Editoriales y Opiniones

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

Hablar de la pobreza en El Salvador es urgente por ser la realidad cotidiana de las mayorías. La pobreza es dinámica. No tiende a disminuir, sino a engrosar sus filas. La estadística oficial no la ignora, aunque sus informes son incompletos. Ciertamente, la pobreza no es nueva, pero, en lugar de retroceder, se profundiza. Mientras los organismos internacionales alertan sobre ello, Bukele distrae a los pobres con espectáculos de ricos. La diversión masiva entretiene y convence de que la pobreza no es tan grave, uno de los mensajes repetidos por las voces a sueldo. Hablar de pobreza es cosa de “resentidos”, excluidos del poder y del dinero. Les pagan para cultivar falsas expectativas. Destacan algunos aspectos aislados llamativos para pedir paciencia, mientras las fuerzas invisibles del neoliberalismo distribuyan la riqueza nacional. Su amo recetó “medicina amarga” y paciencia, pues avanza “poco a poco”, pero sin plazo. Los países, por lo general, no son pobres. Su riqueza es la que está distribuida de forma muy desigual. El Salvador no es la excepción. Las ganancias asombrosas de unos pocos alimentan exponencialmente su capital, mientras que los ingresos de la mayoría se reducen hasta el punto de no permitirle adquirir la canasta básica. En una sociedad donde los pobres son cada vez más numerosos, una minoría atesora cada vez más riqueza. Posee más de lo necesario para vivir confortable y lujosamente en un mundo completamente diferente al resto. Los pobres no caben en ese mundo. Pero su masividad impide evitarlos. De todas maneras, la cultura dominante se esfuerza para ocultarlos. Son tan visibles y molestos que los expulsa de los espacios gentrificados como el centro de San Salvador, reservados para quienes disfrutan de mayor poder adquisitivo. Los pobres son sucios, ingobernables y afean los sitios emblemáticos de la dictadura. Los pobres no son dignos de estima, de compasión y de atención. En la recién pasada asamblea de la FAO, León XIV volvió a denunciar, como ya lo hizo el papa Francisco, que los pobres son sobrantes que ni siquiera son explotados. La ideología que defiende esta realidad es falsa. Los mercados y la especulación financiera no son libres. Los líderes autoritarios meten la mano para favorecer a los poderosos con menoscabo de los débiles, provocando desequilibrios cada vez más pronunciados. Es falso que un día el vaso rebalsará. Es insultante recetar “medicina amarga” y pedir paciencia a los empobrecidos para lograr unos objetivos que solo benefician a los poderosos. Estas posturas se defienden como racionales, pero más bien son excusas para invisibilizar la imposición unilateral e implacable de una tiranía. La obsesión actual con la felicidad concibe la vida como acumulación de riqueza y de éxito social a cualquier costo porque, de otra manera, esa felicidad es inalcanzable. Esa felicidad es reclamada como un derecho inalienable. En la práctica es la mejor manera de deshumanizarse y de ser infeliz. La acumulación no hace feliz, mientras hunde a las mayorías en la miseria. Sobrevivir malamente en la pobreza, denunció el papa León XIV en la FAO, no es una elección, ni una casualidad, ni obra del destino. En contra de la evidencia, los poderosos y sus aliados así lo sostienen para tranquilizar su mala conciencia. La inmensa mayoría de los pobres, hombres, mujeres y menores de edad, se rebusca de sol a sol en lo que se ofrezca, con lo cual obtiene algo para malvivir, nunca para mejorar su vida. No debe extrañar entonces que entre los pobres haya quienes se niegan a trabajar. Sus antepasados, pese a trabajar durante toda su vida, murieron en la miseria. Los pobres no merecen vivir en pobreza. Son pobres porque han sido despojados. Tampoco la riqueza y la buena posición social son merecidas. Suelen estar contaminadas con la deshonestidad y la inmoralidad. Los líderes populares constituyen la contrapartida de los líderes autoritarios. Son populares no por ocupar el primer puesto en las encuestas de opinión, sino por su capacidad para incluir a todos en los beneficios de la gestión pública. El bienestar no está destinado a unos pocos, sino que es un derecho de todos, comenzando por los menospreciados y vulnerables. El papa Francisco decía que lo que afecta a todos debe ser decidido por todos. No creía en los liderazgos iluminados. Los líderes populares no temen el parecer diferente. Al contrario, consideran la diversidad de opiniones un valor, porque de lo que se trata es de encontrar el bien general, no el privilegio de unos pocos. La dignidad de la persona humana debe ser respetada desde ahora, no en un futuro incierto, insistió León XIV. La miseria de la muchedumbre a la que se niega su dignidad interpela la conciencia, obliga a denunciar la dictadura de una economía que mata al mismo tiempo que divierte y a actuar audazmente para revertir esa tendencia asesina. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Otro anuncio asombroso desde un escenario estilo despacho oval de Trump desplazó la crisis de seguridad. Entre dorados en fondo negro, cómodos sillones de cuero y luz indirecta, DoctorSV hizo su aparición de la mano de una de las multinacionales tecnológicas. La medicina digital entró en escena justamente cuando el sistema público de salud decae por falta de personal, de equipo, de instrumental y de medicamentos. DoctorSV se presentó como “un salto hacia adelante”, único en el mundo mundial. La plataforma, potenciada por la inteligencia artificial de Google, puede aliviar la pesada carga de la consulta externa, al discriminar a pacientes con dolencias leves de aquellos que deben pasar por el especialista. Hasta aquí el aporte positivo de la innovación. El DoctorSV no sustituye la consulta con un médico en el centro de salud, el hospital o el seguro social. Así lo reconocieron fuentes gubernamentales en voz baja después de la presentación de la plataforma. Las expectativas de Google sobre su creación deben ser tomadas con cierto escepticismo. El Salvador no es pionero en medicina digital. En la región, tres países ya la tienen y, más allá, otros la adoptaron hace tiempo. Así, pues, la novedad no es tan excepcional como asegura la multinacional tecnológica. Su entusiasmo no parece genuino. Está subvencionado por 500 millones de dólares. Afirmar que DoctorSV creará igualdad al brindar un servicio universal de alta calidad tanto a pobres como a ricos, ya no es simple entusiasmo. La desigualdad en el acceso a la salud es consecuencia directa de la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, la raíz de todas las desigualdades. Por otro lado, la universalidad de la plataforma es cuestionable. La conexión exige un dispositivo “inteligente”, acceso a internet y un vocabulario específico. Los sectores empobrecidos no disponen de esos dispositivos, ni de internet, al igual que muchas escuelas de la periferia. Los giros idiomáticos de los más necesitados de atención son tan ricos y flexibles que es dudoso que hayan sido registrados por la base de datos de la multinacional. La madre angustiada de Morazán, a la que se aludió en la presentación, es un buen ejemplo. Los creadores del DoctorSV no consideran las precarias condiciones de vida de los habitantes de las zonas más deprimidas del país. El acceso a la salud de Google no las superará. En las prioridades gubernamentales no figura cerrar el abismo que separa a los ricos de los pobres. La prioridad del DoctorSV no es la salud del pueblo, sino su privatización, una medida típica del capitalismo neoliberal. Hecho el diagnóstico, la plataforma enviará al usuario al laboratorio clínico o le expedirá sin más una receta. Los exámenes y los medicamentos serán proveídos por una nutrida red de laboratorios y farmacias privadas, dado que el Estado no tiene esa capacidad. Los grandes favorecidos del “salto hacia adelante” serán, por tanto, los integrantes de esa red. Google, además de la subvención inicial, enriquecerá su base de datos con los usuarios salvadoreños, a quienes les pide más información de la necesaria. La larga presentación del DoctorSV no informó sobre el costo estimado de la privatización de los exámenes clínicos y los medicamentos ni de donde provendrá su financiamiento. Si en la actualidad el sistema público de salud no puede atender a una limitada cantidad de pacientes, no es claro cómo, o en virtud de qué, atenderá a toda la población. En el mejor de los casos, los usuarios del DoctorSV obtendrán un diagnóstico correcto, pero tendrán que asumir el costo de los exámenes y los medicamentos, porque los recursos del Estado son limitados. Identificar la inteligencia artificial con el ser humano es equívoco, porque nunca reemplazará la interacción personal. No es más que una herramienta a disposición de seres humanos. El papa León XIV acaba de alertar a los gerentes de la salud sobre los riesgos de manipular “perversamente” a las personas, al clasificarlas según sus enfermedades, tratamientos y costos, “convirtiéndolas en objetos, en datos, en estadísticas”. La cosificación de la inteligencia artificial, continúa el papa, deshumaniza al enfermo al negarle “el trato humano, la caricia, el reconocimiento… en su fragilidad y su dignidad”. La exageración de las virtualidades del DoctorSV alimenta la vanidad de sus patrocinadores y creadores, y, de paso, la hace aceptable a la opinión pública. Google lo presentó como una contribución al avance de la ciencia, a lo cual cabe agregar, por honestidad, que también engrosará sus ganancias. Dan por hecho que, con el DoctorSV, el país dio un colosal salto, algo que nadie más ha logrado. En realidad, la plataforma solo ha comenzado su andadura. Repiten la expectativa del bitcoin, otro salto que no llegó lejos. Los deseos no deben confundirse con la realidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En cada aniversario de los mártires de la UCA, su memoria y legado convocan a miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, que acuden a la Universidad para recordarlos y rendir homenaje a su compromiso con la construcción de un mundo mejor. A los mártires se les conmemora en la fecha de su injusta muerte, con la conciencia de que ese final fue el resultado de la vida que eligieron vivir. En ese marco, el aniversario de este año ha estado inevitablemente unido al reciente fallecimiento de dos jesuitas muy queridos, el padre José María Tojeira y el padre Rafael de Sivatte, quienes supieron encarnar el legado de los mártires y hacerlo parte fundamental de la identidad universitaria de la UCA. Cuatro décadas después de la masacre en nuestro campus, la situación del país cada vez se asemeja más a la que les tocó enfrentar a Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas. Los mártires vivieron en medio de un pueblo mayoritariamente empobrecido, víctima del miedo y del horror de la guerra, en un tiempo en que la justicia solo mordía a los descalzos. Hoy sigue habiendo muerte, injusticia, desigualdad. Los fallecidos en los centros penales se cuentan ya por cientos; sin embargo, parece recibir más atención gubernamental el cuidado de perros y gatos que el esclarecimiento de esas muertes. Como antes, los más vulnerables y excluidos siguen siendo las principales víctimas de las decisiones de los poderosos y de la indiferencia social. Según las últimas estimaciones, casi dos millones de salvadoreños son pobres, más de 600 mil se debaten en la extrema pobreza, y todo parece indicar que el número de los que viven precariamente seguirá creciendo ante el incremento del costo de la vida y la falta de protección social. Peor aún, no se hace nada estructural para aliviar su situación. Al contrario, a los pobres se les mantiene fuera de la vista pública; se ha prohibido la presencia de vendedores callejeros y se ha negado permiso al reparto de café y pan a los indigentes que pernoctan a la intemperie en las calles aledañas al centro histórico de la capital. En parte por esta similitud del contexto, la conmemoración del aniversario es cita obligada para quienes buscan luces para el presente. Ellacuría y sus compañeros son ejemplo de búsqueda incansable de la verdad, de compromiso irrenunciable con la justicia y de capacidad de generar y transmitir esperanza. Sus vidas se recuerdan porque son un aliciente para aportar dignidad a la sociedad y luchar por la justicia. La ausencia de justicia erosiona los derechos y limita la posibilidad de resolver los conflictos conforme la ley; sin justicia, la corrupción florece y se multiplica. Pero precisamente por no haber hoy institucionalidad que vele por los derechos humanos, los mártires son un ejemplo que fortalece y anima al compromiso por defenderlos. La UCA recibió, y sigue recibiendo, vida de ellos. El testimonio de estas mujeres y hombres valientes anima a no guardar silencio frente a los abusos imperantes y brinda esperanza en que una sociedad más humana, más participativa y más justa es posible.

El disparo certero de un francotirador asesinó a una mujer del pueblo en el bastión emblemático del nuevo El Salvador en construcción, enfrente del mismísimo Palacio Nacional. La víctima y su hermana visitaban el lugar para hacerse fotografías. La bala de alto calibre impactó también en el núcleo de la seguridad del régimen de excepción. El corazón de la seguridad es inseguro. Conmocionada, la dictadura borró rápida y eficientemente las huellas del asesinato. Levantó el cadáver sin las formalidades debidas, lavó la sangre y cerró y pintó el agujero dejado por la bala. Con la misma celeridad, desmontó el altar y recogió las flores que manos anónimas solidarias colocaron en el sitio donde cayó la víctima. Ninguna de las múltiples cámaras que vigilan la zona registró el hecho. El arma homicida está desaparecida. La dictadura no dejó ningún rastro. El homicidio no existe en el país de Bukele. Junto con el equipo de limpieza apareció el régimen de excepción, que, sin ninguna evidencia, capturó y exhibió a otra mujer como responsable del crimen. En un segundo momento, presentó a un joven soldado, al que acusó y condenó por “homicidio culposo”. Sin más diligencias, imposibles por la contaminación de la escena del crimen y la desaparición de la evidencia, el régimen cerró el caso. Las estadísticas oficiales no registraron el homicidio por haberlo declarado “accidental”. El régimen de excepción se basta a sí mismo, no necesita fiscal, defensor, ni juez. Mientras los generadores de opinión a sueldo responsabilizaban del homicidio a la oposición e insultaban a las mujeres solidarias que colocaron flores en el sitio del crimen, el comandante en jefe del ejército se ocupaba de cómo disponer compasivamente de los perros callejeros, de saludar a jugadores retirados del futbol español y del cumpleaños de su hija menor. Sus subordinados tampoco dieron la cara. Todos se escondieron en la impersonalidad de las redes digitales, desde donde pidieron disculpas y prometieron una compensación económica a la familia de la víctima. Desautorizada la primera versión, las voces asalariadas del oficialismo se esforzaron para intentar poner racionalidad en un crimen brutal. Una relativizó su gravedad al expresar que “una no es ninguna”. Al caer en la cuenta del disparate, agregó, a modo de explicación, que una sola vida es irrelevante cuando no hay ninguna. En esa misma línea, otra sentenció que un accidente le pasa a cualquiera y, por tanto, al final, solo Dios sabe por qué ocurre. Así, pues, el centro histórico sigue siendo seguro. La diversión podía y debía continuar con las estrellas jubiladas del futbol español y la Navidad, que ya llega. El homicidio no fue un simple accidente. Las altas jerarquías militares deben una explicación a la familia de la víctima y a la ciudadanía en general. La ética profesional exige aclarar por qué destacan soldados con armamento de guerra en el centro de la capital, donde, según ellas, la seguridad es total; y cómo fue posible que a un soldado de un cuerpo elite, entrenado como francotirador, se le haya escapado una bala. Si Bukele y su familia corren tal peligro que es necesario protegerlos con armamento pesado, la seguridad que predica es un cuento para los ingenuos y los crédulos. La exhibición de una transeúnte como responsable del asesinato tampoco fue un error. Ella simboliza a todas las personas inocentes capturadas habitualmente por el régimen de excepción sin pruebas y sin defensa. La dignidad mancillada de esta mujer no ha sido reparada. El régimen de excepción no entiende de esas “sutilezas”. El mutismo presidencial y militar ahonda la desconfianza y la proliferación de rumores. El régimen de excepción no garantiza que no habrá más balas perdidas. En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera puede caer fulminado por una bala perdida. El negacionismo oficialista facilita la repetición de la tragedia. La militarización extrema de la dictadura, más propia de un país en guerra que no de uno seguro, abre la posibilidad para más homicidios “accidentales”. La bala salió de las interioridades del régimen de excepción e impactó en las entrañas de la dictadura, en uno de sus lugares más sensible, el sitio más seguro y representativo. En lugar de esclarecer las circunstancias del crimen y de asumir sus responsabilidades, cerró el caso, desapareció a la víctima, borró el hecho y, como en el pasado, pasó la página rápidamente. La vida del pueblo, en particular, de la mujer, sigue valiendo poco, a pesar del régimen de excepción. Quizás es más apropiado decir que, precisamente, a causa de dicho régimen, que no ha traído la seguridad deseada. De ello pueden dar testimonio las ya incontables víctimas de las tropelías de sus tropas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Históricamente, las municipalidades han sido espacios clave para la articulación del desarrollo local en El Salvador. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se promovió un modelo de descentralización que buscaba fortalecer la autonomía territorial, la participación ciudadana y la capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias. Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha experimentado transformaciones profundas; reformas institucionales, cambios en la asignación de recursos y nuevas dinámicas de gobernanza han modificado el papel de las alcaldías, generando una percepción ciudadana cada vez más crítica sobre su desempeño. Entre 2021 y 2023, El Salvador experimentó una reorganización significativa de su sistema municipal: se eliminó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que históricamente había sido la principal fuente de financiamiento para las alcaldías; y la Ley Especial para la Reestructuración Municipal redujo el número de municipios de 262 a 44. Estas decisiones implicaron una redistribución de funciones, recursos y competencias, que afectó directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales. Además, se fortaleció el papel de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución creada por el Ejecutivo para impulsar proyectos de infraestructura en todo el país. La DOM asumió funciones que antes estaban en manos de las alcaldías, como la construcción de calles, escuelas y espacios públicos. Aunque esta centralización ha permitido una ejecución más rápida de ciertas obras, su desempeño también ha generado interrogantes sobre el futuro de la autonomía municipal y la participación ciudadana en la definición de prioridades locales. Los datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA muestran una tendencia clara en la evaluación ciudadana del trabajo municipal. Desde 2019 hasta 2025, las calificaciones promedio otorgadas por la población a las municipalidades han sido consistentemente reprobatorias. En 2019, la nota fue de 5.68, y desde entonces ha descendido con altibajos: 4.93 en 2020, 4.79 en 2021, una leve recuperación en 2022 con 5.47, seguida por una nueva caída en 2023 (4.80) y el punto más bajo en 2024, con apenas 4.08. En 2025, la calificación subió ligeramente a 5.13, aunque sigue por debajo del umbral de aprobación. Los datos sugieren un malestar ciudadano creciente, caracterizado por la insatisfacción con los servicios municipales y con la información disponible sobre las obras locales, y una persistente sensación de abandono en ciertos territorios. Al consultar a la población sobre la calificación que otorga a la DOM tras cuatro años de funcionamiento, el resultado revela una aprobación modesta, con una nota promedio de apenas 6.21. Esta cifra sugiere una percepción crítica y una expectativa insatisfecha respecto al impacto de la institución en la vida cotidiana de las comunidades. La transformación del modelo municipal tiene implicaciones importantes para el desarrollo territorial. En primer lugar, la reducción del número de municipios ha generado desafíos administrativos, especialmente en las áreas rurales, donde la distancia entre comunidades y cabeceras municipales ha aumentado. Esto puede afectar el acceso a servicios básicos, la representación política y la articulación comunitaria, debilitando los vínculos entre ciudadanía e instituciones locales. En segundo lugar, la eliminación del Fodes y —más recientemente— del Fondo de Apoyo Municipal ha limitado la capacidad financiera de las alcaldías, dificultando la ejecución de proyectos propios y la atención a demandas locales. Aunque la DOM ha asumido parte de estas funciones, su enfoque centralizado puede no responder de manera adecuada a las particularidades de cada territorio. Según la encuesta del Iudop realizada en 2025, el 46.6 % de la población considera que la reducción de estos fondos ha afectado de forma significativa el trabajo de las comunas, especialmente en áreas relacionadas con servicios básicos, becas y ayudas familiares. El mismo estudio señala que el 78?% de las personas encuestadas considera que su alcalde, alcaldesa o concejo municipal no ha cumplido las promesas de campaña en este primer año de gestión. Finalmente, la percepción ciudadana de insatisfacción hacia las municipalidades puede debilitar el tejido democrático local. La participación en cabildos abiertos, consultas comunitarias y procesos electorales municipales podría verse afectada si la población no percibe a sus gobiernos locales como espacios legítimos de interlocución. Es claro que la situación actual de las municipalidades refleja una etapa de transición institucional; las reformas recientes han modificado el mapa territorial y la forma en que se ejecutan las políticas públicas locales. Sin embargo, la persistente reprobación ciudadana indica que el retroceso del desarrollo territorial es grande y hay mucho por hacer para fortalecer la gobernanza local, recuperar la confia

La renovación de la infraestructura escolar es cosa buena para el país. Sin embargo, el discurso que acompaña el anuncio peca de simplismo y ligereza. El enfoque es vago y el uso de los datos es frívolo. Sus números no coinciden con las estadistas oficiales. Infla el desempeño sin vergüenza. Si los presupuestos son equívocos, las expectativas no puede ser sino engañosas. El punto de partida de la educación de la dictadura es la delincuencia y su finalidad, por tanto, impedir que los jóvenes se conviertan en delincuentes. El origen del fenómeno de las pandillas no es la ausencia de educación, sino la negación de oportunidades a varias generaciones de jóvenes. El capitalismo neoliberal impuesto en la década de 1990 se las cerró y, hasta el día de hoy, permanecen cerradas. No es casualidad que las pandillas cobraran fuerza en esa década. Es iluso pensar que becar a los bachilleres las abrirá. Eso no sucederá mientras no se reforme la estructura capitalista neoliberal, que divide la sociedad entre quienes acaparan las oportunidades y quienes no tienen futuro. Las decenas de miles de encarcelados que Bukele retiene son desechos, descartados por el orden neoliberal. La cultura del descarte, denunciada por el papa Francisco, tolera sin inmutarse que millones de seres humanos mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas. Mientras la cultura del descarte no sea revertida por otra de la inclusión, no habrá oportunidades. La atención a la infancia y la adolescencia, de la que presume Bukele, no crea esas oportunidades. Cuida el comienzo de la vida, pero luego la abandona a su suerte. Ni siquiera ha sido capaz de asentar sólidamente dicho cuidado. La beca universal tampoco es una buena solución. Pretende colocar el techo sin tener bien asentadas las bases del edificio. Probablemente, muchos becados se frustrarán cuando descubran que el bachillerato no los ha preparado para enfrentar el desafío de la educación superior. La indisciplina de la juventud es, en gran medida, el reflejo de una sociedad donde prevalece la ley del más fuerte, comenzando por el mismo régimen de excepción que procede indiscriminada, arbitraria y violentamente. El mismo comportamiento se observa en todos los ámbitos de la vida nacional. Una muestra del libertinaje social es la investigación de un medio digital que detalla las operaciones de un escuadrón de la muerte donde figuran policías al servicio de un alcalde del oficialismo. Este ha recibido la información como si se tratara de una actividad común y corriente. En cierto sentido, lo es. El régimen de excepción tiene sus excepciones. Los jóvenes crecen y se desarrollan en este ambiente. No debiera extrañar entonces que se comporten igual que sus mayores. Por otro lado, es imposible ofrecer una educación pertinente sin una planificación nacional, que explicite el rumbo del país a mediano y largo plazo. Decidir qué estudiar sin conocer la demanda laboral del país en el corto y mediano plazo es una apuesta de alto riesgo. La educación, al igual que el resto de la actividad gubernamental, discurre a ciegas, víctima de la improvisación. Pero el desarrollo no se improvisa. Uno de los atractivos de la inversión extranjera directa es el nivel educativo de la población. Educar es mucho más que distribuir equipo tecnológico y material educativo. El discurso sobre la educación omitió los planes de estudio y el magisterio, elementos indispensables para garantizar una buena educación. Sin planes de estudio actualizados y pertinentes para los desafíos actuales, y sin un magisterio sólidamente formado y reconocido, la educación no supera la mediocridad. La evaluación anual de los bachilleres apunta en esa dirección. La tecnología, por muy avanzada que sea, no sustituye la interacción con un docente entregado a sus estudiantes. La inconformidad y la rebeldía de la juventud es síntoma de un malestar profundo causado por la falta de oportunidades. La disciplina de corte militar somete, pero no erradica ese malestar existencial. El desengaño y la frustración aparecen cuando descubren el sinsentido de prepararse para un futuro inexistente. Entonces, la emigración y el crimen organizado se ofrecen como alternativas. La educación no cultiva la paz en un orden neoliberal, por definición excluyente y violento. Es contradictorio desear la paz cuando el oficialismo siembra la división, el insulto, el odio, la venganza y la violencia. La paz no es compatible con la dictadura neoliberal. La paz verdadera exige redistribución equitativa del ingreso nacional, generación de empleo digno y bien pagado, seguridad jurídica e inversión pública en educación y salud, no en militarización. La educación no es el tema del último discurso de Bukele, tampoco la infraestructura escolar renovada, sino él mismo. Las futuras generaciones y la educación son un pretexto para destacar una vez más que no él es como los demás. Pero, muy a su pesar, gobierna tan neoliberalmente como ellos, descarta a las mayorías como ellos y se aprove

Los hombres fuertes están de moda en la política. Son autoritarios porque su voluntad, frecuentemente un capricho, es ley; sus colaboradores no cuestionan sus decisiones (de estos se espera obediencia ciega, no competencias ni pensamiento). Son jefes de temperamento irascible e impredecible. Rencorosos y vengativos. Centralizan en ellos el rumbo gubernamental, con lo cual se hacen directamente responsables. Pero solo se hacen cargo de lo que les sale bien. Lo que les sale mal lo dejan de lado como si nunca hubiera ocurrido. Están convencidos de que todo lo que piensan, dicen y hacen es extraordinario. Nadie lo hizo antes, porque son genios en el arte de gobernar. Derrochan grandilocuencia. Son aficionados a los adjetivos superlativos absolutos para expresar sus cualidades con la máxima intensidad posible. Todo lo relacionado con ellos es buenísimo, brillantísimo o bellísimo. Tienen gran debilidad por los dorados, la pompa y el oropel de la monarquía absoluta del siglo XVI. Cada uno se considera un ejemplar único en su especie, pero todos son iguales. Todos se comportan de manera similar. Solo los diferencia el poder que detentan: no es lo mismo el gobernante de una potencia mundial que el de un país africano o latinoamericano arruinado. Estos líderes acuden al cristianismo para alimentar su autoritarismo. La laicidad del Estado y la poca o nula relevancia de la fe en su vida son irrelevantes. Su oración tiene mucho de la plegaria del fariseo en el templo. Solo hablan de sí mismos y de sus méritos, mientras desprecian a los demás por no ser como ellos. Imponen en la sociedad valores morales que no observan. Con la misma frialdad con la que instrumentalizan a quienes los rodean, manipulan el nombre de Dios. Predican paciencia y resignación cristiana, pero olvidan el derecho y la justicia del reino de Dios. Su religión mira solo al cielo para no mirar la crisis de humanidad que los rodea. El entorno en el que estos personajes se mueven es tan cerrado que no se percatan del caos que causan, tanto nacional como internacionalmente. Hoy dicen y mañana se desdicen. Prometen por vicio. Todos les es debido, pero ellos no deben nada a nadie. Están tan absorbidos por su yo que no son conscientes de la incertidumbre y el desconcierto que siembran a su alrededor. Los mercados y las bolsas lo resienten con graves consecuencias negativas. El gobernante autoritario llega al poder impulsado por expectativas de novedad, pero acaba creando más problemas que soluciones. La experiencia comprueba una y otra vez que son perjudiciales para los derechos y la dignidad humana. Restringen severamente la libertad de expresión, porque son hipersensibles a la crítica. Acosan a los detractores, los encarcelan con cargos no probados, los exilian y eventualmente los asesinan. La corrupción es rampante. Sus defensores no lo niegan, pero lo justifican como daños colaterales. Algunos alegan que si bien roban, también hacen cosas buenas que antes no se hacían. Y que esta clase de liderazgo es necesario para cohesionar la sociedad y engrandecer a la nación. Está demostrado que estos alegatos son errados. Los resultados económicos hablan por sí mismos. El Salvador no es la excepción. Informes de varios organismos internacionales registran el estancamiento de la economía, el aumento de la pobreza extrema y la amenaza de una crisis financiera de grandes proporciones. El énfasis en la tecnología, la reducción de los impuestos y la desregulación no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. El país capta más dólares por las remesas que por las exportaciones. Esos dólares constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares más pobres y, por tanto, están destinados al consumo. El ahorro es mínimo. El reducido crecimiento económico se traduce en menos recaudación de impuestos y en más deuda. Un círculo vicioso difícil de romper. A veces, los líderes autoritarios llegan al poder con buenas intenciones y comienzan a gobernar de forma bastante competente. Pero con el tiempo, su gestión se vuelve cada más ineficiente. La centralización es inviable, la inversión no llega y la economía se paraliza. Simultáneamente, las redes clientelares se estrechan, se vuelven más exclusivas y se valen de los medios a su alcance para aumentar bienes y fortuna. La institucionalidad democrática es declarada obsoleta y reemplazada por un régimen donde la riqueza de unos pocos crece desaforadamente, mientras la mayoría se hunde en la pobreza. Las sociedades democráticas no son perfectas. Más aún, tienen muchas deficiencias. Pero ofrecen unas garantías que la dictadura niega por su misma naturaleza: respetan la institucionalidad, la independencia de poder y la libertad de expresión y protesta. No pueden evitar el mal gobierno y la corrupción, pero cuentan con medios eficaces para contrarrestarlos. Precisamente, esto es lo que la hace insoportable para la dictadura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El presupuesto del próximo año no deja dudas sobre las prioridades de Bukele. No reduce el gasto, como aconseja la prudencia, sino lo aumenta en casi todas las dependencias del Estado. Los ministerios de defensa, agricultura y turismo, y Casa Presidencial tienen las asignaciones más elevadas. En 2026, el ejército tendrá el presupuesto más alto de su historia: duplica el de 2019, cuando Bukele llegó al poder. Apuesta por la profesionalización de los soldados en lugar de la de los maestros, claves para el desarrollo del país. Casa Presidencial es otra dependencia que acumula fondos de la misma manera que centraliza cada vez más las funciones gubernamentales. Otra prioridad es Chivo Pets, cuyo presupuesto es más alto que el de catorce hospitales públicos. Estas asignaciones no son definitivas, pues, como ya es costumbre, son reforzadas a lo largo del año. El presupuesto es una declaración de intenciones que, de ninguna manera, limita el gasto. La ligereza es desconcertante, porque la posición fiscal es incierta. La recaudación no cubre los gastos. Los indicadores anuncian una crisis fiscal severa. Por tanto, el presupuesto necesitará financiamiento externo e interno, es decir, más deuda. Casi la cuarta parte del presupuesto de 2026 se destinará al servicio de la deuda, la cual, por otro lado, no disminuirá, pues solo se pagarán intereses. No es extraño, entonces, que la calificación crediticia del país sea baja en comparación con el resto de la región. Mientras tanto, Bukele se prodiga con el gran capital, al cual ofrece toda clase de facilidades burocráticas y de exenciones fiscales, en un intento desesperado por atraerlo. Pero la inversión extranjera directa no solo se resiste, sino que tiene a salir del país. La arbitrariedad de “las reglas del juego” y la inexistencia de seguridad jurídica lo espantan. Varios organismos internacionales señalan el estancamiento de la economía salvadoreña, una de las menos productivas de América Latina. El valor generado por hora trabajada equivale a la mitad del promedio general. Por cada dólar latinoamericano, El Salvador produce 49 centavos. No es desidia ni pereza. Al contrario, la población trabaja mucho, pero produce poco. En parte, porque su educación y su capacitación son pobres. En parte, porque la innovación, la tecnología y la maquinaria eficiente son escasas. En parte, por la mala organización de las empresas. Y, en parte, porque la infraestructura es insuficiente, el transporte limitado y las fuentes de energía poco confiables. Estas limitaciones estructurales impiden un crecimiento económico dinámico, sólido y sostenido. El Salvador ocupa el penúltimo lugar de la región después de Belice. No es previsible que esta tendencia se revierta en el corto plazo. Antes de atribuir el pobre desempeño de la economía a sus predecesores, Bukele debe reparar en que ha tenido más de seis años de poder absoluto para comenzar a revertir esa tendencia. En vez de ello, la ha profundizado. El poco crecimiento económico ha agudizado la pobreza. Ciertamente no es nueva, pero ha aumentado desde 2019, sobre todo, la pobreza extrema, cuyas filas han sido engrosadas por más de 241,000 personas. La pobreza extrema significa indigencia, miseria y hambre. Un millón de salvadoreños experimentó inseguridad alimentaria aguda, es decir, pasó hambre entre 2022 y 2024. Los casos más críticos pasaron varios días sin comer. Otros tres millones no tuvieron asegurado el acceso a los alimentos, lo cual afectó la calidad de su dieta y sus hábitos alimentarios. En la actualidad, uno de cada diez salvadoreños no come tres veces al día. Contrario a lo que proclama el régimen, el país no puede estar viviendo “una nueva realidad” con esos niveles de pobreza y de hambre. Ni podrá vivirla en el corto plazo, porque no hay indicios de que se esfuerce por revertirlas. Tampoco respeta “los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora”, porque la mantiene hambrienta y sin acceso a servicios básicos de calidad. El país que construye profundiza la distancia entre los que tienen y los que no tienen, entre los hartos y los hambrientos. Ha favorecido el surgimiento de nuevos ricos, que se suman a los ya existentes, cuyas fortunas se reproducen de manera asombrosa, mientras que al resto de “la gente honrada y trabajadora” la empuja hacia la línea de pobreza. Los arquitectos del “nuevo país” no edifican lo que pregonan. Están más interesados en controlar compasivamente la proliferación de perros y gatos callejeros que en garantizar la seguridad alimentaria de la gente. El hambre es cruel, niega la dignidad humana, obliga a abandonar el hogar para rebuscarse la vida en el extranjero o en el crimen, y consolida el capitalismo neoliberal más salvaje, que mata silenciosamente, pero no de manera menos eficaz. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la primera exhortación apostólica del papa León XIV, titulada Dilexi te, es sumamente llamativa la centralidad que se le da a la opción preferencial por los pobres. Como sabemos —y la exhortación lo reitera— la centralidad de los pobres en la fe cristiana tiene un fundamento bíblico: el Dios de la Biblia es un Dios que opta por los pobres; un fundamento cristológico: Jesucristo hizo personalmente una opción por los pobres y los consideró los primeros destinatarios de su mensaje; una motivación apostólica: la Iglesia primitiva se preocupó diligentemente por los pobres; una motivación escatológica: en el juicio final lo que cuenta en definitiva es la actitud de aceptación o rechazo hacia los pobres; y una motivación eclesiológica: en Medellín, por ejemplo, los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres. Dilexi te subraya la importancia de ser “una Iglesia para los pobres” y advierte que “no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la Revelación”. En esta línea se valora que, en el período posconciliar, en casi todos los países de América Latina se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres. El papa León sostiene que las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas para toda la Iglesia. La exhortación tiene una referencia directa a san Óscar Romero, considerado una figura emblemática de la opción por los pobres: Fue el corazón mismo de la Iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de san Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Yo mismo [León XIV], misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras Iglesias particulares, especialmente las del Sur global. Se dice que la memoria histórica es el presente del pasado, es decir, la evocación de un hecho anterior se hace en la medida en que tiene vigencia en el presente. San Óscar Romero es fuente actual de inspiración y compromiso. Lo es para el papa León XIV, que ve en san Romero un testimonio y una exhortación viva de la opción por los pobres. Hoy, desde luego, hay que hacer un esfuerzo para identificar los rostros actuales de la pobreza. Se habla, por ejemplo, de muchas personas y pueblos marcados por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura, el encarcelamiento, la guerra y la privación de dignidad. Siguen resonando las palabras del santo mártir cuando señalaba que hay un criterio decisivo para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros: “Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Porque allí está Dios”. Pero, como se afirma en la exhortación, no se trata solo de un asunto de beneficencia, sino de justicia para los empobrecidos. No se trata solo de medidas paliativas, sino estructurales. En esta línea, la exhortación plantea que las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica. En consecuencia, debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza. Se señala también que todos los miembros del pueblo de Dios deben hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie y que haga central la realidad de las personas y grupos empobrecidos. San Óscar Romero es un ejemplo de lo que se puede y debe hacer. Es fuente de inspiración permanente para quienes buscan construir una civilización basada en la justicia, la compasión, la verdad, el respeto a la dignidad humana, el cuidado y amor por y con los pobres. Así se reconoce en la exhortación del papa León XIV. Su testimonio y legado sigue siendo una buena nueva. * Licenciado en Filosofía y maestro en Teología. Actualmente, profesor de Cristología y Eclesiología en California, EE. UU.

La libertad de expresión aterroriza al poder autoritario, pero no por expresar ideas novedosas, disruptivas o peligrosas. El régimen no silencia las quejas que proporcionan información valiosa sobre lo que debiera corregir o el funcionario que convendría despedir, sino aquellas que pueden encontrar eco en la opinión pública, poner en entredicho el discurso oficial y dar lugar a una visión alternativa, que desplace progresivamente la impuesta desde arriba hasta desecharla. En este caso, la movilización masiva contra el orden establecido es una posibilidad real. Simultáneamente, la petición de ayuda, el reclamo por la promesa no cumplida y la queja por la negligencia gubernamental que circulan en el espacio cibernético suelen ser atendidas. El poder es muy sensible a la exposición que lo exhibe lejano y frío ante las necesidades de la gente. Por otro lado, la respuesta es recompensada por el reconocimiento y el agradecimiento, también cibernético, de los favorecidos. Estas intervenciones confirman la bondad del régimen y quitan argumentos a sus detractores. Si bien no son más que intervenciones puntuales, que satisfacen el apremio de los peticionarios, no de todos los que se encuentran en una situación similar, las redes digitales a su servicio se encargan de elevar a norma lo que no es más que una especie de limosna. En cambio, el poder reprime duramente la información con potencial para movilizar la protesta. Sus redes digitales se lanzan implacables contra las fuentes, ya que no puede permitir que le arrebaten el monopolio ideológico. No debaten argumentos, porque no los tienen ni les importan. Les pagan para descalificar, tergiversar e insultar despiadadamente. La confrontación es muy violenta, porque se desarrolla al alcance de cualquiera. De esa manera, preparan el terreno para la imputación judicial y la cárcel. El mensaje en sí mismo es inofensivo. Incluso si es aceptado por un sector, al cual el poder descalifica como minoría izquierdista, extremista o globalista. Su temor es que otros muchos lo acepten, se lo apropien y lo reproduzcan. No tanto por convencimiento, sino porque otros hacen los mismo. La imitación que coloca en la tendencia de moda es lo que importa. Los mensajes que circulan en el espacio cibernético son marcas que los usuarios consumen, porque otros las consideran fascinantes. El principio es válido para toda clase de mercancías, incluidas las figuras y las opiniones. El valor de estos objetos no estriba únicamente en los miles que los ven, sino también en que estos saben que otros miles ya los han visto. Es el poder de las visualizaciones y los likes. Saber que otros saben algo y que ellos saben que nosotros sabemos es poderoso. La marca Bukele es popular por ser tendencia. Unos se apuntan porque otros, tanto nacionales como extranjeros, también se han apuntado. Esta es su fortaleza y también su gran debilidad. Bukele no es popular por lo que hace, sino por lo que dice que hace. Que después lo haga o no es secundario. Sus asesores de imagen explotan hábilmente el poder de la imitación para crear la tendencia que se proyecta como realidad. Ahora bien, la comercialización digital de la marca Bukele no tiene el éxito garantizado. Como cualquier otra mercancía, necesita refuerzos constantes para no desvanecerse. Lo mismo sirve la imposición de la moda y del lenguaje escolar, que los perros y gatos callejeros, o la arquitectura de las grandes capitales. Importa la circulación de la marca. Sin refuerzos, la tendencia tiende a debilitarse y abre espacio para que una tendencia alternativa la arrincone. El primer paso para romper el monopolio del mercado ideológico es la información compartida. La deferencia obsequiosa con el poder se convierte en ridículo cuando alguien advierte en voz alta que el rey va desnudo. Todos lo ven, pero nadie se atreve a verbalizarlo. El encanto se rompe cuando alguien lo expresa en voz alta. Entonces, lo grotesco es del dominio público. De todas maneras, no hay que menospreciar el poder persuasivo del encantamiento ni el disuasivo de la represión despiadada. La popularidad de Bukele es líquida. Se acomoda a las expectativas. Por eso, hoy dice una cosa y pasado mañana la contraria. Promete sin intención de cumplir. Explota las inseguridades y las frustraciones de las mayorías para prevalecer en las redes digitales. No pretende construir una sociedad más igualitaria y bien avenida. Al contrario, cultiva la división, el insulto y la venganza, porque se venden bien. Los adolescentes pelean fieramente entre ellos por motivos triviales, porque los más brutos necesitan la reputación de que nadie se puede meter con ellos. Necesitan ser reconocidos como intocables. La popularidad de Bukele está vacía. Cada vez que llueve la infraestructura rural y la urbana recién remozada hacen agua. En lugar de prestar atención a los obsoletos servicios básicos, busca socio extranjero para eliminar a los perros y los gatos callejeros sin crueldad, y admira el diseño arquitectónico de

Está a la vista que los eventos meteorológicos han aumentado en los últimos años, tanto en intensidad como en frecuencia. Y los pronósticos no son nada halagüeños. Los modelos advierten que los días más calientes de hoy en día serán los más fríos dentro de algunas generaciones. La principal causa del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada 24 horas se depositan en la atmósfera cientos de millones de toneladas de contaminantes, principalmente de la combustión de petróleo, carbón y gas natural. La industria y la quema de combustibles fósiles han alterado el ciclo natural de regulación del planeta, provocando eventos climáticos extremos. Frente a este panorama, Naciones Unidas planteó limitar el aumento de la temperatura a entre 1.5 °C y 2.0 °C. Sin embargo, las metas no se han alcanzado; las emisiones globales siguen aumentando. Limitar el calentamiento a 1.5 °C es ya prácticamente imposible; y los 2 °C se alejan cada vez más. Dos preguntas son ineludibles para situar la magnitud del problema: ¿quiénes son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero? y ¿quiénes son y serán los más afectados por el cambio climático? Si bien todos y todas somos responsables de esta situación, no lo somos en la misma medida. Los principales responsables del calentamiento global son los países industrializados, tanto los que acumularon su riqueza contaminando el planeta en el pasado como los que ahora se erigen como nuevas potencias. Pero ni los de antes (Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo) ni los de ahora (como China e India) se hacen cargo de su responsabilidad ni se emplean a fondo para detener el deterioro ambiental. De hecho, son los países ricos y sus élites económicas los que invierten en proyectos e industrias altamente contaminantes. Por otro lado, aunque toda la población mundial experimenta los efectos del cambio climático, el grado de afectación no es el mismo ni entre países ni al interior de los mismos. La razón de ello es la desigualdad. No toda la población de un país está en riesgo de perder su casa y sus bienes materiales a causa de inundaciones o deslaves. Los más afectados son los de siempre: los pobres, los excluidos, los marginados. En el caso de El Salvador, la gente se pregunta: ¿por qué esta calle o esta zona antes no se inundaba y ahora sí? La respuesta se encuentra en la suma del calentamiento global y los eventos climáticos extremos que causa, y un modelo de desarrollo que urbaniza a mansalva, sin respetar las cuencas hidrográficas, las zonas de recarga hídrica y las áreas protegidas. Diversos estudios señalan que el principal problema en América Latina es el cambio de uso de suelos y la deforestación. En nuestro país, suelos de vocación agrícola o forestal se han convertido en zonas urbanizables; actualmente se construye en lugares que hace unos años era impensable. A raíz de ello, El Salvador ya es el segundo país más desforestado y más deteriorado ambientalmente de América Latina, solo después de Haití. El país no tendrá futuro si continúa actuando bajo un modelo que entiende los bienes de la naturaleza como objeto de lucro, mercancía sujeta a las leyes del mercado. Sí, cada vez llueve más intensamente y de improviso, y ello sucede en diversas regiones del globo, no solo acá. Sin embargo, no hay que perder de vista la responsabilidad humana; la responsabilidad tanto de quienes modificaron el marco legal para implementar un desarrollo de concreto y deforestación, como de aquellos que lo aprovechan para lucrarse, en lugar de apostar por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar común.

La desconexión entre El Salvador de Bukele y la comunidad internacional quedó en evidencia al no acudir el mandatario a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerarlo un sinsentido. No pensó así Trump, el segundo en ocupar esa tribuna. Tampoco la mayoría de los presidentes latinoamericanos y los jefes de Estado europeos. Ni siquiera el controvertido primer ministro israelí dejó pasar esa oportunidad: acudió para defender su posición, a pesar del creciente repudio internacional, manifiesto en el reconocimiento del Estado palestino y en multitudinarias protestas populares. Mandatarios de todos los colores acuden a esa tribuna internacional para ventilar sus reclamos, expresar sus preocupaciones y exponer sus propuestas. La ausencia de Bukele es una excepción rara. Explicó que no había acudido a Naciones Unidas porque la comunidad internacional no solo no retoma sus ideas, sino también le reclama democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Resiente profundamente que Occidente pretenda darle lecciones a él, que ha construido un país excepcional. Solo cuenta el Washington de Trump, una apuesta fuerte, pero pasajera. De hecho, Bukele no sintoniza mucho con sus colegas, excepto con el argentino y el costarricense. La falta de afinidad dificulta aún más la promoción de su modelo, el cual, por otro lado, no es replicable, por impedirlo la institucionalidad y la opinión pública. Fascinado con su obra, Bukele permanece atrapado en su excepcionalidad. La complacencia es tan intensa que desprecia abiertamente lo que sucede más allá de las fronteras nacionales. No tiene opinión sobre la guerra comercial librada por las grandes potencias, la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos, el impuesto sobre las remesas y la inversión extranjera directa que no llega, cuestiones todas que inciden negativamente en el país. Las guerras y la militarización, las masacres, las hambrunas, las epidemias y el cambio climático no le interesan. Tampoco la situación comprometida de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, donde se enfrentan con un crimen organizado equipado con armas de guerra, un enemigo mucho más combativo que las pandillas locales. El aislamiento en la excepcionalidad es empobrecedor. La misma pobreza se observa en las periódicas cadenas nacionales. La retórica presidencial es monotemática. Bukele solo habla de su excepcionalidad, la cual, más allá de la seguridad asociada a la erradicación de las pandillas, no logra concretar, pese a detentar el poder absoluto durante más de seis años. No es un simple descuido, sino que El Salvador de Bukele no puede ser gobernado sin el régimen de excepción, que ha convertido la anormalidad en normalidad. Este es el motivo de la ruptura con una comunidad internacional que exige institucionalidad democrática. Y es razón de peso para no comparecer ante ella. Tampoco valía la pena acudir para repetir lo ya dicho, en un auditorio seguramente desolado. A los interesados los remitió a los discursos anteriores. La novedad del presidente milenial y cool está agotada. Los gestos y los comentarios divertidos que llamaron la atención en sus primeras apariciones son irrepetibles. En definitiva, Bukele no está a la altura de los otros presidentes latinoamericanos. Así, pues, la decisión de no comparecer fue sabia. Ahora bien, pensar que El Salvador puede prosperar al margen de la comunidad internacional es suicida. El aislamiento es perjudicial para el país de Bukele. La Ley de Agentes Extranjeros, que castiga la ayuda internacional por miedo irracional a unas influencias externas perversas no identificadas, ha dejado sin financiamiento a diversas actividades de carácter social, las cuales el Gobierno no puede retomar por carecer de fondos y de personal capacitado. Trágicamente, los sectores más afectados son los más vulnerables. El régimen prefiere castigarlos a dialogar y convivir con opiniones diferentes. Aborrece “las injerencias ideológicas globalistas”, pero está influenciado por ellas, como muestra el intento por desterrar “el lenguaje inclusivo”. El miedo a dichas injerencias lo llevó a prohibir terminantemente el uso de esos giros lingüísticos en el sistema educativo, sin percatarse de que la orden se inscribe en otro movimiento ideológico igualmente globalista. La dificultad de uso no es el origen de la descalificación del lenguaje inclusivo, mucho menos el uso correcto del idioma nacional, sino la ideologización, la cual siempre es discutible. El aislamiento es incluso perjudicial para la proyección de la imagen del propio Bukele y su modelo. Ciertamente, al no presentarse en Nueva York, dejó pasar una oportunidad para insistir, presuntamente con más experiencia, en su extraordinaria novedad. La diferencia incomoda e inquieta al régimen; muestra clara de inseguridad. Teme la exposición pública de sus debilidades y contradicciones. No encuentra en ellas una oportunidad para rectificar y fortalecerse. No puede ni quiere superarlas, porque equivaldría a un

El miedo es una emoción primaria que surge ante el peligro real o imaginario. El miedo es universal y desagradable, es una de las pocas emociones que incluso compartimos con los animales. Los efectos del miedo en el cuerpo humano son variados: corazón acelerado, respiración agitada, sudor, agobio, insomnio, ansiedad, parálisis, deseo de escape, agresividad. El miedo es asfixiante y agobiante, y cuando se convierte en sentimiento generalizado en una sociedad, se transforma en un cáncer que carcome y enferma a cada sector de la misma, hasta inutilizarla y hacerla colapsar. Los salvadoreños hemos vivido con miedo desde siempre; nacemos con miedo, vivimos con temor y morimos en medio del recelo y la preocupación. Durante las dictaduras del siglo pasado, vivimos con miedo a la tortura militar o a ser señalados como comunistas. Durante la guerra civil de los ochenta, vivimos con miedo a las balas; a terminar como los miles de muertos de El Mozote; a recibir la bala fatal que se disparó contra monseñor Romero o Rutilio Grande, asesinados para causar más miedo. Luego vinieron los Acuerdos de Paz, donde conocimos nuevas formas de terror. Creció el miedo a no tener qué comer en una economía desigual y empobrecedora, a quedarse en el mismo país recibiendo un salario de miseria, a la delincuencia y las maras. Roque Dalton escribió que el salvadoreño nace medio muerto. Habría que agregar que también nace totalmente aterrado. En la actualidad, seguimos viviendo con miedo. Según una encuesta de 2024 del Instituto Universitario de Opinión Pública, el 85.3 % de la población salvadoreña ve normal y probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el Gobierno o los funcionarios. Es decir, 8 de cada 10 salvadoreños teme a quienes, supuestamente, son sus empleados en el Estado. Debido a este mismo miedo, en los últimos días escuchamos a dos comentaristas de la realidad nacional, de ideologías distintas e incluso encontradas, declarar que no participarán más en espacios públicos por temor a represalias. Un temor que ha motivado a cientos de periodistas, activistas y profesionales a exiliarse. Y qué decir de las múltiples organizaciones que han cerrado sus puertas, como Fespad o Cristosal, o las que han decidido desaparecer de la vida pública, escondidas en el caparazón protector de su silencio. La política del miedo ha traspasado fronteras. Instituciones como Amnistía Internacional señalan que en El Salvador la cárcel y la prisión son armas para causar miedo y angustia, y que “defender derechos humanos o protestar pacíficamente puede costar la libertad”, tal como les sucedió a los abogados Ruth Eleonora López y Alejandro Henríquez, y al pastor José Ángel Pérez, presos de conciencia, detenidos como advertencia: “Tú puedes ser el siguiente”. Pero el miedo finalmente cansa y aburre. La política del terror puede ser efectiva a corto plazo, pero al ser vacía y sin más principios o sustancia que la pistola o la amenaza, es incapaz de sostenerse en el tiempo, resquebrajándose ante el terror de un nuevo caudillo o el coraje de los movimientos sociales. Hitler y Mussolini en Europa, Maximiliano Martínez en El Salvador y Ortega en Nicaragua son muestras de lo que sucede a estos mercaderes del dolor y la angustia, que mueren ahogados en la abundante sangre que han vertido, o son relegados al ostracismo internacional e histórico, donde apenas sirven como ejemplo y caricatura de aquello que da vergüenza. Frente a los rostros autoritarios se yergue el testimonio de coraje y esperanza que nos han brindado tantos buenos salvadoreños, que nos recuerdan que tenemos derecho a vivir donde se respeten nuestros derechos fundamentales; derecho a opinar, criticar y pedir cuentas a nuestros funcionarios; derecho a reunirnos y organizarnos; a trabajar y recibir un salario justo dentro de una economía que distribuya equitativamente la riqueza. Tenemos derecho a vivir en democracia, donde se respeten las leyes y las instituciones funcionen lejos del capricho de unos cuantos poderosos. Tenemos derecho a la inclusión y la humanidad, lejos del garrote y la cárcel como destino único. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Mientras más rápido abracemos esa bravura interna que nos da esperanza, más cerca estaremos de heredar a nuestros hijos una sociedad más justa, donde no prime la ley del más fuerte, donde el débil tenga más opción que temblar de miedo escondido en una cueva. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana. Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución. Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia. Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia. Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado. A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos. Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.

“¿Cómo ayudar a quien no quiere ser ayudado?”, se preguntaba no hace mucho un radioyente de YSUCA. Aunque la pregunta parece retórica, expresa una inquietud de algunos sectores sociales. La cuestión implica la popularidad de Bukele, el argumento más importante para continuar en el poder, para mantener el régimen de excepción y, en último término, para consolidar la dictadura. Si la mayoría se siente a gusto con ella, incluso la deslumbra, la crítica y el reclamo están fuera de lugar. Todo lo hace bien y es bueno, y lo que no le sale bien, no es porque no quiera, sino porque fuerzas oscuras y perversas se lo impiden. No todos son conformistas. El ser humano es constitutivamente inquieto. Muchos investigan y preguntan. No se dan por satisfechos hasta obtener una respuesta convincente. La inteligencia se subleva ante el error y la mentira. La dimensión ética reacciona indignada ante los costos materiales y humanos de los desaciertos del poder. El pago de la deuda consumirá la quinta parte del ingreso nacional y pasarán muchos años hasta que se reduzca a niveles tolerables. El peso de esta carga no recaerá en quienes ahora contemplan impasibles el derroche y la malversación, sino sobre sus descendientes, quienes, sin haber sido consultados, encontrarán reducidas sus posibilidades de desarrollo humano. Ellos sufrirán las consecuencias devastadoras de la deforestación, del desperdicio del agua y del irrespeto al medioambiente, disfrazado de progreso. Los que no quieren ser ayudados se conforman con muy poco. Se contentan con que el régimen “haga algo”, casi cualquier cosa, y que lo haga “paso a paso”, es decir, a su antojo y no en respuesta a las necesidades apremiantes de la gente. El recibir migajas, mientras unos cuantos, vinculados al poder, acumulan capital, no los perturba. Son extremadamente comprensivos y complacientes con el poder. Es la actitud del resignado con la suerte que otros le han asignado. No pide ni reclama, se conforma con lo que le dan. Es la actitud del acomodado a la mediocridad. Tristemente, el conformismo es generalizado. Pero el gobernante responsable debe ser mucho más exigente consigo mismo y sus funcionarios. Un mínimo sentido del deber lo compromete a hacer lo imposible para que los gobernados disfruten de un bienestar razonable, garantizado y viable. Los conformistas y los mediocres se caracterizan por el negacionismo. Eligen negar la realidad para evadir la incomodidad de tomar en sus manos su destino. Ignoran que los usuarios del Hospital Rosales de la tercera edad y los enfermos crónicos peregrinaron de un sitio a otro por la desorganización gubernamental. Desconocen el desabastecimiento de medicamentos y la privatización del Seguro Social. Les parece normal que un tercio de los habitantes del área metropolitana haya estado una semana sin agua potable por falta de mantenimiento de las tuberías madre, a pesar de préstamos millonarios para garantizar el servicio. No es asunto suyo que los puestos renovados del mercado San Miguelito sean más caros, a pesar de lo prometido en la inauguración. Tampoco la crisis de internet en los centros de educación pública ocasionada por la deuda millonaria con los proveedores. No les interesa el paradero de los fondos de Cosavi ni la solidez de las pensiones. La lista podría alargarse. Admitir estas realidades en el mejor de los mundos posibles les resulta desconcertante y motivo de angustia. Es así como quienes no se dejan ayudar, las rechazan sin más. El hecho de ser verificables, no los convence. Salen del aprieto atribuyendo sus penurias actuales a un pasado oscuro cada vez más lejano. Reconocer las tribulaciones del presente los sacaría de la ensoñación del enajenado. Los negacionistas no solo rechazan la información, sino también la propuesta, la crítica y la protesta. Prefieren que otro decida y les ordene qué hacer. De alguna manera, los que no quieren ser ayudados son conscientes de que no tienen argumentos para refutar los señalamientos y las denuncias de los inconformes. Inseguros de sus certezas, descalifican y agreden al mensajero para intentar desautorizar el mensaje. El mensajero puede ser indigno, pero, sin análisis, no es razonable descartar el mensaje. Se engañan, pues el silencio del mensajero no necesariamente mata el mensaje. Otro se levantará para cuestionar, denunciar y condenar. Vivir en un mundo de ensueño como la dictadura de los Bukele es más confortable que pensar, decidir y poner manos a la obra para comenzar a transformar la realidad actual en otra menos desigual. Vivir en la mentira es mucho más cómodo que desvivirse para hacer posible una vida digna para todos. El negacionista acepta la vida tal como viene, se resigna con el destino asignado por otros y se consuela con los gozos celestiales prometidos a los sufridores del despojo, la opresión y la injusticia. El conformista y el negacionista constituyen una de las obras más logradas de la dictadura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, de la Organización de Mujeres por la Paz (Ormusa), contabiliza 149 mujeres asesinadas entre marzo de 2022 (mes en que se instauró el régimen de excepción) y agosto de este año. El dato proviene de dos fuentes: de cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública entre marzo y junio de 2022; y ante la falta de información pública, del monitoreo de las notas publicadas por medios de comunicación entre julio de 2022 y agosto de este año. Al hacer una rápida revisión de medios no oficiales de comunicación se pueden encontrar noticias como las siguientes: en enero de este año, una mujer murió a consecuencia de una puñalada en el cuello; en abril, una mujer de 55 años fue asesinada por su pareja; en mayo, un joven de 25 años mató a pedradas a su novia de 22 años porque ella quería terminar la relación; en junio, una mujer fue asesinada a machetazos por su pareja y otra perdió la vida a causa de un disparo en la cabeza; en agosto, una mujer de la tercera edad fue asesinada con arma blanca; el 1 de septiembre, la PNC reportó la muerte de una joven de 29 años, quien presentaba varios golpes y una herida en la muñeca derecha. En contraste con estas noticias, en el último sondeo de opinión pública del Iudop, el 71.2% de la población encuestada considera que la situación de las mujeres ha mejorado durante el sexto año de gobierno de Nayib Bukele, un 9.4% opina que ha empeorado y un 15.3% dijo que continúa igual. Si bien es cierto que las cifras de feminicidios y muertes violentas de mujeres han disminuido desde la instauración del régimen de excepción, eso no significa que las salvadoreñas estén a salvo. De hecho, tomando como base los datos de Ormusa, se calcula un promedio anual de 37 asesinatos de mujeres desde la aprobación del régimen de excepción. ¿Por qué, entonces, siete de cada diez salvadoreños estiman que la situación de las mujeres ha mejorado? Una respuesta a esta interrogante puede encontrarse en la relación entre el uso de los medios de comunicación y la formación de la opinión pública. En este sentido, según el pensador estadounidense Walter Lippmann, las personas hacen un mapa cognitivo de la realidad a partir de elementos provistos por los medios de comunicación, que brindan información más amplia que la que se puede obtener de manera directa. Así, se puede influir en la opinión pública seleccionando qué temáticas presentar a la población como relevantes; una selección que responde a intereses de grupos de poder. A esto se le llama agenda setting o fijación de la agenda. En el caso de El Salvador, la población se encuentra bajo la influencia de una fuerte maquinaria de propaganda gubernamental (que incluye medios de comunicación propios), la cual no escatima recursos para dar a conocer el quehacer del Ejecutivo. Esta maquinaria fija la agenda de la opinión pública, dejando fuera todo tema que perjudica la imagen del oficialismo. Al respecto, un dato revelador se obtiene al realizar un análisis de las personas que consumen noticias y de las fuentes de donde las obtienen. Según la encuesta del Iudop ya mencionada, el 77.3% de las personas que dicen consumir información sobre el quehacer de Bukele una o dos veces por semana y el 79.3% de los que reconocen que rara vez consumen noticias de medios no oficiales opinan que la situación de las mujeres ha mejorado. Al revisar las noticias que en sus cuentas en Facebook publicaron los medios oficiales y la prensa tradicional en las primeras semanas de septiembre, se observa que dos diarios tradicionales dieron a conocer que 18 mujeres fueron asesinadas entre el 1 de enero y el 18 de septiembre de este año, y que en agosto sucedieron dos feminicidios que no se vieron reflejados en las estadísticas que la PNC reporta. En estas noticias se dieron a conocer datos como la edad de las víctimas, el tipo de arma utilizada contra ellas, el distrito donde sucedieron los crímenes y el arresto o no de los sospechosos de cometerlos. En cambio, los reportes brindados por el diario oficial no se centran en los hechos relacionados con los crímenes, sino en la eficacia policial para capturar a los victimarios. Acorde con la propaganda sobre el éxito del “modelo de seguridad” del Gobierno, esta perspectiva comunicacional destaca que si alguna mujer es asesinada, su crimen no quedará impune, pues los autores serán entregados a la justicia. En un país con una cultura machista y violenta profundamente enraizada, este enfoque para tratar la problemática de los feminicidios debería generar honda preocupación, pues bajo el consuelo de que todo delincuente acaba preso, de que todo feminicida recibe su justo castigo, se deja de lado la necesidad de prevenir la violencia contra las niñas y mujeres, atacar las causas del fenómeno, desmontar la cultura que lo justifica.

Los mil días sin homicidios es simple publicidad presidencial. No informa, mucho menos analiza. Esta publicidad, como cualquier otra, incita a consumir la figura cosificada del inquilino de Casa Presidencial. La calidad del producto ofertado es irrelevante. La propaganda busca reforzar en las masas consumidoras la convicción de que la calidad del producto que adquieren está garantizada y no tiene fecha de vencimiento. Al igual que buena parte de la publicidad, esta también es engañosa. La caída de los homicidios es incuestionable, pero eso no da pie para proclamar mil días limpios. En primer lugar, no hay manera de verificarlo por falta de información confiable. Los datos difundidos por la Policía, la Fiscalía, Medicina Legal y la misma Casa Presidencial son inconsistentes. Estas dependencias no se han tomado la molestia de cotejar y depurar los datos. El vacío es curioso, porque el respaldo de un registro riguroso otorgaría credibilidad al eslogan publicitario. Bukele tendría razón sólida para enorgullecerse del éxito de su política de seguridad. Los mil días son una consigna para reafirmar la lealtad de los creyentes. En segundo lugar, y más importante, el registro presidencial de los homicidios es selectivo. Solo incluye los asesinatos atribuibles a los pandilleros. Excluye los muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, los prisioneros fallecidos por falta de asistencia médica, las muertes violentas ocurridas en las cárceles —aun cuando los cadáveres salen con señales de tortura—, los sepultados clandestinamente, los desaparecidos, los homicidios comunes y los feminicidios. Antes de los mil días, se registraba un promedio de seis homicidios diarios, sin contar los cometidos por los pandilleros. Por tanto, en la actualidad, es probable que el promedio sea de dos o tres homicidios al día. Además de registrar solo los homicidios cometidos por los pandilleros, el eslogan es menos impresionante de lo que parece. Los mil días no son consecutivos y ni siquiera comprenden la mitad de los días que Bukele ha detentado el poder total. La consigna solo incluye mil días de más de dos mil doscientos. Los policías y los soldados no “arriesgaron su vida para que, al fin, podamos vivir en paz de verdad”, porque los pandilleros se entregaron sin luchar. La amenaza de no tolerar “ni el más mínimo delito” es otra licencia publicitaria. La intolerancia se aplica a los adversarios y los desamparados. Por alguna razón desconocida, Bukele renunció a conmemorar el “hito histórico” de los mil días en cadena nacional. Casa Presidencial se contentó con el eco de las cuentas en redes digitales de los funcionarios. Bukele dijo que hablaría sobre “lo que nuestro país ha vivido y sobre las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, pero luego se olvidó del tema. La omisión es llamativa, porque conoce bien el terreno. Por otro lado, hubiera sido interesante conocer de primera mano la identidad y las maniobras de esas fuerzas que intentaron frenar la erradicación de las pandillas. A falta de una explicación oficial, se puede conjeturar que el obstáculo no era otro que la institucionalidad del Estado democrático. Una justificación explícita de la dictadura. La aprobación popular del régimen de excepción no lo legitima ni jurídica, ni humanamente. Mucho menos el Dios de Jesucristo, en quien Bukele se ampara. Dios no instrumentaliza a los seres humanos para obligarlos a cumplir su voluntad, tal como sostiene Bukele, en un atrevido intento por justificar la violencia represiva. Dios llama y envía a sus elegidos a denunciar la injusticia y la opresión, el pecado del mundo, y a anunciar su reinado, basado en la verdad, el derecho y la justicia. El éxito de la misión depende de la fidelidad del enviado. Por otro lado, si Dios estuviera relacionado directamente con los mil días, los homicidios y toda forma de violencia habrían desaparecido por completo. Responsabilizarlo de una obra tan defectuosa como la realizada por el régimen de excepción es insultar su providencia. Y, a juzgar por los resultados, si Bukele fuera su instrumento, como alega, su obediencia a la voluntad de Dios no es la de un enviado celoso y fiel. La paz implantada no es la de Dios, sino la de Bukele. Más que paz es la tranquilidad del miedo y la violencia, impuesta por sus asesores y sus agentes. La calma es aparente. Ni siquiera sus asesores más cercanos están seguros. Si por algún motivo caen en desgracia, son defenestrados sin piedad. Los ocho funcionarios muertos, incluido el jefe de la Policía, en el helicóptero siniestrado hace un año en circunstancias aún no esclarecidas, no dejan de ser inquietantes. La arbitrariedad, la injusticia y la violencia son contrarias a la voluntad de Dios. Responsabilizarlo de la injusticia masiva que mantiene encarcelados en condiciones inhumanas a miles de inocentes para justificar la justicia a los pandilleros es blasfemo. Dios quiere que el pueblo disperso, dividido y violento se transforme en ot

Hace dos semanas, el caricaturista Alecus publicó una hermosa creación suya en la que el jesuita José María Tojeira, recientemente fallecido, aparecía como un faro que iluminaba la realidad salvadoreña. Es cierto. Lo que conmueve es que el padre Tojeira, el padre Chema, como era conocido, asumió varios roles en su vida que ayudaron a iluminar nuestra realidad, con la actitud de modestia que describe don Antonio Machado en sus Proverbios y cantares: “Nunca perseguí la gloria/ ni dejar en la memoria/ de los hombres mi cantar”. Rector, provincial, director del Idhuca, responsable de la Pastoral Universitaria, figura pública cuya voz sabia era consultada por los medios de comunicación: nada de ello le hizo perseguir la gloria para sí mismo. Lo movía, más bien, el amor y la justicia. Cuando intervenía en público, por ejemplo, en las fechas de conmemoración de los mártires de la UCA, o acompañando las diferentes luchas por la justicia en el país, su palabra daba ánimos. Siendo legos en estos asuntos, nos atrevemos a decir que su carisma era el del pastor. También se desempeñaba excelentemente en la docencia y en la reflexión escrita, pero en estas tareas también hacía, de alguna u otra forma, pastoral. Entendemos que hacer pastoral no es solo guiar, sino también dejarse guiar por la realidad y acompañar, con la palabra eficaz, a quienes necesitan esperanza. El padre Tojeira dejó una cantidad importante de escritos, entre homilías, libros, editoriales y artículos. Su prosa era agradable a la lectura y, mejor aún, hacía reflexionar. Esto se debía a que el padre Chema amaba a la poesía. Es posible que algo de poeta hubiera en una persona tan sensible como él. Resulta un enigma saber si entre sus papeles personales, entre los borradores de sus artículos, se coló algún verso. Era bonito escucharlo dando sus opiniones sobre los poemas o cuentos que él tenía que evaluar como jurado del certamen literario que, año con año, celebra el CRAI con motivo del aniversario de los mártires. Con él se pierde también un excelente colaborador de dicho certamen. El padre Chema tenía una especial predilección por los poetas místicos. Uno podría pensar que a la cabeza de ellos estaba Fray Luis de León. Y amaba también a los poetas del Siglo de Oro, y a otros, un tanto más próximos en el tiempo, como José Ángel Valente, quien tiene mucho de filosófico, de reflexivo. En un artículo suyo sobre sus compañeros jesuitas, citaba al Quevedo que fustigó los vicios de la Castilla de su tiempo: “Aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida”. En las palabras luminosas de Quevedo, brillaba el instante terrible del martirio. Hay otro texto suyo sobre la mística cristiana, titulado “Espiritualidad en la vida cotidiana”. Citando a Fray Luis, quien describía al “sabio que se retira/ de aqueste mundo malvado,/ y con pobre mesa y casa/ en el campo deleitoso/ con solo Dios se acompasa/ y a solas su vida pasa/ ni envidiado ni envidioso”, Tojeira decía que la verdadera mística no es escapar del mundo. “La mística no debe partir de una huida, sino de una mirada trasfigurada al mundo en que vivimos. A nuestra propia vida personal y a la vida de nuestros prójimos. A nuestra realidad de seres dialogales, en relación siempre con los otros, y en relación también con la casa que habitamos, con el mundo como morada de todos.” Esta última expresión nos recuerda la de Menéndez Leal, quien decía que la ciudad debía ser “casa de todos”. Esas citas, como puede verse, no eran alarde de erudición literaria, sino apoyos en la expresión de sus ideas. Se apoyaba en estos poetas y escritores para extraer, de la fuente común de la palabra, la mejor forma de poner en común sus planteamientos. En este ejemplo, es Miguel de Cervantes quien sale al encuentro de lo que Chema quiere expresar: “La utopía cristiana une el realismo de quien sabe de nuestra materia pecadora con la confianza segura en el Señor. ‘Caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma’, se decía a sí mismo Don Quijote al iniciar sus aventuras. Peregrino en la vida, el cristiano es el que conoce que al final seremos juzgados por el amor que hayamos tenido, y que solo el amor y la misericordia persistirán como realidad creada”. Su calidad humana, que le hizo estar próximo a los que sufren, también le hizo acompañar a su modo a un poeta que de alguna manera encarnó en su vida la marginalidad y los extremos más hirientes de la realidad: Salvador Juárez. Sin “perseguir la gloria ni dejar en la memoria de los hombres su cantar”, el padre Tojeira acompañó humana y poéticamente a este hermano poeta. Prologó dos de sus libros y participó en el acto de presentación. Sus palabras sabían bucear en el drama humano del autor y rescatar de él las semillas de esperanza. Salvador le tenía un gran cariño y siempre que pasaba por la UCA pasaba a saludarlo. Imaginamos que es probable que lo haya recibido con versos después de su adiós. Esa humani

La independencia del 15 de septiembre de 1821 no es la de Bukele, que se ha hecho una a su medida. Aquella no se ajusta a sus ambiciones. Pertenece a un pasado del cual prescinde. La suya es totalmente nueva. Aquella escapa a su control, mientras que de esta dispone a su antojo. Los próceres de 1821 declararon la independencia de Centroamérica como una totalidad. Escribieron una Constitución y organizaron un Estado federal donde cabían todos los países de la región. El proyecto fracasó por razones que aquí no vienen a cuento. En consecuencia, El Salvador nace como parte de un todo mayor. Conmemorar la independencia, al margen de Centroamérica, es desconocer la realidad histórica. Un mal comienzo para quien pretende crear un país nuevo, porque el futuro está determinado por el pasado y el presente. No se puede construir futuro sin contar con los condicionamientos existentes. El interés presidencial no es honrar la tradición de la nación, sino usarla para reforzar el autoritarismo. El sentido literal de la voz “independencia”, no depender de nada ni de nadie, sirve bien a esa finalidad. Una ilusión, porque los entes no están aislados. Las cosas son lo que son porque están en respectividad unas de otras. Bukele imagina que construye un país libre de influencias externas, una empresa imposible en un mundo cada vez más globalizado. Su invento depende de préstamos e inversión extranjera, del comercio exterior, de la moneda estadounidense y de las remesas. Piensa que nadie le puede decir qué hacer, pese a que su futuro inmediato depende de Trump. En tres años, cuando este sea relevado, su posición se debilitará. Bukele conmemora la independencia de los tratados, los organismos y las obligaciones internacionales, que considera “imposiciones inaceptables”; y de la institucionalidad democrática, un obstáculo perverso. Aun cuando se imagina independiente de la comunidad internacional, le molesta muchísimo sus reclamos y sus críticas. Si fuera tan independiente, tal como alega, estos debieran tenerle sin cuidado. Pero no puede, porque anhela que la comunidad internacional lo reconozca como el creador de un modelo de país inédito. El afán de fama mundial lo mantiene atado al qué dirán. Las contradicciones son habituales en la retórica presidencial. El subdesarrollo o la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades de la mayoría de la población salvadoreña no son obra de extranjeros entrometidos, sino de las oligarquías, que desde siempre han sabido acomodarse a las circunstancias para acaparar la riqueza nacional. Décadas atrás, Estados Unidos intervino con la connivencia de la oligarquía y los militares. Este es el caso de la Alianza para el Progreso, del consenso de Washington, de la AID, de los agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses y de la guerra contrainsurgente. En la actualidad, de la lucha contra el narcotráfico en altamar. Buena parte de los millones de dólares prestados y donados fueron a parar a los bolsillos de quienes colaboraron con los estadounidenses. El responsable no está afuera, sino dentro. Tampoco se puede sostener con verdad que la independencia de Bukele haya traído prosperidad. La inversión directa extranjera no solo es de las más bajas de la región, sino también tiende a disminuir. El crecimiento económico es lento. El déficit comercial tiende a crecer, dado que el país importa más de lo que exporta. El déficit fiscal y la deuda pública tienden a aumentar. Los servicios sociales tienden a deteriorarse. Ciertamente, a las mayorías no les va mejor con la nueva independencia, donde las oligarquías antiguas y recién llegadas deciden. El modelo de país inédito, donde el nivel de vida de la mayoría de sus habitantes no aumenta y donde estos viven aterrorizados por los agentes de seguridad, tiene mucho de antiguo. La fuerte presencia militar en el desfile del 15 de septiembre confirma que El Salvador que se dice nuevo no es diferente de la dictadura militar del pasado. Si “la seguridad nos devolvió la paz”, el despliegue de efectivos, armamento y vehículos de combate muestra que el país de Bukele está en pie de guerra, al estilo de las potencias imperialistas, pero ante un enemigo desconocido. En cualquier caso, el nuevo país disfruta del espectáculo, las armas y los uniformados. La independencia conmemorada no es la de 1821, sino la que inauguró el régimen de excepción. El discurso presidencial recurrió a la de 1821 para legitimar el “nuevo El Salvador”, modelado sin embarazo ni impedimento alguno, no “por nosotros y para nosotros”, sino por y para la familia Bukele. Ahora ellos, los Bukele, son “infinitamente más independientes de lo que jamás” fueron. Dios lo permite porque respeta la libertad de la humanidad. Pero Él tiene la última palabra. Cuando llegue el momento, preguntará, como a Caín, qué has hecho de tu hermano. Las obras de Bukele, el criterio incuestionable, no son las de un enviado divino con una misión liberadora.

En un proceso de militarización, las fuerzas militares asumen roles y tareas que más bien le corresponden a instancias civiles. Complementariamente, el militarismo es la ideología que postula la primacía del ejército y los valores que le están asociados. Militarización y militarismo están estrechamente relacionados. El militarismo da paso a la militarización, y esta a su vez potencia a la ideología militar. Hoy en día, la militarización ha cobrado fuerza en diversas regiones del mundo. En América, los países con democracias más consolidadas, especialmente en el sur del continente, mantienen a sus fuerzas armadas sujetas a la autoridad civil; en otros, especialmente en Centroamérica, los militares han recuperado el protagonismo de épocas pasadas, a pesar de los crímenes cometidos y el historial de corrupción de sus altos mandos. El afán de resolver los problemas a través del uso de la fuerza se abre paso ante la debilidad de las instituciones civiles. En el fondo de los procesos de militarización está la creencia de que los militares son más competentes. En El Salvador, uno de los mayores logros de los Acuerdos de Paz fue redefinir el rol de la Fuerza Armada, limitándola a la defensa del territorio y de la soberanía nacional, y dejando la labor de la seguridad ciudadana en manos de una Policía Nacional Civil independiente del estamento militar. En este sentido, el actual proceso de militarización en el que el país está inmerso es una involución. Una involución, eso sí, muy popular, que descansa, entre otros factores, en una imagen de disciplina militar que se contrapone al desorden y la inconsistencia institucional que han caracterizado a la mayoría de las autoridades civiles salvadoreñas. Ahora bien, la disciplina militar descansa en la obediencia; la subordinación absoluta al que manda es su principio fundamental. Por ello, designar a un militar para que ejerza funciones civiles garantiza, por un lado, obediencia ciega a quien lo nombra y, por otro, una administración que actúa con base en órdenes que no admiten réplica. Durante la guerra, la lógica de la obediencia ciega facilitó la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Hoy, esa misma lógica permite la captura de personas inocentes para cumplir cuotas de detenciones o para silenciar voces críticas. En la misma línea, confiar la educación de la juventud a militares busca formar ciudadanos obedientes y dóciles, sin pensamiento crítico, sin autonomía, sin diversidad de ideas. El nombramiento de militares en puestos civiles en países con cultura e historia autoritarias no augura un buen futuro para sus pueblos. La evidencia demuestra que la militarización no es eficaz para mejorar la seguridad en el largo plazo ni para formar personas abiertas al diálogo y al respeto de la dignidad humana. Más que fuerza y obediencia, Latinoamérica en general y El Salvador en particular necesitan cultura, tolerancia al disenso, derechos humanos, justicia social, paz.

Hace muchos años, dos compañeros y yo estábamos en un pasillo del Módulo B esperando a alguien. Frente a nosotros pasó Mauro, el mítico e histórico profesor de matemáticas con quien habíamos cursado las materias básicas del cálculo de la ingeniería y la arquitectura, y nos dijo: “Vengan, voy a darles algo a cada uno”. Desconcertados, lo seguimos hasta a su oficina y nos dijo: "Vaya, tomen" y, acto seguido, nos dio un dólar a cada uno. Mauro era así. Espontáneo, bromista, carismático y cercano. Le gustaba ser ese profesor detallista, atento y dispuesto a ayudar y escuchar a sus estudiantes. No recuerdo cómo terminó esa tarde, pero estoy segura de que debió habernos tocado la guitarra y que nos terminó de alegrar el día con sus anécdotas sobre los mártires y su vida en la UCA. Sus materias no eran sencillas. Enseñaba lógica matemática, funciones, límites, derivadas, ecuaciones diferenciales, sucesiones, coordenadas polares y cilíndricas, teoremas, integrales múltiples y todas esas cosas a las que uno les tiene miedo cuando está en la universidad. Sin embargo, él tenía el don de poder desentrampar hasta el enredo más complicado y de poner en lenguaje simple y universal aquello que para la mayoría era inentendible. “¿Te quedaste? Yo sé que te quedaste”, solía decirnos cuando miraba nuestras caras enmarañadas en medio de sus clases, y no le importaba repetir y repetir el mismo tema hasta hacernos entender. Era paciente. Procuraba mantener el mismo ritmo para que todos pudiéramos seguirlo, pero lo que realmente sorprendía de su rol como maestro era su humildad, su empatía y su compromiso social con la educación. Originario de Chalatenango, se graduó como maestro normalista con especialidad en matemáticas y física y estudió las licenciaturas en física, química y matemática en la Universidad de Berna, Suiza. Por su talento natural para las ciencias exactas y su excelente desempeño como estudiante, tuvo la oportunidad de haberse quedado en ese país o de llevar una vida tranquila en cualquier otro, pero, entre tantas opciones, escogió regresar a El Salvador y compartir con nosotros todo lo que aprendió. Fue profesor de la UCA desde 1981 hasta 2019. Su trayectoria académica incluye importantes publicaciones de libros y cuadernos de cátedra de matemática para educación básica, preuniversitaria y universitaria, abarcando niveles de pregrado, grado y posgrado. Impartió Matemáticas I, II, III y IV, y colaboró en el diseño de muchos planes de estudio de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. A pesar de ello, no fueron sus conocimientos ni sus múltiples titulaciones lo que lo hicieron trascender. Aún con toda su formación, Mauro era un profesor generoso que acompañaba y se rebuscaba por hacernos partícipes del aprendizaje; era el profesor que jamás iba a humillarnos por no entender o no saber. En Mate IV, recuerdo que nos dijo que nos imagináramos cómo se movería un chicle pegado a la llanta de una bicicleta para explicarnos el comportamiento de una función, y fue precisamente eso lo que hizo que generaciones enteras lo recordemos con tanto cariño. Cuando llegaba un becario nuevo a la Facultad, él, junto a la ingeniera Merlos, se encargaba personalmente de brindarle tutoría, acompañarlo y darle consejo. No toleraba un “no puedo” para justificar una mala nota, y a todo el que se atrevió a decírselo le contestaba, desde su ejemplo y su vida: “Si yo pude, vos podés”. Muchas veces, incluso, pagó de su propia bolsa tutores personalizados para atender a los estudiantes con mayor necesidad que solían creer que no podían o que se encontraban en desventaja, y no era extraño que nos comprara el almuerzo o un refrigerio cuando notaba que ya llevábamos varias horas estudiando en el mismo lugar. En mi experiencia personal, su cercanía y apertura me hicieron compartirle que me gustaba escribir poesía. Sin dudarlo, me pidió mis poemas y por pura iniciativa propia empezó a musicalizarme algunos. El más emblemático, “Mujer de la calle”, lo musicalizó de tal forma que acabamos declamándolo y cantándolo juntos en varios eventos y lugares. Mauro no era el profesor que se queda en el aula. De manera perspicaz, le gustaba enseñarnos que lo más importante era la humanidad, y que el miedo más grande no se le debía tener a la matemática, sino a perder nuestra fragilidad y nuestra empatía. Su partida deja un enorme vacío. Se va en medio de dos semanas trágicas en las que también hemos dicho adiós a los sacerdotes jesuitas Rafael de Sivatte y José María Tojeira. Se va, pero nos deja un gran legado que perdurará. Así que, Mauro, aunque ya no estés físicamente, “te quedaste, yo sé que te quedaste”; te quedaste con nosotros para siempre y nos dejaste la prueba de que sí se puede enseñar con el corazón.

“Hace un año nosotros no podemos tener acceso a las autoridades centrales”, dijo Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), al referirse a la falta de diálogo con las autoridades centrales del ISSS.

Se pueden decir tantas cosas de Chema Tojeira que cualquier espacio como este se queda corto. Y es que desde que llegó a Centroamérica en 1969 siendo todavía un joven estudiante jesuita de 22 años, comenzó a escribir una historia de servicio que se prolongó por 56 años, tiempo en el que hizo el bien por donde pasó. En Honduras, ya como sacerdote, acompañó pastoralmente a campesinos y campesinas, cuyos padecimientos y esperanzas sellaron su vida para siempre. Dirigió allá a Radio Progreso, el medio de comunicación con mayor credibilidad en ese país y en 1981 fundó, junto a otros jesuitas, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), un centro social que es un referente para comprender la realidad hondureña y al que los más pobres sienten como un aliado cercano de sus causas y luchas. El Salvador le abrió las puertas en 1985 y Chema le entregó su corazón a este pueblo del que, una vez cumplidos los requisitos legales, se hizo ciudadano a finales de los años ochenta. Chema fue un salvadoreño más, su inculturación fue sorprendente, desde su lenguaje hasta sus gustos, pero sobre todo porque hizo suyos los problemas, clamores y alegrías de la mayoría de la población. En 1988, fue nombrado provincial de los jesuitas de Centroamérica, cargo que le permitió recorrer la realidad de los otros países de la región y amar también a sus pueblos, comprobando que compartían historias, sufrimientos y esperanzas. Siendo provincial, le tocó vivir y enfrentar la masacre de la UCA en 1989. El rol que jugó exigiendo justicia por el magnicidio de sus seis compañeros y dos mujeres lo hizo una figura pública en El Salvador y más allá de sus fronteras. La valentía con la que enfrentó al poder de entonces, su serenidad a la hora de desvelar las mentiras de los perpetradores del crimen y la férrea búsqueda de la verdad lo convirtieron gradualmente en un referente ético para el país. Después fue rector de la UCA durante 14 años, plataforma que amplificó tanto su voz como el reconocimiento hacia él de personas y sectores cristianos, académicos y sociales, nacionales e internacionales. A pesar de ocupar cargos encumbrados, Chema nunca abandonó su humildad. Cuando terminó su rectorado en la UCA en 2011, le preguntaron cuál era su legado, a lo que él contestó, desde su modestia, que tal vez haber sembrado varios cientos de árboles en el campus. A propósito de su reciente y sorpresivo fallecimiento el 5 de septiembre, ya se ha escrito algo —y en los próximos días se escribirá mucho más— destacando sobre todo los cargos que desempeñó y el eco que tuvo su voz. Las innumerables manifestaciones de pesar y solidaridad por su fallecimiento a la Compañía de Jesús y a la UCA son solo una muestra que refleja lo que el padre Tojeira representó para mucha gente y para la historia de este país. Aquí queremos destacar algunas de las características que lo hicieron una persona extraordinaria, muy querida y apreciada, y que ahora se convierten en un poderoso llamado para todos y todas aquellas que quieren aportar a El Salvador en una etapa compleja de su historia, como la que le tocó vivir a él. Desde su inspiración cristiana y espiritualidad ignaciana, Chema fue, ante todo, una persona compasiva y comprometida con el dolor y la suerte de los pobres. Demostró con su vida que la mejor manera de amar a Dios es servir a los demás, especialmente a los más sufridos. Puso su privilegiada inteligencia al servicio de los excluidos y marginados para evidenciar las raíces históricas y estructurales que producen injusticia y perpetúan la exclusión. Por ello, entendió que su responsabilidad desde la UCA trascendía el campus universitario, y se comprometió con la transformación del país, dando continuidad al legado de los mártires que ofrendaron su vida por decir la verdad. Por eso, Chema defendía la causa de los excluidos desde la palestra de los medios de comunicación y participaba en toda comisión, gubernamental o de la sociedad civil, a la que era invitado, siempre y cuando fuera para resolver algún problema que afectaba a personas o al país. Otra de sus características es que era una persona serena y capaz de conservar la compostura aún en situaciones que hubieran tumbado a cualquiera. Su palabra oportuna y valiente, que transmitía con serenidad, iluminó situaciones nacionales críticas, a la vez que transmitía esperanza. Su realismo no se contraponía a su constante optimismo. Otro rasgo envidiable de Chema era su buen humor. No había conversación en la que no aflorara su alegría contagiosa. Era capaz de expresar las cosas más serias esbozando una sonrisa, pero sin ningún asomo de burla. Desde su serenidad, podía decirles las verdades a los poderosos o a sus detractores, sin recurrir nunca a la ofensa. Su presencia y su voz imponentes hacían difícil no tomar en serio sus intervenciones. Incluso cuando sus denuncias de violaciones a los derechos humanos lo hicieron blanco de ataques hasta de la más alta autoridad, Chema nunca respondió irracionalment

La inauguración simultánea de cinco mercados fue la plataforma escogida por Casa Presidencial para lanzar la última ocurrencia sobre cómo enderezar el país. Las “décadas de abandono” ya no solo serían culpa de malhadados gobiernos anteriores, sino también de la mala educación, la descortesía y la incivilidad. En consecuencia, el régimen de excepción ha emprendido la tarea de imponer orden y disciplina militar. Y, fiel a la tradición autoritaria, ha comenzado por los mercados y la educación pública, dos de los sectores más débiles y vulnerables. La dirección centralizada de los mercados impondrá buenas maneras, limpieza y orden a los usuarios. La basura, los escupitajos y el orinar de los varones en sitios públicos desaparecerán. Los hombres tendrán que aprender de las mujeres, que son más educadas o más discretas. Las vendedoras y los comerciantes ya no estarán solos; Casa Presidencial cuidará de ellos. Hará desaparecer las mafias, el tráfico de influencias y la corrupción, características de la gestión municipal anterior, aun cuando la mayoría de alcaldías está en manos del oficialismo. La estabilidad, la legalidad y la rendición de cuentas harán que los mercados “funcionen como debe ser”. Si hubiera verdad en este discurso, habría un cambio radical en una gestión gubernamental que desconoce la estabilidad, la legalidad y la rendición de cuentas. En la educación pública, una capitana del ejército se encarga de imponer disciplina, urbanidad y civismo. La presentación de la población escolar debe ajustarse al criterio militar. Las convenciones militares evitarán la conformación de pandillas de toda clase. Las decenas de miles de encarcelados, los miles de muertos y los innumerables desaparecidos son resultado, según la interpretación presidencial, de “no haberles aplicado disciplina cuando eran niños”. La responsabilidad es tanto de los padres como del Estado. Un descuido que este pretende corregir con la imposición de disciplina militar en las escuelas públicas. El discurso del orden y la disciplina suena bien a las mentalidades rigoristas, conspiranoicas y oficialistas, pero no resiste la confrontación con la realidad. El enfoque y la solución pecan de simplismo. La informalidad es inevitable dada la ausencia de empleo formal. La penuria no se debe al desorden de las finanzas de la inmensa mayor parte de la informalidad, porque no hay finanzas que ordenar. Las vendedoras y los comerciantes de los mercados no viven en la suciedad por gusto. El hacinamiento, la insalubridad ambiental, la escasez de agua, un nivel educativo bajo y la falta de medios, en general, les impiden desenvolverse en condiciones humanas. Los pobres no son víctimas del desorden (a diferencia de los ricos, que serían muy ordenados), sino de una estructura social excluyente, desigual y, por eso, violenta. La escandalosa acumulación de riqueza en pocos empuja al resto de la población hacia la pobreza. El fenómeno de las pandillas está relacionado con el desorden, pero no solo de las generaciones más jóvenes, sino de la sociedad en su conjunto. Más aún, el desorden es un síntoma, no la causa. Forzados a rebuscarse la vida en condiciones muy adversas, los padres abandonaron a sus hijos, que se criaron en las calles. No encontraron acogida en los centros educativos, ni espacio en centros comunales y deportivos, ni en los templos. Nadie les brindó atención y cariño. En la calle aprendieron junto con sus pares. Crearon una identidad y una cultura propia. Pronto aprendieron que la violencia, de la cual habían sido víctimas o testigos, era el medio para sobrevivir en una sociedad que los excluyó y les negó la educación, el empleo y las oportunidades. En el proceso, se deshumanizaron. Atribuir este fenómeno a la indisciplina escolar es simplista. Así como es farisaico identificarse con el “dolor terrible” de las madres con hijos encarcelados y con el “más horrible” aún de aquellas con hijos muertos o desaparecidos. Más sentido tiene el programa Crecer con Cariño. Pero abrir esa posibilidad demanda una inversión que el oficialismo no está dispuesto a hacer. La opción no es nueva. El segundo presidente de Arena decidió, justamente cuando el fenómeno de las pandillas cobraba forma, que seis años de primaria eran suficiente educación para una juventud destinada a la maquila, en ese entonces, el gran proyecto del capitalismo neoliberal. Ahora la dictadura se decanta por el ordenamiento militar y el maestro sargento, una salida barata para someter a las nuevas generaciones. Esta opción, sin embargo, está reñida con uno de los eslóganes más queridos del oficialismo. Unos cuantos puentes, mercados y centros escolares renovados no son más que una porción pequeña de “lo público”. Para que este fuera mejor que lo privado, la inversión en educación debe ser cada vez más voluminosa; la infraestructura escolar debe estar en mejora continua; la alimentación, suficiente y balanceada para superar la falta de peso y estatura; los planes de estudio, en actualización

La discusión sobre la reelección presidencial en el país se ha movido entre dos extremos: o está permitida, o está prohibida. Sin embargo, a nivel internacional existen diferentes modelos que regulan la continuidad de un presidente en su cargo, desde la prohibición absoluta, pasando por sistemas flexibles, hasta la reelección indefinida. En el caso de El Salvador, desde 1983, la Constitución permitía la reelección diferida, es decir, un expresidente podía volverse a postular, pero no de manera consecutiva. Este tipo de modelo busca evitar la concentración de poder y fomentar la alternancia democrática, favoreciendo la continuidad de proyectos políticos, no la de una persona. No obstante, en 2021, la Corte Suprema de Justicia —nombrada para estar alineada con el Ejecutivo— ­­­emitió un fallo en el que se habilitó la reelección inmediata, pero con restricciones, tal como ocurre en Estados Unidos, donde un político puede aspirar como máximo a dos periodos presidenciales. El giro más radical ocurrió en julio de este año, cuando la Asamblea Legislativa —controlada por el partido oficial— aprobó la reforma que habilita la reelección indefinida, eliminando cualquier tipo de restricción para la permanencia en el poder. Este modelo, similar al de Venezuela y Nicaragua, permite que una misma persona se postule indefinidamente. Este cambio se ha justificado, en parte, por la alta popularidad de Nayib Bukele, quien, tras seis años de gestión, mantiene altos niveles de aprobación ciudadana. Según la encuesta del Iudop de mayo de 2025, el Gobierno recibió una calificación promedio de 7.85; además, el 67.3% de los encuestados expresó tener mucha o alguna confianza en el mandatario. No obstante, esta popularidad no se traduce en simpatías para Nuevas Ideas. Según el sondeo del Iudop, a pesar de que el partido oficial cuenta con casi la totalidad de escaños en la Asamblea, solo el 37% de la población expresó sentirse muy o algo satisfecho con el trabajo de los diputados, y apenas un 17.4% consideraba que este órgano del Estado representa a toda la población. Además, solo un 25.5% dijo estar muy o algo satisfecho con el trabajo de los alcaldes. Otro dato importante lo revela la encuesta preelectoral de enero de 2024: el 46.9% de quienes pensaban votar por Nuevas Ideas afirmaron que no votarían por dicho partido si el candidato no fuera Bukele. Tras las elecciones, ese porcentaje aumentó a 53.4%. Lo anterior sugiere que el partido pudo perder más de 1.4 millones de votos sin su líder. En ese escenario, dado que la población no se identificaba con otra opción política, la participación electoral podría haber disminuido del 52.6% al 29%, tan baja como la registrada en la elección de alcaldes (30.1%). En otras palabras, Nuevas Ideas no ha logrado consolidarse como una fuerza política autónoma y con arraigo social; por el contrario, es clara su dependencia de la figura presidencial. Por ello mismo, la reelección indefinida se ha convertido en una estrategia política de supervivencia, que, junto con la reducción de diputados, la reestructuración municipal y la complicidad del Tribunal Supremo Electoral, busca mantener en el poder al partido oficial a costa de la representación política, la rendición de cuentas y el equilibrio de poder. Estos cambios no constituyen un fenómeno nuevo en la historia del país. En 1996, la UCA advertía en su revista ECA que “el cambio continuo y repentino de las reglas electorales atenta gravemente contra su garantía y continuidad”. En ese momento se refería a las reformas políticas impulsadas por Arena para favorecerse, y que solo fueron posibles por el control que tenía en la Asamblea Legislativa. Hoy, casi tres décadas después, Nuevas Ideas repite la historia, consolidando un modelo de poder que dinamita los principios democráticos. El oficialismo ha utilizado a la población como instrumento para legitimar estas reformas. En mayo de 2025, el 70.6% de los encuestados por el Iudop estaba de acuerdo con la posibilidad de que Bukele continuara en el poder otro período presidencial, el tercero. Sin embargo, la encuesta preelectoral de 2023 reveló que, aunque el 69.9% de la población mencionó estar de acuerdo con la participación de Bukele en la elección de 2024, un 57.4% conocía la prohibición constitucional sobre de reelección inmediata, el 46.8% consideraba muy o algo peligroso que Bukele no respetara dicha disposición y el 43.7% consideraba que Bukele no estaba respetando la Constitución al presentarse como candidato. Asimismo, 51.3% indicó que con dicha participación sería más difícil que otros funcionarios respetaran la Carta Magna. Lejos de implicar una contradicción, estos datos reflejarían un sacrificio consciente de parte de la mayoría de la población, motivado principalmente por el temor a regresar a un contexto de inseguridad. Un temor comprensible del cual ha sabido sacar provecho el aparato de comunicación gubernamental, que ha instalado la idea de que solo Bukele puede garantizar la segurid

La Constitución salvadoreña es enfática a la hora de decir que el Estado está al servicio de la persona humana. La persona es “el origen y el fin del Estado”. El Estado está por tanto a su servicio y debe brindarle libertad, cultura, salud, bienestar económico y justicia social. Son palabras prácticamente textuales del primer numeral de la Constitución. Sin embargo, se dan desde hace ya muchos años y diversos gobiernos, limitaciones y contradicciones no solo con el artículo primero de la Constitución, sino también con muchos otros numerales de la misma. Recorreremos algunos de esos desafueros desde situaciones actuales. Recientemente se quejaba un sindicato de aproximadamente 400 despidos de trabajadores municipales. El control estatal de la recogida de basura y el inicio de dichas funciones ha sido la causa del múltiple cese laboral. Aunque hay quejas al respecto, podemos suponer que se les ha dado prestaciones. Pero ni este gobierno ni los anteriores han sabido integrar la necesidad y obligación estatal, coherente con el derecho al trabajo, de dar lo que se suele llamar prestación del desempleo. Como por ejemplo, dar mensualmente, durante seis meses máximo, un 60% del salario que recibían los trabajadores despedidos, mientras no consiguen un nuevo trabajo. Los gobernantes, de cualquier partido que sean, son servidores públicos. Tienen que pensar siempre en cómo servir mejor al ciudadano que lo mantiene con sus impuestos Algo parecido podríamos decir de los vendedores ambulantes, o incluso pequeños empresarios desalojados de sus lugares habituales de negocio. Generalmente se les deja en el aire, sin que el Estado que los desaloja se responsabilice de mejorar su situación. Ofrecerles lugares dignos para sus ventas, formalizar su trabajo con una ley adaptada a este tipo de trabajador autónomo, darles los mismos derechos de cualquier trabajador no es un regalo. Al revés, es un derecho de los vendedores y una obligación estatal. Al menos eso es lo que se deduce de la obligación de brindar a los ciudadanos bienestar económico y justicia social. Las pensiones no contributivas se comenzaron a dar durante los gobiernos del FMLN a los mayores de 70 años que no habían cotizado. Era una cantidad pequeña y hubo meses que no se pagó. Se le dio solamente a una pequeña proporción de quienes estaban en esa situación. En la actualidad, el número de los que reciben esa prestación ha ido descendiendo. Todavía hoy la mayoría de quienes tienen mas de 70 años no reciben ninguna prestación monetaria, aunque haya trabajado toda la vida e incluso continúen haciéndolo más allá de los 70 años. Los campesinos, las mujeres dedicadas al cuido de muchos hijos o nietos, se ven privadas de un apoyo estatal que es cuestión de justicia. Porque todo el que trabaja produce valor y riqueza. Y el Estado debe reconocérselo. No considerar el cuido de niños y ancianos como trabajo es una aberración machista, dado que la mayoría de personas que hacen dicho trabajo son mujeres a quienes no se le reconoce la importancia social, cultural y económica del cuido, más allá de que no coticen a ningún seguro. La Constitución exige también cultura y educación. Llevamos 40 años estancados en la exigencia de terminar noveno grado. Desde hace tiempo, incluidos gobiernos anteriores, era necesario que el bachillerato fuera obligatorio si queremos avanzar en el desarrollo. Pero la tendencia de quienes han administrado el poder ha sido la de dar de palabra prioridad a la educación y al mismo tiempo, de hecho, no invertir en educación lo suficiente para que esta sea de calidad y universal. Ahora han metido el tema de la urbanidad como prioritario, incluso amenazando con perdida del año lectivo por no dar los buenos días adecuadamente. El tema, que prácticamente viola el interés superior del menor con el que nos comprometimos al firmar la Convención del menor, nos distrae de la necesidad urgente de invertir más en educación y dialogar más con los maestros sobre cómo avanzar en calidad. El gobernante, el funcionario, el empleado estatal son servidores públicos. No puede decirse que todo lo que hagan es malo. Pero tienen que reflexionar sobre cómo avanzar en todos los campos del desarrollo humano. Que algunos funcionarios se llenen la boca diciendo que no quieren saber nada de la agenda 2030 ni de sus objetivos de desarrollo sostenible es escandaloso. Que se despreocupen de hecho de algunas de las necesidades de la población es fatal. Y que se persiga a quienes defienden derechos básicos o fundamentales es llevar al país a un camino que terminará en decepción y fracaso.

En el país, se ha intensificado la imposición de un discurso centrado en la disciplina, la obediencia y el control como pilares del orden público, desplazando así el debate y las políticas estatales para garantizar derechos como la educación, la salud y la seguridad social. El miedo, el encarcelamiento y la militarización son presentados como soluciones definitivas a los problemas estructurales. En síntesis, bajo el paradigma gubernamental, la represión es la medicina definitiva.

Los dos puentes recientemente inaugurados son un portento para el oficialismo. Construidos con la técnica atirantada, una modalidad novedosa en el país, no solo salvan el obstáculo del río Torola, sino también, de acuerdo con la retórica de la inauguración, están destinados a conducir a un futuro extraordinario. En efecto, los puentes de San Antonio y Carolina dejarían atrás “décadas de abandono” al introducir prodigiosamente en un mundo maravilloso. Las comunidades aisladas del otro lado del río verán cómo se levantan infraestructuras hasta ahora negadas y cómo proliferarán el empleo, las oportunidades, el turismo, la educación, la diversión y la dignidad. Estas novedades no serán inmediatas. Bukele no les puso fecha. Sus habitantes tendrán que armarse de paciencia y aguardar confiadamente el cumplimiento de sus promesas. De hecho, Bukele inauguró los puentes con más de dos años de retraso. Mientras tanto, sus habitantes disponen de un espacio “perfecto para pasar un rato con la familia”, dotado de miradores y plazas para contemplar el atardecer o, si lo prefieren, el amanecer. Incluso encontrarán facilidades para practicar el bungee jumping —en inglés suena más interesante—, un deporte extremo, que consiste en saltar al vacío desde el puente. Y durante la noche, podrán admirar la “iluminación arquitectónica” con luces LED de “este puente tan lindo”. Las comunidades no deben desesperar. Bukele les dejó claro que “puede que falten algunos años” para disfrutar de la prosperidad y el bienestar. Las décadas de retraso y desidia no se superan “de la noche a la mañana”. Más aún, nunca se superarán completamente, porque “siempre habrá muchas necesidades” a causa de la pobreza y del subdesarrollo. Estos son dos obstáculos demasiado grandes, incluso para él. Por eso solo se comprometió a “ir paso a paso mejorando”. Eso sí, “con muchas ganas”. Las comunidades deben conformarse con su suerte, no hacerse falsas ilusiones y confiar en su liderazgo. Los puentes nuevos agotan sus posibilidades en la inauguración. En la otra orilla no hay bonanza alguna, sino lo mismo de siempre. En más de seis años, la economía de Bukele no ha alcanzado la estabilidad y la versatilidad de los dos puentes atirantados. Importa más de lo que exporta, la vida es cada vez más cara, el mercado interno languidece, el sistema fiscal es regresivo, la deuda está descontrolada y el fondo de pensiones se agota. El auge de la construcción infla una burbuja. Solo las remesas proporcionan algún alivio. Sin una ubicación geoestratégica, sin petróleo, ni minerales, ni tierras raras, sin inversión pública sostenida y sin política económica viable, las posibilidades de crecimiento son pocas. El desarrollo económico no surge prodigiosamente. Las ganas no son suficientes. El régimen de excepción y su megacárcel y la creciente centralización de la gestión gubernamental no han dinamizado la economía. El sistema hospitalario controlado por Casa Presidencial no prestará servicios más eficaces y oportunos. El oficialismo asume gratuitamente que el control directo de Bukele es garantía de éxito. Es humanamente imposible que sepa qué retretes están sucios en las dependencias gubernamentales. La creencia en que lo sabe todo, que puede con todo y que todo lo hace bien lo ha convertido en una especie de fetiche. Los privilegios administrativos y las exoneraciones fiscales a los multimillonarios no han arrojado el resultado esperado. La inversión extranjera directa no solo es una de las más bajas de la región, sino que, el año pasado, disminuyó más del 10 por ciento. Mucho más determinante que suprimir impuestos, simplificar la burocracia o conceder la nacionalidad es la seguridad jurídica, es decir, conocer el rumbo del país, implementar políticas consistentes y viables para concretarlo, y contar con un sistema judicial independiente y serio. Los inversionistas también buscan un nivel educativo alto, lo cual va mucho más allá de la disciplina militar y la apariencia externa. En lugar de ocuparse de la raíz de los problemas, la dictadura se deslizar por las ramas. Últimamente le ha dado por emplear grandes sumas de dinero en iluminar infraestructuras como los dos puentes o un mercado renovado, en lugar de dirigir las luminarias hacia la realidad nacional. En los puentes, Bukele se jactó de que, a diferencia de la oposición, él camina bajo las luces LED. Sin embargo, no se atreve a dirigirlas hacia los interiores de Casa Presidencial. Mantiene en la oscuridad datos tan insustanciales como la cantidad de fotomultas. Tal vez porque después de tanta publicidad el equipo está fuera de uso. Esta manera de proceder confirma la desconfianza del inversionista. La inauguración de los puentes fue un espectáculo montado para ensalzar la figura de Bukele, no para celebrar la transformación de las comunidades aledañas. Lo exhibió como luz potente de infraestructuras, pero también como oscuridad densa de Casa Presidencial y de lo que la rodea. La iluminación arquitectónica suscita ad

Con el agua estamos en deuda. Fuente de salud y vida, pero también causa de destrucción y muerte en ocasiones, no hemos sabido aprovecharla ni pensarla de cara a nuestro futuro. No hemos querido suscribir el Acuerdo de Escazú ni tenemos una política del agua que garantice un futuro digno para todos. Hay mucha gente que carece de acceso adecuado al agua y personas en riesgo ante lluvias intensas y temporales. Colonias de clase media que se asientan sobre importantes acuíferos acaban convirtiéndose en los usuarios exclusivos del recurso. A la vez, el agua es comercializada por las empresas constructoras y restringida para quienes viven al otro lado de las plumas que vigilan la entrada a las colonias. La construcción masiva de viviendas en Valle El Ángel es un buen ejemplo de la depredación empresarial de un bien que debe ser de uso común, no privado. Defendiendo el acceso al agua potable y segura como un “derecho humano básico, fundamental y universal”, el papa Francisco denunciaba la tendencia a privatizarla. Pero en nuestro país, la tendencia permanece. E incluso el agua de todos se ve amenazada por una peligrosa y amplia contaminación si no se revoca la ley de minería y se instala alguna de esas empresas mineras depredadoras del medioambiente. En contraste con nuestra situación, esta semana, del 24 al 30 de agosto, se celebra la Semana Mundial del Agua. Para América Latina, el tema es importante. En nuestro subcontinente encontramos un tercio del agua superficial del mundo. Sin embargo, la relación con el agua no es la ideal. Entre 2000 y 2019, más de 150 millones de personas latinoamericanas fueron afectadas por desastres vinculados al agua o a su carencia, sean inundaciones, sequías o tormentas. También entre el norte de México y el sur de Chile y Argentina, 160 millones de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundaciones. Una investigación de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, financiada por la Fundación Rockefeller, analizó la situación de 188 países con respecto a las amenazas del cambio climático: 65 están en riesgo extremo; 30 de ellos están en América Latina. El Salvador forma parte de esa lista, entre los siete de mayor riesgo. El estudio cruza dos elementos que resaltan la vulnerabilidad: por un lado, la ubicación geográfica y la organización social; y por otro, las dificultades de obtener crédito para recuperarse del desastre. Por nuestra ubicación geográfica, por la falta de preparación preventiva del desastre y por la dificultad para adquirir préstamos dada nuestra elevada deuda, nos encontramos entre los siete países latinoamericanos más vulnerables ante desastres climáticos. De poco sirve consolarnos diciendo que estamos mejor que Haití, Venezuela, Guatemala u Honduras. Tomar en serio la prevención es necesario. Ver, desde hace más de 40 años, las montañas peladas en las inmediaciones de Apopa, sin que hasta el presente se haya hecho un esfuerzo serio por reforestarlas, es todo un síntoma del abandono y la inercia en la que nos movemos en la prevención medioambiental. El agua, como el aire, es un bien común y un derecho humano básico. La escasez de agua o su encarecimiento comercial es un atentado contra la vida humana. Por eso, el acceso al agua sana es un derecho inalienable que toda persona puede reclamar. En un país con lluvia más que suficiente para el consumo y el riego, el agua solamente se convierte en problema porque no se la ha cuidado ni se ha trabajado por un acceso amplio y saludable a ella. Y si se convierte en problema destructivo en algunos momentos del año, es también por lo mismo. Hemos sido lentos y remisos para planificar lugares de asentamiento humano, no hemos cuidado los cauces de nuestros ríos ni construido bordos adecuados. El papa Francisco decía en su encíclica sobre el medioambiente que “este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. Prevenir los efectos del deterioro del agua y el medioambiente es defender los derechos de muchos. Perseguir o encarcelar a quienes defienden el agua o el medioambiente es y será siempre una pésima decisión.

Editorial UCA Tanto el sentido común como la Constitución salvadoreña dicen que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado”. Sin embargo, en el marco del funcionamiento del régimen de excepción, algunas familias no solo no gozan de protección estatal, sino que sufren diferentes formas de exclusión y violencia. En los desalojos, cada vez más frecuentes, hay familias que pierden de hecho el derecho a la vivienda sin recibir una indemnización adecuada. Por su parte, las familias de los detenidos tienen que pagar para que estos reciban un poco más de alimento del que habitualmente se proporciona en las cárceles. Además, no los pueden visitar, a pesar de que la legislación internacional defiende las visitas familiares como una actividad fundamental en los procesos de rehabilitación. En El Salvador, no importa que la rehabilitación sea uno de los objetivos constitucionales de la detención carcelaria; a los detenidos se les considera culpables desde un principio y a sus familiares se les trata como si fueran presuntos cómplices. En todas las religiones se considera que la familia es un factor fundamental de humanización y de crecimiento en valores. En todas las legislaciones americanas hay referencias a los valores familiares. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos insiste en que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad. Sin embargo, el régimen de excepción corta de tajo la relación entre los detenidos y su familia. En este sentido, resulta totalmente secundario e irrelevante para las autoridades penitenciarias que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estipule como un principio básico para todos los Estados americanos “la obligación de adoptar medidas orientadas a fortalecer la familia y proteger el vínculo familiar entre las personas privadas de libertad y sus familias”. Los vínculos familiares no solo ayudan a la reinserción, sino que mejoran el comportamiento en las cárceles. Y para quienes pasan tres, cuatro o cinco años en la cárcel sin juicio y sin defensa, el contacto familiar es el mínimo consuelo que una conciencia humana debería ofrecerles. Los funcionarios actuales tienen una confianza ciega en el castigo —cuanto más duro, mejor— para solucionar los problemas de la violencia. Aunque algunos de ellos lo vean como un excelente complemento de un castigo arbitrario, el maltrato y estigmatización de las familias de los detenidos es una forma de violencia injusta, generadora de nuevas violencias. Esta forma de tratar a las familias implica, además, sembrar semillas de criminalidad a largo plazo. Porque si el Estado les niega todo tipo de solidaridad, e incluso persigue a las organizaciones que, en concordancia con la Constitución y el derecho internacional, defienden derechos básicos, empuja a los privados de libertad y a sus parientes al resentimiento social. La estigmatización de las familias de los privados de libertad y la aplicación de castigos de forma indiscriminada y extensiva impiden la construcción de una sociedad solidaria capaz de acrecentar la necesaria amistad social y eliminar los mensajes de odio que tanto daño hacen.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) inauguró las XIV Jornadas de Reflexión Económica, dedicadas a la memoria del padre Francisco Javier Ibizate sacerdote jesuita y economista recordado por su sencillez y compromiso con los sectores más desfavorecidos.

Rodolfo Cardenal 21/08/2025 Algo bueno de la dictadura es su capacidad para sorprender. Hay que reconocer que su inventiva y su descaro no conocen límites. Después de la entrada en vigencia de la legislación contra la corrupción, agregó otra sobre valores y espiritualidad. La primera fue más una exigencia del FMI; la segunda pareciera querer reforzar la honestidad que este último demanda para financiar la deuda. En cualquier caso, la novedad no debe llevar a engaño, porque lo más probable es que el régimen no acate estas legislaciones. También es verdad que ninguna es necesaria, porque ya existen normas e instituciones para garantizar la honestidad gubernamental. Aparte, la persona íntegra no necesita imposiciones externas, porque es consecuente con sus principios. La legislación contra la corrupción obliga al funcionario y a su parentela cercana a declarar anualmente sus posesiones. La declaración es pública, excepto “los datos sensibles”, aquellos que en realidad interesan. De esa manera, la excepción anula la finalidad de la ley y, en consecuencia, todos los funcionarios, sin excepción, son formalmente honestos. La legislación es una simple formalidad. Justamente, en estos días, la prensa puso a prueba esa voluntad de honestidad. Un medio digital puso en tela de juicio el veloz enriquecimiento de uno de los líderes de la legislatura oficialista. Ya en 2021, el diputado en cuestión ocultó en su declaración de probidad la posesión de una vivienda en San Martín. Testificó no poseer ningún inmueble. Posteriormente, en nueve meses, apareció con seis propiedades, desde un apartamento en la Escalón hasta terrenos en el golfo de Fonseca, valorados en medio millón de dólares aproximadamente. Su liquidez y su salario —nada despreciable, por cierto— no explican tamaño enriquecimiento. Al parecer, el financiamiento proviene de un banco estatal que proporciona préstamos millonarios en condiciones especiales a los altos funcionarios y sus familiares. Un privilegio fuera del alcance de cualquiera. Simultánea e incoherentemente, la dictadura agregó a Casa Presidencial una dependencia para promover la moralidad en el sector público, un reconocimiento implícito de la inmoralidad reinante. En consecuencia, formará en principios y virtudes. No solo a los funcionarios, sino también al conjunto de la sociedad. La indecencia no se supera con leyes, sino con prácticas honestas y, por tanto, de cara a la opinión pública. El legislador de novedades no ha superado aún el vicio decimonónico de pensar que legislar es gobernar. La virtud no prevalecerá mientras la dictadura no persiga a los corruptos con la implacabilidad que usó contra los pandilleros. El sermón o la arenga entran por un oído y salen por el otro, porque el corrupto se sabe inmune. En la colonia, los altos funcionarios colocaban sobre su cabeza las órdenes reales, mientras recitaban: “Obedezco, pero no cumplo”. La puesta en práctica de la virtud debe empezar limpiando las dependencias presidenciales. Ensañarse con el estafador o el ladrón de poca monta es insignificante. No convence del compromiso del oficialismo con la honestidad. La legislación de la espiritualidad, que acompaña a la de la virtud, también tiene notas falsas, comenzando por la incapacidad del legislador para definirla. Habla vagamente del “desarrollo integral del ser humano en su dimensión espiritual y existencial”. Una declaración de intenciones sin consecuencias prácticas, dado que no tiene objeto definido. En todo caso, la espiritualidad bien entendida no es materia legislable. Tampoco tiene cabida cuando hay hambre y enfermedad, abandono y miseria. La prioridad es la vida plena, que solo es posible cuando las necesidades básicas están satisfechas. Entonces, se puede comenzar a hablar de la apertura humana a la dimensión sobrenatural. No obstante, la dimensión ecuménica de la ley es positiva y, sin duda, será bienvenida por las confesiones religiosas. Las incluye a todas, sin discriminación, en sus beneficios. Les promete becas y financiamiento. Una promesa inverosímil. A pesar de ello, una declaración inclusiva en una sociedad de exclusiones, descalificaciones y enfrentamientos es novedosa. Un régimen que no pierde ocasión para invocar el nombre de Dios debiera prestar más atención a su palabra. Cabe, pues, recordar aquí algunos principios evangélicos claros y prácticos para crecer en humanidad, en decencia y en profundidad interior. Una dictadura que camina en la oscuridad, porque sus obras no resisten la luz, es ajena al reinado de Dios. En cambio, los constructores de ese reino, los hijos de la luz, caminan de día para que sus buenas obras sean vistas por todos. Aquellos que presumen de rectitud ante los demás no debieran olvidar que Dios los conoce muy bien. Y que lo que la mayoría considera de mucho valor, aplaude y admira, para Dios no vale nada. Y, por último, el mismo Hijo de Dios advirtió que no se puede servir a dos señores, porque se aborrecerá a uno y se amará al otro; o bien será le

El autoritarismo avanza a pasos acelerados en el país y, como es lógico, en la medida en que ha escalado, ha crecido el miedo en la población. Para mucha gente, ese es el precio a pagar por tener seguridad, un bien que le fue negado por décadas. Saben que se violan derechos, pero prefieren eso a volver al pasado. Prefieren sentirse libres para trabajar y desplazarse. Ignorar o no reconocer esto impide comprender la base del respaldo social del que goza Nayib Bukele. La seguridad es la piedra angular sobre la que descansa la propaganda oficial y con la que se justifica todo tipo de medidas, hasta las más impopulares. Lo que queda por aclarar es si la gente es consciente de hacia dónde se dirige el país y de que el miedo es solo el comienzo. La propaganda oficial ha logrado permear en una buena parte de la población. Por ello hay gente que de buena fe cree que la economía de todos mejorará y que las duras condiciones de vida de los más pobres pronto encontrarán alivio. Y ello les lleva a perder de vista que la única situación económica que mejora es la de unos pocos, vinculados al pequeño círculo que hoy en día detenta todo el poder. Por otra parte, puesto que para muchos salvadoreños el Estado de derecho siempre fue un objeto lejano, al alcance solo de minorías, no hay razón para que les alarme la anulación de la institucionalidad pública y de la división de poderes. En la misma línea, acostumbrados a la corrupción gubernamental, un rasgo que ha sido intrínseco a la administración del Estado, no les sorprende el ocultamiento de toda la información pública, incluyendo los gastos. Pero hay otro grupo de salvadoreños que son conscientes de lo que apoyan o de lo que silencian. Saben para dónde va el país, pero por miedo o por conveniencia callan o respaldan públicamente lo que antes condenaban. Cuando esta página de la historia pase, ¿qué dirán los medios de comunicación que para congraciarse con el poder no reportan el crudo drama de los inocentes que guardan prisión sin derecho a ningún tipo de defensa? ¿Qué argumentarán los académicos que tuercen la realidad en perfecta coherencia con el guion del oficialismo? ¿Qué dirán los grandes empresarios —antaño férreos defensores de lo que llamaban “el sistema de libertades”— que avalan con su silencio la corrupción, las graves violaciones a los derechos humanos y el desmontaje de la democracia? ¿Qué será de los jueces que interpretan la Constitución para que diga lo que no dice y que obedecen órdenes y no la ley? ¿Dónde vivirán los que usan el Estado para volverse ricos mientras exigen virtud y rectitud a todos los demás? ¿Cómo se explicará a las niñas y niños que sus padres repitieron los errores del pasado para legarles un país sin futuro?

José M. Tojeira La semana pasada un partido habló de la posibilidad de no presentarse a las elecciones de 2017, Otro dijo que estaban evaluando si se presentarían o no. El adelanto de las elecciones, junto con la posibilidad de reelección indefinida, ha causado preocupación en la ciudadanía. Hay una mezcla de derrotismo y miedo en el ambiente sociopolítico que es a mi juicio tan dañino para la vida democrática como el autoritarismo centralizado hacia el que vamos avanzando. Tanto la sociedad política como la sociedad civil han quedado enormemente debilitadas. Y es probablemente esa debilidad la que conduce a algunos políticos a expresar sus dudas de presentarse o no a las próximas elecciones, pensando que la no participación puede servir para debilitar al gobierno actual. Más allá de las opiniones, que siempre son respetables, conviene reflexionar a fondo sobre el tema. Porque dejarse llevar por el miedo a las dificultades de participar en elecciones cuando el poder establecido tiene un peso excesivo en las instituciones es rendirse por anticipado. Y porque solamente tras una reflexión seria, más que tras una reacción poco pensada, se puede enfrentar la capacidad y habilidad propagandística del actual gobierno para mostrar cualquier decisión ajena en su propio provecho. Lo primero que deben planificar los partidos existentes, antes de decidir si presentarse o no a elecciones, es cómo fortalecerse. Partidos débiles o irrelevantes no tendrán impacto en la vida nacional se presenten o dejen de hacerlo. Y ciertamente, en este momento, poca gente duda de la profunda debilidad de los partidos existentes, más allá del partido en el gobierno. La historia de nuestros partidos no ha sido exitosa ni en lo que respecta al desarrollo social ni al económico. Y su debilidad en el actuar estuvo siempre acompañada de la ausencia de un planteamiento serio. El peso de los militares y la corrupción política, unidos a unos intereses económicos muy poco abiertos a la democracia y a la solidaridad económica y social limitaron o corrompieron los pocos intentos de construir un país más democrático y con mayor desarrollo y equidad. Fortalecerse implica reflexionar sobre qué tipo de país queremos y tener un proyecto político bien desarrollado, abierto al conocimiento del público. Los países salen adelante cuando el liderazgo político ofrece un proyecto de desarrollo de realización común que ilusiona a la gente porque lo comprende y lo ve positivo. En vez de eso los partidos han preferido una propaganda llena de promesas y frases sonoras pero que no tienen contenido o lo tienen muy débil y en contraste con la realidad. Decir que no se presentarán en elecciones a causa de las maldades que ellos ven en el gobierno actual no tendrá mayor efecto. Si en algo desean ayudar a la democracia en el país deben presentar proyectos alternativos al gobierno actual que interesen a las personas y asumir las dificultades que dicho esfuerzo incluye. Ya en la reducida oposición política que existe se ven rasgos de que se puede trabajar en esa dirección. Pero falta una voluntad clara de hacer política en serio. Aunque la sociedad civil siempre ha sido débil en el país, ha tenido pensadores de mucha categoría a lo largo de su breve historia. Y sigue teniendo generaciones de personas con pensamiento propio y con ganas de trabajar por un país mejor. Es un valor que con frecuencia los partidos no han sabido aprovechar, aunque en ocasiones utilizaran a la misma sociedad civil para su propio beneficio. Dialogar con la sociedad civil, comprometerse en su defensa, aprender desde el pensamiento crítico y desde una visión de futuro diferente, daría a los débiles partidos actuales mucha mayor fuerza. Lo que no funciona es decir que se apoya al medio ambiente en el programa del partido y permanecer indiferentes cuando se fustiga o persigue a los defensores del agua o a quienes se oponen a la minería. Posiciones claras y acciones coherentes le dan vida a los partidos. No presentarse a elecciones no sirve de mucho en las actuales circunstancias.

El ministro de Justicia envió recientemente una iniciativa a la Asamblea Legislativa que muestra, una vez más, la creciente contradicción entre la normativa del régimen de excepción y la Constitución de la República. Se propuso y aprobó que la Fiscalía tenga dos años más —con la posibilidad de sumarle uno extra— para presentar la acusación formal contra los detenidos en el marco del régimen de excepción. Con esta medida, quienes fueron detenidos hace tres años podrán pasar en la cárcel cinco —incluso seis— en total antes del inicio de un juicio. Cinco años aislados de sus familiares, de sus abogados y de la información sobre su proceso legal. En El Salvador ha dejado de ser cierto que el derecho penal sea el último recurso para resolver los problemas personales o sociales; en el país, el derecho penal es cada vez más frecuente, más oneroso y más cruel, y se aplica a conveniencia del poder. Hace años, algunos destacados profesionales del derecho invitaban a los estudiantes a convertirse en juristas, no en “codigueros” manipuladores de la ley al servicio del poder político o el dinero. Si la judicatura en el país pocas veces alcanzó una verdadera independencia del Ejecutivo, hoy el derecho se reduce a ser una especie de recetario decidido desde el poder político. Recetario para leguleyos sin conciencia, no para juristas. La dignidad de la persona y su libertad, pilares fundamentales de una práctica jurídica seria, están ahora ausentes; en su lugar se exalta imponer castigo, prolongar el sufrimiento de los detenidos (sean culpables o inocentes) y extender el dolor hacia sus familiares. La prolongación del tiempo de detención antes de llegar a juicio genera una serie de preguntas sobre el respeto a la Constitución al que están obligados los jueces. Sería oportuno que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aclararan qué significa para ellos la obligación constitucional de “vigilar que se administre pronta y cumplida justicia”. ¿Puede haber presunción de inocencia cuando se mantiene privada de libertad y sin juicio a una persona a lo largo de cinco años? Puesto que la Constitución afirma que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”, ¿los jueces condenarán al Estado a indemnizar al menos a los inocentes que pasaron cuatro o cinco años presos a causa de una acusación débil y carente de pruebas? La Constitución insiste en que a nadie se le puede condenar si no es “en juicio público en el que se le aseguren todas las garantías judiciales para su defensa”. ¿Explicarán los magistrados de la Corte Suprema qué relación tiene con las garantías judiciales la imposibilidad de que los abogados visiten a sus defendidos? El derecho, la norma y la reflexión sobre la misma son necesarios en la vida social. Si conjugan adecuadamente derechos con deberes, las normas son garantía de amistad social. No es prudente ni humano castigar sin limitaciones. La tortura y el trato cruel o degradante están severamente prohibidos por la legislación internacional. Frente quienes tuercen el derecho desde la lógica del poder y la fuerza, el pensamiento humanista centra la ley en la búsqueda del bien, vivido concretamente en la convivencia. La búsqueda del bien y de la armonía social nunca deben estar separadas del derecho.

El jueves 7 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó el Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador. Los argumentos esgrimidos para justificar la medida son incrementar la productividad, generar empleos de calidad y promover exportaciones de bienes y servicios. Sin embargo, estas razones contrastan con la falta de evidencia de éxito de la estrategia de exenciones fiscales vigente. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en su estudio “Una evaluación preliminar de los resultados de los incentivos tributarios a la inversión en Centroamérica”, publicado en 2023, apunta más bien en dirección contraria al optimismo oficial. En sus conclusiones, este informe plantea que “las estrategias de promoción de inversiones basadas en el otorgamiento de privilegios fiscales no han producido el efecto económico revolvente deseado en los países de Centroamérica (…) por lo que prácticamente estos mecanismos se convirtieron en estrategias de traslado de recursos públicos a ciertos grupos empresariales privados”. El uso de la política fiscal para fines de enriquecimiento privado en Centroamérica también fue develado por el Icefi en el libro Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas. En el texto señala que las medidas fiscales para favorecer a los grandes capitales pueden ser constructivas, es decir, medidas que construyen marcos tributarios a la medida de los intereses del gran capital; y también medidas destructivas, cuyo objetivo es reformar o derogar la legislación tributaria que entorpece el enriquecimiento de grupos económicos. Ambas medidas responden, finalmente, a los objetivos de posibilitar, facilitar o ampliar el enriquecimiento de ciertos grupos económicos. Desde esta óptica, el régimen especial aprobado hace unos días puede clasificarse como una medida constructiva a favor del gran capital. Otro aspecto que se evidencia en el régimen especial recién aprobado es la normalización de una estructura tributaria regresiva, que carga más a quienes tienen menos. En este caso en particular, no estará libre de impuestos la población asalariada que cubrirá los puestos que se generarán a partir de los incentivos. Así lo expresó el diputado oficialista Mauricio Ortiz: “El país también podría beneficiarse en otras áreas como la generación de empleo masivo y recaudación de impuestos por salarios.” Finalmente, aparte de las renuncias tributarias del Estado salvadoreño, no debe perderse de vista los costos sociales y económicos de esas inversiones, la erosión de los recursos naturales requeridos por esas actividades económicas; recursos que difícilmente serán reconstituidos o compensados: el agua, la tierra, la biodiversidad. Si se comparan los costos que la sociedad salvadoreña asume para atraer y mantener grandes inversiones bajo regímenes tributarios de privilegio con los beneficios que de ellos se espera, es aún más evidente que, en este asunto, la mayoría de la población sale perdiendo.

José M. Tojeira La semana pasada se cumplieron 80 años del estallido de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Aunque en aquel momento no se consideró un delito de lesa humanidad, hoy sería evidente que se catalogaría como tal la masacre masiva e indiscriminada de población civil, aunque se juzgara importante para terminar pronto una guerra y salvar vidas de los soldados del bando vencedor. Sin embargo no parece que hayamos reflexionado adecuadamente sobre ese pasado estremecedor. Las actuales guerras en Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía y otras muchas han promovido una corriente armamentista de una dimensiones impresionantes. En 2024, tras una tendencia permanente a aumentar el gasto en armas desde hace diez años, la inversión en armamento ascendió a la cantidad de dos billones con 718 mil millones de dólares. Para hacernos una idea, esta cantidad equivale a 76 veces el producto interno bruto de El Salvador ese mismo año, que anduvo por los 35 mil millones de dólares. Mientras continúa habiendo hambre, pobreza, marginación y ausencia de oportunidades para muchos, las armas continúan creando muerte, dolor y hambre en muchas personas, y no solo en los países en guerra. Al mismo tiempo se está dando un rearme atómico en los 9 países que poseen ya bombas de esa naturaleza. En total se calcula que hay en torno a 12.000 bombas atómicas, 10.000 de ellas repartidas casi por igual entre Rusia y Estados Unidos. La prolongación de las guerras, el recrudecimiento de las mismas, la diversidad de alianzas y de intereses puede llevar a la tragedia. Varios de nuestros propios países centroamericanos, en cuenta El Salvador, han triplicado su inversión en armas y ejército en los últimos 15 años. La misma relevancia y peso de los ejércitos, cada vez más armados, crea un factor de peligro. Los nacionalismos, los proyectos de corte imperialista, el debilitamiento de los controles internacionales, el menosprecio creciente de los Derechos Humanos añaden peligro y riesgo a la actual situación del mundo en que vivimos. En El Salvador, aunque en los últimos años hemos aumentado en exceso el gasto militar en detrimento del gasto en seguridad, gracias a Dios llevamos más de 30 años sin guerra. La guerra civil la superamos desde el diálogo y la negociación y no cabe duda de que eso es un hito positivo en nuestra historia del que debemos sentirnos orgullosos, aunque el proceso haya tenido algunos defectos. Pero en la actualidad, aunque no hay guerra, nos encontramos con una tendencia a la descalificación no solo de todo el que manifiesta oposición al poder, sino incluso de quienes le hacen notar al poder los errores o dificultades que puede haber en la implementación de algunas leyes. Ese espíritu de descalificar toda crítica y toda oposición no es legítimo ni sano en una democracia. Si la guerra es la expresión más cruel, dura e injusta de toda violencia, toda forma de violencia, aunque sea verbal, pone semillas de maldad que pueden convertirse en una espiral de violencia que no sabemos a donde nos puede llevar. Recordar la necesidad de diálogo, de búsqueda conjunta del bien común, de escucha a la sociedad civil, es necesario para impedir el acercamiento a las semillas de autoritarismo y represión que conducen hacia la violencia. Las guerras son siempre malas, y cada vez peores en la época actual. La capacidad de destruir vidas y dañarlas ha aumentado exponencialmente. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki nos muestran la brutalidad y la irracionalidad a las que podemos llegar los seres humanos. El mundo necesita lograr que los conflictos, sean internos o entre naciones, se resuelvan siempre desde el dialogo y desde el respeto a los Derechos Humanos. Lo contrario es entrar en una dinámica irracional e injusta que no nos depara ni libertad, ni justicia, ni respeto a la dignidad humana. Los hibakusha japoneses, testigos supervivientes de la bombas atómicas, se han convertido en verdaderos trabajadores a favor de la paz y testigos de la irracionalidad de las guerras. Escucharlos a ellos es escuchar a quienes el Evangelio llama felices hijos de Dios porque trabajan en favor de la paz.

Los partidos tradicionales de El Salvador solían hacer cambios legales fuertes sin consulta previa y justo antes de que iniciara algún período de vacación. Por ejemplo, cambiaron el colón, la moneda nacional, por el dólar un 30 de noviembre, poco antes de las vacaciones de Navidad. Nuevas Ideas ha superado esta táctica con creces. El Ejecutivo decidió un cambio mayor antes de las vacaciones de agosto sin realizar ni la más mínima consulta a la sociedad civil. Las protestas en contra de este modo de proceder han sido constantes. Instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido sobre el camino antidemocrático que se está recorriendo y han recordado la transgresión de los compromisos y los tratados internacionales, que son ley en el país. La Carta Democrática Interamericana, firmada y asumida por el Estado salvadoreño, insiste en que “el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos de la actividad pública contribuye a la consolidación de los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad”. Tanto la participación de la ciudadanía como el respeto y promoción de los derechos humanos son la base de ese tratado internacional al que el país se ha comprometido. En la actualidad, la tradición, ya de larga data, de tener buenas leyes y normativas que no se cumplen adecuadamente se está cambiando por la arbitrariedad de proceder en contra de la legalidad fundamental del país. En efecto, la Constitución dice claramente que en caso de que una ley secundaria entre en conflicto con un tratado internacional, prevalecerá el tratado. No establecer consultas previas a los cambios constitucionales y mantener por años el régimen de excepción viola tratados internacionales. Tanto la débil oposición política como algunos sectores de la sociedad civil han reclamado con energía los últimos cambios constitucionales, orientados claramente hacia el fortalecimiento de la deriva autoritaria que experimenta El Salvador. En las Iglesias es notable la inquietud y el descontento por la toma de decisiones inconsultas que alteran las leyes y restringen la participación democrática. Es de común acuerdo que la sociedad civil está por encima de la sociedad política y que esta última se deriva de la capacidad de aquella de entender y proteger la vida social como proyecto positivo común. La Iglesia católica afirma taxativamente que “la comunidad política está esencialmente al servicio de la sociedad civil” y que, por tanto, esta tiene preeminencia. Aunque la mayoría de los diputados se suelen calificar a sí mismos como demócratas y miembros de una fe cristiana, no muestran conocimiento adecuado ni criterios claros sobre ninguna de las dos áreas. No hay ignorancia más peligrosa en la política que aquella que desconoce los principios racionales de la convivencia social. Y dado que esa ignorancia cunde en las diferentes esferas de la administración del Estado, la consulta a la sociedad civil debería ser paso obligado a la hora de dictar leyes y gobernar el país. Legislar y gobernar arbitraria y caprichosamente, de espaldas a la ciudadanía, es caldo de cultivo para crisis no solo políticas, sino también sociales.

La reciente reforma que habilita la reelección presidencial indefinida en El Salvador sigue generando fuertes críticas dentro y fuera del país.

En el evento también participó Ricardo Navarro, del CESTA, quien indicó las afectaciones al ambiente con este tipo de proyectos. Navarro hace una propuesta: Que el nuevo CIFCO se construya en el espacio asignado para el nuevo estadio de fútbol.

En El Salvador nos estamos acostumbrando demasiado a los cambios constitucionales a la carta. Como en un restaurante se piden los alimentos ofrecidos en la carta y se los traen con relativa rapidez, así da la impresión que se producen los cambios en nuestra Constitución. Sabiendo que la Constitución recoge lo más importante de los derechos y deberes ciudadanos, así como el orden político y la regulación democrática, los cambios rápidos y acelerados no son aconsejables. La Constitución es el marco de convivencia aceptado por todo un país. Y por eso los países democráticos tienen tiempos largos y consultas extensas antes de cambiar un texto Constitucional, aunque sea parcialmente. Siempre repetimos que la soberanía está en el pueblo. Para la Iglesia, la comunidad política se deriva y nace de la sociedad civil y debe estar al servicio de ella y “de las personas y de los grupos que la componen”. En ese sentido, tomar decisiones sin consultar con la sociedad civil es, desde el punto de vista de la Iglesia, una negación del pluralismo social y de la democracia. Ya estábamos acostumbrados a las interpretaciones arbitrarias y faltas de racionalidad que se han ido haciendo de la Constitución, pues no solamente en este tiempo se ha caído en la arbitrariedad jurídica. Ahora, además de la negación a cualquier tipo de participación en el diálogo sobre un tema constitucional tan importante como lo es el de la alternancia en el poder, o la posibilidad de permanecer por largo plazo en la presidencia de la república, nos encontramos con la tendencia a la eliminación de todo mecanismo estatal de control del poder. La mezcla de ausencia de mecanismos estatales de control con la prolongación del período presidencial y con la reelección indefinida crean un ambiente profundamente proclive al autoritarismo. Ya estamos sufriendo distintas formas de abuso de Derechos Humanos en el campo de la libertad de expresión, así como formas de persecución de defensores de derechos. La Constitución tiene poco peso en lo que es más importante: los valores humanos y democráticos, así como los derechos básicos de la ciudadanía. Las palabras de nuestro arzobispo en este contexto hay que entenderlas no solo como una llamada a la consulta antes de cambiar textos constitucionales, sino como una invitación a un verdadero diálogo nacional y a una actitud más participativa dentro de la pluralidad de opiniones existentes en nuestro país. Y una llamada al diálogo, tan pacífica y racionalmente expuesta, no debería ser desoída.

En El Salvador de Bukele es más probable caer en la pobreza y es más difícil salir de ella que antes de 2019, según las estimaciones del Banco Mundial. Los ingresos de los más pobres se redujeron desde el comienzo de la era de Bukele. Aunque la pandemia aumentó la posibilidad de caer y de permanecer en la pobreza extrema, esto no ha cambiado después de ella. Por tanto, esa tendencia se ha estabilizado y no cambiará sin políticas consistentes y viables, hasta ahora desconocidas. El abismo entre la mayoría aprisionada en la pobreza extrema y la minoría que acapara la riqueza nacional tiende a ser cada vez más profundo. En este caso, Bukele no puede culpar a sus antecesores, como suele hacer, porque la pobreza prospera a partir de 2019. El Banco Mundial distingue tres periodos. Entre 2000 y 2009, pese a la crisis financiera de 2008, la pobreza experimentó una reducción moderada, impulsada por el retroceso de la pobreza extrema (cuando los ingresos del hogar son menores que el costo la canasta básica alimentaria). En la década siguiente (2009-2019), la tasa de la pobreza perdió 17 puntos. Solo la pobreza extrema retrocedió 9 puntos. Además, la recuperación del retroceso causado por la variación del costo de la vida y los desastres climatológicos es rápida. Todo ello pese a un crecimiento moderado del PIB per cápita. Pero en 2019 esa tendencia se revirtió: la pobreza extrema aumentó. En 2021, también creció la relativa. Más hogares no pudieron adquirir la canasta ampliada. En principio, el retroceso se debió a la pandemia. Pero a finales de 2024, la pobreza total y la extrema eran superiores a las registradas antes de la epidemia, pese al crecimiento económico. En 2023, casi el 10 por ciento de la población total (600,000 personas) vivía en hogares extremadamente pobres. En estos años, las familias pobres perdieron salarios, protección social y remesas. La mayor pérdida se registró en los salarios. Entre 2019 y 2023, solo hubo un ligero ajuste. En 2023, los salarios experimentaron un aumento promedio anual del 1 por ciento. En cambio, en la década 2009-2019, se multiplicaron por cinco. La reducción de la protección social agudizó la pobreza. Aunque en esa década el porcentaje de hogares pobres beneficiarios de los programas de protección social disminuyó (al pasar del 8 al 3.7%), el monto de las transferencias subió de 15 a 30 dólares. Pero en 2023, estas se redujeron a 19 dólares, así como también la cobertura de los programas de protección social, que disminuyó al 1.6 por ciento. Las remesas muestran un comportamiento similar. En la década 2009-2019 crecieron a un ritmo anual del 4.5 por ciento en los hogares con menos ingresos y del 1.4 por ciento en el resto. Sin embargo, desde 2019, cayeron a una tasa promedio del 4.3 por ciento anual en los hogares más pobres y del 1.6 por ciento en los demás. Los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población. Lo más grave es que no hay indicios de que esa situación se vaya a revertir en un plazo razonable. Al contrario, todo apunta a que la pobreza será cada vez más extensa y profunda. Las condiciones impuestas por el FMI para facilitar la viabilidad financiera del régimen de Bukele demandan, entre otras cosas, elevar los impuestos. Sería una auténtica novedad que los más castigados no fueran los ingresos medios y bajos, sino los más altos. La pobreza es reversible. Ya ocurrió entre 2000 y 2019. A partir de entonces, Bukele ha patrocinado un crecimiento económico que olvidó a los más débiles y fortaleció a los más ricos y poderosos. Mientras estos pocos crecen de forma abrumadora, y escandalosa, el resto se hunde irremediablemente en la pobreza. Sin embargo, un crecimiento inclusivo, que distribuya equitativamente la riqueza nacional y las oportunidades puede erradicar la pobreza extrema y ampliar la clase media. La deriva actual de la pobreza no se contiene con remiendos, porque el mal es estructural. Socorrer a una familia necesitada aquí y a otra allá como hacen los funcionarios es inmoral, porque manipula la miseria para promover intereses políticos particulares. El desafío consiste en promover la igualdad, el desarrollo sostenible y la inclusión social, aumentando los salarios y las transferencias internas, lo cual está al alcance de Bukele, y de las remesas, lo cual depende de su socio Trump. Emprender una transformación de esa naturaleza requiere de capital político, algo que Bukele posee en abundancia, y de una voluntad de ejecución que no tiene. Ninguna superinteligencia artificial, ni siquiera una divina, libera de la pobreza sin la colaboración humana. Los pocos espacios seleccionados por la dictadura para exhibir su gloria esconden una realidad sombría. No es oro todo lo que reluce. Esos brillos esconden una multitud de vidas deprimidas y deprimentes. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuanto más poder quiere tener, más obligado se ve el político a mentir. No hay dictadores que hablen con la verdad a sus pueblos. Hitler y Stalin son dos modelos opuestos de dictador, pero ambos coincidían en la necesidad de mentir. La superioridad de la raza aria, una mentira obvia, era útil a la política criminal de Hitler. La dictadura del proletariado ejercida individualmente por Stalin era otra fórmula falsa que permitía el abuso, el asesinato y el control casi absoluto de la población. Son ejemplos del pasado que muestran a dónde puede llegar la brutalidad de quien miente. Más reciente en el tiempo es el caso de Pol Pot, obsesionado con una purificación ideológica total de su país, que se tradujo en un genocidio que exterminó en cuatro años a casi el 20% de los camboyanos. La mentira convertida en verdad oficial justificó todo tipo de brutalidad. Este tipo de hechos terribles dio origen a esfuerzos y mecanismos de control que pasaron a formar parte de la democracia. Los derechos humanos se proclamaron como reacción a los crímenes del poder. Sin embargo, recientemente han proliferado gobiernos autoritarios que acentúan el poder del Ejecutivo en detrimento del judicial y el legislativo. En Estados Unidos, el caso del presidente Trump es muy claro, aunque se encuentra con la resistencia de un sistema democrático con división de poderes de larga tradición. En los países centroamericanos, con democracias más débiles y con la presencia de formas culturales autoritarias en la mayoría de la gente, la mentira ha alcanzado en la política unos niveles cada vez mayores. Nicaragua lleva la delantera, justificando con embustes encarcelamientos injustos, confiscaciones arbitrarias de propiedades y privación caprichosa y rencorosa de la nacionalidad a los opositores. También en El Salvador la mentira ha cobrado una fuerza desmedida. Se recurre a ella para defenderse y para atacar, para confundir y para conseguir fines inconfesables. Kant decía que la “posesión de la fuerza corrompe inevitablemente el libre juicio de la razón”. Hoy no faltan quienes asumen que todo lo dicho en el pasado es falso o manipulado si así lo dice el poder. Quienes a sí mismos se consideran intelectuales y desde la simpatía con los que mandan tratan de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío olvidan fácilmente que una tarea básica de quien tiene formación y pensamiento crítico es trabajar por que el monopolio de la fuerza no se convierta en monopolio de la verdad. En la política, la mentira busca siempre manipular a las personas, dividirlas, confundirlas. Y convierte la tendencia universal al saber y a descubrir la verdad en simple elección de falsedades a conveniencia. La verdad no es un objeto de consumo utilitario, cuya perversión o negación sirve para navegar cómodamente entre las contradicciones históricas del presente. Si la razón y la crítica se llevan a cabo desde la opción por el bien y la virtud, construyen sociedades sólidas y armoniosas. En cambio, las versiones de la realidad destinadas al consumo cómodo favorable al poder tienden a dividir, a enfrentar a unos con otros, a acrecentar la desigualdad y a romper la cohesión social. Cuando el Quijote repetía la frase bíblica de que con frecuencia el mal se disfraza de ángel de luz, no hacía otra cosa que recordar que hay mentiras que se disfrazan de verdad. Hoy día, las mentiras de la política provocan un daño social cada vez más grave. Pero por mucha credibilidad que coyunturalmente se les dé, nunca sustituirán el afán humano de verdad y la capacidad crítica de buscarla.

En el centro del canje de 252 venezolanos, retenidos, incomunicados, maltratados y abusados en el Cecot por diez ciudadanos estadounidenses y residentes en Estados Unidos más un número desconocido de presos políticos de Maduro figura Bukele. El guion del intercambio le asignó un papel que, de hecho, no tuvo. Washington y Caracas negociaron el intercambio. San Salvador quedó fuera de las conversaciones hasta el momento de repatriar a los venezolanos. Sin embargo, Bukele fue recompensado por sus servicios. En abril le propuso a Maduro intercambiar a los venezolanos por los presos políticos, lo cual aquel rechazó por estimarlo cínico. Una oferta de esa naturaleza no se lanza en X. Bukele contaba con el rechazo. El propósito no era liberar a los presos políticos, sino ganar puntos frente a Maduro. El canje lo negociaron directamente Washington y Caracas. Se retrasó por discrepancias entre los funcionarios de Trump sobre el futuro de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela. El canje, sin embargo, dejó al descubierto la confabulación de Trump y Bukele. Ninguno se responsabilizó por la suerte de los venezolanos. Trump alegó que estaban en poder de Bukele y este respondió que solo alquilaba celdas. En cualquier caso, no pondría en libertad a unos criminales peligrosísimos. La conspiración falló en el caso del salvadoreño Ábrego, devuelto a Estados Unidos por orden judicial, y en el de los venezolanos, repatriados por orden de Trump, incluso pasando por encima de la aparente oposición de Bukele que, a última hora, habría intentado impedir el despegue de los aviones. La relativa facilidad con la que Washington y Caracas alcanzaron un acuerdo muestra que los venezolanos repatriados no son los asesinos, ladrones, violadores y “criminales en general” que dice Bukele. Es inconcebible que Trump haya convenido en liberar a miembros de una organización criminal internacional como el Tren de Aragua. Fuentes independientes que investigaron el historial de los venezolanos encontraron que solo unos pocos tienen cuentas pendientes con la justicia. Washington no deja en libertad a criminales de altos vuelos. Retuvo a los líderes de la MS-13 hasta que Bukele los pidió y extradita a los jefes de los carteles mexicanos y, recientemente, del Ecuador. La retórica de Bukele queda mal parada. Los venezolanos fueron liberados porque así lo ordenó Trump. El Salvador de Bukele no fue más que una pieza de su engranaje. Pese a ello, sus servicios fueron recompensados de manera hermosa y grande, al estilo de Trump. Los diez rehenes de Maduro, entre los cuales hay un criminal reconocido, en lugar de ser trasladados directamente a Estados Unidos, fueron llevados ante Bukele. En su presencia, un alto funcionario del Departamento de Estado lo saludó como actor clave de la liberación de los rehenes. Estos, agradecidos, le entregaron la bandera de Estados Unidos. Y Bukele los declaró oficialmente “libres”. La solidez de las relaciones de Trump y Bukele es dudosa. Si aquel lo considera una pieza clave de su política exterior, por qué este no intercede a favor de la diáspora. Si la conexión es tan fuerte y fluida, por qué Bukele no ha pedido garantías para los salvadoreños y la exención del impuesto sobre las remesas. Si tanto le interesa la economía nacional, por qué no ha solicitado la dispensa del arancel que está a punto de gravar las exportaciones salvadoreñas. Tal vez en las relaciones con Washington, como en todo, lo único que cuenta es la figura de Bukele. Ni a Trump ni a Bukele le importan los venezolanos y los presos de Caracas. Estos no son más que piezas negociables para satisfacer sus intereses. Ninguno lucha contra fuerzas oscuras y satánicas. Las invocan para legitimar su poder autoritario. Mientras sean creídos, dicho poder está asegurado. Ninguno lucha contra el orden establecido corrupto ni dice las cosas como son. Ninguno tiene las manos limpias. Por eso dicen y se desdicen sin dificultad. Y si el panorama se les complica, introducen temas atractivos para distraer. La eficacia de este truco no está garantizada. A veces falla el día menos pensado. Bien haría Bukele en tomar nota de los aprietos de Trump, quien, al igual que su colega salvadoreño, ha propagado teorías conspirativas durante su carrera política. Ahora, de forma inesperada, se encuentra en peligro de ser devorado por una de esas teorías. Intenta defenderse abundado en ellas, pero más se hunde. El movimiento que lo apoyaba se revuelve en su contra y le pide cuentas de su relación con un abusador de niños convicto, muy vinculado con ricos y famosos. Sus seguidores realizan que Trump encarna lo que tanto desprecian y la razón por la cual lo siguieron. Los ha despojado de algunas de sus libertades, utiliza el Estado para enriquecerse y acabar con sus enemigos, y protege a los ricos. Cuando se pierde la inocencia, el encanto se hace añicos. Es un punto de no retorno.

Señalar los abusos de poder no debería causar autocensura, cárcel o exilio. Sin embargo, en El Salvador, la política de acoso y persecución hacia personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas y periodistas ha impuesto esos tres escenarios como respuesta a su labor. No se trata de rumores, ni de exageraciones, ni de discursos victimistas; se trata de hechos con consecuencias profundas y dolorosas. En el país, la instrumentalización de la justicia ha llevado a la detención arbitraria y la inexistencia del debido proceso para decenas de personas que han denunciado abusos gubernamentales o disentido de la versión oficial; personas que han terminado en la cárcel sin garantías mínimas. En los últimos meses, esa instrumentalización se ha agudizado, dando paso al acoso sistemático contra quienes ejercen la libertad de expresión y defienden los derechos humanos. Cuando al poder no le gusta ser controlado, responde al escrutinio y la exigencia de justicia con amedrentamiento. Policías y militares se han prestado a la tarea de hostigar no solo a quienes denuncian las injusticias del régimen, sino también a sus familias, como mecanismo de intimidación y castigo. El objetivo es claro: infundir temor y silencio. Este patrón de persecución ha generado un clima de miedo y de riesgo, que ha obligado a más de 30 personas defensoras de derechos humanos y a más de 40 periodistas a salir del país en condiciones de inseguridad, desarraigo e incertidumbre. El exilio no es una elección antojadiza. Difícilmente alguien abandona su hogar, su red de afectos y apoyos, su vida profesional y su país por voluntad propia. Las personas que han salido del país no lo han hecho para evadir responsabilidades, sino para proteger su integridad ante un Estado que utiliza sistemáticamente el aparato represivo para criminalizar la disidencia. Esta situación ha provocado graves impactos: precariedad económica, desintegración familiar, afectaciones psicosociales profundas. En paralelo, la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros abre la puerta para la criminalización de personas y organizaciones de la sociedad civil. Su uso potencial como herramienta para cerrar el espacio cívico es alarmante, pues cuando la institucionalidad no funciona y no hay a quien acudir, son las organizaciones de la sociedad civil las que asumen el quehacer del Estado, como lo han hecho por décadas en el país. El cierre progresivo del espacio cívico es muestra clara del deterioro del sistema político salvadoreño. La persecución de voces críticas, la amenaza a las libertades y la imposición del miedo por parte del Estado dan cuenta de un grave retroceso como sociedad. Una sociedad donde disentir se castiga, donde la defensa de derechos se criminaliza y donde el periodismo se convierte en profesión de riesgo es una que se aleja de los valores propias de una convivencia social sana, justa, armoniosa. La historia enseña que no se puede construir un país sobre los cimientos del miedo y la represión. Pretenderlo es repetir errores que conducen a la polarización y a la violencia estructural. Ignacio Ellacuría señaló que “un análisis intelectual debe ser respondido con un análisis intelectual y no con el exilio, la cárcel, la tortura, o un tiro en la nuca”. Lo mismo aplica para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. La esperanza, la solidaridad y la construcción colectiva, con la certeza de que solo nos salvamos en racimo, es lo que permite seguir adelante. Solo el diálogo y la integración de las distintas voces que componen este país tan diverso permitirá encontrar soluciones para avanzar en una situación cada vez más amenazante.

Por José María Tojeira, SJ Escuche aquí: El crecimiento económico y la redistribución de la riqueza deben estar relacionados positivamente para que nuestras sociedades avancen en bienestar y relaciones sociales armónicas. Sin embargo la relación entre ambos factores está en franca contradicción. Las élites económicas insisten en la importancia del crecimiento económico aduciendo que en la medida en que haya más inversión, más trabajo y mayor exploración de los recursos, la redistribución se dará automáticamente. Eso es mentira. En El Salvador vivimos una situación de desigualdad enraizada en la propia historia. Tanto en tiempos de la colonia como en la independencia las élites económicas se han apoyado en la desigualdad de recursos para continuar enriqueciéndose. El control de la tierra, los favores políticos, la corrupción han generado élites con una enorme capacidad de someter la política a sus intereses. Más allá de las calificaciones ideológicas, cuando han surgido fuerzas sociales, o incluso sectores relativamente pequeños que reclaman una mejor redistribución de la riqueza, las élites han trabajado intensamente por crear un discurso claramente adverso, cuando no un represión de los reclamos. Desarticular movimientos, sean sindicales, juveniles o incluso inspirados en el pensamiento social cristiano, ha sido una tarea permanente de las élites o de los gobiernos controlados por las mismas. El control gubernamental de las élites ha diseñado un tipo de Estado con baja capacidad de redistribución de la riqueza. Frente a esta situación resulta indispensable crear conciencia de que la desigualdad lleva siempre a formas graves de fracaso de los Estados. El Salvador es uno de los países con menor rechazo de la desigualdad en América Latina. El discurso de los poderosos prometiendo un futuro glorioso de crecimiento económico que beneficiará a todos, junto con algunas medidas populistas y la relativa disminución de la pobreza producida por las remesas, posibilitan esa especie de indiferencia frente al problema de la desigualdad. La propia debilidad institucional del Estado de cara a la redistribución de la riqueza, disminuye su capacidad de gestionar la democracia. Porque quien es incapaz de redistribuir con justicia una riqueza producida por todos se encuentra desangelado y solitario cuando hay que defender estructuras democráticas de libertad y participación. Si realmente se desea defender o construir un estado auténticamente democrático, quien lo desee realmente tiene que tener en mente el fortalecimiento del estado en el ámbito de la redistribución de la riqueza. En el liberalismo económico en que vivimos la riqueza se produce social y colectivamente. Pero la redistribución de la misma se realiza individual y privadamente. Al Estado le corresponde eliminar las injusticias graves del sistema y equilibrar los derechos al bienestar desde formas justas de redistribución de la riqueza. Evidentemente ese avance no se dará mientras no haya en el país estructuras sólidas e instituciones independientes. La debilidad, fracaso y vulnerabilidad de los partidos políticos, un sistema judicial débil, cooptado y dependiente, la falta de transparencia y rendición de cuentas, son obstáculos queridos y diseñados por las élites para poder manejar un estado débil en su propio beneficio. El análisis social, la reflexión sobre nuestra situación, el diseño de un futuro más solidario y de un estado más social y democrático de derecho resulta en las actuales circunstancias más indispensable que nunca. De lo contrario la desigualdad continuará en aumento y generará crisis que terminarán dañando a todos. Tanto el Papa Juan Pablo II como Francisco, insistían en que “el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un derecho natural, originario y prioritario”. Solo un estado social y democrático de derecho, fuerte y bien estructurado, puede lograr que ese “primer principio de todo el ordenamiento ético-social” se convierta en realidad y frene la tendencia creciente a la desigualdad en la que nos vemos inmersos.

El jueves pasado, Cristosal, la reconocida institución defensora de derechos humanos, anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador debido a sentirse amenazada, acosada y, por el caso de Ruth Eleonora López, grave e injustamente golpeada. Cristosal continuará trabajando desde fuera, pero evidentemente el peso y la incidencia en el país será menor. Para quienes desconfían o no creen en los derechos humanos, la salida de la organización es vista como un triunfo gubernamental, pero en realidad es un golpe para nuestra sociedad. Los derechos humanos constituyen una especie de moralidad externa al poder gubernamental y estatal. La defensa de la dignidad humana, por poner un ejemplo, es una obligación moral de cualquier persona y de cualquier nación, más allá de las determinaciones del derecho. Los defensores no solo protegen personas, sino también valores básicos. En este sentido, amenazarlos o utilizar el sistema de justicia para perseguirlos destruye los principios básicos de la moralidad del país. Ante la actual situación internacional de guerras, violencia y menosprecio de los derechos individuales, el secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, dijo que es necesario “un esfuerzo sin cuartel por parte de todos para garantizar que los derechos humanos y el Estado de derecho sigan siendo fundamentales para las comunidades, las sociedades y las relaciones internacionales”. Por su parte, la Iglesia católica insiste en que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. Ya en 1963 el papa Juan XXIII afirmaba que todo ser humano “es persona dotada de inteligencia y libre albedrío, y que tiene derechos y deberes que dimanan de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto”. Valorar como un triunfo el exilio de una organización o comunidad de defensa de derechos humanos es un grave error. En realidad, cualquier acción consentida o alentada en contra de los derechos humanos es una derrota para la sociedad donde tal acción se lleva a cabo. Este tipo de situaciones debería mover a la ciudadanía consciente a comprometerse en la defensa de los derechos básicos de las personas. El canje de los venezolanos detenidos en el Cecot por estadounidenses y presos políticos en Venezuela no fue una idea genial de los presidentes implicados en la injusticia de mantener privadas de libertad a personas inocentes. Si lo hicieron es porque se dieron cuenta de que las arbitrariedades cometidas hacían daño a sus posiciones políticas, pues toda detención arbitraria e injusta desprestigia a quienes la perpetran o la toleran. Cuando se ataca a comunidades u organizaciones que defienden derechos, le corresponde a los ciudadanos alzar la voz para defenderlos. No solo porque violar derechos es injusto, sino porque es también inmoral.

Por Rodolfo Cardenal La seguridad ciudadana es apreciada y agradecida por la opinión pública. La novedad de esa experiencia, después de varias décadas de violencia pública, pierde de vista sus límites. La seguridad actual es posible por el encarcelamiento de los pandilleros, que aterrorizaron a los habitantes de las colonias, los barrios y los pasajes. Gracias al dominio que ejercieron sobre esos territorios y sus habitantes, influyeron decisivamente en las elecciones que dieron el poder municipal y presidencial a Bukele. Es comprensible, entonces, que su desaparición diera paso a una libertad desconocida. Ahora bien, más allá de eso, la seguridad es bastante relativa; en algunos casos, inexistente. La violencia de la pandilla fue reemplazada progresivamente por la de los agentes del régimen de excepción, que utilizan su poder impune para extorsionar, acosar y atropellar a la población. La amenaza de enviar a la cárcel indefinidamente vence cualquier resistencia. Utilizan el estigma del pandillero a sus anchas. Sus jefes también se valen de él para justificar el régimen de excepción. La opresión de las pandillas fue sustituida por la de las fuerzas de seguridad. Quienes se felicitan al verse libre de los pandilleros están ahora a merced de los agentes de seguridad. La desaparición y el asesinato persisten, aunque en menor medida que antes del régimen de excepción. Sin embargo, la dictadura rehúye investigar las desapariciones, las actuales y las de la época de las pandillas, porque encontrar e identificar cadáveres en fosas clandestinas enturbia su récord de seguridad. Por la misma razón, disimula los asesinatos con diversas artimañas. Así puede pregonar el eslogan de “cero homicidios”. El abuso de autoridad por parte de los funcionarios gubernamentales es cotidiano, un reflejo del autoritarismo predominante. La seguridad económica, esto es, el empleo formal con un salario y prestaciones para vivir dignamente, es privilegio de minorías. La mayoría se rebusca en la informalidad, mientras el costo de la vida sube y la economía nacional se desacelera. El deterioro económico se refleja en el acceso limitado y deficiente a la salud pública y la seguridad social. La niña atropellada en Ahuachapán tuvo la fortuna de que, por la razón que sea, Bukele se fijara en ella y recibiera cuidados médicos esmerados. Una atención que está negada a la mayoría. El acceso a una vivienda decente es imposible para la generalidad; suprimir los parqueos para abaratarla es un pretexto para potenciar la rentabilidad del inversionista inmobiliario. La desprotección frente a las catástrofes medioambientales es norma. En las calles y las carreteras prevalece la ley del más fuerte. En consecuencia, son extremadamente violentas e inseguras para peatones y conductores. La seguridad de Bukele se contenta con unos cuantos controles puntuales de velocidad, rótulos, luminarias más decorativas que eficaces y poco más. La anarquía de la circulación vial tiene elevados costos medioambientales, económicos y personales. Estas inseguridades tienen en común la ausencia del Estado, una ingeniosidad introducida por Arena en la década de 1990 para dinamizar la economía. Irónicamente, ese repliegue del Estado marca los límites de la seguridad de Bukele, quien se concentró en las pandillas y la oposición social y política, y se desentendió del resto de la realidad. Es más de lo mismo de siempre. En estos regímenes, la originalidad es casi imposible. Si los pandilleros están encerrados y la seguridad es tan segura, por qué un régimen que era excepcional se volvió normal. Por qué las residenciales, las colonias y los pasajes siguen atrincheradas detrás de portones vigilados por agentes de seguridad privada. Qué temen los altos funcionarios que se desplazan resguardados por contingentes con armas de guerra. Es incoherente adquirir vehículos, armamento y equipo dignos de un país en guerra, innecesarios en uno pacificado. La exhibición del militarismo, muy propia del régimen autoritario, contradice el discurso de la seguridad. A pesar de estas inseguridades, la seguridad experimentada a raíz de la erradicación de los pandilleros es tan poderosa que relativiza lo demás. La desaparición de las pandillas, hasta entonces impensable, excusa los límites evidentes de la seguridad de Bukele. Y este, satisfecho con ese reconocimiento, no parece tener arrestos para extender la seguridad más allá. Solo se ocupa de sus críticos, en quienes encuentra una amenaza aparentemente temible. La seguridad de Bukele es poco segura. En Roma, León XIV parecía pensar en el país cuando el pasado 26 de junio observó acertadamente que “con demasiada frecuencia, en nombre de la seguridad se ha librado y se libra una guerra contra los pobres, llenando las cárceles con aquellos que son solo el último eslabón de una cadena de muerte. Aquellos que tienen la cadena en sus manos, por otro lado, logran tener influencia e impunidad”. Y añadió que, para romper esa “cadena de muerte”, “nuestras ciu