Editoriales y Opiniones

Por primera vez en más de dos décadas, el número de autocracias supera al número de democracias en el mundo, según muestra el informe 2025 del Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia), de Suecia. La autocracia es la forma de gobierno en la que la voluntad de una persona es ley suprema, por encima de todo y de todos. Por eso mismo, por lo general, los autócratas se valoran como muy inteligentes y capaces, y desprecian, basados en su supuesta superioridad, a quienes los rodean. Alfred Adler fue el primer psicólogo que estudio este fenómeno. Adler afirma que el complejo de superioridad surge como mecanismo de compensación de sentimientos de inferioridad. En algunos casos, el complejo puede deberse también a trastornos de la personalidad, como sucede con los narcisistas, que se ven a sí mismos como portadores de lo mejor, ignorando otras perspectivas y las necesidades ajenas. Las personas con complejo de superioridad, al creer que siempre tienen la razón, mandan con autoridad inapelable, aunque, en contra parte, necesiten constantemente de la aprobación de los demás. Si bien este fenómeno psicológico no es exclusivo de mandatarios, casi siempre lo padecen los que hacen a un lado la ley para gobernar a su antojo. Los autócratas creen que su desempeño como líderes es impecable. Un autócrata no tiene compañeros o iguales, solo súbditos, que deben limitarse a obedecer. Hoy en día, no pocos líderes autoritarios aspiran a llegar al poder. Por eso, es útil saberlos identificar. Primero, este tipo de personas tienen necesidad de dominio, carecen de empatía y de consideración por los sentimientos de los otros, y son inseguros e intolerantes a la crítica. Reaccionan con virulencia a los señalamientos que cuestionan su actuación y se afanan por los elogios y la aprobación. Casi por norma, una de las primeras acciones de un autócrata es eliminar la oposición. Además, no admiten errores. Se trata de personas egocéntricas que creen que los logros de su administración solo son suyos y que tienden a tener el control de todo y de todos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quien cree en la democracia debe temer de los autócratas.

Hace ya algunos años un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, reflexionaba sobre el resultado en las sociedades europeas en las que de hecho se había sustituido la religión por el consumismo. Y llegaba a una conclusión muy semejante a la del escritor ruso Dostoyevsky que decía “Si Dios no existe todo está permitido”. Y en efecto, el afán de consumo se sobrepone de tal manera a una esperanza trascendente, que hace olvidar la opción de trabajar en el largo plazo por el significado de la propia vida. El capitalismo concreto en que vivimos ha impuesto el consumo como el sentido fundamental de la vida, dejando en un lugar secundario la ética, la generosidad y la solidaridad. Hoy resulta fácil para mucha gente contemplar en la televisión un reportaje sobre los crímenes sistemáticos cometidos contra la población civil en la franja de Gaza, y después de decir algunas frases contra el ejército israelí, seguir cenando tranquilamente. Y al día siguiente ir de compras o a la playa como si no hubiera pasado nada el día anterior. La compasión humana dura un instante, pero el consumo continúa siendo el objetivo vital más importante. En países con grandes desigualdades socioeconómicas, el dolor de muchos no afecta sensiblemente al placer de pocos. Por supuesto hay excepciones, pero no las suficientes para cambiar las perspectivas vitales dominantes ligadas al consumismo. Ante esta situación las iglesias reaccionan de diferentes formas. Las hay que se rinden ante el consumo anunciando un evangelio de la prosperidad. La riqueza aparece como una bendición divina a cambio de una conversión emocional y una participación en el culto. El entusiasmo de la salvación individual, acompañado de algunas obligaciones éticas de tipo personal dominan en otras denominaciones. No falta la religión de la salvación individual de los seres humanos buenos, acompañada de buenas intenciones hacia el prójimo y algunas obras de misericordia. Con frecuencia se establece un baremo de personas buenas y “malas” y se trabaja con las calificadas como buenas mientras se ignora a las supuestamente malas. La Iglesia Católica tiene una excelente “Doctrina Social” que ciertamente tiene el valor de alternativa frente a la sociedad consumista, pero que con frecuencia los propios cristianos la ven como una especie de teoría del buen ser y buen hacer, interesante pero lejana, que no compromete a cambios radicales. Quien así piensan están equivocados. Olvidan el Evangelio de Jesús, que criticaba a los que se creían buenos y se acercaba a los pecadores, despreciados y marginados por la propia sociedad, amando más a los más olvidados. No todo es así en las iglesias y en la religión, pero el consumismo ha tenido la suficiente fuerza para limitar el acceso a los dinamismos proféticos del Evangelio y sustituirlos en el mejor de los casos por una caridad indolora. Frente a esta situación ¿habrá que rendirse ante el dios vacío del consumismo? De ninguna manera. El consumismo produce vacío y falta de sentido, aísla y crea resentimientos en quienes se ven privados de consumir, mientras observan el derroche de otros. Si a alguien que tiene un carro en El Salvador de setenta u ochenta mil dólares le dijéramos aquello de San Agustín, “posees lo ajeno cuando posees lo superfluo”, probablemente no nos comprendería. Y si entendiera la frase en su sentido real, de que está cometiendo una especie de hurto, no dudaría en pensar que quien defiende esa postura tiene ideas comunistas, o algo por el estilo. La superficialidad de los comprometidos con el alto consumo suele ser demasiado grande, a pesar de títulos y honores que puedan tener o recibir. El mismo mundo en que vivimos no resiste físicamente el consumismo depredador al que estamos siendo llevados. Las graves desigualdades sociales producidas por este tipo de sociedad hiperconsumista, el deterioro ambiental y el vacío vital al que conducen, si bien pueden producir fenómenos políticos en los que la deshumanización domina, llevan también a muchas personas a reflexionar y a buscar estilos de vida distintos, con valores comunitarios más desarrollados, con dinamismos más solidarios y con esperanzas más trascendentes. Los cristianos estamos llamados a confiar en el futuro, a anunciar y aceptar en nuestras vida el Reino de Dios, y a colaborar en la construcción del mismo.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El relato de la dictadura enfatiza su superioridad sobre la democracia como la mejor forma de gobierno. Aduce como prueba irrefutable que la supresión de la independencia de los poderes del Estado y su concentración en el Ejecutivo hizo posible erradicar a las pandillas, al despejar el camino para el régimen de excepción; sin obstáculos ni controles institucionales, este opera desenfrenadamente. El libertinaje permitió incluir la persecución política, cuyas víctimas son asimiladas a los pandilleros. Esa voluntad última, inapelable y despótica hizo realidad la seguridad ciudadana, hasta ahora su logro más sustantivo. Asimismo, liberó los fondos públicos de los controles de la sana administración, los cuales quedaron así a su disposición. El descontrol propició el despilfarro y la corrupción, el aumento de la deuda pública y la crisis financiera. Visto así, el mayor logro de la dictadura es la supresión de la institucionalidad democrática. Convencida de haber acertado, ya ni siquiera se molesta en encubrir o disimular su verdadero talante. Sin embargo, el envalentonamiento, destacado por la prensa internacional, tiene mucho de apariencia. La seguridad a la que el relato se aferra como carta de presentación no es tan grandiosa y hermosa, como dice Trump. Si lo fuera, la satisfacción de la misión cumplida no prestaría atención a las críticas. Pero no es el caso. La dictadura que emergió como fenómeno insuperable, resulta ser extremadamente sensible a las opiniones contrarias. Se revuelve contra los organismos internacionales que tomaron nota de su éxito y no vacilan en colocar al país entre los mayores transgresores de derechos humanos. Un primer lugar vergonzoso por lo que implica de crueldad e inhumanidad. Embiste a la prensa que denuncia sus contradicciones e inconsistencia, en especial, el pacto corrupto con las pandillas. No castiga al lobo para defender a las ovejas como sostiene el relato, sino que lo usa para depredar el rebaño revestida de decencia. El flujo constante de revelaciones ha despojado de respetabilidad a la dictadura. El relato del pastor responsable no se sostiene. El desfile de más de treinta modelos como prisioneros del Cecot en la semana de la moda de París fue de denuncia y desprecio. La reacción sarcástica de la dictadura reconoce implícitamente el impacto nocivo de la protesta. Una contradicción más, porque la prisión es visita obligada para sus invitados VIP. Enseguida intervino el New York Times, que no solo corroboró el pacto con las pandillas, sino también informó que uno de los colaboradores más cercanos de Bukele y, por tanto, con conocimiento directo de las conversaciones con los pandilleros, el responsable del sistema carcelario, acudió a la embajada de Estados Unidos en dos ocasiones para solicitar asilo “a lo grande” a cambio de proporcionar detalles sobre la conspiración de su jefe. En ese momento, Bukele ya estaba en la mira de una investigación federal, pedida por Trump. Uno de los investigadores lo descalificó por “sucio” y “corrupto”. En realidad, Bukele no llegó al poder por razones teóricas o políticas, sino por una mezcla de casualidad, oportunismo y pragmatismo. El fracaso del pacto con las pandillas y la popularidad instantánea del encarcelamiento masivo e indiscriminado fueron el comienzo. El autoritarismo represivo sintonizó con una sociedad que, desde tiempos inmemoriales, añora la mano dura que impone disciplina, orden y respeto. Esta pretensión pasa por alto que la disciplina férrea y la represión despiadada se traducen en violencia doméstica y social. En este contexto sociocultural, Bukele emergió como el gobernante ideal. La debilidad del Estado, cultivada desde siempre por la oligarquía y los militares, una alianza para acumular capital y cultivar el militarismo, facilitó el ascenso de Bukele al poder. El FMLN desperdició la oportunidad de robustecer la institucionalidad democrática. La independencia de poderes, el control de la administración pública y la persecución del delito hubieran sido revolucionarios, en sentido estricto. Pero en lugar de enfrentar a los poderes de facto, sus líderes se acomodaron al orden establecido, se olvidaron de sus bases y medraron. Si hubieran sido fieles a sus principios, habrían reforzado el Estado de derecho y así habrían cerrado la puerta a la dictadura. El relato de la dictadura de Bukele es pobre y frágil. De lo contrario, se regodearía en su propia narrativa. Abundaría en éxitos deslumbrantes e inigualables. La satisfacción por la misión cumplida sería tan embriagante que despreciaría las críticas por irrelevantes. Pero no puede desentenderse de ellas, porque no reaccionar ante el desvelamiento de la impostura es condenarse de antemano. El relato pierde terreno ante el empuje de la realidad. La dictadura actual no es mejor que la democracia. Es una versión revisada de las dictaduras pasadas, que enriquecieron a la oligarquía, satisficieron la ambición de poder de los militares y humillaron a las mayorías. * Rodolfo C

Ante el progresivo desmantelamiento de las condiciones para la vida democrática en el país, el grueso de las críticas y las advertencias sobre los riesgos de este deterioro se ha concentrado en las medidas que impulsa el actual Gobierno y en el manodurismo de quien lo lidera. Esto conlleva el riesgo de perder de vista otros elementos que también inciden en la coyuntura que atraviesa el país. Percibir con claridad lo que ocurre exige ampliar el campo visual. Implica poner atención, por ejemplo, en aquellos factores que posibilitan que un mandatario y un Ejecutivo autoritarios no solamente sean tolerados, sino incluso bien valorados. Uno de ellos es la actitud política de la población. En la más reciente encuesta del Iudop, que abordó las percepciones ciudadanas sobre el sexto año de la gestión de Nayib Bukele, se le preguntó a la población si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: “Es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad”; “Si hubiera huelgas o protestas que causaran desórdenes en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra ellas”; “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”; y “Es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura”. Con propósitos de análisis comparativo, a partir de los resultados se hizo el ejercicio de conformar tres grupos dependiendo de lo que expresaron las personas ante estas frases. En el primer grupo se incluyó tanto a las personas que dijeron estar en desacuerdo con todas esas frases como a aquellas que expresaron estar de acuerdo con una, y se le designó como el segmento con bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias; al grupo que dijo estar de acuerdo con dos de las frases se le denominó de autoritarismo moderado; y a quienes dijeron de estar de acuerdo con tres o cuatro de las frases se les nombró como el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias. Con base en esta agrupación, el 42% de los encuestados refleja un alto nivel de actitudes autoritarias; el 26%, un nivel moderado; y el 32%, un bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias. Luego se exploraron las diferencias en las opiniones sobre algunos aspectos del desempeño presidencial y gubernamental dependiendo de en cuál de estos tres grupos estaban ubicadas las personas. Dentro del grupo con un alto nivel de actitudes autoritarias, el 72% dijo que la imagen que tenían del mandatario en su sexto año de gobierno había mejorado. En cambio, para casi la mitad del grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, la imagen había empeorado. Además, en el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 65% expresó mucha confianza en Bukele, mientras que en el grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, solo el 25% externó que confiaba mucho en él. Al respecto de si el Gobierno está haciendo las cosas bien o mal, dentro del grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 74% opinó que está haciendo las cosas bien. En contraste, dentro del grupo menos autoritario, solo el 37% tuvo esa opinión. Otro dato llamativo tiene que ver con el sentimiento de cercanía o distancia hacia el mandatario: casi la mitad de personas con un alto nivel de actitudes autoritarias expresó que se siente cercana o muy cercana a él, mientras que en el grupo menos autoritario, aproximadamente el 69% dijo sentirse distante o muy distante. Finalmente, al analizar la calificación otorgada a Bukele en su sexto año de gobierno, destaca que el grupo con un mayor nivel de actitudes autoritarias le otorgó una nota promedio de 9.04, superando la calificación que le dio el grupo menos autoritario: 6.77. La tendencia observada en estos datos es que entre más alto el nivel de actitudes autoritarias, más favorable es la opinión sobre el actual mandatario y su administración; y entre más bajo el nivel de actitudes autoritarias, más exigentes y críticas son las personas en sus opiniones sobre ambos. En este marco, es importante no perder de vista que un sector considerable de salvadoreños (según los datos de la encuesta, un tercio de la población) no parece identificarse con el autoritarismo. Preservar y fortalecer las actitudes políticas de este grupo y, en general, las posturas que favorezcan una convivencia democrática es decisivo en un momento en que la apuesta gubernamental va en la dirección contraria. Al pensar en los años venideros, es fundamental contar con una visión amplia sobre los desafíos que enfrenta El Salvador, sin reducir todo a la posibilidad de un cambio de Gobierno. La mirada debe abarcar otros espacios desde donde puede surgir el cambio, incluyendo las actitudes políticas de la ciudadanía, las cuales, sin importar lo arraigadas que estén, no son inalterables.

Por José María Tojeira, SJ El Gobierno de El Salvador tiene una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Se supone que el tejido social está roto y hay que reconstruirlo. En otras palabras se presupone que en el país la cohesión social es escasa y se debe trabajar desde el Estado para aumentarla. Más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo la mencionada Dirección, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, contempla también en sus estudios y análisis que la falta de cohesión social en nuestros países latinoamericanos es uno de los factores que dificultan el crecimiento económico y lo vuelve más lento. Y entre las causas de esa carencia pone la desigualdad económica y social. Porque en efecto la desigualdad, cuando es fuerte, crea en muchas personas resentimientos, sospechas de enriquecimientos ilícitos, desconfianzas y sentimientos de marginación y de incapacidad de superar las barreras sociales impuestas desde los privilegios de los sectores con poder económico o social. Con pobres moviéndose hacinados en los buses urbanos y ricos moviéndose en vehículos de 50.000 dólares para arriba, la amistad social, que es base fundamental de cohesión, difícilmente podrá darse. Como tampoco se puede dar el encuentro. Al igual que otros países latinoamericanos, nuestra desigualdad se refleja de un modo grave en los ingresos, en la educación, en el acceso a los servicios de salud, en la vivienda, en las pensiones, en la alimentación, en la capacidad de incidir en la política o de defenderse en los tribunales. Y siendo mayoría los que sufren la desigualdad es imposible la cohesión social necesaria para el desarrollo y la productividad. El discurso, generalmente bien aprendido por los políticos, puede hablar maravillas sobre la cohesión. Distintas actividades gubernamentales pueden mostrarse, edulcoradas con la adecuada propaganda, como pasos importantes hacia la cohesión social. Pero mientras la desigualdad separe y humille, las personas tenderán a salir adelante como puedan y el discurso no convencerá. Ante la desigualdad, la solidaridad tiende a desaparecer o a limitarse. Se comienzan entonces a repetir las frases consabidas de que primero hay que ver por uno y luego por los demás. El individualismo, ya de por sí fomentado culturalmente, toma en medio de las necesidades generadas por la desigualdad un cariz egoísta y poco colaborativo. La desigualdad provocó en El Salvador una guerra civil. Y a pesar de que a lo largo de este siglo XXI hubo algunas pequeñas reducciones de las diferencias económicas, fundamentalmente después de los Acuerdos de Paz, la desigualdad ha vuelto a crecer y ha continuado en niveles graves sin que se hayan encontrado caminos de una superación seria y continuada de la misma. Nos conformamos con triunfos individuales, como si eso solucionara los problemas. Sabemos que la desigualdad no provocará una nueva guerra porque la gente quedó harta de la crueldad. Y tampoco existe un campesinado masivo, como en aquellos años, que sufría una opresión feroz y que tenía una profunda cultura comunitaria. Hoy, con el capitalismo consumista voraz que domina nuestro país, lo que ha quedado es la falsa cultura del sálvese quien pueda. Frente a ello, solo la conciencia de nuestro estancamiento a causa de la desigualdad podrá sacarnos adelante. Conciencia y ponerse en serio a invertir en la gente. Para los millonarios como el señor Kriete es muy fácil decir que todo está bien en El Salvador. Pero para los ancianos sin pensión (el 75% de los que tienen más de 60 años) o para los comerciantes informales, la cuestión es más difícil. El subempleo continúa siendo una lacra y el sistema educativo no prepara para los desafíos del futuro inmediato. La prevención del desastre, aunque haya mejorado, y no solo en este gobierno, no está lista para proteger a los pobres de las desgracias cada vez más cercanas de un futuro de cambio climático que los poderosos no parecen temer. Invertir más y con seriedad en las mayorías pobres o vulnerables es el único camino.

Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada. La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá. La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional. No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.

La brecha entre la valoración personal de Bukele y la de su gestión muestra un desfase interesante. Mientras aquella acumula puntos (8.15), en particular, por la seguridad y el autoritarismo, su gobierno los pierde (7.85). Entre temores y contradicciones, la opinión pública distingue entre el liderazgo personal y la gestión gubernamental. La diferencia es quizás más relevante que el descenso en la valoración positiva de Bukele. Tal vez el dato más revelador de la última encuesta del Iudop sea que los colaboradores del mandatario no están a la altura de las expectativas sociales. La discrepancia plantea el dilema de seguir igual o cambiar de rumbo. Aproximar el desempeño gubernamental a la valoración del liderazgo personal implica cambiar radicalmente la gestión del poder. Bukele se rodeó de incondicionales, sin considerar su idoneidad para el cargo. Las áreas peor valoradas, según la encuesta, son la economía nacional y familiar, y el acceso a la vivienda y la salud. En general, toda la actividad gubernamental, excepto la seguridad, registra valoraciones más bien bajas. La reprobación de los diputados es notable. La opinión pública dice que no la escuchan ni se ocupan de sus necesidades, aunque reconoce que legislan exclusivamente para Bukele, al igual que los jueces, que también acatan sus órdenes. La Corte Suprema está desaparecida. La valoración de los alcaldes no va a la zaga. También es negativa, por no cumplir las promesas ni cuidar de la población. El reordenamiento de las jurisdicciones municipales entregó al oficialismo las alcaldías, sin que ello se tradujera en un mejor servicio. Los resultados se reflejan en la caída de la popularidad del partido oficial. Solo un tercio se identifica con él, el resto dice no ser afín a ningún partido político. La excesiva centralización de la gestión gubernamental, vendida como más eficiencia y mejor servicio, no se traduce en buen gobierno. La poca estima del desempeño de los poderes legislativo y judicial, y de la administración municipal aconseja replantear su futuro inmediato. Los primeros no tienen independencia para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los alcaldes, además, no disponen de los recursos para atender a la gente. Una sola persona, por muy inteligente, formada y avezada que sea, no puede dirigir satisfactoriamente una gestión gubernamental de por sí multifacética y compleja. Prueba de ello es que la centralización se ha convertido en parálisis e incompetencia. Aun en el caso de que Bukele tuviera la mejor de las intenciones y ordenara sabia y sensatamente, los datos muestran que los mandados carecen de capacidad y disponibilidad para cumplir sus órdenes cabalmente. Si estas fueran desatinadas, probablemente ninguno de sus colaboradores se atrevería a señalarlo y a proponer alternativas. Por otro lado, la concentración extrema del poder hace a Bukele directamente responsable de la gestión gubernamental. Juega a su favor que la gente achaque el mal gobierno a sus colaboradores, no a su liderazgo. Aún no ha hecho la conexión, incluso desea que se perpetúe en el poder. Eso le presta tiempo para evaluar y cambiar el rumbo. El cambio de dirección es difícil, pero posible. Superar la contradicción entre un liderazgo claramente positivo y una gestión gubernamental pobre implica deshacerse de los colaboradores ineptos, aun cuando sean leales, y reemplazarlos por otros bien formados, honrados y deseosos de servir a su pueblo. Aunque razonable, la operación es complicada. En primer lugar, muchos de los candidatos al desempleo manejan información de primera mano sobre las interioridades del régimen, con la cual pueden chantajear a la familia Bukele. Y si la extorsión no funciona, pueden exponer sus trapos sucios para vengarse. La segunda complicación es encontrar personas cualificadas y dispuestas renunciar a su tranquilidad y a jugarse su prestigio para colaborar con un gobernante autoritario y muy cuestionado por varios informes sobre corrupción y negociaciones con el crimen organizado. En este sentido, el cambio de dirección pasa por reconocer públicamente errores, incluso delitos, tan graves que pondrían en peligro su permanencia en el poder. Obviamente, esta no es una opción, al menos por ahora. Previsiblemente, el régimen continuará como hasta ahora, aun con el riesgo de ahondar todavía más el malestar registrado por la encuesta. Rehuir los reclamos de las mayorías populares y recurrir a la represión para contener a los descontentos erosionarán el liderazgo personal de Bukele a mediano plazo. El desgaste de su partido, que ya no es opción para la gran mayoría, no es buen presagio. El régimen se encuentra en una encrucijada que, dadas las circunstancias, no tiene solución viable. Si no cambia, se adentrará más aún en un callejón sin salida. Alterar el rumbo implica renunciar a su identidad autoritaria y represiva. La irracionalidad, la imprudencia y la ambición son una mezcla funesta. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Ro

Por decreto legislativo, cada 30 junio se celebra en El Salvador el Día del Abogado. En ese marco, es oportuno recordar que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por las Naciones Unidas, afirman que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. En su sentencia 6-2020, la legítima Sala de lo Constitucional recordó que en el derecho europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de filosofía del derecho y de derecho penal, “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad”. Ahora bien, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Que los abogados analicemos (y los estudiantes de ciencias jurídicas también) si las leyes son derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Es decir, se debe cuestionar, analizar, denunciar, no obedecer a ojos cerrados sin importar si las normas jurídicas afectan o no a las personas. ¿Habrá algo que celebrar en el Día del Abogado cuando las normas jurídicas ya no cumplen con el rol de proteger a las personas? ¿Cómo se puede celebrar girando la vista hacia otro lado ante las afectaciones a derechos humanos? ¿Por qué hemos dejado de hablar sobre el respeto a los derechos humanos siendo profesionales de derecho? Sin Estado de derecho no habrá ninguna libertad que ejercer. ¿Por qué hay jueces que se convierten en la “simple boca que pronuncia las palabras de la ley” (como lo manifestaba Montesquieu) cuando el artículo 185 de la Constitución les da la facultad de no aplicar las leyes cuando estas violen los preceptos constitucionales? ¿En qué momento las autoridades judiciales dejaron de garantizar el debido proceso? El 6 de junio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados externó su preocupación por la decisión judicial en la que se ordenó la detención provisional de la abogada anticorrupción Ruth López. La relatora recordó que el debido proceso no es opcional y que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. Esta misma relatora, en mayo de 2025, durante una visita a Guatemala, afirmó que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. Asimismo, dijo que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. Y añadió: “Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad, y no como una puerta trasera para la misma”. Nos parecen aplicables estas afirmaciones al contexto salvadoreño, porque dan cuenta de una epidemia que enferma a nuestra región centroamericana. Si algo nos han enseñado el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya, y otros defensores es que no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a la discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes se pretenden hacer valer (algo que ya decía la jurisprudencia constitucional). La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó que no es proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías. La Comisión reiteró la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas. En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos, y por ello la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Los abogados debemos asumir y ejercer el derecho a defender la democracia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso López Lone y otros vs. Honduras, este derecho constituye una específica concreción del derecho a partic

Revestido de honorabilidad, Bukele arremetió de nuevo contra sus críticos. Esta vez, contra quienes identificaron a sus fiscales, sus jueces y sus troles. Los amenazó con encarcelarlos bajo el régimen de excepción por delincuentes. Nadie duda de la verosimilitud de la amenaza. Poco después, ProPublica dejó maltrecha esa honorabilidad al divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo por agentes federales de Estados Unidos, que encontraron delitos reales, no imaginarios. Irónicamente, la investigación fue solicitada por el Trump del primer mandato. La vida siempre sorprende. Varias agencias gubernamentales de Estados Unidos integraron una comisión federal para investigar a la MS-13. Pronto, los agentes ampliaron el horizonte de las averiguaciones para incluir a Bukele, a sus parientes y a catorce de sus altos funcionarios. Encontraron pruebas sólidas para acusarlos de lavar dinero, de desviar fondos de la Usaid a las pandillas, de negociar con ellas, de impedir la acción fiscal y judicial, y de obstaculizar las averiguaciones de la propia comisión federal. Estos señalamientos no son caprichosos, como los de Bukele; están respaldados por documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses antiguos y actuales. La comisión también halló evidencia de la conspiración para encubrir el pacto con la MS-13. Los funcionarios de Bukele desaparecieron a los líderes. A cuatro, buscados por los agentes federales por homicidio, los sacaron de la cárcel. A otros los ayudaron a fugarse. La extradición de los que permanecían detenidos fue impedida por los magistrados y el fiscal de Bukele. Algunos de los pandilleros detenidos están acusados del asesinato de ciudadanos estadounidenses y de conspirar para asesinar a un agente del FBI. En la investigación federal, Bukele aparece como valedor de los líderes de las pandillas. Poner a buen recaudo al liderazgo familiarizado con el pacto que lo llevó al poder y le facilitó gobernar en los primeros años es esencial para su sobrevivencia. Solo consiente en la extradición de aquellos líderes ajenos a sus tejemanejes con la cúpula de las pandillas. Bukele sabe que la comisión federal reunió pruebas que pueden ser usadas para respaldar acusaciones penales y causarle daños políticos irreparables. Conjuró el peligro al conseguir que Trump le devolviera a los líderes procesados en los tribunales estadounidenses. En consecuencia, los fiscales retiran los cargos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. La embajadora en Washington saludó la decisión como un gran logro diplomático. Bukele puede descansar tranquilo. Los hallazgos de la comisión federal probablemente no lo sentarán en el banquillo de los acusados, pero ensombrecen aún más un liderazgo hasta hace poco aparentemente irresistible. Los senadores demócratas de Maryland, Virginia y California, contrarios a financiar con los impuestos estadounidenses las cárceles de Bukele, profundizaron el desprestigio. Solicitaron bloquear las propiedades en suelo estadounidense de doce funcionarios de Bukele, cancelarles o negarles la visa, e impedirles transacciones económicas. La lista la encabeza su vicepresidente, la engrosan varios ministros y concluye con el fiscal general y el presidente del banco central. Además, piden usar el poder estadounidense en las instituciones internacionales para suspender la asistencia financiera al país. La petición difícilmente prosperará, pero oscurece aún más los nubarrones que se ciernen sobre la imagen de Bukele en el exterior. Y, por segunda semana consecutiva, The Economist volvió a la carga. En esta ocasión, al comprarlo con el presidente de Ecuador, lo descalifica como “envalentonado” o “perdonavidas”. Aunque es frecuente relacionarlos por la juventud, la afición a las redes digitales y el enfrentamiento con el crimen organizado, el ecuatoriano rechaza como absurda la similitud, porque a él le interesa fortalecer la educación y la salud públicas, y crear empleo para la juventud vulnerable. La purga de los magistrados y los fiscales, y el acoso y la intimidación de los funcionarios salvadoreños que investigaron a Bukele, sus parientes y sus funcionarios, y que también colaboraron con los federales no han conseguido encubrir la podredumbre. La evidencia reunida por los agentes federales pone en entredicho su fama de azote de las pandillas. Las nuevas revelaciones corroboran el pacto con ellas y la corrupción del régimen. El acuerdo con Trump detuvo la millonaria investigación federal y sus posibles consecuencias judiciales, pero no las políticas. Bukele se consume en una dictadura sin propuesta. Incluso la seguridad a la que debe su fama está en función del ocultamiento del origen inconfesable de su poder. Y la honestidad, otro valor destacado antaño, ha quedado hecha añicos por las investigaciones periodísticas. Desgastado y atrapado, se apropió del principio que reza que la mejor defensa es el ataque. Persigue para no ser perseguido. Las increíbles novedades tantas vece

José M. Tojeira A inicios de este año el secretario general de la ONU decía que “los derechos humanos están siendo asfixiados uno a uno, por autócratas, el patriarcado, las guerras y el sistema financiero mundial moralmente en quiebra”. Y pedía a todos los seres humanos de buena voluntad, así como a los gobiernos democráticos, hacer “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. A lo largo de lo que va del año, solo unos pocos meses, hemos ido viendo como la situación se descompone cada día más. La política errática y arbitraria del presidente de Estados Unidos ha incidido en la prolongación o exacerbación de guerras, mal trato y odio a los migrantes, violaciones a Derechos Humanos y alegría de los gobiernos autócratas, que se sienten justificados por el modo caprichoso de ejercer el poder en el país del Norte. El problema de no respetar los Derechos Humanos es la profunda deshumanización que provoca tanto en los que los violan como, en ocasiones, en los que sufren en su carne el mal trato. El problema repercute también entre nosotros. El acuerdo para encarcelar en El Salvador a personas expulsadas de Estados Unidos ha sido una fuente de violaciones de derechos básicos. Impacta recientemente que venezolanos que llegaron recientemente al país no hayan podido visitar a sus familiares privados de libertad en el CECOT. Presos algunos de ellos que ni siquiera tienen un proceso abierto ni acusación seria en su contra. Con razón nuestros obispos pedían que cesara ya el régimen de excepción y que no nos convirtiéramos en una cárcel internacional. La reciente detención de defensores de Derechos Humanos como Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya ha provocado que tanto a nivel internacional como internamente crezca la preocupación por la situación salvadoreña. Porque perseguir defensores de derechos no solo conduce a la interrupción de lo que llamamos Estado de Derecho, sino que además arrastra a una descomposición moral de la sociedad. Ya hemos visto entre fanáticos de la política repetir ataques en las redes contra quienes defienden derechos, incluso animando al Estado a cometer nuevas violaciones. Hacer la guerra, sea estatal, personal, jurídica o mediática contra quienes defienden a los injustamente golpeados o detenidos es caer en una forma de violencia que destruye la necesaria solidaridad de los países para construir un desarrollo coherente con la dignidad humana. Los Derechos Humanos, en definitiva, además de estar garantizados por la Constitución y por un buen número de Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro propio país, constituyen una moralidad externa al poder. Y esto último es sumamente importante porque quienes tienen poder político o incluso económico quieren con frecuencia decirnos lo que es correcto o incorrecto en nuestro comportamiento. Y la moral o la ética no dependen de lo que diga el poder, sino de lo que dice la conciencia humana acostumbrada universalmente a distinguir lo bueno de lo malo y a irlo plasmando en sus reflexiones y decisiones universales, muchas de ellas amparadas por el pensamiento de las diversas religiones. Si el individualismo consumista actual impulsa a convertir los derechos en una simple dependencia del poder, el espíritu humano, consciente de la igual dignidad humana y de la fraternidad universal nos dice lo contrario: que los Derechos Humanos son fruto de la experiencia universal del bien y en ese sentido una norma que está por encima de toda ley dada desde el poder de un grupo o una persona. Defender derechos es en ese sentido defender el sentido verdadero de la humanidad y del bien común que todos debemos buscar. Y por eso, cuando se detiene sin causa clara a defensores de Derechos Humanos, es importante que todas las personas de buena voluntad pidan verdad y libertad para los injustamente detenidos.

En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y, lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro. La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del “sálvese quien pueda”, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro. Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el Gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo.

Dos escuelas remodeladas por día no es un buen tema para relanzar la marca Bukele en el mercado de las redes sociales. La promesa de recuperar aceleradamente la infraestructura escolar es de 2021. Desde entonces forma parte del repertorio del discurso oficial. La repetición es obligada, dado el reiterado incumplimiento. Pero la reiteración no la hace más creíble. El tema es espinoso. Más allá de confiar o no en la promesa, la meta ha resultado ser demasiado grande para las posibilidades de Bukele. La reducción de tres a dos escuelas por día no es suficiente. No es una cuestión ideológica ni política, sino de posibilidades reales. Los datos oficiales, como dice el mismo Bukele, son irrebatibles. Por tanto, tampoco es una cuestión opinable ni de interpretación. La web oficial registra 28 centros escolares intervenidos. En tres, las obras están concluidas. En la mayoría (25), están “en ejecución”. En seis de ellos, el avance es superior a la mitad. La intervención en catorce de esos centros fue anunciada en 2023 y 2024. En algunos de los veinticinco centros con obras “en ejecución”, los trabajos comenzaron hace un año. En seis se omite el avance y en trece no supera la mitad. En uno de San Miguel, la intervención comenzó hace un año y solo ha avanzado el 20 por ciento. Los trabajos caminan lentamente. La necesidad de ratificar su interés en la educación nacional hizo que Bukele alegara que no ha cerrado centros escolares, al menos 67, sino que los ha “unificado”; y que exagerara su compromiso con la Universidad de El Salvador (UES). Poco tardó esta es precisar sus afirmaciones. Desde 2021, no ha aumentado sustancialmente el presupuesto de la UES; el incremento al que el mandatario se refirió fue un refuerzo para la educación en línea durante la pandemia, en 2020-2021. No entregó doce edificios nuevos, sino siete y sin transferir la propiedad. De los veinticinco que prometió intervenir, solo dieciséis experimentaron algunas mejoras. La ligereza mostrada en el manejo de los datos puede deberse a que Bukele no está bien informado o que no les presta mucha atención. Sea lo que sea, corre el riesgo de ser desautorizado. El incumplimiento de la promesa de poner a punto los centros escolares no es un descuido aislado. La ejecución de la inversión pública adolece del mismo mal; el año pasado no llegó a la mitad de lo presupuestado. La de educación es aún menor. Otro dato relevante es el uso de los fondos públicos. El país creció bastante menos que el promedio centroamericano, a pesar de disponer de más dinero que sus vecinos. Solo creció el 2.6 por ciento, mientras que los demás superaron el 3 por ciento. Sin embargo, la recaudación fue superior al promedio centroamericano. Esto significa que dispuso de más dinero, proveniente de los impuestos y de la deuda, superior al promedio regional, pese a lo cual creció menos que el resto. Es decir, no usó inteligentemente esos recursos, que gastó en salarios y servicios, en lugar de impulsar el crecimiento económico. El aumento del gasto público disparó la inflación y el encarecimiento de la vida hizo al país menos atractivo para la inversión directa, que ya, de hecho, lo evita. La pobreza ha retrocedido no por la redistribución de la riqueza nacional, sino por las remesas, las cuales también contribuyen a que el dólar circule. Aun cuando debe mucho a los sacrificios de la diáspora, Bukele no la ha defendido de la criminalización y la persecución de Washington. Los pocos datos disponibles no respaldan las pretensiones de Bukele. Si los hubiera más favorables, seguramente serían del dominio público. Esa es una razón poderosa para ocultar la información. La rendición de cuentas objetiva y veraz es perjudicial para la credibilidad de Bukele. Aparentemente, al menos por ahora, es mejor esconder, negar y olvidar. De todas maneras, el estado de abandono de la infraestructura escolar es entendible. El mismo Bukele reconoció públicamente que no había podido cumplir su promesa porque “pensamos que las escuelas estaban en otra situación” y resultó “más difícil de lo que nosotros esperábamos”. Lo que no es comprensible es cómo prometió a ciegas y sin saber a qué se estaba comprometiendo. Después de seis años en el poder es ilógico culpar a un pasado cada vez más lejano. Asimismo, es difícil adivinar qué quiso decir el 1 de junio al anunciar que lo que está “a punto de construir solo es posible gracias a lo que hemos logrado en estos años”. Ciertamente, en educación y en las otras áreas sociales no se observa mucha construcción, lo cual deja al futuro flotando en una nebulosa. Eso sí, dijo bien cuando agregó que eso “solo será posible con la misma fe”. Solo que fe solo se puede tener en el Dios de Jesucristo. Lo demás es idolatría.

El 26 de mayo se publicaron en el Diario Oficial las nuevas tarifas del salario mínimo. Según Decreto Ejecutivo, las cifras son las siguientes: $408.8 para comercio, industria, agroindustria y servicios; $402.32 para maquila textil; $305.2 para recolección de caña y beneficios de café; y $272.53 para el sector agropecuario y de recolección de café. Las tarifas vigentes suponen un incremento uniforme del 12%.

Se les llegó a considerar los hombres más poderosos del planeta: uno como presidente de Estados Unidos y el otro como el hombre más rico del mundo. Si el presupuesto de El Salvador se mantuviera constante en 10,000 millones de dólares, la riqueza de Elon Musk calculada en 2024 podría cubrirlo durante casi 50 años. Ambos, Trump y Musk, aparecieron muy unidos durante la campaña presidencial estadounidense del año pasado, así como durante los primeros 130 día de la presidencia de Donald Trump. El millonario invirtió cientos de millones de dólares en la campaña presidencial y legislativa, y el nuevo presidente le dio un enorme poder en el manejo del Estado. Hoy son noticia por el pleito que se traen y su ácida discusión en las redes. Trump amenaza con suprimir los importantes contratos que el Gobierno de Estados Unidos tiene con las empresas de Musk, y este le amenaza con el conocimiento de los vínculos del hoy presidente con el millonario Epstein, acusado de abuso sexual de un gran número de mujeres, muchas de ellas menores de edad. Lo que parece un pleito propio de las revistas del corazón, que con tanto morbo narran el paso del amor al odio de parejas famosas, tiene unas connotaciones morales y políticas importantes. Nos muestran, en primer lugar, la vulnerabilidad del poder cuando este se basa en el dinero o en la capacidad de manipulación política. Decía Maquiavelo, hace ya quinientos años, que “no existe hombre lo suficientemente habilidoso como para adaptarse a todas las circunstancias”. Y ni Musk ni Trump fueron lo suficientemente dúctiles como para llegar a adaptarse mutuamente. El poder, compuesto mayoritariamente de un conjunto de intereses, es siempre vulnerable porque choca con aspectos contradictorios de sus alianzas o con intereses desplazados de la alianza fundamental. Por eso, los que buscan ser amigos en simultáneo de poderes diferentes, económicos y políticos pueden quedar fácilmente en el bando perdedor. Además, cuando la soberbia del poder se lanza a manipular la verdad o la justicia, como han hecho en repetidas ocasiones Musk y Trump, la pérdida de autoridad está a la puerta. Y con la pérdida de autoridad comienza también a erosionarse y disminuir el poder. John Rawls, reconocido filósofo norteamericano, decía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es del pensamiento […] Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones”. Los dos poderosos amigos hoy convertidos en contrincantes abusaron de la justicia y de la verdad en sus transacciones. Y al final, como todos los tramposos que no tienen las cuentas claras, terminaron en un pleito que solo los debilita. Ambos también estaban rodeados de una especie de culto a sus personas, se pensaban inmunes a cualquier tipo de oposición desde su poder manipulador o económico, y no aceptaban nada bueno en sus opositores tradicionales. Les gustaba y les gusta todavía superar el gobierno de leyes y sustituirlo por su voluntad personal. Hoy su desencuentro los lleva a un dilema sin solución, que solo les retrotraerá a convertirse, como decía Shakespeare de los autócratas, en “un miserable actor que fanfarronea y se agita durante su hora en la escena, y luego no se lo escucha más”. La lección de este cuento para todos los que gustan o apoyan un régimen de gobierno discrecional en lugar del gobierno de leyes es clara. Insultar, amenazar o meter presos a los opositores políticos solo trasparenta el autoritarismo. También desde el poder se puede caer en la autodebilitante posición de exacerbar las contradicciones al querer eliminarlas.

Recientemente se conoció la condena del exmininistro de Defensa Guillermo García. Sus años como ministro fueron los más brutales de la guerra civil; terribles masacres y otras barbaries se cometieron en su época al frente de la Fuerza Armada. Ello hace pensar que el Ejército tenía una estrategia definida de represión y eliminación física de todo lo que significara o pudiera significar oposición a la política autoritaria y represiva de aquel entonces. La jueza que condenó a García también le ordenó al Estado pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Faltó exigirle a la Fuerza Armada que revisara su historia, que renunciara a un pasado de represión y crimen, y que pidiera las disculpas correspondientes. La masacre en El Mozote y otras zonas del país son parte de un modo de proceder que debe ser rechazado públicamente por las autoridades actuales de la Fuerza Armada. La justicia tardía, aunque positiva tanto para los familiares de las víctimas como para El Salvador en su conjunto, tiene algunos problemas inherentes. En primer lugar, las personas enjuiciadas y condenadas son sombras de lo que fueron. De ser imbatibles en su momento, son ahora ancianos, enfermos, hombres debilitados por el paso del tiempo. Además, no existe en El Salvador ninguna cárcel que reúna las condiciones adecuadas para recluir a personas de la tercera edad. Dada la inhumanidad que impera en los centros penitenciarios nacionales, encerrar a ancianos en ellos no debería ser una opción. Ciertamente, algunos sectores podrían verse tentados a pedir que sufran por lo que hicieron, pero la justicia nunca debe convertirse en venganza. La impunidad de crímenes de lesa humanidad es un cáncer para la sociedad que la tolera. Sin embargo, la justicia tardía también contribuye al deterioro de la convivencia, especialmente cuando llega tan tarde como en el caso de García y de otros como él. La excesiva lentitud destruye la credibilidad de los sistemas judiciales y deja hechos importantes a merced de la política y de las redes de influencia del poder. No es justo ni decente esperar a que los violadores de derechos humanos tengan 80 o 90 años para juzgarlos. En ese sentido, la tarea es crear políticas que rompan la impunidad, eliminen la lentitud tradicional del sistema judicial y corrijan la tendencia cultural a confundir justicia con venganza. Incluso con las limitaciones de la justicia tardía, la sentencia en contra de García debería estimular al sistema judicial y fiscal a revisar sistemáticamente todos los casos pendientes y a agilizar su enjuiciamiento. La lentitud con la que se procesa a los detenidos del régimen de excepción no es un buen presagio para los casos del pasado. Es fundamental evitar que las obligaciones de justicia se demoren, se teatralicen o se conviertan en espectáculo.

Todos los obispos de El Salvador han firmado recientemente una Carta Pastoral en la que analizan la situación social y política salvadoreña, al tiempo que hacen una serie de peticiones en favor del bien común y la justicia. Aunque no son muchos los reclamos y parten todos de la preocupación evangélica por los más pobres, terminan describiendo una realidad triste e injusta, presente en nuestra patria. Algunos de los reclamos se refieren a situaciones crónicas en temas como la salud y la educación que permanecen, a pesar de algunos intentos de mejora, en una situación deplorable. Insisten los obispos con toda razón en que se hagan esfuerzos mucho mayores en esos campos tan estratégicos para un desarrollo inclusivo y justo. Otras peticiones se refieren a los efectos de un régimen de excepción excesivamente prolongado y que ha creado tensiones e injusticias en el país. Se exige en ese sentido el fin del régimen. Y salen a relucir algunos de sus abusos cuando se pide al Gobierno que no convirtamos el país en una especie de cárcel internacional, o cuando se solicita que el sistema judicial abandone su lentitud y realice con rapidez juicios imparciales, liberando a inocentes, hoy por hoy presos sin posibilidad de defensa. La posición episcopal contra la colaboración con las políticas anti inmigrantes de países desarrollados, que tanto daño pueden producir a las familias salvadoreñas y al propio país, toca de refilón silencios e incluso actitudes de autoridades salvadoreñas que dañan la dignidad de los migrantes. La migración es un derecho, nos dicen nuestros obispos y el desprecio o agresión a los mismos, lo haga quien lo haga, se opone directamente al pensamiento cristiano. Reclaman, como es lógico, la derogación de la nueva ley que autoriza la minería metálica en el país. Una gran proporción de nuestro pueblo cristiano lo exige y se escandaliza de que las palabras de nuestros obispos no tengan respuesta racional y dialogante. Impacta especialmente en la carta pastoral la exigencia de que no se persiga a los defensores de Derechos Humanos ni a los que defienden el medio ambiente. Los obispos han detectado con claridad el ambiente de irrespeto a los Derechos Humanos por parte del Estado, expresado tanto por autoridades como a través de las redes afines, y por eso piden que no haya persecución. Los ejemplos de Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Ruth Eleonora López son más que evidentes de lo que dicen. Los campesinos, el sector con mayor pobreza en el país, se alegrarán sin duda con esta carta pastoral solidaria con ellos. Es absurdo mantener un salario mínimo del campo inferior al que se señala para los sectores urbanos. Los obispos conocen la marginación de este sector y piden una política seria de apoyo a quienes nos alimentan con su trabajo. Como cristianos debemos apoyar a nuestros obispos. Fijar y concretar la problemática de El Salvador es necesario para establecer un diálogo fructífero sobre el desarrollo inclusivo y solidario que necesitamos desde hace muchos años. Desde su fuerza y su valía moral los obispos nos están animando a impulsar el diálogo en el país. Solo viendo objetivamente los problemas, se pueden encontrar soluciones adecuadas. La propaganda engañosa, la guerra legal contra opositores, los insultos a quienes tratan de buscar verdad y justicia, las reservas de información, son mecanismos contrarios al diálogo. Difícilmente encontrará el gobierno planteamientos tan objetivos y serenos como los que en esta carta plantea la Conferencia Episcopal. Escuchar y dialogar es el reto del liderazgo político, tanto si quieren tomar en serio la ética como si desean que la Constitución de la República no se disuelva en la corrupción de normas secundarias y mandatos arbitrarios. El bien común, la centralidad de la persona, la justicia social, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, temas todos constitucionales, están en juego. Y los obispos nos llaman a rescatarlos.

La malversación de fondos y bienes públicos debe ser perseguida sin cuartel por la autoridad competente. Si la persecución no es universal, pierde eficacia y se devalúa, porque es percibida como una acción motivada por un interés ilegítimo. La víctima más reciente de esa selectividad es una reconocida abogada de Cristosal. Arrestada en su residencia al filo de la medianoche, según el manual al uso del régimen de excepción, fue desaparecida temporalmente. Su crimen no es saquear las arcas públicas, sino denunciar sistemáticamente en el ámbito internacional —donde más duele a un régimen como el de Bukele, celoso de su imagen— las violaciones a los derechos humanos y la corrupción rampante. La misma acusación endilgó a los empresarios del transporte público. A estos ya los puso en libertad, a la abogada la retiene y la trata como pandillera. El rigor jurídico no es su fuerte. Las capturas de los empresarios, así como la del pastor y presidente de la cooperativa El Bosque, y su abogado, tienen mucho de venganza de un poder herido en el amor propio. A diferencia de estas, la de la abogada hizo titulares en la prensa internacional y fue ampliamente condenada en el exterior. Mucho desconcierto debe reinar en Casa Presidencial para atentar de forma tan temeraria contra la marca Bukele. La torpeza muestra que la razón del régimen de excepción no es la seguridad ciudadana, sino el poder que otorga para someter a la oposición. En otro paso desafortunado, la intelligentsia de Casa Presidencial legisló contra lo que llama “agentes extranjeros”, cuyos ingresos gravó con un impuesto del 30 por ciento. El legislador entiende por “agentes extranjeros” no solo a las ONG, que percibe como antagonistas insoportables, sino también a las empresas transnacionales, los inversionistas extranjeros, las agencias de cooperación de otros países y cualquier otra fuente de financiamiento externo, sin importar la cantidad y la modalidad. Semejante imprecisión en un asunto tan delicado como la cooperación internacional y la inversión extranjera deja mal parado a un autoritarismo que presume de modernidad. Quizás sea deliberado. Más probable es que sea improvisación e incompetencia. La ley invoca la transparencia. Una redundancia, porque las ONG ya son vigiladas por varias instancias estatales. El sector privado es más independiente. Es grotesco que un legislador que se mueve en la oscuridad se erija en adalid de la transparencia. Luego agrega que legisla para resguardar “la seguridad, la soberanía nacional y la estabilidad social y política”, lo cual quiere decir blindar a Bukele de la crítica, del reclamo y de la protesta. En realidad, solo peligra su marca, que navega en aguas turbulentas. Así se explica que el legislador le otorgue poder discrecional para decidir qué “agentes extranjeros” operarán en el país y cuáles serán exonerados del impuesto. Aunque las multinacionales y los inversionistas pueden solicitar ese beneficio anualmente, su futuro, de hecho, depende de Bukele. El legislador alega en su defensa que su objetivo son las ONG, pero el texto va bastante más allá. En consecuencia, el capital extranjero y su socio nacional están a merced de Bukele, el gran legislador. La intelligentsia presidencial desnortada ha introducido su marca en aguas tan revueltas que el naufragio es real. El frente digital da señales de agotamiento. Su eficacia es ahora menor. Los agentes de Bukele ya no convencen como antes ni consiguen desprestigiar a la víctima de sus ataques. Más bien desacreditan el producto que promocionan. El agasajo a los legisladores, con foto incluida, dio pie al sarcasmo. El baño de masas, reunidas por el oficialismo con motivo de la entrega de dos escuelas renovadas, no parece haber levantado la imagen de la marca. La cuarta repetición de renovar la infraestructura escolar es material de burlas ingeniosas. El enemigo más dañino de Bukele no son las ONG, sino él mismo. Posee la curiosa habilidad de cerrar cada vez más el círculo de aceptación, de alimentar el desprestigio y de fomentar el aislamiento. Sobrevivir en soledad, como pareciera pretender, él contra el mundo, excepto los Estados Unidos de Trump, es ilusorio. No vendría mal una dosis de realismo y otra de modestia. El encanto de los primeros años se extingue rápida e irremediablemente. En lugar de corregir el rumbo, se empecina en navegar en medio de la tormenta. El desgaste de seis años sin otro logro que mostrar que la seguridad ciudadana hace estragos. Incluso esa conquista se deteriora al usarla para suprimir a la oposición. El balance de seis años en el poder arroja decadencia creciente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La Presidencia de la República está a las puertas de cumplir su primer año de mandato inconstitucional. Un año marcado por un modelo de gobernabilidad autoritaria basado en el ejercicio discrecional del poder. Un año en el que el proceso de debilitamiento institucional se ha agudizado y en el que se ha barrido por completo con las garantías a los derechos humanos. Uno de los aspectos que evidencian un Estado de derecho es que todos los funcionarios se someten a reglas claras y públicas, sin excepciones. Cuando estas reglas son reemplazadas por decisiones arbitrarias, la ciudadanía se vuelve vulnerable y el poder deja de tener límites. Esa es la realidad de El Salvador hoy en día. El inicio del segundo mandato de Bukele estuvo marcado por detenciones arbitrarias dirigidas a veteranos de la guerra y a un firmante de los Acuerdos de Paz. Desde entonces, las capturas sin pruebas de la comisión de un delito han continuado; sus víctimas terminan en un sistema penitenciario en el que se han documentado casos de torturas y muertes bajo custodia estatal. En las últimas semanas, las detenciones se han extendido a exfuncionarios de anteriores Gobiernos, transportistas, abogados, líderes comunitarios y activistas sociales, sin el mínimo atisbo de un debido proceso. Con las más de 85 mil capturas en el marco del régimen de excepción y con la decisión de abrir el Cecot a las deportaciones de Trump, El Salvador se ha convertido en un país-cárcel. La retórica que ha acompañado todo este proceso ha sido en extremo polarizante; lejos de buscar caminos colectivos orientados a la construcción de una sociedad más justa, el discurso del Ejecutivo ha estado enfocado en dividir, estigmatizar y crear enemigos. Periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos se han llevado la peor parte. Los efectos son evidentes; por ejemplo, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 2024 fue el año más violento para la prensa salvadoreña. La aprobación de la normativa que permite la minería metálica y de la Ley de Agentes Extranjeros debe analizarse en el marco de la arbitrariedad y el aumento de la censura y la represión. Aun cuando tratan áreas diferentes, ambas fueron aprobadas de manera inconsulta y acelerada; ambas han suscitado un amplio rechazo de distintos sectores. Y también comparten el propósito de castigar a comunidades y sectores que ya sufren el abandono del Estado. Las repercusiones directas de dichas normativas en personas y víctimas son inminentes. A todo lo anterior se suma, por un lado, la política de opacidad existente, con el abuso reiterado de las reservas de información (incluso sobre elementos aparentemente inocuos, como el río San Sebastián); y por otro, la improvisación característica en la atención a los problemas de país. Salta a la vista que la preocupación del oficialismo es mantener los niveles de popularidad a cualquier costo, no las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de la población. Por supuesto, este actuar arbitrario del Gobierno no es inofensivo; tiene consecuencias concretas en la vida de las personas, incluso irreversibles. Como antaño, antes de la firma de unos Acuerdos de Paz que el oficialismo tilda de inútiles, el miedo, la incertidumbre y el abuso imperan sin que haya alguna instancia a la cual acudir. Construir un país en justicia y libertad vuelve a ser una utopía.

Es una vergüenza que Estados Unidos ponga un impuesto a las remesas. En cierto modo es una ley xenofóbica y racista. Castiga a los extranjeros y mayoritariamente a los latinos. Uno puede ser norteamericano, trabajador, que paga puntualmente impuestos al Estado. Pero si su madre es anciana, vive en América Latina y recibe remesas de su hijo para su manutención, las remesas tendrán que pagar impuestos. Si eres latino, nacionalizado o no en Estados Unidos, tendrás que pagar impuestos por ser generoso con tus propios parientes si estos viven fuera de Estados Unidos. Es un mandato inmoral y por tanto, aunque sea legal, si se puede burlar debe ser burlado. Nadie puede moralmente multar la generosidad con los pobres. Cometer una inmoralidad legal lo pueden hacer quienes tienen poder. Pues el poder y la moral no siempre van juntos. Al contrario, como decía Aristóteles hace más de 2,300 años,“los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder”. Y peor cuando son ricos, porque citando al mismo filósofo, “las ambiciones de los ricos son mucho más destructivas de las formas de gobierno que las del pueblo”. No es en ese sentido incomprensible que la centralización del poder y la idolatrización de uno o varios millonarios en Estados Unidos, traigan desgracias para países más pobres. Pero da más pesar cuando en un país como el nuestro, que está en la posición 127 en el índice de desarrollo humano, con problemas serios de desigualdad y pobreza, se pretenda castigar a los pobres. La ley de Agentes Extranjeros, amenazando con un impuesto del 30% a organizaciones de la sociedad civil y personas naturales que trabajan en beneficio de los más pobres, parece ir en esa dirección. Si Ud. no ha cometido ningún delito y ha sido detenido en virtud del régimen de excepción, no podrá ver a sus familiares ni recibir abogados que lo defiendan. La Procuraduría General de la República no cuenta con abogados suficientes para llevar a cabo una defensa efectiva. Si una organización de la sociedad civil quiere defenderlo, presentar un “habeas corpus” por Ud. y quejarse porque no se tienen en cuenta sus derechos constitucionales y legales, corre el peligro de que el gobierno le ponga un impuesto del 30% del dinero recibido del exterior para realizar servicios básicos legales a personas pobres tratadas injustamente. Según la ley que se acaba de aprobar, el Estado adquiere la facultad, en la práctica, de considerar la defensa de los derechos humanos como una actividad política subversiva y gravarla con impuestos. Se puede decir y reclamar que esa ley de Agentes Extranjeros es inconstitucional. Pero el sistema judicial está de tal manera cooptado y controlado por el poder ejecutivo que presentar recursos de inconstitucionalidad ante un juez es como tirar barquitos de papel en el océano. No llegan a ninguna parte. El Salvador necesita mucho diálogo, más debate serio y menos propaganda. Con medidas restrictivas y de control no se va muy lejos. Al contrario, se crea una cultura del poder de los más fuertes que no sólo va en contra de los deseos democráticos de las mayorías, sino que además acaba fomentando la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo cultural. Si la educación autoritaria es uno de los obstáculos más fuertes para el desarrollo humano, como hoy se reconoce universalmente, la negativa al diálogo, a la reflexión, a la crítica o a la defensa de los pobres, conduce siempre al fracaso de los pueblos. Es cierto que no es fácil gobernar democráticamente países que tienen una tradición autoritaria. Pero querer gestionar la democracia sin respetar el diálogo con las minoría (o a veces incluso con las mayorías) es un absurdo y tiene siempre malas consecuencias. A nadie ayuda el poner impuestos al dinero que viene de fuera y que se dedica tanto al pago del trabajo digno y honrado como a la ayuda a los pobres y a la defensa de sus derechos. El hecho de que el gobernante de un país, desde su nacionalismo corto de miras y su racismo ponga impuestos a las remesas, que son dinero para los pobres, no justifica que aquí hagamos algo parecido agravando la situación de la gente menos favorecida.

En la actividad política, el poder excesivo conduce con facilidad al error. En efecto, cuanto más poder tiene un político, menos reflexiona sobre la calidad de sus acciones y sus consecuencias. Manda sabiendo que la mayoría de los que le rodean bajarán la cabeza y alabarán la decisión tomada. En el caso de El Salvador, si bien el oficialismo dispone de medios para mantenerse en sus decisiones pese a estar equivocado, la suma de yerros ha comenzado a debilitarlo. Ciertamente, la propaganda, la presentación fantasiosa de acciones, reduce la erosión de su imagen, pero el dolor causado por las malas decisiones y la permanente contradicción con la verdad y la honestidad van carcomiendo la confianza ciudadana, lo cual podría llevar a que el Gobierno enfrente, de pronto, un grave déficit de apoyo. Alargar el régimen de excepción desaforadamente ha visibilizado las injusticias. La venta anticonstitucional de servicios carcelarios al Gobierno de Donald Trump, junto con la decisión de encerrar a personas sin proceso ni acusación judicial, ha escandalizado a la opinión mundial. Y el empecinamiento de mantener preso acá a Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado ilegalmente de Estados Unidos, intensificó la controversia. Con la cooperativa El Bosque, otro caso en el que se suman errores, hubiera sido fácil dialogar, tal como se hizo hace años con la comunidad expulsada de las tierras de la familia Dueñas. La detención de un pastor evangélico y de un abogado ambientalista que acompañaban a la cooperativa en la defensa de sus derechos ha generalizado la indignación. Y luego llegó la detención de Ruth Eleonora López y la imposición de un 30% de impuesto a las donaciones recibidas desde el extranjero por organizaciones no gubernamentales. No es inteligente acumular errores cuando se mantiene en zozobra a los comerciantes informales, se expulsa del trabajo a empleados públicos y se reducen los médicos y medicinas en el sector de la salud pública. El ideal en la convivencia política pasa siempre por el diálogo y la tolerancia, así como por la ayuda a los sectores más desfavorecidos. A los pobres no se les puede condenar a estar cada vez peor en lo que respecta al goce de sus derechos básicos. Golpear a quienes defienden a las víctimas de injusticias hace siempre odioso al poder. La popularidad de Nayib Bukele se creó sobre una hábil y alta capacidad de propaganda, y sobre el aprecio de mucha gente que veía en él una mayor sensibilidad ante los problemas de las mayorías. Pero la acumulación de errores en el trato a las personas con problemas económicos rompe una de las fuentes de su popularidad. Ser duro con los pobres y con quienes los defienden es la negación más clara de lo que se entiende por bondad. Y eso, por más que se trate de remediar con propaganda, debilita gravemente a quienes están en el poder. Reaccionar a la falta de autoridad moral con más poder represivo atrasa el proceso de desarrollo ético y democrático del país. Dialogar con las instituciones de la sociedad civil, liberar a los detenidos injustamente, trabajar con más ahínco en la eliminación de la pobreza y fortalecer las redes de protección social son tareas pendientes que empiezan a cobrar factura. Si no se rectifica el rumbo, el costo político y social no solo será inevitable, sino creciente.

Tarde o temprano, toda autocracia hace uso de la fuerza para callar la disidencia. Mientras más respaldo social pierde un régimen autoritario, más necesidad tiene de recurrir a la persecución y a la represión para sostenerse. Es parte del libreto del autoritarismo. En El Salvador, la deriva autoritaria ha cobrado nuevos bríos; diversos hechos recientes han causando una erosión de la popularidad del oficialismo, y la reacción de este no se ha hecho esperar. El caso Cosavi, la aprobación de la ley que promueve la minería metálica, el alquiler del Cecot para migrantes deportados desde Estados Unidos, las deficiencias de las obras en Los Chorros, la investigación periodística que confirma los vínculos entre funcionarios de Bukele y las pandillas, la violenta disolución de la protesta de las familias de la cooperativa El Bosque son hechos que estarían impactado negativamente en la opinión ciudadana sobre el Gobierno, lo cual se suma al descontento por la aguda crisis de la economía familiar. En reacción, el Ejecutivo ha recurrido tanto a medidas populistas (por ejemplo, dar transporte público gratis en todo el país) como al uso de la intimidación y la fuerza. De esto último son ejemplos claros la detención del pastor evangélico José Ángel Pérez, del abogado Alejandro Henríquez y de la jefa de Cristosal, Ruth López, y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. En un Gobierno democrático, las críticas se responden con argumentos, no con persecución; los señalamientos de delitos cometidos por funcionarios originan una investigación seria; la corrupción se combate con rendición de cuentas y transparencia; las protestas pacíficas de la población dan pie al diálogo y la búsqueda de soluciones. Esos son los caminos que hay que seguir para que El Salvador no se convierta en otra Nicaragua. Hay que evitar a toda costa entrar en una dinámica de desprestigio-represión que reviva las horas más trágicas de la historia nacional. Las escenas y disposiciones de los últimos días ya las vivió el pueblo salvadoreño el siglo pasado, y lo que siguió no fue bueno para nadie, ni para la población, ni para el país, ni para los gobernantes. Monseñor Romero, ferviente defensor de la paz y la justicia social, siempre se opuso a toda forma de violencia y clamó por un diálogo constructivo para evitar un conflicto mayor. Sus palabras siguen teniendo vigencia y deben ser tomadas en cuenta por quienes dirigen el país: “Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, fiel a su compromiso con la realidad, la excelencia académica, el respeto a los derechos humanos y la democracia, expresa su preocupación por la detención de Ruth Eleonora López Flores, abogada, docente de esta casa de estudios, defensora de los derechos humanos y jefa anticorrupción y justicia de Cristosal. Este hecho ocurre en un contexto de creciente erosión del espacio cívico, de criminalización de la libertad de expresión y de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como también contra aquellas personas y colectivos que alzan su voz en favor de las poblaciones más desfavorecidas. La UCA, en tanto espacio de reflexión, análisis y compromiso con la transformación social, reitera que la defensa de los derechos humanos es una labor esencial para alcanzar una sociedad más justa e integradora, que tienda a la realización de la persona humana y del bien común. El Estado, conforme a la Constitución de la República y a los tratados internacionales en materia de derechos humano de los cuales es parte, está obligado a garantizar los parámetros universales del debido proceso, el ejercicio pleno del derecho de defensa y la aplicación efectiva de todas las garantías judiciales. En este sentido, le corresponde asegurar que ninguna persona sea privada de libertad sin causa penal legítima y que, en caso de que esto suceda, sea puesta en libertad de inmediato por las autoridades competentes. La UCA hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y la integridad personal de toda persona bajo la custodia del Estado; y a cesar cualquier acción que afecte por medios directos o indirectos el derecho a la protesta, a la organización pacífica y a la exigencia de justicia. Solo la defensa de los derechos humanos, la formación de una ciudadanía comprometida con la democracia y la justicia, y la protección de los principios democráticos conducirán a la construcción de un El Salvador libre, inclusivo y justo. Antiguo Cuscatlán, 19 de mayo de 2025

La inmensa mayoría de los cristianos hemos quedado satisfechos con la elección de León XIV como obispo de Roma y sucesor de Pedro en la Iglesia católica. Es una persona con tradición acrisolada de servicio, de espiritualidad, de pensamiento humanista y con un claro sentido de justicia social. Quedan algunos críticos, muy pocos, con actitudes negativas, construidas muchas de ellas desde una opción trasnochada: espiritualidad alienante, tradiciones retrógradas y negativa al diálogo entre la Iglesia y el mundo, así como a la opción preferencial y activa en favor de los pobres. Sin embargo, es importante hacer algunas observaciones sobre la participación de los cristianos en la elección del papa, de los obispos y de los cargos de autoridad. La participación de la mujer en el liderazgo de la Iglesia es escasa, a pesar de que su compromiso con el trabajo eclesial de base es enorme y de gran calidad. En menor escala podríamos decir algo parecido de los laicos varones, no siempre tenidos en cuenta cuando se les percibe muy creativos. Aunque es cierto que Jesús le dijo a Pedro apacienta mis ovejas, también hay que tener en cuenta que dichas ovejas no son de Pedro, sino de Jesús. Y, por tanto, gozan también de la libertad y la realeza del Señor a las que nos hemos adherido por el bautismo . En ese contexto debemos analizar las formas de elección del papa. Durante muchos años, la aclamación popular en la ciudad de Roma determinaba el nombramiento del papa. Es hacia inicios del segundo milenio del cristianismo cuando se decide que sean los cardenales los electores, para evitar las múltiples y a veces brutales interferencias de reyes y señores feudales en la elección del obispo de Roma. Desde entonces, aun con la influencia de familias nobles y de sus parientes nombrados cardenales, y a pesar del derecho a veto de algunos reyes europeos, el colegio cardenalicio ha sido el encargado de nombrar al papa. Salvo algunas elecciones realmente lamentables, los cardenales han sido garantes de una mejora clara de los nombramientos. Tras el veto del emperador austrohúngaro en 1903, Pío X prohibió taxativamente esa costumbre. En la actualidad es lógico que se plantee el tema de una mayor participación del Pueblo de Dios en el nombramiento del obispo de Roma, dado su carácter de pastor universal en la Iglesia católica. Es cierto que no podemos decir que la Iglesia es una democracia. Tampoco se puede afirmar con frivolidad que es una monarquía absoluta. Pero el tema de la elección de los obispos y del mismo papa ha tenido una historia lo suficientemente diversa como para que en tiempos en los que la misma Iglesia alaba la democracia como sistema de gobierno, se amplíe la participación del pueblo de Dios en la elección del papa. La presencia de mujeres con mayores responsabilidades dentro de la Iglesia y como electoras en las futuras elecciones de los pontífices terminará imponiéndose por pura lógica, no solo racional, teológica y numérica, sino, sobre todo, evangélica. El camino sinodal abrirá puertas a una mayor participación del laicado, ya iniciado desde el Concilio Vaticano II, y romperá las barreras del clericalismo que todavía quedan entre nosotros. Aunque podamos y debamos decir que la Iglesia no es una democracia, el espíritu de comunión y participación evangélica que la caracteriza implica diferencias básicas de una monarquía autoritaria y clerical. El papa León XIV, acostumbrado a impulsar la vida comunitaria unida en un solo corazón y una sola alma en el Señor, como dice la regla agustiniana, y como lo ha vivido en su experiencia episcopal en Perú, sabrá llevarnos por los caminos de cordialidad y participación que Jesús nos recuerda siempre cuando nos pide que nuestra actitud social y comunitaria sea siempre la del que sirve, no la del que manda.

Por José María Tojeira, SJ Cuando los profetas de Israel pensaban en un mundo renovado, soñaban con armas convertidas en instrumentos de labranza. En nuestro mundo actual el liderazgo de las naciones creen necesario multiplicar el armamento a niveles cada vez más absurdos. El informe de SIPRI, una institución sueca que trabaja la paz y que investiga el armamentismo, ha mostrado un aumento récord en el gasto militar mundial : En 2024 el gasto en armas y ejército asciende a 2.7 billones (numeración europea) de dólares. Un aumento de 300.000 millones de dólares frente a los 2.4 billones gastados en 2023. Europa por su parte se apresta a aumentar su gasto en armamento presionada por Estados Unidos, que desde finales de la segunda guerra mundial es el país con mayor inversión en armamento. El clamor de las Iglesias y de numerosos grupos pacifistas, que quisieran que una parte del gasto en armas se trasladara a la inversión solidaria en los países empobrecidos, no ha tenido eco en quienes presumen de tener el liderazgo mundial. El nacionalismo exacerbado de personalidades como el Presidente Trump de los Estados Unidos, ha influido en el desarrollo de políticas armamentistas y anti inmigrantes. Para los católicos, que deben tomar en serio las propuestas de la doctrina social de la Iglesia, así como para las personas de buena voluntad, es importante recordar las palabras del papa Francisco en su último mensaje para la Jornada Mundial de la paz en este año 2025. Ahí pedía a las naciones que “utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un Fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas también dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. Aunque para muchos sería muy ambicioso proponer un 10% del gasto mundial en armamento dedicado al desarrollo, es importante hacer números, aunque se como ejemplo, para ver lo que significaría esa cantidad aplicada al gasto en armamento y ejércitos. La operación es sencilla; se trataría de 270.000 millones de dólares. Una cantidad que si se repartiera entre los 100 países con más dificultades económicas y con márgenes relativamente importantes de población con hambre, significaría una ayuda anual de 2.700 millones de dólares. Los datos que damos no son una propuesta. Cómo usar esa tremenda cantidad de dinero necesitaría mucho pensamiento, organización adecuada y buena voluntad. Pero lo que es evidente es que el descuento para desarrollo de un 10 % en los gastos de armamento de todos y cada uno de los países, no los hace ni más débiles ni más pobres. Tampoco crearía una crisis económica mundial. Molestaría a lo que el antiguo presidente Eisenhower de los Estados Unidos llamaba el “complejo militar industrial” y probablemente a personas ciegas en el campo de la solidaridad. Porque en efecto, una persona que prefiera más armas en vez de menos pobreza o menos hambre, carece de la moralidad básica que exige el hecho de ser todas las personas humanas miembros de la misma especie. O dicho en términos religiosos, ser parte de la misma dignidad y fraternidad universal de los seres humanos es más importante que la acumulación de armas. Insistir en el propio país en el recorte del presupuesto militar en favor de la lucha contra el hambre es una opción política humanitaria que sin duda trascendería las fronteras de los países que lo hicieran e iría, poco a poco, creando la posibilidad de que se convirtiera en una práctica mundial dedicada a erradicar el hambre y fomentar el desarrollo. No hacerlo solo demostraría la incapacidad de los políticos para enfrentar con racionalidad los problemas sociales, sino también el miedo a los militares y el desbordado peso que se les puede dar tanto en las democracias como en los regímenes autoritarios. Los que pensamos que una nueva civilización es posible no debemos cansarnos en el reclamo.

León XIV tiene un perfil interesante. Fue uno de los últimos nombramientos del papa Francisco. Tanto en la dirección de los dicasterios o congregaciones romanas como en el cardenalato, su designación no pasa de los tres años. Podría decirse que pertenece al grupo seleccionado por Francisco para el relevo generacional. Como muchos de los así elegidos, fue traído de un lugar donde no estaba haciendo carrera. Nacido en Estados Unidos, es miembro de una orden, los agustinos, inspirada en uno de los más grandes pensadores tanto de la Iglesia como de la reflexión humanista; trabajó en América Latina como sacerdote y como obispo durante una buena cantidad de años. De ese contexto, tan vinculado a las experiencias pastorales, lo llevó Francisco a un puesto clave en la Iglesia, el Dicasterio para los Obispos, responsable de analizar y proponer a los mejores candidatos para el episcopado. Su conocimiento del mundo latino le ayudó a León XIV a entender a los migrantes y a solidarizarse con ellos. Su capacidad de decir claramente su opinión, su amor a los pobres y su cercanía al diálogo lo preparan para ser un buen guía de una Iglesia que necesita mantener una palabra evangélica clara en el convulsionado y beligerante mundo actual. Los valores agustinianos, sin duda fuertemente vividos tanto en sus estudios como en su oración, lo disponen para enfrentar los retos de la Iglesia. “Habitar en la casa unánimes y con un solo corazón y una sola alma dirigidos hacia Dios”, norma básica agustiniana, impulsa al amor, la fraternidad y a cuidar la casa común. La conocida frase de san Agustín en sus reflexiones sobre la Trinidad: “Busquemos como buscan los que aun no han encontrado y encontremos como encuentran los que aún han de buscar”, marca una actitud indispensable para el gobierno de la Iglesia actual. La respuesta a los desafíos que la historia hace a la Iglesia no puede consistir en cerrarse en el pasado, sino en buscar respuestas que abran a nuevas realidades y a nuevas búsquedas. León XIV tiene claro que la comunión entre los seres humanos está reñida con el egoísmo de las grandes potencias y con el discurso xenófobo. Sus breves mensajes como cardenal, corrigiendo las afirmaciones erróneas del presidente y vicepresidente estadounidenses sobre temas migratorios, han sido claros. Sabe que la ambición depredadora de los poderosos está en la base de diferentes y peligrosas situaciones medioambientales. Su elección del nombre León empalma con una historia de transformación en la Iglesia. Después de una larga etapa eclesiástica en el siglo XIX, en la que la jerarquía, acostumbrada a hablar desde el poder, no encontraba el modo de relacionarse con el mundo, León XIII abandonó la peligrosa tendencia a la condena sistemática y comenzó a hablar de las nuevas realidades del mundo desde la inspiración evangélica y la sabiduría de la experiencia. Surgió con él, y continuó desarrollándose con sus sucesores, la doctrina social de la Iglesia, que traducida al ámbito latinoamericano por el episcopado del subcontinente ha dado frutos de desarrollo y múltiples testimonios martiriales. Elegir el nombre de un papa que abrió la Iglesia al diálogo con el mundo es comprometerse a continuar el camino del Concilio Vaticano II. Un camino de reforma interna permanente, en el que se vive y anuncia el Evangelio; un camino de diálogo orientado a construir un mundo más fraterno, más justo y más cuidado por todos en beneficio de todos.

En la actualidad, un gran número de acontecimientos saturan la cotidianidad de la sociedad salvadoreña, los cuales son amplificados y enturbiados por las redes sociales. La variedad es amplia: desde la llegada vía deportación de supuestos criminales venezolanos desde Estados Unidos, decomisos de miles de sacos de cocaína, cierres de carreteras que vuelven una pesadilla la movilización hacia y desde la capital, revelaciones periodísticas sobre procesos de corrupción. Ante ello, la comunicación gubernamental ha buscado distintas estrategias. La propuesta de canje de presos con Venezuela, el aumento del salario mínimo, la captura de empresarios del transporte, el anuncio del pago de mil millones de dólares que el Estado adeuda a distintos proveedores... Cada día, una novedad; cada día, una nueva respuesta. Y la discusión pública termina presa de la dictadura de las redes sociales. En medio de ese ruido, es posible documentar la profundización de las medidas antidemocráticas impulsada por el oficialismo. El informe del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA muestra que en 2024 el derecho a la libertad fue el más vulnerado. En este sentido, los datos generados por el Observatorio no son un buen presagio para el futuro de país, su población y su gobernanza. Se vive en la cultura de la ilegalidad, del incumplimientos de las normas. Peor aún, las normas son creadas a medida para cumplir con los deseos e intereses del régimen. Y si no hay tiempo para ese tipo de formalismos, simplemente se ignora el proceso de formulación de ley y se actúa según voluntad. La arbitrariedad y la represión en El Salvador van en aumento. El Gobierno debe explicar la negociación con pandilleros a cambio de votos. Es fundamental saber qué está de fondo en el trato con Estados Unidos que avala que migrantes sin proceso judicial en el país terminen en cárceles salvadoreñas. Cómo es que el Gobierno decreta la gratuidad del transporte a través de las redes sociales sin ninguna fundamentación legal. Además, ha capturado a empresarios del transporte sin seguir el debido proceso y apelando a un estado de excepción que ya no se justifica. A la base de estas irregularidades está la dictadura de las redes sociales y el abuso del poder. La sociedad salvadoreña está inmersa en una dinámica totalmente anómala, en la que se gobierna por capricho, los controles no funcionan, las instituciones responden a las órdenes de una persona y su círculo, y la única legitimidad en el ejercicio del poder es la popularidad. Un mejor país no se construirá inventando enemigos ni metiendo a las personas a las cárceles sin ningún fundamento. El futuro no será mejor allanando viviendas, intimidando organizaciones o estigmatizando periodistas, activistas sociales y disidentes. Es necesario soñar y defender una sociedad en la que se respeten las normas, se busque el diálogo y se garanticen los derechos humanos para toda la población.

Se suele decir que todos los trabajos son dignos. Sin embargo, muchos sectores y dinámicas de la sociedad niegan dicha dignidad. La explotación, los bajos salarios, la profunda desigualdad en el reconocimiento de los mismos son realidades innegables. Algunas actividades laborales se consideran inferiores o menos dignas; otras, en cambio, son mejor valoradas y se les asigna una recompensa económica muy superior. Aunque toda labor responde a una necesidad social y, por tanto, está dotada de la misma dignidad, la consideración social, la valoración económica e incluso el trato con el trabajador dependen de factores allende la dignidad. Generalmente, los salarios son el resultado de un cálculo de costos y beneficios. Cálculos, con frecuencia, ligados al afán de lucro o a las conveniencias políticas cuando quien contrata es el Estado. En El Salvador se excluye de las redes básicas de protección social a los campesinos, a las trabajadoras del hogar y a un gran número de pequeños empresarios y comerciantes del sector informal. Salarios de más de 20 veces el salario mínimo son frecuentes en las empresas grandes y se justifican desde la supuesta productividad económica del cargo que se ostenta. Si todos los trabajos son necesarios para la producción de riqueza, las diferencias no deberían ser tan enormes. Y si lo son, el Estado está moralmente obligado a reducirlas a través del impuesto sobre la renta. En la actualidad, fiel a la tradición discriminatoria del valor del trabajo, el Gobierno de Bukele está proponiendo un aumento del 12% al salario mínimo, luego de 4 años de mantenerlo sin cambios a pesar del encarecimiento de la canasta básica alimentaria. Dado que existen diversos salarios mínimos y que los trabajadores del campo son discriminados y tienen un salario menor, un 12% de aumento a todos los salarios mínimos ampliará la brecha entre el campo y la ciudad. En la práctica, el salario mínimo urbano tendrá un aumento que duplica al del mínimo rural. El 1 de mayo los trabajadores protestaron porque, a su juicio, el 12% no cubre el alto costo de la vida. Y tienen razón. Los despidos masivos en el Estado y los desalojos de vendedores informales han contribuido al empobrecimiento de muchos. La exigencia de un mayor aumento al salario mínimo es justa, pero llama la atención que se olvide o no se reclame con la debida fuerza la ratificación del convenio 189 de la OIT, que da a las trabajadoras del hogar las mismas condiciones y prestaciones de las que goza el resto de la población económicamente activa. Impacta también negativamente que los trabajadores formales no defiendan a los trabajadores informales, ni propongan una inclusión de los mismos en las redes de protección social, ni exijan reformas drásticas al Código de Trabajo a favor de ellos. Aunque trabajo y capital son necesarios en la producción de bienestar, en el pensamiento de la Iglesia católica el trabajo tiene mayor dignidad que el capital por una sencilla razón: el trabajo es una dimensión humana fundamental, nos hace personas. El capital suele despersonalizar. El hecho de que en El Salvador se viole la dignidad del trabajo humano, impidiendo a muchos salir de la pobreza y la vulnerabilidad, debe llevar a mayor reflexión y a mayor compromiso con un cambio social y unas reformas que respondan a la dignidad de todos.

En el pasado, la mayoría de dictadores asumían sin disimulo su posición de poder absoluto, sin preocuparse por la legitimación democrática. Actualmente, la mayoría de gobiernos y líderes autoritarios se preocupa por mantener una fachada democrática; por ejemplo, celebrando elecciones amañadas y manteniendo una aparente división de poderes. En estas “democracias”, los funcionarios no sirven a los ciudadanos, sino que están para obedecer las órdenes del autócrata. De acuerdo al informe 2023 del Instituto V-Dem (Variedades de Democracia) de Suecia, 72% de la población mundial vive en regímenes autoritarios (en 2013, solo era el 46%). Según el estudio, El Salvador es uno de los países que aumentó su tendencia al autoritarismo. Aristóteles dice, en su libro La política, que un tirano es alguien que se rodea de aduladores y que no respeta la ley ni la justicia, por lo que se convierte en un opresor. La mayoría de estudiosos coinciden en que los dictadores usan el miedo como herramienta de control social. Por algo Nicolás Maquiavelo decía que para mantenerse en el poder más vale ser temido que amado. Según el filósofo italiano, el miedo que se infunde en los gobernados se basa en el castigo que el gobernante pueda imponer. Así, las dictaduras amenazan, persiguen, encarcelan, exilian, difaman, matan. En el caso salvadoreño, el aparato de propaganda gubernamental afirma que el país es democrático y el más seguro del continente. Pero guarda silencio sobre la violación a los derechos humanos y la demolición de la poca institucionalidad democrática. No se dice que se ha cambiado, a conveniencia del oficialismo, las reglas de los procesos electorales ni que se ha puesto de rodillas al Tribunal Supremo Electoral. Se pasa por alto la total falta de transparencia en el uso de los recursos públicos, la ausencia de diálogo y la nula participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas. El régimen de excepción se ha normalizado y ha pasado a ser la principal herramienta de miedo. No en balde las encuestas muestran que gran parte de la gente prefiere no expresar su opinión sobre el quehacer gubernamental. La reciente denuncia de Cristosal y de otras organizaciones sobre policías uniformados que se hacen presentes a actividades de derechos humanos para tomar fotografías a las instalaciones, a los vehículos y a las personas representa un peldaño más en la persecución y acoso a personas e instituciones que denuncian la verdad sobre el régimen y defienden a sus víctimas. Este tipo de acciones no buscan otra cosa que infundir temor no solo a las instancias que las han sufrido directamente, sino a todo aquel que ejerce el pensamiento crítico. Una muestra más de que el régimen político del país es solo una ilusión de democracia.

Por José María Tojeira, SJ Cuando comienzan las lluvias es casi automático que se den circunstancias que nos recuerdan la necesidad de prevención. Este año se ha estrenado con el deslizamiento de tierras producido en la carretera panamericana en la cercanía de Los Chorros. Una vez más, raro es el año que no sucede, se ha interrumpido el tránsito a la capital, obligando a dar un gran rodeo por la carretera de Quezaltepeque. Que no se haya logrado estabilidad y seguridad de las paredes que flanquean una carretera tan concurrida muestra a las claras que la prevención no es prioridad en El Salvador. Pero no es el único caso. La multiplicación de muertes en tráfico en semana santa continúa siendo una plaga a pesar de algunos esfuerzos por prevenirlas. Las políticas de construcción de viviendas vulneran con frecuencia recomendaciones medioambientales básicas. La nueva ley de minería añade a los graves peligros de la minería a cielo abierto la poca capacidad del Estado de supervisar normativas medioambientales y prevenir el desastre. La detención y encarcelamiento de personas en la lucha contra las pandillas a base de “atarrayazos” en las colonias populares, muestra una vez más que la prevención, a otro nivel, de respetar los derechos humanos, desaparece cuando se fijan objetivos sociales que a parte de ser en principio buenos, comportan beneficios políticos. Esta despreocupación por prevenir desastres, que pueden darse tanto en áreas geográficas y medioambientales como en dimensiones estrictamente humanas, se refleja tanto en el olvido intencionado de tratados y protocolos internacionales ratificados por el país como en la decisión de no firmar el Acuerdo de Escazú. Ayudar a la protección y, si es necesario, al traslado y reubicación de personas que viven pegadas a quebradas, cárcavas o pendientes muy inclinadas con tierras relativamente sueltas, es una tarea pendiente. Prevenir es parte de la seguridad de las personas que el Estado tiene que garantizar. Dar en la escuela formación sobre enfermedades tropicales que suelen producirse con más frecuencia en tiempos de lluvias, es otra tarea indispensable para proteger a la población y para colaborar en el control de vectores. Nunca sabemos la intensidad con la que puede venir la época de lluvias. Quedar expuestos a lo que venga, dependiendo de la suerte, no es lo adecuado. Como tampoco lo es la indiferencia de los que tienen seguridad frente a las durezas del clima y las vulnerabilidades que afecta normalmente a los más pobres. Prevenir es responsabilidad de todos en lo micro. En lo macro le corresponde al Estado y todos debemos no solo colaborar sino también exigir cuando los gobiernos olvidan sus responsabilidades.

Editorial UCA En un mundo tan fracturado y lleno de tensiones como el actual, pensar en un nuevo papa despierta el deseo de continuidad de lo vivido con Francisco y, a la vez, de esperanza de novedad. No será fácil encontrar a la persona indicada para estos difíciles tiempos, pero los cristianos tenemos la ventaja de seguir un Evangelio, buena noticia de salvación, que se renueva en contacto con la historia humana y que empuja más allá de proyectos personales y de modos particulares de entender la realidad. Por eso, es natural que los cristianos esperemos que el nuevo papa sea fiel al Evangelio y que día a día se deje iluminar por la palabra y la vida de Jesús de Nazaret. Ese Jesús que desde la profunda intimidad con Dios se identificaba con los pobres y con todos aquellos a los que el mundo consideraba insignificantes, ajenos a la historia, descartados. Es normal y lógico que pidamos que el papa sea una persona de oración, piadosa y conocedora del Evangelio y de la tradición de la Iglesia. Pero la autenticidad de la piedad pasa por la comprobación de la misericordia y la solidaridad con los que sufren. La historia está llena de personas a las que se les arrebató o restó significado. Usualmente, para tener significado es necesario contar con recursos económicos, estudios o títulos, o haber triunfado en política, economía o en la guerra. Los insignificantes son mayoría. Solo cuando llenan las calles o se convierten en masa que reclama sus derechos cobran presencia y peso. En la Biblia, los profetas se dedicaron a dar significado a los pobres. Y se lo quitaban a los abusadores y a los que eran incapaces de ver y reaccionar positivamente ante el dolor y las necesidades de quienes carecían de todo. Jesús pasó su vida dando significado a quienes vivían al margen de la sociedad de la época, fueran pobres, leprosos, mujeres despreciadas o ladrones crucificados. Cuando el papa Francisco afirmaba en su encíclica Fratelli tutti que todos somos hermanos, no hacía otra cosa que advertir que un mundo que olvida el significado de los pobres y de las víctimas no camina hacia la verdad ni hacia la vida. Fue precisamente ese esfuerzo de Francisco de dar significado a todos el que llenó la plaza de San Pedro durante sus exequias. Dar significado a todo ser humano, especialmente a todo aquel al que el poder, el dinero o la violencia le quita o reduce su dignidad humana, es labor permanente de la Iglesia. Y es lo que la Iglesia, en su dimensión de Pueblo de Dios, espera de sus pastores. El estilo personal, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el carácter (más efusivo o más sobrio) son indiferentes. Lo que importa en un pastor de la Iglesia es que ame a su rebaño, mire al mundo en su extensión y complejidad, vaya allí donde está el sufrimiento, consuele, denuncie y se esfuerce por eliminar las causas del dolor. Por ello, los cristianos esperamos un papa que no sea indiferente al sufrimiento, que dialogue con todos buscando caminos de desarrollo y de justicia social, que acoja y acompañe, que haga brillar el Evangelio. Un papa que sea constructor de paz, que recuerde que las víctimas juzgarán a los poderosos, que sea humilde y sencillo, que contribuya a que la Iglesia se convierta en ejemplo claro de apertura, compasión, cercanía, coherencia, escucha activa e inclusión.

En un clima de complicidad, Trump y Bukele se declararon su mutuo amor ante las cámaras. No eterno, sino mientras les convenga, porque los dos son profundamente egoístas y, por tanto, poco confiables. Entre palmaditas en la espalda, apretones de manos y sonrisas, Trump se mostró muy satisfecho con la formalización del acuerdo “más extraordinario del mundo”, que lo autoriza a depositar “lo peor de lo peor” en el agujero negro de Bukele. Y este salió complacido por el reconocimiento público de su sistema carcelario. Los dos se burlaron cínicamente de la justicia. El romance tuvo, sin embargo, un desenlace inesperado a raíz de la deportación y reclusión de un salvadoreño protegido por la justicia estadounidense en las cárceles de Bukele. Sorprendidos, los funcionarios de Trump reconocieron que había sido “un error administrativo”. Enseguida, en connivencia con Bukele, rectificaron y, sin prueba alguna, lo convirtieron en “un monstruo”. El hecho ha levantado una ola de protestas y cuestionamientos que, desde la calle, han llegado a los jueces y los congresistas estadounidenses. Los enamorados se lavaron las manos. Trump dijo que no podía devolverlo a su hogar por estar fuera de su jurisdicción. Bukele, siguiendo el juego, adujo que podía ponerlo en libertad, pero no lo haría por ser terrorista. Olvidó que ya puso en libertad a un líder de una de las pandillas. La memoria autocrática es corta y selectiva. Así funciona el agujero negro. Mientras Trump lanza invectivas contra la justicia estadounidense, Bukele se burla de ella. Los dos bromearon con la construcción de más cárceles para desaparecer a “los monstruos” que hacen imposible la vida de Trump. Inesperadamente, la visita de Bukele a Trump es ahora tema internacional, no tanto por la seguridad ciudadana que ha impuesto en El Salvador, sino por el agujero negro donde vierte a quienes sus fuerzas represivas acusan y condenan como “criminales” y “terroristas”. Trump utiliza el mismo lenguaje y método para deportar inmigrantes. No es, precisamente, la publicidad esperada. Pero es bienvenida, porque a estos personajes les importa mucho llamar la atención. El juego es peligroso. Más para Bukele que para Trump. La presión política apenas comienza. Un valeroso senador demócrata, para furia de Trump y ridículo de Bukele, se presentó en El Salvador para solicitar una entrevista con el salvadoreño deportado. Primero lo negaron y le mintieron, pero en el último momento le concedieron la entrevista. Un hecho insólito, porque nadie retorna con vida del agujero negro de Bukele. Así lo reconoció insolentemente: el regreso del salvadoreño encarcelado en “los campos de exterminio y la tortura” para tomar “margaritas” con el senador “en el paraíso tropical de El Salvador” fue “un milagro”. Después de que el senador lo acusó públicamente, junto con su vicepresidente, de “mentiroso”, cedió. Tal vez por sentido común, tal vez por órdenes superiores desde Washington. El sarcasmo de su reacción apunta más a esto último. La rabia que refleja desdice de un mandatario que se considera cool. El juego de Trump y Bukele puede salir mal. Trump puede ser derrotado por la justicia estadounidense y arrastrar a Bukele en su caída. Si los jueces le ganan el pulso, el acuerdo extraordinario con este quedará invalidado y la renta acordada, olvidada. En la medida en que Trump pierda popularidad, Bukele perderá relevancia. Los tres primeros meses en la Casa Blanca ya acusan una caída de la aceptación más rápida de lo esperado. Finalmente, Trump tiene los días contados y nadie puede garantizar que su sucesor retome el romance con Bukele. Sin la Casa Blanca, este pasará a la irrelevancia. Mientras tanto, el régimen de Bukele ha recibido una atención internacional bastante desfavorable. La aventura en la Casa Blanca ha sacado a la luz información no deseaba por una Casa Presidencial hipersensible a la opinión pública. El régimen de terror que permea la seguridad de Bukele ha quedado en evidencia. Ese fue el único tema de la agenda de Bukele en Washington. De lado quedaron el estatuto de la diáspora, la subida del arancel de las exportaciones nacionales y el millonario desfinanciamiento de una serie de programas de la AID, orientados a aliviar el malvivir de miles de salvadoreños. Unos programas que Bukele no puede retomar por no tener dinero. El idilio entre Trump y Bukele mata. En aras de una ideología inhumana, aquel ya ha arruinado la vida de un salvadoreño y de centenares de inmigrantes, cuyo único delito es haber ingresado en Estados Unidos sin la debida documentación. Bukele ya ha destrozado la vida de decenas de miles de salvadoreños en aras del ego herido por el descarrilamiento de un pacto con las pandillas. El romance en el Despacho Oval de la Casa Blanca fue grandioso; sus consecuencias, no. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ha muerto un pontífice excepcional, un buen cristiano, un gran ser humano. De Francisco se pueden decir muchas cosas, pero un hecho resulta incontestable: su pontificado trastocó la Iglesia. La trastocó para bien, para devolverle credibilidad y vigor. Desde el principio dejó claras sus opciones apostólicas; y su testimonio de vida, coherente con ellas, le dio autoridad moral para ejercer su ministerio. Para Francisco, los pobres debían ser el centro de la preocupación de la Iglesia, que a la vez debía estar abierta a todas las personas. “En la iglesia, nadie sobra, nadie está demás, hay espacio para todos”, decía. Fue defensor y promotor inclaudicable de los derechos de los migrantes y solidario con su sufrimiento. Hizo un llamado a “armar líos” a una juventud demasiado distraída, dispersa y lejana de los graves problemas que aquejan a la sociedad, a pesar de contarse entre sus principales víctimas. Buscó siempre tomar distancia de una Iglesia encerrada en sí misma, silenciosa, con miedo al mundo, a la sociedad, al diálogo y al intercambio. Ser “Iglesia en salida”, expresión que él acuñó, implicaba romper esos dinamismos, quebrar el silencio, abrir puertas y ventanas no solo para hacer espacio a los necesitados, sino también y sobre todo para ir a las periferias geográficas y existenciales, al encuentro de sectores olvidados, excluidos, estigmatizados. Ser iglesia en salida significó ir al encuentro de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de otras religiones. Este encuentro con otros le era más importante que los dogmas. Después de más de mil años de división, Francisco se reunió con el patriarca de la Iglesia ortodoxa. Fomentó el diálogo con luteranos, musulmanes, budistas. Fue un papa volcado a aprender de los demás. Por eso salió también al encuentro de las mujeres, incluyéndolas en organismos eclesiales de decisión, designando, por primera vez en la historia, a una mujer como prefecta del Vaticano y a otra al frente de un dicasterio. Fue un incansable trabajador por la paz en el mundo, denunciando las injusticias y las masacres de niños inocentes. Insistió en que no hay una crisis socioeconómica y otra crisis ambiental, sino que ambas son dimensiones de una misma crisis de escala planetaria. Decía que los pastores debían tener olor a oveja, ser cercanos a la realidad de la gente, compartiendo su vida, luchas y esperanzas. Al interior de la Iglesia, encaró con decisión la tragedia de la pedofilia y combatió la corrupción. Sus decisiones y su estilo personal estaban anclados en la espiritualidad de la Compañía de Jesús, que orienta a que la mayor gloria de Dios es poner la existencia al servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe exige. Francisco fue un referente del compromiso con la justicia social, que es también un compromiso político con los desechados del mundo. Por supuesto, todo ello siendo consciente de que nadaba contracorriente y que su actitud y decisiones le granjeaban poderosos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. En este sentido, Francisco es un referente de la apuesta por transformar el mundo, por hacerlo más justo en un época en que muchos gobernantes solo están al servicio de sí mismos y de las cúpulas económicas que los apoyan. Francisco termina su pontificado como lo comenzó: sin signos de poder, sin lujos, en austeridad, solidario con los pobres del mundo.

Kilmar Ábrego, un salvadoreño sencillo, sin mayores recursos económicos o personales, está poniendo nerviosos tanto al presidente Trump como a nuestro presidente Bukele. Los dos presidentes han cometido errores que han dañado a personas, lo cual es lógico, pues nadie es perfecto, y cuando se está en el poder se cometen normalmente errores más fuertes que hacen sufrir más a las personas. Pero el caso de Kilmar les ha molestado especialmente. O al menos eso demuestra el hecho de que hayan hablado de él con una frecuencia inusitada. Muchos han sido en Estados Unidos los que han perdido el trabajo, o los que han sido deportados, pero ninguno de ellos ha merecido ni una sílaba personalizada de Trump. Del mismo modo muchos han sido deportados y recibidos en el CECOT, pero a ninguno de ellos los ha mencionado por el nombre el Presidente Bukele. Y eso a pesar de que el nombre de algunos venezolanos salieron ya del anonimato de la deportación, sus apellidos han sido publicados en periódicos locales y tienen abogados aquí en El Salvador que los defienden. En ese sentido es importante preguntarnos cuál es la razón de que estos dos presidente estén ardidos y molestos con Kilmar, un pobre salvadoreño migrante que normalmente, como tantos otros migrantes, hubiera quedado en el anonimato de las injusticias del poder. En realidad se pueden enumerar muchos datos concretas. Pero la razón de fondo de esa especie de cólera que le lleva a Trump a mentir diciendo que es un terrorista, o a Bukele a burlarse de él por unas “margaritas” que pusieron sus funcionarios sobre la mesa del encuentro de Kilmar con el senador Van Hollen, es relativamente sencilla. El caso Kilmar ha expuesto con claridad la injusticia que está detrás de esas deportaciones claramente teñidas de racismo que Trump ha impulsado en estados Unidos. Y de la misma manera en El Salvador hemos visto no sólo el odio de Trump, sino la absoluta irregularidad legal de la detención de Kilmar. Por eso ya antes de que lo dijera Van Hollen ya afirmábamos acá que había más de secuestro que de detención. Con Kilmar no hay manera de combinar su encarcelamiento con las garantías y derechos que aseguran los artículos 11, 12 y 13 de nuestra Constitución. En otras palabras, que lo que irrita a los dos presidentes, es que el caso Kilmar ha puesto en evidencia tanto la crueldad como la ilegalidad de sus acciones. Acostumbrados a no mencionar por sus nombres a los pobres y sencillos que sufren injusticias, a Kilmar lo mencionan, uno con odio y mentira y el otro con burlas y aceptando sin crítica la posición de Trump. Pero esas menciones tan faltas de realismo y seriedad, solo contribuyen a que más gente se dé cuenta de lo mal que uno trata a los migrantes y lo mal que el otro trata a los presos, más allá de que sean inocentes o culpables. Esa incapacidad de proceder con justicia y humanismo en el caso Kilmar, que ciertamente tiene su origen en el estilo autoritario de Trump, ha levantado fuertes corrientes de solidaridad, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. La presencia de un senador norteamericano, el demócrata Chris Van Hollen, dobló por primera vez el brazo de nuestro presidente a la hora de mostrar a un detenido en esas condiciones especiales de nuestra cárceles. Y en ese sentido dejó clara también la injusticia de mantener sin visita familiar a tantos privados de libertad en El Salvador. Lo que se hace excepcionalmente con una persona forzado por la influencia de otro, termina dejando clara la injusticia que se comete con otros que no tienen el apoyo solidario externo que tiene Kilmar. Si algo es decente y justo entre nosotros, es dejar libre a Kilmar y ayudarlo como se ayuda (ojalá que así sea) a cualquier salvadoreño inocente deportado desde los Estados Unidos solo por no tener papeles. No hacerlo, solo logrará que el caso Kilmar se convierta en un caso internacional de desprestigio para nuestro país.

Por José María Tojeira, SJ. Todos sabemos que en Semana Santa celebramos la muerte y la resurrección de Jesús, el Cristo, el Ungido-Elegido de Dios para mostrar el camino de la vida y alcanzar la vida plena del futuro de Dios. Sin embargo no tenemos tan claro el por qué de su muerte. Eso a pesar de que saber por qué murió nos ayuda a entender mejor la resurrección. Muchas veces decimos que murió por nuestros pecados. Y no está mal la afirmación. Pero es demasiado general y nos deja en una especie de vaguedad a la hora de comprometernos en el seguimiento de Jesús. Incluso en ocasiones decimos esa frase pensando más en los pecados de otros que en los propios. Ya más en concreto hablamos del odio de los fariseos por la libertad que Jesús tenía frente a las leyes o de la incomodidad romana ante quien movilizaba personas con expectativas de cambio personal y social. Son ciertamente causales de su muerte en cruz y elementos que se discutieron a lo largo del proceso que le llevó a la condena que leemos en Semana Santa en los relatos evangélicos de la Pasión. Pero todavía es necesario ir más a lo concreto del por qué de su crucifixión. Al final tenemos que responder a la pregunta fijándonos en la acción y las palabras de Jesús. Jesús cura a marginados y olvidados, habla de los pobres y los mal tratados como queridos de Dios. Se atreve a comer con pecadores y afirma que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por la bondad de los buenos. En otra palabras, Jesús le da significado, sentido, valor de humanidad, a aquellas personas que carecían de significado en la sociedad en la que vivían. Y dar significado e importancia a quienes el poder margina y olvida siempre molesta a los poderosos. Dar importancia a los migrantes, significado de humanidad a los presos en el CECOT, molesta a los poderosos de nuestro tiempo. Trump ya ha dicho que se le negará la visa de Estados Unidos a quien critique a dicho país, aunque la crítica vaya dirigida no tanto contra el país sino contra sus dirigentes. Criticar a Israel y defender a los niños maltratados y masacrados en Gaza, aunque se haya previamente condenado la brutalidad inicial de Hamás, indigna a los poderosos. Para quienes dividen el mundo entre poderosos y débiles, importantes y sin importancia, que haya personas con valor y con liderazgo que se pongan del lado de quienes carecen de poder y de significado, despierta el odio y la cólera de quienes se creen más que los demás. Y esa es la causa de la muerte de Jesús. Le daba más importancia a curar en sábado que a cumplir leyes que perpetuaban el dolor de los pobres. Y la gente le seguía porque veía que les daba significado humano y esperanza de encontrarse con un Dios misericordioso que nos da siempre dignidad y libertad. El papa Juan Pablo II decía que “hoy más que ayer, la guerra de los poderosos contra los débiles ha abierto profundas divisiones entre ricos y pobres”. Quienes hacen la guerra, como en tiempo de Jesús, son quienes tienen y gustan del poder. Jesús en su tiempo buscaba la paz dando dignidad y espíritu fraterno a todos. Construía la paz verdadera. Pero ese esfuerzo de dar significado, dignidad, libertad y sentido fraterno a quienes estaban sometidos tanto a la ley como al imperio sonaba subversivo y peligroso para quienes querían mantener el poder de unos pocos sobre aquellos muchos, condenados a ser siervos de los poderosos. “Hay que obedecer antes a Dios que a los hombres” no les gusta a quienes se creen superiores a los demás. A Jesús le matan por amar, por ser libre, por ser coherente con el Padre Dios que ama a todos y da a todos la misma dignidad e importancia. Era y es Hijo de Dios. Pero en su condición humana se identificó tanto con el amor de Dios y con los seres humanos, creados y amados de Dios, que daba significado pleno a los pobres y a quienes carecían según el mundo de significatividad. Por eso mismo lo matan y por eso resucita y se convierte para nosotros en “camino verdad y vida”.

Tres recientes documentos del papa han planteado la centralidad y necesidad de la esperanza en un mundo que parece dominado por la desesperanza y la desconfianza. Nos referimos, en primer lugar, a la bula de convocación al jubileo, donde Francisco señala que “es necesario poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia”. En segundo lugar, su mensaje para la Cuaresma 2025. Ahí, él explica qué puede significar “caminar juntos en la esperanza”. El tercer texto, Esperanza. La autobiografía, relata la vida de Mario Bergoglio como un caminar entre densas sombras que niegan la esperanza a gran parte de la humanidad. Para san Óscar Romero, cuyo 45.° aniversario de martirio conmemoramos este año, la esperanza, vivida y predicada desde los últimos, fue también central y decisiva para su vida humana y cristiana. Henri Nouwen, escritor y teólogo holandés, hizo una descripción precisa de la esperanza que cultivó Romero: En medio de la desesperación. [Romero] exhortó a la esperanza: “Cuanto más llenos de angustias y de problemas, cuanto más insolubles parecen los caminos de la vida, mira hacia las alturas y oír la gran noticia: ‘¡Os ha nacido un Salvador!’”. En medio de la impotencia, invita a la osadía: “No nos desanimemos... como si las realidades humanas hicieran imposible la realización de los proyectos de Dios”. En medio de la agonía, anuncia la resurrección: “Esos desaparecidos aparecerán. Ese dolor... será Pascua de Resurrección”. En medio de la violencia, predica las bienaventuranzas: “Hay jóvenes que optan por la violencia (…) La opción de la Iglesia es por las bienaventuranzas de Cristo, que sembraba una revolución moral”. En medio del odio, proclama el amor: “No nos cansemos de predicar el amor. Sí, ésta es la fuerza que vencerá al mundo”. Ahora bien, ¿de qué manera son luces de esperanza Romero y Francisco hoy? San Óscar Romero es fuente de inspiración permanente para quienes buscan construir una civilización basada en la justicia, la compasión, la verdad, el respeto a la dignidad humana, el cuidado de la casa común. Es fuente de inspiración para cuantos trabajan por una justicia distributiva, que supere la inequidad; para los que buscan la verdad, desenmascarando toda clase de mentiras y manipulación; para los que luchan por la libertad de estructuras opresoras que generan abuso del tener y del poder. El papa Francisco, por su parte, es fuente de esperanza para las voces proféticas de hoy que escuchan tanto el clamor de la tierra como el de los empobrecidos. Es inspiración para esas voces críticas que descubren la realidad de las cosas llamándolas por su nombre: injusticia social y ambiental, abuso de poder, corrupción, autoritarismo, etc. Es inspiración para seguir siendo sembradores de esperanza. En su discurso pronunciado en el encuentro con los movimientos populares en 2024, planteó la meta hacia la cual peregrinamos y en la que todos debemos participar. Sus palabras son elocuentes: Nuestro camino sigue soñando y trabajando juntos para que trabajadores tengan derechos; todas las familias, techo; todos los campesinos, tierra; todos los niños, educación; todos los jóvenes, futuro; todos los ancianos, una buena jubilación; todas las mujeres, igualdad de derechos; todos los pueblos, soberanía; todos los indígenas, territorio; todos los migrantes, acogida; todas las etnias, respeto; todos los credos, libertad; todas las regiones, paz; todos los ecosistemas, protección. Es un camino permanente, habrá avances y retrocesos, habrá errores y aciertos, pero no tengan duda: es el camino correcto (…) No nos cansemos de decir: ¡Ninguna persona sin dignidad! En la encíclica Fratelli tutti, Francisco hace una invitación a caminar en la esperanza. Una fuerza que está enraizada en lo profundo del ser humano, que nos da un anhelo de plenitud de vida, que nos hace mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte. La esperanza, en el pensamiento del papa Francisco, es un antídoto contra el miedo, el conformismo y el quietismo. Por eso enfatiza: “¡Ninguna persona sin esperanza!”. Y luego nos abre a la utopía de la familia humana: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. En suma, en Romero, la esperanza vivida y predicada se expresa así: en medio de la desesperación, exhorta a la esperanza; en medio de la impotencia, invita a la osadía; en medio de la agonía, anuncia la resurrección; en medio de la violencia, predica las bienaventuranzas; en medio del odio, proclama el amor. En Francisco, la esperanza remite a encarar el mal histórico: “No es sano que nos habituemos al mal, no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras una estela de dilapidación, e incluso de mue

El Salvador de Bukele quiso ser conocido en el exterior por los volcanes, el café, el surf y las criptomonedas. La marca se extravío por causa del mismo Bukele. Ahora el país es famoso por su megacárcel de “última generación” con un régimen interno despiadado, donde Trump vierte a los inmigrantes etiquetados como “criminales violentos”, “asesinos confirmados”, “violadores”, “delincuentes de alto perfil”, en una palabra, “terroristas”. Bukele no fue contratado como experto en seguridad, sino por la refinada crueldad de su prisión, que Trump elogia cínicamente como “un lugar tan maravilloso para vivir”. Los titulares de la prensa internacional, en cambio, no dudan en calificarlo como “infierno en la tierra”. Las deportaciones de Trump son similares a las redadas del régimen de excepción de Bukele. Los dos se apropiaron del derecho de condenar y sentenciar a quienes les repugnan, sin mostrar evidencia alguna de culpabilidad, y de recluirlos en una especie de vertedero, donde son envilecidos y denigrados. Entre los primeros 238 “venezolanos” deportados, solo uno milita en el Tren de Aragua y once tienen récord criminal, mientras que 101 residían ilegalmente en Estados Unidos, razón por la cual fueron expulsados y recluidos en el basurero de Bukele. No todos son venezolanos u hombres. Había un nicaragüense y veintitrés salvadoreños, de los cuales solo uno es pandillero. Las mujeres fueron devueltas, porque la cárcel es exclusivamente para hombres. En cualquier caso, el Tren de Aragua no es tan poderoso como para apoderarse de Estados Unidos, tal como aseguran Trump y los suyos. El delito de la mayoría de los deportados es haber ingresado ilegalmente en territorio estadounidense para trabajar y enviar remesas. Lo mismo que hacen centenares de miles de salvadoreños desesperados por la falta de oportunidades. Los deportados por Trump y recibidos por Bukele se encuentran en el limbo jurídico. No tienen acceso a la justicia estadounidense, de cuyos registros desaparecieron, ni a la salvadoreña, donde no figuran. El caso más escandaloso es el de un salvadoreño protegido legalmente de la deportación. La operación por la que tanto se felicitan Trump y Bukele los convierte en autores de desapariciones forzosas, secuestradores y traficantes de personas. De la misma manera que Bukele amenaza con el régimen de excepción a los díscolos, Trump atemoriza a los inmigrantes indocumentados con enviarlos a la “afamada” cárcel, “por sus encantadoras condiciones”. El refinamiento de la crueldad es celebrado por Trump, cuyos funcionarios se pasean fascinados en medio de los horrores del Cecot. Sin embargo, existen otras cárceles más brutales que la dictadura no se atreve a mostrar a sus admiradores; la perversidad es de tal calibre que no figura en el circuito de los turistas de la barbarie. La crueldad no se agota en la humillación de las víctimas; se prolonga, además, en producciones audiovisuales muy cuidadas, que hacen alarde de su crudeza. El envilecimiento y la deshumanización de los detenidos es parte del juego de poder de Bukele y Trump. Anuncia a los rebeldes lo que les aguarda si no se someten a sus amos. La brutalidad es mostrada como un implacable poder destructor. La megacárcel de Bukele, el único éxito reconocido universalmente, le ha merecido repetidos elogios y agradecimientos de Trump, algo a lo que este no es muy dado, menos con un extranjero. Es así como Trump ha saludado a Bukele como “el líder más fuerte en seguridad”, “el modelo regional”, “el gran amigo de Estados Unidos” y “el hijo favorito”. La colaboración con los proyectos imperiales del norte le ha granjeado una audiencia en la Casa Blanca, una distinción reservada a pocos. Este reconocimiento es mucho más valioso que los pocos millones de dólares que le reportará el arrendamiento de la cárcel. Los réditos políticos del sometimiento al imperio no tienen precio. Trump no le reclamará el haber destrozado la institucionalidad democrática, el autoritarismo dictatorial, ni la violación de los derechos humanos. Seguramente, intercederá por él ante los organismos financieros internacionales. Eso sí, entre las ventajas obtenidas no figura un trato preferencial para la diáspora salvadoreña indocumentada, ya avisada de que será tratada como agrupación de “terroristas”. El Salvador de Bukele no se caracteriza por un crecimiento económico consistente, ni por unas finanzas públicas sólidas, ni por un gasto social acorde con las necesidades de sus habitantes, sino por la megacárcel acreditada por Trump. A los pocos turistas extranjeros, atraídos por las maravillas de Bukele, se suman así los “monstruos” y los “terroristas” deportados por Trump. La mala prensa de la creación más exitosa de Bukele, un vertedero de desechos humanos, contribuye a deteriorar su popularidad. Así se lo hizo saber la inteligencia artificial de X. No es el presidente latinoamericano más popular. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

OPINIÓN Acerca de los que se alejan de Omelas Por Luis Aguilar

Según cálculos periodísticos, 14 mil personas han perdido su trabajo en instituciones estatales. Sin embargo, ha aumentado el número de trabajadores del Estado que tienen un salario mensual de 2,000 dólares o más. La norma de revisar y mejorar el salario mínimo del país cada tres años, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, no se ha cumplido. Llevamos ya cuatro años sin revisión del salario mínimo y no hay señales, al menos de momento, de que se esté estudiando el asunto. Ello a pesar de que el costo de la canasta básica se ha disparado durante los últimos años . Aunque a la gente ya se le había anunciado lo que en su momento se llamó “medicina amarga”, nunca se ha informado que la paralización del monto del salario mínimo sea parte de ese supuesto remedio a la queja de la población sobre la situación económica del país. Ni tampoco se ha informado cuánto durará la receta. Sea como sea, el que hayan aumentado en el Estado los mejores salarios mientras hay despidos masivos en oficinas estatales y se incumple un compromiso básico de revisión del salario mínimo, muestra no solo incoherencia, sino también despreocupación por los problemas económicos de la población. Se han hecho esfuerzos de cara al control de precios de algunos alimentos, pero la revisión y aumento del salario mínimo continúa siendo una necesidad urgente de los sectores más vulnerables de El Salvador. El lunes pasado, nuestro arzobispo, en la festividad de san Óscar Romero, pidió avanzar en la corrección de toda una serie de problemas sociales. Mencionó también el salario mínimo, que debe ser sobre todo salario justo, capaz de enfrentar los desafíos familiares. La Iglesia tiene una larga tradición de insistir en que el ingreso por el trabajo sea el adecuado para vivir con dignidad y sea protegido por las autoridades estatales. Y que las redes de protección social, especialmente las de educación, salud y pensiones, sean también justas y adecuadas para mantener dinámicas de desarrollo. La Iglesia está plenamente convencida de que el trabajo es más importante que el capital, porque es una realidad humana que no solo le permite vivir al trabajador, sino que le ayuda a realizarse como persona, asumiendo responsabilidades sociales. En ese sentido, reclamar un salario mínimo decente es una responsabilidad no solo de los trabajadores, sino también de todos los hombres y mujeres fieles a la fe cristiana y al deseo de unas relaciones de amistad social que garanticen paz y seguridad en toda comunidad política. Si analizamos la producción de riqueza en Centroamérica y Panamá, nos encontramos con que de los seis países, El Salvador fue el tercero con mayor PIB per cápita en 2024. Sin embargo, en el monto del salario mínimo estamos en quinto lugar. Sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros países, sabemos que el actual salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza. Y que si nuestros migrantes, hoy amenazados por la deriva irracional y racista del presidente Trump, no enviaran remesas, los problemas de pobreza aumentarían seriamente en el país. El hecho de que nuestros trabajadores sean más productivos que los de otros países vecinos que tienen un mejor salario mínimo debe ser una llamada urgente a tomarse en serio el tema del hasta ahora relegado aumento del salario mínimo. La austeridad necesaria del Gobierno no debe convertirse en exigencia de austeridad a quienes pasan hambre o dificultades económicas. Atraer grandes inversionistas es conveniente, pero no con base en ofrecer mano de obra barata. Al Estado y al Gobierno les corresponde, según la Constitución, garantizar la justicia social. Y esto supone, entre otra cosas, convertir el salario mínimo en un salario decente, justo y familiar.

Editorial UCA El régimen de excepción, que comenzó con la justificación de un repunte brutal de homicidios, cumplió tres años de vigencia el 27 de marzo. Como legalmente no puede durar más de un mes, la medida se ha renovado 36 veces. El número de privados de libertad ha aumentado exponencialmente; se sabe que han sido detenidas en torno a 85 mil personas. La cantidad de homicidios, que venía reduciéndose notablemente desde que inició el primer gobierno de Nuevas Ideas, se mantiene a nivel de primer mundo y se ha convertido en el principal recurso propagandístico de Nayib Bukele. Tres años es mucho tiempo. Al cabo de un año se había conseguido un efecto que le habría permitido a la PNC mantener lo alcanzado sin necesidad de régimen de excepción, sin los abusos que se estaban produciendo de un modo sistemático. Sin embargo, la medida continuó sin que se mejorara el número, la formación, la especialización y los recursos de la Policía. Se comenzó a usar el régimen como amenaza, especialmente en el mundo laboral y en el periodístico; y la enorme cantidad de detenidos paralizó de facto el sistema judicial, obligado constitucionalmente a proveer pronta y debida justicia. Algunas instituciones especializadas en derechos humanos calculan que hay unas treinta mil personas privadas de libertad que no tienen ningún vínculo pandilleril, a pesar de haber sido detenidas por la PNC bajo ese argumento. De ellas, una buena cantidad lleva más de dos años de cárcel sin juicio, sin acceso real a defensa legal, con prohibición de visita familiar y con frecuente maltrato. El incumplimiento de artículos constitucionales (en especial, el 11 y el12) que consagran derechos básicos y el abandono en la práctica de tratados internacionales de derechos humanos agravan la situación. Y a ello se suma el inhumano encarcelamiento de venezolanos sin causa ni condena pendiente en El Salvador. Por más que se quiera defender lo indefendible, el respeto a los derechos fundamentales y un sentimiento básico de humanidad exigen la pronta revisión de la situación de los privados de libertad en el contexto del régimen de excepción y de los venezolanos presos en el Cecot. Los migrantes expulsados de Estados Unidos solamente por ser migrantes deben ser liberados de inmediato. Y los que tengan deudas pendientes con la ley deben ser juzgados, con todas las garantías legales, en el país en el que cometieron la falta. El régimen de excepción ya no tiene razón de ser. Es absurdo seguirlo prolongando cuando ya se han conseguido los fines que se pretendían en un inicio. Hacer permanente un régimen de excepción solo lleva a la opresión y al irrespeto impune de los derechos de las personas. Suprimir el régimen de excepción no significaría regresar a la anterior dinámica de criminalidad. Las organizaciones delincuenciales que sembraban miedo y dolor están desarticuladas. La Policía Nacional puede y debe mantener la actual situación de seguridad pública sin recurrir a arbitrariedades y abusos. El cese del régimen daría pie a procesos judiciales creíbles y con garantías, y a la pronta liberación de miles de inocentes que sufren privación de libertad.

El desgobierno no da respiro a Bukele. No había acabado aún de sortear la crisis de los perros cuando se encontró con los desmanes de sus alcaldes. De inmediato, tomó cartas en el asunto. Solo él podía hacerlo. Es la consecuencia obvia de una centralización del poder que no admite márgenes para la decisión y la acción autónomas. Quizás sea cierto que la pesada carga que lleva sobre sus hombros no le permite dormir lo suficiente, lo cual no es consuelo, porque el desvelo nubla el entendimiento. Así las cosas, Bukele pasó de los perros a los alcaldes: arremetió contra los que habían elevado las tasas, los impuestos, las licencias y las multas municipales. De hecho, tardó lo suyo en caer en la cuenta, cuando ya muchos emperesarios habían cerrado sus negocios por no poder hacer frente a las nuevas exacciones municipales, mientras que otros, más pudientes, ya las habían cancelado. Mucho antes de su intervención, la prensa ya había dado cuenta del hecho y lo había ilustrado con varios testimonios de los afectados por las decisiones municipales. La desconexión con las municipalidades es desconcertante. Bukele no está al tanto de la marcha de la maquinaria gubernamental, tal como se suele vanagloriar. Desfinanciadas en nombre de mayor eficiencia y menos corrupción, algunas alcaldías, en uso de sus competencias, tomaron la iniciativa y elevaron las contribuciones de la población. El margen de acción de casi todas ellas es muy limitado por la escasez de fondos. No pueden atender las necesidades más sentidas de sus comunidades, pagar abultadas deudas acumuladas y mejorar los servicios. Sin embargo, la penuria no ha impedido que los alcaldes y sus concejos se eleven los sueldos y las dietas; tampoco ha logrado que disminuya la corrupción. Ahogadas económicamente y anuladas políticamente, varias municipalidades, en un insólito arranque de libertad, dispusieron aumentar sus ingresos. La indisciplina no duró. Bukele entró en acción y cortó por la sano. Regañó públicamente a los alcaldes como adolescentes irresponsables y amenazó a los contumaces con el régimen de excepción. Los culpables agacharon la cabeza y acataron de inmediato la orden de revertir el alza de las contribuciones, los inocentes profesaron obediencia a las directrices presidenciales. Sin duda, los alcaldes aprendieron la lección. No tienen autorización para decidir ni para tomar iniciativas sin la aprobación previa de Casa Presidencial. Ahora todos tienen claro que están al servicio exclusivo de Bukele, al igual que los diputados oficialistas. Pueden consolarse con la idea de que su función consiste en engrandecer la figura del mandatario desde la municipalidad. El intento fallido de los alcaldes es producto de las contradicciones internas de la dictadura. Por un lado, están urgidos de fondos, tanto para hacer obra buena como para “componerse”. En este sentido, la cultura de la administración pública se conserva intacta. Si los de más arriba se “componen”, por qué no ellos. Si bien el recorte de los fondos no les deja mucho que embolsarse directamente, el cargo da acceso ventajoso a gran variedad de negocios, al mismo tiempo que neutraliza la posible competencia. El margen para medrar es amplio. Nadie se atreverá a frenarlo, hasta que Bukele no intervenga para identificar a los corruptos que deben rendir cuentas. Por otro lado, Bukele alega como justificación que corrigió a los alcaldes para proteger a la micro, la pequeña y la mediana empresa, ahora declaradas claves del crecimiento económico, y para defender la estabilidad empresarial. Es significativo que el comercio informal, es decir, la pobrería desempleada en expansión por la creciente escasez del empleo formal, no figura en la agenda de Bukele. Tampoco se hace cargo de que la improvisación y la inseguridad jurídica que caracterizan su gestión ahuyentan la inversión y ralentizan el crecimiento económico, reducen la recaudación fiscal y aumentan la deuda. La industria permanece estancada, la construcción se contrae, las remesas tienden a disminuir, la deuda a aumentar y el crecimiento económico del año pasado es el menor de la región centroamericana. Una oportunidad inesperada para impulsar el crecimiento económico es el alquiler de la infraestructura carcelaria a Trump, quien, por un precio muy cómodo, ha comenzado a deshacerse de “los monstruos”. Así, Bukele introduce en el país a los integrantes de una organización criminal más poderosa y mejor organizada que las pandillas. Lo que para Trump es “una situación horrible”, para Bukele se perfila como un negocio redondo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

San Óscar Arnulfo Romero es fuente de inspiración inagotable. Ha sido y sigue siendo motivo de canciones, pinturas, literatura, teatro y cine. En el mundo, su nombre resuena en centros de formación, comités de solidaridad, plazas, parques, avenidas y un largo etcétera. A propósito del 45.° aniversario de su martirio, una de las inquietudes más planteadas, sobre todo por quienes quieren ir más allá de la mera conmemoración, es la vigencia del legado de monseñor Romero. ¿Qué diría monseñor ante esta o aquella situación? Su palabra tiene semejanza al Evangelio de Jesús: no pierde vigencia. Por ejemplo, la figura del arzobispo mártir es inseparable de la verdad. Por eso, en su honor, en 2010, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sus palabras sobre la verdad parece que describen la situación actual. “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira; entre la sinceridad, que ya casi nadie la cree, y la hipocresía y la intriga. No nos asustemos, hermanos, tratemos de ser sinceros, de amar la verdad, tratemos de construirnos en Cristo Jesús. Es una hora en que debemos tener un gran sentido de selección, de discernimiento”, dijo en su homilía del 30 de julio de 1978. En otra de ellas nos recuerda que “la persecución es algo necesario en la Iglesia. [...] Porque la verdad siempre es perseguida”. Hoy, como hace más de cuatro décadas, monseñor sigue poniendo el dedo en la llaga: “Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad”. Y añadía: “¡Lástima tantas plumas vendidas, tantas lenguas que a través de la radio tienen que comer y se alimentan de la calumnia porque es la que produce! La verdad muchas veces no produce dinero sino amarguras. Pero más vale ser libre en la verdad que tener mucho dinero en la mentira”. Con seguridad, monseñor incluiría a las redes sociales en estos mensajes. Asimismo, nos sigue interpelando, 45 años después de su asesinato, sobre la situación de los derechos humanos. “Queremos ser la voz de los que no tienen voz para gritar contra tanto atropello contra los derechos humanos. Que se haga justicia, que no se queden tantos crímenes manchando a la patria, al ejército. Que se reconozca quiénes son los criminales y que se dé justa indemnización a las familias que quedan desamparadas”. En concreto, sobre los y las desaparecidas, dice monseñor: “Pero mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre”. Y hoy, como antes, el santo nos recuerda que los cambios cosméticos, de imagen, no arreglarán la situación del pueblo: “Las violencias seguirán cambiando de nombre, pero habrá siempre violencia mientras no se cambie la raíz de donde están brotando todas esas cosas tan horrorosas de nuestro ambiente”. Para cambiar la situación del país y de las mayorías a las que les cuesta llegar a fin de mes con sus precarios ingresos, es necesario poner en el centro del quehacer de las autoridades la dignidad de las personas. Ese es el primer mandato de monseñor, el cual solo se puede seguir teniendo amor al prójimo. Pero, como también monseñor cuestiona, “No se puede cosechar lo que no se siembra. ¿Cómo vamos a cosechar amor en nuestra República si sólo sembramos odio?”.

La deportación de venezolanos y su respectivo encarcelamiento en El Salvador es un tema complejo y digno de analizar. Pero por el espacio de este artículo nos concentraremos en el análisis de un grupo particular de dichos deportados. La semana pasada salió la noticia de que 101 venezolanos, del grupo de más de 200 deportados desde Estados Unidos y depositados en el CECOT, no tenían vínculos con el “Tren de Aragua”. Eran simplemente migrantes sin papeles a los que Estados Unidos deportaba simplemente por no tener legalizada su presencia en Estados Unidos. En otras palabras, que no se les conocía delito y no tenían causas pendientes con la justicia norteamericana. Supuestamente, según la información pública existente, a estas personas les correspondería pasar un año en el CECOT, pues ya Estados Unidos ha apalabrado un pago de 20.000 dólares por cada uno de ellos. Trump asegura que hubo un análisis riguroso de la pertenencia a grupo terrorista y Diosdado Cabello afirma que ninguno de los deportados es del “Tren de Aragua”. Ambos, Trump y Diosdado, son mentirosos. Pero es importante reflexionar sobre quienes estén detenidos en el país sin causa legal objetiva. Recientemente, y hablando en general sobre las cárceles salvadoreñas, el Comisionado de Derechos Humanos gubernamental decía que en nuestras prisiones “no hay ningún tipo de violación de derechos humanos”. Al contrario. Decía que se trata a los detenidos “cumpliendo con protocolos internacionales”. Sería interesante que este señor, que dice defender derechos, aclarara a qué protocolos internacionales se refiere. Pues los convenios de Derechos Humanos existentes no autorizan a tener detenidas durante un año a personas que no tienen ninguna acusación criminal y que están en el país porque otro país los ha expulsado y puesto forzadamente en nuestro país a pesar de no tener vínculos de ningún tipo con nosotros. Negociar con la cárcel de personas no acusadas de delitos, es decir inocentes, suena a tráfico de personas y a privación indebida de libertad. Incluso los gobierno anteriores al actual, que solían mantener en bartolinas a extranjeros sin papeles localizados en El Salvador, cuando se les reclamó judicialmente el exceso de tiempo que mantenían privados de libertad a un número aproximado de 25 ciudadanos chinos, tuvieron que permitirles salir de su encarcelamiento y residir en un centro religioso mientras conseguían los recursos para salir del país. Aunque ya el hecho de mantener presos en el país a delincuentes que cometieron crímenes en otro país es una realidad compleja que requiere convenios y legislación, hasta ahora inexistente, mantener detenidos a extranjeros inocentes, solo por el hecho de haber sido expulsados de Estados Unidos, ni tiene sentido, ni tiene respaldo legal. Al contrario, es una injusticia flagrante. Nuestro Gobierno, en ese sentido, además de legislar y publicar una normativa que autorice cumplir en nuestro territorio condenas de cárcel impuestas en otro país, debe revisar urgentemente la situación de los deportados. Si ni hay delito, ni acusación ni sentencia condenatoria, esas personas deben ser reenviadas a su propio país. Recientemente el Fondo Monetario Internacional concedió un préstamo importante a El Salvador condicionándolo a una mayor transparencia informativa. El gobierno debe hacer público el acuerdo con Estados Unidos respecto al encarcelamiento de personas condenadas en dicho país. Personas no condenadas ni sometidas a juicio en Estados Unidos, y que no han cometido ningún delito en el país, no pueden legalmente estar detenidas en nuestro país. El artículo 11 de la Constitución, que el Comisionado de DDHH debería leer, prohíbe taxativamente la privación de libertad en el país sin que la persona haya sido previamente “oída y vencida en juicio”. Ante cualquier acusación la presunción de inocencia, así como también la información “de las razones de su detención” (C. 12) son obligaciones constitucionales. Nuestro Gobierno está obligado a revisar estos casos tanto por la Constitución como por tratados internacionales aceptados que insisten en los mismos derechos. Lástima que la cobardía de nuestro sistema judicial les impida hablar al respecto. Analizar pronto y seriamente la situación de los deportados es una responsabilidad indispensable.

La semana pasada, la Conferencia Episcopal de El Salvador entregó 150 mil firmas solicitando a la Asamblea Legislativa derogar la ley que permite la minería metálica en todas sus variantes, incluida la minería a cielo abierto, la que peores efectos tiene en el medioambiente. Acompañadas de una carta firmada por todos los obispos de El Salvador, las firmas fueron dejadas en la ventanilla de entrada del edificio de la Asamblea. La amenaza al bien común, la preocupación por el deterioro ambiental y el riesgo de catástrofes se expusieron como razones de fondo para la presentación de las firmas. Además, se exhortó a los diputados a escuchar a la ciudadanía y abrirse al diálogo. El hecho de que las firmas se entregaran en este mes martirial, entre el aniversario del beato Rutilio Grande y sus compañeros, y el aniversario de san Óscar Romero, tiene una dimensión profética que los diputados deberían atender. La indiferencia ante los anhelos y necesidades de la gente conduce al fracaso del poder. Como acostumbran quienes no tienen argumentos, las contestaciones más vociferantes a la presentación de las firmas se dieron en las redes sociales. Los ataques ya venían dándose desde que los obispos dijeron en diciembre que lamentaban que la ley de minería se hubiera aprobado sin escuchar al pueblo y pidieron que se derogase la normativa. Asimismo, y siguiendo el ejemplo de san Óscar Romero, reafirmaron que la Iglesia estará siempre en defensa de la vida y de los pobres. No hubo en la Iglesia lenguaje agresivo ni ofensa, solo razones avaladas por la ciencia y por la experiencia de muchos países que han sufrido la depredación de las empresas mineras. Del lado de la politiquería, la respuesta fue de odio desde perfiles falsos en las redes. Incluso trataron de desprestigiar a los obispos mostrando los anillos dorados que suelen llevar. Y repetían la consigna oficial de que la minería traerá un desarrollo poco menos que maravilloso. Un derrame tóxico minero afectó a 22 mil habitantes de Sonora, un estado mexicano ocho veces más grande que El Salvador y con una densidad de población de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. En El Salvador, con 300 habitantes por kilómetro cuadrado y un territorio muy pequeño, los efectos tóxicos de una sola mina a cielo abierto (destrucción de la tierra, nubes de polvo contaminado, envenenamiento de las fuentes de agua) serían devastadores. La fiesta de monseñor Romero, que este día se celebra, impulsa a levantar la voz en favor de la vida. Esa vida humana tan desprotegida en nuestras tierras, tan amenazada por los ídolos del dinero y del poder, tan lejana de la justicia social y la convivencia fraterna.

La crisis en un refugio municipal para perros desnudó a la dictadura. Los perros callejeros protagonizaron un episodio de centralización, improvisación y desbarajuste. Bukele se ocupa absolutamente de todo, incluso de los albergues para perros. Después de leer ocho mil mensajes, que denunciaban indignados el abandono de un refugio municipal del área metropolitana, lo privatizó, destituyó al alcalde y lo expulsó del partido oficial por desamparar a los perros, aunque había acumulado varias denuncias por corrupción. No obstante, Bukele defraudó a quienes, confiados en la centralización, le solicitaron asumir la gestión directa del cuidado de los perros. “Simplemente, no puedo asumir más responsabilidad”, respondió, pues “apenas logro dormir dos horas al día”. La centralización tiene límites, aun para un extremista como Bukele. En su lugar, ofreció tres millones de dólares a organizaciones de voluntarios y, de paso, cerró la dependencia gubernamental encargada del bienestar animal. No contento, clausuró “la mayor clínica para animales en América Latina”, una de sus infraestructuras extravagantes. En teoría, debía ser financiada por el fideicomiso del bitcoin; en la práctica, se mantiene con los impuestos, lo cual le permite cobrar una cantidad simbólica por sus servicios. La clínica no la cerró por razones económicas, sino por supuestas quejas de muchos usuarios descontentos por el mal servicio y por estar al servicio de los ricos. La decisión provocó otra avalancha de mensajes, que reclamaron la reapertura. Horas después, en el mejor estilo Trump, Bukele no solo cedió, sino también aumentó el presupuesto. Más allá de lo anecdótico, la toma de decisiones de la dictadura es interesante. Decide impulsivamente y desinformada, arrastrada por impresiones y por la cantidad de “me gusta” y “no me gusta”. La reforma de la ley de tránsito vehicular que prohíbe conducir a quien no está totalmente sobrio tiene un origen similar: la rabia de Bukele al conocer por la prensa la muerte de una mujer atropellada por un conductor ebrio. Los usuarios de la clínica protestaron con amargura su desaparición, pero luego agradecieron su reapertura. Los inversionistas, en cambio, encontraron un argumento adicional para proceder con suma cautela. No contentos con hacer vacilar a la dictadura, los perros le hicieron otro flaco favor al dejar al descubierto su hipocresía. Los vaivenes de la clínica se debieron, según Bukele, a que “lo correcto es escuchar a la ciudadanía”. Si fuera así, ya habría respondido a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, a las mujeres desesperadas por conocer el paradero de sus familiares encarcelados, a los asegurados que reclaman atención y medicamentos, a los cooperativistas que exigen la devolución de sus ahorros malversados, a la oposición a la minería metálica y a otros muchos. Pero el oído de la dictadura es muy selectivo y errático. Al concentrar en su persona la administración pública, Bukele se hace directamente responsable de su desenvolvimiento, incluso de las perreras. Él designó al alcalde, desconoció los señalamientos de corrupción e ignoró el maltrato animal hasta que las redes digitales rugieron. Nadie más que él es responsable de esta crisis, pero no puede reconocerlo. Sería demasiado para una figura tan egocéntrica. Por eso, disimula. Cierra lo que malogra y privatiza lo que no puede cerrar, y presenta estas decisiones como soluciones geniales. Algo no anda bien en una colectividad que sufre más por el animal maltratado que por la inmensa multitud de conciudadanos abandonados al hambre, la enfermedad y la ignorancia. Bukele se solidarizó con el dolor de los escandalizados por “las condiciones deplorables” del refugio para perros, pero no se inmuta ante el sufrimiento de los hambrientos y los enfermos, de los sin techo y los abandonados. La superioridad de los animales se refleja en el presupuesto: el cuidado de aquellos tiene asignado más dinero que la mitad de los hospitales públicos. La justicia es intolerante con quien maltrata a un animal, pero complaciente con quien atenta contra la integridad de los seres humanos. La humanidad siempre se ha sentido atraída por el poder y la autosuficiencia. El poder bastarse a uno mismo y el ser artífice del propio destino ejercen una atracción casi irresistible. Los poderosos, por lo general, muy crueles, viven dominados por esa ilusión. Sin embargo, no tardan en descubrir, forzados por la realidad, que son débiles e impotentes, indigentes y necesitados. Ellos también necesitan de otros, que vengan en su auxilio y los rescaten. Pero los poderosos no suelen estar dispuestos a aceptar la fragilidad de su condición humana. Prefieren seguir intentando realizar sus sueños de poder total. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La vida de una persona no se puede condensar en un solo día. Y la vida de monseñor Romero no la podemos encerrar en una fiesta y olvidarla al día siguiente, en el que la rutina, el trabajo y la civilización del capital tienen el control. Celebraremos los 45 años de su muerte generosa, que como todas las muertes de los profetas generan vida, esperanza, memoria, y transforman criterios, actitudes y realidades. No faltan personas que quieren domesticar a los profetas después de haberlos matado o de ser indiferentes ante su muerte. Se les celebra para olvidarlos, no para prestar atención a sus palabras y relanzar la historia hacia la justicia y el cambio social. Sin embargo, a san Óscar Romero es muy difícil manipularlo. Por más que se haga, aun pintándolo en los escenarios del poder, es imposible olvidar su palabra enérgica condenando la pobreza injusta, denunciando la riqueza opresora y ordenando el cese de la represión a un poder que no dudaba en asesinar y en proteger al asesino. Hoy continúan teniendo fuerza entre nosotros formas ideológicas opresoras y violentas como el racismo, el machismo o la aporofobia. Padecemos una forma autoritaria de gobierno que absorbe y concentra en el poder ejecutivo la vieja y nunca perfecta separación de poderes, y que somete a las personas a la grave inseguridad jurídica de un poder sin reglas. El prolongado régimen de excepción que vivimos está encaminado, al menos en los últimos tiempos, más a sembrar miedo que a superar plenamente la violencia. La amenaza de la minería se ganaría de nuevo la condena de Romero contra el becerro de oro. La permanencia de una pobreza injusta, de una vulnerabilidad social y económica que angustia y continúa invitando a la migración, el atraso en reconsiderar el necesario aumento del salario mínimo nos muestran una sociedad en la que la propaganda se mezcla con frecuencia con la hipocresía. Cuando, además de lo dicho, denunciar la corrupción o el trato infame que se le da tanto a los presos como a sus familiares puede significar persecución para quien lo hace, ¿cómo debemos recordar y celebrar a monseñor Romero? Debemos hacerlo siempre como a un salvadoreño que nos invita al cambio social y que nos pide una transformación personal que impulsa hacia valores solidarios. Nos enseña a fijarnos en la realidad y a estar al lado del que sufre, a cambiar estructuras opresoras y toda forma de abuso y prepotencia. Nada le importaba tanto como la vida humana al tiempo que insistía en que “la construcción de la justicia social es la tarea más urgente”. Esa justicia social que está puesta en el numeral uno de nuestra Constitución y que ha sido olvidada por los Gobiernos desde que la Carta Magna se aprobó en 1983. En honor de Romero, la ONU declaró el 24 de marzo como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. ¿Hemos sido capaces de reconocer la verdad ante las víctimas? Romero continúa exigiéndonos sinceridad en vez de falsedad o de propaganda con luces de colores. No basta con decir que era un hombre santo y bueno, o que es el salvadoreño más conocido universalmente. Recordar es volver a pasar los acontecimientos o las personas con sus significados por la hondura de nuestra interioridad. Si eso no nos mueve a una acción en favor del bien común, de la defensa de los derechos humanos o de la solidaridad activa con los que sufren, algo falla en nuestra manera de festejar y de recordar. San Óscar Romero sigue llamándonos a construir una nueva civilización desde los valores del Evangelio, desde la prioridad del trabajo sobre el capital, desde la construcción de la justicia social entendida como plenitud de los derechos básicos del ser humano. Recordarle es actuar, es servir, es cambiar criterios falsos, es crecer en generosidad y servicio. Prepararnos para la fiesta del 24 de marzo es comprometernos con el trabajo permanente contra la injusticia social. Solo así llegaremos con dignidad a su fiesta y podremos decir que queremos caminar con él.

En el país, marzo es un mes clave para el ejercicio de la memoria histórica. Por un lado, porque se recuerda el asesinato tanto de monseñor Romero como de Rutilio Grande y sus dos compañeros de martirio. Y por otro, porque con ese recuerdo se celebra el triunfo de las víctimas sobre los victimarios. La memoria triunfa sobre la muerte y devuelve a la vida lo más significativo de las personas que ya no están. Esta función de la memoria, de revivir los valores y los recuerdos de los que han muerto, se vuelve fundamental cuando se rinde tributo a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Asesinar, violar, torturar personas o desaparecerlas es siempre un atentado contra la humanidad en su conjunto; un intento malicioso y premeditado de eliminar de la convivencia y de la existencia a personas incómodas para el poder, un poder que aspira a controlarlo todo y que no consiente ni la diversidad ni la crítica. El recuerdo de las víctimas, su reconocimiento como seres humanos, el reclamo de reparación y justicia es históricamente el mejor camino de expulsar de la civilización cuanto en ella queda de irracionalidad y de animalidad depredadora. Recordar a Romero, a Rutilio y sus dos compañeros, a la multitud de víctimas de una guerra de los poderosos contra los débiles, acrecienta la convicción de la igual dignidad de las personas, de la necesidad de convivir respetando los derechos humanos. Mientras el victimario se degrada con sus crímenes, las víctimas mueven a desarrollar sentimientos de humanidad y a crear una civilización diferente a la del poder y del abuso. La memoria del dolor injusto, impuesto desde la fuerza bruta y la barbarie, conduce a establecer nuevas normas de convivencia y a acrecentar valores derivados de la universal fraternidad de los seres humanos. Por su creencia en la resurrección de los muertos, el cristianismo considera vivos y de algún modo activos en el mundo a los difuntos que amaron y sirvieron a los demás, especialmente si fueron asesinados por sus convicciones y actitudes solidarias. Esa creencia es en el fondo hija de la memoria, además de ser parte de la fe cristiana. No es posible creer en la felicidad futura si en ella no participan todas las víctimas de la brutalidad y la violación grave de derechos básicos. Si se cree en Jesús de Nazareth, crucificado por el poder de su época, es incoherente pensar que Él se olvida de las víctimas que corren una suerte semejante a la suya. Recordar a los mártires es recuperar en la memoria a los que se unieron a la muerte de Jesús y a su triunfo. Y junto con ellos, recuperar también a todas las víctimas que ellos defendieron y por las que dieron su propia vida. Por eso se puede decir que recordar a los mártires es amar la vida, es reclamar una sociedad sin abuso, sin intolerancia y sin privilegios que generan sufrimientos. La memoria ha sido esencial para que muchos Estados no repitan la brutalidad de los campos de concentración nazis o los gulags soviéticos. Ese mismo recuerdo, el peso simbólico de esa memoria, ayuda a intervenir, denunciar y luchar cuando las cárceles se convierten en centros de tortura, cuando a los migrantes se les maltrata y desprecia, cuando el discurso político se regodea en el extremismo y deshumaniza a ciertos colectivos o minorías. La memoria es indispensable para crecer en humanidad. Romero y Rutilio, y muchos otros como ellos son auténticos testigos de solidaridad, de hambre y sed de justicia, así como maestros de una humanidad más fraterna. Recordarlos es servir al país.

El oficialismo vive de la agitación y del alboroto. No esclarece nada y esconde casi todo; hace poco y provoca en demasía. Esa es su manera de dar la impresión de que gobierna y avanza hacia un futuro portentoso, pero etéreo. Elemento importante de esa construcción es la reformulación de la historia nacional para demostrar que hasta la era Bukele, todo lo demás ha sido farsa y engaño. La estabilidad de la dictadura descansa, en gran medida, en la aceptación porfiada de su liderazgo. De ahí que sembrar dudas o cuestionar el rumbo del país sea intolerable. El oficialismo se lanza colérico contra los inconformes y los críticos, a quienes intenta desacreditar enrostrándoles acusaciones sin fundamento. Aun cuando fueran verdaderas, evaden la crítica y la denuncia. Así responde la dictadura a los defensores de los derechos humanos, los ambientalistas y los líderes comunitarios. La desacreditación suele ir acompañada de insultos y amenazas, algunas de las cuales se concretan en capturas arbitrarias. La obstinación del oficialismo con la UCA es fascinante. Atribuye su pensamiento crítico universitario a la animosidad por haberla excluido de la lista de sus proveedores de servicios educativos y en otras áreas de interés público. A veces, sus fuerzas de choque le exigen investigaciones rigurosas. Una provocación, porque no les prestan atención. En otras ocasiones, añoran la UCA idealizada de la década de 1980, pero pasan por alto que esa misma postura crítica desembocó en la masacre de noviembre de 1989. Algunos hay que dicen avergonzarse de ser sus exalumnos, pero olvidan que se formaron en sus aulas. Los altavoces de la dictadura rehúyen el debate abierto y libre. No buscan inteligencia, porque se conforman con creer sin entender lo que Bukele les ha dicho que crean. No necesitan explicaciones ni demostraciones. En el empeño irracional por proyectar fortaleza y seguridad, asoma la debilidad de la dictadura. Se parapeta en la oscuridad porque no puede actuar de cara la esfera pública. Una pequeña muestra es el informe financiero de la empresa Chivo, difundido por el FMI. La sociedad operó en números rojos y está quebrada. El desarrollo y la fuerza del movimiento contra la minería metálica tiene potencial para marcar el principio del fin de una administración corrupta, ineficiente y mendaz. La dictadura tampoco hace mucho. Dondequiera que se mire, se descubren obras empezadas y no concluidas, o simplemente abandonadas. La incompetencia es sufrida en casi todas las dependencias públicas. La educación pública languidece. En lugar de abrir, cierra escuelas. El responsable del ramo juega con las palabras para despistar: no cierra escuelas, sino que las fusiona. El sistema público de salud da señales de agotamiento. El índice de ejecución de la inversión pública es bastante bajo. Dinero prestado no falta, sino ejecución pronta y eficaz. Cuando los desmanes logran salir a la luz, la dictadura mira a otro lado y difunde noticias sorprendentes para desviar la atención de la opinión pública. Casa Presidencial atosiga a las redes de comunicación con un flujo incesante de declaraciones, anuncios, comentarios, insultos, ironías, desmentidos y quejas para que la gente salte de un tema a otro. La turbulencia no deja tiempo para analizar y formarse una opinión seria. La agitación distrae y entretiene a la esfera pública. Entretanto, la dictadura explota sin obstáculos los recursos estatales para engrosar aún más los grandes capitales y enriquecer a la familia presidencial, a costa de las mayorías vulnerables y abandonadas. Casa Presidencial no informa, sino distrae para ocultar el desgobierno, la corrupción y la incompetencia, para mantener en alto la moral de los creyentes y llamar la atención de los extranjeros libertarios y conspiranoicos. Agobia para impedir pensar y abrir posibilidades a la disidencia. Positivamente, la divulgación constante de disparates y falsedades muestra a un Bukele en actividad permanente. Gobernar es acción 24/7. Bien miradas, esas intervenciones 24/7 son circunstanciales, puntuales y desarticuladas. Ejemplo de ello es el inesperado cierre de varias dependencias dedicadas al cuidado animal, incluido un hospital que, al día siguiente, fue reabierto sin más. Los asesores del bitcoin tuvieron la misma experiencia. Bukele decidió sobre la criptomoneda sin consultarles, sin informarles ni darles explicación. Improvisada y anárquicamente no se puede dirigir un país que arrastra miserias y desigualdad desde hace décadas. Al igual que sus predecesores, Bukele no sabe cómo gobernar en beneficio directo e inmediato de quienes lo eligieron. Abruma, pero construye poco. El discurso de las primeras piedras da por realizado lo que no son más que grandiosos planes. Las ceremonias, algunas espectaculares, indican cuándo empieza las obras, pero no cuándo estarán terminadas. Los ciclos de admiración y aplauso, de indignación y miedo no bastan para gobernar. Bukele actúa como emperador romano o dictador fascista, porque n

El mundo está dando un giro brusco de la mano de un Donald Trump dictatorial y pletórico de amenazas. Una muestra significativa: en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, Estados Unidos votó junto a Rusia, Nicaragua y Corea del Norte para oponerse a la resolución “para una paz comprensiva, justa y duradera” frente a la invasión rusa a Ucrania. Más disruptiva todavía fue la reunión entre Trump y su vicepresidente con Volodomir Zelenski, que fue transmitida en vivo. Los principales medios estadounidenses afirman que se trató de una trampa premeditada para humillar al ucranio y calificaron la cita como “uno de los días más sombríos en la historia de la diplomacia estadounidense”. Trump parece estar alineado con Rusia y Putin, mientras Europa permanece sin voz en unas negociaciones que pretenden definir el futuro de Ucrania. ¿En realidad Estados Unidos se ha alineado con Rusia? Si se parte de que el poder no se mueve por ideologías, sino por intereses, la respuesta es negativa. El plan para controlar los recursos de Ucrania evoca los tiempos en que el mundo se repartía por el equilibrio entre las grandes potencias imperialistas. Estados Unidos siempre ha velado por sus intereses; la diferencia es que Trump lo hace sin preocuparse por las formas y apariencias. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha dicho explícitamente al anunciar el cierre del 83% de los programas (cerca de 5,800) de Usaid: “Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos debe estar alineado con el interés nacional de Estados Unidos”. Trump y los suyos buscan alcanzar sus objetivos sin importar que para lograrlo tengan que coincidir con ideologías distintas u opuestas. Por los intereses de Estados Unidos quieren tomar posesión de Groenlandia, la isla más grande del mundo, llena de recursos sin explotar y punto de paso de la ruta más corta entre Europa y Norteamérica. Este afán expansionista no es nada nuevo. Por hoy, la política arancelaria es su principal carta de negociación y amenaza. El ideal de Trump es una sociedad gobernada por el dinero, no por las mayorías. Quienes sí pelean por ideologías, sobre todo partidarias, son los ciudadanos. Mientras las cúpulas se entienden entre sí, prolifera el desencuentro ciudadano en torno a ciertos partidos políticos o personajes. Y ese desencuentro es el combustible que aúpa a políticos cuyo único objetivo es desbaratar lo hecho por otros para con los escombros construirse un trono. Al poder actual, la derecha y la izquierda, la democracia o el autoritarismo le son irrelevantes. Son sus intereses los que los mueven.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado sábado 8 de marzo muchas mujeres salieron a la calle a reivindicar tanto sus derechos como los de todos los salvadoreños. Se manifestaron contra la minería, porque saben que la contaminación y los problemas que genera terminarán afectándolas a ellas y a sus seres queridos. Además, expresaron su preocupación por el costo de la vida y por el régimen de excepción, que han golpeado sobre todo a mujeres pobres. El padre Javier Ibisate, insigne profesor de economía de esta universidad, solía decir que las mejores economistas son las amas de casa. Los Gobiernos pueden hacer grandes promesas, construir elegantes edificios, lograr acuerdos con instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero son las mujeres las que detectan con mayor rapidez si la economía del país ayuda a los pobres y a las clases medias, o los mantiene en la precariedad. Ellas saben en la compra semanal si el dinero ajusta, si los precios se vuelven inalcanzables, si los insumos para la comida son abundantes o si habrá que recortar gastos. A pesar de trabajar más que los hombres por tener a su cargo las labores de cuido y de aportar valores básicos para la convivencia, las estructuras organizativas y sociales del país solo les reconoce sus aportes un par de días al año. En el resto del tiempo, los abusos, las marginaciones y los engaños marcan sus vidas. Su pensión es más baja en promedio que la de los hombres, sus trabajos están peor pagados y en algunos casos carecen de las prestaciones que se le deben dar por ley a todos los trabajadores. Muchos hombres se quejan del feminismo, pero no suelen decir nada de los extremos burdos, violentos y crueles del machismo. Siendo más en número, las mujeres tienen una representación menor en la Asamblea Legislativa. Aunque el tiempo de maternidad ha mejorado ligeramente en los últimos años, todavía es demasiado corto. Y ello, además de perjudicar a la niña o niño, le quita a la madre horas de sueño y de descanso. Como en el Día de la Madre, en el Día Internacional de la Mujer se felicita a las mujeres por sus esfuerzos, que mantienen con vigor y generosidad la sociedad, y se rinde honores a su lucha por la plena igualdad con respecto a los hombres. Pero pasados los días conmemorativos, se regresa a la dinámica cotidiana de indiferencia, violencia y abuso. La mayoría de hombres vuelve a su machismo habitual y las organizaciones políticas y civiles las marginan, olvidando la deuda social con ellas. Porque, en efecto, volcadas muchas al cuido y la protección de los débiles, las mujeres ponen en la sociedad una serie de valores indispensables. La generosidad del amor, la solidaridad y fraternidad en el cuidado y ayuda al enfermo, al niño y al anciano, la capacidad de perdón, la atención al detalle humano son parte de los valores que comunican. El día de la mujer no debe ser únicamente una fecha, sino un momento de reflexión que lleve a un permanente esfuerzo de poner en la civilización valores que trasciendan las tendencias a la fuerza bruta y a la idolatría del dinero. Las mujeres juegan un papel indispensable en la transformación social; su trabajo por la igualdad de derechos es un esfuerzo por cambiar y mejorar el mundo. Acuerpar sus luchas es imprescindible para construir una civilización más humana.