Editoriales y Opiniones

“¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado?”, se preguntaba no hace mucho un radioyente de YSUCA. Aunque la pregunta parece retórica, expresa una inquietud de algunos sectores sociales. La cuestión implica la popularidad de Bukele, el argumento más importante para continuar en el poder, para mantener el régimen de excepción y, en último término, para consolidar la dictadura. Si la mayoría se siente a gusto con ella, incluso la deslumbra, la crítica y el reclamo están fuera de lugar. Todo lo hace bien y es bueno, y lo que no le sale bien, no es porque no quiera, sino porque fuerzas oscuras y perversas se lo impiden. No todos son conformistas. El ser humano es constitutivamente inquieto. Muchos investigan y preguntan. No se dan por satisfechos hasta obtener una respuesta convincente. La inteligencia se subleva ante el error y la mentira. La dimensión ética reacciona indignada ante los costos materiales y humanos de los desaciertos del poder. El pago de la deuda consumirá la quinta parte del ingreso nacional y pasarán muchos años hasta que se reduzca a niveles tolerables. El peso de esta carga no recaerá en quienes ahora contemplan impasibles el derroche y la malversación, sino sobre sus descendientes, quienes, sin haber sido consultados, encontrarán reducidas sus posibilidades de desarrollo humano. Ellos sufrirán las consecuencias devastadoras de la deforestación, del desperdicio del agua y del irrespeto al medioambiente, disfrazado de progreso. Los que no quieren ser ayudados se conforman con muy poco. Se contentan con que el régimen “haga algo”, casi cualquier cosa, y que lo haga “paso a paso”, es decir, a su antojo y no en respuesta a las necesidades apremiantes de la gente. El recibir migajas, mientras unos cuantos, vinculados al poder, acumulan capital, no los perturba. Son extremadamente comprensivos y complacientes con el poder. Es la actitud del resignado con la suerte que otros le han asignado. No pide ni reclama, se conforma con lo que le dan. Es la actitud del acomodado a la mediocridad. Tristemente, el conformismo es generalizado. Pero el gobernante responsable debe ser mucho más exigente consigo mismo y sus funcionarios. Un mínimo sentido del deber lo compromete a hacer lo imposible para que los gobernados disfruten de un bienestar razonable, garantizado y viable. Los conformistas y los mediocres se caracterizan por el negacionismo. Eligen negar la realidad para evadir la incomodidad de tomar en sus manos su destino. Ignoran que los usuarios del Hospital Rosales de la tercera edad y los enfermos crónicos peregrinaron de un sitio a otro por la desorganización gubernamental. Desconocen el desabastecimiento de medicamentos y la privatización del Seguro Social. Les parece normal que un tercio de los habitantes del área metropolitana haya estado una semana sin agua potable por falta de mantenimiento de las tuberías madre, a pesar de préstamos millonarios para garantizar el servicio. No es asunto suyo que los puestos renovados del mercado San Miguelito sean más caros, a pesar de lo prometido en la inauguración. Tampoco la crisis de internet en los centros de educación pública ocasionada por la deuda millonaria con los proveedores. No les interesa el paradero de los fondos de Cosavi ni la solidez de las pensiones. La lista podría alargarse. Admitir estas realidades en el mejor de los mundos posibles les resulta desconcertante y motivo de angustia. Es así como quienes no se dejan ayudar, las rechazan sin más. El hecho de ser verificables, no los convence. Salen del aprieto atribuyendo sus penurias actuales a un pasado oscuro cada vez más lejano. Reconocer las tribulaciones del presente los sacaría de la ensoñación del enajenado. Los negacionistas no solo rechazan la información, sino también la propuesta, la crítica y la protesta. Prefieren que otro decida y les ordene qué hacer. De alguna manera, los que no quieren ser ayudados son conscientes de que no tienen argumentos para refutar los señalamientos y las denuncias de los inconformes. Inseguros de sus certezas, descalifican y agreden al mensajero para intentar desautorizar el mensaje. El mensajero puede ser indigno, pero, sin análisis, no es razonable descartar el mensaje. Se engañan, pues el silencio del mensajero no necesariamente mata el mensaje. Otro se levantará para cuestionar, denunciar y condenar. Vivir en un mundo de ensueño como la dictadura de los Bukele es más confortable que pensar, decidir y poner manos a la obra para comenzar a transformar la realidad actual en otra menos desigual. Vivir en la mentira es mucho más cómodo que desvivirse para hacer posible una vida digna para todos. El negacionista acepta la vida tal como viene, se resigna con el destino asignado por otros y se consuela con los gozos celestiales prometidos a los sufridores del despojo, la opresión y la injusticia. El conformista y el negacionista constituyen una de las obras más logradas de la dictadura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa), contabiliza 149 mujeres asesinadas entre marzo de 2022 (mes en que se instauró el régimen de excepción) y agosto de este año. El dato proviene de dos fuentes: de cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entre marzo y junio de 2022; y ante la falta de información pública, del monitoreo de las notas publicadas por medios de comunicación entre julio de 2022 y agosto de este año. Al hacer una rápida revisión de medios no oficiales de comunicación se pueden encontrar noticias como las siguientes: en enero de este año, una mujer murió a consecuencia de una puñalada en el cuello; en abril, una mujer de 55 años fue asesinada por su pareja; en mayo, un joven de 25 años mató a pedradas a su novia de 22 años porque ella quería terminar la relación; en junio, una mujer fue asesinada a machetazos por su pareja y otra perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza; en agosto, una mujer de la tercera edad fue asesinada con arma blanca; el 1 de septiembre, la PNC reportó la muerte de una joven de 29 años, quien presentaba varios golpes y una herida en la muñeca derecha. En contraste con estas noticias, en el último sondeo de opinión pública del Iudop, el 71.2% de la población encuestada considera que la situación de las mujeres ha mejorado durante el sexto año de gobierno de Nayib Bukele, un 9.4% opina que ha empeorado y un 15.3% dijo que continúa igual. Si bien es cierto que las cifras de feminicidios y muertes violentas de mujeres han disminuido desde la instauración del régimen de excepción, eso no significa que las salvadoreñas estén a salvo. De hecho, tomando como base los datos de Ormusa, se calcula un promedio anual de 37 asesinatos de mujeres desde la aprobación del régimen de excepción. ¿Por qué, entonces, siete de cada diez salvadoreños estiman que la situación de las mujeres ha mejorado? Una respuesta a esta interrogante puede encontrarse en la relación entre el uso de los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. En este sentido, según el pensador estadounidense Walter Lippmann, las personas hacen un mapa cognitivo de la realidad a partir de elementos provistos por los medios de comunicación, que brindan información más amplia que la que se puede obtener de manera directa. Así, se puede influir en la opinión pública seleccionando qué temáticas presentar a la población como relevantes; una selección que responde a intereses de grupos de poder. A esto se le llama agenda setting o fijación de la agenda. En el caso de El Salvador, la población se encuentra bajo la influencia de una fuerte maquinaria de propaganda gubernamental (que incluye medios de comunicación propios), la cual no escatima recursos para dar a conocer el quehacer del Ejecutivo. Esta maquinaria fija la agenda de la opinión pública, dejando fuera todo tema que perjudica la imagen del oficialismo. Al respecto, un dato revelador se obtiene al realizar un análisis de las personas que consumen noticias y de las fuentes de donde las obtienen. Según la encuesta del Iudop ya mencionada, el 77.3% de las personas que dicen consumir información sobre el quehacer de Bukele una o dos veces por semana y el 79.3% de los que reconocen que rara vez consumen noticias de medios no oficiales opinan que la situación de las mujeres ha mejorado. Al revisar las noticias que en sus cuentas en Facebook publicaron los medios oficiales y la prensa tradicional en las primeras semanas de septiembre, se observa que dos diarios tradicionales dieron a conocer que 18 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año, y que en agosto sucedieron dos feminicidios que no se vieron reflejados en las estadísticas que la PNC reporta. En estas noticias se dieron a conocer datos como la edad de las víctimas, el tipo de arma utilizada contra ellas, el distrito donde sucedieron los crímenes y el arresto o no de los sospechosos de cometerlos. En cambio, los reportes brindados por el diario oficial no se centran en los hechos relacionados con los crímenes, sino en la eficacia policial para capturar a los victimarios. Acorde con la propaganda sobre el éxito del “modelo de seguridad” del Gobierno, esta perspectiva comunicacional destaca que si alguna mujer es asesinada, su crimen no quedará impune, pues los autores serán entregados a la justicia. En un país con una cultura machista y violenta profundamente enraizada, este enfoque para tratar la problemática de los feminicidios debería generar honda preocupación, pues bajo el consuelo de que todo delincuente acaba preso, de que todo feminicida recibe su justo castigo, se deja de lado la necesidad de prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, atacar las causas del fenómeno, desmontar la cultura que lo justifica.

Los mil días sin homicidios es simple publicidad presidencial. No informa, mucho menos analiza. Esta publicidad, como cualquier otra, incita a consumir la figura cosificada del inquilino de Casa Presidencial. La calidad del producto ofertado es irrelevante. La propaganda busca reforzar en las masas consumidoras la convicción de que la calidad del producto que adquieren está garantizada y no tiene fecha de vencimiento. Al igual que buena parte de la publicidad, esta también es engañosa. La caída de los homicidios es incuestionable, pero eso no da pie para proclamar mil días limpios. En primer lugar, no hay manera de verificarlo por falta de información confiable. Los datos difundidos por la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la misma Casa Presidencial son inconsistentes. Estas dependencias no se han tomado la molestia de cotejar y depurar los datos. El vacío es curioso, porque el respaldo de un registro riguroso otorgaría credibilidad al eslogan publicitario. Bukele tendría razón sólida para enorgullecerse del éxito de su política de seguridad. Los mil días son una consigna para reafirmar la lealtad de los creyentes. En segundo lugar, y más importante, el registro presidencial de los homicidios es selectivo. Solo incluye los asesinatos atribuibles a los pandilleros. Excluye los muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los prisioneros fallecidos por falta de asistencia médica, las muertes violentas ocurridas en las cárceles —aun cuando los cadáveres salen con señales de tortura—, los sepultados clandestinamente, los desaparecidos, los homicidios comunes y los feminicidios. Antes de los mil días, se registraba un promedio de seis homicidios diarios, sin contar los cometidos por los pandilleros. Por tanto, en la actualidad, es probable que el promedio sea de dos o tres homicidios al día. Además de registrar solo los homicidios cometidos por los pandilleros, el eslogan es menos impresionante de lo que parece. Los mil días no son consecutivos y ni siquiera comprenden la mitad de los días que Bukele ha detentado el poder total. La consigna solo incluye mil días de más de dos mil doscientos. Los policías y los soldados no “arriesgaron su vida para que, al fin, podamos vivir en paz de verdad”, porque los pandilleros se entregaron sin luchar. La amenaza de no tolerar “ni el más mínimo delito” es otra licencia publicitaria. La intolerancia se aplica a los adversarios y los desamparados. Por alguna razón desconocida, Bukele renunció a conmemorar el “hito histórico” de los mil días en cadena nacional. Casa Presidencial se contentó con el eco de las cuentas en redes digitales de los funcionarios. Bukele dijo que hablaría sobre “lo que nuestro país ha vivido y sobre las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, pero luego se olvidó del tema. La omisión es llamativa, porque conoce bien el terreno. Por otro lado, hubiera sido interesante conocer de primera mano la identidad y las maniobras de esas fuerzas que intentaron frenar la erradicación de las pandillas. A falta de una explicación oficial, se puede conjeturar que el obstáculo no era otro que la institucionalidad del Estado democrático. Una justificación explícita de la dictadura. La aprobación popular del régimen de excepción no lo legitima ni jurídica, ni humanamente. Mucho menos el Dios de Jesucristo, en quien Bukele se ampara. Dios no instrumentaliza a los seres humanos para obligarlos a cumplir su voluntad, tal como sostiene Bukele, en un atrevido intento por justificar la violencia represiva. Dios llama y envía a sus elegidos a denunciar la injusticia y la opresión, el pecado del mundo, y a anunciar su reinado, basado en la verdad, el derecho y la justicia. El éxito de la misión depende de la fidelidad del enviado. Por otro lado, si Dios estuviera relacionado directamente con los mil días, los homicidios y toda forma de violencia habrían desaparecido por completo. Responsabilizarlo de una obra tan defectuosa como la realizada por el régimen de excepción es insultar su providencia. Y, a juzgar por los resultados, si Bukele fuera su instrumento, como alega, su obediencia a la voluntad de Dios no es la de un enviado celoso y fiel. La paz implantada no es la de Dios, sino la de Bukele. Más que paz es la tranquilidad del miedo y la violencia, impuesta por sus asesores y sus agentes. La calma es aparente. Ni siquiera sus asesores más cercanos están seguros. Si por algún motivo caen en desgracia, son defenestrados sin piedad. Los ocho funcionarios muertos, incluido el jefe de la Policía, en el helicóptero siniestrado hace un año en circunstancias aún no esclarecidas, no dejan de ser inquietantes. La arbitrariedad, la injusticia y la violencia son contrarias a la voluntad de Dios. Responsabilizarlo de la injusticia masiva que mantiene encarcelados en condiciones inhumanas a miles de inocentes para justificar la justicia a los pandilleros es blasfemo. Dios quiere que el pueblo disperso, dividido y violento se transforme en ot

Hace dos semanas, el caricaturista Alecus publicó una hermosa creación suya en la que el jesuita José María Tojeira, recientemente fallecido, aparecía como un faro que iluminaba la realidad salvadoreña. Es cierto. Lo que conmueve es que el padre Tojeira, el padre Chema, como era conocido, asumió varios roles en su vida que ayudaron a iluminar nuestra realidad, con la actitud de modestia que describe don Antonio Machado en sus Proverbios y cantares: “Nunca perseguí la gloria/ ni dejar en la memoria/ de los hombres mi cantar”. Rector, provincial, director del Idhuca, responsable de la Pastoral Universitaria, figura pública cuya voz sabia era consultada por los medios de comunicación: nada de ello le hizo perseguir la gloria para sí mismo. Lo movía, más bien, el amor y la justicia. Cuando intervenía en público, por ejemplo, en las fechas de conmemoración de los mártires de la UCA, o acompañando las diferentes luchas por la justicia en el país, su palabra daba ánimos. Siendo legos en estos asuntos, nos atrevemos a decir que su carisma era el del pastor. También se desempeñaba excelentemente en la docencia y en la reflexión escrita, pero en estas tareas también hacía, de alguna u otra forma, pastoral. Entendemos que hacer pastoral no es solo guiar, sino también dejarse guiar por la realidad y acompañar, con la palabra eficaz, a quienes necesitan esperanza. El padre Tojeira dejó una cantidad importante de escritos, entre homilías, libros, editoriales y artículos. Su prosa era agradable a la lectura y, mejor aún, hacía reflexionar. Esto se debía a que el padre Chema amaba a la poesía. Es posible que algo de poeta hubiera en una persona tan sensible como él. Resulta un enigma saber si entre sus papeles personales, entre los borradores de sus artículos, se coló algún verso. Era bonito escucharlo dando sus opiniones sobre los poemas o cuentos que él tenía que evaluar como jurado del certamen literario que, año con año, celebra el CRAI con motivo del aniversario de los mártires. Con él se pierde también un excelente colaborador de dicho certamen. El padre Chema tenía una especial predilección por los poetas místicos. Uno podría pensar que a la cabeza de ellos estaba Fray Luis de León. Y amaba también a los poetas del Siglo de Oro, y a otros, un tanto más próximos en el tiempo, como José Ángel Valente, quien tiene mucho de filosófico, de reflexivo. En un artículo suyo sobre sus compañeros jesuitas, citaba al Quevedo que fustigó los vicios de la Castilla de su tiempo: “Aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida”. En las palabras luminosas de Quevedo, brillaba el instante terrible del martirio. Hay otro texto suyo sobre la mística cristiana, titulado “Espiritualidad en la vida cotidiana”. Citando a Fray Luis, quien describía al “sabio que se retira/ de aqueste mundo malvado,/ y con pobre mesa y casa/ en el campo deleitoso/ con solo Dios se acompasa/ y a solas su vida pasa/ ni envidiado ni envidioso”, Tojeira decía que la verdadera mística no es escapar del mundo. “La mística no debe partir de una huida, sino de una mirada trasfigurada al mundo en que vivimos. A nuestra propia vida personal y a la vida de nuestros prójimos. A nuestra realidad de seres dialogales, en relación siempre con los otros, y en relación también con la casa que habitamos, con el mundo como morada de todos.” Esta última expresión nos recuerda la de Menéndez Leal, quien decía que la ciudad debía ser “casa de todos”. Esas citas, como puede verse, no eran alarde de erudición literaria, sino apoyos en la expresión de sus ideas. Se apoyaba en estos poetas y escritores para extraer, de la fuente común de la palabra, la mejor forma de poner en común sus planteamientos. En este ejemplo, es Miguel de Cervantes quien sale al encuentro de lo que Chema quiere expresar: “La utopía cristiana une el realismo de quien sabe de nuestra materia pecadora con la confianza segura en el Señor. ‘Caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma’, se decía a sí mismo Don Quijote al iniciar sus aventuras. Peregrino en la vida, el cristiano es el que conoce que al final seremos juzgados por el amor que hayamos tenido, y que solo el amor y la misericordia persistirán como realidad creada”. Su calidad humana, que le hizo estar próximo a los que sufren, también le hizo acompañar a su modo a un poeta que de alguna manera encarnó en su vida la marginalidad y los extremos más hirientes de la realidad: Salvador Juárez. Sin “perseguir la gloria ni dejar en la memoria de los hombres su cantar”, el padre Tojeira acompañó humana y poéticamente a este hermano poeta. Prologó dos de sus libros y participó en el acto de presentación. Sus palabras sabían bucear en el drama humano del autor y rescatar de él las semillas de esperanza. Salvador le tenía un gran cariño y siempre que pasaba por la UCA pasaba a saludarlo. Imaginamos que es probable que lo haya recibido con versos después de su adiós. Esa humani

La independencia del 15 de septiembre de 1821 no es la de Bukele, que se ha hecho una a su medida. Aquella no se ajusta a sus ambiciones. Pertenece a un pasado del cual prescinde. La suya es totalmente nueva. Aquella escapa a su control, mientras que de esta dispone a su antojo. Los próceres de 1821 declararon la independencia de Centroamérica como una totalidad. Escribieron una Constitución y organizaron un Estado federal donde cabían todos los países de la región. El proyecto fracasó por razones que aquí no vienen a cuento. En consecuencia, El Salvador nace como parte de un todo mayor. Conmemorar la independencia, al margen de Centroamérica, es desconocer la realidad histórica. Un mal comienzo para quien pretende crear un país nuevo, porque el futuro está determinado por el pasado y el presente. No se puede construir futuro sin contar con los condicionamientos existentes. El interés presidencial no es honrar la tradición de la nación, sino usarla para reforzar el autoritarismo. El sentido literal de la voz “independencia”, no depender de nada ni de nadie, sirve bien a esa finalidad. Una ilusión, porque los entes no están aislados. Las cosas son lo que son porque están en respectividad unas de otras. Bukele imagina que construye un país libre de influencias externas, una empresa imposible en un mundo cada vez más globalizado. Su invento depende de préstamos e inversión extranjera, del comercio exterior, de la moneda estadounidense y de las remesas. Piensa que nadie le puede decir qué hacer, pese a que su futuro inmediato depende de Trump. En tres años, cuando este sea relevado, su posición se debilitará. Bukele conmemora la independencia de los tratados, los organismos y las obligaciones internacionales, que considera “imposiciones inaceptables”; y de la institucionalidad democrática, un obstáculo perverso. Aun cuando se imagina independiente de la comunidad internacional, le molesta muchísimo sus reclamos y sus críticas. Si fuera tan independiente, tal como alega, estos debieran tenerle sin cuidado. Pero no puede, porque anhela que la comunidad internacional lo reconozca como el creador de un modelo de país inédito. El afán de fama mundial lo mantiene atado al qué dirán. Las contradicciones son habituales en la retórica presidencial. El subdesarrollo o la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de la mayoría de la población salvadoreña no son obra de extranjeros entrometidos, sino de las oligarquías, que desde siempre han sabido acomodarse a las circunstancias para acaparar la riqueza nacional. Décadas atrás, Estados Unidos intervino con la connivencia de la oligarquía y los militares. Este es el caso de la Alianza para el Progreso, del consenso de Washington, de la AID, de los agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses y de la guerra contrainsurgente. En la actualidad, de la lucha contra el narcotráfico en altamar. Buena parte de los millones de dólares prestados y donados fueron a parar a los bolsillos de quienes colaboraron con los estadounidenses. El responsable no está afuera, sino dentro. Tampoco se puede sostener con verdad que la independencia de Bukele haya traído prosperidad. La inversión directa extranjera no solo es de las más bajas de la región, sino también tiende a disminuir. El crecimiento económico es lento. El déficit comercial tiende a crecer, dado que el país importa más de lo que exporta. El déficit fiscal y la deuda pública tienden a aumentar. Los servicios sociales tienden a deteriorarse. Ciertamente, a las mayorías no les va mejor con la nueva independencia, donde las oligarquías antiguas y recién llegadas deciden. El modelo de país inédito, donde el nivel de vida de la mayoría de sus habitantes no aumenta y donde estos viven aterrorizados por los agentes de seguridad, tiene mucho de antiguo. La fuerte presencia militar en el desfile del 15 de septiembre confirma que El Salvador que se dice nuevo no es diferente de la dictadura militar del pasado. Si “la seguridad nos devolvió la paz”, el despliegue de efectivos, armamento y vehículos de combate muestra que el país de Bukele está en pie de guerra, al estilo de las potencias imperialistas, pero ante un enemigo desconocido. En cualquier caso, el nuevo país disfruta del espectáculo, las armas y los uniformados. La independencia conmemorada no es la de 1821, sino la que inauguró el régimen de excepción. El discurso presidencial recurrió a la de 1821 para legitimar el “nuevo El Salvador”, modelado sin embarazo ni impedimento alguno, no “por nosotros y para nosotros”, sino por y para la familia Bukele. Ahora ellos, los Bukele, son “infinitamente más independientes de lo que jamás” fueron. Dios lo permite porque respeta la libertad de la humanidad. Pero Él tiene la última palabra. Cuando llegue el momento, preguntará, como a Caín, qué has hecho de tu hermano. Las obras de Bukele, el criterio incuestionable, no son las de un enviado divino con una misión liberadora.

En un proceso de militarización, las fuerzas militares asumen roles y tareas que más bien le corresponden a instancias civiles. Complementariamente, el militarismo es la ideología que postula la primacía del ejército y los valores que le están asociados. Militarización y militarismo están estrechamente relacionados. El militarismo da paso a la militarización, y esta a su vez potencia a la ideología militar. Hoy en día, la militarización ha cobrado fuerza en diversas regiones del mundo. En América, los países con democracias más consolidadas, especialmente en el sur del continente, mantienen a sus fuerzas armadas sujetas a la autoridad civil; en otros, especialmente en Centroamérica, los militares han recuperado el protagonismo de épocas pasadas, a pesar de los crímenes cometidos y el historial de corrupción de sus altos mandos. El afán de resolver los problemas a través del uso de la fuerza se abre paso ante la debilidad de las instituciones civiles. En el fondo de los procesos de militarización está la creencia de que los militares son más competentes. En El Salvador, uno de los mayores logros de los Acuerdos de Paz fue redefinir el rol de la Fuerza Armada, limitándola a la defensa del territorio y de la soberanía nacional, y dejando la labor de la seguridad ciudadana en manos de una Policía Nacional Civil independiente del estamento militar. En este sentido, el actual proceso de militarización en el que el país está inmerso es una involución. Una involución, eso sí, muy popular, que descansa, entre otros factores, en una imagen de disciplina militar que se contrapone al desorden y la inconsistencia institucional que han caracterizado a la mayoría de las autoridades civiles salvadoreñas. Ahora bien, la disciplina militar descansa en la obediencia; la subordinación absoluta al que manda es su principio fundamental. Por ello, designar a un militar para que ejerza funciones civiles garantiza, por un lado, obediencia ciega a quien lo nombra y, por otro, una administración que actúa con base en órdenes que no admiten réplica. Durante la guerra, la lógica de la obediencia ciega facilitó la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, esa misma lógica permite la captura de personas inocentes para cumplir cuotas de detenciones o para silenciar voces críticas. En la misma línea, confiar la educación de la juventud a militares busca formar ciudadanos obedientes y dóciles, sin pensamiento crítico, sin autonomía, sin diversidad de ideas. El nombramiento de militares en puestos civiles en países con cultura e historia autoritarias no augura un buen futuro para sus pueblos. La evidencia demuestra que la militarización no es eficaz para mejorar la seguridad en el largo plazo ni para formar personas abiertas al diálogo y al respeto de la dignidad humana. Más que fuerza y obediencia, Latinoamérica en general y El Salvador en particular necesitan cultura, tolerancia al disenso, derechos humanos, justicia social, paz.

Hace muchos años, dos compañeros y yo estábamos en un pasillo del Módulo B esperando a alguien. Frente a nosotros pasó Mauro, el mítico e histórico profesor de matemáticas con quien habíamos cursado las materias básicas del cálculo de la ingeniería y la arquitectura, y nos dijo: “Vengan, voy a darles algo a cada uno”. Desconcertados, lo seguimos hasta a su oficina y nos dijo: "Vaya, tomen" y, acto seguido, nos dio un dólar a cada uno. Mauro era así. Espontáneo, bromista, carismático y cercano. Le gustaba ser ese profesor detallista, atento y dispuesto a ayudar y escuchar a sus estudiantes. No recuerdo cómo terminó esa tarde, pero estoy segura de que debió habernos tocado la guitarra y que nos terminó de alegrar el día con sus anécdotas sobre los mártires y su vida en la UCA. Sus materias no eran sencillas. Enseñaba lógica matemática, funciones, límites, derivadas, ecuaciones diferenciales, sucesiones, coordenadas polares y cilíndricas, teoremas, integrales múltiples y todas esas cosas a las que uno les tiene miedo cuando está en la universidad. Sin embargo, él tenía el don de poder desentrampar hasta el enredo más complicado y de poner en lenguaje simple y universal aquello que para la mayoría era inentendible. “¿Te quedaste? Yo sé que te quedaste”, solía decirnos cuando miraba nuestras caras enmarañadas en medio de sus clases, y no le importaba repetir y repetir el mismo tema hasta hacernos entender. Era paciente. Procuraba mantener el mismo ritmo para que todos pudiéramos seguirlo, pero lo que realmente sorprendía de su rol como maestro era su humildad, su empatía y su compromiso social con la educación. Originario de Chalatenango, se graduó como maestro normalista con especialidad en matemáticas y física y estudió las licenciaturas en física, química y matemática en la Universidad de Berna, Suiza. Por su talento natural para las ciencias exactas y su excelente desempeño como estudiante, tuvo la oportunidad de haberse quedado en ese país o de llevar una vida tranquila en cualquier otro, pero, entre tantas opciones, escogió regresar a El Salvador y compartir con nosotros todo lo que aprendió. Fue profesor de la UCA desde 1981 hasta 2019. Su trayectoria académica incluye importantes publicaciones de libros y cuadernos de cátedra de matemática para educación básica, preuniversitaria y universitaria, abarcando niveles de pregrado, grado y posgrado. Impartió Matemáticas I, II, III y IV, y colaboró en el diseño de muchos planes de estudio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. A pesar de ello, no fueron sus conocimientos ni sus múltiples titulaciones lo que lo hicieron trascender. Aún con toda su formación, Mauro era un profesor generoso que acompañaba y se rebuscaba por hacernos partícipes del aprendizaje; era el profesor que jamás iba a humillarnos por no entender o no saber. En Mate IV, recuerdo que nos dijo que nos imagináramos cómo se movería un chicle pegado a la llanta de una bicicleta para explicarnos el comportamiento de una función, y fue precisamente eso lo que hizo que generaciones enteras lo recordemos con tanto cariño. Cuando llegaba un becario nuevo a la Facultad, él, junto a la ingeniera Merlos, se encargaba personalmente de brindarle tutoría, acompañarlo y darle consejo. No toleraba un “no puedo” para justificar una mala nota, y a todo el que se atrevió a decírselo le contestaba, desde su ejemplo y su vida: “Si yo pude, vos podés”. Muchas veces, incluso, pagó de su propia bolsa tutores personalizados para atender a los estudiantes con mayor necesidad que solían creer que no podían o que se encontraban en desventaja, y no era extraño que nos comprara el almuerzo o un refrigerio cuando notaba que ya llevábamos varias horas estudiando en el mismo lugar. En mi experiencia personal, su cercanía y apertura me hicieron compartirle que me gustaba escribir poesía. Sin dudarlo, me pidió mis poemas y por pura iniciativa propia empezó a musicalizarme algunos. El más emblemático, “Mujer de la calle”, lo musicalizó de tal forma que acabamos declamándolo y cantándolo juntos en varios eventos y lugares. Mauro no era el profesor que se queda en el aula. De manera perspicaz, le gustaba enseñarnos que lo más importante era la humanidad, y que el miedo más grande no se le debía tener a la matemática, sino a perder nuestra fragilidad y nuestra empatía. Su partida deja un enorme vacío. Se va en medio de dos semanas trágicas en las que también hemos dicho adiós a los sacerdotes jesuitas Rafael de Sivatte y José María Tojeira. Se va, pero nos deja un gran legado que perdurará. Así que, Mauro, aunque ya no estés físicamente, “te quedaste, yo sé que te quedaste”; te quedaste con nosotros para siempre y nos dejaste la prueba de que sí se puede enseñar con el corazón.

“Hace un año nosotros no podemos tener acceso a las autoridades centrales”, dijo Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), al referirse a la falta de diálogo con las autoridades centrales del ISSS.

Se pueden decir tantas cosas de Chema Tojeira que cualquier espacio como este se queda corto. Y es que desde que llegó a Centroamérica en 1969 siendo todavía un joven estudiante jesuita de 22 años, comenzó a escribir una historia de servicio que se prolongó por 56 años, tiempo en el que hizo el bien por donde pasó. En Honduras, ya como sacerdote, acompañó pastoralmente a campesinos y campesinas, cuyos padecimientos y esperanzas sellaron su vida para siempre. Dirigió allá a Radio Progreso, el medio de comunicación con mayor credibilidad en ese país y en 1981 fundó, junto a otros jesuitas, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un centro social que es un referente para comprender la realidad hondureña y al que los más pobres sienten como un aliado cercano de sus causas y luchas. El Salvador le abrió las puertas en 1985 y Chema le entregó su corazón a este pueblo del que, una vez cumplidos los requisitos legales, se hizo ciudadano a finales de los años ochenta. Chema fue un salvadoreño más, su inculturación fue sorprendente, desde su lenguaje hasta sus gustos, pero sobre todo porque hizo suyos los problemas, clamores y alegrías de la mayoría de la población. En 1988, fue nombrado provincial de los jesuitas de Centroamérica, cargo que le permitió recorrer la realidad de los otros países de la región y amar también a sus pueblos, comprobando que compartían historias, sufrimientos y esperanzas. Siendo provincial, le tocó vivir y enfrentar la masacre de la UCA en 1989. El rol que jugó exigiendo justicia por el magnicidio de sus seis compañeros y dos mujeres lo hizo una figura pública en El Salvador y más allá de sus fronteras. La valentía con la que enfrentó al poder de entonces, su serenidad a la hora de desvelar las mentiras de los perpetradores del crimen y la férrea búsqueda de la verdad lo convirtieron gradualmente en un referente ético para el país. Después fue rector de la UCA durante 14 años, plataforma que amplificó tanto su voz como el reconocimiento hacia él de personas y sectores cristianos, académicos y sociales, nacionales e internacionales. A pesar de ocupar cargos encumbrados, Chema nunca abandonó su humildad. Cuando terminó su rectorado en la UCA en 2011, le preguntaron cuál era su legado, a lo que él contestó, desde su modestia, que tal vez haber sembrado varios cientos de árboles en el campus. A propósito de su reciente y sorpresivo fallecimiento el 5 de septiembre, ya se ha escrito algo —y en los próximos días se escribirá mucho más— destacando sobre todo los cargos que desempeñó y el eco que tuvo su voz. Las innumerables manifestaciones de pesar y solidaridad por su fallecimiento a la Compañía de Jesús y a la UCA son solo una muestra que refleja lo que el padre Tojeira representó para mucha gente y para la historia de este país. Aquí queremos destacar algunas de las características que lo hicieron una persona extraordinaria, muy querida y apreciada, y que ahora se convierten en un poderoso llamado para todos y todas aquellas que quieren aportar a El Salvador en una etapa compleja de su historia, como la que le tocó vivir a él. Desde su inspiración cristiana y espiritualidad ignaciana, Chema fue, ante todo, una persona compasiva y comprometida con el dolor y la suerte de los pobres. Demostró con su vida que la mejor manera de amar a Dios es servir a los demás, especialmente a los más sufridos. Puso su privilegiada inteligencia al servicio de los excluidos y marginados para evidenciar las raíces históricas y estructurales que producen injusticia y perpetúan la exclusión. Por ello, entendió que su responsabilidad desde la UCA trascendía el campus universitario, y se comprometió con la transformación del país, dando continuidad al legado de los mártires que ofrendaron su vida por decir la verdad. Por eso, Chema defendía la causa de los excluidos desde la palestra de los medios de comunicación y participaba en toda comisión, gubernamental o de la sociedad civil, a la que era invitado, siempre y cuando fuera para resolver algún problema que afectaba a personas o al país. Otra de sus características es que era una persona serena y capaz de conservar la compostura aún en situaciones que hubieran tumbado a cualquiera. Su palabra oportuna y valiente, que transmitía con serenidad, iluminó situaciones nacionales críticas, a la vez que transmitía esperanza. Su realismo no se contraponía a su constante optimismo. Otro rasgo envidiable de Chema era su buen humor. No había conversación en la que no aflorara su alegría contagiosa. Era capaz de expresar las cosas más serias esbozando una sonrisa, pero sin ningún asomo de burla. Desde su serenidad, podía decirles las verdades a los poderosos o a sus detractores, sin recurrir nunca a la ofensa. Su presencia y su voz imponentes hacían difícil no tomar en serio sus intervenciones. Incluso cuando sus denuncias de violaciones a los derechos humanos lo hicieron blanco de ataques hasta de la más alta autoridad, Chema nunca respondió irracionalment

La inauguración simultánea de cinco mercados fue la plataforma escogida por Casa Presidencial para lanzar la última ocurrencia sobre cómo enderezar el país. Las “décadas de abandono” ya no solo serían culpa de malhadados gobiernos anteriores, sino también de la mala educación, la descortesía y la incivilidad. En consecuencia, el régimen de excepción ha emprendido la tarea de imponer orden y disciplina militar. Y, fiel a la tradición autoritaria, ha comenzado por los mercados y la educación pública, dos de los sectores más débiles y vulnerables. La dirección centralizada de los mercados impondrá buenas maneras, limpieza y orden a los usuarios. La basura, los escupitajos y el orinar de los varones en sitios públicos desaparecerán. Los hombres tendrán que aprender de las mujeres, que son más educadas o más discretas. Las vendedoras y los comerciantes ya no estarán solos; Casa Presidencial cuidará de ellos. Hará desaparecer las mafias, el tráfico de influencias y la corrupción, características de la gestión municipal anterior, aun cuando la mayoría de alcaldías está en manos del oficialismo. La estabilidad, la legalidad y la rendición de cuentas harán que los mercados “funcionen como debe ser”. Si hubiera verdad en este discurso, habría un cambio radical en una gestión gubernamental que desconoce la estabilidad, la legalidad y la rendición de cuentas. En la educación pública, una capitana del ejército se encarga de imponer disciplina, urbanidad y civismo. La presentación de la población escolar debe ajustarse al criterio militar. Las convenciones militares evitarán la conformación de pandillas de toda clase. Las decenas de miles de encarcelados, los miles de muertos y los innumerables desaparecidos son resultado, según la interpretación presidencial, de “no haberles aplicado disciplina cuando eran niños”. La responsabilidad es tanto de los padres como del Estado. Un descuido que este pretende corregir con la imposición de disciplina militar en las escuelas públicas. El discurso del orden y la disciplina suena bien a las mentalidades rigoristas, conspiranoicas y oficialistas, pero no resiste la confrontación con la realidad. El enfoque y la solución pecan de simplismo. La informalidad es inevitable dada la ausencia de empleo formal. La penuria no se debe al desorden de las finanzas de la inmensa mayor parte de la informalidad, porque no hay finanzas que ordenar. Las vendedoras y los comerciantes de los mercados no viven en la suciedad por gusto. El hacinamiento, la insalubridad ambiental, la escasez de agua, un nivel educativo bajo y la falta de medios, en general, les impiden desenvolverse en condiciones humanas. Los pobres no son víctimas del desorden (a diferencia de los ricos, que serían muy ordenados), sino de una estructura social excluyente, desigual y, por eso, violenta. La escandalosa acumulación de riqueza en pocos empuja al resto de la población hacia la pobreza. El fenómeno de las pandillas está relacionado con el desorden, pero no solo de las generaciones más jóvenes, sino de la sociedad en su conjunto. Más aún, el desorden es un síntoma, no la causa. Forzados a rebuscarse la vida en condiciones muy adversas, los padres abandonaron a sus hijos, que se criaron en las calles. No encontraron acogida en los centros educativos, ni espacio en centros comunales y deportivos, ni en los templos. Nadie les brindó atención y cariño. En la calle aprendieron junto con sus pares. Crearon una identidad y una cultura propia. Pronto aprendieron que la violencia, de la cual habían sido víctimas o testigos, era el medio para sobrevivir en una sociedad que los excluyó y les negó la educación, el empleo y las oportunidades. En el proceso, se deshumanizaron. Atribuir este fenómeno a la indisciplina escolar es simplista. Así como es farisaico identificarse con el “dolor terrible” de las madres con hijos encarcelados y con el “más horrible” aún de aquellas con hijos muertos o desaparecidos. Más sentido tiene el programa Crecer con Cariño. Pero abrir esa posibilidad demanda una inversión que el oficialismo no está dispuesto a hacer. La opción no es nueva. El segundo presidente de Arena decidió, justamente cuando el fenómeno de las pandillas cobraba forma, que seis años de primaria eran suficiente educación para una juventud destinada a la maquila, en ese entonces, el gran proyecto del capitalismo neoliberal. Ahora la dictadura se decanta por el ordenamiento militar y el maestro sargento, una salida barata para someter a las nuevas generaciones. Esta opción, sin embargo, está reñida con uno de los eslóganes más queridos del oficialismo. Unos cuantos puentes, mercados y centros escolares renovados no son más que una porción pequeña de “lo público”. Para que este fuera mejor que lo privado, la inversión en educación debe ser cada vez más voluminosa; la infraestructura escolar debe estar en mejora continua; la alimentación, suficiente y balanceada para superar la falta de peso y estatura; los planes de estudio, en actualización

La discusión sobre la reelección presidencial en el país se ha movido entre dos extremos: o está permitida, o está prohibida. Sin embargo, a nivel internacional existen diferentes modelos que regulan la continuidad de un presidente en su cargo, desde la prohibición absoluta, pasando por sistemas flexibles, hasta la reelección indefinida. En el caso de El Salvador, desde 1983, la Constitución permitía la reelección diferida, es decir, un expresidente podía volverse a postular, pero no de manera consecutiva. Este tipo de modelo busca evitar la concentración de poder y fomentar la alternancia democrática, favoreciendo la continuidad de proyectos políticos, no la de una persona. No obstante, en 2021, la Corte Suprema de Justicia —nombrada para estar alineada con el Ejecutivo— ­­­emitió un fallo en el que se habilitó la reelección inmediata, pero con restricciones, tal como ocurre en Estados Unidos, donde un político puede aspirar como máximo a dos periodos presidenciales. El giro más radical ocurrió en julio de este año, cuando la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficial— aprobó la reforma que habilita la reelección indefinida, eliminando cualquier tipo de restricción para la permanencia en el poder. Este modelo, similar al de Venezuela y Nicaragua, permite que una misma persona se postule indefinidamente. Este cambio se ha justificado, en parte, por la alta popularidad de Nayib Bukele, quien, tras seis años de gestión, mantiene altos niveles de aprobación ciudadana. Según la encuesta del Iudop de mayo de 2025, el Gobierno recibió una calificación promedio de 7.85; además, el 67.3% de los encuestados expresó tener mucha o alguna confianza en el mandatario. No obstante, esta popularidad no se traduce en simpatías para Nuevas Ideas. Según el sondeo del Iudop, a pesar de que el partido oficial cuenta con casi la totalidad de escaños en la Asamblea, solo el 37% de la población expresó sentirse muy o algo satisfecho con el trabajo de los diputados, y apenas un 17.4% consideraba que este órgano del Estado representa a toda la población. Además, solo un 25.5% dijo estar muy o algo satisfecho con el trabajo de los alcaldes. Otro dato importante lo revela la encuesta preelectoral de enero de 2024: el 46.9% de quienes pensaban votar por Nuevas Ideas afirmaron que no votarían por dicho partido si el candidato no fuera Bukele. Tras las elecciones, ese porcentaje aumentó a 53.4%. Lo anterior sugiere que el partido pudo perder más de 1.4 millones de votos sin su líder. En ese escenario, dado que la población no se identificaba con otra opción política, la participación electoral podría haber disminuido del 52.6% al 29%, tan baja como la registrada en la elección de alcaldes (30.1%). En otras palabras, Nuevas Ideas no ha logrado consolidarse como una fuerza política autónoma y con arraigo social; por el contrario, es clara su dependencia de la figura presidencial. Por ello mismo, la reelección indefinida se ha convertido en una estrategia política de supervivencia, que, junto con la reducción de diputados, la reestructuración municipal y la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, busca mantener en el poder al partido oficial a costa de la representación política, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder. Estos cambios no constituyen un fenómeno nuevo en la historia del país. En 1996, la UCA advertía en su revista ECA que “el cambio continuo y repentino de las reglas electorales atenta gravemente contra su garantía y continuidad”. En ese momento se refería a las reformas políticas impulsadas por Arena para favorecerse, y que solo fueron posibles por el control que tenía en la Asamblea Legislativa. Hoy, casi tres décadas después, Nuevas Ideas repite la historia, consolidando un modelo de poder que dinamita los principios democráticos. El oficialismo ha utilizado a la población como instrumento para legitimar estas reformas. En mayo de 2025, el 70.6% de los encuestados por el Iudop estaba de acuerdo con la posibilidad de que Bukele continuara en el poder otro período presidencial, el tercero. Sin embargo, la encuesta preelectoral de 2023 reveló que, aunque el 69.9% de la población mencionó estar de acuerdo con la participación de Bukele en la elección de 2024, un 57.4% conocía la prohibición constitucional sobre de reelección inmediata, el 46.8% consideraba muy o algo peligroso que Bukele no respetara dicha disposición y el 43.7% consideraba que Bukele no estaba respetando la Constitución al presentarse como candidato. Asimismo, 51.3% indicó que con dicha participación sería más difícil que otros funcionarios respetaran la Carta Magna. Lejos de implicar una contradicción, estos datos reflejarían un sacrificio consciente de parte de la mayoría de la población, motivado principalmente por el temor a regresar a un contexto de inseguridad. Un temor comprensible del cual ha sabido sacar provecho el aparato de comunicación gubernamental, que ha instalado la idea de que solo Bukele puede garantizar la segurid

La Constitución salvadoreña es enfática a la hora de decir que el Estado está al servicio de la persona humana. La persona es “el origen y el fin del Estado”. El Estado está por tanto a su servicio y debe brindarle libertad, cultura, salud, bienestar económico y justicia social. Son palabras prácticamente textuales del primer numeral de la Constitución. Sin embargo, se dan desde hace ya muchos años y diversos gobiernos, limitaciones y contradicciones no solo con el artículo primero de la Constitución, sino también con muchos otros numerales de la misma. Recorreremos algunos de esos desafueros desde situaciones actuales. Recientemente se quejaba un sindicato de aproximadamente 400 despidos de trabajadores municipales. El control estatal de la recogida de basura y el inicio de dichas funciones ha sido la causa del múltiple cese laboral. Aunque hay quejas al respecto, podemos suponer que se les ha dado prestaciones. Pero ni este gobierno ni los anteriores han sabido integrar la necesidad y obligación estatal, coherente con el derecho al trabajo, de dar lo que se suele llamar prestación del desempleo. Como por ejemplo, dar mensualmente, durante seis meses máximo, un 60% del salario que recibían los trabajadores despedidos, mientras no consiguen un nuevo trabajo. Los gobernantes, de cualquier partido que sean, son servidores públicos. Tienen que pensar siempre en cómo servir mejor al ciudadano que lo mantiene con sus impuestos Algo parecido podríamos decir de los vendedores ambulantes, o incluso pequeños empresarios desalojados de sus lugares habituales de negocio. Generalmente se les deja en el aire, sin que el Estado que los desaloja se responsabilice de mejorar su situación. Ofrecerles lugares dignos para sus ventas, formalizar su trabajo con una ley adaptada a este tipo de trabajador autónomo, darles los mismos derechos de cualquier trabajador no es un regalo. Al revés, es un derecho de los vendedores y una obligación estatal. Al menos eso es lo que se deduce de la obligación de brindar a los ciudadanos bienestar económico y justicia social. Las pensiones no contributivas se comenzaron a dar durante los gobiernos del FMLN a los mayores de 70 años que no habían cotizado. Era una cantidad pequeña y hubo meses que no se pagó. Se le dio solamente a una pequeña proporción de quienes estaban en esa situación. En la actualidad, el número de los que reciben esa prestación ha ido descendiendo. Todavía hoy la mayoría de quienes tienen mas de 70 años no reciben ninguna prestación monetaria, aunque haya trabajado toda la vida e incluso continúen haciéndolo más allá de los 70 años. Los campesinos, las mujeres dedicadas al cuido de muchos hijos o nietos, se ven privadas de un apoyo estatal que es cuestión de justicia. Porque todo el que trabaja produce valor y riqueza. Y el Estado debe reconocérselo. No considerar el cuido de niños y ancianos como trabajo es una aberración machista, dado que la mayoría de personas que hacen dicho trabajo son mujeres a quienes no se le reconoce la importancia social, cultural y económica del cuido, más allá de que no coticen a ningún seguro. La Constitución exige también cultura y educación. Llevamos 40 años estancados en la exigencia de terminar noveno grado. Desde hace tiempo, incluidos gobiernos anteriores, era necesario que el bachillerato fuera obligatorio si queremos avanzar en el desarrollo. Pero la tendencia de quienes han administrado el poder ha sido la de dar de palabra prioridad a la educación y al mismo tiempo, de hecho, no invertir en educación lo suficiente para que esta sea de calidad y universal. Ahora han metido el tema de la urbanidad como prioritario, incluso amenazando con perdida del año lectivo por no dar los buenos días adecuadamente. El tema, que prácticamente viola el interés superior del menor con el que nos comprometimos al firmar la Convención del menor, nos distrae de la necesidad urgente de invertir más en educación y dialogar más con los maestros sobre cómo avanzar en calidad. El gobernante, el funcionario, el empleado estatal son servidores públicos. No puede decirse que todo lo que hagan es malo. Pero tienen que reflexionar sobre cómo avanzar en todos los campos del desarrollo humano. Que algunos funcionarios se llenen la boca diciendo que no quieren saber nada de la agenda 2030 ni de sus objetivos de desarrollo sostenible es escandaloso. Que se despreocupen de hecho de algunas de las necesidades de la población es fatal. Y que se persiga a quienes defienden derechos básicos o fundamentales es llevar al país a un camino que terminará en decepción y fracaso.

En el país, se ha intensificado la imposición de un discurso centrado en la disciplina, la obediencia y el control como pilares del orden público, desplazando así el debate y las políticas estatales para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad social. El miedo, el encarcelamiento y la militarización son presentados como soluciones definitivas a los problemas estructurales. En síntesis, bajo el paradigma gubernamental, la represión es la medicina definitiva.

Los dos puentes recientemente inaugurados son un portento para el oficialismo. Construidos con la técnica atirantada, una modalidad novedosa en el país, no solo salvan el obstáculo del río Torola, sino también, de acuerdo con la retórica de la inauguración, están destinados a conducir a un futuro extraordinario. En efecto, los puentes de San Antonio y Carolina dejarían atrás “décadas de abandono” al introducir prodigiosamente en un mundo maravilloso. Las comunidades aisladas del otro lado del río verán cómo se levantan infraestructuras hasta ahora negadas y cómo proliferarán el empleo, las oportunidades, el turismo, la educación, la diversión y la dignidad. Estas novedades no serán inmediatas. Bukele no les puso fecha. Sus habitantes tendrán que armarse de paciencia y aguardar confiadamente el cumplimiento de sus promesas. De hecho, Bukele inauguró los puentes con más de dos años de retraso. Mientras tanto, sus habitantes disponen de un espacio “perfecto para pasar un rato con la familia”, dotado de miradores y plazas para contemplar el atardecer o, si lo prefieren, el amanecer. Incluso encontrarán facilidades para practicar el bungee jumping —en inglés suena más interesante—, un deporte extremo, que consiste en saltar al vacío desde el puente. Y durante la noche, podrán admirar la “iluminación arquitectónica” con luces LED de “este puente tan lindo”. Las comunidades no deben desesperar. Bukele les dejó claro que “puede que falten algunos años” para disfrutar de la prosperidad y el bienestar. Las décadas de retraso y desidia no se superan “de la noche a la mañana”. Más aún, nunca se superarán completamente, porque “siempre habrá muchas necesidades” a causa de la pobreza y del subdesarrollo. Estos son dos obstáculos demasiado grandes, incluso para él. Por eso solo se comprometió a “ir paso a paso mejorando”. Eso sí, “con muchas ganas”. Las comunidades deben conformarse con su suerte, no hacerse falsas ilusiones y confiar en su liderazgo. Los puentes nuevos agotan sus posibilidades en la inauguración. En la otra orilla no hay bonanza alguna, sino lo mismo de siempre. En más de seis años, la economía de Bukele no ha alcanzado la estabilidad y la versatilidad de los dos puentes atirantados. Importa más de lo que exporta, la vida es cada vez más cara, el mercado interno languidece, el sistema fiscal es regresivo, la deuda está descontrolada y el fondo de pensiones se agota. El auge de la construcción infla una burbuja. Solo las remesas proporcionan algún alivio. Sin una ubicación geoestratégica, sin petróleo, ni minerales, ni tierras raras, sin inversión pública sostenida y sin política económica viable, las posibilidades de crecimiento son pocas. El desarrollo económico no surge prodigiosamente. Las ganas no son suficientes. El régimen de excepción y su megacárcel y la creciente centralización de la gestión gubernamental no han dinamizado la economía. El sistema hospitalario controlado por Casa Presidencial no prestará servicios más eficaces y oportunos. El oficialismo asume gratuitamente que el control directo de Bukele es garantía de éxito. Es humanamente imposible que sepa qué retretes están sucios en las dependencias gubernamentales. La creencia en que lo sabe todo, que puede con todo y que todo lo hace bien lo ha convertido en una especie de fetiche. Los privilegios administrativos y las exoneraciones fiscales a los multimillonarios no han arrojado el resultado esperado. La inversión extranjera directa no solo es una de las más bajas de la región, sino que, el año pasado, disminuyó más del 10 por ciento. Mucho más determinante que suprimir impuestos, simplificar la burocracia o conceder la nacionalidad es la seguridad jurídica, es decir, conocer el rumbo del país, implementar políticas consistentes y viables para concretarlo, y contar con un sistema judicial independiente y serio. Los inversionistas también buscan un nivel educativo alto, lo cual va mucho más allá de la disciplina militar y la apariencia externa. En lugar de ocuparse de la raíz de los problemas, la dictadura se deslizar por las ramas. Últimamente le ha dado por emplear grandes sumas de dinero en iluminar infraestructuras como los dos puentes o un mercado renovado, en lugar de dirigir las luminarias hacia la realidad nacional. En los puentes, Bukele se jactó de que, a diferencia de la oposición, él camina bajo las luces LED. Sin embargo, no se atreve a dirigirlas hacia los interiores de Casa Presidencial. Mantiene en la oscuridad datos tan insustanciales como la cantidad de fotomultas. Tal vez porque después de tanta publicidad el equipo está fuera de uso. Esta manera de proceder confirma la desconfianza del inversionista. La inauguración de los puentes fue un espectáculo montado para ensalzar la figura de Bukele, no para celebrar la transformación de las comunidades aledañas. Lo exhibió como luz potente de infraestructuras, pero también como oscuridad densa de Casa Presidencial y de lo que la rodea. La iluminación arquitectónica suscita ad

Con el agua estamos en deuda. Fuente de salud y vida, pero también causa de destrucción y muerte en ocasiones, no hemos sabido aprovecharla ni pensarla de cara a nuestro futuro. No hemos querido suscribir el Acuerdo de Escazú ni tenemos una política del agua que garantice un futuro digno para todos. Hay mucha gente que carece de acceso adecuado al agua y personas en riesgo ante lluvias intensas y temporales. Colonias de clase media que se asientan sobre importantes acuíferos acaban convirtiéndose en los usuarios exclusivos del recurso. A la vez, el agua es comercializada por las empresas constructoras y restringida para quienes viven al otro lado de las plumas que vigilan la entrada a las colonias. La construcción masiva de viviendas en Valle El Ángel es un buen ejemplo de la depredación empresarial de un bien que debe ser de uso común, no privado. Defendiendo el acceso al agua potable y segura como un “derecho humano básico, fundamental y universal”, el papa Francisco denunciaba la tendencia a privatizarla. Pero en nuestro país, la tendencia permanece. E incluso el agua de todos se ve amenazada por una peligrosa y amplia contaminación si no se revoca la ley de minería y se instala alguna de esas empresas mineras depredadoras del medioambiente. En contraste con nuestra situación, esta semana, del 24 al 30 de agosto, se celebra la Semana Mundial del Agua. Para América Latina, el tema es importante. En nuestro subcontinente encontramos un tercio del agua superficial del mundo. Sin embargo, la relación con el agua no es la ideal. Entre 2000 y 2019, más de 150 millones de personas latinoamericanas fueron afectadas por desastres vinculados al agua o a su carencia, sean inundaciones, sequías o tormentas. También entre el norte de México y el sur de Chile y Argentina, 160 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundaciones. Una investigación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, financiada por la Fundación Rockefeller, analizó la situación de 188 países con respecto a las amenazas del cambio climático: 65 están en riesgo extremo; 30 de ellos están en América Latina. El Salvador forma parte de esa lista, entre los siete de mayor riesgo. El estudio cruza dos elementos que resaltan la vulnerabilidad: por un lado, la ubicación geográfica y la organización social; y por otro, las dificultades de obtener crédito para recuperarse del desastre. Por nuestra ubicación geográfica, por la falta de preparación preventiva del desastre y por la dificultad para adquirir préstamos dada nuestra elevada deuda, nos encontramos entre los siete países latinoamericanos más vulnerables ante desastres climáticos. De poco sirve consolarnos diciendo que estamos mejor que Haití, Venezuela, Guatemala u Honduras. Tomar en serio la prevención es necesario. Ver, desde hace más de 40 años, las montañas peladas en las inmediaciones de Apopa, sin que hasta el presente se haya hecho un esfuerzo serio por reforestarlas, es todo un síntoma del abandono y la inercia en la que nos movemos en la prevención medioambiental. El agua, como el aire, es un bien común y un derecho humano básico. La escasez de agua o su encarecimiento comercial es un atentado contra la vida humana. Por eso, el acceso al agua sana es un derecho inalienable que toda persona puede reclamar. En un país con lluvia más que suficiente para el consumo y el riego, el agua solamente se convierte en problema porque no se la ha cuidado ni se ha trabajado por un acceso amplio y saludable a ella. Y si se convierte en problema destructivo en algunos momentos del año, es también por lo mismo. Hemos sido lentos y remisos para planificar lugares de asentamiento humano, no hemos cuidado los cauces de nuestros ríos ni construido bordos adecuados. El papa Francisco decía en su encíclica sobre el medioambiente que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. Prevenir los efectos del deterioro del agua y el medioambiente es defender los derechos de muchos. Perseguir o encarcelar a quienes defienden el agua o el medioambiente es y será siempre una pésima decisión.

Editorial UCA Tanto el sentido común como la Constitución salvadoreña dicen que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, en el marco del funcionamiento del régimen de excepción, algunas familias no solo no gozan de protección estatal, sino que sufren diferentes formas de exclusión y violencia. En los desalojos, cada vez más frecuentes, hay familias que pierden de hecho el derecho a la vivienda sin recibir una indemnización adecuada. Por su parte, las familias de los detenidos tienen que pagar para que estos reciban un poco más de alimento del que habitualmente se proporciona en las cárceles. Además, no los pueden visitar, a pesar de que la legislación internacional defiende las visitas familiares como una actividad fundamental en los procesos de rehabilitación. En El Salvador, no importa que la rehabilitación sea uno de los objetivos constitucionales de la detención carcelaria; a los detenidos se les considera culpables desde un principio y a sus familiares se les trata como si fueran presuntos cómplices. En todas las religiones se considera que la familia es un factor fundamental de humanización y de crecimiento en valores. En todas las legislaciones americanas hay referencias a los valores familiares. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, el régimen de excepción corta de tajo la relación entre los detenidos y su familia. En este sentido, resulta totalmente secundario e irrelevante para las autoridades penitenciarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipule como un principio básico para todos los Estados americanos “la obligación de adoptar medidas orientadas a fortalecer la familia y proteger el vínculo familiar entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Los vínculos familiares no solo ayudan a la reinserción, sino que mejoran el comportamiento en las cárceles. Y para quienes pasan tres, cuatro o cinco años en la cárcel sin juicio y sin defensa, el contacto familiar es el mínimo consuelo que una conciencia humana debería ofrecerles. Los funcionarios actuales tienen una confianza ciega en el castigo —cuanto más duro, mejor— para solucionar los problemas de la violencia. Aunque algunos de ellos lo vean como un excelente complemento de un castigo arbitrario, el maltrato y estigmatización de las familias de los detenidos es una forma de violencia injusta, generadora de nuevas violencias. Esta forma de tratar a las familias implica, además, sembrar semillas de criminalidad a largo plazo. Porque si el Estado les niega todo tipo de solidaridad, e incluso persigue a las organizaciones que, en concordancia con la Constitución y el derecho internacional, defienden derechos básicos, empuja a los privados de libertad y a sus parientes al resentimiento social. La estigmatización de las familias de los privados de libertad y la aplicación de castigos de forma indiscriminada y extensiva impiden la construcción de una sociedad solidaria capaz de acrecentar la necesaria amistad social y eliminar los mensajes de odio que tanto daño hacen.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) inauguró las XIV Jornadas de Reflexión Económica, dedicadas a la memoria del padre Francisco Javier Ibizate sacerdote jesuita y economista recordado por su sencillez y compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Rodolfo Cardenal 21/08/2025 Algo bueno de la dictadura es su capacidad para sorprender. Hay que reconocer que su inventiva y su descaro no conocen límites. Después de la entrada en vigencia de la legislación contra la corrupción, agregó otra sobre valores y espiritualidad. La primera fue más una exigencia del FMI; la segunda pareciera querer reforzar la honestidad que este último demanda para financiar la deuda. En cualquier caso, la novedad no debe llevar a engaño, porque lo más probable es que el régimen no acate estas legislaciones. También es verdad que ninguna es necesaria, porque ya existen normas e instituciones para garantizar la honestidad gubernamental. Aparte, la persona íntegra no necesita imposiciones externas, porque es consecuente con sus principios. La legislación contra la corrupción obliga al funcionario y a su parentela cercana a declarar anualmente sus posesiones. La declaración es pública, excepto “los datos sensibles”, aquellos que en realidad interesan. De esa manera, la excepción anula la finalidad de la ley y, en consecuencia, todos los funcionarios, sin excepción, son formalmente honestos. La legislación es una simple formalidad. Justamente, en estos días, la prensa puso a prueba esa voluntad de honestidad. Un medio digital puso en tela de juicio el veloz enriquecimiento de uno de los líderes de la legislatura oficialista. Ya en 2021, el diputado en cuestión ocultó en su declaración de probidad la posesión de una vivienda en San Martín. Testificó no poseer ningún inmueble. Posteriormente, en nueve meses, apareció con seis propiedades, desde un apartamento en la Escalón hasta terrenos en el golfo de Fonseca, valorados en medio millón de dólares aproximadamente. Su liquidez y su salario —nada despreciable, por cierto— no explican tamaño enriquecimiento. Al parecer, el financiamiento proviene de un banco estatal que proporciona préstamos millonarios en condiciones especiales a los altos funcionarios y sus familiares. Un privilegio fuera del alcance de cualquiera. Simultánea e incoherentemente, la dictadura agregó a Casa Presidencial una dependencia para promover la moralidad en el sector público, un reconocimiento implícito de la inmoralidad reinante. En consecuencia, formará en principios y virtudes. No solo a los funcionarios, sino también al conjunto de la sociedad. La indecencia no se supera con leyes, sino con prácticas honestas y, por tanto, de cara a la opinión pública. El legislador de novedades no ha superado aún el vicio decimonónico de pensar que legislar es gobernar. La virtud no prevalecerá mientras la dictadura no persiga a los corruptos con la implacabilidad que usó contra los pandilleros. El sermón o la arenga entran por un oído y salen por el otro, porque el corrupto se sabe inmune. En la colonia, los altos funcionarios colocaban sobre su cabeza las órdenes reales, mientras recitaban: “Obedezco, pero no cumplo”. La puesta en práctica de la virtud debe empezar limpiando las dependencias presidenciales. Ensañarse con el estafador o el ladrón de poca monta es insignificante. No convence del compromiso del oficialismo con la honestidad. La legislación de la espiritualidad, que acompaña a la de la virtud, también tiene notas falsas, comenzando por la incapacidad del legislador para definirla. Habla vagamente del “desarrollo integral del ser humano en su dimensión espiritual y existencial”. Una declaración de intenciones sin consecuencias prácticas, dado que no tiene objeto definido. En todo caso, la espiritualidad bien entendida no es materia legislable. Tampoco tiene cabida cuando hay hambre y enfermedad, abandono y miseria. La prioridad es la vida plena, que solo es posible cuando las necesidades básicas están satisfechas. Entonces, se puede comenzar a hablar de la apertura humana a la dimensión sobrenatural. No obstante, la dimensión ecuménica de la ley es positiva y, sin duda, será bienvenida por las confesiones religiosas. Las incluye a todas, sin discriminación, en sus beneficios. Les promete becas y financiamiento. Una promesa inverosímil. A pesar de ello, una declaración inclusiva en una sociedad de exclusiones, descalificaciones y enfrentamientos es novedosa. Un régimen que no pierde ocasión para invocar el nombre de Dios debiera prestar más atención a su palabra. Cabe, pues, recordar aquí algunos principios evangélicos claros y prácticos para crecer en humanidad, en decencia y en profundidad interior. Una dictadura que camina en la oscuridad, porque sus obras no resisten la luz, es ajena al reinado de Dios. En cambio, los constructores de ese reino, los hijos de la luz, caminan de día para que sus buenas obras sean vistas por todos. Aquellos que presumen de rectitud ante los demás no debieran olvidar que Dios los conoce muy bien. Y que lo que la mayoría considera de mucho valor, aplaude y admira, para Dios no vale nada. Y, por último, el mismo Hijo de Dios advirtió que no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro; o bien será le

El autoritarismo avanza a pasos acelerados en el país y, como es lógico, en la medida en que ha escalado, ha crecido el miedo en la población. Para mucha gente, ese es el precio a pagar por tener seguridad, un bien que le fue negado por décadas. Saben que se violan derechos, pero prefieren eso a volver al pasado. Prefieren sentirse libres para trabajar y desplazarse. Ignorar o no reconocer esto impide comprender la base del respaldo social del que goza Nayib Bukele. La seguridad es la piedra angular sobre la que descansa la propaganda oficial y con la que se justifica todo tipo de medidas, hasta las más impopulares. Lo que queda por aclarar es si la gente es consciente de hacia dónde se dirige el país y de que el miedo es solo el comienzo. La propaganda oficial ha logrado permear en una buena parte de la población. Por ello hay gente que de buena fe cree que la economía de todos mejorará y que las duras condiciones de vida de los más pobres pronto encontrarán alivio. Y ello les lleva a perder de vista que la única situación económica que mejora es la de unos pocos, vinculados al pequeño círculo que hoy en día detenta todo el poder. Por otra parte, puesto que para muchos salvadoreños el Estado de derecho siempre fue un objeto lejano, al alcance solo de minorías, no hay razón para que les alarme la anulación de la institucionalidad pública y de la división de poderes. En la misma línea, acostumbrados a la corrupción gubernamental, un rasgo que ha sido intrínseco a la administración del Estado, no les sorprende el ocultamiento de toda la información pública, incluyendo los gastos. Pero hay otro grupo de salvadoreños que son conscientes de lo que apoyan o de lo que silencian. Saben para dónde va el país, pero por miedo o por conveniencia callan o respaldan públicamente lo que antes condenaban. Cuando esta página de la historia pase, ¿qué dirán los medios de comunicación que para congraciarse con el poder no reportan el crudo drama de los inocentes que guardan prisión sin derecho a ningún tipo de defensa? ¿Qué argumentarán los académicos que tuercen la realidad en perfecta coherencia con el guion del oficialismo? ¿Qué dirán los grandes empresarios —antaño férreos defensores de lo que llamaban “el sistema de libertades”— que avalan con su silencio la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos y el desmontaje de la democracia? ¿Qué será de los jueces que interpretan la Constitución para que diga lo que no dice y que obedecen órdenes y no la ley? ¿Dónde vivirán los que usan el Estado para volverse ricos mientras exigen virtud y rectitud a todos los demás? ¿Cómo se explicará a las niñas y niños que sus padres repitieron los errores del pasado para legarles un país sin futuro?

José M. Tojeira La semana pasada un partido habló de la posibilidad de no presentarse a las elecciones de 2017, Otro dijo que estaban evaluando si se presentarían o no. El adelanto de las elecciones, junto con la posibilidad de reelección indefinida, ha causado preocupación en la ciudadanía. Hay una mezcla de derrotismo y miedo en el ambiente sociopolítico que es a mi juicio tan dañino para la vida democrática como el autoritarismo centralizado hacia el que vamos avanzando. Tanto la sociedad política como la sociedad civil han quedado enormemente debilitadas. Y es probablemente esa debilidad la que conduce a algunos políticos a expresar sus dudas de presentarse o no a las próximas elecciones, pensando que la no participación puede servir para debilitar al gobierno actual. Más allá de las opiniones, que siempre son respetables, conviene reflexionar a fondo sobre el tema. Porque dejarse llevar por el miedo a las dificultades de participar en elecciones cuando el poder establecido tiene un peso excesivo en las instituciones es rendirse por anticipado. Y porque solamente tras una reflexión seria, más que tras una reacción poco pensada, se puede enfrentar la capacidad y habilidad propagandística del actual gobierno para mostrar cualquier decisión ajena en su propio provecho. Lo primero que deben planificar los partidos existentes, antes de decidir si presentarse o no a elecciones, es cómo fortalecerse. Partidos débiles o irrelevantes no tendrán impacto en la vida nacional se presenten o dejen de hacerlo. Y ciertamente, en este momento, poca gente duda de la profunda debilidad de los partidos existentes, más allá del partido en el gobierno. La historia de nuestros partidos no ha sido exitosa ni en lo que respecta al desarrollo social ni al económico. Y su debilidad en el actuar estuvo siempre acompañada de la ausencia de un planteamiento serio. El peso de los militares y la corrupción política, unidos a unos intereses económicos muy poco abiertos a la democracia y a la solidaridad económica y social limitaron o corrompieron los pocos intentos de construir un país más democrático y con mayor desarrollo y equidad. Fortalecerse implica reflexionar sobre qué tipo de país queremos y tener un proyecto político bien desarrollado, abierto al conocimiento del público. Los países salen adelante cuando el liderazgo político ofrece un proyecto de desarrollo de realización común que ilusiona a la gente porque lo comprende y lo ve positivo. En vez de eso los partidos han preferido una propaganda llena de promesas y frases sonoras pero que no tienen contenido o lo tienen muy débil y en contraste con la realidad. Decir que no se presentarán en elecciones a causa de las maldades que ellos ven en el gobierno actual no tendrá mayor efecto. Si en algo desean ayudar a la democracia en el país deben presentar proyectos alternativos al gobierno actual que interesen a las personas y asumir las dificultades que dicho esfuerzo incluye. Ya en la reducida oposición política que existe se ven rasgos de que se puede trabajar en esa dirección. Pero falta una voluntad clara de hacer política en serio. Aunque la sociedad civil siempre ha sido débil en el país, ha tenido pensadores de mucha categoría a lo largo de su breve historia. Y sigue teniendo generaciones de personas con pensamiento propio y con ganas de trabajar por un país mejor. Es un valor que con frecuencia los partidos no han sabido aprovechar, aunque en ocasiones utilizaran a la misma sociedad civil para su propio beneficio. Dialogar con la sociedad civil, comprometerse en su defensa, aprender desde el pensamiento crítico y desde una visión de futuro diferente, daría a los débiles partidos actuales mucha mayor fuerza. Lo que no funciona es decir que se apoya al medio ambiente en el programa del partido y permanecer indiferentes cuando se fustiga o persigue a los defensores del agua o a quienes se oponen a la minería. Posiciones claras y acciones coherentes le dan vida a los partidos. No presentarse a elecciones no sirve de mucho en las actuales circunstancias.

El ministro de Justicia envió recientemente una iniciativa a la Asamblea Legislativa que muestra, una vez más, la creciente contradicción entre la normativa del régimen de excepción y la Constitución de la República. Se propuso y aprobó que la Fiscalía tenga dos años más —con la posibilidad de sumarle uno extra— para presentar la acusación formal contra los detenidos en el marco del régimen de excepción. Con esta medida, quienes fueron detenidos hace tres años podrán pasar en la cárcel cinco —incluso seis— en total antes del inicio de un juicio. Cinco años aislados de sus familiares, de sus abogados y de la información sobre su proceso legal. En El Salvador ha dejado de ser cierto que el derecho penal sea el último recurso para resolver los problemas personales o sociales; en el país, el derecho penal es cada vez más frecuente, más oneroso y más cruel, y se aplica a conveniencia del poder. Hace años, algunos destacados profesionales del derecho invitaban a los estudiantes a convertirse en juristas, no en “codigueros” manipuladores de la ley al servicio del poder político o el dinero. Si la judicatura en el país pocas veces alcanzó una verdadera independencia del Ejecutivo, hoy el derecho se reduce a ser una especie de recetario decidido desde el poder político. Recetario para leguleyos sin conciencia, no para juristas. La dignidad de la persona y su libertad, pilares fundamentales de una práctica jurídica seria, están ahora ausentes; en su lugar se exalta imponer castigo, prolongar el sufrimiento de los detenidos (sean culpables o inocentes) y extender el dolor hacia sus familiares. La prolongación del tiempo de detención antes de llegar a juicio genera una serie de preguntas sobre el respeto a la Constitución al que están obligados los jueces. Sería oportuno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aclararan qué significa para ellos la obligación constitucional de “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”. ¿Puede haber presunción de inocencia cuando se mantiene privada de libertad y sin juicio a una persona a lo largo de cinco años? Puesto que la Constitución afirma que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”, ¿los jueces condenarán al Estado a indemnizar al menos a los inocentes que pasaron cuatro o cinco años presos a causa de una acusación débil y carente de pruebas? La Constitución insiste en que a nadie se le puede condenar si no es “en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías judiciales para su defensa”. ¿Explicarán los magistrados de la Corte Suprema qué relación tiene con las garantías judiciales la imposibilidad de que los abogados visiten a sus defendidos? El derecho, la norma y la reflexión sobre la misma son necesarios en la vida social. Si conjugan adecuadamente derechos con deberes, las normas son garantía de amistad social. No es prudente ni humano castigar sin limitaciones. La tortura y el trato cruel o degradante están severamente prohibidos por la legislación internacional. Frente quienes tuercen el derecho desde la lógica del poder y la fuerza, el pensamiento humanista centra la ley en la búsqueda del bien, vivido concretamente en la convivencia. La búsqueda del bien y de la armonía social nunca deben estar separadas del derecho.

El jueves 7 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador. Los argumentos esgrimidos para justificar la medida son incrementar la productividad, generar empleos de calidad y promover exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, estas razones contrastan con la falta de evidencia de éxito de la estrategia de exenciones fiscales vigente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su estudio “Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”, publicado en 2023, apunta más bien en dirección contraria al optimismo oficial. En sus conclusiones, este informe plantea que “las estrategias de promoción de inversiones basadas en el otorgamiento de privilegios fiscales no han producido el efecto económico revolvente deseado en los países de Centroamérica (…) por lo que prácticamente estos mecanismos se convirtieron en estrategias de traslado de recursos públicos a ciertos grupos empresariales privados”. El uso de la política fiscal para fines de enriquecimiento privado en Centroamérica también fue develado por el Icefi en el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. En el texto señala que las medidas fiscales para favorecer a los grandes capitales pueden ser constructivas, es decir, medidas que construyen marcos tributarios a la medida de los intereses del gran capital; y también medidas destructivas, cuyo objetivo es reformar o derogar la legislación tributaria que entorpece el enriquecimiento de grupos económicos. Ambas medidas responden, finalmente, a los objetivos de posibilitar, facilitar o ampliar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos. Desde esta óptica, el régimen especial aprobado hace unos días puede clasificarse como una medida constructiva a favor del gran capital. Otro aspecto que se evidencia en el régimen especial recién aprobado es la normalización de una estructura tributaria regresiva, que carga más a quienes tienen menos. En este caso en particular, no estará libre de impuestos la población asalariada que cubrirá los puestos que se generarán a partir de los incentivos. Así lo expresó el diputado oficialista Mauricio Ortiz: “El país también podría beneficiarse en otras áreas como la generación de empleo masivo y recaudación de impuestos por salarios.” Finalmente, aparte de las renuncias tributarias del Estado salvadoreño, no debe perderse de vista los costos sociales y económicos de esas inversiones, la erosión de los recursos naturales requeridos por esas actividades económicas; recursos que difícilmente serán reconstituidos o compensados: el agua, la tierra, la biodiversidad. Si se comparan los costos que la sociedad salvadoreña asume para atraer y mantener grandes inversiones bajo regímenes tributarios de privilegio con los beneficios que de ellos se espera, es aún más evidente que, en este asunto, la mayoría de la población sale perdiendo.

José M. Tojeira La semana pasada se cumplieron 80 años del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aunque en aquel momento no se consideró un delito de lesa humanidad, hoy sería evidente que se catalogaría como tal la masacre masiva e indiscriminada de población civil, aunque se juzgara importante para terminar pronto una guerra y salvar vidas de los soldados del bando vencedor. Sin embargo no parece que hayamos reflexionado adecuadamente sobre ese pasado estremecedor. Las actuales guerras en Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía y otras muchas han promovido una corriente armamentista de una dimensiones impresionantes. En 2024, tras una tendencia permanente a aumentar el gasto en armas desde hace diez años, la inversión en armamento ascendió a la cantidad de dos billones con 718 mil millones de dólares. Para hacernos una idea, esta cantidad equivale a 76 veces el producto interno bruto de El Salvador ese mismo año, que anduvo por los 35 mil millones de dólares. Mientras continúa habiendo hambre, pobreza, marginación y ausencia de oportunidades para muchos, las armas continúan creando muerte, dolor y hambre en muchas personas, y no solo en los países en guerra. Al mismo tiempo se está dando un rearme atómico en los 9 países que poseen ya bombas de esa naturaleza. En total se calcula que hay en torno a 12.000 bombas atómicas, 10.000 de ellas repartidas casi por igual entre Rusia y Estados Unidos. La prolongación de las guerras, el recrudecimiento de las mismas, la diversidad de alianzas y de intereses puede llevar a la tragedia. Varios de nuestros propios países centroamericanos, en cuenta El Salvador, han triplicado su inversión en armas y ejército en los últimos 15 años. La misma relevancia y peso de los ejércitos, cada vez más armados, crea un factor de peligro. Los nacionalismos, los proyectos de corte imperialista, el debilitamiento de los controles internacionales, el menosprecio creciente de los Derechos Humanos añaden peligro y riesgo a la actual situación del mundo en que vivimos. En El Salvador, aunque en los últimos años hemos aumentado en exceso el gasto militar en detrimento del gasto en seguridad, gracias a Dios llevamos más de 30 años sin guerra. La guerra civil la superamos desde el diálogo y la negociación y no cabe duda de que eso es un hito positivo en nuestra historia del que debemos sentirnos orgullosos, aunque el proceso haya tenido algunos defectos. Pero en la actualidad, aunque no hay guerra, nos encontramos con una tendencia a la descalificación no solo de todo el que manifiesta oposición al poder, sino incluso de quienes le hacen notar al poder los errores o dificultades que puede haber en la implementación de algunas leyes. Ese espíritu de descalificar toda crítica y toda oposición no es legítimo ni sano en una democracia. Si la guerra es la expresión más cruel, dura e injusta de toda violencia, toda forma de violencia, aunque sea verbal, pone semillas de maldad que pueden convertirse en una espiral de violencia que no sabemos a donde nos puede llevar. Recordar la necesidad de diálogo, de búsqueda conjunta del bien común, de escucha a la sociedad civil, es necesario para impedir el acercamiento a las semillas de autoritarismo y represión que conducen hacia la violencia. Las guerras son siempre malas, y cada vez peores en la época actual. La capacidad de destruir vidas y dañarlas ha aumentado exponencialmente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos muestran la brutalidad y la irracionalidad a las que podemos llegar los seres humanos. El mundo necesita lograr que los conflictos, sean internos o entre naciones, se resuelvan siempre desde el dialogo y desde el respeto a los Derechos Humanos. Lo contrario es entrar en una dinámica irracional e injusta que no nos depara ni libertad, ni justicia, ni respeto a la dignidad humana. Los hibakusha japoneses, testigos supervivientes de la bombas atómicas, se han convertido en verdaderos trabajadores a favor de la paz y testigos de la irracionalidad de las guerras. Escucharlos a ellos es escuchar a quienes el Evangelio llama felices hijos de Dios porque trabajan en favor de la paz.

Los partidos tradicionales de El Salvador solían hacer cambios legales fuertes sin consulta previa y justo antes de que iniciara algún período de vacación. Por ejemplo, cambiaron el colón, la moneda nacional, por el dólar un 30 de noviembre, poco antes de las vacaciones de Navidad. Nuevas Ideas ha superado esta táctica con creces. El Ejecutivo decidió un cambio mayor antes de las vacaciones de agosto sin realizar ni la más mínima consulta a la sociedad civil. Las protestas en contra de este modo de proceder han sido constantes. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el camino antidemocrático que se está recorriendo y han recordado la transgresión de los compromisos y los tratados internacionales, que son ley en el país. La Carta Democrática Interamericana, firmada y asumida por el Estado salvadoreño, insiste en que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad”. Tanto la participación de la ciudadanía como el respeto y promoción de los derechos humanos son la base de ese tratado internacional al que el país se ha comprometido. En la actualidad, la tradición, ya de larga data, de tener buenas leyes y normativas que no se cumplen adecuadamente se está cambiando por la arbitrariedad de proceder en contra de la legalidad fundamental del país. En efecto, la Constitución dice claramente que en caso de que una ley secundaria entre en conflicto con un tratado internacional, prevalecerá el tratado. No establecer consultas previas a los cambios constitucionales y mantener por años el régimen de excepción viola tratados internacionales. Tanto la débil oposición política como algunos sectores de la sociedad civil han reclamado con energía los últimos cambios constitucionales, orientados claramente hacia el fortalecimiento de la deriva autoritaria que experimenta El Salvador. En las Iglesias es notable la inquietud y el descontento por la toma de decisiones inconsultas que alteran las leyes y restringen la participación democrática. Es de común acuerdo que la sociedad civil está por encima de la sociedad política y que esta última se deriva de la capacidad de aquella de entender y proteger la vida social como proyecto positivo común. La Iglesia católica afirma taxativamente que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil” y que, por tanto, esta tiene preeminencia. Aunque la mayoría de los diputados se suelen calificar a sí mismos como demócratas y miembros de una fe cristiana, no muestran conocimiento adecuado ni criterios claros sobre ninguna de las dos áreas. No hay ignorancia más peligrosa en la política que aquella que desconoce los principios racionales de la convivencia social. Y dado que esa ignorancia cunde en las diferentes esferas de la administración del Estado, la consulta a la sociedad civil debería ser paso obligado a la hora de dictar leyes y gobernar el país. Legislar y gobernar arbitraria y caprichosamente, de espaldas a la ciudadanía, es caldo de cultivo para crisis no solo políticas, sino también sociales.

La reciente reforma que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador sigue generando fuertes críticas dentro y fuera del país.

En el evento también participó Ricardo Navarro, del CESTA, quien indicó las afectaciones al ambiente con este tipo de proyectos. Navarro hace una propuesta: Que el nuevo CIFCO se construya en el espacio asignado para el nuevo estadio de fútbol.

En El Salvador nos estamos acostumbrando demasiado a los cambios constitucionales a la carta. Como en un restaurante se piden los alimentos ofrecidos en la carta y se los traen con relativa rapidez, así da la impresión que se producen los cambios en nuestra Constitución. Sabiendo que la Constitución recoge lo más importante de los derechos y deberes ciudadanos, así como el orden político y la regulación democrática, los cambios rápidos y acelerados no son aconsejables. La Constitución es el marco de convivencia aceptado por todo un país. Y por eso los países democráticos tienen tiempos largos y consultas extensas antes de cambiar un texto Constitucional, aunque sea parcialmente. Siempre repetimos que la soberanía está en el pueblo. Para la Iglesia, la comunidad política se deriva y nace de la sociedad civil y debe estar al servicio de ella y “de las personas y de los grupos que la componen”. En ese sentido, tomar decisiones sin consultar con la sociedad civil es, desde el punto de vista de la Iglesia, una negación del pluralismo social y de la democracia. Ya estábamos acostumbrados a las interpretaciones arbitrarias y faltas de racionalidad que se han ido haciendo de la Constitución, pues no solamente en este tiempo se ha caído en la arbitrariedad jurídica. Ahora, además de la negación a cualquier tipo de participación en el diálogo sobre un tema constitucional tan importante como lo es el de la alternancia en el poder, o la posibilidad de permanecer por largo plazo en la presidencia de la república, nos encontramos con la tendencia a la eliminación de todo mecanismo estatal de control del poder. La mezcla de ausencia de mecanismos estatales de control con la prolongación del período presidencial y con la reelección indefinida crean un ambiente profundamente proclive al autoritarismo. Ya estamos sufriendo distintas formas de abuso de Derechos Humanos en el campo de la libertad de expresión, así como formas de persecución de defensores de derechos. La Constitución tiene poco peso en lo que es más importante: los valores humanos y democráticos, así como los derechos básicos de la ciudadanía. Las palabras de nuestro arzobispo en este contexto hay que entenderlas no solo como una llamada a la consulta antes de cambiar textos constitucionales, sino como una invitación a un verdadero diálogo nacional y a una actitud más participativa dentro de la pluralidad de opiniones existentes en nuestro país. Y una llamada al diálogo, tan pacífica y racionalmente expuesta, no debería ser desoída.

En El Salvador de Bukele es más probable caer en la pobreza y es más difícil salir de ella que antes de 2019, según las estimaciones del Banco Mundial. Los ingresos de los más pobres se redujeron desde el comienzo de la era de Bukele. Aunque la pandemia aumentó la posibilidad de caer y de permanecer en la pobreza extrema, esto no ha cambiado después de ella. Por tanto, esa tendencia se ha estabilizado y no cambiará sin políticas consistentes y viables, hasta ahora desconocidas. El abismo entre la mayoría aprisionada en la pobreza extrema y la minoría que acapara la riqueza nacional tiende a ser cada vez más profundo. En este caso, Bukele no puede culpar a sus antecesores, como suele hacer, porque la pobreza prospera a partir de 2019. El Banco Mundial distingue tres periodos. Entre 2000 y 2009, pese a la crisis financiera de 2008, la pobreza experimentó una reducción moderada, impulsada por el retroceso de la pobreza extrema (cuando los ingresos del hogar son menores que el costo la canasta básica alimentaria). En la década siguiente (2009-2019), la tasa de la pobreza perdió 17 puntos. Solo la pobreza extrema retrocedió 9 puntos. Además, la recuperación del retroceso causado por la variación del costo de la vida y los desastres climatológicos es rápida. Todo ello pese a un crecimiento moderado del PIB per cápita. Pero en 2019 esa tendencia se revirtió: la pobreza extrema aumentó. En 2021, también creció la relativa. Más hogares no pudieron adquirir la canasta ampliada. En principio, el retroceso se debió a la pandemia. Pero a finales de 2024, la pobreza total y la extrema eran superiores a las registradas antes de la epidemia, pese al crecimiento económico. En 2023, casi el 10 por ciento de la población total (600,000 personas) vivía en hogares extremadamente pobres. En estos años, las familias pobres perdieron salarios, protección social y remesas. La mayor pérdida se registró en los salarios. Entre 2019 y 2023, solo hubo un ligero ajuste. En 2023, los salarios experimentaron un aumento promedio anual del 1 por ciento. En cambio, en la década 2009-2019, se multiplicaron por cinco. La reducción de la protección social agudizó la pobreza. Aunque en esa década el porcentaje de hogares pobres beneficiarios de los programas de protección social disminuyó (al pasar del 8 al 3.7%), el monto de las transferencias subió de 15 a 30 dólares. Pero en 2023, estas se redujeron a 19 dólares, así como también la cobertura de los programas de protección social, que disminuyó al 1.6 por ciento. Las remesas muestran un comportamiento similar. En la década 2009-2019 crecieron a un ritmo anual del 4.5 por ciento en los hogares con menos ingresos y del 1.4 por ciento en el resto. Sin embargo, desde 2019, cayeron a una tasa promedio del 4.3 por ciento anual en los hogares más pobres y del 1.6 por ciento en los demás. Los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población. Lo más grave es que no hay indicios de que esa situación se vaya a revertir en un plazo razonable. Al contrario, todo apunta a que la pobreza será cada vez más extensa y profunda. Las condiciones impuestas por el FMI para facilitar la viabilidad financiera del régimen de Bukele demandan, entre otras cosas, elevar los impuestos. Sería una auténtica novedad que los más castigados no fueran los ingresos medios y bajos, sino los más altos. La pobreza es reversible. Ya ocurrió entre 2000 y 2019. A partir de entonces, Bukele ha patrocinado un crecimiento económico que olvidó a los más débiles y fortaleció a los más ricos y poderosos. Mientras estos pocos crecen de forma abrumadora, y escandalosa, el resto se hunde irremediablemente en la pobreza. Sin embargo, un crecimiento inclusivo, que distribuya equitativamente la riqueza nacional y las oportunidades puede erradicar la pobreza extrema y ampliar la clase media. La deriva actual de la pobreza no se contiene con remiendos, porque el mal es estructural. Socorrer a una familia necesitada aquí y a otra allá como hacen los funcionarios es inmoral, porque manipula la miseria para promover intereses políticos particulares. El desafío consiste en promover la igualdad, el desarrollo sostenible y la inclusión social, aumentando los salarios y las transferencias internas, lo cual está al alcance de Bukele, y de las remesas, lo cual depende de su socio Trump. Emprender una transformación de esa naturaleza requiere de capital político, algo que Bukele posee en abundancia, y de una voluntad de ejecución que no tiene. Ninguna superinteligencia artificial, ni siquiera una divina, libera de la pobreza sin la colaboración humana. Los pocos espacios seleccionados por la dictadura para exhibir su gloria esconden una realidad sombría. No es oro todo lo que reluce. Esos brillos esconden una multitud de vidas deprimidas y deprimentes. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuanto más poder quiere tener, más obligado se ve el político a mentir. No hay dictadores que hablen con la verdad a sus pueblos. Hitler y Stalin son dos modelos opuestos de dictador, pero ambos coincidían en la necesidad de mentir. La superioridad de la raza aria, una mentira obvia, era útil a la política criminal de Hitler. La dictadura del proletariado ejercida individualmente por Stalin era otra fórmula falsa que permitía el abuso, el asesinato y el control casi absoluto de la población. Son ejemplos del pasado que muestran a dónde puede llegar la brutalidad de quien miente. Más reciente en el tiempo es el caso de Pol Pot, obsesionado con una purificación ideológica total de su país, que se tradujo en un genocidio que exterminó en cuatro años a casi el 20% de los camboyanos. La mentira convertida en verdad oficial justificó todo tipo de brutalidad. Este tipo de hechos terribles dio origen a esfuerzos y mecanismos de control que pasaron a formar parte de la democracia. Los derechos humanos se proclamaron como reacción a los crímenes del poder. Sin embargo, recientemente han proliferado gobiernos autoritarios que acentúan el poder del Ejecutivo en detrimento del judicial y el legislativo. En Estados Unidos, el caso del presidente Trump es muy claro, aunque se encuentra con la resistencia de un sistema democrático con división de poderes de larga tradición. En los países centroamericanos, con democracias más débiles y con la presencia de formas culturales autoritarias en la mayoría de la gente, la mentira ha alcanzado en la política unos niveles cada vez mayores. Nicaragua lleva la delantera, justificando con embustes encarcelamientos injustos, confiscaciones arbitrarias de propiedades y privación caprichosa y rencorosa de la nacionalidad a los opositores. También en El Salvador la mentira ha cobrado una fuerza desmedida. Se recurre a ella para defenderse y para atacar, para confundir y para conseguir fines inconfesables. Kant decía que la “posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”. Hoy no faltan quienes asumen que todo lo dicho en el pasado es falso o manipulado si así lo dice el poder. Quienes a sí mismos se consideran intelectuales y desde la simpatía con los que mandan tratan de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío olvidan fácilmente que una tarea básica de quien tiene formación y pensamiento crítico es trabajar por que el monopolio de la fuerza no se convierta en monopolio de la verdad. En la política, la mentira busca siempre manipular a las personas, dividirlas, confundirlas. Y convierte la tendencia universal al saber y a descubrir la verdad en simple elección de falsedades a conveniencia. La verdad no es un objeto de consumo utilitario, cuya perversión o negación sirve para navegar cómodamente entre las contradicciones históricas del presente. Si la razón y la crítica se llevan a cabo desde la opción por el bien y la virtud, construyen sociedades sólidas y armoniosas. En cambio, las versiones de la realidad destinadas al consumo cómodo favorable al poder tienden a dividir, a enfrentar a unos con otros, a acrecentar la desigualdad y a romper la cohesión social. Cuando el Quijote repetía la frase bíblica de que con frecuencia el mal se disfraza de ángel de luz, no hacía otra cosa que recordar que hay mentiras que se disfrazan de verdad. Hoy día, las mentiras de la política provocan un daño social cada vez más grave. Pero por mucha credibilidad que coyunturalmente se les dé, nunca sustituirán el afán humano de verdad y la capacidad crítica de buscarla.

En el centro del canje de 252 venezolanos, retenidos, incomunicados, maltratados y abusados en el Cecot por diez ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos más un número desconocido de presos políticos de Maduro figura Bukele. El guion del intercambio le asignó un papel que, de hecho, no tuvo. Washington y Caracas negociaron el intercambio. San Salvador quedó fuera de las conversaciones hasta el momento de repatriar a los venezolanos. Sin embargo, Bukele fue recompensado por sus servicios. En abril le propuso a Maduro intercambiar a los venezolanos por los presos políticos, lo cual aquel rechazó por estimarlo cínico. Una oferta de esa naturaleza no se lanza en X. Bukele contaba con el rechazo. El propósito no era liberar a los presos políticos, sino ganar puntos frente a Maduro. El canje lo negociaron directamente Washington y Caracas. Se retrasó por discrepancias entre los funcionarios de Trump sobre el futuro de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. El canje, sin embargo, dejó al descubierto la confabulación de Trump y Bukele. Ninguno se responsabilizó por la suerte de los venezolanos. Trump alegó que estaban en poder de Bukele y este respondió que solo alquilaba celdas. En cualquier caso, no pondría en libertad a unos criminales peligrosísimos. La conspiración falló en el caso del salvadoreño Ábrego, devuelto a Estados Unidos por orden judicial, y en el de los venezolanos, repatriados por orden de Trump, incluso pasando por encima de la aparente oposición de Bukele que, a última hora, habría intentado impedir el despegue de los aviones. La relativa facilidad con la que Washington y Caracas alcanzaron un acuerdo muestra que los venezolanos repatriados no son los asesinos, ladrones, violadores y “criminales en general” que dice Bukele. Es inconcebible que Trump haya convenido en liberar a miembros de una organización criminal internacional como el Tren de Aragua. Fuentes independientes que investigaron el historial de los venezolanos encontraron que solo unos pocos tienen cuentas pendientes con la justicia. Washington no deja en libertad a criminales de altos vuelos. Retuvo a los líderes de la MS-13 hasta que Bukele los pidió y extradita a los jefes de los carteles mexicanos y, recientemente, del Ecuador. La retórica de Bukele queda mal parada. Los venezolanos fueron liberados porque así lo ordenó Trump. El Salvador de Bukele no fue más que una pieza de su engranaje. Pese a ello, sus servicios fueron recompensados de manera hermosa y grande, al estilo de Trump. Los diez rehenes de Maduro, entre los cuales hay un criminal reconocido, en lugar de ser trasladados directamente a Estados Unidos, fueron llevados ante Bukele. En su presencia, un alto funcionario del Departamento de Estado lo saludó como actor clave de la liberación de los rehenes. Estos, agradecidos, le entregaron la bandera de Estados Unidos. Y Bukele los declaró oficialmente “libres”. La solidez de las relaciones de Trump y Bukele es dudosa. Si aquel lo considera una pieza clave de su política exterior, por qué este no intercede a favor de la diáspora. Si la conexión es tan fuerte y fluida, por qué Bukele no ha pedido garantías para los salvadoreños y la exención del impuesto sobre las remesas. Si tanto le interesa la economía nacional, por qué no ha solicitado la dispensa del arancel que está a punto de gravar las exportaciones salvadoreñas. Tal vez en las relaciones con Washington, como en todo, lo único que cuenta es la figura de Bukele. Ni a Trump ni a Bukele le importan los venezolanos y los presos de Caracas. Estos no son más que piezas negociables para satisfacer sus intereses. Ninguno lucha contra fuerzas oscuras y satánicas. Las invocan para legitimar su poder autoritario. Mientras sean creídos, dicho poder está asegurado. Ninguno lucha contra el orden establecido corrupto ni dice las cosas como son. Ninguno tiene las manos limpias. Por eso dicen y se desdicen sin dificultad. Y si el panorama se les complica, introducen temas atractivos para distraer. La eficacia de este truco no está garantizada. A veces falla el día menos pensado. Bien haría Bukele en tomar nota de los aprietos de Trump, quien, al igual que su colega salvadoreño, ha propagado teorías conspirativas durante su carrera política. Ahora, de forma inesperada, se encuentra en peligro de ser devorado por una de esas teorías. Intenta defenderse abundado en ellas, pero más se hunde. El movimiento que lo apoyaba se revuelve en su contra y le pide cuentas de su relación con un abusador de niños convicto, muy vinculado con ricos y famosos. Sus seguidores realizan que Trump encarna lo que tanto desprecian y la razón por la cual lo siguieron. Los ha despojado de algunas de sus libertades, utiliza el Estado para enriquecerse y acabar con sus enemigos, y protege a los ricos. Cuando se pierde la inocencia, el encanto se hace añicos. Es un punto de no retorno.

Señalar los abusos de poder no debería causar autocensura, cárcel o exilio. Sin embargo, en El Salvador, la política de acoso y persecución hacia personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas ha impuesto esos tres escenarios como respuesta a su labor. No se trata de rumores, ni de exageraciones, ni de discursos victimistas; se trata de hechos con consecuencias profundas y dolorosas. En el país, la instrumentalización de la justicia ha llevado a la detención arbitraria y la inexistencia del debido proceso para decenas de personas que han denunciado abusos gubernamentales o disentido de la versión oficial; personas que han terminado en la cárcel sin garantías mínimas. En los últimos meses, esa instrumentalización se ha agudizado, dando paso al acoso sistemático contra quienes ejercen la libertad de expresión y defienden los derechos humanos. Cuando al poder no le gusta ser controlado, responde al escrutinio y la exigencia de justicia con amedrentamiento. Policías y militares se han prestado a la tarea de hostigar no solo a quienes denuncian las injusticias del régimen, sino también a sus familias, como mecanismo de intimidación y castigo. El objetivo es claro: infundir temor y silencio. Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo y de riesgo, que ha obligado a más de 30 personas defensoras de derechos humanos y a más de 40 periodistas a salir del país en condiciones de inseguridad, desarraigo e incertidumbre. El exilio no es una elección antojadiza. Difícilmente alguien abandona su hogar, su red de afectos y apoyos, su vida profesional y su país por voluntad propia. Las personas que han salido del país no lo han hecho para evadir responsabilidades, sino para proteger su integridad ante un Estado que utiliza sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar la disidencia. Esta situación ha provocado graves impactos: precariedad económica, desintegración familiar, afectaciones psicosociales profundas. En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros abre la puerta para la criminalización de personas y organizaciones de la sociedad civil. Su uso potencial como herramienta para cerrar el espacio cívico es alarmante, pues cuando la institucionalidad no funciona y no hay a quien acudir, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen el quehacer del Estado, como lo han hecho por décadas en el país. El cierre progresivo del espacio cívico es muestra clara del deterioro del sistema político salvadoreño. La persecución de voces críticas, la amenaza a las libertades y la imposición del miedo por parte del Estado dan cuenta de un grave retroceso como sociedad. Una sociedad donde disentir se castiga, donde la defensa de derechos se criminaliza y donde el periodismo se convierte en profesión de riesgo es una que se aleja de los valores propias de una convivencia social sana, justa, armoniosa. La historia enseña que no se puede construir un país sobre los cimientos del miedo y la represión. Pretenderlo es repetir errores que conducen a la polarización y a la violencia estructural. Ignacio Ellacuría señaló que “un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura, o un tiro en la nuca”. Lo mismo aplica para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La esperanza, la solidaridad y la construcción colectiva, con la certeza de que solo nos salvamos en racimo, es lo que permite seguir adelante. Solo el diálogo y la integración de las distintas voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en una situación cada vez más amenazante.

Por José María Tojeira, SJ Escuche aquí: El crecimiento económico y la redistribución de la riqueza deben estar relacionados positivamente para que nuestras sociedades avancen en bienestar y relaciones sociales armónicas. Sin embargo la relación entre ambos factores está en franca contradicción. Las élites económicas insisten en la importancia del crecimiento económico aduciendo que en la medida en que haya más inversión, más trabajo y mayor exploración de los recursos, la redistribución se dará automáticamente. Eso es mentira. En El Salvador vivimos una situación de desigualdad enraizada en la propia historia. Tanto en tiempos de la colonia como en la independencia las élites económicas se han apoyado en la desigualdad de recursos para continuar enriqueciéndose. El control de la tierra, los favores políticos, la corrupción han generado élites con una enorme capacidad de someter la política a sus intereses. Más allá de las calificaciones ideológicas, cuando han surgido fuerzas sociales, o incluso sectores relativamente pequeños que reclaman una mejor redistribución de la riqueza, las élites han trabajado intensamente por crear un discurso claramente adverso, cuando no un represión de los reclamos. Desarticular movimientos, sean sindicales, juveniles o incluso inspirados en el pensamiento social cristiano, ha sido una tarea permanente de las élites o de los gobiernos controlados por las mismas. El control gubernamental de las élites ha diseñado un tipo de Estado con baja capacidad de redistribución de la riqueza. Frente a esta situación resulta indispensable crear conciencia de que la desigualdad lleva siempre a formas graves de fracaso de los Estados. El Salvador es uno de los países con menor rechazo de la desigualdad en América Latina. El discurso de los poderosos prometiendo un futuro glorioso de crecimiento económico que beneficiará a todos, junto con algunas medidas populistas y la relativa disminución de la pobreza producida por las remesas, posibilitan esa especie de indiferencia frente al problema de la desigualdad. La propia debilidad institucional del Estado de cara a la redistribución de la riqueza, disminuye su capacidad de gestionar la democracia. Porque quien es incapaz de redistribuir con justicia una riqueza producida por todos se encuentra desangelado y solitario cuando hay que defender estructuras democráticas de libertad y participación. Si realmente se desea defender o construir un estado auténticamente democrático, quien lo desee realmente tiene que tener en mente el fortalecimiento del estado en el ámbito de la redistribución de la riqueza. En el liberalismo económico en que vivimos la riqueza se produce social y colectivamente. Pero la redistribución de la misma se realiza individual y privadamente. Al Estado le corresponde eliminar las injusticias graves del sistema y equilibrar los derechos al bienestar desde formas justas de redistribución de la riqueza. Evidentemente ese avance no se dará mientras no haya en el país estructuras sólidas e instituciones independientes. La debilidad, fracaso y vulnerabilidad de los partidos políticos, un sistema judicial débil, cooptado y dependiente, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son obstáculos queridos y diseñados por las élites para poder manejar un estado débil en su propio beneficio. El análisis social, la reflexión sobre nuestra situación, el diseño de un futuro más solidario y de un estado más social y democrático de derecho resulta en las actuales circunstancias más indispensable que nunca. De lo contrario la desigualdad continuará en aumento y generará crisis que terminarán dañando a todos. Tanto el Papa Juan Pablo II como Francisco, insistían en que “el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario”. Solo un estado social y democrático de derecho, fuerte y bien estructurado, puede lograr que ese “primer principio de todo el ordenamiento ético-social” se convierta en realidad y frene la tendencia creciente a la desigualdad en la que nos vemos inmersos.

El jueves pasado, Cristosal, la reconocida institución defensora de derechos humanos, anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador debido a sentirse amenazada, acosada y, por el caso de Ruth Eleonora López, grave e injustamente golpeada. Cristosal continuará trabajando desde fuera, pero evidentemente el peso y la incidencia en el país será menor. Para quienes desconfían o no creen en los derechos humanos, la salida de la organización es vista como un triunfo gubernamental, pero en realidad es un golpe para nuestra sociedad. Los derechos humanos constituyen una especie de moralidad externa al poder gubernamental y estatal. La defensa de la dignidad humana, por poner un ejemplo, es una obligación moral de cualquier persona y de cualquier nación, más allá de las determinaciones del derecho. Los defensores no solo protegen personas, sino también valores básicos. En este sentido, amenazarlos o utilizar el sistema de justicia para perseguirlos destruye los principios básicos de la moralidad del país. Ante la actual situación internacional de guerras, violencia y menosprecio de los derechos individuales, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo que es necesario “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. Por su parte, la Iglesia católica insiste en que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. Ya en 1963 el papa Juan XXIII afirmaba que todo ser humano “es persona dotada de inteligencia y libre albedrío, y que tiene derechos y deberes que dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”. Valorar como un triunfo el exilio de una organización o comunidad de defensa de derechos humanos es un grave error. En realidad, cualquier acción consentida o alentada en contra de los derechos humanos es una derrota para la sociedad donde tal acción se lleva a cabo. Este tipo de situaciones debería mover a la ciudadanía consciente a comprometerse en la defensa de los derechos básicos de las personas. El canje de los venezolanos detenidos en el Cecot por estadounidenses y presos políticos en Venezuela no fue una idea genial de los presidentes implicados en la injusticia de mantener privadas de libertad a personas inocentes. Si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que las arbitrariedades cometidas hacían daño a sus posiciones políticas, pues toda detención arbitraria e injusta desprestigia a quienes la perpetran o la toleran. Cuando se ataca a comunidades u organizaciones que defienden derechos, le corresponde a los ciudadanos alzar la voz para defenderlos. No solo porque violar derechos es injusto, sino porque es también inmoral.

Por Rodolfo Cardenal La seguridad ciudadana es apreciada y agradecida por la opinión pública. La novedad de esa experiencia, después de varias décadas de violencia pública, pierde de vista sus límites. La seguridad actual es posible por el encarcelamiento de los pandilleros, que aterrorizaron a los habitantes de las colonias, los barrios y los pasajes. Gracias al dominio que ejercieron sobre esos territorios y sus habitantes, influyeron decisivamente en las elecciones que dieron el poder municipal y presidencial a Bukele. Es comprensible, entonces, que su desaparición diera paso a una libertad desconocida. Ahora bien, más allá de eso, la seguridad es bastante relativa; en algunos casos, inexistente. La violencia de la pandilla fue reemplazada progresivamente por la de los agentes del régimen de excepción, que utilizan su poder impune para extorsionar, acosar y atropellar a la población. La amenaza de enviar a la cárcel indefinidamente vence cualquier resistencia. Utilizan el estigma del pandillero a sus anchas. Sus jefes también se valen de él para justificar el régimen de excepción. La opresión de las pandillas fue sustituida por la de las fuerzas de seguridad. Quienes se felicitan al verse libre de los pandilleros están ahora a merced de los agentes de seguridad. La desaparición y el asesinato persisten, aunque en menor medida que antes del régimen de excepción. Sin embargo, la dictadura rehúye investigar las desapariciones, las actuales y las de la época de las pandillas, porque encontrar e identificar cadáveres en fosas clandestinas enturbia su récord de seguridad. Por la misma razón, disimula los asesinatos con diversas artimañas. Así puede pregonar el eslogan de “cero homicidios”. El abuso de autoridad por parte de los funcionarios gubernamentales es cotidiano, un reflejo del autoritarismo predominante. La seguridad económica, esto es, el empleo formal con un salario y prestaciones para vivir dignamente, es privilegio de minorías. La mayoría se rebusca en la informalidad, mientras el costo de la vida sube y la economía nacional se desacelera. El deterioro económico se refleja en el acceso limitado y deficiente a la salud pública y la seguridad social. La niña atropellada en Ahuachapán tuvo la fortuna de que, por la razón que sea, Bukele se fijara en ella y recibiera cuidados médicos esmerados. Una atención que está negada a la mayoría. El acceso a una vivienda decente es imposible para la generalidad; suprimir los parqueos para abaratarla es un pretexto para potenciar la rentabilidad del inversionista inmobiliario. La desprotección frente a las catástrofes medioambientales es norma. En las calles y las carreteras prevalece la ley del más fuerte. En consecuencia, son extremadamente violentas e inseguras para peatones y conductores. La seguridad de Bukele se contenta con unos cuantos controles puntuales de velocidad, rótulos, luminarias más decorativas que eficaces y poco más. La anarquía de la circulación vial tiene elevados costos medioambientales, económicos y personales. Estas inseguridades tienen en común la ausencia del Estado, una ingeniosidad introducida por Arena en la década de 1990 para dinamizar la economía. Irónicamente, ese repliegue del Estado marca los límites de la seguridad de Bukele, quien se concentró en las pandillas y la oposición social y política, y se desentendió del resto de la realidad. Es más de lo mismo de siempre. En estos regímenes, la originalidad es casi imposible. Si los pandilleros están encerrados y la seguridad es tan segura, por qué un régimen que era excepcional se volvió normal. Por qué las residenciales, las colonias y los pasajes siguen atrincheradas detrás de portones vigilados por agentes de seguridad privada. Qué temen los altos funcionarios que se desplazan resguardados por contingentes con armas de guerra. Es incoherente adquirir vehículos, armamento y equipo dignos de un país en guerra, innecesarios en uno pacificado. La exhibición del militarismo, muy propia del régimen autoritario, contradice el discurso de la seguridad. A pesar de estas inseguridades, la seguridad experimentada a raíz de la erradicación de los pandilleros es tan poderosa que relativiza lo demás. La desaparición de las pandillas, hasta entonces impensable, excusa los límites evidentes de la seguridad de Bukele. Y este, satisfecho con ese reconocimiento, no parece tener arrestos para extender la seguridad más allá. Solo se ocupa de sus críticos, en quienes encuentra una amenaza aparentemente temible. La seguridad de Bukele es poco segura. En Roma, León XIV parecía pensar en el país cuando el pasado 26 de junio observó acertadamente que “con demasiada frecuencia, en nombre de la seguridad se ha librado y se libra una guerra contra los pobres, llenando las cárceles con aquellos que son solo el último eslabón de una cadena de muerte. Aquellos que tienen la cadena en sus manos, por otro lado, logran tener influencia e impunidad”. Y añadió que, para romper esa “cadena de muerte”, “nuestras ciu

Por primera vez en más de dos décadas, el número de autocracias supera al número de democracias en el mundo, según muestra el informe 2025 del Instituto V-Dem (Variedades de la Democracia), de Suecia. La autocracia es la forma de gobierno en la que la voluntad de una persona es ley suprema, por encima de todo y de todos. Por eso mismo, por lo general, los autócratas se valoran como muy inteligentes y capaces, y desprecian, basados en su supuesta superioridad, a quienes los rodean. Alfred Adler fue el primer psicólogo que estudio este fenómeno. Adler afirma que el complejo de superioridad surge como mecanismo de compensación de sentimientos de inferioridad. En algunos casos, el complejo puede deberse también a trastornos de la personalidad, como sucede con los narcisistas, que se ven a sí mismos como portadores de lo mejor, ignorando otras perspectivas y las necesidades ajenas. Las personas con complejo de superioridad, al creer que siempre tienen la razón, mandan con autoridad inapelable, aunque, en contra parte, necesiten constantemente de la aprobación de los demás. Si bien este fenómeno psicológico no es exclusivo de mandatarios, casi siempre lo padecen los que hacen a un lado la ley para gobernar a su antojo. Los autócratas creen que su desempeño como líderes es impecable. Un autócrata no tiene compañeros o iguales, solo súbditos, que deben limitarse a obedecer. Hoy en día, no pocos líderes autoritarios aspiran a llegar al poder. Por eso, es útil saberlos identificar. Primero, este tipo de personas tienen necesidad de dominio, carecen de empatía y de consideración por los sentimientos de los otros, y son inseguros e intolerantes a la crítica. Reaccionan con virulencia a los señalamientos que cuestionan su actuación y se afanan por los elogios y la aprobación. Casi por norma, una de las primeras acciones de un autócrata es eliminar la oposición. Además, no admiten errores. Se trata de personas egocéntricas que creen que los logros de su administración solo son suyos y que tienden a tener el control de todo y de todos, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quien cree en la democracia debe temer de los autócratas.

Hace ya algunos años un sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, reflexionaba sobre el resultado en las sociedades europeas en las que de hecho se había sustituido la religión por el consumismo. Y llegaba a una conclusión muy semejante a la del escritor ruso Dostoyevsky que decía “Si Dios no existe todo está permitido”. Y en efecto, el afán de consumo se sobrepone de tal manera a una esperanza trascendente, que hace olvidar la opción de trabajar en el largo plazo por el significado de la propia vida. El capitalismo concreto en que vivimos ha impuesto el consumo como el sentido fundamental de la vida, dejando en un lugar secundario la ética, la generosidad y la solidaridad. Hoy resulta fácil para mucha gente contemplar en la televisión un reportaje sobre los crímenes sistemáticos cometidos contra la población civil en la franja de Gaza, y después de decir algunas frases contra el ejército israelí, seguir cenando tranquilamente. Y al día siguiente ir de compras o a la playa como si no hubiera pasado nada el día anterior. La compasión humana dura un instante, pero el consumo continúa siendo el objetivo vital más importante. En países con grandes desigualdades socioeconómicas, el dolor de muchos no afecta sensiblemente al placer de pocos. Por supuesto hay excepciones, pero no las suficientes para cambiar las perspectivas vitales dominantes ligadas al consumismo. Ante esta situación las iglesias reaccionan de diferentes formas. Las hay que se rinden ante el consumo anunciando un evangelio de la prosperidad. La riqueza aparece como una bendición divina a cambio de una conversión emocional y una participación en el culto. El entusiasmo de la salvación individual, acompañado de algunas obligaciones éticas de tipo personal dominan en otras denominaciones. No falta la religión de la salvación individual de los seres humanos buenos, acompañada de buenas intenciones hacia el prójimo y algunas obras de misericordia. Con frecuencia se establece un baremo de personas buenas y “malas” y se trabaja con las calificadas como buenas mientras se ignora a las supuestamente malas. La Iglesia Católica tiene una excelente “Doctrina Social” que ciertamente tiene el valor de alternativa frente a la sociedad consumista, pero que con frecuencia los propios cristianos la ven como una especie de teoría del buen ser y buen hacer, interesante pero lejana, que no compromete a cambios radicales. Quien así piensan están equivocados. Olvidan el Evangelio de Jesús, que criticaba a los que se creían buenos y se acercaba a los pecadores, despreciados y marginados por la propia sociedad, amando más a los más olvidados. No todo es así en las iglesias y en la religión, pero el consumismo ha tenido la suficiente fuerza para limitar el acceso a los dinamismos proféticos del Evangelio y sustituirlos en el mejor de los casos por una caridad indolora. Frente a esta situación ¿habrá que rendirse ante el dios vacío del consumismo? De ninguna manera. El consumismo produce vacío y falta de sentido, aísla y crea resentimientos en quienes se ven privados de consumir, mientras observan el derroche de otros. Si a alguien que tiene un carro en El Salvador de setenta u ochenta mil dólares le dijéramos aquello de San Agustín, “posees lo ajeno cuando posees lo superfluo”, probablemente no nos comprendería. Y si entendiera la frase en su sentido real, de que está cometiendo una especie de hurto, no dudaría en pensar que quien defiende esa postura tiene ideas comunistas, o algo por el estilo. La superficialidad de los comprometidos con el alto consumo suele ser demasiado grande, a pesar de títulos y honores que puedan tener o recibir. El mismo mundo en que vivimos no resiste físicamente el consumismo depredador al que estamos siendo llevados. Las graves desigualdades sociales producidas por este tipo de sociedad hiperconsumista, el deterioro ambiental y el vacío vital al que conducen, si bien pueden producir fenómenos políticos en los que la deshumanización domina, llevan también a muchas personas a reflexionar y a buscar estilos de vida distintos, con valores comunitarios más desarrollados, con dinamismos más solidarios y con esperanzas más trascendentes. Los cristianos estamos llamados a confiar en el futuro, a anunciar y aceptar en nuestras vida el Reino de Dios, y a colaborar en la construcción del mismo.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El relato de la dictadura enfatiza su superioridad sobre la democracia como la mejor forma de gobierno. Aduce como prueba irrefutable que la supresión de la independencia de los poderes del Estado y su concentración en el Ejecutivo hizo posible erradicar a las pandillas, al despejar el camino para el régimen de excepción; sin obstáculos ni controles institucionales, este opera desenfrenadamente. El libertinaje permitió incluir la persecución política, cuyas víctimas son asimiladas a los pandilleros. Esa voluntad última, inapelable y despótica hizo realidad la seguridad ciudadana, hasta ahora su logro más sustantivo. Asimismo, liberó los fondos públicos de los controles de la sana administración, los cuales quedaron así a su disposición. El descontrol propició el despilfarro y la corrupción, el aumento de la deuda pública y la crisis financiera. Visto así, el mayor logro de la dictadura es la supresión de la institucionalidad democrática. Convencida de haber acertado, ya ni siquiera se molesta en encubrir o disimular su verdadero talante. Sin embargo, el envalentonamiento, destacado por la prensa internacional, tiene mucho de apariencia. La seguridad a la que el relato se aferra como carta de presentación no es tan grandiosa y hermosa, como dice Trump. Si lo fuera, la satisfacción de la misión cumplida no prestaría atención a las críticas. Pero no es el caso. La dictadura que emergió como fenómeno insuperable, resulta ser extremadamente sensible a las opiniones contrarias. Se revuelve contra los organismos internacionales que tomaron nota de su éxito y no vacilan en colocar al país entre los mayores transgresores de derechos humanos. Un primer lugar vergonzoso por lo que implica de crueldad e inhumanidad. Embiste a la prensa que denuncia sus contradicciones e inconsistencia, en especial, el pacto corrupto con las pandillas. No castiga al lobo para defender a las ovejas como sostiene el relato, sino que lo usa para depredar el rebaño revestida de decencia. El flujo constante de revelaciones ha despojado de respetabilidad a la dictadura. El relato del pastor responsable no se sostiene. El desfile de más de treinta modelos como prisioneros del Cecot en la semana de la moda de París fue de denuncia y desprecio. La reacción sarcástica de la dictadura reconoce implícitamente el impacto nocivo de la protesta. Una contradicción más, porque la prisión es visita obligada para sus invitados VIP. Enseguida intervino el New York Times, que no solo corroboró el pacto con las pandillas, sino también informó que uno de los colaboradores más cercanos de Bukele y, por tanto, con conocimiento directo de las conversaciones con los pandilleros, el responsable del sistema carcelario, acudió a la embajada de Estados Unidos en dos ocasiones para solicitar asilo “a lo grande” a cambio de proporcionar detalles sobre la conspiración de su jefe. En ese momento, Bukele ya estaba en la mira de una investigación federal, pedida por Trump. Uno de los investigadores lo descalificó por “sucio” y “corrupto”. En realidad, Bukele no llegó al poder por razones teóricas o políticas, sino por una mezcla de casualidad, oportunismo y pragmatismo. El fracaso del pacto con las pandillas y la popularidad instantánea del encarcelamiento masivo e indiscriminado fueron el comienzo. El autoritarismo represivo sintonizó con una sociedad que, desde tiempos inmemoriales, añora la mano dura que impone disciplina, orden y respeto. Esta pretensión pasa por alto que la disciplina férrea y la represión despiadada se traducen en violencia doméstica y social. En este contexto sociocultural, Bukele emergió como el gobernante ideal. La debilidad del Estado, cultivada desde siempre por la oligarquía y los militares, una alianza para acumular capital y cultivar el militarismo, facilitó el ascenso de Bukele al poder. El FMLN desperdició la oportunidad de robustecer la institucionalidad democrática. La independencia de poderes, el control de la administración pública y la persecución del delito hubieran sido revolucionarios, en sentido estricto. Pero en lugar de enfrentar a los poderes de facto, sus líderes se acomodaron al orden establecido, se olvidaron de sus bases y medraron. Si hubieran sido fieles a sus principios, habrían reforzado el Estado de derecho y así habrían cerrado la puerta a la dictadura. El relato de la dictadura de Bukele es pobre y frágil. De lo contrario, se regodearía en su propia narrativa. Abundaría en éxitos deslumbrantes e inigualables. La satisfacción por la misión cumplida sería tan embriagante que despreciaría las críticas por irrelevantes. Pero no puede desentenderse de ellas, porque no reaccionar ante el desvelamiento de la impostura es condenarse de antemano. El relato pierde terreno ante el empuje de la realidad. La dictadura actual no es mejor que la democracia. Es una versión revisada de las dictaduras pasadas, que enriquecieron a la oligarquía, satisficieron la ambición de poder de los militares y humillaron a las mayorías. * Rodolfo C

Ante el progresivo desmantelamiento de las condiciones para la vida democrática en el país, el grueso de las críticas y las advertencias sobre los riesgos de este deterioro se ha concentrado en las medidas que impulsa el actual Gobierno y en el manodurismo de quien lo lidera. Esto conlleva el riesgo de perder de vista otros elementos que también inciden en la coyuntura que atraviesa el país. Percibir con claridad lo que ocurre exige ampliar el campo visual. Implica poner atención, por ejemplo, en aquellos factores que posibilitan que un mandatario y un Ejecutivo autoritarios no solamente sean tolerados, sino incluso bien valorados. Uno de ellos es la actitud política de la población. En la más reciente encuesta del Iudop, que abordó las percepciones ciudadanas sobre el sexto año de la gestión de Nayib Bukele, se le preguntó a la población si estaba de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases: “Es necesario sacrificar algunos derechos de la población para alcanzar el bienestar de la sociedad”; “Si hubiera huelgas o protestas que causaran desórdenes en el país, se justificaría que las autoridades usen la fuerza contra ellas”; “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser mejor que uno democrático”; y “Es necesario que las autoridades gobiernen con mano dura”. Con propósitos de análisis comparativo, a partir de los resultados se hizo el ejercicio de conformar tres grupos dependiendo de lo que expresaron las personas ante estas frases. En el primer grupo se incluyó tanto a las personas que dijeron estar en desacuerdo con todas esas frases como a aquellas que expresaron estar de acuerdo con una, y se le designó como el segmento con bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias; al grupo que dijo estar de acuerdo con dos de las frases se le denominó de autoritarismo moderado; y a quienes dijeron de estar de acuerdo con tres o cuatro de las frases se les nombró como el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias. Con base en esta agrupación, el 42% de los encuestados refleja un alto nivel de actitudes autoritarias; el 26%, un nivel moderado; y el 32%, un bajo o nulo nivel de actitudes autoritarias. Luego se exploraron las diferencias en las opiniones sobre algunos aspectos del desempeño presidencial y gubernamental dependiendo de en cuál de estos tres grupos estaban ubicadas las personas. Dentro del grupo con un alto nivel de actitudes autoritarias, el 72% dijo que la imagen que tenían del mandatario en su sexto año de gobierno había mejorado. En cambio, para casi la mitad del grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, la imagen había empeorado. Además, en el grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 65% expresó mucha confianza en Bukele, mientras que en el grupo con bajo nivel de actitudes autoritarias, solo el 25% externó que confiaba mucho en él. Al respecto de si el Gobierno está haciendo las cosas bien o mal, dentro del grupo con mayor nivel de actitudes autoritarias, el 74% opinó que está haciendo las cosas bien. En contraste, dentro del grupo menos autoritario, solo el 37% tuvo esa opinión. Otro dato llamativo tiene que ver con el sentimiento de cercanía o distancia hacia el mandatario: casi la mitad de personas con un alto nivel de actitudes autoritarias expresó que se siente cercana o muy cercana a él, mientras que en el grupo menos autoritario, aproximadamente el 69% dijo sentirse distante o muy distante. Finalmente, al analizar la calificación otorgada a Bukele en su sexto año de gobierno, destaca que el grupo con un mayor nivel de actitudes autoritarias le otorgó una nota promedio de 9.04, superando la calificación que le dio el grupo menos autoritario: 6.77. La tendencia observada en estos datos es que entre más alto el nivel de actitudes autoritarias, más favorable es la opinión sobre el actual mandatario y su administración; y entre más bajo el nivel de actitudes autoritarias, más exigentes y críticas son las personas en sus opiniones sobre ambos. En este marco, es importante no perder de vista que un sector considerable de salvadoreños (según los datos de la encuesta, un tercio de la población) no parece identificarse con el autoritarismo. Preservar y fortalecer las actitudes políticas de este grupo y, en general, las posturas que favorezcan una convivencia democrática es decisivo en un momento en que la apuesta gubernamental va en la dirección contraria. Al pensar en los años venideros, es fundamental contar con una visión amplia sobre los desafíos que enfrenta El Salvador, sin reducir todo a la posibilidad de un cambio de Gobierno. La mirada debe abarcar otros espacios desde donde puede surgir el cambio, incluyendo las actitudes políticas de la ciudadanía, las cuales, sin importar lo arraigadas que estén, no son inalterables.

Por José María Tojeira, SJ El Gobierno de El Salvador tiene una Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Se supone que el tejido social está roto y hay que reconstruirlo. En otras palabras se presupone que en el país la cohesión social es escasa y se debe trabajar desde el Estado para aumentarla. Más allá de lo bien o lo mal que lo esté haciendo la mencionada Dirección, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, contempla también en sus estudios y análisis que la falta de cohesión social en nuestros países latinoamericanos es uno de los factores que dificultan el crecimiento económico y lo vuelve más lento. Y entre las causas de esa carencia pone la desigualdad económica y social. Porque en efecto la desigualdad, cuando es fuerte, crea en muchas personas resentimientos, sospechas de enriquecimientos ilícitos, desconfianzas y sentimientos de marginación y de incapacidad de superar las barreras sociales impuestas desde los privilegios de los sectores con poder económico o social. Con pobres moviéndose hacinados en los buses urbanos y ricos moviéndose en vehículos de 50.000 dólares para arriba, la amistad social, que es base fundamental de cohesión, difícilmente podrá darse. Como tampoco se puede dar el encuentro. Al igual que otros países latinoamericanos, nuestra desigualdad se refleja de un modo grave en los ingresos, en la educación, en el acceso a los servicios de salud, en la vivienda, en las pensiones, en la alimentación, en la capacidad de incidir en la política o de defenderse en los tribunales. Y siendo mayoría los que sufren la desigualdad es imposible la cohesión social necesaria para el desarrollo y la productividad. El discurso, generalmente bien aprendido por los políticos, puede hablar maravillas sobre la cohesión. Distintas actividades gubernamentales pueden mostrarse, edulcoradas con la adecuada propaganda, como pasos importantes hacia la cohesión social. Pero mientras la desigualdad separe y humille, las personas tenderán a salir adelante como puedan y el discurso no convencerá. Ante la desigualdad, la solidaridad tiende a desaparecer o a limitarse. Se comienzan entonces a repetir las frases consabidas de que primero hay que ver por uno y luego por los demás. El individualismo, ya de por sí fomentado culturalmente, toma en medio de las necesidades generadas por la desigualdad un cariz egoísta y poco colaborativo. La desigualdad provocó en El Salvador una guerra civil. Y a pesar de que a lo largo de este siglo XXI hubo algunas pequeñas reducciones de las diferencias económicas, fundamentalmente después de los Acuerdos de Paz, la desigualdad ha vuelto a crecer y ha continuado en niveles graves sin que se hayan encontrado caminos de una superación seria y continuada de la misma. Nos conformamos con triunfos individuales, como si eso solucionara los problemas. Sabemos que la desigualdad no provocará una nueva guerra porque la gente quedó harta de la crueldad. Y tampoco existe un campesinado masivo, como en aquellos años, que sufría una opresión feroz y que tenía una profunda cultura comunitaria. Hoy, con el capitalismo consumista voraz que domina nuestro país, lo que ha quedado es la falsa cultura del sálvese quien pueda. Frente a ello, solo la conciencia de nuestro estancamiento a causa de la desigualdad podrá sacarnos adelante. Conciencia y ponerse en serio a invertir en la gente. Para los millonarios como el señor Kriete es muy fácil decir que todo está bien en El Salvador. Pero para los ancianos sin pensión (el 75% de los que tienen más de 60 años) o para los comerciantes informales, la cuestión es más difícil. El subempleo continúa siendo una lacra y el sistema educativo no prepara para los desafíos del futuro inmediato. La prevención del desastre, aunque haya mejorado, y no solo en este gobierno, no está lista para proteger a los pobres de las desgracias cada vez más cercanas de un futuro de cambio climático que los poderosos no parecen temer. Invertir más y con seriedad en las mayorías pobres o vulnerables es el único camino.

Hace más de tres meses, Estados Unidos deportó a 234 venezolanos y los envió al Cecot, gracias a un acuerdo con el Ejecutivo salvadoreño. Se dijo que los deportados eran criminales pertenecientes al Tren de Aragua. Desde su llegada a El Salvador, quedaron incomunicados, sin que nadie supiera cuál era su situación jurídica. No tardó en saberse que la mayoría no eran delincuentes, sino simplemente migrantes. Incluso algunos de ellos habían huido del régimen autoritario y represivo de Maduro, y estaban solicitando asilo cuando la policía migratoria estadounidense los capturó. Los esfuerzos de los familiares, que pusieron abogados para defenderlos y que llegaron al país para visitarlos y saber de ellos, fueron inútiles. Recientemente, doce expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas le escribieron a Nayib Bukele pidiéndole que aclare la situación jurídica y de salud de los venezolanos. Y advirtiéndole que se puede estar incurriendo en el delito de tortura y desaparición forzada. La total falta de información sobre la situación de los venezolanos encarcelados en el Cecot y sobre los detalles del acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos permite hablar de detenciones ilegales y de una violación sistemática de la Constitución salvadoreña y de tratados internacionales ratificados por nuestro país. La situación se ha complicado todavía más debido a que la Sala de lo Constitucional, ante peticiones de habeas corpus en favor de los venezolanos, ha contestado con prevenciones dilatorias y absurdas; por ejemplo, preguntó a los abogados de los detenidos si habían consultado en Estados Unidos la situación jurídica de sus defendidos, a pesar de que el problema jurídico en cuestión está claramente acá. La preocupación por el Estado de derecho aumenta ante el encarcelamiento de personas que defienden la necesidad de una mayor fidelidad a la Constitución y a los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Las irregularidades vividas por los venezolanos se han extendido hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas. Con poca sustancia en las acusaciones, los casos contra los defensores son declarados en reserva total, se les suspende en la práctica la presunción de inocencia, se les mantiene encarcelados y se dificulta la defensa técnica. El Estado salvadoreño parece no saber que la personalidad jurídica de los detenidos no puede suspenderse ni siquiera en tiempo de guerra o desastre, como bien dice la Convención Americana de Derechos Humanos. El régimen de excepción es utilizado de tal manera que debilita e incluso rompe en ocasiones el marco jurídico constitucional y convencional de El Salvador. Ante esta situación, ¿qué hacer? La Conferencia Episcopal de El Salvador pidió suspender el régimen de excepción, cesar la persecución de defensores de derechos humanos y evitar que el país se convierta en una cárcel internacional. No debe olvidarse que la tortura es un delito de persecución internacional y que la desaparición forzada, aunque sea temporal, no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. La alta popularidad en las encuestas y la habilidad de mantenerla no eliminan las consecuencias que ciertas medidas tienen en el Estado de derecho y en el futuro de quienes las promueven. Reflexionar, dialogar, respetar la seguridad jurídica de las personas y restaurar el orden constitucional son tareas tan pendientes como necesarias. Los marcos jurídicos rotos solo ofrecen desorden, abusos e incertidumbre.

La brecha entre la valoración personal de Bukele y la de su gestión muestra un desfase interesante. Mientras aquella acumula puntos (8.15), en particular, por la seguridad y el autoritarismo, su gobierno los pierde (7.85). Entre temores y contradicciones, la opinión pública distingue entre el liderazgo personal y la gestión gubernamental. La diferencia es quizás más relevante que el descenso en la valoración positiva de Bukele. Tal vez el dato más revelador de la última encuesta del Iudop sea que los colaboradores del mandatario no están a la altura de las expectativas sociales. La discrepancia plantea el dilema de seguir igual o cambiar de rumbo. Aproximar el desempeño gubernamental a la valoración del liderazgo personal implica cambiar radicalmente la gestión del poder. Bukele se rodeó de incondicionales, sin considerar su idoneidad para el cargo. Las áreas peor valoradas, según la encuesta, son la economía nacional y familiar, y el acceso a la vivienda y la salud. En general, toda la actividad gubernamental, excepto la seguridad, registra valoraciones más bien bajas. La reprobación de los diputados es notable. La opinión pública dice que no la escuchan ni se ocupan de sus necesidades, aunque reconoce que legislan exclusivamente para Bukele, al igual que los jueces, que también acatan sus órdenes. La Corte Suprema está desaparecida. La valoración de los alcaldes no va a la zaga. También es negativa, por no cumplir las promesas ni cuidar de la población. El reordenamiento de las jurisdicciones municipales entregó al oficialismo las alcaldías, sin que ello se tradujera en un mejor servicio. Los resultados se reflejan en la caída de la popularidad del partido oficial. Solo un tercio se identifica con él, el resto dice no ser afín a ningún partido político. La excesiva centralización de la gestión gubernamental, vendida como más eficiencia y mejor servicio, no se traduce en buen gobierno. La poca estima del desempeño de los poderes legislativo y judicial, y de la administración municipal aconseja replantear su futuro inmediato. Los primeros no tienen independencia para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los alcaldes, además, no disponen de los recursos para atender a la gente. Una sola persona, por muy inteligente, formada y avezada que sea, no puede dirigir satisfactoriamente una gestión gubernamental de por sí multifacética y compleja. Prueba de ello es que la centralización se ha convertido en parálisis e incompetencia. Aun en el caso de que Bukele tuviera la mejor de las intenciones y ordenara sabia y sensatamente, los datos muestran que los mandados carecen de capacidad y disponibilidad para cumplir sus órdenes cabalmente. Si estas fueran desatinadas, probablemente ninguno de sus colaboradores se atrevería a señalarlo y a proponer alternativas. Por otro lado, la concentración extrema del poder hace a Bukele directamente responsable de la gestión gubernamental. Juega a su favor que la gente achaque el mal gobierno a sus colaboradores, no a su liderazgo. Aún no ha hecho la conexión, incluso desea que se perpetúe en el poder. Eso le presta tiempo para evaluar y cambiar el rumbo. El cambio de dirección es difícil, pero posible. Superar la contradicción entre un liderazgo claramente positivo y una gestión gubernamental pobre implica deshacerse de los colaboradores ineptos, aun cuando sean leales, y reemplazarlos por otros bien formados, honrados y deseosos de servir a su pueblo. Aunque razonable, la operación es complicada. En primer lugar, muchos de los candidatos al desempleo manejan información de primera mano sobre las interioridades del régimen, con la cual pueden chantajear a la familia Bukele. Y si la extorsión no funciona, pueden exponer sus trapos sucios para vengarse. La segunda complicación es encontrar personas cualificadas y dispuestas renunciar a su tranquilidad y a jugarse su prestigio para colaborar con un gobernante autoritario y muy cuestionado por varios informes sobre corrupción y negociaciones con el crimen organizado. En este sentido, el cambio de dirección pasa por reconocer públicamente errores, incluso delitos, tan graves que pondrían en peligro su permanencia en el poder. Obviamente, esta no es una opción, al menos por ahora. Previsiblemente, el régimen continuará como hasta ahora, aun con el riesgo de ahondar todavía más el malestar registrado por la encuesta. Rehuir los reclamos de las mayorías populares y recurrir a la represión para contener a los descontentos erosionarán el liderazgo personal de Bukele a mediano plazo. El desgaste de su partido, que ya no es opción para la gran mayoría, no es buen presagio. El régimen se encuentra en una encrucijada que, dadas las circunstancias, no tiene solución viable. Si no cambia, se adentrará más aún en un callejón sin salida. Alterar el rumbo implica renunciar a su identidad autoritaria y represiva. La irracionalidad, la imprudencia y la ambición son una mezcla funesta. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Ro

Por decreto legislativo, cada 30 junio se celebra en El Salvador el Día del Abogado. En ese marco, es oportuno recordar que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobados por las Naciones Unidas, afirman que “los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. En su sentencia 6-2020, la legítima Sala de lo Constitucional recordó que en el derecho europeo caló la idea de que la “extrema injusticia no es derecho”, mejor conocida como la fórmula de Radbruch. Según este profesor alemán de filosofía del derecho y de derecho penal, “por seguridad jurídica debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero, además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad”. Ahora bien, las graves violaciones a los derechos humanos son un supuesto de injusticia extrema. Que los abogados analicemos (y los estudiantes de ciencias jurídicas también) si las leyes son derecho extremadamente injusto, es parte de la esencia de esta profesión. Es decir, se debe cuestionar, analizar, denunciar, no obedecer a ojos cerrados sin importar si las normas jurídicas afectan o no a las personas. ¿Habrá algo que celebrar en el Día del Abogado cuando las normas jurídicas ya no cumplen con el rol de proteger a las personas? ¿Cómo se puede celebrar girando la vista hacia otro lado ante las afectaciones a derechos humanos? ¿Por qué hemos dejado de hablar sobre el respeto a los derechos humanos siendo profesionales de derecho? Sin Estado de derecho no habrá ninguna libertad que ejercer. ¿Por qué hay jueces que se convierten en la “simple boca que pronuncia las palabras de la ley” (como lo manifestaba Montesquieu) cuando el artículo 185 de la Constitución les da la facultad de no aplicar las leyes cuando estas violen los preceptos constitucionales? ¿En qué momento las autoridades judiciales dejaron de garantizar el debido proceso? El 6 de junio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados externó su preocupación por la decisión judicial en la que se ordenó la detención provisional de la abogada anticorrupción Ruth López. La relatora recordó que el debido proceso no es opcional y que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. Esta misma relatora, en mayo de 2025, durante una visita a Guatemala, afirmó que “la instrumentalización del derecho penal por parte del Ministerio Público parece equivaler a una privación sistemática, intencionada y grave de los derechos humanos fundamentales dirigida contra grupos específicos”. Asimismo, dijo que “esta persecución parece intensificarse, ya que quienes han tratado de poner fin a la impunidad y la corrupción, defender los derechos humanos, o denunciar los abusos de poder, se enfrentan cada vez más al acoso digital, las amenazas y la imposición de cargos penales”. Y añadió: “Las universidades, el Colegio de Abogados y otros organismos de supervisión deben hacer cumplir rigurosas normas de acreditación, ética profesional y lucha contra la corrupción, garantizando que la profesión jurídica vuelva a actuar como baluarte contra la impunidad, y no como una puerta trasera para la misma”. Nos parecen aplicables estas afirmaciones al contexto salvadoreño, porque dan cuenta de una epidemia que enferma a nuestra región centroamericana. Si algo nos han enseñado el líder comunitario y pastor José Ángel Pérez, los abogados Alejandro Henríquez, Ruth López y Enrique Anaya, y otros defensores es que no es posible que los derechos fundamentales de la persona queden sujetos a la discrecionalidad de los mismos entes frente a quienes se pretenden hacer valer (algo que ya decía la jurisprudencia constitucional). La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordaba que la revisión judicial de una detención debe ser inmediata, especialmente las realizadas sin orden judicial, y que la Corte Interamericana ya indicó que no es proporcional el plazo de 15 días para ese control, incluso bajo la suspensión de garantías. La Comisión reiteró la obligación del Estado de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas. En nuestro país hay un grave retroceso en el respeto a los derechos, y por ello la tarea para el profesional del derecho es aún más retadora. Los abogados debemos asumir y ejercer el derecho a defender la democracia. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso López Lone y otros vs. Honduras, este derecho constituye una específica concreción del derecho a partic

Revestido de honorabilidad, Bukele arremetió de nuevo contra sus críticos. Esta vez, contra quienes identificaron a sus fiscales, sus jueces y sus troles. Los amenazó con encarcelarlos bajo el régimen de excepción por delincuentes. Nadie duda de la verosimilitud de la amenaza. Poco después, ProPublica dejó maltrecha esa honorabilidad al divulgar los resultados de una investigación llevada a cabo por agentes federales de Estados Unidos, que encontraron delitos reales, no imaginarios. Irónicamente, la investigación fue solicitada por el Trump del primer mandato. La vida siempre sorprende. Varias agencias gubernamentales de Estados Unidos integraron una comisión federal para investigar a la MS-13. Pronto, los agentes ampliaron el horizonte de las averiguaciones para incluir a Bukele, a sus parientes y a catorce de sus altos funcionarios. Encontraron pruebas sólidas para acusarlos de lavar dinero, de desviar fondos de la Usaid a las pandillas, de negociar con ellas, de impedir la acción fiscal y judicial, y de obstaculizar las averiguaciones de la propia comisión federal. Estos señalamientos no son caprichosos, como los de Bukele; están respaldados por documentos y testimonios de funcionarios estadounidenses antiguos y actuales. La comisión también halló evidencia de la conspiración para encubrir el pacto con la MS-13. Los funcionarios de Bukele desaparecieron a los líderes. A cuatro, buscados por los agentes federales por homicidio, los sacaron de la cárcel. A otros los ayudaron a fugarse. La extradición de los que permanecían detenidos fue impedida por los magistrados y el fiscal de Bukele. Algunos de los pandilleros detenidos están acusados del asesinato de ciudadanos estadounidenses y de conspirar para asesinar a un agente del FBI. En la investigación federal, Bukele aparece como valedor de los líderes de las pandillas. Poner a buen recaudo al liderazgo familiarizado con el pacto que lo llevó al poder y le facilitó gobernar en los primeros años es esencial para su sobrevivencia. Solo consiente en la extradición de aquellos líderes ajenos a sus tejemanejes con la cúpula de las pandillas. Bukele sabe que la comisión federal reunió pruebas que pueden ser usadas para respaldar acusaciones penales y causarle daños políticos irreparables. Conjuró el peligro al conseguir que Trump le devolviera a los líderes procesados en los tribunales estadounidenses. En consecuencia, los fiscales retiran los cargos alegando razones de seguridad nacional y política exterior. La embajadora en Washington saludó la decisión como un gran logro diplomático. Bukele puede descansar tranquilo. Los hallazgos de la comisión federal probablemente no lo sentarán en el banquillo de los acusados, pero ensombrecen aún más un liderazgo hasta hace poco aparentemente irresistible. Los senadores demócratas de Maryland, Virginia y California, contrarios a financiar con los impuestos estadounidenses las cárceles de Bukele, profundizaron el desprestigio. Solicitaron bloquear las propiedades en suelo estadounidense de doce funcionarios de Bukele, cancelarles o negarles la visa, e impedirles transacciones económicas. La lista la encabeza su vicepresidente, la engrosan varios ministros y concluye con el fiscal general y el presidente del banco central. Además, piden usar el poder estadounidense en las instituciones internacionales para suspender la asistencia financiera al país. La petición difícilmente prosperará, pero oscurece aún más los nubarrones que se ciernen sobre la imagen de Bukele en el exterior. Y, por segunda semana consecutiva, The Economist volvió a la carga. En esta ocasión, al comprarlo con el presidente de Ecuador, lo descalifica como “envalentonado” o “perdonavidas”. Aunque es frecuente relacionarlos por la juventud, la afición a las redes digitales y el enfrentamiento con el crimen organizado, el ecuatoriano rechaza como absurda la similitud, porque a él le interesa fortalecer la educación y la salud públicas, y crear empleo para la juventud vulnerable. La purga de los magistrados y los fiscales, y el acoso y la intimidación de los funcionarios salvadoreños que investigaron a Bukele, sus parientes y sus funcionarios, y que también colaboraron con los federales no han conseguido encubrir la podredumbre. La evidencia reunida por los agentes federales pone en entredicho su fama de azote de las pandillas. Las nuevas revelaciones corroboran el pacto con ellas y la corrupción del régimen. El acuerdo con Trump detuvo la millonaria investigación federal y sus posibles consecuencias judiciales, pero no las políticas. Bukele se consume en una dictadura sin propuesta. Incluso la seguridad a la que debe su fama está en función del ocultamiento del origen inconfesable de su poder. Y la honestidad, otro valor destacado antaño, ha quedado hecha añicos por las investigaciones periodísticas. Desgastado y atrapado, se apropió del principio que reza que la mejor defensa es el ataque. Persigue para no ser perseguido. Las increíbles novedades tantas vece

José M. Tojeira A inicios de este año el secretario general de la ONU decía que “los derechos humanos están siendo asfixiados uno a uno, por autócratas, el patriarcado, las guerras y el sistema financiero mundial moralmente en quiebra”. Y pedía a todos los seres humanos de buena voluntad, así como a los gobiernos democráticos, hacer “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. A lo largo de lo que va del año, solo unos pocos meses, hemos ido viendo como la situación se descompone cada día más. La política errática y arbitraria del presidente de Estados Unidos ha incidido en la prolongación o exacerbación de guerras, mal trato y odio a los migrantes, violaciones a Derechos Humanos y alegría de los gobiernos autócratas, que se sienten justificados por el modo caprichoso de ejercer el poder en el país del Norte. El problema de no respetar los Derechos Humanos es la profunda deshumanización que provoca tanto en los que los violan como, en ocasiones, en los que sufren en su carne el mal trato. El problema repercute también entre nosotros. El acuerdo para encarcelar en El Salvador a personas expulsadas de Estados Unidos ha sido una fuente de violaciones de derechos básicos. Impacta recientemente que venezolanos que llegaron recientemente al país no hayan podido visitar a sus familiares privados de libertad en el CECOT. Presos algunos de ellos que ni siquiera tienen un proceso abierto ni acusación seria en su contra. Con razón nuestros obispos pedían que cesara ya el régimen de excepción y que no nos convirtiéramos en una cárcel internacional. La reciente detención de defensores de Derechos Humanos como Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López y Enrique Anaya ha provocado que tanto a nivel internacional como internamente crezca la preocupación por la situación salvadoreña. Porque perseguir defensores de derechos no solo conduce a la interrupción de lo que llamamos Estado de Derecho, sino que además arrastra a una descomposición moral de la sociedad. Ya hemos visto entre fanáticos de la política repetir ataques en las redes contra quienes defienden derechos, incluso animando al Estado a cometer nuevas violaciones. Hacer la guerra, sea estatal, personal, jurídica o mediática contra quienes defienden a los injustamente golpeados o detenidos es caer en una forma de violencia que destruye la necesaria solidaridad de los países para construir un desarrollo coherente con la dignidad humana. Los Derechos Humanos, en definitiva, además de estar garantizados por la Constitución y por un buen número de Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro propio país, constituyen una moralidad externa al poder. Y esto último es sumamente importante porque quienes tienen poder político o incluso económico quieren con frecuencia decirnos lo que es correcto o incorrecto en nuestro comportamiento. Y la moral o la ética no dependen de lo que diga el poder, sino de lo que dice la conciencia humana acostumbrada universalmente a distinguir lo bueno de lo malo y a irlo plasmando en sus reflexiones y decisiones universales, muchas de ellas amparadas por el pensamiento de las diversas religiones. Si el individualismo consumista actual impulsa a convertir los derechos en una simple dependencia del poder, el espíritu humano, consciente de la igual dignidad humana y de la fraternidad universal nos dice lo contrario: que los Derechos Humanos son fruto de la experiencia universal del bien y en ese sentido una norma que está por encima de toda ley dada desde el poder de un grupo o una persona. Defender derechos es en ese sentido defender el sentido verdadero de la humanidad y del bien común que todos debemos buscar. Y por eso, cuando se detiene sin causa clara a defensores de Derechos Humanos, es importante que todas las personas de buena voluntad pidan verdad y libertad para los injustamente detenidos.

En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y, lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro. La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del “sálvese quien pueda”, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro. Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el Gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo.

Dos escuelas remodeladas por día no es un buen tema para relanzar la marca Bukele en el mercado de las redes sociales. La promesa de recuperar aceleradamente la infraestructura escolar es de 2021. Desde entonces forma parte del repertorio del discurso oficial. La repetición es obligada, dado el reiterado incumplimiento. Pero la reiteración no la hace más creíble. El tema es espinoso. Más allá de confiar o no en la promesa, la meta ha resultado ser demasiado grande para las posibilidades de Bukele. La reducción de tres a dos escuelas por día no es suficiente. No es una cuestión ideológica ni política, sino de posibilidades reales. Los datos oficiales, como dice el mismo Bukele, son irrebatibles. Por tanto, tampoco es una cuestión opinable ni de interpretación. La web oficial registra 28 centros escolares intervenidos. En tres, las obras están concluidas. En la mayoría (25), están “en ejecución”. En seis de ellos, el avance es superior a la mitad. La intervención en catorce de esos centros fue anunciada en 2023 y 2024. En algunos de los veinticinco centros con obras “en ejecución”, los trabajos comenzaron hace un año. En seis se omite el avance y en trece no supera la mitad. En uno de San Miguel, la intervención comenzó hace un año y solo ha avanzado el 20 por ciento. Los trabajos caminan lentamente. La necesidad de ratificar su interés en la educación nacional hizo que Bukele alegara que no ha cerrado centros escolares, al menos 67, sino que los ha “unificado”; y que exagerara su compromiso con la Universidad de El Salvador (UES). Poco tardó esta es precisar sus afirmaciones. Desde 2021, no ha aumentado sustancialmente el presupuesto de la UES; el incremento al que el mandatario se refirió fue un refuerzo para la educación en línea durante la pandemia, en 2020-2021. No entregó doce edificios nuevos, sino siete y sin transferir la propiedad. De los veinticinco que prometió intervenir, solo dieciséis experimentaron algunas mejoras. La ligereza mostrada en el manejo de los datos puede deberse a que Bukele no está bien informado o que no les presta mucha atención. Sea lo que sea, corre el riesgo de ser desautorizado. El incumplimiento de la promesa de poner a punto los centros escolares no es un descuido aislado. La ejecución de la inversión pública adolece del mismo mal; el año pasado no llegó a la mitad de lo presupuestado. La de educación es aún menor. Otro dato relevante es el uso de los fondos públicos. El país creció bastante menos que el promedio centroamericano, a pesar de disponer de más dinero que sus vecinos. Solo creció el 2.6 por ciento, mientras que los demás superaron el 3 por ciento. Sin embargo, la recaudación fue superior al promedio centroamericano. Esto significa que dispuso de más dinero, proveniente de los impuestos y de la deuda, superior al promedio regional, pese a lo cual creció menos que el resto. Es decir, no usó inteligentemente esos recursos, que gastó en salarios y servicios, en lugar de impulsar el crecimiento económico. El aumento del gasto público disparó la inflación y el encarecimiento de la vida hizo al país menos atractivo para la inversión directa, que ya, de hecho, lo evita. La pobreza ha retrocedido no por la redistribución de la riqueza nacional, sino por las remesas, las cuales también contribuyen a que el dólar circule. Aun cuando debe mucho a los sacrificios de la diáspora, Bukele no la ha defendido de la criminalización y la persecución de Washington. Los pocos datos disponibles no respaldan las pretensiones de Bukele. Si los hubiera más favorables, seguramente serían del dominio público. Esa es una razón poderosa para ocultar la información. La rendición de cuentas objetiva y veraz es perjudicial para la credibilidad de Bukele. Aparentemente, al menos por ahora, es mejor esconder, negar y olvidar. De todas maneras, el estado de abandono de la infraestructura escolar es entendible. El mismo Bukele reconoció públicamente que no había podido cumplir su promesa porque “pensamos que las escuelas estaban en otra situación” y resultó “más difícil de lo que nosotros esperábamos”. Lo que no es comprensible es cómo prometió a ciegas y sin saber a qué se estaba comprometiendo. Después de seis años en el poder es ilógico culpar a un pasado cada vez más lejano. Asimismo, es difícil adivinar qué quiso decir el 1 de junio al anunciar que lo que está “a punto de construir solo es posible gracias a lo que hemos logrado en estos años”. Ciertamente, en educación y en las otras áreas sociales no se observa mucha construcción, lo cual deja al futuro flotando en una nebulosa. Eso sí, dijo bien cuando agregó que eso “solo será posible con la misma fe”. Solo que fe solo se puede tener en el Dios de Jesucristo. Lo demás es idolatría.

El 26 de mayo se publicaron en el Diario Oficial las nuevas tarifas del salario mínimo. Según Decreto Ejecutivo, las cifras son las siguientes: $408.8 para comercio, industria, agroindustria y servicios; $402.32 para maquila textil; $305.2 para recolección de caña y beneficios de café; y $272.53 para el sector agropecuario y de recolección de café. Las tarifas vigentes suponen un incremento uniforme del 12%.

Se les llegó a considerar los hombres más poderosos del planeta: uno como presidente de Estados Unidos y el otro como el hombre más rico del mundo. Si el presupuesto de El Salvador se mantuviera constante en 10,000 millones de dólares, la riqueza de Elon Musk calculada en 2024 podría cubrirlo durante casi 50 años. Ambos, Trump y Musk, aparecieron muy unidos durante la campaña presidencial estadounidense del año pasado, así como durante los primeros 130 día de la presidencia de Donald Trump. El millonario invirtió cientos de millones de dólares en la campaña presidencial y legislativa, y el nuevo presidente le dio un enorme poder en el manejo del Estado. Hoy son noticia por el pleito que se traen y su ácida discusión en las redes. Trump amenaza con suprimir los importantes contratos que el Gobierno de Estados Unidos tiene con las empresas de Musk, y este le amenaza con el conocimiento de los vínculos del hoy presidente con el millonario Epstein, acusado de abuso sexual de un gran número de mujeres, muchas de ellas menores de edad. Lo que parece un pleito propio de las revistas del corazón, que con tanto morbo narran el paso del amor al odio de parejas famosas, tiene unas connotaciones morales y políticas importantes. Nos muestran, en primer lugar, la vulnerabilidad del poder cuando este se basa en el dinero o en la capacidad de manipulación política. Decía Maquiavelo, hace ya quinientos años, que “no existe hombre lo suficientemente habilidoso como para adaptarse a todas las circunstancias”. Y ni Musk ni Trump fueron lo suficientemente dúctiles como para llegar a adaptarse mutuamente. El poder, compuesto mayoritariamente de un conjunto de intereses, es siempre vulnerable porque choca con aspectos contradictorios de sus alianzas o con intereses desplazados de la alianza fundamental. Por eso, los que buscan ser amigos en simultáneo de poderes diferentes, económicos y políticos pueden quedar fácilmente en el bando perdedor. Además, cuando la soberbia del poder se lanza a manipular la verdad o la justicia, como han hecho en repetidas ocasiones Musk y Trump, la pérdida de autoridad está a la puerta. Y con la pérdida de autoridad comienza también a erosionarse y disminuir el poder. John Rawls, reconocido filósofo norteamericano, decía que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es del pensamiento […] Siendo las primeras virtudes de la actividad humana, la verdad y la justicia no pueden estar sujetas a transacciones”. Los dos poderosos amigos hoy convertidos en contrincantes abusaron de la justicia y de la verdad en sus transacciones. Y al final, como todos los tramposos que no tienen las cuentas claras, terminaron en un pleito que solo los debilita. Ambos también estaban rodeados de una especie de culto a sus personas, se pensaban inmunes a cualquier tipo de oposición desde su poder manipulador o económico, y no aceptaban nada bueno en sus opositores tradicionales. Les gustaba y les gusta todavía superar el gobierno de leyes y sustituirlo por su voluntad personal. Hoy su desencuentro los lleva a un dilema sin solución, que solo les retrotraerá a convertirse, como decía Shakespeare de los autócratas, en “un miserable actor que fanfarronea y se agita durante su hora en la escena, y luego no se lo escucha más”. La lección de este cuento para todos los que gustan o apoyan un régimen de gobierno discrecional en lugar del gobierno de leyes es clara. Insultar, amenazar o meter presos a los opositores políticos solo trasparenta el autoritarismo. También desde el poder se puede caer en la autodebilitante posición de exacerbar las contradicciones al querer eliminarlas.

Recientemente se conoció la condena del exmininistro de Defensa Guillermo García. Sus años como ministro fueron los más brutales de la guerra civil; terribles masacres y otras barbaries se cometieron en su época al frente de la Fuerza Armada. Ello hace pensar que el Ejército tenía una estrategia definida de represión y eliminación física de todo lo que significara o pudiera significar oposición a la política autoritaria y represiva de aquel entonces. La jueza que condenó a García también le ordenó al Estado pedir disculpas a los familiares de las víctimas. Faltó exigirle a la Fuerza Armada que revisara su historia, que renunciara a un pasado de represión y crimen, y que pidiera las disculpas correspondientes. La masacre en El Mozote y otras zonas del país son parte de un modo de proceder que debe ser rechazado públicamente por las autoridades actuales de la Fuerza Armada. La justicia tardía, aunque positiva tanto para los familiares de las víctimas como para El Salvador en su conjunto, tiene algunos problemas inherentes. En primer lugar, las personas enjuiciadas y condenadas son sombras de lo que fueron. De ser imbatibles en su momento, son ahora ancianos, enfermos, hombres debilitados por el paso del tiempo. Además, no existe en El Salvador ninguna cárcel que reúna las condiciones adecuadas para recluir a personas de la tercera edad. Dada la inhumanidad que impera en los centros penitenciarios nacionales, encerrar a ancianos en ellos no debería ser una opción. Ciertamente, algunos sectores podrían verse tentados a pedir que sufran por lo que hicieron, pero la justicia nunca debe convertirse en venganza. La impunidad de crímenes de lesa humanidad es un cáncer para la sociedad que la tolera. Sin embargo, la justicia tardía también contribuye al deterioro de la convivencia, especialmente cuando llega tan tarde como en el caso de García y de otros como él. La excesiva lentitud destruye la credibilidad de los sistemas judiciales y deja hechos importantes a merced de la política y de las redes de influencia del poder. No es justo ni decente esperar a que los violadores de derechos humanos tengan 80 o 90 años para juzgarlos. En ese sentido, la tarea es crear políticas que rompan la impunidad, eliminen la lentitud tradicional del sistema judicial y corrijan la tendencia cultural a confundir justicia con venganza. Incluso con las limitaciones de la justicia tardía, la sentencia en contra de García debería estimular al sistema judicial y fiscal a revisar sistemáticamente todos los casos pendientes y a agilizar su enjuiciamiento. La lentitud con la que se procesa a los detenidos del régimen de excepción no es un buen presagio para los casos del pasado. Es fundamental evitar que las obligaciones de justicia se demoren, se teatralicen o se conviertan en espectáculo.