Editoriales y Opiniones

En cuestión de días la Asamblea Legislativa reformó y ratificó un paquete de reformas penales que incluye la prisión perpetua a menores de edad que se encuentren culpables de delitos de terrorismo, violación y homicidio. La medida se aprobó con 58 de 60 votos y algunos ediles lo celebraron como un triunfo. La justificación más repetida es que la cadena perpetua constituye un disuasivo para los delincuentes. Condenas más largas se traduce en menos violencia, piensan. La misma justificación se da con la pena de muerte. Pero los legisladores y funcionarios actúan dando por sentado que es así, sin un análisis serio de la investigación existente ni considerando alternativas menos arriesgadas. Desde la experiencia histórica los diputados no tienen nada que celebrar. La primera objeción a la medida es que décadas de investigación no han logrado encontrar evidencia científica que confirme que el uso de la cadena perpetua tenga un impacto en las tasas de homicidios. La evidencia encontrada ha sido más bien mixta y a menudo concluye que la cadena perpetua no es más disuasiva que las penas largas de prisión. La conclusión es clara: la prisión perpetua no funciona bajo el principio de prevención, sino de incapacitación. Se incapacita a la misma persona para que no vuelva a delinquir, pero no disuade a otros de hacerlo. La cadena perpetua no trabaja en el origen del delito sino en su consecuencia. La segunda objeción a la medida es que El Salvador ya contempla condenas de hasta 100 o más años. Recientemente se condenó a 50 pandilleros a entre 400 y 1,135 años de prisión por su participación en varios homicidios y desapariciones forzosas y en otro caso, a 62 pandilleros un Juzgado Especializado les impuso 130 años de cárcel por su participación en delitos en las colonias La Campanera y El Pepeto de Soyapango. En realidad, esas condenas son en la práctica cadenas perpetuas y, a juicio de especialistas, la cadena perpetua es una pena de muerte disfrazada. Y una tercera objeción viene desde la doctrina de los derechos humanos. La cadena perpetua despoja a la persona de la esperanza de reintegración en la sociedad. La cadena perpetua como la pena de muerte entran con conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales El Salvador fue firmante de manera voluntaria y que por tanto está obligado a cumplir. Entonces, si no está comprobado que la cadena perpetua sirva como disuasivo, si en El Salvador ya se aplican de facto cadenas perpetuas y si contradice el respeto a los derechos humanos, ¿vale la pena asumir los costos excesivos que implica, los riesgos de cometer errores al imponerla y otros problemas inherentes a su práctica? ¿Por qué aprobarla en El Salvador? La cadena perpetua en el caso salvadoreño es parte del deterioro que vive el sistema de justicia. En el imaginario popular, detrás de la cadena perpetua está el pensamiento “a más años de cárcel, menos delincuentes habrán” originado por la impunidad que se percibe. El endurecimiento de penas es una acción propia de regímenes populistas punitivos que se realizan sin conocimiento de los efectos de esta pena y que no tiene función preventiva. En el país, además, está el agravante de los juicios masivos donde los imputados no tiene derecho a la defensa ni al debido proceso. Es una medida para aparentar firmeza contra los miembros de pandillas, aunque la terminen aplicando a cualquier persona que les incomode como sucede con el Régimen de Excepción. A propósito de que en estos días recordamos el juicio injusto a Jesús de Nazareth que terminó con su condena a muerte, conviene tener presente que la cadena perpetua es una medida de alto impacto, como le gusta a la administración actual, pero de eficacia muy limitada. Es una decisión exprés que no tiene fundamentos criminológicos válidos.

Se suele decir que la historia se repite. La similitud entre los tiempos de Mons. Romero y los actuales parecieran confirmarlo. Entre otras cosas, lo acusaron de meterse en política por denunciar la injusticia y la violencia institucional. Hoy, el oficialismo se ensaña otra vez por la misma razón con el párroco de Apopa, quien alzó su voz para denunciar la ausencia de democracia y de paz, y por afirmar que el país “va para atrás”. Los insultos contra Mons. Romero subieron de tono progresivamente, mientras el odio se enconaba hasta que ya no pudo más y lo asesinó el 24 de marzo de 1980. Hoy, el oficialismo descalifica al párroco de Apopa en términos parecidos. Casi medio siglo después le ordenó no meterse en política y dedicarse a decir misas. Según la lógica oficialista, si el párroco y el pastor bendicen el poder político y económico son fieles a su misión, aun cuando esa bendición es un acto eminentemente político al legitimarlo sin cuestionar su modo de proceder. En este caso, su acción no es política, porque no les corresponde señalar su pecado y llamarlo a la conversión. Si lo hacen como Mons. Romero o el párroco de Apopa, se meten en política, lo cual no les está permitido. Su misión es congeniar con el pecado. Las dos acciones son igualmente políticas. Pero la dificultad no es la política en sí misma, sino al servicio de quién está. Si sirve al orden establecido, la intervención de los ministros es aprobada, aplaudida y recompensada generosamente por el poder. Aquellos que bendicen el régimen de excepción o se desentienden de sus atropellos y violencias son pastores ejemplares. Pero si asumen la defensa del pueblo pobre y violentado son insultados y despreciados, condenados y perseguidos. Jesús ya previno a sus seguidores al final de las bienaventuranzas que esto les sobrevendría por su fidelidad a la justicia del Reino de los Cielos. El poder se empeña en confinar la religión al ámbito de la conciencia y la sacristía, para campar a sus anchas, sin reclamos, restricciones ni normas. La misión de los ministros es predicar respeto y obediencia a su autoridad. Si defienden el derecho y la justicia, traicionan su misión al meterse en política. A pesar de las coincidencias, la historia no se repite. La historia es un proceso abierto, que no regresa al pasado sino avanza hacia el futuro. Sin embargo, el proceso deja estructuras que si no son modificadas en el presente, se convierten en futuro. La época de Mons. Romero y la actual son similares, porque el poder se ha negado a intervenir en las estructuras heredadas para transformarlas. El modelo de Bukele, que alega crear una tierra nueva, ha aceptado pasivamente ese legado de sus predecesores, porque conviene a sus aspiraciones. La pobreza y la desigualdad, la injusticia y la violencia no han desaparecido, dado que la estructura que las genera permanece intacta. Indudablemente, esta ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias y ha adquirido formas nuevas, pero que matan igual. Rápidamente, por las diversas modalidades de la violencia. Lentamente, por el hambre, la enfermedad y el abandono. El mal es tan hábil como perverso. Se reinventa de la mano del poder. Denunciarlo y anunciar proféticamente la justicia del reino de Dios es abominable y perseguido. Ese fue el destino de los profetas del Antiguo Testamento. No es casualidad que el imperio haya acusado y condenado a Jesús por declararse rey de los judíos. La acusación pende en la parte superior de la cruz como razón del asesinato del crucificado. A pesar de que el Estado es constitucionalmente laico y, sobre todo, que sus funcionarios no son un ejemplo de honestidad, el modelo de Bukele no se cansa de apelar a Dios. Su profesión de fe ha encontrado eco en amplios sectores cristianos. Por eso, las voces disonantes son tan irritantes. El poder se revuelve contra ellas como ya lo hizo con Mons. Romero y la multitud de mártires de la Iglesia salvadoreña. El poder necesita lo sagrado para justificarse. El ejercicio del poder crudo y duro es intolerable. En la voluntad divina encuentra la legitimidad necesaria para imponerse de manera totalitaria. El cuadro de Mons. Romero que preside uno de los salones de Casa Presidencial cumple esa función. Bukele se sienta debajo de él como si estuviera bajo su protección. Aunque sabe bien que si el arzobispo viviera, habría denunciado sus injusticias y habría exigido respetar los derechos humanos, no lo baja. La imagen de Mons. Romero es demasiado poderosa como para descartarla. Desde esa posición privilegiada, Mons. Romero es testigo de los desafueros del régimen y es también una invitación a hacer política de la buena, la del bien común, respetuosa de la dignidad humana de todo el pueblo salvadoreño, por el hecho de ser personas, hijas e hijos de Dios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de cuatro años, el régimen de excepción no puede juzgarse solo por la seguridad que consiguió al encerrar a los pandilleros. Ya es hora de valorar críticamente qué país construye. El oficialismo responde impulsivamente que construye uno nunca visto. La declaración es aceptada sin más por quienes han caído en la tentación de pensar que un país nuevo nace de la mano de Bukele. En realidad, el oficialismo está atrapado en el pasado, que limita su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y responder a las necesidades de la ciudadanía. El oficialismo perdió el paso cuando cayó en el error de conformarse con la supresión de las pandillas. El cruce de palabras entre dos diputadas, una vocera del oficialismo y la otra opositora, evidencia la pobreza del modelo de Bukele. El incidente se produjo a raíz de un pronunciamiento legislativo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La diputada opositora propuso ir más allá de una declaración y legislar para prevenir la violencia contra las mujeres. La oficialista saltó en defensa del orden establecido por el régimen de excepción. Según la legiladora, solo Bukele habría defendido a las mujeres y las niñas, puesto que las liberó de la violencia de las pandillas. Encerradas estas, la violencia contra las mujeres desapareció. La estadística gubernamental muestra una realidad muy diferente. En los dos últimos años registro casi tres mil violaciones. Cabe anotar que estas son solo las denunciadas. A pesar de la neutralización de los pandilleros, las mujeres son acosadas y violentadas en su hogar y su comunidad, en los espacios públicos y el sitio de trabajo, incluidas las dependencias gubernamentales. Policías y soldados abusan de ellas; a las que se resisten las encarcelan, acusadas de pertenecer a agrupaciones terroristas. Un francotirador de una fuerza especial asesinó impunemente a una de ellas con un certero disparo en el centro histórico de la capital, uno los sitios “más seguros” del modelo de Bukele, Otras muestras de indiferencia son la desactualización de los datos oficiales sobre la violencia contra la mujer desde 2021 y la baja tasa de condenas conseguidas por la Fiscalía en los procesos judiciales. De poco sirve, pues, condenar a cadena perpetua sin convictos. Reconocer la existencia de esta violencia es incómodo e inoportuno, porque exige ir más allá de confinar pandilleros. Esta operación, que Bukele da por concluida exitosamente, solo fue el comienzo. En el país existen otras formas de violencia que no permiten hablar de una seguridad total. El oficialismo padece del mismo mal que los dos partidos de la guerra civil. Arena y el FMLN gobernaron, tres décadas el primero y una el segundo, inmersos en el legado del conflicto armado. Se resistieron a asumir que los tiempos habían cambiado. No lo hicieron por comodidad y por falta de inteligencia política. Asumir la novedad exigía un esfuerzo que no estaban dispuestos a realizar. Se dejaron atrapar por un pasado más o menos idealizado. Esa fue su perdición y la gran oportunidad que Bukele supo aprovechar. Irónicamente, este se encuentra ahora en una posición similar. Se niega a aceptar que el desafío de las pandillas ya es pasado, que el nuevo país prometido a las mayorías no aparece por ningún lado y que su modelo se enfrenta ahora a desafíos diferentes. Las comunidades que antes sufrieron el terror de las pandillas hoy sufren la represión violenta de los policías y soldados del régimen de excepción, que abusan de ellas, las encarcelan y las asesinan impunemente. Anclado en el pasado, el oficialismo no encuentra motivo para abandonar la comodidad de lo conocido y adentrarse en terrenos que reclaman su atención. Sus troles reflejan esta actitud. Repiten descalificaciones asociadas a un pasado inexistente por pereza e ineptitud. Carecen de formación y talento para enfrentar racionalmente los cuestionamientos del presente. Se refugian en el convencimiento de estar en posesión de la verdad. A su patrón le basta con la descalificación desactualizada. La discusión legislativa sobre la violencia de la mujer revela la parálisis del oficialismo. Al no haber pandillas, tampoco habría violencia. Amenazar con cadena perpetua no detendrá las violaciones. Hace falta prevención eficaz. El oficialismo perdió la conexión con la realidad. La respuesta al cuestionamiento de la diputada de la oposición deja al descubierto su pobreza de pensamiento. La represión de las pandillas, a la cual llegó por mera casualidad, agotó su iniciativa y su eficacia. El oficialismo no ha aprendido la lección. Sigue el mismo camino que sus predecesores. En el momento menos esperado surgirá una fuerza que aglutinará y organizará el descontento popular y pondría fin a su reinado. Lo mismo que hizo con los dos partidos de la guerra. La novedad envejeció. El oficialismo es ahora más viejo, desfasado e inútil. Se quedó sin ideas y sin novedades. Si no reacciona, se encamina lenta, pero inexorablemente al depósito de proyectos fallidos de