Editoriales y Opiniones

Hace casi exactamente 30 años se aprobaba en la OEA la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Entró en vigor hasta 1996. El Salvador, probablemente preocupado por el alto número de desaparecidos durante la guerra civil, nunca ratificó la Convención. La simple formulación del primer artículo debía sin duda asustar a las autoridades de aquella época. Decía y dice: “No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales”. Ante la falta de voluntad del Estado, a la sociedad civil le tocó asumir, en aquellos momentos, el deber de humanidad de luchar contra las desapariciones. Cómo no recordar al P. Jon Cortina, que con un grupo de campesinos emprendió la difícil tarea de buscar niños desaparecidos, teniendo un éxito notable. Pero la historia siguió su curso y tanto las maras como algunos miembros de la PNC, aliados a grupos de exterminio, continuaron cometiendo el delito de desaparición forzada. Con el régimen de excepción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido a El Salvador sobre la posibilidad de que este delito se esté cometiendo. Un delito que, por cierto, es permanente y continuo hasta que no se revela el paradero del desaparecido. Y que durante ese tiempo hace sufrir terribles ansiedades y dolores a los familiares. Un dolor que aumenta día a día al ignorar la suerte del desaparecido, al no saber si está siendo sometido a tortura o tratos crueles y degradantes, y al recibir con frecuencia maltrato de parte de las autoridades ante la lógica insistencia en preguntar por su pariente, producto de la angustia y de la lentitud con la que se tratan los casos. El sistema americano de derechos humanos nos recuerda que las desapariciones pueden convertirse en ocasiones en crímenes contra la humanidad. Es cierto que El Salvador tiene una legislación dura contra las desapariciones. Pero la legislación no soluciona el problema cuando no se trabaja adecuadamente en la búsqueda de los desaparecidos. A Carlos Abarca lo desaparecieron dos meses antes de que comenzara el régimen de excepción. Los más de mil días de ineficiencia policial y fiscal agravan la desaparición. Fue humillante, cruel y vergonzoso que un miembro de la PNC le dijera a la madre de Carlos que no merece la pena gastar dinero en la búsqueda porque es casi seguro que el joven está muerto. Toda madre tiene derecho a saber la suerte de un hijo. Y si está muerto, recuperar sus restos, conocer las condiciones en que falleció y enterrarlo en un lugar decente donde se le pueda recordar. Carlos Abarca se está convirtiendo en el símbolo del desinterés del Estado ante un delito tan grave como la desaparición forzada. Todos sabemos que no es un delito raro en El Salvador. La semana pasada se encontró una fosa clandestina con restos humanos. Las noticias nos dicen que diversas familias con parientes desaparecidos se acercaron al lugar, ubicado al final de la colonia Cumbres de San Bartolo. Trabajar con la mayor celeridad posible, hacer exámenes de ADN, informar a las familias, investigar la identidad de quienes asesinaban y enterraban en las fosas son tareas que deben ser realizada sin lentitud y sin excusas. Más allá de a quién pertenezcan los restos encontrados en la fosa, Carlos Abarca y la persistencia de su madre deben permanecer en nuestra memoria y ser un continuo acicate para que todos pidamos verdad y justicia tanto en su caso como en el de todos los desaparecidos.

El anuncio del proyecto de presupuesto nacional para el próximo año trae malas noticias. Mientras la Presidencia de la República se receta un aumento de 27 millones de dólares y se le asignan casi 53 millones más a la Fuerza Armada, a la salud se le recortan 90 millones; al Ministerio Público, más de 50; a educación, 31; y a seguridad y justicia, 15. Ciertamente, en el primer Gobierno de Nuevas Ideas hubo un sustantivo aumento del presupuesto en educación, pero en este campo siempre es necesario más. Frenar y retroceder significa atrasar el desarrollo del país. Y lo mismo puede decirse respecto a los recortes en la salud y la seguridad. La Fuerza Armada no es tan importante para el futuro como la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Valorarla más que a los instrumentos naturales y normales de desarrollo humano es desatinado. Aunque se pueda decir que en realidad no recibe más que una tercera parte del presupuesto de salud, no tiene justificación aumentarle tan notablemente el presupuesto mientras los rubros fundamentales descienden. Y menos si se considera que también cultura, trabajo y medioambiente experimentarán una merma. El descenso de la criminalidad constituye una oportunidad para impulsar el desarrollo humano e invertir en una PNC que en el pasado se vio superada por la actividad delincuencial. Aún son tareas pendientes mejorar la capacidad de investigación interna, lograr un trato humano y cordial con la población, formar y capacitar para la persecución de delitos complejos, dotar a los agentes con vehículos y sistemas de comunicación adecuados. Invertir en la Policía en estos tiempos de relativa tranquilidad es la mejor manera de prevenir la violencia. Y si paralelamente se mejora la salud y la educación de la población, más fácil será avanzar en cultura de paz. Además, invertir en los jóvenes, en su salud y en su educación, es una tarea urgente dada la tendencia al envejecimiento de la población salvadoreña. Solo una población bien formada podrá enfrentar los retos de un porvenir en el que las cargas sociales serán más pesadas. Ahora bien, no es nueva la idea del Gobierno de Nayib Bukele de recortar gastos del presupuesto de la nación para satisfacer al Fondo Monetario Internacional y obtener acceso a crédito; muchos países lo han hecho antes, trasladando así los excesos financieros del Estado al bolsillo de los contribuyentes. Es lo más fácil. Y en El Salvador se hará recurriendo a la fórmula más cómoda: que sufran más los que menos tienen. En este sentido, la famosa medicina amarga no es más que una reedición de una de las recetas típicas del capitalismo salvaje. Los medios clásicos de mejorar las capacidades de la gente y darle mejores oportunidades de vida son la educación, la salud y la seguridad social y ciudadana. Países con problemas de desarrollo que se volvieron altamente desarrollados en la segunda mitad del siglo XX invirtieron masivamente en esas áreas. Darle más recursos al ejército mientras se recorta la inversión social y se ofrecen descuentos de renta a los grandes inversionistas no conducirá al bienestar de El Salvador.

En la Asamblea General de la ONU, Bukele incursionó territorio hasta ahora inexplorado. Se presentó como profeta de calamidades. En el lenguaje tremendista de la ultraderecha, anunció la hecatombe del mundo libre. Pero no todo está perdido. El país que reinventó se alza como un faro luminoso en medio de las tinieblas que envuelven a las naciones. Dijo saber bien de qué hablaba, porque él ya había pasado por la decadencia y había dado con la solución. No propuso cambiar el rumbo de este mundo que camina irremediablemente hacia su aniquilación. Por ahora no se atrevió a tanto. Su medicina es más modesta. Ofreció El Salvador reinventado como nueva arca de Noé donde quienquiera puede entrar para “capear la tormenta”. Mientras las otras naciones padecen la división, la preocupación, el peligro, la hostilidad, las tinieblas y el pesimismo, en El Salvador prevalecen la seguridad, la tranquilidad, la luminosidad fulgurante y el optimismo. Bukele puso a disposición de la comunidad internacional el refugio que ha construido en El Salvador para ponerse a salvo de la extinción. En efecto, en dicho refugio, la seguridad, la libertad y la independencia son plenas y van de la mano, acompañadas por “la floreciente industria turística”. Dentro de sus fronteras no existe la censura, no se encarcela a la oposición, sino solo a “los malos”, no se confisca la propiedad privada y se respetan en su totalidad los derechos humanos de “los buenos”. En síntesis, este país “no tiene comparación” y el éxito personal de Bukele es “innegable”. En realidad, los males de la humanidad le tienen sin cuidado. Mientras los otros gobernantes que hicieron uso de la palabra en la Asamblea General se refirieron a la crítica coyuntura internacional desde perspectivas diferentes, Bukele se presentó como el paradigma de todos ellos. Les echó en cara que sus naciones no solo no son seguras, libres, independientes y vivibles, sino también decadentes y condenadas a la destrucción. Él, en cambio, es un éxito rotundo. Hablar en estos términos, en un foro donde está representada una gran variedad de países, incluidas las potencias, es petulancia y altanería. El mensaje fue recibido con indiferencia. Quizás más de alguno, en su excentricidad, lo encontró divertido. Bukele no convence y el aplauso general sigue sin llegar. La indolencia de la comunidad internacional es comprensible. No hay libertad cuando la mayoría pasa hambre, no tiene acceso a la salud, está desempleada y sufre riesgo medioambiental. No hay libertad si existe miedo a expresar opiniones contrarias a la oficial y a denunciar la corrupción. Tampoco cuando se bloquea a los seguidores de los funcionarios y de las instituciones públicas por considerarlos enemigos. No hay libertad si la información pública está secuestrada. No es cierto que la oposición no sea perseguida y encarcelada. No es cierto que haya respeto a los derechos humanos. No es cierto que la propiedad privada está garantizada, tal como lo desmienten las repetidas confiscaciones. Ni la libertad de expresión, ni la propiedad están protegidas en un país donde Bukele controla el sistema judicial. Las cosas no andan nada bien cuando busca médicos especializados en otros países, porque los nacionales desertan. Es totalmente falso que la población salvadoreña, sin excepción, se haya “unido para trabajar y apoyar cada una de [las] decisiones” de Bukele. La protesta multitudinaria de las organizaciones sociales el 15 de septiembre dice lo contrario. El descontento es cada vez mayor y más combativo. El temor a las represalias retrocede ante la indignación y la cólera. Las filtraciones de algunos de los trapos sucios de la dictadura es otro indicador de ese malestar. Hasta ahora, Bukele dominaba indiscutiblemente las redes digitales. La exposición de algunas de las intimidades impresentables de su régimen lo ha colocado a la defensiva. Es difícil saber si habla de buena fe o si es un redomado embaucador. Si lo primero, habla sin datos, tal vez porque su círculo íntimo lo mantiene en la ignorancia para no perturbar sus quimeras. Si lo segundo, no debiera mentir por respeto a ese pueblo al cual dice sentirse obligado y para no usar el nombre de Dios en vano, un nombre que invoca venga o no a cuento, quizás en busca de legitimidad. Los apremios de la realidad no propician “las aspiraciones espirituales”, tal como Bukele aseguró en New York. La prioridad de las mayorías es asegurarse un “mínimo vital”, sistemáticamente negado. En su país no hay cabida para todos. Los extranjeros —en particular, los estadounidenses— encuentran más espacio que los propios salvadoreños, sobre todo los empobrecidos, quienes, con sobrada razón, siguen abandonando el arca de Bukele. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Mientras a cinco líderes comunitarios de Cabañas se les procesa por su presunta participación en un asesinato cometido en 1989 durante la guerra civil, la gran mayoría de los crímenes de guerra y de lesa humanidad que conmocionaron al país y al mundo duermen bajo el manto de la impunidad. Todo asesinato o desaparición merece ser investigada y aclarada, por supuesto, pero en El Salvador hay crímenes de guerra que, pese a haber sido investigados y documentados, incluso con declaraciones de testigos fiables, permanecen impunes. El magnicidio de monseñor Romero sigue sin justicia, al igual los asesinatos durante el conflicto de sacerdotes, pastores evangélicos, alcaldes y defensores de derechos humanos, entre otros. ¿Por qué el sistema judicial se empeña en mantener presos a unos líderes comunitarios acusados por un testigo protegido que primero dijo que presenció el crimen y después, que le habían contado? En El Salvador, la destrucción del medioambiente está a la orden del día. La contaminación de ríos y lagos es cosa ordinaria. Grandes proyectos urbanísticos y de turismo arrasan con bosques, destruyen zonas de recarga hídrica y desalojan comunidades y personas. Todo ello sin que las autoridades digan algo. En ese marco, el caso de los ambientalistas de Cabañas ha despertado la solidaridad nacional e internacional. Cientos de organizaciones de todo el mundo, comunidades, instituciones de la sociedad civil, congresistas y senadores estadounidenses, relatorías especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas, incluyendo a la relatora para Defensores de Derechos Humanos, han exigido la liberación de los cinco de Cabañas ante la debilidad de la acusación. Que a estos líderes comunitarios les dediquen tiempo, fiscales, jueces y magistrados para lograr que sean condenados solo es explicable por su trayectoria organizativa y su liderazgo en la lucha contra la minería metálica; una lucha que culminó con la prohibición de dicha industria en 2017. Las comunidades y organizaciones que apoyan a los líderes campesinos están convencidas de que la verdadera razón de la persecución es quitarlos de en medio ante un posible retorno de la minería metálica en el país. En El Salvador de estos tiempos, a los victimarios se les protege con la impunidad y se condena al olvido a las víctimas; a los corruptos se les premia y a los honrados se les margina o despide; a los que denuncian los crímenes se les encarcela; a los que defienden la tierra y el agua se les procesa; y a los que destruyen la naturaleza se les alaba. En este momento del país, mentir es la norma y decir la verdad es motivo de escarnio. El desenlace del caso demostrará si la justicia, como en los tiempos de monseñor Romero, solo muerde a los descalzos o si es capaz de resistir los designios de los poderosos, ceñirse a ley y a las pruebas, y en base a ello, liberar a los cinco de Cabañas.

A finales de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto para el Futuro, un largo documento en el que los países se comprometen a trabajar en favor del desarrollo sostenible y eliminar la pobreza y el hambre en el mundo; trabajar en la construcción de la paz y seguridad internacionales, dando un “no” a la guerra y buscando solucionar a través del diálogo todos los conflictos; dar acceso a la población a las ventajas de la ciencia y la tecnología actual, especialmente incorporando a todas las personas a las ventajas de los sistemas digitales. Y simultáneamente optar por frenar las amenazas del cambio climático; comprometerse con la justicia intergeneracional y apostar por el bienestar de la juventud y las generaciones futuras; y transformar la gobernanza mundial, dándole nuevos recursos a las Naciones Unidas y abriendo la participación equilibrada en el Consejo de Seguridad de países de regiones hoy poco representadas. El Salvador, que ya ha destacado por el rechazo de algunos funcionarios a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que hace pocos años se negó a firmar el Pacto de Escazú en favor del medioambiente, se abstuvo en la votación del Pacto para el Futuro, a pesar de que en el discurso interno se prometen muchas cosas semejantes a las que se hallan en aquel. Poco después de que el país se significara en contra del Pacto con su abstención, Bukele se presentó a la Asamblea General de la ONU y habló de El Salvador como uno de los pocos países con brillo espectacular entre las naciones. No es extraño que el discurso se realizara ante una sala casi vacía. Si hace un poco más de cinco años tuvo una intervención desafiante y llamativa en la Asamblea General, la nueva fue demasiado defensiva y con abundantes contradicciones entre el discurso y la realidad del país. Con la excepción de Nicaragua, El Salvador Venezuela, Argentina y un par de casos más, la naciones latinoamericanas respaldaron el Pacto. Es difícil explicarse los objetivos de la política exterior salvadoreña y los réditos que pueda obtener el país negándose a suscribir un acuerdo no coercitivo que defiende el Estado de derecho, la herencia de justicia y paz a las próximas generaciones y a los jóvenes actuales, y el acceso generalizado a las ventajas de la cultura digital. El Gobierno de Bukele es un claro promotor del acceso a Internet en el campo educativo, más allá de los fallos que pueda haber en el desarrollo de sus esfuerzos. Le encanta hablar de la paz en el interior del país, pero no está claro que tenga una posición pacifista y dialogante en política internacional. En el plano nacional, la tendencia al con nosotros o contra nosotros lleva hacia una polarización cada vez más amarga y poco coherente con la cultura de paz que propone el Pacto. Hablar continuamente de un futuro extraordinariamente bueno para el país y a la vez negarse a firmar un acuerdo internacional de valor moral y de perspectivas de futuro digno, deja un mal sabor de boca. La política internacional es importante para nuestro país. Nayib Bukele tiene razón cuando exige respeto a El Salvador. Pero menospreciar a otros países, presumir de cierta superioridad sobre ellos, negarse a acompañar esfuerzos vinculados a los derechos humanos y a la erradicación de la pobreza, no es una actitud política que favorezca la inclusión de El Salvador en los esfuerzos mundiales en favor del desarrollo.

En el país, la preocupación por la economía es generalizada. Nayib Bukele lo sabe y ha prometido centrarse durante el próximo quinquenio en la solución de los problemas económicos. Habla con frecuencia de inversiones que aportarán fuentes de trabajo, atraerán capital extranjero y generarán desarrollo y bienestar. Promete, además, una etapa de medicina amarga que administrará a través de las medidas requeridas para arreglar la economía y lograr un futuro más próspero. Sin lugar a dudas, Bukele hace bien cuando se preocupa por el tema, porque la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades aquejan a demasiada gente. Sin embargo, es una incógnita qué puede significar en la práctica la medicina amarga. Porque la receta aplicada en el terreno de la seguridad ha generado —para usar un término muy querido por el Gobierno— “daños colaterales” intolerables. Se justifica, pues, la pregunta de quién sufrirá en esta ocasión los excesos de la nueva medicina amarga. Porque las víctimas de las políticas gubernamentales no son simples daños colaterales, sino personas que requieren el reconocimiento público de su inocencia, la presentación de disculpas y, en determinados casos, una indemnización por el daño causado. En algunas circunstancias históricas, a todo un pueblo le toca cargar con esfuerzos especiales e incuso sacrificios para conseguir un bien común. El Salvador lo sabe de sobra, puesto que para lograr el fin de la guerra civil hubo muchas personas que sacrificaron o arriesgaron bienes, seguridad, futuro e incluso la vida. ¿A todos por igual se les aplicará la medicina amarga que cure a la economía o solamente a las clases medias, en buen parte depauperadas, y a los pobres y vulnerables? Para impedir que en esta cura salgan más afectados los que menos tienen y los sectores más vulnerables, justo es mencionar algunos problemas económicos que necesitan arreglo previo. Fortalecer la economía campesina y la soberanía alimentaria es clave para evitar que los desfavorecidos y excluidos sufran más. La formalización del trabajo informal, que ocupa a casi la mitad de los trabajadores del país, es otra cuestión básica. Sin acceso a la seguridad social y a la laboral, perseguidos por los caprichos estéticos de las municipalidades, la medicina amarga puede causar en ellos durísimos estragos. El sistema irracional y tacaño de las pensiones, dedicado a minorías, debe ser cambiado en beneficio de todos los salvadoreños. Hasta ahora, no es más que un negocio privado al servicio de unos pocos y que deja en un fuerte nivel de desamparo a grandes grupos. Una reforma fiscal progresiva, por la que aporten más quienes más tienen, no solo es una necesidad, sino el único camino justo y decente para equilibrar las desigualdades socioeconómicas. Y finalmente, muy poco se logrará si no se invierte mucho más en salud y educación, y se lucha de verdad contra la corrupción. Cuando se trabajen con seriedad estos temas se podrá hablar de imponer sacrificios en beneficio del bien común. De lo contrario, la medicina amarga no hará más que aumentar las desigualdades y la pobreza.

Los contrapesos y los controles son indispensables para contener la tendencia al desenfreno de la naturaleza humana. No es fácil mantener a raya la seducción del poder y del dinero; los mejores propósitos se estrellan contra ella. Su fuerza casi irresistible estriba en que estimula los instintos más primarios de los seres humanos. La respuesta rápida e irreflexiva pide controles externos para frenar la impulsividad y establecer cierto equilibrio. Cuando esos controles son débiles o inexistentes, la naturaleza humana se desenfrena. Su ambición de poder y riquezas es insaciable. La sociedad salvadoreña es testigo de hasta dónde puede llegar el libertinaje. “El dinero alcanza cuando nadie roba” fue un comienzo prometedor, que suscitó un entusiasmo genuino. La promesa, en lo que tuvo de verdad, se echó a perder cuando Bukele desmontó los contrapesos y los controles del Estado. Entonces, volvió lo de siempre, cuya exhibición progresiva pone en aprietos a los funcionarios que dan la cara. Bukele argumentó que la institucionalidad estatal los despojaba de la libertad para reinventar el país. Si la reinvención tuvo algo de verdad, se perdió, justamente, cuando derribó la institucionalidad y permitió que los suyos saquearan la nación. Irónicamente, la reinvención nació muerta. El ansia de libertad absoluta la aniquiló, aun antes de dar sus primeros pasos. Una vez desmontados los contrapesos y los controles institucionales, liquidada la oposición política, neutralizado el gran capital —tan beligerante en el pasado reciente—, acorralado el periodismo independiente y silenciada la profecía de los mártires salvadoreños, el oficialismo se desenfrenó, ansioso de poder y dinero. Al comienzo actuó con timidez, pero una vez cogió confianza, se entregó al libertinaje, desde Casa Presidencial hasta el soldado y el policía que recorren los vecindarios a la caza de víctimas. La avidez por poder y riquezas es tan voraz que cada vez es más difícil de ocultar. El escándalo causado por la divulgación de la abultada y disparatada nómina de la legislatura oficialista ilustra el desenfreno y sus consecuencias perversas. Arrinconados, los diputados no han dado con mejor argumento que la descalificación y el insulto. Cada vez que alguno intenta justificar la corrupción legislativa, el galimatías es mayor. El escándalo alcanzó niveles superiores a raíz de la circulación de audios que exponen la conducta ilegal e inmoral de su presidente. Sorprendido, desautorizó la fuente, en un espectáculo lamentable. El desenfreno no es inofensivo. Mientras desvalija la ya maltrecha hacienda pública, debilita a la dictadura, al dejarla sin liquidez y abrir una brecha en su seguridad. El siniestro del helicóptero militar, ya sea “un accidente” o una conspiración, es un indicio crítico de debilidad. Un solo golpe eliminó a la cúpula policial y a un estafador, aliado del oficialismo. Relegarlo al olvido no disminuye la gravedad de lo ocurrido. En otro nivel, en sus interioridades se libra una puja por varias magistraturas. El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia no oculta que quiere nueve años más, por la sencilla razón de sentirse muy cómodo en ese sillón. Si el gabinete permanece, por qué no los magistrados. La continuidad cierra el camino a otros aspirantes a esos puestos. Entre más fiera la competencia, más división. No por razones ideológicas o políticas, que nunca las hubo, sino por apetitos, recelos y envidias. El desconcierto interno del oficialismo se expresa en declaraciones que dicen más de lo que quisieran o muestran más de lo conveniente. El desbarajuste del oficialismo se observa en las declaraciones de todos sus voceros, sin excepción. Una vez abierta las compuertas de la ambición es muy complicado cerrarlas y contener el desenfreno. La purga interna no parece ser opción, ya que los más corruptos son los que tienen más poder y liderazgo interno. Retener a los libertinos equivale a conservar la fuente de los escándalos de corrupción y del desgaste, que alimentan el descontento popular, cada vez más general y firme. Si algo dejó claro la protesta de las organizaciones sociales del 15 de septiembre es que el desgobierno es tan inaceptable que han perdido el miedo a denunciar sus desmanes. La dictadura pensó que la ruta hacia el futuro pasaba por la desarticulación de la institucionalidad estatal. Pero en poco tiempo cayó en lo mismo de siempre con muchos de los de siempre. El principio de novedad lo perdió cuando pretendió gobernar sin contrapesos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

líderes autoritarios En los últimos años, han tomado fuerza dos dinámicas globales que afectan los sistemas democráticos: la polarización política y la emergencia de líderes autoritarios. En realidad, ambos fenómenos están estrechamente vinculados. Un ejemplo: en 2024 habrá elecciones en más de 70 países; solo 43 de ellas se podrán catalogar como totalmente libres e imparciales. Las agudas desigualdades socioeconómicas y el hecho de que millones de personas no puedan satisfacer sus necesidades más elementales han creado un terreno fértil para la aparición de líderes que se presentan con aura de salvadores y que dicen ser diferentes a los políticos tradicionales, pero que por lo general son simples farsantes que aumentan la precariedad de sus pueblos. Los lobos se disfrazan de ovejas; el caído se presenta como ángel de luz. Conviene, pues, saber distinguir a los buenos dirigentes de los farsantes. ¿Cómo reconocer a un buen dirigente? Primero, es una persona honesta que no cambia sus convicciones a conveniencia. Cuando se equivoca, admite los errores sin tratar de disimularlos. Su conducta y su discurso están en coherencia con el modo en que vive. En segundo lugar, escucha a la gente, pues sabe que sus decisiones afectan a millones. En tercer lugar, no miente ni acepta que sus colaboradores mientan. Y al respecto, vale aclarar que la mentira política es distinta de la mentira común: el mentiroso común lo hace con palabras y en su radio inmediato; el mentiroso político recurre a maquinarias mediáticas para instalar en el imaginario colectivo una mentira como verdad. El cuarto rasgo es que honra su palabra y no ofrece lo que no puede cumplir. En quinto lugar, es transparente, no esconde sus actos ni encubre a sus colaboradores. Si el líder rinde cuentas, sus colaboradores también lo harán. Finalmente, el buen dirigente une a su pueblo, concilia las diferencias y se rodea de personas íntegras, honestas y competentes. En contrapartida, hay signos que alertan sobre un mal líder. Primero, suele tener una personalidad narcisista, un trastorno de personalidad que le lleva a sobredimensionar su propia importancia. Necesita ser siempre el centro de atención y admiración; cree que el mundo gira en torno a él. Segundo, tiende a ver la esfera política como un espacio para alcanzar su gloria personal. Tiene una actitud mesiánica y prepotente que lo lleva a despreciar la crítica, e incluso la opinión de sus asesores. Considera su enemigo a quien lo critica y divide a la población entre los que lo aplauden y los que no. Tercero, concentra el poder en detrimento de la división de poderes y, ante todo, buscar controlar los organismos de justicia. En este sentido, para el mal líder, la democracia es un obstáculo. Cuarto, por elevarse por sobre todos los poderes, está convencido de que no debe rendir cuentas a nadie ni a nada. Así, progresivamente pierde contacto con la realidad. En quinto lugar, miente sin pudor frente a quien sea y se cree irreemplazable. Por todo lo anterior, el mal líder busca perpetuarse en el poder. Si el destino de la humanidad vuelve a pender de un hilo y es cada vez más incierto, en buena parte se debe a la multiplicación de estos lobos disfrazados de oveja, estos caídos que irradian luz gracias a los nuevos reflectores mediáticos.

En El Salvador ha sido frecuente llamar antisociales a los delincuentes comunes. A quienes cometían delitos de cuello blanco se les perdonaba ese calificativo, como si una especie de jerarquía de clase social eximiera de cualquier palabra ofensiva a quienes en algún momento habían pertenecido a una supuesta élite de gente que se considera educada y buena. Tanto unos como otros pertenecen a la misma especie de insociables. Y para aclarar esa palabra, bueno es que acudamos al pensamiento clásico de un filósofo del siglo XVIII que continúa influyendo notablemente en el pensamiento contemporáneo: Immanuel Kant. Comentaba el filósofo que en las sociedades humanas ocurre lo mismo que en los viveros en los que se cuidan y cultivan árboles con el fin de trasplantarlos. Al mantenerse muy juntos unos al lado de los otros, tienden a desarrollarse rápidamente, porque ninguno quiere quedarse sin la luz que les ayuda a crecer. Y a partir de ahí, trasladaba ese ejemplo a la convivencia humana hablando de la “insociable sociabilidad” de la misma. En otras palabras, el vivir juntos nos ayuda a crecer, pero, al mismo tiempo, no queremos que nadie nos haga sombra. Y al pelear para gozar de la mayor luz posible, con frecuencia impedimos el crecimiento de los demás. De esa “insociable sociabilidad” pueden brotar ambiciones abusivas, guerras, excesos de poder o la simple trampa brutal para que el otro me sirva de escalón, o incluso de abono, para lograr un poco más de crecimiento. El camino de salida de esa contradicción entre el crecimiento personal y el de otros miembros de la colectividad humana pasa siempre por la colaboración y el servicio. Desde el pensamiento religioso resulta evidente que con frecuencia el amor al prójimo nos conduce a convertirnos en servidores de los demás, limitando algunos aspectos del desarrollo individual. Es otra manera de pensar el desarrollo personal, basándolo más en valores solidarios que en exigencias individuales. Pero también desde el pensamiento humanista el placer de la convivencia y la colaboración generosa lleva en ocasiones a sacrificar oportunidades de crecimiento en beneficio de la alegría de sentirse bien cooperando con otros. En las asociaciones de jóvenes dedicadas a la solidaridad, tanto religiosas como laicas, no faltan los que atrasan sus titulaciones universitarias u otras metas de desarrollo personal por llevar a cabo actividades de voluntariado. En sociedades como las centroamericanas, la insociabilidad ha trascendido a las estructuras sociales de convivencia. En países asolados por graves desigualdades socioeconómicas y culturales, las estructuras básicas de convivencia democrática suelen convertirse en instrumentos de crecimiento y desarrollo para minorías frente a los deseos de crecer de las mayorías. Los sistemas judiciales se pliegan a los deseos de los más fuertes, la educación o la medicina cuidan y ayudan a crecer más a quienes tienen más, y el Estado, que debía estar constitucionalmente al servicio de la persona humana en general, se vuelve un mecanismo rápido de ascenso social para quienes detentan puestos de poder en el mismo. Insociables, a secas, las estructuras de nuestras sociedades deben regenerarse desde la generosidad y el servicio. Y debemos ser los ciudadanos los que, conscientes de nuestra insociable sociabilidad, luchemos por transformar nuestra sociedad autoritaria en una democracia social y solidaria.

Editorial UCA Los teóricos y propagandistas de la guerra inventaron un término exculpatorio de los crímenes cometidos: “Daños colaterales”. Ya en el siglo XVI, quienes criticaban las guerras reconocían que en ellas podía haber víctimas inocentes. Pero a partir de mediados del siglo XX, los conflictos armados comenzaron a causar sistemáticamente más muertes en personas ajenas a ellos, como mujeres, niños y ancianos. Hoy, por lo general, mueren más civiles que combatientes. Los reclamos de las Iglesias o de las Naciones Unidas ante esta situación de injusticia y violación a derechos caen rápidamente en el olvido. Se ha naturalizado, se ha convertido en algo normal que muera más población civil, especialmente de sectores vulnerables, que combatientes. Los norteamericanos consagraron el término daños colaterales para justificar los abusos de sus guerras. La guerra de Israel contra Hamás es en la práctica una guerra contra la población civil de Gaza. Pero también en Sudán o en Etiopía, entre otros lugares, las guerras internas se convierten en masacres de civiles o incluso en verdaderos genocidios. Esta naturalización de violaciones a derechos humanos se traslada con frecuencia a otros aspectos de la actividad social. La persecución del delito se convierte en algunos países, como el nuestro, en “guerra” contra la delincuencia y se termina dañando y golpeando a inocentes por la arbitrariedad con la que se procede. La violación a derechos humanos de personas inocentes se ha justificado en El Salvador aludiendo a daños colaterales, considerándolos normales en una guerra contra el crimen. Con el término “guerra” no solo se termina naturalizando que el enemigo carece de derechos, sino que las injusticias contra inocentes son normales por el fin que se persigue. El pensador renacentista Maquiavelo les decía a quienes tenían poder que era mejor “ser temido que amado”. Y para que quedara más claro, le recomendaba al gobernante que aprendiera a “comportarse como bestia y como hombre”. Sin necesidad de acudir a la lectura de los clásicos, muchas autoridades han optado por la mezcla de humanidad populista y uso del poder para infundir miedo y paralizar la acción social frente a los desafueros. La naturalización del abuso de inocentes, aunque pueda crear miedo y parálisis social, beneficiando con ello a quien ostenta el poder, termina multiplicando la cultura de la violencia y generando conflicto. Un país que quiera vivir en paz tiene que perseguir el delito, pero no desde la violencia, sino desde la investigación y desde un sistema judicial eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Lo contrario lleva siempre a perpetuar tensiones. Priorizar el diálogo y buscar un desarrollo inclusivo siempre es mejor que generar heridas y resentimientos. Los países centroamericanos deben ser vistos y comprendidos por toda la ciudadanía como proyectos de realización común, no como el triunfo excluyente de un sector de la población que se impone autoritariamente sobre los demás. Hace prácticamente cuatro años, en su carta Fratelli tutti, dirigida a todas las personas de buena voluntad, el papa Francisco decía: “Cuando se respeta la dignidad del hombre, y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común”. Las guerras y la minusvaloración de sus víctimas no hacen más que multiplicar los daños a la humanidad.

Las nuevas tecnologías de la información han impactado y cambiado al mundo de diversas maneras, algunas de ellas profundamente. Y en ese marco sobresalen las redes sociales, que permiten la conexión permanente y al momento con el acontecer mundial, y que han pasado a ser parte fundamental de la vida de una inmensa mayoría de la población global. Esto pese a su lado oscuro: las redes sociales se han convertido en la arena privilegiada para dañar a personas, instituciones y gobiernos; sus algoritmos suelen premiar la violencia, barbarie e intolerancia de los usuarios; son fuente inagotable de falsedades y desacreditación. La horizontalidad que propician en la participación ciudadana está aparejada con la abundancia de prejuicios y mentiras, en el mejor de los casos, y daño intencionado, en el peor. Gracias a las redes, toda personas tiene a mano un altoparlante para volcar sus opiniones, juicios de valor y frustraciones sobre quién sea y lo que sea. El Gobierno de Bukele apostó desde su inicio por la comunicación como principal estrategia. Creó una gigantesca maquinaria mediática que en la actualidad incluye, entre otros, canales digitales, portales, granjas de troles y medios de comunicación convencionales. El objetivo es claro y de doble rasero: por un lado, alabar, sobredimensionar e inventar bondades de Bukele y su administración; y por otro, atacar a toda persona e institución que cuestiona los planteamientos y acciones del régimen. En algunas redes sociales, las mentiras gubernamentales parecen ser parte de una política de Estado para desacreditar e imponer la versión oficial de los hechos. Mediante el engaño y una intensa y omnipresente propaganda se ha manipulado la opinión pública. Sin embargo, las tecnologías de la comunicación están jugado un nuevo papel en el sino del oficialismo: hoy están siendo utilizadas por diversos actores para desmontar el discurso de Bukele y desvelar realidades que con esmero se ha buscado ocultar. El destape del uso indebido y antiético de los fondos públicos en la Asamblea Legislativa para contratar a parientes, familiares y amigos, y desviar fondos a Nuevas Ideas ha minado seriamente la credibilidad de los cyan. A ello se sumó la filtración de la planilla de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que expuso el salario desproporcionado de los servidores públicos. Y finalmente, la reciente filtración de grabaciones en las que figuras destacadas del oficialismo planean acciones de espionaje y acoso. Por el momento, Bukele y su Gobierno han perdido la iniciativa; estando contra las cuerdas en el ring de las redes sociales, no les ha quedado de otra que bloquear cuentas que consideran opositoras y guardar un inusual e incriminatorio silencio.

El siniestro del helicóptero militar que se cobró la vida de nueve personas (entre ellas, la cúpula de la policía) pareciera indicar que un enemigo mucho más poderoso que las pandillas acecha a Bukele. Sus reacciones, una mezcla de desconcierto, impotencia y cólera, más la confusión sobre las circunstancias de la tragedia, apuntan en esa dirección. Él fue el primero en reconocer que no fue “un simple accidente”. Por tanto, fue un asesinato. Delante de los féretros y de los familiares de las víctimas admitió su consternación. Había ocurrido algo inimaginable para quien pensaba que controlaba el país. Incapaz de articular un mensaje de pésame y solidaridad, se refugió en el gastado tópico del “país más seguro del mundo”, sin caer en la cuenta que, a sus espaldas, yacían ocho cadáveres que lo negaban. El 15 de septiembre, volvió a lamentar la pérdida de sus héroes, sin aclarar lo ocurrido. Si no fue un simple accidente, lo cual es muy probable, dado que la información disponible es discordante, la mano criminal es muy poderosa. Actúa desde las profundidades de la dictadura con asombrosa eficacia. A falta de información, se pueden adelantar dos hipótesis no excluyentes: la primera, existe una feroz lucha interna de poder; la otra, se trató de un ataque del crimen organizado contra un puntal de la dictadura. También puede tratarse de una lucha de facciones del oficialismo, vinculada al crimen organizado. Sea lo que sea, ante este enemigo, la llamada guerra contra las pandillas fue un juego de policías y ladrones: los pandilleros se dejaron capturar sin ofrecer resistencia armada. El modelo de Bukele no está a la altura de este otro enemigo, que actúa desde dentro con inteligencia, armamento y eficacia. La brecha en la seguridad de la dictadura dejó expuestos a unos colaboradores tan cercanos e indispensables que Bukele no sabe cómo reemplazarlos. Tampoco está preparado para esclarecer los hechos con la celeridad con la que presume capturar delincuentes comunes. Desconfiado de sus organismos de inteligencia, solicitó investigadores estadounidenses, una petición a la que Washington accedió de inmediato. El manto de silencio lanzado sobre la tragedia no augura nada bueno. Probablemente, las familias nunca sabrán en realidad qué ocurrió. El miedo y la incompetencia paralizan a la dictadura. La pompa fúnebre pretendió llenar ese vacío. Pero, sepultados los cuerpos de las víctimas, las preguntas sin respuesta, la especulación y la brecha en la seguridad personal de los colaborares permanecen. El modelo de Bukele tiene mucho de ficción. Días antes de la caída del helicóptero, el líder de una de las pandillas más grandes fue asesinado en una de sus cárceles de máxima seguridad. Las circunstancias de este crimen son tan oscuras como las del helicóptero. A diferencia de las víctimas de este, exaltadas como héroes, la otra ha sido olvidada. Este asesinato nunca ocurrió como tampoco los más de 300 acaecidos en las cárceles de Bukele. No es cierto, pues, que hayan transcurridos 700 días sin homicidios. En todo caso, sin homicidios perpetrados por pandilleros, que, según el registro oficial, son los únicos que cuentan. No es casualidad que en el discurso del 15 de septiembre Bukele se haya puesto a la defensiva, en una explanada atiborrada de soldados mudos, en lo que quiso ser una demostración de fuerza del señor de los ejércitos. Además de perder a sus héroes, se enfrenta con la filtración de la base de datos del seguro social con los salarios astronómicos de sus funcionarios, la circulación de audios que reproducen conversaciones comprometedoras de varios burócratas de Casa Presidencial con otro colaborador, también asesinado, y con una multitudinaria marcha de protesta, que reunió a un amplio abanico de organizaciones sociales, Una vez más, defendió su maltrecho modelo de seguridad y la incompetencia de la inversión pública. Atacó duramente a quienes le exigen obras de infraestructura social. Los acusó de no entender que la vida marcha paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y los exhortó a ser pacientes. Todo llegará, a su debido tiempo y de su mano. La solución a la crisis nacional la atribuyó, irónicamente, al “pensar en colectivo” y, en definitiva, a la voluntad divina, que decide directamente el acontecer del país. Bukele hace lo que puede, pero es Dios quien decide en último término, con lo cual se libra de responsabilidades. Impotente para prevenir las adversidades y derrotar a sus enemigos, Bukele confía ciegamente en que Dios lo librará. En el día de la independencia, el presidente de un Estado oficialmente laico hizo confesión de fe y de confianza en la voluntad divina. Si es honesto, su providencialismo peca de ingenuidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

José M. Tojeira Los que creemos en Dios sabemos que a Él no lo podemos usar ni manipular. Sin embargo, la palabra Dios es usada con demasiada frecuencia en la política. Y conociendo a los políticos lo primero que debemos preguntarnos es si usan o abusan de la palabra. También si lo hacen por ingenuidad o por cinismo, por necedad o por deseo de manipular personas o situaciones. San Agustín, pensador universal de hace varios siglos, solía decir que los hombres buenos “se sirven del mundo para venir a gozar a Dios; pero los malos, al contrario, para gozar del mundo se quieren servir de Dios”. Servirse de Dios para, supuestamente, fortalecerse es lo que vemos cuando los políticos hablan de Dios o de la tradición cristiana y simultáneamente atacan, mienten y denigran a los migrantes, se enfurecen con las críticas y reprimen a los opositores. Es normal que terminamos pensando que algo humano falla en tales personalidades, por importantes que sean. Y que su cristianismo está severamente averiado. Otro de los pensadores famosos, pero muy diferente de Agustín, fue Maquiavelo. Él decía que a quien gobierna puede convenirle aparecer como bueno y piadoso. Pero que también “debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera necesario”. O en otras palabras del mismo autor, “un príncipe (gobernante) debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre”. Aunque la política debe ser el campo del gobierno de leyes, sigue habiendo políticos que no dudan en comportarse como bestias, aunque lo disimulen con diferentes razones. La fuerza bruta es siempre una tentación en política. Basta ver la cantidad de coroneles y generales que se han impuesto como gobernantes en nuestra bicentenaria historia independiente. Irse de un extremo a otro y combinar bestia y hombre simultáneamente no tiene razón de ser en una democracia. Pero los autoritarismos actuales no nos vienen vestidos con quepis y charreteras. Hoy los enemigos de la democracia suelen venir de dentro de la misma, ganando elecciones y cambiando leyes para perpetuarse en el poder. Y como laicos que son en países de tradición cristiana, no resisten la tentación de referirse a Dios, manipulándolo a su gusto para conseguir la aceptación de la gente. Las negociaciones oscuras, el enriquecimiento ilícito, la despreocupación por la situación de los pobres, diferentes formas de corrupción conviven fácilmente con el deseo de que Dios proteja al país. Al final terminan hablando de un dios con minúscula, que no exige cambios, ni opción preferencial por los pobres, ni mucho menos justicia y reparación para quienes han sufrido graves violaciones de sus derechos. Un dios con minúscula que no llega ni siquiera a ser un ídolo, porque las idolatrías modernas del poder y del dinero no lo ven como un rival ni como un igual. Frente al dios irrelevante de los políticos el Dios cristiano llama siempre a la paz, a la justicia y hacia la transparencia y el esplendor de la verdad. Y asume pacíficamente el sufrimiento en esa lucha en favor del bien y del amor. No dice que hay que amar a los buenos y odiar a los malos sino que hay que permanecer fiel en la acción de buscar el amor para todos, aunque esa actitud lleve hacia la cruz. Quienes invocan un dios falso desde el poder, buscan siempre el fracaso e incluso el dolor del enemigo. El Dios verdadero quiere que el malvado se convierta y viva. Y eso solamente lo logran los seres humanos cuando desde la fe en el Dios verdadero buscan la paz desde el diálogo, desde la justicia y desde la resistencia en el bien. Y quienes así actúan no presumen de ser amigos de Dios ni lo meten en todos sus discursos, sino que lo honran desde la verdad, desde la honestidad y desde la dedicación inclaudicable al bien del prójimo, aun a costa de la propia comodidad. Usar a Dios para fines espurios suele tener el mismo efecto que escupir al cielo: termina uno manchado.

La semana pasada se dio una riña entre jóvenes estudiantes de dos institutos públicos de la capital. La pelea a pedradas dejó heridos, cuatro de ellos de seriedad. Las redes se inundaron de comparaciones con las pandillas, presagios de nuevas violencias y peticiones de castigo y mano dura, como si la buena conducta dependiera exclusivamente del castigo. El hecho, más allá de la barahúnda de las redes, merece una reflexión seria sobre la situación de los jóvenes en El Salvador y la incidencia que puede tener en ellos la educación y la cultura. Para comenzar, habría que preguntarse por la situación familiar de los jóvenes. Familias desestructuradas, con poco diálogo interno, con violencia intrafamiliar, con abandono y ausencia de uno o de los dos progenitores no constituyen el mejor ambiente educativo. Y si algún apoyo debe dar la institucionalidad pública, no basta con poner en la Constitución que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Si en las escuelas se descuida la sana disciplina, no se da un acompañamiento de consejería a los jóvenes, se carece de atención psicológica y no se dialoga sobre las problemáticas de los adolescentes, es difícil querer cosechar ciudadanos imbuidos de una cultura de paz intachable. Añadir castigos exagerados sobre esta situación familiar y educativa precaria suele redundar en una agudización de la cultura de la violencia. Muchos jóvenes de los institutos públicos viven en zonas en las que la pobreza o la vulnerabilidad están presentes. En otras palabras, sufren y ven sufrir formas de violencia estructural a sus familiares y amigos. Porque eso son los salarios raquíticos e insuficientes, el hacinamiento en viviendas precarias, la falta de atención en los sistemas de salud o las dificultades impuestas a los comerciantes informales. Los jóvenes experimentan que sus salarios, cuando comienzan a trabajar, son peores que los de sus padres. Son, además, los más afectados por la falta de empleo, por la cárcel, por la migración forzada o por el estigma de la violencia cuando viven en determinados barrios. El consumismo les impulsa a poseer cosas, pero su realidad socioeconómica les impide tenerlas. Emigran porque saben que hay vacío y falsedad en las palabras altisonantes de quienes dicen que los jóvenes son el futuro de la patria. Las agencias internacionales de desarrollo insisten en la necesidad de justicia intergeneracional. Sin embargo, una buena parte de las instituciones educativas públicas y la economía del país están diseñadas para que el que nació pobre o vulnerable continúe siéndolo de adulto. Quienes superan esa condena son más la excepción que la regla. Ver jóvenes violentos no debe impulsar a la condena y al castigo, sino a un examen de conciencia nacional. Si no se reflexiona sobre la violencia que habita en la cultura y las instituciones, nuestra sociedad nunca comprenderá a los jóvenes. La juventud es una etapa de cambio, y todo cambio significa fuerza y dinamismo frente a la situación anterior. Si el cambio no se acompaña, y si quienes deberían acompañar no ofrecen solidaridad, diálogo y cordialidad, no es raro que aparezcan conductas negativas. Los jóvenes reciben e imitan aspectos de una sociedad que margina, que es desigual, que divide entre superiores e inferiores, y que mantiene, desde el poder económico, social y político, estructuras de violencia contra una buena parte de la población. En el fondo, la violencia juvenil debe ser vista por los adultos como una llamada a cambiar un modo de convivir en el que dominan la injusticia social, el autoritarismo y la exaltación de la solución violenta de los conflictos. Los adultos pedimos siempre a los jóvenes que aprendan a convivir. El compromiso adulto con una cultura de paz y justicia social es el único camino para orientar positivamente el dinamismo y la fuerza juvenil.

El Time desvela algunos aspectos personales del strongman nacional. Reside en “un pueblito” de “las afueras de San Salvador”. No se considera de izquierda ni de derechas, sino un político comprometido con “resolver los problemas de la gente”. Su modelo es el emperador romano estoico Marco Aurelio (121-180), que “medita” sobre el gobierno perfecto en su obra más conocida. En esa misma línea, el strongman, antes de tomar una decisión, analiza, contrasta y filosofa. No decide lo más popular ni “lo que más [le] conviene”, sino “lo que le conviene a mi pueblo y al futuro de mi país”. En sus análisis, el strongman explora sus fortalezas y debilidades, sus objetivos y las amenazas que lo acechan. En sus cavilaciones, encontró un ejército débil y lo duplicó, una policía sin herramientas y la tecnificó, y un sistema penitenciario controlado por los delincuentes y lo limpió. Empero, el siniestro de un helicóptero militar con la cúpula policial y un prófugo muy buscado, antecedido por el asesinato del líder de una pandilla en una de sus cárceles más seguras, pone en entredicho la solidez de sus análisis y, sobre todo, la seguridad de la que tanto presume. Solicitar ayuda internacional para investigar la caída del helicóptero deja en muy mal lugar a su fiscalía, su policía tecnificada y sus servicios de inteligencia. Estos hechos evidencian que el strongman no es tan poderoso como se podría pensar. Tal vez por eso le dijo al Time que no es filósofo ni rey, aunque en X conserva el título. El strongman se presenta como un gobernante generoso, que habría cambiado su seguridad por la del país. En efecto, de ser “la persona con más seguridad”, con “guardaespaldas, carros blindados y todo”, pasó a ser la más insegura, buscada por “los narcos, los pandilleros, los criminales, las mafias”. El país, en cambio, recorrió el camino inverso: de la inseguridad máxima pasó a la seguridad total. Además de magnánimo, el strongman se muestra humilde. Aunque acepta que el intercambio de seguridades lo hizo muy popular, al Time le confesó que no se siente responsable de dicha popularidad. La fama trajo consigo la acusación de autoritarismo, un inconveniente que ha asumido estoicamente, ya que “en la vida, todo tiene un costo”. Le molesta que lo llamen dictador, porque “muchas veces los argumentos […] a la luz de la realidad tienen poco” fundamento. Pero, por otro lado, no le quita el sueño, pues no solo “me gusta lo que hago”, sino también “es una realidad y ni modo”. Que lo tachen de dictador “es demasiado pequeño como para que [le] moleste mucho”. Él es mucho más grande. Lo único que le disgusta es no poder “caminar tranquilo por la calle y salir con mis hijas a pasear”. Estos sacrificios los halló recompensados en la masiva representación de la comunidad internacional el 1 de junio, pues “pocos gobiernos, muy pocos, son reconocidos por el cien por ciento de los países del mundo”. El interés fue gradual hasta convertirse en una avalancha. Después de haber sido condenado por “todo el mundo”, recibió “más atención de la que esperábamos, pero una atención positiva”. El strongman la atribuye a su grandiosa victoria sobre las pandillas, “sin la ayuda de nadie, más bien con las condenas de todo el mundo”. Las críticas, “una narrativa muy fuerte en contra”, tampoco lo perturban, porque la democracia es libertad. Más aún, “nos preciamos de ser un país libre en todo sentido. Pocos países del mundo pueden decir tal cosa, nunca hemos reprimido una manifestación, aunque no digo que no lo vayamos a hacer en el futuro”. El partido oficial no es único, sino “hegemónico, muy hegemónico”. El partido único “no es compatible con la democracia”. Por tanto, la ciudadanía puede elegir y eligió libremente. La falsedad de las críticas se manifiesta “cuando la gente viene aquí y ve la realidad” y la contrasta “con lo que se ha dicho afuera”. Lo que no dice es que cuando los turistas ya no puedan hacer ese contraste y dejen de venir, y cuando los de dentro se cansen, arreciará la represión. El strongman aseguró que no volverá a reelegirse, por no permitirlo la Constitución ni su esposa. El primer argumento no tiene peso. La constitucionalidad nunca ha sido un obstáculo para él. El segundo es más serio, pero, si se le antoja, tampoco lo detendrá. La tentación de permanecer en el poder es fuerte, no solo por la ambición, sino también porque no desea volver al sector privado. Una posibilidad, dado el éxito de su modelo, es emplearse como asesor de otros strongmans interesados en él. No sería el primero en encontrar esa salida. Jefe guerrillero amante de la guerra hay que, dejadas las armas, se empleó como negociador de conflictos en otros países. Hasta en eso sería como los mismos de siempre. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la actualidad, las campañas anticorrupción son utilizadas por los gobiernos autoritarios para atacar, perseguir y encarcelar a los opositores, mientras sus corruptos son protegidos. En El Salvador, la corrupción dejó de ser un fenómeno para convertirse en una especie de cultura que atraviesa a la sociedad en todos sus estratos y en muchas de sus dimensiones. En lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública, la deshonestidad y la compra-venta de decisiones gubernamentales han sido la norma. Aunque toda corrupción es dañina, hay niveles de corrupción por el perjuicio que causan. El periodista y pensador Moisés Naím distingue tres niveles. El primero es el más común: la corrupción clásica, que generalmente es transaccional, es decir, que implica el intercambio de favores. Por ejemplo, el automovilista que soborna a un policía para evitarse una esquela o el funcionario que agiliza o aprueba un trámite a cambio de dinero. Esta corrupción, tanto de quien da como de quien recibe, es una enfermedad que debilita a la sociedad. El segundo nivel se da en países gobernados por cleptócratas, es decir, personas enfocadas en el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos. En una cleptocracia, el primer ministro o el presidente dispone de los fondos del Estado como si fuesen propios y, para ganar lealtades, reparte dádivas entre su círculo cercano: familiares, amigos, compadres, prestanombres, socios, aliados políticos, altos militares, etc. Este tipo de corrupción puede llevar a la quiebra a un país. El tercer nivel es el de la corrupción propia de los Estados mafiosos, aquellos en los que el crimen organizado está al frente del Gobierno. La mafia gobernante usa el Estado para alcanzar sus objetivos, que casi siempre redundan en la acumulación de riqueza. En este contexto, la corrupción no solo es una fuente de enriquecimiento ilícito, sino un potente instrumento político. Los gobernantes de los Estados mafiosos usan la corrupción como un arma para acrecentar su poder e influir en las relaciones internacionales. Es esta la escala más alta de la corrupción, pues ya no se trata de que el crimen organizado influya en los gobernantes desde fuera, sino que está instalado en el Gobierno. La mafia tiene su propio modo de operar. Tiene una estructura jerárquica en la que la lealtad y el respeto al jefe mafioso es fundamental. El secreto y el silencio son parte del código de honor. A la hora de defender sus intereses, la mafia actúa sin escrúpulos, valiéndose de cualquier medio. Usa la violencia y la intimidación para zanjar las diferencias internas, eliminar rivales, controlar territorios y aumentar su poderío. A escala global, la corrupción de los Estados mafiosos constituye una amenaza ante la cual hay pocas respuestas efectivas. Este tercer nivel de la corrupción no solo constituye una amenaza para la democracia, sino también para la seguridad internacional.

En la actualidad se contemplan dos tendencias de gobiernos autoritarios en América Latina, enfrentados a un modelo democrático y respetuoso de las instituciones de control del poder. La primera tendencia tiene las características más tradicionales de las dictaduras, aunque se conserven formalmente algunos aspectos de la vida democrática. Tienen elecciones, pero con maniobras fraudulentas que impiden la libertad de voto o lo manipulan; poseen instituciones propias de un sistema de división de poderes, pero controladas desde el poder ejecutivo; emplean contra la disidencia la fuerza militar, y el control policial duro y represivo contra la población. Son regímenes fuertemente represivos, con graves violaciones a derechos humanos y que no soportan la más mínima crítica. Reprimen la organización social y la libertad de expresión incluso en las redes sociales. Se consideran a sí mismos de izquierda y llevan a cabo alianzas con países de tradición autoritaria. Su lenguaje utiliza una terminología socializante y antiimperialista, pero no tienen ningún problema en convivir con dinámicas de empresa privada neoliberal. La corrupción y el enriquecimiento ilícito del liderazgo es muy evidente. En América Latina hay, con algunas diferencias, países con este tipo de gobierno. Regímenes autoritarios que a la vez que mantienen estructuras semejantes a las de las democracias, proceden con la brutalidad característica de las dictaduras clásicas. La otra tendencia autoritaria, al igual que la primera, intenta dominar, someter y manipular todas las instituciones de control del poder y facilitar la corrupción a cambio de obediencia ciega. Manejan un lenguaje hostil hacia las agencias de derechos humanos y utilizan tanto al sistema judicial como al ejército y la policía al servicio del fortalecimiento del poder central. Y si es necesario, para detener a sus enemigos. Pero difieren en algunos aspectos del anterior modelo. La presencia civil es más fuerte en la gestión gubernamental. Mantienen una mayor libertad de expresión. Tienen una opción en materia económica estrictamente neoliberal y persiguen selectivamente a quienes piensa que pueden hacerle daño políticamente. Reciben a grupos libertarios y bitcoiners que odian todo intervencionismo estatal, especialmente en el terreno económico. La corrupción, la reserva de información y el reclutamiento de oportunistas de todos los partidos políticos, así como el control del ejército y la policía, les dan la apariencia de un gobierno irresistible. Manejan las redes de comunicación y la propaganda con elasticidad e imaginación, enfocándolas en una narrativa optimista y laudatoria de la actividad del gobierno o del líder, y desarrollando simultáneamente campañas de odio contra quienes piensan, hablan o escriben críticamente. Hacen alianzas según conveniencias políticas y económicas, y se dan el lujo de criticar tanto a los países del primer modelo claramente represivo, como a los que tienen una democracia consolidada. El primer modelo está quedando cada vez más obsoleto, al menos en este momento. Se corresponde con el clásico militarismo del siglo pasado, aunque manteniendo un rostro civil en la cúspide. El segundo modelo está en auge. Con los militares y la policía en la sombra, pero activos en la represión cuando es necesario, este modelo se presenta como un régimen civil, con unas elecciones ganadas limpiamente. Frente a este doble estilo de regímenes autoritarios está el modelo de respeto a la institucionalidad democrática que en buena parte ha cansado a la población por su lentitud a la hora de impulsar un desarrollo inclusivo. Y es precisamente ese cansancio el que aprovecha el populismo autoritario cool para presentar un mundo de desarrollo neoliberal en el que de la riqueza de los más ricos, siempre en aumento, se desprenderá riqueza para todos. En El Salvador estamos viviendo el drama de la ensoñación producida por el segundo modelo. ¿Será duradero? ¿Se mezclará en algún momento con el estilo represivo del primer modelo? ¿Surgirá un nuevo liderazgo democrático que, a diferencia de nuestro pasado, proponga avanzar más rápidamente hacia el desarrollo inclusivo? El rumbo del país no es en estos momentos el mejor y día con día los datos nos dicen que algo falla en el actual modelo. Pensar en El Salvador, en su desarrollo humano, en su futuro, es tarea urgente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a El Salvador que no renueve el régimen de excepción debido a que ha amparado una sistemática violación de derechos humanos. El régimen, que limitó algunas libertades ciudadanas para combatir la criminalidad, se convirtió muy pronto en un sistema abusivo de otros derechos y de convenciones internacionales. El propio Gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a más de 6 mil personas detenidas por error. Una medida excepcional que, según la Constitución, no debe durar más de un mes, aunque pueda renovarse, lleva ya 30 meses de vigencia ininterrumpida. Los abusos y violaciones de derechos humanos son múltiples y diversos. Se ha detenido a personas simplemente por ser jóvenes y vivir en barrios pobres. “Estaban en el lugar equivocado”, han llegado a dar como explicación algunos funcionarios, como si vivir en un barrio marginal fuera una equivocación o un delito, achacable a quien no tiene recursos para residir en otra parte. Las acusaciones anónimas se convirtieron en causas válidas de prisión. Los detenidos por el régimen llevan largo tiempo encarcelados sin que se cumpla para ellos el mandato constitucional de una pronta y debida justicia. Esas mismas personas, además de estar en severas condiciones de hacinamiento, no pueden recibir la visita de sus abogados ni de sus familiares. Muchas veces las familias ni siquiera saben en qué cárcel están sus parientes. Confían en que están vivos porque las oficinas penitenciarias les reciben alimentos y productos de aseo para ellos, algo que sus parientes necesitan porque el Estado no lo cubre adecuadamente. En algunas cárceles incluso se han restringido los servicios religiosos. Y se habla de un futuro en el que jueces sin rostro juzgarán en grupos de hasta 900 personas a los acusados de agrupaciones ilícitas. Suspender el régimen de excepción no solamente es una tarea de justicia, sino también un asunto de humanidad. La criminalidad, en especial los homicidios, se ha reducido drásticamente. Y esa suele ser la razón de muchos para que continúe el régimen de excepción. Sin embargo, esa baja de la criminalidad, además de las injusticias cometidas, debería ser precisamente una de las razones para suprimirlo. Si hay una reducción drástica del crimen y están desarticuladas las pandillas, la Policía puede y debe mantener la situación de tranquilidad social sin salirse del marco legal. Ya no es necesaria una ayuda excepcional que produce tantas injusticias y abusos. Mantener el régimen es desnaturalizar a la Policía para convertirla en un organismo arbitrario y prepotente; una Policía abusiva y cómoda que ya no necesita investigar el delito porque puede detener arbitrariamente a las personas; una Policía a la que nada le impide cometer abusos. Con el régimen de excepción, se está llevando a la PNC, que nació para corregir la brutalidad de los antiguos cuerpos de seguridad, a la negación de sus principios fundacionales. La recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no solo es legítima y apegada a derecho, sino necesaria para frenar una dinámica autoritaria que puede conducir al país a una nueva situación de degradación social. No renovar el régimen de excepción resulta indispensable para promover, aunque sea mínimamente, la cultura de paz que El Salvador necesita.

El origen del salario mínimo se remonta a 1790 en Nueva Zelanda y Australia. Previamente, los empleadores les pagaban tan poco a los trabajadores, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, que estos no podían satisfacer ni lo básico para sobrevivir. El salario mínimo nació con el fin de corregir esa injusticia y garantizar una vida digna para la clase trabajadora. La medida se fue extendiendo por el resto de países. El salario mínimo debe permitir que el trabajador y su núcleo familiar cubran las necesidades básicas de alimentación, salud, educación vivienda y esparcimiento, entre otras. Por ello es entendido como un derecho humano que posibilita el goce de otros derechos. Además, constituye una herramienta fundamental de los Estados para combatir la pobreza y la desigualdad entre la población. ¿Cómo se define el salario mínimo? Primero, se toman en cuenta el costo de la vida y la inflación de modo que la paga permita vivir con dignidad. La Constitución de la República establece que el salario mínimo debe ser revisado de forma periódica; el Código de Trabajo manda a revisarlo cada 3 años. La autoridad responsable de ello es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, adscrito al Ministerio del Trabajo, que está compuesto por representantes de los trabajadores, de la empresa privada y del Gobierno. La última revisión fue en agosto de 2021, cuando se fijó el salario mínimo en $365 mensuales para el sector de industria, comercio y servicios. Han pasado, pues, tres años y el Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre el asunto. Lamentablemente, la fijación del salario mínimo se ha desvirtuado. En la actualidad, el salario mínimo se define como la cantidad más baja que un empleador está obligado a pagar a sus trabajadores, ya sea por hora o por jornada de trabajo. El salario mínimo es absolutamente insuficiente para llevar una vida digna, pues su monto se define de espaldas a los intereses de los trabajadores y ha devenido en una manera de perpetuar un modelo dañino para sus intereses. Si una persona trabaja 8 horas diarias y lo que gana apenas le alcanza para comer y pagar los servicios, su situación es similar a la de un esclavo. Según el Centro para la Defensa del Consumidor, el costo de la vida para una familia promedio salvadoreña supera los 500 dólares mensuales, lejos del actual salario mínimo. Además, El Salvador tiene el salario mínimo más bajo de los países centroamericanos, exceptuando Nicaragua. Agrava la situación el tremendo aumento del costo de la vida, mientras los salarios se mantienen estáticos. Al no subir, el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo. Las encuestas confirman que es cada vez más difícil para las familias de menos ingresos llegar a fin de mes. Que la pobreza haya aumentado 4.4% en los últimos 5 años (2019-2023) y que el país tenga cerca de dos millones de salvadoreños (1,923,303) viviendo en la pobreza son datos que confirman que la gente no está en el centro de la preocupación de los gobernantes. Darle largas a la revisión del salario mínimo es perpetuar una injusticia estructurada y legalizada que solo favorece a los empleadores. Para ser realistas hay que decir que un aumento al salario mínimo legal solo beneficiaría directamente a una cuarta parte de la población económicamente activa, que es la que goza de un empleo formal. Pero el salario mínimo, al igual que las pensiones (solo la tiene y la tendrá un pequeño porcentaje de los trabajadores), tiene un efecto multiplicador en la economía nacional y en el resto de la población. Salarios y pensiones dignas ayudan a que se dignifique la vida de la población en general. La indiferencia a la situación que viven los y las trabajadores solo es otra confirmación de que las condiciones de vida del pueblo salvadoreño no son prioridad para la presente administración del país, obsesionada por proyectar una buena imagen hacia el exterior, como quien embellece su casa por fuera y esconde la suciedad, pobreza y precariedad en la que vive puertas adentro. Por justicia, por ética, incluso por la imagen que proyectamos, urge revisar y aumentar el salario mínimo. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social.

El Time abrió sus páginas, portada incluida, a Bukele, a quien dio en llamar strongman. En el amplio espacio que le concedieron, “el hombre fuerte” describe El Salvador, no el de la ciudadanía, sino el suyo. Naturalmente, su perspectiva es muy positiva y alentadora. No habría, pues, razones para la preocupación, la crítica o el desaliento. El Time obsequia a sus lectores un Bukele en el país de las maravillas. En el trasfondo de sus divagaciones se vislumbra la enajenación del entrevistado. El país del “hombre fuerte” es ideal para que los extranjeros, en concreto, los estadounidenses, disfruten sus vacaciones. Es un país pequeño y muy lindo. Tiene las mejores playas de surf del mundo, los mejores cafés del mundo y la mayor densidad de preciosos volcanes del mundo. Es totalmente libre, abierto y bien comunicado con la Florida. Por eso, algunos de los delegados enviados por Washington a la toma de posesión piensan adquirir propiedades para descansar. Los dos únicos éxitos que se atribuye son la seguridad, “una victoria abrumadora”, y el bitcoin, una novedad agridulce. Ignora la economía, la educación, la salud o la pobreza, y se regodea en la seguridad. En un desliz, el “hombre fuerte” atribuye el fenómeno de las pandillas a la falta de familia y de oportunidades. Si esos jóvenes hubieran encontrado educación y empleo, no habrían sido pandilleros. Ahora son enfermos irrecuperables que, como no pueden permanecer en las calles, permanecen encerrados indefinidamente. Está convencido de que el Estado le falló a esa juventud. Pero eso no volverá a suceder, porque ahora es prioridad. Pese a ello, no indicó qué oportunidades ha puesto a su disposición. En consecuencia, emigrar o la cárcel sigue siendo su destino. No cualquier cárcel, eso sí, sino la mejor de los países norteamericanos. En efecto, sus cárceles son limpias y ordenadas, sin pleitos ni homicidios, y tienen la tasa de hacinamientos y mortalidad más baja de América Latina. Los reclusos gozan de la misma calidad de vida que el ciudadano promedio, pues el “hombre fuerte” no tolera que vivan mejor que sus víctimas. En consecuencia, su dieta es igual a la de ese ciudadano: frijoles, arroz, queso y tortillas. No incluye carne y camarones, pero sí las proteínas y los carbohidratos indispensables. En síntesis, sus cárceles son totalmente diferentes a las de América Latina, donde reina “un caos total”. El “hombre fuerte” atribuye las denuncias de muertes y torturas a una abundante narrativa falsa. “No hay ni una tan sola prueba” de esos crímenes. “No estamos matando a nadie en la cárcel”, dice. De hecho, la tasa de mortalidad de sus prisiones es la más baja del continente, incluido Estados Unidos. Claro, siempre ocurren decesos por edad o enfermedad. El Cecot, la cárcel emblemática, es la más abierta del mundo a la prensa, que tampoco ha encontrado indicio de los crímenes que le imputan sin fundamento. Además, tiene “un sistema de justicia muy fuerte […] independientemente de quien esté involucrado, y lo hemos demostrado desde el gabinete hacia abajo. Abordamos los delitos de manera imparcial”. De ahí que encuentre absurdo que Washington haya sancionado al responsable de las cárceles más ordenadas del continente. Igualmente absurdo es que lo acusen de haber negociado con las pandillas, dado que no tenía nada que ofrecerles a cambio. Otra “buena noticia” del “hombre fuerte” es que, “en el horizonte cercano”, suspenderá el régimen de excepción… cuando se den las condiciones. Todavía andan sueltos entre ocho y nueve mil pandilleros, estima. Una afirmación sin fundamento, porque no dispone de un censo. Pero lo sabe “porque todos los días agarramos una cantidad de pandilleros, todos los días”. Una vaguedad tan grande es intolerable en una seguridad que se toma en serio. Así, pues, “la normalidad” volverá cuando convenga a sus intereses. “El hombre fuerte” confiesa haber mantenido en su juventud un idilio con el periodismo. Entonces, lo respetaba porque fiscalizaba al poder e informaba a la opinión pública. Rompió esa relación cuando descubrió que se había prostituido, al renunciar a la verdad y ponerse al servicio de intereses económicos y políticos. A su juicio, la prensa independiente actual es tan propaganda como la gubernamental, con la diferencia de que esta no lo oculta. Reconoce así que sus spots son simple y vulgar publicidad. En cualquier caso, nunca ha capturado a ningún periodista ni ha cerrado ningún medio. El “hombre fuerte” siempre ha pensado que “las sociedades avanzan porque hay un tratamiento integral de sus problemas”. Sin embargo, en la monserga no hay rastros de esa aproximación. Solo habla de la guerra contra las pandillas y del régimen de excepción, seguidos por un etcétera indefinido. Al parecer, eso es todo lo que sabe del país que gobierna. Quizás por eso las quejas, los reclamos y las peticiones desesperadas de ayuda solo encuentran silencio. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En los últimos años, la eliminación de importantes instituciones del Estado ha pasado a ser rutina. Hasta la fecha, más de una decena de instancias gubernamentales han sido cerradas. A este respecto, el proceder del Gobierno de Bukele suele seguir un mismo patrón. Primero, se trata de instituciones que prestan servicio a sectores vulnerables de la población o que reciben fondos significativos del presupuesto nacional. Segundo, el cierre de la institución se justifica desde la necesidad de modernizarla. Tercero, aunque en un inicio se anuncia que la institución no desaparecerá, después se crea otra instancia para sustituirla. Cuarto, finalmente los servicios que ofrecía la institución cerrada desaparecen o se reducen drásticamente, afectando de manera directa a las personas que eran beneficiadas. Cuando se cerró el Instituto Nacional de la Juventud (Injuve), se creó la Dirección de Integración, que supuestamente asumiría sus funciones. Hasta el momento, no existe una política dedicada a la juventud, a pesar de que esta constituye el sector mayoritario de la población. Algo semejante sucedió con el cierre del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp), una de las instancias mejor valoradas por empresas e instituciones por su labor de cualificación profesional de los trabajadores. El Insaforp fue sustituido por el Instituto Nacional de Capacitación y Formación (Incaf), del cual no se tiene ninguna noticia. Si bien el impuesto para la formación profesional se sigue cobrando, solo una quinta parte se destina ahora, en teoría, a la formación profesional. Cuando se redujo drásticamente el Fondo de Desarrollo Económico y Social (Fodes), que para las municipalidades disponía del 10% de los ingresos totales del Estado, se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) como encargada del desarrollo municipal, adjudicándole la mayoría de dineros que antes se destinaban a los gobiernos locales. Sin embargo, la profunda ineficacia de la DOM es quizás la principal responsable del rechazo ciudadano a la gestión de las municipalidades en el período previo a la reducción de los municipios. El mismo patrón se siguió en el cierre de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc), cuyas funciones fueron asignadas al Banco Central de Reserva, y con la Dirección Nacional de Medicamentos, cuyas tareas asumiría una hipotética Superintendencia de Regulación Sanitaria. Todas las mencionadas eran instituciones que servían a la población, como también lo hacían los extintos Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (Isdem), el Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conna). Y no hay nada que dé pie a pensar que el Ejecutivo dejará de cerrar instituciones de similar importancia. En esa línea, un golpe demoledor para el futuro del país sería, por ejemplo, el cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Por qué cerrar instituciones que brindan servicios importantes al país y a la población? Una razón podría ser la precariedad de las finanzas públicas; otras, el afán de borrar todo vestigio positivo de Gobiernos anteriores; y una tercera, el cumplimiento de exigencias del Fondo Monetario Internacional para que el país sea receptor de un salvataje económico vía préstamo. Lo más probable es que la respuesta a la pregunta sea una mezcla de las tres razones, con el añadido de que las condiciones de vida de la población más pobre no son prioridad del Gobierno. De lo que no cabe duda es de que está en marcha un proceso de desmontaje de las instituciones de protección social.

El término liberal en política puede significar realidades diversas. En la mejor de las tradiciones liberales el término significa respeto a la libertad de las personas y compromiso con las limitaciones de la libertad de los gobiernos, generalmente señaladas en las Constituciones, para evitar los abusos de poder. Abusos de poder que también se dan en ocasiones desde otras instituciones no estatales, como desde la economía o desde otras instituciones sociales o políticas, y que deben ser controlados y limitados también desde la legislación. En este sentido, el espíritu liberal no está reñido con las diversas ideologías políticas. Se puede ser socialista o capitalista y mantener la libertad propia de las democracias, así como el control del poder, expresados en las Constituciones respectivas y en la división de poderes. Libertad que defiende a las personas en su modo de pensar, hablar y organizarse y, simultáneamente controla cualquier abuso de poder, venga de cualquier autoridad del Estado o de cualquier organización social o económica. Pero también hay instituciones y partidos políticos que aunque se identifican como liberales son profundamente contrarios al valor de la libertad. No tienen inconveniente en restringir la información pública, permiten que las grandes empresas suban precios o maltraten a los trabajadores, odian a los defensores de derechos humanos acusándolos de defender a criminales o de seguir supuestas agendas extranjeras, y hostigan y lanzan campañas de odio contra grupos sociales opositores o críticos. Un país puede permitir una libertad casi sin control a las empresas, pero eso no le hace liberal. Hay liberalismo de izquierda que promueve derechos sociales dentro del marco democrático liberal, y hay liberalismo de derechas que se mantiene en el mismo marco democrático aceptando la división independiente de poderes. Ambos liberalismos son respetuosos de los derechos humanos y tratan de mantenerlos en sus agendas tanto partidarias como de gobierno. Lo contrario al liberalismo no es el socialismo sino el autoritarismo. Cuando se dice respecto a El Salvador que tenemos en la actualidad un régimen autoritario lo que se nos dice es que se están negando libertades ciudadanas. El hecho de que haya libertad de empresa no quiere decir que vivamos en un régimen liberal. Proteger y apoyar a los más fuertes siempre ha sido uno de los vicios de los regímenes autoritarios. La democracia, que nunca es perfecta y debe estar siempre en construcción inclusiva, tiene siempre ese componente de defensa de las libertades y control de los posibles abusos del poder. Las elecciones, aunque son fundamentales en la democracia, no aseguran la democracia. Son el primer paso. Pero después deben seguir la defensa de las libertades, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, junto con una institucionalidad potente que controle cualquier abuso de poder. Ver una Asamblea Legislativa que aprueba con demasiada frecuencia con dispensa de trámite lo que se le envía desde el ejecutivo, o un sistema judicial que hace la vista gorda ante los “habeas corpus” que pudieran frenar los abusos del ya largo “régimen de excepción”, hace pensar que la institucionalidad no se corresponde con la democracia ni con el espíritu liberal que invita al debate, al diálogo y a la búsqueda de acuerdos entre los contrarios. El desprecio de las obligaciones convencionales, la lectura caprichosa de la Constitución realizada desde y a favor del poder, rompen un principio liberal y democrático básico: Solo los derechos básicos de la persona, y no el poder, pueden considerarse absolutos.

El Gobierno actual no quiso firmar el Acuerdo de Escazú, en el que los países latinoamericanos se comprometen a garantizar el acceso a la información pública en temas ambientales. Sin embargo, la administración Bukele dice impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, según consta en la página web de Casa Presidencial. En el Objetivo 16, que habla de instituciones sólidas, se menciona como necesario el acceso a la información pública. En 2010 se aprobó en la OEA la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. En 2011, la Asamblea Legislativa aprobó una normativa nacional sobre acceso a la información, la cual sigue vigente hasta el momento. A pesar de todo, cada vez hay más quejas sobre las trabas para acceder a información pública. Y también cada vez con mayor frecuencia el Gobierno establece reserva de información por varios años a proyectos, actividades e inversiones estatales, recurriendo a razones en general absurdas. En esa línea, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, en un reciente estudio, detectó un bajo cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. De las 18 instituciones gubernamentales analizadas por el Observatorio, ninguna cumplió con las responsabilidades establecidas en la legislación. Los tres poderes del Estado parecen estar de acuerdo en restringir el acceso ciudadano a la información. Aparte de las sospechas de corrupción que genera, esta situación ha llevado a serias confrontaciones entre el periodismo de investigación y el Gobierno. Se ha generado así un estado de temor entre los periodistas, que sufren amenazas y acoso cuando descubren irregularidades e indicios de corrupción. Los discursos de odio en las redes, con un plus de agresividad machista cuando la periodista es mujer, incluso han forzado a algunos periodistas a abandonar el país. Un caso especial de opacidad y negativa a la información es el de la Dirección General de Centros Penales. En el contexto del régimen de excepción, los abogados defensores no pueden visitar a los privados de libertad. Por su parte, los familiares de los detenidos no saben en qué prisión están sus parientes ni si viven o están muertos. La negativa del sistema carcelario a informar es inmisericorde, brutal y despectiva tanto del derecho internacional como de las personas concretas, esposas, madres y parientes que quieren conocer la situación de sus seres queridos. Más allá de las violaciones al derecho nacional y convencional, hay un serio problema ético que afecta a la moralidad pública. La Iglesia católica defiende en su pensamiento social que la información pública “se encuentra entre los principales instrumentos de participación democrática”. Por ello, insiste en que “la sociedad tiene derecho a una información fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad”. Negar información implica no solo violar la ley, sino incurrir en un acto inmoral profundamente dañino para la convivencia, un acto de agresividad y de violencia contra las personas.

Los valores tradicionales no se promueven desde la soberbia. La promoción y la defensa de esos valores tradicionales queda desautorizada cuando se hace desde la soberbia. Tampoco se deben excluir el robo, la mentira y el asesinato. Afirmar los llamados valores tradicionales sin esto último es engaño, muy útil para revestirse de robustez moral ante los sectores sociales más conservadores y retrógrados. La soberbia, junto con los vicios mencionados, está reñida con la fe que algunos dicen tener puesta en Dios. En el mejor de los casos, no en el Dios de Jesús, sino en el dios del dinero y del poder. En los tiempos que corren, la soberbia no llama la atención. Es uno de los vicios socialmente interiorizados, que se practica y se sufre con total normalidad. No hace mucho, el papa Francisco le dedicó una de sus catequesis de los miércoles. La denunció como un mal con consecuencias devastadoras. El soberbio, arrebatado por el engreimiento, se exalta a sí mismo por encima de todo y de todos. El soberbio cree ser mucho más de lo que es en realidad, ansía ser reconocido como superior a los demás, quiere ver reconocidos sus méritos y desprecia a los otros y los trata como seres despreciables. El vicio de la soberbia, avisa Francisco, es acompañado por el de la vanagloria. Esta es una enfermedad del yo humano, un trastorno infantil. La soberbia, en cambio, causa desgracias. Esto la convierte en la reina de todos los vicios. La identificación del soberbio no es difícil. La lista de los síntomas de quien ha sucumbido a ella es larga. El orgulloso es altivo y de nuca rígida, jamás se inclina ante nada ni nadie. Emite juicios infundados e irrevocables sobre los demás, que se le antojan irremediablemente ineptos e incapaces. Reacciona de forma exagerada ante la menor crítica constructiva o un comentario inofensivo. Siente que su majestad es ofendida y monta en cólera, grita y, profundamente resentido, rompe relaciones con los otros. La soberbia es inseparable de la envidia, los dos vicios característicos de quien aspira a ser el centro del mundo, libre para explotar todo y a todos, y el objeto de toda alabanza y veneración. La soberbia es autoestima inflada sin fundamento. El “yo” soberbio es dominante. Es incapaz de comprender las emociones y los sentimientos de los demás. No es consciente de que, aparte de él, existen otras personas en el mundo. Sus relaciones con ellas son prepotentes, oportunistas y manipuladoras. Su persona, sus logros y sus éxitos deben ser exhibidos ante el universo. El soberbio es un perpetuo mendigo de atención. Cualquier éxito es motivo más que suficiente para reclamar alabanzas. Es incapaz de valorar sus logros en su justa dimensión. Engreído y envalentonado, se presenta ante el mundo como un fenómeno nunca antes visto. Si sus cualidades no son reconocidas, se enfurece. Los demás son desagradecidos, reniegan de sus talentos y cualidades, no comprenden sus desvelos y sus esfuerzos, y no están a la altura de su grandeza. Son miserables y aviesos. Las repercusiones de la soberbia en la vida cotidiana son devastadoras. Destruye las relaciones humanas, envenena la convivencia social y personal, y envilece a los más cercanos. Poco se puede hacer por el enfermo de soberbia. Es imposible hablar con él y, mucho menos, corregirlo, porque, en el fondo, está enajenado. No queda más que ejercer la paciencia, porque un día la torre de sus grandezas se derrumbará sobre él. En el vicio de la soberbia se esconde el mal radical, esto es, la absurda pretensión de ser como Dios. Ya monseñor Romero decía que el soberbio es un ególatra que no ha encontrado al verdadero Dios y, por eso, tampoco ha descubierto su propia grandeza. La soberbia figura en la serie de vicios que Jesús enumera para explicar que el mal siempre procede del corazón de los seres humanos. La ceguera insolente ignora que Jesús dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible: no juzgar nunca. El único remedio disponible para el soberbio es la humildad, el verdadero revulsivo para toda clase de arrogancia. En su catequesis, el papa Francisco no se refiere a nadie en particular. Por consiguiente, cualquier parecido con la realidad es simple casualidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA El pueblo salvadoreño sabe, por experiencia propia, que de las situaciones difíciles suelen nacer la solidaridad, la bondad y la creatividad para resolver los problemas. Si bien la vulnerabilidad del territorio hace que los fenómenos naturales desnuden la precariedad de las condiciones de vida de miles de familias, también despiertan una enorme solidaridad con los afectados. En la actualidad, el país vive tiempos difíciles, y la debilidad de la institucionalidad pública cada vez es más obvia y preocupante. El abandono de tareas por parte del actual Gobierno afecta a la población, principalmente a las comunidades más pobres del país. La falta de fondos en las alcaldías, agravada por la reducción del número de municipalidades, profundiza el abandono y lleva a El Salvador a un horizonte incierto. Mientras la propaganda repite sin cesar que es este un nuevo país, próspero y seguro, la desatención a las funciones básicas del Estado avanza. La falta de medicinas en el sistema de salud, la fuga de especialistas, el deterioro físico de muchos centros escolares y el descuido en el reparto de alimentos y uniformes a decenas de miles de niños y niñas del sistema público contradicen la narrativa oficial. El oficialismo ni siquiera es capaz de reparar los caminos y calles de las comunidades y colonias, ni de ofrecer un buen servicio de recolección de basura. El cierre o desmantelamiento de instituciones que atendían directamente a sectores vulnerables, como el Injuve, el Insaforp y la Secretaría de Inclusión Social, es muestra de que los jóvenes, los trabajadores y las mujeres no están en el centro de la preocupación del Estado. Ante la falla casi sistémica de los servicios que el Estado debería ofrecer a las población, surgen iniciativas ciudadanas. Jóvenes que deciden pedir dinero para reparar las calles de su comunidad, mujeres que acarrean piedras para llenar los baches que vuelven intransitables las arterias, gente que reúne materiales para garantizar el suministro de agua. La incapacidad o desidia del Gobierno anima la organización ciudadana; el abandono del bienestar social está demostrando que la ciudadanía es fuerte en la medida que se une. Las actuaciones de los ciudadanos que trabajan en conjunto reconfirman que la solución a sus problemas no vendrá de arriba ni de fuera, sino desde abajo y desde dentro de ellos mismos. Mientras los funcionarios exhiben sus miserias y egoísmos, la ciudadanía da muestras de organización y unidad para el bien común. Ese es el camino.

La democracia continúa siendo en El Salvador el régimen de gobierno preferido. Sin embargo no podemos decir que tengamos una democracia perfecta, como no lo pueden decir muchos otros países. Un régimen democrático que no sea inclusivo, que margine o no reconozca derechos básicos de las personas, tiene siempre que evolucionar y mejorar. Las democracias antiguas mantenían sistemas esclavistas. La mayoría de las democracias modernas, desde el año 1800 al 1900 no permitían votar a la mujer. El sufragio universal, sin restricciones de raza, estado económico o cultural, es también relativamente reciente. Todas las democracias han tenido que evolucionar hacia la inclusión de personas. Todavía hoy las democracias deben seguir mejorando sus niveles de inclusión de personas no solo de cara al ejercicio del voto, sino también mejorando los derechos básicos de educación, salud y participación social y económica de mucha gente. Aunque el voto es importante y básico en la democracia, no basta con que haya elecciones para que una democracia sea decente. La lucha contra la pobreza y contra la desigualdad extrema son indispensables para la inclusión de las personas en la vida social de cada país. Todavía hoy existen poderes que llamamos fácticos, que manipulan, marginan y utilizan la democracia en propio beneficio. En las dictaduras militares o militarizadas, los altos mandos casi siempre terminan millonarios, o al menos muy ricos. Cuanta más autoritarismo haya en el poder ejecutivo, más débil se vuelve la rendición de cuentas y más fácilmente crece la corrupción. El poder económico de algunos sectores minoritarios de la población tienen con frecuencia una influencia indebida en las democracias. Y lo utilizan casi siempre para defender sus intereses y crear un tipo de estructura económica en la que el mayor peso del mantenimiento del Estado acaba siendo sostenido por las clases medias y los pobres. Fuerzan desde el poder del dinero una legislación de privilegio que les permite mantener el propio enriquecimiento con ausencia de responsabilidad social. En El Salvador la tradición ha sido la de tener una democracia limitada. Incluso después de los Acuerdos de Paz la democracia estuvo muy limitada por los intereses particulares de los partidos gobernantes, las limitaciones de sus ideologías y el peso sustancial de los poderes económicos, siempre empeñados en mantener un sistema que agrava las diferencias y mantiene índices elevados de pobreza y marginación. Con el gobierno actual, de clara tendencia populista y autoritaria, los niveles de democracia en el país han descendido. La tendencia a convertirse en una democracia de partido único, con control rígido de las instituciones legislativas, militares y judiciales, así como con facilidades para adaptar la Constitución al fortalecimiento del poder ejecutivo y a reelecciones consecutivas de la presidencia, marcan un importante retroceso sobre la ya débil democracia que teníamos antes. El menosprecio y ataques a quienes defienden los derechos humanos, junto con el olvido intencionado de convenios internacionales firmados y ratificados por el país dedicados a controlar los excesos del poder, muestran el rostro duro de un régimen que, si bien se ha legitimado con el voto popular, entra en caminos cada vez más alejados de la gobernanza democrática. Insistir en los derechos de las personas y en la independencia de las instituciones de control del poder es el camino y la responsabilidad que nos queda a quienes queremos vivir en una democracia que sepa renovarse progresivamente al servicio inclusivo de todos los salvadoreños.

La Iglesia católica insiste en que “la familia debe ser considerada protagonista esencial de la vida económica”. Es esta una afirmación con la que pocos se atreverían a estar en desacuerdo. Sin embargo, en la práctica, las familias salvadoreñas están en abandono desde hace años. Algunos datos recientes muestran el desprecio gubernamental a la salud económica de las familias salvadoreñas. Según datos oficiales, la canasta básica alimentaria para una familia de cuatro personas asciende a 264 dólares. La canasta ampliada, que incluye otros gastos como educación, salud, vivienda, etc., ascendería, por tanto, a 528 dólares. Esa cantidad es la que debe ingresar un hogar de cuatro personas para poder salir de la pobreza, pero la gran mayoría de los trabajadores ganan menos de lo que cuesta la canasta ampliada. En otras palabras, muchos permanecen en la pobreza. El salario mínimo solo libra de la pobreza a un hogar si dos de los miembros trabajan y no hay más de dos personas dependientes. Si bien las remesas y algunos trabajos y horas extra posibilitan a algunas familias sortear la pobreza, la situación económica es difícil para la gran mayoría. Aunque en este año se debe subir el salario mínimo, los meses pasan y el Gobierno prefiere hablar de proyectos de infraestructura que caminan con lentitud. La única construcción veloz ha sido la de la gigantesca cárcel destinada a las pandillas. El atraso en el aumento del salario mínimo en una coyuntura de desmedido incremento de precios no es el único problema. Mientras la pobreza y la desigualdad continúan golpeando al país, un grupo de legisladores propuso subir el precio de la factura de agua, incluso en zonas de clase media-baja o pobre, donde el servicio es muy deficiente. Partiendo de que el consumo mínimo de agua por persona es de 3 metros cúbicos al mes, un hogar de cuatro personas tendría un aumento en la tarifa del agua de 39 dólares, un poco más del 10% del salario mínimo. Si se aprobara el aumento, se condenaría a la mitad de la población a hundirse todavía más en la pobreza o a consumir menos agua de la que se necesita para llevar una vida decente. La Constitución salvadoreña, en el artículo 32, afirma que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, el salario mínimo, que en principio debería ser suficiente para mantener a una familia, no se sube cuando los precios de la canasta básica aumentan. La Asamblea Legislativa prefiere distraerse con los propios salarios al tiempo que estudia la manera de subir los precios del agua. Las familias de los capturados en el marco del régimen de excepción no pueden visitar a sus parientes ni saber dónde se encuentran. Ello a pesar de que se ha demostrado que una proporción de los detenidos es inocente. Más allá de la propaganda y charlatanería gubernamentales, la protección de la familia nunca ha sido una prioridad. Quienes creen en el valor de la familia deben alzar la voz para recordar tanto la responsabilidad del Estado como lo que mandan la tradición cristiana y la decencia.

La negociación del rescate financiero del país con el FMI ha consensuado “acuerdos preliminares”, según este. Pero eso no significa que el acuerdo sea inminente. Las condiciones del FMI suponen una capitulación que Bukele aún no está dispuesto a aceptar. Resistirá hasta que su situación sea insostenible. Los avances convenidos provisionalmente incluyen un ajuste fiscal, reservas para el sistema financiero, transparencia y gobernanza. El ajuste fiscal del 3.5 por ciento del PIB en tres años para hacer viable la deuda pública figura en la agenda desde el comienzo de las pláticas. El ajuste se concretaría con despidos masivos en el sector público y la subida de los impuestos. Ninguna de esas medidas representa mayor dificultad para Bukele, porque no hay elecciones a la vista y, sobre todo, porque sus leales le juraron sufrir cualquier “medicina amarga” sin protestar y con una sonrisa. En teoría, el ajuste no incluye recortar el gasto social como es usual. Al contrario, el acuerdo prevé que aumente, así como también la inversión en “infraestructura crítica”, es decir, no la construida dispendiosamente para engrandecer a Bukele. El bitcoin tampoco es un obstáculo, porque los riesgos iniciales no se han concretado y, sobre todo, porque no ha sido aceptado socialmente. No representa más que una pequeña porción de los activos de la reserva del país. Inaceptable sería que el FMI exigiera retirarlo de la circulación como moneda de curso legal, porque eso representaría una bofetada para los hermanos Bukele. El Fondo se limita a pedir mayor regulación. La piedra de tropiezo del acuerdo no es de orden económico, sino político. El FMI exige transparencia y gobernabilidad, lo cual atenta contra la naturaleza de la dictadura. Sacar a la luz la información oculta, gobernar de cara a la opinión pública, respetar la institucionalidad estatal y responder eficazmente a las demandas sociales son cuestiones inaceptables. Es claro que el FMI es consciente del avance de la corrupción y la irresponsabilidad fiscal. El simple hecho de solicitar un rescate financiero coloca en entredicho el milagro del que tanto se enorgullece Bukele. El país no está en vías de ninguna reinvención que deje perplejo al mundo. El Salvador recorre la misma senda que Argentina, Ecuador, Pakistán, Egipto, Etiopía, Líbano, Sri Lanka y Ghana, países que recientemente han negociado rescates multimillonarios con el FMI. La pésima gestión gubernamental los llevó a la bancarrota y los obligó a solicitar un rescate financiero. Dicho de otra manera, la familia Bukele ha llevado al país a la ruina financiera. Es por eso que el FMI no aprueba el programa de rescate hasta no verificar que el país solicitante está comprometido con una gestión sana y sostenible. Es entendible que Bukele se resista a convenir el rescate con el Fondo. Suscribir un acuerdo para superar los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer las finanzas públicas no solo es reconocer el fracaso de su gestión, sino también gobernar según los lineamientos del banco y sometido a una constante supervisión. Así, pues, un detestado organismo internacional como el FMI pondría fin a su trasnochada ideología de soberanía absoluta. El raquítico crecimiento de la economía, la poca inversión extranjera directa y la deuda astronómica e imparable lo han colocado ante una decisión dolorosa, pero inevitable. Su alternativa es capitular ante el FMI o suicidarse financieramente. Aceptar y poner en práctica las condiciones del FMI cambiaría radicalmente el rumbo del país y el talante dictatorial de Bukele. El acuerdo lo dejaría sin escapatorias. Tendría que cumplir o hundirse, arrastrando consigo a su familia y al país entero. La repugnancia visceral que pueda experimentar a someterse al FMI es comprensible, pero se le acaba el tiempo y su posición es cada vez más insostenible. El momento de “la medicina amarga” parece inminente. No solo sus leales y el país entero tendrán que tomar dicho medicamento; Bukele también tendrá que tragarse una cucharada grande de su propia medicina. Uno más poderoso se dispone a administrársela. Llega la hora en que debe dar el ejemplo y aceptar el remedio amargo sin protestar y sonriente. Es tiempo de ejercitar la paciencia, de reducir la vanidad a niveles normales y de aprender de los errores. Voluntad política no tiene, humildad tampoco. Pero la ruina financiera apremia. La alternativa es finalizar el cuento de una buena vez, un cuento sin un final feliz. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Antes de las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro advirtió que si perdía las elecciones, el país caería en un baño de sangre. Y no mentía. Él perdió las elecciones y la represión que posteriormente desató para callar las protestas ya se cobra 2,400 personas detenidas, 25 asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La autoridad electoral venezolana, conocida por su sometimiento al régimen, declaró ganador a Maduro con el 52% de los votos sobre su contrincante, Edmundo González, quien habría obtenido el 43%. El amaño de las elecciones no es nuevo en el país suramericano. En la presidencia desde 2013, Maduro, como Ortega en Nicaragua, lleva años celebrando elecciones para aparentar legitimidad, pero manipulando el sistema electoral. Por eso, la participación electoral disminuyó significativamente hasta las pasadas elecciones del 28 de julio, cuando la posibilidad de una alternativa distinta al oficialismo entusiasmó a la población. El tribunal electoral afirma que Maduro ganó, pero no ha mostrado evidencia que confirme eso. Por el contrario, la oposición ha recogido actas en más del 80% de las urnas y las ha publicado en Internet. Según sus datos, Edmundo González ganó con el 67% de los votos, más del doble del porcentaje obtenido por Maduro. Antes de los comicios, la pregunta de rigor era si el régimen entregaría el poder si ganaba la oposición. Hasta la fecha, solo cuatro gobiernos latinoamericanos, Cuba, Nicaragua, Honduras y Bolivia, han felicitado a Maduro por su supuesto triunfo, un respaldo que ha sido más ideológico que basado en pruebas. En el resto de la región, la condena ha sido generalizada. Un informe de las Naciones Unidas sentenció que la autoridad electoral “no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles”. El poder engendra corrupción; quien tiene poder absoluto rara vez lo abandona de forma voluntaria y pacífica. Lo de Venezuela, como lo de Nicaragua, es indefendible. Padecen de un serio problema de coherencia quienes se rasgan las vestiduras por el estilo autoritario del gobernante salvadoreño y aplauden lo que hacen los mandatarios de Nicaragua y Venezuela. Eso es tan incongruente como señalar de fraudulentas a las elecciones venezolanas cuando las hechas en casa estuvieron plagadas de irregularidades desde antes de los comicios. Si se es demócrata, no se puede apoyar a una dictadura porque es de izquierda y criticar a otra porque es de derecha. Dictadura es dictadura. Ambas anulan el equilibrio de poderes y lo concentran en una persona o un grupo; se sostienen por la fuerza; violan los derechos humanos; y gobiernan por capricho. Lo que la razón y la justicia reclaman en el caso venezolano (y nicaragüense) es que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Y eso mismo debe exigir la comunidad internacional. La solución no es repetir las elecciones ni la injerencia interesada, sino que Maduro respete lo que decidió la gente. Si no presenta pruebas del gane que dice haber obtenido, la historia de Venezuela seguirá atorada en el oprobio dictatorial.

Nataly es una joven de 26 años que estudió ingeniería informática en Caracas. Vive desde hace dos años en España porque en Venezuela devengaba un salario equivalente a un par de dólares al mes. Cuando la conocí, me contó que, sin embargo, “la política le daba igual”, “que le da lo mismo si gobernaba Maduro o la oposición”, que lo que ella quería era “trabajar y devengar un salario justo para cubrir sus necesidades y las de su familia”. Al punto de terminar nuestra primera conversación, la joven informática, que ahora trabaja para una empresa encargada de diseñar videojuegos, me contó que en cuanto termine la dictadura regresará a su natal Caracas porque no le gusta vivir en España, pero es por ahora su mejor opción. Confiesa que tiene esperanza. Quiere regresar y aportar en su país. He vuelto a conversar con aquella joven entusiasta y soñadora. Después del pasado fraude electoral orquestado por el oficialismo en Venezuela, Nataly me confesó que ahora la política no le da tan igual como antes, que ella pensaba que Maduro respetaría el voto popular y que habría una transición ordenada y pacífica. Ahora teme por la salud de su madre que aún vive en Venezuela, pues con las últimas protestas no ha podido acudir al médico como debiese hacerlo. Recuerda su niñez recorriendo el parque nacional El Ávila. También recuerda a su padre en la playa, un modesto pescador que con mucho esfuerzo ayudó a sufragar sus estudios de informática. La joven tiene los ojos nublados. Desvía la mirada. Sus ojos color avellana se comienzan a enrojecer y aparece la tormenta. Su complexión rígida y caribeña de pronto se torna débil. Sigue sin entender por qué en su país ocurre todo aquello. Le regalo un verso de César Vallejo: “Tengo fe en ser fuerte”. El pasado 6 de junio, el célebre escritor y ganador de múltiples premios y reconocimientos internacionales Sergio Ramírez habló sobre el exilio. En un evento académico en el que se congregaron varios jóvenes que acababan de terminar sus maestrías, Sergio se refirió a su experiencia de exilio en Madrid. El escritor nicaragüense abandonó su país en 2021 por el asedio de la dictadura. Sobre él no solo pesa una orden de arresto, sino también el despojo de su nacionalidad. El autor de Margarita está linda la mar, premio Alfaguara de novela en 1998, asegura que tiene el “síndrome de la maleta abierta”; es decir, la esperanza de regresar a su país en cuanto sea posible. Una esperanza que se mezcla con nostalgia, pesar e incertidumbre. Para el también ganador del Premio Cervantes, “la literatura es un oficio peligroso cuando se enfrenta a las desmesuras del poder de las tiranías”. “Por eso es que las palabras se vuelven tan temibles, porque tienen filo, porque desafían, porque no se las puede someter, porque son la expresión misma de la libertad”. De esa libertad carece la dictadura, dice Ramírez, porque “hay lenguas que tienen el país por cárcel, lenguas que terminan donde terminan las fronteras”. Jóvenes como Nataly son parte de las 7,7 millones de personas que, según la International Organization for Migration (IOM), abandonaron Venezuela hasta abril de 2024. En España, por ejemplo, la cifra de venezolanas y venezolanos se acerca a los 400 mil. Intelectuales como Sergio son parte de los miles de nicaragüenses que han tenido que buscar refugio o asilo en América o Europa. Según Acnur, hasta marzo de 2024, la cantidad de nicaragüenses refugiados era de más de 440 mil. El destino de muchas de estas personas es Costa Rica, Estados Unidos o España. Otros países receptores, como Colombia, Perú, México o Chile, también se enfrentan a otras problemáticas y dilemas migratorios. Son, a su vez, receptores del desastre de las dictaduras. Algunos de los Gobiernos que suscriben condenas contra el régimen de Maduro debiesen cuestionarse sobre su singular parecido. Se condena una dictadura desde otra dictadura, aunque en la propaganda se sostenga lo contrario y se presente con apariencia democrática. La lista de problemas causados por cualquier tipo de dictadura —del color, bandera o ideología que sea— es bastante extensa y solo conduce a profundizar el drama humanitario de millones de personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen. Nataly fue de las miles de personas que protestaron el pasado 17 de agosto en la Puerta del Sol, en Madrid, para pedir que se reconozca el triunfo de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales. Lucía entusiasta y se percibía su alegría. Me confesó que para ella un sistema democrático sería lo mejor para Venezuela, que no le agradan los discursos de odio y que ahora está leyendo literatura feminista. También sonrió cuando me contó que está leyendo un libro de la artista y creadora de videojuegos Ikumi Nakamura, Project UrbEx, sobre edificios abandonados por todo el mundo. Me confirmó que su trabajo es inspirador y que los sitios fotografiados por Nakamura tienen una estética especial. Mientras ella hablaba, yo recordaba cuando Sergio se refirió al poder que e

Forzados por la presión de la opinión pública, algunos diputados oficialistas no tuvieron más remedio que informar cómo gastan los fondos adicionales a su ya elevado salario. Prescindiendo de la autenticidad de los informes, sobre los cuales planean dudas razonables, los datos proporcionados abren un resquicio para asomarse al absurdo de la dictadura de los Bukele. Sus diputados emplean a community managers; técnicos y asistentes administrativos; comunicólogos de toda clase: camarógrafos, fotógrafos, diseñadores gráficos; enlaces con las comunidades nacionales e internacionales, las universidades, los profesionales, los diplomáticos y las organizaciones sociales; y encargados de mercadeo, compras e inventarios. Ante esta lista tan variopinta cabe preguntar qué necesidad tienen los diputados de ese personal cuando ocupan el escaño por obra y gracia de Bukele, solo aprueban lo que este les ordena, su presencia en las comunidades no repercute en su labor legislativa, no dialogan ni discuten con nadie, excepto con otros funcionarios gubernamentales que repiten el mensaje de Casa Presidencial. Los únicos aparentemente necesarios son los creadores de imagen, dado el placer que les causa exhibirse como lo que no son. En la larga lista de contratos, no aparecen especialistas en los grandes temas de la realidad nacional, como economistas, sociólogos, politólogos o ecologistas. La verdad es que no les hacen ninguna falta. En las comisiones no estudian ni razonan, se contentan con pasar la legislación al plenario sin entenderla. El plenario tampoco analiza ni discute, solo aprueba tal como dispone Casa Presidencial. De hecho, tampoco necesitan tanto creador de contenido. Pese a su abundancia, no han podido contener el daño causado a la credibilidad de sus empleadores, cuya imagen ha quedado embarrada por su libertinaje con los impuestos. Con tantos asesores en comunicación y enlaces con las comunidades y las organizaciones sociales, el liderazgo de los legisladores debiera ser deslumbrante y fascinante. Pero no es el caso. Eso sería ir en contra de la naturaleza del oficialismo. La Casa Presidencial de Bukele no tolera más liderazgo que el suyo. Ni siquiera en los territorios a los que se dicen vinculados pueden ejercer liderazgo alguno. Su presencia en el quehacer nacional está opacada por Bukele. En consecuencia, no necesitan tanto personal en su alrededor. Basta con algo de talento anodino, pero servil. Cómo explicar, entonces, esas contrataciones grotescas con salarios exorbitantes. La respuesta se encuentra en la tradición legislativa, compartida por los otros poderes del Estado. Contratan activistas, familiares y compadres con quienes están obligados. Así fue antes y así es ahora: lo mismo de siempre. Además, es práctica bien establecida en los círculos legislativos que una parte de esos abultados salarios revierta en el diputado que contrata. Un ingreso extra. De todas maneras, las explicaciones de los diputados se quedaron cortas. Todavía no han explicado el destino de los otros 5,500 dólares que cada uno alega devolver a la presidencia de la legislatura. Estas son cuestiones espinosas, que los grandes jefes mantienen bajo el secreto más riguroso. El sorpresivo señalamiento de Bukele y la presión de una opinión pública enfurecida los obligó a revelar lo menos comprometedor, pero sin convencer. La información con la que intentan exculparse carece de respaldo formal y es incompleta. Lo poco que adelantaron puso en evidencia que los integrantes de su pintoresco séquito ganan más que los empleados especializados del sector salud. En lugar de salvar el pellejo, los diputados se hunden más en la ciénaga. Tal vez crean que el nutrido círculo del que se rodean proyecta su influencia política. Se engañan si piensan que esa curiosa colección de empleados es directamente proporcional a su relevancia social. Son víctimas del mismo espejismo creado por las dictaduras y sus propagandistas. En la práctica, son insignificantes y, sobre todo, prescindibles. Basta con observar cuántas comunidades u organizaciones sociales acuden a ellos para plantearles sus necesidades y solicitarles una solución. Cuántas madres y esposas los buscan para pedirles amparo ante la injusticia de los cuerpos de seguridad, la fiscalía y el sistema carcelario. Nunca se han interesado en la suerte de los desaparecidos o han visitado la consulta externa del sistema público de salud o los centros escolares abandonados. En las contadas ocasiones en que algunas organizaciones o personas han acudido a ellos con la ilusión de encontrar una respuesta a su aflicción o al menos una palabra de consuelo, no las han recibido. No se deben a la ciudadanía sufriente, sino a Bukele. No tiene sentido, por tanto, perder el tiempo escuchando las miserias de los excluidos y empobrecidos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Por Rodolfo Cardenal, SJ Las últimas reformas a la legislación penal confirman la incompatibilidad de la dictadura con la institucionalidad democrática. No se trata solo de la adicción al poder total, sino, sobre todo, de la incompetencia de su fiscalía, su policía y su administración de justicia. Así lo demuestran los razonamientos esgrimidos para justificar esas reformas. Es un hecho ya reconocido que la dictadura se ha saltado impunemente las barreras constitucionales establecidas para contener la tentación, siempre actual, de ejercer la presidencia del poder ejecutivo de forma totalitaria. Las reformas penales arrojan luz sobre otro ángulo del ejercicio de ese poder. En sus argumentaciones, sus representantes reconocen que la norma constitucional está muy por encima de sus capacidades. Así, pues, conscientes de su ineptitud, evaden la dificultad con un adefesio jurídico. En primer lugar, elevan la pena de cárcel por los delitos comunes, con lo cual la dictadura profundiza así su tendencia a encarcelar a quienes etiqueta como “indeseables”. A más encarcelados, menos delitos, reza su lógica trágica y facilitona. En segundo lugar, amplía irracionalmente la detención provisional para impedir que los abogados utilicen los plazos procesales para liberar a sus defendidos. Olvida la dictadura que ese recurso es completamente legítimo. La única forma de impedir que los acusados sean puestos en libertad por el juez es demostrar fehacientemente su responsabilidad penal. Pero eso es, precisamente, lo que la fiscalía y la policía no pueden hacer, ya sea porque el delito es inexistente o por dejadez para probarlo. El peso de la acusación no recae en la defensa, sino en la fiscalía y la policía, que deben probar los cargos. La dictadura intenta evadir su responsabilidad descalificando sin más a los abogados de la defensa como “malos litigantes” por cumplir con su deber, es decir, por no seguirle el juego en los tribunales. El problema es otro. Al no tener capacidad para investigar ni para articular una acusación con base en pruebas, considera que el detenido por sus soldados y policías es culpable y merecedor de cárcel sin más. Según esa lógica, la defensa sobra, como también están de más las procuradurías y el comisionado presidencial de derechos humanos. El proceso judicial es una mera formalidad viciada. La dictadura amplía a los delitos comunes el método utilizado para encarcelar de por vida a los pandilleros. En lugar de individualizar los cargos y probarlos consistentemente, adopta la actitud cómoda de agrupar a quienquiera que considere pandillero bajo la figura genérica de asociación terrorista, lo cual, en sí mismo, es una barbaridad jurídica. No es un simple error de juicio, sino que su competencia para la investigación policial y la acción fiscal es casi nula. Se trata también de su inclinación a encarcelar indiscriminadamente a quien se ponga delante de sus huestes. La simple captura condena a cadena perpetua, a sufrir tortura o a desaparecer forzosamente y acabar en una fosa clandestina. El disparate no se detiene ahí. La dictadura alega que el aumento de las penas de cárcel impedirá el aumento de los delitos contra el patrimonio. La aberración es doble. El aumento de las penas nunca ha detenido a los delincuentes y los criminales. La pena de muerte, ahí donde se practica, no detiene al asesino. Más cerca aún: Arena ya intentó la mano dura y la súper dura contra las pandillas, y solo consiguió que fortalecieran su organización y su poder. La falta de ideas y de herramientas lleva a la dictadura a revisitar soluciones trilladas por “los mismos de siempre”. Ingenuidad o ignorancia del equipo jurídico de Casa Presidencial. Probablemente, ineptitud. En segundo lugar, no existe evidencia del aumento de los delitos contra el patrimonio. La excusa para encarcelar por más tiempo no es admisible. Sin embargo, hay otros delitos mucho más graves como las desapariciones y los entierros clandestinos en las cárceles, de los cuales hay testimonio fehaciente sin que la dictadura se haga cargo. Asimismo, existe evidencia de la corrupción de los representantes de Nuevas Ideas en la legislatura. Pero estos diputados no han sido etiquetados todavía como “indeseables”. El oficialismo mira hacia otro lado. Pretende sancionar faltas leves con muchos años de cárcel mientras trata con generosidad los crímenes de lesa humanidad y el saqueo de un Estado en quiebra. La aproximación de la dictadura al mundo criminal es perversa. Es mucho más fácil encarcelar masivamente sin acusación formal y sin proceso judicial auténtico, que investigar y sancionar a los líderes de las redes de la corrupción, del lavado de activos y del tráfico de armas, drogas y personas. El encarcelamiento indiscriminado agita la popularidad, mientras las redes criminales campean a sus anchas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos. El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada. Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse. Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos. No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones. En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.

La corrupción legislativa es una bomba de efecto retardado. El motivo por el cual Bukele tiró del detonador es, como todo lo que hace, desconocido. Una cosa es cierta, difícilmente podrá encerrar de nuevo a los demonios sueltos. Si pretendía recortar el gasto legislativo, de por sí desmedido, tenía otras posibilidades menos dañinas para su partido y para él mismo. De hecho, el monto ahorrado es poco en comparación con el gasto general del Estado, sobre todo de Casa Presidencial y sus aledaños. En realidad, no hay tal ahorro, ya que lo ha destinado a un programa de becas. Si la razón era cortar por lo sano la corrupción rampante entre los diputados, podía haber sido más discreto y no dar pie a un escándalo de consecuencias imprevisibles. Si lo que pretendía era desprestigiar a una diputada de la oposición más beligerante, que percibía más dinero que sus colegas, el asunto se le salió de las manos. Sea lo que sea, Bukele, como es usual en él, mira para otro lado. Ha dejado a sus diputados embarrados, así como también ha dejado a la diáspora salvadoreña abandonada a los desafueros de Trump. Los males, como suelen decir, no vienen solos. Descubierta la podredumbre, los líderes de la bancada oficialista empeoraron su situación al intentar relativizar que, además de percibir un salario mucho más alto que la media nacional, reciben otra abultada cantidad de dólares para gastar a discreción. Para su mayor vergüenza, circulan declaraciones anteriores donde se presentaron como el summum de la honestidad. Dieron muchas vueltas para no informar cómo usan esos miles de dólares adicionales hasta que los hackers los callaron con la revelación de su planilla. El escándalo y la cólera subieron varios grados, porque ahí aparece una pintoresca colección de oportunistas. El cuadro del partido oficial es dramático. No existe razón para pensar que en los otros poderes del Estado, comenzando por el Ejecutivo, la situación es diferente. Las contrataciones, las planillas, los salarios y otros gastos no se ocultan por seguridad nacional, sino por ser impresentables. Si se conocieran, la honorabilidad de los altos funcionarios de la dictadura implosionaría como lo hizo la de los diputados. La dictadura no puede gobernar de cara al pueblo. Bukele dice no querer pasar a la historia como ladrón. Quizás sea así, pero permite que los funcionarios de todo nivel roben, mientras la economía languidece, la deuda está desbocada y la gente, sus seguidores, está hambrienta, enferma y desempleada. La desarticulación de los controles administrativos ha facilitado la proliferación de la corrupción y, de paso, la perversión de su proyecto político, si es que alguna vez hubo alguno. El primer paso lo dio cuando disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Tenía razones sobradas, porque la Comisión investigaba a varias figuras que lo rodeaban. Al garantizarles la impunidad, legitimó la corrupción. No solo roban los grandes y poderosos, también lo hacen los medianos y los pequeños, cada uno en su nivel y al alcance de sus posibilidades. Los soldados, los policías y los carceleros, los presuntos garantes de la seguridad del régimen de excepción, extorsionan a los pobres, de la misma manera que los pandilleros. Dondequiera que se mire, se percibe la corrupción. Los únicos que no la ven son los funcionarios encargados de perseguirla. Tampoco ven las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. Esa actitud negacionista ha facilitado hasta ahora la sobrevivencia de la dictadura sin mayores sobresaltos. Pero el escándalo legislativo ha abierto un flanco peligroso y el desconocimiento de las violaciones de los derechos humanos pierde terreno en el ámbito internacional. Alegar la soberanía, el último recurso, no convence. La ventaja para la dictadura es que la comunidad internacional se enfrenta a desafíos más graves para la humanidad. Dicho lo anterior, cabe otra posibilidad. Ahora Bukele tiene la excusa ideal para disolver la legislatura por corrupta. En realidad, puede prescindir de ella, ya que sus diputados se limitan a asentir lo que llega de Casa Presidencial. El furor de las redes sociales haría popular esa decisión. Además de disponer de unos cuantos millones de dólares más para sus gastos, el régimen de los hermanos Bukele se despojaría de su máscara democrática y mostraría su verdadera identidad. Los diputados y sus camarillas quedarían en el aire, a pesar de su lealtad. Nada extraño. La dictadura desconoce la fidelidad y la amistad, solo cuida de sus intereses. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.La corrupción legislativa es una bomba de efecto retardado. El motivo por el cual Bukele tiró del detonador es, como todo lo que hace, desconocido. Una cosa es cierta, difícilmente podrá encerrar de nuevo a los demonios sueltos. Si pretendía recortar el gasto legislativo, de por sí desmedido, tenía otras posibilidades menos dañinas para su partido y para él mismo. De hecho, el monto ahorrado es p

Llamar plan económico a unas cuantas disposiciones desarticuladas es atrevido. Estas han aparecido en la medida en que lo demandaba la popularidad presidencial. Es el mismo patrón del supuesto plan de control territorial, cuyo contenido integral sigue siendo secreto de Estado. El costo de la canasta básica golpeaba antes del 1 de junio, pero ha sido hasta hace unos días que Bukele amenazó a los comerciantes con la cárcel si no reducían los precios y anunció la apertura de puestos de venta de hortalizas a bajo costo. En una segunda entrega, bautizó la medida como la fase 1 de un plan de sostenibilidad alimentaria. Agregó la supresión de aranceles de los productos de la canasta básica ampliada y de insumos agropecuarios. En la inauguración del centro de datos de una multinacional hizo la tercera entrega: centros de abastos sin intermediarios para importadores, productores, mayoristas y minoristas. Los anuncios son desconcertantes. Revelan desinformación o frivolidad inexcusables en un mandatario. Los aranceles suspendidos a los alimentos son inexistentes; por tanto, no reducirán los precios. El aumento del precio está en otro lado. Además, a mediano plazo, la medida profundizará la ya enorme dependencia alimentaria del exterior. Productos subsidiados como el maíz estadounidense son más baratos que el nacional. En esos términos, no hay competencia posible. Los anuncios no solo son desatinados, sino también incompletos. Bukele olvidó informar sobre el paradero del millonario fideicomiso asignado a un plan maestro de rescate agropecuario de finales de 2021. Asimismo, ignoró que desde mediados del año pasado está vigente la Ley Integral de Comercialización Agropecuaria, que contempla el abastecimiento, pero entendido en términos diferentes a los suyos. La política agraria es tan confusa que, en menos de un año, esa ley ha pasado por dos reformas, no tiene presupuesto y ya ha tenido dos directores. La tribuna de la multinacional se le ofreció como la ocasión ideal para anunciar la fase 2 de su plan económico, que hará del país un centro tecnológico único, atractivo para inversionistas y el talento. La fase peca de la misma incongruencia que la anterior. El centro inaugurado no es el primero ni el más importante de la región, ya existe otro con mayor capacidad. Tampoco es un logro directo de su plan económico, sino de la multinacional, que comenzó su construcción el año pasado. La apuesta por el sector tecnológico no depende de Bukele, sino de la inversión privada. Así lo reconoció él mismo, que se piensa al frente de la revolución tecnológica. En el mejor de los casos, su intervención es marginal. De todas maneras, Paraguay le lleva mucha ventaja como paraíso de las granjas de criptomonedas, atraídas por el bajo costo de la electricidad. Las siguientes fases de su plan económico las anunciará según se ofrezca la ocasión. El plan marcha a sobresaltos. Estas intervenciones que auguraban el despegue económico del país fueron opacadas sorpresivamente por uno de los referentes más poderosos de Bukele. En tres días, en dos intervenciones públicas, Trump puso en entredicho su logro más notorio. Descartó su guerra contra las pandillas como un embuste y atribuyó el descenso de los homicidios a que envía los pandilleros y los traficantes de drogas a Estados Unidos. El agrado que dijo sentir por Bukele no fue obstáculo para lastimar su arrogancia y herir su autoestima. El oficialismo salió en defensa de un Bukele mudo. Así como en otras ocasiones no ha escatimado los elogios, ahora dice que Trump está equivocado. En parte sí y, en parte, no. Los dos discursos de Trump están jalonados por falsedades, datos fuera de contexto y medias verdades. Algo en lo que Bukele no es diferente. Pero, por otro lado, Trump alude a la liberación de los líderes de las pandillas y a la negativa a extraditar a los solicitados por la justicia estadounidense. En los señalamientos de Trump subyace el pacto de Bukele con las pandillas. El silencio de Bukele es siniestro. El ataque de Trump no es únicamente personal, sino también y sobre todo lo dirigió contra la diáspora salvadoreña, una de las bases de apoyo más convencida de las bondades de Bukele. Trump quisiera deportar a los centenares de miles de indocumentados, a quienes considera sin más criminales. Bukele no ha tenido el valor de salir en su defensa. Se ha desentendido de la amenaza que se cierne sobre ellos. El oportunismo, profundamente egoísta, no conoce la lealtad. Figuras como Bukele y Trump sacrifican a quien haga falta para satisfacer sus ambiciones. Desconocen los valores, aun cuando el nombre de Dios está siempre en sus labios. El desencuentro entre ellos tal vez pueda ser superado desde la mutua empatía. Pero esta no incluye a la diáspora. La deportación de una cantidad significativa de salvadoreños echará por tierra los sueños de prosperidad de Bukele. El plan económico avanza a salto de mata. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el cierre de la convención nacional republicana, Donald Trump, aunque sin dar nombres, habló de El Salvador. Entre otras cosas, dijo: “Hay un país que me gusta mucho, el presidente tiene mucha popularidad por ser un buen pastor de su país, su criminalidad está bajando, él dice que los entrena y vengo leyendo esto hace dos años, y dijimos: ‘Vamos a ver de qué se trata’. Y me di cuenta que no los está entrenando, sino que envía a estos tipos criminales, traficantes, reclusos, a Estados Unidos. Él no lo dice, trata de convencer a todos de que hace un trabajo maravilloso […] Bueno, él no hace un trabajo maravilloso”. Trump habló, pues, contra un supuesto aliado suyo, que recibió a su hijo como invitado especial; una persona que siempre ha declarado su admiración por él. Difícil saber a ciencia cierta de dónde sacó el republicano esas conclusiones dada su manía de mezclar realidad y ficción, pero hay factores a tomar en cuenta. Probablemente influya que cuatro de los 14 máximos jefes pandilleros reclamados en extradición por Estados Unidos fueron excarcelados por la administración de Bukele entre julio de 2021 y enero de 2022. Que tres de esos 14 líderes pandilleriles guardan prisión en Estados Unidos; entre ellos, el conocido como Crook, que fue liberado ilegalmente y ayudado a salir del país por funcionarios cyan. Sin embargo, las palabras del candidato republicano no dañan solo a Bukele. Los afectados en mayor grado son los migrantes y sus familias, esos que por necesidad se ven obligados a dejar el país y que luego sostienen la economía de su familia y la nacional. Trump quizás extrapola la realidad de unos líderes de pandillas favorecidos por el Gobierno hacia toda la población migrante. Y al hacerlo, miente. De hecho, el término “posverdad” tomó relevancia pública durante la primera campaña presidencial de Trump. Una campaña que ganó mintiendo una y otra vez. Desde su gran salto a la política, las mentiras y la desinformación han sido dos de sus mecanismos diarios de comunicación, utilizándolas para orientar las preferencias ciudadanas, atizar la división y reforzar su apoyo. Según un estudio de The Washington Post, entre el 20 de enero de 2017 y el 12 de enero de 2021 se contabilizaron treinta mil falsedades dichas por Trump. Está demostrado de sobra que los migrantes aportan a la economía y cultura del país en que viven. Pero como una de las principales banderas de la campaña del republicano es la antiinmigrante, Trump miente para infundir miedo en la población y ganar votos para su candidatura. Desde su discurso, todos los migrantes son asesinos, criminales, narcotraficantes. Por supuesto, el Gobierno salvadoreño no dirá nada sobre las declaraciones del candidato estadounidense, por mucho que estigmaticen a nuestra población migrante y supongan una afrenta para El Salvador. Bukele y los suyos saben bien que las mentiras son indispensables para ganarse el favor de la gente en las elecciones y cifran en Trump la esperanza de obtener algún respaldo político externo, por pequeño que sea. Ese interés justifica el silencio. La diáspora salvadoreña debería tomar nota: Bukele la abandonará siempre que a él le convenga.

Tema: Clasificación de millonarios en la región, versus las condiciones de desigualdad Invitada: Karla Castillo, responsable del eje de Justicia Fiscal para Oxfam en El Salvador ⏰ 7:00 A.M. - Transmisión en vivo

La agenda de temas presidenciales es breve y pobre. Predominan la baja ocurrencia de homicidios, las referencias a los sitios donde hablan bien del mandatario y, cuando se ofrece, anotaciones puntuales favorables, turismo, criptomonedas, digitalización y concursos de toda clase. No es que la agenda nacional carezca de asuntos que ameritan la atención del poder ejecutivo, sino que este no puede referirse a ellos sin encontrarse en aprietos, porque pondría en evidencia una gestión errática y, sobre todo, porque no tiene mayor cosa que decir. Quizás Bukele ni siquiera está al tanto del acontecer nacional, encerrado en la comodidad de la burbuja del poder. En esas condiciones, la posición más segura es callar. Las situaciones más críticas, por lo general, las deja en manos de sus funcionarios, quienes salen a dar la cara para resguardar su imagen. Bukele solo comparece para anunciar triunfos y eventos espectaculares. Las pocas veces que se aventura en terrenos como el valor de la canasta básica, sus intervenciones no son muy felices. Pero la precaución no ha podido impedir el desgaste de su credibilidad. Las contradicciones, las inconsistencias y los incumplimientos son cada vez más graves e inocultables. Ni él ni sus ministros son confiables. Los temas de la agenda nacional sobre los cuales la dictadura guarda un silencio escandaloso son muchos y diversos. El alza del costo de la canasta básica y de la vida en general, la alta tasa de desempleo, el débil crecimiento de la economía y la huida persistente de un país supuestamente maravilloso. La epidemia de dengue, la elevada incidencia de las enfermedades respiratorias agudas y gastrointestinales, la falta de personal médico y la escasez de medicamentos. La vulnerabilidad del territorio a la crisis climática y los terremotos. El abandono de la producción agropecuaria. El temor creciente a ser víctima del abuso de los soldados y los policías. Los desaparecidos y las torturas, los asesinatos y los entierros clandestinos, prácticas habituales en las cárceles. La lista de temas que demandan la atención prioritaria de un gobernante que dice obedecer la voluntad popular es interminable y muy embarazosa, porque no tiene la menor idea de cómo lidiar con ellos. Por otro lado, evadirlos erosiona silenciosa e inexorablemente su popularidad. Desconocer, olvidar y silenciar no es solución. Tampoco regalar tazas de café. Cada vez es más claro que el pueblo no es su prioridad, sino un medio hábilmente manipulado para aupar en el poder a un selecto grupo de nuevos ricos. Los hermanos Bukele les abrieron la posibilidad para ascender a las alturas de la rígida estructura social del país a cambio de su complicidad. Paradójicamente, una porción considerable del pueblo les despejó el camino para introducirse en el círculo de la riqueza. No hubieran entrado sin el poder entregado en las urnas. Inesperadamente, Bukele reveló una de las fuentes de riqueza de sus legisladores. Además de un elevado salario para el promedio nacional, cada mes reciben varios miles de dólares para unos asesores innecesarios, porque simplemente obedecen órdenes. Sin embargo, la exposición ante una opinión pública golpeada por el alto costo de la vida y el desempleo no es más que un contratiempo desagradable. La dictadura pasará, pero el capital acumulado gracias a la corrupción permanecerá. El tiempo se encargará de relegar al olvido su origen corrupto de la misma manera que lo ha hecho con otros grupos. El mayor perdedor será, como es usual, el mismo pueblo que los toleró. No deja de sorprender que la dictadura se haya consolidado a pesar de sus contradicciones. Mucho se debe al exitoso marketing de Casa Presidencial. Sin embargo, este no consigue convencer a los inversionistas extranjeros, un sector clave para los planes de los hermanos Bukele. Ni siquiera los más aventureros apuestan por ellos. Cuando se trata de dinero, hasta los más temerarios exigen unos mínimos de confiabilidad que no encuentran en la dictadura. La inversión directa es mínima, la actividad económica no despega, la deuda se acumula imparable así como los intereses, las fuentes de financiamiento se secan y la escasez comienza a hacerse sentir. La iliquidez recorta el gasto social, abandona las obras emprendidas y acumula cuentas por cobrar entre los proveedores. Las seguridades del embajador estadounidense sobre la confiabilidad del régimen son diplomáticamente correctas, pero no despejan las dudas. La dictadura se encuentra en un callejón sin salida. Según uno de sus eslóganes iniciales más repetidos, y ahora olvidado, el dinero debiera abundar, porque ninguno de los suyos roba. Pero resulta que sufre de parálisis progresiva por insolvencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Constitución salvadoreña afirma tajantemente que “todas las personas son iguales ante la ley”. ¿Lo cree Usted? De hecho es un deber ser derivado de la igual dignidad de las personas, realidad esta innegable pero con demasiada frecuencia irrespetada. Y por supuesto, cuando no se respeta la dignidad de la persona humana, tampoco la igualdad ante la ley tiene la vigencia que los abogados, jueces y demás afirman con voz estentórea en sus discursos. No debe ser así, pero en todas partes del mundo se suele dar ese tipo de desigualdad que limita incluso por ley la dignidad de las personas. El trato a los migrantes suele ser el ejemplo más vivo en los países desarrollados. Entre nosotros son los pobres los que mayoritariamente sufren esa marginación de la dignidad que finalmente y de hecho los convierte en más débiles y desiguales ante la ley. En El Salvador la desigualdad suele ser escandalosa. Todavía recordamos un caso de corrupción en Casa Presidencial en el que la sentencia más dura recayó sobre el pobre hombre al que mandaban a cobrar los cheques, traía de vuelta los billetes y nunca se enriqueció con la corrupción de sus jefes. Un chofer-mandadero que cumplía órdenes de funcionarios de la administración Saca quedó con una condena de cárcel de más del doble de años que quienes repartían el dinero o firmaban los cheques. En estos días, en una escala menor a la anteriormente expuesta, hemos visto en los medios otro caso singular. Una camioneta elegante pero sin placas entra en un callejón oscuro a las dos de la mañana. Hay gente honesta en el lugar, pero también se dice que en algún tiempo se vendía droga en esa zona. Uno de los honestos llama a la Policía porque el vehículo de marras se parquea enfrente de su casa. La Policía llega, encuentra la camioneta con un honorable diputado dentro y se lleva preso al denunciante. Todo un espectáculo ejemplar de cómo funciona entre nosotros de vez en cuando el Artículo 3 de la Constitución. ¿Le pusieron multa al vehículo en el que andaba diputado por carecer de placa? Ese es un capítulo de la historia que es fácil que no se escriba nunca. Por si quedaran dudas sobre la desigualdad, el Banco Mundial acaba de presentar un informe sobre la desigualdad en América Latina. Y aunque ubica a El Salvador entre los países de ingresos mediano-altos, asegura que el 60% de los hogares reciben ingresos que lo ubican en situación de pobreza o de seria vulnerabilidad. Aunque ubica en la clase media a los hogares que tienen un ingreso entre 14 y 81 dólares, lo cierto es que un hogar que tenga un ingreso inferior a 600 dólares al mes se encuentra en una seria vulnerabilidad económica. Una encuesta reciente de la Universidad Francisco Gavidia nos ofrece un panorama todavía más triste que el banco Mundial. La desigualdad económica y social no es ni algo natural ni, mucho menos algo sano para el desarrollo y la convivencia nacional. Enfrentarla, establecer políticas que tiendan a superarla es obligación de un estado que habla permanentemente en su Constitución de servir a la persona humana y de garantizar su igualdad ante la ley. Y por cierto, la famosa agenda 20-30 de las Naciones Unidas, trata en uno de sus puntos de eliminar la pobreza y reducir la desigualdad. Lástima que haya diputados que en su ignorancia aseguren que la Agenda 20-30 “no tiene cabida en El Salvador”. Los que no deberían tener cabida en la Asamblea Legislativa son los políticos que rechazando la Agenda 20-30 terminen apoyando la pobreza y la desigualdad en El Salvador.

Periódicamente se publican informes sobre la situación de los privados de libertad. Aislados, hacinados, maltratados, cuando salen de la cárcel mantienen narrativas que estremecen la conciencia. Las denuncias de muertes en prisión por abandono o irresponsabilidad se repiten con insistencia desde que el régimen de excepción dio puerta libre a las detenciones masivas y, por lo general, arbitrarias. Niños huérfanos y abandonados sin tutela paterna, incluso muertos en la cárcel, son fruto de esas detenciones masivas. La prohibición de la visita familiar y del abogado, el pago de alimentos para que los familiares presos no se mueran de hambre muestran un escenario de abuso. Y los ataques orquestados a cualquiera que defienda a los privados de libertad o diga que hay detenciones arbitrarias señalan un serio desprecio al Estado de derecho. Por todo ello, es necesario recordar no solo que los presos son personas, no animales, como en ocasiones han dicho algunos funcionarios, sino también que existen tratados firmados y ratificados por El Salvador que obligan al Estado y a los Gobiernos de turno. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es uno de esos tratados. La Convención garantiza el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Someter al hambre a las personas que están bajo tutela del Estado, no brindarles atención médica, maltratarlas físicamente es una clara violación de derechos. Aunque todo ellos fueran criminales —y como se sabe, muchos no lo son—, el Estado no puede someterlos “a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El Estado no puede añadir más penas o castigos a lo impuesto por los jueces. El Salvador se ha comprometido con su firma a que “los procesados deben estar separados de los condenados”, porque los primeros gozan de presunción de inocencia. Eso no se ha cumplido prácticamente nunca. Es vergonzoso que las instituciones estatales encargadas de velar por las obligaciones internacionales contraídas en el campo de los derechos humanos, desde los jueces a las procuradurías, guarden un silencio cómplice con el abuso y el incumplimiento de normas con valor de ley. Tanto la ONU como la OEA, dos instituciones clave a las que pertenece El Salvador, han elaborado normas mínimas de trato decente a los privados de libertad. Las de la ONU suelen ser mencionadas como la “Reglas Nelson Mandela”, en honor al luchador sudafricano contra el racismo. Y en ellas se insiste en que los reclusos deben estar autorizados “a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos”. La OEA tiene sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. En esta normativa se repite como buena práctica y exigencia el derecho a las visitas periódicas de familiares, representantes legales y otras personas, “especialmente con sus padres, hijos e hijas, y con sus respectivas parejas”. En contraste con eso, el sistema carcelario salvadoreño ha optado incluso por no informar del paradero de los detenidos a sus familiares. Con un sistema de justicia amañado y en descomposición, dispuesto a juzgar a grandes masas de acusados sin dar garantía de ningún tipo, los jueces carecen de una perspectiva real de justicia y equidad. El fin del régimen de excepción posibilitaría el retorno a una cierta independencia judicial y a la posibilidad de evolucionar a un diálogo más fructífero en el campo de los derechos humanos.

El mensaje de la última puesta en escena de Casa Presidencial quiere dar confianza ahora que Bukele se encuentra de nuevo al frente de la nación. El próximo temporal no causará mayores estragos, la epidemia de dengue estará bajo control en breve y los precios de las verduras y los granos básicos ya bajaron. Después de una ausencia inexplicada, el capitán ha retomado el control del país y lo dirige hacia puerto seguro. Bukele, como padre de una familia extensa, confirmó que el país está preparado para el próximo temporal, ordenó fumigar el territorio, prestar atención a los menores con fiebre y habló del precio de los tomates, las cebollas, los pipianes, etc. Los ministros se pusieron manos a la obra de inmediato. Unos salieron a fumigar o trajeron equipo de fumigación del exterior. Otros establecieron puestos de venta con precios bajos. Un espejismo, porque la crisis climática, la epidemia y la inflación no acatan las órdenes de ningún dictador. La desidia gubernamental permitió la gestación de las tres crisis. En contra de la evidencia, el responsable del medioambiente aseguró a su jefe que estaba preparado para lidiar con las contingencias del siguiente temporal. La crisis medioambiental es estructural y, por tanto, requiere de una aproximación también estructural. Bukele no cuenta con personal ni recursos para una intervención de esa naturaleza. Se contenta con poner remiendos aquí y allá, y esperar lo mejor. La intervención en la epidemia de dengue, la otra crisis, llega con cinco meses de retraso. El mosquito transmisor se propagó sin mayor dificultad por falta de prevención. Los funcionarios no reaccionaron a la primera alerta, porque no se los habían ordenado. Una vez dada la orden, se pusieron en movimiento. El ministro de Defensa el que más. Colocó equipo de fumigación en sus helicópteros para fumigar desde el aire, un recurso llamativo, pero igualmente ineficaz y muy caro. Hay mejores alternativas. Pero como se trata de impresionar al jefe y este a la ciudadanía, la idea fue aplaudida como una genialidad. De todas maneras, la tardía orden de fumigar no controlará rápidamente una epidemia que lleva semanas castigando a la gente. Tampoco contribuye amenazar con represalias a un cuerpo médico diezmado y desbordado por condiciones laborales inaceptables. Imponer autoritariamente el precio de las verduras y los granos básicos, la tercera crisis, contradice la libertad de la oferta y la demanda, uno de los principios básicos de libertarios como Bukele. La orden es contundente y amenazadora, pero, de cumplirse, generará escasez y mercado negro. Más inteligente que atacar a las señoras de los mercados hubiera sido analizar la estructura de costos y explicar cómo el encargado de Agricultura puede bajar los precios sin pérdidas en sus puestos de venta. Amenazar a los comerciantes de los mercados con procesarlos por fraude, evasión, contrabando y corrupción si no bajan los precios es otra necedad. En primer lugar, no todos son estafadores, evasores, contrabandistas y corruptos y, en segundo lugar, si Bukele tiene evidencia de esos delitos, corresponde a su fiscal presentar formalmente los cargos. En realidad, el mensaje es este: si obedecen y bajan los precios, aunque pierdan, gozarán de impunidad. El recorte de los gastos de los diputados, un anexo de las crisis, ha sido bien recibido, no porque contribuya a controlar una iliquidez ya crónica, sino por la pésima reputación de los legisladores. Se presentan como dedicados y honestos, pero caminan en la oscuridad, porque sus prácticas no son buenas. Por eso descargan toda la responsabilidad de unos gastos injustificados en una diputada de la oposición. Destinar el ahorro a becas estudiantiles no limpia el fango legislativo. Ninguna de las tres crisis representa mayor peligro para el país, según el oficialismo. No porque disponga de recursos para mitigarlas y prevenirlas pronta y eficazmente, sino porque Bukele ha recuperado el mando y ha puesto orden. En la práctica, eso no significa nada. En lugar de escenificar una pataleta contra los comerciantes de los mercados, pudo haber anunciado un plan para ser cada vez menos dependiente de la importación de alimentos. Los puntos de abastecimiento no pueden satisfacer una demanda mucho más grande que su oferta. Asimismo, dejó pasar la oportunidad para anunciar un plan nacional de salud que priorice la atención en el primer nivel, donde ocurre la mayoría de las incidencias. Además del dengue, las enfermedades respiratorias agudas y las gastrointestinales son la causa principal de consulta, de hospitalización y de muerte. El recorte del gasto de los diputados es irrisorio comparado con la reducción que debiera experimentar Casa Presidencial. Bukele toma el rábano por las hojas: en lugar de erradicar las causas de las crisis, se contenta con ofrecer espejitos y abalorios. El capitán y su tripulación no pueden bregar en las borrascas que zarandean al país. Si naufragan, ellos disponen de salvavidas, pero los pasajeros pe

A alguna gente le gusta tanto la guerra que es extraño que después de la medicina amarga de la guerra contra las maras no declaren ahora la guerra contra los precios. Porque, además, la reacción a la subida de precio de algunos productos alimenticios coincide con un modo de actuar clásico en el país: ante el conflicto se golpea más a quien menos culpa tiene. Generalmente, es en los intermediarios entre el productor y el vendedor, o en las cadenas de supermercados, donde más se aumentan los precios. Con razón, la gente llamaba “coyotes” a los intermediarios, porque eran los que más se beneficiaban con el sudor campesino. Acusar agresivamente a los mercados finales populares, como si ahí fuera el nido de quienes se lucran subiendo exageradamente los precios, es como querer controlar el narcotráfico deteniendo a quienes menudean con droga en los barrios más pobres de las ciudades. Es cierto que también los pequeños y los habitantes de barrios pobres se pueden lucrar de formas inmorales, pero en el campo de los precios, como en el narcotráfico o en otros negocios ilícitos, la responsabilidad no suele estar en el mundo de los pobres o de la clase media. En la doctrina social de la Iglesia se encuentran frases que denuncian lo falso de estas guerras en que se daña a los más pobres y ayudan a pensar dónde se halla la verdadera responsabilidad de las mismas. En varias ocasiones, el papa Juan Pablo II habló de un mundo caracterizado por la “guerra de los poderosos contra los débiles”. El papa actual, Francisco, nos ha advertido también de que “hay una economía que mata”. Lo que le toca al Estado no es emprender guerras contra la gente, con todas las injusticias que suelen llevar a cabo los choques armados, sino prevenirlas tocando las causas que conducen a los conflictos y elaborando políticas sociales de desarrollo inclusivo. No hay duda de que la pobreza y la desigualdad, así como las familias rotas, el deterioro de valores y la corrupción de los poderosos, han sido causas del surgimiento de las maras. De la misma manera, la ambición de quienes manejan el flujo de bienes de los grandes mercados suelen tener siempre más responsabilidad en el aumento de precios que los pequeños o medianos vendedores. Ya en 1931, hace casi 100 años, insistía el papa Pío XI diciendo que la acumulación de poder y recursos en la economía con frecuencia llevaba al predominio de “los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. Decía estas duras palabras en la época en que muchos países sufrían los efectos de la gran depresión de 1929, iniciada en estados Unidos. Pero evidentemente son palabras que no dejan de tener sentido en nuestra época, en la que mientras aumentaba universalmente la pobreza en tiempo de la pandemia, el número de millonarios continuaba creciendo en el mundo. Si queremos reaccionar eficazmente a los aumentos de precio, tenemos que invertir en la producción autóctona de alimentos y mantener una política de seguridad alimentaria. Ello conlleva el apoyo con mucha mayor generosidad y eficacia a nuestros agricultores y facilitarles tecnología, créditos e insumos, así como evitar abusos en el proceso de comercialización. No se puede pensar que reservando las mejores tierras productivas para el cultivo de caña de azúcar, o dedicando tierras fértiles a grandes proyecto inmobiliarios, vamos a salir de las frecuentes crisis alimentarias por las que ha ido pasando el país. El desarrollo hay que programarlo desde abajo, debe ser inclusivo y beneficiar a todos. Quienes creen que con el aumento del producto interno bruto (PIB) se frena automáticamente la pobreza están en un error. La misma historia de El Salvador lo desmiente. En los últimos diez años, el PIB salvadoreño casi se ha duplicado. Pero la pobreza continúa rondando el mismo 30% de la población. Y abunda más en el campo que en la ciudad. Tomarse en serio los problemas, pensarlos con exigencia mental, planificar y ejecutar procesos serios de desarrollo rural, lograr una verdadera soberanía alimentaria son opciones imprescindibles. Andar buscando culpables y castigar a los más débiles no conduce al desarrollo humano e inclusivo que toda persona de buena voluntad debe desear.

El estatuto del gabinete, con alguna excepción, es anómalo. Los ministros y los presidentes de las autónomas del periodo anterior continúan en sus puestos sin las formalidades constitucionales. Ni siquiera han informado su continuidad en el puesto. Son funcionarios de facto. En una gestión institucionalmente irregular como la actual, una transgresión más es irrelevante. Los otros poderes del Estado, establecidos para contrarrestar el exagerado presidencialismo del poder ejecutivo, son obsecuentes, mientras la opinión pública se repliega, entre complaciente y temerosa de la represión. En cualquier caso, la continuidad del gabinete no hace diferencia en la marcha del país. La Constitución asigna a los ministros y a otros funcionarios, como los presidentes de los entes autónomos, las competencias que permiten al Ejecutivo cumplir con sus objetivos. Pero, al parecer, a Bukele le basta con sus hermanos y su parentela, los venezolanos y otros extranjeros. Ninguno, excepto él, está habilitado formalmente, pero todos, excepto sus familiares, devengan jugosos salarios. Y todos sacan buen partido de su proximidad al poder real. Asimismo, todos, excepto Bukele, son invisibles. Tal vez la continuidad del gabinete se deba a que los hermanos Bukele han decidido mejorar sustancialmente la gestión del poder ejecutivo y no encuentran a los candidatos idóneos, dispuestos a trabajar bajo la estrecha vigilancia de sus asesores extranjeros. No deja de ser extraño que la dictadura tenga dificultades para conformar el gabinete de la reelección, pues no busca personalidades brillantes, ni liderazgos fuertes, ni administradores eficaces. El nuevo ministro de Cultura, la única renovación, es un técnico en sistemas informáticos, ajeno al quehacer cultural; y el de agricultura desconoce el ciclo de la cosecha de granos básicos. El único requisito es cumplir fielmente las órdenes de Casa Presidencial, que indica a los funcionarios qué hacer y qué decir. La actividad ejecutiva, aun la ordinaria, es realizada por expresa orden presidencial. Es así como el oficialismo puede asegurar que Bukele estuvo al frente de la emergencia recién pasada por las lluvias, aun cuando, contrario a su costumbre, no compareció. Los funcionarios del Ejecutivo no son más que empleados de los hermanos Bukele y sus asesores, que usurpan funciones constitucionales. Les impiden acceder directamente al mandatario, solo ellos tienen voz en la determinación de la agenda y ellos les ordenan lo que deben hacer. En estas condiciones, ocupar uno de esos sillones es aceptar la imposición de extranjeros, que actúan en nombre de Bukele. Someterse a semejante humillación es indicio de extravío y de una ambición desmedida de poder y riqueza. Entre más alto el cargo, más posibilidades para “componerse”. La anulación de los altos funcionarios del Ejecutivo no se ha traducido en una mejor administración pública ni en un uso racional de los escasos recursos disponibles. Al contrario, los servicios más demandados por la población han empeorado. Tampoco ha suprimido el despilfarro y la corrupción. La incapacidad manifiesta para enfrentar las consecuencias del temporal recién pasado es un llamado a la cordura. Las desventajas de concentrar la gestión en un puñado de asesores de confianza, que cuidan más de la imagen de Bukele que de la gente, son evidentes. Las comunidades organizadas han sido de mucha mayor ayuda. Ellas conocen sus vulnerabilidades y están familiarizadas con el terreno y sus habitantes. Una información crucial fuera del alcance de un funcionario lejano, que cumple las órdenes de una Casa Presidencial aún más distante. Gobernar en nombre de Bukele no habilita para asistir pronta y eficazmente a las comunidades damnificadas. La comparecencia de algunos de estos funcionarios ha causado hilaridad en las redes digitales. Casa Presidencial los expuso al ridículo al intentar mostrarlos cercanos y comprometidos. El ministro de Defensa apareció con una señora mayor cogida del brazo, la cual protesta airada porque la introdujo en la escorrentía para sacarse una fotografía. Si los funcionarios del gabinete gozaran de libertad, aun con sus limitaciones, harían un mejor papel. La imposición de un guion desde las alturas del poder presta un flaco servicio al mismo Bukele. La aguda contradicción entre su discurso y la realidad hace sospechar que el círculo de sus íntimos lo mantiene aislado, le cuenta solo lo que quiere escuchar y le oculta aquello que puede despertar su ira y provocar la caída en desgracia del mensajero. Es la tragedia de los dictadores: suelen emerger de la base con una propuesta halagadora para las masas desorientadas y frustradas, pero, una vez en la cima de poder, se aíslan y viven de ficciones y engaños. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 27 de junio, Nayib Bukele anunció, a través de una red social, el despido de 300 empleados del Ministerio de Cultura argumentando que promovían agendas no compatibles con la visión gubernamental. Siguiendo el libreto, sus funcionarios aplaudieron la medida y la justificaron especificando en qué consistía la aludida incompatibilidad. Una funcionaria en el servicio exterior dijo que “los funcionarios del Gobierno [...] tenemos bien claro el mandato de proteger la vida, la fe y la familia”. Una diputada argumentó que “El Salvador es provida, profamilia tradicional, y la Agenda 2030 no tiene cabida”; una agenda que, vale la pena recordar, es global e intenta hacer más humanas, equitativas e incluyentes a las sociedades del mundo. Según el discurso oficial, los despidos buscarían rescatar al Ministerio de Cultura de las manos de activistas proderechos de la diversidad sexual. Algunos hechos previos anticiparon esta medida. El 15 de junio se presentó en la gran sala del Teatro Nacional la obra Inmoral, del grupo Inari, un colectivo de artistas que fusiona la imaginería drag con las artes dramáticas. La obra se exhibió solo una vez; el 16 de junio el Ministerio de Cultura suspendió las presentaciones por mostrar “contenido no apto para la familia salvadoreña”. Tres días después, el 19 de junio, fue nombrado como nuevo titular de la cartera Raúl Neftalí Castillo Rosales, diputado de la bancada de Nuevas Ideas. En sus primeras declaraciones, Castillo dijo que “este ministerio es de suma importancia para fortalecer nuestros valores como sociedad y su base: la familia salvadoreña”. Posteriormente, y según denunciaron en redes sociales miembros de la comunidad LGBTI+, el 22 de junio se echó a 30 trabajadores más, incluida la directora de Teatros Nacionales. El 26 de junio la Asamblea Legislativa aprobó, con dispensa de trámite, una ley especial para compensar económicamente a los empleados de Cultura cuyas plazas sean suprimidas como parte de la reestructuración de esa dependencia. Al día siguiente, tuvo lugar el anuncio de Bukele. Esta línea de acción contrasta con la cercanía y el apoyo que el mandatario tuvo de sectores de la comunidad LGBTI+ cuando era candidato. También confirma que el Plan Cuscatlán es papel mojado. En el apartado del documento correspondiente a los derechos humanos, se lee lo siguiente: “El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación, como población LGBTI+, pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres y la población rural”. En realidad, el tema LGBTI fue instrumentalizado para justificar los despidos. En primer lugar, porque es mentira que todos los afectados difieren de los valores que dice defender el Gobierno. En segundo lugar, porque detrás de esta acción está la precariedad de las finanzas del Estado, un asunto del que Bukele evita hablar. Y en tercer lugar, porque estos despidos masivos, al igual que la intervención del Palacio Nacional y la reforma a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, son expresiones del profundo desprecio del régimen a la cultura, la historia y la identidad nacionales; un bagaje que estorba para la imposición del culto a una persona.

Por José María Tojeira, SJ Escuche Aquí: El tema de las agendas se ha puesto de moda. El que no promueva la agenda gubernamental, independientemente de que haga bien su trabajo desde el punto de vista técnico, corre el riesgo de ser despedido de su empleo si trabaja en alguna dependencia estatal. Así le ha pasado a 300 trabajadores en uno de los ministerios. Cuál es la agenda queda un poco en el misterio, pues aparte de un proyecto político electoral lleno de promesas redactado hace cinco años, no hay más agenda propiamente dicha. La única agenda gubernamental escrita y dada a conocer públicamente, es la llamada agenda digital de el Salvador 2020-2030. En esa agenda, que pretende “integrar a todos los actores que participan del desarrollo del país a través de la innovación y de la aplicación de las TIC”, aparecen también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que componen la agenda 20-30 de la ONU. Así las cosas llama la atención que una persona con un cargo importante en la Asamblea Legislativa haya dicho recientemente en la red social X que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, se entiende que en El Salvador. Salvo que haya surgido una nueva agenda 20-30, la que se nombra habitualmente con ese nombre suele ser la agenda propuesta por la ONU para impulsar el desarrollo. Y si uno busca en las redes de la ONU el trabajo que la misma realiza en El Salvador, se encuentra con una página en la que se nos dice que están invirtiendo, precisamente en esa agenda 20-30 en El Salvador, un poco más de 40 millones de dólares. Y es que en esa agenda 20-30 hay unos objetivos de desarrollo sostenible que El Salvador acepta incluir en sus políticas internas. Unas políticas muy básicas, como la de trabajar por darle fin a la pobreza, eliminar el hambre, brindar agua y saneamiento para todas las familias y viviendas salvadoreñas, y otros 14 objetivos más “en los que la ONU está trabajando en El Salvador”. Lo más grave de esa frase de que “la agenda 20-30 no tiene cabida”, no es que sea mentira. Además de ser falsa, porque la dependencias de la ONU trabajan en ella con el Gobierno en El Salvador, lo más grave de ese tipo de discurso es que se utiliza para discriminar personas, para ofender a otros y para sembrar desconfianza e inseguridad en la gente. Las agendas de desarrollo son siempre positivas si son simultáneamente inclusivas. Pero agendas, aunque sean gubernamentales, que impliquen discriminación, que busquen enemigos y propongan castigos generalizados, o que exijan juramentos de fidelidad ciega, no son agendas de desarrollo humano. Y si se dieran ese tipo de agendas, dejarían a nuestro país no solo en el subdesarrollo humano, sino en una situación en la que los valores fundamentales de convivencia humana sufrirían graves daños. La fraternidad, el diálogo, la tolerancia, la inclusión, son valores de desarrollo humano y de convivencia pacífica. Sobre ellos hay que construir agendas de desarrollo. Es bueno que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU aparezcan en la página de la Presidencia de la República como en realidad aparecen. Pero sería mucho mejor que todos los funcionarios y políticos de Nuevas Ideas fueran coherentes de palabra y de obra con esa agenda 20-30 que recoge los 17 objetivos mencionados.

La más reciente encuesta del Iudop, que recoge la evaluación ciudadana del quinto año del Gobierno de Nuevas Ideas, ofrece una serie de datos muy interesantes. El presidente llegó al final de su mandato contando con el aprecio de la mayoría de la población. La nota que esta le otorga supera el 8 y el 83% de los entrevistados considera que su administración representa un cambio positivo para el país. Sin embargo, algunas otras cifras reflejan inquietud y preocupación. Crece la percepción de un mandatario distante de la gente, la preocupación por la economía es generalizada y el 60% está teniendo cuidado a la hora de compartir sus opiniones políticas; en otras palabras, tiene miedo a la hora de expresarse sobre las actividades gubernamentales. Así pues, una mezcla de amor y miedo parece irse configurando en muchas personas frente a la realidad política actual. Se mantiene una alta confianza en Bukele, pero crece el miedo a hablar de política. Maquiavelo, en su conocida descripción del príncipe, que ha inspirado tantas reflexiones sobre el ejercicio de la autoridad, dice que para los gobernantes “es más seguro ser temido que amado”. Pero añade que “el príncipe debe hacerse temer de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio”. Si para los gobernantes absolutos del pasado no era fácil lograr que los temieran y al mismo tiempo evitar el odio, en las democracias resulta mucho más difícil. Porque los mayores niveles de educación y la mayor conciencia de los derechos hacen que las personas rechacen el miedo y la parálisis social que este provoca. Si la expresión política es un derecho ciudadano y, por tanto, debe ser libre, reprimirla despierta rechazo. En este sentido, la síntesis entre amor y temor que parece haber logrado el Gobierno no tendría solución de continuidad en el largo-mediano plazo. En las democracias y en los países que aspiran a vivir en democracia, el temor fácilmente se convierte en odio. Y no hay nada peor que el odio, tanto para los gobernantes como para los gobernados. Puede ser que se piense que una vez se superen las dificultades económicas, los temores desaparecerán. Esta suele ser la esperanza de los regímenes autoritarios, amparada en la idea de que la gente se conforma fácilmente con pan y circo. Pero los autoritarismos, además de temor, generan diferencias y desigualdades, corrupción en los aprovechados y pobreza en los que no logran insertarse en el esquema del poder. Las encuestas miden la opinión pública y, por ello, algunas de ellas dan pistas sobre los sentimientos de la población ante el poder político. Y ese sentimiento de temor, que puede convertirse en odio, no desaparecerá mientras exista el régimen de excepción, mientras se persiga a los vendedores que afean el espejismo de los lugares turísticos, mientras se continúe echando a empleados públicos con el argumento de que no comparten la agenda oficial. Según números del Banco Central de Reserva, es posible que la economía mejore, pero si no mejora la redistribución de la riqueza, si no se recobra la capacidad de opinar o reclamar, si no se corrigen las actitudes autoritarias, el temor no desaparecerá. Y con ello el Gobierno correrá siempre el riesgo de que el amor a sus líderes desaparezca y que el país se atore en confrontaciones, tensiones y frustraciones incendiarias.

“Cada tormenta es vivir la angustia… y así no se puede vivir”, “Cada año es la misma historia de estar siempre acá [en el albergue], y uno espera hacer su casita para no pasar lo mismo” son testimonios de ciudadanos que junto a su familia se ven obligados abandonar su hogar en cada época lluviosa. Al igual que ellos, muchos salvadoreños requieren de una solución para vivir en condiciones adecuadas de protección y seguridad. La historia se repite de generación en generación. La falta de opciones de vivienda impulsa a las personas a adquirir inmuebles abandonados o a construir en zonas vulnerables sin la infraestructura y los servicios adecuados, lo cual las expone a diversos riesgos. El espacio vital para el ser humano es la vivienda. Le ofrece resguardo y es la base de referencia para su vida cotidiana íntima. No tenerla implica no satisfacer las necesidades existenciales fundamentales de estabilidad y seguridad, las cuales posibilitan construir proyectos familiares e individuales. La calidad de la vivienda está relacionada con el desarrollo integral de sus miembros. De acuerdo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, el derecho a una vivienda incluye factores como seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, habitabilidad y ubicación adecuada. Según Hábitat para la Humanidad y el PNUD, El Salvador experimentaba en 20l3 un déficit habitacional que afectaba a más de 944 mil familias; en otros términos, seis de cada 10 familias vivían en viviendas inadecuadas. Por otra parte, un estudio de 2016 del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del Incae Business School señalaba que el país tenía para ese año un déficit de casi un millón 390 mil viviendas. De estas, 245 mil 369 debían construirse nuevas y el 82% (más de un millón) tenía que renovarse. Puesto que la falta de acceso a una vivienda está vinculada a la exclusión económica y social, es responsabilidad del Estado resolver la problemática. El total rechazo del Gobierno de Nayib Bukele a la transparencia impide conocer con certeza las acciones promovidas por el Fondo Social para la Vivienda, más allá de datos propagandísticos de inversiones futuras. Lo que se ha podido apreciar son las acciones contradictorias del Ministerio de Vivienda. A partir de declaraciones oficiales, su principal objetivo en el pasado quinquenio fue disminuir la disparidad habitacional y brindar viviendas dignas a los salvadoreños de bajos recursos. No obstante, contrario al discurso, dicho ministerio ha permitido —y en ocasiones incluso participado en— todo tipo de desalojos de asentamientos y viviendas, tanto en áreas rurales como urbanas, sin dar opciones a los afectados. Ello para facilitar la ejecución de proyectos habitacionales privados en diversos lugares de las principales ciudades del país, así como proyectos turísticos en el área costera. De este modo, antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda, ha beneficiado al gran capital inmobiliario, priorizando la supuesta lógica de atracción de inversiones. En ninguna acción del actual Gobierno se evidencia interés en dar seguimiento a la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015 para reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. Según la propoganda gubernamental, una de las apuestas centrales de la administración de Bukele ha sido la entrega de escrituras de propiedad (45 mil durante el quinquenio), con el objetivo de garantizar la seguridad de la tenencia. Sin embargo, muchos de esos terrenos y viviendas están ubicados en zonas de riesgo de difícil acceso y que no poseen infraestructura apropiada. Así, el Gobierno, en lugar de combatirlo, está contribuyendo a reproducir el ciclo de vulnerabilidad y exclusión social.

El Salvador del café, del surf y de los volcanes es también el de las inundaciones y los derrumbes con casi dos decenas de muertos, miles de damnificados e infraestructura en ruinas. En los cinco años de reinvención no ha habido mayor avance en la mitigación y la prevención de las catástrofes naturales que periódicamente azotan al país. Las más castigadas son las mayorías, forzadas a vivir en sitios de alto riesgo, porque no han encontrado un lugar seguro. Los diseñadores del país de Bukele han ignorado la vulnerabilidad estructural del territorio, el cambio climático y la creciente violencia de los fenómenos naturales. Temerariamente, decidieron asentar su reinvención sobre bases muy frágiles. En su defensa no pueden alegar la fuerza y persistencia de las lluvias de la semana pasada, porque es bien sabido que este fenómeno y otros como los terremotos y las sequías son recurrentes y devastadores. El aumento de la temperatura es nuevo, pero vino para quedarse. Varias voces cualificadas advirtieron insistentemente de la agudización de la vulnerabilidad del país, que Bukele y los suyos se empeñan en reinventar. Evitar los fenómenos naturales es imposible, pero mitigar los riesgos hasta minimizarlos está al alcance de los gobernantes y la comunidad organizada. La dictadura, encandilada y ensoberbecida por el mesianismo, pensó que podía crear un país totalmente nuevo sin considerar las limitaciones estructurales existentes. No prestó atención a las comunidades que, conocedoras de su entorno, advirtieron su temeridad. Irónicamente, algunas de las obras más emblemáticas del nuevo país salieron mal paradas de este trance, dejando al descubierto la imprudencia del diseñador y la mala obra del constructor. Los estragos dejados por los aguaceros son un recordatorio del abuso irresponsable de un medioambiente ya sobreexplotado, que castiga tanto a los megaproyectos de la dictadura como a las mayorías desprotegidas. La tragedia humana y la destrucción material evidencian cómo el capitalismo neoliberal salvaje conduce al país hacia el precipicio. La dimensión de la catástrofe y la incapacidad para responder a las demandas de ayuda de las comunidades parecen haber dejado a Bukele sin palabra. Habló tarde y mal. Mientras el país y su gente padecían las inclemencias de lluvias torrenciales, habló de sí mismo. Casi al final del temporal, reprodujo la portada de una revista especializada en negocios y finanzas, destinada a los millonarios y a los aspirantes a ingresar en ese círculo exclusivo, donde aparece su cara. Se la cedieron no por méritos, sino por haber pagado una abultada cantidad de dólares. Luego, terció para defender a su ministro de Educación, duramente criticado por llamar a las aulas en medio de la tormenta. La defensa fue desafortunada. Se trataba de equilibrar los riesgos reales con la retención de los escolares en los centros educativos, aun cuando la mayoría no reúne condiciones para albergar a los damnificados, muchos menos a los estudiantes. La crisis medioambiental de la semana pasada develó otra faceta de las limitaciones de la seguridad del país de Bukele. La mayoría de sus habitantes está a merced de los embates de la naturaleza por la inopia gubernamental. Casa Presidencial no está preparada para lidiar con los fenómenos naturales. Imprudentemente, desmanteló las estructuras de protección y previsión existentes, y lo que dejó lo centralizó de tal manera que anuló su capacidad para reaccionar. Los llamados de auxilio de muchas comunidades quedaron sin respuesta y el abultado presupuesto asignado a esas labores se esfumó sin dejar rastro. Si los millones de dólares empleados en frivolidades como el espectáculo del 1 de junio hubieran sido invertidos en mitigar y prevenir los riesgos de un medioambiente muy frágil, el resultado hubiera sido otro. Es cínico que, a posteriori, la cúpula de la legislatura pida a la población donativos para atender a los damnificados, cuando ella es también responsable de la pérdida de vidas humanas, de infraestructura pública y de medios productivos. Invoca la solidaridad de una población a la cual dice representar, pero cuya suerte le tiene sin cuidado. Bukele perdió una oportunidad para presentar la seguridad medioambiental como otro hito de su gestión. En vez de cuidar de los desamparados, se ausentó. La única presencia presidencial fue el nutrido equipo de fotógrafos y camarógrafos que registró la escenificación de varios ministros que habrían salido al rescate de los damnificados. La gestión de los riesgos es temeraria. El país del café, del surf y de los volcanes se derrumba. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Las personas privadas de libertad no dejan nunca de ser personas, y por tanto deben ser tratadas como tales. El Estado salvadoreño, según la Constitución de la República y mientras no la cambien, está al servicio de la persona humana. A los encarcelados se les restringe la libertad, dado que se les acusa de haber abusado de ella en perjuicio de otros ciudadanos, pero no se les priva de otros derechos. Continúan con el derecho a la integridad física, a la salud, a la alimentación, a la defensa legal, a la visita familiar y a la rehabilitación, entre otros derechos básicos. Si están bajo control del Estado en las prisiones, a las autoridades les corresponde respetar esos derechos. Sin embargo, hay bastante evidencia de que no se respetan entre los 80 mil detenidos durante el régimen de excepción. La ciudadanía debe exigir al Estado que cumpla con la Constitución y con los tratados internacionales relativos al respeto a la persona humana y sus derechos. Por malvados que hayan sido, los privados de libertad no dejan de ser personas. Y además no todos son malvados, ni lo son en la misma dimensión. Y con el régimen de excepción el número de inocentes en nuestras cárceles ha aumentado considerablemente. Por todo ello es importante recordar los derechos de los privados de libertad. Un derecho básico es el de la alimentación. Que esta sea insuficiente y que se obligue a las familias de los presos a pagar por un complemento alimentario es injusto. Que se bloquee la visita familiar y que incluso se niegue la información sobre la situación de los detenidos es escandaloso e inhumano. Que no tengan en la práctica acceso a una defensa es una violación grave de los derechos fundamentales y constitucionales. Juzgarlos en grandes cantidades y en audiencias masivas es una aberración jurídica. Mantener arbitrariamente muchos meses sin juicio a las personas detenidas está reñido con las dimensiones más básicas de la justicia. Cuando de la parte gubernamental se dice que las estrategias de seguridad han sido “implementadas de una manera técnica y con una mínima afectación a derechos”, se está mintiendo. Porque no es mínima afectación que más de 7 mil personas, según declaraciones oficiales, hayan estado detenidas, muchas de ellas durante meses, y hayan finalmente sido liberadas por el hecho de ser inocentes. Perdieron sus trabajos, estuvieron en condiciones horribles y quedaron desacreditadas ante personas con prejuicios, que desgraciadamente suelen abundar. Las leyes de protección de derechos no son caprichos de ONG ni de personas que viven bien y no conocen la gravedad de los delitos cometidos por los privados de libertad. Al contrario, los derechos humanos nacen para proteger de todo trato cruel e inhumano. Y nacen de lo mejor de la humanidad; personas que conociendo las dificultades de la vida, buscan una sociedad donde se dé oportunidad de rehabilitación a todos. Y en ese sentido, nada hay mejor para rehabilitar que tratar con humanidad a las personas justamente castigadas por sus delitos. En 2007, los obispos de América Latina reunidos en Aparecida, Brasil, decían que les dolía “la situación inhumana en que vive la gran mayoría de los presos, que también necesitan de nuestra presencia solidaria y de nuestra ayuda fraterna”. Son efectivamente los más preocupados por el desarrollo solidario de la humanidad y las religiones los que buscan que no se cometan injusticias con los privados de libertad. Y son también los que saben que causar el máximo dolor posible a quienes han hecho sufrir solo consigue multiplicar el sufrimiento. Una posición muy diferente a la de aquellos que no les importa castigar masivamente a culpables e inocentes por el simple hecho de vivir en una zona o que prefieren eliminar leyes y prácticas de control de los abusos para asegurar el sufrimiento máximo de lo detenidos.

La semana pasada quedó en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de El Salvador. Diecinueve muertes y daños en centros educativos, siembras, viviendas, carreteras y caminos vecinales son parte del problema de un país que trabaja muy poco en la prevención del desastre. Es cierto que se ha avanzado en la habilitación de centros de refugio, pero la vulnerabilidad climática reclama mucho más, en especial en las actuales circunstancias de calentamiento global, que ocasiona tanto tormentas más largas y prolongadas como sequías y calores difíciles de soportar. Si por algo se debe empezar es por facilitar viviendas dignas y seguras a la población, construidas en lugares adecuados, para así disminuir los riesgos de daños personales. El país tiene historial de tragedias por deslaves y corrimientos de tierra. Dos ejemplos. En 1982, hace 42 años, más de 500 personas murieron en la colonia Montebello y adyacentes al producirse un deslave en una de las laderas del volcán de San Salvador tras unas fuertes lluvias. En febrero de 2001, cerca de 500 personas murieron soterradas en la colonia Las Colinas a causa de un deslizamiento de tierra provocado por un terremoto. Con demasiada facilidad se otorgan permisos de construcción en zonas vulnerables. Y también mucha gente construye en terrenos riesgosos obligada por la marginación y la pobreza que sufre. Un plan nacional de vivienda digna y segura es urgente. Asimismo, resulta necesario que las escuelas estén en lugares accesibles y seguros. Que por las últimas lluvias 400 centros educativos hayan sufrido daños es un indicador de que muchos de los edificios destinados a recibir niños no tienen las condiciones adecuadas. Los tiempos que vienen serán duros para los países ubicados en los trópicos. El calentamiento global y la subida de los mares afectarán cada día más. Tener planes de prevención sólidos y políticas públicas en el campo de la vivienda y de la construcción en general, así como para la protección de la agricultura, es una deuda gubernamental desde hace tiempo. Esperar a que haya más tragedias para echarle la culpa a los fenómenos naturales es irresponsable. La sociedad salvadoreña debe aprender de sus errores y problemas, escuchar la voz de los que sufren, cambiar actitudes de pasividad y establecer compromisos serios y continuados de enfrentar las causas previsibles de la muerte y destrucción que pueden traer las lluvias. Trabajar sistemáticamente en la prevención es mucho más eficaz para el desarrollo inclusivo que hacer propaganda de progreso a base de ciudades imaginarias con nombres en inglés.