Editoriales y Opiniones

Todos los obispos de El Salvador han firmado recientemente una Carta Pastoral en la que analizan la situación social y política salvadoreña, al tiempo que hacen una serie de peticiones en favor del bien común y la justicia. Aunque no son muchos los reclamos y parten todos de la preocupación evangélica por los más pobres, terminan describiendo una realidad triste e injusta, presente en nuestra patria. Algunos de los reclamos se refieren a situaciones crónicas en temas como la salud y la educación que permanecen, a pesar de algunos intentos de mejora, en una situación deplorable. Insisten los obispos con toda razón en que se hagan esfuerzos mucho mayores en esos campos tan estratégicos para un desarrollo inclusivo y justo. Otras peticiones se refieren a los efectos de un régimen de excepción excesivamente prolongado y que ha creado tensiones e injusticias en el país. Se exige en ese sentido el fin del régimen. Y salen a relucir algunos de sus abusos cuando se pide al Gobierno que no convirtamos el país en una especie de cárcel internacional, o cuando se solicita que el sistema judicial abandone su lentitud y realice con rapidez juicios imparciales, liberando a inocentes, hoy por hoy presos sin posibilidad de defensa. La posición episcopal contra la colaboración con las políticas anti inmigrantes de países desarrollados, que tanto daño pueden producir a las familias salvadoreñas y al propio país, toca de refilón silencios e incluso actitudes de autoridades salvadoreñas que dañan la dignidad de los migrantes. La migración es un derecho, nos dicen nuestros obispos y el desprecio o agresión a los mismos, lo haga quien lo haga, se opone directamente al pensamiento cristiano. Reclaman, como es lógico, la derogación de la nueva ley que autoriza la minería metálica en el país. Una gran proporción de nuestro pueblo cristiano lo exige y se escandaliza de que las palabras de nuestros obispos no tengan respuesta racional y dialogante. Impacta especialmente en la carta pastoral la exigencia de que no se persiga a los defensores de Derechos Humanos ni a los que defienden el medio ambiente. Los obispos han detectado con claridad el ambiente de irrespeto a los Derechos Humanos por parte del Estado, expresado tanto por autoridades como a través de las redes afines, y por eso piden que no haya persecución. Los ejemplos de Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Ruth Eleonora López son más que evidentes de lo que dicen. Los campesinos, el sector con mayor pobreza en el país, se alegrarán sin duda con esta carta pastoral solidaria con ellos. Es absurdo mantener un salario mínimo del campo inferior al que se señala para los sectores urbanos. Los obispos conocen la marginación de este sector y piden una política seria de apoyo a quienes nos alimentan con su trabajo. Como cristianos debemos apoyar a nuestros obispos. Fijar y concretar la problemática de El Salvador es necesario para establecer un diálogo fructífero sobre el desarrollo inclusivo y solidario que necesitamos desde hace muchos años. Desde su fuerza y su valía moral los obispos nos están animando a impulsar el diálogo en el país. Solo viendo objetivamente los problemas, se pueden encontrar soluciones adecuadas. La propaganda engañosa, la guerra legal contra opositores, los insultos a quienes tratan de buscar verdad y justicia, las reservas de información, son mecanismos contrarios al diálogo. Difícilmente encontrará el gobierno planteamientos tan objetivos y serenos como los que en esta carta plantea la Conferencia Episcopal. Escuchar y dialogar es el reto del liderazgo político, tanto si quieren tomar en serio la ética como si desean que la Constitución de la República no se disuelva en la corrupción de normas secundarias y mandatos arbitrarios. El bien común, la centralidad de la persona, la justicia social, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, temas todos constitucionales, están en juego. Y los obispos nos llaman a rescatarlos.

La malversación de fondos y bienes públicos debe ser perseguida sin cuartel por la autoridad competente. Si la persecución no es universal, pierde eficacia y se devalúa, porque es percibida como una acción motivada por un interés ilegítimo. La víctima más reciente de esa selectividad es una reconocida abogada de Cristosal. Arrestada en su residencia al filo de la medianoche, según el manual al uso del régimen de excepción, fue desaparecida temporalmente. Su crimen no es saquear las arcas públicas, sino denunciar sistemáticamente en el ámbito internacional —donde más duele a un régimen como el de Bukele, celoso de su imagen— las violaciones a los derechos humanos y la corrupción rampante. La misma acusación endilgó a los empresarios del transporte público. A estos ya los puso en libertad, a la abogada la retiene y la trata como pandillera. El rigor jurídico no es su fuerte. Las capturas de los empresarios, así como la del pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, y su abogado, tienen mucho de venganza de un poder herido en el amor propio. A diferencia de estas, la de la abogada hizo titulares en la prensa internacional y fue ampliamente condenada en el exterior. Mucho desconcierto debe reinar en Casa Presidencial para atentar de forma tan temeraria contra la marca Bukele. La torpeza muestra que la razón del régimen de excepción no es la seguridad ciudadana, sino el poder que otorga para someter a la oposición. En otro paso desafortunado, la intelligentsia de Casa Presidencial legisló contra lo que llama “agentes extranjeros”, cuyos ingresos gravó con un impuesto del 30 por ciento. El legislador entiende por “agentes extranjeros” no solo a las ONG, que percibe como antagonistas insoportables, sino también a las empresas transnacionales, los inversionistas extranjeros, las agencias de cooperación de otros países y cualquier otra fuente de financiamiento externo, sin importar la cantidad y la modalidad. Semejante imprecisión en un asunto tan delicado como la cooperación internacional y la inversión extranjera deja mal parado a un autoritarismo que presume de modernidad. Quizás sea deliberado. Más probable es que sea improvisación e incompetencia. La ley invoca la transparencia. Una redundancia, porque las ONG ya son vigiladas por varias instancias estatales. El sector privado es más independiente. Es grotesco que un legislador que se mueve en la oscuridad se erija en adalid de la transparencia. Luego agrega que legisla para resguardar “la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política”, lo cual quiere decir blindar a Bukele de la crítica, del reclamo y de la protesta. En realidad, solo peligra su marca, que navega en aguas turbulentas. Así se explica que el legislador le otorgue poder discrecional para decidir qué “agentes extranjeros” operarán en el país y cuáles serán exonerados del impuesto. Aunque las multinacionales y los inversionistas pueden solicitar ese beneficio anualmente, su futuro, de hecho, depende de Bukele. El legislador alega en su defensa que su objetivo son las ONG, pero el texto va bastante más allá. En consecuencia, el capital extranjero y su socio nacional están a merced de Bukele, el gran legislador. La intelligentsia presidencial desnortada ha introducido su marca en aguas tan revueltas que el naufragio es real. El frente digital da señales de agotamiento. Su eficacia es ahora menor. Los agentes de Bukele ya no convencen como antes ni consiguen desprestigiar a la víctima de sus ataques. Más bien desacreditan el producto que promocionan. El agasajo a los legisladores, con foto incluida, dio pie al sarcasmo. El baño de masas, reunidas por el oficialismo con motivo de la entrega de dos escuelas renovadas, no parece haber levantado la imagen de la marca. La cuarta repetición de renovar la infraestructura escolar es material de burlas ingeniosas. El enemigo más dañino de Bukele no son las ONG, sino él mismo. Posee la curiosa habilidad de cerrar cada vez más el círculo de aceptación, de alimentar el desprestigio y de fomentar el aislamiento. Sobrevivir en soledad, como pareciera pretender, él contra el mundo, excepto los Estados Unidos de Trump, es ilusorio. No vendría mal una dosis de realismo y otra de modestia. El encanto de los primeros años se extingue rápida e irremediablemente. En lugar de corregir el rumbo, se empecina en navegar en medio de la tormenta. El desgaste de seis años sin otro logro que mostrar que la seguridad ciudadana hace estragos. Incluso esa conquista se deteriora al usarla para suprimir a la oposición. El balance de seis años en el poder arroja decadencia creciente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Presidencia de la República está a las puertas de cumplir su primer año de mandato inconstitucional. Un año marcado por un modelo de gobernabilidad autoritaria basado en el ejercicio discrecional del poder. Un año en el que el proceso de debilitamiento institucional se ha agudizado y en el que se ha barrido por completo con las garantías a los derechos humanos. Uno de los aspectos que evidencian un Estado de derecho es que todos los funcionarios se someten a reglas claras y públicas, sin excepciones. Cuando estas reglas son reemplazadas por decisiones arbitrarias, la ciudadanía se vuelve vulnerable y el poder deja de tener límites. Esa es la realidad de El Salvador hoy en día. El inicio del segundo mandato de Bukele estuvo marcado por detenciones arbitrarias dirigidas a veteranos de la guerra y a un firmante de los Acuerdos de Paz. Desde entonces, las capturas sin pruebas de la comisión de un delito han continuado; sus víctimas terminan en un sistema penitenciario en el que se han documentado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal. En las últimas semanas, las detenciones se han extendido a exfuncionarios de anteriores Gobiernos, transportistas, abogados, líderes comunitarios y activistas sociales, sin el mínimo atisbo de un debido proceso. Con las más de 85 mil capturas en el marco del régimen de excepción y con la decisión de abrir el Cecot a las deportaciones de Trump, El Salvador se ha convertido en un país-cárcel. La retórica que ha acompañado todo este proceso ha sido en extremo polarizante; lejos de buscar caminos colectivos orientados a la construcción de una sociedad más justa, el discurso del Ejecutivo ha estado enfocado en dividir, estigmatizar y crear enemigos. Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han llevado la peor parte. Los efectos son evidentes; por ejemplo, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2024 fue el año más violento para la prensa salvadoreña. La aprobación de la normativa que permite la minería metálica y de la Ley de Agentes Extranjeros debe analizarse en el marco de la arbitrariedad y el aumento de la censura y la represión. Aun cuando tratan áreas diferentes, ambas fueron aprobadas de manera inconsulta y acelerada; ambas han suscitado un amplio rechazo de distintos sectores. Y también comparten el propósito de castigar a comunidades y sectores que ya sufren el abandono del Estado. Las repercusiones directas de dichas normativas en personas y víctimas son inminentes. A todo lo anterior se suma, por un lado, la política de opacidad existente, con el abuso reiterado de las reservas de información (incluso sobre elementos aparentemente inocuos, como el río San Sebastián); y por otro, la improvisación característica en la atención a los problemas de país. Salta a la vista que la preocupación del oficialismo es mantener los niveles de popularidad a cualquier costo, no las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la población. Por supuesto, este actuar arbitrario del Gobierno no es inofensivo; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, incluso irreversibles. Como antaño, antes de la firma de unos Acuerdos de Paz que el oficialismo tilda de inútiles, el miedo, la incertidumbre y el abuso imperan sin que haya alguna instancia a la cual acudir. Construir un país en justicia y libertad vuelve a ser una utopía.

Es una vergüenza que Estados Unidos ponga un impuesto a las remesas. En cierto modo es una ley xenofóbica y racista. Castiga a los extranjeros y mayoritariamente a los latinos. Uno puede ser norteamericano, trabajador, que paga puntualmente impuestos al Estado. Pero si su madre es anciana, vive en América Latina y recibe remesas de su hijo para su manutención, las remesas tendrán que pagar impuestos. Si eres latino, nacionalizado o no en Estados Unidos, tendrás que pagar impuestos por ser generoso con tus propios parientes si estos viven fuera de Estados Unidos. Es un mandato inmoral y por tanto, aunque sea legal, si se puede burlar debe ser burlado. Nadie puede moralmente multar la generosidad con los pobres. Cometer una inmoralidad legal lo pueden hacer quienes tienen poder. Pues el poder y la moral no siempre van juntos. Al contrario, como decía Aristóteles hace más de 2,300 años,“los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder”. Y peor cuando son ricos, porque citando al mismo filósofo, “las ambiciones de los ricos son mucho más destructivas de las formas de gobierno que las del pueblo”. No es en ese sentido incomprensible que la centralización del poder y la idolatrización de uno o varios millonarios en Estados Unidos, traigan desgracias para países más pobres. Pero da más pesar cuando en un país como el nuestro, que está en la posición 127 en el índice de desarrollo humano, con problemas serios de desigualdad y pobreza, se pretenda castigar a los pobres. La ley de Agentes Extranjeros, amenazando con un impuesto del 30% a organizaciones de la sociedad civil y personas naturales que trabajan en beneficio de los más pobres, parece ir en esa dirección. Si Ud. no ha cometido ningún delito y ha sido detenido en virtud del régimen de excepción, no podrá ver a sus familiares ni recibir abogados que lo defiendan. La Procuraduría General de la República no cuenta con abogados suficientes para llevar a cabo una defensa efectiva. Si una organización de la sociedad civil quiere defenderlo, presentar un “habeas corpus” por Ud. y quejarse porque no se tienen en cuenta sus derechos constitucionales y legales, corre el peligro de que el gobierno le ponga un impuesto del 30% del dinero recibido del exterior para realizar servicios básicos legales a personas pobres tratadas injustamente. Según la ley que se acaba de aprobar, el Estado adquiere la facultad, en la práctica, de considerar la defensa de los derechos humanos como una actividad política subversiva y gravarla con impuestos. Se puede decir y reclamar que esa ley de Agentes Extranjeros es inconstitucional. Pero el sistema judicial está de tal manera cooptado y controlado por el poder ejecutivo que presentar recursos de inconstitucionalidad ante un juez es como tirar barquitos de papel en el océano. No llegan a ninguna parte. El Salvador necesita mucho diálogo, más debate serio y menos propaganda. Con medidas restrictivas y de control no se va muy lejos. Al contrario, se crea una cultura del poder de los más fuertes que no sólo va en contra de los deseos democráticos de las mayorías, sino que además acaba fomentando la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo cultural. Si la educación autoritaria es uno de los obstáculos más fuertes para el desarrollo humano, como hoy se reconoce universalmente, la negativa al diálogo, a la reflexión, a la crítica o a la defensa de los pobres, conduce siempre al fracaso de los pueblos. Es cierto que no es fácil gobernar democráticamente países que tienen una tradición autoritaria. Pero querer gestionar la democracia sin respetar el diálogo con las minoría (o a veces incluso con las mayorías) es un absurdo y tiene siempre malas consecuencias. A nadie ayuda el poner impuestos al dinero que viene de fuera y que se dedica tanto al pago del trabajo digno y honrado como a la ayuda a los pobres y a la defensa de sus derechos. El hecho de que el gobernante de un país, desde su nacionalismo corto de miras y su racismo ponga impuestos a las remesas, que son dinero para los pobres, no justifica que aquí hagamos algo parecido agravando la situación de la gente menos favorecida.

En la actividad política, el poder excesivo conduce con facilidad al error. En efecto, cuanto más poder tiene un político, menos reflexiona sobre la calidad de sus acciones y sus consecuencias. Manda sabiendo que la mayoría de los que le rodean bajarán la cabeza y alabarán la decisión tomada. En el caso de El Salvador, si bien el oficialismo dispone de medios para mantenerse en sus decisiones pese a estar equivocado, la suma de yerros ha comenzado a debilitarlo. Ciertamente, la propaganda, la presentación fantasiosa de acciones, reduce la erosión de su imagen, pero el dolor causado por las malas decisiones y la permanente contradicción con la verdad y la honestidad van carcomiendo la confianza ciudadana, lo cual podría llevar a que el Gobierno enfrente, de pronto, un grave déficit de apoyo. Alargar el régimen de excepción desaforadamente ha visibilizado las injusticias. La venta anticonstitucional de servicios carcelarios al Gobierno de Donald Trump, junto con la decisión de encerrar a personas sin proceso ni acusación judicial, ha escandalizado a la opinión mundial. Y el empecinamiento de mantener preso acá a Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos, intensificó la controversia. Con la cooperativa El Bosque, otro caso en el que se suman errores, hubiera sido fácil dialogar, tal como se hizo hace años con la comunidad expulsada de las tierras de la familia Dueñas. La detención de un pastor evangélico y de un abogado ambientalista que acompañaban a la cooperativa en la defensa de sus derechos ha generalizado la indignación. Y luego llegó la detención de Ruth Eleonora López y la imposición de un 30% de impuesto a las donaciones recibidas desde el extranjero por organizaciones no gubernamentales. No es inteligente acumular errores cuando se mantiene en zozobra a los comerciantes informales, se expulsa del trabajo a empleados públicos y se reducen los médicos y medicinas en el sector de la salud pública. El ideal en la convivencia política pasa siempre por el diálogo y la tolerancia, así como por la ayuda a los sectores más desfavorecidos. A los pobres no se les puede condenar a estar cada vez peor en lo que respecta al goce de sus derechos básicos. Golpear a quienes defienden a las víctimas de injusticias hace siempre odioso al poder. La popularidad de Nayib Bukele se creó sobre una hábil y alta capacidad de propaganda, y sobre el aprecio de mucha gente que veía en él una mayor sensibilidad ante los problemas de las mayorías. Pero la acumulación de errores en el trato a las personas con problemas económicos rompe una de las fuentes de su popularidad. Ser duro con los pobres y con quienes los defienden es la negación más clara de lo que se entiende por bondad. Y eso, por más que se trate de remediar con propaganda, debilita gravemente a quienes están en el poder. Reaccionar a la falta de autoridad moral con más poder represivo atrasa el proceso de desarrollo ético y democrático del país. Dialogar con las instituciones de la sociedad civil, liberar a los detenidos injustamente, trabajar con más ahínco en la eliminación de la pobreza y fortalecer las redes de protección social son tareas pendientes que empiezan a cobrar factura. Si no se rectifica el rumbo, el costo político y social no solo será inevitable, sino creciente.

Tarde o temprano, toda autocracia hace uso de la fuerza para callar la disidencia. Mientras más respaldo social pierde un régimen autoritario, más necesidad tiene de recurrir a la persecución y a la represión para sostenerse. Es parte del libreto del autoritarismo. En El Salvador, la deriva autoritaria ha cobrado nuevos bríos; diversos hechos recientes han causando una erosión de la popularidad del oficialismo, y la reacción de este no se ha hecho esperar. El caso Cosavi, la aprobación de la ley que promueve la minería metálica, el alquiler del Cecot para migrantes deportados desde Estados Unidos, las deficiencias de las obras en Los Chorros, la investigación periodística que confirma los vínculos entre funcionarios de Bukele y las pandillas, la violenta disolución de la protesta de las familias de la cooperativa El Bosque son hechos que estarían impactado negativamente en la opinión ciudadana sobre el Gobierno, lo cual se suma al descontento por la aguda crisis de la economía familiar. En reacción, el Ejecutivo ha recurrido tanto a medidas populistas (por ejemplo, dar transporte público gratis en todo el país) como al uso de la intimidación y la fuerza. De esto último son ejemplos claros la detención del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez y de la jefa de Cristosal, Ruth López, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. En un Gobierno democrático, las críticas se responden con argumentos, no con persecución; los señalamientos de delitos cometidos por funcionarios originan una investigación seria; la corrupción se combate con rendición de cuentas y transparencia; las protestas pacíficas de la población dan pie al diálogo y la búsqueda de soluciones. Esos son los caminos que hay que seguir para que El Salvador no se convierta en otra Nicaragua. Hay que evitar a toda costa entrar en una dinámica de desprestigio-represión que reviva las horas más trágicas de la historia nacional. Las escenas y disposiciones de los últimos días ya las vivió el pueblo salvadoreño el siglo pasado, y lo que siguió no fue bueno para nadie, ni para la población, ni para el país, ni para los gobernantes. Monseñor Romero, ferviente defensor de la paz y la justicia social, siempre se opuso a toda forma de violencia y clamó por un diálogo constructivo para evitar un conflicto mayor. Sus palabras siguen teniendo vigencia y deben ser tomadas en cuenta por quienes dirigen el país: “Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, fiel a su compromiso con la realidad, la excelencia académica, el respeto a los derechos humanos y la democracia, expresa su preocupación por la detención de Ruth Eleonora López Flores, abogada, docente de esta casa de estudios, defensora de los derechos humanos y jefa anticorrupción y justicia de Cristosal. Este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como también contra aquellas personas y colectivos que alzan su voz en favor de las poblaciones más desfavorecidas. La UCA, en tanto espacio de reflexión, análisis y compromiso con la transformación social, reitera que la defensa de los derechos humanos es una labor esencial para alcanzar una sociedad más justa e integradora, que tienda a la realización de la persona humana y del bien común. El Estado, conforme a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia de derechos humano de los cuales es parte, está obligado a garantizar los parámetros universales del debido proceso, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales. En este sentido, le corresponde asegurar que ninguna persona sea privada de libertad sin causa penal legítima y que, en caso de que esto suceda, sea puesta en libertad de inmediato por las autoridades competentes. La UCA hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la integridad personal de toda persona bajo la custodia del Estado; y a cesar cualquier acción que afecte por medios directos o indirectos el derecho a la protesta, a la organización pacífica y a la exigencia de justicia. Solo la defensa de los derechos humanos, la formación de una ciudadanía comprometida con la democracia y la justicia, y la protección de los principios democráticos conducirán a la construcción de un El Salvador libre, inclusivo y justo. Antiguo Cuscatlán, 19 de mayo de 2025

La inmensa mayoría de los cristianos hemos quedado satisfechos con la elección de León XIV como obispo de Roma y sucesor de Pedro en la Iglesia católica. Es una persona con tradición acrisolada de servicio, de espiritualidad, de pensamiento humanista y con un claro sentido de justicia social. Quedan algunos críticos, muy pocos, con actitudes negativas, construidas muchas de ellas desde una opción trasnochada: espiritualidad alienante, tradiciones retrógradas y negativa al diálogo entre la Iglesia y el mundo, así como a la opción preferencial y activa en favor de los pobres. Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones sobre la participación de los cristianos en la elección del papa, de los obispos y de los cargos de autoridad. La participación de la mujer en el liderazgo de la Iglesia es escasa, a pesar de que su compromiso con el trabajo eclesial de base es enorme y de gran calidad. En menor escala podríamos decir algo parecido de los laicos varones, no siempre tenidos en cuenta cuando se les percibe muy creativos. Aunque es cierto que Jesús le dijo a Pedro apacienta mis ovejas, también hay que tener en cuenta que dichas ovejas no son de Pedro, sino de Jesús. Y, por tanto, gozan también de la libertad y la realeza del Señor a las que nos hemos adherido por el bautismo . En ese contexto debemos analizar las formas de elección del papa. Durante muchos años, la aclamación popular en la ciudad de Roma determinaba el nombramiento del papa. Es hacia inicios del segundo milenio del cristianismo cuando se decide que sean los cardenales los electores, para evitar las múltiples y a veces brutales interferencias de reyes y señores feudales en la elección del obispo de Roma. Desde entonces, aun con la influencia de familias nobles y de sus parientes nombrados cardenales, y a pesar del derecho a veto de algunos reyes europeos, el colegio cardenalicio ha sido el encargado de nombrar al papa. Salvo algunas elecciones realmente lamentables, los cardenales han sido garantes de una mejora clara de los nombramientos. Tras el veto del emperador austrohúngaro en 1903, Pío X prohibió taxativamente esa costumbre. En la actualidad es lógico que se plantee el tema de una mayor participación del Pueblo de Dios en el nombramiento del obispo de Roma, dado su carácter de pastor universal en la Iglesia católica. Es cierto que no podemos decir que la Iglesia es una democracia. Tampoco se puede afirmar con frivolidad que es una monarquía absoluta. Pero el tema de la elección de los obispos y del mismo papa ha tenido una historia lo suficientemente diversa como para que en tiempos en los que la misma Iglesia alaba la democracia como sistema de gobierno, se amplíe la participación del pueblo de Dios en la elección del papa. La presencia de mujeres con mayores responsabilidades dentro de la Iglesia y como electoras en las futuras elecciones de los pontífices terminará imponiéndose por pura lógica, no solo racional, teológica y numérica, sino, sobre todo, evangélica. El camino sinodal abrirá puertas a una mayor participación del laicado, ya iniciado desde el Concilio Vaticano II, y romperá las barreras del clericalismo que todavía quedan entre nosotros. Aunque podamos y debamos decir que la Iglesia no es una democracia, el espíritu de comunión y participación evangélica que la caracteriza implica diferencias básicas de una monarquía autoritaria y clerical. El papa León XIV, acostumbrado a impulsar la vida comunitaria unida en un solo corazón y una sola alma en el Señor, como dice la regla agustiniana, y como lo ha vivido en su experiencia episcopal en Perú, sabrá llevarnos por los caminos de cordialidad y participación que Jesús nos recuerda siempre cuando nos pide que nuestra actitud social y comunitaria sea siempre la del que sirve, no la del que manda.

Por José María Tojeira, SJ Cuando los profetas de Israel pensaban en un mundo renovado, soñaban con armas convertidas en instrumentos de labranza. En nuestro mundo actual el liderazgo de las naciones creen necesario multiplicar el armamento a niveles cada vez más absurdos. El informe de SIPRI, una institución sueca que trabaja la paz y que investiga el armamentismo, ha mostrado un aumento récord en el gasto militar mundial : En 2024 el gasto en armas y ejército asciende a 2.7 billones (numeración europea) de dólares. Un aumento de 300.000 millones de dólares frente a los 2.4 billones gastados en 2023. Europa por su parte se apresta a aumentar su gasto en armamento presionada por Estados Unidos, que desde finales de la segunda guerra mundial es el país con mayor inversión en armamento. El clamor de las Iglesias y de numerosos grupos pacifistas, que quisieran que una parte del gasto en armas se trasladara a la inversión solidaria en los países empobrecidos, no ha tenido eco en quienes presumen de tener el liderazgo mundial. El nacionalismo exacerbado de personalidades como el Presidente Trump de los Estados Unidos, ha influido en el desarrollo de políticas armamentistas y anti inmigrantes. Para los católicos, que deben tomar en serio las propuestas de la doctrina social de la Iglesia, así como para las personas de buena voluntad, es importante recordar las palabras del papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de la paz en este año 2025. Ahí pedía a las naciones que “utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Aunque para muchos sería muy ambicioso proponer un 10% del gasto mundial en armamento dedicado al desarrollo, es importante hacer números, aunque se como ejemplo, para ver lo que significaría esa cantidad aplicada al gasto en armamento y ejércitos. La operación es sencilla; se trataría de 270.000 millones de dólares. Una cantidad que si se repartiera entre los 100 países con más dificultades económicas y con márgenes relativamente importantes de población con hambre, significaría una ayuda anual de 2.700 millones de dólares. Los datos que damos no son una propuesta. Cómo usar esa tremenda cantidad de dinero necesitaría mucho pensamiento, organización adecuada y buena voluntad. Pero lo que es evidente es que el descuento para desarrollo de un 10 % en los gastos de armamento de todos y cada uno de los países, no los hace ni más débiles ni más pobres. Tampoco crearía una crisis económica mundial. Molestaría a lo que el antiguo presidente Eisenhower de los Estados Unidos llamaba el “complejo militar industrial” y probablemente a personas ciegas en el campo de la solidaridad. Porque en efecto, una persona que prefiera más armas en vez de menos pobreza o menos hambre, carece de la moralidad básica que exige el hecho de ser todas las personas humanas miembros de la misma especie. O dicho en términos religiosos, ser parte de la misma dignidad y fraternidad universal de los seres humanos es más importante que la acumulación de armas. Insistir en el propio país en el recorte del presupuesto militar en favor de la lucha contra el hambre es una opción política humanitaria que sin duda trascendería las fronteras de los países que lo hicieran e iría, poco a poco, creando la posibilidad de que se convirtiera en una práctica mundial dedicada a erradicar el hambre y fomentar el desarrollo. No hacerlo solo demostraría la incapacidad de los políticos para enfrentar con racionalidad los problemas sociales, sino también el miedo a los militares y el desbordado peso que se les puede dar tanto en las democracias como en los regímenes autoritarios. Los que pensamos que una nueva civilización es posible no debemos cansarnos en el reclamo.

León XIV tiene un perfil interesante. Fue uno de los últimos nombramientos del papa Francisco. Tanto en la dirección de los dicasterios o congregaciones romanas como en el cardenalato, su designación no pasa de los tres años. Podría decirse que pertenece al grupo seleccionado por Francisco para el relevo generacional. Como muchos de los así elegidos, fue traído de un lugar donde no estaba haciendo carrera. Nacido en Estados Unidos, es miembro de una orden, los agustinos, inspirada en uno de los más grandes pensadores tanto de la Iglesia como de la reflexión humanista; trabajó en América Latina como sacerdote y como obispo durante una buena cantidad de años. De ese contexto, tan vinculado a las experiencias pastorales, lo llevó Francisco a un puesto clave en la Iglesia, el Dicasterio para los Obispos, responsable de analizar y proponer a los mejores candidatos para el episcopado. Su conocimiento del mundo latino le ayudó a León XIV a entender a los migrantes y a solidarizarse con ellos. Su capacidad de decir claramente su opinión, su amor a los pobres y su cercanía al diálogo lo preparan para ser un buen guía de una Iglesia que necesita mantener una palabra evangélica clara en el convulsionado y beligerante mundo actual. Los valores agustinianos, sin duda fuertemente vividos tanto en sus estudios como en su oración, lo disponen para enfrentar los retos de la Iglesia. “Habitar en la casa unánimes y con un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Dios”, norma básica agustiniana, impulsa al amor, la fraternidad y a cuidar la casa común. La conocida frase de san Agustín en sus reflexiones sobre la Trinidad: “Busquemos como buscan los que aun no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar”, marca una actitud indispensable para el gobierno de la Iglesia actual. La respuesta a los desafíos que la historia hace a la Iglesia no puede consistir en cerrarse en el pasado, sino en buscar respuestas que abran a nuevas realidades y a nuevas búsquedas. León XIV tiene claro que la comunión entre los seres humanos está reñida con el egoísmo de las grandes potencias y con el discurso xenófobo. Sus breves mensajes como cardenal, corrigiendo las afirmaciones erróneas del presidente y vicepresidente estadounidenses sobre temas migratorios, han sido claros. Sabe que la ambición depredadora de los poderosos está en la base de diferentes y peligrosas situaciones medioambientales. Su elección del nombre León empalma con una historia de transformación en la Iglesia. Después de una larga etapa eclesiástica en el siglo XIX, en la que la jerarquía, acostumbrada a hablar desde el poder, no encontraba el modo de relacionarse con el mundo, León XIII abandonó la peligrosa tendencia a la condena sistemática y comenzó a hablar de las nuevas realidades del mundo desde la inspiración evangélica y la sabiduría de la experiencia. Surgió con él, y continuó desarrollándose con sus sucesores, la doctrina social de la Iglesia, que traducida al ámbito latinoamericano por el episcopado del subcontinente ha dado frutos de desarrollo y múltiples testimonios martiriales. Elegir el nombre de un papa que abrió la Iglesia al diálogo con el mundo es comprometerse a continuar el camino del Concilio Vaticano II. Un camino de reforma interna permanente, en el que se vive y anuncia el Evangelio; un camino de diálogo orientado a construir un mundo más fraterno, más justo y más cuidado por todos en beneficio de todos.

En la actualidad, un gran número de acontecimientos saturan la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, los cuales son amplificados y enturbiados por las redes sociales. La variedad es amplia: desde la llegada vía deportación de supuestos criminales venezolanos desde Estados Unidos, decomisos de miles de sacos de cocaína, cierres de carreteras que vuelven una pesadilla la movilización hacia y desde la capital, revelaciones periodísticas sobre procesos de corrupción. Ante ello, la comunicación gubernamental ha buscado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, la captura de empresarios del transporte, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores... Cada día, una novedad; cada día, una nueva respuesta. Y la discusión pública termina presa de la dictadura de las redes sociales. En medio de ese ruido, es posible documentar la profundización de las medidas antidemocráticas impulsada por el oficialismo. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA muestra que en 2024 el derecho a la libertad fue el más vulnerado. En este sentido, los datos generados por el Observatorio no son un buen presagio para el futuro de país, su población y su gobernanza. Se vive en la cultura de la ilegalidad, del incumplimientos de las normas. Peor aún, las normas son creadas a medida para cumplir con los deseos e intereses del régimen. Y si no hay tiempo para ese tipo de formalismos, simplemente se ignora el proceso de formulación de ley y se actúa según voluntad. La arbitrariedad y la represión en El Salvador van en aumento. El Gobierno debe explicar la negociación con pandilleros a cambio de votos. Es fundamental saber qué está de fondo en el trato con Estados Unidos que avala que migrantes sin proceso judicial en el país terminen en cárceles salvadoreñas. Cómo es que el Gobierno decreta la gratuidad del transporte a través de las redes sociales sin ninguna fundamentación legal. Además, ha capturado a empresarios del transporte sin seguir el debido proceso y apelando a un estado de excepción que ya no se justifica. A la base de estas irregularidades está la dictadura de las redes sociales y el abuso del poder. La sociedad salvadoreña está inmersa en una dinámica totalmente anómala, en la que se gobierna por capricho, los controles no funcionan, las instituciones responden a las órdenes de una persona y su círculo, y la única legitimidad en el ejercicio del poder es la popularidad. Un mejor país no se construirá inventando enemigos ni metiendo a las personas a las cárceles sin ningún fundamento. El futuro no será mejor allanando viviendas, intimidando organizaciones o estigmatizando periodistas, activistas sociales y disidentes. Es necesario soñar y defender una sociedad en la que se respeten las normas, se busque el diálogo y se garanticen los derechos humanos para toda la población.

Se suele decir que todos los trabajos son dignos. Sin embargo, muchos sectores y dinámicas de la sociedad niegan dicha dignidad. La explotación, los bajos salarios, la profunda desigualdad en el reconocimiento de los mismos son realidades innegables. Algunas actividades laborales se consideran inferiores o menos dignas; otras, en cambio, son mejor valoradas y se les asigna una recompensa económica muy superior. Aunque toda labor responde a una necesidad social y, por tanto, está dotada de la misma dignidad, la consideración social, la valoración económica e incluso el trato con el trabajador dependen de factores allende la dignidad. Generalmente, los salarios son el resultado de un cálculo de costos y beneficios. Cálculos, con frecuencia, ligados al afán de lucro o a las conveniencias políticas cuando quien contrata es el Estado. En El Salvador se excluye de las redes básicas de protección social a los campesinos, a las trabajadoras del hogar y a un gran número de pequeños empresarios y comerciantes del sector informal. Salarios de más de 20 veces el salario mínimo son frecuentes en las empresas grandes y se justifican desde la supuesta productividad económica del cargo que se ostenta. Si todos los trabajos son necesarios para la producción de riqueza, las diferencias no deberían ser tan enormes. Y si lo son, el Estado está moralmente obligado a reducirlas a través del impuesto sobre la renta. En la actualidad, fiel a la tradición discriminatoria del valor del trabajo, el Gobierno de Bukele está proponiendo un aumento del 12% al salario mínimo, luego de 4 años de mantenerlo sin cambios a pesar del encarecimiento de la canasta básica alimentaria. Dado que existen diversos salarios mínimos y que los trabajadores del campo son discriminados y tienen un salario menor, un 12% de aumento a todos los salarios mínimos ampliará la brecha entre el campo y la ciudad. En la práctica, el salario mínimo urbano tendrá un aumento que duplica al del mínimo rural. El 1 de mayo los trabajadores protestaron porque, a su juicio, el 12% no cubre el alto costo de la vida. Y tienen razón. Los despidos masivos en el Estado y los desalojos de vendedores informales han contribuido al empobrecimiento de muchos. La exigencia de un mayor aumento al salario mínimo es justa, pero llama la atención que se olvide o no se reclame con la debida fuerza la ratificación del convenio 189 de la OIT, que da a las trabajadoras del hogar las mismas condiciones y prestaciones de las que goza el resto de la población económicamente activa. Impacta también negativamente que los trabajadores formales no defiendan a los trabajadores informales, ni propongan una inclusión de los mismos en las redes de protección social, ni exijan reformas drásticas al Código de Trabajo a favor de ellos. Aunque trabajo y capital son necesarios en la producción de bienestar, en el pensamiento de la Iglesia católica el trabajo tiene mayor dignidad que el capital por una sencilla razón: el trabajo es una dimensión humana fundamental, nos hace personas. El capital suele despersonalizar. El hecho de que en El Salvador se viole la dignidad del trabajo humano, impidiendo a muchos salir de la pobreza y la vulnerabilidad, debe llevar a mayor reflexión y a mayor compromiso con un cambio social y unas reformas que respondan a la dignidad de todos.

En el pasado, la mayoría de dictadores asumían sin disimulo su posición de poder absoluto, sin preocuparse por la legitimación democrática. Actualmente, la mayoría de gobiernos y líderes autoritarios se preocupa por mantener una fachada democrática; por ejemplo, celebrando elecciones amañadas y manteniendo una aparente división de poderes. En estas “democracias”, los funcionarios no sirven a los ciudadanos, sino que están para obedecer las órdenes del autócrata. De acuerdo al informe 2023 del Instituto V-Dem (Variedades de Democracia) de Suecia, 72% de la población mundial vive en regímenes autoritarios (en 2013, solo era el 46%). Según el estudio, El Salvador es uno de los países que aumentó su tendencia al autoritarismo. Aristóteles dice, en su libro La política, que un tirano es alguien que se rodea de aduladores y que no respeta la ley ni la justicia, por lo que se convierte en un opresor. La mayoría de estudiosos coinciden en que los dictadores usan el miedo como herramienta de control social. Por algo Nicolás Maquiavelo decía que para mantenerse en el poder más vale ser temido que amado. Según el filósofo italiano, el miedo que se infunde en los gobernados se basa en el castigo que el gobernante pueda imponer. Así, las dictaduras amenazan, persiguen, encarcelan, exilian, difaman, matan. En el caso salvadoreño, el aparato de propaganda gubernamental afirma que el país es democrático y el más seguro del continente. Pero guarda silencio sobre la violación a los derechos humanos y la demolición de la poca institucionalidad democrática. No se dice que se ha cambiado, a conveniencia del oficialismo, las reglas de los procesos electorales ni que se ha puesto de rodillas al Tribunal Supremo Electoral. Se pasa por alto la total falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, la ausencia de diálogo y la nula participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. El régimen de excepción se ha normalizado y ha pasado a ser la principal herramienta de miedo. No en balde las encuestas muestran que gran parte de la gente prefiere no expresar su opinión sobre el quehacer gubernamental. La reciente denuncia de Cristosal y de otras organizaciones sobre policías uniformados que se hacen presentes a actividades de derechos humanos para tomar fotografías a las instalaciones, a los vehículos y a las personas representa un peldaño más en la persecución y acoso a personas e instituciones que denuncian la verdad sobre el régimen y defienden a sus víctimas. Este tipo de acciones no buscan otra cosa que infundir temor no solo a las instancias que las han sufrido directamente, sino a todo aquel que ejerce el pensamiento crítico. Una muestra más de que el régimen político del país es solo una ilusión de democracia.

Por José María Tojeira, SJ Cuando comienzan las lluvias es casi automático que se den circunstancias que nos recuerdan la necesidad de prevención. Este año se ha estrenado con el deslizamiento de tierras producido en la carretera panamericana en la cercanía de Los Chorros. Una vez más, raro es el año que no sucede, se ha interrumpido el tránsito a la capital, obligando a dar un gran rodeo por la carretera de Quezaltepeque. Que no se haya logrado estabilidad y seguridad de las paredes que flanquean una carretera tan concurrida muestra a las claras que la prevención no es prioridad en El Salvador. Pero no es el único caso. La multiplicación de muertes en tráfico en semana santa continúa siendo una plaga a pesar de algunos esfuerzos por prevenirlas. Las políticas de construcción de viviendas vulneran con frecuencia recomendaciones medioambientales básicas. La nueva ley de minería añade a los graves peligros de la minería a cielo abierto la poca capacidad del Estado de supervisar normativas medioambientales y prevenir el desastre. La detención y encarcelamiento de personas en la lucha contra las pandillas a base de “atarrayazos” en las colonias populares, muestra una vez más que la prevención, a otro nivel, de respetar los derechos humanos, desaparece cuando se fijan objetivos sociales que a parte de ser en principio buenos, comportan beneficios políticos. Esta despreocupación por prevenir desastres, que pueden darse tanto en áreas geográficas y medioambientales como en dimensiones estrictamente humanas, se refleja tanto en el olvido intencionado de tratados y protocolos internacionales ratificados por el país como en la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú. Ayudar a la protección y, si es necesario, al traslado y reubicación de personas que viven pegadas a quebradas, cárcavas o pendientes muy inclinadas con tierras relativamente sueltas, es una tarea pendiente. Prevenir es parte de la seguridad de las personas que el Estado tiene que garantizar. Dar en la escuela formación sobre enfermedades tropicales que suelen producirse con más frecuencia en tiempos de lluvias, es otra tarea indispensable para proteger a la población y para colaborar en el control de vectores. Nunca sabemos la intensidad con la que puede venir la época de lluvias. Quedar expuestos a lo que venga, dependiendo de la suerte, no es lo adecuado. Como tampoco lo es la indiferencia de los que tienen seguridad frente a las durezas del clima y las vulnerabilidades que afecta normalmente a los más pobres. Prevenir es responsabilidad de todos en lo micro. En lo macro le corresponde al Estado y todos debemos no solo colaborar sino también exigir cuando los gobiernos olvidan sus responsabilidades.

Editorial UCA En un mundo tan fracturado y lleno de tensiones como el actual, pensar en un nuevo papa despierta el deseo de continuidad de lo vivido con Francisco y, a la vez, de esperanza de novedad. No será fácil encontrar a la persona indicada para estos difíciles tiempos, pero los cristianos tenemos la ventaja de seguir un Evangelio, buena noticia de salvación, que se renueva en contacto con la historia humana y que empuja más allá de proyectos personales y de modos particulares de entender la realidad. Por eso, es natural que los cristianos esperemos que el nuevo papa sea fiel al Evangelio y que día a día se deje iluminar por la palabra y la vida de Jesús de Nazaret. Ese Jesús que desde la profunda intimidad con Dios se identificaba con los pobres y con todos aquellos a los que el mundo consideraba insignificantes, ajenos a la historia, descartados. Es normal y lógico que pidamos que el papa sea una persona de oración, piadosa y conocedora del Evangelio y de la tradición de la Iglesia. Pero la autenticidad de la piedad pasa por la comprobación de la misericordia y la solidaridad con los que sufren. La historia está llena de personas a las que se les arrebató o restó significado. Usualmente, para tener significado es necesario contar con recursos económicos, estudios o títulos, o haber triunfado en política, economía o en la guerra. Los insignificantes son mayoría. Solo cuando llenan las calles o se convierten en masa que reclama sus derechos cobran presencia y peso. En la Biblia, los profetas se dedicaron a dar significado a los pobres. Y se lo quitaban a los abusadores y a los que eran incapaces de ver y reaccionar positivamente ante el dolor y las necesidades de quienes carecían de todo. Jesús pasó su vida dando significado a quienes vivían al margen de la sociedad de la época, fueran pobres, leprosos, mujeres despreciadas o ladrones crucificados. Cuando el papa Francisco afirmaba en su encíclica Fratelli tutti que todos somos hermanos, no hacía otra cosa que advertir que un mundo que olvida el significado de los pobres y de las víctimas no camina hacia la verdad ni hacia la vida. Fue precisamente ese esfuerzo de Francisco de dar significado a todos el que llenó la plaza de San Pedro durante sus exequias. Dar significado a todo ser humano, especialmente a todo aquel al que el poder, el dinero o la violencia le quita o reduce su dignidad humana, es labor permanente de la Iglesia. Y es lo que la Iglesia, en su dimensión de Pueblo de Dios, espera de sus pastores. El estilo personal, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el carácter (más efusivo o más sobrio) son indiferentes. Lo que importa en un pastor de la Iglesia es que ame a su rebaño, mire al mundo en su extensión y complejidad, vaya allí donde está el sufrimiento, consuele, denuncie y se esfuerce por eliminar las causas del dolor. Por ello, los cristianos esperamos un papa que no sea indiferente al sufrimiento, que dialogue con todos buscando caminos de desarrollo y de justicia social, que acoja y acompañe, que haga brillar el Evangelio. Un papa que sea constructor de paz, que recuerde que las víctimas juzgarán a los poderosos, que sea humilde y sencillo, que contribuya a que la Iglesia se convierta en ejemplo claro de apertura, compasión, cercanía, coherencia, escucha activa e inclusión.

En un clima de complicidad, Trump y Bukele se declararon su mutuo amor ante las cámaras. No eterno, sino mientras les convenga, porque los dos son profundamente egoístas y, por tanto, poco confiables. Entre palmaditas en la espalda, apretones de manos y sonrisas, Trump se mostró muy satisfecho con la formalización del acuerdo “más extraordinario del mundo”, que lo autoriza a depositar “lo peor de lo peor” en el agujero negro de Bukele. Y este salió complacido por el reconocimiento público de su sistema carcelario. Los dos se burlaron cínicamente de la justicia. El romance tuvo, sin embargo, un desenlace inesperado a raíz de la deportación y reclusión de un salvadoreño protegido por la justicia estadounidense en las cárceles de Bukele. Sorprendidos, los funcionarios de Trump reconocieron que había sido “un error administrativo”. Enseguida, en connivencia con Bukele, rectificaron y, sin prueba alguna, lo convirtieron en “un monstruo”. El hecho ha levantado una ola de protestas y cuestionamientos que, desde la calle, han llegado a los jueces y los congresistas estadounidenses. Los enamorados se lavaron las manos. Trump dijo que no podía devolverlo a su hogar por estar fuera de su jurisdicción. Bukele, siguiendo el juego, adujo que podía ponerlo en libertad, pero no lo haría por ser terrorista. Olvidó que ya puso en libertad a un líder de una de las pandillas. La memoria autocrática es corta y selectiva. Así funciona el agujero negro. Mientras Trump lanza invectivas contra la justicia estadounidense, Bukele se burla de ella. Los dos bromearon con la construcción de más cárceles para desaparecer a “los monstruos” que hacen imposible la vida de Trump. Inesperadamente, la visita de Bukele a Trump es ahora tema internacional, no tanto por la seguridad ciudadana que ha impuesto en El Salvador, sino por el agujero negro donde vierte a quienes sus fuerzas represivas acusan y condenan como “criminales” y “terroristas”. Trump utiliza el mismo lenguaje y método para deportar inmigrantes. No es, precisamente, la publicidad esperada. Pero es bienvenida, porque a estos personajes les importa mucho llamar la atención. El juego es peligroso. Más para Bukele que para Trump. La presión política apenas comienza. Un valeroso senador demócrata, para furia de Trump y ridículo de Bukele, se presentó en El Salvador para solicitar una entrevista con el salvadoreño deportado. Primero lo negaron y le mintieron, pero en el último momento le concedieron la entrevista. Un hecho insólito, porque nadie retorna con vida del agujero negro de Bukele. Así lo reconoció insolentemente: el regreso del salvadoreño encarcelado en “los campos de exterminio y la tortura” para tomar “margaritas” con el senador “en el paraíso tropical de El Salvador” fue “un milagro”. Después de que el senador lo acusó públicamente, junto con su vicepresidente, de “mentiroso”, cedió. Tal vez por sentido común, tal vez por órdenes superiores desde Washington. El sarcasmo de su reacción apunta más a esto último. La rabia que refleja desdice de un mandatario que se considera cool. El juego de Trump y Bukele puede salir mal. Trump puede ser derrotado por la justicia estadounidense y arrastrar a Bukele en su caída. Si los jueces le ganan el pulso, el acuerdo extraordinario con este quedará invalidado y la renta acordada, olvidada. En la medida en que Trump pierda popularidad, Bukele perderá relevancia. Los tres primeros meses en la Casa Blanca ya acusan una caída de la aceptación más rápida de lo esperado. Finalmente, Trump tiene los días contados y nadie puede garantizar que su sucesor retome el romance con Bukele. Sin la Casa Blanca, este pasará a la irrelevancia. Mientras tanto, el régimen de Bukele ha recibido una atención internacional bastante desfavorable. La aventura en la Casa Blanca ha sacado a la luz información no deseaba por una Casa Presidencial hipersensible a la opinión pública. El régimen de terror que permea la seguridad de Bukele ha quedado en evidencia. Ese fue el único tema de la agenda de Bukele en Washington. De lado quedaron el estatuto de la diáspora, la subida del arancel de las exportaciones nacionales y el millonario desfinanciamiento de una serie de programas de la AID, orientados a aliviar el malvivir de miles de salvadoreños. Unos programas que Bukele no puede retomar por no tener dinero. El idilio entre Trump y Bukele mata. En aras de una ideología inhumana, aquel ya ha arruinado la vida de un salvadoreño y de centenares de inmigrantes, cuyo único delito es haber ingresado en Estados Unidos sin la debida documentación. Bukele ya ha destrozado la vida de decenas de miles de salvadoreños en aras del ego herido por el descarrilamiento de un pacto con las pandillas. El romance en el Despacho Oval de la Casa Blanca fue grandioso; sus consecuencias, no. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ha muerto un pontífice excepcional, un buen cristiano, un gran ser humano. De Francisco se pueden decir muchas cosas, pero un hecho resulta incontestable: su pontificado trastocó la Iglesia. La trastocó para bien, para devolverle credibilidad y vigor. Desde el principio dejó claras sus opciones apostólicas; y su testimonio de vida, coherente con ellas, le dio autoridad moral para ejercer su ministerio. Para Francisco, los pobres debían ser el centro de la preocupación de la Iglesia, que a la vez debía estar abierta a todas las personas. “En la iglesia, nadie sobra, nadie está demás, hay espacio para todos”, decía. Fue defensor y promotor inclaudicable de los derechos de los migrantes y solidario con su sufrimiento. Hizo un llamado a “armar líos” a una juventud demasiado distraída, dispersa y lejana de los graves problemas que aquejan a la sociedad, a pesar de contarse entre sus principales víctimas. Buscó siempre tomar distancia de una Iglesia encerrada en sí misma, silenciosa, con miedo al mundo, a la sociedad, al diálogo y al intercambio. Ser “Iglesia en salida”, expresión que él acuñó, implicaba romper esos dinamismos, quebrar el silencio, abrir puertas y ventanas no solo para hacer espacio a los necesitados, sino también y sobre todo para ir a las periferias geográficas y existenciales, al encuentro de sectores olvidados, excluidos, estigmatizados. Ser iglesia en salida significó ir al encuentro de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de otras religiones. Este encuentro con otros le era más importante que los dogmas. Después de más de mil años de división, Francisco se reunió con el patriarca de la Iglesia ortodoxa. Fomentó el diálogo con luteranos, musulmanes, budistas. Fue un papa volcado a aprender de los demás. Por eso salió también al encuentro de las mujeres, incluyéndolas en organismos eclesiales de decisión, designando, por primera vez en la historia, a una mujer como prefecta del Vaticano y a otra al frente de un dicasterio. Fue un incansable trabajador por la paz en el mundo, denunciando las injusticias y las masacres de niños inocentes. Insistió en que no hay una crisis socioeconómica y otra crisis ambiental, sino que ambas son dimensiones de una misma crisis de escala planetaria. Decía que los pastores debían tener olor a oveja, ser cercanos a la realidad de la gente, compartiendo su vida, luchas y esperanzas. Al interior de la Iglesia, encaró con decisión la tragedia de la pedofilia y combatió la corrupción. Sus decisiones y su estilo personal estaban anclados en la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que orienta a que la mayor gloria de Dios es poner la existencia al servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe exige. Francisco fue un referente del compromiso con la justicia social, que es también un compromiso político con los desechados del mundo. Por supuesto, todo ello siendo consciente de que nadaba contracorriente y que su actitud y decisiones le granjeaban poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. En este sentido, Francisco es un referente de la apuesta por transformar el mundo, por hacerlo más justo en un época en que muchos gobernantes solo están al servicio de sí mismos y de las cúpulas económicas que los apoyan. Francisco termina su pontificado como lo comenzó: sin signos de poder, sin lujos, en austeridad, solidario con los pobres del mundo.

Kilmar Ábrego, un salvadoreño sencillo, sin mayores recursos económicos o personales, está poniendo nerviosos tanto al presidente Trump como a nuestro presidente Bukele. Los dos presidentes han cometido errores que han dañado a personas, lo cual es lógico, pues nadie es perfecto, y cuando se está en el poder se cometen normalmente errores más fuertes que hacen sufrir más a las personas. Pero el caso de Kilmar les ha molestado especialmente. O al menos eso demuestra el hecho de que hayan hablado de él con una frecuencia inusitada. Muchos han sido en Estados Unidos los que han perdido el trabajo, o los que han sido deportados, pero ninguno de ellos ha merecido ni una sílaba personalizada de Trump. Del mismo modo muchos han sido deportados y recibidos en el CECOT, pero a ninguno de ellos los ha mencionado por el nombre el Presidente Bukele. Y eso a pesar de que el nombre de algunos venezolanos salieron ya del anonimato de la deportación, sus apellidos han sido publicados en periódicos locales y tienen abogados aquí en El Salvador que los defienden. En ese sentido es importante preguntarnos cuál es la razón de que estos dos presidente estén ardidos y molestos con Kilmar, un pobre salvadoreño migrante que normalmente, como tantos otros migrantes, hubiera quedado en el anonimato de las injusticias del poder. En realidad se pueden enumerar muchos datos concretas. Pero la razón de fondo de esa especie de cólera que le lleva a Trump a mentir diciendo que es un terrorista, o a Bukele a burlarse de él por unas “margaritas” que pusieron sus funcionarios sobre la mesa del encuentro de Kilmar con el senador Van Hollen, es relativamente sencilla. El caso Kilmar ha expuesto con claridad la injusticia que está detrás de esas deportaciones claramente teñidas de racismo que Trump ha impulsado en estados Unidos. Y de la misma manera en El Salvador hemos visto no sólo el odio de Trump, sino la absoluta irregularidad legal de la detención de Kilmar. Por eso ya antes de que lo dijera Van Hollen ya afirmábamos acá que había más de secuestro que de detención. Con Kilmar no hay manera de combinar su encarcelamiento con las garantías y derechos que aseguran los artículos 11, 12 y 13 de nuestra Constitución. En otras palabras, que lo que irrita a los dos presidentes, es que el caso Kilmar ha puesto en evidencia tanto la crueldad como la ilegalidad de sus acciones. Acostumbrados a no mencionar por sus nombres a los pobres y sencillos que sufren injusticias, a Kilmar lo mencionan, uno con odio y mentira y el otro con burlas y aceptando sin crítica la posición de Trump. Pero esas menciones tan faltas de realismo y seriedad, solo contribuyen a que más gente se dé cuenta de lo mal que uno trata a los migrantes y lo mal que el otro trata a los presos, más allá de que sean inocentes o culpables. Esa incapacidad de proceder con justicia y humanismo en el caso Kilmar, que ciertamente tiene su origen en el estilo autoritario de Trump, ha levantado fuertes corrientes de solidaridad, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. La presencia de un senador norteamericano, el demócrata Chris Van Hollen, dobló por primera vez el brazo de nuestro presidente a la hora de mostrar a un detenido en esas condiciones especiales de nuestra cárceles. Y en ese sentido dejó clara también la injusticia de mantener sin visita familiar a tantos privados de libertad en El Salvador. Lo que se hace excepcionalmente con una persona forzado por la influencia de otro, termina dejando clara la injusticia que se comete con otros que no tienen el apoyo solidario externo que tiene Kilmar. Si algo es decente y justo entre nosotros, es dejar libre a Kilmar y ayudarlo como se ayuda (ojalá que así sea) a cualquier salvadoreño inocente deportado desde los Estados Unidos solo por no tener papeles. No hacerlo, solo logrará que el caso Kilmar se convierta en un caso internacional de desprestigio para nuestro país.

Por José María Tojeira, SJ. Todos sabemos que en Semana Santa celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, el Cristo, el Ungido-Elegido de Dios para mostrar el camino de la vida y alcanzar la vida plena del futuro de Dios. Sin embargo no tenemos tan claro el por qué de su muerte. Eso a pesar de que saber por qué murió nos ayuda a entender mejor la resurrección. Muchas veces decimos que murió por nuestros pecados. Y no está mal la afirmación. Pero es demasiado general y nos deja en una especie de vaguedad a la hora de comprometernos en el seguimiento de Jesús. Incluso en ocasiones decimos esa frase pensando más en los pecados de otros que en los propios. Ya más en concreto hablamos del odio de los fariseos por la libertad que Jesús tenía frente a las leyes o de la incomodidad romana ante quien movilizaba personas con expectativas de cambio personal y social. Son ciertamente causales de su muerte en cruz y elementos que se discutieron a lo largo del proceso que le llevó a la condena que leemos en Semana Santa en los relatos evangélicos de la Pasión. Pero todavía es necesario ir más a lo concreto del por qué de su crucifixión. Al final tenemos que responder a la pregunta fijándonos en la acción y las palabras de Jesús. Jesús cura a marginados y olvidados, habla de los pobres y los mal tratados como queridos de Dios. Se atreve a comer con pecadores y afirma que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por la bondad de los buenos. En otra palabras, Jesús le da significado, sentido, valor de humanidad, a aquellas personas que carecían de significado en la sociedad en la que vivían. Y dar significado e importancia a quienes el poder margina y olvida siempre molesta a los poderosos. Dar importancia a los migrantes, significado de humanidad a los presos en el CECOT, molesta a los poderosos de nuestro tiempo. Trump ya ha dicho que se le negará la visa de Estados Unidos a quien critique a dicho país, aunque la crítica vaya dirigida no tanto contra el país sino contra sus dirigentes. Criticar a Israel y defender a los niños maltratados y masacrados en Gaza, aunque se haya previamente condenado la brutalidad inicial de Hamás, indigna a los poderosos. Para quienes dividen el mundo entre poderosos y débiles, importantes y sin importancia, que haya personas con valor y con liderazgo que se pongan del lado de quienes carecen de poder y de significado, despierta el odio y la cólera de quienes se creen más que los demás. Y esa es la causa de la muerte de Jesús. Le daba más importancia a curar en sábado que a cumplir leyes que perpetuaban el dolor de los pobres. Y la gente le seguía porque veía que les daba significado humano y esperanza de encontrarse con un Dios misericordioso que nos da siempre dignidad y libertad. El papa Juan Pablo II decía que “hoy más que ayer, la guerra de los poderosos contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres”. Quienes hacen la guerra, como en tiempo de Jesús, son quienes tienen y gustan del poder. Jesús en su tiempo buscaba la paz dando dignidad y espíritu fraterno a todos. Construía la paz verdadera. Pero ese esfuerzo de dar significado, dignidad, libertad y sentido fraterno a quienes estaban sometidos tanto a la ley como al imperio sonaba subversivo y peligroso para quienes querían mantener el poder de unos pocos sobre aquellos muchos, condenados a ser siervos de los poderosos. “Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres” no les gusta a quienes se creen superiores a los demás. A Jesús le matan por amar, por ser libre, por ser coherente con el Padre Dios que ama a todos y da a todos la misma dignidad e importancia. Era y es Hijo de Dios. Pero en su condición humana se identificó tanto con el amor de Dios y con los seres humanos, creados y amados de Dios, que daba significado pleno a los pobres y a quienes carecían según el mundo de significatividad. Por eso mismo lo matan y por eso resucita y se convierte para nosotros en “camino verdad y vida”.

Tres recientes documentos del papa han planteado la centralidad y necesidad de la esperanza en un mundo que parece dominado por la desesperanza y la desconfianza. Nos referimos, en primer lugar, a la bula de convocación al jubileo, donde Francisco señala que “es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia”. En segundo lugar, su mensaje para la Cuaresma 2025. Ahí, él explica qué puede significar “caminar juntos en la esperanza”. El tercer texto, Esperanza. La autobiografía, relata la vida de Mario Bergoglio como un caminar entre densas sombras que niegan la esperanza a gran parte de la humanidad. Para san Óscar Romero, cuyo 45.° aniversario de martirio conmemoramos este año, la esperanza, vivida y predicada desde los últimos, fue también central y decisiva para su vida humana y cristiana. Henri Nouwen, escritor y teólogo holandés, hizo una descripción precisa de la esperanza que cultivó Romero: En medio de la desesperación. [Romero] exhortó a la esperanza: “Cuanto más llenos de angustias y de problemas, cuanto más insolubles parecen los caminos de la vida, mira hacia las alturas y oír la gran noticia: ‘¡Os ha nacido un Salvador!’”. En medio de la impotencia, invita a la osadía: “No nos desanimemos... como si las realidades humanas hicieran imposible la realización de los proyectos de Dios”. En medio de la agonía, anuncia la resurrección: “Esos desaparecidos aparecerán. Ese dolor... será Pascua de Resurrección”. En medio de la violencia, predica las bienaventuranzas: “Hay jóvenes que optan por la violencia (…) La opción de la Iglesia es por las bienaventuranzas de Cristo, que sembraba una revolución moral”. En medio del odio, proclama el amor: “No nos cansemos de predicar el amor. Sí, ésta es la fuerza que vencerá al mundo”. Ahora bien, ¿de qué manera son luces de esperanza Romero y Francisco hoy? San Óscar Romero es fuente de inspiración permanente para quienes buscan construir una civilización basada en la justicia, la compasión, la verdad, el respeto a la dignidad humana, el cuidado de la casa común. Es fuente de inspiración para cuantos trabajan por una justicia distributiva, que supere la inequidad; para los que buscan la verdad, desenmascarando toda clase de mentiras y manipulación; para los que luchan por la libertad de estructuras opresoras que generan abuso del tener y del poder. El papa Francisco, por su parte, es fuente de esperanza para las voces proféticas de hoy que escuchan tanto el clamor de la tierra como el de los empobrecidos. Es inspiración para esas voces críticas que descubren la realidad de las cosas llamándolas por su nombre: injusticia social y ambiental, abuso de poder, corrupción, autoritarismo, etc. Es inspiración para seguir siendo sembradores de esperanza. En su discurso pronunciado en el encuentro con los movimientos populares en 2024, planteó la meta hacia la cual peregrinamos y en la que todos debemos participar. Sus palabras son elocuentes: Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos; todas las familias, techo; todos los campesinos, tierra; todos los niños, educación; todos los jóvenes, futuro; todos los ancianos, una buena jubilación; todas las mujeres, igualdad de derechos; todos los pueblos, soberanía; todos los indígenas, territorio; todos los migrantes, acogida; todas las etnias, respeto; todos los credos, libertad; todas las regiones, paz; todos los ecosistemas, protección. Es un camino permanente, habrá avances y retrocesos, habrá errores y aciertos, pero no tengan duda: es el camino correcto (…) No nos cansemos de decir: ¡Ninguna persona sin dignidad! En la encíclica Fratelli tutti, Francisco hace una invitación a caminar en la esperanza. Una fuerza que está enraizada en lo profundo del ser humano, que nos da un anhelo de plenitud de vida, que nos hace mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte. La esperanza, en el pensamiento del papa Francisco, es un antídoto contra el miedo, el conformismo y el quietismo. Por eso enfatiza: “¡Ninguna persona sin esperanza!”. Y luego nos abre a la utopía de la familia humana: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. En suma, en Romero, la esperanza vivida y predicada se expresa así: en medio de la desesperación, exhorta a la esperanza; en medio de la impotencia, invita a la osadía; en medio de la agonía, anuncia la resurrección; en medio de la violencia, predica las bienaventuranzas; en medio del odio, proclama el amor. En Francisco, la esperanza remite a encarar el mal histórico: “No es sano que nos habituemos al mal, no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras una estela de dilapidación, e incluso de mue

El Salvador de Bukele quiso ser conocido en el exterior por los volcanes, el café, el surf y las criptomonedas. La marca se extravío por causa del mismo Bukele. Ahora el país es famoso por su megacárcel de “última generación” con un régimen interno despiadado, donde Trump vierte a los inmigrantes etiquetados como “criminales violentos”, “asesinos confirmados”, “violadores”, “delincuentes de alto perfil”, en una palabra, “terroristas”. Bukele no fue contratado como experto en seguridad, sino por la refinada crueldad de su prisión, que Trump elogia cínicamente como “un lugar tan maravilloso para vivir”. Los titulares de la prensa internacional, en cambio, no dudan en calificarlo como “infierno en la tierra”. Las deportaciones de Trump son similares a las redadas del régimen de excepción de Bukele. Los dos se apropiaron del derecho de condenar y sentenciar a quienes les repugnan, sin mostrar evidencia alguna de culpabilidad, y de recluirlos en una especie de vertedero, donde son envilecidos y denigrados. Entre los primeros 238 “venezolanos” deportados, solo uno milita en el Tren de Aragua y once tienen récord criminal, mientras que 101 residían ilegalmente en Estados Unidos, razón por la cual fueron expulsados y recluidos en el basurero de Bukele. No todos son venezolanos u hombres. Había un nicaragüense y veintitrés salvadoreños, de los cuales solo uno es pandillero. Las mujeres fueron devueltas, porque la cárcel es exclusivamente para hombres. En cualquier caso, el Tren de Aragua no es tan poderoso como para apoderarse de Estados Unidos, tal como aseguran Trump y los suyos. El delito de la mayoría de los deportados es haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense para trabajar y enviar remesas. Lo mismo que hacen centenares de miles de salvadoreños desesperados por la falta de oportunidades. Los deportados por Trump y recibidos por Bukele se encuentran en el limbo jurídico. No tienen acceso a la justicia estadounidense, de cuyos registros desaparecieron, ni a la salvadoreña, donde no figuran. El caso más escandaloso es el de un salvadoreño protegido legalmente de la deportación. La operación por la que tanto se felicitan Trump y Bukele los convierte en autores de desapariciones forzosas, secuestradores y traficantes de personas. De la misma manera que Bukele amenaza con el régimen de excepción a los díscolos, Trump atemoriza a los inmigrantes indocumentados con enviarlos a la “afamada” cárcel, “por sus encantadoras condiciones”. El refinamiento de la crueldad es celebrado por Trump, cuyos funcionarios se pasean fascinados en medio de los horrores del Cecot. Sin embargo, existen otras cárceles más brutales que la dictadura no se atreve a mostrar a sus admiradores; la perversidad es de tal calibre que no figura en el circuito de los turistas de la barbarie. La crueldad no se agota en la humillación de las víctimas; se prolonga, además, en producciones audiovisuales muy cuidadas, que hacen alarde de su crudeza. El envilecimiento y la deshumanización de los detenidos es parte del juego de poder de Bukele y Trump. Anuncia a los rebeldes lo que les aguarda si no se someten a sus amos. La brutalidad es mostrada como un implacable poder destructor. La megacárcel de Bukele, el único éxito reconocido universalmente, le ha merecido repetidos elogios y agradecimientos de Trump, algo a lo que este no es muy dado, menos con un extranjero. Es así como Trump ha saludado a Bukele como “el líder más fuerte en seguridad”, “el modelo regional”, “el gran amigo de Estados Unidos” y “el hijo favorito”. La colaboración con los proyectos imperiales del norte le ha granjeado una audiencia en la Casa Blanca, una distinción reservada a pocos. Este reconocimiento es mucho más valioso que los pocos millones de dólares que le reportará el arrendamiento de la cárcel. Los réditos políticos del sometimiento al imperio no tienen precio. Trump no le reclamará el haber destrozado la institucionalidad democrática, el autoritarismo dictatorial, ni la violación de los derechos humanos. Seguramente, intercederá por él ante los organismos financieros internacionales. Eso sí, entre las ventajas obtenidas no figura un trato preferencial para la diáspora salvadoreña indocumentada, ya avisada de que será tratada como agrupación de “terroristas”. El Salvador de Bukele no se caracteriza por un crecimiento económico consistente, ni por unas finanzas públicas sólidas, ni por un gasto social acorde con las necesidades de sus habitantes, sino por la megacárcel acreditada por Trump. A los pocos turistas extranjeros, atraídos por las maravillas de Bukele, se suman así los “monstruos” y los “terroristas” deportados por Trump. La mala prensa de la creación más exitosa de Bukele, un vertedero de desechos humanos, contribuye a deteriorar su popularidad. Así se lo hizo saber la inteligencia artificial de X. No es el presidente latinoamericano más popular. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

OPINIÓN Acerca de los que se alejan de Omelas Por Luis Aguilar

Según cálculos periodísticos, 14 mil personas han perdido su trabajo en instituciones estatales. Sin embargo, ha aumentado el número de trabajadores del Estado que tienen un salario mensual de 2,000 dólares o más. La norma de revisar y mejorar el salario mínimo del país cada tres años, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, no se ha cumplido. Llevamos ya cuatro años sin revisión del salario mínimo y no hay señales, al menos de momento, de que se esté estudiando el asunto. Ello a pesar de que el costo de la canasta básica se ha disparado durante los últimos años . Aunque a la gente ya se le había anunciado lo que en su momento se llamó “medicina amarga”, nunca se ha informado que la paralización del monto del salario mínimo sea parte de ese supuesto remedio a la queja de la población sobre la situación económica del país. Ni tampoco se ha informado cuánto durará la receta. Sea como sea, el que hayan aumentado en el Estado los mejores salarios mientras hay despidos masivos en oficinas estatales y se incumple un compromiso básico de revisión del salario mínimo, muestra no solo incoherencia, sino también despreocupación por los problemas económicos de la población. Se han hecho esfuerzos de cara al control de precios de algunos alimentos, pero la revisión y aumento del salario mínimo continúa siendo una necesidad urgente de los sectores más vulnerables de El Salvador. El lunes pasado, nuestro arzobispo, en la festividad de san Óscar Romero, pidió avanzar en la corrección de toda una serie de problemas sociales. Mencionó también el salario mínimo, que debe ser sobre todo salario justo, capaz de enfrentar los desafíos familiares. La Iglesia tiene una larga tradición de insistir en que el ingreso por el trabajo sea el adecuado para vivir con dignidad y sea protegido por las autoridades estatales. Y que las redes de protección social, especialmente las de educación, salud y pensiones, sean también justas y adecuadas para mantener dinámicas de desarrollo. La Iglesia está plenamente convencida de que el trabajo es más importante que el capital, porque es una realidad humana que no solo le permite vivir al trabajador, sino que le ayuda a realizarse como persona, asumiendo responsabilidades sociales. En ese sentido, reclamar un salario mínimo decente es una responsabilidad no solo de los trabajadores, sino también de todos los hombres y mujeres fieles a la fe cristiana y al deseo de unas relaciones de amistad social que garanticen paz y seguridad en toda comunidad política. Si analizamos la producción de riqueza en Centroamérica y Panamá, nos encontramos con que de los seis países, El Salvador fue el tercero con mayor PIB per cápita en 2024. Sin embargo, en el monto del salario mínimo estamos en quinto lugar. Sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros países, sabemos que el actual salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza. Y que si nuestros migrantes, hoy amenazados por la deriva irracional y racista del presidente Trump, no enviaran remesas, los problemas de pobreza aumentarían seriamente en el país. El hecho de que nuestros trabajadores sean más productivos que los de otros países vecinos que tienen un mejor salario mínimo debe ser una llamada urgente a tomarse en serio el tema del hasta ahora relegado aumento del salario mínimo. La austeridad necesaria del Gobierno no debe convertirse en exigencia de austeridad a quienes pasan hambre o dificultades económicas. Atraer grandes inversionistas es conveniente, pero no con base en ofrecer mano de obra barata. Al Estado y al Gobierno les corresponde, según la Constitución, garantizar la justicia social. Y esto supone, entre otra cosas, convertir el salario mínimo en un salario decente, justo y familiar.

Editorial UCA El régimen de excepción, que comenzó con la justificación de un repunte brutal de homicidios, cumplió tres años de vigencia el 27 de marzo. Como legalmente no puede durar más de un mes, la medida se ha renovado 36 veces. El número de privados de libertad ha aumentado exponencialmente; se sabe que han sido detenidas en torno a 85 mil personas. La cantidad de homicidios, que venía reduciéndose notablemente desde que inició el primer gobierno de Nuevas Ideas, se mantiene a nivel de primer mundo y se ha convertido en el principal recurso propagandístico de Nayib Bukele. Tres años es mucho tiempo. Al cabo de un año se había conseguido un efecto que le habría permitido a la PNC mantener lo alcanzado sin necesidad de régimen de excepción, sin los abusos que se estaban produciendo de un modo sistemático. Sin embargo, la medida continuó sin que se mejorara el número, la formación, la especialización y los recursos de la Policía. Se comenzó a usar el régimen como amenaza, especialmente en el mundo laboral y en el periodístico; y la enorme cantidad de detenidos paralizó de facto el sistema judicial, obligado constitucionalmente a proveer pronta y debida justicia. Algunas instituciones especializadas en derechos humanos calculan que hay unas treinta mil personas privadas de libertad que no tienen ningún vínculo pandilleril, a pesar de haber sido detenidas por la PNC bajo ese argumento. De ellas, una buena cantidad lleva más de dos años de cárcel sin juicio, sin acceso real a defensa legal, con prohibición de visita familiar y con frecuente maltrato. El incumplimiento de artículos constitucionales (en especial, el 11 y el12) que consagran derechos básicos y el abandono en la práctica de tratados internacionales de derechos humanos agravan la situación. Y a ello se suma el inhumano encarcelamiento de venezolanos sin causa ni condena pendiente en El Salvador. Por más que se quiera defender lo indefendible, el respeto a los derechos fundamentales y un sentimiento básico de humanidad exigen la pronta revisión de la situación de los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción y de los venezolanos presos en el Cecot. Los migrantes expulsados de Estados Unidos solamente por ser migrantes deben ser liberados de inmediato. Y los que tengan deudas pendientes con la ley deben ser juzgados, con todas las garantías legales, en el país en el que cometieron la falta. El régimen de excepción ya no tiene razón de ser. Es absurdo seguirlo prolongando cuando ya se han conseguido los fines que se pretendían en un inicio. Hacer permanente un régimen de excepción solo lleva a la opresión y al irrespeto impune de los derechos de las personas. Suprimir el régimen de excepción no significaría regresar a la anterior dinámica de criminalidad. Las organizaciones delincuenciales que sembraban miedo y dolor están desarticuladas. La Policía Nacional puede y debe mantener la actual situación de seguridad pública sin recurrir a arbitrariedades y abusos. El cese del régimen daría pie a procesos judiciales creíbles y con garantías, y a la pronta liberación de miles de inocentes que sufren privación de libertad.

El desgobierno no da respiro a Bukele. No había acabado aún de sortear la crisis de los perros cuando se encontró con los desmanes de sus alcaldes. De inmediato, tomó cartas en el asunto. Solo él podía hacerlo. Es la consecuencia obvia de una centralización del poder que no admite márgenes para la decisión y la acción autónomas. Quizás sea cierto que la pesada carga que lleva sobre sus hombros no le permite dormir lo suficiente, lo cual no es consuelo, porque el desvelo nubla el entendimiento. Así las cosas, Bukele pasó de los perros a los alcaldes: arremetió contra los que habían elevado las tasas, los impuestos, las licencias y las multas municipales. De hecho, tardó lo suyo en caer en la cuenta, cuando ya muchos emperesarios habían cerrado sus negocios por no poder hacer frente a las nuevas exacciones municipales, mientras que otros, más pudientes, ya las habían cancelado. Mucho antes de su intervención, la prensa ya había dado cuenta del hecho y lo había ilustrado con varios testimonios de los afectados por las decisiones municipales. La desconexión con las municipalidades es desconcertante. Bukele no está al tanto de la marcha de la maquinaria gubernamental, tal como se suele vanagloriar. Desfinanciadas en nombre de mayor eficiencia y menos corrupción, algunas alcaldías, en uso de sus competencias, tomaron la iniciativa y elevaron las contribuciones de la población. El margen de acción de casi todas ellas es muy limitado por la escasez de fondos. No pueden atender las necesidades más sentidas de sus comunidades, pagar abultadas deudas acumuladas y mejorar los servicios. Sin embargo, la penuria no ha impedido que los alcaldes y sus concejos se eleven los sueldos y las dietas; tampoco ha logrado que disminuya la corrupción. Ahogadas económicamente y anuladas políticamente, varias municipalidades, en un insólito arranque de libertad, dispusieron aumentar sus ingresos. La indisciplina no duró. Bukele entró en acción y cortó por la sano. Regañó públicamente a los alcaldes como adolescentes irresponsables y amenazó a los contumaces con el régimen de excepción. Los culpables agacharon la cabeza y acataron de inmediato la orden de revertir el alza de las contribuciones, los inocentes profesaron obediencia a las directrices presidenciales. Sin duda, los alcaldes aprendieron la lección. No tienen autorización para decidir ni para tomar iniciativas sin la aprobación previa de Casa Presidencial. Ahora todos tienen claro que están al servicio exclusivo de Bukele, al igual que los diputados oficialistas. Pueden consolarse con la idea de que su función consiste en engrandecer la figura del mandatario desde la municipalidad. El intento fallido de los alcaldes es producto de las contradicciones internas de la dictadura. Por un lado, están urgidos de fondos, tanto para hacer obra buena como para “componerse”. En este sentido, la cultura de la administración pública se conserva intacta. Si los de más arriba se “componen”, por qué no ellos. Si bien el recorte de los fondos no les deja mucho que embolsarse directamente, el cargo da acceso ventajoso a gran variedad de negocios, al mismo tiempo que neutraliza la posible competencia. El margen para medrar es amplio. Nadie se atreverá a frenarlo, hasta que Bukele no intervenga para identificar a los corruptos que deben rendir cuentas. Por otro lado, Bukele alega como justificación que corrigió a los alcaldes para proteger a la micro, la pequeña y la mediana empresa, ahora declaradas claves del crecimiento económico, y para defender la estabilidad empresarial. Es significativo que el comercio informal, es decir, la pobrería desempleada en expansión por la creciente escasez del empleo formal, no figura en la agenda de Bukele. Tampoco se hace cargo de que la improvisación y la inseguridad jurídica que caracterizan su gestión ahuyentan la inversión y ralentizan el crecimiento económico, reducen la recaudación fiscal y aumentan la deuda. La industria permanece estancada, la construcción se contrae, las remesas tienden a disminuir, la deuda a aumentar y el crecimiento económico del año pasado es el menor de la región centroamericana. Una oportunidad inesperada para impulsar el crecimiento económico es el alquiler de la infraestructura carcelaria a Trump, quien, por un precio muy cómodo, ha comenzado a deshacerse de “los monstruos”. Así, Bukele introduce en el país a los integrantes de una organización criminal más poderosa y mejor organizada que las pandillas. Lo que para Trump es “una situación horrible”, para Bukele se perfila como un negocio redondo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

San Óscar Arnulfo Romero es fuente de inspiración inagotable. Ha sido y sigue siendo motivo de canciones, pinturas, literatura, teatro y cine. En el mundo, su nombre resuena en centros de formación, comités de solidaridad, plazas, parques, avenidas y un largo etcétera. A propósito del 45.° aniversario de su martirio, una de las inquietudes más planteadas, sobre todo por quienes quieren ir más allá de la mera conmemoración, es la vigencia del legado de monseñor Romero. ¿Qué diría monseñor ante esta o aquella situación? Su palabra tiene semejanza al Evangelio de Jesús: no pierde vigencia. Por ejemplo, la figura del arzobispo mártir es inseparable de la verdad. Por eso, en su honor, en 2010, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sus palabras sobre la verdad parece que describen la situación actual. “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira; entre la sinceridad, que ya casi nadie la cree, y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos, hermanos, tratemos de ser sinceros, de amar la verdad, tratemos de construirnos en Cristo Jesús. Es una hora en que debemos tener un gran sentido de selección, de discernimiento”, dijo en su homilía del 30 de julio de 1978. En otra de ellas nos recuerda que “la persecución es algo necesario en la Iglesia. [...] Porque la verdad siempre es perseguida”. Hoy, como hace más de cuatro décadas, monseñor sigue poniendo el dedo en la llaga: “Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad”. Y añadía: “¡Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia porque es la que produce! La verdad muchas veces no produce dinero sino amarguras. Pero más vale ser libre en la verdad que tener mucho dinero en la mentira”. Con seguridad, monseñor incluiría a las redes sociales en estos mensajes. Asimismo, nos sigue interpelando, 45 años después de su asesinato, sobre la situación de los derechos humanos. “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”. En concreto, sobre los y las desaparecidas, dice monseñor: “Pero mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre”. Y hoy, como antes, el santo nos recuerda que los cambios cosméticos, de imagen, no arreglarán la situación del pueblo: “Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia mientras no se cambie la raíz de donde están brotando todas esas cosas tan horrorosas de nuestro ambiente”. Para cambiar la situación del país y de las mayorías a las que les cuesta llegar a fin de mes con sus precarios ingresos, es necesario poner en el centro del quehacer de las autoridades la dignidad de las personas. Ese es el primer mandato de monseñor, el cual solo se puede seguir teniendo amor al prójimo. Pero, como también monseñor cuestiona, “No se puede cosechar lo que no se siembra. ¿Cómo vamos a cosechar amor en nuestra República si sólo sembramos odio?”.

La deportación de venezolanos y su respectivo encarcelamiento en El Salvador es un tema complejo y digno de analizar. Pero por el espacio de este artículo nos concentraremos en el análisis de un grupo particular de dichos deportados. La semana pasada salió la noticia de que 101 venezolanos, del grupo de más de 200 deportados desde Estados Unidos y depositados en el CECOT, no tenían vínculos con el “Tren de Aragua”. Eran simplemente migrantes sin papeles a los que Estados Unidos deportaba simplemente por no tener legalizada su presencia en Estados Unidos. En otras palabras, que no se les conocía delito y no tenían causas pendientes con la justicia norteamericana. Supuestamente, según la información pública existente, a estas personas les correspondería pasar un año en el CECOT, pues ya Estados Unidos ha apalabrado un pago de 20.000 dólares por cada uno de ellos. Trump asegura que hubo un análisis riguroso de la pertenencia a grupo terrorista y Diosdado Cabello afirma que ninguno de los deportados es del “Tren de Aragua”. Ambos, Trump y Diosdado, son mentirosos. Pero es importante reflexionar sobre quienes estén detenidos en el país sin causa legal objetiva. Recientemente, y hablando en general sobre las cárceles salvadoreñas, el Comisionado de Derechos Humanos gubernamental decía que en nuestras prisiones “no hay ningún tipo de violación de derechos humanos”. Al contrario. Decía que se trata a los detenidos “cumpliendo con protocolos internacionales”. Sería interesante que este señor, que dice defender derechos, aclarara a qué protocolos internacionales se refiere. Pues los convenios de Derechos Humanos existentes no autorizan a tener detenidas durante un año a personas que no tienen ninguna acusación criminal y que están en el país porque otro país los ha expulsado y puesto forzadamente en nuestro país a pesar de no tener vínculos de ningún tipo con nosotros. Negociar con la cárcel de personas no acusadas de delitos, es decir inocentes, suena a tráfico de personas y a privación indebida de libertad. Incluso los gobierno anteriores al actual, que solían mantener en bartolinas a extranjeros sin papeles localizados en El Salvador, cuando se les reclamó judicialmente el exceso de tiempo que mantenían privados de libertad a un número aproximado de 25 ciudadanos chinos, tuvieron que permitirles salir de su encarcelamiento y residir en un centro religioso mientras conseguían los recursos para salir del país. Aunque ya el hecho de mantener presos en el país a delincuentes que cometieron crímenes en otro país es una realidad compleja que requiere convenios y legislación, hasta ahora inexistente, mantener detenidos a extranjeros inocentes, solo por el hecho de haber sido expulsados de Estados Unidos, ni tiene sentido, ni tiene respaldo legal. Al contrario, es una injusticia flagrante. Nuestro Gobierno, en ese sentido, además de legislar y publicar una normativa que autorice cumplir en nuestro territorio condenas de cárcel impuestas en otro país, debe revisar urgentemente la situación de los deportados. Si ni hay delito, ni acusación ni sentencia condenatoria, esas personas deben ser reenviadas a su propio país. Recientemente el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo importante a El Salvador condicionándolo a una mayor transparencia informativa. El gobierno debe hacer público el acuerdo con Estados Unidos respecto al encarcelamiento de personas condenadas en dicho país. Personas no condenadas ni sometidas a juicio en Estados Unidos, y que no han cometido ningún delito en el país, no pueden legalmente estar detenidas en nuestro país. El artículo 11 de la Constitución, que el Comisionado de DDHH debería leer, prohíbe taxativamente la privación de libertad en el país sin que la persona haya sido previamente “oída y vencida en juicio”. Ante cualquier acusación la presunción de inocencia, así como también la información “de las razones de su detención” (C. 12) son obligaciones constitucionales. Nuestro Gobierno está obligado a revisar estos casos tanto por la Constitución como por tratados internacionales aceptados que insisten en los mismos derechos. Lástima que la cobardía de nuestro sistema judicial les impida hablar al respecto. Analizar pronto y seriamente la situación de los deportados es una responsabilidad indispensable.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal de El Salvador entregó 150 mil firmas solicitando a la Asamblea Legislativa derogar la ley que permite la minería metálica en todas sus variantes, incluida la minería a cielo abierto, la que peores efectos tiene en el medioambiente. Acompañadas de una carta firmada por todos los obispos de El Salvador, las firmas fueron dejadas en la ventanilla de entrada del edificio de la Asamblea. La amenaza al bien común, la preocupación por el deterioro ambiental y el riesgo de catástrofes se expusieron como razones de fondo para la presentación de las firmas. Además, se exhortó a los diputados a escuchar a la ciudadanía y abrirse al diálogo. El hecho de que las firmas se entregaran en este mes martirial, entre el aniversario del beato Rutilio Grande y sus compañeros, y el aniversario de san Óscar Romero, tiene una dimensión profética que los diputados deberían atender. La indiferencia ante los anhelos y necesidades de la gente conduce al fracaso del poder. Como acostumbran quienes no tienen argumentos, las contestaciones más vociferantes a la presentación de las firmas se dieron en las redes sociales. Los ataques ya venían dándose desde que los obispos dijeron en diciembre que lamentaban que la ley de minería se hubiera aprobado sin escuchar al pueblo y pidieron que se derogase la normativa. Asimismo, y siguiendo el ejemplo de san Óscar Romero, reafirmaron que la Iglesia estará siempre en defensa de la vida y de los pobres. No hubo en la Iglesia lenguaje agresivo ni ofensa, solo razones avaladas por la ciencia y por la experiencia de muchos países que han sufrido la depredación de las empresas mineras. Del lado de la politiquería, la respuesta fue de odio desde perfiles falsos en las redes. Incluso trataron de desprestigiar a los obispos mostrando los anillos dorados que suelen llevar. Y repetían la consigna oficial de que la minería traerá un desarrollo poco menos que maravilloso. Un derrame tóxico minero afectó a 22 mil habitantes de Sonora, un estado mexicano ocho veces más grande que El Salvador y con una densidad de población de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En El Salvador, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado y un territorio muy pequeño, los efectos tóxicos de una sola mina a cielo abierto (destrucción de la tierra, nubes de polvo contaminado, envenenamiento de las fuentes de agua) serían devastadores. La fiesta de monseñor Romero, que este día se celebra, impulsa a levantar la voz en favor de la vida. Esa vida humana tan desprotegida en nuestras tierras, tan amenazada por los ídolos del dinero y del poder, tan lejana de la justicia social y la convivencia fraterna.

La crisis en un refugio municipal para perros desnudó a la dictadura. Los perros callejeros protagonizaron un episodio de centralización, improvisación y desbarajuste. Bukele se ocupa absolutamente de todo, incluso de los albergues para perros. Después de leer ocho mil mensajes, que denunciaban indignados el abandono de un refugio municipal del área metropolitana, lo privatizó, destituyó al alcalde y lo expulsó del partido oficial por desamparar a los perros, aunque había acumulado varias denuncias por corrupción. No obstante, Bukele defraudó a quienes, confiados en la centralización, le solicitaron asumir la gestión directa del cuidado de los perros. “Simplemente, no puedo asumir más responsabilidad”, respondió, pues “apenas logro dormir dos horas al día”. La centralización tiene límites, aun para un extremista como Bukele. En su lugar, ofreció tres millones de dólares a organizaciones de voluntarios y, de paso, cerró la dependencia gubernamental encargada del bienestar animal. No contento, clausuró “la mayor clínica para animales en América Latina”, una de sus infraestructuras extravagantes. En teoría, debía ser financiada por el fideicomiso del bitcoin; en la práctica, se mantiene con los impuestos, lo cual le permite cobrar una cantidad simbólica por sus servicios. La clínica no la cerró por razones económicas, sino por supuestas quejas de muchos usuarios descontentos por el mal servicio y por estar al servicio de los ricos. La decisión provocó otra avalancha de mensajes, que reclamaron la reapertura. Horas después, en el mejor estilo Trump, Bukele no solo cedió, sino también aumentó el presupuesto. Más allá de lo anecdótico, la toma de decisiones de la dictadura es interesante. Decide impulsivamente y desinformada, arrastrada por impresiones y por la cantidad de “me gusta” y “no me gusta”. La reforma de la ley de tránsito vehicular que prohíbe conducir a quien no está totalmente sobrio tiene un origen similar: la rabia de Bukele al conocer por la prensa la muerte de una mujer atropellada por un conductor ebrio. Los usuarios de la clínica protestaron con amargura su desaparición, pero luego agradecieron su reapertura. Los inversionistas, en cambio, encontraron un argumento adicional para proceder con suma cautela. No contentos con hacer vacilar a la dictadura, los perros le hicieron otro flaco favor al dejar al descubierto su hipocresía. Los vaivenes de la clínica se debieron, según Bukele, a que “lo correcto es escuchar a la ciudadanía”. Si fuera así, ya habría respondido a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a las mujeres desesperadas por conocer el paradero de sus familiares encarcelados, a los asegurados que reclaman atención y medicamentos, a los cooperativistas que exigen la devolución de sus ahorros malversados, a la oposición a la minería metálica y a otros muchos. Pero el oído de la dictadura es muy selectivo y errático. Al concentrar en su persona la administración pública, Bukele se hace directamente responsable de su desenvolvimiento, incluso de las perreras. Él designó al alcalde, desconoció los señalamientos de corrupción e ignoró el maltrato animal hasta que las redes digitales rugieron. Nadie más que él es responsable de esta crisis, pero no puede reconocerlo. Sería demasiado para una figura tan egocéntrica. Por eso, disimula. Cierra lo que malogra y privatiza lo que no puede cerrar, y presenta estas decisiones como soluciones geniales. Algo no anda bien en una colectividad que sufre más por el animal maltratado que por la inmensa multitud de conciudadanos abandonados al hambre, la enfermedad y la ignorancia. Bukele se solidarizó con el dolor de los escandalizados por “las condiciones deplorables” del refugio para perros, pero no se inmuta ante el sufrimiento de los hambrientos y los enfermos, de los sin techo y los abandonados. La superioridad de los animales se refleja en el presupuesto: el cuidado de aquellos tiene asignado más dinero que la mitad de los hospitales públicos. La justicia es intolerante con quien maltrata a un animal, pero complaciente con quien atenta contra la integridad de los seres humanos. La humanidad siempre se ha sentido atraída por el poder y la autosuficiencia. El poder bastarse a uno mismo y el ser artífice del propio destino ejercen una atracción casi irresistible. Los poderosos, por lo general, muy crueles, viven dominados por esa ilusión. Sin embargo, no tardan en descubrir, forzados por la realidad, que son débiles e impotentes, indigentes y necesitados. Ellos también necesitan de otros, que vengan en su auxilio y los rescaten. Pero los poderosos no suelen estar dispuestos a aceptar la fragilidad de su condición humana. Prefieren seguir intentando realizar sus sueños de poder total. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La vida de una persona no se puede condensar en un solo día. Y la vida de monseñor Romero no la podemos encerrar en una fiesta y olvidarla al día siguiente, en el que la rutina, el trabajo y la civilización del capital tienen el control. Celebraremos los 45 años de su muerte generosa, que como todas las muertes de los profetas generan vida, esperanza, memoria, y transforman criterios, actitudes y realidades. No faltan personas que quieren domesticar a los profetas después de haberlos matado o de ser indiferentes ante su muerte. Se les celebra para olvidarlos, no para prestar atención a sus palabras y relanzar la historia hacia la justicia y el cambio social. Sin embargo, a san Óscar Romero es muy difícil manipularlo. Por más que se haga, aun pintándolo en los escenarios del poder, es imposible olvidar su palabra enérgica condenando la pobreza injusta, denunciando la riqueza opresora y ordenando el cese de la represión a un poder que no dudaba en asesinar y en proteger al asesino. Hoy continúan teniendo fuerza entre nosotros formas ideológicas opresoras y violentas como el racismo, el machismo o la aporofobia. Padecemos una forma autoritaria de gobierno que absorbe y concentra en el poder ejecutivo la vieja y nunca perfecta separación de poderes, y que somete a las personas a la grave inseguridad jurídica de un poder sin reglas. El prolongado régimen de excepción que vivimos está encaminado, al menos en los últimos tiempos, más a sembrar miedo que a superar plenamente la violencia. La amenaza de la minería se ganaría de nuevo la condena de Romero contra el becerro de oro. La permanencia de una pobreza injusta, de una vulnerabilidad social y económica que angustia y continúa invitando a la migración, el atraso en reconsiderar el necesario aumento del salario mínimo nos muestran una sociedad en la que la propaganda se mezcla con frecuencia con la hipocresía. Cuando, además de lo dicho, denunciar la corrupción o el trato infame que se le da tanto a los presos como a sus familiares puede significar persecución para quien lo hace, ¿cómo debemos recordar y celebrar a monseñor Romero? Debemos hacerlo siempre como a un salvadoreño que nos invita al cambio social y que nos pide una transformación personal que impulsa hacia valores solidarios. Nos enseña a fijarnos en la realidad y a estar al lado del que sufre, a cambiar estructuras opresoras y toda forma de abuso y prepotencia. Nada le importaba tanto como la vida humana al tiempo que insistía en que “la construcción de la justicia social es la tarea más urgente”. Esa justicia social que está puesta en el numeral uno de nuestra Constitución y que ha sido olvidada por los Gobiernos desde que la Carta Magna se aprobó en 1983. En honor de Romero, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. ¿Hemos sido capaces de reconocer la verdad ante las víctimas? Romero continúa exigiéndonos sinceridad en vez de falsedad o de propaganda con luces de colores. No basta con decir que era un hombre santo y bueno, o que es el salvadoreño más conocido universalmente. Recordar es volver a pasar los acontecimientos o las personas con sus significados por la hondura de nuestra interioridad. Si eso no nos mueve a una acción en favor del bien común, de la defensa de los derechos humanos o de la solidaridad activa con los que sufren, algo falla en nuestra manera de festejar y de recordar. San Óscar Romero sigue llamándonos a construir una nueva civilización desde los valores del Evangelio, desde la prioridad del trabajo sobre el capital, desde la construcción de la justicia social entendida como plenitud de los derechos básicos del ser humano. Recordarle es actuar, es servir, es cambiar criterios falsos, es crecer en generosidad y servicio. Prepararnos para la fiesta del 24 de marzo es comprometernos con el trabajo permanente contra la injusticia social. Solo así llegaremos con dignidad a su fiesta y podremos decir que queremos caminar con él.

En el país, marzo es un mes clave para el ejercicio de la memoria histórica. Por un lado, porque se recuerda el asesinato tanto de monseñor Romero como de Rutilio Grande y sus dos compañeros de martirio. Y por otro, porque con ese recuerdo se celebra el triunfo de las víctimas sobre los victimarios. La memoria triunfa sobre la muerte y devuelve a la vida lo más significativo de las personas que ya no están. Esta función de la memoria, de revivir los valores y los recuerdos de los que han muerto, se vuelve fundamental cuando se rinde tributo a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Asesinar, violar, torturar personas o desaparecerlas es siempre un atentado contra la humanidad en su conjunto; un intento malicioso y premeditado de eliminar de la convivencia y de la existencia a personas incómodas para el poder, un poder que aspira a controlarlo todo y que no consiente ni la diversidad ni la crítica. El recuerdo de las víctimas, su reconocimiento como seres humanos, el reclamo de reparación y justicia es históricamente el mejor camino de expulsar de la civilización cuanto en ella queda de irracionalidad y de animalidad depredadora. Recordar a Romero, a Rutilio y sus dos compañeros, a la multitud de víctimas de una guerra de los poderosos contra los débiles, acrecienta la convicción de la igual dignidad de las personas, de la necesidad de convivir respetando los derechos humanos. Mientras el victimario se degrada con sus crímenes, las víctimas mueven a desarrollar sentimientos de humanidad y a crear una civilización diferente a la del poder y del abuso. La memoria del dolor injusto, impuesto desde la fuerza bruta y la barbarie, conduce a establecer nuevas normas de convivencia y a acrecentar valores derivados de la universal fraternidad de los seres humanos. Por su creencia en la resurrección de los muertos, el cristianismo considera vivos y de algún modo activos en el mundo a los difuntos que amaron y sirvieron a los demás, especialmente si fueron asesinados por sus convicciones y actitudes solidarias. Esa creencia es en el fondo hija de la memoria, además de ser parte de la fe cristiana. No es posible creer en la felicidad futura si en ella no participan todas las víctimas de la brutalidad y la violación grave de derechos básicos. Si se cree en Jesús de Nazareth, crucificado por el poder de su época, es incoherente pensar que Él se olvida de las víctimas que corren una suerte semejante a la suya. Recordar a los mártires es recuperar en la memoria a los que se unieron a la muerte de Jesús y a su triunfo. Y junto con ellos, recuperar también a todas las víctimas que ellos defendieron y por las que dieron su propia vida. Por eso se puede decir que recordar a los mártires es amar la vida, es reclamar una sociedad sin abuso, sin intolerancia y sin privilegios que generan sufrimientos. La memoria ha sido esencial para que muchos Estados no repitan la brutalidad de los campos de concentración nazis o los gulags soviéticos. Ese mismo recuerdo, el peso simbólico de esa memoria, ayuda a intervenir, denunciar y luchar cuando las cárceles se convierten en centros de tortura, cuando a los migrantes se les maltrata y desprecia, cuando el discurso político se regodea en el extremismo y deshumaniza a ciertos colectivos o minorías. La memoria es indispensable para crecer en humanidad. Romero y Rutilio, y muchos otros como ellos son auténticos testigos de solidaridad, de hambre y sed de justicia, así como maestros de una humanidad más fraterna. Recordarlos es servir al país.

El oficialismo vive de la agitación y del alboroto. No esclarece nada y esconde casi todo; hace poco y provoca en demasía. Esa es su manera de dar la impresión de que gobierna y avanza hacia un futuro portentoso, pero etéreo. Elemento importante de esa construcción es la reformulación de la historia nacional para demostrar que hasta la era Bukele, todo lo demás ha sido farsa y engaño. La estabilidad de la dictadura descansa, en gran medida, en la aceptación porfiada de su liderazgo. De ahí que sembrar dudas o cuestionar el rumbo del país sea intolerable. El oficialismo se lanza colérico contra los inconformes y los críticos, a quienes intenta desacreditar enrostrándoles acusaciones sin fundamento. Aun cuando fueran verdaderas, evaden la crítica y la denuncia. Así responde la dictadura a los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas y los líderes comunitarios. La desacreditación suele ir acompañada de insultos y amenazas, algunas de las cuales se concretan en capturas arbitrarias. La obstinación del oficialismo con la UCA es fascinante. Atribuye su pensamiento crítico universitario a la animosidad por haberla excluido de la lista de sus proveedores de servicios educativos y en otras áreas de interés público. A veces, sus fuerzas de choque le exigen investigaciones rigurosas. Una provocación, porque no les prestan atención. En otras ocasiones, añoran la UCA idealizada de la década de 1980, pero pasan por alto que esa misma postura crítica desembocó en la masacre de noviembre de 1989. Algunos hay que dicen avergonzarse de ser sus exalumnos, pero olvidan que se formaron en sus aulas. Los altavoces de la dictadura rehúyen el debate abierto y libre. No buscan inteligencia, porque se conforman con creer sin entender lo que Bukele les ha dicho que crean. No necesitan explicaciones ni demostraciones. En el empeño irracional por proyectar fortaleza y seguridad, asoma la debilidad de la dictadura. Se parapeta en la oscuridad porque no puede actuar de cara la esfera pública. Una pequeña muestra es el informe financiero de la empresa Chivo, difundido por el FMI. La sociedad operó en números rojos y está quebrada. El desarrollo y la fuerza del movimiento contra la minería metálica tiene potencial para marcar el principio del fin de una administración corrupta, ineficiente y mendaz. La dictadura tampoco hace mucho. Dondequiera que se mire, se descubren obras empezadas y no concluidas, o simplemente abandonadas. La incompetencia es sufrida en casi todas las dependencias públicas. La educación pública languidece. En lugar de abrir, cierra escuelas. El responsable del ramo juega con las palabras para despistar: no cierra escuelas, sino que las fusiona. El sistema público de salud da señales de agotamiento. El índice de ejecución de la inversión pública es bastante bajo. Dinero prestado no falta, sino ejecución pronta y eficaz. Cuando los desmanes logran salir a la luz, la dictadura mira a otro lado y difunde noticias sorprendentes para desviar la atención de la opinión pública. Casa Presidencial atosiga a las redes de comunicación con un flujo incesante de declaraciones, anuncios, comentarios, insultos, ironías, desmentidos y quejas para que la gente salte de un tema a otro. La turbulencia no deja tiempo para analizar y formarse una opinión seria. La agitación distrae y entretiene a la esfera pública. Entretanto, la dictadura explota sin obstáculos los recursos estatales para engrosar aún más los grandes capitales y enriquecer a la familia presidencial, a costa de las mayorías vulnerables y abandonadas. Casa Presidencial no informa, sino distrae para ocultar el desgobierno, la corrupción y la incompetencia, para mantener en alto la moral de los creyentes y llamar la atención de los extranjeros libertarios y conspiranoicos. Agobia para impedir pensar y abrir posibilidades a la disidencia. Positivamente, la divulgación constante de disparates y falsedades muestra a un Bukele en actividad permanente. Gobernar es acción 24/7. Bien miradas, esas intervenciones 24/7 son circunstanciales, puntuales y desarticuladas. Ejemplo de ello es el inesperado cierre de varias dependencias dedicadas al cuidado animal, incluido un hospital que, al día siguiente, fue reabierto sin más. Los asesores del bitcoin tuvieron la misma experiencia. Bukele decidió sobre la criptomoneda sin consultarles, sin informarles ni darles explicación. Improvisada y anárquicamente no se puede dirigir un país que arrastra miserias y desigualdad desde hace décadas. Al igual que sus predecesores, Bukele no sabe cómo gobernar en beneficio directo e inmediato de quienes lo eligieron. Abruma, pero construye poco. El discurso de las primeras piedras da por realizado lo que no son más que grandiosos planes. Las ceremonias, algunas espectaculares, indican cuándo empieza las obras, pero no cuándo estarán terminadas. Los ciclos de admiración y aplauso, de indignación y miedo no bastan para gobernar. Bukele actúa como emperador romano o dictador fascista, porque n

El mundo está dando un giro brusco de la mano de un Donald Trump dictatorial y pletórico de amenazas. Una muestra significativa: en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos votó junto a Rusia, Nicaragua y Corea del Norte para oponerse a la resolución “para una paz comprensiva, justa y duradera” frente a la invasión rusa a Ucrania. Más disruptiva todavía fue la reunión entre Trump y su vicepresidente con Volodomir Zelenski, que fue transmitida en vivo. Los principales medios estadounidenses afirman que se trató de una trampa premeditada para humillar al ucranio y calificaron la cita como “uno de los días más sombríos en la historia de la diplomacia estadounidense”. Trump parece estar alineado con Rusia y Putin, mientras Europa permanece sin voz en unas negociaciones que pretenden definir el futuro de Ucrania. ¿En realidad Estados Unidos se ha alineado con Rusia? Si se parte de que el poder no se mueve por ideologías, sino por intereses, la respuesta es negativa. El plan para controlar los recursos de Ucrania evoca los tiempos en que el mundo se repartía por el equilibrio entre las grandes potencias imperialistas. Estados Unidos siempre ha velado por sus intereses; la diferencia es que Trump lo hace sin preocuparse por las formas y apariencias. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho explícitamente al anunciar el cierre del 83% de los programas (cerca de 5,800) de Usaid: “Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos debe estar alineado con el interés nacional de Estados Unidos”. Trump y los suyos buscan alcanzar sus objetivos sin importar que para lograrlo tengan que coincidir con ideologías distintas u opuestas. Por los intereses de Estados Unidos quieren tomar posesión de Groenlandia, la isla más grande del mundo, llena de recursos sin explotar y punto de paso de la ruta más corta entre Europa y Norteamérica. Este afán expansionista no es nada nuevo. Por hoy, la política arancelaria es su principal carta de negociación y amenaza. El ideal de Trump es una sociedad gobernada por el dinero, no por las mayorías. Quienes sí pelean por ideologías, sobre todo partidarias, son los ciudadanos. Mientras las cúpulas se entienden entre sí, prolifera el desencuentro ciudadano en torno a ciertos partidos políticos o personajes. Y ese desencuentro es el combustible que aúpa a políticos cuyo único objetivo es desbaratar lo hecho por otros para con los escombros construirse un trono. Al poder actual, la derecha y la izquierda, la democracia o el autoritarismo le son irrelevantes. Son sus intereses los que los mueven.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado sábado 8 de marzo muchas mujeres salieron a la calle a reivindicar tanto sus derechos como los de todos los salvadoreños. Se manifestaron contra la minería, porque saben que la contaminación y los problemas que genera terminarán afectándolas a ellas y a sus seres queridos. Además, expresaron su preocupación por el costo de la vida y por el régimen de excepción, que han golpeado sobre todo a mujeres pobres. El padre Javier Ibisate, insigne profesor de economía de esta universidad, solía decir que las mejores economistas son las amas de casa. Los Gobiernos pueden hacer grandes promesas, construir elegantes edificios, lograr acuerdos con instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero son las mujeres las que detectan con mayor rapidez si la economía del país ayuda a los pobres y a las clases medias, o los mantiene en la precariedad. Ellas saben en la compra semanal si el dinero ajusta, si los precios se vuelven inalcanzables, si los insumos para la comida son abundantes o si habrá que recortar gastos. A pesar de trabajar más que los hombres por tener a su cargo las labores de cuido y de aportar valores básicos para la convivencia, las estructuras organizativas y sociales del país solo les reconoce sus aportes un par de días al año. En el resto del tiempo, los abusos, las marginaciones y los engaños marcan sus vidas. Su pensión es más baja en promedio que la de los hombres, sus trabajos están peor pagados y en algunos casos carecen de las prestaciones que se le deben dar por ley a todos los trabajadores. Muchos hombres se quejan del feminismo, pero no suelen decir nada de los extremos burdos, violentos y crueles del machismo. Siendo más en número, las mujeres tienen una representación menor en la Asamblea Legislativa. Aunque el tiempo de maternidad ha mejorado ligeramente en los últimos años, todavía es demasiado corto. Y ello, además de perjudicar a la niña o niño, le quita a la madre horas de sueño y de descanso. Como en el Día de la Madre, en el Día Internacional de la Mujer se felicita a las mujeres por sus esfuerzos, que mantienen con vigor y generosidad la sociedad, y se rinde honores a su lucha por la plena igualdad con respecto a los hombres. Pero pasados los días conmemorativos, se regresa a la dinámica cotidiana de indiferencia, violencia y abuso. La mayoría de hombres vuelve a su machismo habitual y las organizaciones políticas y civiles las marginan, olvidando la deuda social con ellas. Porque, en efecto, volcadas muchas al cuido y la protección de los débiles, las mujeres ponen en la sociedad una serie de valores indispensables. La generosidad del amor, la solidaridad y fraternidad en el cuidado y ayuda al enfermo, al niño y al anciano, la capacidad de perdón, la atención al detalle humano son parte de los valores que comunican. El día de la mujer no debe ser únicamente una fecha, sino un momento de reflexión que lleve a un permanente esfuerzo de poner en la civilización valores que trasciendan las tendencias a la fuerza bruta y a la idolatría del dinero. Las mujeres juegan un papel indispensable en la transformación social; su trabajo por la igualdad de derechos es un esfuerzo por cambiar y mejorar el mundo. Acuerpar sus luchas es imprescindible para construir una civilización más humana.

El rescate de 1,400 millones de dólares del FMI desvela el largo camino que el país tendrá que recorrer para llegar al “milagro económico” anunciado por Bukele. El préstamo es inevitable para contener la inminente explosión de la crisis de la deuda. De paso, puede desbloquear otros 2,100 millones de dólares de prestamistas multilaterales. Además de dejar en evidencia el caos financiero, el acuerdo impone una pesada carga sobre unas mayorías que ya arrastran bastantes penurias. Personalmente, el honor de Bukele sale escarnecido. Desde 2019, cuando llegó al poder, no solo ha mantenido al país al borde de la mora, sino que también profundizó ese riesgo con el aumento de la deuda pública y la falta de inversión en infraestructura productiva. Durante todos estos años, ha administrado las finanzas con una ligereza sorprendente. En 2024, aceleró el ritmo del endeudamiento, que superó el 90 por ciento del PIB, mientras el crecimiento económico real disminuía. El aumento insensato del 30 por ciento de las pensiones en 2023 es inviable a corto plazo. El crecimiento de la deuda implicó intereses muy altos, todo ello exacerbado por un enorme déficit fiscal. La supresión de la independencia judicial y la persecución de la oposición y los medios de comunicación críticos contribuyeron con la crisis: el clima creado por Bukele ahuyentó a los inversionistas. El entusiasmo irracional con las criptomonedas tiene mucho que ver con la debacle de las finanzas públicas. Declaró el bitcoin moneda de curso legal y prometió evitar los mercados convencionales de capital, dar servicios financieros a las dos terceras partes de los adultos fuera del sistema bancario, reducir el costo de las remesas (que en los primeros siete meses de 2024 representaron alrededor de la mitad del valor de las importaciones), generar miles de millones de dólares con la emisión de bonos criptográficos emitidos por una multinacional, construir una criptociudad y desarrollar energía geotérmica para los mineros de criptomonedas. Pero los mercados tradicionales no compraron los sueños de Bukele. Los bonos nacionales se depreciaron y cuando comenzó a retrasar el pago de los salarios del sector público, los inversionistas se replegaron más aún. Si la deuda es elevada y la inversión y el crecimiento del PIB languidecen, prestar al 12 por ciento, tal como hizo Bukele a comienzos del año pasado, es insostenible. Al retrasar el rescate del FMI y al aferrarse al experimento criptográfico mantuvo alta la prima de riesgo y el peligro de mora parecía inminente. El riesgo de una estampida bancaria y de un contagio financiero, incluso de desdolarización, era real, porque los depósitos locales están respaldados parcialmente por la deuda gubernamental. El escollo se evitó porque Bukele se hizo cargo de la deuda; echó mano de los pocos dólares que tenía para recomprar bonos con un buen descuento, lo cual ahorró buena parte del pago principal. Y por otro lado, por la reducción del déficit y la evasión fiscal, las remesas y ligero crecimiento de la economía. Sin embargo, sin el rescate no tenía probabilidades de sobrevivir. Los resultados de la inversión en criptomonedas y en criptoturismo, dos de sus apuestas más grandes, han sido insignificantes. Al final, la única salida era el FMI. La negociación duró varios años, porque el Fondo exigió disciplina fiscal, levantar la reserva de la información y, sobre todo, abandonar el bitcoin (quizás el fracaso más sonado de Bukele). El rechazo de la criptomoneda ya era una realidad. El error es de Bukele y sus socios criptoactivistas, que no tomaron en cuenta el reducido tamaño de la economía formal y la poca competencia digital de la gente. La obsesión les metió prisas, que los llevaron a improvisar y equivocarse. La temeridad dejó más pérdidas que utilidades. El invento costó unos 375 millones de dólares, una suma que supera por mucho las ganancias que pueda haber producido, las cuales, además, pueden evaporarse en cualquier momento. Es de sobra conocido que su volatilidad es un riesgo para la estabilidad financiera y fiscal. Muy a su pesar, Bukele se comprometió, en principio, a suspender las transacciones en bitcoin. El compromiso duró poco, el desafío al FMI no se hizo esperar. La constancia no es su virtud más destacada. Está por verse cuánta indisciplina tolerará un FMI ansioso por un programa exitoso. El paraíso prometido se lo tragó la corrupción y el desastre de las finanzas públicas. Al menos habrá que aguardar tres años para alcanzar cierta estabilidad financiera. Mientras tanto, las mayorías pagarán muchos más impuestos que los ricos y cada vez tendrán menos acceso a los servicios públicos. Las criptomonedas no conducen al “milagro económico” de Bukele. Sus apuestas más prometedoras se han desinflado al entrar en contacto con la realidad (ver The Economist, “El Salvador’s wild crypto experiment ends in failure. Its curtailment is the price of an IMF bail-out. And one worth paying”, 2 de marzo de 2025). * Rodolfo Cardenal, di

La Iglesia parte siempre en su pensamiento de la igual dignidad de las personas, hijos e hijas de Dios. En ese sentido, todo lo que humilla, margina, olvida o daña las necesidades básicas de la gente tiene que ser revisado y corregido. Pero quienes viven en el mundo de la riqueza (aunque no solo ellos) tienden a pasar de largo ante el dolor y el sufrimiento ajeno. En esto el Evangelio de Jesucristo es muy claro. En El Salvador, en el pasado, algunos ricos estaban más atentos al mugido de su ganado que al gemido de sus trabajadores; la indiferencia ante el sufrimiento humano proveniente de la pobreza, la injusticia o la marginación continúa siendo habitual en la élite económica nacional. La Iglesia nos recuerda que, además de que todas las personas tienen los mismos derechos básicos, el mundo y sus bienes fueron creado para todos los seres humanos. En ese sentido, no hay dueños de bienes, sino administradores. Si la riqueza, en vez de redistribuir bienes, acapara, se vuelve ostentosa y no se preocupa por una real y efectiva justicia social, se convierte automáticamente en injusta. A este respecto, vale recordar la condena del rico que no sintió compasión por Lázaro y al publicano rico, Zaqueo, que tras conocer a Jesús entregó la mitad de sus bienes a los pobres y les devolvió el cuádruple a quienes les había cobrado de más. Antiguos pensadores cristianos afirmaban que se equivoca el rico que da lo que cree que es suyo, porque en realidad está “devolviendo lo que es de los pobres” y, por ello, no hace una obra de caridad, sino de justicia. La propiedad privada es necesaria para asegurar que los bienes de la creación y de la historia lleguen a todos. Acumularla de un modo egoísta y exhibirla sin pudor no es cristiano ni propiamente humano. Tener casa propia, salario decente, medios de vida adecuados para sí y para la familia, y ser tratado con dignidad es básico para cumplir con lo que la Iglesia llama el “destino universal de los bienes”. Quienes tienen mayor peso económico o ideológico en un país, estén o no cerca del poder político, tienen la responsabilidad de insistir en aspectos de la vida social que son garantes de la igual dignidad humana. Deben defender el Estado de derecho, apoyar la calidad de las redes de protección social, fomentar la educación y preocuparse por la vigencia y respeto de los derechos humanos. Al contrario de lo que algunos piensan, la responsabilidad social empresarial no consiste en donar una pequeña parte de la riqueza que se posee y ponerla al servicio del desarrollo de unos pocos, desentendiéndose del resto de problemas del país. La justicia social, el buen funcionamiento del sistema judicial, los migrantes, el hambre y la pobreza, el maltrato en las cárceles, la corrupción, la falta de transparencia pública son también responsabilidades de quienes tienen poder económico. Reunirse con el poder político y no tratar con seriedad estos temas es convertirse en cómplice de graves atropellos.

Si El Salvador de Bukele “ha dado grandes pasos para eliminar los frenos a la inversión y las excesivas regulaciones, que solo obstaculizan el emprendimiento y ralentizan la economía”, por qué esa inversión, en lugar de aumentar, tiende a disminuir. En 2023, la diferencia entre El Salvador, en el último lugar, y Honduras, en el penúltimo, fue de más de 300 millones de dólares a favor del segundo. Y en los primeros nueve meses de 2024, atrajo el 27 por ciento menos de inversión que en el mismo período de 2023. Es la misma duda que suscita la seguridad: si el país es tan seguro, cuál es la razón del régimen de excepción o por qué Bukele se desplaza como si estuviera en zona de guerra. En un movimiento desesperado, Bukele coqueteó con multimillonarios latinoamericanos para que se hagan cargo de dinamizar su derrengada economía. En un suntuoso banquete, en un encuentro con todo el grupo y en audiencias privadas les habló de las libertades que concede a las empresas, de la infraestructura que ha levantado y de la legalidad del bitcoin. Sin embargo, no les dijo que la seguridad jurídica es inexistente, porque la única ley del país es su voluntad. Tampoco les mencionó que no esperaran información sólida sobre la actividad gubernamental, un elemento fundamental de la inseguridad jurídica. La corrupción no era necesario mencionarla, porque los capitales de la mayoría de sus invitados no son un ejemplo de honestidad. Los multimillonarios muy rara vez lo son. Uno de los aliados principales de Bukele en la apuesta por las criptomonedas experimentó en carne propia la inseguridad jurídica, la falta de transparencia y la volatibilidad gubernamental. Él y otros criptobros, atraídos por la promesa de riqueza fácil y abundante, se trasladaron al país e invirtieron en el negocio, hasta que, intempestivamente, Bukele modificó la legislación y los dejó desprotegidos. No les avisó del cambio ni les dio explicación. No es cierto, pues, tal como aseguró a sus huéspedes, que sus inversiones estarán seguras. Eso depende de sus intereses personales. El historial de Bukele aconseja desconfiar. Antes reprobó la dolarización, ahora el dólar es estabilidad; antes se declaró de izquierda, ahora es de derecha; antes dijo ser socialista, ahora es capitalista neoliberal; antes se puso del lado del venado contra el tigre, ahora está con el tigre y en contra del venado; antes se identificó con la causa los pobres, ahora con la de los multimillonarios. Se pronunció por un país capitalista radicalmente neoliberal. Los vaivenes de Bukele son mucho más peligrosos que la vacilación de Colombia ante Trump, que irónicamente atribuyó a dos tragos de más de su presidente. La presentación del país fue encantadora, pero anecdótica. Cuando le preguntaron por el plan económico de largo plazo, Bukele se perdió en vaguedades. En realidad, no tiene ningún plan. Gobierna a salto de mata. Fue incapaz de proporcionar a sus huéspedes una visión articulada de la realidad nacional y de sus posibilidades reales. Lo más concreto de su cuento es que quiere hacer del país otro Singapur u otros Emiratos Árabes Unidos. Se contentó con informarles que sus inversiones gozarían de toda clase de facilidades y, de paso, les relató sus avatares y su inventiva para erradicar a las pandillas e imponer la dictadura. Muchos de sus invitados lo escucharon con la boca abierta, deslumbrados por su desenvoltura. La apuesta económica de Bukele es clara: entregar el país a los multimillonarios para que produzcan lo que llama “el milagro económico”, pues él no tiene cómo realizarlo. El encuentro fue una demostración de cercanía, de simpatía y de sonrisas cómplices. Incluso respondió a sus preguntas y no faltó la sesión de fotografías y selfis. Bukele no escatimó gastos, tiempo y esfuerzo con tal de engatusarlos para que le salven la economía y, de paso, también su dictadura. Se solazó entre los multimillonarios y no tuvo pudor en mostrárselo al país, en una cadena nacional de más de una hora de duración. Codearse con multimillonarios boquiabiertos es haber alcanzado la cumbre del prestigio y del poder. Sus seguidores locales contemplaron orgullos y satisfechos cómo los multimillonarios trataron a Bukele como un igual. Sin embargo, la riqueza no es un criterio confiable de virtud o sabiduría, porque siempre es arbitraria y, por lo general, encierra injusticias clamorosas. Uno de los mitos más antiguos sostiene que los ricos y los poderosos salvan al mundo del desastre inminente. Pero la historia demuestra que no son confiables. Aprovechan su posición para promover sus riquezas y su poder a costa de los demás. El ascenso de los ricos significa la profundización de la desigualdad, la agudización de las divisiones sociales y la destrucción de la creación. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de haber sido expulsado del FMLN en 2018, Nayib Bukele dijo: “A mí no me verán nunca en las filas de Arena o de GANA; mi corazoncito siempre está a la izquierda”. Poco después cambió de discurso y afirmó que era parte de la nueva política, que no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Pero luego de que ganó las elecciones en 2019, sus acciones lo ubicaron más bien en la nueva ultra derecha global. Bukele comparte ideología y estilo con personajes como Donald Trump, Javier Milei y Tayyip Erdogan. Y esto lo dejó claro en el Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, que reunió en El Salvador a multimillonarios de unos 20 países de América Latina y sus herederos. El mensaje del mandatario a los potentados fue claro: “El Salvador está abierto para los negocios”. En ese ambiente, pareció sentirse en confianza y soltó frases que perfilan su Gobierno. “Nosotros queremos ser un país de full libertad empresarial, capitalista, proempresa, un gobierno lo más fuerte, pero pequeño posible, que no tenga grasa solo músculo […] Todos los días trabajamos en quitar regulaciones, en hacer leyes más amplias, en invitar e incentivar la inversión y hacer más competitivo el país”, dijo. Un discurso, pues, ultra. No se trata que ser de derecha sea malo en sí mismo, sino que este tipo de política es la que por décadas ha causado pobreza, marginación y desigualdad a lo largo del continente. Por algo América Latina es considerada como la zona más desigual de mundo. Cuando Bukele aspira a que El Salvador se identifique totalmente con el capitalismo desbocado, acepta que la prioridad de su gestión son los que más tienen y que, para beneficio de ellos, se apostará por el libre mercado, bajos o nulos impuestos para los empresarios, flexibilidad laboral y mínima intervención estatal. La vieja receta de siempre que, lejos de curar el subdesarollo, concentra la riqueza en pocas manos y genera pobreza en la mayoría. A la luz de ese discurso resulta comprensible que hoy se cobre a los ciudadanos por podar o cortar árboles mientras a los grandes inversores se les facilita talar bosques enteros en zonas protegidas para construir proyectos comerciales o urbanísticos. Ahora se entiende mejor por qué, contra toda evidencia y contra el clamor de gran parte de la población, se aprobó el regreso de la minería metálica; por qué se acosa fiscalmente a los pequeños empresarios mientras se exime de impuestos a los millonarios; por qué, aunque el costo de la vida se ha disparado, los salarios permanecen congelados. Bukele logró que algunos de los empresarios más ricos de América Latina lo halagaran. Y ese triunfo propició que hablara a pecho abierto. A raíz de la reunión, transmitida por cadena nacional, queda claro que lo del corazón a la izquierda era asunto solo de campaña política y que la gente más pobre no es su prioridad. Bukele, a pesar de gozar de una amplia popularidad, no es una persona que guste del pueblo; a pesar de haber declarado una lucha contra la oligarquía para recuperar el país, aspira a gozar de las simpatías de los multimillonarios, cuando no convertirse en uno de ellos.

Hace algunos días, un expresidente del Banco Central de Reserva mencionó la baja calidad intelectual y argumentativa de los miembros de la Asamblea Legislativa. Las respuestas no se hicieron esperar y llegaron cuajadas de insultos. De algún modo le daban la razón al exfuncionario, porque el insulto, así como acumula y descarga agresividad, carece de pensamiento racional. En general, es el método argumentativo más primario y vulgar. Algo que la misma sabiduría popular suele rechazar con refranes, algunos de ellos cómicos, dejando en mal lugar al que insulta ante una afirmación que, se esté de acuerdo o en desacuerdo, merece la pena analizar. Usualmente, a los poderes legislativos no llegan solo personas juiciosas o sabias. Mirando a otros países se constata que hay de todo entre las filas de los diputados. En El Salvador hemos visto tal cantidad de contradicciones en el discurso de estos funcionarios, tanto en el presente como en el pasado, que es normal preguntarse por su calidad intelectual. Unos citan a intelectuales de izquierda cuando les conviene y, al mismo tiempo, votan leyes conservadoras. Otros acusan de corruptos a los opositores y defienden la propia falta de transparencia. Y están los que prefieren el insulto al diálogo. Muchos de entre todos ellos emiten leyes sin razonamientos serios. Al respecto, difícil olvidar la ley original del bitcoin, establecido como moneda nacional sin debate previo y sin razonamiento sólido en el texto legal. Y todos nos dimos cuenta de que el cese de la obligatoriedad de recibir pagos en bitcoin se decidió sin que los diputados reflexionaran lo más mínimo al respecto. El poder ejecutivo puede dar ideas e incluso razones, y la fuerza del dinero y del Fondo Monetario Internacional pueden también externar su pensamiento, pero los diputados, en este vaivén de sí pero no, solo aprietan el botón sin que se oigan argumentos de peso en sus bocas. La prohibición de la minería metálica estuvo llena de razonamientos y datos tanto en la propuesta de la Iglesia católica como en las de otras organizaciones. En la eliminación de la ley, solo pesó la palabra de Nayib Bukele augurando un futuro feliz construido sobre el oro y unos informes sobre su abundancia que no se podían mostrar en público porque era “secretos comerciales”. Bastó eso para que se derogara la ley anterior y se promulgara otra aceptando la minería metálica en el país. Es normal ante situaciones como la mencionada que la gente se pregunte por el nivel educativo, intelectual y moral de los diputados. En el examen periódico universal que realiza cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se le hicieron a El Salvador observaciones muy serias sobre violaciones a derechos humanos, debilidades del Estado de derecho y el absurdo de mantener durante tanto tiempo el régimen de excepción con todas las injusticias que propicia. Se tocaron puntos que afectan especialmente al poder legislativo. Sin embargo, a ningún diputado oficialista se le oyó una respuesta o reflexión digna de ser ubicada en el ámbito de la racionalidad y del pensamiento intelectual. El ciudadano instruido puede legítimamente pensar que la gran mayoría de los diputados sabe muy poco o nada sobre el tema básico de los derechos humanos. O simplemente imaginarse que esa temática, además de desconocerla, la desprecian o la consideran un estorbo. O lo que sería peor, que no saben bien lo que es un Estado de derecho. En diversos países es común que en las sesiones del poder legislativo se caliente la sangre, incluso se ha visto diputados llegando a los puños. Pero cuando un partido consigue una mayoría tan aplastante como en El Salvador, los abusos se pueden cometer a sangre fría y con impunidad, al menos por un tiempo. Y cuando además los funcionarios son cortos de entendimiento, creen erróneamente que la mentira puede sustituir a la verdad. Es una lástima que un grupo de diputados relativamente jóvenes, embriagados con la sensación de poder, no se preocupen de cultivar la razón y la inteligencia, y den pie a que personas más reflexivas y mejor preparadas lamenten la baja calidad intelectual de la Asamblea.

El 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. En El Salvador, la fecha pasó prácticamente inadvertida, a pesar de que la justicia social aparece en la Constitución como uno de los deberes fundamentales del Estado para con los ciudadanos. En efecto, el numeral 1 de la Constitución pone los elementos básicos de la convivencia y del sentido del Estado al servicio de la persona. La persona humana, con su dignidad fundamental, aparece como “el origen y el fin” de la actividad estatal. Y poco más adelante, en el mismo numeral, se insiste en que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Desde 1983, fecha de la promulgación de la Carta Magna, todos los Gobiernos, con sus más y sus menos, hicieron algo en favor de la libertad, la salud y la cultura. Poco, sí, pero el menos algo. Sin embargo, en bienestar económico y en justicia social el suspenso es evidente. En las encuestas, el problema de la economía ha sido una constante, a veces incluso por encima de la violencia como preocupación popular. En justicia social, entendida como igualdad en derechos básicos, el fracaso es mayor que en el campo del bienestar económico. Ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en acceso a la justicia hay igualdad. Al contrario, los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución han estado marcados por la desigualdad, y en la actualidad no hay cambios sustanciales al respecto. La primera definición de justicia social la dio a mediados del siglo XIX un sacerdote jesuita: “Virtud que iguala de hecho a los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Si la virtud es una fuerza para la acción, en El Salvador no hay fuerza ni mucho menos igualdad básica en derechos. Si cuando la Constitución se tomaba relativamente en serio las cosas iban mal, ahora que se ha convertido en un juguete al que se le pueden cambiar las piezas rápidamente, ya no hay freno legal al cual recurrir ante los desmanes de los poderosos. Sin embargo, la justicia social, como creadora de igualdad en derechos básicos, es vital no solo para la convivencia, sino también para un desarrollo inclusivo y justo. Los trabajadores son poco productivos porque el Estado no invierte lo adecuado en educación ni en formación profesional. Aristóteles, uno de los filósofos más señeros de la cultura griega, decía que tanto la desigualdad como la igualdad absoluta son injustas si se aplican desde una sola idea. Si el poder decide quiénes son iguales y quiénes desiguales, la convivencia democrática pierde sentido. Y así lo refrendaba el pensador griego: “Si la libertad y la igualdad son las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”. Desdeñar la justicia social, reducirla a simple frase formal de una Constitución sujeta al capricho del poder, es peligroso y dañino tanto en el corto como en el largo plazo. Si el Estado no está al servicio de todas las personas y si la justicia social no lo inspira, el futuro del país será de exclusión, abuso y discriminación, por mucho que la propaganda repita lo contrario.

Entre Bukele y Trump se observan algunas coincidencias interesantes. No es una relación entre iguales o aliados. Los separa un abismo infranqueable y ninguno tiene socios, sino subordinados. La relación es similar a la del emperador romano con el gobernador de una provincia imperial. Los dos comparten la misma visión de la criminalidad. Trump considera criminal al indocumentado residente en territorio estadounidense, independientemente de si tiene empleo, paga impuestos y contribuye con la comunidad. Bukele cataloga como criminal a todo aquel que está o parezca estar relacionado de alguna manera con las pandillas, a los líderes comunitarios independientes y a sus enemigos personales. Ambos socializan la criminalidad, sin distinguir grados de culpabilidad y exigen cuotas de capturados para exhibir su éxito. Las redadas de Trump maltratan a los latinoamericanos, documentados o no, y también a los estadounidenses. Las de Bukele actúan con la misma arrogancia en las poblaciones con los ingresos más bajos. Los dos dan el mismo tratamiento vejatorio e inhumano a los catalogados como criminales. Trump los deporta como animales, encadenados y humillados. Bukele da a sus criminales el mismo trato y, además, los tortura. Trump pretende imitar a Bukele y convertir Guantánamo en una megacárcel para encerrar a unos 30 mil de “los peores criminales extranjeros ilegales que amenazan al pueblo estadounidense”, entre ellos a los salvadoreños. Bukele no ha levantado un solo dedo para defender a la diáspora salvadoreña, aun cuando, según dice, aportó buenas cantidades de dólares para sus campañas electorales. Trump y Bukele olvidan que, un día no lejano, sus antepasados inmediatos fueron inmigrantes. Según la lógica del primero, las poblaciones originarias sobrevivientes bien pueden tratar como criminales a la mayor parte de la ciudadanía estadounidense. Los apellidos los delatan. Bukele ha olvidado el profundo desprecio de la oligarquía agroexportadora tradicional a los inmigrantes de origen árabe, católicos y musulmanes. El discurso del emperador y su gobernador siembra división y odio. Hay latinoamericanos nacionalizados estadounidenses tan ensoberbecidos que aborrecen a sus compatriotas indocumentados y los denuncian para ser deportados. Los creyentes no debieran olvidar que Dios ordena no maltratar ni oprimir a los extranjeros, “pues extranjeros fueron ustedes en el país de Egipto”. Trump considera genios empresariales a los multimillonarios tecnológicos, a quienes atribuye una creatividad, una audacia y una experiencia únicas. Bukele también siente debilidad por ellos. Recibe a los multimillonarios extranjeros con exhibiciones de una opulencia que no posee y se ha rodeado de promotores fanáticos de las criptomonedas. Sin embargo, no dispone aún del capital que da acceso al exclusivo círculo de los multimillonarios. Aunque el clan Bukele se afana para alcanzar esa meta. El Estado es para ellos, y para Trump también, un negocio muy rentable. Tanto Trump como Bukele abusan de la posición que les da la riqueza para promover inescrupulosamente sus intereses económicos. Los dos persiguen furiosamente a sus enemigos personales, a quienes acusan de corrupción, mientras ignoran cándidamente los delitos de sus amigos. La riqueza y el poder demostrarían su grandiosa capacidad para los negocios, su valor supremo. En la práctica, derrochan arrogancia y siembran inestabilidad. Trump pretende expulsar a los palestinos de la franja de Gaza para transformarla en “la Riviera del Oriente Medio”. Bukele construye la suya, mucho más modesta, en el litoral pacífico, para lo cual expulsa a los campesinos pobres. Trump suprimió de un plumazo Usaid, una importante agencia de ayuda humanitaria y también fuente de financiamiento de la agenda de Washington en el mundo desde su fundación. Bukele aplaude la supresión, porque habría financiado a los periodistas y los medios independientes, que lo incomodan con sus críticas y denuncias. Los dos mandatarios alientan la desinformación y ambos permanecen cautivos de sus propios fantasmas. Una diferencia importante es que Trump, aunque ordena vociferante e ininterrumpidamente, está sometido a los controles de los poderes legislativo y judicial, mientras que Bukele los anuló de un plumazo para hacer a su gusto. Voces cercanas a Trump le sugieren seguir el ejemplo del salvadoreño. No les será nada fácil. Podrán corromper y debilitar la institucionalidad estatal, pero está es más poderosa que sus deseos. El emperador y su gobernador provincial son al mismo tiempo cercanos y lejanos. El poder y la riqueza son inmensamente desiguales. Más importante aún, el gobernador está sometido a la voluntad del emperador. Si lo contraría o lo defrauda, es defenestrado. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”. Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

El principio de progresividad en el campo de los derechos humanos, por el cual los derechos en favor de las personas no pueden disminuir de un modo sistemático, es plenamente aceptado en las democracias modernas. Por ejemplo, bajo la lógica de dicho postulado, una vez que se ha conseguido la gratuidad de la educación pública, el Estado no puede obligar a los estudiantes o a sus padres a pagarla. En contraste, las reformas carcelarias recién aprobadas en el país van en contra del principio de progresividad, pues implican serios retrocesos en materia penal. Juzgar a menores como adultos y encarcelarlos junto a estos va en contra de los derechos de los menores de edad y constituye una ilegalidad, pues contradice tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador. Si el sistema judicial fuera en verdad independiente, habría una confrontación entre el poder judicial y la Asamblea Legislativa a raíz de estas reformas. El artículo 35 de la Constitución dice claramente que los jóvenes con conducta antisocial están sujetos “a un régimen jurídico especial”. Ante la observación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de que trasladar la función judicial de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas contra el crimen organizado implicaría sobrecargar de trabajo a dichas instancias, el ministro de Justicia y Seguridad Pública alegó que los encarcelados en el marco del régimen de excepción no tendrán beneficios de libertad condicional o anticipada, ni habrá que dilucidar si se han rehabilitado o no. Y añadió que no cree en la “rehabilitación de terroristas independientemente de la edad”. Con ello, el ministro parece ignorar tanto los convenios internacionales como la Constitución salvadoreña, que en su artículo 28 dice que “el Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos”. Tanto la historia del derecho como la religión cristiana reconocen y defienden la rehabilitación. En el cristianismo, no hay duda de que Pablo, al pasar de perseguidor de la fe cristiana a predicador y apóstol de la misma, vivió un claro proceso de rehabilitación personal. De proyectar “violencias y muerte contra los discípulos del señor” e infundirles miedo y terror, pasó a ser discípulo y testigo de la fe. Negarle a los menores de edad que están encarcelados la posibilidad de rehabilitarse, además de contravenir tratados internacionales ratificados y, por tanto, la ley interna de El Salvador, es una forma de perseguir a la juventud en situación de pobreza y mostrar la incapacidad del Estado a la hora de pensar un futuro abierto a todos.

La subcontratación de la gigantesca cárcel modelo es una idea peregrina. El mensajero de Trump la recibió con entusiasmo, pero rápidamente retrocedió, al advertir problemas de competencia y jurisdicción. Trump es tan imperial como Bukele, pero, a diferencia de este, sus despropósitos están sujetos a controles legislativos y judiciales. La ristra de órdenes ejecutivas da la impresión de que el estadounidense puede hacer su voluntad, pero no es así. En este punto, la diferencia entre ambos es grande. El negocio no lo es todo. Aun cuando la tarifa por recluso “en el mejor sistema penitenciario del mundo” sea muy inferior a la de Estados Unidos, es descabellado encerrar a sus propios ciudadanos en un territorio extranjero como El Salvador, donde ni las autoridades estadounidenses, ni las salvadoreñas tendrían jurisdicción legal sobre ellos, donde el régimen carcelario violenta sistemáticamente los derechos de los detenidos, donde el inglés no es idioma común —excepto entre las élites— y donde los estadounidenses estarían bajo las órdenes de un funcionario de Bukele a quien Washington ha sancionado por corrupción. Bukele no suele detenerse un momento a considerar las consecuencias de sus ocurrencias. En esto es como Trump que, repentinamente y sin motivo claro, suelta estupideces. Existe, sin embargo, una posibilidad que puede complacer a los dos mandatarios. Si Bukele cede a Estados Unidos la soberanía de una porción del territorio nacional, Trump puede construir en ella una cárcel, resguardada por personal militar estadounidense, al estilo de Guantánamo. La inconstitucionalidad de la cesión no es impedimento para alguien que gobierna dictatorialmente. Tampoco el nacionalismo, que es inexistente. La rentabilidad económica está por encima de cualquier otra consideración. Si Trump y Bukele convienen en crear una colonia, la compensación económica debiera ser elevada, dada la magnitud de la concesión. El ofrecimiento de Bukele no buscaba solo congraciarse con Trump, sino también hacer un negocio redondo. La crisis económica que atraviesa a la dictadura incluye al sistema carcelario, que, pese a promocionarse como el mejor del mundo, financieramente no es viable. La subcontratación, en palabras del propio Bukele, es “significativa para nosotros y haría sostenible todo nuestro sistema penitenciario”. Su vocera en Washington agregó que el negocio daría “un respiro” fiscal que redundaría en beneficio de la educación y la salud. En conclusión, el sistema carcelario con la mayor tasa de presidiarios del mundo, 1,659 por cien mil habitantes, no es sostenible a mediano y largo plazo. La seguridad pública de Bukele, el logro más admirado, se tambalea sacudido por una deuda pública superior al 90 por ciento del PIB del año pasado y por un crecimiento económico cada vez más lento. De momento, Trump recompensará “los tremendos niveles de cooperación” de Bukele impulsando la energía nuclear pacífica para bajar los costos de la minería bitcoin. No es claro si Washington colaborará con Moscú, con el que El Salvador ya tiene un acuerdo similar, o si Bukele lo repudiará para quedarse con el de Trump. La claridad no es lo suyo. Tampoco es claro de dónde sacará el personal especializado para desarrollar semejante empresa. A diferencia de El Salvador, Guatemala consiguió asistencia técnica y financiera, incluso ingenieros del ejército estadounidense, para desarrollar su infraestructura, incluidos dos puertos marítimos, a cambio de aceptar a los deportados guatemaltecos. Costa Rica logró apoyo en ciberseguridad, migración y narcotráfico. El contraste es grotesco. Las imágenes de “los encuentros cercanos” entre el mensajero de Trump y Bukele y sus funcionarios no consiguieron esconder el absurdo de los intercambios. No era fácil conseguirlo. La estupidez y la incompetencia son atrevidas. Ninguna es consciente de sus desvaríos. Las dos se tienen por sabias y competentes. Sus obras se mueven al ritmo de la popularidad. Están convencidas de tener todas las respuestas. Los argumentos razonables no cuentan. Las pruebas en contra tampoco. Los datos son irrelevantes. Las dos se deleitan en el desgobierno. Si tratan de inducirlas a la racionalidad, se irritan y reaccionan agresivamente. Iluminar el desgobierno desde la razón es casi imposible. Solo retrocede cuando la popularidad tiende a descender. Entonces, abandona la causa del retroceso sin mayor reparo y busca otro tema con potencial para revertir esa tendencia. Sin embargo, no todo está perdido. La estupidez y la incompetencia son buenas por el caos que crean. Entre más caótico el desgobierno, mejor. Tal vez es lo único que puede despertar a la sociedad de su profundo sueño de insensatez e inhumanidad. A pesar de ello, la indiferencia siempre es peligrosa, pero los reclamos, las protestas y los gritos de la hora actual pueden despabilar a las fuerzas sociales adormecidas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 12/02/2025 Aunque la propaganda busque convencer de lo contrario, El Salvador va en retroceso. El “país del milagro”, como se le promociona, está involucionando a etapas de su historia que se creía superadas. Algunos ejemplos dan fe de ello. La descentralización de la administración pública se impuso como tendencia a fines de los años ochenta del siglo pasado. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el objetivo primordial de descentralizar el poder es aproximar el gobierno a la gente y lograr una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además, permite mejorar la prestación de servicios públicos y elevar el nivel de vida de los ciudadanos. En definitiva, la descentralización, en cualquiera de sus modalidades, refuerza la democracia porque acerca el nivel de toma de decisiones a quienes se ven directamente afectados por las medidas gubernamentales. Lo poco que El Salvador avanzó en este camino se ha desandado en la última administración. Ahora se han concentrado el poder de decisión y el uso del dinero. Después de ofrecer en campaña aumentar el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes), este se redujo a su mínima expresión. Para llenar este vacío se creó la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM). Además, se aprobó una ley especial que quita a los municipios la mitad de lo recaudado en concepto de recolección de basura debido a que ese servicio se centralizará. La principal consecuencia de esta centralización del poder y del dinero es el abandono de las localidades. Pese a que se ha reducido el número de municipios, el desarrollo no llega a la gente. Por otro lado, uno de los frutos más valiosos de los Acuerdos de Paz fue sacar al país de la sombra de la dictadura militar que imperaba desde 1932. Antes de la guerra, los militares decidían todo y por todos; presidían las instituciones más importantes; tenían jerarquía sobre los cuerpos de seguridad; eran protagonistas de la vida pública. Los Acuerdos redefinieron el rol constitucional de la Fuerza Armada, limitándolo a la defensa de la soberanía nacional y de la integridad del territorio, y crearon la Policía Nacional Civil para que velara por la seguridad pública. El Ejército volvió a los cuarteles y la Policía ocupó su lugar en las calles. Aunque la remilitarización de la seguridad pública inició en los gobiernos de Arena, ha sido la administración Bukele la que les ha devuelto a los militares el papel protagónico que tenían antes de la guerra, hasta el grado de legalizar su actuación en materia de seguridad ciudadana. Asignar labores de seguridad pública a los soldados es un error, ya que los militares están preparados para la guerra, no para proteger a los ciudadanos. La dictadura militar del pasado se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos, por la represión a cualquier tipo de disidencia y por cometer asesinatos selectivos y colectivos. Antes de la guerra, el país no tenía elecciones libres; los comicios eran un trámite en el que se desoía la voluntad popular. Con la firma de la paz, El Salvador dio pasos importantes hacia la integridad electoral. Pero desde el 1 de mayo de 2021, cuando la bancada de Nuevas Ideas destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, e inició un proceso de demolición de los mecanismos de control del poder, el proceso electoral comenzó a contaminarse. Los comicios de 2024 confirmaron el retroceso del país en esta materia; las viejas trampas de la dictadura militar se vieron en el escrutinio final. Ahora, en la clasificación internacional de regímenes políticos, El Salvador figura como dictadura electoral. Estos retrocesos tienen y tendrán consecuencias graves para todos los salvadoreños, especialmente para los más vulnerables. Tarde o temprano será imposible compaginar el discurso que encandila y las fotos de luces rutilantes con la dura realidad cotidiana del país y la marcha hacia un futuro aún más desigual, conflictivo y excluyente.

n El Salvador tenemos demasiados problemas pendientes. Demasiadas amenazas que pueden generar mucho dolor para muchos. Es cierto que en algunos problemas hemos avanzado. Como por ejemplo en la desarticulación y condena de grupos de exterminio en los que había policías. Pero incluso en ese terreno quedan deudas, como la detención del grupo de exterminio que asesinó al P. Walter. Por eso es necesario prevenir o responder a las amenazas. Una relación de las amenazas vislumbradas en solo la semana pasada, nos hace ver lo vulnerables que podemos ser y la necesidad de prevenir con mayor seriedad los problemas que nos pueden golpear. Los frijoles de la cosecha salvadoreña alcanzan hasta junio y no nos quedará más remedio que importar el complemento. Es posible que encarezcan y que con ello aumente el hambre. Ya hay insuficiencia nutricional. Que disminuyan los alimentos tradicionales afectará más a los menos pudientes. Traer más presos y considerar eso un negocio es en cierto modo un despropósito. Pensar que vamos a tener unas cárceles que no le cuesten al estado y que simultáneamente sean bastante mejores es muy difícil de creer viendo como nuestro liderazgo político desprecia a los privados de libertad. Retirar como préstamo el 80 % de los fondos de pensiones abre unas impresionantes posibilidades de crisis con nuestros ancianos y un colapso del injusto, débil de cobertura y poco solidario sistema de pensiones que tenemos. La economía no está bien en el pensamiento y el sentimiento de la gente y el discurso del oro como solución tiene una dosis muy alta de falsedad. Por otro lado hay denuncias graves contra instituciones indispensables para conseguir al menos una base de solidaridad que nos permita desarrollarnos éticamente. Las denuncias por omisión de funciones contra las dos Procuradurías son una manera de denunciar el poco aprecio de nuestro Estado hacia el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la República tiene un número insuficiente de abogados. Los presos pobres, que son la gran mayoría, se encuentran en la práctica si el derecho de defensa. Y sabiendo que quedan muchos inocentes en las cárceles, a causa del régimen de excepción, las posibilidades de injusticia judicial se suman a las injusticias cometidas con detenciones arbitrarias. La Procuraduría de Derechos Humanos está en un situación parecida. Ofrece a diferentes instituciones cursos de Derecho Humanos, pero es incapaz de denunciar violaciones de los mismos. Con ello se convierte, de nuevo por omisión, en cómplice de las arbitrariedades y las actuaciones irregulares de diferentes instituciones estatales. Por otras parte, la Asamblea Legislativa ha refrendado reformas jurídicas que contradicen tratados suscritos por el Estado salvadoreño. Juntar menores con adultos en centro penitenciales, es muy problemático por posibles conexiones entre menores y adultos, junto con la extensión de los malos tratos que se están dando en las cárceles. Contradice además la legislación internacional aceptada por El Salvador a través de tratados debidamente firmados y ratificados. Por otra parte, el hecho aprobado recientemente de convertir en prueba las declaraciones de delincuentes contra cómplices durante los juicios abreviados, puede convertir esta modalidad judicial en una especie de caza de brujas. Se puede continuar así, de una forma más peligrosa, la tendencia antigua de rebajar penas a delincuentes consumados mientras se utilizaban sus declaraciones para condenar a otros a partir de intereses ocultos. Todo esto en la semana pasada. Por eso es necesario prevenir criticando. El pensamiento crítico es indispensable para establecer una convivencia ciudadana armónica y para lograr que las instituciones y las normas legales funcionen en favor del bien común en vez de a favor de intereses particulares. No se puede menos que insistir en un mayor diálogo y un menor autoritarismo. Es la mejor manera de vigilar y responder a las crisis.

Gobernanza es buen gobierno, capacidad de adecuar la gestión de lo público en consonancia con los valores explicitados en la Constitución si se trata de un país o de los derechos humanos si se trata de asuntos que inciden en el conjunto social. Dada la complejidad económica internacional, así como las distintas situaciones en las que son violados los derechos básicos de las personas, sea en guerras, en conflictos étnicos o en el campo del desarrollo, diversas figuras públicas, entre ellas el papa, han abogado por la necesidad de una gobernanza mundial. Francisco, siguiendo la doctrina social de la Iglesia, ha insistido en la necesidad de edificar estructuras mundiales de solidaridad que podrían ser parte de un futuro gobierno mundial. Así, por ejemplo, proponía que, “con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, constituyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna”. El apoyo de la Iglesia a Naciones Unidas va en esa línea de construir un mundo en el que la solidaridad y la justicia estén por encima de la soberanía de los Estados. En la actualidad, hay empresas transnacionales con más poder que algunos Estados y con capacidad de subyugarlos. Una gobernanza mundial resulta indispensable para proteger los intereses de los débiles. Lo mismo respecto a la amenaza del calentamiento global. Países como El Salvador, pequeños y en zonas especialmente vulnerables, necesitan una gobernanza mundial que los proteja de naciones poderosas que desprecian el Acuerdo de París y no les importan los resultados del calentamiento global. Sin un buen gobierno mundial, los países pobres y vulnerables están abocados a un futuro trágico. El papa viene insistiendo desde hace tiempo en que “un ordenamiento mundial jurídico, político y económico incremente y oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos”. La resistencia y la oposición a esta idea, que no es solo del pontífice, ha crecido en los últimos años. Donald Trump pretende gobernar al mundo sin tomar en cuenta los derechos de los pobres, las tradiciones, los tratados internacionales y las leyes. Esa especie de gobierno faraónico insulta a los migrantes impunemente, le cambia nombre al Golfo de México, se sale del Acuerdo de París, emprende negocios que fomentan el calentamiento global, castiga a los países que no le son sumisos, sanciona a los jueces del Tribunal Penal Internacional y amenaza a la Unesco por impulsar una educación inclusiva y en apoyo a la diversidad. Incluso se atreve a amenazar la soberanía de otros países insistiendo en comprar o invadir territorio si no se cumplen sus exigencias. Frente a este catastrófico poder duro y cínico, que daña especialmente a países débiles o pobres, los obispos norteamericanos afirman que “algunas disposiciones contenidas en las órdenes ejecutivas, como las que se centran en el trato a inmigrantes y refugiados, la ayuda extranjera, la expansión de la pena de muerte y el medio ambiente, son profundamente preocupantes y tendrán consecuencias negativas, muchas de las cuales perjudicarán a los más vulnerables entre nosotros". Es deber de los católicos exigir, en consonancia con el papa, “alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [que incluya] la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”.

2024 finalizó con el anuncio de un acuerdo a nivel técnico entre la administración Bukele y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI señala que el acuerdo busca “atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno”. En una economía dolarizada, la crisis de la balanza de pagos —incapacidad de ingresar más dólares de los que salen de la economía— se expresa como una crisis de deuda pública y/o privada. La necesidad del acuerdo con el Fondo es fruto del deteriorado modelo económico y de la poca planificación de política económica durante la primera gestión constitucional y la actual gestión inconstitucional de Bukele. Aunque ha empezado a contraerse, el déficit comercial (la diferencia entre lo que compramos y vendemos al exterior) se amplió durante el último período presidencial. Es posible argumentar que las condiciones particulares de la pandemia y de la inflación global contribuyeron al crecimiento del déficit; sin embargo, el Gobierno no muestra interés en tomar medidas encaminadas a modificar esta vulnerabilidad. El crecimiento del déficit comercial fue posibilitado por una mayor dependencia de remesas, reflejada en un incremento de su peso en relación con el producto interno bruto. Pero las remesas no han sido suficientes para solventar los problemas de la balanza de pagos, lo que ha provocado la necesidad del acuerdo con el FMI. Si bien este da un respiro a las finanzas públicas y facilita la colocación de deuda, lleva de la mano recortes de demanda agregada a través de la disminución del gasto público y el incremento en las reservas requeridas al sistema bancario, lo que colocará al país en una ruta de menor crecimiento y de vulnerabilidad de las familias. Teniendo en sus manos el control total del Estado y pasando por encima de la Constitución, las iniciativas económicas del Ejecutivo han sido la Ley Bitcoin, el fomento del turismo y recientemente la aprobación de la Ley General de Minería Metálica. La Ley Bitcoin no sirvió para los propósitos que fueron anunciados, ni siquiera para colocar los ahora olvidados Bonos Volcán. El fomento al turismo, aunque podría generar entrada de divisas, no resuelve la dependencia de importaciones y tiene seria implicaciones sociales: gentrificación y deterioro ambiental. La aprobación de la Ley de Minería merece especial mención. El rechazo generalizado de la minería acompañado de la reserva de toda la información relacionada muestran que el poder otorgado y apropiado por Bukele no está al servicio de los salvadoreños. La situación económica que enfrenta el país y las implicaciones que esta tendrá sin un alivio de corto plazo ha hecho que Bukele se incline ante el capital internacional. Pudiendo negociar en mejores condiciones el acuerdo con el FMI en tiempos de pandemia, cuando la economía global ofrecía mejores condiciones de crédito, el Gobierno entorpeció las negociaciones debido a su falta de transparencia y su sospechosa obsesión con la Ley Bitcoin. Ahora, Bukele ofrece al capital internacional recortes de gasto público y la ley de minería, buscando evitar una crisis económica que acelere su pérdida de popularidad y su salida del poder. La coyuntura nos muestra que la supuesta omnipotencia presidencial no es más que otro recurso propagandístico de Casa Presidencial. Una economía pequeña y sumamente dependiente del exterior como la de El Salvador no incrementa su autonomía con técnicas de mercadeo ni con altos puntajes de popularidad presidencial. * Armando Álvarez, académico del Departamento de Economía.

Nayib Bukele, paladín de la soberanía nacional, entregó más de lo que el imperio del norte exigía. No solo aceptó de buena gana el retorno de los deportados salvadoreños y de otras nacionalidades, sino también puso a su disposición la infraestructura carcelaria para acoger a cualesquiera de los criminales peligrosos que guardan prisión en Estados Unidos. Bukele ofreció lo único y lo mejor que tiene: las cárceles. Ambas partes se felicitaron mutuamente. Washington, porque nadie “ha hecho jamás una oferta de amistad” tan grande; y Bukele, porque es un acuerdo sin precedentes en América Latina. Desesperado por la falta de liquidez, resultado de una política económica errática, también claudicó ante el FMI, otro poder extranjero. Cedió en dos temas cruciales: el bitcoin y la corrupción. Un texto legislativo oscuro y confuso redujo el bitcoin a “moneda” de uso voluntario y la despojó de valor para pagar los impuestos. El invento tuvo vida corta, pese a que estaba destinado, según Bukele, a ser vehículo de “prosperidad económica y libertad financiera”. A finales de 2024, en “el país del bitcoin” había 55 mil pobres más que en 2023 y menos del 10 por ciento de sus habitantes había usado alguna vez la criptomoneda. Los muchos millones de dólares invertidos en la ocurrencia (en infraestructura, en una billetera digital y en 200 cajeros automáticos) solo enriquecieron a los extranjeros detrás del plan y al clan presidencial. La vocera de Bukele en Washington intentó despejar las dudas sobre el futuro diciendo que se trata de una simple “adaptación a la coyuntura”, mientras su jefe, como es usual en los temas espinosos, guarda silencio. Otra ley promete honradez y transparencia en la gestión pública, una condición exigida por el FMI. El nuevo instrumento para combatir la corrupción es, según Bukele, “un paso decisivo”. Una promesa que no se pueda dar por sentada. En la primera campaña electoral prometió combatir la corrupción. Hace unos meses, amenazó a los corruptos con la cárcel. Ahora anuncia disposiciones legislativas claras, rotundas y penas duras. La supresión de la Cicies dio vía libre a la corrupción autorizada. Las amenazas no se concretaron. En sentido estricto, la ley es innecesaria, porque ya existe abundante legislación contra la corrupción, instituciones para verificar la honradez de los funcionarios, para controlar el enriquecimiento ilícito y para interponer denuncias, y ordenamientos como la declaración obligatoria del patrimonio. Pese a ello, la corrupción goza de buena salud. La legislación es ignorada; la declaración de patrimonio, cuando existe, es engavetada; las investigaciones no concluyen; las denuncias no son escuchadas y las maniobras de los poderosos están resguardadas por riguroso secreto oficial. Sería sorprendente que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, en especial de Bukele y su familia, fueran del dominio público. Así como también las denuncias de corrupción y las averiguaciones de la Fiscalía y la Policía. La limpieza puede comenzar con los altos funcionarios que Washington declaró hace ya tiempo “actores corruptos” y con algunos de los señalados por la prensa independiente, como el primer ministro de agricultura, el ministro de salud o el carcelero mayor, entre muchos otros. Entonces, la nueva ley sí sería “un paso decisivo”. Otros pasos igualmente firmes consisten en eliminar la impunidad de los corruptos con carné, reforzar la investigación independiente, eliminar el secreto y generar confianza en la opinión pública para que denuncie a los corruptos. La lucha contra la corrupción no es, primariamente, una cuestión de leyes y penas duras, sino de honestidad y voluntad política. Dos condiciones que Bukele no puede satisfacer sin destruirse. No puede erradicar la corrupción, porque su dictadura es corrupta. La nueva ley no es el comienzo de ningún “esfuerzo firme”. Está por verse si el FMI se contenta con una simple declaración de buenas intenciones. En cualquier caso, Trump bien puede corresponder a la claudicación de Bukele forzando al Fondo a contentarse con buenas palabras. Dos lecciones importantes se pueden sacar de estos hechos. La primera, Bukele no es consistente. Antes se negó rotundamente a ser el patio trasero de un poder extranjero, ahora es vertedero de los desechos humanos de la presidencia imperial de Trump. Antes comió a gusto de la mano de los chinos, ahora come con igual placer de Washington. La segunda lección, Bukele no es invencible por muy alto que se encumbre. Su poder es limitado como lo evidencia su actitud genuflexa ante las exigencias del imperio. Se inclinó humildemente ante un poder más fuerte que el suyo. El movimiento contra la minería metálica tiene potencial para acumular poder y ponerlo en serios aprietos. El bien general del país no figura en la agenda de su relación con el Washington de Trump, sino el endiosamiento de su figura. No abogó por los salvadoreños indocumentados, sino por los líderes de las pandillas. Ofreció las cárcele

Que la movilidad vehicular se ha convertido en un gran problema en el país, está fuera de discusión. De acuerdo a cifras oficiales, en 2024, 1,303 salvadoreños murieron a causa de accidentes de tránsito, 47 más que en 2023. Cuatro personas fallecieron a diario en 2024, uno más que en el año previo. También creció el número de lesionados en 2024 (11,954) con respecto a 2023 (11,015). El aumento de víctimas está en relación directa con el aumento de accidentes. Se registraron 18,463 accidentes en 2023 y 20,301 en 2024, un 10% más. Según las autoridades, las principales causas de muerte en los percances viales en el país son la distracción al conducir, luego la velocidad excesiva y, en tercer lugar, invadir el carril contrario. En otros países, para enfrentar la problemática, se han implementado las fotomultas, con buenos resultados. Las fotomultas contribuyen a disminuir la velocidad en zonas de escuelas, hospitales y viviendas. Lógicamente, cuando los conductores reducen la velocidad, disminuyen las posibilidades de accidentes. En El Salvador, las fotomultas entraron en funcionamiento el 9 de enero pasado. Colombia, Guatemala y México tienen años de experiencia al respecto. En México, en 2018, cuando Claudia Sheinbaum se aprestaba a tomar las riendas del gobierno de la Ciudad de México, prometió “acabar con las fotomultas, por dos razones. La primera es porque son un problema para la economía familiar, y la segunda, porque en la Ciudad de México las fotomultas son un negocio. No están hechas para cuidar a los peatones, no están hechas para cuidar a la gente. De cada 100 pesos que se pagan de una fotomulta, 46 pesos se van a la bolsa de un privado. Claro que hay que controlar la movilidad en la ciudad […], debe haber un reglamento de tránsito, educación vial, pero no estos negocios que nomás le roban a la gente el dinero”. En la línea de lo dicho por la hoy presidenta, las fotomultas en sí mismas no son el problema, sino el mecanismo con el cual se implementan y el fin que se persigue con ellas. No hay duda de que es necesario implementar medidas que disminuyan los accidentes, pero para ello hace falta, antes que nada, claridad en los datos. Por ejemplo, en México es posible saber a quién benefician económicamente las fotomultas y en qué porcentaje; en El Salvador, eso es un misterio, a pesar de que el proyecto se venía preparando desde hacía un buen tiempo. El 28 de junio de 2021, el entonces titular del Viceministerio de Transporte, Saúl Castellar, anunció que antes del fin de ese año esperaban adjudicar el proyecto de las fotomultas y que para mediados de 2022 ya estarían operando. Más de tres años después, no es posible contestar ninguna de las preguntas de rigor: ¿quién maneja las fotomultas en el país? ¿A quién se las adjudicaron? Si fueron adjudicadas, ¿en qué condiciones se concesionó el sistema? ¿Cuánto percibe el Estado por cada fotomulta y cuánto se lleva el concesionario? Estando toda la información en reserva, lo único que cabe decir de las fotomultas es que parecen ser otro mecanismo gubernamental para mantener sometida en el miedo a la ciudadanía y un manera fácil para recaudar dinero para el Estado, pues no hay instancia ante la cual apelar en caso de recibir una injustamente. La receta es ya conocida: fuerza bruta y arbitrariedad.