Editoriales y Opiniones

Periódicamente se publican informes sobre la situación de los privados de libertad. Aislados, hacinados, maltratados, cuando salen de la cárcel mantienen narrativas que estremecen la conciencia. Las denuncias de muertes en prisión por abandono o irresponsabilidad se repiten con insistencia desde que el régimen de excepción dio puerta libre a las detenciones masivas y, por lo general, arbitrarias. Niños huérfanos y abandonados sin tutela paterna, incluso muertos en la cárcel, son fruto de esas detenciones masivas. La prohibición de la visita familiar y del abogado, el pago de alimentos para que los familiares presos no se mueran de hambre muestran un escenario de abuso. Y los ataques orquestados a cualquiera que defienda a los privados de libertad o diga que hay detenciones arbitrarias señalan un serio desprecio al Estado de derecho. Por todo ello, es necesario recordar no solo que los presos son personas, no animales, como en ocasiones han dicho algunos funcionarios, sino también que existen tratados firmados y ratificados por El Salvador que obligan al Estado y a los Gobiernos de turno. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de esos tratados. La Convención garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Someter al hambre a las personas que están bajo tutela del Estado, no brindarles atención médica, maltratarlas físicamente es una clara violación de derechos. Aunque todo ellos fueran criminales —y como se sabe, muchos no lo son—, el Estado no puede someterlos “a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El Estado no puede añadir más penas o castigos a lo impuesto por los jueces. El Salvador se ha comprometido con su firma a que “los procesados deben estar separados de los condenados”, porque los primeros gozan de presunción de inocencia. Eso no se ha cumplido prácticamente nunca. Es vergonzoso que las instituciones estatales encargadas de velar por las obligaciones internacionales contraídas en el campo de los derechos humanos, desde los jueces a las procuradurías, guarden un silencio cómplice con el abuso y el incumplimiento de normas con valor de ley. Tanto la ONU como la OEA, dos instituciones clave a las que pertenece El Salvador, han elaborado normas mínimas de trato decente a los privados de libertad. Las de la ONU suelen ser mencionadas como la “Reglas Nelson Mandela”, en honor al luchador sudafricano contra el racismo. Y en ellas se insiste en que los reclusos deben estar autorizados “a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos”. La OEA tiene sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. En esta normativa se repite como buena práctica y exigencia el derecho a las visitas periódicas de familiares, representantes legales y otras personas, “especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas”. En contraste con eso, el sistema carcelario salvadoreño ha optado incluso por no informar del paradero de los detenidos a sus familiares. Con un sistema de justicia amañado y en descomposición, dispuesto a juzgar a grandes masas de acusados sin dar garantía de ningún tipo, los jueces carecen de una perspectiva real de justicia y equidad. El fin del régimen de excepción posibilitaría el retorno a una cierta independencia judicial y a la posibilidad de evolucionar a un diálogo más fructífero en el campo de los derechos humanos.

El mensaje de la última puesta en escena de Casa Presidencial quiere dar confianza ahora que Bukele se encuentra de nuevo al frente de la nación. El próximo temporal no causará mayores estragos, la epidemia de dengue estará bajo control en breve y los precios de las verduras y los granos básicos ya bajaron. Después de una ausencia inexplicada, el capitán ha retomado el control del país y lo dirige hacia puerto seguro. Bukele, como padre de una familia extensa, confirmó que el país está preparado para el próximo temporal, ordenó fumigar el territorio, prestar atención a los menores con fiebre y habló del precio de los tomates, las cebollas, los pipianes, etc. Los ministros se pusieron manos a la obra de inmediato. Unos salieron a fumigar o trajeron equipo de fumigación del exterior. Otros establecieron puestos de venta con precios bajos. Un espejismo, porque la crisis climática, la epidemia y la inflación no acatan las órdenes de ningún dictador. La desidia gubernamental permitió la gestación de las tres crisis. En contra de la evidencia, el responsable del medioambiente aseguró a su jefe que estaba preparado para lidiar con las contingencias del siguiente temporal. La crisis medioambiental es estructural y, por tanto, requiere de una aproximación también estructural. Bukele no cuenta con personal ni recursos para una intervención de esa naturaleza. Se contenta con poner remiendos aquí y allá, y esperar lo mejor. La intervención en la epidemia de dengue, la otra crisis, llega con cinco meses de retraso. El mosquito transmisor se propagó sin mayor dificultad por falta de prevención. Los funcionarios no reaccionaron a la primera alerta, porque no se los habían ordenado. Una vez dada la orden, se pusieron en movimiento. El ministro de Defensa el que más. Colocó equipo de fumigación en sus helicópteros para fumigar desde el aire, un recurso llamativo, pero igualmente ineficaz y muy caro. Hay mejores alternativas. Pero como se trata de impresionar al jefe y este a la ciudadanía, la idea fue aplaudida como una genialidad. De todas maneras, la tardía orden de fumigar no controlará rápidamente una epidemia que lleva semanas castigando a la gente. Tampoco contribuye amenazar con represalias a un cuerpo médico diezmado y desbordado por condiciones laborales inaceptables. Imponer autoritariamente el precio de las verduras y los granos básicos, la tercera crisis, contradice la libertad de la oferta y la demanda, uno de los principios básicos de libertarios como Bukele. La orden es contundente y amenazadora, pero, de cumplirse, generará escasez y mercado negro. Más inteligente que atacar a las señoras de los mercados hubiera sido analizar la estructura de costos y explicar cómo el encargado de Agricultura puede bajar los precios sin pérdidas en sus puestos de venta. Amenazar a los comerciantes de los mercados con procesarlos por fraude, evasión, contrabando y corrupción si no bajan los precios es otra necedad. En primer lugar, no todos son estafadores, evasores, contrabandistas y corruptos y, en segundo lugar, si Bukele tiene evidencia de esos delitos, corresponde a su fiscal presentar formalmente los cargos. En realidad, el mensaje es este: si obedecen y bajan los precios, aunque pierdan, gozarán de impunidad. El recorte de los gastos de los diputados, un anexo de las crisis, ha sido bien recibido, no porque contribuya a controlar una iliquidez ya crónica, sino por la pésima reputación de los legisladores. Se presentan como dedicados y honestos, pero caminan en la oscuridad, porque sus prácticas no son buenas. Por eso descargan toda la responsabilidad de unos gastos injustificados en una diputada de la oposición. Destinar el ahorro a becas estudiantiles no limpia el fango legislativo. Ninguna de las tres crisis representa mayor peligro para el país, según el oficialismo. No porque disponga de recursos para mitigarlas y prevenirlas pronta y eficazmente, sino porque Bukele ha recuperado el mando y ha puesto orden. En la práctica, eso no significa nada. En lugar de escenificar una pataleta contra los comerciantes de los mercados, pudo haber anunciado un plan para ser cada vez menos dependiente de la importación de alimentos. Los puntos de abastecimiento no pueden satisfacer una demanda mucho más grande que su oferta. Asimismo, dejó pasar la oportunidad para anunciar un plan nacional de salud que priorice la atención en el primer nivel, donde ocurre la mayoría de las incidencias. Además del dengue, las enfermedades respiratorias agudas y las gastrointestinales son la causa principal de consulta, de hospitalización y de muerte. El recorte del gasto de los diputados es irrisorio comparado con la reducción que debiera experimentar Casa Presidencial. Bukele toma el rábano por las hojas: en lugar de erradicar las causas de las crisis, se contenta con ofrecer espejitos y abalorios. El capitán y su tripulación no pueden bregar en las borrascas que zarandean al país. Si naufragan, ellos disponen de salvavidas, pero los pasajeros pe

A alguna gente le gusta tanto la guerra que es extraño que después de la medicina amarga de la guerra contra las maras no declaren ahora la guerra contra los precios. Porque, además, la reacción a la subida de precio de algunos productos alimenticios coincide con un modo de actuar clásico en el país: ante el conflicto se golpea más a quien menos culpa tiene. Generalmente, es en los intermediarios entre el productor y el vendedor, o en las cadenas de supermercados, donde más se aumentan los precios. Con razón, la gente llamaba “coyotes” a los intermediarios, porque eran los que más se beneficiaban con el sudor campesino. Acusar agresivamente a los mercados finales populares, como si ahí fuera el nido de quienes se lucran subiendo exageradamente los precios, es como querer controlar el narcotráfico deteniendo a quienes menudean con droga en los barrios más pobres de las ciudades. Es cierto que también los pequeños y los habitantes de barrios pobres se pueden lucrar de formas inmorales, pero en el campo de los precios, como en el narcotráfico o en otros negocios ilícitos, la responsabilidad no suele estar en el mundo de los pobres o de la clase media. En la doctrina social de la Iglesia se encuentran frases que denuncian lo falso de estas guerras en que se daña a los más pobres y ayudan a pensar dónde se halla la verdadera responsabilidad de las mismas. En varias ocasiones, el papa Juan Pablo II habló de un mundo caracterizado por la “guerra de los poderosos contra los débiles”. El papa actual, Francisco, nos ha advertido también de que “hay una economía que mata”. Lo que le toca al Estado no es emprender guerras contra la gente, con todas las injusticias que suelen llevar a cabo los choques armados, sino prevenirlas tocando las causas que conducen a los conflictos y elaborando políticas sociales de desarrollo inclusivo. No hay duda de que la pobreza y la desigualdad, así como las familias rotas, el deterioro de valores y la corrupción de los poderosos, han sido causas del surgimiento de las maras. De la misma manera, la ambición de quienes manejan el flujo de bienes de los grandes mercados suelen tener siempre más responsabilidad en el aumento de precios que los pequeños o medianos vendedores. Ya en 1931, hace casi 100 años, insistía el papa Pío XI diciendo que la acumulación de poder y recursos en la economía con frecuencia llevaba al predominio de “los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. Decía estas duras palabras en la época en que muchos países sufrían los efectos de la gran depresión de 1929, iniciada en estados Unidos. Pero evidentemente son palabras que no dejan de tener sentido en nuestra época, en la que mientras aumentaba universalmente la pobreza en tiempo de la pandemia, el número de millonarios continuaba creciendo en el mundo. Si queremos reaccionar eficazmente a los aumentos de precio, tenemos que invertir en la producción autóctona de alimentos y mantener una política de seguridad alimentaria. Ello conlleva el apoyo con mucha mayor generosidad y eficacia a nuestros agricultores y facilitarles tecnología, créditos e insumos, así como evitar abusos en el proceso de comercialización. No se puede pensar que reservando las mejores tierras productivas para el cultivo de caña de azúcar, o dedicando tierras fértiles a grandes proyecto inmobiliarios, vamos a salir de las frecuentes crisis alimentarias por las que ha ido pasando el país. El desarrollo hay que programarlo desde abajo, debe ser inclusivo y beneficiar a todos. Quienes creen que con el aumento del producto interno bruto (PIB) se frena automáticamente la pobreza están en un error. La misma historia de El Salvador lo desmiente. En los últimos diez años, el PIB salvadoreño casi se ha duplicado. Pero la pobreza continúa rondando el mismo 30% de la población. Y abunda más en el campo que en la ciudad. Tomarse en serio los problemas, pensarlos con exigencia mental, planificar y ejecutar procesos serios de desarrollo rural, lograr una verdadera soberanía alimentaria son opciones imprescindibles. Andar buscando culpables y castigar a los más débiles no conduce al desarrollo humano e inclusivo que toda persona de buena voluntad debe desear.

El estatuto del gabinete, con alguna excepción, es anómalo. Los ministros y los presidentes de las autónomas del periodo anterior continúan en sus puestos sin las formalidades constitucionales. Ni siquiera han informado su continuidad en el puesto. Son funcionarios de facto. En una gestión institucionalmente irregular como la actual, una transgresión más es irrelevante. Los otros poderes del Estado, establecidos para contrarrestar el exagerado presidencialismo del poder ejecutivo, son obsecuentes, mientras la opinión pública se repliega, entre complaciente y temerosa de la represión. En cualquier caso, la continuidad del gabinete no hace diferencia en la marcha del país. La Constitución asigna a los ministros y a otros funcionarios, como los presidentes de los entes autónomos, las competencias que permiten al Ejecutivo cumplir con sus objetivos. Pero, al parecer, a Bukele le basta con sus hermanos y su parentela, los venezolanos y otros extranjeros. Ninguno, excepto él, está habilitado formalmente, pero todos, excepto sus familiares, devengan jugosos salarios. Y todos sacan buen partido de su proximidad al poder real. Asimismo, todos, excepto Bukele, son invisibles. Tal vez la continuidad del gabinete se deba a que los hermanos Bukele han decidido mejorar sustancialmente la gestión del poder ejecutivo y no encuentran a los candidatos idóneos, dispuestos a trabajar bajo la estrecha vigilancia de sus asesores extranjeros. No deja de ser extraño que la dictadura tenga dificultades para conformar el gabinete de la reelección, pues no busca personalidades brillantes, ni liderazgos fuertes, ni administradores eficaces. El nuevo ministro de Cultura, la única renovación, es un técnico en sistemas informáticos, ajeno al quehacer cultural; y el de agricultura desconoce el ciclo de la cosecha de granos básicos. El único requisito es cumplir fielmente las órdenes de Casa Presidencial, que indica a los funcionarios qué hacer y qué decir. La actividad ejecutiva, aun la ordinaria, es realizada por expresa orden presidencial. Es así como el oficialismo puede asegurar que Bukele estuvo al frente de la emergencia recién pasada por las lluvias, aun cuando, contrario a su costumbre, no compareció. Los funcionarios del Ejecutivo no son más que empleados de los hermanos Bukele y sus asesores, que usurpan funciones constitucionales. Les impiden acceder directamente al mandatario, solo ellos tienen voz en la determinación de la agenda y ellos les ordenan lo que deben hacer. En estas condiciones, ocupar uno de esos sillones es aceptar la imposición de extranjeros, que actúan en nombre de Bukele. Someterse a semejante humillación es indicio de extravío y de una ambición desmedida de poder y riqueza. Entre más alto el cargo, más posibilidades para “componerse”. La anulación de los altos funcionarios del Ejecutivo no se ha traducido en una mejor administración pública ni en un uso racional de los escasos recursos disponibles. Al contrario, los servicios más demandados por la población han empeorado. Tampoco ha suprimido el despilfarro y la corrupción. La incapacidad manifiesta para enfrentar las consecuencias del temporal recién pasado es un llamado a la cordura. Las desventajas de concentrar la gestión en un puñado de asesores de confianza, que cuidan más de la imagen de Bukele que de la gente, son evidentes. Las comunidades organizadas han sido de mucha mayor ayuda. Ellas conocen sus vulnerabilidades y están familiarizadas con el terreno y sus habitantes. Una información crucial fuera del alcance de un funcionario lejano, que cumple las órdenes de una Casa Presidencial aún más distante. Gobernar en nombre de Bukele no habilita para asistir pronta y eficazmente a las comunidades damnificadas. La comparecencia de algunos de estos funcionarios ha causado hilaridad en las redes digitales. Casa Presidencial los expuso al ridículo al intentar mostrarlos cercanos y comprometidos. El ministro de Defensa apareció con una señora mayor cogida del brazo, la cual protesta airada porque la introdujo en la escorrentía para sacarse una fotografía. Si los funcionarios del gabinete gozaran de libertad, aun con sus limitaciones, harían un mejor papel. La imposición de un guion desde las alturas del poder presta un flaco servicio al mismo Bukele. La aguda contradicción entre su discurso y la realidad hace sospechar que el círculo de sus íntimos lo mantiene aislado, le cuenta solo lo que quiere escuchar y le oculta aquello que puede despertar su ira y provocar la caída en desgracia del mensajero. Es la tragedia de los dictadores: suelen emerger de la base con una propuesta halagadora para las masas desorientadas y frustradas, pero, una vez en la cima de poder, se aíslan y viven de ficciones y engaños. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 27 de junio, Nayib Bukele anunció, a través de una red social, el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura argumentando que promovían agendas no compatibles con la visión gubernamental. Siguiendo el libreto, sus funcionarios aplaudieron la medida y la justificaron especificando en qué consistía la aludida incompatibilidad. Una funcionaria en el servicio exterior dijo que “los funcionarios del Gobierno [...] tenemos bien claro el mandato de proteger la vida, la fe y la familia”. Una diputada argumentó que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la Agenda 2030 no tiene cabida”; una agenda que, vale la pena recordar, es global e intenta hacer más humanas, equitativas e incluyentes a las sociedades del mundo. Según el discurso oficial, los despidos buscarían rescatar al Ministerio de Cultura de las manos de activistas proderechos de la diversidad sexual. Algunos hechos previos anticiparon esta medida. El 15 de junio se presentó en la gran sala del Teatro Nacional la obra Inmoral, del grupo Inari, un colectivo de artistas que fusiona la imaginería drag con las artes dramáticas. La obra se exhibió solo una vez; el 16 de junio el Ministerio de Cultura suspendió las presentaciones por mostrar “contenido no apto para la familia salvadoreña”. Tres días después, el 19 de junio, fue nombrado como nuevo titular de la cartera Raúl Neftalí Castillo Rosales, diputado de la bancada de Nuevas Ideas. En sus primeras declaraciones, Castillo dijo que “este ministerio es de suma importancia para fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”. Posteriormente, y según denunciaron en redes sociales miembros de la comunidad LGBTI+, el 22 de junio se echó a 30 trabajadores más, incluida la directora de Teatros Nacionales. El 26 de junio la Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, una ley especial para compensar económicamente a los empleados de Cultura cuyas plazas sean suprimidas como parte de la reestructuración de esa dependencia. Al día siguiente, tuvo lugar el anuncio de Bukele. Esta línea de acción contrasta con la cercanía y el apoyo que el mandatario tuvo de sectores de la comunidad LGBTI+ cuando era candidato. También confirma que el Plan Cuscatlán es papel mojado. En el apartado del documento correspondiente a los derechos humanos, se lee lo siguiente: “El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como población LGBTI+, pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres y la población rural”. En realidad, el tema LGBTI fue instrumentalizado para justificar los despidos. En primer lugar, porque es mentira que todos los afectados difieren de los valores que dice defender el Gobierno. En segundo lugar, porque detrás de esta acción está la precariedad de las finanzas del Estado, un asunto del que Bukele evita hablar. Y en tercer lugar, porque estos despidos masivos, al igual que la intervención del Palacio Nacional y la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, son expresiones del profundo desprecio del régimen a la cultura, la historia y la identidad nacionales; un bagaje que estorba para la imposición del culto a una persona.

Por José María Tojeira, SJ Escuche Aquí: El tema de las agendas se ha puesto de moda. El que no promueva la agenda gubernamental, independientemente de que haga bien su trabajo desde el punto de vista técnico, corre el riesgo de ser despedido de su empleo si trabaja en alguna dependencia estatal. Así le ha pasado a 300 trabajadores en uno de los ministerios. Cuál es la agenda queda un poco en el misterio, pues aparte de un proyecto político electoral lleno de promesas redactado hace cinco años, no hay más agenda propiamente dicha. La única agenda gubernamental escrita y dada a conocer públicamente, es la llamada agenda digital de el Salvador 2020-2030. En esa agenda, que pretende “integrar a todos los actores que participan del desarrollo del país a través de la innovación y de la aplicación de las TIC”, aparecen también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que componen la agenda 20-30 de la ONU. Así las cosas llama la atención que una persona con un cargo importante en la Asamblea Legislativa haya dicho recientemente en la red social X que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, se entiende que en El Salvador. Salvo que haya surgido una nueva agenda 20-30, la que se nombra habitualmente con ese nombre suele ser la agenda propuesta por la ONU para impulsar el desarrollo. Y si uno busca en las redes de la ONU el trabajo que la misma realiza en El Salvador, se encuentra con una página en la que se nos dice que están invirtiendo, precisamente en esa agenda 20-30 en El Salvador, un poco más de 40 millones de dólares. Y es que en esa agenda 20-30 hay unos objetivos de desarrollo sostenible que El Salvador acepta incluir en sus políticas internas. Unas políticas muy básicas, como la de trabajar por darle fin a la pobreza, eliminar el hambre, brindar agua y saneamiento para todas las familias y viviendas salvadoreñas, y otros 14 objetivos más “en los que la ONU está trabajando en El Salvador”. Lo más grave de esa frase de que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, no es que sea mentira. Además de ser falsa, porque la dependencias de la ONU trabajan en ella con el Gobierno en El Salvador, lo más grave de ese tipo de discurso es que se utiliza para discriminar personas, para ofender a otros y para sembrar desconfianza e inseguridad en la gente. Las agendas de desarrollo son siempre positivas si son simultáneamente inclusivas. Pero agendas, aunque sean gubernamentales, que impliquen discriminación, que busquen enemigos y propongan castigos generalizados, o que exijan juramentos de fidelidad ciega, no son agendas de desarrollo humano. Y si se dieran ese tipo de agendas, dejarían a nuestro país no solo en el subdesarrollo humano, sino en una situación en la que los valores fundamentales de convivencia humana sufrirían graves daños. La fraternidad, el diálogo, la tolerancia, la inclusión, son valores de desarrollo humano y de convivencia pacífica. Sobre ellos hay que construir agendas de desarrollo. Es bueno que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aparezcan en la página de la Presidencia de la República como en realidad aparecen. Pero sería mucho mejor que todos los funcionarios y políticos de Nuevas Ideas fueran coherentes de palabra y de obra con esa agenda 20-30 que recoge los 17 objetivos mencionados.

La más reciente encuesta del Iudop, que recoge la evaluación ciudadana del quinto año del Gobierno de Nuevas Ideas, ofrece una serie de datos muy interesantes. El presidente llegó al final de su mandato contando con el aprecio de la mayoría de la población. La nota que esta le otorga supera el 8 y el 83% de los entrevistados considera que su administración representa un cambio positivo para el país. Sin embargo, algunas otras cifras reflejan inquietud y preocupación. Crece la percepción de un mandatario distante de la gente, la preocupación por la economía es generalizada y el 60% está teniendo cuidado a la hora de compartir sus opiniones políticas; en otras palabras, tiene miedo a la hora de expresarse sobre las actividades gubernamentales. Así pues, una mezcla de amor y miedo parece irse configurando en muchas personas frente a la realidad política actual. Se mantiene una alta confianza en Bukele, pero crece el miedo a hablar de política. Maquiavelo, en su conocida descripción del príncipe, que ha inspirado tantas reflexiones sobre el ejercicio de la autoridad, dice que para los gobernantes “es más seguro ser temido que amado”. Pero añade que “el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio”. Si para los gobernantes absolutos del pasado no era fácil lograr que los temieran y al mismo tiempo evitar el odio, en las democracias resulta mucho más difícil. Porque los mayores niveles de educación y la mayor conciencia de los derechos hacen que las personas rechacen el miedo y la parálisis social que este provoca. Si la expresión política es un derecho ciudadano y, por tanto, debe ser libre, reprimirla despierta rechazo. En este sentido, la síntesis entre amor y temor que parece haber logrado el Gobierno no tendría solución de continuidad en el largo-mediano plazo. En las democracias y en los países que aspiran a vivir en democracia, el temor fácilmente se convierte en odio. Y no hay nada peor que el odio, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Puede ser que se piense que una vez se superen las dificultades económicas, los temores desaparecerán. Esta suele ser la esperanza de los regímenes autoritarios, amparada en la idea de que la gente se conforma fácilmente con pan y circo. Pero los autoritarismos, además de temor, generan diferencias y desigualdades, corrupción en los aprovechados y pobreza en los que no logran insertarse en el esquema del poder. Las encuestas miden la opinión pública y, por ello, algunas de ellas dan pistas sobre los sentimientos de la población ante el poder político. Y ese sentimiento de temor, que puede convertirse en odio, no desaparecerá mientras exista el régimen de excepción, mientras se persiga a los vendedores que afean el espejismo de los lugares turísticos, mientras se continúe echando a empleados públicos con el argumento de que no comparten la agenda oficial. Según números del Banco Central de Reserva, es posible que la economía mejore, pero si no mejora la redistribución de la riqueza, si no se recobra la capacidad de opinar o reclamar, si no se corrigen las actitudes autoritarias, el temor no desaparecerá. Y con ello el Gobierno correrá siempre el riesgo de que el amor a sus líderes desaparezca y que el país se atore en confrontaciones, tensiones y frustraciones incendiarias.

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos. El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada. Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse. Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos. No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones. En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.

El Salvador del café, del surf y de los volcanes es también el de las inundaciones y los derrumbes con casi dos decenas de muertos, miles de damnificados e infraestructura en ruinas. En los cinco años de reinvención no ha habido mayor avance en la mitigación y la prevención de las catástrofes naturales que periódicamente azotan al país. Las más castigadas son las mayorías, forzadas a vivir en sitios de alto riesgo, porque no han encontrado un lugar seguro. Los diseñadores del país de Bukele han ignorado la vulnerabilidad estructural del territorio, el cambio climático y la creciente violencia de los fenómenos naturales. Temerariamente, decidieron asentar su reinvención sobre bases muy frágiles. En su defensa no pueden alegar la fuerza y persistencia de las lluvias de la semana pasada, porque es bien sabido que este fenómeno y otros como los terremotos y las sequías son recurrentes y devastadores. El aumento de la temperatura es nuevo, pero vino para quedarse. Varias voces cualificadas advirtieron insistentemente de la agudización de la vulnerabilidad del país, que Bukele y los suyos se empeñan en reinventar. Evitar los fenómenos naturales es imposible, pero mitigar los riesgos hasta minimizarlos está al alcance de los gobernantes y la comunidad organizada. La dictadura, encandilada y ensoberbecida por el mesianismo, pensó que podía crear un país totalmente nuevo sin considerar las limitaciones estructurales existentes. No prestó atención a las comunidades que, conocedoras de su entorno, advirtieron su temeridad. Irónicamente, algunas de las obras más emblemáticas del nuevo país salieron mal paradas de este trance, dejando al descubierto la imprudencia del diseñador y la mala obra del constructor. Los estragos dejados por los aguaceros son un recordatorio del abuso irresponsable de un medioambiente ya sobreexplotado, que castiga tanto a los megaproyectos de la dictadura como a las mayorías desprotegidas. La tragedia humana y la destrucción material evidencian cómo el capitalismo neoliberal salvaje conduce al país hacia el precipicio. La dimensión de la catástrofe y la incapacidad para responder a las demandas de ayuda de las comunidades parecen haber dejado a Bukele sin palabra. Habló tarde y mal. Mientras el país y su gente padecían las inclemencias de lluvias torrenciales, habló de sí mismo. Casi al final del temporal, reprodujo la portada de una revista especializada en negocios y finanzas, destinada a los millonarios y a los aspirantes a ingresar en ese círculo exclusivo, donde aparece su cara. Se la cedieron no por méritos, sino por haber pagado una abultada cantidad de dólares. Luego, terció para defender a su ministro de Educación, duramente criticado por llamar a las aulas en medio de la tormenta. La defensa fue desafortunada. Se trataba de equilibrar los riesgos reales con la retención de los escolares en los centros educativos, aun cuando la mayoría no reúne condiciones para albergar a los damnificados, muchos menos a los estudiantes. La crisis medioambiental de la semana pasada develó otra faceta de las limitaciones de la seguridad del país de Bukele. La mayoría de sus habitantes está a merced de los embates de la naturaleza por la inopia gubernamental. Casa Presidencial no está preparada para lidiar con los fenómenos naturales. Imprudentemente, desmanteló las estructuras de protección y previsión existentes, y lo que dejó lo centralizó de tal manera que anuló su capacidad para reaccionar. Los llamados de auxilio de muchas comunidades quedaron sin respuesta y el abultado presupuesto asignado a esas labores se esfumó sin dejar rastro. Si los millones de dólares empleados en frivolidades como el espectáculo del 1 de junio hubieran sido invertidos en mitigar y prevenir los riesgos de un medioambiente muy frágil, el resultado hubiera sido otro. Es cínico que, a posteriori, la cúpula de la legislatura pida a la población donativos para atender a los damnificados, cuando ella es también responsable de la pérdida de vidas humanas, de infraestructura pública y de medios productivos. Invoca la solidaridad de una población a la cual dice representar, pero cuya suerte le tiene sin cuidado. Bukele perdió una oportunidad para presentar la seguridad medioambiental como otro hito de su gestión. En vez de cuidar de los desamparados, se ausentó. La única presencia presidencial fue el nutrido equipo de fotógrafos y camarógrafos que registró la escenificación de varios ministros que habrían salido al rescate de los damnificados. La gestión de los riesgos es temeraria. El país del café, del surf y de los volcanes se derrumba. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las personas privadas de libertad no dejan nunca de ser personas, y por tanto deben ser tratadas como tales. El Estado salvadoreño, según la Constitución de la República y mientras no la cambien, está al servicio de la persona humana. A los encarcelados se les restringe la libertad, dado que se les acusa de haber abusado de ella en perjuicio de otros ciudadanos, pero no se les priva de otros derechos. Continúan con el derecho a la integridad física, a la salud, a la alimentación, a la defensa legal, a la visita familiar y a la rehabilitación, entre otros derechos básicos. Si están bajo control del Estado en las prisiones, a las autoridades les corresponde respetar esos derechos. Sin embargo, hay bastante evidencia de que no se respetan entre los 80 mil detenidos durante el régimen de excepción. La ciudadanía debe exigir al Estado que cumpla con la Constitución y con los tratados internacionales relativos al respeto a la persona humana y sus derechos. Por malvados que hayan sido, los privados de libertad no dejan de ser personas. Y además no todos son malvados, ni lo son en la misma dimensión. Y con el régimen de excepción el número de inocentes en nuestras cárceles ha aumentado considerablemente. Por todo ello es importante recordar los derechos de los privados de libertad. Un derecho básico es el de la alimentación. Que esta sea insuficiente y que se obligue a las familias de los presos a pagar por un complemento alimentario es injusto. Que se bloquee la visita familiar y que incluso se niegue la información sobre la situación de los detenidos es escandaloso e inhumano. Que no tengan en la práctica acceso a una defensa es una violación grave de los derechos fundamentales y constitucionales. Juzgarlos en grandes cantidades y en audiencias masivas es una aberración jurídica. Mantener arbitrariamente muchos meses sin juicio a las personas detenidas está reñido con las dimensiones más básicas de la justicia. Cuando de la parte gubernamental se dice que las estrategias de seguridad han sido “implementadas de una manera técnica y con una mínima afectación a derechos”, se está mintiendo. Porque no es mínima afectación que más de 7 mil personas, según declaraciones oficiales, hayan estado detenidas, muchas de ellas durante meses, y hayan finalmente sido liberadas por el hecho de ser inocentes. Perdieron sus trabajos, estuvieron en condiciones horribles y quedaron desacreditadas ante personas con prejuicios, que desgraciadamente suelen abundar. Las leyes de protección de derechos no son caprichos de ONG ni de personas que viven bien y no conocen la gravedad de los delitos cometidos por los privados de libertad. Al contrario, los derechos humanos nacen para proteger de todo trato cruel e inhumano. Y nacen de lo mejor de la humanidad; personas que conociendo las dificultades de la vida, buscan una sociedad donde se dé oportunidad de rehabilitación a todos. Y en ese sentido, nada hay mejor para rehabilitar que tratar con humanidad a las personas justamente castigadas por sus delitos. En 2007, los obispos de América Latina reunidos en Aparecida, Brasil, decían que les dolía “la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna”. Son efectivamente los más preocupados por el desarrollo solidario de la humanidad y las religiones los que buscan que no se cometan injusticias con los privados de libertad. Y son también los que saben que causar el máximo dolor posible a quienes han hecho sufrir solo consigue multiplicar el sufrimiento. Una posición muy diferente a la de aquellos que no les importa castigar masivamente a culpables e inocentes por el simple hecho de vivir en una zona o que prefieren eliminar leyes y prácticas de control de los abusos para asegurar el sufrimiento máximo de lo detenidos.

La semana pasada quedó en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de El Salvador. Diecinueve muertes y daños en centros educativos, siembras, viviendas, carreteras y caminos vecinales son parte del problema de un país que trabaja muy poco en la prevención del desastre. Es cierto que se ha avanzado en la habilitación de centros de refugio, pero la vulnerabilidad climática reclama mucho más, en especial en las actuales circunstancias de calentamiento global, que ocasiona tanto tormentas más largas y prolongadas como sequías y calores difíciles de soportar. Si por algo se debe empezar es por facilitar viviendas dignas y seguras a la población, construidas en lugares adecuados, para así disminuir los riesgos de daños personales. El país tiene historial de tragedias por deslaves y corrimientos de tierra. Dos ejemplos. En 1982, hace 42 años, más de 500 personas murieron en la colonia Montebello y adyacentes al producirse un deslave en una de las laderas del volcán de San Salvador tras unas fuertes lluvias. En febrero de 2001, cerca de 500 personas murieron soterradas en la colonia Las Colinas a causa de un deslizamiento de tierra provocado por un terremoto. Con demasiada facilidad se otorgan permisos de construcción en zonas vulnerables. Y también mucha gente construye en terrenos riesgosos obligada por la marginación y la pobreza que sufre. Un plan nacional de vivienda digna y segura es urgente. Asimismo, resulta necesario que las escuelas estén en lugares accesibles y seguros. Que por las últimas lluvias 400 centros educativos hayan sufrido daños es un indicador de que muchos de los edificios destinados a recibir niños no tienen las condiciones adecuadas. Los tiempos que vienen serán duros para los países ubicados en los trópicos. El calentamiento global y la subida de los mares afectarán cada día más. Tener planes de prevención sólidos y políticas públicas en el campo de la vivienda y de la construcción en general, así como para la protección de la agricultura, es una deuda gubernamental desde hace tiempo. Esperar a que haya más tragedias para echarle la culpa a los fenómenos naturales es irresponsable. La sociedad salvadoreña debe aprender de sus errores y problemas, escuchar la voz de los que sufren, cambiar actitudes de pasividad y establecer compromisos serios y continuados de enfrentar las causas previsibles de la muerte y destrucción que pueden traer las lluvias. Trabajar sistemáticamente en la prevención es mucho más eficaz para el desarrollo inclusivo que hacer propaganda de progreso a base de ciudades imaginarias con nombres en inglés.

Por Rodolfo Cardenal, SJ Escuche aquí: Además de la guerra contra las pandillas, la más conocida y celebrada, y la guerra contra la corrupción que, meses después de anunciada, aún no arranca, Bukele libra otra guerra, sorda y cruel, contra los pobres. Su simple existencia es una molestia, porque obstaculizan su plan de reinventar el país. Este no contempla elevar su nivel de vida, una empresa demasiado compleja y lenta. Por eso, los invisibiliza, expulsándolos de los espacios públicos. Los pobres no tienen cabida en El Salvador del café, del surf y de los volcanes de Bukele. Las vendedoras ambulantes, los comerciantes informales, las artistas populares y los mendigos son expulsados por la fuerza de los centros de las ciudades y los escenarios turísticos sin ofrecerles una alternativa viable. La amenaza de desaparecer en las cárceles de la dictadura disuade cualquier intento de resistencia. La apuesta política de Bukele no incluye a la pobrería. Ignora que la estructura socioeconómica le ha negado durante décadas un empleo digno y bien remunerado. Arrinconada primero por el capitalismo neoliberal, que la lanzó a la calle, sin facilidades ni condiciones, ahora Bukele la descarta por indeseable. Los habitantes de su país viven seguros, cómodos y felices. Las intensas y prolongadas lluvias de estos días han puesto de manifiesto cuán limitado y parcial es su concepto de seguridad. La pobrería, que habita viviendas precarias, en las zonas bajas o al borde de barrancos, ríos y quebradas, está expuesta a la devastación causada por repetidos fenómenos naturales. Vive en riesgo permanente, no porque quiera, sino por no tener alternativa. Su vulnerabilidad tampoco es atribuible a la naturaleza, sino a un medioambiente depredado irresponsablemente. En lugar de detener su deterioro y de, en la medida de lo posible, ponerle remedio, Bukele sigue el ejemplo de los de siempre. Cuando llegan las crisis, emite alertas de seguridad, aun cuando sabe bien que no tiene capacidad de mitigar el impacto de la catástrofe natural ni de evitar la tragedia humana que la acompaña. Insensible y egoístamente, aprovecha la desgracia para mostrar a los damnificados una generosidad que no tiene. Si en realidad le importaran, haría todo lo que está a su alcance para prevenir el impacto de los fenómenos naturales. Abandonada a la miseria, la única posibilidad abierta para la pobrería es huir del país seguro y en vías de prosperidad de Bukele. En 2022, así lo hicieron más de 207,000 salvadoreños y, en 2023, más de 201,000, según los registros de la ONU. Probablemente, la cantidad real es bastante más alta. La gran mayoría presiona la frontera sur de Estados Unidos, muy a pesar de Washington. La inmigración es un tema muy polémico en la campaña electoral de ese país. El partido gobernante, en clara desventaja frente a la oposición, ha cerrado aún más sus fronteras para no ser menos que Trump, un feroz antiinmigrante. El Washington demócrata es así víctima, una vez más, de su contradictoria política exterior. Apoya la dictadura de Bukele y su violación sistemática de los derechos humanos, lo cual, a su vez, estimula la emigración. En lugar de buscar soluciones estructurales de mediano y largo plazo, que reducirían la presión en su frontera sur, prefiere el orden establecido por Bukele, a quien tiene en alta estima y halaga con donativos diversos, incluso militares. El prometido milagro económico tiene mucho de huida hacia adelante. Privilegia a los sectores afines al país inventado por la dictadura, mientras abandona a su suerte a la mayoría empobrecida y vulnerable. Otro sería el porvenir si lo que gasta en asesores internacionales que prometen el oro y el moro, en parques de atracciones para turistas y en aumentar el valor comercial de la marca Bukele lo empleara en prevención para reducir al mínimo la vulnerabilidad de las mayorías. Esto no sucederá. El milagro apunta en la dirección contraria. Los pobres son un lastre que ya ha soltado para concentrarse en sectores ricos y poderosos. La medicina milagrosa será mucho más amarga para aquellos. El milagro económico no ha sido pensado para procurar su bienestar, sino para atraer inversionistas en el sector financiero, turístico, inmobiliario y tecnológico avanzado. En cualquier caso, si lo consigue, el país será aún más dependiente del exterior, lo cual contradice el discurso libertario extremista de su médico. Uno de sus deseos es la desaparición de la pobrería, por hambre y enfermedad, o por emigración. Así, de paso, engrosa la fuente de remesas, tan cruciales para mantener a flote una economía en ruinas. En la práctica, ya la ha despojado de su ciudadanía. Probablemente, muchos empobrecidos y descartados votaron por la reelección y juraron beber el cáliz de la amargura con una sonrisa en los labios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero

Editorial UCA El derecho es indispensable para la vida en sociedad; de hecho, en las familias suele haber normas no escritas cuyo cumplimiento facilita la convivencia en armonía. Sin embargo, la práctica de algunos administradores de las leyes, jueces y abogados ha dado lugar a la conocida frase “hecha la ley, hecha la trampa”. En Centroamérica ha habido excelentes juristas, pero también los llamados “abogansters del dólar”: letrados de las compañías bananeras que hacían que las leyes dijeran lo que interesaba a sus patrones. Por algo se afirmaba en Honduras a inicios del siglo XX que era más barato un abogado que una buena mula. A lo largo de la historia centroamericana, los intereses privados de grupos poderosos han logrado con frecuencia arreglar y modificar normas y leyes a su antojo. Como resultado, los países del istmo, exceptuando Costa Rica, están a la cola del desarrollo en América Latina. No siempre fue así. Hace 200 años, en este mismo mes de junio, se firmó la primera Constitución centroamericana. En ella se declaró la abolición de la esclavitud, mucho antes que en muchos países europeos, antes que en Estados Unidos, México y otras naciones latinoamericanas. En aquel entonces, había claridad en que las leyes debían beneficiar a todos, especialmente en temas relativos a la dignidad humana. Fue un salvadoreño, el diputado y presbítero José Simeón Cañas, el que propuso la abolición de la esclavitud e incluso ofreció su salario de diputado para cubrir los costos de la implementación de la ley. Hoy en día, en El Salvador solo cabe sentir vergüenza al escuchar las respuestas que dan los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia frente a las preguntas de los diputados, en especial cuando las interrogantes versan sobre el régimen de excepción. La tendencia es a ignorar los abusos señalados en múltiples denuncias públicas y a aceptar los juicios masivos, a pesar de la imposibilidad práctica de asegurar la defensa efectiva de los acusados. Incluso personas que tienen o han tenido serias responsabilidades en la defensa de los derechos humanos no tienen problema en silenciar los abusos con tal de llegar al honor, la comodidad y el salario de un magistrado de la Corte. Los jueces deben ser lo suficientemente libres e independientes como para poder decidir si una ley de la Asamblea Legislativa se corresponde adecuadamente con los principios y normas constitucionales, pero lo que se observa en la práctica judicial actual es una degradación del derecho. Los jueces y magistrados, fuera de ajustar las decisiones y leyes políticas al derecho vigente, plegan el derecho a la voluntad del poder. De ahí que el país esté transitando hacia un régimen plenamente autoritario, justificado por un derecho que ha sido comprado mediante puestos que otorgan un salario elevado y honores cortesanos. “Vanidad de vanidades, y todo vanidad”, dice el Eclesiastés; una frase que casa perfecto a un mundo de abogados que prefieren olvidar los grandes valores inspiradores del derecho y de los derechos humanos.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, publicó en un informe del mes de Abril de este año una serie de datos sobre la desigualdad en nuestros países latinoamericanos. Va recorriendo diversos aspectos en los que la desigualdad se ceba. En el ingreso la desigualdad es grande entre quienes reciben más y quienes reciben menor ingreso, entre las zonas urbanas y el mundo rural y entre los hombres y las mujeres. Lo mismo pasa en el campo de las pensiones, de los jóvenes, de la educación, de la salud, de internet y del agua y el saneamiento. En todos estos aspectos la desigualdad afecta más a las mujeres y al sector rural. Aunque la desigualdad es grande entre quienes tienen más y quienes tienen menos, el informe refleja cómo esa misma desigualdad se agrava en el mundo de las mujeres respecto a los hombres y en el campesinado respecto a los trabajadores urbanos. Hace años se llevó a cabo en América Latina una encuesta sobre aversión a la desigualdad. Y resultó que en Centroamérica, exceptuando Costa Rica, era donde había menos aversión a la desigualdad. En otras palabras, que en nuestros países, con desigualdades tan sangrantes, con facilidad se aceptaba e incluso se naturalizaba la desigualdad. El problema es que la desigualdad, en la medida que es alta y no combatida, frena el desarrollo social e incluso económico. La desigualdad entre países invita a la migración. La desigualdad interna genera diferencias de clases sociales, olvido de la solidaridad y del bien común y falta de empatía ante los problemas de los empobrecidos. Más allá de la gravedad de los problemas que causaban las maras, llama la atención el poco impacto que tiene ente nosotros el dolor y el sufrimiento que ha causado el régimen de excepción a mucha gente, con sus detenciones indiscriminadas, a veces incluso determinadas por llamadas telefónicas anónimas. La indiferencia de los ricos y poderosos ante el sufrimiento de los pobres se traslada con demasiada facilidad a las mayorías. Y no vale la disculpa del miedo, porque si muchos hubiéramos expresado nuestra aversión a las injusticias cometidas, hace tiempo que se hubiera levantado el régimen de excepción. Pero la solidaridad, salvo honrosas excepciones, no parece la virtud fundamental del país, al menos en estos momentos. Y por eso mismo es responsabilidad de todas las instituciones que hablan de solidaridad, el multiplicar no solo los mensajes abstractos sobre la misma, sino concretar la solidaridad en denuncias de todo aquello que produce dolor injusto a las personas, tantas veces y de tantas formas diversas obligados a sufrir graves desigualdades. Los estudios sociológicos nos dicen que El Salvador está envejeciendo. En los próximos 30 años la población mayor de 60 años se duplicará: Un crecimiento de este sector etario mucho más rápido que el crecimiento de la población en general. Y aunque hay quejas sobre un sistema de pensiones que, en la actualidad, solo cubre aproximadamente a un 20% de las personas mayores de 60 años, no hay señales de que haya un esfuerzo serio de las instituciones y cuerpos políticos por pensar en el problema relativamente próximo de tener un millón y medio de salvadoreños adultos mayores sin pensión. La reducción drástica de la desigualdad es una responsabilidad grave. Tanto en el tema de las pensiones, como del ingreso monetario, de la vivienda y de las redes de protección social. Porque si no comenzamos ya a hacerlo, el futuro será cada vez más dramático y triste. Subir solamente el IVA, un impuesto regresivo y poco solidario, no será solución sino atraso. Es necesario pensar el conjunto del país y buscar soluciones en las que aporten más al desarrollo quienes tienen más. Acrecentar la solidaridad, insistir en ella, hacerla parte de nuestra cultura, es una labor de todos los días y no solo en los momentos de desastre.

En 2015, cuando Nayib Bukele fue alcalde de San Salvador, inició una nueva fase del recurrente proceso de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Sin embargo, en los últimos dos años, esos cambios han adquirido otro ritmo y profundidad: se ha desalojado a los vendedores ambulantes de calles y aceras, peatonalizado vías, construido el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes), abierto el Jardín de Centroamérica y remodelado el Palacio Nacional. Todas han sido acciones tan publicitadas como controversiales. No puede haber polémica respecto a la necesidad de una ciudad más amigable con los peatones, más limpia, más segura y con más espacios públicos para la convivencia ciudadana. Después de todo, la libre circulación, la salud, la seguridad y el descanso son derechos inalienables de la población. Pero cuestión aparte es la manera en que recientemente se ha intervenido esta área especial de San Salvador. El carácter singular del centro de la ciudad viene de ser “histórico”. Es así porque la actual San Salvador fue fundada en 1545 en el sitio de la plaza Libertad. Durante tres siglos, la ciudad estuvo contenida en unas 80 manzanas alrededor de ese punto. El Centro Histórico era la ciudad. De ahí que en este espacio se produjeron algunos de los acontecimientos más sobresalientes de la historia del país, los cuales son parte de la memoria colectiva de los salvadoreños. En el Centro perdura la cuadrícula urbana de calles, avenidas y plazas de origen colonial, y se agrupan algunas de las edificaciones más significativas de la ciudad: edificios públicos monumentales, templos y una diversidad de viviendas hechas de lámina, madera, bahareque y concreto que no se encuentran en otras ciudades de la región. Por estas y otras razones, el Centro posee carácter patrimonial, y es ese carácter el que en los últimos meses ha enfrentado bruscas intervenciones que merecen ser parte del debate público. En contraste con la celeridad con la que levantó y puso a funcionar el nuevo edificio de la Binaes, tomó 15 años construir el primer proyecto para una cooperativa de vivienda social en el antiguo predio que ocupó el Ministerio de Obras Públicas, sobre la 1ª. Avenida Sur. Por otra parte, en solo un mes, el mismo ministerio demolió la manzana al sur del Palacio Nacional y creó un nuevo vacío en la trama de la ciudad, que fue adornado con fuentes y flores. Mientras, al norte del Palacio, sobre media manzana de un espacio que antes era abierto, la Dirección de Obras Municipales construye a paso lento la llamada “plaza Universitaria”, donde proyecta instalar un carrusel y puestos de comida. Más contrastante es el caso del parque Bolívar, sobre la calle Rubén Darío, espacio público cerrado "por remodelación" desde hace años por la Alcaldía Municipal de San Salvador. En dicho parque se demolió su singular kiosco y se prevé cambiar de posición el monumento. Sin embargo, esta demoledora eficacia no ha llegado todavía a los edificios públicos y privados declarados con bandera roja después del terremoto de 1986, aunque se sabe que representan un peligro. El Palacio Nacional es un caso especial por ser el edificio público más emblemático del país y por haber sufrido alteraciones irreversibles en el marco de los actos del 1 de junio: se sustituyó el piso original y se pintó de blanco y dorado las paredes, columnas, barandales y puertas que dan hacia el patio interior. Al irrespetar un monumento nacional de gran valor patrimonial y que cuenta con protección legal, el Gobierno manda un muy mal mensaje a la sociedad. Hasta ahora, ni los profesionales responsables de esa intervención, ni las instancias oficiales encargadas de velar por su conservación han explicado los criterios ni el propósito de dicha operación. ¿Qué se puede esperar de estas mismas instancias ante futuras intervenciones sobre inmuebles patrimoniales más modestos o de propiedad privada? Las intervenciones en el Centro Histórico podrían intentarse justificar desde un supuesto afán de embellecimiento y revitalización, pero la belleza no es mera imagen superficial ni está reñida con el respeto a la integridad del patrimonio nacional. Es un contrasentido pretender darle nueva vida a un espacio de la ciudad destruyéndolo. Sin duda alguna, los salvadoreños tienen derecho a mejores espacios públicos y a un entorno urbano de calidad, pero también el deber de conservar su memoria y su cultura para sobre esa base enriquecer su historia. Convertir el centro de la ciudad en un parque de diversiones dirigido a turistas es una falta flagrante a ese deber.

El “rey filósofo” se reinventó como doctor milagros. Donde siete médicos ignorantes casi dejan morir al país-paciente, aquel, el médico sabio y bueno, lo curó de un cáncer terminal y así lo libró de una muerte segura. La sanación asombró al médico y al mundo. Este es el primero de muchos milagros. El médico anunció que seguirá ejerciendo sus poderes para sanar a su paciente de las otras enfermedades graves que lo afligen. Su secreto, aparte de una discutible intervención divina, es su pericia y la confianza del país-paciente que, sin vacilar, siguió sus indicaciones al pie de la letra. Es así como “El Salvador cambió para siempre” y “el mundo entero” puso sus ojos en él. La fábula del médico hacedor de milagros interpreta este primer éxito como el triunfo de las fuerzas “espirituales” sobre otras satánicas, que practicaban sacrificios humanos. La interpretación presenta hábilmente la dura realidad del autoritarismo y sus consecuencias humanas como una victoria celestial. La seguridad de unos, la violación de la dignidad de varias decenas de miles de criminales e inocentes, y el abandono y el sufrimiento de sus familiares serían obra divina. Sin embargo, el Dios de Jesús, que siempre se muestra compasivo y misericordioso con todos los pecadores, es irreconciliable con esa interpretación. No es más que una manipulación vulgar de la divinidad por parte de un médico que demanda la sumisión total de la ciudadanía a sus dictados. Obedecerlos es obedecer a Dios mismo, quien, a cambio, recompensa con milagros. Simple superstición. El médico, cual nuevo Moisés, conduce a un pueblo diezmado por enfermedades sin cuento hacia la sanación total. Pero como el pueblo suele ser inconstante y rebelde, quiso comprometerlo bajo juramento a acatar sus decisiones, sin quejarse y sin prestar atención a sus enemigos. Solo juraron los presentes y pocos más. El juramento, por tanto, no es universal. Tampoco definitivo. La observancia dependerá de la tolerancia del país-paciente a la amargura de la medicación. Los rigores del desierto sublevaron al pueblo de Israel contra Moisés, a pesar de la alianza del Sinaí. Los duces, los führers, los generalísimos y toda suerte de generales y comandantes estaban totalmente convencidos de su poder transformador y sus pueblos los veneraron hasta que el yugo que les impusieron se volvió insoportable. El paciente salvadoreño deberá aguardar mucho tiempo para disfrutar del siguiente milagro: la transformación de “la mala economía” actual en otra próspera. Y aún entonces, no está claro en qué medida se beneficiará de dicha prosperidad. El primer milagro se concretó en cinco años y no es completo. La única violencia contenida es la de las pandillas. Existen otras muchas violencias que el médico desecha, aun cuando sus víctimas sufren la acometida del agresor y el desprecio de quien debería protegerlas. Reactivar la economía es mucho más complejo que las redadas masivas en las que descansa el primer milagro. Además de complicado, intervienen variables que se escapan al control del médico. La coyuntura mundial no es favorable para ejecutar el segundo milagro. El retroceso de la globalización y la tendencia al proteccionismo cierran los mercados a las importaciones. La productividad, por elevada que sea, no tiene salida fácil. Y sin exportaciones valiosas, la recuperación tiene pocas posibilidades reales. El médico tiene razón al atribuir su primer milagro no tanto a sus tratamientos y recetas como a la complacencia de la mayoría de la población. La popularidad despejó el camino para suprimir sin contratiempo la institucionalidad democrática y lanzar la redada contra los pandilleros y su entorno. La idea ahora es conservar esa popularidad mientras consigue el siguiente milagro, lo cual es dudoso sin una mejora palpable del nivel de vida de las mayorías. La economía deprimida, los mercados protegidos y la improvisación no favorecen una salida rápida. Mientras tanto, la salud, la educación y la vivienda aguardan turno, porque el médico no tiene capacidad para atender varias enfermedades al mismo tiempo. Entretanto, los juramentados deben contentarse con ser la envidia de otras naciones por haber superado el cáncer terminal y sonreír al doctor milagros, sin escuchar los cantos de sirena de los embaucadores. No deben temer el retiro anticipado de su médico. Permanecerá en su puesto hasta que hayan recuperado completamente la salud, aun cuando adelantó que no habrá segunda reelección. Es una manera de hablar. Lo mismo dijo al comienzo del primer mandato, pero no tuvo dificultad en encontrar la manera de quedarse en el poder. La postergación de los milagros lo obligará a elevar las dosis de amargura. Entretanto, se encomienda a su dios y cuenta con la determinación, el aguante y la tolerancia de sus seguidores. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya la Organización Mundial de la Salud había advertido que la pandemia ocasionaría un decaimiento de la salud mental a escala planetaria. El Salvador no se ha librado de ello. La Encuesta Nacional de Salud Mental de 2022, del Ministerio de Salud, revela que el 10.3% de las personas adultas presenta signos significativos de estrés postraumático y 21% algún grado de depresión; el 22.4% de los adolescentes sufre estrés postraumático o angustia moderada. Además, cuatro de cada diez adolescentes presentan síntomas de trastorno de depresión mayor. La contra parte de esta realidad es el aumento de los suicidios. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan 800 mil personas en el mundo, es decir, una cada 40 segundos. Aunque los datos nacionales no son exactos, los números disponibles indican que los suicidios han aumentado en el país en los últimos años. En promedio se suicidan nueve personas a la semana; de cada 10 suicidios, en promedio ocho son de hombres y dos de mujeres. De acuerdo al Instituto de Medicina Legal, en el trienio 2020-2022 ocurrieron 1,500 suicidios. Solo el Movimiento de Trabajadores de la Policía ha contabilizado que desde 2012 más de medio centenar de agentes han muerto por mano propia. Diversos estudios coinciden en que los factores que más precipitan el suicidio son el alcoholismo y/o las drogas, los conflictos emocionales, la depresión, las enfermedades físicas o psiquiátricas, y los problemas económicos. También hay acuerdo en que las mujeres son más propensas a pensar en quitarse la vida, pero los hombres son los que más lo llevan a cabo y por métodos más violentos. En la mayor parte de los casos, las personas no buscan acabar con su vida, sino poner fin al sufrimiento. Es tal el grado de dolor que se experimenta que se llega a la conclusión de que el alivio más cercano y rápido es quitarse la vida. Sin embargo, el suicidio se puede prevenir si se trata a tiempo. Así como hay factores que precipitan al suicidio, también están los que disminuyen las probabilidades de cometerlo. La presencia de vínculos familiares y sociales positivos, una sana autoestima, tener hijos que cuidar, la fe y el acceso a recursos educativos, sanitarios, sociales y comunitarios disminuyen la propensión al suicidio. ¿Qué se está haciendo en el país para promover estos factores? ¿Se está preparando el sistema de salud pública para hacerle frente a esta emergencia? ¿Se cuenta con suficientes psicólogos y psiquiatras para atender la demanda de la población? Si esta dramática situación no interpela socialmente ni mueve a las autoridades, poca esperanza hay de un futuro más humano. Algo pasa con el país, y no huele bien. La ciudadanía se está acostumbrando demasiado a convivir con problemas que se podrían resolver de haber voluntad política. Así como se normalizó la guerra y la brutal violencia de las pandillas; ahora se está normalizando el miedo consustancial al régimen de excepción. ¿Lo mismo sucederá con los suicidios? Normalizarlos deshumaniza, orilla a las personas a pensar que el dolor y el sufrimiento son parte de la cotidianidad.

Jurar es una tradición antigua en la humanidad. Muchas de las grandes culturas tuvieron diversos modos de utilizar los juramentos como prueba de veracidad en sus compromisos o acciones. Hoy se sigue jurando, especialmente en el mundo político, poniendo la mano sobre la Constitución, sobre la Biblia, levantando una mano frente a la bandera o de otras maneras. Aunque en su conjunto los juramentos pueden ser buenos, se dan con frecuencia juramentos peligrosos. Jurar para mentir rebaja a quien lo hace. Juramentos de venganza no son cristianos. Todos sabemos los terribles resultados que tuvieron los juramentos de “obediencia incondicional” o de “obediencia hasta la muerte” que se le hicieron a Hitler en Alemania. Y así podríamos continuar relatando diversos juramentos de fidelidad a un régimen o a una persona que trajeron consecuencias desastrosas. Porque no es lo mismo jurar una Constitución que todo el mundo conoce, o un texto religioso, que jurar fidelidad a una persona y, al mismo tiempo, rechazar a quienes no sigan la voluntad del líder. En esta ocasión y en las pocas líneas de este artículo, conviene sentar criterio sobre el juramento que pronunció una buena cantidad de personas en la toma de posesión presidencial de nuestro país. Se juró defender incondicionalmente el proyecto de nación. Lamentablemente, dicho proyecto no lo conocemos. No hay un texto escrito que describa con claridad el proyecto de gobierno de Nuevas Ideas. Y muchas de las actividades y proyectos gubernamentales tienen reserva de información. Es difícil jurar y prometer la defensa de lo que no se conoce. Se jura seguir “al pie de la letra cada uno de los pasos”; el problema es que no hay letra. Y seguirlos, además, sin quejarse. Cualquier gobierno del mundo, por bien que lo haga, se puede equivocar. No quejarse es convertirse en cómplice de los errores. Quejarse, en cambio, es positivo, ayuda a reflexionar y a discernir lo que puede haber de justo en la queja o también lo que puede haber de erróneo. Escuchar quejas ayuda siempre a quienes gobiernan. Por otra parte, pedir sabiduría a Dios es bueno. Pero la sabiduría de Dios siempre termina diciéndonos que nos amemos los unos a los otros. Y no hace milagros a quienes no perdonan o no escuchan fraternalmente a los demás. Eso al menos lo afirma con mucha claridad la teología cristiana elemental. El juramento termina con la promesa de “nunca escuchar a los enemigos del pueblo”. Esta parte del juramento es la más peligrosa. Porque ¿quién decide quién es enemigo o amigo del pueblo? ¿El gobierno? Es cierto que todo delincuente daña al pueblo, sea corrupto de cuello blanco o criminal de mano ensangrentada. Pero incluso a ellos hay que escucharlos, al menos en el juicio, si se logra llevarlos hasta ese punto. ¿Harán esa parte del juramento los jueces cuando juzguen a novecientos presos de una vez? ¿Se convertirán los abogados defensores en enemigos del pueblo cuando defiendan a quienes no se debe escuchar? El juramento realizado durante la toma de posesión de la presidencia y vicepresidencia deja demasiadas preguntas abiertas. Es un juramento peligroso porque ofrece la posibilidad de olvidar que la obediencia a la propia conciencia es más importante que la obediencia a cualquier poder externo a la persona. Y porque abre, además, la posibilidad de dividir al país en buenos y malos, en amigos del pueblo y enemigos del pueblo, e impedir que florezca el necesario ambiente de amistad social, tan indispensable para el desarrollo humano y solidario. Un juramento así, al menos en la moral cristiana, no obliga a quien lo pronuncia. Por encima estará siempre la conciencia, que obliga en cada caso a discernir entre lo bueno y lo malo.

La “medicina amarga”, mencionada en el discurso de toma de posesión de Nayib Bukele, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por tratarse de una segunda dosis medicinal. En esta ocasión, según filtraciones, serán los mayoritarios sectores populares los que tendrán que soportar la quinina amarga aplicada a la economía. Desde hace tiempo, diversas instancias internacionales han recomendado aumentar el IVA, un impuesto que golpea más a quien menos tiene. En este sentido, incrementarlo sería una medicina amarga para gran parte de la población, pues más del 50% se encuentra en situación de pobreza o corre el riesgo de caer en ella a raíz de una contingencia o desgracia fortuita. Sin embargo, hay remedios alternativos a la subida del IVA. Uno de ellos es el impuesto sobre la renta. Al revés del IVA, que lo pagan todos por igual y que, por ello, golpea más a quienes tienen menos ingresos, el impuesto sobre la renta grava especialmente a los que tienen más ingresos. En los países desarrollados, se recauda más dinero con el impuesto sobre la renta que con el IVA, pero en El Salvador el Estado recoge con el IVA más del doble que con el impuesto sobre la renta. En otras palabras, en el país los ricos contribuyen a la hacienda pública, en proporción a sus ingresos, con menos dinero que los pobres y vulnerables. Con una subida de la renta se posibilitaría mejorar los sistemas públicos de educación, salud, apoyo a vivienda y pensiones, convirtiéndolos en una especie de salario social universal que compensara los bajos salarios. Otra alternativa es crear el impuesto predial, de modo que lo paguen quienes posean una casa de habitación o de descanso de más de 80 metros cuadrados de espacio habitable. Incluso podrían establecerse tramos, para que así el porcentaje del impuesto fuese mayor en función del tamaño de la propiedad; por ejemplo, el porcentaje sería mayor para una casa de 200 metros cuadrados que para una de 85. Esta sería una medicina interesante para la economía en caso de que se quisiese ser justo y respetar a los pobres. Y un tercer remedio es el impuesto al patrimonio privado. Puesto que prácticamente todos los grandes patrimonios privados se construyen, directa o indirectamente, a través del trabajo de muchas otras personas, implementar este tributo sería un acto de justicia. Las recetas del Ejecutivo y de su obediente Asamblea Legislativa podrían dar un descanso a las mayorías pobres y vulnerables aplicando un remedio que no les sea amargo. Por lo general, las élites presionan a las autoridades para echar por tierra cualquier medida que toque sus privilegios y patrimonio. Pero frente al aumento al IVA, una medicina amarga que recortará salarios de por sí insuficientes para cubrir las necesidades básicas, merece la pena probar acciones como las propuestas, que no harían pasar hambre a nadie.

La sociedad actual, salvo excepciones aisladas y cada vez más escasas, no se organiza teniendo como centro al ser humano, sino lo que dictan las leyes del mercado. Gradualmente, la autonomía de los Estados nacionales ha ido cediendo frente al mercado, frente al “dios mercado”, como lo llamó Zygmun Bauman. El mercado manda. No es el agricultor que cosecha maíz, frijol o café el que fija el valor económico de su esfuerzo, sino el juego de la oferta y la demanda; la misma dinámica que premia con ganancias o castiga con pérdidas a quienes especulan con criptoactivos o productos bursátiles. Los criterios del mercado permiten justificar y librar de culpas a los que pagan salarios de explotación en jornadas laborales “flexibles”, y también ocultan que los más ricos son los ganadores de siempre. Las instituciones educativas no escapan a esta realidad. En particular, las instituciones de educación superior están siendo permeadas gradualmente por la lógica del mercado, que ha implantado la idea de que la educación es una mercancía, no un derecho. Así, muchas universidades han perdido su naturaleza de oferentes de un bien público para reconocerse a sí mismas como empresas, parte de la “industria educativa”. Desde esa óptica, el estudiantado pasa a ser considerado y tratado como cliente. Una de las consecuencias más perniciosas de esta lógica es que lleva a que los Gobiernos se desentiendan de sus responsabilidades con las universidades y se extienda la creencia de que la educación, como la salud, a más cara, mejor. Para el neoliberalismo, la educación es un negocio como cualquier otro y los individuos (que es la única figura que cuenta) deben tener la libertad de elegir entre las opciones que brinda el mercado. Por tanto, el Estado debe abandonar su papel activo en la educación y dejar esta labor a la iniciativa privada. Más mercado y menos Estado, y para eso es menester que la educación deje de ser un servicio público, gratuito y universal. Quienes no pueden pagar deben resignarse a abandonar sus estudios, esperar un cupo en las instituciones públicas o adquirir deudas para costear la carrera profesional. Algo esencial en esta lógica de mercado es la imposición del lenguaje gerencial. Términos como “competitividad”, “eficiencia” y “eficacia” tienen su origen en el pensamiento económico liberal o neoliberal. Dos ejemplos para ilustrar. La eficiencia es alcanzar, en el menor tiempo posible y con el mínimo de recursos, el resultado planificado. Una fábrica de automóviles es más eficiente si pasa de producir un vehículo a la semana con el trabajo de 10 personas a elaborar seis con seis empleados. Por otro lado, la eficacia consiste en alcanzar una meta, por lo que importa más el resultado, el logro, que el camino o el método que se utiliza. Estos términos se usan hoy en educación. Los resultados educativos se ponderan con índices de aprobación y reprobación, de graduados y deserción, la mayoría de las veces sin profundizar en el nivel de asimilación de los contenidos ni el contexto socioeconómico del estudiantado. Por otra parte, cada vez más centros de educación superior se ven orillados a decidir qué carreras ofrecer en base a las demandas del mercado, que no siempre coinciden con las necesidades de un país. Por ello, crece el número de carreras técnicas, pero no las humanísticas. En naciones con problemas estructurales y crónicos, desentenderse de la educación es condenar a las futuras generaciones a heredar precariedad. Recuperar o replantear el carácter de compromiso social de la educación universitaria es urgente. El padre general de los jesuitas Peter Hans Kolvenbach dijo que el auténtico criterio para evaluar a las universidades no es lo que los estudiantes hacen, sino lo que acaban siendo y la responsabilidad adulta con la cual trabajan en el futuro a favor de los demás. En la misma línea, Ignacio Ellacuría afirmó que la eficacia de una universidad debe medirse por su capacidad de contribuir, a través del conocimiento, la investigación y la proyección social, a un cambio social que favorezca a la mayoría de la población. Por supuesto, estos no son criterios del mercado, pero apuntan a que la educación cumpla su verdadero propósito, allende de infografías y éxitos individuales.

Perjurio deliberado y público, porque ninguno de los dos funcionarios del Ejecutivo juramentados el 1 de junio tiene intención de cumplir la Constitución, tal como prometieron. Es cínico hacer un juramento sabiendo bien que se lo violenta en el mismo acto de prometer solemnemente observarlo. Todos sus invitados también lo sabían. Algunos de ellos tienen en su haber sendos discursos en defensa de la democracia, la ley y los derechos humanos. Aun así, todos se prestaron a legitimar un acto, en sí mismo, ilegal e inmoral. El éxito transformó la ilegalidad y la inmoralidad en legalidad y moralidad, y su celebración en una feria de vanidades. Las falsedades que jalonaron el discurso de Bukele volvieron frívolas sus reiteradas invocaciones al nombre del Dios. La seguridad actual no es ningún milagro, sino obra de una represión indiscriminada, brutal e inhumana. Tampoco ha sido el médico lúcido que ahora dice ser. En los tres primeros años constitucionales trató a las pandillas igual que sus antecesores: negoció secretamente con ellas desde que fue alcalde y así consiguió ingreso en sus territorios, votos y reducción de los homicidios. Pero el acuerdo no duró. Explotó intempestivamente, a comienzos de 2022. Desairado, frustrado y encolerizado, lanzó una feroz represión contra los pandilleros y los sectores populares donde operaban. Así consiguió el resultado que ahora presenta como “milagro”. La invocación de la intervención divina oculta el inconmensurable sufrimiento humano ocasionado por ese presunto milagro. La otra cara de la seguridad actual es la ferocidad de un régimen que atropella la dignidad humana. El Dios de Jesús no hace esa clase de “milagros”. La fuerza destructiva no es lo suyo, sino el perdón incondicional, el amor y la libertad. Creó a la humanidad libre, incluso para pecar. Y fue consecuente con su decisión, hasta el extremo de dejar a su Hijo querido en manos de sus asesinos. La libertad conlleva ese riesgo, uno que Bukele no se atreve a asumir, porque solo desea esclavos sumisos. Si alguna razón hay para el asombro es el haber contenido inesperadamente a las pandillas. La inexistencia de un plan bien pensado no justifica atribuir su éxito a un milagro. El resultado es simple casualidad. No hay tampoco ningún plan para fabricar el anunciado “milagro económico”. Bukele solo sabe que las cuentas no le cuadran, que la pobreza extrema es cada vez mayor y que las deudas con los inversionistas, los jubilados y los proveedores se le acumulan. Una cosa es cierta, no habrá ninguna intervención divina extraordinaria. El Dios Creador entregó a la humanidad la responsabilidad de conservar su creación y a sus habitantes. Le duele la muerte del justo, pero respeta la libertad entregada. No obstante, Él se ha reservado la última palabra. Bukele utilizará el mismo método que en la seguridad: probar y adoptar aquello que le funcione, sin considerar el costo para las mayorías. De hecho, ya se los advirtió. Muy probablemente les impondrá cargas mucho más pesadas. Impuestos regresivos más altos, supresión de los subsidios y pensiones todavía más exiguas. Eso sí, el “milagro económico” no ocurrirá con menoscabo de los lucrativos negocios de su familia y sus allegados, sino de las mayorías empobrecidas y vulnerables. La advertencia la dirigió a ellas, no a sus invitados al Palacio Nacional y a los festejos posteriores. La dictadura no escatimó gastos en la puesta en escena de su inauguración. El paseo triunfal sobre largas alfombras rojas por las dependencias de un palacio remozado, embanderado y enflorado; el despliegue de dorados en los herrajes y los capiteles; la guardia de capas negras con forro azul estilo nazi o dictadura chilena; y la chaqueta de corte napoleónico con aplicaciones doradas en el cuello alto y las mangas exhibieron una riqueza inexistente y un poder cada vez más frágil. Los fastuosos aires imperiales de la inauguración anuncian más decadencia que novedad. La ayuda y la sabiduría de Dios, reiteradamente invocadas por Bukele en su primera comparecencia como dictador, cayeron en el vacío, según la lógica religiosa del pastor argentino. Prometió múltiples y abundantes bendiciones a quienes cumplieran la ley de Dios, una ley que ya había sido violada por partida doble. Bukele no piensa cumplir la Constitución ni procurar el bienestar del pueblo salvadoreño, sino el suyo propio y el de sus hermanos. Al mentir, usó también el nombre de Dios en vano, por quien juró lo que no cumplirá. Jesús fue aún más lejos, al pedir no jurar por nada y al agregar que todo lo que se diga más allá del sí y del no viene del Maligno. Este primer pecado pone en entredicho las innumerables bendiciones prometidas por el pastor argentino. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 1 de junio, Nayib Bukele se convirtió en el primer mandatario inconstitucional de El Salvador después de la firma de los Acuerdos de Paz. Y recurrió a un escenario ostentoso para legitimar su segunda investidura: un palacio, banderas, simbología castrense y una voz en off que repetía sin cesar que se convertía en el “presidente constitucional de la República”. En su discurso, Bukele confirmó su desapego por el Estado de derecho y su falta de compromiso con los principios fundamentales de la democracia. Reconoció que domesticó a las instituciones que ejercían un contrapeso y que, según él, impedían alcanzar los deseos de la gente: “El 1 de mayo de 2021 quitamos al fiscal general anterior y quitamos a los magistrados de la Sala Constitucional anteriores y en menos de un año, el 1 de mayo de 2022, ya éramos el país más seguro de toda la región”. Bajo el argumento de que “el gran pueblo salvadoreño” confió en él y lo prefirió “en tres elecciones distintas,” justificó los mecanismos utilizados para perpetuarse en el poder. El acto de toma de posesión fue diseñado con el objetivo de acentuar la relación directa con sus simpatizantes y ensalzar su figura como el principal artífice de los cambios realizados. Ni sus diputados, ni sus funcionarios, ni su partido tuvieron presencia discursiva; todo se redujo a una apología a su persona como sanador de la enfermedad de la inseguridad, como el único capaz de resolver los problemas del país. En esa línea, estableció los ingredientes para mejorar la economía: “Uno, la guía de Dios; dos, el trabajo incansable del Gobierno; y tres, que el pueblo vuelva a defender a capa y espada cada una de las decisiones que se tomen”. Su reelección inconstitucional fue presentada como la voluntad de Dios, quien lo ha guiado durante su mandato. El discurso religioso se manifestó en las alusiones a la Biblia y en su autoproclamación como líder mesiánico destinado a cumplir una gran misión que solo merece apoyo y aplauso. Por otra parte, se aseguró de hacer patente el poder del ejército: bajo la lógica de un desfile militar de independencia, desplegó simbología castrense a través de marchas sincronizadas, uniformes ostentosos y exhibición de armamento. De ese modo, reforzó el vínculo entre lo militar y lo civil, enfatizando su rol de comandante de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas. Al referirse a los resultados de su gestión en materia de seguridad, Bukele calificó como “burocracia” el apego a las reglas y procedimientos que las autoridades deben seguir para respetar los derechos de la ciudadanía en un proceso legal. Y redujo a los ciudadanos a súbditos, cuyo rol es obedecerle y apoyarle sin cuestionamientos. Por ello, al final de su discurso, pidió a los asistentes hacer un juramento de fidelidad absoluta, que incluyó la exigencia de “nunca escuchar a los enemigos del pueblo”. En definitiva, el acto de investidura marcó el inicio de “un cambio de paradigma”; uno en el que la democracia es un estorbo; el culto a una persona, la religión oficial; y la ignorancia de la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y sobre las apuestas concretas del Gobierno en materia económica y de seguridad social, una constante necesaria. Un paradigma en el que el país y la historia nacional empiezan y acabarán con Nayib Bukele.

Vivimos tiempos complejos. El nuevo presidente, que es el mismo del quinquenio anterior, ha pedido seguir y apoyar al pie de la letra los pasos que dé el gobierno hacia el desarrollo, aunque para ello haya que tragar medicina amarga. Una petición que en el pasado han usado líderes de otros países en tiempo de guerra o de catástrofe nacional. Aunque la lucha contra la desigualdad y la pobreza requiere sacrificio, está por ver si esa será la lucha fundamental del nuevo gobierno. Para tener confianza en ese camino el gobierno actual debe corregir algunos problemas que pueden frustrar los intentos de un desarrollo equitativo y solidario. Porque el desarrollo de unos a costa del sacrificio de muchos, que es el esquema que se siguió en la colonia y que ha continuado como dominante en El Salvador prácticamente desde la independencia, no es el camino que lleve ni al desarrollo, ni a la convivencia pacífica, ni a la amistad social. Ese esquema desigual a corregir se da en el régimen de excepción cuando se trata de superar la violencia dañando con violencia también a un buen grupo de personas inocentes. El nuevo gobierno, después de haber controlado básicamente la violencia, tiene la oportunidad de mantener la paz social apoyándose en las instituciones sin necesidad ya de una ley y un modo de proceder que restringe exageradamente derechos básicos y que ha abusado del poder en perjuicio de gente pobre. Aprovechar la situación de tranquilidad para fortalecer las instituciones encargadas de velar por la seguridad ciudadana y no renovar las medidas del régimen sería una buena medida. Abrirse más al diálogo y no ver la crítica como un acto de enemistad sino como una oportunidad de discernimiento, es también la mejor manera de posibilitar un camino de desarrollo social en el que la colaboración sustituya al modelo autoritario. En su discurso de toma de posesión el a la vez nuevo y antiguo presidente habló con entusiasmo de la libertad. Bueno sería en ese sentido dar garantía de libertad de expresión, especialmente a los periodistas. Algunos de ellos, a causa de diferentes amenazas, muchas de ellas en las redes, han acudido al autodestierro. Aunque la libertad de expresión sigue siendo una realidad vigente en El Salvador, es cierto que las amenazas e insultos en las redes la opacan. No es buena señal que algunos periodistas tengan que optar por un “autodestierro” no querido. En Nicaragua, en donde el gobierno se ha convertido en una verdadera dictadura, no solo hay desterrados y desnacionalizados por el delito de tener opinión propia, sino también muchas personas que han optado por el autodestierro. Aunque nuestra situación es diferente a la de Nicaragua, es necesario garantizar con mayor fuerza y eficacia la libertad de expresión y la capacidad de dialogar ante la diferencia de opiniones en vez de recurrir a la amenaza. Y finalmente el otro tema que se debe corregir es la problemática que sufre nuestra gente en el campo de la economía, el punto más débil del quinquenio pasado en las encuestas. Nuestro país ha sufrido durante doscientos años una economía diseñada para favorecer a los que tienen más y repartir pequeñas migajas a las que solemos llamar las mayorías populares. El presidente ha prometido medicina amarga en este campo. Ojalá esa medicina no sea la medicina de siempre. Creeríamos en ello si viéramos una reforma fiscal que grave más a quienes tienen más y corrija la desigualdad impositiva actual entre el IVA que pagamos todos y el impuesto sobre la renta en el que deben pagar más quienes tienen más. En ese campo hay mucho que hacer. Las redes de protección social, tan débiles, tan desiguales y tan poco universales en El Salvador, es otro tema a corregir y mejorar. En este campo de la economía la gran mayoría necesita que la situación mejore. Ojalá confiemos más en el diálogo que en soluciones iluminadas desde pequeños grupos, interesados desmedidamente en el enriquecimiento de los más ricos.

El sábado pasado Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, tras un proceso de reelección que violenta la Constitución, unas elecciones con un alto abstencionismo y un apoyo muy mayoritario entre quienes votaron. En su discurso de toma de posesión insistió en sus logros, especialmente en el de la seguridad, y acudió, una vez más, a un mensaje sobre la nueva era que se abre para El Salvador, en contraste con un pasado lleno de errores. Señaló también el reconocimiento internacional, así como el apoyo del pueblo salvadoreño, que él considera prácticamente unánime. Atribuyó a Dios sus éxitos y se comprometió a trabajar en el campo de la economía, la cual, según las encuestas de opinión pública, concentra las preocupaciones ciudadanas. Como en tantos otros discursos de toma de posesión, las promesas de un futuro feliz fueron abundantes, incluso habló de nuevos milagros por venir. Y por supuesto, no hubo autocrítica ni rendición de cuentas. La experiencia de los primeros cinco años lleva a esperar un régimen de propaganda intenso y algunas obras que puedan presentarse como éxitos espectaculares. El régimen de excepción probablemente continuará y seguirá pesando como una amenaza frente a cualquier crítica. Y dado el mesianismo que se observa en el discurso de Bukele, es fácil suponer que la línea autoritaria y cerrada al diálogo seguirá dominando el estilo de gestión. Las referencias a aplicar medicina amarga en la economía despiertan el temor de que se adopten medidas económicas neoliberales que aumenten la miseria y la desigualdad. En contraste, en su oración en el acto de toma de posesión, el arzobispo de San Salvador insistió en la necesidad de fortalecer las redes de protección social; atender desde ellas a los sectores más vulnerables, incluidos los campesinos y los pueblos indígenas; y luchar contra la impunidad y contra todas las formas de violencia. Se pronunció a favor de que la economía del capital sea superada por una economía al servicio de la persona humana y pidió una justicia sin acepción de personas. En la línea del arzobispo, la población debe insistir en una reforma fiscal que ponga el mayor peso de la recaudación en los sectores de mayores ingresos, sin recurrir solamente, como han hecho todos los Gobiernos de la posguerra, al IVA y a los tributos que golpean con más fuerza a la población empobrecida. La salud, la educación y las pensiones deben convertirse en redes de protección social eficientes y universales. Y la seguridad ciudadana debe dejar de depender del régimen de excepción y pasar a manos de instituciones que no necesiten eliminar derechos básicos para perseguir y controlar la criminalidad. Aceptar sin quejarse todas las acciones del Gobierno es un mal consejo y una peor decisión. Más bien lo que se requiere es diálogo con quienes piensan distinto, pues el desarrollo humano pasa por la colaboración de todos. La idea de convertir a El Salvador en un país de porristas tiene nada de proyecto de nación y demasiado de pesadilla.

La reinvención del país dirigida por Bukele arrasa con todo aquello que no contribuye a que el mandatario brille en solitario. Solo él puede ocupar el escenario nacional, un derecho de exclusividad apropiado arbitrariamente. El monopolio incluye la historia nacional, que comienza con su presencia en la vida política. La historia anterior es despreciable comparada con la actual. De ahí la aversión a los acuerdos de 1992 y sus protagonistas, y a la memoria histórica de comunidades martirizadas durante la guerra como la de El Mozote. La reinvención intenta despojar a los sobrevivientes de su memoria e imponer una versión edulcorada muy a gusto de la dictadura. Los procesos judiciales abiertos están estancados, ya que la guerra y sus víctimas son simple farsa. La única verdad admitida es la de Bukele. La animadversión ante el pasado tiene mucho de envidia. La vorágine reinventora se llevó por delante el piso centenario del Palacio Nacional, que terminó en un botadero a cielo abierto, en una de las quebradas que atraviesan la zona metropolitana, donde se acumula basura de toda clase. La dictadura se ha apropiado y ha resignificado este edificio emblemático y el centro histórico de la capital, en su afán por erradicar las huellas más destacadas del pasado nacional y reemplazarlas con contenido creado por Bukele y los suyos. Los fascismos erigen monumentos gigantescos que hablan de la grandeza de su dictador. A pesar de su gigantismo, esas estructuras tienen la misma vida que este y se convierten en vestigios de un pasado vergonzoso. La versión salvadoreña de ese fascismo aspira a despojar al pueblo de su identidad para sustituirla por otra creada por Bukele y los venezolanos. La empresa es atrevida y arriesgada. Otros ya han transitado por esas veredas sin conseguirlo. El poder colonial derrotó militarmente a los pueblos originarios de la región, los conquistó económica, social y políticamente, pero nunca pudo apoderarse de su conciencia. Los conquistados nunca estuvieron dispuestos a entregarla. Sabían que en ella estaba en juego no solo su libertad, sino también su vida y su identidad. Por eso resistieron hasta el final. Detrás de las incontables rebeliones de la época se encuentra esa conciencia, cuya libertad posee un componente rebelde. El colonizador se valió de todos los medios a su alcance para avasallarla, sin lograrlo. La oligarquía terrateniente y agroexportadora, el ejército y el catolicismo tradicional contaron con la conciencia popular para imponer su poder explotador y opresor, el cual revistieron de voluntad divina. Pidieron resignación y paciencia a cambio de premios eternos. En la década de 1960 comenzó a emerger una nueva conciencia, convencida de que esa realidad no era voluntad divina. La manipulación del sentir y del pensar popular habían llegado a su fin. La nueva conciencia se expandió, se organizó y luchó por su derecho a la vida, la libertad y la dignidad. Liberada de su ceguera, esa conciencia popular amenazó la estabilidad del orden oligárquico y militar, que reaccionó con la represión y el terror. La dictadura se apresta a dar el último paso para consolidar su poder total. Aspira a apropiarse de la identidad y la conciencia nacional. Sin este paso, su conquista no es completa. Los avances conseguidos no son despreciables, pero su hegemonía está lejos de ser absoluta. La identidad y la conciencia nacional resisten en sectores sociales cada vez más amplios, víctimas de los desafueros del régimen impuesto por los hermanos Bukele. La ambición de poder, de riqueza y de supremacía empuja imprudentemente hasta límites peligrosos para su estabilidad. En la misma medida en que aumenta su voracidad, estrechan sus posibilidades. La quiebra de una cooperativa aliada, que financiaba algunas de sus actividades, es el último eslabón de una larga cadena de desmanes. El poder tiene la virtud de nublar el entendimiento de sus devotos, mientras que la falta de respuesta entibia el fervor de los seguidores. Los fascismos y los populismos se derrumban víctimas de sus propias carencias e incompetencias. Sus restos están destinados al basurero de la historia. Entonces, los desencantados se sorprenden de cómo pudieron ser tan ingenuos e insensatos. El orgullo y la prepotencia de los incondicionales son sustituidas por la vergüenza. Suelen excusarse a sí mismos diciendo que no sabían, que cumplían órdenes, que no tenían opciones. Es la experiencia populista y fascista. La adversidad despierta la conciencia popular. Es el revulsivo más eficaz contra los encantamientos de los regímenes dictatoriales. La acumulación de promesas incumplidas es inapelable. La enajenación de la conciencia popular nunca se consuma totalmente, porque es constitutivamente libre y rebelde. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El dictado está acompañado de un aura de infalibilidad. El dictador está convencido de ser infalible, y el reducido círculo de asesores y expertos en marketing que lo rodea ratifica constantemente esa convicción. El convencimiento está tan profundamente arraigado que ignora la realidad, porque se le presenta como una amenaza para su identidad más profunda. De ahí que se quede con la parte que se ajusta a su punto de vista e ignore, tergiverse o falsee la que lo cuestiona. A veces, no le queda más remedio que sacarse de la manga un distractor. Los funcionarios confiesan la misma creencia. De hecho, solo actúan por órdenes específicas del infalible. Hace poco, los comunicadores presidenciales impidieron que el funcionario a cargo de la integración social respondiera una pregunta sobre el impacto del régimen de excepción en su proyecto de ferias, espectáculos y entretenimientos populares. El vacío creado por la ausencia de institucionalidad es llenado a medias por los dictados presidenciales. Las primorosas producciones audiovisuales de Casa Presidencial contribuyen a ello, al proyectar unos logros que, en el mejor de los casos, aún están en sus comienzos. Presentan “el hágase” presidencial como “hecho” y el “a sus órdenes, señor presidente” como “misión cumplida”. Sin embargo, los dictados presidenciales no abarcan la totalidad del Estado, demasiado complejo para su visión simplista y abstrusa de la realidad. La impotencia y la apatía se traducen en incompetencia y, en definitiva, en caos administrativo. La situación actual de las alcaldías redimensionadas o las innumerables obras de infraestructura empezadas y abandonadas sin acabar ilustran la torpeza presidencial. El dictador necesita sentirse apreciado, admirado y amado. El 1 de junio se sumergirá en un mar de aclamaciones y elogios. No tanto porque la vida de las mayorías sea bastante mejor hasta el punto de reducir su emigración, sino por su capacidad para la escenografía, la cual hace las delicias de sus devotos. Él, a su vez, les corresponde con repetidas declaraciones de entrega y amor. Sus seguidores desean ansiosamente ser parte de esa transacción amorosa, porque tienen insatisfechas sus propias necesidades de reconocimiento y afirmación. Ansían pertenecer a algo o ser parte de algo grandioso, nunca antes visto. Por eso, no renuncian a su devoción, aun cuando saben que el personaje idolatrado no es perfecto. Le creen aun sabiendo que les miente, porque no están dispuestos a renunciar a su vínculo de dependencia y a flotar en el vacío. Por tanto, lo exoneran de toda responsabilidad. Bukele es incapaz de dañarlos. No dudan de su compromiso y su entrega. Los malos son los soldados, los policías y los funcionarios que abusan a sus espaldas. Si estuviera al tanto de sus maldades, ya los habría sancionado severamente. A veces, incluso quienes tienen familiares detenidos en las cárceles tienden a disculparlo. Algunos se contentan con señalar a soldados y policías ingratos. Otros se conforman resignadamente con aceptar su suerte por un teórico bien superior. Y otros aguardan la justicia divina. La mutua dependencia de Bukele y sus seguidores constituye la fuerza política más poderosa del país, pese a que esa dependencia es muy desigual. Los incondicionales no se encuentran en el mismo nivel que el objeto de su adoración. Bukele está muy por encima y muy distante de ellos. Tampoco es tan cool como aparenta. Las peticiones de auxilio, algunas desesperadas, chocan contra una especie de tótem, mudo, inexpresivo e impasible. Sus colaboradores más cercanos aseguran que si lo cuestionan, se irrita, monta en cólera y arremete impulsivamente contra los inconformes. Incluso en la intimidad es infalible. La voluntad presidencial no admite discusión alguna. Es un dictum para ser acatado y obedecido, so pena de atenerse a las consecuencias. No obstante, la convicción de ser infalible no es suficiente. Si la opinión pública los rechaza o los desprecia, esos dictados presuntamente verdaderos flotan en el aire. La abstención en las dos elecciones recién pasadas puso de manifiesto el límite de la infalibilidad presidencial. La ausencia de una dirección lúcida no proporciona materia para la infalibilidad. No hay propuesta, sino reacción improvisada a las coyunturas, la cual no considera la disponibilidad de recursos, la capacidad de ejecución y las consecuencias del incumplimiento. El dictador cuenta con la fidelidad de sus amantes y a estos, de momento, les basta con ser parte de sus delirios de grandeza, sin importar que se hundan en la precariedad. La entrega incondicional al proyecto presidencial ha trastornado el sentido común y la intuición popular, tan aguda para detectar las imposturas. Pero no todo está perdido. La creciente dificultad para sobrevivir y la generalización de los escándalos de la corrupción amenazan la credibilidad de la dictadura. La infalibilidad no da para tanto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Desde hace ya un tiempo, la situación económica es percibida por la mayoría de la población como el principal problema familiar y del país. 73 de cada 100 salvadoreños así lo expresaron en la encuesta hecha por el Iudop después de las elecciones de este año. De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2023, la pobreza y los pobres han crecido en los últimos cinco años, alcanzando su nivel más alto desde 2018. Casi dos millones de compatriotas viven en pobreza (relativa o extrema). La economía nacional falla. Y falla porque fallan los gobernantes y la ciudadanía. Históricamente se han atendido más los derechos civiles y políticos, descuidando los económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales y la participación activa en la vida política y social. Así, son civiles los derechos a la vida, a la integridad física y mental, a la libertad, a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de expresión y de opinión, por citar algunos. Y son derechos políticos el derecho al voto, a postularse a cargos de elección popular o a participar en los asuntos públicos del país. Los derechos económicos, sociales y culturales, en cambio, hacen posible que las personas gocen de un nivel de vida adecuado, están directamente relacionados con la satisfacción de las necesidades básicas para vivir con dignidad. Algunos derechos de esta categoría son el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la cultura y a la seguridad social. El cumplimiento de la gran mayoría de estos derechos requiere de recursos económicos y de la voluntad política de los gobernantes. Hasta la fecha, los sucesivos Gobiernos del país han destinado muy pocos recursos al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Se paga, por ejemplo, una suma millonaria a empresas tecnológicas para el conteo de votos y se deja de invertir en viviendas accesibles para la población. Se destinan ingentes recursos para cárceles, mientras la calidad de la educación se hunde. Por otra parte, la ciudadanía no ha asimilado que la satisfacción de las necesidades para llevar una vida digna es uno de sus derechos. Por ello, a excepción del derecho al agua, el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales no es motivo de protesta cívica. Es poco probable que la gente proteste por la destrucción del patrimonio nacional, porque el salario no le alcanza, porque no tiene una vivienda decente. El problema de fondo es cómo se ha organizado la economía. Las autoridades trabajan más por cumplir las exigencias y expectativas de las instituciones financieras internacionales y las calificadoras de riesgo que por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Hasta hoy, solo se han aplicado modelos de crecimiento económico, pero El Salvador nunca ha tenido una estrategia de desarrollo pensada para beneficio de la mayoría de la población. A la larga, el descuido de los derechos económicos, sociales y culturales atenta contra la estabilidad y la gobernanza de los países. Por sí mismo, el crecimiento económico no lleva a la superación de las injusticias estructurales; en el país más bien ha aumentado la desigualdad. Si los derechos humanos no están en el centro y a la base de las políticas públicas, lo que se está calentando es una olla llena de combustible.

Por llevar su nombre, es lógico que en el aeropuerto del país hubiera referencias ornamentales en honor a Óscar Arnulfo Romero. Pero recientemente se supo que, sin mediar explicaciones, fue removido un mural dedicado a monseñor en uno de los pasillos centrales de la terminal. En su lugar aparece un diseño institucional con la siguiente frase turístico-propagandística: “Bienvenidos a la tierra del surf, de los volcanes y del café”. En un país en el que diversas autoridades públicas no tienen reparo en denigrar partes de la historia nacional, surge la preocupación de si se quiere borrar a nuestro santo de la memoria colectiva. Si bien el Estado es laico, monseñor Romero trasciende la dualidad laico-religioso, como lo demuestra el hecho de que Naciones Unidas designara el día de su muerte violenta, el 24 de marzo, como el día del derecho de las víctimas a la verdad. La memoria es fuente de identidad. Lo que se recuerda permite saber qué somos. Por ello los países buscan recordar su historia, para mantener su identidad. Edificios, personajes, costumbres, productos tradicionales son parte de la memoria nacional. Un pueblo sin pasado y sin identidad se agota. Si los migrantes perdieran absolutamente la memoria y la identidad, dejarían de enviar remesas y no les interesaría votar en las elecciones. En El Salvador ha habido intentos de manipular tanto los recuerdos como la historia en favor de intereses políticos o económicos. Por ejemplo, la independencia se han tratado de manipular en favor de las élites. Presentar las decisiones políticas o de desarrollo como una especie de frontera con el pasado es una forma de afianzarse en el poder, pero ello no cambia la historia. El hecho de que hayan disminuido drásticamente algunas dimensiones de la violencia no quiere decir que haya desaparecido la violencia estructural. Muestra de ello es que la pobreza y la desigualdad permanecen sin cambio o, peor aún, se acentúan. Tratar de borrar la memoria es un error. Lo fue después de la guerra, con el intento de olvidar a las víctimas de masacres y crímenes de lesa humanidad, y lo sigue siendo hoy, cuando se busca ocultar a las víctimas de la economía, del machismo y del régimen de excepción. Si bien la vida termina siempre sucumbiendo ante la muerte, la memoria hace que la vida resurja victoriosa frente al olvido. La memoria ayuda siempre a mejorar situaciones, a corregir errores y a planificar mejor el futuro. Más allá de las intenciones detrás de lo sucedido con el mural dedicado a monseñor Romero en el aeropuerto, reflexionar sobre el pasado del país con mirada crítica y propositiva es indispensable para construir un desarrollo más digno. San Óscar Romero es de las personas que pueden iluminar el futuro común. Remover un mural dedicado a su figura no lo alejará del recuerdo y del sentir ciudadanos. El Gobierno debe dar explicaciones para despejar la duda de que pretende borrar lo mejor de nuestro pasado.

El mes pasado, el ministro de Trabajo manifestó que la decisión de hacer un ajuste al salario mínimo en 2024 estaba en manos del presidente. Esto llama la atención porque contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo, que afirma que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo el que discute y propone un ajuste a las tarifas de salario mínimo al Ejecutivo, y que este último más bien observa o ratifica la propuesta del ente tripartito. Sin embargo, más allá de la unilateralidad de la decisión de ajustar o no el salario, y de la opacidad sobre los criterios técnicos y políticos que se seguirían para decidir la magnitud de ese ajuste, la reducción en el poder de compra del salario es patente y debe ser atendida con prontitud. En 2024, un hogar de cuatro personas que depende de un salario mínimo del sector Comercio y Servicios ($365.00 mensuales) tiene $327.59 disponible para gastos, una vez descontados los porcentajes de seguridad social. Teniendo en cuenta que el costo de la canasta básica alimentaria para cuatro personas es de $273.23, según datos de marzo de 2024, a esa familia solo le restarían $54.36 al mes para satisfacer el resto de las necesidades del hogar, que, según el artículo 146 del Código de Trabajo, incluyen vivienda, vestuario, educación y salud. Evidentemente, es imposible pagar alquiler o cuota de vivienda, gastos de educación, salud y vestuario para cuatro personas con $54. Y a esas necesidades hay que añadir otras no contempladas en el Código de Trabajo, pero ineludibles: gastos de transporte, gastos de telecomunicaciones, implementos para el trabajo de cuidados, etc. Hace 27 años, en un escrito titulado “La economía imposible”, el jesuita y académico Francisco Javier Ibisate decía lo siguiente: “Los peatones del salario mínimo manifiestan seria ansiedad por el callejón sin salida en el que se hallan”. A pesar del tiempo que ha transcurrido, esa afirmación sigue dolorosamente vigente. El callejón sin salida de quienes ganan el mínimo no solo ha permanecido en el tiempo, sino que se ha estrechado en los últimos años por efecto del encarecimiento de la canasta básica ($36 más cara en marzo de 2024 de lo que era dos años antes) y el incremento en el precio de la vivienda, las telecomunicaciones y una gran variedad de productos. No en balde han empeorado los indicadores de pobreza que se traslucen en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. Esta situación de estrechez de los hogares dependientes del salario mínimo no es ajena para los que sobreviven con ingresos ligeramente superiores. De hecho, al revisar la última cifra disponible de cotizantes del Sistema de Ahorro para Pensiones (marzo de 2023), se observa que el 54% de cotizantes (466 mil personas, aproximadamente) gana un máximo de 1.5 veces el salario mínimo, es decir, $560.00. Esta dificultad con la que sobreviven los hogares de las familias trabajadoras dice mucho de la economía del país. Una economía en la que el componente de remuneraciones creció 4.2% en 2023 con respecto a 2022, mientras que las ganancias empresariales aumentaron un 7.9 %. Una economía, además, en la que el crecimiento económico de 3.5 puntos porcentuales en 2023 contrasta con el incremento de 4.4 puntos porcentuales de la pobreza entre 2019 y 2023. Dicho lo anterior, aunque parezca remozada por las obras de infraestructura, la reducción de los homicidios o el bitcoin, los indicadores antes mencionados nos dicen que se está acentuando el carácter “imposible” de la economía salvadoreña y que nuestra sociedad se aleja progresivamente de la construcción de la dignidad de la persona y del desarrollo humano.

La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) mide la opinión ciudadana sobre las pasadas elecciones, que se desarrollaron el 4 de febrero y el 3 de marzo. Si bien más de la mitad de la población considera que fueron limpias y un 22.9% no quiso opinar al respecto, el 22.5% piensa que hubo fraude, sobre todo por las fallas en el sistema informático. En la misma línea, 43.3% de la gente le tiene mucha confianza a los resultados de las elecciones; en contraste, una cuarta parte dijo tener poca. No sorprende, por tanto, que el 79.6% crea que las elecciones reflejaron la voluntad popular. Ahora bien, la población está dividida en lo referente a la confianza que le otorga al TSE. 48.7% dice que le tiene mucha o alguna confianza, mientras 49.4% declaró tenerle poca o ninguna. A pesar de lo anterior, la población es benévola al otorgarle una nota promedio de 6.77. El 43.8% de los encuestados cree que los fallos del 4 de febrero en el sistema de transmisión fueron un error técnico, una cuarta parte (24.1%) piensa que se trató de un fraude y un 15.8% cree que fue un intento de sabotaje. Ayuda a la especulación que, más de tres meses y medio después de esas elecciones, el TSE todavía no haya dado un informe técnico que explique el origen de las fallas. Es claro que el gran ganador de las elecciones es el partido oficial. Esto se presagiaba desde la campaña electoral, la más asimétrica desde los Acuerdos de Paz. La encuesta refleja claramente que la mayoría de la población votó por Nuevas Ideas porque apoya a Nayib Bukele. Esto a tal grado que más de la mitad de los que votaron por Nuevas ideas (53.4%) afirmó que no hubiera votado por ese partido si el candidato hubiese sido otro. Salvando las proporciones, más fidelidad partidaria profesan los que votaron por Arena y por el FMLN: 92.9% y 80% de sus votantes, respectivamente, hubieran optado por el mismo partido aunque el candidato hubiese sido otro. Sin embargo, los dos partidos siguen siendo receptores del rechazo de la mayoría de la población. En lo referente al comportamiento de los votantes, los comicios estuvieron marcados por el desplazamiento del voto y el abstencionismo. De cada 100 personas que votaron por Arena en las elecciones presidenciales de 2019, solo 17 votaron por ese partido en 2024; 47 por Nuevas Ideas. La proporción en el caso del FMLN es un poco mayor: el porcentaje de los que votaron de nuevo por el partido de izquierda en 2024 es del 54%, pero 39% de los que le dieron el voto en 2019 votó por Nuevas Ideas este año. Como era de esperarse, 84 de cada 100 personas que votaron por GANA en 2019 votaron en esta ocasión por Nuevas Ideas. El 4 de febrero, 52.6% del padrón electoral acudió a las urnas; el 3 de marzo, solo el 30.4%, la participación más baja desde el fin de la guerra en este tipo de elecciones. Por otra parte, la encuesta muestra que, contrario a lo que se suele pensar, la población más joven es la que menos vota. 33.8% de aquellos que les tocaba votar por primera vez no acudieron a las urnas el 4 de febrero. Quienes más se abstuvieron de emitir el sufragio en las elecciones legislativas y presidencial fueron los jóvenes de entre 18 y 25 años (30.3%), la gente de la zona rural (24,1%) y quienes no cuentan con estudios formales (26.5%). La lista se extiende entre los ausentes en la votación del 3 de marzo. El sondeo también revela que la mayoría de la población no está informada. 81% no sabe cuántas diputaciones se eligieron en estas elecciones y 63.6% no conoce sus derechos políticos. Una buena parte ignora que el sistema de transmisión de datos del TSE falló (35%) y que por eso se implementó un nuevo conteo manual (34%). Finalmente, el sondeo de opinión confirma que el respaldo social a Bukele y su administración descansa en el régimen de excepción y que la estrategia gubernamental más afinada y exitosa es la mediática.

La guerra de Israel contra el grupo Hamás cada día se convierte, y con mayor dureza, en una guerra contra el pueblo palestino. Es cierto que el primer paso lo dio Hamás con un ataque terrorista brutal. Pero la respuesta israelí se ha tornado más desproporcionada y semejante, al menos en parte, a las guerras de exterminio que aparecen en el libro sagrado que los cristianos llamamos Antiguo Testamento. Guerras que en este caso serían totalmente injustas dada la carencia de proporción entre la brutalidad inicial cometida por Hamás y la respuesta de destrucción sistemática y masiva que dirige Israel sin tener en cuenta la vida de niños y civiles palestinos. Desde hace quinientos años por lo menos se insiste en que para que una guerra sea justa la respuesta a la ofensa recibida debe ser proporcional. Y por lo general han sido los países más poderosos los que hacen caso omiso de un pensamiento no solo lógico, sino humanista. La soberbia del poder impide darse cuenta de que se pierde más con la guerra que con la paz. Con razón decía Homero, en los tiempos lejanos de la Ilíada, que en toda guerra injusta las más de las veces la culpa es de los príncipes. La ebriedad del poder lleva con demasiada frecuencia a la locura. Es evidente que el pueblo judío merece respeto por su pasado, su cultura y por haber sido víctima en la historia de muchos atentados y ataques brutales, con frecuencia provenientes de personas que se consideraban cristianas. También los musulmanes merecen respeto en su fe, su cultura y su capacidad de solidaridad inspirada en su religión. Todavía hoy, lamentablemente, en algunas sociedades hay literatura y ataques antijudíos que son deleznables. El desprecio y la burla occidental hacia los musulmanes (no, por cierto, a su dinero) son indignos de una sociedad que presume de ser culta y civilizada. La posición del papa Francisco en favor de la paz, quien ha mostrado la fuerza simbólica de abrazarse al mismo tiempo con judíos y palestinos, es la única forma decente de practicar el sentido de humanidad en medio de la locura de la guerra. Tanto los judíos como los musulmanes han sufrido en su pasado situaciones indignas, tanto de exterminio como de colonialismo o marginación. Pero esa situación histórica debería llevar a que nadie sufra en el presente lo que padeció en el pasado. Una guerra de exterminio como la que ha emprendido el gobierno israelí no conduce a nada bueno. Palestinos y judíos están llamados a entenderse, a convivir en igual dignidad y a dialogar. Ya ha habido diálogo en el pasado y los pasos que se dieron, aunque insuficientes, habían logrado reducir algunos de los resentimientos y odios. 143 países, de los 193 que pertenecen a la ONU, pidieron recientemente al Consejo de Seguridad que Palestina se integre en las Naciones Unidas como un Estado de pleno derecho. Es un paso importantísimo para la paz. Facilitaría una mayor intervención de las Naciones Unidas tanto en la prevención de actos terroristas como en la construcción de la paz. Y alejaría de la comunidad internacional un foco de tensión y de deshumanización que hoy nos estremece, duele y preocupa a todos.

El Salvador está perdiendo la oportunidad de crecer en el valor de la reconciliación. En una de sus primeras decisiones, la nueva Asamblea Legislativa envió a archivo el proyecto de ley de justicia transicional que diversas organizaciones de derechos humanos habían presentado a la anterior legislatura. La justicia transicional trata de restaurar los derechos y valores de un colectivo después de injusticias y abusos graves y continuados a lo largo del tiempo, por lo que es indispensable para lograr un espíritu de paz y amistad social al interior de países que han sufrido guerras civiles o dinámicas internas de persecución generalizada. El Salvador estuvo en guerra once años, pero los abusos y violaciones masivas a derechos humanos venían dándose desde antes. De hecho, la mayoría de los cristianos asesinados impunemente y declarados posteriormente mártires por la Iglesia sufrieron la muerte antes de que se desatara la guerra civil. La justicia transicional, a través del conocimiento de la verdad sobre las tragedias acontecidas, la promoción de la justicia, la reparación de las víctimas y la aplicación de medidas para la no repetición de los hechos, busca la reconciliación y la convivencia social respetuosa. La ONU ha apoyado sistemáticamente este modo de solucionar los conflictos del pasado. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía hace algunos años que las iniciativas relacionadas a la justicia de transición “fomentan la rendición de cuentas, refuerzan el respeto por los derechos humanos y son cruciales para generar los fuertes niveles de confianza cívica que son necesarios para impulsar la reforma del Estado de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”. Por su parte, el papa Juan Pablo II resumía el modo cristiano de buscar caminos de reconciliación con las palabras verdad, justicia y perdón, las mismas que utilizó sistemáticamente la UCA después del asesinato de los jesuitas. Todo parece indicar que la conciencia humanista y religiosa tiene escasa presencia en la Asamblea Legislativa. Al descarte de la propuesta de ley de justicia transicional se suma el paso a archivo de una propuesta de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y de normativas para abordar la desaparición de personas y establecer políticas eficaces de búsqueda. La comisión de la Asamblea que en el pasado manejaba los proyectos de ley hoy archivados era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue sustituida por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Cambiar los derechos humanos por la seguridad nacional muestra claramente la mentalidad del oficialismo. Olvidar la historia, considerar irrelevantes a los grupos étnicos, despreciar los dolores de la gente sencilla con hijos desaparecidos lleva a la deshumanización de la sociedad y facilita que se repitan los odios y enfrentamientos del pasado. El diálogo con el que piensa diferente y la solidaridad con quien está en situaciones injustas es el único camino hacia una convivencia en la que el Estado está al servicio de las personas. La seguridad nacional coloca siempre a la gente en dependencia del poder de los gobernantes y fomenta un insano nacionalismo. Cuando se insiste en la seguridad nacional, en la práctica se termina promoviendo la inseguridad de la población.

El Salvador está perdiendo la oportunidad de crecer en el valor de la reconciliación. En una de sus primeras decisiones, la nueva Asamblea Legislativa envió a archivo el proyecto de ley de justicia transicional que diversas organizaciones de derechos humanos habían presentado a la anterior legislatura. La justicia transicional trata de restaurar los derechos y valores de un colectivo después de injusticias y abusos graves y continuados a lo largo del tiempo, por lo que es indispensable para lograr un espíritu de paz y amistad social al interior de países que han sufrido guerras civiles o dinámicas internas de persecución generalizada. El Salvador estuvo en guerra once años, pero los abusos y violaciones masivas a derechos humanos venían dándose desde antes. De hecho, la mayoría de los cristianos asesinados impunemente y declarados posteriormente mártires por la Iglesia sufrieron la muerte antes de que se desatara la guerra civil. La justicia transicional, a través del conocimiento de la verdad sobre las tragedias acontecidas, la promoción de la justicia, la reparación de las víctimas y la aplicación de medidas para la no repetición de los hechos, busca la reconciliación y la convivencia social respetuosa. La ONU ha apoyado sistemáticamente este modo de solucionar los conflictos del pasado. El anterior secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decía hace algunos años que las iniciativas relacionadas a la justicia de transición “fomentan la rendición de cuentas, refuerzan el respeto por los derechos humanos y son cruciales para generar los fuertes niveles de confianza cívica que son necesarios para impulsar la reforma del Estado de derecho, el desarrollo económico y la gobernanza democrática”. Por su parte, el papa Juan Pablo II resumía el modo cristiano de buscar caminos de reconciliación con las palabras verdad, justicia y perdón, las mismas que utilizó sistemáticamente la UCA después del asesinato de los jesuitas. Todo parece indicar que la conciencia humanista y religiosa tiene escasa presencia en la Asamblea Legislativa. Al descarte de la propuesta de ley de justicia transicional se suma el paso a archivo de una propuesta de ley sobre derechos de los pueblos indígenas y de normativas para abordar la desaparición de personas y establecer políticas eficaces de búsqueda. La comisión de la Asamblea que en el pasado manejaba los proyectos de ley hoy archivados era la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que fue sustituida por la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia. Cambiar los derechos humanos por la seguridad nacional muestra claramente la mentalidad del oficialismo. Olvidar la historia, considerar irrelevantes a los grupos étnicos, despreciar los dolores de la gente sencilla con hijos desaparecidos lleva a la deshumanización de la sociedad y facilita que se repitan los odios y enfrentamientos del pasado. El diálogo con el que piensa diferente y la solidaridad con quien está en situaciones injustas es el único camino hacia una convivencia en la que el Estado está al servicio de las personas. La seguridad nacional coloca siempre a la gente en dependencia del poder de los gobernantes y fomenta un insano nacionalismo. Cuando se insiste en la seguridad nacional, en la práctica se termina promoviendo la inseguridad de la población.

Por lo general, la afirmación de que “siempre han existido ricos y pobres” busca naturalizar la desigualdad social. La pobreza, no obstante, tiene que ver con el fracaso de la sociedad, con la injusta organización de la economía para beneficio de élites en desmedro de la mayoría de la población. El Salvador se ha caracterizado por ese fracaso social y esa injusticia económica, y sigue profundizándolos. Datos preliminares de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, publicados el mes pasado, revelan que el país acumuló el año pasado 55,097 nuevos pobres. Así, las cifras oficiales indican que casi dos millones de salvadoreños (1,923,303) viven en la pobreza, la cifra más alta desde 2018. En porcentajes, 30 de cada 100 compatriotas viven en condiciones materiales precarias. En los últimos cinco años, la pobreza y los pobres han aumentado. Entre 2019 y 2023, el porcentaje de personas viviendo en pobreza subió 4.4 puntos porcentuales, pasando de 22.8% a 27.2%. La Encuesta detalla que de esos 1.9 millones, 1.3 millones viven en pobreza relativa (21.1% de la población total) y casi 600 mil en pobreza extrema (9.3%). Según la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, la instancia del Banco Central de Reserva que elabora la Encuesta, la pobreza extrema la padecen los hogares que no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, mientras que la pobreza relativa la sufren los hogares que no tienen lo suficiente para comprar una canasta básica ampliada, equivalente a dos canastas básicas alimentarias. Este panorama se agrava cuando se considera que en nuestro caso la canasta básica alimentaria urbana tiene solo 22 productos, mientras que en Costa Rica, 61; y en Honduras, 30. Los números, pues, reflejan la aguda crisis de la economía familiar salvadoreña. Mientras los salarios se mantienen estáticos, el costo de la vida ha emprendido un vuelo que no parece tener retorno. Entre 2019 y 2023, el costo de la canasta básica alimentaria se elevó 47.52 dólares en la zona rural y 59.67 dólares en la urbana. Los factores que explican que cada vez haya más salvadoreños pobres son el encarecimiento de la canasta básica, el estancamiento de los salarios y la falta de fuentes de empleo. Detrás de la frialdad de los números hay rostros de personas, familias que cada día tiene más dificultades para salir adelante y que —como muestran las encuestas del Iudop— han cambiado su dieta alimenticia, o disminuido las cantidades de alimentos que comen, o reducido los tiempos de comida porque sus ingresos no alcanzan. Este problema, sentido por casi una tercera parte de la población, no está en el centro de la agenda pública ni en la lista de cuestiones a atender por quienes dirigen el país. De nada sirve mejorar la imagen de las ciudades, edificar construcciones faraónicas, alardear de la seguridad cuando se descuida la vida y la dignidad de las personas. De la imagen y de los discursos no se come. Y para quienes detentan el poder, los empobrecidos son una molestia. Se les desaloja porque afean el paisaje, ya sea en San Salvador o en la Costa del Sol. El griego Plutarco decía que “el desequilibrio entre los ricos y los pobres es la más antigua y la más fatal de las enfermedades de las repúblicas”. El Salvador está enfermo e irá a peor si sigue permitiendo que la pobreza se extienda mientras oculta y persigue a quienes la sufren.

Como ya se ha dicho antes, puesto que la Constitución es fruto del modo de convivencia por el que el país ha optado, toda propuesta de cambiar su texto debería ser de conocimiento de la población y debatirse públicamente, no ser asunto exclusivo de diputados. La Constitución prevé, en su artículo 248, los tres pasos para su reforma: primero, acuerdo de reforma adoptado por una legislatura; segundo, realización de la elección legislativa periódica para que la población vote por los diputados que apoyan o no tal acuerdo; y tercero, ratificación de la reforma por la nueva legislatura. En la iniciativa de reforma constitucional del citado artículo 248 presentada por diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa anterior, estos afirmaron que habían visto la necesidad urgente de modificar la Carta Magna ante los “cambios acelerados y las nuevas realidades que se van presentando”, para que “las generaciones actuales y venideras tengan una herramienta por la que puedan enfrentar de forma inmediata según la urgencia de los desafíos” (sic). Las verdaderas urgencias están en otro lado. ¿No hay una urgencia y un desafío, por ejemplo, en proteger los derechos de las personas que han sido encarceladas arbitrariamente por el régimen de excepción, sin que se les garantice un debido proceso judicial? Es decir, sin que se les garantice el derecho a un trato justo; obtener oportunamente un defensor y reunirse con él; contar con información de los avances del juicio; recibir la visita de familiares; etc. ¿No es también urgente encontrar a los desaparecidos y dar una respuesta a sus familias? Las urgencias y prioridades de los diputados son otras. Se apuraron para introducir una iniciativa de reforma que hoy hace posible que una legislatura tome la decisión de reformar la Constitución y ratifique dicho cambio sin necesidad de un período de espera o un paso intermedio. La justificación: evitar “perjuicios” a “los derechos fundamentales de los salvadoreños”. Lo que les faltó explicar fue cómo el mecanismo de reforma tradicional (el de los tres pasos) afectaba tales derechos, o lo contrario: de qué manera el nuevo mecanismo exprés beneficia a la gente. Pero ¿qué justificaciones o razonamientos cabe esperar de una Asamblea que nunca ha cuestionado la constitucionalidad de las prórrogas del régimen de excepción y que ha modificado leyes penales para facilitar la arbitrariedad de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, entre otras instituciones? ¿Cómo confiar en legisladores que se han encargado de hacer permanente la violación masiva a los derechos de los salvadoreños y que ahora, en una nueva actuación viciada, pretenden ratificar la reforma del artículo 248 sin otra consideración que los deseos del Ejecutivo? Una Sala de lo Constitucional medianamente independiente declararía inconstitucional todo esto. En los próximos días se verá el verdadero trasfondo de esta abrupta propuesta de reforma constitucional: o se utiliza para mejorar y ampliar los derechos fundamentales de las personas, o para dar más poder y perpetuar al oficialismo.

El oficialismo no se cansa de prometer cambios. A veces, anuncia la transformación del país. A veces, habla de reinventarlo. En algunas ocasiones, declara que la reinvención está consumada. En otras, está por llegar. La versión del cambio varía según el humor del vocero. En lo único en que todos coinciden es en no concretar qué van a hacer y cuándo lo harán. El cambio es un tópico del discurso oficial. La promesa de cambios indefinidos y a muy largo plazo ha salido a relucir a raíz del acomodo de la Constitución para dejarla a merced de los dictados de Bukele. Sus voceros alegan por él que la reforma es necesaria para facilitarle la transformación del país. Nadie sabe bien en qué, cómo y cuándo. Los defensores confían ciegamente en su juicio. Cualquier cosa que haga la recibirán bien y la agradecerán. El oficialismo confunde interesadamente a estos fanáticos con el pueblo para defender la anulación de la norma constitucional. El pueblo “demanda”, “el pueblo decide” y “el pueblo sabe qué quiere”, repiten imperturbables. Pero no lo consultaron. Tampoco les interesaba conocer su opinión. Invocar el querer popular cuando se mantiene secuestrado al pueblo y al Estado salvadoreño es cínico. El pueblo sabe bien qué quiere. Un sector no despreciable expresó sus deseos en la manifestación del 1 de mayo. El pueblo quiere empleos dignos, reducción de la inflación, liberación de los inocentes, aparición de los desaparecidos, vivienda, salud, educación, derecho y justicia, honestidad y democracia. Las mayorías que se abstuvieron en las últimas elecciones rechazaron con su ausencia a Bukele y al oficialismo. Las que huyen buscan en el norte las oportunidades que aquí no encuentran. Muchos pandilleros optaron por el crimen porque no hallaron alternativas. De todas maneras, si Bukele y los suyos quisieran, podrían conocer de primera mano lo que el pueblo quiere. En lugar de usurpar su parecer, deberían salir al encuentro de las comunidades y los vecindarios golpeados por el capitalismo neoliberal, la desidia gubernamental y la represión militar para escuchar sus quejas y sus demandas. A pesar de su claridad, el oficialismo no se hace cargo del querer popular. No tiene recursos ni voluntad política para satisfacerlo. Además, su tarea no consiste en atender las necesidades de la gente, sino en ejecutar las órdenes de Bukele y su entorno, los únicos con poder de decisión. Sus legisladores no ratificaron la reforma constitucional que declaraba el acceso al agua un derecho, aun cuando es respaldada por la inmensa mayoría de la opinión pública, porque Bukele, por razones desconocidas, pero fáciles de adivinar, no se los indicó. Solo aprobaron, sin estudio, sin consulta y sin discusión, ni siquiera entre ellos mismos, colocar la Constitución a disposición de sus caprichos. No hay, pues, que lamentar la reducción de unas comisiones legislativas que no analizan, no escuchan, ni deliberan. La dispensa de trámites es la orden del día. Invocar el querer popular es hipócrita. Conscientes de su triste papel, los funcionarios nunca se comprometen. Se contentan con anunciar cambios indeterminados y lejanos. Sus promesas son vacías, sin plazo y, de hecho, sin posibilidad real de cumplimiento. No van más allá de un vago “lo vamos a hacer”, pero “paso a paso”, como si el hambre y la enfermedad pudieran esperar. En el mejor de los casos, harán algo para aliviarlos cuando Bukele así lo determine. Y no tanto para remediar esas tribulaciones como para alimentar la popularidad del mandatario. Solo una creciente presión popular por tanto sufrimiento y olvido acumulado podrá forzar algunos cambios. Después de cinco años de autoritarismo, la única transformación innegable es la división del país en dos partes. Una para minorías extranjeras y locales acomodadas, y otra para mayorías empobrecidas e impresentables. El país de Bukele es el de los turistas, los deportistas, las mises y los creadores de contenido digital. El otro es el de las mayorías oprimidas y vulnerables. En el primero, invierte dólares prestados. El otro lo ha abandonado a su suerte. Los habitantes del primero gozan de privilegios migratorios, tributarios y económicos. Los más distinguidos tienen la rara distinción de ser recibidos en audiencia privada por el dictador. Los del otro país son expulsados violentamente de los espacios públicos, porque su miseria afea el paisaje construido para los primeros. El comercio ambulante e informal de la pobrería es antiestético y vergonzoso. Aparentemente, la apuesta de Bukele es que las mayorías excluidas se rindan, huyan y envíen remesas para financiar el país que las desconoce, o que se abandonen con resignación a la muerte lenta del hambre y la enfermedad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió a El Salvador un informe en el que señalaba el bajo seguimiento estatal a algunas de sus recomendaciones dadas al Gobierno en 2021. Responder a víctimas del pasado de guerra reparando y haciendo justicia, algunos aspectos de seguridad ciudadana, el acceso a la información pública, la libertad de prensa y la situación en las cárceles derivada del régimen de excepción son parte de los puntos que la Comisión considera pendientes o de bajo o nulo cumplimiento. También se menciona como preocupante la carencia de investigación sobre agresiones a defensores de derechos humanos. Y se recuerda la negativa a firmar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Sobre algunos de estos temas conviene hacer algunas reflexiones, que ojalá condujeran a cambiar pensamientos y actitudes. El Gobierno dice que en El Salvador no hay tortura. Nada le sería más útil para demostrarlo que ratificar el Protocolo Facultativo. Aunque mucha gente, acostumbrada al castigo físico como método educativo en la casa e incluso en las escuelas, no considera como tortura los malos tratos e incluso los golpes en las cárceles, los repetidos testimonios de personas que adquieren su libertad por haber estado detenidas sin motivo hablan de tratos crueles y degradantes; en otras palabras, de tortura. La agresiones e insultos a los defensores de derechos humanos deberían también ser investigados. De nuevo, la cultura del insulto relativamente habitual en nuestra sociedad tiende a quitarle importancia al tema. Pero cuando la población ve que se insulta incluso a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, abundan los que comienzan a pensar que las autoridades gubernamentales tienen una seria falla a la hora de defender a personas que ejercen y reclaman sus derechos con plena razón y justicia. La indiferencia ante la agresión verbal puede convertirse, con el paso del tiempo, en complicidad con otro tipo de violencias. Lo más sorprendente en estos casos es el silencio de las estructuras estatales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Se puede entender que el comisionado presidencial para dichos derechos se ponga siempre a la defensiva frente a las denuncias ciudadanas y niegue realidades evidentes. Toda la impresión es que se trata de una persona contratada para hacer eso. Pero que en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no se diga ni una palabra respecto a las preocupaciones de la Comisión Interamericana resulta inexplicable. De nuevo, la única explicación es que el nombramiento de sus autoridades haya estado condicionado al silencio respecto a denuncias ciudadanas. Se les permite dar cursos sobre derechos humanos, hablar de ellos en general, manifestar incluso algunas preocupaciones de orden abstracto y general, pero decirle públicamente al Gobierno, por poner un ejemplo, que es necesario ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura se convierte en una misión imposible a pesar de su manifiesta sencillez. Defender derechos humanos es una de las tareas más nobles que existen. Los defensores se podrán equivocar en algunas cosas y en algunos momentos, como nos equivocamos todos los seres humanos. Pero permanecer callados ante evidencias es traicionar la función de defensoría que tienen algunas instituciones del Estado. Es, además, favorecer la cultura de la violencia. Pues la violencia no es solamente la acción delictiva de la gente que debe ser llevada a juicio, sino también la falta de justicia, la ignorancia y silencio ante el sufrimiento de inocentes, detenidos y humillados irrespetando normas básicas del Estado de derecho. Aunque algunos hayan tenido causas pendientes, si la tortura está prohibida por la Constitución, tomarse el tema a la ligera es fomentar la cultura de la violencia.

Toda Constitución puede ser reformada, al igual que cualquier norma de convivencia elaborada por la comunidad humana. Pero dado que una Constitución es fruto del modo de convivencia por el que un país ha optado, todo cambio debería debatirse públicamente en el contexto de la sociedad civil, no ser un asunto solo de legisladores. Sin embargo, en El Salvador rige otra lógica: la del poder. Recientemente se hizo un cambio constitucional con dispensa de trámite, es decir, con escaso o nulo debate, y sorprendiendo con la decisión a la opinión pública, nunca consultada al respecto. El cambio alude específicamente al proceso a seguir cuando se quiera modificar algún punto de la Constitución. Si antes se necesitaba la aprobación de dos Asambleas Legislativas sucesivas para que el cambio cobrara efecto, ahora una legislatura podrá cambiar la Carta Magna votando la reforma dos veces. Así pues, de hoy en adelante, el partido que cuente con una mayoría de al menos tres cuartas partes de los diputados podrá hacer cualquier cambio que desee. Este empeño de la administración de Bukele en alcanzar la capacidad de aplicar cambios rápidos en la Constitución contrasta con la lentitud, desidia o simple negativa a aprobar lo que no procede del poder, aunque responda a anhelos y necesidades de la población. El caso del reconocimiento constitucional del agua como derecho humano es un claro ejemplo de ello. Después de un largo proceso en el que participaron comunidades, ONG especializadas, centros educativos e Iglesias, la Asamblea del trienio 2018-2021 aprobó la inclusión del agua como derecho humano en la Constitución. La propuesta aprobada ponía el derecho al agua en el artículo 2 de la Carta Magna, en el que figuran los derechos esenciales del ciudadano. Y añadía, en el artículo 69, que “el agua constituye un bien público” y que, por tanto, el Estado queda obligado a “crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos”. La Asamblea 2021-2024, que terminó sus funciones este 30 de abril, pudo haber ratificado esta reforma constitucional largamente debatida y deseada por la mayoría de la población, pero la opinión de la gente no sirvió de nada. Desde una visión humanista y cristiana, es muy significativo y lamentable que el derecho al agua haya sido despreciado. El papa Francisco, en una de sus cartas magisteriales, dice que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. La tendencia a privatizar el agua, muy presente en las grandes constructoras de viviendas de clase media y alta, constituye una amenaza al derecho al agua al convertirla en un objeto de mercado. El partido en el poder tiene un fuerte deseo de controlar la Constitución a su antojo, pero poca urgencia de satisfacer las necesidades y los derechos básicos de las mayorías pobres y vulnerables. El nuevo El Salvador queda definido por ese duro contraste.

Llegó a su fin la primera legislatura con predominio del partido oficial. Tuvo en sus manos la reforma constitucional que reconocería al agua como un derecho humano, pero, al igual que Asambleas anteriores, se abstuvo de actuar. Tampoco quiso aprobar una reforma constitucional para reconocer a la alimentación como un derecho humano, lo cual hubiera incentivado la producción agropecuaria y apoyado al campesinado. Por otro lado, a pesar de ofrecer su apoyo, los diputados oficialistas dejaron en el olvido el proyecto de ley de justicia transicional, presentado en octubre de 2021 gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones y comunidades que buscan reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado. La misma suerte corrió la ley para los trabajadores de seguridad privada Sin embargo, sí tuvieron la voluntad de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura, una serie de préstamos que han endeudado al país a niveles sin precedentes en la historia reciente, con el agravante de que no se explica con exactitud en qué se utilizará el dinero. Además, en la última sesión plenaria, aprobaron, con dispensa de trámite, sin discusión y violentando la jurisprudencia constitucional, una reforma a la Carta Magna, en su artículo 248. Así, la primera legislatura dominada por el oficialismo terminó como comenzó: con un espectáculo propio de gobiernos autoritarios. Las acciones de los diputados oficialistas reflejan diáfanamente qué intereses defienden. No tuvieron tiempo ni voluntad para aprobar reformas constitucionales y leyes que habrían beneficiado directamente a los sectores menos favorecidos de país y a las víctimas del conflicto armado. Reconocer al agua y a la alimentación como derechos humanos beneficiaría, sin duda, a la población de menos recursos, que tiene más dificultades para acceder a ellas. Legislar para las víctimas de las atrocidades de la guerra favorecería a los siempre olvidados. Y una ley para los empleados de las empresas de seguridad atendería a uno de los sectores que reportan más violaciones a sus derechos laborales. En contraste, ¿a quien conviene la reforma constitucional que aprobaron de un plumazo? La nueva legislatura tendrá el poder de definir las reglas que regirán la relación entre gobernados y gobernantes; la reforma a la Constitución abre las puertas para aprobar cualquier cosa. En el centro de una política de gobierno decente debería estar mejorar el nivel de vida de la población, especialmente de la más pobre. Algunas acciones básicas para ese objetivo son promover la creación de fuentes de empleo con salario digno, mejorar los sistemas de educación y de salud, garantizar el agua para todos y todas, y diseñar e implementar una política de protección de los bienes naturales, condición indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto político, social o económico. Por ahora, no se ve que ninguna de dichas acciones sea prioridad del oficialismo. De nada servirá tener un país atractivo, con vestimenta de moderno, sin vendedores ni violencia en las calles, si toda esa imagen se construye ignorando las condiciones de vida de la población.

La guerra contra la corrupción avanza despacio. Muy poca corrupción ha identificado el expresidente reelecto desde la dramática declaración de hostilidades, en junio del año pasado. Bukele espera que esta nueva guerra sea tan exitosa como “nuestra guerra contra las pandillas”. Pero esta no es una guerra sin cuartel. Si fuera como la de las pandillas, ya tendría a centenares de funcionarios, incluidos militares y policías, tras las rejas, acusados de corrupción. Los corruptos no son perseguidos con la misma agresividad e inclemencia que las pandillas. No puede ser de otra manera. Se trata de sus colaboradores, desde los más cercanos hasta los esbirros de la represión, que recorren los vecindarios populares en busca de alguien a quien despojar. La nueva guerra salió a la luz a raíz de la caída en desgracia del comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo. Estos colaboradores cayeron no por extorsionar a personas y empresas interesadas en desarrollar dichos proyectos, sino por algo que no fue del agrado del expresidente reelecto o porque ofendieron a alguien cercano a este. Otra comisionada presidencial, cuya corrupción es pública, permanece confortablemente en el cargo. Lo mismo otros altos funcionarios. Todos ellos seguirán gozando de la protección presidencial mientras sean dóciles a los dictados de los hermanos Bukele y su círculo. Si la guerra contra la corrupción tuviera la misma contundencia que la librada contra las pandillas, Casa Presidencial habría habilitado un canal para recibir denuncias. En vez de ello, oculta la información sobre casi todas sus actividades. La denuncia ciudadana no le interesa, porque Bukele y sus cofrades deciden quién se queda y quién es lanzado fuera con escarnio. Tampoco acepta las denuncias de la prensa nacional e internacional, que realiza una labor encomiable al investigar y denunciar la corrupción gubernamental. Los periodistas han sorteado toda clase de obstáculos, incluidos señalamientos infundados, amenazas y acoso. Ni siquiera toma nota de las denuncias de Washington. En buena medida, porque el Gobierno de Biden no presiona, pese a tener pleno conocimiento de la proliferación de los corruptos y su influjo en la persistente corriente migratoria hacia el norte. Estados Unidos ha optado por la estabilidad, a sabiendas que se trata de una dictadura. El éxito de cualquier guerra depende, en buena medida, de la colaboración activa de la población, tanto en el frente como en la retaguardia. Bukele prescinde de la ciudadanía porque teme una avalancha de denuncias que ponga en evidencia la podredumbre de su gestión. La guerra contra la corrupción es controlada, no es general. Solo incluye a funcionarios díscolos. El comisionado presidencial de proyectos estratégicos y su segundo no son los primeros en caer, pero tardaron en ser descartados. Los siguientes tardarán más aún. La guerra contra la corrupción es una guerra de mentiras. Si fuera real, Bukele podría comenzar con una limpieza general del ejército, la policía y los funcionarios de alto rango, los que detentan más poder y, por tanto, los más corruptos. No lo hará, porque crearía entre sus incondicionales un malestar que pondría en peligro su propia sobrevivencia. Poco duraría la primera reelección. No sería nada extraño que los defenestrados por corrupción cayeran en la tentación de contar lo que saben de las andanzas de sus jefes inmediatos. La información comenzaría a rodar y adquiriría volumen como si se tratara de una bola de nieve. Las denuncias se multiplicarían en la medida en que arreciera la persecución. Más práctico es no revolver unas aguas fétidas, que podrían transformarse en una marejada que arrastrase a la cúpula de los hermanos Bukele. El Dios cristiano no tiene ningún papel en esta guerra ni en ninguna otra. No es un Dios guerrero ni está por las guerras, sino por el diálogo, el consenso y la convivencia, basadas en la verdad, el derecho y la justicia. Invocarlo en este contexto es usar su nombre en vano, algo condenado por el segundo mandamiento. Bukele es el único que señala el blanco contra quien sus fiscales dirigen sus acusaciones. Encontrar las pruebas incriminatorias es secundario y relativamente fácil, porque la corrupción, la falsedad y la mentira son prácticas comunes en los círculos gubernamentales. El éxito de esta aventura no depende del Dios cristiano, sino de la voluntad de Bukele. Sin duda, en los casos más cercanos a su círculo íntimo, los más escandalosos. En los otros casos, depende de los jefes. Sin embargo, la conveniencia de todos, porque casi todos están implicados de una u otra forma, recomienda tolerar, encubrir y mentir abiertamente. Los corruptos pueden dormir tranquilos mientras sean dóciles y no disgusten a Bukele. La guerra contra la corrupción es una farsa más, muy conveniente para deshacerse de los indeseables y, de paso, presentar las manos limpias de un cuerpo putrefacto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Más allá de las manifestaciones y los reclamos, cada 1 de mayo debemos reflexionar sobre el valor del trabajo. La realidad nos dice que este es visto por algunas personas como un simple medio para subsistir. En demasiados países el salario mínimo es demasiado mínimo, precisamente por esa creencia falsa de que el valor del trabajo equivale a la reposición de la fuerza que se gasta en la actividad laboral. Y por supuesto, quienes así piensan creen que el trabajo debe estar al servicio del capital. No lo dicen tan claramente, pero lo practican de forma evidente. Baste ver cómo el dueño de los medios de producción se pone siempre un ingreso mucho mayor que lo que paga a quienes manejan esos mismos medios. Lo que nos dice tanto la razón como la religión (al menos la cristiana) es que el trabajo es más valioso que el capital. El capital son cosas, mientras que el trabajo es una realidad humana. No hay capital sin trabajo humano previo, sin creatividad laboral, sin inteligencia de las cosas. El capital tiene su importancia, pero las “capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria”, nos dice el papa Francisco. En otras palabras, tanto el empresario como el capital deben estar al servicio del desarrollo humano. Por eso, diría Ellacuría ya hace años, “nadie tiene derecho a lo superfluo cuando todos no tienen lo necesario”. El destino universal de los bienes, antigua, grande y permanente tradición de la Iglesia, deja claramente al capital al servicio del trabajo. Los seres humanos, llevados por la codicia y por el afán de poder que da el dinero, aprovechamos cualquier discurso o cualquier maniobra para resaltar el poder y el supuesto valor máximo del capital. El consumismo nos lleva a permanecer indiferentes ante la explotación del trabajador. E incluso a alegrarnos de los precios bajos, sin pensar ni averiguar lo que ciertos precios baratos pueden significar de hambre y de explotación en otros países del Tercer Mundo. El machismo contribuye también a que las mujeres enfrenten serias desventajas en el mundo del?trabajo. El Banco Mundial, nada sospechoso de radicalismo, nos dice que a las mujeres se les paga menos que a los hombres, incluso cuando hacen lo mismo. Y lo explica no acusando a la mujeres de ser poco productivas, sino insistiendo en “prácticas discriminatorias, normas sociales y patrones de conducta que las conducen a oficios peor remunerados y a menos progresos en su trayectoria laboral”. Prácticas detrás de las cuales está sin duda la codicia y el abuso del capital. San Pablo tiene una dicho famoso: “El que no trabaje que no coma”. Y es que el trabajo nos hace personas y debe contribuir a nuestro propio desarrollo personal. Un profesor de teología moral, a mediados del siglo XIX, acuñó un nuevo concepto de justicia: “justicia social”. Y la definía como la virtud que “debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Y los derechos humanos ya sabemos que exigen mucho más que subsistir malamente con un salario deficiente. La Organización Internacional del Trabajo tiene como lema la justicia social. En El Salvador, la justicia social aparece en la Constitución como una responsabilidad del Estado frente a la población; en otras palabras, los gobiernos están obligados a promoverla. Pero con frecuencia más bien han servido con mayor esmero al capital que al trabajo. Y dejan, además, al trabajo en una relación de supeditación y abandono. El Día del Trabajo, 1 de mayo, solo tiene sentido si nos comprometemos a construir la justicia social y a hacer que el trabajo, por encima de los objetivos del capital, tenga como fin principal, como decía Ellacuría, “el perfeccionamiento del ser humano”. Eso superaría la explotación y contribuiría a la autorrealización de las personas y al desarrollo económico y social.

Según notas de prensa, a algunos institutos públicos de educación se les ha enviado la orden o recomendación de fichar a alumnos de perfil antisocial. El tema, por supuesto, ha generado gran preocupación. Si la escuela es y debe ser un lugar de desarrollo personal y social, fichar a jóvenes por su comportamiento supone una negación de lo que debe ser un proceso educativo sano. En general, la adolescencia es una época de desarrollo que implica aspectos de crisis dados los cambios físicos, emocionales y sociales que conlleva. Confundir la rebeldía que puede darse en esa edad con un comportamiento antisocial es peligroso, más aún si eso significa que los jóvenes quedarían fichados de por vida. En la adolescencia, el joven cae en la cuenta de su personalidad, empieza a tejer la idea de sí mismo y a fraguar en su interior la capacidad de dar razón de su personalidad. Además,comienza a pensar en su vocación profesional y su futuro. Los valores aprendidos en el ambiente familiar pasan a ser racionalizados y reflexionados críticamente. No es esta una etapa en la que tenga sentido encasillar la personalidad de las personas, pues están inmersas en un proceso de cambio y adaptación. El adolescente necesita acompañamiento, colaboración entre padres y maestros, empatía de los adultos y apoyo para aprender a resolver conflictos, tanto personales como grupales. También ayuda para gestionar sus emociones y para descubrir sus capacidades y habilidades. Satisfacer esas necesidades es fundamental para su futuro tanto social como democrático. En contraparte, el descuido en el acompañamiento, tanto en el hogar como en la escuela, puede llevar al adolescente a situaciones complejas, desde el aumento de la rebeldía a la depresión y el suicidio. En El Salvador hay un grave déficit educativo. Aunque a lo largo del tiempo ha habido mejoras, falta todavía mucho para tener instalaciones adecuadas, para superar la inequidad educativa entre los diversos centros de enseñanza y para acompañar psicológicamente a los niños y adolescentes a lo largo de su proceso educativo. Fichar a los jóvenes que pasen por etapas conflictivas no es solución ni desde el campo de la convivencia ni desde la pedagogía. El adolescente necesita ámbitos de comodidad y de comprensión tanto en la escuela como en su casa. En esa línea, lo ideal en el país sería que el bachillerato tuviera un año más de duración, a fin de posibilitar que los estudiantes maduren un poco más antes entrar en la universidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos afirma que un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre un 4% y un 7%. Por su lado, la Organización Mundial de la Salud señala que, en el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental; la depresión y la ansiedad son dos de esos trastornos. Fichar a quienes tengan comportamientos “antisociales” en una etapa de la vida en la que ciertas formas de rebeldía son frecuentes es la mejor manera de disminuir en el largo plazo el capital humano de El Salvador.

Editorial UCA Escuche aquí: A pocos días del cambio de Asamblea Legislativa, circula el rumor de que antes del 1 de mayo se aprobará una reforma a la Constitución de la República, la cual será ratificada por la próxima legislatura, para cambiar lo que la máxima ley del país dice sobre la reelección presidencial continua. Al respecto, es importante compartir unas reflexiones. Desde el punto de vista constitucional, esa reforma no se puede hacer. El artículo 248 establece que “no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República". Esos artículos son a los que comúnmente se les llama “pétreos”. Frente al argumento de que la prohibición es vaga, cabe recordar que cuando la Carta Magna habla de “la forma y sistema de gobierno” se refiere al sistema republicano, democrático y representativo que se contempla en el artículo 85 y que inhibe implementar cualquier otro que vaya en contra de esos principios; por ejemplo, una presidencia vitalicia que anule la división de poderes y el control constitucional. Por otro lado, cuando la Constitución prohíbe reformar el territorio de la República se refiere a lo estipulado en el artículo 84: el territorio continental, las islas o cayos, las aguas territoriales, el subsuelo, el espacio aéreo y el lecho marino hasta una distancia de 200 millas náuticas. Por su parte, la alternabilidad en la Presidencia está íntimamente relacionada a la prohibición de la reelección presidencial, contemplada en los artículos 75, 88, 131, 152 y 154. Independientemente de si se está de acuerdo o no con estos artículos, el texto de la Constitución no da pie a dudas. Además, los artículos pétreos no son exclusivos de la Constitución vigente, aprobada en 1983, sino que están presentes en las Constituciones de 1824, 1841 y 1886. Desde el punto de vista jurisprudencial, ninguna reforma es posible en este tiempo de acuerdo a dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. La primera fue la inconstitucionalidad 7-2012, emitida en el año 2013, que estableció que entre la aprobación de una reforma y su ratificación por parte de la siguiente legislatura debe mediar una elección, a fin de que la población pueda manifestar, a través del voto, su apoyo o no a la reforma. La segunda sentencia es la 33-2015, publicada en el año 2017, que establece que un decreto de reforma constitucional solo puede emitirse al menos seis meses antes de que asuma la nueva legislatura, para que la ciudadanía pueda ser informada de lo que se pretende reformar. Desde el punto de vista ético, no sería honesto reformar la Constitución, pues durante la campaña de la elección legislativa nunca se habló de ella. De hecho, la sentencia del año 2017 considera que el tiempo idóneo para dar a conocer la postura de los candidatos y candidatas sobre una reforma a la Constitución es la campaña electoral. Si los candidatos oficialistas tenían pensado cambiar el texto de la Constitución, ¿por qué no incluyeron esa intención en su oferta de campaña? Finalmente, el artículo 248 de la Constitución establece el proceso a seguir para realizar una reforma y define que el único actor que puede promoverla es la Asamblea Legislativa. Nadie ignora que la pretendida reforma no ha sido iniciativa del poder legislativo, sino del vicepresidente, en su calidad de delegado para la tarea por el presidente de la República, a través del acuerdo ejecutivo 295 del 24 de agosto del año 2020. Una reforma constitucional es el cambio más importante en el ordenamiento jurídico del país. Por ello requiere que la población la conozca y pueda participar en un diálogo previo a su implementación. Que la Constitución establezca en su artículo 248 que una legislatura puede aprobar una reforma con mayoría simple y que la siguiente Asamblea debe ratificarla con mayoría calificada tiene la intención de dar el tiempo suficiente para que la reforma sea reflexionada, ponderada y conocida por la población antes de que entre en vigencia. Aprobar una reforma con dispensa de trámite, sin estudio de los parlamentarios, y a espaldas de la población contradeciría absolutamente el espíritu de la Constitución y sería la enésima señal de la consolidación de un régimen autoritario, dictatorial.

El expresidente reelecto, en ejercicio pleno de su cargo, ventiló a los cuatro vientos un nuevo sueño. Desde una elevada azotea con vistas panorámicas, presidida por el logo de una de las multinacionales más poderosas del mundo, anunció triunfante que esta conducirá al país “ahí donde lo queremos llevar”. El nacionalismo presidencial no es tan sólido como aparenta: se rinde ante una empresa multinacional de tecnología estadounidense. La meta a donde Bukele quiere llegar permanece indefinida, porque así puede agregar cualquier nueva ocurrencia que despierte ilusiones en propios y extraños. Lo único claro es que aspira a ocupar el primer lugar en unas competencias presidenciales inventadas por él. Desde las alturas de la terraza, se declaró campeón en adoptar la infraestructura y los servicios de dicha multinacional en América Latina y en albergar una sede tecnológica de esa envergadura en Centroamérica. Los campeonatos presidenciales responden al afán de destacar y ser reconocido. La multinacional se ha instalado en el país no porque haya visto su “potencial” o la “reinvención” llevada a cabo por Bukele, sino porque este le entregará 500 millones de dólares. El país no ha sido favorecido por dicha empresa. Es, más bien, un comprador al por mayor de sus servicios. Ninguna multinacional hace donaciones de esa naturaleza, menos una como la contratada por Bukele, que se destaca por sus estrategias depredadoras y sus ganancias astronómicas. Aceptó la oferta presidencial por simple conveniencia comercial. Si las valoraciones de Bukele son sinceras, pecan de ingenuidad. Si no lo son, encantan muy astutamente a unas masas deseosas de escuchar novedades. Bukele está convencido de que la tecnología digital tiene la respuesta para proveer salud pública y educación. Indudablemente, esa tecnología es una herramienta muy útil y necesaria para agilizar los procesos administrativos de la salud pública, pero no tiene capacidad para construir unidades de atención primaria y hospitales, para proveer personal especializado que atienda la demanda de la población o para proporcionar los tratamientos necesarios. En una palabra, no es más que una entre otras herramientas indispensables para facilitar cuidados de salud universales y de calidad. Quizás, incluso, no sea lo más apremiante, dado el hacinamiento de pacientes y personal sanitario en facilidades inadecuadas, la falta de especialistas, los plazos extremadamente largos para pasar consulta y la aguda escasez de medicamentos. Asimismo, confía en que las aplicaciones y las tecnologías contratadas consolidarán los progresos presuntamente logrados en educación pública. Pero estos son relativos. No es cierto que todos los niños del país utilicen el servicio web educativo gratuito desarrollado por la multinacional. No todos disponen de un dispositivo para ello ni tienen acceso a Internet, ni siquiera en las escuelas. Tampoco existe personal y programas educativos para aprovechar al máximo ese recurso. O Bukele no está bien informado del estado real de la educación pública, o se deja llevar por el entusiasmo de su competencia con otros países y mandatarios, o confunde el medio con el fin. Un lamentable fallo para quien se dice “rey filósofo”. En todo caso, la última evaluación internacional del aprendizaje no deja en buen lugar al país: ocupa los puestos inferiores de la escala. Nada raro. Su ministerio de Educación no sabe cómo manejar la inmadurez y la rebeldía adolescentes. Cómodamente, pretende tratar a los estudiantes como “antisociales” e introducir en las escuelas la represión del régimen de excepción. Las aportaciones más interesantes de la tecnología digital adquirida pueden contribuir a agilizar la administración pública, lastrada con una pesada carga burocrática, y a vigilar y controlar más estrechamente a la gente. Los servicios secretos de Bukele visualizarán en tiempo real sus movimientos, sus viviendas y sus calles. La novedad la presentó como un gran beneficio para la población, que estará así en el mismo nivel que la estadounidense. La comprobada ineficiencia operativa de los funcionarios amenaza desde dentro la realización de los sueños presidenciales. El peligro es real. Las cámaras y los semáforos son tan “inteligentes” como inútiles y las diferentes bases gubernamentales con datos de la ciudadanía están a merced de los hackers, que las exponen gratuitamente al público. La bienvenida que Bukele brindó a la multinacional enlista sus deseos en el campo de la tecnología digital. Aparentemente, una vez formulados en voz alta, esos deseos adquieren realidad inmediata. El “hágase” presidencial pretende ser similar al del Creador. Su confianza en la tecnología es ciega. Si hay tecnología, el éxito es inevitable. La energía atómica es otra de esas realidades logradas con la simple firma de una declaración de intenciones. Lo mismo el satélite Cuscatlán. En la lista de deseos no figura la inteligencia artificial, un olvido imperdonable de los escribanos del discurso. La te

“A la luz de toda lógica y experiencia común —remató el fiscal su escrito— una mujer embarazada por humilde que sea, e independientemente de su estatus económico, busca asistencia médica para llevar su control prenatal, así como asistencia médica o de personas con conocimiento empírico para que les asista en el parto; por lo que se establece que existe una acción dolosa por parte de la imputada”. Con estas palabras, el acusador finalizó su argumento de “casación” buscando revocar la resolución adversa de sobreseimiento que le impide condenar a María hasta por 25 años de prisión. “A la luz de toda lógica y experiencia común”, pensé, luego de recordar el estudio social del expediente judicial… ¿Qué sabe María, la del barranco, de la lógica y la experiencia común? María vive en un caserío de un pequeño municipio de La Unión, un lugar alejado con altos niveles de pobreza cuya principal fuente de ingresos es recibir remesas, cuando no la crianza de animales de corral. La escuela más cercana a María culmina en el sexto grado, y se alcanza luego de caminar una hora de distancia; la falta de personal y recursos impide que los servicios de salud del Estado lleguen al caserío de María. Por su parte, la vivienda de María no es más que un conjunto organizado de retazos y latas, un espacio de siete por cuatro metros de tablones largos, láminas deterioradas y pedazos de plástico sueltos, todo rodeado por una vereda montañosa, un cerro de barro rojo con constantes deslizamientos y un barranco de varios metros en el cual hace sus necesidades la familia de María, al aire libre, como lo hacen los perros y gatos de nuestras cercadas residenciales. ¿Qué se yo de la experiencia y lógica común de María? ¿Qué se yo de tener un barranco por sanitario? Recuerdo que en cierta ocasión fui invitado a una zona rural aledaña a la carretera de Comalapa; recuerdo la vejiga inflada por las ganas de orinar, que, aunque fuertes, no eran tan poderosas como para ingresar en la fosa séptica de la caseta: el olor fétido y la apariencia derruida del espacio cerrado sobre un suelo de tierra me quitaron las ganas. Pero aquí estoy, junto a mis doctos colegas en derecho, juzgando a María por ignorar la “luz de toda lógica y experiencia” ¿Cuál lógica y cuál experiencia? Una tarde de febrero, María, la del barranco, sintió dolores leves y ganas de defecar. La joven de 23 años, que cargaba un embarazo de su tío, un señor casado con tres hijos, se acurruco junto a los únicos testigos del hecho, árboles y piedras, en el servicio sanitario de su residencia, un barranco. El dolor se hizo insoportable. María perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza contra un árbol de quebracho. El ruido fue suficiente para que la mamá de María se percatara de lo sucedido, así como del embarazo y alumbramiento de su sobrino-nieto. A pesar del sobresalto, la madre y hermana de María consiguieron un vehículo de uno de los vecinos, y la trasladaron al centro asistencial, junto al amoratado recién nacido. María fue detenida y procesada por el delito de homicidio; su error fue evidente: contrariar la ley, pero no la de los códigos, sino la que proviene de la enceguecedora lógica y el sentido común: los hijos son productos del amor y no del abuso, los embarazos proceden de relaciones pudorosas y no de la violación o un incesto impuesto por la fuerza, los nacimientos son acontecimientos cargados de belleza y no de miedo o vergüenza. María actuó contra la lógica, y por una conversión de esas que hacemos los juristas, iure et de iure, María es una asesina calculadora que esperó ansiosa el desenlace de su embarazo para asesinar a su recién nacido, disparándolo con su vientre cargado contra un barranco; tan malévola como para esperar por meses el avistamiento de su presa, pero no tan calculadora como para evitar un árbol de quebracho. El delito perfecto para una sociedad tan conservadora como carente de empatía y solidaridad; un crimen desde lo que los tribunales denominan “el uso de la lógica y el sentido común”. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En el acontecer de la UCA, se llevaron a cabo recientemente dos intervenciones sobre la realidad nacional. La primera, una encuesta del Iudop sobre la continuidad del régimen de excepción; la segunda, el estudio del Observatorio Universitario de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en 2023. En ambas investigaciones se advierte no solo la problemática existente en torno a derechos básicos, sino también la ignorancia de la población al respecto. En efecto, los resultados de la encuesta del Iudop muestran un amplio respaldo al régimen de excepción, que ya lleva dos años vigente; sin embargo, la mayoría de los encuestados afirma desconocer los derechos que el régimen ha suspendido. El desconocimiento de los derechos humanos en el país es un problema grave de larga data. Los partidos tradicionales, a pesar de sus discursos, nunca se preocuparon en serio por el tema. Si lograba llegar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos un profesional con el conocimiento y el compromiso adecuados, pronto era asediado por uno o varios de los poderes del Estado. Las frases repetidas de los políticos asegurando el respeto a los derechos chocaban con una realidad de desidia, despreocupación y abandono de los derechos de los sectores pobres o vulnerables. Más que un Estado democrático de derecho, lo que se implantó en el país después de la guerra fue un estado de consagración de privilegios. Por ello no extraña que, a pesar de los esfuerzos de ciertos sectores de la sociedad civil, una gran proporción de la población no crea ni se interese en los derechos humanos. Para quienes tienen la convicción de que los derechos humanos deben ser la fuente básica de la convivencia en el país, el estudio anual del Observatorio Universitario de Derechos Humanos ofrece una fuente de reflexión y compromiso, pues corrige los datos estatales sin caer en exageraciones tendenciosas, contribuye a entender la realidad actual de olvido o violación de derechos humanos y facilita el pensamiento crítico. En el informe de 2023, el Observatorio concluye que “hoy día en El Salvador funcionan paralelamente dos procedimientos penales: el procedimiento común, ordinario, y el procedimiento penal del enemigo desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales”. El segundo procedimiento termina considerando a quienes amenazan la estabilidad del Estado como si fueran enemigos extranjeros, en guerra contra la República, que merecen castigos especiales, mucho más duros que los ordinarios. Algunos de los abusos que se derivan de ese estilo de derecho penal discriminatorio son penas exageradas tanto a adultos como a menores de edad, suspensión de la visita familiar, tiempos muy largos de prisión preventiva, juicios masivos, jueces sin rostro, e incluso formas de desaparición forzada llevadas a cabo por el Estado. Mientras El Salvador continúe empecinado en intentar resolver sus problemas actuando de espaldas a los derechos humanos, será muy difícil alcanzar mayor desarrollo humano y construir una convivencia pacífica y armoniosa.

El modelo de Bukele no es la única respuesta posible al crimen organizado y la violencia social. El recurso al ejército para superar las crisis sociales es antiguo. En la década de 1970, la oligarquía tradicional lo utilizó para evitar reformar su modelo de acumulación de capital y vino la guerra. El militarismo arrancó vidas y destruyó la sociedad y también la economía. El final de la guerra no lo decidió el ejército, sino los políticos. Parecía que los militares se quedaban sin oficio. Entonces, Washington les asignó la lucha contra el narcotráfico y las misiones de pacificación de la ONU. Contrario a lo esperado, los traficantes prosperaron y la cúpula militar medró a costa de la seguridad de otros países. El ejército no ha contribuido a resolver ninguna de las crisis sociales del país. Esa experiencia se repite en el continente. México desplegó su ejército para combatir el crimen organizado y solo consiguió aumentar la violencia. La autoría de la mayoría de las desapariciones y de los asesinatos, delitos frecuentes, es desconocida. Tanto puede ser el Estado como los criminales o ambos en colaboración. El mal pagado ejército de Ecuador enfrenta a unas organizaciones criminales mucho más poderosas. Colombia, en cambio, comprendió que la única manera de reducir la actividad criminal organizada es la negociación, pese a ser una alternativa políticamente casi inviable. Excepto en Rosario, Argentina tiene tasas de homicidio y violencia más bajas que otros países de la región gracias a la flexibilidad y la inteligencia policial. A pesar de los repetidos fracasos, los gobernantes latinoamericanos insisten en la solución militar. El Salvador de Arena, del FMLN y de Bukele no ha sido la excepción. Primero negociaron con las pandillas cierta libertad de acción a cambio de votos y de reducir los homicidios. El equilibrio resultó precario y frágil, y desembocó en la represión total. La novedad del modelo de Bukele es que lo ha librado de rendir cuentas y le ha garantizado impunidad. Pero el ejército no está entrenado para enfrentar una crisis social de gran envergadura. Su solución requiere de una enorme cuota de inteligencia. Una tarea que corresponde a la policía, que tampoco está capacitada. Sus jefes han optado por la salida fácil de la militarización. El modelo de Bukele deshumaniza a sus víctimas e insensibiliza a la sociedad simultáneamente. No se ensaña con personas, sino con cosas. Etiqueta a sus víctimas como cosas intrínsecamente malvadas, las cuales deben ser exterminadas. La etiqueta y el castigo son actos unilaterales, que dictan el destino de los sentenciados. El modelo prescinde de cualquier otra prueba de culpabilidad. Una vez colocada la etiqueta, circunstancias personales como una discapacidad, una enfermedad mental y la peligrosidad son irrelevantes. De hecho, ni siquiera es necesario que la víctima haya cometido un delito punible para ser condenada y severamente castigada. El castigo tampoco es proporcional a la gravedad del supuesto crimen. Y a la inversa, nada de lo que las víctimas hubieran hecho o dejado de hacer las beneficia. Por eso, las constancias y los testimonios, así como las órdenes de libertad de los jueces son echadas a la basura. Nada puede liberar a la víctima del destino asignado a la etiqueta encasquetada. El Salvador de Bukele es unilateral. La etiqueta separa nítidamente a los sujetos de los objetos reprimidos, el derecho a castigar de la obligación de sufrir el escarmiento, el hacer del padecer. Una vez identificados, los objetivos son despojados de su humanidad y su vida, y la vida de su entorno es destruida. La sabiduría popular lo expresa con la siguiente fórmula: “Nacer con cariño para crecer reprimido”. La destrucción de la vida de un ente extraño como la de una cosa poco valiosa o descartable no impresiona ni conmueve. Al contrario, el verdugo no solo está convencido de cumplir un deber, sino también de ser una persona íntegra y honesta, incluso religiosa. Es la nueva forma adquirida por el mal. Un mal que se presenta, como suele ocurrir, con apariencia de bien. El método de Bukele tortura y mata sin piedad y sin remordimientos. Sus verdugos son sociópatas sádicos activos, mientras que la multitud que asiente complacida es también sociópata sádica, pero pasiva. Al convertir al otro en un objeto infame, el modelo de Bukele ha despojado a la sociedad salvadoreña de su capacidad humana para sentir afinidad y empatía con los demás. La humillación pública, la cárcel y la crueldad suceden a otros que no son como nosotros. Las sufren los criminales o los enemigos del pueblo. Nosotros no debemos nada, no tememos nada. Hasta que el modelo nos etiqueta como despreciables y perversos, incluso si votamos por Bukele. * Rodolfo Cardenal, director de Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA En el país, la pobreza aumentó en 2023 en relación a 2022; los datos oficiales hablan de un 30% de la población en pobreza. Si la medición se realizara tras una revisión del costo de la canasta básica, el porcentaje sería mayor. Entre los Objetivos del Milenio de la ONU, asumidos por El Salvador, está eliminar la pobreza a más tardar en 2030. El compromiso inició en 2015, cuando el 32 % de la población salvadoreña vivía en pobreza. A pesar de que la cifra se logró reducir al 28%, la pandemia provocó un serio aumento de la misma, y aún no ha sido posible llevarla al nivel previo. Si no se toman medidas atinadas en el campo económico, el país no logrará cumplir con la meta de vencer la pobreza. Con una economía endeudada y una escasa inversión, lo más probable es que en 2030 la proporción de personas en pobreza sea mayor al 25% de la población. El problema se agrava por el hecho de que casi el 50% de la población no pobre está en situación de vulnerabilidad económica. Un accidente de carro, la pérdida del empleo, una enfermedad grave pueden devolver a la pobreza a quienes ya habían salido de ella. Hay una serie de medidas que es necesario aplicar antes de decir que se está en camino de vencer la pobreza. La primera, fortalecer y universalizar las redes de protección social básicas de salud, educación y pensiones. Y la segunda, mejorar sustancialmente el trabajo, tanto en la calidad del mismo como en la formalización y en el logro de un salario decente. La protección social no contributiva para niños y ancianos, dos de los sectores más vulnerables frente a la pobreza, es una necesidad urgente que debe satisfacerse cuanto antes. Asimismo, la lucha contra el hambre, una exigencia ética que no debe tener atraso ni pausa. Que un 10% de la población pase hambre, es decir, más de 500 mil personas, es una atentado contra todo sentimiento de humanidad. Para avanzar en estas tareas es necesario establecer pactos de tipo social y fiscal, los cuales requieren de diálogo, visión de futuro y audacia política, no de autoritarismo y propaganda. No habrá desarrollo inclusivo sin mejora y universalización de las redes de protección social. Educación de calidad para todos, un único sistema público de salud capaz de satisfacer las necesidades de la población y un sistema de pensiones universal son pasos necesarios. Pero también proteger el trabajo, mejorar la calidad técnica de los trabajadores, implementar un salario mínimo decente, invertir en las zonas más pobres del país y eliminar las desigualdades de género. Planificar el desarrollo es algo más que construir estadios, centros turísticos y carreteras vistosas. Se debe invertir en la gente, especialmente en los servicios a la población pobre y vulnerable, que en El Salvador es la inmensa mayoría. Y para ello es también preciso que, como decía Ignacio Ellacuría, la voz del pueblo se haga escuchar.

Desde que comenzó el régimen de excepción en el que estamos desde hace más de dos años, han venido repitiéndose toda una serie de abusos. Uno de ellos, que rompe el discurso oficial, es la desobediencia a las cartas de libertad dadas por los jueces. En efecto, cada vez aparecen con más frecuencia en las noticias este tipo de irrespeto a los miembros de la judicatura, que son los únicos que pueden dar órdenes de poner en libertad a un privado de la misma, condicional o incondicionalmente. Después de 87 días preso, a José Santos Alfaro Ayala le dieron carta de libertad, pero pasados varios días tras la entrega de la carta, en el penal de Izalco no se atendía el mandato judicial. En el Bajo Lempa se ha detenido a 130 personas bajo el régimen de excepción. Sus defensores insisten en que no son miembros de maras. Varios tienen ya cartas de libertad, que no han sido atendidas. Los defensores de los detenidos en la isla Espíritu Santo piden que se revisen los casos, porque un fiscal recientemente arrestado por falsedad documental fue uno de los que participó en las detenciones. La gran mayoría de detenciones de personas durante el régimen son ilegales. ¿Funciona el sistema judicial? La lentitud en soltar inocentes y la incapacidad de los jueces de imponerse sobre las autoridades carcelarias hablan muy mal del sistema. Defendiendo el derecho a la libertad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos insiste en que nadie puede ser privado de la libertad de un modo arbitrario y que toda persona detenida “tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que este decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fuera ilegal”. La Convención está por encima de la legislación ordinaria de El Salvador, pero da la impresión de que muchos jueces no la conocen o han decidido conscientemente desconocerla. A nadie se le otorga ese derecho en estas detenciones multitudinarias. Muchos familiares desconocen la situación de sus deudos. La “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, que garantiza esa misma Convención firmada y ratificada por El Salvador, no es más que un sueño, dada la imposibilidad de los abogados de reunirse con sus defendidos. La pandillas han sido prácticamente anuladas. Al menos en el último año, tenemos índices de homicidios semejantes a los de los países desarrollados, y mucha gente está contenta con la seguridad existente en las calles. Es el momento de dejar el régimen de excepción y regresar a una situación de normalidad. Proseguir con el régimen de excepción se convertirá pronto en fuente de una tensión muy negativa, dada la continuada violación de derechos de demasiada gente. Irrespetar las cartas de libertad nos convierte en un país donde tanto los jueces como la seguridad jurídica son muy débiles. No es raro, en ese sentido, que seamos el país con menor inversión extranjera de Centroamérica, al menos por cifras del año recién pasado. La situación económica no da para creer que se puede salir del atolladero poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Con los recursos normales puede mantenerse ya la seguridad conseguida. El régimen ha dejado de tener sentido. Entablar un diálogo con la sociedad civil sobre este y otros temas también de debate sería para el país mucho más productivo que continuar haciendo alardes de fuerza y violando derechos.

La encrucijada energética que vive el mundo impone encontrar alternativas a los combustibles fósiles. El precio del petróleo sigue al alza, por lo que los costos de la energía que se produce con él son cada vez más altos. Además, el aumento de la temperatura y los estragos de las sequías y las inundaciones se generalizan sin que el concierto de naciones sea capaz de cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Urge, pues, encontrar modos de producción energética que no dependan de los combustibles fósiles. Hasta el momento, hay dos caminos disponibles: la energía nuclear y las energías renovables. Para algunos, la energía nuclear es la mejor opción porque produce cantidades mínimas de gases de efecto invernadero y, por tanto, tiene un bajo impacto ambiental. Sin embargo, la energía nuclear crea residuos muy peligrosos para la salud humana y para el medioambiente. Cuando se produce un accidente en una planta nuclear, los efectos radioactivos pueden durar desde decenas hasta miles de años, y dejar inutilizables regiones enteras por la radiación. En dosis altas, la radiación ionizante tiene un efecto instantáneo en el cuerpo humano, produciendo enfermedades agudas y la muerte; en dosis más pequeñas, causa enfermedades cardiovasculares, cataratas y cáncer. El accidente en 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, al norte de Ucrania, contaminó un área mayor al territorio de Nicaragua, el país más grande de Centroamérica; pasarán cientos de años antes de que la radiación deje de ser nociva en la zona. En Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2011, un tsunami a raíz de un potente terremoto inundó la planta nuclear de la localidad, causando que explotara. 160 mil personas fueron evacuadas. 13 años después, la zona del desastre de Fukushima sigue siendo inhabitable; diversos estudios señalan que deberán pasar aproximadamente cuatro décadas antes de que vuelva a serlo. Y los japoneses aún no saben cómo solucionar el problema del agua contaminada por la radioactividad. Si el accidente de Fukushima hubiese ocurrido en El Salvador, el área afectada sería equivalente a una vez y media el departamento de San Salvador. Una de las lecciones de Fukushima es que equivale a una locura construir una planta nuclear en una región sísmica. Por otra parte, la energía nuclear no es barata. En América Latina, solamente México, Brasil y Argentina tienen plantas nucleares, y la producción de esas plantas es muy baja en relación a su participación en el total nacional. Por el riesgo que la opción nuclear supone para la salud humana y para el medioambiente, la apuesta debería ser por las energías renovables, como las obtenidas del sol, el viento y el agua. El Salvador ya tiene experiencia en la producción de energía geotérmica, la cual es muy abundante y no contamina. Meritxell Bennasar, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace España, afirma que “adoptar un modelo energético 100% renovable y eficiente es técnicamente posible, económicamente viable y sostenible”.