Editoriales y Opiniones

La Constitución salvadoreña es enfática a la hora de decir que el Estado está al servicio de la persona humana. La persona es “el origen y el fin del Estado”. El Estado está por tanto a su servicio y debe brindarle libertad, cultura, salud, bienestar económico y justicia social. Son palabras prácticamente textuales del primer numeral de la Constitución. Sin embargo, se dan desde hace ya muchos años y diversos gobiernos, limitaciones y contradicciones no solo con el artículo primero de la Constitución, sino también con muchos otros numerales de la misma. Recorreremos algunos de esos desafueros desde situaciones actuales. Recientemente se quejaba un sindicato de aproximadamente 400 despidos de trabajadores municipales. El control estatal de la recogida de basura y el inicio de dichas funciones ha sido la causa del múltiple cese laboral. Aunque hay quejas al respecto, podemos suponer que se les ha dado prestaciones. Pero ni este gobierno ni los anteriores han sabido integrar la necesidad y obligación estatal, coherente con el derecho al trabajo, de dar lo que se suele llamar prestación del desempleo. Como por ejemplo, dar mensualmente, durante seis meses máximo, un 60% del salario que recibían los trabajadores despedidos, mientras no consiguen un nuevo trabajo. Los gobernantes, de cualquier partido que sean, son servidores públicos. Tienen que pensar siempre en cómo servir mejor al ciudadano que lo mantiene con sus impuestos Algo parecido podríamos decir de los vendedores ambulantes, o incluso pequeños empresarios desalojados de sus lugares habituales de negocio. Generalmente se les deja en el aire, sin que el Estado que los desaloja se responsabilice de mejorar su situación. Ofrecerles lugares dignos para sus ventas, formalizar su trabajo con una ley adaptada a este tipo de trabajador autónomo, darles los mismos derechos de cualquier trabajador no es un regalo. Al revés, es un derecho de los vendedores y una obligación estatal. Al menos eso es lo que se deduce de la obligación de brindar a los ciudadanos bienestar económico y justicia social. Las pensiones no contributivas se comenzaron a dar durante los gobiernos del FMLN a los mayores de 70 años que no habían cotizado. Era una cantidad pequeña y hubo meses que no se pagó. Se le dio solamente a una pequeña proporción de quienes estaban en esa situación. En la actualidad, el número de los que reciben esa prestación ha ido descendiendo. Todavía hoy la mayoría de quienes tienen mas de 70 años no reciben ninguna prestación monetaria, aunque haya trabajado toda la vida e incluso continúen haciéndolo más allá de los 70 años. Los campesinos, las mujeres dedicadas al cuido de muchos hijos o nietos, se ven privadas de un apoyo estatal que es cuestión de justicia. Porque todo el que trabaja produce valor y riqueza. Y el Estado debe reconocérselo. No considerar el cuido de niños y ancianos como trabajo es una aberración machista, dado que la mayoría de personas que hacen dicho trabajo son mujeres a quienes no se le reconoce la importancia social, cultural y económica del cuido, más allá de que no coticen a ningún seguro. La Constitución exige también cultura y educación. Llevamos 40 años estancados en la exigencia de terminar noveno grado. Desde hace tiempo, incluidos gobiernos anteriores, era necesario que el bachillerato fuera obligatorio si queremos avanzar en el desarrollo. Pero la tendencia de quienes han administrado el poder ha sido la de dar de palabra prioridad a la educación y al mismo tiempo, de hecho, no invertir en educación lo suficiente para que esta sea de calidad y universal. Ahora han metido el tema de la urbanidad como prioritario, incluso amenazando con perdida del año lectivo por no dar los buenos días adecuadamente. El tema, que prácticamente viola el interés superior del menor con el que nos comprometimos al firmar la Convención del menor, nos distrae de la necesidad urgente de invertir más en educación y dialogar más con los maestros sobre cómo avanzar en calidad. El gobernante, el funcionario, el empleado estatal son servidores públicos. No puede decirse que todo lo que hagan es malo. Pero tienen que reflexionar sobre cómo avanzar en todos los campos del desarrollo humano. Que algunos funcionarios se llenen la boca diciendo que no quieren saber nada de la agenda 2030 ni de sus objetivos de desarrollo sostenible es escandaloso. Que se despreocupen de hecho de algunas de las necesidades de la población es fatal. Y que se persiga a quienes defienden derechos básicos o fundamentales es llevar al país a un camino que terminará en decepción y fracaso.

En el país, se ha intensificado la imposición de un discurso centrado en la disciplina, la obediencia y el control como pilares del orden público, desplazando así el debate y las políticas estatales para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad social. El miedo, el encarcelamiento y la militarización son presentados como soluciones definitivas a los problemas estructurales. En síntesis, bajo el paradigma gubernamental, la represión es la medicina definitiva.

Los dos puentes recientemente inaugurados son un portento para el oficialismo. Construidos con la técnica atirantada, una modalidad novedosa en el país, no solo salvan el obstáculo del río Torola, sino también, de acuerdo con la retórica de la inauguración, están destinados a conducir a un futuro extraordinario. En efecto, los puentes de San Antonio y Carolina dejarían atrás “décadas de abandono” al introducir prodigiosamente en un mundo maravilloso. Las comunidades aisladas del otro lado del río verán cómo se levantan infraestructuras hasta ahora negadas y cómo proliferarán el empleo, las oportunidades, el turismo, la educación, la diversión y la dignidad. Estas novedades no serán inmediatas. Bukele no les puso fecha. Sus habitantes tendrán que armarse de paciencia y aguardar confiadamente el cumplimiento de sus promesas. De hecho, Bukele inauguró los puentes con más de dos años de retraso. Mientras tanto, sus habitantes disponen de un espacio “perfecto para pasar un rato con la familia”, dotado de miradores y plazas para contemplar el atardecer o, si lo prefieren, el amanecer. Incluso encontrarán facilidades para practicar el bungee jumping —en inglés suena más interesante—, un deporte extremo, que consiste en saltar al vacío desde el puente. Y durante la noche, podrán admirar la “iluminación arquitectónica” con luces LED de “este puente tan lindo”. Las comunidades no deben desesperar. Bukele les dejó claro que “puede que falten algunos años” para disfrutar de la prosperidad y el bienestar. Las décadas de retraso y desidia no se superan “de la noche a la mañana”. Más aún, nunca se superarán completamente, porque “siempre habrá muchas necesidades” a causa de la pobreza y del subdesarrollo. Estos son dos obstáculos demasiado grandes, incluso para él. Por eso solo se comprometió a “ir paso a paso mejorando”. Eso sí, “con muchas ganas”. Las comunidades deben conformarse con su suerte, no hacerse falsas ilusiones y confiar en su liderazgo. Los puentes nuevos agotan sus posibilidades en la inauguración. En la otra orilla no hay bonanza alguna, sino lo mismo de siempre. En más de seis años, la economía de Bukele no ha alcanzado la estabilidad y la versatilidad de los dos puentes atirantados. Importa más de lo que exporta, la vida es cada vez más cara, el mercado interno languidece, el sistema fiscal es regresivo, la deuda está descontrolada y el fondo de pensiones se agota. El auge de la construcción infla una burbuja. Solo las remesas proporcionan algún alivio. Sin una ubicación geoestratégica, sin petróleo, ni minerales, ni tierras raras, sin inversión pública sostenida y sin política económica viable, las posibilidades de crecimiento son pocas. El desarrollo económico no surge prodigiosamente. Las ganas no son suficientes. El régimen de excepción y su megacárcel y la creciente centralización de la gestión gubernamental no han dinamizado la economía. El sistema hospitalario controlado por Casa Presidencial no prestará servicios más eficaces y oportunos. El oficialismo asume gratuitamente que el control directo de Bukele es garantía de éxito. Es humanamente imposible que sepa qué retretes están sucios en las dependencias gubernamentales. La creencia en que lo sabe todo, que puede con todo y que todo lo hace bien lo ha convertido en una especie de fetiche. Los privilegios administrativos y las exoneraciones fiscales a los multimillonarios no han arrojado el resultado esperado. La inversión extranjera directa no solo es una de las más bajas de la región, sino que, el año pasado, disminuyó más del 10 por ciento. Mucho más determinante que suprimir impuestos, simplificar la burocracia o conceder la nacionalidad es la seguridad jurídica, es decir, conocer el rumbo del país, implementar políticas consistentes y viables para concretarlo, y contar con un sistema judicial independiente y serio. Los inversionistas también buscan un nivel educativo alto, lo cual va mucho más allá de la disciplina militar y la apariencia externa. En lugar de ocuparse de la raíz de los problemas, la dictadura se deslizar por las ramas. Últimamente le ha dado por emplear grandes sumas de dinero en iluminar infraestructuras como los dos puentes o un mercado renovado, en lugar de dirigir las luminarias hacia la realidad nacional. En los puentes, Bukele se jactó de que, a diferencia de la oposición, él camina bajo las luces LED. Sin embargo, no se atreve a dirigirlas hacia los interiores de Casa Presidencial. Mantiene en la oscuridad datos tan insustanciales como la cantidad de fotomultas. Tal vez porque después de tanta publicidad el equipo está fuera de uso. Esta manera de proceder confirma la desconfianza del inversionista. La inauguración de los puentes fue un espectáculo montado para ensalzar la figura de Bukele, no para celebrar la transformación de las comunidades aledañas. Lo exhibió como luz potente de infraestructuras, pero también como oscuridad densa de Casa Presidencial y de lo que la rodea. La iluminación arquitectónica suscita ad

Con el agua estamos en deuda. Fuente de salud y vida, pero también causa de destrucción y muerte en ocasiones, no hemos sabido aprovecharla ni pensarla de cara a nuestro futuro. No hemos querido suscribir el Acuerdo de Escazú ni tenemos una política del agua que garantice un futuro digno para todos. Hay mucha gente que carece de acceso adecuado al agua y personas en riesgo ante lluvias intensas y temporales. Colonias de clase media que se asientan sobre importantes acuíferos acaban convirtiéndose en los usuarios exclusivos del recurso. A la vez, el agua es comercializada por las empresas constructoras y restringida para quienes viven al otro lado de las plumas que vigilan la entrada a las colonias. La construcción masiva de viviendas en Valle El Ángel es un buen ejemplo de la depredación empresarial de un bien que debe ser de uso común, no privado. Defendiendo el acceso al agua potable y segura como un “derecho humano básico, fundamental y universal”, el papa Francisco denunciaba la tendencia a privatizarla. Pero en nuestro país, la tendencia permanece. E incluso el agua de todos se ve amenazada por una peligrosa y amplia contaminación si no se revoca la ley de minería y se instala alguna de esas empresas mineras depredadoras del medioambiente. En contraste con nuestra situación, esta semana, del 24 al 30 de agosto, se celebra la Semana Mundial del Agua. Para América Latina, el tema es importante. En nuestro subcontinente encontramos un tercio del agua superficial del mundo. Sin embargo, la relación con el agua no es la ideal. Entre 2000 y 2019, más de 150 millones de personas latinoamericanas fueron afectadas por desastres vinculados al agua o a su carencia, sean inundaciones, sequías o tormentas. También entre el norte de México y el sur de Chile y Argentina, 160 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundaciones. Una investigación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, financiada por la Fundación Rockefeller, analizó la situación de 188 países con respecto a las amenazas del cambio climático: 65 están en riesgo extremo; 30 de ellos están en América Latina. El Salvador forma parte de esa lista, entre los siete de mayor riesgo. El estudio cruza dos elementos que resaltan la vulnerabilidad: por un lado, la ubicación geográfica y la organización social; y por otro, las dificultades de obtener crédito para recuperarse del desastre. Por nuestra ubicación geográfica, por la falta de preparación preventiva del desastre y por la dificultad para adquirir préstamos dada nuestra elevada deuda, nos encontramos entre los siete países latinoamericanos más vulnerables ante desastres climáticos. De poco sirve consolarnos diciendo que estamos mejor que Haití, Venezuela, Guatemala u Honduras. Tomar en serio la prevención es necesario. Ver, desde hace más de 40 años, las montañas peladas en las inmediaciones de Apopa, sin que hasta el presente se haya hecho un esfuerzo serio por reforestarlas, es todo un síntoma del abandono y la inercia en la que nos movemos en la prevención medioambiental. El agua, como el aire, es un bien común y un derecho humano básico. La escasez de agua o su encarecimiento comercial es un atentado contra la vida humana. Por eso, el acceso al agua sana es un derecho inalienable que toda persona puede reclamar. En un país con lluvia más que suficiente para el consumo y el riego, el agua solamente se convierte en problema porque no se la ha cuidado ni se ha trabajado por un acceso amplio y saludable a ella. Y si se convierte en problema destructivo en algunos momentos del año, es también por lo mismo. Hemos sido lentos y remisos para planificar lugares de asentamiento humano, no hemos cuidado los cauces de nuestros ríos ni construido bordos adecuados. El papa Francisco decía en su encíclica sobre el medioambiente que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. Prevenir los efectos del deterioro del agua y el medioambiente es defender los derechos de muchos. Perseguir o encarcelar a quienes defienden el agua o el medioambiente es y será siempre una pésima decisión.

Editorial UCA Tanto el sentido común como la Constitución salvadoreña dicen que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, en el marco del funcionamiento del régimen de excepción, algunas familias no solo no gozan de protección estatal, sino que sufren diferentes formas de exclusión y violencia. En los desalojos, cada vez más frecuentes, hay familias que pierden de hecho el derecho a la vivienda sin recibir una indemnización adecuada. Por su parte, las familias de los detenidos tienen que pagar para que estos reciban un poco más de alimento del que habitualmente se proporciona en las cárceles. Además, no los pueden visitar, a pesar de que la legislación internacional defiende las visitas familiares como una actividad fundamental en los procesos de rehabilitación. En El Salvador, no importa que la rehabilitación sea uno de los objetivos constitucionales de la detención carcelaria; a los detenidos se les considera culpables desde un principio y a sus familiares se les trata como si fueran presuntos cómplices. En todas las religiones se considera que la familia es un factor fundamental de humanización y de crecimiento en valores. En todas las legislaciones americanas hay referencias a los valores familiares. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, el régimen de excepción corta de tajo la relación entre los detenidos y su familia. En este sentido, resulta totalmente secundario e irrelevante para las autoridades penitenciarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipule como un principio básico para todos los Estados americanos “la obligación de adoptar medidas orientadas a fortalecer la familia y proteger el vínculo familiar entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Los vínculos familiares no solo ayudan a la reinserción, sino que mejoran el comportamiento en las cárceles. Y para quienes pasan tres, cuatro o cinco años en la cárcel sin juicio y sin defensa, el contacto familiar es el mínimo consuelo que una conciencia humana debería ofrecerles. Los funcionarios actuales tienen una confianza ciega en el castigo —cuanto más duro, mejor— para solucionar los problemas de la violencia. Aunque algunos de ellos lo vean como un excelente complemento de un castigo arbitrario, el maltrato y estigmatización de las familias de los detenidos es una forma de violencia injusta, generadora de nuevas violencias. Esta forma de tratar a las familias implica, además, sembrar semillas de criminalidad a largo plazo. Porque si el Estado les niega todo tipo de solidaridad, e incluso persigue a las organizaciones que, en concordancia con la Constitución y el derecho internacional, defienden derechos básicos, empuja a los privados de libertad y a sus parientes al resentimiento social. La estigmatización de las familias de los privados de libertad y la aplicación de castigos de forma indiscriminada y extensiva impiden la construcción de una sociedad solidaria capaz de acrecentar la necesaria amistad social y eliminar los mensajes de odio que tanto daño hacen.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) inauguró las XIV Jornadas de Reflexión Económica, dedicadas a la memoria del padre Francisco Javier Ibizate sacerdote jesuita y economista recordado por su sencillez y compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Rodolfo Cardenal 21/08/2025 Algo bueno de la dictadura es su capacidad para sorprender. Hay que reconocer que su inventiva y su descaro no conocen límites. Después de la entrada en vigencia de la legislación contra la corrupción, agregó otra sobre valores y espiritualidad. La primera fue más una exigencia del FMI; la segunda pareciera querer reforzar la honestidad que este último demanda para financiar la deuda. En cualquier caso, la novedad no debe llevar a engaño, porque lo más probable es que el régimen no acate estas legislaciones. También es verdad que ninguna es necesaria, porque ya existen normas e instituciones para garantizar la honestidad gubernamental. Aparte, la persona íntegra no necesita imposiciones externas, porque es consecuente con sus principios. La legislación contra la corrupción obliga al funcionario y a su parentela cercana a declarar anualmente sus posesiones. La declaración es pública, excepto “los datos sensibles”, aquellos que en realidad interesan. De esa manera, la excepción anula la finalidad de la ley y, en consecuencia, todos los funcionarios, sin excepción, son formalmente honestos. La legislación es una simple formalidad. Justamente, en estos días, la prensa puso a prueba esa voluntad de honestidad. Un medio digital puso en tela de juicio el veloz enriquecimiento de uno de los líderes de la legislatura oficialista. Ya en 2021, el diputado en cuestión ocultó en su declaración de probidad la posesión de una vivienda en San Martín. Testificó no poseer ningún inmueble. Posteriormente, en nueve meses, apareció con seis propiedades, desde un apartamento en la Escalón hasta terrenos en el golfo de Fonseca, valorados en medio millón de dólares aproximadamente. Su liquidez y su salario —nada despreciable, por cierto— no explican tamaño enriquecimiento. Al parecer, el financiamiento proviene de un banco estatal que proporciona préstamos millonarios en condiciones especiales a los altos funcionarios y sus familiares. Un privilegio fuera del alcance de cualquiera. Simultánea e incoherentemente, la dictadura agregó a Casa Presidencial una dependencia para promover la moralidad en el sector público, un reconocimiento implícito de la inmoralidad reinante. En consecuencia, formará en principios y virtudes. No solo a los funcionarios, sino también al conjunto de la sociedad. La indecencia no se supera con leyes, sino con prácticas honestas y, por tanto, de cara a la opinión pública. El legislador de novedades no ha superado aún el vicio decimonónico de pensar que legislar es gobernar. La virtud no prevalecerá mientras la dictadura no persiga a los corruptos con la implacabilidad que usó contra los pandilleros. El sermón o la arenga entran por un oído y salen por el otro, porque el corrupto se sabe inmune. En la colonia, los altos funcionarios colocaban sobre su cabeza las órdenes reales, mientras recitaban: “Obedezco, pero no cumplo”. La puesta en práctica de la virtud debe empezar limpiando las dependencias presidenciales. Ensañarse con el estafador o el ladrón de poca monta es insignificante. No convence del compromiso del oficialismo con la honestidad. La legislación de la espiritualidad, que acompaña a la de la virtud, también tiene notas falsas, comenzando por la incapacidad del legislador para definirla. Habla vagamente del “desarrollo integral del ser humano en su dimensión espiritual y existencial”. Una declaración de intenciones sin consecuencias prácticas, dado que no tiene objeto definido. En todo caso, la espiritualidad bien entendida no es materia legislable. Tampoco tiene cabida cuando hay hambre y enfermedad, abandono y miseria. La prioridad es la vida plena, que solo es posible cuando las necesidades básicas están satisfechas. Entonces, se puede comenzar a hablar de la apertura humana a la dimensión sobrenatural. No obstante, la dimensión ecuménica de la ley es positiva y, sin duda, será bienvenida por las confesiones religiosas. Las incluye a todas, sin discriminación, en sus beneficios. Les promete becas y financiamiento. Una promesa inverosímil. A pesar de ello, una declaración inclusiva en una sociedad de exclusiones, descalificaciones y enfrentamientos es novedosa. Un régimen que no pierde ocasión para invocar el nombre de Dios debiera prestar más atención a su palabra. Cabe, pues, recordar aquí algunos principios evangélicos claros y prácticos para crecer en humanidad, en decencia y en profundidad interior. Una dictadura que camina en la oscuridad, porque sus obras no resisten la luz, es ajena al reinado de Dios. En cambio, los constructores de ese reino, los hijos de la luz, caminan de día para que sus buenas obras sean vistas por todos. Aquellos que presumen de rectitud ante los demás no debieran olvidar que Dios los conoce muy bien. Y que lo que la mayoría considera de mucho valor, aplaude y admira, para Dios no vale nada. Y, por último, el mismo Hijo de Dios advirtió que no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro; o bien será le

El autoritarismo avanza a pasos acelerados en el país y, como es lógico, en la medida en que ha escalado, ha crecido el miedo en la población. Para mucha gente, ese es el precio a pagar por tener seguridad, un bien que le fue negado por décadas. Saben que se violan derechos, pero prefieren eso a volver al pasado. Prefieren sentirse libres para trabajar y desplazarse. Ignorar o no reconocer esto impide comprender la base del respaldo social del que goza Nayib Bukele. La seguridad es la piedra angular sobre la que descansa la propaganda oficial y con la que se justifica todo tipo de medidas, hasta las más impopulares. Lo que queda por aclarar es si la gente es consciente de hacia dónde se dirige el país y de que el miedo es solo el comienzo. La propaganda oficial ha logrado permear en una buena parte de la población. Por ello hay gente que de buena fe cree que la economía de todos mejorará y que las duras condiciones de vida de los más pobres pronto encontrarán alivio. Y ello les lleva a perder de vista que la única situación económica que mejora es la de unos pocos, vinculados al pequeño círculo que hoy en día detenta todo el poder. Por otra parte, puesto que para muchos salvadoreños el Estado de derecho siempre fue un objeto lejano, al alcance solo de minorías, no hay razón para que les alarme la anulación de la institucionalidad pública y de la división de poderes. En la misma línea, acostumbrados a la corrupción gubernamental, un rasgo que ha sido intrínseco a la administración del Estado, no les sorprende el ocultamiento de toda la información pública, incluyendo los gastos. Pero hay otro grupo de salvadoreños que son conscientes de lo que apoyan o de lo que silencian. Saben para dónde va el país, pero por miedo o por conveniencia callan o respaldan públicamente lo que antes condenaban. Cuando esta página de la historia pase, ¿qué dirán los medios de comunicación que para congraciarse con el poder no reportan el crudo drama de los inocentes que guardan prisión sin derecho a ningún tipo de defensa? ¿Qué argumentarán los académicos que tuercen la realidad en perfecta coherencia con el guion del oficialismo? ¿Qué dirán los grandes empresarios —antaño férreos defensores de lo que llamaban “el sistema de libertades”— que avalan con su silencio la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos y el desmontaje de la democracia? ¿Qué será de los jueces que interpretan la Constitución para que diga lo que no dice y que obedecen órdenes y no la ley? ¿Dónde vivirán los que usan el Estado para volverse ricos mientras exigen virtud y rectitud a todos los demás? ¿Cómo se explicará a las niñas y niños que sus padres repitieron los errores del pasado para legarles un país sin futuro?

José M. Tojeira La semana pasada un partido habló de la posibilidad de no presentarse a las elecciones de 2017, Otro dijo que estaban evaluando si se presentarían o no. El adelanto de las elecciones, junto con la posibilidad de reelección indefinida, ha causado preocupación en la ciudadanía. Hay una mezcla de derrotismo y miedo en el ambiente sociopolítico que es a mi juicio tan dañino para la vida democrática como el autoritarismo centralizado hacia el que vamos avanzando. Tanto la sociedad política como la sociedad civil han quedado enormemente debilitadas. Y es probablemente esa debilidad la que conduce a algunos políticos a expresar sus dudas de presentarse o no a las próximas elecciones, pensando que la no participación puede servir para debilitar al gobierno actual. Más allá de las opiniones, que siempre son respetables, conviene reflexionar a fondo sobre el tema. Porque dejarse llevar por el miedo a las dificultades de participar en elecciones cuando el poder establecido tiene un peso excesivo en las instituciones es rendirse por anticipado. Y porque solamente tras una reflexión seria, más que tras una reacción poco pensada, se puede enfrentar la capacidad y habilidad propagandística del actual gobierno para mostrar cualquier decisión ajena en su propio provecho. Lo primero que deben planificar los partidos existentes, antes de decidir si presentarse o no a elecciones, es cómo fortalecerse. Partidos débiles o irrelevantes no tendrán impacto en la vida nacional se presenten o dejen de hacerlo. Y ciertamente, en este momento, poca gente duda de la profunda debilidad de los partidos existentes, más allá del partido en el gobierno. La historia de nuestros partidos no ha sido exitosa ni en lo que respecta al desarrollo social ni al económico. Y su debilidad en el actuar estuvo siempre acompañada de la ausencia de un planteamiento serio. El peso de los militares y la corrupción política, unidos a unos intereses económicos muy poco abiertos a la democracia y a la solidaridad económica y social limitaron o corrompieron los pocos intentos de construir un país más democrático y con mayor desarrollo y equidad. Fortalecerse implica reflexionar sobre qué tipo de país queremos y tener un proyecto político bien desarrollado, abierto al conocimiento del público. Los países salen adelante cuando el liderazgo político ofrece un proyecto de desarrollo de realización común que ilusiona a la gente porque lo comprende y lo ve positivo. En vez de eso los partidos han preferido una propaganda llena de promesas y frases sonoras pero que no tienen contenido o lo tienen muy débil y en contraste con la realidad. Decir que no se presentarán en elecciones a causa de las maldades que ellos ven en el gobierno actual no tendrá mayor efecto. Si en algo desean ayudar a la democracia en el país deben presentar proyectos alternativos al gobierno actual que interesen a las personas y asumir las dificultades que dicho esfuerzo incluye. Ya en la reducida oposición política que existe se ven rasgos de que se puede trabajar en esa dirección. Pero falta una voluntad clara de hacer política en serio. Aunque la sociedad civil siempre ha sido débil en el país, ha tenido pensadores de mucha categoría a lo largo de su breve historia. Y sigue teniendo generaciones de personas con pensamiento propio y con ganas de trabajar por un país mejor. Es un valor que con frecuencia los partidos no han sabido aprovechar, aunque en ocasiones utilizaran a la misma sociedad civil para su propio beneficio. Dialogar con la sociedad civil, comprometerse en su defensa, aprender desde el pensamiento crítico y desde una visión de futuro diferente, daría a los débiles partidos actuales mucha mayor fuerza. Lo que no funciona es decir que se apoya al medio ambiente en el programa del partido y permanecer indiferentes cuando se fustiga o persigue a los defensores del agua o a quienes se oponen a la minería. Posiciones claras y acciones coherentes le dan vida a los partidos. No presentarse a elecciones no sirve de mucho en las actuales circunstancias.

El ministro de Justicia envió recientemente una iniciativa a la Asamblea Legislativa que muestra, una vez más, la creciente contradicción entre la normativa del régimen de excepción y la Constitución de la República. Se propuso y aprobó que la Fiscalía tenga dos años más —con la posibilidad de sumarle uno extra— para presentar la acusación formal contra los detenidos en el marco del régimen de excepción. Con esta medida, quienes fueron detenidos hace tres años podrán pasar en la cárcel cinco —incluso seis— en total antes del inicio de un juicio. Cinco años aislados de sus familiares, de sus abogados y de la información sobre su proceso legal. En El Salvador ha dejado de ser cierto que el derecho penal sea el último recurso para resolver los problemas personales o sociales; en el país, el derecho penal es cada vez más frecuente, más oneroso y más cruel, y se aplica a conveniencia del poder. Hace años, algunos destacados profesionales del derecho invitaban a los estudiantes a convertirse en juristas, no en “codigueros” manipuladores de la ley al servicio del poder político o el dinero. Si la judicatura en el país pocas veces alcanzó una verdadera independencia del Ejecutivo, hoy el derecho se reduce a ser una especie de recetario decidido desde el poder político. Recetario para leguleyos sin conciencia, no para juristas. La dignidad de la persona y su libertad, pilares fundamentales de una práctica jurídica seria, están ahora ausentes; en su lugar se exalta imponer castigo, prolongar el sufrimiento de los detenidos (sean culpables o inocentes) y extender el dolor hacia sus familiares. La prolongación del tiempo de detención antes de llegar a juicio genera una serie de preguntas sobre el respeto a la Constitución al que están obligados los jueces. Sería oportuno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aclararan qué significa para ellos la obligación constitucional de “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”. ¿Puede haber presunción de inocencia cuando se mantiene privada de libertad y sin juicio a una persona a lo largo de cinco años? Puesto que la Constitución afirma que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”, ¿los jueces condenarán al Estado a indemnizar al menos a los inocentes que pasaron cuatro o cinco años presos a causa de una acusación débil y carente de pruebas? La Constitución insiste en que a nadie se le puede condenar si no es “en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías judiciales para su defensa”. ¿Explicarán los magistrados de la Corte Suprema qué relación tiene con las garantías judiciales la imposibilidad de que los abogados visiten a sus defendidos? El derecho, la norma y la reflexión sobre la misma son necesarios en la vida social. Si conjugan adecuadamente derechos con deberes, las normas son garantía de amistad social. No es prudente ni humano castigar sin limitaciones. La tortura y el trato cruel o degradante están severamente prohibidos por la legislación internacional. Frente quienes tuercen el derecho desde la lógica del poder y la fuerza, el pensamiento humanista centra la ley en la búsqueda del bien, vivido concretamente en la convivencia. La búsqueda del bien y de la armonía social nunca deben estar separadas del derecho.

El jueves 7 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador. Los argumentos esgrimidos para justificar la medida son incrementar la productividad, generar empleos de calidad y promover exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, estas razones contrastan con la falta de evidencia de éxito de la estrategia de exenciones fiscales vigente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su estudio “Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”, publicado en 2023, apunta más bien en dirección contraria al optimismo oficial. En sus conclusiones, este informe plantea que “las estrategias de promoción de inversiones basadas en el otorgamiento de privilegios fiscales no han producido el efecto económico revolvente deseado en los países de Centroamérica (…) por lo que prácticamente estos mecanismos se convirtieron en estrategias de traslado de recursos públicos a ciertos grupos empresariales privados”. El uso de la política fiscal para fines de enriquecimiento privado en Centroamérica también fue develado por el Icefi en el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. En el texto señala que las medidas fiscales para favorecer a los grandes capitales pueden ser constructivas, es decir, medidas que construyen marcos tributarios a la medida de los intereses del gran capital; y también medidas destructivas, cuyo objetivo es reformar o derogar la legislación tributaria que entorpece el enriquecimiento de grupos económicos. Ambas medidas responden, finalmente, a los objetivos de posibilitar, facilitar o ampliar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos. Desde esta óptica, el régimen especial aprobado hace unos días puede clasificarse como una medida constructiva a favor del gran capital. Otro aspecto que se evidencia en el régimen especial recién aprobado es la normalización de una estructura tributaria regresiva, que carga más a quienes tienen menos. En este caso en particular, no estará libre de impuestos la población asalariada que cubrirá los puestos que se generarán a partir de los incentivos. Así lo expresó el diputado oficialista Mauricio Ortiz: “El país también podría beneficiarse en otras áreas como la generación de empleo masivo y recaudación de impuestos por salarios.” Finalmente, aparte de las renuncias tributarias del Estado salvadoreño, no debe perderse de vista los costos sociales y económicos de esas inversiones, la erosión de los recursos naturales requeridos por esas actividades económicas; recursos que difícilmente serán reconstituidos o compensados: el agua, la tierra, la biodiversidad. Si se comparan los costos que la sociedad salvadoreña asume para atraer y mantener grandes inversiones bajo regímenes tributarios de privilegio con los beneficios que de ellos se espera, es aún más evidente que, en este asunto, la mayoría de la población sale perdiendo.

José M. Tojeira La semana pasada se cumplieron 80 años del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aunque en aquel momento no se consideró un delito de lesa humanidad, hoy sería evidente que se catalogaría como tal la masacre masiva e indiscriminada de población civil, aunque se juzgara importante para terminar pronto una guerra y salvar vidas de los soldados del bando vencedor. Sin embargo no parece que hayamos reflexionado adecuadamente sobre ese pasado estremecedor. Las actuales guerras en Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía y otras muchas han promovido una corriente armamentista de una dimensiones impresionantes. En 2024, tras una tendencia permanente a aumentar el gasto en armas desde hace diez años, la inversión en armamento ascendió a la cantidad de dos billones con 718 mil millones de dólares. Para hacernos una idea, esta cantidad equivale a 76 veces el producto interno bruto de El Salvador ese mismo año, que anduvo por los 35 mil millones de dólares. Mientras continúa habiendo hambre, pobreza, marginación y ausencia de oportunidades para muchos, las armas continúan creando muerte, dolor y hambre en muchas personas, y no solo en los países en guerra. Al mismo tiempo se está dando un rearme atómico en los 9 países que poseen ya bombas de esa naturaleza. En total se calcula que hay en torno a 12.000 bombas atómicas, 10.000 de ellas repartidas casi por igual entre Rusia y Estados Unidos. La prolongación de las guerras, el recrudecimiento de las mismas, la diversidad de alianzas y de intereses puede llevar a la tragedia. Varios de nuestros propios países centroamericanos, en cuenta El Salvador, han triplicado su inversión en armas y ejército en los últimos 15 años. La misma relevancia y peso de los ejércitos, cada vez más armados, crea un factor de peligro. Los nacionalismos, los proyectos de corte imperialista, el debilitamiento de los controles internacionales, el menosprecio creciente de los Derechos Humanos añaden peligro y riesgo a la actual situación del mundo en que vivimos. En El Salvador, aunque en los últimos años hemos aumentado en exceso el gasto militar en detrimento del gasto en seguridad, gracias a Dios llevamos más de 30 años sin guerra. La guerra civil la superamos desde el diálogo y la negociación y no cabe duda de que eso es un hito positivo en nuestra historia del que debemos sentirnos orgullosos, aunque el proceso haya tenido algunos defectos. Pero en la actualidad, aunque no hay guerra, nos encontramos con una tendencia a la descalificación no solo de todo el que manifiesta oposición al poder, sino incluso de quienes le hacen notar al poder los errores o dificultades que puede haber en la implementación de algunas leyes. Ese espíritu de descalificar toda crítica y toda oposición no es legítimo ni sano en una democracia. Si la guerra es la expresión más cruel, dura e injusta de toda violencia, toda forma de violencia, aunque sea verbal, pone semillas de maldad que pueden convertirse en una espiral de violencia que no sabemos a donde nos puede llevar. Recordar la necesidad de diálogo, de búsqueda conjunta del bien común, de escucha a la sociedad civil, es necesario para impedir el acercamiento a las semillas de autoritarismo y represión que conducen hacia la violencia. Las guerras son siempre malas, y cada vez peores en la época actual. La capacidad de destruir vidas y dañarlas ha aumentado exponencialmente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos muestran la brutalidad y la irracionalidad a las que podemos llegar los seres humanos. El mundo necesita lograr que los conflictos, sean internos o entre naciones, se resuelvan siempre desde el dialogo y desde el respeto a los Derechos Humanos. Lo contrario es entrar en una dinámica irracional e injusta que no nos depara ni libertad, ni justicia, ni respeto a la dignidad humana. Los hibakusha japoneses, testigos supervivientes de la bombas atómicas, se han convertido en verdaderos trabajadores a favor de la paz y testigos de la irracionalidad de las guerras. Escucharlos a ellos es escuchar a quienes el Evangelio llama felices hijos de Dios porque trabajan en favor de la paz.

Los partidos tradicionales de El Salvador solían hacer cambios legales fuertes sin consulta previa y justo antes de que iniciara algún período de vacación. Por ejemplo, cambiaron el colón, la moneda nacional, por el dólar un 30 de noviembre, poco antes de las vacaciones de Navidad. Nuevas Ideas ha superado esta táctica con creces. El Ejecutivo decidió un cambio mayor antes de las vacaciones de agosto sin realizar ni la más mínima consulta a la sociedad civil. Las protestas en contra de este modo de proceder han sido constantes. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el camino antidemocrático que se está recorriendo y han recordado la transgresión de los compromisos y los tratados internacionales, que son ley en el país. La Carta Democrática Interamericana, firmada y asumida por el Estado salvadoreño, insiste en que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad”. Tanto la participación de la ciudadanía como el respeto y promoción de los derechos humanos son la base de ese tratado internacional al que el país se ha comprometido. En la actualidad, la tradición, ya de larga data, de tener buenas leyes y normativas que no se cumplen adecuadamente se está cambiando por la arbitrariedad de proceder en contra de la legalidad fundamental del país. En efecto, la Constitución dice claramente que en caso de que una ley secundaria entre en conflicto con un tratado internacional, prevalecerá el tratado. No establecer consultas previas a los cambios constitucionales y mantener por años el régimen de excepción viola tratados internacionales. Tanto la débil oposición política como algunos sectores de la sociedad civil han reclamado con energía los últimos cambios constitucionales, orientados claramente hacia el fortalecimiento de la deriva autoritaria que experimenta El Salvador. En las Iglesias es notable la inquietud y el descontento por la toma de decisiones inconsultas que alteran las leyes y restringen la participación democrática. Es de común acuerdo que la sociedad civil está por encima de la sociedad política y que esta última se deriva de la capacidad de aquella de entender y proteger la vida social como proyecto positivo común. La Iglesia católica afirma taxativamente que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil” y que, por tanto, esta tiene preeminencia. Aunque la mayoría de los diputados se suelen calificar a sí mismos como demócratas y miembros de una fe cristiana, no muestran conocimiento adecuado ni criterios claros sobre ninguna de las dos áreas. No hay ignorancia más peligrosa en la política que aquella que desconoce los principios racionales de la convivencia social. Y dado que esa ignorancia cunde en las diferentes esferas de la administración del Estado, la consulta a la sociedad civil debería ser paso obligado a la hora de dictar leyes y gobernar el país. Legislar y gobernar arbitraria y caprichosamente, de espaldas a la ciudadanía, es caldo de cultivo para crisis no solo políticas, sino también sociales.

La reciente reforma que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador sigue generando fuertes críticas dentro y fuera del país.

En el evento también participó Ricardo Navarro, del CESTA, quien indicó las afectaciones al ambiente con este tipo de proyectos. Navarro hace una propuesta: Que el nuevo CIFCO se construya en el espacio asignado para el nuevo estadio de fútbol.

En El Salvador nos estamos acostumbrando demasiado a los cambios constitucionales a la carta. Como en un restaurante se piden los alimentos ofrecidos en la carta y se los traen con relativa rapidez, así da la impresión que se producen los cambios en nuestra Constitución. Sabiendo que la Constitución recoge lo más importante de los derechos y deberes ciudadanos, así como el orden político y la regulación democrática, los cambios rápidos y acelerados no son aconsejables. La Constitución es el marco de convivencia aceptado por todo un país. Y por eso los países democráticos tienen tiempos largos y consultas extensas antes de cambiar un texto Constitucional, aunque sea parcialmente. Siempre repetimos que la soberanía está en el pueblo. Para la Iglesia, la comunidad política se deriva y nace de la sociedad civil y debe estar al servicio de ella y “de las personas y de los grupos que la componen”. En ese sentido, tomar decisiones sin consultar con la sociedad civil es, desde el punto de vista de la Iglesia, una negación del pluralismo social y de la democracia. Ya estábamos acostumbrados a las interpretaciones arbitrarias y faltas de racionalidad que se han ido haciendo de la Constitución, pues no solamente en este tiempo se ha caído en la arbitrariedad jurídica. Ahora, además de la negación a cualquier tipo de participación en el diálogo sobre un tema constitucional tan importante como lo es el de la alternancia en el poder, o la posibilidad de permanecer por largo plazo en la presidencia de la república, nos encontramos con la tendencia a la eliminación de todo mecanismo estatal de control del poder. La mezcla de ausencia de mecanismos estatales de control con la prolongación del período presidencial y con la reelección indefinida crean un ambiente profundamente proclive al autoritarismo. Ya estamos sufriendo distintas formas de abuso de Derechos Humanos en el campo de la libertad de expresión, así como formas de persecución de defensores de derechos. La Constitución tiene poco peso en lo que es más importante: los valores humanos y democráticos, así como los derechos básicos de la ciudadanía. Las palabras de nuestro arzobispo en este contexto hay que entenderlas no solo como una llamada a la consulta antes de cambiar textos constitucionales, sino como una invitación a un verdadero diálogo nacional y a una actitud más participativa dentro de la pluralidad de opiniones existentes en nuestro país. Y una llamada al diálogo, tan pacífica y racionalmente expuesta, no debería ser desoída.

En El Salvador de Bukele es más probable caer en la pobreza y es más difícil salir de ella que antes de 2019, según las estimaciones del Banco Mundial. Los ingresos de los más pobres se redujeron desde el comienzo de la era de Bukele. Aunque la pandemia aumentó la posibilidad de caer y de permanecer en la pobreza extrema, esto no ha cambiado después de ella. Por tanto, esa tendencia se ha estabilizado y no cambiará sin políticas consistentes y viables, hasta ahora desconocidas. El abismo entre la mayoría aprisionada en la pobreza extrema y la minoría que acapara la riqueza nacional tiende a ser cada vez más profundo. En este caso, Bukele no puede culpar a sus antecesores, como suele hacer, porque la pobreza prospera a partir de 2019. El Banco Mundial distingue tres periodos. Entre 2000 y 2009, pese a la crisis financiera de 2008, la pobreza experimentó una reducción moderada, impulsada por el retroceso de la pobreza extrema (cuando los ingresos del hogar son menores que el costo la canasta básica alimentaria). En la década siguiente (2009-2019), la tasa de la pobreza perdió 17 puntos. Solo la pobreza extrema retrocedió 9 puntos. Además, la recuperación del retroceso causado por la variación del costo de la vida y los desastres climatológicos es rápida. Todo ello pese a un crecimiento moderado del PIB per cápita. Pero en 2019 esa tendencia se revirtió: la pobreza extrema aumentó. En 2021, también creció la relativa. Más hogares no pudieron adquirir la canasta ampliada. En principio, el retroceso se debió a la pandemia. Pero a finales de 2024, la pobreza total y la extrema eran superiores a las registradas antes de la epidemia, pese al crecimiento económico. En 2023, casi el 10 por ciento de la población total (600,000 personas) vivía en hogares extremadamente pobres. En estos años, las familias pobres perdieron salarios, protección social y remesas. La mayor pérdida se registró en los salarios. Entre 2019 y 2023, solo hubo un ligero ajuste. En 2023, los salarios experimentaron un aumento promedio anual del 1 por ciento. En cambio, en la década 2009-2019, se multiplicaron por cinco. La reducción de la protección social agudizó la pobreza. Aunque en esa década el porcentaje de hogares pobres beneficiarios de los programas de protección social disminuyó (al pasar del 8 al 3.7%), el monto de las transferencias subió de 15 a 30 dólares. Pero en 2023, estas se redujeron a 19 dólares, así como también la cobertura de los programas de protección social, que disminuyó al 1.6 por ciento. Las remesas muestran un comportamiento similar. En la década 2009-2019 crecieron a un ritmo anual del 4.5 por ciento en los hogares con menos ingresos y del 1.4 por ciento en el resto. Sin embargo, desde 2019, cayeron a una tasa promedio del 4.3 por ciento anual en los hogares más pobres y del 1.6 por ciento en los demás. Los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población. Lo más grave es que no hay indicios de que esa situación se vaya a revertir en un plazo razonable. Al contrario, todo apunta a que la pobreza será cada vez más extensa y profunda. Las condiciones impuestas por el FMI para facilitar la viabilidad financiera del régimen de Bukele demandan, entre otras cosas, elevar los impuestos. Sería una auténtica novedad que los más castigados no fueran los ingresos medios y bajos, sino los más altos. La pobreza es reversible. Ya ocurrió entre 2000 y 2019. A partir de entonces, Bukele ha patrocinado un crecimiento económico que olvidó a los más débiles y fortaleció a los más ricos y poderosos. Mientras estos pocos crecen de forma abrumadora, y escandalosa, el resto se hunde irremediablemente en la pobreza. Sin embargo, un crecimiento inclusivo, que distribuya equitativamente la riqueza nacional y las oportunidades puede erradicar la pobreza extrema y ampliar la clase media. La deriva actual de la pobreza no se contiene con remiendos, porque el mal es estructural. Socorrer a una familia necesitada aquí y a otra allá como hacen los funcionarios es inmoral, porque manipula la miseria para promover intereses políticos particulares. El desafío consiste en promover la igualdad, el desarrollo sostenible y la inclusión social, aumentando los salarios y las transferencias internas, lo cual está al alcance de Bukele, y de las remesas, lo cual depende de su socio Trump. Emprender una transformación de esa naturaleza requiere de capital político, algo que Bukele posee en abundancia, y de una voluntad de ejecución que no tiene. Ninguna superinteligencia artificial, ni siquiera una divina, libera de la pobreza sin la colaboración humana. Los pocos espacios seleccionados por la dictadura para exhibir su gloria esconden una realidad sombría. No es oro todo lo que reluce. Esos brillos esconden una multitud de vidas deprimidas y deprimentes. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuanto más poder quiere tener, más obligado se ve el político a mentir. No hay dictadores que hablen con la verdad a sus pueblos. Hitler y Stalin son dos modelos opuestos de dictador, pero ambos coincidían en la necesidad de mentir. La superioridad de la raza aria, una mentira obvia, era útil a la política criminal de Hitler. La dictadura del proletariado ejercida individualmente por Stalin era otra fórmula falsa que permitía el abuso, el asesinato y el control casi absoluto de la población. Son ejemplos del pasado que muestran a dónde puede llegar la brutalidad de quien miente. Más reciente en el tiempo es el caso de Pol Pot, obsesionado con una purificación ideológica total de su país, que se tradujo en un genocidio que exterminó en cuatro años a casi el 20% de los camboyanos. La mentira convertida en verdad oficial justificó todo tipo de brutalidad. Este tipo de hechos terribles dio origen a esfuerzos y mecanismos de control que pasaron a formar parte de la democracia. Los derechos humanos se proclamaron como reacción a los crímenes del poder. Sin embargo, recientemente han proliferado gobiernos autoritarios que acentúan el poder del Ejecutivo en detrimento del judicial y el legislativo. En Estados Unidos, el caso del presidente Trump es muy claro, aunque se encuentra con la resistencia de un sistema democrático con división de poderes de larga tradición. En los países centroamericanos, con democracias más débiles y con la presencia de formas culturales autoritarias en la mayoría de la gente, la mentira ha alcanzado en la política unos niveles cada vez mayores. Nicaragua lleva la delantera, justificando con embustes encarcelamientos injustos, confiscaciones arbitrarias de propiedades y privación caprichosa y rencorosa de la nacionalidad a los opositores. También en El Salvador la mentira ha cobrado una fuerza desmedida. Se recurre a ella para defenderse y para atacar, para confundir y para conseguir fines inconfesables. Kant decía que la “posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”. Hoy no faltan quienes asumen que todo lo dicho en el pasado es falso o manipulado si así lo dice el poder. Quienes a sí mismos se consideran intelectuales y desde la simpatía con los que mandan tratan de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío olvidan fácilmente que una tarea básica de quien tiene formación y pensamiento crítico es trabajar por que el monopolio de la fuerza no se convierta en monopolio de la verdad. En la política, la mentira busca siempre manipular a las personas, dividirlas, confundirlas. Y convierte la tendencia universal al saber y a descubrir la verdad en simple elección de falsedades a conveniencia. La verdad no es un objeto de consumo utilitario, cuya perversión o negación sirve para navegar cómodamente entre las contradicciones históricas del presente. Si la razón y la crítica se llevan a cabo desde la opción por el bien y la virtud, construyen sociedades sólidas y armoniosas. En cambio, las versiones de la realidad destinadas al consumo cómodo favorable al poder tienden a dividir, a enfrentar a unos con otros, a acrecentar la desigualdad y a romper la cohesión social. Cuando el Quijote repetía la frase bíblica de que con frecuencia el mal se disfraza de ángel de luz, no hacía otra cosa que recordar que hay mentiras que se disfrazan de verdad. Hoy día, las mentiras de la política provocan un daño social cada vez más grave. Pero por mucha credibilidad que coyunturalmente se les dé, nunca sustituirán el afán humano de verdad y la capacidad crítica de buscarla.

En el centro del canje de 252 venezolanos, retenidos, incomunicados, maltratados y abusados en el Cecot por diez ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos más un número desconocido de presos políticos de Maduro figura Bukele. El guion del intercambio le asignó un papel que, de hecho, no tuvo. Washington y Caracas negociaron el intercambio. San Salvador quedó fuera de las conversaciones hasta el momento de repatriar a los venezolanos. Sin embargo, Bukele fue recompensado por sus servicios. En abril le propuso a Maduro intercambiar a los venezolanos por los presos políticos, lo cual aquel rechazó por estimarlo cínico. Una oferta de esa naturaleza no se lanza en X. Bukele contaba con el rechazo. El propósito no era liberar a los presos políticos, sino ganar puntos frente a Maduro. El canje lo negociaron directamente Washington y Caracas. Se retrasó por discrepancias entre los funcionarios de Trump sobre el futuro de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. El canje, sin embargo, dejó al descubierto la confabulación de Trump y Bukele. Ninguno se responsabilizó por la suerte de los venezolanos. Trump alegó que estaban en poder de Bukele y este respondió que solo alquilaba celdas. En cualquier caso, no pondría en libertad a unos criminales peligrosísimos. La conspiración falló en el caso del salvadoreño Ábrego, devuelto a Estados Unidos por orden judicial, y en el de los venezolanos, repatriados por orden de Trump, incluso pasando por encima de la aparente oposición de Bukele que, a última hora, habría intentado impedir el despegue de los aviones. La relativa facilidad con la que Washington y Caracas alcanzaron un acuerdo muestra que los venezolanos repatriados no son los asesinos, ladrones, violadores y “criminales en general” que dice Bukele. Es inconcebible que Trump haya convenido en liberar a miembros de una organización criminal internacional como el Tren de Aragua. Fuentes independientes que investigaron el historial de los venezolanos encontraron que solo unos pocos tienen cuentas pendientes con la justicia. Washington no deja en libertad a criminales de altos vuelos. Retuvo a los líderes de la MS-13 hasta que Bukele los pidió y extradita a los jefes de los carteles mexicanos y, recientemente, del Ecuador. La retórica de Bukele queda mal parada. Los venezolanos fueron liberados porque así lo ordenó Trump. El Salvador de Bukele no fue más que una pieza de su engranaje. Pese a ello, sus servicios fueron recompensados de manera hermosa y grande, al estilo de Trump. Los diez rehenes de Maduro, entre los cuales hay un criminal reconocido, en lugar de ser trasladados directamente a Estados Unidos, fueron llevados ante Bukele. En su presencia, un alto funcionario del Departamento de Estado lo saludó como actor clave de la liberación de los rehenes. Estos, agradecidos, le entregaron la bandera de Estados Unidos. Y Bukele los declaró oficialmente “libres”. La solidez de las relaciones de Trump y Bukele es dudosa. Si aquel lo considera una pieza clave de su política exterior, por qué este no intercede a favor de la diáspora. Si la conexión es tan fuerte y fluida, por qué Bukele no ha pedido garantías para los salvadoreños y la exención del impuesto sobre las remesas. Si tanto le interesa la economía nacional, por qué no ha solicitado la dispensa del arancel que está a punto de gravar las exportaciones salvadoreñas. Tal vez en las relaciones con Washington, como en todo, lo único que cuenta es la figura de Bukele. Ni a Trump ni a Bukele le importan los venezolanos y los presos de Caracas. Estos no son más que piezas negociables para satisfacer sus intereses. Ninguno lucha contra fuerzas oscuras y satánicas. Las invocan para legitimar su poder autoritario. Mientras sean creídos, dicho poder está asegurado. Ninguno lucha contra el orden establecido corrupto ni dice las cosas como son. Ninguno tiene las manos limpias. Por eso dicen y se desdicen sin dificultad. Y si el panorama se les complica, introducen temas atractivos para distraer. La eficacia de este truco no está garantizada. A veces falla el día menos pensado. Bien haría Bukele en tomar nota de los aprietos de Trump, quien, al igual que su colega salvadoreño, ha propagado teorías conspirativas durante su carrera política. Ahora, de forma inesperada, se encuentra en peligro de ser devorado por una de esas teorías. Intenta defenderse abundado en ellas, pero más se hunde. El movimiento que lo apoyaba se revuelve en su contra y le pide cuentas de su relación con un abusador de niños convicto, muy vinculado con ricos y famosos. Sus seguidores realizan que Trump encarna lo que tanto desprecian y la razón por la cual lo siguieron. Los ha despojado de algunas de sus libertades, utiliza el Estado para enriquecerse y acabar con sus enemigos, y protege a los ricos. Cuando se pierde la inocencia, el encanto se hace añicos. Es un punto de no retorno.

Señalar los abusos de poder no debería causar autocensura, cárcel o exilio. Sin embargo, en El Salvador, la política de acoso y persecución hacia personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas ha impuesto esos tres escenarios como respuesta a su labor. No se trata de rumores, ni de exageraciones, ni de discursos victimistas; se trata de hechos con consecuencias profundas y dolorosas. En el país, la instrumentalización de la justicia ha llevado a la detención arbitraria y la inexistencia del debido proceso para decenas de personas que han denunciado abusos gubernamentales o disentido de la versión oficial; personas que han terminado en la cárcel sin garantías mínimas. En los últimos meses, esa instrumentalización se ha agudizado, dando paso al acoso sistemático contra quienes ejercen la libertad de expresión y defienden los derechos humanos. Cuando al poder no le gusta ser controlado, responde al escrutinio y la exigencia de justicia con amedrentamiento. Policías y militares se han prestado a la tarea de hostigar no solo a quienes denuncian las injusticias del régimen, sino también a sus familias, como mecanismo de intimidación y castigo. El objetivo es claro: infundir temor y silencio. Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo y de riesgo, que ha obligado a más de 30 personas defensoras de derechos humanos y a más de 40 periodistas a salir del país en condiciones de inseguridad, desarraigo e incertidumbre. El exilio no es una elección antojadiza. Difícilmente alguien abandona su hogar, su red de afectos y apoyos, su vida profesional y su país por voluntad propia. Las personas que han salido del país no lo han hecho para evadir responsabilidades, sino para proteger su integridad ante un Estado que utiliza sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar la disidencia. Esta situación ha provocado graves impactos: precariedad económica, desintegración familiar, afectaciones psicosociales profundas. En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros abre la puerta para la criminalización de personas y organizaciones de la sociedad civil. Su uso potencial como herramienta para cerrar el espacio cívico es alarmante, pues cuando la institucionalidad no funciona y no hay a quien acudir, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen el quehacer del Estado, como lo han hecho por décadas en el país. El cierre progresivo del espacio cívico es muestra clara del deterioro del sistema político salvadoreño. La persecución de voces críticas, la amenaza a las libertades y la imposición del miedo por parte del Estado dan cuenta de un grave retroceso como sociedad. Una sociedad donde disentir se castiga, donde la defensa de derechos se criminaliza y donde el periodismo se convierte en profesión de riesgo es una que se aleja de los valores propias de una convivencia social sana, justa, armoniosa. La historia enseña que no se puede construir un país sobre los cimientos del miedo y la represión. Pretenderlo es repetir errores que conducen a la polarización y a la violencia estructural. Ignacio Ellacuría señaló que “un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura, o un tiro en la nuca”. Lo mismo aplica para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La esperanza, la solidaridad y la construcción colectiva, con la certeza de que solo nos salvamos en racimo, es lo que permite seguir adelante. Solo el diálogo y la integración de las distintas voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en una situación cada vez más amenazante.

Por José María Tojeira, SJ Escuche aquí: El crecimiento económico y la redistribución de la riqueza deben estar relacionados positivamente para que nuestras sociedades avancen en bienestar y relaciones sociales armónicas. Sin embargo la relación entre ambos factores está en franca contradicción. Las élites económicas insisten en la importancia del crecimiento económico aduciendo que en la medida en que haya más inversión, más trabajo y mayor exploración de los recursos, la redistribución se dará automáticamente. Eso es mentira. En El Salvador vivimos una situación de desigualdad enraizada en la propia historia. Tanto en tiempos de la colonia como en la independencia las élites económicas se han apoyado en la desigualdad de recursos para continuar enriqueciéndose. El control de la tierra, los favores políticos, la corrupción han generado élites con una enorme capacidad de someter la política a sus intereses. Más allá de las calificaciones ideológicas, cuando han surgido fuerzas sociales, o incluso sectores relativamente pequeños que reclaman una mejor redistribución de la riqueza, las élites han trabajado intensamente por crear un discurso claramente adverso, cuando no un represión de los reclamos. Desarticular movimientos, sean sindicales, juveniles o incluso inspirados en el pensamiento social cristiano, ha sido una tarea permanente de las élites o de los gobiernos controlados por las mismas. El control gubernamental de las élites ha diseñado un tipo de Estado con baja capacidad de redistribución de la riqueza. Frente a esta situación resulta indispensable crear conciencia de que la desigualdad lleva siempre a formas graves de fracaso de los Estados. El Salvador es uno de los países con menor rechazo de la desigualdad en América Latina. El discurso de los poderosos prometiendo un futuro glorioso de crecimiento económico que beneficiará a todos, junto con algunas medidas populistas y la relativa disminución de la pobreza producida por las remesas, posibilitan esa especie de indiferencia frente al problema de la desigualdad. La propia debilidad institucional del Estado de cara a la redistribución de la riqueza, disminuye su capacidad de gestionar la democracia. Porque quien es incapaz de redistribuir con justicia una riqueza producida por todos se encuentra desangelado y solitario cuando hay que defender estructuras democráticas de libertad y participación. Si realmente se desea defender o construir un estado auténticamente democrático, quien lo desee realmente tiene que tener en mente el fortalecimiento del estado en el ámbito de la redistribución de la riqueza. En el liberalismo económico en que vivimos la riqueza se produce social y colectivamente. Pero la redistribución de la misma se realiza individual y privadamente. Al Estado le corresponde eliminar las injusticias graves del sistema y equilibrar los derechos al bienestar desde formas justas de redistribución de la riqueza. Evidentemente ese avance no se dará mientras no haya en el país estructuras sólidas e instituciones independientes. La debilidad, fracaso y vulnerabilidad de los partidos políticos, un sistema judicial débil, cooptado y dependiente, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son obstáculos queridos y diseñados por las élites para poder manejar un estado débil en su propio beneficio. El análisis social, la reflexión sobre nuestra situación, el diseño de un futuro más solidario y de un estado más social y democrático de derecho resulta en las actuales circunstancias más indispensable que nunca. De lo contrario la desigualdad continuará en aumento y generará crisis que terminarán dañando a todos. Tanto el Papa Juan Pablo II como Francisco, insistían en que “el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario”. Solo un estado social y democrático de derecho, fuerte y bien estructurado, puede lograr que ese “primer principio de todo el ordenamiento ético-social” se convierta en realidad y frene la tendencia creciente a la desigualdad en la que nos vemos inmersos.

El jueves pasado, Cristosal, la reconocida institución defensora de derechos humanos, anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador debido a sentirse amenazada, acosada y, por el caso de Ruth Eleonora López, grave e injustamente golpeada. Cristosal continuará trabajando desde fuera, pero evidentemente el peso y la incidencia en el país será menor. Para quienes desconfían o no creen en los derechos humanos, la salida de la organización es vista como un triunfo gubernamental, pero en realidad es un golpe para nuestra sociedad. Los derechos humanos constituyen una especie de moralidad externa al poder gubernamental y estatal. La defensa de la dignidad humana, por poner un ejemplo, es una obligación moral de cualquier persona y de cualquier nación, más allá de las determinaciones del derecho. Los defensores no solo protegen personas, sino también valores básicos. En este sentido, amenazarlos o utilizar el sistema de justicia para perseguirlos destruye los principios básicos de la moralidad del país. Ante la actual situación internacional de guerras, violencia y menosprecio de los derechos individuales, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo que es necesario “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. Por su parte, la Iglesia católica insiste en que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. Ya en 1963 el papa Juan XXIII afirmaba que todo ser humano “es persona dotada de inteligencia y libre albedrío, y que tiene derechos y deberes que dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”. Valorar como un triunfo el exilio de una organización o comunidad de defensa de derechos humanos es un grave error. En realidad, cualquier acción consentida o alentada en contra de los derechos humanos es una derrota para la sociedad donde tal acción se lleva a cabo. Este tipo de situaciones debería mover a la ciudadanía consciente a comprometerse en la defensa de los derechos básicos de las personas. El canje de los venezolanos detenidos en el Cecot por estadounidenses y presos políticos en Venezuela no fue una idea genial de los presidentes implicados en la injusticia de mantener privadas de libertad a personas inocentes. Si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que las arbitrariedades cometidas hacían daño a sus posiciones políticas, pues toda detención arbitraria e injusta desprestigia a quienes la perpetran o la toleran. Cuando se ataca a comunidades u organizaciones que defienden derechos, le corresponde a los ciudadanos alzar la voz para defenderlos. No solo porque violar derechos es injusto, sino porque es también inmoral.

Por Rodolfo Cardenal La seguridad ciudadana es apreciada y agradecida por la opinión pública. La novedad de esa experiencia, después de varias décadas de violencia pública, pierde de vista sus límites. La seguridad actual es posible por el encarcelamiento de los pandilleros, que aterrorizaron a los habitantes de las colonias, los barrios y los pasajes. Gracias al dominio que ejercieron sobre esos territorios y sus habitantes, influyeron decisivamente en las elecciones que dieron el poder municipal y presidencial a Bukele. Es comprensible, entonces, que su desaparición diera paso a una libertad desconocida. Ahora bien, más allá de eso, la seguridad es bastante relativa; en algunos casos, inexistente. La violencia de la pandilla fue reemplazada progresivamente por la de los agentes del régimen de excepción, que utilizan su poder impune para extorsionar, acosar y atropellar a la población. La amenaza de enviar a la cárcel indefinidamente vence cualquier resistencia. Utilizan el estigma del pandillero a sus anchas. Sus jefes también se valen de él para justificar el régimen de excepción. La opresión de las pandillas fue sustituida por la de las fuerzas de seguridad. Quienes se felicitan al verse libre de los pandilleros están ahora a merced de los agentes de seguridad. La desaparición y el asesinato persisten, aunque en menor medida que antes del régimen de excepción. Sin embargo, la dictadura rehúye investigar las desapariciones, las actuales y las de la época de las pandillas, porque encontrar e identificar cadáveres en fosas clandestinas enturbia su récord de seguridad. Por la misma razón, disimula los asesinatos con diversas artimañas. Así puede pregonar el eslogan de “cero homicidios”. El abuso de autoridad por parte de los funcionarios gubernamentales es cotidiano, un reflejo del autoritarismo predominante. La seguridad económica, esto es, el empleo formal con un salario y prestaciones para vivir dignamente, es privilegio de minorías. La mayoría se rebusca en la informalidad, mientras el costo de la vida sube y la economía nacional se desacelera. El deterioro económico se refleja en el acceso limitado y deficiente a la salud pública y la seguridad social. La niña atropellada en Ahuachapán tuvo la fortuna de que, por la razón que sea, Bukele se fijara en ella y recibiera cuidados médicos esmerados. Una atención que está negada a la mayoría. El acceso a una vivienda decente es imposible para la generalidad; suprimir los parqueos para abaratarla es un pretexto para potenciar la rentabilidad del inversionista inmobiliario. La desprotección frente a las catástrofes medioambientales es norma. En las calles y las carreteras prevalece la ley del más fuerte. En consecuencia, son extremadamente violentas e inseguras para peatones y conductores. La seguridad de Bukele se contenta con unos cuantos controles puntuales de velocidad, rótulos, luminarias más decorativas que eficaces y poco más. La anarquía de la circulación vial tiene elevados costos medioambientales, económicos y personales. Estas inseguridades tienen en común la ausencia del Estado, una ingeniosidad introducida por Arena en la década de 1990 para dinamizar la economía. Irónicamente, ese repliegue del Estado marca los límites de la seguridad de Bukele, quien se concentró en las pandillas y la oposición social y política, y se desentendió del resto de la realidad. Es más de lo mismo de siempre. En estos regímenes, la originalidad es casi imposible. Si los pandilleros están encerrados y la seguridad es tan segura, por qué un régimen que era excepcional se volvió normal. Por qué las residenciales, las colonias y los pasajes siguen atrincheradas detrás de portones vigilados por agentes de seguridad privada. Qué temen los altos funcionarios que se desplazan resguardados por contingentes con armas de guerra. Es incoherente adquirir vehículos, armamento y equipo dignos de un país en guerra, innecesarios en uno pacificado. La exhibición del militarismo, muy propia del régimen autoritario, contradice el discurso de la seguridad. A pesar de estas inseguridades, la seguridad experimentada a raíz de la erradicación de los pandilleros es tan poderosa que relativiza lo demás. La desaparición de las pandillas, hasta entonces impensable, excusa los límites evidentes de la seguridad de Bukele. Y este, satisfecho con ese reconocimiento, no parece tener arrestos para extender la seguridad más allá. Solo se ocupa de sus críticos, en quienes encuentra una amenaza aparentemente temible. La seguridad de Bukele es poco segura. En Roma, León XIV parecía pensar en el país cuando el pasado 26 de junio observó acertadamente que “con demasiada frecuencia, en nombre de la seguridad se ha librado y se libra una guerra contra los pobres, llenando las cárceles con aquellos que son solo el último eslabón de una cadena de muerte. Aquellos que tienen la cadena en sus manos, por otro lado, logran tener influencia e impunidad”. Y añadió que, para romper esa “cadena de muerte”, “nuestras ciu

Por primera vez en más de dos décadas, el número de autocracias supera al número de democracias en el mundo, según muestra el informe 2025 del Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia), de Suecia. La autocracia es la forma de gobierno en la que la voluntad de una persona es ley suprema, por encima de todo y de todos. Por eso mismo, por lo general, los autócratas se valoran como muy inteligentes y capaces, y desprecian, basados en su supuesta superioridad, a quienes los rodean. Alfred Adler fue el primer psicólogo que estudio este fenómeno. Adler afirma que el complejo de superioridad surge como mecanismo de compensación de sentimientos de inferioridad. En algunos casos, el complejo puede deberse también a trastornos de la personalidad, como sucede con los narcisistas, que se ven a sí mismos como portadores de lo mejor, ignorando otras perspectivas y las necesidades ajenas. Las personas con complejo de superioridad, al creer que siempre tienen la razón, mandan con autoridad inapelable, aunque, en contra parte, necesiten constantemente de la aprobación de los demás. Si bien este fenómeno psicológico no es exclusivo de mandatarios, casi siempre lo padecen los que hacen a un lado la ley para gobernar a su antojo. Los autócratas creen que su desempeño como líderes es impecable. Un autócrata no tiene compañeros o iguales, solo súbditos, que deben limitarse a obedecer. Hoy en día, no pocos líderes autoritarios aspiran a llegar al poder. Por eso, es útil saberlos identificar. Primero, este tipo de personas tienen necesidad de dominio, carecen de empatía y de consideración por los sentimientos de los otros, y son inseguros e intolerantes a la crítica. Reaccionan con virulencia a los señalamientos que cuestionan su actuación y se afanan por los elogios y la aprobación. Casi por norma, una de las primeras acciones de un autócrata es eliminar la oposición. Además, no admiten errores. Se trata de personas egocéntricas que creen que los logros de su administración solo son suyos y que tienden a tener el control de todo y de todos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quien cree en la democracia debe temer de los autócratas.

Hace ya algunos años un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, reflexionaba sobre el resultado en las sociedades europeas en las que de hecho se había sustituido la religión por el consumismo. Y llegaba a una conclusión muy semejante a la del escritor ruso Dostoyevsky que decía “Si Dios no existe todo está permitido”. Y en efecto, el afán de consumo se sobrepone de tal manera a una esperanza trascendente, que hace olvidar la opción de trabajar en el largo plazo por el significado de la propia vida. El capitalismo concreto en que vivimos ha impuesto el consumo como el sentido fundamental de la vida, dejando en un lugar secundario la ética, la generosidad y la solidaridad. Hoy resulta fácil para mucha gente contemplar en la televisión un reportaje sobre los crímenes sistemáticos cometidos contra la población civil en la franja de Gaza, y después de decir algunas frases contra el ejército israelí, seguir cenando tranquilamente. Y al día siguiente ir de compras o a la playa como si no hubiera pasado nada el día anterior. La compasión humana dura un instante, pero el consumo continúa siendo el objetivo vital más importante. En países con grandes desigualdades socioeconómicas, el dolor de muchos no afecta sensiblemente al placer de pocos. Por supuesto hay excepciones, pero no las suficientes para cambiar las perspectivas vitales dominantes ligadas al consumismo. Ante esta situación las iglesias reaccionan de diferentes formas. Las hay que se rinden ante el consumo anunciando un evangelio de la prosperidad. La riqueza aparece como una bendición divina a cambio de una conversión emocional y una participación en el culto. El entusiasmo de la salvación individual, acompañado de algunas obligaciones éticas de tipo personal dominan en otras denominaciones. No falta la religión de la salvación individual de los seres humanos buenos, acompañada de buenas intenciones hacia el prójimo y algunas obras de misericordia. Con frecuencia se establece un baremo de personas buenas y “malas” y se trabaja con las calificadas como buenas mientras se ignora a las supuestamente malas. La Iglesia Católica tiene una excelente “Doctrina Social” que ciertamente tiene el valor de alternativa frente a la sociedad consumista, pero que con frecuencia los propios cristianos la ven como una especie de teoría del buen ser y buen hacer, interesante pero lejana, que no compromete a cambios radicales. Quien así piensan están equivocados. Olvidan el Evangelio de Jesús, que criticaba a los que se creían buenos y se acercaba a los pecadores, despreciados y marginados por la propia sociedad, amando más a los más olvidados. No todo es así en las iglesias y en la religión, pero el consumismo ha tenido la suficiente fuerza para limitar el acceso a los dinamismos proféticos del Evangelio y sustituirlos en el mejor de los casos por una caridad indolora. Frente a esta situación ¿habrá que rendirse ante el dios vacío del consumismo? De ninguna manera. El consumismo produce vacío y falta de sentido, aísla y crea resentimientos en quienes se ven privados de consumir, mientras observan el derroche de otros. Si a alguien que tiene un carro en El Salvador de setenta u ochenta mil dólares le dijéramos aquello de San Agustín, “posees lo ajeno cuando posees lo superfluo”, probablemente no nos comprendería. Y si entendiera la frase en su sentido real, de que está cometiendo una especie de hurto, no dudaría en pensar que quien defiende esa postura tiene ideas comunistas, o algo por el estilo. La superficialidad de los comprometidos con el alto consumo suele ser demasiado grande, a pesar de títulos y honores que puedan tener o recibir. El mismo mundo en que vivimos no resiste físicamente el consumismo depredador al que estamos siendo llevados. Las graves desigualdades sociales producidas por este tipo de sociedad hiperconsumista, el deterioro ambiental y el vacío vital al que conducen, si bien pueden producir fenómenos políticos en los que la deshumanización domina, llevan también a muchas personas a reflexionar y a buscar estilos de vida distintos, con valores comunitarios más desarrollados, con dinamismos más solidarios y con esperanzas más trascendentes. Los cristianos estamos llamados a confiar en el futuro, a anunciar y aceptar en nuestras vida el Reino de Dios, y a colaborar en la construcción del mismo.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El relato de la dictadura enfatiza su superioridad sobre la democracia como la mejor forma de gobierno. Aduce como prueba irrefutable que la supresión de la independencia de los poderes del Estado y su concentración en el Ejecutivo hizo posible erradicar a las pandillas, al despejar el camino para el régimen de excepción; sin obstáculos ni controles institucionales, este opera desenfrenadamente. El libertinaje permitió incluir la persecución política, cuyas víctimas son asimiladas a los pandilleros. Esa voluntad última, inapelable y despótica hizo realidad la seguridad ciudadana, hasta ahora su logro más sustantivo. Asimismo, liberó los fondos públicos de los controles de la sana administración, los cuales quedaron así a su disposición. El descontrol propició el despilfarro y la corrupción, el aumento de la deuda pública y la crisis financiera. Visto así, el mayor logro de la dictadura es la supresión de la institucionalidad democrática. Convencida de haber acertado, ya ni siquiera se molesta en encubrir o disimular su verdadero talante. Sin embargo, el envalentonamiento, destacado por la prensa internacional, tiene mucho de apariencia. La seguridad a la que el relato se aferra como carta de presentación no es tan grandiosa y hermosa, como dice Trump. Si lo fuera, la satisfacción de la misión cumplida no prestaría atención a las críticas. Pero no es el caso. La dictadura que emergió como fenómeno insuperable, resulta ser extremadamente sensible a las opiniones contrarias. Se revuelve contra los organismos internacionales que tomaron nota de su éxito y no vacilan en colocar al país entre los mayores transgresores de derechos humanos. Un primer lugar vergonzoso por lo que implica de crueldad e inhumanidad. Embiste a la prensa que denuncia sus contradicciones e inconsistencia, en especial, el pacto corrupto con las pandillas. No castiga al lobo para defender a las ovejas como sostiene el relato, sino que lo usa para depredar el rebaño revestida de decencia. El flujo constante de revelaciones ha despojado de respetabilidad a la dictadura. El relato del pastor responsable no se sostiene. El desfile de más de treinta modelos como prisioneros del Cecot en la semana de la moda de París fue de denuncia y desprecio. La reacción sarcástica de la dictadura reconoce implícitamente el impacto nocivo de la protesta. Una contradicción más, porque la prisión es visita obligada para sus invitados VIP. Enseguida intervino el New York Times, que no solo corroboró el pacto con las pandillas, sino también informó que uno de los colaboradores más cercanos de Bukele y, por tanto, con conocimiento directo de las conversaciones con los pandilleros, el responsable del sistema carcelario, acudió a la embajada de Estados Unidos en dos ocasiones para solicitar asilo “a lo grande” a cambio de proporcionar detalles sobre la conspiración de su jefe. En ese momento, Bukele ya estaba en la mira de una investigación federal, pedida por Trump. Uno de los investigadores lo descalificó por “sucio” y “corrupto”. En realidad, Bukele no llegó al poder por razones teóricas o políticas, sino por una mezcla de casualidad, oportunismo y pragmatismo. El fracaso del pacto con las pandillas y la popularidad instantánea del encarcelamiento masivo e indiscriminado fueron el comienzo. El autoritarismo represivo sintonizó con una sociedad que, desde tiempos inmemoriales, añora la mano dura que impone disciplina, orden y respeto. Esta pretensión pasa por alto que la disciplina férrea y la represión despiadada se traducen en violencia doméstica y social. En este contexto sociocultural, Bukele emergió como el gobernante ideal. La debilidad del Estado, cultivada desde siempre por la oligarquía y los militares, una alianza para acumular capital y cultivar el militarismo, facilitó el ascenso de Bukele al poder. El FMLN desperdició la oportunidad de robustecer la institucionalidad democrática. La independencia de poderes, el control de la administración pública y la persecución del delito hubieran sido revolucionarios, en sentido estricto. Pero en lugar de enfrentar a los poderes de facto, sus líderes se acomodaron al orden establecido, se olvidaron de sus bases y medraron. Si hubieran sido fieles a sus principios, habrían reforzado el Estado de derecho y así habrían cerrado la puerta a la dictadura. El relato de la dictadura de Bukele es pobre y frágil. De lo contrario, se regodearía en su propia narrativa. Abundaría en éxitos deslumbrantes e inigualables. La satisfacción por la misión cumplida sería tan embriagante que despreciaría las críticas por irrelevantes. Pero no puede desentenderse de ellas, porque no reaccionar ante el desvelamiento de la impostura es condenarse de antemano. El relato pierde terreno ante el empuje de la realidad. La dictadura actual no es mejor que la democracia. Es una versión revisada de las dictaduras pasadas, que enriquecieron a la oligarquía, satisficieron la ambición de poder de los militares y humillaron a las mayorías. * Rodolfo C

Ante el progresivo desmantelamiento de las condiciones para la vida democrática en el país, el grueso de las críticas y las advertencias sobre los riesgos de este deterioro se ha concentrado en las medidas que impulsa el actual Gobierno y en el manodurismo de quien lo lidera. Esto conlleva el riesgo de perder de vista otros elementos que también inciden en la coyuntura que atraviesa el país. Percibir con claridad lo que ocurre exige ampliar el campo visual. Implica poner atención, por ejemplo, en aquellos factores que posibilitan que un mandatario y un Ejecutivo autoritarios no solamente sean tolerados, sino incluso bien valorados. Uno de ellos es la actitud política de la población. En la más reciente encuesta del Iudop, que abordó las percepciones ciudadanas sobre el sexto año de la gestión de Nayib Bukele, se le preguntó a la población si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: “Es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad”; “Si hubiera huelgas o protestas que causaran desórdenes en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra ellas”; “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”; y “Es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura”. Con propósitos de análisis comparativo, a partir de los resultados se hizo el ejercicio de conformar tres grupos dependiendo de lo que expresaron las personas ante estas frases. En el primer grupo se incluyó tanto a las personas que dijeron estar en desacuerdo con todas esas frases como a aquellas que expresaron estar de acuerdo con una, y se le designó como el segmento con bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias; al grupo que dijo estar de acuerdo con dos de las frases se le denominó de autoritarismo moderado; y a quienes dijeron de estar de acuerdo con tres o cuatro de las frases se les nombró como el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias. Con base en esta agrupación, el 42% de los encuestados refleja un alto nivel de actitudes autoritarias; el 26%, un nivel moderado; y el 32%, un bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias. Luego se exploraron las diferencias en las opiniones sobre algunos aspectos del desempeño presidencial y gubernamental dependiendo de en cuál de estos tres grupos estaban ubicadas las personas. Dentro del grupo con un alto nivel de actitudes autoritarias, el 72% dijo que la imagen que tenían del mandatario en su sexto año de gobierno había mejorado. En cambio, para casi la mitad del grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, la imagen había empeorado. Además, en el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 65% expresó mucha confianza en Bukele, mientras que en el grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, solo el 25% externó que confiaba mucho en él. Al respecto de si el Gobierno está haciendo las cosas bien o mal, dentro del grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 74% opinó que está haciendo las cosas bien. En contraste, dentro del grupo menos autoritario, solo el 37% tuvo esa opinión. Otro dato llamativo tiene que ver con el sentimiento de cercanía o distancia hacia el mandatario: casi la mitad de personas con un alto nivel de actitudes autoritarias expresó que se siente cercana o muy cercana a él, mientras que en el grupo menos autoritario, aproximadamente el 69% dijo sentirse distante o muy distante. Finalmente, al analizar la calificación otorgada a Bukele en su sexto año de gobierno, destaca que el grupo con un mayor nivel de actitudes autoritarias le otorgó una nota promedio de 9.04, superando la calificación que le dio el grupo menos autoritario: 6.77. La tendencia observada en estos datos es que entre más alto el nivel de actitudes autoritarias, más favorable es la opinión sobre el actual mandatario y su administración; y entre más bajo el nivel de actitudes autoritarias, más exigentes y críticas son las personas en sus opiniones sobre ambos. En este marco, es importante no perder de vista que un sector considerable de salvadoreños (según los datos de la encuesta, un tercio de la población) no parece identificarse con el autoritarismo. Preservar y fortalecer las actitudes políticas de este grupo y, en general, las posturas que favorezcan una convivencia democrática es decisivo en un momento en que la apuesta gubernamental va en la dirección contraria. Al pensar en los años venideros, es fundamental contar con una visión amplia sobre los desafíos que enfrenta El Salvador, sin reducir todo a la posibilidad de un cambio de Gobierno. La mirada debe abarcar otros espacios desde donde puede surgir el cambio, incluyendo las actitudes políticas de la ciudadanía, las cuales, sin importar lo arraigadas que estén, no son inalterables.

Por José María Tojeira, SJ El Gobierno de El Salvador tiene una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Se supone que el tejido social está roto y hay que reconstruirlo. En otras palabras se presupone que en el país la cohesión social es escasa y se debe trabajar desde el Estado para aumentarla. Más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo la mencionada Dirección, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, contempla también en sus estudios y análisis que la falta de cohesión social en nuestros países latinoamericanos es uno de los factores que dificultan el crecimiento económico y lo vuelve más lento. Y entre las causas de esa carencia pone la desigualdad económica y social. Porque en efecto la desigualdad, cuando es fuerte, crea en muchas personas resentimientos, sospechas de enriquecimientos ilícitos, desconfianzas y sentimientos de marginación y de incapacidad de superar las barreras sociales impuestas desde los privilegios de los sectores con poder económico o social. Con pobres moviéndose hacinados en los buses urbanos y ricos moviéndose en vehículos de 50.000 dólares para arriba, la amistad social, que es base fundamental de cohesión, difícilmente podrá darse. Como tampoco se puede dar el encuentro. Al igual que otros países latinoamericanos, nuestra desigualdad se refleja de un modo grave en los ingresos, en la educación, en el acceso a los servicios de salud, en la vivienda, en las pensiones, en la alimentación, en la capacidad de incidir en la política o de defenderse en los tribunales. Y siendo mayoría los que sufren la desigualdad es imposible la cohesión social necesaria para el desarrollo y la productividad. El discurso, generalmente bien aprendido por los políticos, puede hablar maravillas sobre la cohesión. Distintas actividades gubernamentales pueden mostrarse, edulcoradas con la adecuada propaganda, como pasos importantes hacia la cohesión social. Pero mientras la desigualdad separe y humille, las personas tenderán a salir adelante como puedan y el discurso no convencerá. Ante la desigualdad, la solidaridad tiende a desaparecer o a limitarse. Se comienzan entonces a repetir las frases consabidas de que primero hay que ver por uno y luego por los demás. El individualismo, ya de por sí fomentado culturalmente, toma en medio de las necesidades generadas por la desigualdad un cariz egoísta y poco colaborativo. La desigualdad provocó en El Salvador una guerra civil. Y a pesar de que a lo largo de este siglo XXI hubo algunas pequeñas reducciones de las diferencias económicas, fundamentalmente después de los Acuerdos de Paz, la desigualdad ha vuelto a crecer y ha continuado en niveles graves sin que se hayan encontrado caminos de una superación seria y continuada de la misma. Nos conformamos con triunfos individuales, como si eso solucionara los problemas. Sabemos que la desigualdad no provocará una nueva guerra porque la gente quedó harta de la crueldad. Y tampoco existe un campesinado masivo, como en aquellos años, que sufría una opresión feroz y que tenía una profunda cultura comunitaria. Hoy, con el capitalismo consumista voraz que domina nuestro país, lo que ha quedado es la falsa cultura del sálvese quien pueda. Frente a ello, solo la conciencia de nuestro estancamiento a causa de la desigualdad podrá sacarnos adelante. Conciencia y ponerse en serio a invertir en la gente. Para los millonarios como el señor Kriete es muy fácil decir que todo está bien en El Salvador. Pero para los ancianos sin pensión (el 75% de los que tienen más de 60 años) o para los comerciantes informales, la cuestión es más difícil. El subempleo continúa siendo una lacra y el sistema educativo no prepara para los desafíos del futuro inmediato. La prevención del desastre, aunque haya mejorado, y no solo en este gobierno, no está lista para proteger a los pobres de las desgracias cada vez más cercanas de un futuro de cambio climático que los poderosos no parecen temer. Invertir más y con seriedad en las mayorías pobres o vulnerables es el único camino.

Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada. La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá. La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional. No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.

La brecha entre la valoración personal de Bukele y la de su gestión muestra un desfase interesante. Mientras aquella acumula puntos (8.15), en particular, por la seguridad y el autoritarismo, su gobierno los pierde (7.85). Entre temores y contradicciones, la opinión pública distingue entre el liderazgo personal y la gestión gubernamental. La diferencia es quizás más relevante que el descenso en la valoración positiva de Bukele. Tal vez el dato más revelador de la última encuesta del Iudop sea que los colaboradores del mandatario no están a la altura de las expectativas sociales. La discrepancia plantea el dilema de seguir igual o cambiar de rumbo. Aproximar el desempeño gubernamental a la valoración del liderazgo personal implica cambiar radicalmente la gestión del poder. Bukele se rodeó de incondicionales, sin considerar su idoneidad para el cargo. Las áreas peor valoradas, según la encuesta, son la economía nacional y familiar, y el acceso a la vivienda y la salud. En general, toda la actividad gubernamental, excepto la seguridad, registra valoraciones más bien bajas. La reprobación de los diputados es notable. La opinión pública dice que no la escuchan ni se ocupan de sus necesidades, aunque reconoce que legislan exclusivamente para Bukele, al igual que los jueces, que también acatan sus órdenes. La Corte Suprema está desaparecida. La valoración de los alcaldes no va a la zaga. También es negativa, por no cumplir las promesas ni cuidar de la población. El reordenamiento de las jurisdicciones municipales entregó al oficialismo las alcaldías, sin que ello se tradujera en un mejor servicio. Los resultados se reflejan en la caída de la popularidad del partido oficial. Solo un tercio se identifica con él, el resto dice no ser afín a ningún partido político. La excesiva centralización de la gestión gubernamental, vendida como más eficiencia y mejor servicio, no se traduce en buen gobierno. La poca estima del desempeño de los poderes legislativo y judicial, y de la administración municipal aconseja replantear su futuro inmediato. Los primeros no tienen independencia para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los alcaldes, además, no disponen de los recursos para atender a la gente. Una sola persona, por muy inteligente, formada y avezada que sea, no puede dirigir satisfactoriamente una gestión gubernamental de por sí multifacética y compleja. Prueba de ello es que la centralización se ha convertido en parálisis e incompetencia. Aun en el caso de que Bukele tuviera la mejor de las intenciones y ordenara sabia y sensatamente, los datos muestran que los mandados carecen de capacidad y disponibilidad para cumplir sus órdenes cabalmente. Si estas fueran desatinadas, probablemente ninguno de sus colaboradores se atrevería a señalarlo y a proponer alternativas. Por otro lado, la concentración extrema del poder hace a Bukele directamente responsable de la gestión gubernamental. Juega a su favor que la gente achaque el mal gobierno a sus colaboradores, no a su liderazgo. Aún no ha hecho la conexión, incluso desea que se perpetúe en el poder. Eso le presta tiempo para evaluar y cambiar el rumbo. El cambio de dirección es difícil, pero posible. Superar la contradicción entre un liderazgo claramente positivo y una gestión gubernamental pobre implica deshacerse de los colaboradores ineptos, aun cuando sean leales, y reemplazarlos por otros bien formados, honrados y deseosos de servir a su pueblo. Aunque razonable, la operación es complicada. En primer lugar, muchos de los candidatos al desempleo manejan información de primera mano sobre las interioridades del régimen, con la cual pueden chantajear a la familia Bukele. Y si la extorsión no funciona, pueden exponer sus trapos sucios para vengarse. La segunda complicación es encontrar personas cualificadas y dispuestas renunciar a su tranquilidad y a jugarse su prestigio para colaborar con un gobernante autoritario y muy cuestionado por varios informes sobre corrupción y negociaciones con el crimen organizado. En este sentido, el cambio de dirección pasa por reconocer públicamente errores, incluso delitos, tan graves que pondrían en peligro su permanencia en el poder. Obviamente, esta no es una opción, al menos por ahora. Previsiblemente, el régimen continuará como hasta ahora, aun con el riesgo de ahondar todavía más el malestar registrado por la encuesta. Rehuir los reclamos de las mayorías populares y recurrir a la represión para contener a los descontentos erosionarán el liderazgo personal de Bukele a mediano plazo. El desgaste de su partido, que ya no es opción para la gran mayoría, no es buen presagio. El régimen se encuentra en una encrucijada que, dadas las circunstancias, no tiene solución viable. Si no cambia, se adentrará más aún en un callejón sin salida. Alterar el rumbo implica renunciar a su identidad autoritaria y represiva. La irracionalidad, la imprudencia y la ambición son una mezcla funesta. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Ro

Por decreto legislativo, cada 30 junio se celebra en El Salvador el Día del Abogado. En ese marco, es oportuno recordar que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por las Naciones Unidas, afirman que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. En su sentencia 6-2020, la legítima Sala de lo Constitucional recordó que en el derecho europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de filosofía del derecho y de derecho penal, “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad”. Ahora bien, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Que los abogados analicemos (y los estudiantes de ciencias jurídicas también) si las leyes son derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Es decir, se debe cuestionar, analizar, denunciar, no obedecer a ojos cerrados sin importar si las normas jurídicas afectan o no a las personas. ¿Habrá algo que celebrar en el Día del Abogado cuando las normas jurídicas ya no cumplen con el rol de proteger a las personas? ¿Cómo se puede celebrar girando la vista hacia otro lado ante las afectaciones a derechos humanos? ¿Por qué hemos dejado de hablar sobre el respeto a los derechos humanos siendo profesionales de derecho? Sin Estado de derecho no habrá ninguna libertad que ejercer. ¿Por qué hay jueces que se convierten en la “simple boca que pronuncia las palabras de la ley” (como lo manifestaba Montesquieu) cuando el artículo 185 de la Constitución les da la facultad de no aplicar las leyes cuando estas violen los preceptos constitucionales? ¿En qué momento las autoridades judiciales dejaron de garantizar el debido proceso? El 6 de junio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados externó su preocupación por la decisión judicial en la que se ordenó la detención provisional de la abogada anticorrupción Ruth López. La relatora recordó que el debido proceso no es opcional y que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. Esta misma relatora, en mayo de 2025, durante una visita a Guatemala, afirmó que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. Asimismo, dijo que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. Y añadió: “Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad, y no como una puerta trasera para la misma”. Nos parecen aplicables estas afirmaciones al contexto salvadoreño, porque dan cuenta de una epidemia que enferma a nuestra región centroamericana. Si algo nos han enseñado el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya, y otros defensores es que no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a la discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes se pretenden hacer valer (algo que ya decía la jurisprudencia constitucional). La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó que no es proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías. La Comisión reiteró la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas. En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos, y por ello la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Los abogados debemos asumir y ejercer el derecho a defender la democracia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso López Lone y otros vs. Honduras, este derecho constituye una específica concreción del derecho a partic

Revestido de honorabilidad, Bukele arremetió de nuevo contra sus críticos. Esta vez, contra quienes identificaron a sus fiscales, sus jueces y sus troles. Los amenazó con encarcelarlos bajo el régimen de excepción por delincuentes. Nadie duda de la verosimilitud de la amenaza. Poco después, ProPublica dejó maltrecha esa honorabilidad al divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo por agentes federales de Estados Unidos, que encontraron delitos reales, no imaginarios. Irónicamente, la investigación fue solicitada por el Trump del primer mandato. La vida siempre sorprende. Varias agencias gubernamentales de Estados Unidos integraron una comisión federal para investigar a la MS-13. Pronto, los agentes ampliaron el horizonte de las averiguaciones para incluir a Bukele, a sus parientes y a catorce de sus altos funcionarios. Encontraron pruebas sólidas para acusarlos de lavar dinero, de desviar fondos de la Usaid a las pandillas, de negociar con ellas, de impedir la acción fiscal y judicial, y de obstaculizar las averiguaciones de la propia comisión federal. Estos señalamientos no son caprichosos, como los de Bukele; están respaldados por documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses antiguos y actuales. La comisión también halló evidencia de la conspiración para encubrir el pacto con la MS-13. Los funcionarios de Bukele desaparecieron a los líderes. A cuatro, buscados por los agentes federales por homicidio, los sacaron de la cárcel. A otros los ayudaron a fugarse. La extradición de los que permanecían detenidos fue impedida por los magistrados y el fiscal de Bukele. Algunos de los pandilleros detenidos están acusados del asesinato de ciudadanos estadounidenses y de conspirar para asesinar a un agente del FBI. En la investigación federal, Bukele aparece como valedor de los líderes de las pandillas. Poner a buen recaudo al liderazgo familiarizado con el pacto que lo llevó al poder y le facilitó gobernar en los primeros años es esencial para su sobrevivencia. Solo consiente en la extradición de aquellos líderes ajenos a sus tejemanejes con la cúpula de las pandillas. Bukele sabe que la comisión federal reunió pruebas que pueden ser usadas para respaldar acusaciones penales y causarle daños políticos irreparables. Conjuró el peligro al conseguir que Trump le devolviera a los líderes procesados en los tribunales estadounidenses. En consecuencia, los fiscales retiran los cargos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. La embajadora en Washington saludó la decisión como un gran logro diplomático. Bukele puede descansar tranquilo. Los hallazgos de la comisión federal probablemente no lo sentarán en el banquillo de los acusados, pero ensombrecen aún más un liderazgo hasta hace poco aparentemente irresistible. Los senadores demócratas de Maryland, Virginia y California, contrarios a financiar con los impuestos estadounidenses las cárceles de Bukele, profundizaron el desprestigio. Solicitaron bloquear las propiedades en suelo estadounidense de doce funcionarios de Bukele, cancelarles o negarles la visa, e impedirles transacciones económicas. La lista la encabeza su vicepresidente, la engrosan varios ministros y concluye con el fiscal general y el presidente del banco central. Además, piden usar el poder estadounidense en las instituciones internacionales para suspender la asistencia financiera al país. La petición difícilmente prosperará, pero oscurece aún más los nubarrones que se ciernen sobre la imagen de Bukele en el exterior. Y, por segunda semana consecutiva, The Economist volvió a la carga. En esta ocasión, al comprarlo con el presidente de Ecuador, lo descalifica como “envalentonado” o “perdonavidas”. Aunque es frecuente relacionarlos por la juventud, la afición a las redes digitales y el enfrentamiento con el crimen organizado, el ecuatoriano rechaza como absurda la similitud, porque a él le interesa fortalecer la educación y la salud públicas, y crear empleo para la juventud vulnerable. La purga de los magistrados y los fiscales, y el acoso y la intimidación de los funcionarios salvadoreños que investigaron a Bukele, sus parientes y sus funcionarios, y que también colaboraron con los federales no han conseguido encubrir la podredumbre. La evidencia reunida por los agentes federales pone en entredicho su fama de azote de las pandillas. Las nuevas revelaciones corroboran el pacto con ellas y la corrupción del régimen. El acuerdo con Trump detuvo la millonaria investigación federal y sus posibles consecuencias judiciales, pero no las políticas. Bukele se consume en una dictadura sin propuesta. Incluso la seguridad a la que debe su fama está en función del ocultamiento del origen inconfesable de su poder. Y la honestidad, otro valor destacado antaño, ha quedado hecha añicos por las investigaciones periodísticas. Desgastado y atrapado, se apropió del principio que reza que la mejor defensa es el ataque. Persigue para no ser perseguido. Las increíbles novedades tantas vece

José M. Tojeira A inicios de este año el secretario general de la ONU decía que “los derechos humanos están siendo asfixiados uno a uno, por autócratas, el patriarcado, las guerras y el sistema financiero mundial moralmente en quiebra”. Y pedía a todos los seres humanos de buena voluntad, así como a los gobiernos democráticos, hacer “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. A lo largo de lo que va del año, solo unos pocos meses, hemos ido viendo como la situación se descompone cada día más. La política errática y arbitraria del presidente de Estados Unidos ha incidido en la prolongación o exacerbación de guerras, mal trato y odio a los migrantes, violaciones a Derechos Humanos y alegría de los gobiernos autócratas, que se sienten justificados por el modo caprichoso de ejercer el poder en el país del Norte. El problema de no respetar los Derechos Humanos es la profunda deshumanización que provoca tanto en los que los violan como, en ocasiones, en los que sufren en su carne el mal trato. El problema repercute también entre nosotros. El acuerdo para encarcelar en El Salvador a personas expulsadas de Estados Unidos ha sido una fuente de violaciones de derechos básicos. Impacta recientemente que venezolanos que llegaron recientemente al país no hayan podido visitar a sus familiares privados de libertad en el CECOT. Presos algunos de ellos que ni siquiera tienen un proceso abierto ni acusación seria en su contra. Con razón nuestros obispos pedían que cesara ya el régimen de excepción y que no nos convirtiéramos en una cárcel internacional. La reciente detención de defensores de Derechos Humanos como Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya ha provocado que tanto a nivel internacional como internamente crezca la preocupación por la situación salvadoreña. Porque perseguir defensores de derechos no solo conduce a la interrupción de lo que llamamos Estado de Derecho, sino que además arrastra a una descomposición moral de la sociedad. Ya hemos visto entre fanáticos de la política repetir ataques en las redes contra quienes defienden derechos, incluso animando al Estado a cometer nuevas violaciones. Hacer la guerra, sea estatal, personal, jurídica o mediática contra quienes defienden a los injustamente golpeados o detenidos es caer en una forma de violencia que destruye la necesaria solidaridad de los países para construir un desarrollo coherente con la dignidad humana. Los Derechos Humanos, en definitiva, además de estar garantizados por la Constitución y por un buen número de Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro propio país, constituyen una moralidad externa al poder. Y esto último es sumamente importante porque quienes tienen poder político o incluso económico quieren con frecuencia decirnos lo que es correcto o incorrecto en nuestro comportamiento. Y la moral o la ética no dependen de lo que diga el poder, sino de lo que dice la conciencia humana acostumbrada universalmente a distinguir lo bueno de lo malo y a irlo plasmando en sus reflexiones y decisiones universales, muchas de ellas amparadas por el pensamiento de las diversas religiones. Si el individualismo consumista actual impulsa a convertir los derechos en una simple dependencia del poder, el espíritu humano, consciente de la igual dignidad humana y de la fraternidad universal nos dice lo contrario: que los Derechos Humanos son fruto de la experiencia universal del bien y en ese sentido una norma que está por encima de toda ley dada desde el poder de un grupo o una persona. Defender derechos es en ese sentido defender el sentido verdadero de la humanidad y del bien común que todos debemos buscar. Y por eso, cuando se detiene sin causa clara a defensores de Derechos Humanos, es importante que todas las personas de buena voluntad pidan verdad y libertad para los injustamente detenidos.

En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y, lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro. La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del “sálvese quien pueda”, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro. Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el Gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo.

Dos escuelas remodeladas por día no es un buen tema para relanzar la marca Bukele en el mercado de las redes sociales. La promesa de recuperar aceleradamente la infraestructura escolar es de 2021. Desde entonces forma parte del repertorio del discurso oficial. La repetición es obligada, dado el reiterado incumplimiento. Pero la reiteración no la hace más creíble. El tema es espinoso. Más allá de confiar o no en la promesa, la meta ha resultado ser demasiado grande para las posibilidades de Bukele. La reducción de tres a dos escuelas por día no es suficiente. No es una cuestión ideológica ni política, sino de posibilidades reales. Los datos oficiales, como dice el mismo Bukele, son irrebatibles. Por tanto, tampoco es una cuestión opinable ni de interpretación. La web oficial registra 28 centros escolares intervenidos. En tres, las obras están concluidas. En la mayoría (25), están “en ejecución”. En seis de ellos, el avance es superior a la mitad. La intervención en catorce de esos centros fue anunciada en 2023 y 2024. En algunos de los veinticinco centros con obras “en ejecución”, los trabajos comenzaron hace un año. En seis se omite el avance y en trece no supera la mitad. En uno de San Miguel, la intervención comenzó hace un año y solo ha avanzado el 20 por ciento. Los trabajos caminan lentamente. La necesidad de ratificar su interés en la educación nacional hizo que Bukele alegara que no ha cerrado centros escolares, al menos 67, sino que los ha “unificado”; y que exagerara su compromiso con la Universidad de El Salvador (UES). Poco tardó esta es precisar sus afirmaciones. Desde 2021, no ha aumentado sustancialmente el presupuesto de la UES; el incremento al que el mandatario se refirió fue un refuerzo para la educación en línea durante la pandemia, en 2020-2021. No entregó doce edificios nuevos, sino siete y sin transferir la propiedad. De los veinticinco que prometió intervenir, solo dieciséis experimentaron algunas mejoras. La ligereza mostrada en el manejo de los datos puede deberse a que Bukele no está bien informado o que no les presta mucha atención. Sea lo que sea, corre el riesgo de ser desautorizado. El incumplimiento de la promesa de poner a punto los centros escolares no es un descuido aislado. La ejecución de la inversión pública adolece del mismo mal; el año pasado no llegó a la mitad de lo presupuestado. La de educación es aún menor. Otro dato relevante es el uso de los fondos públicos. El país creció bastante menos que el promedio centroamericano, a pesar de disponer de más dinero que sus vecinos. Solo creció el 2.6 por ciento, mientras que los demás superaron el 3 por ciento. Sin embargo, la recaudación fue superior al promedio centroamericano. Esto significa que dispuso de más dinero, proveniente de los impuestos y de la deuda, superior al promedio regional, pese a lo cual creció menos que el resto. Es decir, no usó inteligentemente esos recursos, que gastó en salarios y servicios, en lugar de impulsar el crecimiento económico. El aumento del gasto público disparó la inflación y el encarecimiento de la vida hizo al país menos atractivo para la inversión directa, que ya, de hecho, lo evita. La pobreza ha retrocedido no por la redistribución de la riqueza nacional, sino por las remesas, las cuales también contribuyen a que el dólar circule. Aun cuando debe mucho a los sacrificios de la diáspora, Bukele no la ha defendido de la criminalización y la persecución de Washington. Los pocos datos disponibles no respaldan las pretensiones de Bukele. Si los hubiera más favorables, seguramente serían del dominio público. Esa es una razón poderosa para ocultar la información. La rendición de cuentas objetiva y veraz es perjudicial para la credibilidad de Bukele. Aparentemente, al menos por ahora, es mejor esconder, negar y olvidar. De todas maneras, el estado de abandono de la infraestructura escolar es entendible. El mismo Bukele reconoció públicamente que no había podido cumplir su promesa porque “pensamos que las escuelas estaban en otra situación” y resultó “más difícil de lo que nosotros esperábamos”. Lo que no es comprensible es cómo prometió a ciegas y sin saber a qué se estaba comprometiendo. Después de seis años en el poder es ilógico culpar a un pasado cada vez más lejano. Asimismo, es difícil adivinar qué quiso decir el 1 de junio al anunciar que lo que está “a punto de construir solo es posible gracias a lo que hemos logrado en estos años”. Ciertamente, en educación y en las otras áreas sociales no se observa mucha construcción, lo cual deja al futuro flotando en una nebulosa. Eso sí, dijo bien cuando agregó que eso “solo será posible con la misma fe”. Solo que fe solo se puede tener en el Dios de Jesucristo. Lo demás es idolatría.

El 26 de mayo se publicaron en el Diario Oficial las nuevas tarifas del salario mínimo. Según Decreto Ejecutivo, las cifras son las siguientes: $408.8 para comercio, industria, agroindustria y servicios; $402.32 para maquila textil; $305.2 para recolección de caña y beneficios de café; y $272.53 para el sector agropecuario y de recolección de café. Las tarifas vigentes suponen un incremento uniforme del 12%.

Se les llegó a considerar los hombres más poderosos del planeta: uno como presidente de Estados Unidos y el otro como el hombre más rico del mundo. Si el presupuesto de El Salvador se mantuviera constante en 10,000 millones de dólares, la riqueza de Elon Musk calculada en 2024 podría cubrirlo durante casi 50 años. Ambos, Trump y Musk, aparecieron muy unidos durante la campaña presidencial estadounidense del año pasado, así como durante los primeros 130 día de la presidencia de Donald Trump. El millonario invirtió cientos de millones de dólares en la campaña presidencial y legislativa, y el nuevo presidente le dio un enorme poder en el manejo del Estado. Hoy son noticia por el pleito que se traen y su ácida discusión en las redes. Trump amenaza con suprimir los importantes contratos que el Gobierno de Estados Unidos tiene con las empresas de Musk, y este le amenaza con el conocimiento de los vínculos del hoy presidente con el millonario Epstein, acusado de abuso sexual de un gran número de mujeres, muchas de ellas menores de edad. Lo que parece un pleito propio de las revistas del corazón, que con tanto morbo narran el paso del amor al odio de parejas famosas, tiene unas connotaciones morales y políticas importantes. Nos muestran, en primer lugar, la vulnerabilidad del poder cuando este se basa en el dinero o en la capacidad de manipulación política. Decía Maquiavelo, hace ya quinientos años, que “no existe hombre lo suficientemente habilidoso como para adaptarse a todas las circunstancias”. Y ni Musk ni Trump fueron lo suficientemente dúctiles como para llegar a adaptarse mutuamente. El poder, compuesto mayoritariamente de un conjunto de intereses, es siempre vulnerable porque choca con aspectos contradictorios de sus alianzas o con intereses desplazados de la alianza fundamental. Por eso, los que buscan ser amigos en simultáneo de poderes diferentes, económicos y políticos pueden quedar fácilmente en el bando perdedor. Además, cuando la soberbia del poder se lanza a manipular la verdad o la justicia, como han hecho en repetidas ocasiones Musk y Trump, la pérdida de autoridad está a la puerta. Y con la pérdida de autoridad comienza también a erosionarse y disminuir el poder. John Rawls, reconocido filósofo norteamericano, decía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es del pensamiento […] Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones”. Los dos poderosos amigos hoy convertidos en contrincantes abusaron de la justicia y de la verdad en sus transacciones. Y al final, como todos los tramposos que no tienen las cuentas claras, terminaron en un pleito que solo los debilita. Ambos también estaban rodeados de una especie de culto a sus personas, se pensaban inmunes a cualquier tipo de oposición desde su poder manipulador o económico, y no aceptaban nada bueno en sus opositores tradicionales. Les gustaba y les gusta todavía superar el gobierno de leyes y sustituirlo por su voluntad personal. Hoy su desencuentro los lleva a un dilema sin solución, que solo les retrotraerá a convertirse, como decía Shakespeare de los autócratas, en “un miserable actor que fanfarronea y se agita durante su hora en la escena, y luego no se lo escucha más”. La lección de este cuento para todos los que gustan o apoyan un régimen de gobierno discrecional en lugar del gobierno de leyes es clara. Insultar, amenazar o meter presos a los opositores políticos solo trasparenta el autoritarismo. También desde el poder se puede caer en la autodebilitante posición de exacerbar las contradicciones al querer eliminarlas.

Recientemente se conoció la condena del exmininistro de Defensa Guillermo García. Sus años como ministro fueron los más brutales de la guerra civil; terribles masacres y otras barbaries se cometieron en su época al frente de la Fuerza Armada. Ello hace pensar que el Ejército tenía una estrategia definida de represión y eliminación física de todo lo que significara o pudiera significar oposición a la política autoritaria y represiva de aquel entonces. La jueza que condenó a García también le ordenó al Estado pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Faltó exigirle a la Fuerza Armada que revisara su historia, que renunciara a un pasado de represión y crimen, y que pidiera las disculpas correspondientes. La masacre en El Mozote y otras zonas del país son parte de un modo de proceder que debe ser rechazado públicamente por las autoridades actuales de la Fuerza Armada. La justicia tardía, aunque positiva tanto para los familiares de las víctimas como para El Salvador en su conjunto, tiene algunos problemas inherentes. En primer lugar, las personas enjuiciadas y condenadas son sombras de lo que fueron. De ser imbatibles en su momento, son ahora ancianos, enfermos, hombres debilitados por el paso del tiempo. Además, no existe en El Salvador ninguna cárcel que reúna las condiciones adecuadas para recluir a personas de la tercera edad. Dada la inhumanidad que impera en los centros penitenciarios nacionales, encerrar a ancianos en ellos no debería ser una opción. Ciertamente, algunos sectores podrían verse tentados a pedir que sufran por lo que hicieron, pero la justicia nunca debe convertirse en venganza. La impunidad de crímenes de lesa humanidad es un cáncer para la sociedad que la tolera. Sin embargo, la justicia tardía también contribuye al deterioro de la convivencia, especialmente cuando llega tan tarde como en el caso de García y de otros como él. La excesiva lentitud destruye la credibilidad de los sistemas judiciales y deja hechos importantes a merced de la política y de las redes de influencia del poder. No es justo ni decente esperar a que los violadores de derechos humanos tengan 80 o 90 años para juzgarlos. En ese sentido, la tarea es crear políticas que rompan la impunidad, eliminen la lentitud tradicional del sistema judicial y corrijan la tendencia cultural a confundir justicia con venganza. Incluso con las limitaciones de la justicia tardía, la sentencia en contra de García debería estimular al sistema judicial y fiscal a revisar sistemáticamente todos los casos pendientes y a agilizar su enjuiciamiento. La lentitud con la que se procesa a los detenidos del régimen de excepción no es un buen presagio para los casos del pasado. Es fundamental evitar que las obligaciones de justicia se demoren, se teatralicen o se conviertan en espectáculo.

Todos los obispos de El Salvador han firmado recientemente una Carta Pastoral en la que analizan la situación social y política salvadoreña, al tiempo que hacen una serie de peticiones en favor del bien común y la justicia. Aunque no son muchos los reclamos y parten todos de la preocupación evangélica por los más pobres, terminan describiendo una realidad triste e injusta, presente en nuestra patria. Algunos de los reclamos se refieren a situaciones crónicas en temas como la salud y la educación que permanecen, a pesar de algunos intentos de mejora, en una situación deplorable. Insisten los obispos con toda razón en que se hagan esfuerzos mucho mayores en esos campos tan estratégicos para un desarrollo inclusivo y justo. Otras peticiones se refieren a los efectos de un régimen de excepción excesivamente prolongado y que ha creado tensiones e injusticias en el país. Se exige en ese sentido el fin del régimen. Y salen a relucir algunos de sus abusos cuando se pide al Gobierno que no convirtamos el país en una especie de cárcel internacional, o cuando se solicita que el sistema judicial abandone su lentitud y realice con rapidez juicios imparciales, liberando a inocentes, hoy por hoy presos sin posibilidad de defensa. La posición episcopal contra la colaboración con las políticas anti inmigrantes de países desarrollados, que tanto daño pueden producir a las familias salvadoreñas y al propio país, toca de refilón silencios e incluso actitudes de autoridades salvadoreñas que dañan la dignidad de los migrantes. La migración es un derecho, nos dicen nuestros obispos y el desprecio o agresión a los mismos, lo haga quien lo haga, se opone directamente al pensamiento cristiano. Reclaman, como es lógico, la derogación de la nueva ley que autoriza la minería metálica en el país. Una gran proporción de nuestro pueblo cristiano lo exige y se escandaliza de que las palabras de nuestros obispos no tengan respuesta racional y dialogante. Impacta especialmente en la carta pastoral la exigencia de que no se persiga a los defensores de Derechos Humanos ni a los que defienden el medio ambiente. Los obispos han detectado con claridad el ambiente de irrespeto a los Derechos Humanos por parte del Estado, expresado tanto por autoridades como a través de las redes afines, y por eso piden que no haya persecución. Los ejemplos de Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Ruth Eleonora López son más que evidentes de lo que dicen. Los campesinos, el sector con mayor pobreza en el país, se alegrarán sin duda con esta carta pastoral solidaria con ellos. Es absurdo mantener un salario mínimo del campo inferior al que se señala para los sectores urbanos. Los obispos conocen la marginación de este sector y piden una política seria de apoyo a quienes nos alimentan con su trabajo. Como cristianos debemos apoyar a nuestros obispos. Fijar y concretar la problemática de El Salvador es necesario para establecer un diálogo fructífero sobre el desarrollo inclusivo y solidario que necesitamos desde hace muchos años. Desde su fuerza y su valía moral los obispos nos están animando a impulsar el diálogo en el país. Solo viendo objetivamente los problemas, se pueden encontrar soluciones adecuadas. La propaganda engañosa, la guerra legal contra opositores, los insultos a quienes tratan de buscar verdad y justicia, las reservas de información, son mecanismos contrarios al diálogo. Difícilmente encontrará el gobierno planteamientos tan objetivos y serenos como los que en esta carta plantea la Conferencia Episcopal. Escuchar y dialogar es el reto del liderazgo político, tanto si quieren tomar en serio la ética como si desean que la Constitución de la República no se disuelva en la corrupción de normas secundarias y mandatos arbitrarios. El bien común, la centralidad de la persona, la justicia social, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, temas todos constitucionales, están en juego. Y los obispos nos llaman a rescatarlos.

La malversación de fondos y bienes públicos debe ser perseguida sin cuartel por la autoridad competente. Si la persecución no es universal, pierde eficacia y se devalúa, porque es percibida como una acción motivada por un interés ilegítimo. La víctima más reciente de esa selectividad es una reconocida abogada de Cristosal. Arrestada en su residencia al filo de la medianoche, según el manual al uso del régimen de excepción, fue desaparecida temporalmente. Su crimen no es saquear las arcas públicas, sino denunciar sistemáticamente en el ámbito internacional —donde más duele a un régimen como el de Bukele, celoso de su imagen— las violaciones a los derechos humanos y la corrupción rampante. La misma acusación endilgó a los empresarios del transporte público. A estos ya los puso en libertad, a la abogada la retiene y la trata como pandillera. El rigor jurídico no es su fuerte. Las capturas de los empresarios, así como la del pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, y su abogado, tienen mucho de venganza de un poder herido en el amor propio. A diferencia de estas, la de la abogada hizo titulares en la prensa internacional y fue ampliamente condenada en el exterior. Mucho desconcierto debe reinar en Casa Presidencial para atentar de forma tan temeraria contra la marca Bukele. La torpeza muestra que la razón del régimen de excepción no es la seguridad ciudadana, sino el poder que otorga para someter a la oposición. En otro paso desafortunado, la intelligentsia de Casa Presidencial legisló contra lo que llama “agentes extranjeros”, cuyos ingresos gravó con un impuesto del 30 por ciento. El legislador entiende por “agentes extranjeros” no solo a las ONG, que percibe como antagonistas insoportables, sino también a las empresas transnacionales, los inversionistas extranjeros, las agencias de cooperación de otros países y cualquier otra fuente de financiamiento externo, sin importar la cantidad y la modalidad. Semejante imprecisión en un asunto tan delicado como la cooperación internacional y la inversión extranjera deja mal parado a un autoritarismo que presume de modernidad. Quizás sea deliberado. Más probable es que sea improvisación e incompetencia. La ley invoca la transparencia. Una redundancia, porque las ONG ya son vigiladas por varias instancias estatales. El sector privado es más independiente. Es grotesco que un legislador que se mueve en la oscuridad se erija en adalid de la transparencia. Luego agrega que legisla para resguardar “la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política”, lo cual quiere decir blindar a Bukele de la crítica, del reclamo y de la protesta. En realidad, solo peligra su marca, que navega en aguas turbulentas. Así se explica que el legislador le otorgue poder discrecional para decidir qué “agentes extranjeros” operarán en el país y cuáles serán exonerados del impuesto. Aunque las multinacionales y los inversionistas pueden solicitar ese beneficio anualmente, su futuro, de hecho, depende de Bukele. El legislador alega en su defensa que su objetivo son las ONG, pero el texto va bastante más allá. En consecuencia, el capital extranjero y su socio nacional están a merced de Bukele, el gran legislador. La intelligentsia presidencial desnortada ha introducido su marca en aguas tan revueltas que el naufragio es real. El frente digital da señales de agotamiento. Su eficacia es ahora menor. Los agentes de Bukele ya no convencen como antes ni consiguen desprestigiar a la víctima de sus ataques. Más bien desacreditan el producto que promocionan. El agasajo a los legisladores, con foto incluida, dio pie al sarcasmo. El baño de masas, reunidas por el oficialismo con motivo de la entrega de dos escuelas renovadas, no parece haber levantado la imagen de la marca. La cuarta repetición de renovar la infraestructura escolar es material de burlas ingeniosas. El enemigo más dañino de Bukele no son las ONG, sino él mismo. Posee la curiosa habilidad de cerrar cada vez más el círculo de aceptación, de alimentar el desprestigio y de fomentar el aislamiento. Sobrevivir en soledad, como pareciera pretender, él contra el mundo, excepto los Estados Unidos de Trump, es ilusorio. No vendría mal una dosis de realismo y otra de modestia. El encanto de los primeros años se extingue rápida e irremediablemente. En lugar de corregir el rumbo, se empecina en navegar en medio de la tormenta. El desgaste de seis años sin otro logro que mostrar que la seguridad ciudadana hace estragos. Incluso esa conquista se deteriora al usarla para suprimir a la oposición. El balance de seis años en el poder arroja decadencia creciente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Presidencia de la República está a las puertas de cumplir su primer año de mandato inconstitucional. Un año marcado por un modelo de gobernabilidad autoritaria basado en el ejercicio discrecional del poder. Un año en el que el proceso de debilitamiento institucional se ha agudizado y en el que se ha barrido por completo con las garantías a los derechos humanos. Uno de los aspectos que evidencian un Estado de derecho es que todos los funcionarios se someten a reglas claras y públicas, sin excepciones. Cuando estas reglas son reemplazadas por decisiones arbitrarias, la ciudadanía se vuelve vulnerable y el poder deja de tener límites. Esa es la realidad de El Salvador hoy en día. El inicio del segundo mandato de Bukele estuvo marcado por detenciones arbitrarias dirigidas a veteranos de la guerra y a un firmante de los Acuerdos de Paz. Desde entonces, las capturas sin pruebas de la comisión de un delito han continuado; sus víctimas terminan en un sistema penitenciario en el que se han documentado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal. En las últimas semanas, las detenciones se han extendido a exfuncionarios de anteriores Gobiernos, transportistas, abogados, líderes comunitarios y activistas sociales, sin el mínimo atisbo de un debido proceso. Con las más de 85 mil capturas en el marco del régimen de excepción y con la decisión de abrir el Cecot a las deportaciones de Trump, El Salvador se ha convertido en un país-cárcel. La retórica que ha acompañado todo este proceso ha sido en extremo polarizante; lejos de buscar caminos colectivos orientados a la construcción de una sociedad más justa, el discurso del Ejecutivo ha estado enfocado en dividir, estigmatizar y crear enemigos. Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han llevado la peor parte. Los efectos son evidentes; por ejemplo, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2024 fue el año más violento para la prensa salvadoreña. La aprobación de la normativa que permite la minería metálica y de la Ley de Agentes Extranjeros debe analizarse en el marco de la arbitrariedad y el aumento de la censura y la represión. Aun cuando tratan áreas diferentes, ambas fueron aprobadas de manera inconsulta y acelerada; ambas han suscitado un amplio rechazo de distintos sectores. Y también comparten el propósito de castigar a comunidades y sectores que ya sufren el abandono del Estado. Las repercusiones directas de dichas normativas en personas y víctimas son inminentes. A todo lo anterior se suma, por un lado, la política de opacidad existente, con el abuso reiterado de las reservas de información (incluso sobre elementos aparentemente inocuos, como el río San Sebastián); y por otro, la improvisación característica en la atención a los problemas de país. Salta a la vista que la preocupación del oficialismo es mantener los niveles de popularidad a cualquier costo, no las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la población. Por supuesto, este actuar arbitrario del Gobierno no es inofensivo; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, incluso irreversibles. Como antaño, antes de la firma de unos Acuerdos de Paz que el oficialismo tilda de inútiles, el miedo, la incertidumbre y el abuso imperan sin que haya alguna instancia a la cual acudir. Construir un país en justicia y libertad vuelve a ser una utopía.

Es una vergüenza que Estados Unidos ponga un impuesto a las remesas. En cierto modo es una ley xenofóbica y racista. Castiga a los extranjeros y mayoritariamente a los latinos. Uno puede ser norteamericano, trabajador, que paga puntualmente impuestos al Estado. Pero si su madre es anciana, vive en América Latina y recibe remesas de su hijo para su manutención, las remesas tendrán que pagar impuestos. Si eres latino, nacionalizado o no en Estados Unidos, tendrás que pagar impuestos por ser generoso con tus propios parientes si estos viven fuera de Estados Unidos. Es un mandato inmoral y por tanto, aunque sea legal, si se puede burlar debe ser burlado. Nadie puede moralmente multar la generosidad con los pobres. Cometer una inmoralidad legal lo pueden hacer quienes tienen poder. Pues el poder y la moral no siempre van juntos. Al contrario, como decía Aristóteles hace más de 2,300 años,“los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder”. Y peor cuando son ricos, porque citando al mismo filósofo, “las ambiciones de los ricos son mucho más destructivas de las formas de gobierno que las del pueblo”. No es en ese sentido incomprensible que la centralización del poder y la idolatrización de uno o varios millonarios en Estados Unidos, traigan desgracias para países más pobres. Pero da más pesar cuando en un país como el nuestro, que está en la posición 127 en el índice de desarrollo humano, con problemas serios de desigualdad y pobreza, se pretenda castigar a los pobres. La ley de Agentes Extranjeros, amenazando con un impuesto del 30% a organizaciones de la sociedad civil y personas naturales que trabajan en beneficio de los más pobres, parece ir en esa dirección. Si Ud. no ha cometido ningún delito y ha sido detenido en virtud del régimen de excepción, no podrá ver a sus familiares ni recibir abogados que lo defiendan. La Procuraduría General de la República no cuenta con abogados suficientes para llevar a cabo una defensa efectiva. Si una organización de la sociedad civil quiere defenderlo, presentar un “habeas corpus” por Ud. y quejarse porque no se tienen en cuenta sus derechos constitucionales y legales, corre el peligro de que el gobierno le ponga un impuesto del 30% del dinero recibido del exterior para realizar servicios básicos legales a personas pobres tratadas injustamente. Según la ley que se acaba de aprobar, el Estado adquiere la facultad, en la práctica, de considerar la defensa de los derechos humanos como una actividad política subversiva y gravarla con impuestos. Se puede decir y reclamar que esa ley de Agentes Extranjeros es inconstitucional. Pero el sistema judicial está de tal manera cooptado y controlado por el poder ejecutivo que presentar recursos de inconstitucionalidad ante un juez es como tirar barquitos de papel en el océano. No llegan a ninguna parte. El Salvador necesita mucho diálogo, más debate serio y menos propaganda. Con medidas restrictivas y de control no se va muy lejos. Al contrario, se crea una cultura del poder de los más fuertes que no sólo va en contra de los deseos democráticos de las mayorías, sino que además acaba fomentando la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo cultural. Si la educación autoritaria es uno de los obstáculos más fuertes para el desarrollo humano, como hoy se reconoce universalmente, la negativa al diálogo, a la reflexión, a la crítica o a la defensa de los pobres, conduce siempre al fracaso de los pueblos. Es cierto que no es fácil gobernar democráticamente países que tienen una tradición autoritaria. Pero querer gestionar la democracia sin respetar el diálogo con las minoría (o a veces incluso con las mayorías) es un absurdo y tiene siempre malas consecuencias. A nadie ayuda el poner impuestos al dinero que viene de fuera y que se dedica tanto al pago del trabajo digno y honrado como a la ayuda a los pobres y a la defensa de sus derechos. El hecho de que el gobernante de un país, desde su nacionalismo corto de miras y su racismo ponga impuestos a las remesas, que son dinero para los pobres, no justifica que aquí hagamos algo parecido agravando la situación de la gente menos favorecida.

En la actividad política, el poder excesivo conduce con facilidad al error. En efecto, cuanto más poder tiene un político, menos reflexiona sobre la calidad de sus acciones y sus consecuencias. Manda sabiendo que la mayoría de los que le rodean bajarán la cabeza y alabarán la decisión tomada. En el caso de El Salvador, si bien el oficialismo dispone de medios para mantenerse en sus decisiones pese a estar equivocado, la suma de yerros ha comenzado a debilitarlo. Ciertamente, la propaganda, la presentación fantasiosa de acciones, reduce la erosión de su imagen, pero el dolor causado por las malas decisiones y la permanente contradicción con la verdad y la honestidad van carcomiendo la confianza ciudadana, lo cual podría llevar a que el Gobierno enfrente, de pronto, un grave déficit de apoyo. Alargar el régimen de excepción desaforadamente ha visibilizado las injusticias. La venta anticonstitucional de servicios carcelarios al Gobierno de Donald Trump, junto con la decisión de encerrar a personas sin proceso ni acusación judicial, ha escandalizado a la opinión mundial. Y el empecinamiento de mantener preso acá a Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos, intensificó la controversia. Con la cooperativa El Bosque, otro caso en el que se suman errores, hubiera sido fácil dialogar, tal como se hizo hace años con la comunidad expulsada de las tierras de la familia Dueñas. La detención de un pastor evangélico y de un abogado ambientalista que acompañaban a la cooperativa en la defensa de sus derechos ha generalizado la indignación. Y luego llegó la detención de Ruth Eleonora López y la imposición de un 30% de impuesto a las donaciones recibidas desde el extranjero por organizaciones no gubernamentales. No es inteligente acumular errores cuando se mantiene en zozobra a los comerciantes informales, se expulsa del trabajo a empleados públicos y se reducen los médicos y medicinas en el sector de la salud pública. El ideal en la convivencia política pasa siempre por el diálogo y la tolerancia, así como por la ayuda a los sectores más desfavorecidos. A los pobres no se les puede condenar a estar cada vez peor en lo que respecta al goce de sus derechos básicos. Golpear a quienes defienden a las víctimas de injusticias hace siempre odioso al poder. La popularidad de Nayib Bukele se creó sobre una hábil y alta capacidad de propaganda, y sobre el aprecio de mucha gente que veía en él una mayor sensibilidad ante los problemas de las mayorías. Pero la acumulación de errores en el trato a las personas con problemas económicos rompe una de las fuentes de su popularidad. Ser duro con los pobres y con quienes los defienden es la negación más clara de lo que se entiende por bondad. Y eso, por más que se trate de remediar con propaganda, debilita gravemente a quienes están en el poder. Reaccionar a la falta de autoridad moral con más poder represivo atrasa el proceso de desarrollo ético y democrático del país. Dialogar con las instituciones de la sociedad civil, liberar a los detenidos injustamente, trabajar con más ahínco en la eliminación de la pobreza y fortalecer las redes de protección social son tareas pendientes que empiezan a cobrar factura. Si no se rectifica el rumbo, el costo político y social no solo será inevitable, sino creciente.

Tarde o temprano, toda autocracia hace uso de la fuerza para callar la disidencia. Mientras más respaldo social pierde un régimen autoritario, más necesidad tiene de recurrir a la persecución y a la represión para sostenerse. Es parte del libreto del autoritarismo. En El Salvador, la deriva autoritaria ha cobrado nuevos bríos; diversos hechos recientes han causando una erosión de la popularidad del oficialismo, y la reacción de este no se ha hecho esperar. El caso Cosavi, la aprobación de la ley que promueve la minería metálica, el alquiler del Cecot para migrantes deportados desde Estados Unidos, las deficiencias de las obras en Los Chorros, la investigación periodística que confirma los vínculos entre funcionarios de Bukele y las pandillas, la violenta disolución de la protesta de las familias de la cooperativa El Bosque son hechos que estarían impactado negativamente en la opinión ciudadana sobre el Gobierno, lo cual se suma al descontento por la aguda crisis de la economía familiar. En reacción, el Ejecutivo ha recurrido tanto a medidas populistas (por ejemplo, dar transporte público gratis en todo el país) como al uso de la intimidación y la fuerza. De esto último son ejemplos claros la detención del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez y de la jefa de Cristosal, Ruth López, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. En un Gobierno democrático, las críticas se responden con argumentos, no con persecución; los señalamientos de delitos cometidos por funcionarios originan una investigación seria; la corrupción se combate con rendición de cuentas y transparencia; las protestas pacíficas de la población dan pie al diálogo y la búsqueda de soluciones. Esos son los caminos que hay que seguir para que El Salvador no se convierta en otra Nicaragua. Hay que evitar a toda costa entrar en una dinámica de desprestigio-represión que reviva las horas más trágicas de la historia nacional. Las escenas y disposiciones de los últimos días ya las vivió el pueblo salvadoreño el siglo pasado, y lo que siguió no fue bueno para nadie, ni para la población, ni para el país, ni para los gobernantes. Monseñor Romero, ferviente defensor de la paz y la justicia social, siempre se opuso a toda forma de violencia y clamó por un diálogo constructivo para evitar un conflicto mayor. Sus palabras siguen teniendo vigencia y deben ser tomadas en cuenta por quienes dirigen el país: “Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, fiel a su compromiso con la realidad, la excelencia académica, el respeto a los derechos humanos y la democracia, expresa su preocupación por la detención de Ruth Eleonora López Flores, abogada, docente de esta casa de estudios, defensora de los derechos humanos y jefa anticorrupción y justicia de Cristosal. Este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como también contra aquellas personas y colectivos que alzan su voz en favor de las poblaciones más desfavorecidas. La UCA, en tanto espacio de reflexión, análisis y compromiso con la transformación social, reitera que la defensa de los derechos humanos es una labor esencial para alcanzar una sociedad más justa e integradora, que tienda a la realización de la persona humana y del bien común. El Estado, conforme a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia de derechos humano de los cuales es parte, está obligado a garantizar los parámetros universales del debido proceso, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales. En este sentido, le corresponde asegurar que ninguna persona sea privada de libertad sin causa penal legítima y que, en caso de que esto suceda, sea puesta en libertad de inmediato por las autoridades competentes. La UCA hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la integridad personal de toda persona bajo la custodia del Estado; y a cesar cualquier acción que afecte por medios directos o indirectos el derecho a la protesta, a la organización pacífica y a la exigencia de justicia. Solo la defensa de los derechos humanos, la formación de una ciudadanía comprometida con la democracia y la justicia, y la protección de los principios democráticos conducirán a la construcción de un El Salvador libre, inclusivo y justo. Antiguo Cuscatlán, 19 de mayo de 2025

La inmensa mayoría de los cristianos hemos quedado satisfechos con la elección de León XIV como obispo de Roma y sucesor de Pedro en la Iglesia católica. Es una persona con tradición acrisolada de servicio, de espiritualidad, de pensamiento humanista y con un claro sentido de justicia social. Quedan algunos críticos, muy pocos, con actitudes negativas, construidas muchas de ellas desde una opción trasnochada: espiritualidad alienante, tradiciones retrógradas y negativa al diálogo entre la Iglesia y el mundo, así como a la opción preferencial y activa en favor de los pobres. Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones sobre la participación de los cristianos en la elección del papa, de los obispos y de los cargos de autoridad. La participación de la mujer en el liderazgo de la Iglesia es escasa, a pesar de que su compromiso con el trabajo eclesial de base es enorme y de gran calidad. En menor escala podríamos decir algo parecido de los laicos varones, no siempre tenidos en cuenta cuando se les percibe muy creativos. Aunque es cierto que Jesús le dijo a Pedro apacienta mis ovejas, también hay que tener en cuenta que dichas ovejas no son de Pedro, sino de Jesús. Y, por tanto, gozan también de la libertad y la realeza del Señor a las que nos hemos adherido por el bautismo . En ese contexto debemos analizar las formas de elección del papa. Durante muchos años, la aclamación popular en la ciudad de Roma determinaba el nombramiento del papa. Es hacia inicios del segundo milenio del cristianismo cuando se decide que sean los cardenales los electores, para evitar las múltiples y a veces brutales interferencias de reyes y señores feudales en la elección del obispo de Roma. Desde entonces, aun con la influencia de familias nobles y de sus parientes nombrados cardenales, y a pesar del derecho a veto de algunos reyes europeos, el colegio cardenalicio ha sido el encargado de nombrar al papa. Salvo algunas elecciones realmente lamentables, los cardenales han sido garantes de una mejora clara de los nombramientos. Tras el veto del emperador austrohúngaro en 1903, Pío X prohibió taxativamente esa costumbre. En la actualidad es lógico que se plantee el tema de una mayor participación del Pueblo de Dios en el nombramiento del obispo de Roma, dado su carácter de pastor universal en la Iglesia católica. Es cierto que no podemos decir que la Iglesia es una democracia. Tampoco se puede afirmar con frivolidad que es una monarquía absoluta. Pero el tema de la elección de los obispos y del mismo papa ha tenido una historia lo suficientemente diversa como para que en tiempos en los que la misma Iglesia alaba la democracia como sistema de gobierno, se amplíe la participación del pueblo de Dios en la elección del papa. La presencia de mujeres con mayores responsabilidades dentro de la Iglesia y como electoras en las futuras elecciones de los pontífices terminará imponiéndose por pura lógica, no solo racional, teológica y numérica, sino, sobre todo, evangélica. El camino sinodal abrirá puertas a una mayor participación del laicado, ya iniciado desde el Concilio Vaticano II, y romperá las barreras del clericalismo que todavía quedan entre nosotros. Aunque podamos y debamos decir que la Iglesia no es una democracia, el espíritu de comunión y participación evangélica que la caracteriza implica diferencias básicas de una monarquía autoritaria y clerical. El papa León XIV, acostumbrado a impulsar la vida comunitaria unida en un solo corazón y una sola alma en el Señor, como dice la regla agustiniana, y como lo ha vivido en su experiencia episcopal en Perú, sabrá llevarnos por los caminos de cordialidad y participación que Jesús nos recuerda siempre cuando nos pide que nuestra actitud social y comunitaria sea siempre la del que sirve, no la del que manda.

Por José María Tojeira, SJ Cuando los profetas de Israel pensaban en un mundo renovado, soñaban con armas convertidas en instrumentos de labranza. En nuestro mundo actual el liderazgo de las naciones creen necesario multiplicar el armamento a niveles cada vez más absurdos. El informe de SIPRI, una institución sueca que trabaja la paz y que investiga el armamentismo, ha mostrado un aumento récord en el gasto militar mundial : En 2024 el gasto en armas y ejército asciende a 2.7 billones (numeración europea) de dólares. Un aumento de 300.000 millones de dólares frente a los 2.4 billones gastados en 2023. Europa por su parte se apresta a aumentar su gasto en armamento presionada por Estados Unidos, que desde finales de la segunda guerra mundial es el país con mayor inversión en armamento. El clamor de las Iglesias y de numerosos grupos pacifistas, que quisieran que una parte del gasto en armas se trasladara a la inversión solidaria en los países empobrecidos, no ha tenido eco en quienes presumen de tener el liderazgo mundial. El nacionalismo exacerbado de personalidades como el Presidente Trump de los Estados Unidos, ha influido en el desarrollo de políticas armamentistas y anti inmigrantes. Para los católicos, que deben tomar en serio las propuestas de la doctrina social de la Iglesia, así como para las personas de buena voluntad, es importante recordar las palabras del papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de la paz en este año 2025. Ahí pedía a las naciones que “utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Aunque para muchos sería muy ambicioso proponer un 10% del gasto mundial en armamento dedicado al desarrollo, es importante hacer números, aunque se como ejemplo, para ver lo que significaría esa cantidad aplicada al gasto en armamento y ejércitos. La operación es sencilla; se trataría de 270.000 millones de dólares. Una cantidad que si se repartiera entre los 100 países con más dificultades económicas y con márgenes relativamente importantes de población con hambre, significaría una ayuda anual de 2.700 millones de dólares. Los datos que damos no son una propuesta. Cómo usar esa tremenda cantidad de dinero necesitaría mucho pensamiento, organización adecuada y buena voluntad. Pero lo que es evidente es que el descuento para desarrollo de un 10 % en los gastos de armamento de todos y cada uno de los países, no los hace ni más débiles ni más pobres. Tampoco crearía una crisis económica mundial. Molestaría a lo que el antiguo presidente Eisenhower de los Estados Unidos llamaba el “complejo militar industrial” y probablemente a personas ciegas en el campo de la solidaridad. Porque en efecto, una persona que prefiera más armas en vez de menos pobreza o menos hambre, carece de la moralidad básica que exige el hecho de ser todas las personas humanas miembros de la misma especie. O dicho en términos religiosos, ser parte de la misma dignidad y fraternidad universal de los seres humanos es más importante que la acumulación de armas. Insistir en el propio país en el recorte del presupuesto militar en favor de la lucha contra el hambre es una opción política humanitaria que sin duda trascendería las fronteras de los países que lo hicieran e iría, poco a poco, creando la posibilidad de que se convirtiera en una práctica mundial dedicada a erradicar el hambre y fomentar el desarrollo. No hacerlo solo demostraría la incapacidad de los políticos para enfrentar con racionalidad los problemas sociales, sino también el miedo a los militares y el desbordado peso que se les puede dar tanto en las democracias como en los regímenes autoritarios. Los que pensamos que una nueva civilización es posible no debemos cansarnos en el reclamo.

León XIV tiene un perfil interesante. Fue uno de los últimos nombramientos del papa Francisco. Tanto en la dirección de los dicasterios o congregaciones romanas como en el cardenalato, su designación no pasa de los tres años. Podría decirse que pertenece al grupo seleccionado por Francisco para el relevo generacional. Como muchos de los así elegidos, fue traído de un lugar donde no estaba haciendo carrera. Nacido en Estados Unidos, es miembro de una orden, los agustinos, inspirada en uno de los más grandes pensadores tanto de la Iglesia como de la reflexión humanista; trabajó en América Latina como sacerdote y como obispo durante una buena cantidad de años. De ese contexto, tan vinculado a las experiencias pastorales, lo llevó Francisco a un puesto clave en la Iglesia, el Dicasterio para los Obispos, responsable de analizar y proponer a los mejores candidatos para el episcopado. Su conocimiento del mundo latino le ayudó a León XIV a entender a los migrantes y a solidarizarse con ellos. Su capacidad de decir claramente su opinión, su amor a los pobres y su cercanía al diálogo lo preparan para ser un buen guía de una Iglesia que necesita mantener una palabra evangélica clara en el convulsionado y beligerante mundo actual. Los valores agustinianos, sin duda fuertemente vividos tanto en sus estudios como en su oración, lo disponen para enfrentar los retos de la Iglesia. “Habitar en la casa unánimes y con un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Dios”, norma básica agustiniana, impulsa al amor, la fraternidad y a cuidar la casa común. La conocida frase de san Agustín en sus reflexiones sobre la Trinidad: “Busquemos como buscan los que aun no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar”, marca una actitud indispensable para el gobierno de la Iglesia actual. La respuesta a los desafíos que la historia hace a la Iglesia no puede consistir en cerrarse en el pasado, sino en buscar respuestas que abran a nuevas realidades y a nuevas búsquedas. León XIV tiene claro que la comunión entre los seres humanos está reñida con el egoísmo de las grandes potencias y con el discurso xenófobo. Sus breves mensajes como cardenal, corrigiendo las afirmaciones erróneas del presidente y vicepresidente estadounidenses sobre temas migratorios, han sido claros. Sabe que la ambición depredadora de los poderosos está en la base de diferentes y peligrosas situaciones medioambientales. Su elección del nombre León empalma con una historia de transformación en la Iglesia. Después de una larga etapa eclesiástica en el siglo XIX, en la que la jerarquía, acostumbrada a hablar desde el poder, no encontraba el modo de relacionarse con el mundo, León XIII abandonó la peligrosa tendencia a la condena sistemática y comenzó a hablar de las nuevas realidades del mundo desde la inspiración evangélica y la sabiduría de la experiencia. Surgió con él, y continuó desarrollándose con sus sucesores, la doctrina social de la Iglesia, que traducida al ámbito latinoamericano por el episcopado del subcontinente ha dado frutos de desarrollo y múltiples testimonios martiriales. Elegir el nombre de un papa que abrió la Iglesia al diálogo con el mundo es comprometerse a continuar el camino del Concilio Vaticano II. Un camino de reforma interna permanente, en el que se vive y anuncia el Evangelio; un camino de diálogo orientado a construir un mundo más fraterno, más justo y más cuidado por todos en beneficio de todos.

En la actualidad, un gran número de acontecimientos saturan la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, los cuales son amplificados y enturbiados por las redes sociales. La variedad es amplia: desde la llegada vía deportación de supuestos criminales venezolanos desde Estados Unidos, decomisos de miles de sacos de cocaína, cierres de carreteras que vuelven una pesadilla la movilización hacia y desde la capital, revelaciones periodísticas sobre procesos de corrupción. Ante ello, la comunicación gubernamental ha buscado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, la captura de empresarios del transporte, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores... Cada día, una novedad; cada día, una nueva respuesta. Y la discusión pública termina presa de la dictadura de las redes sociales. En medio de ese ruido, es posible documentar la profundización de las medidas antidemocráticas impulsada por el oficialismo. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA muestra que en 2024 el derecho a la libertad fue el más vulnerado. En este sentido, los datos generados por el Observatorio no son un buen presagio para el futuro de país, su población y su gobernanza. Se vive en la cultura de la ilegalidad, del incumplimientos de las normas. Peor aún, las normas son creadas a medida para cumplir con los deseos e intereses del régimen. Y si no hay tiempo para ese tipo de formalismos, simplemente se ignora el proceso de formulación de ley y se actúa según voluntad. La arbitrariedad y la represión en El Salvador van en aumento. El Gobierno debe explicar la negociación con pandilleros a cambio de votos. Es fundamental saber qué está de fondo en el trato con Estados Unidos que avala que migrantes sin proceso judicial en el país terminen en cárceles salvadoreñas. Cómo es que el Gobierno decreta la gratuidad del transporte a través de las redes sociales sin ninguna fundamentación legal. Además, ha capturado a empresarios del transporte sin seguir el debido proceso y apelando a un estado de excepción que ya no se justifica. A la base de estas irregularidades está la dictadura de las redes sociales y el abuso del poder. La sociedad salvadoreña está inmersa en una dinámica totalmente anómala, en la que se gobierna por capricho, los controles no funcionan, las instituciones responden a las órdenes de una persona y su círculo, y la única legitimidad en el ejercicio del poder es la popularidad. Un mejor país no se construirá inventando enemigos ni metiendo a las personas a las cárceles sin ningún fundamento. El futuro no será mejor allanando viviendas, intimidando organizaciones o estigmatizando periodistas, activistas sociales y disidentes. Es necesario soñar y defender una sociedad en la que se respeten las normas, se busque el diálogo y se garanticen los derechos humanos para toda la población.