionarios cobijados con la impunidad o por personajes con una marcada trayectoria delincuencial que ahora pregonan ser parte de la nueva forma de hacer política. Una vez más mienten y calumnian, y lo saben. Quizá esperan que haciendo a un lado a la UCA la población organizada se desmovilizará como pensaron los que mandaron a matar a los jesuitas. Esta es la razón de fondo de la campaña permanente de mentiras contra la universidad. Y no se trata de victimizar a la UCA porque, la de antes y la de hoy, dirigida por seres humanos, es susceptible de cometer errores. La cuestión es que los señalamientos que se le hacen, antes y ahora, son falsos y el objetivo que se busca -silenciarla- es el mismo que en 1989. Sin embargo, el método es distinto, porque a fuerza de troles y redes sociales se quiere minar la credibilidad de la universidad y hacer creer que la UCA de hoy ya no es la misma que la de antes. Mienten, porque precisamente lo que les molesta es que la UCA siga siendo la misma, crítica, independiente de los poderes para llamarle negro al negro y blanco al blanco. Los mismos que hoy reivindican a Ellacuría o a monseñor Romero con las manos manchadas hacen exactamente lo mismo que sus antecesores en la política de los ochenta. Que distintos sectores sociales se hayan organizado para ayudar al país no es responsabilidad de la UCA, es más bien una respuesta a la crítica situación que vive el país. No hay que ser prestidigitador para darse cuenta que la situación económica, especialmente la fiscal y la familiar, es mala. Los verdaderos enemigos de la presente administración son los resultados de su misma gestión y es en lo que debían reparar. Una elección no se gana manoseando las reglas a conveniencia de quien tiene más poder. Los enemigos a combatir son el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la baja creación de empleos, las pensiones indignas, los casos de corrupción en las altas esferas del gobierno, las violaciones a los derechos humanos, la falta de medicinas en los hospitales, el desprecio a las fuentes de trabajo de los más humildes, la prepotencia de funcionarios que entienden el poder como arma para humillar a los demás. No se puede seguir señalando a otros porque quieren ayudar a mejorar el país sin mirar los problemas que agobian la vida de la gente. Podrán silenciar a la UCA manipulando el aparato del Estado, pero

Uno de los problemas más graves de la sociedad salvadoreña es la pobreza, que en sus distintas manifestaciones afecta a una importante parte de la población. Si bien es cierto que las personas en situación de pobreza monetaria han disminuido a más de la mitad desde 1990, su número sigue siendo muy elevado. De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2022, la pobreza monetaria alcanza al 26.7% de los hogares salvadoreños, es decir, más de medio millón de hogares. Ello muestra la disfuncionalidad de nuestra sociedad y su incapacidad de proveer una vida digna a todos sus miembros. En los últimos tres años se ha observado un crecimiento de la población en situación de pobreza. La misma encuesta muestra que la pobreza extrema pasó a afectar en 2022 al 8.6% de los hogares, cuando en 2019 tocaba al 4.5%; en otras palabras, se ha duplicado el número de personas en condición de pobreza extrema. También la pobreza monetaria se ha incrementado en ese mismo período, golpeando a más de una cuarta parte de los hogares del país, con un crecimiento del 3.9% en los últimos tres años. La más afectada es la población rural, con el 30% de sus hogares viviendo en pobreza (frente al 25% del área urbana). En este tema, aparte de los números, hay un elemento clave a considerar: los pobres siempre pierden. Ellos son los que más han sufrido la violencia criminal de las pandillas y los que más están sufriendo los abusos de las fuerzas de seguridad. La mayoría de las personas detenidas y privadas de libertad de forma arbitraria son habitantes de las zonas urbanas marginadas y de las zonas rurales siempre abandonadas. Durante el conflicto armado, los pobres, en especial los del campo, donde operaba la guerrilla, fueron objeto de la más cruel represión por parte de los cuerpos de seguridad. Fueron pobres los que tuvieron que refugiarse en Honduras por casi una década para proteger y salvar sus vidas. Son en su gran mayoría pobres los desplazados, los obligados a abandonar sus ventas en los centros de las ciudades, los que viajan hacinados en los buses, los que no reciben una educación de calidad en las escuelas públicas, los que hacen fila por largas horas en los centros de salud y hospitales, los migrantes indocumentados, los que trabajan la tierra para producir los alimentos que el país consume o el azúcar y el café de exportación. Son los pobres los más desprotegidos de siempre, los que deben ganarse la vida en la rebusca, los que nunca tendrán derecho a una pensión ni a servicios públicos de calidad. Son también los pobres los que más contribuyen a sostener la maltrecha economía nacional a través de las remesas, que superan con creces las exportaciones de bienes y servicios. Ante esta realidad, no se puede permanecer indiferente ni callado. La pobreza no es una condena, pero su superación requiere la eliminación de toda barrera que impida o dificulte el desarrollo personal y social. Para los cristianos, la solidaridad con los pobres es una exigencia de la fe, que invita a todas las personas a trabajar por la eliminación de la pobreza y por la promoción de la justicia social. Para los países que han suscrito la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es un compromiso trabajar por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en el mundo. En El Salvador, la pobreza y la desigualdad son estructurales, son parte de la forma en que se ha organizado social y económicamente el país. Sin cambios en esa estructura que genera exclusión, sin una redistribución de la riqueza que está acaparada en muy pocas manos, sin un plan de gobierno que busque realmente la igualdad de oportunidades, no será posible reducir la pobreza ni en los siete años que quedan para el 2030, ni nunca.

La semana pasada se publicaron los resultados de dos encuestas en las que, entre otros temas, se consultó a los ciudadanos sobre su valoración del cuarto año de gestión del actual Gobierno. Ambas, la del Iudop y la de Fundaungo, coinciden en dos aspectos importantes: la alta popularidad del presidente y la mayoritaria preocupación por la economía. Más allá de los errores que haya cometido, la gestión de la pandemia y la práctica anulación de la actividad de las pandillas pesan positivamente en favor del Gobierno. La preocupación por la economía, una constante en todas las encuestas desde hace años, solamente sobrepasada en ocasiones por el problema de la violencia, no parece afectar al ejercicio político del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. Esto hace pensar que difícilmente habrá después de las elecciones un escenario político diferente al actual, aunque sí más cuestionado en cuanto a la legalidad del poder. Sin embargo, falta todavía más de medio año para las elecciones, con una serie de cambios en el esquema político de inciertos efectos en la opinión pública. Las encuestas reflejan que son las alcaldías, dominadas mayoritariamente por el partido cyan, las que más inconformidad generan. El propio presidente dio unas declaraciones ampliamente negativas contra la mayoría de los alcaldes y sus cabildos. Según la encuesta de Fundaungo, un 49% de la población valora como mala o muy mala la gestión municipal. Frente a ello, Nuevas Ideas está presentando a algunos de sus diputados como candidatos a alcaldes. La reducción del número de alcaldías, aunque en algunos lugares necesaria, parece obedecer al fracaso en la gestión edilicia de Nuevas Ideas. La reestructuración municipal, al disolver la importancia de los liderazgos muy locales, favorecerá sin duda a quienes mayor peso tienen en estos momentos en las estructuras nacionales. Ante este panorama, llama la atención que el mayor esfuerzo de los partidos de oposición esté dirigido a lograr una candidatura presidencial competitiva. Desde una lectura de los resultados de las encuestas, lo lógico sería trabajar con mayor intensidad allí donde el poder establecido está más débil: el territorio municipal. En el mediano y largo plazo, el triunfo en varias alcaldías podría tener para la oposición un mayor efecto en el juego democrático que una derrota amplia en las elecciones presidenciales. Sin embargo, según parece, la idea de que la Presidencia de la República es más importante que toda consideración práctica y que cualquier necesidad ciudadana sigue enquistada muy profundamente en la clase política. Abandonar el trabajo de base y olvidar las inquietudes y necesidades más primarias de las personas en el territorio no suele llevar muy lejos, ni a los triunfadores ni a los perdedores.

Está socialmente aceptado que la seguridad actual justifica encerrar a criminales e inocentes, a líderes comunitarios y sindicales y, en general, a cualquier que se le antoje a los agentes de Bukele. Quienes sostienen esa opinión están convencidos de que un fin tan satisfactorio justifica los medios utilizados, esto es, la violación sistemática de los derechos constitucionales y humanos. En la práctica, ese principio es invocado para evadir el derecho y la ética con el pretexto de alcanzar un fin bueno. Sin embargo, sus defensores asumen que si el fin es lícito, también los medios. Es así como el éxito de la receta de Bukele para implantar la seguridad ciudadana se ha convertido en una práctica aplaudida y admirada. Maquiavelo lo formuló lúcidamente hace más de cuatro siglos. El príncipe debe conservar el poder sin reparar en los medios, porque estos “siempre serán honorables y loados por todos”, dado que “el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito”. Más aún en el caso del príncipe, “donde no hay apelación posible”. Los resultados se imponen por sí mismos, sin prestar atención a los medios. De esa tesis, Maquiavelo deriva las siguientes pautas de conducta para el príncipe: velar únicamente por sus intereses, engrandecerse solo a sí mismo, hacer el mal y fingir hacer el bien, codiciar y apropiarse de todo lo que pueda, actuar miserable y brutalmente, gozar del presente, eliminar a los enemigos y, si es necesario, también a los amigos, usar la fuerza con los demás y pensar exclusivamente en la guerra. Mejor ser temido que amado. Es irrelevante, pues, cómo el príncipe materialice sus deseos, siempre y cuando los consiga. El éxito justifica siempre los medios utilizados, aun cuando estos sean perversos. Sin embargo, violentar la institucionalidad democrática y la moral pública para alcanzar un objetivo, incluso bueno, no es más que una excusa para valerse de cualquier mecanismo, sin reparar en la ilegalidad, la inmoralidad y la repugnancia. El príncipe es, por tanto, un gobernante que se mueve al margen de la legislación y la ética. De hecho, se coloca por encima de ellas. La ambición de poder y riquezas lo hacen necesariamente injusto e inmoral. Pese a las apariencias, esta forma de gobernar tiene desventajas. Los medios utilizados determinan la naturaleza del fin alcanzado. La excepcionalidad es irrelevante si la acción está viciada por la brutalidad, el encarnizamiento y el engaño. Esta manera de actuar revela la identidad del líder o del presidente. Estos son capaces de cualquier cosa con tal de preservar intacto su poder. El segundo agravante es que la manera de desenvolverse compromete la justicia y la moralidad de la acción, del agente y del resultado. Atropellar, agredir y mentir son tan ilegales e inmorales como sus agentes. En cuanto a las consecuencias de estas prácticas, cabe preguntar qué seguridad puede ofrecer una sociedad donde los corruptos, los asesinos y los embusteros deciden la justeza de sus crímenes. Desde la perspectiva cristiana, codiciar, robar, asesinar y mentir son pecados gravísimos y el Evangelio no contempla ninguna excepción que los vuelva admisibles o justificados. Ni siquiera cuando se pretende hacer que los planes de Dios se cumplan sin contratiempos. Algunas figuras religiosas y muy devotas suelen racionalizar la acción perversa con el cumplimiento de la voluntad divina. No existe justificación alguna para el comportamiento inmoral, sin importar la motivación o la finalidad. Si los medios no se apegan a la justicia del reinado de Dios, el fin tampoco, por más piadoso que parezca. El presidente acostumbra repetir que Dios está de su lado, y por ello debe recapacitar seriamente sobre su obrar, porque este contradice la fe que dice profesar. No solo quien invoca al Señor Jesús entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y cuando los que mucho hablan aleguen que actuaron en su nombre, los apartará por haber practicado la iniquidad. La voluntad de Dios pide cuidar de su creación, no expoliarla para impulsar un progreso falso y solo para algunos; dar de comer al hambriento, de beber al sediento y vestir al desnudo, no pisotear la dignidad de los descartados; acoger a los inmigrantes, no desampararlos; cuidar los enfermos, no desatender la salud de las mayorías; y visitar a los presos, no maltratarlos y exterminarlos. Los asesores cristianos de Casa Presidencial tienen una grave responsabilidad al no censurar una conducta contraria al Evangelio y al recomendar a sus víctimas orar y confiar en una providencia divina, en la cual ellos mismos no creen, porque tienen su confianza puesta en el dinero y el poder. Más pecado tiene quien guía a los ciegos al despeñadero que los propios ciegos que se despeñan confiados en haber encontrado su salvación. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

A partir de finales de septiembre del año pasado, la Iglesia decidió dedicar todo un año, hasta el 30 de septiembre de 2024, a Mons. Rivera; se cumplieron en septiembre del año pasado los cien años de su nacimiento. Recientemente, la Conferencia Episcopal celebró una misa en el marco del centenario, en el lugar de su nacimiento, San Esteban Catarina. Hombre de recia espiritualidad y fuerte personalidad, este arzobispo marcó por largos años la vida de la Iglesia salvadoreña: acompañó primero a Mons. Chávez como obispo auxiliar durante 16 años, apoyó a Mons. Romero durante los tres años en que este fue arzobispo y dirigió posteriormente la arquidiócesis durante 14 años. Habiendo participado en prácticamente todo el Concilio Vaticano II, tuvo un rol muy activo en la reunión episcopal de Medellín y, conociendo bien los documentos de Puebla, acompañó eficazmente a la Iglesia salvadoreña en su puesta al día con la reflexión y pensamiento eclesial. Recordarlo en este centenario de su natalicio es un deber. Don Quijote decía en una de sus múltiples frases sabias que “bien puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser […] que sea desagradecido”. Y efectivamente, a Mons. Rivera le debe mucho no solo la Iglesia, sino también El Salvador. Seríamos desagradecidos si no lo recordáramos como merece. Los que estuvimos en la misa del 24 de marzo de 1990 en la catedral de San Salvador recordaremos siempre la emoción que produjo el anuncio de Mons. Rivera de que iniciaba el proceso diocesano de canonización de Mons. Romero. No había muchos obispos concelebrando ese día ni tampoco había mucho entusiasmo en el tema en algunos sectores de la Iglesia jerárquica universal. Pero Mons. Rivera no trataba de hacer carrera eclesiástica ni satisfacer a cardenales conservadores, sino de ser fiel a su recta conciencia de pastor y creyente. Su labor constante en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de la paz a través del diálogo y la negociación tuvo una extraordinaria incidencia en la derrota de los sentimientos belicistas de las partes en conflicto y en la pacificación del país. Acusado de parcial y amenazado de muerte, supo mantener su independencia y resistir en las opciones evangélicas de justicia y paz. En la actualidad, cuando seguimos necesitando una amplia defensa de los derechos humanos y el impulso de un desarrollo equitativo que garantice la paz y la amistad social, el recuerdo de personas como Mons. Rivera, tan claro en la defensa de los pobres y de la justicia social, nos estimula siempre a enfrentar con claridad y sinceridad los problemas del presente. Frente a la cultura de la imagen y la manipulación de los mensajes en las redes, resultan más que necesarias la calma y la capacidad de deconstruir, incluso con cierta ironía, las escenificaciones de cuentos de hadas de las que tanto gusta la política. La habilidad de rodearse de personas como Mons. Urioste, el P. Fabián Amaya y María Julia Hernández, por citar solo a fallecidos, se unía a la habilidad de trabajar con todos, crear sinergias, aprovechar lo bueno donde quiera que estuviera. En las complejas situaciones actuales, en las que la propaganda y la manipulación de la redes sociales tergiversan valores y crean confusión, se necesita valentía, equilibrio y discernimiento. Y Mons. Rivera nos dio ejemplo de ello en un momento en el que la guerra nublaba la racionalidad y los sentimientos de humanidad. Recordarle no solo es muestra de agradecimiento por tanto bien hecho a lo largo de su vida, sino también una necesidad para orientarnos en el presente.

El Gobierno y el presidente siguen gozando de un mayoritario respaldo social, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). En el sondeo, la población califica el desempeño de Bukele con una nota promedio de 8.48, la segunda más alta en lo que va de la presente administración (la más alta fue de 8.51, en mayo de 2021). Casi todo lo que se vincula al mandatario sale bien valorado; por ello, como ha sucedido antes, esta opinión favorable se expande a las carteras de Estado, a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia. Tanto los ministerios como la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia salen, en general, bien evaluados por la población, pero sobre ellos se comienza a vislumbrar el peso de su sometimiento al Ejecutivo. Más de una tercera parte de la población (34.8%) cree que hay alguna o mucha corrupción en el Viceministerio de Transporte y más del 30% piensa lo mismo del Ministerio de Trabajo (31.9%), del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (30.4%), del Ministerio de Hacienda (31.3%) y del Ministerio de Obras Públicas (30.2%). Más de la mitad de la gente cree que los diputados han aprobado leyes que le han beneficiado poco o nada. Solo el 35.7% piensa que los legisladores representan a toda la población, mientras que una cuarta parte cree que representan al presidente; 19.3%, a ellos mismos; y 13.1, a su partido político. Con referencia al trabajo de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de ser bien evaluada, casi dos terceras partes de los encuestados (63.4%) piensan que las decisiones de los jueces están influenciadas algo o mucho por el Ejecutivo. Las grandes perdedoras en este sondeo son las alcaldías. Su mala evaluación por parte de la población solo es comparable al —y probablemente efecto del— daño que les infligió la drástica reducción del Fodes. La nota de 4.80 que en promedio da la gente a los municipios habla por sí misma. ¿Qué hace que el Gobierno y especialmente el presidente salgan bien evaluados? Hay varias medidas implementadas por el oficialismo que son bien apreciadas, como la creación del Hospital El Salvador o la entrega de tabletas y computadoras. Pero hay dos variables que indudablemente son los pilares que sostienen la popularidad del presidente. El primer pilar es la seguridad y el segundo, la publicidad. El 97.7% piensa que la delincuencia se ha reducido, el 91.1% menciona variables que tienen que ver con la seguridad como principal logro del Gobierno y más de la mitad cree que el régimen de excepción ha ayudado a reducir la delincuencia. La encuesta revela que la relación entre la buena valoración del régimen de excepción y la nota del Gobierno es directamente proporcional: mientras mejor se califique la medida, mayor es la nota que se le da al Gobierno, y viceversa. El otro pilar es la exposición mediática a la publicidad oficial. Los inmensos recursos públicos que el Ejecutivo destina a la comunicación le están dando muchos réditos. Más de la mitad de la gente afirma enterarse de las noticias oficiales a través de las redes sociales, nicho privilegiado de los empleados públicos para hacerle publicidad al Gobierno. Los medios oficiales, impresos, digitales, radiales o televisivos son consumidos por gran parte de la población, que en un 41.8% les profesa mucha confianza. También la relación de esta variable está directamente unida a la buena calificación al Gobierno. Mientras mayor es la exposición mediática a los canales que utiliza el Gobierno y el presidente para publicitarse, mejor es la nota que los ciudadanos les otorgan; y a más confianza en esos canales, mejor calificación a la gestión gubernamental. Por otra parte, la economía no solo es el principal problema del país para 64 de cada 100 encuestados, sino que se perfila, en la opinión de la gente, como un fracaso de la presente administración. Aunque más de la mitad de los encuestados no menciona ninguno, una quinta parte alude a cuestiones económicas como los principales fracasos del Gobierno. Además, de las personas que ven algún cambio negativo, el 46% lo vincula a factores económicos. Más de la mitad (52.4%) cree que la economía está igual o peor que antes, y el 62.5% piensa lo mismo con respecto a la economía familiar. Para el 71%, el bitcoin no ha ayudado en nada a la economía familiar y el 59% piensa que el Gobierno no ha logrado controlar la subida de los precios de los productos de la canasta básica. La opinión crítica con respecto a la gestión gubernamental del tema económico es clara; sin embargo, esta cruda apreciación no les implica, hasta ahora, costos político-electorales a la actual administración y al mandatario. Finalmente, a pesar de que la seguridad es uno de los dos pilares que explican la buena calificación al Gobierno, la encuesta revela algunas alertas en este campo. En primer lugar, las personas perciben que la delincuencia patrimonial (robos de celulares, billeteras o carteras) ha aumentado. En segundo lugar, la población rechaza

Hace algo más de 25 años la ONU aprobó en su Asamblea General declarar el 26 de junio de cada año como Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Pese a que es considerada como un crimen de lesa humanidad, su práctica, lejos de desaparecer, se extiende. De hecho, la ONU manifestó recientemente que “las preocupaciones sobre la protección de la seguridad nacional y las fronteras se utilizan cada vez más para permitir la tortura u otras formas de trato cruel, degradante o inhumano”. Son diarias las noticias sobre el abuso que los migrantes sin papeles reciben en los centros de detención tanto en los países de destino como en los de tránsito. Y no son pocos los planes y proyectos contra el terrorismo que se han utilizado para silenciar las críticas y reclamos de la sociedad civil ante la violación de derechos humanos. En El Salvador, la tortura está prohibida por la Constitución y penalizada en la ley secundaria. Además, el país ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, nadie ignora que en las bartolinas y las cárceles abundan los tratos crueles y degradantes. La sanción por la imposición de “penas infamantes”, prohibidas en la Constitución junto con “toda especie de tormento”, no está adecuadamente desarrollada en la ley secundaria. Infamante es que se presente públicamente como culpables a personas que gozan de la presunción de inocencia, también garantizada por la Constitución. Generalmente, quienes infligen malos tratos suelen escudarse en el argumento, presente en la convención contra la tortura, que dice que “no se consideran tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de medidas legales o inherentes a estas”. Sin embargo, en ninguna parte de la legislación salvadoreña se ordena presentar a los acusados de un delito de una forma degradante o sufriendo un real maltrato. Cuando estuvieron en el poder, ni Arena ni el FMLN impulsaron la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco Nuevas Ideas se ha preocupado por ello. El Protocolo ofrece la posibilidad de luchar contra la tortura y el maltrato a los detenidos, hayan sido sentenciados o no. La Convención, ratificada por El Salvador y, por tanto, ley vigente en nuestro país incluso por encima de la ley secundaria, define la tortura con mucha claridad: actos que producen gran sufrimiento físico o mental, ejecutados por un funcionario público con la intención de castigar. Difícilmente se puede estar en desacuerdo con que exhibir públicamente en una posición humillante a una persona inocente le crea a esta un grave sufrimiento. Y es ese un caso claro de delito de tortura. Aunque la cultura de violencia que existe en el país avale la imposición de ese tipo de sufrimiento, el más elemental sentido de humanidad y de sensibilidad cristiana dice otra cosa. Ratificar el Protocolo ayudaría a prevenir acusaciones e incluso descalificaciones internacionales, pues previene la tortura y ayuda a definirla. Ojalá la Asamblea Legislativa recuerde la existencia del Protocolo y decida ratificarlo. Mientras no lo haga, se continuará desconfiando de la vigencia del Estado de derecho en El Salvador.

Desde su creación, la UCA ha estado presente en las coyunturas históricas del pueblo salvadoreño y, fiel al legado del P. Ignacio Ellacuría, ha tenido siempre sus puertas abiertas para los actores sociales que buscan reflexionar y debatir sobre el país. El análisis de la realidad ilumina posibles caminos de superación de los graves problemas que afectan a las mayorías, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el irrespeto a los derechos humanos y la destrucción del Estado de derecho. En una situación de normalidad democrática, lo natural es dialogar o propiciar el diálogo con diversos sectores y actores en búsqueda del bien común de la sociedad. Sin embargo, en el actual contexto de El Salvador, esa tarea, que para la UCA constituye además una exigencia ética, es entendida por algunos sectores como una actividad perniciosa e indebida para una institución universitaria. Por ello, ante cierto tipo de discursos que buscan deformar el rol que la Universidad ha jugado y juega en la dinámica nacional, es necesario decir lo que siempre ha sido claro: la institución ha participado, ahora y a lo largo de su historia, en reuniones y encuentros con una amplia diversidad de sectores de la sociedad civil para reflexionar sobre los problemas del país y avanzar hacia un horizonte más democrático, de justicia social y pleno respeto a los derechos de todas las salvadoreñas y salvadoreños. La UCA ha tenido siempre presente que su papel es incidir en la realidad a través de la docencia, la investigación y, especialmente, la proyección social, la cual, de acuerdo al P. Ellacuría, “procura poner a la Universidad en relación directa con las fuerzas y procesos sociales en la línea del deseado cambio social”. El límite de su acción ha sido siempre el respeto a la Constitución y a las leyes del país, y la incidencia en la realidad de un modo estrictamente universitario; en este sentido, la UCA no se involucra en procesos y decisiones de carácter partidario, ni es su papel definir o apoyar candidaturas electorales. La preocupación por la realidad del país es propia de la proyección social y de la identidad de la Universidad. Esa función institucional siempre ha implicado un alto costo, pues, tal como presagió Ellacuría, “un mundo histórico configurado por antivalores cristianos no podrá menos que ver en esta posición un desafío a sus intereses egoístas. De ahí que la inspiración cristiana pueda llegar a causar, con toda probabilidad, dificultades y persecuciones por parte de quienes no están en favor del cambio social requerido”. La UCA mantiene incólume su independencia y su compromiso con la verdad, la democracia y los derechos humanos; su inspiración cristiana y la fidelidad a su misión universitaria, que exige la promoción de la libertad plena, la justicia social y la búsqueda del bien común. Los ataques de los que es objeto no hacen más que mostrar la vigencia de ese compromiso y reafirmarlo.

La responsabilidad es un valor indispensable que tiene dos elementos básicos (quienes gustan del poder exhiben uno y ocultan el otro): por un lado, implica enfrentar los problemas y y buscarles solución; y por otro, supone dar cuenta de lo realizado. Hacer propaganda de los logros y acciones ejecutadas es muy fácil. La rendición de cuentas honesta, consciente de los límites y transparente en el uso de los recursos utilizados, es normalmente más escasa y difícil, porque la verdad siempre muestra, incluso en los proyectos de éxito, debilidades en los procesos y lo que queda falta por hacer. Por eso abundan en la política quienes ocultan la verdad, evitan la crítica y exageran sus realizaciones. Los que eso hacen no cumplen con la responsabilidad que tienen ante la sociedad. En la actualidad se habla con frecuencia de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, las instituciones no siempre tienen la capacidad moral de ser coherentes con la verdad. En principio, las grandes responsabilidades sociales, como el desarrollo inclusivo, la justicia social, la preservación y defensa del medioambiente, el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, son competencia del Estado. Los partidos políticos deben elaborar planes y proyectos coherentes con esas responsabilidades, fundamentalmente consignadas en la Constitución. Por su parte, a la sociedad civil le corresponde supervisar e impulsar dichas responsabilidades, criticando los incumplimientos. Las Iglesias, con su bagaje de valores, están llamadas a crear conciencia social fraterna y defender a los más pobres e indefensos. Se habla también de responsabilidad social en las instituciones privadas. Para el caso de las universidades, a fin de establecer diferencias con la responsabilidad social empresarial, se ha acuñado el término responsabilidad social universitaria. Esta va más allá de la empresarial porque parte intelectual y humanamente desde una opción mucho más radical: construir lo humano desde la inteligencia y la razón con una óptica universalista, solidaria y cordial. Ellacuría llamó “proyección social” a esa responsabilidad, dado que las universidades debían ser una fuerza viva y activa en la construcción de una cultura solidaria montada sobre el trabajo como fuente de libertad y desarrollo humano. En tiempos de manipulación social en favor de intereses particulares impulsados desde el Estado, a las universidades les corresponde alentar la racionalidad en la convivencia social y actuar como conciencia crítica de poderes sin conciencia. Es normal que a quien así actúa se le ataque, más aún hoy en el mundillo superficial de las redes sociales, en el que con tanta frecuencia se manifiestan carencias de juicio. Desaprovechar las posibilidades de diálogo de las universidades, su conocimiento y su capacidad de investigación, tratar de ponerlas al servicio del poder, es uno de los errores más perniciosos que pueden cometer las élites. Como instituciones abiertas al saber, a la cultura, a la racionalidad, al diálogo y a la construcción de lo humano, las universidades deben siempre permanecer libres. Un Estado sin capacidad de hablar con las universidades camina por lo usual hacia el fracaso.

“El Salvador es otro país” es la sentencia que abre y cierra el discurso que Bukele dio el 1 de junio en la legislatura. De ahí concluye sin más que “ya no somos los mismos”. Es indudable que el país no es el mismo, porque la realidad es una estructura procesual dinámica. En ella intervienen fuerzas naturales, biológicas, psíquicas, sociales, culturales, ideológicas, políticas y personales. El proceso es mucho más complejo de lo que piensan los voceros presidenciales, que solo aluden a las últimas fuerzas, es decir, a Bukele. Todas esas fuerzas, en interacción mutua, imprimen al proceso histórico una determinada dirección y unos contenidos precisos. Son estas fuerzas, no la voluntad individual, ni siquiera la de Bukele, las que determinan el curso y el contenido del proceso histórico. Así, pues, el país actual no es el de hace cuatro años. En esto tiene razón el presidente, pero no solo porque haya “tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá”, sino por la intervención de ese conjunto de fuerzas, entre las cuales se encuentra su aporte. El que el país sea distinto no significa que sea mejor. El criterio fundamental para determinar esa mejora no es cómo le va a la familia Bukele, a sus allegados y socios, incluidos los predicadores extranjeros de los criptoactivos. Tampoco cómo le va al capital. Sino cómo le va a la mayoría de la gente. El estado de un país no se puede diagnosticar desde las minorías. Hacerlo es un error de perspectiva, que ignora deliberadamente a la gente, la porción más importante de la realidad. En cualquier caso, la mejora debe ser respaldada por datos, que Casa Presidencial omite y esconde porque cuestionan su discurso. Sin embargo, y muy a su pesar, varios organismos internacionales proporcionan información valiosa para valorar el estado de cosas. Por otro lado, las encuestas de opinión no cesan de señalar el deterioro del nivel de vida de la mayoría de la gente. Estos datos se complementan con la observación directa de lo que ocurre en los sectores con los ingresos más bajos. Pero para apreciarlo hay que tener una sensibilidad de la cual carece la Casa Presidencial de los Bukele y los venezolanos. Difícilmente se puede defender que la sociedad salvadoreña ha avanzado en convivencia, solidaridad y bienestar general en los últimos cuatro años. La mayoría de la opinión pública se siente cómoda con la dictadura y la represión. Acepta la supresión de sus derechos y la ley del talión, que prescribe ojo por ojo y diente por diente. Al decantarse por el desquite, esa mayoría ha renunciado a la justicia superior del Reino de Dios, anunciada por Jesús de Nazaret en el sermón del monte. La dictadura ha sacado de los bajos fondos sociales la creencia de que la represalia brutal e implacable es la respuesta ideal para los desafíos sociales y la ha explotado exitosamente en provecho propio. Una sociedad que pone su seguridad en la venganza, por muy arraigada y popular que pueda ser, no está sana. Ninguna sociedad se reinventa a partir de la violencia. La sensación de seguridad que muchos alaban y agradecen descansa en la fuerza bruta, que aplasta y aniquila. Esa es la solución que los Bukele han encontrado, por causalidad, para enfrentar la faceta más visible del crimen organizado y para todos aquellos que amenazan con perturbar el orden impuesto. La respuesta satisface a las tendencias más irracionales, al mismo tiempo que divide, asfixia y mata. Bukele no tiene una alternativa constructiva. Tampoco la necesita, porque la finalidad de su presidencia es detentar el poder absoluto. Está aproximación a la crisis nacional no hace a la sociedad más decente, solidaria y humana. Tampoco cristiana. La sociedad de los Bukele es egoísta, vengativa, violenta e insensible al sufrimiento. La configuración de esta realidad social hunde sus raíces en una larga historia de explotación y de opresión, sin solución de continuidad desde comienzos del siglo XX, cuya conclusión ha sido el orden impuesto por las pandillas en los territorios abandonados por el Estado neoliberal. Los crímenes de los detentadores del poder, la oligarquía agroexportadora, los neoliberales y las pandillas no justifican la venganza. El odio y la violencia no conducen a una sociedad vivible, pacífica y con las necesidades básicas satisfechas. En este sentido, los Bukele no han introducido ninguna novedad. Reproducen la espiral de violencia del pasado y la lanzan hacia delante. Todavía es tiempo para recapacitar y buscar consensos sobre cómo transformar la cultura violenta predominante en otra abierta, amante de la justicia y la paz. El enfrentamiento y la aniquilación no garantizan una seguridad duradera. Unos cuantos no pueden vivir seguros mientras otros viven, aterrorizados, una exclusión aberrante. A partir de este convencimiento se pueden construir consensos cada vez más amplios para encontrar formas de sana convivencia.

Los cambios en el número de diputados y de municipios, a parte de los problemas que causarán en el desarrollo de unas elecciones muy cercanas y con plazos ya establecidos, reflejan la tendencia a dejar el control de la representación política y del territorio en manos de quien tiene mayor capacidad de recursos e influencia. El método d’Hondt, el sistema de reparto de escaños y concejales aprobado recientemente por el oficialismo, tiende a favorecer a los partidos grandes en detrimento de los pequeños. En realidad, se suele decir que favorece el bipartidismo. En ese sentido, que los partidos minoritarios participen de manera independiente en las elecciones legislativas reducirá sus posibilidades de alcanzar algún peso relevante en la Asamblea. Sin lugar a dudas, el instituto político que hasta el momento puede salir más beneficiado por el nuevo método de reparto de curules es Nuevas Ideas. Por otra parte, la ampliación tan fuerte del territorio municipal, especialmente en las zonas rurales, hace que los liderazgos tradicionales de los pequeños municipios queden casi disueltos. El caso del nuevo municipio llamado Chalatenango Sur es un buen ejemplo. Abarca 20 distritos, que antes eran municipios. Mientras los liderazgo de Arcatao, San Isidro, La Laguna y San José Cancasque, por citar solo cuatro, tienen presencia solamente a un nivel local reducido, Chalatenango tiene figuras del sector económico o gubernamental que son conocidas en toda la región. Por ello, quien domine Chalatenango imperará en toda la región. Y por supuesto, quienes están en la actualidad en el poder municipal o legislativo partirán con una enorme ventaja en las elecciones. En el caso de La Libertad Sur, que une Santa Tecla con Comasagua, la ciudad grande anulará casi con toda seguridad los liderazgos que puedan surgir en la segunda. Al final, la apuesta es fortalecer al más fuerte. Y en este momento, el más fuerte es el que está en control de las instituciones estatales. La democracia, en principio, trata de poner en paridad al fuerte y al débil, tanto a través de los sistemas electorales como de las instituciones encargadas de controlar al poder. Pero cuando las instituciones de control están cooptadas por el Ejecutivo, los sistemas electorales, sean más o menos proporcionales, no resuelven el problema que provoca la ley del más fuerte. Que la aprobación de la reducción de diputados y municipios se haya llevado a cabo con dispensa de trámite deja en evidencia el desprecio al diálogo y el debate, tan necesarios en el ejercicio democrático. Sin negar que cierto tipo de reducción y reunificación de municipios, especialmente de los más pequeños, puede ser una buena idea, lo decente y apropiado hubiera sido que los legisladores oyeran, antes de alzar la mano para aprobar lo que les mandó Nayib Bukele, a asociaciones de alcaldes y miembros de la sociedad civil implicada en el desarrollo territorial. Como en tantos otros campos de la vida nacional, al final se impuso la ley del más fuerte.

“Muchos alcaldes solo se dedicaban a robar” fueron parte de las palabras del actual presidente del país. Aun reconociendo que hay algunos honestos, insistió en que la mayoría roban. Por supuesto, al tener la mayoría de las alcaldías el partido Nuevas Ideas, el presidente está hablando de una buena parte de sus alcaldes. Pero no hay investigación sobre el tema ni un número de acusaciones en los juzgados que sean coherentes con las frases del discurso presidencial del primero de junio. Sin embargo, no faltaron las acusaciones de robo y cercanía con los delincuentes contra los que antes llamábamos los partidos tradicionales. Robar parece que significan dos cosas distintas según quien las haga. En algún momento se nos decía que algunos de los proyectos sociales o de seguridad del país no se hacían públicos para que otros países no los copiaran. En vez de una ley de justicia transicional que tienda a la reconciliación en el país, se prefieren leyes duras y punitivas, revestidas de un vocabulario que insiste en que ahora por fin se está haciendo justicia. La justicia podrá ser selectiva y parcial, centrándose en las zonas marginales del país o en los enemigos políticos. Los jueces podrán dar sentencias injustas a sabiendas, pero el lenguaje siempre insistirá en que nunca hubo tanta justicia como en el presente. Las tareas estatales de investigación y persecución del delito se han convertido en “guerras”. Primero fue la guerra contra las maras y recientemente se ha anunciado la guerra contra la corrupción. Como en toda guerra hay aliados y enemigos. Y por supuesto se trata de diversa manera a quienes son cercanos al “régimen” y a quienes son catalogados como enemigos. No es extraño que a algunos de los detenidos se les considere presos políticos. Aunque a veces nos olvidamos de muchos, precisamente porque son pobres, pero también deberían ser considerados presos políticos los más de cinco mil inocentes detenidos por el régimen. Porque ha sido más la política que la justicia la que ha promovido unas detenciones masivas con altas dosis de arbitrariedad. El lenguaje sirve para todo, incluido para llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ahora resulta que hay guerras buenas y pacifismos malos. Los Derechos Humanos no son los que aparecen en los instrumento legales internacionales que hemos firmado y ratificado. Y quienes se han dedicado durante muchos años a defenderlos son solamente vividores. Víctimas son solamente las que el poder decide que lo son desde su propio lenguaje. Parece que todos hablamos la misma lengua, pero el poder le da al lenguaje tales matices que las palabras acaban significando solamente lo que dice el poder. O al menos eso se pretende. La democracia trató desde sus comienzos de elaborar un lenguaje objetivo, construido sobre derechos y deberes universales. Los regímenes autoritarios construyen sus propios significados y manipulan de tal manera el vocabulario que convierte en políticamente correcto solamente lo que les conviene. Ya lo hacían algunos gobiernos anteriores cuando hablaban de desarrollo, igualdad ante la ley o justicia social. Pero hoy el lenguaje del poder se construye con una especie de exclusividad que trata de eliminar del debate todo lo que no cabe en el discurso oficial. Y utiliza, en una especie de subcontrato de las redes, los peor del lenguaje, el grito agresivo y el insulto, contra todos los que utilizan un discurso diferente del poder. Reconocer democracias a partir del lenguaje es fácil. A mayor transparencia, tanto del lenguaje como de las acciones, se encuentra una mayor democracia. Cuando el lenguaje se convierte en un galimatías oportunista y las acciones y proyectos carecen de transparencia, los menos que se puede decir es que la democracia está enferma. La curación no es difícil, pero hace falta voluntad política para ello.

El presidente Bukele cerró su cuarto año de gobierno con grandes noticias. En el escenario perfectamente organizado de la Asamblea Legislativa, presentó tres proyectos, dos de ellos legislativos y el otro, propio del Ejecutivo, de lucha contra la corrupción, que estrenó inmediatamente mandando al fiscal general a ocupar propiedades del expresidente Cristiani. No rindió cuentas, no dijo nada de los problemas gubernamentales con los derechos humanos, la economía del país, la deuda y los atrasos de sus proyectos estrella. Solamente insistió en la derrota de las pandillas y en la tranquilidad que ello trajo a la ciudadanía. Ni una palabra, por supuesto, sobre los medios utilizados: militarismo, cerco a comunidades, detenciones sin garantías jurídicas. La prepotencia frente al pensamiento distinto se expresó a través de una burla presidencial a la reducida oposición parlamentaria. Quien todo tiene controlado suele pensar que no hay que dar importancia a las críticas. En el caso de Bukele, lo que le interesa es sorprender, poner en el tablero de discusión y debate lo que realizará desde el poder, y obligar que se olviden temas críticos. La reducción del número de municipios y de diputados fue el gran anuncio. La Asamblea y el corro de invitados aplaudían emocionados. Sin embargo, el mandatario no dio ninguna explicación sobre los criterios utilizados para definir dicha reducción. No hubo consultas previas y da la impresión de que tampoco las habrá en el futuro. Reducir municipios puede ser necesario; es una manera de mejorar las posibilidades de desarrollo en un territorio más amplio. Si se sabe hacer, podría contribuir a evitar la despoblación del campo. Pero hacer una reducción tan drástica sin estudios conocidos y sin abrirse al diálogo con los habitantes presagia una situación caótica, de mucha incertidumbre y contradicciones. Todo apunta a que los intereses electorales están de fondo, pues al ampliarse el territorio de los municipios, cambia también la influencia de los liderazgos preexistentes. Y eso suele favorecer a quien maneja el poder y los recursos. Con respecto al número de diputados, hubiera sido interesante aprovechar el paso para reflexionar a fondo sobre la vinculación de los legisladores con el territorio y sus pobladores. Tener diputados para simplemente entrar en el juego del poder y del beneficio personal no beneficia en nada a la ciudadanía. Finalmente, la supuesta guerra contra la corrupción parece más dirigida a anular la capacidad de influencia de enemigos políticos que a combatir la falta de transparencia y corrupción enraizada en el Estado desde hace tantos años. En definitiva, el discurso del mandatario se orientó a la propaganda y la espectacularidad, no a informar con datos sobre los aciertos y errores de su cuarto año de gestión. Además, su modo de hablar y de actuar no deja dudas sobre su decisión de continuar un segundo período, tal como llama el vicepresidente a la inconstitucional reelección. El diálogo, difícil desde el inicio del actual Gobierno, se complica aún más cuando las decisiones se toman de antemano y sin consulta. El presidente está moldeando un país a su imagen y semejanza: sordo, intransigente, ajeno a la empatía, con la fuerza y el poder como único credo.