Editoriales y Opiniones

El Salvador vive tiempos complejos. Los análisis tradicionales son poco útiles para explicar y entender lo que está sucediendo. La encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) revela aparentes contradicciones; un divorcio entre lo que la gente dice y lo que hace en la práctica, una ruptura entre los datos de la realidad y la percepción ciudadana. Por ejemplo, 73% de los encuestados no está de acuerdo con que un mandatario controle todos los poderes de un país sin que nadie lo controle a él. Y 63.2% dice que en El Salvador hay un líder fuerte que concentra mucho poder de decisión. Sin embargo, la gente apoya la gestión de Bukele. La nota promedio que le otorga, 8.37, es elocuente. Por otra parte, más del 60% de la gente opina que la situación económica es el principal problema del país, 76 de cada 100 creen que la pobreza ha aumentado o sigue igual, 77 de cada 100 piensan que el desempleo aumentó o se mantiene, 93.2% que los precios de la canasta básica han aumentado y 68% que el costo de la vida se ha incrementado mucho este año en el país. En el campo de la economía familiar, 60.6% ha visto como el recibo de la energía eléctrica subió, 41 de cada 100 han tenido que pedir prestado dinero a otra persona para terminar el mes y más del 76% de las familias gastan más de sus ingresos en alimentos que antes. Sin embargo, a pesar de la crítica situación que la misma ciudadanía expone, una tercera parte cree que la situación económica está mejor; otra proporción semejante, que está igual; y un tercio, que ha empeorado. Asimismo, en áreas en las que se constata un empeoramiento objetivo de la situación (educación, derechos humanos y salud, por ejemplo), la población percibe que están mejor que en años anteriores. Entre las múltiples razones que pueden ayudar a entender estos datos, sobresalen tres. En primer lugar, la percepción ciudadana sobre las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Sin duda, el principal pilar de la popularidad del presidente es el estado de excepción. A esta medida atribuye el 90% de la gente que la inseguridad haya disminuido. Incluso los que dicen que la economía está mejor lo adjudican a esa política de seguridad. Los ministerios también se benefician de ese reconocimiento en materia de seguridad. Un dato llamativo es que, por primera vez en la historia reciente, las alcaldías son de las instituciones peor evaluadas por la población, solo arriba de los partidos políticos, pero por abajo de los empresarios. Probablemente este sea el precio que ha tenido la imposición de candidatos más caracterizados por la sumisión al Ejecutivo que por la defensa de los derechos de los habitantes de sus municipios. Un segundo factor que explica que la percepción ciudadana no se corresponda con la realidad del país, sobre todo en temas económicos y sociales, es el permanente y masivo bombardeo propagandístico del Gobierno. Esta es la principal apuesta gubernamental: colocar en el imaginario público la fotografía de un país retocado en estudio publicitario. La tercera razón se halla en la profunda desinformación de la población. 80 de cada 100 personas desconocen que por fallos en la billetera Chivo se se perdieron aproximadamente 12 millones de dólares del erario público; 92 de cada 100 no saben que el Ejecutivo le paga 60 mil dólares mensuales a una persona para que mejore su imagen en Estados Unidos; 81% ignora que Bandesal ha reservado información sobre los millonarios fideicomisos para comprar bitcoin; el 84% no está enterado de que se han otorgado contratos públicos por cientos de miles de dólares a allegados de funcionarios sin seguir el procedimiento de ley. Más allá de los espejismos, el país va mal, y quienes al final pagan las consecuencias son los sectores emprobrecidos y vulnerables. Por el momento, la estrategia de represión, propaganda y desinformación está rindiendo los frutos esperados, pero mal alimenta lo que se gesta pútrido.

El 16 de enero de este año se cumplieron 31 años desde la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado entre el FMLN y el Gobierno salvadoreño. Quizá por esta razón aquellos acuerdos fueron conocidos como “Acuerdos de Paz”. Ya solo por este hecho tuvieron una relevancia social y política de la cual reniega el Gobierno actual. Pero hay que poner en su justo lugar y medida a dichos acuerdos para, por un lado, no pedirles lo que no podían dar y, por otro, no caer en el anacronismo de juzgarlos a partir de los problemas actuales del país. La firma de unos acuerdos que darían fin al conflicto militar suponía eliminar las causas que le dieron origen. ¿Cuáles fueron esas causas? Hay quienes enfocan en variables económicas y dicen que el conflicto estalló por la pobreza y miseria en que vivía la mayoría de la población salvadoreña, especialmente la campesina. Hay otros que se centran en variables sociales como los bajos niveles de acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc. Y hay quienes dirigen la mirada hacia variables jurídico-políticas como la violación a derechos humanos, la represión, los fraudes electorales, etc. Juntando todas estas visiones se tendría que llegar a la conclusión que las causas fueron múltiples. ¿Contempla esta multicausalidad el contenido de los acuerdos de Chapultepec? Es evidente que la respuesta a dicha pregunta ha de ser negativa. Un análisis de los Acuerdos de Paz pone de relieve que el foco está en variables de índole jurídico-política. El resultado es una reforma política que debía implementarse para superar las condiciones jurídico-políticas que estaban en el origen del conflicto. De hecho, los Acuerdos son el resultado de un largo proceso de diálogo y negociación política, cuya última fase se abrió paso a raíz de la ofensiva militar del FMLN desatada el 11 de noviembre de 1989. ¿Qué es lo que se negoció? Ciertamente, una salida pacífica al conflicto en lugar de una salida militar. Para propiciar esa salida había que remover aquello que estaba en el origen. Institucionalmente hablando, se puede decir que aquello que había que remover era el régimen autoritario de corte militar que prevalecía en el país desde 1930. Dicho régimen se basaba en la exclusión política y la respuesta violenta contra cualquier intento de transformación del orden económico al que el régimen servía de soporte. Aunque se revestía de una formalidad democrática, es decir, se reconocían constitucionalmente derechos civiles y políticos, los militares gobernaban haciendo caso omiso de los límites que las distintas constituciones vigentes les establecían. Cometían fraudes electorales, realizaban elecciones con un solo candidato, no permitían la organización campesina, reprimían manifestaciones callejeras, perseguían opositores hasta su desaparición o asesinato, en fin, violaban los derechos humanos. Según la Proclama de la Fuerza Armada, dada a conocer a raíz del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, aquellos gobiernos militares habían sido, además, corruptos. Todo esto es lo que había que remover junto a la estructura bélica, tanto de los insurgentes como estatal, que se desarrolló en el contexto de la guerra civil. La superación del régimen autoritario resultó en una liberalización política, no necesariamente en la instauración de un régimen democrático. La transición política salvadoreña que había iniciado con aquel golpe de Estado tenía un punto de inicio seguro, pero un final incierto. Los “doce” años del conflicto armado expresan la incertidumbre sobre el punto de llegada. Para los más optimistas, se trataba de una transición hacia la democracia; para los menos optimistas, la transición era hacia otro tipo de régimen que había que determinar. Se puede decir que había un acuerdo respecto al punto de partida: un régimen autoritario, una dictadura militar. Pero el final de la transición quedaba abierto con tres escenarios probables: un régimen autoritario de nuevo tipo, un régimen democrático o un régimen híbrido, es decir, uno basado en una mezcla de elementos democráticos conviviendo con elementos de corte autoritario. En la dilucidación del tipo de régimen resultante de la transición es donde cobra importancia cognitiva la distinción entre liberalización y democratización. En términos de procesos de democratización, la liberación puede considerarse como la etapa inicial del proceso. Se abren espacios para la participación política de la oposición anteriormente proscripta; se garantizan libertades cívicas como la libertad de expresión, de organización, de movilización; se realizan elecciones libres y competitivas en las que realmente está en juego el poder político; se respeta la privacidad de las comunicaciones y la inviolabilidad de la morada, etc. La apertura puede ser gradual, y así fue en El Salvador si el proceso se observa desde la elección de Asamblea Constituyente en 1982. Poco a poco se fue aceptando la participación política de todo el espectro ideológico. Las reformas const

Cuando se detiene a personas acusadas de delitos es normal que sus nombres aparezcan en los medios de comunicación. Pero lo que no debería ser normal es que aparezcan con fotografías e imágenes en las que se les ve en muy diversas y desiguales posiciones. Al igual que en la sociedad desigual en la que vivimos, hay también en las imágenes de los detenidos una especie de desigualdad radical. Lo mismo suele pasar con la prisión preventiva, cuando el caso pasa a instrucción. Los que pertenecen a los niveles más bajos van todos a la cárcel, o al menos muy mayoritariamente. Cuando hay poder e influencia, se consigue excepcionalmente lo que debería ser la norma, no la excepción: ser juzgado en libertad. Con respecto a las imágenes que acompañan a las detenciones, los peor tratados suelen ser los acusados de pertenecer a las maras: los presentan medio desnudos, con frecuencia de rodillas y flanqueados de policías o militares fuertemente armados. Están después los detenidos que el régimen considera molestos o enemigos por diversas causas: se les suele mostrar esposados y generalmente mal encarados. Y finalmente están los protegidos por el poder, que generalmente no aparecen fotografiados en el momento de su detención y a veces ni siquiera son encarcelados cuando los jueces les ordenan prisión preventiva. En las redes sociales el espectáculo suele ser más degradante. A los de más bajo nivel se les exhibe muertos. Y si están vivos, incluso se les ha visto tendidos en el suelo, con el pie de un agente de la autoridad puesto triunfalmente sobre su espalda. Recientemente hemos visto a una sindicalista arrastrada en el suelo por policías, mientras lloraba lamentando su detención por manifestarse reclamando su salario, muy atrasado y en deuda por parte de la municipalidad en la que trabaja. De la gente importante no hay fotos. En todo caso, fotografías antiguas, pero no relacionadas con el momento de la detención. La Constitución de la República puede decir que todos somos iguales ante la ley, y los leguleyos de turno pueden repetirlo como si pronunciaran un mantra o un artículo de fe. Pero la difusión gráfica de las detenciones muestra a las claras que vivimos en una sociedad donde los considerados superiores por el poder son mejor tratados que los vistos como inferiores, independientemente de la gravedad de los crímenes cometidos. Las imágenes que nos demuestran la desigualdad y la discriminación insolente y descarada que domina las formas de tratar a las personas acusadas de delitos no son las expresiones más fuertes de la desigualdad. En diversos lugares de nuestra patria podemos contemplar la escandalosa desigualdad, muchas veces vecina, entre zonas profundamente deprimidas, con casas de lata y cartón, y torres de lujo en las que los apartamentos no bajan de los 200 mil dólares. En la salud y en la educación, las desigualdades continúan siendo ofensivas, lo mismo que en el sistema de pensiones o en la distribución pública del acceso al agua. Pero las fotografías humillantes (o la ausencia de imágenes entre los favorecidos por el poder) nos muestran la naturalidad con la que vivimos la desigualdad. La falta de debate sobre el problema nacional de la desigualdad está en la base del desprestigio de los políticos del pasado. Pero en la actualidad, los que se consideran nuevos políticos, continúan no solo sin tocar el tema, sino alentando la discriminación en base a la idea de amigos y enemigos, y promoviendo el trato desigual en el campo de la justicia a todo aquel que por una razón u otra emite críticas al poder establecido. Y olvidan que la lucha estatal contra la desigualdad y la discriminación son las bases del desarrollo democrático y de la paz social de los países.

El problema no es que la administración de Bukele y su partido odien los Acuerdos de Paz en particular, sino que rechazan cualquier tipo de acercamiento con miembros o sectores de la sociedad civil que tengan una opinión crítica de las acciones o normas gubernamentales. Los Acuerdos de Paz, pese a sus limitaciones, produjeron una enorme alegría en el país al liberarlo de una guerra fratricida. Porque siempre es mejor un acuerdo deficiente que una guerra brutal. Sin embargo, quienes hoy dirigen la política parecen pensar que es mejor guerrear, verbal o represivamente, según las circunstancias, que avanzar por la vía del diálogo en busca de entendimientos. Los problemas que de esa actitud se derivan quizás no sean evidentes de inmediato, pero negarse al diálogo con quien piensa diferente conduce al desgaste del poder, a la pérdida de autoridad moral y al crecimiento de los problemas sociales. La capacidad de diálogo ha sido considerada siempre como una virtud tanto social como política. Abre al entendimiento, descubre nuevas perspectivas, conduce al respeto y a una amistad básica entre quienes piensan diferente. Desde la ética y el humanismo se insiste en la dimensión comunicativa del ser humano, en la necesidad de relacionarse con los demás para crecer y desarrollarse racionalmente. La construcción de proyectos de realización común solo es posible desde la capacidad de dialogar. En ese sentido, rechazar y denigrar un diálogo impulsado por personas de la categoría humana y religiosa de monseñor Rivera, y en el que participó gente de buena voluntad, lo único que muestra es pequeñez de espíritu. Presentarse como poseedor de la verdad no es de sabios. No reconocer lo positivo del pasado es síntoma claro de inmadurez personal y de carencia de sensatez. Por supuesto, no se trata de glorificar el pasado. Desde esta casa de estudios siempre se ha dicho que en la búsqueda de la paz tuvieron más protagonismo los movimientos de mujeres que luchaban en favor de encontrar a sus hijos desaparecidos o que pedían justicia para sus parientes asesinados, que quienes firmaron los Acuerdos de Paz. Saber reconocer a las personas y procesos que generan dinamismos positivos contribuye a la construcción de una mejor sociedad que la que puede edificarse desde el autoritarismo, la desigualdad y la injusticia social. Imponer y celebrar el bitcoin como moneda nacional y negarle valor a los Acuerdos de Paz muestra una especie de esquizofrenia política que insufla irracionalidad en los dinamismos de la vida pública. Evidentemente, honrar los Acuerdos de Paz implica analizar crítica y honestamente sus insuficiencias y problemáticas. Sobre todo cuando los políticos no han mantenido el espíritu de cambio cultural, económico y social que los Acuerdos preconizaban. Pero eso es muy diferente a negarles valor y mostrar una absoluta despreocupación por la dignidad y anhelos de las víctimas de la guerra. Hacer un alto en esta especie de guerra cultural absurda y dialogar con todos los sectores es lo único que podrá conducirnos a una sociedad fraterna que responda a derechos consagrados universalmente y en la que el desarrollo sea equitativo.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en que la nueva ley de pensiones es una reforma integral al sistema, no hay ni habrá tal cosa. La normativa aprobada por el oficialismo no crea un nuevo sistema, sino que solo le aplica algunas reformas al existente. Reformas que fundamentalmente van en la misma dirección que las efectuadas en 2017. En lo esencial, el sistema de pensiones se mantiene intacto. Sigue siendo un sistema mixto, conformado por una cuenta individual a nombre de cada trabajador y un fondo común de garantía previsional. Ambos fondos, el particular y el común, son administrados por las AFP, que hoy recibirán una comisión del 1% de las cotizaciones que se aportan al sistema. Sigue siendo, pues, un sistema de administración privada regulado por el Estado. La falsa reforma integral no supone el tránsito a un sistema público ni a uno de reparto, como era la demanda de muchos, conscientes de que un sistema de ahorro privado es incapaz de ofrecer una pensión digna a la mayoría del pueblo salvadoreño. En realidad, la nueva ley tampoco reduce la comisión de las AFP. Si bien antes estas recibían una comisión del 1.9%, con esa cantidad, además de cubrir costos y obtener ganancias por administrar el sistema, tenían que adquirir un seguro que cubría las pensiones por invalidez y sobrevivencia. Con la reforma, ese seguro desaparece y esas dos pensiones se respaldarán con el fondo de garantía previsional. Ello significa que las AFP tendrán los mismos beneficios de antes, pues la comisión efectiva para realizar su trabajo no baja. Tampoco es verdad que nadie meterá la mano en los fondos previsionales. La nueva ley crea los Certificados de Obligaciones Previsionales, que serán emitidos por el Instituto Nacional de Pensiones a un plazo de vencimiento de 50 años. Los Certificados deberán adquirirse obligatoriamente con los fondos del sistema previsional, ya sea de las cuentas de los trabajadores o del fondo común, sin límite alguno. Ello podría suponer que, dentro de unos años, el sistema de pensiones no tenga dinero en efectivo, sino únicamente papeles, y que el Instituto Nacional de Pensiones sea el principal deudor de los ahorros previsionales de los trabajadores. Ciertamente, la reforma previsional supondrá algunas pequeñas mejoras que incrementarán la pensión del cotizante que a partir de esta fecha tenga por delante una larga vida laboral, no así a los que están ya cercanos a la edad de jubilarse. Dos son los factores favorables: la aportación mensual a la cuenta individual se incrementa del 8.1% al 9% del salario y los Certificados de Obligaciones Previsionales pagarán obligatoriamente una tasa de interés del 7%. Estas medidas supondrán, respectivamente, un mayor ahorro para cada cotizante y una mayor rentabilidad de los fondos de su cuenta de ahorro individual. Sin embargo, no debe perderse de vista que la nueva ley define que el aguinaldo que reciben los pensionados en diciembre ya no será equivalente a la pensión, sino a la mitad de la misma, lo que significa una pérdida. Tampoco hay una diferencia sustancial en la formula para calcular la pensión a entregar mensualmente: el monto de esta será resultado de dividir el saldo de la cuenta de ahorro individual entre 250 cuotas (240 meses de pensión y 20 aguinaldos del 50% de la pensión mensual); antes se dividía entre 260. La pensión resultante sería prácticamente igual a la de antes. La diferencia está más bien en que la ley introduce un incremento del 30% sobre la pensión calculada. Los estudios realizados con base en los ahorros de los cotizantes en edad de pensionarse o próximos a ello muestran que a pesar de la reforma, las pensiones seguirán siendo muy bajas y que la mayoría de ellas serán equivalentes a la mínima, lo cual no estimulará a jubilarse ni asegurará una vida digna para los adultos mayores pensionados. Una vez más: un sistema de previsión fundamentado en el ahorro individual es incapaz de ofrecer una pensión que represente más del 40% del salario; mantenerlo es condenar a los pensionados a pasar grandes limitaciones en su vejez. Además, este sistema excluye al 75% de las y los salvadoreños, quienes en su etapa de adultos mayores tendrán que depender de la solidaridad familiar para sobrevivir. Ello sigue contribuyendo a la desigualdad social y no garantiza el derecho a una vejez digna.

El pajarito presidencial recogió no hace mucho cuatro preguntas retóricas, típicas de las redes, que, aparentemente, justificarían la represión. La fuente original no responde a ninguna de ellas, porque, en sí misma, la pregunta encierra la respuesta deseada. La primera se sitúa en “un día más sin homicidios” para afirmar enseguida, en forma de pregunta: “¿A quién no podría no gustarle esto?”. Sostener lo contrario, sería una perversidad. Esa no es la dificultad, sino valerse del fin para justificar unos medios aberrantes. Perseguir el homicidio es una obligación estatal, más aún cuando la tasa ha sido abrumadoramente elevada. Pero no es el caso, sino el cómo se hace descender esa tasa. No cualquier medio es jurídicamente permitido, ni éticamente admisible, ni humanamente tolerable, aun cuando encuentre gran popularidad. Aparte que la premisa de la pregunta, “0 homicidios”, tampoco es verdadera, porque solo cuenta los asesinatos perpetrados por los pandilleros, lo cual revela la intención propagandística del conteo presidencial y, en general, de la seguridad ciudadana. La segunda pregunta se sitúa en la misma línea: “¿Por qué les disgusta que en El Salvador ha caído la cifra de homicidios?”. Molestarse por ello sería insensato. De nuevo, la pregunta es malintencionada. Se condena el encarcelamiento de una cantidad indiscriminada y desconocida de inocentes, el maltrato y la tortura de pandilleros y no pandilleros, y la supresión de la independencia judicial. Las capturas no están respaldadas por una investigación fiscal y policial que arroje sospechas razonables, y los detenidos, por el hecho de haber sido encerrados, han sido declarados culpables y condenados a prisión por años sin término. El destino de los capturados está en manos de policías, soldados y carceleros convertidos en juzgadores. La tercera pregunta da cuenta cabal de esta forma de combatir el homicidio: “¿Es por eso que afirman que hay una dictadura?”. Así es, en efecto. Su autor, Bukele y sus seguidores son de la opinión que la reducción de la tasa de homicidios bien vale una dictadura. El “0 homicidios” haría de esa forma de gobernar algo bueno y deseable. La lógica presidencial utiliza un bien incuestionable para transformar la injusticia y la opresión en valores políticos apreciados. Retiene un dato, mientras pasa por alto que la ciudadanía —en particular, la pobre y vulnerable— queda a merced de la voluntad del tirano y sus huestes. Después del reinado de las pandillas, ese peligro se menosprecia hasta que se experimenta la brutalidad del régimen en carne propia. La última pregunta, “¿Con qué cifra estaría satisfecho/contento?”, confirma la cortedad de miras y la malicia de su autor. Insiste en colocar el centro de la discusión en la cantidad de homicidios, cosa que la población agradece, pero olvida interesadamente el método. Detrás de un dato, supuestamente objetivo, oculta la arbitrariedad jurídica, la inmoralidad política y la inhumanidad. La dictadura es buena para destruir, pero no para ofrecer una alternativa viable, sostenible y humana. La reciente detención indefinida de más de 61 presuntos pandilleros es un despropósito judicial, social y humano. Implica un creciente gasto en un Estado ya muy endeudado; deja en el abandono a centenares de menores de edad, que crecerán, al igual que sus progenitores, en la calle, expuestos a rebuscarse la vida en la organización criminal; y, finalmente, la cadena perpetua de la gigantesca masa de detenidos es insostenible. En algún momento serán puestos en libertad. Los culpables, peor de lo que entraron, porque se les niega la posibilidad de reeducarse y sanarse para reinsertarse en la sociedad e intentar una vida honesta y digna. La cárcel es un centro de estudios criminales especializados, el lugar ideal para familiarizarse con el crimen organizado. Los inocentes saldrán física, psicológica y espiritualmente destrozados, y, por tanto, representarán una carga más para sus familiares. Las cuatro afirmaciones en forma de pregunta se antojan evidentes para los fanáticos del régimen de los Bukele. En realidad, son aseveraciones superficiales e ingenuas, malintencionadas ciertamente, pero movilizadoras. Su fuerza estriba en explotar el sentir popular sin prestar atención a la racionalidad. La inteligencia no interesa, sino el seguimiento ciego del líder. Hipnotizado por la popularidad derivada de la represión, Bukele ha activado una bomba de tiempo, pues fomenta lo contrario de lo que combate. La cadena perpetua no es la solución para un complejo problema estructural de carácter social, político, económico y cultural con una historia muy larga. Abarrotar más las cárceles con nuevas redadas puede que sostenga su popularidad, pero también acelera el estallido social de consecuencias imprevisibles. Ciertamente, “El Salvador ya no es el de antes”, pero no porque el actual sea menos desigual, más vivible y humano. El “0 homicidios” ha despedazado lo que quedaba del ya maltrecho tejido social. * Rodolfo

¿Cómo entender el apoyo popular a un gobierno y a una persona tan lejanos al sentir y la realidad cotidiana de la mayoría de salvadoreños? ¿Por qué alguien que genera odio y división es aplaudido incluso por quienes se dicen seguidores del amor o llaman a la tolerancia? ¿Cómo es que gran parte de la población dice preferir la democracia cuando al mismo tiempo goza con la violación de derechos humanos y ve con buenos ojos que la ley se haya convertido en papel mojado, que las instituciones sean ornamentales y que impere la voluntad de una persona y su grupo? Para explicar razonablemente lo que sucede en el país hay que atender a la cultura autoritaria propia de la sociedad salvadoreña. Es decir, si hay apoyo a un líder autoritario es porque, en el fondo, buena parte de la gente es autoritaria, aunque las apariencias y los buenos modos pretendan decir lo contrario. Por lo general, lo que más se admira en otra persona es algo que se anhela en el fuero más íntimo; y lo que más se rechaza en otro, un rasgo propio que se detesta. En esta línea, se aplaude y respalda a líderes autoritarios porque su autoritarismo es un rasgo que se comparte y gusta. No por simple ignorancia muchas personas hablan con añoranza de los tiempos del dictador Maximiliano Hernández Martínez. El autoritarismo se ha asimilado desde la infancia, tanto en el hogar como en la escuela. El padre que manda y decide sin tolerar cuestionamientos ni oír opiniones y el profesor que en el aula de clases premia la obediencia y castiga la diferencia configuran en sus hijos y alumnos una mentalidad autoritaria. Con el proceso de democratización que iniciaron los Acuerdos de Paz, el estilo autoritario pasó a operar tras bambalinas, dulcificado por una fraseología políticamente correcta. Pero por mucho que se quisiera ocultar o disimular, terminaba saliendo a flote. Y hoy impera sin recatos de la mano de alguien que busca solucionar todo por la fuerza y abomina del diálogo. El pueblo autoritario se somete mansamente al que muestra mayor fuerza. La razón se apaga para que el líder tome todas las decisiones. El autoritarismo que se lleva dentro lleva a comulgar con el que se exhibe desde las más altas esferas. Largo será el camino para sanar las tropelías que ahora se cometen, y más largo aún para desmontar un sistema de valores que mantiene al país en el subdesarrollo y el enfrentamiento.

La caída de la alcaldesa de Soyapango no se debe tanto a la corrupción ni a la mala administración municipal. No es la única que se ha aprovechado del poder del oficialismo para practicar ambos vicios; no pocos colegas suyos hacen exactamente lo mismo. Más plausible es que haya traspasado el límite permitido a los subalternos del supremo. Quizás también se haya visto comprometida en alguna lucha de poder dentro de las filas del oficialismo. Una vez caída en desgracia, ha sido exhibida como un ejemplo de lucha contra la corrupción. Su destino es también una advertencia sobre la transitoriedad del poder mundano. Hoy como ayer, la corrupción campea por sus respetos. Los corruptos gozan de mucha libertad para sus fechorías siempre y cuando se mantengan en el sitio asignado por el supremo y le sean incondicionales. Es difícil pensar que un régimen tan centralizado como el de los Bukele desconozca la corrupción y a los corruptos. De alguna manera, estos cuentan con su beneplácito. Si la corrupción fuera combatida con acuciosidad y rigor, hace tiempo habrían caído muchos otros funcionarios y en posiciones más altas que la alcaldesa. Su error no consistió en valerse de su cargo para acrecentar su fortuna, sino en haberse propasado. Si Bukele persiguiera la corrupción, tal como asegura, no ocultaría casi toda la información sobre su gestión. Al contrario, animaría a la ciudadanía a denunciar a los corruptos. Incluso la recompensaría. En este campo no solo no hay novedad, sino que se encubre deliberadamente cualquier indicio de corrupción. No obstante, el presidente dice bien que “si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que [la captura de la alcaldesa] es una necesidad […] ineludible”. Pero un caso aislado, más bien excepcional, no indica la existencia de una voluntad de combatir la corrupción. Evidentemente, existe conocimiento del flagelo y del gravísimo daño que ocasiona. Pero es más fuerte la idea de que el cargo público es para mejorar la fortuna personal, familiar y de los allegados cercanos. Este concepto del Estado y de la gestión pública permanece inalterado desde tiempo inmemorial. Los revolucionarios de antaño lo aceptaron. Las nuevas ideas de los recién llegados no han podido resistirse y le sacan el máximo provecho. La suerte de la alcaldesa de Soyapango pone de manifiesto el fracaso de la gestión municipal del partido oficial. Pudo ser de otra manera, pero eso era mucho pedir a la nueva generación de advenedizos y aventureros. La basura ha sido la prueba de fuego de la funcionaria defenestrada. Mientras los legisladores del oficialismo sancionan con dureza tirar basura, una de sus funcionarias la deja abandonada en la vía pública de su municipio. Inexperiencia y desidia. En esto tampoco es única; ha tenido colegas que sin mayor razonamiento técnico emiten ordenanzas propias de iluminados. Reducir drásticamente la cantidad de municipios es otra ocurrencia irreflexiva. El problema no es la cantidad de municipios, sino la mala gestión, la corrupción rampante y el abandono de las comunidades de la circunscripción municipal. Paradójicamente, la municipalidad es la institución estatal mejor capacitada para servir a la ciudadanía por su familiaridad con el terreno y sus desafíos, y por su cercanía con la población. Siempre existe el peligro de la gestión inapropiada y la corrupción, pero ambas se combaten con instituciones fuertes y eficaces, con información veraz y oportuna, y con una ciudadanía que, consciente de sus derechos, exige y vigila de cerca a los funcionarios. No obstante las ventajas evidentes, la descentralización de los servicios y necesariamente también de los recursos es percibida como una amenaza intolerable para un poder centralizador y autoritario. El dilema de Bukele es que no puede tener ambas cosas: entregar servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía, y centralizar los recursos y el poder. La centralización no ha producido más y mejores servicios. Bukele entrega obras innecesarias y deja otras sin concluir, mientras despilfarra unos recursos escasos. Los servicios son menos y de menor calidad. Las verdaderas razones detrás de la caída de la alcaldesa de Soyapango no son claras. No era suficientemente cercana al poder ni era imprescindible. La inmunidad presidencial cobija a los grandes e incondicionales. A los medianos y los pequeños los entrega a los lobos y encima los pone como ejemplo de transparencia. La alcaldesa ha prestado un valioso servicio al régimen: su caída estrepitosa ha sido utilizada para ocultar la corrupción generalizada. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

No ha habido Gobierno en El Salvador que no haya tenido problemas sistemáticos, o al menos episodios graves, de corrupción. Perseguidos unos, tolerados otros y cultivados con esmero algunos de ellos, los casos han sido una constante. Incluso desde altas instancias de la esfera gubernamental se ha instado a los funcionarios a saltarse normas que protegen procedimientos clave para el manejo del dinero público o a no declarar parte de sus ingresos mensuales. La actual oscuridad informativa no augura que la administración Bukele vaya a impulsar un cambio radical en lo que ya no solo es una costumbre, sino un problema estructural, un grave vicio hondamente incrustado en la clase política y en las instituciones estatales. Pese a las críticas y acciones del Gobierno contra la corrupción de sus predecesores, la mala gestión de los recursos públicos sigue vigente con la misma intensidad que antaño. Contra la corrupción y sus efectos negativos en el desarrollo y en la convivencia social se pueden decir muchas cosas. Pero tal vez los daños más graves son la pérdida de confianza en la clase política y sus discursos, la reticencia frente a un sector empresarial acostumbrado a beneficiarse del statu quo corrupto, el abandono de los esfuerzos por cambiar la estructura social vigente y la caída en el individualismo del sálvese quien pueda. Aunque es ampliamente conocido que la solución pasa por contar con instituciones de control fuertes e independientes, y con una legislación adecuada, no hay ninguna señal de interés al respecto. La Corte de Cuentas ha sido siempre un instrumento político al servicio del poder dominante, no una institución de auditoría seria, capaz de descubrir la corrupción de quienes gestionan el aparato público y apoyar a las instituciones responsables de la persecución y sanción del delito. La pérdida de confianza en la administración de los bienes públicos produce casi de forma automática una espiral de corrupción: se busca a personas, no leyes ni instituciones, que solucionen la perversión del manejo de los recursos estatales. Y eso lleva a elegir a sujetos carismáticos que generan confianza, pero que son incapaces de enfrentar problemas estructurales, o a oportunistas que se llenan los bolsillos mientras critican el pasado. Fortalecer la independencia de las instituciones de control y cerrar todo resquicio legal que dificulte o anule la rendición de cuentas son elementos indispensables para corregir esta especie de cáncer maligno que mina la salud de la sociedad salvadoreña. Si no se actúa adecuadamente contra la corrupción, los costos humanos y los perjuicios en el desarrollo serán cada vez mayores. Porque el tamaño de El Salvador intensifica la interrelación entre su población, los efectos de las actividades disfuncionales resultan más dañinos y peligrosos. Por tanto, resulta temerario no atenderlas.

2023 inicia con más sombras que luces para la población salvadoreña. El país enfrenta una deuda pública que crece constantemente; solo en 2022, esta aumentó en más de tres mil millones de dólares, el mayor endeudamiento anual en la historia nacional. A finales de este mes, el Gobierno tendrá que pagar cerca de seiscientos millones por el vencimiento de eurobonos, para lo cual la Asamblea Legislativa ya ha aprobado un nuevo préstamo. Además, el presupuesto 2023 está desfinanciado y su déficit será cubierto mediante otro préstamo. Todo ello hace que el endeudamiento público sea cada vez más insostenible y que cada año se incremente el monto presupuestario destinado al pago de los intereses de los préstamos adquiridos por el Estado. Estos preocupantes niveles de endeudamiento y la insistencia en mantener la apuesta por el bitcoin a pesar de su fracaso han llevado a que El Salvador sea considerado un país de alto riesgo a nivel financiero y a que, por tanto, las tasas de interés a pagar por los préstamos sean cada vez más altas. Pese a esta sombría situación, el Estado sigue incrementando el monto del presupuesto nacional año con año y gastando más de lo que recauda. Aquello de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” es solo un eslogan sin correlato en la realidad, pues, por un lado, no hay voluntad de poner freno a la corrupción, más bien se alienta la misma al remover los controles sobre el uso de los fondos públicos y negar toda información sobre los mismos a la ciudadanía; y, por otro lado, el dinero sigue sin alcanzar para cubrir todos los gastos estatales, aun cuando cada año el fisco recauda más recursos. Pero no solo la economía gubernamental va mal, también la familiar está en crisis. Los hogares se ha visto afectados por el encarecimiento del costo de la vida, especialmente con la subida de los precios de la canasta básica y un nivel de inflación anual cercano al 9%, el más alto de este siglo XXI. Más del 50% de las familias no pueden hacer frente a gastos extraordinarios por sus propios medios, sino que tienen que recurrir a préstamos. Uno de los problemas más sentidos por la población es, desde hace años, la falta de empleo. Solo uno de cada cinco salvadoreños en edad laboral está empleado, lo cual es muestra evidente de la precariedad del empleo y de la economía a nivel nacional. Por otra parte, la reforma al sistema de pensiones no cambiará sustancialmente la precariedad de los montos que reciben los jubilados. A pesar del incremento del 30% que la nueva ley establece en el cálculo de las pensiones, estas seguirán siendo muy bajas en relación a los salarios percibidos por los trabajadores, especialmente en el caso de aquellos que ganan el equivalente a más de dos salarios mínimos al mes. El sistema de ahorro individual no es capaz de proporcionar una pensión digna con los parámetros actuales, por muchas reformas que se hagan. La nueva ley, aunque mejore las pensiones de los trabajadores con los salarios más bajos, está más bien orientada a que el Gobierno pueda echar mano sin restricciones de los ahorros de los trabajadores. También en lo político y lo social las cosas pintan mal. Este año se multiplicarán las medidas populistas de parte de la administración Bukele a fin de garantizar la victoria electoral del partido oficialista y la reelección inconstitucional del inquilino actual de Casa Presidencial, sin importar el alto costo que ello tendrá en el futuro del país. Asimismo, se intensificarán las medidas de control sobre la población en general, en especial sobre las organizaciones que mantienen una posición crítica y denuncian los abusos gubernamentales en el ejercicio del poder. El anuncio de que se prorrogará el régimen de excepción a lo largo de todo 2023 no es un buen augurio para nadie, ya que el régimen facilita la violación de los derechos humanos y la implementación de un Estado policial. También aumentará la propaganda oficial: la partida asignada a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa es la que mayor incremento registra en el presupuesto de este año: 47.8% en relación al de 2022. A pesar de todas estas dificultades, es crucial seguir viendo el futuro con esperanza. La resiliencia del pueblo salvadoreño, su empeño en salir adelante terminará desmontando la ficción adormecedora del oficialismo. A pesar de las mentiras y la opacidad del Gobierno de Bukele, tarde o temprano la verdad terminará por salir a la luz.

El año pasado, el mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz tuvo como ejes temáticos el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En 2023, el lema del mensaje es “Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz”. Se trata de una exhortación para que pueblos y naciones vuelvan a poner la palabra “juntos” en el centro. Para el papa Francisco, juntos, en la fraternidad y la solidaridad, podemos construir la paz, garantizar la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos. El mensaje retoma una de las intuiciones novedosas del Concilio Vaticano II: la que afirma que el designio divino es salvar a la humanidad no individualmente, sino como pueblo, en comunidad. En esta línea, el mensaje del papa señala que la mayor lección que nos deja el covid es la conciencia de que todos nos necesitamos, de que nuestro mayor tesoro es la fraternidad humana. Por tanto, “es urgente que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el camino de esta fraternidad humana”. En este sentido, nos recuerda que las respuestas más eficaces a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones públicas y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al desafío, dejando de lado intereses particulares. En el contexto de una crisis sanitaria todavía no superada, aparece otro virus más difícil de vencer: la guerra en Ucrania, que, según Francisco, en parte es comparable al covid, porque propaga inseguridad de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. Por tanto, explica el papa, “no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos […] esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas”. Desde la ética de la responsabilidad, el cuidado y la compasión, el papa nos lanza tres desafíos formulados en preguntas esenciales: ¿qué hemos aprendido de esta situación pandémica?, ¿qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos?y ¿qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor? En definitiva, ¿cómo trazar juntos caminos de paz? El papa propone medidas que vayan a la raíz de las crisis y que posibiliten un mundo nuevo en paz. En esa línea, nos habla de garantizar la sanidad pública para todos; promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza; cuidar nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades; desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades. El desarrollo de esas acciones implica un cambio de mentalidad y una mentalidad de cambio. De ahí que nos pida dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. En otras palabras, superar nuestra cerrazón y abrirnos a las exigencias de la realidad. Pero, según el mensaje del papa, también necesitamos una mentalidad de cambio. Ha llegado la hora, proclama Francisco, “de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común”. En pocas palabras, el mensaje de la 56.ª Jornada Mundial por la Paz nos ha recordado por qué falta la paz en nuestro mundo, y lo asocia a los problemas generalizados de desequilibrio, injusticia, pobreza y marginación que alimentan el malestar y los conflictos sociales. A su vez, plantea que “solo la paz que nace del amor fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales”. Y en coherencia con mensajes anteriores, se presenta la fraternidad y la solidaridad como fundamento y camino de la paz, como condición para contrarrestar la pobreza y la injusticia, como espíritu que conduce a una ética del encuentro y el cuidado. Francisco reitera que “ya no podemos pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz del bien común”. Estamos llamados, pues, a ser constructores de paz en fraternidad y solidaridad. * Carlos Ayala, profesor de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, California; facilitador del Certificado de Liderazgo Hispano del Boston College; profesor jubilado de la UCA; exdirector de Radio

La campaña para las elecciones generales de 2024 comenzó el 15 de septiembre del año pasado cuando Nayib Bukele anunció su intención de reelegirse, en abierto desafío a lo estipulado por la Constitución. En El Salvador, 2023 será, pues, un año electoral. A lo largo de los próximos meses y hasta febrero de 2024, sobrevendrá una avalancha de propaganda y publicidad que multiplicarán las mentiras y las medias verdades. Hasta el momento, la propaganda le ha dado buenos resultados a la administración de Bukele. Por ejemplo, mucha gente cree que el país tendrá pronto o tiene ya un satélite en el espacio, y que cuenta con el mejor sistema de salud de la región. Como parte de la estrategia oficial, se presentó como una reforma integral de pensiones a una ley que no cambia el sistema de ahorro privado y que le da vía libre al Gobierno para usar sin límite los fondos de los cotizantes, y se habla de la adopción del bitcóin como un éxito, aunque la realidad diga lo contrario. El gigantesco aparato gubernamental de comunicación y propaganda no busca más que galvanizar el apoyo ciudadano en torno a Bukele y garantizarle el voto para 2024. Con ese objetivo, se implementan dos estrategias. Por un lado, se reproduce por todos los medios posibles un discurso positivo sobre el presidente, ocultando fallos y falseando la realidad. Por otro, se desacredita, insulta y persigue a quienes disienten y desenmascaran la mentira oficial. Según una investigación de la agencia Reuters, el Gobierno, además de contar con medios en radio, televisión y prensa escrita, ha creado 1,500 canales de YouTube, 1,000 páginas de Facebook y diversas granjas de troles dedicados a propalar pseudonoticias que alaban al mandatario y su gestión, y a atacar a la oposición. De acuerdo a Reuters, los grupos de troles funcionan bajo las órdenes directas de ministros de Estado y en locales gubernamentales. Por otra parte, un informe del Departamento de Estado concluye que la estrategia de Bukele es “inundar a El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda, dominar las narrativas públicas y reprimir la disidencia”. Y ese ofensiva no cesa. Especialistas que dan seguimiento a las redes sociales en el país encontraron que solo en un día de este mes que recién inicia fueron publicados en YouTube 188 videos propagandísticos ligados al oficialismo. Casi el 90% de esos videos son del presidente o hablan bien de él; en el restante 10% se ataca a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y a un periodista reconocido por su capacidad de análisis y objetividad. En definitiva, todo lo que diga o haga el Gobierno en 2023 estará en función electoral; por tanto, solo hará lo que le dé más votos, no lo que sea mejor para el país.

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales. Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad. Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario. En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo.

Insistir en el tema de pensiones es fundamental para El salvador: la justicia social está en la Constitución como un deber del Estado. Y desde que se aprobó la Constitución, por una razón o por otra, jamás se dieron los pasos adecuados para avanzar en serio en justicia social. El tema pensiones nos lo demuestra. En la actualidad viven en El Salvador aproximadamente un poco más de 800.000 personas con más de 60 años. El cálculo que hacen instancias internacionales es que sólo el 20% de este número de personas goza de pensión. En total diríamos que tienen pensión entre 160.000 y 180.000 personas. A este número se le podría sumar la pensión compensatoria de 50 dólares mensuales para la población más pobre y mayor de 70 años, que cubre aproximadamente a unas 40.000 personas. Este modelo lo impulsó el FMLN en su último Gobierno. Y tanto el FMLN como Nuevas Ideas hoy, han pagado esta pensión con severos atrasos. Sumando la totalidad de las personas que reciben pensión, podemos hablar aproximadamente de 200.000 salvadoreños. Quedarían sin pensión aproximadamente 600.000. ¿Es esto justicia social? Que haya un número tan alto de personas sin pensión ¿es coherente con el derecho universal a una vejez digna? Honestamente: La hipocresía y la mentira se esconde con excesiva frecuencia detrás de los discursos políticos. Y no solo de ellos. Analistas, economistas, tanques de pensamiento, con demasiada frecuencia se preocupan más de si el Estado puede pagar pensiones que de la universalidad de las mismas. Una ley, como la actual de pensiones, que no toque el tema del derecho universal a la pensión, y que recete aumentos de mas de seiscientos dólares a las pensiones más altas mientras que se quedan en cien dólares las de nivel más bajo, es simplemente vergonzoso, injusto e inconstitucional, si nos tomamos en serio la justicia social. Y el problemas no es que este gobierno sea en este tema peor o mejor que los anteriores. Todos han sido deficientes e irresponsables en este tema. Igual que lo han sido algunas instituciones de la Empresa Privada que han defendido el actual sistema de pensiones en años pasados. Si como dice San Pablo en una de sus cartas, “la codicia es una forma de idolatría”, hay un exceso de idólatras entre los sectores más prominentes del capital salvadoreño. Pero el problema más grave es que no nos indigne la contradicción tan evidente entre nuestra legislación constitucional y nuestra práctica brutalmente despectiva y ofensiva contra los pobres de nuestro país. Casi todos los gobiernos que nos han gobernado se han promovido antes de sus victorias electorales como gobiernos de cambio. Pero el famoso cambio se ha convertido en una especie de maquinaria que no solo avanza lentamente, sino que retrocede cuando los intereses de los poderosos sienten el mas ligero daño en sus beneficios. Con demasiada facilidad los gobiernos se acostumbran a que no pasa nada olvidando a los pobres. Lo más que puede pasar es que los salvadoreños emigren. Y eso no disgusta ni a poderosos económicos ni a gobierno, pues las remesas hacen en la práctica la función de protección social que le correspondería al Estado, al tiempo que fortalecen el consumo, y con él los beneficios para quienes tienen más. Que se sufra por el camino, que se añore la patria, que se rompan familias, son temas menores para quienes tienen la vida más que asegurada en nuestro propio país. En el pasado, distintas personalidades, hablaran de lo que hablaran, terminaban sus discursos con una frase final referida a un tema que consideraban clave para sus países o intereses. Ojalá cada día más entre nosotros, abunden los que insisten en este tema de pensiones, se hable de lo que se hable. Al final es un tema fundamental para entender lo que es la justicia social, la protección social y la solidaridad con los débiles y vulnerables de nuestras sociedades. Olvidarlo es simplemente convertirse en cómplices de quienes odian la justicia social, incorporada en nuestra Constitución como elemento clave de convivencia.

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población. En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados. Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

La frase con la que se titula esta reflexión ha sido utilizada por distintos movimientos sociales, en especial, por movimientos indígenas y afrodecendientes a lo largo del continente latinoamericano. La usó Estela Hernández en un acto en donde el Estado Mexicano se disculpó y reconoció que había encarcelado injustamente a su madre, señalándole delitos de narcotráfico que no había cometido. La usaron los chilenos en las canciones de resistencia contra la dictadura. La utilizó Francia Márquez, la vicepresidenta afrocolombiana durante su campaña. En una sociedad como la salvadoreña, en el cierre de este 2022 es una buena manera de desear felices fiestas y una vida mejor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque por ahora, la dignidad no es costumbre sino privilegio. Algunos tienen el privilegio de migrar dignamente, gracias a sus ingresos y su posición social, mientras que otros no. Algunos, tienen el privilegio de gozar de su libertad, mientras que otros sufren detenciones y son de nuevo criminalizados por el delito de “portación de cara” como señaló alguna vez la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, o si lo queremos poner desde el famoso palimsesto de Roque Dalton: “en esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. Las persecuciones y las violencias que antes venían de las pandillas, hoy pueden venir del ejército o la policía. Y las víctimas en El Salvador siguen siendo quienes están por debajo del umbral de la pobreza. “Human Rights Watch y Cristosal obtuvieron evidencias sobre más de 1.100 casos de detenciones arbitrarias perpetradas durante el régimen de excepción y documentaron en detalle 130 de esos casos, incluidos 12 que constituyen desapariciones forzadas de corta duración”. En El Salvador si usted es hombre, joven y pobre, la posibilidad de una vida digna, de un trato amable, es casi imposible. El gobierno celebra con el cierre de año la posibilidad de ejecutar una reforma de pensiones, sin embargo, tres de cada cuatro salvadoreños no tendrán nunca acceso a una pensión, son parte de la inmensa mayoría de personas que trabaja en el sector informal, sin ningún tipo de seguridad social, por fuera del sistema. Para ellos, la dignidad de la vejez no existe. También ha señalado el gobierno que durante el 2022 hemos salido del top ten de países con mayor migración hacia Estados Unidos. Esto se explica muy fácilmente. Primero, nuestra migración se diversifica y gracias a nuestra experiencia migrante de larguísimos años, es mucho menos rastreable, es decir, más exitosa. Segundo, países con regímenes mucho más totalitarios están migrando más hacia el norte, mientras que nuestros números que se mantienen. El estallido de movilidad, huida y exilio de Nicaragua y Venezuela están alcanzando proporciones de catástrofe. Sin embargo, en la última encuesta del IUDOP se nos muestra que 44.3% de la población “está pensando seriamente en migrar”. Para el gobierno de El Salvador, la migración es más un problema que debemos evitar que un derecho al que podemos aspirar. Es por ello que lo único que tenemos son programas que buscan detener la migración, repatriar los cuerpos de nuestros migrantes asesinados por un camino inhóspito o incentivar para que las personas que son deportadas puedan volver a sus lugares de origen. Nada que complejice el problema y le devuelva la dignidad a quienes, desde tierras lejanas, mantienen a flote la economía, con sus remesas llenitas de amor y sueños. A muchos se nos olvida que migrar con visa y entrar o salir del territorio sin sufrir persecución es un privilegio que la gran mayoría de nuestros migrantes no tiene. Y mientras algunos están pensando su banquete para las fiestas de fin de año, el último informe de nuestro Departamento de Economía, muestra la crisis alimentaria que afecta sobre todo a las mujeres rurales. Nada demasiado novedoso. Pero en algunos lugares de nuestro territorio nacional, los niveles de desigualdad son escandalosos. Nuestro maestro de economistas, Francisco Javier Ibisatem S.J., nos decía hace algunos años que en El Salvador “lo más escandaloso no es el salario mínimo, sino el salario máximo”. Mientras seamos una sociedad en donde algunos piensan que lo merecen todo y otros sean completamente invisiblizados será muy difícil desterrar por completo las violencias. Será imposible que la vida digna sea un derecho para todos. Por eso, en el cierre de este 2022 que contabiliza ya nueve meses de un régimen de excepción que nos ha despojado de distintas garantías y libertades, mientras el costo de la vida sigue subiendo, mientras hay jóvenes y niños cruzando la frontera de nuestro país en busca de una mejor vida queremos dejar como regalo esta consigna, que es al mismo tiempo una esperanza y un compromiso desde la UCA: sigamos construyendo puentes, redes, sigamos creyendo los unos en los otros, salvándonos… hasta que la dignidad -en verdad- se haga costumbre. * Artículo publicado el boletín Proceso N.° 115.

En 2019 nació un movimiento solidario llamado “La Economía de Francisco”. Desde sus primeros mensajes el Papa había insistido en dar claramente un “no a una economía de la exclusión y la inequidad”, simple y sencillamente porque “esa economía mata” (Evangelii Gaudium 53). Fiel a la necesidad de transformar “una economía que mata, en una economía de la vida en todas sus dimensiones”, el Papa Francisco convocó a un amplio grupo de jóvenes economistas y emprendedores para trabajar con ellos en la construcción de una economía más justa e inclusiva. Y desde entonces el trabajo con jóvenes inquietos por la problemática de la injusticia social y la pobreza no se ha detenido. Este año, en el mes de septiembre, el Papa se reunión con aproximadamente mil jóvenes procedentes de cien países (el 30% de América Latina) y firmó con ellos un compromiso en el que los jóvenes se comprometen “individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una Economía de Evangelio”. En ese documento de compromiso se resumen muchas de las inquietudes de nuestras Iglesias Latinoamericanas, que están contra las guerras y la violencia, contra la proliferación de armas. Y sobre todo que atiende las preocupaciones de los pobres y mueve a defender el trabajo con salario digno, a combatir la miseria, a crear una riqueza para todos “que genere alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte, es una felicidad incompleta”. Una economía que no deje en el abandono y la exclusión a nadie y que esté al servicio “de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de cada mujer, hombre, niño, anciano, y sobre todo de los más frágiles y vulnerables”. Muchos jóvenes compartieron sus experiencias creativas en el campo del desarrollo y la empresa y mostraron la esperanza de que el cambio es posible. En este movimiento se han incorporado como personas de apoyo empresarios y expertos preocupados por una economía solidaria. Y cuenta además con el apoyo de personalidades como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus o el conocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, que intervinieron en anteriores reuniones en Asís. El Salvador tuvo también su representación de jóvenes economistas en las últimas reuniones. Es una buen noticia, y ojalá esta preocupación por una economía diferente, abierta a la universalidad del desarrollo para todos y todas, se extienda entre los jóvenes salvadoreños. Tener emprendimientos, saber de economía, no deben ser instrumentos para el enriquecimiento personal e insolidario, sino caminos para multiplicar el espíritu de servicio y fraternidad. Nuestros pastores han insistido con frecuencia en que desterremos de nuestra tierra el hambre, la exclusión, las diversas privaciones derivadas de la pobreza y el acaparamiento egoísta de los recursos naturales y humanos de El Salvador. El Papa, al final de la reunión en Asís, concluyó con una oración que decía: “Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no estimar y amar a los más pobres, por crear riqueza sin comunión”. Y terminaba diciendo “bendice a estos jóvenes, con la voluntad de gastar su vida por un gran ideal”. La Pastoral Juvenil salvadoreña, que incluye a tantos y tan generosos jóvenes en diversas labores tanto apostólicas como solidarias, debe ser entre nosotros una fuerza evangelizadora capaz de sumarse también a la “economía de Francisco”. Esa economía que no es sino parte importante de un camino de conversión que rechaza “toda connivencia con las estructuras de pecado que hoy particularmente condicionan a las personas en los diversos ambientes de vida” al mismo tiempo que se opone pacífica y constructivamente a “la guerra de los poderosos contra los débiles”, como bien definía el Papa Juan Pablo II la situación del mundo actual (Pastores Gregis 67).

El cerco militar de Soyapango exhibe fracturas comprometedoras. Al parecer, el rotundo éxito del régimen de excepción, que transformó ese municipio en el más seguro del mundo o del país, según se escuche a Bukele o a la alcaldesa, y por cuyas calles paseaba satisfecho el diputado jefe del oficialismo, no es tal, pues ha debido ser cercado por diez mil efectivos. Una movilización nunca vista, anunció exultante un Bukele orgulloso de la capacidad de despliegue de sus fuerzas represivas. Pero esa satisfacción solo se explica si el régimen de excepción fracasó en Soyapango. O bien, la finalidad del cerco es otra. El oficialismo anunció campante que sabe “quiénes son los objetivos que andamos buscando”, que tiene “las direcciones y los datos”, y, en consecuencia, “vamos directo con ellos”, y “el grado de error es ‘cero’, porque [tenemos] una lista de todos los delincuentes […] que pueden vivir en ese sector [y eso] nos permite ir a extraer con nombre y apellido”. El vicepresidente, en su grandilocuencia, se remonta a la época del FMLN para remachar la existencia de “un trabajo de inteligencia de cinco años, que permite hacer la extracción sin afectar al cuerpo social”. Si solo era de “ir a traer”, para qué un cerco militar con un enorme desgaste humano, un elevado costo económico y, de paso, con graves fallos logísticos. El oficialismo reniega de sus decires. Los hechos también lo desdicen. Los pandilleros no están enlistados, ni identificados, ni localizados. Si así fuera, los soldados y los policías no batirían casa por casa para hurgar, identificar a sus habitantes y verificar los recibos de los servicios básicos. Inteligencia no hay ninguna, ni reciente, ni antigua. La seguridad de Bukele camina a ciegas. Así lo confirmó, inadvertidamente, uno de sus mandamases, al advertir que la duración del cerco de Soyapango depende de que los habitantes colaboren y denuncien a los pandilleros. Por tanto, la posibilidad de errar es altísima, dado que las denuncias son tomadas tal como vienen, sin comprobar su veracidad. Más aún, el criterio operativo del cerco militar, y, en general, de la seguridad, es extremadamente vago como para alcanzar sus objetivos. El oficialismo repite que la ciudadanía “común” y “honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo. Perezoso o escaso de entendederas, contrapone “común” y “honrado” a pandillero, y deja a juicio de sus agentes distinguir sobre el terreno uno del otro. Sin mayores luces, estos deciden según la vestimenta, el corte de pelo y los tatuajes. La similitud de la vestimenta y del pelo del “común” y “honrado”, y del pandillero no es mayor dificultad. Capturan a quienes se les antoja. Los tatuajes, excepto los explícitamente referidos a una pandilla, no equivalen a delincuente. Los hay muy variados y están generalizados. La identificación es caprichosa. La extracción depende del parecer y del humor del soldado o del policía de turno. En definitiva, la represión actúa por las apariencias. De hecho, el cerco militar de Soyapango ha extraído a muy pocos pandilleros. Al caer en la cuenta de que el operativo no llenaba las expectativas de la retórica presidencial, el régimen informó de la captura de 140 pandilleros. Aun así, desplegar diez mil efectivos para tan pocas extracciones es desorbitado. Tal vez no puede ser de otra manera, porque si el régimen de excepción es tan exitoso, pocos pandilleros deben quedar en libertad. Aunque los traficantes, los corruptos y otros delincuentes gozan de libertad y buena salud. Si el cerco pretende suscitar la aprobación de la fanaticada, el éxito es total. Si, en realidad, persigue pandilleros, tendrá que capturar para llenar “la cuota” y abultar números. La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal”, expresó con gran realismo una buena mujer. Y, enseguida, advirtió a su interlocutor, “ahora, usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo, porque se lo puede llevar la Policía, y, peor a usted, que anda tatuado”. Difícilmente se puede expresar más reveladoramente en qué consiste la seguridad de Bukele. La militarización de la sociedad entusiasma a la fanaticada, aunque no coma suficiente, ni tenga acceso a la salud, a un empleo y un salario dignos, y a una pensión decente, ni sus hijos reciban la educación que merecen. La negación de la vida durará hasta que el pueblo se canse, se ponga en pie y decida dar por concluido el régimen de los Bukele. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todo lo que pasa en América Latina puede convertirse en lección y tema de aprendizaje para El Salvador. Y el caso peruano, con prácticamente todos los presidentes a partir de Fujimori cuestionados y demandados judicialmente de diversas formas, algunos de ellos sin poder terminar su período constitucional, debería ser tema de reflexión entre nosotros. Nadie en su sano juicio debería ansiar que el ejercicio de la Presidencia de la República fuera el paso previo a la demanda judicial y al posible encarcelamiento. El deseo lógico y natural en todo ciudadano es que el presidente sea honesto y termine su período. Así debería ser en El Salvador. Pero lamentablemente llevamos ya una lista de cuatro expresidentes denunciados y enjuiciados, uno de ellos ya fallecido y dos viviendo fuera del país para no caer presos. En este contexto, la oscuridad informativa es lo más perjudicial que puede pasar. Un viejo refrán decía “cuentas claras, amistades largas”. Y efectivamente, la claridad sobre el uso del dinero público resulta indispensable no solo para desarrollar la confianza ciudadana en los gobernantes, sino también para evitar que en el futuro se pueda demandar a representantes del Estado. En general, la falta de transparencia ha sido un problema grave en toda América Latina, pero la mayoría de los países han ido avanzando en el tema. Nosotros mismos logramos una ley de transparencia en muchos aspectos muy avanzada. Sin embargo, ya en Gobiernos anteriores comenzaron pronto los frenos y los intentos de manipulación política tanto de la ley como de la institucionalidad que la promueve y defiende. En el actual Gobierno han aumentado considerablemente las reservas de información, prácticamente sin una argumentación legal ni racional. Eso ha ocasionado que se levanten sospechas de corrupción, que a su vez no son adecuadamente respondidas. Porque insultar a quienes dan datos y pistas no lleva a ninguna parte. Lo correcto es analizar los datos y aclarar la situación con pruebas fehacientes, o bien investigar y tomar las medidas adecuadas contra quienes hayan incurrido en mal manejo de fondos. Perú es una nación rica en recursos. Algunos años su crecimiento fue acelerado. Lamentablemente no ha sabido, al menos en los últimos tiempos, manejarse políticamente ni lograr la confianza ciudadana. En seis años ha tenido seis presidentes, a base de destituir a los elegidos democráticamente. Nosotros somos un país con recursos limitados. Sin las remesas de nuestros hermanos en el exterior, tendríamos unos índices de pobreza muchos mayores. Si en otros países la corrupción es delito, entre nosotros debería ser perseguida con mayor exigencia y fuerza. No tomar en cuenta las críticas a la corrupción ni los señalamientos concretos al respecto es una especie de suicidio. Acostumbrarnos a que con demasiada facilidad se declare reserva de información ante peticiones ciudadanas en temas económicos estatales, aparte de ser injusto y antidemocrático, termina convirtiéndose en una invitación a la corrupción. Y la corrupción daña siempre gravemente el desarrollo, los valores fundamentales de la convivencia, como la solidaridad y la verdad, la confianza ciudadana en la política e, incluso, lleva con frecuencia a crisis relacionadas con la deuda externa. Perú es el tercer país más grande de América Latina, con una impresionante diversidad biológica y grandes recursos mineros y pesqueros. Pero la corrupción le dificulta seriamente el desarrollo. Y la pobreza impulsa con fuerza a la migración. Nosotros, con muchos menos recursos naturales y con mayor pobreza, debemos mantener una vigilancia especial contra la corrupción. El Gobierno actual acusa a administraciones anteriores de corrupción y eso gusta porque todos sabemos que la hubo. Pero su falta de transparencia y su negativa a brindar información sobre operaciones económicas y sociales no nos asegura que la corrupción desaparezca. Todo lo contrario.

La intolerancia es la desesperación de no tener razón. A esa situación límite se llega cuando existe el convencimiento de estar en posesión de la verdad, a causa de ocupar una posición de dirección o de poder. El cargo conllevaría el monopolio de la verdad. De ahí que quien está a cargo, siempre tiene razón y nunca se equivoca. Por consiguiente, no debe ser cuestionado, sino solo obedecido cumplidamente. Sin embargo, pese a estas curiosas creencias, es imposible desterrar la duda de si, en realidad, se está en posesión de la verdad, si las decisiones son acertadas y si las acciones emprendidas conducen a la meta deseada. La incertidumbre y el miedo a no tener razón desembocan en la intolerancia. La intransigencia y el sectarismo esconden mucho miedo e inseguridad. La duda es inevitable, porque el intolerante, como cualquier ser humano, está sometido a la finitud. La mayoría de las personas disfruta la vida, a pesar de la incertidumbre y la inseguridad. Está abierta a los demás, deseosa de ser ayudada y de ayudar. No solo respeta la diferencia, sino que esta la enriquece. El intolerante, en cambio, se revuelve contra la pequeñez y la fugacidad humana, y pretende evadirlas erigiéndose en absoluto, solo para descubrir su falibilidad. Frustrado y desesperado, se refugia en el despotismo, por lo general, poco ilustrado, en la irascibilidad ante la sospecha sobre sus grandes cualidades y, en definitiva, en la agresión despiadada. Contrario a las apariencias, el autoritarismo resuelve mal el anhelo humano de alcanzar cierto nivel de certeza y seguridad. Fácilmente cae en la contradicción y la incoherencia, que encubre con la imposición, la mentira y la intimidación. En lugar de explicar y argumentar, de escuchar con atención y consentir con magnanimidad, el intolerante condena e insulta. La crítica de la que es blanco privilegiado el político y el gobernante le resulta insoportable. Solo admite la alabanza y la adulación. No es la voz del pueblo ni de nadie. Más bien, levanta su voz. En sentido estricto, no grita, sino agita las redes sociales. Pero la agitación, por muy voluminosa y vociferante que sea, no significa tener razón. Todo lo contrario, es miedo a no tenerla. De alguna manera sospecha que sus argumentos no son tan fuertes como quisiera. Intenta suplir lo que le falta de verdad iluminadora y transformadora con la saturación de la redes, lo cual le genera la sensación de seguridad y fortaleza que la razón, tercamente, le niega. Pero eso no impide que la ausencia de realidad transformada se cierna como una amenaza imponderable. El régimen teocrático de Irán y su temible Guardia Revolucionaria han sido sobresaltados por la protesta masiva de las mujeres contra la imposición del velo por parte de la Guardia de la Moral. El clero y sus guardias no han podido contener la rebelión contra el orden patriarcal y teocrático. La revuelta tiene tres meses de duración y no parece haber perdido fuerza, pese a la represión sangrienta, que ya cuenta en su haber alrededor de 300 muertes, 40 de ellas de menores de edad. La China, que acaba de renovar inalterada el mandato de su presidente por diez años más, ha sido sorprendida por la movilización de una población indignada en algunas de sus ciudades más grandes. Las masas no se movilizaban desde las protestas y la masacre de Tiananmén de 1989. El estricto control estatal no ha podido impedir las manifestaciones de una población harta de confinamiento y vigilancia. El presidente, presentado por el partido oficial como un gobernante inteligente y hábil en el control de la pandemia, en contraposición al occidente decadente, ha debido ceder y abandonar la política de cero covid. La misma que su partido acababa de elogiar como prueba de su sabiduría y benevolencia. En Irán y China, la realidad es más poderosa que el régimen autoritario, controlador y represivo. En ambos casos, se comprueba, una vez más, que la dictadura no es invencible ni eterna. Una conciencia colectiva clara y decidida, y una movilización general pueden dar al traste con ella. Bukele presume del profesionalismo con el que sus fuerzas represivas libran la guerra contra las pandillas sin mayores bajas. Cuestión abierta es si ese profesionalismo se mantendrá si la población se moviliza para acabar con la dictadura de los Bukele. La intolerancia es característica de ejecutivos, directores y gobernantes muy pagados de sí mismo y de su poder. Paradójicamente, la intolerancia niega lo que procura afirmar. Sostiene estar en posesión de la verdad, custodiar la seguridad y ofrecer prosperidad. En la práctica, miente, no protege ni distribuye bienestar. La intolerancia se alimenta de una combinación perversa de ignorancia, incompetencia y miedo insufrible al fracaso. El deseo intenso e irracional de absolutez pierde al intolerante. La búsqueda de una seguridad absoluta aniquila la libertad y sofoca la vida, al convertirla en un infierno. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Pasado el Día Internacional de los Derechos Humanos y analizada una vez más la deteriorada situación del país en ese aspecto fundamental de la democracia, es perentorio pensar en el camino que reconstruya la confianza perdida. El aumento de desapariciones; la eliminación creciente de las garantías judiciales; la manipulación de la judicatura al gusto de las conveniencias del poder político; el maltrato a personas detenidas arbitrariamente, así como a sus parientes; el desafortunado régimen de excepción, con sus injusticias, su militarización de la seguridad ciudadana y sus cercos a ciudades y pueblos, no honran la Constitución ni son coherentes con los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Sin embargo, la administración Bukele insiste en defender sus acciones catalogándolas como defensa de la ciudadanía e incluso como apoyo a los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia de los delincuentes. En realidad, el Gobierno está jugando con algo fundamental en la vida política: el derecho a la verdad. Hace ya muchos años se solía decir que los peores enemigos de la verdad en un Estado son siempre quienes trabajan en él. Y eso no ha dejado de ser cierto. Así pasó con todas las dictaduras militares y con todas las guerras sucias. El Estado optaba sistemáticamente por contar la realidad a su gusto, negando crímenes, escondiendo desapariciones y disimulando torturas. La mentira continúa siendo una de las lacras permanentes del poder, especialmente cuando se opta por políticas autoritarias. El ejemplo más claro en el área centroamericana lo encontramos en el Gobierno Ortega-Murillo, con su famoso eslogan de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”. En el vecino país, el autoritarismo dictatorial se disfraza de democracia con frases y elecciones trucadas. Y se reviste de un sedicente cristianismo que persigue y encarcela obispos, con un socialismo que mantiene a amplias capas de la población en la pobreza y una solidaridad endógena circunscrita a los altos y obedientes miembros del régimen. Pese al diluvio de propaganda y los aplausos recurrentes de buena parte de la población, en El Salvador aún hay hambre de verdad. El Gobierno reserva prácticamente toda la información relevante, ataca e insulta a periodistas que descubren pistas —cuando no datos— que debieran llevar a investigaciones sobre corrupción y niega a las víctimas, tanto del pasado como del presente, el acceso a la verdad. En esa línea, encarcela arbitrariamente a inocentes sin luego indemnizarlos cuando finalmente obtienen su libertad, y no da ninguna información a sus familiares mientras aquellos están detenidos. Al mismo tiempo, protege a criminales de lesa humanidad, mantiene bajo llave los archivos militares y respalda la decisión de la Fuerza Armada de no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra y pedir perdón por ellos de manera institucional. Si hubiera que decir cuál es el derecho básico negado con mayor frecuencia y de modo más sistemático por el Estado salvadoreño, sus funcionarios y los líderes políticos, no cabría duda: el derecho a la verdad. La ocultación de crímenes y el respaldo a la impunidad, la corrupción estatal no investigada, las promesas falsas, las reservas de información, la tendencia a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno se resumen en una gran negación: la negación del derecho a la verdad. La mentira nunca lleva hacia el bien ni al desarrollo. Optar por la verdad de las víctimas y de la realidad es el único camino moral capaz de levantar al país de su crisis.

Según diversos analistas políticos, en El Salvador hemos pasado de un régimen democrático deficiente a lo que hoy se suele llamar régimen híbrido: una mezcla de prácticas e instituciones democráticas unidas a controles autoritarios muy fuertes y salidas frecuentes del respeto a la legislación, especialmente en el campo de los derechos ciudadanos. El paso no fue repentino, sino que ha tenido etapas. Hasta ahora se ha evitado caer en una dictadura, aunque algunos acusen de eso al gobierno. Pero el camino seguido no es muy alentador en el terreno democrático e institucional. Recorrer brevemente algunas etapas fundamentales puede ayudarnos a entender el régimen y a pensar en cómo recuperar espacios democráticos en el país. La primera etapa del actual gobierno podríamos definirla como una etapa populista y rebelde contra la democracia neoliberal deficiente que había dominado los anteriores períodos desde el fin de la guerra civil. Las promesas de nuevas construcciones y proyectos daban a entender, con su propaganda, el advenimiento de una transformación extraordinaria en El Salvador. Se daban señales de cambio sin cambiar las cosas, se empleaba a fondo el gobierno en momentos de emergencia con transferencias económicas y de bienes en un grado mayor que el de los gobiernos anteriores, se pactaba con la línea neoliberal anterior de los grandes empresarios e incluso se prometía a grupos maltratados en gobiernos anteriores la solución de sus problemas. Todo ello acompañado siempre de ataques sistemáticos a una Asamblea Legislativa de oposición desprestigiada, y de una intensa propaganda. La pandemia fue un excelente escenario para esta etapa. La segunda etapa tuvo su primer signo temprano con la toma de la Asamblea Legislativa. Es la etapa del control de las instituciones estatales, que adquirió fuerza después del triunfo electoral legislativo. Esta etapa estuvo caracterizada, ya pasada la pandemia, por una mezcla de medidas sorprendentes, escenificadas con la propaganda de un líder aparentemente reformador de problemas. Al tiempo que se controlaban las instituciones estatales se establecía un bimonetarismo con el bitcoin, se detenía a líderes del gobierno anterior, se destituía ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional, se nombraba sin el procedimiento adecuado a los sustitutos de los destituidos y se publicaba una ley violatoria de tratados internacionales obligando a los jueces del país a jubilarse a los 60 años. La ciudadanía caminaba entre sorpresa y sorpresa. En esta etapa comienza un ciclo de protestas en que diversos grupos y tendencias se unen para reclamar sus derechos. Si bien la propaganda institucional y en las redes fue siempre fuerte desde el inicio del régimen, en esta segunda etapa la agresividad y los ataques personales experimentan un cambio: el liderazgo de los ataques personales pasa del presidente a los troles. La tercera etapa, comenzada hace muy poco, marca la entrada en la rutina. Las decisiones estatales continúan siendo con frecuencia arbitrarias, el estilo del gobernante continúa siendo desenfadado y burlón, consciente de su poder y control de la situación, y el Ejército, que siempre se destacó con claridad en respaldo del nuevo régimen, adquiere cada vez mayor protagonismo en la vida pública; eso sí, amparado por la decisiones gubernamentales. Los cercos militares de grandes ciudades se anuncian ahora como novedad, cuando en realidad no es más que exhibición de poder y demostración de músculo militar apropiado por el régimen. Ya ni esos cercos sorprenden. El discurso desenfadado de un presidente con aire de adolescente protestón, que en un primer momento fue atractivo en un país joven como el nuestro, se va volviendo cada vez más aburrido. Ni siquiera el anuncio de la reelección, claramente inconstitucional llama la atención, porque en el fondo ya lo sabíamos. Más bien todo parece una especie de juego provocativo desde el poder, destinado a mantener y asegurar la mayoría electoral para la reelección. Las promesas se dejan para el próximo quinquenio. Y lo que antes fue propaganda para llegar al poder, ahora es propaganda para ampliar la permanencia en él. A lo largo de estas tres etapas, se ha procurado desvirtuar y reducir a la irrelevancia a toda oposición política. Pero es ahora también cuando hay más posibilidades de reorganizar un proyecto de nación distinto del que dominó desde el fin de la guerra civil hasta el presente. Especialmente en la que llamamos segunda etapa, un buen número de opositores políticos parecían añorar la excelencias del pasado, contrastando la vieja democracia deficiente con el autoritarismo actual. Sin embargo, volver al pasado es una forma de mantener las miserias del presente. Al fin y al cabo este gobierno, por mucho que lo nieguen, es hijo y resultado de los gobiernos anteriores. Si algo es necesario en la actualidad es el diseño de un movimiento político moderno, afincado en los derechos humanos, en el constitucionalismo y en la lucha con

A inicios de este mes, representantes de la Fiscalía llegaron a la isla Tasajera a anunciarles a los habitantes que tenían tres días para abandonar sus casas y terrenos. Las autoridades les dijeron, ante los pocos medios de comunicación presentes, que nadie los estaba desalojando, que la salida debía ser voluntaria. Sin embargo, poco después, personal de la familia que interpuso y ganó la demanda de desalojo destruyó los cercos que circundaban los terrenos, quemó cultivos y derribó algunas de las precarias viviendas. Las acciones de las autoridades han generado indignación, laceran la conciencia de cualquier persona con un mínimo de decencia y humanidad. Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica embargó, en 2013, la isla a su anterior dueño y donó la propiedad al Estado salvadoreño para su protección y conservación. Y es que Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande del país. Con la donación se pretendía que todo el terreno fuera incluido en el Sistema de Área Naturales y Protegidas, que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según relatan los pobladores, durante los Gobiernos de Arena se cedió una porción de la isla a empresarios del turismo. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con el respaldo de la Policía. La historia se repite. Los inversionistas ahora quieren construir la versión salvadoreña de Cancún. Por el momento, lo único que los detiene son los pobladores, algunos de los cuales llevan décadas de vivir en el lugar. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidad define el desalojo forzado como “la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias, comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índoles”. Por lo general, los desalojos forzados van acompañados de violencia y son imposibles de realizar sin la participación o la anuencia del Estado. Por eso, es falso afirmar que no es el Gobierno y los poderes que hoy controla quienes efectúan el desalojo. Es esta una nueva muestra de qué intereses defiende la administración Bukele. Los más necesitados siguen sin ocupar el centro del quehacer gubernamental. La prioridad es el dinero y lo que manda, la ley del mercado. Los afectados son los mismos de siempre o, como los llamó Eduardo Galeano, “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada [...] los ningunos, los ninguneados”. Los que son útiles para las elecciones y que luego se convierten en material de desecho.

Cada vez nos encontramos con mayor número de reservas de información, tanto a nivel de instituciones del Estado como en el campo de investigaciones fiscales y actividades judiciales. Y al mismo tiempo los funcionarios tienen campo libre para mentir, acusar falsamente o hacerse festivamente los ignorantes de tanto bulo, insulto y mentira en las redes contra quienes tienen una opinión crítica o reclaman transparencia a las instituciones del Estado. En ese sentido no es raro que crezca el número de personas que piensan que la moralidad notoria que exige a los funcionarios la Constitución nacional, más parece un chiste que una exigencia jurídica y ética al mismo tiempo. El Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca tuvo especial brillo, se ha convertido en una especie de fantasma, por supuesto con buenos salarios para quienes lo regentan. Por más avances que se hayan dado en el pasado en la institucionalidad, la ética y la política han permanecido siempre demasiado separadas. Y en particular no se percibe que en los tiempos que corren las cosas caminen mejor en ese aspecto.

Que haya una nueva propuesta de ley de pensiones es una realidad positiva, porque ofrece la posibilidad de debatir el tema a nivel nacional. La anterior normativa, todavía vigente, es un verdadero fracaso en términos de cobertura. Una deficiencia a la que se suma el exiguo monto de algunas pensiones, que contrasta con las abundantes ganancias de las empresas administradoras de pensiones. Sin embargo, si bien corrige levemente algunos aspectos, la nueva ley no ofrece las perspectivas de cambio requeridas. Para empezar, se da por supuesto que la administración privada de los fondos de pensiones debe permanecer, pese a que un sistema público y solidario, no de ahorro individual, sería mucho más coherente tanto con la democracia como con la justicia social que preconiza la Constitución. Además, no se garantiza la universalidad de las pensiones, se deja fuera a los trabajadores informales, no se corrige la desigualdad de género en las asignaciones de fondos y no se aclara qué pasará una vez se suprima parte de la institucionalidad existente. La subida de la pensión mínima propuesta es insuficiente. Con el aumento de necesidades que sobreviene con la edad, nadie debería tener una pensión menor de 600 dólares. La nueva ley olvida también tratar cuestiones indispensables. La actual edad de jubilación está reñida con el buen funcionamiento económico del sistema y con las posibilidades de universalidad. Definir la edad de retiro en función de las dificultades o riesgos propios del trabajo es lo ideal, pues favorece tanto la amplitud de la cotización como la mejor distribución de las asignaciones. Por otra parte, la pensión máxima propuesta es demasiado elevada. En realidad, una pensión superior a los dos mil dólares favorece exclusivamente a quienes a lo largo de su vida laboral ya han gozado de compensaciones salariales muy altas respecto al salario medio nacional. El sistema de pensiones debe ser un sistema solidario, no un modo de mantener desigualdades. Ofrecer a las personas la posibilidad de cotizaciones superiores a la básica para recibir posteriormente una pensión mayor, es otro aspecto que debería tenerse en cuenta. La nueva ley de pensiones corre el peligro de quedar obsoleta poco después de entrar en vigor si no se corrige sustancialmente. No debe desaprovecharse la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir, romper el paradigma de la privatización que tanto daño ha hecho a la gente trabajadora y construir instrumentos legales que permitan la universalización de las pensiones. Poner parches de escasa calidad a lo que ha sido mal construido hasta el presente no es lo más indicado para la salud del país. Dar tiempo al pensamiento es necesario para construir tanto un futuro más digno como una ley de pensiones decente.

La ínfima transparencia de este gobierno en el manejo de la cosa pública no es nada nuevo. No se trata de un asunto de desinterés o de un descuido, sino de una realidad respaldada por una serie de retrocesos en el acceso a la información. Se trata de un revés impuesto por la administración Bukele y sus satélites, por ejemplo: un instituto, creado para garantizar dicha transparencia, cooptado por el Órgano Ejecutivo, o la creación de instrumentos como la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19", mejor conocida como "Ley Alabí” en honor al Ministro de Salud, que no es otra cosa que un recurso legal para blindar a quienes realizaron compras, con fondos públicos, durante la pandemia. Esta suerte de oscurantismo político, además de configurar faltas graves -o futuros delitos- es, fundamentalmente, antidemocrática. Por mucha propaganda que se haga, gobernar desde las sombras y no informar a la sociedad, o peor, desinformarla, no es más que otro peldaño del autoritarismo y un profundo deterioro de la institucionalidad. A su vez, tal retroceso trasciende en tanto que genera más desconfianza (política y económica) a nivel internacional. Ahora bien, esa cultura de opacidad y secretismo tiene efectos o consecuencias directas, pero también impactos de largo alcance. En relación con los efectos directos, evidentemente resalta la corrupción. Sin embargo, la expansión del secretismo, la negación y la reserva en la atención de los asuntos de interés nacional (económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales), va más allá de la manipulación relacionada con las arcas del Estado. Por supuesto que la corrupción es un lastre en la región y un claro obstáculo para el bienestar colectivo. Pero es que la opacidad que perfila o caracteriza a las autoridades no se reduce a los intereses económicos de los grupos cercanos al presidente -por ejemplo, todo lo sórdido que envuelve al proyecto Chivo Wallet-, también permea a los demás ámbitos del Estado y a distintos niveles de funcionarios públicos. Como se ha señalado en otras ocasiones, y por distintas voces, hasta ahora poco se sabe, y poco se ha discutido, sobre aspectos elementales para el país y para la sociedad. Tal es el caso del proyecto de presupuesto para el año 2023, o la tan difundida, por la fracción legislativa de Nuevas Ideas, reforma a la ley de pensiones. En resumen, se trata de una práctica que se va afianzando como una huella identitaria del actual gobierno, como un elemento representativo de la cultura política de quienes dirigen El Salvador. En cuanto a los impactos de largo alcance, el hecho de privar de información a la ciudadanía puede llegar a convertirse en una costumbre social en detrimento de la convivencia ciudadana. El Salvador es un país caracterizado por la utilización de la violencia ante cualquier circunstancia, la falta de transparencia y el ocultamiento de información relevante no abona a una cultura de diálogo y de paz. Aunado a ello, el secretismo, y protección, de instituciones como el Ejército facilita arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos, así como ocurrió con ocho jóvenes en la comunidad del Bajo Lempa1; por citar solo un ejemplo. Más allá de todo el retroceso que implica, en términos políticos y en cuanto a construcción de ciudadanía, el impacto cultural que puede tener toda la desinformación, esto es, la difamación a la transparencia, a la honestidad y al derecho a estar debidamente informado, es una auténtica amenaza. Los políticos pasarán, no serán eternos. El arraigo o la normalización del secretismo, y los vicios políticos que aglutina, será más difícil. Es un daño tan relevante como la corrupción. En definitiva, la ausencia de transparencia y honestidad en las esferas políticas del país no es nada nuevo, pero eso no le resta significación ni le exime de peligro. Todas esas prácticas terminan mal, se ha demostrado reiteradamente.

El respeto más elemental pide no introducir a Dios en la política gubernamental, sobre todo cuando esta es represiva. El Dios cristiano no es violento, sino amante del diálogo, del entendimiento y la convivencia pacífica. Aborrece la arbitrariedad y la injusticia, y ama el derecho y la justicia. No desea la muerte del criminal, sino su rehabilitación e incorporación en la sociedad. No excluye a nadie, porque todos, delincuentes y honrados, son sus hijos. El Dios de la tradición judeocristiana abomina el discurso de odio. Envió a su Hijo para rescatar a los pecadores de toda clase, los despreciados por los que se tienen en alta estima y rectitud. El dios de Bukele y sus consejeros religiosos no es cristiano, sino otro, hecho a su medida y conveniencia para excusar sus desafueros. La victoria exterminadora que Bukele le atribuye no es suya. Indudablemente, Dios quiere “sanar”, no solo al país, sino a la humanidad entera. Pero el Dios de la Biblia no “sana” atropellando, torturando y asesinando, ni siquiera a los pecadores más inicuos. No responde al mal con el mal. Los descarriados imputan delitos, reclaman venganza y hablan de derechos adquiridos. En cambio, Dios acoge a todos con amor insondable y ofrece un perdón incondicional. En el Calvario, en la agonía de la crucifixión, uno de los delincuentes colgado a su lado le pidió que no lo olvidara cuando viniera en su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él, en la presencia de Dios. La salvación de Jesucristo es completamente contraria al mesianismo de Bukele, alimentado por teorías extrañas al Evangelio. No desconoce los crímenes, que reprueba sin contemplaciones, pero salva al criminal, por ser persona y, en definitiva, por ser un hijo extraviado. Estaba perdido, pero no descansa hasta recuperarlo. La cuestión de fondo no es la seguridad ciudadana, sino cómo alcanzarla. Hay una forma ajustada a la normativa internacional y reconocida ampliamente, excepto por las dictaduras. Hay otra que satisface egos autoritarios y sanguinarios, que se erigen sobre despojos humanos. En sus trece, el régimen de Bukele alegó las bondades de esta opción ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no convenció. El Comité no solo rechazó sus alegatos, sino que censuró su conducta. Poco antes, uno de los directores de la represión había argüido que los soldados cargan una cartilla con los procedimientos establecidos por la Cruz Roja. Pero los de la naval que acosaron, torturaron y capturaron a los jóvenes de una comunidad del Bajo Lempa, o los soldados que dijeron a un padre angustiado de Izalco que agradeciera que su hijo recién capturado estaba con vida, porque tenían orden de matar, deben haberla olvidado en alguna parte. Esas prácticas son contrarias al derecho y la justicia, y también a la voluntad de Dios. Esos soldados y policías no son instrumentos de ningún plan salvífico, sino de una voluntad extraviada. La cuestión no es solamente la seguridad ciudadana, sino también la vida de las mayorías, que comprende el acceso garantizado a la salud, la alimentación, la educación, el empleo y las oportunidades. Pero Bukele no habla de ello, sino solo de seguridad y en términos exclusivamente militaristas y represivos. Desconoce la prevención, la rehabilitación y la reincorporación en la sociedad. Ignora las enfermedades, el hambre y la desnutrición, la educación deficiente, el desempleo y el desamparo de la mayor parte de la población. Quizás no tiene nada que ofrecerle o lo que para ella es crucial, a él le resulta irrelevante y aburrido. La vida es tan apurada y arriesgada que es insultante jactarse del aire de “felicidad, alegría y tranquilidad” que, según Bukele, se respira en el país. Ese es un privilegio para unos cuantos poderosos y arribistas. La verdadera gloria de Dios no es “la victoria” de Bukele sobre las pandillas, sino que, como dijo Mons. Romero, que “el pobre viva”, y eso es, precisamente, lo que aquel descuida. Los pobres malviven con mucha dificultad. Los que pueden huyen. Otros se rebuscan la vida en las pandillas y en otras actividades delictivas. La violencia primera del orden neoliberal es respondida con otra violencia, cuyas raíces se hunden en la negación de una vida digna y humana. El régimen de excepción es tan violento y criminal como aquellos a los que persigue implacablemente como “terroristas”, no para establecer el derecho y la justicia, sino para conservar el ordenamiento neoliberal, origen de la primera violencia. Invocar el nombre de Dios para justificar la violencia es blasfemo. El Dios de Jesús no es justiciero, resentido y vengativo. No es un acreedor implacable, que se niega a salvar si antes no se salda la deuda contraída con él. Ese Dios sería sádico y encontraría un placer especial en el sufrimiento y el derramamiento de sangre. El Dios crucificado perdona gratuitamente y pide a sus seguidores hacer otro tanto.

En días recientes, la Revista Factum publicó un reportaje sobre los costos de la implementación del bitcoin en El Salvador. En la publicación se reveló que el Gobierno salvadoreño gastó alrededor de $4.7 millones para el desarrollo del software de la Chivo Wallet y para el funcionamiento y mantenimiento de 255 cajeros Chivo. Pese a la millonaria inversión, y tras más de un año desde que la ley bitcoin entró en vigencia, es más que evidente que esa apuesta gubernamental no resultó como se esperaba. De hecho, la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reveló que esta es la medida más impopular del gobierno de Bukele, pues 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del bitcoin en el país ha fracasado1. Pese a ello, el presidente Bukele anunció el pasado 17 de noviembre, que El Salvador compraría un bitcoin diario a partir del 18 de noviembre. La insistencia en mantener a flote un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de la población revela que la intención es favorecer intereses económicos de grupos cercanos al presidente de la República. Pero mientras se continúa derrochando dinero para mantener la circulación del bitcoin en el país y mientras se continúan privilegiando las apuestas económicas de grupos empresariales cercanos al poder Ejecutivo, el año se acerca a su fin con otras serias problemáticas que han quedado desatendidas o no son han sido prioridad para el Gobierno. No es ocioso insistir en ellas, pues tienen que ver, nada más y nada menos, que con el sostenimiento de la vida de la población. En El Salvador miles de personas no cuentan con ingresos suficientes para comprar alimentos. Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), unas 60 mil personas afectadas por la pandemia de covid-19 y por fenómenos climáticos han recibido asistencia alimentaria por parte de organismos internacionales en distintos municipios de siete departamentos del país. Sobre esta problemática, ya varias organizaciones sociales han llamado con sentido de urgencia al gobierno para que priorice la producción de alimentos a nivel nacional debido al encarecimiento de la canasta básica y al impacto en los cultivos, ocasionado por los fenómenos climáticos. En la misma línea, durante la última semana, organizaciones que promueven el derecho humano al agua han denunciado que el presupuesto para el año 2023 asignado a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) destina muy pocos recursos para la gestión del agua. Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron que, de $17.4 millones asignados a la ASA, solo $735,791 se utilizarán para financiar la gestión hídrica, mientras que $5.2 millones se destinarían al pago de salarios. Por su parte, la Mesa contra la Minería Metálica denunció que el proyecto de presupuesto general del Estado 2023 excluye los rubros presupuestarios destinados al cierre técnico de minas y a la reconversión de la minería artesanal y a la remediación ambiental de los impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras. Curiosamente, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, denunció la existencia de proyectos mineros cercanos a las fronteras salvadoreñas que “atentan contra nuestros ecosistemas, y nuestra soberanía. Hacemos el llamado a la solidaridad, la cordura y las buenas prácticas”. Sin embargo, a nivel de país, ha quedado demostrado que se han hecho muy pocos esfuerzos para frenar las amenazas de la minería metálica. Por ello, en medio de la discusión del presupuesto general del Estado para 2023, no queda más que seguir insistiendo en que hay problemáticas que no se resuelven con promesas o con propaganda, se resuelven destinando un presupuesto justo para atenderlas y eso no está ocurriendo. ____________________________________________________________ Referencias: 1. Ver boletín: La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción, disponible en https://uca.edu.sv/iudop/publicacion/encuesta-sobre-coyuntura-nacional-2/ * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 112.

En nuestros países centroamericanos tenemos la tendencia a ensalzar a los jóvenes y a despreocuparnos de ellos al mismo tiempo. Les llamamos “el futuro de la patria”, les anunciamos un destino fabuloso, en un país bello en todos los aspectos, pero no planificamos con ellos. Incluso cuando hablamos del futuro, parece que hablamos solo del de los adultos, de los que mandan, de los que saben cómo funciona la realidad, aunque esta esté mal. No educamos para el futuro sino para el presente, y en ocasiones para un presente en que solo una pequeña proporción de los jóvenes se libera de problemas que entre todos podríamos solucionar. Con demasiada frecuencia nos basamos en valores de consumo, de comodidad, en la esperanza de alcanzar niveles de vida semejantes a los del Primer Mundo, aunque solamente lleguen a disfrutarlos un débil porcentaje de la población. Y mientras los adultos hablamos sobre las maravillas del futuro, los jóvenes son los más afectados por el paro laboral, por la violencia delictiva y también, como lo hemos comprobado en este tiempo de régimen de excepción, por la violencia del Estado. Los jóvenes pueblan mayoritariamente las cárceles, son los que más emigran y los que tienen los peores salarios. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó una encuesta sobre los jóvenes y el covid a nivel latinoamericano. El 38% de los jóvenes que trabajaban se hallaban en la informalidad. Y durante la pandemia, más del 60% de los jóvenes en edad de trabajar tuvieron dificultades laborales. Y en particular, las mujeres jóvenes tuvieron más dificultades laborales que ellos. El 72% de los jóvenes encuestados afirma que el covid ha afectado su salud mental. Estrés, ansiedad y depresión han sido los efectos más frecuentes, aunque también se han dado en menor cantidad insomnio y ataques de pánico. De nuevo, las mujeres han sido más afectadas que los varones. El acoso y el abuso aumentó durante los meses de reclusión domiciliaria obligatoria en tiempo de pandemia. Durante el mismo tiempo, la mayoría de los jóvenes con alguna enfermedad crónica dejaron mayoritariamente de acudir a los controles de rutina. El 65% de los jóvenes piensa, además, que han “aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones de género”. Es un fenómeno de toda América Latina y, por tanto, no somos la excepción. Lo sucedido durante el covid señala que la tendencia a no tener en cuenta a los jóvenes continuó durante la pandemia, por más que hablemos de ellos como beneficiarios de donaciones que van desde canastas alimentarias a computadoras. Un sector de población descuidado tradicionalmente termina siempre con mayores problemas cuando hay una situación extraordinaria que daña al conjunto de un país. Y en ese escenario nos encontramos en El Salvador. Durante el Gobierno del presidente Sánchez Cerén se elaboró un excelente proyecto educativo, asesorado por el PNUD, con la idea de universalizar la educación salvadoreña hasta los 18 años y dotarla de calidad de Primer Mundo. El proyecto tenía un costo elevado. Pero al año siguiente de la presentación pública del proyecto, el presupuesto de educación disminuyó. Hoy, aunque el presupuesto educativo ha crecido, no lo ha hecho en conformidad con las necesidades. El endeudamiento gubernamental y el abandono escolar durante la pandemia no auguran el adecuado desarrollo de la educación. Einstein solía decir que es una locura “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Mientras continuemos invirtiendo en nuestros jóvenes recursos insuficientes, la injusticia seguirá transmitiéndose intergeneracionalmente. Hablar mucho del futuro, por bien que lo pintemos, no dará resultados si no cambiamos de actitud y de política de juventud. Un proyecto racional, bien financiado, que incluya una educación de calidad y el acceso al trabajo digno es indispensable para poder hablar de los jóvenes con seriedad, sin hipocresía.

Según el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, basado en datos de origen oficial, las desapariciones van en aumento. El hecho conecta con la sistemática negativa de todos los Gobiernos de la posguerra a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Mientras nuestros tres vecinos más próximos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya han firmado la Convención, El Salvador permanece al margen. Y diversas señales apuntan a que el país no suscribirá ni este ni otros tratados de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Un tuit reciente del presidente de la República afirma que los cambios que experimenta El Salvador son tan positivos “que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONG o la oposición”. Por supuesto, es una ingenuidad pensar que el aislamiento facilitará resolver los problemas nacionales. Sin duda, ni el propio presidente cree en lo que dice. Al final, cuando la realidad aprieta, no les queda más remedio que acudir a las instancias internacionales. Tampoco todo es positivo en el país. Las cifras de las desapariciones, el aumento de la deuda y la negativa a a firmar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, apuntan a que en algunos aspectos se está empeorando. La resistencia a comprometerse con nuevos instrumentos de defensa de los derechos humanos y la necia decisión de prescindir de la opinión de los organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña afectarán negativamente tanto el desarrollo económico y social como las relaciones con la comunidad internacional. Cuando se critican algunos aspectos de la política salvadoreña y de la actuación del Estado, no se quiere decir que todo lo que sucede en el ámbito político es negativo. La crítica es siempre un apoyo al bien común, pues, incluso cuando está errada, ayuda a reflexionar y pensar mejor las cosas. En ese sentido, el Gobierno actual debería abrirse al diálogo y dar los primeros pasos para hablar con quienes tienen preocupaciones legítimas por el futuro de El Salvador. El tema de las desapariciones y la firma de normativas internacionales sobre derechos humanos no son caprichos de la oposición, sino reclamos serios de personas e instituciones de la sociedad civil que responden al dolor y las quejas de un buen número de ciudadanos. Quienes solicitan la ratificación de nuevos instrumentos legales tienen razones de fondo, sustentadas en datos inobjetables. Dialogar al respecto no implica rendirse ni humillarse, sino buscar caminos comunes de desarrollo humano. Esperar a que las situaciones se tensen o los problemas crezcan no es lo mejor para el país. Tener mayoría no debe nunca ser una excusa para negarse a dialogar con la minoría.

Vivir en condiciones de pobreza supone estar sujeto a la precariedad y la vulnerabilidad, y no poder satisfacer las necesidades humanas fundamentales. La pobreza obliga a privaciones inaceptables. Para Amartya Sen, una persona es pobre si carece de los recursos y las capacidades para realizar el mínimo de actividades necesarias para el desarrollo y la realización personal. Las estadísticas oficiales muestran que más del treinta por ciento de la población vivía en condición de pobreza en 2018, aunque con acusadas diferencias entre la ciudad y el campo: mientras que en el área urbana viven en pobreza 17 de cada cien, el número casi se triplica para el área rural, donde 49 de cada cien viven bajo esa condición. Es muy posible que por esa razón la pobreza pase desapercibida para muchos, y que incluso haya algunos que crean que en El Salvador el problema no es grave. Con la pandemia y sus consecuencias en la economía, y el alza del costo de la vida, especialmente en el precio de los alimentos, el porcentaje de salvadoreños que viven en condiciones de pobreza se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, las proyecciones de la FAO para nuestro país señalan un aumento en el número de personas que padecen hambre. Si más de la tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza, y ello le impide desarrollarse y realizarse personalmente, es justo y necesario que el país tenga políticas claras y eficaces para combatir la pobreza y disminuir el número de personas que la sufren. Esta tercera parte de la población, por ser la más vulnerable, la que no tiene acceso a un nivel de bienestar mínimo, la que vive en precariedad, debería constituir la principal preocupación del Gobierno. Los países que conforman la ONU, entre ellos El Salvador, se propusieron en 2015, hace ya siete años, trabajar a conciencia para que en 2030 se alcanzaran los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es “poner fin a la pobreza extrema, en todas sus formas y en todo el mundo”; una meta fundamental para avanzar hacia una humanidad que pretenda ser fraterna y respetuosa de la igual dignidad humana. Para lograr este objetivo, y que el propósito no se quede, una vez más, en simples palabras bonitas que a todos gustan, pero a nadie movilizan, cada país debe hacer su parte. Ciertamente, los países empobrecidos requieren de la cooperación internacional para emprender programas que contribuyan a esta finalidad, pero la principal responsabilidad y la iniciativa corresponde a los Gobiernos de las naciones en las que la pobreza es una realidad acuciante. Este es el caso de El Salvador. Desde una perspectiva cristiana y de solidaridad entre hermanos, todos estamos obligados a preocuparnos por las personas en condiciones de pobreza; todos deberíamos poner de nuestra parte para aliviar su situación. A ello, sin duda, están más obligados aquellos que más tienen. Sin embargo, por mucho que las acciones de solidaridad y generosidad personal o grupal sean valiosas y deban mantenerse o incluso intensificarse, no bastan. Es necesario implementar medidas estructurales encaminadas a que el sistema económico y social deje de generar desigualdad y pobreza. Pero todo indica que en El Salvador no existe un plan que apunte en ese sentido. Así será difícil, por no decir imposible, que se logre reducir la pobreza extrema en los próximos siete años. En esto, como en muchas otras áreas, el actual Gobierno está en deuda con la gente.

El papa recordó a la Iglesia salvadoreña, presente en Roma, que mientras haya injusticia, esto es, “mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras no haya signos de madurez en el caminar del pueblo de Dios”, debe levantar su voz “contra el mal […] contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana”. Cuando el papa habla de injusticia, piensa en “los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Esto lo dijo delante del Gobierno salvadoreño, representado por el vicepresidente y su familia al completo. Los mártires, enfatizó el papa, son “un regalo inmenso” para la Iglesia y el pueblo salvadoreño, por su compromiso con el derecho y la justicia. Se desvivieron para reunir al pueblo, porque sin pueblo, no hay pueblo de Dios. La tarea está inconclusa. Hoy como ayer, el pueblo está disperso, dividido y enfrentado por enemistades, rencores y conflictos. La opresión lo mantiene sometido y el egoísmo lo ha enemistado consigo mismo. No es pueblo aquel que confía más en la riqueza, el poder y la violencia que en Dios. A veces, el pueblo yerra. Prefiere permanecer en Egipto a levantarse y aventurarse por los senderos de la justicia y la paz. Prefiere la seguridad de los ajos y las cebollas egipcias que arriesgarse a erradicar el egoísmo, el odio, la pendencia y la venganza. Prefiere construir pirámides que recuperar su condición de pueblo, tomar conciencia de lo que es y actuar en consecuencia para el bien de todos. Mientras esto no ocurra, el pueblo errará disperso y será presa fácil de los poderosos. A pesar de los desvaríos, Dios nunca olvida a su pueblo. Le envía profetas para que hablen en su nombre. La historia reciente del pueblo salvadoreño está repleta de ellos. Los profetas penetraron en la realidad y descubrieron el pecado del pueblo y, también, la presencia de Dios. La palabra profética llama al mal por su nombre, pone en crisis las falsas seguridades humanas y religiosas, e invita a la conversión. Por eso, deviene en contradicción y persecución. Pero también avisa que el Reino de Dios está cerca. El pueblo de Dios tiene “hambre y sed de justicia”. Pero no es pendenciero, ni revanchista, sino manso y humilde. No enfrenta el conflicto con el insulto y la agresión, sino trabaja por el derecho y la justicia. Se esfuerza para que no haya hambrientos, enfermos, llorosos y perseguidos. Las obras de la justicia traen la paz. A este pueblo, el Evangelio le promete la posesión de la tierra, una cierta materialidad tangible del Reino de Dios. Aquellos que solo tienen ojos y corazón para la ganancia, el abuso y la opresión, no prevalecerán. El pueblo de Dios es misericordioso. Siente el dolor ajeno y contribuye a sanarlo. Los misericordiosos se compadecen de los afligidos y practican la misericordia con ellos. La cercanía y la identificación son lo contrario a la indiferencia y la permisividad ante los males de este mundo. Ahora bien, la benevolencia con el débil o con quien ya ha sido derrotado es intolerancia ante aquello que causa su aflicción. El pueblo de Dios es limpio de corazón. Su corazón es sincero y no está dividido, sirve lealmente a Dios y a los demás. El corazón limpio es libre del tener y del poder. Por eso, ve a Dios en los pobres. El pueblo de Dios no añora riquezas. En su seno nadie será rico, tampoco pobre. Habrá abundancia para todos. Una mesa común con manteles largos para todos, decía Rutilio Grande. Cada uno con su taburete, para todos llega la mesa, el mantel y el con qué. La pobreza que bendice el Evangelio es la que se va superando activamente con la construcción del Reino de Dios. Por eso, la promesa a los pobres no es igual a las otras. Al hambriento le promete saciedad y a quien llora, alegría. Pero al pobre no le promete riqueza, sino el Reino de Dios. La propuesta de las bienaventuranzas es atrevida y, aparentemente, perdedora. Sin embargo, tiene la virtud de romper la cadena del mal. El Espíritu de profecía, recibido en el bautismo, no finge no ver las obras del mal, ni se desentiende de ellas para evitar problemas. El pueblo de Dios adopta una actitud positiva y una práctica diferente ante el ejercicio del poder que se caracteriza por el abuso y la violencia, ante la opresión de los débiles y ante la imposición que suprime las libertades. Si los poderosos negocian entre ellos para explotar y oprimir, demostrémosles que otra manera de organizar la vida común es posible y necesaria. Una donde prevalezcan el respeto al otro en su diferencia, la comprensión, el entendimiento y la colaboración para el bien de la totalidad. Esta forma de vida es posible y necesaria, porque el dinero y la violencia institucional dejan ruina, desolación y muerte. Los mártires nos exhortan a construir un pueblo donde prevalezca el perdón y la convivencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una sociedad justa y civilizada es aquella que garantiza y promueve los derechos humanos. Una sociedad donde se respeta la vida en todas sus formas, en la que se garantiza la integridad física y moral, donde el derecho a la educación, al trabajo digno y a la salud son prioridades, y en la que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes es una que ha puesto en el centro de su quehacer a la persona humana. Independientemente de la denominación ideológica de sus gobernantes, la meta de toda sociedad debería ser la dignificación de la vida de sus miembros, sin exclusión alguna. Este es el objetivo que buscan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tendrían que orientar la acción de cualquier Gobierno que pretenda servir en verdad a su país y sus habitantes. La historia de la humanidad, sin embargo, ha discurrido en sentido contrario. La norma general ha sido la violación a los derechos humanos; respetarlos ha dependido más bien de la raza, la religión, el sexo, la ideología, el poder económico y otra serie de variables. Por ello, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos ha sido una de las más difíciles y peligrosas, motivo de encierro, de destierro o de entierro. Entre menor justicia haya en una sociedad, a más desigualdad y exclusión, peor será la respuesta del poder establecido contra quienes denuncien atropellos, abusos e ilegalidades. Los mártires de la UCA, monseñor Romero y tantas otras personas generosas, conscientes y valientes que fueron asesinadas durante la guerra civil entendieron que la clave para que una sociedad sea justa es que se respeten los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental a la vida. Decirlo y comprometerse con esa causa les llevó a la muerte, pero también a su resurrección en la memoria del pueblo. En vida, los mártires son humillados y los poderosos enaltecidos. Pero luego, aquellos se mantienen vivos en los ideales de la gente, mientras que los segundos son olvidados o caen en la ignominia. Y esta verdad evidente no conduce a la resignación y la pasividad, sino que anima a seguir adelante con la seguridad de que la lucha por los derechos humanos es justa, hoy y siempre. En la actualidad, El Salvador vive de nuevo tiempos difíciles, en los que el poco camino democrático recorrido desde los Acuerdos de Paz está siendo desmontado pieza a pieza. Tiempos en los que,entre aplausos, se violan los derechos humanos; en los que se ensalza el odio y se atiza la división. Tiempos en que defender los derechos humanos es causa de denigración, amenazas y persecución, como lo fue en el pasado. Por este momento histórico que atraviesa el país, la UCA instauró el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes, a fin de reconocer públicamente a organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Los ganadores de esta primera edición del Premio fueron Guadalupe Mejía, “Madre Guadalupe”, y el colectivo Salvemos Valle El Ángel, conformado por mujeres y hombres de diversas denominaciones religiosas que luchan contra un Goliat impune que atenta contra la sostenibilidad ambiental y, por tanto, la vida de la población. Desde este espacio, la UCA les felicita y les agradece, porque su valentía alientan la esperanza en la construcción de un país más inclusivo, democrático y solidario.

Si algo podemos decir de los mártires en general es que fueron personas muy libres. Cuando se leen las actas de las víctimas de la persecución del Imperio romano, destaca la libertad y el coraje con los que gente humilde respondió a los jueces, que indefectiblemente la condenarían si no renunciaba a su fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se repite incansablemente que los apóstoles predicaban el Evangelio, en medio de graves dificultades, con una libertad valiente. En esa línea, no cabe duda de que los mártires de la UCA eran personas valientes, sinceras y capaces de transmitir sus ideas e ideales sin que las amenazas de muerte enturbiaran su actuar y hablar. Fijarse hoy en sus valores resulta indispensable. Ellos están ahora envueltos y presentes en el misterio de Dios; su libertad, ideales y valores están entre nosotros como semilla y levadura de un mundo nuevo en el que se respete plenamente la dignidad de la persona humana. Cuando hablaban de impulsar una nueva civilización, construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo de seducción que hoy domina al mundo; opuesto al marketing que valora más el tener que el ser. En la primera carta del apóstol Juan se dice que “el amor echa fuera al miedo”. En los mártires salvadoreños, el amor y la conversión al prójimo oprimido los liberó del miedo. E incluso los liberó de la muerte, pues continúan viviendo en nuestra historia como antorchas que iluminan el camino de la verdad y de la vida. Su ejemplo nos muestra caminos y opciones en situaciones históricas en las que se mezclan realidades nuevas de esperanza y justicia con la permanencia de viejas situaciones de explotación y opresión. El respeto a la dignidad humana es hoy la clave a trabajar; y la conversión al prójimo oprimido, tal vez la tarea más difícil de incorporar a la propia vida. Mientras quienes los asesinaron son hoy irrelevantes, los mártires han crecido y nos muestran siempre una opción de compromiso vital. Ser libres como ellos para hablar, para debatir, para encontrar soluciones a los problemas es la tarea que nos corresponde. No es posible reparar la injusticia que sufrieron, pero con su pensamiento y con su testimonio de generosidad y solidaridad podemos construir un futuro distinto. En las actuales circunstancias, en las que el Estado de derecho se ha debilitado profundamente y no se entiende que la democracia y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionados, a quienes valoran a los mártires les corresponde retomar la palabra beligerante, de la que hablaba con frecuencia Ignacio Ellacuría. Palabra esperanzada y creativa que no se rinde ni ante la fuerza bruta, ni ante la mentira apoyada desde el poder. La trampa de asegurar que para defender a las víctimas de la violencia hay que ser violentos con los victimarios y con quienes tienen el más mínimo parecido con ellos debe ser revertida mediante una racionalidad humanista y religiosa. Privar de libertad a los delincuentes es legítimo, pero el maltrato, la exhibición humillante, la detención masiva sin pruebas y el silencio como respuesta a las peticiones de información de los familiares de los detenidos no son justos ni decentes. Mienten quienes aprueban ese tipo de comportamiento policial y judicial, y al mismo tiempo afirman que simpatizan con la UCA de Ellacuría. Frente a la mentira y a la autorreferencia, no hay más camino que “aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida”.

Tema: Factores que inciden en el alza de precios de la canasta básica Invitado: César Villalona, economista ⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

La reelección presidencial, dejando de lado su inconstitucionalidad, tendría una razón de ser si el mandatario de turno dispusiera de un plan ambicioso y sostenible para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías. Pero ese no es el caso de la reelección de Bukele, cuyo mandato constitucional acumula fracasos y vacíos. El bitcoin, su ciudad y su energía volcánica yacen abandonados. El ferrocarril costero, el aeropuerto oriental, varios hospitales y Los Chorros no superan el anuncio. La reforma de pensiones se posterga continuamente. La remodelación de más de cinco mil escuelas (dos diarias) y la reforma educativa, renombrada en cada alusión, son promesas incumplidas. Y lo último, trenes elevados y teleféricos, son ideas rescatadas del desván de gobernantes anteriores. Los devotos de Bukele pueden alegar que la reelección es indispensable para realizar estas promesas y otras que se le ocurran. Lo más probable es que no se concreten. Aquellos tendrán que conformarse con unos cuantos centros turísticos para extranjeros, algunos pasos elevados, el descongestionamiento de algunos centros urbanos a costa de mayor congestionamiento en sus alrededores y alguna que otra obra, más bien de poca envergadura, para mostrar que la novedad avanza y mantener viva la ilusión de los creyentes. El incumplimiento de las promesas presidenciales se debe a la incapacidad demostrada para ejecutar obras de gran envergadura, a la falta de liquidez y a una deuda creciente cada vez más cara. Pese a ello, aún hay quien confía en las promesas presidenciales para erradicar la pobreza y la desigualdad. El deseo legítimo prevalece sobre la dura realidad. Entonces, ¿para qué reelegirse? Hay dos posibles respuestas. La reelección permitirá a la familia presidencial y a su círculo más cercano seguir viviendo muy por encima de la media nacional y continuar haciendo fortuna a expensas del Estado, del tráfico de influencias y de variadas prácticas corruptas. Los funcionarios, cada uno según su rango, tienen asegurado un salario muy superior al promedio nacional, empleo para sus familiares, exenciones y privilegios variados. Los de alto rango tienen larga experiencia en vivir impunemente del Estado. El fiscal general es ejemplo convincente de esta especie, pero no es el único. En los pasillos presidenciales circulan muchos otros vividores. Los novatos aprenden rápido y no se privan de nada. A todos ellos les sobran razones para apuntarse a la reelección. La otra explicación, que no excluye la anterior, es la ambición. No solo de Bukele y su círculo, sino de todos los funcionarios, cada uno en la medida de sus posibilidades. Todos ellos disfrutan, algunos obscenamente, con la exhibición de su poder. El gozo es tanto que bastantes se lo llegan a creer. Piensan que tienen derechos adquiridos no solo para continuar en la burocracia estatal, sino para avanzar posiciones. Los más avezados son discretos, no arriesgan tanto, ejercen su poder y acrecientan su fortuna personal y familiar detrás de las bambalinas. Así, sobreviven exitosamente la rotación de mandatarios. Más de uno es egregio en este arte. La reelección les conviene, pero pueden arreglárselas sin ella. Los más visibles suelen ser los más perjudicados, ya que la exposición pública los identifica con el gobernante saliente. Dos de los azotes de las pandillas, el fiscal general y el responsable de las cárceles, han mantenido relaciones estrechas con el liderazgo de lo que ahora han dado en llamar “organizaciones terroristas”. El primero influyó en procesos judiciales para beneficiar a un narcotraficante, vinculado a una pandilla, y a la esposa de un expresidente de la infamada Arena. Al otro, una investigación policial lo vincula con las pandillas, el narcotráfico y la corrupción. La carrera delictiva de este funcionario se remonta a su adolescencia. Uno de los habituales en los pasillos presidenciales sacó del país a uno de los líderes pandilleros buscados por la justicia. Es voz común que los magistrados impuestos cobran bien por las resoluciones. Dondequiera se escarbe, salen a relucir delitos de toda clase. Bukele lo sabe y lo permite, porque la familia presidencial se vale de su posición ventajosa para enriquecerse. Explota, por ejemplo, las empresas asociadas al bitcoin. Y porque es una manera de recompensar la incondicionalidad de los funcionarios. La corrupción galopante demanda, por otro lado, silencio extremo y oscuridad total para poder retener la fuente del poder y la riqueza ante la opinión pública. De esa manera, estos funcionarios hacen alarde de honestidad y de novedad nunca vistas. La reelección es para ellos una gran oportunidad para continuar con la rapiña. El pueblo es indispensable para la reelección, que depende, formalmente, de su voto. Pero, una vez depositado este, volverá a ser un accesorio. Una excusa poderosa, es verdad, para violentar la institucionalidad democrática, pero no por eso vivirá mejor, encontrará oportunidades mayores y la convivencia

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población. En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados. Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

Los cien años cumplidos de la Dra. María Isabel Rodríguez, además de un motivo de alegría y felicitación a su persona, debe hacernos reflexionar sobre el papel de la mujer en las políticas públicas salvadoreñas. Al igual que ella, ha habido otras mujeres que han sido señeras en diversos campos. Los tristes acontecimientos de guerra y violencia que le ha tocado vivir a El Salvador multiplicó el papel de la mujer en la actividad de defensa de los Derechos Humanos. También en ese campo tenemos que alegrarnos con la presencia de mujeres ejemplares. Pero la dimensión de la ex Rectora de la Universidad de El Salvador nos señala las responsabilidades pendientes en el campo del desarrollo. Empeñada desde muy pronto en la construcción de una medicina pública de calidad desde el ámbito universitario, tuvo que salir del país en un momento en que lo público se veía como enemigo de los poderes privados de algunos millonarios. Sirvió en la Organización Panamericana de la Salud y desde ella continuó colaborando con la construcción pública de la medicina social en América Latina. Regresada a El Salvador ya en tiempos de paz, la UES tuvo el acierto de nombrarla su Rectora. En esos años se distinguió en los esfuerzos por reconstruir y mejorar físicamente la Universidad, por devolver a la Universidad su capacidad de investigación, y por la palabra de ánimo y aliento que ella daba a todo proyecto en el que el beneficio público ampliara la capacidad de desarrollo del pueblo salvadoreño. Como colofón a una vida de servicio fue ministra de salud. Consciente de la necesidad de una salud pública de calidad dentro de un sistema público único, trabajó incansablemente por mejorar la salud de primer nivel como un primer paso hacia la medicina pública y universal de calidad. Más allá de la oposición ridícula de algunos diputados, de los memes y de las críticas, María Isabel continuó dialogando, trabajando, insistiendo y alentando a excelente profesionales de la medicina, jóvenes y adultos mayores, impulsándoles a creer en El Salvador y a elaborar planes para la construcción de una salud pública decente. Este ejemplo de vida debe ayudarnos a entender el papel de la mujer en el desarrollo. Aunque cada vez nos encontramos con un número mayor de profesionales excelentes que son mujeres, todavía falta mucho para tener plenamente incorporada a la mujer a las tareas del desarrollo y al trabajo digno. El machismo continúa teniendo un peso grande en muchas instituciones tanto estatales como privadas. Y por supuesto, el trabajo en el hogar pesa demasiado sobre las mujeres. Si fuéramos hombres de negocios diríamos que con la ausencia laboral de la mujer se pierde potencial productivo. Pero si observamos el trabajo de nuestra centenaria amiga como ejemplo del trabajo de la mujer, tendríamos que decir que se pierde dimensión humana y entendimiento social. Realidades estas mucho más importantes que la pura productividad. Porque la producción, sin tener en cuenta la dignidad humana y la distribución social justa y solidaria, ni crea justicia ni cohesión social. Tanto mujeres como hombres con valores como los de nuestra ex rectora, son indispensables para el desarrollo humano de el Salvador.

En el marco del XXXIII aniversario de los Mártires de la UCA, bajo el lema: “Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece", el Departamento de Psicología y Salud pública de la UCA, entregó el Premio Ignacio Martín-Baró a la investigación. Participaron quienes realizaron los trabajos de graduación de 2021 y tras la evaluación se premió a tres graduados de la UCA y se dio reconocimiento a 9, del total de participantes. La directora de la carrera de Psicología y Salud Pública, Lucía Cano, explica por qué el premio hace referencia a Martín Baró.

A los privados de libertad solemos olvidarlos. Y en ocasiones, cuando los recordamos, no hablamos bien de ellos. Sin embargo, el papa Francisco en su más reciente entrevista con sacerdotes y laicos salvadoreños animó a todos los presentes a pensar en los que más sufren los problemas nacionales para buscar soluciones. Dijo textualmente: “Animémonos unos a otros, pensemos en aquellos que están en dificultad en nuestro pueblo: los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Entre los presentes estaba la Conferencia Episcopal de El Salvador y el vicepresidente de la República. Y es evidente que si el papa mencionó a los presos es porque sabe que están sufriendo una situación especial. El señor Osiris Luna, que unas veces ataca, castiga y muestra a los presos en situaciones humillantes y estigmatizantes, y otras afirma que les está proporcionando unos cuidados de salud superiores a los que brinda el Estado en sus instituciones públicas, no es la fuente adecuada para saber cómo están los privados de libertad. Y más cuando añade que los que han muerto en prisión, incluso los jóvenes, ya venían enfermos desde fuera. Sin duda es mejor escuchar al papa Francisco y pensar un poco más. Y es que los presos están en situación muy triste. Aunque se les prive de la libertad, fundamentalmente para proteger al resto de la ciudadanía, conservan derechos. E independientemente de los delitos que hayan podido cometer, exhibirlos en fotografías, muchas veces antes de que un juez decida si son culpables o inocentes, viola los estándares de derechos humanos. El trato que se les da durante el régimen de excepción es en muchos aspectos injusto y violador de derechos básicos. Prohibir las visitas familiares, negar información a los parientes, tratar a los niños como adultos, hacinar y poner en riesgo la salud de los detenidos, golpearlos y aislarlos son violaciones serias a normativas latinoamericanas de derechos humanos. Y más cuando un porcentaje de los así tratados han sido detenidos arbitrariamente. Son personas, no daños colaterales en una supuesta guerra en la que los vencedores se dan el lujo de arrasar con el enemigo, caiga quien caiga. Si a esta realidad le añadimos que la mayor parte de los detenidos durante el régimen de excepción son pobres, podemos pensar que algo anda muy mal en El Salvador. Luchar contra la pobreza siempre será más importante que perseguir a los pobres que cometen delitos. Evidentemente, hay que perseguir el delito en todos los sectores sociales, pero prevenirlo es políticamente más inteligente que perseguir al delincuente. Y la mejor manera de prevenir el delito de los sectores empobrecidos es luchar contra la pobreza; tarea esta en la que el Gobierno actual no parece tener la proactividad y capacidad de decisión que muestra en las tareas represivas. El sistema judicial, sometido y servil hasta el presente, debería tener en cuenta la grave responsabilidad que tiene de cumplir tratados y convenciones suscritas y ratificadas por El Salvador dedicadas a proteger los derechos humanos. La omisión de las responsabilidades convencionales puede ser perseguida en algún momento como delito. El papa recordaba a los salvadoreños presentes en la audiencia que “mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del Pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio”. Ojalá nuestros obispos sigan repitiéndonos este mensaje del papa y ojalá el vicepresidente, que tan atento estuvo a las palabras de Francisco, influya en el Gobierno para que escuche los reclamos justos de la gente respecto a las violaciones de derechos que se están cometiendo con el régimen de excepción.

Los diputados oficialistas piensan hacer una contribución excepcional para eliminar la basura con la imposición de medidas represivas, multas y cárcel. Pero por muy represiva que pueda ser la legislación, no hará desaparecer la porquería ambiental, porque la normativa es inaplicable. No cuentan con los agentes necesarios para impedir que la población tire desperdicios donde le plazca. Tampoco los tienen para ordenar el tráfico terrestre, otro problema que ha recibido el mismo tratamiento represivo. Las pocas sanciones impuestas se deben más a transeúntes que las registran con sus cámaras que a la acción positiva de agentes de tránsito. El aumento de las sanciones no ha conseguido ordenar un tráfico cada vez más caótico. En el caso de la basura, los agentes tendrían que disponer de una balanza, pues las sanciones se endurecen al lanzar más de dos libras de desperdicios. No cabe duda de que la basura es uno de los elementos que más contribuye a la vulnerabilidad del país, pero reprimir no es alternativa. Mucho más eficaz sería una campaña educativa nacional bien pensada y de largo plazo, la limpieza sistemática de los botaderos habituales, el tratamiento adecuado de la basura recolectada, la promoción del reciclaje y la regulación del plástico, sobre todo, del de un solo uso, ya que buena parte de la basura es plástico. Los legisladores desconocen su oficio y sus responsabilidades. Legislan desde la ignorancia. No les han advertido de la existencia de una legislación variada sobre la basura. Otra campaña de educación vial haría más para ordenar el tráfico que las multas esporádicas; ahorraría combustible y reduciría las emisiones contaminantes. Pero el régimen no está por la educación de la población. Su responsable está más preocupado por la distracción que, según él, causa el contraste del azul y blanco de la bandera en las escuelas que por una educación de calidad y por la dignificación del magisterio. El régimen ha demostrado muy poca capacidad para ejecutar la inversión pública programada. En más de tres años, el nivel de ejecución es casi nulo, mientras las áreas sociales languidecen. La dictadura reprime, en consonancia con la mentalidad autoritaria y violenta predominante desde hace ya varias décadas. Esa mentalidad está convencida de que el mejor gobernante ha sido el dictador de la década de 1930. El actual satisface todos sus atributos, excepto uno. Represión implacable, mano dura, autoritarismo, centralización, excentricidades y reelección. La particularidad que no satisface es la honradez. La eficacia de aquella dictadura es un mito. A mediano plazo, la violencia represiva y el desconocimiento de la institucionalidad no arrojan el resultado esperado. Al igual que el fenómeno de las pandillas, la vulnerabilidad medioambiental y la pobreza, la proliferación y la acumulación de basura por dondequiera supera la capacidad de respuesta del régimen. Esos desafíos muestran que Bukele y los suyos no tienen control del territorio. La afirmación es válida aun en el sentido restringido en el que suelen usarla. Ahora resulta que el llamado plan de control territorial era el paso previo del régimen de excepción. En esa fase, los policías y soldados se habrían familiarizado con el territorio y habrían identificado a los pandilleros, capturados en la fase en curso. Si así fuera, hubieran ido directamente a por ellos, en lugar de recurrir a redadas masivas; habrían reunido pruebas sólidas para sustentar la acusación ante el juez y no tendrían necesidad de procesar grupalmente por crímenes genéricos; y la denuncia anónima no haría ninguna falta. Muy seguros deben estar los responsables de estos desmanes para mentir tan desvergonzadamente. Más les valdría tomar nota de la situación en la que ahora se encuentran los generales y coroneles del conflicto armado, acusados de crímenes de guerra al cabo de cuatro décadas. Hablan de haber defendido al pueblo salvadoreño y de haber hecho prevalecer la institucionalidad contra organizaciones y agresiones “terroristas”, con “honor y valentía”, y a costa de “un enorme sacrificio”. El lenguaje es curiosamente similar al del régimen de Bukele. No sería extraño que cuando pase, este y sus peones, si no han fallecido, enfrenten también la justicia, acusados de corrupción y de crímenes de lesa humanidad. ¿Se atreverán ellos también a descalificar la justicia como “injusta persecución” y “flagrante violación de los derechos humanos”? ¿Solicitarán una amnistía? * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Aunque el asunto ha sido silenciado por parte del oficialismo, el bitcoin sigue siendo tema frecuente de conversación, sobre todo porque los signos parecen indicar que la principal política económica del actual gobierno se ha descalabrado. En una economía maltrecha como la de El Salvador, el presidente Bukele pretendió implementar un sistema económico basado en el bitcoin para buscar soluciones a los problemas estructurales del país. Para ello presentó un paquete de 52 reformas que buscaban atraer inversión extranjera a través de la criptomoneda y la tecnología blockchain como instrumento de liberación económica. Entre esas medidas se incluía la creación de la Bitcoin City, un paraíso fiscal exento de impuestos, sin emisiones de carbono y con minería de criptmonedas. Cuando se anunció el bitcoin, se dijo que su uso abarataría el costo del envío de remesas y permitiría ahorrar hasta 400 millones de dólares anuales. Sin embargo, la idea se desplomó. La más reciente encuesta del Iudop reveló que en lo que va del 2022, el 75% de la población no ha usado el bitcoin. Este dato corrobora los datos del estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos en 2021 que reveló que solo un 20% de los salvadoreños que descargaron la aplicación de Chivo la siguieron utilizando tras gastar los 30 dólares que las autoridades regalaban para promover su uso. De acuerdo a la Camarasal, un 86% de sus empresas afiliadas nunca realizaron una transacción con el bitcoin. Además, solo un 1.6% de las remesas que recibe el país ha sido enviado en bitcoin. Tampoco está claro que este rubro represente un ahorro para los usuarios como se prometió. ¿Por qué ha fracasado, hasta hoy, el bitcoin? Hay factores externos e internos que pueden ayudar a entenderlo. El precio del bitcoin cambia de acuerdo al antojo del mercado internacional abierto. Si la demanda del bitcoin aumenta, sube su precio y si baja, se deprecia. Desde el mes de abril hasta la fecha el mercado de las criptomonedas ha colapsado. Especialistas en el tema estiman que el valor de los bitcoin comprado por el gobierno de El Salvador ha caído hasta 58%. También es cierto que cada vez más gobiernos como los de China y Estados Unidos, toman medidas para regular las criptomonedas y eso ha influido en su depreciación. Pero hay sobre todo factores internos que han hecho fracasar al bitcoin. El principal factor, y que es resultado de los otros factores, es la desconfianza de la población. Las monedas y billetes de curso legal carecen de valor en sí mismos. Su aceptación y uso descansa en la confianza de la gente en que otras personas las aceptarán a cambio de bienes y servicios. Y eso no lo logró el bitcoin que, además, no reúne las condiciones para ser considerada una moneda. En primer lugar, la forma vertical y autoritaria de imponer el bitcoin sin explicar a la población su funcionamiento, pesó más que el respaldo social al presidente. En segundo lugar, la excesiva volatilidad del bitcoin que lo ha llevado a valer menos de la mitad de su máximo histórico afectó, no solo al plan del presidente de emitir los bonos volcán por mil millones de dólares, sino la confianza ciudadana. El bitcoin tiene más características para ser una reserva de valor que un medio de pago o intercambio, es decir, una moneda. En tercer lugar, la suplantación de perfiles en la billetera electrónica Chivo Wallet para cobrar el bono de $30.00 que prometió el gobierno a todo aquel que descargara la aplicación, causó desconfianza en la población. A un mes de implementado el bitcoin la policía, en voz de su director, anunció que los que suplantaban la identidad para retirar el efectivo, serían procesados. La nula efectividad de este anuncio, hasta la fecha, también minó la confianza. Además, en cuarto lugar, los cajeros chivo instalados para operar el bitcoin presentaron múltiples fallas que alejaron a los salvadoreños y salvadoreñas. Esta ha sido la realidad de la medida. El gobierno usó estrategias mediáticas para “aparentar” el éxito de la medida; afirmó que el bitcoin contaba con 4 millones de usuarios, pero la realidad se impuso y entonces se optó por el silencio. Los cajeros Chivo fueron progresivamente abandonados y el dinero de todos los salvadoreños y salvadoreñas invertido en la compra de bitcoin, en su promoción y en la adquisión de equipos e infraestructura, es como leche derramada.

El suicidio es un problema personal grave, pero también un síntoma de malestar social. No tiene demasiado que ver con el tema del desarrollo o del bienestar económico, sino con otros factores de tipo educacional o social. Algunos países, como Francia o Alemania, han duplicado algunos años las tasas salvadoreñas de suicidios. El aislamiento, la falta de perspectivas en la vida, los valores que se cultivan o, más bien, que se dejan de cultivar inciden en el aumento del número de personas que deciden quitarse la vida. En El Salvador, si bien no estamos entre los países con mayor proporción de suicidios a nivel mundial, sí nos ubicamos en un rango que podemos calificar de peligroso. En efecto, en el país, la tasa de suicidios supera, aunque ligeramente, la cifra de 10 suicidios por cada cien mil habitantes. Ello hace que a nivel global estemos catalogados entre los países que se considera sufren una epidemia de suicidios. De hecho, somos en Centroamérica el país con la mayor tasa de este doloroso fenómeno. Tanto las naciones vecinas con mayor desarrollo que nosotros, como las que tienen una problemática mayor en el campo de la pobreza tienen tasas inferiores a la nuestra, en algunos casos incluso de menos de la mitad. Sin embargo, no es frecuente, probablemente por desconocimiento, que el tema aparezca con el debido interés en el debate nacional. Solo cuando los suicidios afectan a instituciones estatales, la preocupación aflora, aunque únicamente enfocada a la instancia que sufre especialmente la epidemia. Tal es el caso de los suicidios de policías, que ha aparecido recientemente en algunos medios. El fenómeno recibió atención hace algunos años, durante la administración de otro Gobierno. Aunque ciertas instituciones han tratado de ayudar en este campo a la PNC, solo en algunas ocasiones los mandos policiales mostraron algo de interés en el tema. La diferencia y desigualdad entre la comodidad de los mandos y la vida difícil y compleja de la base policial es uno de los factores que puede degenerar en estados depresivos de los agentes. Ante estos datos es importante que reflexionemos y que demos pasos para enfrentar el problema. Pasar indiferentes ante el suicidio es conformarse con una situación que puede afectarnos a todos. Una situación que en sí misma es fruto no solo del dolor individual de las personas, sino de una sociedad poco atenta al sufrimiento de los demás y muy poco dispuesta al cuidado preventivo. Desde hace años ,el número de psicólogos dentro de la PNC es insuficiente para atender los problemas de muchos de los que pertenecen al cuerpo policial. No es un trabajo fácil y necesita apoyo. Y más ahora, cuando el régimen de excepción ha significado una multiplicación de tareas y un modo de actuar que a algunos agentes les crea un dilema moral, por la arbitrariedad y el abuso cometido. También el sistema público está mal dotado para las necesidades de salud mental. Un país que ha sufrido una guerra civil deja siempre detrás una estela de sufrimiento y sinsentido que debe ser seriamente atendida. Por otra parte, después de prácticamente dos años de educación virtual, los niños y niñas regresan a un sistema escolar con una severa ausencia de psicólogos en el sector público. No hay duda de que el encierro y el miedo, unidos a la crisis económica que ha golpeado a muchos, aumenta tensiones y problemas mentales tanto en los adultos como en los niños. Seguir como si no hubiera pasado nada no es lo más conveniente para la salud social. Mientras en la escena internacional se advierte del estrés y los problemas sicológicos causados por la situación vivida durante la pandemia, nosotros no hemos hecho un esfuerzo para evaluar los daños y problemas surgidos en ese tiempo. En medio de la positiva preocupación por la primera infancia, bueno sería que el Gobierno se preocupara también con un interés creciente por la salud sicológica de sus empleados y de sus usuarios, especialmente en el área de la Policía, la salud pública y la educación.

La esperanza encuentra suelo fértil en los pueblos centroamericanos. Hace décadas, la esperanza en que la paz fuera fuente de una sociedad más justa y un desarrollo equitativo se mantuvo en El Salvador pese a la barbarie y el sinsentido de la guerra. Cuando la frustración y los golpes de la realidad indicaron a muchos que ese sueño era una ilusión, la migración se multiplicó, la esperanza se puso en otro lugar, en el Norte desarrollado. Por otra parte, los cambios de rumbo en la política nacional, como en su momento fueron el gane de Mauricio Funes y el de Nayib Bukele, han tenido como trasfondo la esperanza popular de un futuro diferente. Sin embargo, la esperanza solo se mantiene cuando se persiguen fines objetivamente buenos y se comprueba el avance hacia los mismos. La lentitud en los procesos, las actitudes ambiguas y los retrocesos en el desarrollo humano marcan el surgimiento del miedo. Este es un proceso irreversible, por más que los poderes establecidos busquen mantener la ilusión invirtiendo en propaganda, otorgando favores a propios y extraños, y realizando promesas y actividades con escenarios y efectos de ciencia ficción. Lo cierto es que o se avanza claramente hacia el desarrollo, o la esperanza se pierde y surge el miedo. Y cuando este se apodera de la gente, solo los testigos de la verdad y la fe generan esperanza, porque su actitud ante la vida demuestra que la fidelidad a determinados valores es siempre más fuerte que el mal. En el país se ven a diario señales de ruptura de la esperanza. La práctica desaparición de los mecanismos de control del poder político ha supuesto un balde de agua fría para buena parte de la clase media y del sector profesional. A la migración por causas económicas se le ha sumado la que nace del miedo a un poder político prepotente y antidemocrático muy amigo de repartir condenas judiciales sumarias. La indebida relación entre fines y medios en la persecución de la delincuencia, plagada de violaciones a derechos básicos, ha aumentado la incertidumbre entre amplios sectores de la población. Asimismo, la reducción del presupuesto2023 a sectores claves como salud y pensiones, que contrasta con el aumento al rubro de comunicaciones (es decir, propaganda), rebajará los niveles de esperanza en un porcentaje de la población. E igual resultado tendrán el lujo del que hacen gala los nuevos ricos de Nuevas Ideas. El Salvador necesita diálogo para renovar la esperanza. Si alguna guerra tiene que hacer el Gobierno de Bukele, es contra la pobreza. La actividad económica siempre ha beneficiado en exceso a unas minorías, dejando en la pobreza o en la vulnerabilidad a las mayorías. Y hoy todo indica que se están reforzando estatalmente los patrones neoliberales de funcionamiento, al tiempo que se trata de adornar la situación con promesas de obras extraordinarias, propaganda sin contenido real y ataques a la sociedad civil crítica. La esperanza es un bien profundamente humano. Cultivarla es indispensable para construir un futuro respetuoso con la dignidad humana. En este sentido, es fundamental que el poder sepa hacer suyos los dolores y limitaciones de la gente, dialogar sobre la problemática social y dar pasos eficaces en la superación de los males nacionales. Lo contrario, cerrar los ojos al dolor que produce la exclusión, negarse al diálogo y mantener la estructuras tradicionales que provocan desigualdad y violencia, solo lleva a la pérdida de la esperanza y al fracaso.

No solo sería interesante, sino necesario y un acto de honestidad con la población que el Gobierno de Bukele dijera con claridad hacia dónde pretende llevar a El Salvador. Cuarenta meses después de llegar a la Presidencia de la República, el presidente no ha presentado un proyecto de país que permita dar certeza de qué busca lograr con sus acciones. Ante ese vacío, no queda otra alternativa que intentar deducirlo a partir de las obras, aplicando la máxima evangélica de “por sus obras los conocerán”. En los últimos meses, las principales decisiones del Ejecutivo y el legislativo muestran que el país va en una dirección bien concreta. Tanto la decisión de aprobar y mantener un régimen de excepción como las reformas legales encaminadas a restringir derechos constitucionales apuntan claramente a que se está imponiendo un Estado policial, entendido como aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, ya sea mediante una fuerza de seguridad no civil o un gran despliegue de mecanismos de vigilancia, o una combinación de ambos. En un Estado policial, los cuerpos que realizan funciones de seguridad son omnipotentes y omnipresentes, mientras que el individuo está desprotegido frente al poder y sus abusos. El Estado policial es lo contrario a un Estado de derecho. La Constitución de la República, en los artículos del primero al vigésimo octavo, le otorga a la población una serie de derechos que solo pueden ser restringidos de manera excepcional y sin afectar el ejercicio de sus libertades y la protección de su privacidad. En este sentido, la posibilidad de detener a una persona por tiempo indefinido sin motivo ni evidencia de que haya infringido la ley, sin que medie orden judicial y sin investigación policial seria es la prueba más evidente de que la ciudadanía ha perdido las garantías constitucionales, quedando a merced de la arbitrariedad de las autoridades. No satisfecho con ello, el régimen sigue presentando y aprobando, sin análisis ni debate, medidas orientadas a que el Estado pueda ejercer un mayor y más férreo control sobre la población. Las reformas aprobadas por el oficialismo a la ley de telecomunicaciones y a la ley contra el crimen organizado son los ejemplos más recientes. Ahora todas las comunicaciones podrán ser intervenidas y controladas sin necesidad de orden judicial. El Estado tendrá acceso a la correspondencia ordinaria y electrónica, a las llamadas telefónicas, a todo lo que se escriba, hable o postee a través de las redes sociales, en plena contradicción con, entre otros, el artículo 24 de la Constitución, que prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas. Si El Salvador contara con una Sala Constitucional independiente, con seguridad estas reformas serían declaradas inconstitucionales, pues niegan las garantías que la Carta Magna da al pueblo salvadoreño y la convierten en letra muerta.

En los frecuentes disparates del régimen, a veces, la verdad se cuela impertinentemente. Ejemplo de ello es la reciente explicación de las muertes ocurridas en las prisiones de los Bukele. Su responsable alega que “no se ha confirmado ninguna muerte […] que no esté vinculada al tema de la salud”. Los detenidos, según él, ingresan en prisión con graves enfermedades crónicas. Algunos, sigue la aclaración, ni siquiera lo saben, hasta que la revisión médica del penal la diagnostica. Así, pues, bienvenidas sean las capturas de la excepción, que brindan a sus víctimas la oportunidad para descubrir el mal estado de su salud. Sin embargo, hay quienes rechazan el tratamiento y mueren, dice el funcionario. Los certificados de defunción, elaborados por el régimen, suelen confirmar la versión oficial. Atribuyen las muertes a edema pulmonar o a padecimientos similares, aun cuando los cadáveres muestran señales visibles de tortura y los testimonios del maltrato ya abundan. Bien entendida, la versión oficial pone en aprietos a quien quiere librar de responsabilidad, pues admite que buena parte de la población está enferma y sin atención médica adecuada. La mayoría ni siquiera lo sabe. Los enfermos sufren durante meses ante de pasar consulta, aguantan colas interminables, no reciben medicación y soportan maltrato. Estas penurias no son nuevas, tampoco se han reducido. En los más de tres años de gestión, Bukele no ha mejorado el sistema nacional de salud. Gasta pródigamente en militares, en armamento, en represión y en frivolidades como darle al alumbrado público de zonas exclusivas el color oficial, pero no en la salud de la gente. Los hospitales tienen menos presupuesto que las mascotas; los animales encuentran mejor atención que las personas. Tal vez convenga repensar las declaraciones del carcelero mayor del régimen, que habría pecado de exceso de celo al defender a Bukele. Pero entonces la causa de la creciente cantidad de fallecidos en sus cárceles queda en el limbo. En cualquier caso, esas muertes son responsabilidad directa del mandatario y sus acólitos. El estado de la salud pública pone de manifiesto que las prioridades del régimen de los Bukele no son las de la población, incluidos aquellos que lo saludan como su salvador. En el país, la inflación, el desempleo y la pobreza golpean más que las pandillas. El control de los precios, supuestamente riguroso, y el subsidio a los derivados del petróleo no pueden contener el creciente costo de la vida. Aparte del bitcoin, una tabla de salvación financiera fracasada, Bukele no tiene una propuesta viable para detener la emigración y, mucho menos, para que la diáspora comience a regresar, tal como quisiera. Al contrario, el flujo de los que huyen de su dictadura tiende a aumentar. La diáspora, aparentemente crucial para conservar la mayoría legislativa, tampoco figura entre sus prioridades. Se ha desentendido de la preservación del estatuto de protección temporal (TPS) estadounidense, crucial para miles de inmigrantes. Si algo le interesa es evitar el colapso financiero. Gasta millones de dólares en contratos de asesores extranjeros. La mayoría se siente ahora más segura, pero, según la última encuesta de la UCA, también reprueba con claridad meridiana la brutalidad policial y militar, la falta de garantías jurídicas y la tortura. Pareciera que la excepción se agota como fuente de popularidad de la dictadura. Tendrá que inventar otra cosa. ¿Qué hará con los más de 50 mil detenidos? ¿Los retendrá indefinidamente en sus cárceles, a pesar de la carga financiera que implica para la hacienda pública, de la creciente erosión de la opinión pública y de la responsabilidad por las vidas de los detenidos? ¿O los liberará gradual y discretamente para disimular el fracaso? El llamado plan de control territorial corrió la misma suerte. El comienzo fue brillante en términos publicitarios, hasta que cortocircuitó y lo reemplazaron con la excepción. Además de improvisar y de gobernar de cara a la popularidad, la dictadura juega con la vida de decenas de miles de personas y sus familiares. Simultáneamente, Bukele ha pedido oraciones para suplir el abandono de la vulnerabilidad del país. La enrevesada formulación cantinflesca de la petición desafía a los maestros de la espiritualidad. En el fondo, simple ignorancia, revestida de piedad trivial. El decreto embrolla introspección, meditación, estabilidad emocional, oración, espiritualidad y esperanza. No sabe qué pide, pero sí por qué pide. Solicita oraciones para que las lluvias torrenciales no causen inundaciones, derrumbes y pérdidas humanas y materiales. Esa oración es una coartada para deberes no realizados a su debido tiempo y tiene mucho de “yo”, “mí”, “me”, “conmigo”, “para mí”. Es la oración del fariseo, donde hay mucho yo, pero poco Dios. La negligencia gubernamental, por lo general, solo golpea a la población con menos recursos y más desprotegida; paradójicamente, aquella donde la dictadura concentra el respaldo incondicional. Una

“Para mí, el padrón electoral es la columna vertebral del sistema electoral. Sin un registro electoral confiable, actualizado, depurado permanentemente, cualquier proceso electoral resultaría con un fuerte grado de contaminación y no reflejaría exactamente cuál es la voluntad del cuerpo electoral”. Estas palabras fueron dichas por el ahora vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en el programa Abriendo Puertas del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, transmitido por Radio YSUCA en 2014. Ulloa tenía toda la razón: en un estado democrático, en el que se reconoce el derecho al sufragio activo, el padrón electoral es imprescindible en tanto herramienta para contabilizar y dejar constancia de quiénes pueden votar y quiénes ya lo han hecho. El padrón es una garantía de la democracia, pues permite contabilizar los votos de manera efectiva e impedir que alguien vote más de una vez en un mismo ejercicio electoral. Sin embargo, los diputados oficialistas, partiendo del argumento de que el padrón es muy engorroso, decidieron dejarlo fuera de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada el pasado 18 de octubre. Que los y las migrantes tienen derecho a votar, está fuera de discusión. Pero el voto en el exterior debe hacerse bien, sin artimañanas que manipulen la voluntad de los migrantes para favorecer a una fuerza política. Que en la recién aprobada ley no se incluya el padrón electoral no solo es una grave deficiencia, sino también un signo de alarma sobre la intencionalidad de la normativa. Y no es esa la única falencia. Los diputados oficialistas contradicen tanto lo dicho por el ahora vicepresidente como al presidente de país. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional mandó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que permitiera a los salvadoreños en el exterior votar también por los consejos municipales. En 2020, Nayib Bukele vetó una ley del voto en el exterior precisamente porque no contemplaba que los compatriotas votarán por concejos municipales. “Adefesio jurídico”, le llamó entonces el mandatario. Siendo así, la ley aprobada es otro adefesio jurídico: a los compatriotas en el extranjero solo se les permitirá votar para elegir presidente, vicepresidente y diputaciones. No podrán hacerlo para concejos municipales ni para el Parlacen, por lo que esta ley también viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional. La ley del régimen contempla dos modalidades para votar en el extranjero en 2024: la electrónica presencial, que se realizará en consulados y centros de votación, y la remota, que se realizará por Internet. Los migrantes podrán votar con su pasaporte o su DUI, sin importar que esté vigente o vencido. Quienes en su documento de identidad estén domiciliados en El Salvador tendrán que votar el domingo 4 de febrero en los consulados o centros de votación habilitados. Quienes en su documento estén domiciliados en el extranjero votarán por Internet y tendrán 30 días para ejercer el sufragio. Así, las personas que deberán desplazarse para emitir su voto solo tendrán un día, pero aquellos que podrán votar por Internet, lo cual solo les tomará unos minutos, tendrán un mes para hacerlo. Además de esta contradicción, todos los votos por Internet serán para elegir las diputaciones de San Salvador. Y la ley prohíbe a los partidos políticos vigilar el voto por Internet, incluso excluye al mismo Tribunal Supremo Electoral, y obliga a contratar a un tercero para que audite el programa de computación utilizado. Y como ya es costumbre en el régimen, la ley autoriza al Tribunal saltarse la Lacap en las compras que se deriven del seguimiento al tema electoral. De este modo, gracias a la ley de Nuevas Ideas y sus aliados, no se podrá detectar si una persona, aprovechando que tiene domicilios diferentes registrados en su DUI y pasaporte, vota dos veces. Tampoco se podrá garantizar la autenticidad de los votos por Internet. Diversos analistas creen que con esta ley hasta los muertos podrán votar. Este panorama alienta el temor de que las elecciones de 2024 no sean limpias ni transparentes. Si a miles de salvadoreños les suplantaron la identidad registrando su DUI en la billetera electrónica Chivo, ¿qué impedirá que eso suceda masivamente el día de las elecciones? En este sentido, la ley aprobada es una invitación al fraude electoral.

El viernes 14 de octubre, la abogada Raquel Caballero de Guevara fue electa como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Caballero ya había ocupado ese cargo en el período 2016-2019 y fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber promovido a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, al cargo de asistente técnica, además de haberle aumentado el salario. Caballero también fue reconocida porque, durante su primera gestión como procuradora, cerró la mesa de temas LGBTI y por su postura en contra de la despenalización del aborto. De igual forma, Caballero de Guevara fue una de las funcionarias que apoyó la implementación de medidas extraordinarias en los centros penales del país durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Es necesario recordar que dichas medidas también ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según las denuncias de distintas organizaciones. Por todos esos antecedentes, en realidad, no es sorpresiva la elección de Raquel Caballero. La bancada legislativa y sus aliados eligieron a una procuradora que no cumple con el requisito de tener “moralidad notoria”, pero que tiene historial de no incomodar al gobierno de turno, de no cumplir con sus mandatos constitucionales. En síntesis, Caballero es un perfil ideal para complacer al Gobierno del presidente Bukele, la procuradora que necesitaba. Sin embargo, como ya mencionamos en un editorial de hace algunas semanas, que la persona al mando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenga un historial como el de Raquel Caballero es un hecho desesperanzador y un duro golpe para distintos sectores y poblaciones vulnerables de la sociedad salvadoreña. Las víctimas de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, las del conflicto armado, las personas despedidas injustificadamente de instituciones gubernamentales, las personas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, la población LGBTI, las mujeres, los pueblos originarios, los defensores del medio ambiente, etc. estarán aun más desamparados en un contexto que cada día es más hostil y violento para la defensa de los derechos humanos y de los bienes naturales. En sus primeras declaraciones, luego de ser juramentada en su cargo, Raquel Caballero indicó que la PDDH tendrá como prioridad la creación de un observatorio electoral que, entre otras cosas, se encargará de monitorear la situación del voto en el exterior en 2024. La Asamblea Legislativa recién aprobó la normativa en la que se establecen las disposiciones para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Según notas periodísticas, dicha ley permitirá el voto electrónico presencial en consulados y centros de votación en el extranjero y el voto remoto a través de internet. La ley no estipula la creación de un padrón electoral y autoriza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) saltarse la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y lo obliga a contratar a un ente externo para el manejo del sistema. Como vemos, esta ley deja muchas dudas y ofrece pocas garantías para la integridad de las elecciones de 2024. En ese sentido, que la PDDH y otras instancias estatales involucradas en el proceso electoral estén cooptadas por el oficialismo, es un elemento más que resta credibilidad al desarrollo y a la supervisión de las elecciones de 2024. La cooptación de las instituciones de control es una pieza clave para legitimar violaciones a los derechos humanos o para minimizar irregularidades en los procesos electorales, para tapar actos de corrupción, para favorecer a grupos económicos cercanos al gobierno y, sobre todo, para la consolidación del autoritarismo. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 108.

En El Salvador, se ha solido escuchar más al Gobierno estadounidense que a las instituciones internacionales de derechos humanos. Hoy la novedad es que no se presta oídos a ninguna instancia externa, mucho menos si tienen una palabra crítica sobre la marcha del país. Sin embargo, desoír a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo reafirma la creencia de que los problemas se resuelven con fuerza bruta. Tal vez esta aminore la violencia en algún momento, pero la frase tantas veces repetida de que la violencia engendra violencia responde a la experiencia universal de que los comportamientos injustos, tarde o temprano, provocan un aumento de la agresividad y el delito. Diversas instancias internacionales están alarmadas por la falta de independencia de los poderes del Estado, por la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante los abusos de las fuerzas de seguridad, por la parcialidad en los juicios y por la muerte de detenidos, algunos de ellos con señales de tortura. No se cumplen, además, estándares básicos de derechos humanos en los procesos vinculados al estado de excepción. Las quejas son serias. Y la desconfianza en las autoridades aumenta debido a la superficialidad con la que se rechaza o responde dichas quejas. El director general de centros penitenciarios insiste en que todo está bien en las cárceles, pero es muy difícil creerle al ver las fotografías, publicadas por la misma institución que dirige, en las que se exhibe directamente el maltrato a privados de libertad. Las encuestas de opinión, si bien ofrecen datos de una aprobación relativamente amplia del estado de excepción, muestran cada día con mayor claridad que los abusos que se cometen contra los detenidos y sus familiares son rechazados y despiertan la crítica ciudadana. Negar garantías judiciales mínimas a los privados de libertad, así como información a sus familiares, hiere cada vez más la conciencia de la población. La ONU le ha pedido al Estado salvadoreño que las ONG nacionales de derechos humanos tengan acceso “a las instituciones penitenciarias de manera que puedan monitorear el disfrute de los derechos consagrados” en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado por El Salvador. Por supuesto, a la mayoría de funcionarios públicos de alto rango y a los poderes del Estado afines y plegados al Ejecutivo les tienen sin cuidado los compromisos y acuerdos que El Salvador ha firmado y ratificado. Si todo es tan perfecto como dice el director general de centros penales, no se explica el miedo, secretismo y cerrazón absoluta que el Gobierno mantiene hasta la fecha. Ver a las instituciones de la sociedad civil como enemigas y no aprovechar sus señalamientos para mejorar el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores errores del régimen actual. Prescindir de los tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador es una arbitrariedad que tendrá repercusiones en quienes ahora se ufanan de hacer lo que les da la gana.

Una vez más un fenómeno natural -esta vez la tormenta tropical Julia- tuvo en vilo a la mayoría de la población de los países centroamericanos, pero especialmente sufrieron angustia quienes siempre padecen las inclemencias del tiempo. Hasta el martes 11 de octubre en El Salvador, según registros de Ysuca, se registran 10 personas fallecidas, incluyendo a cinco soldados que murieron soterrados, más de dos mil personas albergadas, decenas de árboles caídos, derrumbes y deslizamientos, ríos desbordados, puentes colapsados, caminos y carreteras interrumpidos, pérdidas de pertenencias de miles de familias que viven en las zonas afectadas por inundaciones, etc. Como efectos indirectos hubo cortes de energía eléctrica en algunas zonas del país, las clases y actividades educativas en general se suspendieron así como diversas empresas e instituciones tuvieron que hacer un alto en sus actividades. Estos eventos han sido cada vez más frecuentes y son un golpe de mesa para que entendamos la gravedad de la situación en que viven grandes sectores de la población y el progresivo deterioro del territorio salvadoreño. La emergencia provocada por la tormenta Julia, como sucedió con Iota y Amanda, nos pone al desnudo frente a nuestros ojos las consecuencias de un modelo de organización de la sociedad y la economía que pone en el centro al dinero y no a las personas. Ojalá que con los desbordes del río Lempa, del río Grande en San Miguel, del río Arenal en San Salvador, o del río Chilama en La Libertad, por mencionar algunos que repiten este fenómeno, por fin comprendamos que ningún proyecto de desarrollo que entienda el progreso como encementar al país y no preservar y proteger el medio ambiente, tiene viabilidad a mediano plazo. La naturaleza es sabia, y cuando se impermeabiliza el suelo o cuando se cortan o desvían los caudales de ríos y quebradas por construir grandes edificaciones urbanísticas, ella misma busca los caminos por donde encontrar salida. Ojalá que por fin lleguemos a asimilar que las inundaciones en lugares donde antes no ocurrían, que los desbordes de quebradas que antes no se daban, que la ingente cantidad de agua que cae del cielo, tienen que ver con un cambio climático, que es real, que nos afecta directamente y que es consecuencia de las destrucción, por parte de ser humano, del único planeta que tenemos, por hoy, para vivir. Ojalá que entendamos que la insuficiencia de drenajes y alcantarillas en las calles de las ciudades por atiborrarlos de basura, es lo que, en parte, provoca inundaciones y desgracias en calles y avenidas. La tormenta Julia también desnudó que son los mismos sectores empobrecidos, los que viven en zonas marginales, a la orilla de ríos y barrancos, los más afectados porque viven en condiciones que no son dignas de un ser humano y de un país que en sus leyes proclama que todos y todas somos iguales. Ojalá que esta emergencia permita aprender por fin que el Sistema Nacional de Protección Civil debe fundarse en la participación de las mismas comunidades porque son ellas las que, mejor que nadie, conocen su territorio, a su gente y se pueden organizar de una manera más efectiva. Imponer medidas y decisiones asumiendo que las autoridades saben lo que la gente necesita es, además de prepotente y autoritario, un craso error de la presente administración que causó muchos contratiempos en esta y las emergencias anteriores. En fin, ojalá que por fin se entienda que la comprensión del riesgo de sufrir desastres sociales y económicos a causa de fenómenos naturales radica en gran parte en entender la vulnerabilidad, sus formas y su evolución en el territorio. Es cierto que los fenómenos naturales son impredecibles, pero también es cierto que se pueden mitigar los daños. Un huracán puede pasar sin derrumbar puentes y muros causando dolor y daño, mientras que solo una lluvia intensa puede causar pérdidas de viviendas e infraestructura. La clave está en la vulnerabilidad de la población y del territorio. Una “vivienda” construida sin los materiales adecuados y en una zona de riesgo es mucho más vulnerable que otra construida en un lugar seguro y con materiales correctos. De la misma forma, un territorio deforestado es más vulnerable que otro en que se respete y proteja la naturaleza. Ojalá también la gente entienda que a los políticos no les ha importado proteger a la naturaleza ni a las personas pobres, porque estos eventos de emergencia les sirven como justificación para extender la mano y solicitar ayuda internacional que nunca llega a las personas más vulnerables. Ojalá que por fin aprendamos. Ningún proyecto económico o político será viable, si no garantizamos tener un medio ambiente saludable y sustentable para todos y todas. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 107.