Editoriales y Opiniones

Al cumplirse un año de la guerra en Ucrania, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que condena la agresión rusa, exige un cese de hostilidades y la salida de las fuerzas invasoras, y pide que se inicien conversaciones de paz. 141 países aprobaron la resolución, siete votaron en contra y 32 se abstuvieron; entre estos últimos se encontraba El Salvador. La decisión de abstenerse no ha sido comentada oficialmente. La tendencia a reservar información pareciera que influye incluso en decisiones que es importante entender dentro del contexto internacional y que pueden tener repercusiones en nuestra relación con países amigos. Que Ucrania es víctima de una guerra de agresión es bastante claro y la gran mayoría de los países así lo entiende. Las seis naciones que además de Rusia se han opuesto a la resolución tienen muy poco peso internacional y mantienen una relación de dependencia con los rusos. Se puede entender que China se haya decidido por la abstención dada su relación y larga frontera con Rusia, así como por la rivalidad con Estados Unidos a la hora de aparecer como gran potencia con posición propia. De hecho, China ha elaborado un proyecto de diálogo entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra al amparo de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Mostrar independencia y presentarse como potencia mundial con capacidad de mediación puede estar detrás de la abstención china. Pero en el caso de El salvador, es difícil encontrar una explicación razonable. Un país como el nuestro, que ha sufrido los dolores de una guerra civil, no debería abstenerse de apoyar una resolución que condena una guerra de agresión y busca impulsar la paz. O si se abstiene, debería explicar a su población por qué lo hace. Si El Salvador tuviera alguna posibilidad de mediación entre las partes o contara con un pensamiento pacifista y humanista que le diera relevancia internacional y que sirviera para construir una hoja de ruta aceptable hacia la paz, su abstención podría verse como válida o, al menos, explicable. Pero esas posibilidades son nulas dado que el país más bien está tomando posiciones internas reñidas con la normativa internacional de los derechos humanos, y eso le impide ejercer una labor mediadora creíble. Para evitar que se piense que la abstención obedece a un afán de molestar a Estados Unidos y a la Unión Europea, o de aliarse con Rusia, es importante que el Gobierno se explique. Actuar sin dar razones en este tema de tanta relevancia mundial no solo es poco democrático, sino que refleja una especie de menosprecio a la comunidad internacional. La guerra en Ucrania está afectando la economía global, y los países como el nuestro, de desarrollo medio-bajo, lo sufren con mayor fuerza. No dar cuenta de la posición salvadoreña en el concierto de naciones, dejar que la población se entere de las decisiones gubernamentales a través de la prensa internacional, no es correcto ni atinado. Esta forma de actuar le cierra puertas al país. Si ni en ese contexto se dialoga, queda claro que se marcha hacia el aislamiento internacional.

La convicción con la que se entregan al autoritarismo es admirable. El director de la Policía ha afirmado ante la legislatura, sin pensarlo dos veces, que “el policía es un juez de la calle que tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier persona”. Si algo hay que agradecer a semejante torpeza es su franqueza, porque eso es, precisamente, lo que ha ordenado a sus agentes: identificar, acusar y capturar a quien les parezca. Le faltó agregar que los soldados hacen también de jueces. La falsedad aparece en la segunda parte de la declaración, porque de ella no se sigue que tengan criterio para ejecutar las órdenes recibidas. Ni los policías, ni los soldados son jueces. Atribuirles esa función es llevar a un extremo inaudito la usurpación de un poder judicial ya secuestrado. El convencimiento y el servilismo se combinan en este claro reconocimiento de la transgresión de la Constitución. La franqueza policial es insolente. Estos funcionarios estarían mejor callados, pero la soberbia los vuelve temerarios al punto de reconocer sus crímenes ante la opinión pública. Los diputados que aprobaron la nueva prórroga del régimen de excepción son cómplices, pues dieron por válido el argumento policial. Tal vez ni siquiera cayeron en la cuenta de la barbaridad jurídica que estaban avalando con su silencio. Semejante complacencia pone de manifiesto su verdadero papel: no los eligieron, ni les pagan para opinar, sino para decir “sí” a Casa Presidencial. El trabajo de las comisiones legislativas sale sobrando. Por eso, casi no sesionan. No representan a nadie más que a Bukele. En realidad, los diputados son simples accesorios. Se podría prescindir de todos ellos, no solo de una parte, así como ellos han prescindido de los asesores y de escuchar a las partes interesadas en lo que legislan, y ahorrarle al Estado varios millones en salarios, dietas, viajes y privilegios. La legislatura, un elemento fundamental del régimen democrático, se ha convertido en un espacio para vividores. Estos funcionarios parecen estar muy seguros de la posición que ocupan. Aparentemente, están convencidos de que han llegado al régimen de los Bukele para quedarse y que, si los echan, la impunidad los protegerá de cualquier reclamo de la justicia. La cúpula militar de la guerra civil cometió el mismo error de apreciación. Más de alguno pensará que actúa bien por gozar del respaldo popular, pero este argumento no es válido para la justicia. La dictadura tiene término. Se suele agotar más pronto que tarde. A veces, por causas imprevisibles. Cuando colapse, ¿qué harán estos funcionarios?, ¿adónde irán? Si cuentan con que los Bukele los protegerán de los reclamos de la justicia, están muy equivocados. Al negociar su final, ellos proveerán por sí mismos y a los demás, a pesar de su lealtad incondicional, los dejarán abandonados a su suerte. Las venezolanas y los otros extranjeros se irán por donde vinieron. Los oportunistas, por lo general, siempre tienen una carta guardada. El resto, la mayoría, se verá abocado al abismo. ¿Querrá permanecer en el país como si fuera ajeno a la violación de la Constitución y de los derechos humanos, a la represión y al terror, y al saqueo de la hacienda pública? ¿Pondrá cara de “yo no fui” o “cumplía órdenes”? Ninguno de los países a donde quisieran ir los recibirá. Irónico sería que algunos de los más destacados acabaran confinados en el recién inaugurado centro para terroristas. La confianza absoluta en el orden de los Bukele impide que estos funcionarios se planteen siquiera la posibilidad de que, un día no lejano, ese orden se derrumbe. Junto con él perderán el cargo, el poder y los ingresos, y tal vez enfrenten la justicia, desde el banquillo de los acusados. El apego a lo que ahora poseen, la resistencia a no pensar más que en el presente y la lealtad férrea a los Bukele, a quienes deben lo que son y lo que tienen, los ciega. No son capaces de imaginar qué será de ellos cuando aquellos ya no estén. Si así fuera, actuarían con más circunspección. No se les pasa por la mente que, así como ahora son útiles, mañana serán igualmente descartables. La parábola bíblica sobre el administrador infiel les ofrece materia para recapacitar. Cuando su amo le pide cuentas de su gestión deshonesta para despedirlo, se hace varias preguntas y encuentra súbitamente la solución, hasta cierto punto genial. Cumplirá con la última tarea en provecho propio. Acostumbrado a mandar, no se mira como jornalero, tampoco sabría mendigar. El administrador encuentra una solución simple para mantener su dignidad, conservar su posición social y preservar el sentido de su vida. Falsifica los contratos de arrendamiento a favor de los deudores de su amo, para que, cuando este lo despida, aquellos lo reciban en su casa. La parábola invita a la vigilancia y la prudencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando a nivel planetario está ocurriendo una cuarta revolución tecnológica, es oportuno preguntarse cuál es la educación que una persona salvadoreña promedio debería tener. Sobre la base de la respuesta a esta pregunta valdría la pena indagar qué tan lejos está El Salvador de alcanzar esa meta. ¿Qué habría que hacer para reducir la brecha entre el ser de la educación en El Salvador y el deber ser? El artículo 53 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y a la cultura de toda persona. ¿En qué consiste este derecho y cultura? ¿Cómo se ve afectado este derecho por la revolución tecnológica? ¿Está el Estado salvadoreño en condiciones de garantizar este derecho? Es decir, ¿cuenta con los medios adecuados (instituciones y servicios) para hacer vigente el mencionado derecho? Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2021, la escolaridad promedio de la población salvadoreña de 6 años y más es de 7.1 grados. Por supuesto que un dato promedio oculta las disparidades que existen entre diversos grupos poblacionales. Por ejemplo, la escolaridad promedio en el área rural es de 5.5 grados mientras que en el área urbana es de 8.1 y en el Área Metropolitana de San Salvador de 8.9. ¿Indican estos niveles de escolaridad la existencia de una población preparada para adaptarse a la cuarta revolución industrial? ¿En qué consiste esa adaptación? Las preguntas planteadas solo constituyen un aperitivo para llevar a cabo una reflexión concienzuda sobre la educación en El Salvador, especialmente aquella que está organizada por el Estado y que cuenta con fondos públicos para su realización. Es claro que no solo el Estado interviene en este asunto con su política educativa, en la que quedan incluidos planes, programas y proyectos educativos, además del marco legal que le asiste. También intervienen los grupos familiares y las personas que se dedican a la función docente y todo el cuerpo administrativo. En cierta forma, fuera del sistema público-estatal, hay otros agentes que operan en la estructura educativa de la sociedad salvadoreña. Allí están los agentes privados (colegios y universidades), dentro de los que hay que considerar los que gestionan centros educativos de organizaciones religiosas o laicas. Estos agentes privados, en promedio, suelen tener mejor desempeño en la gestión educativa comparada con la que realizan los agentes público-estatales. Aquí tiene lugar otra brecha educativa que hay que tener en cuenta cuando se analiza la educación sobre la base de promedios. Al Gobierno actual se le achaca incumplimiento de promesas en materia educativa. Y aquel se defiende publicitando la construcción o mejora de las instalaciones de escuelas y la entrega de computadoras y tabletas. Es posible que haya algo de razón en ambas posturas: que el Gobierno tenga deudas en materia educativa y que se ha proporcionado computadores y tabletas, aunque ello no sea suficiente para estar a la altura del desafío que plantea la industria 4.0. La educación es más que equipos informáticos. Por ejemplo, ¿para qué y cómo los ocupan tanto estudiantes como docentes? Facilitar la interacción a distancia entre estudiantes y docentes podría mejorar el nivel de escolaridad, aunque no necesariamente. Incluso se podría haber generado una brecha adicional entre el área rural y la urbana en cuanto a su uso, sin mencionar los problemas de conectividad que enfrentan los estudiantes de escuelas rurales y, no se diga, la preparación informática que tienen las personas que se dedican a la docencia en dichas escuelas. La cobertura y el nivel de escolaridad son asuntos de interés que es necesario mejorar. Pero la educación no se reduce a cobertura y escolaridad. La pregunta filosófica sobre qué es educar en el siglo XXI requiere ser respondida. Cuanto más pronto se encare esta pregunta de manera muy responsable, mejor será para la sociedad salvadoreña. La revolución tecnológica va más rápido que la preparación de docentes en todos los niveles educativos. Otra pregunta filosófica también debe ser respondida con prontitud: ¿para qué la educación? A cada revolución industrial es posible identificarle un tipo de educación concretada en un tipo de escuela. ¿Qué piensan los distintos agentes educativos sobre la educación en el contexto del desarrollo de la inteligencia artificial? Aunque es necesario, no se trata únicamente de abrir carreras universitarias relacionadas con la informática. Piénsese nada más en la capacidad que tiene la aplicación ChatGPT para realizar tareas de composición que tradicionalmente los docentes asignaban a los estudiantes. No se trata necesariamente del cometimiento de plagio, sino de una tarea estudiantil que puede ser resuelta con la asistencia de un “robot” en menor tiempo y con buena calidad. La tecnología hoy disponible es análoga a las reglas de cálculo o las primeras calculadoras de bolsillo que permitían hacer operaciones cada vez más automatizadas. ¿Había que aprenderse la tabla del nueve para multiplicar si las c

La subida de precio de los alimentos ha sido un fenómeno global, en parte en descenso ya en los países desarrollados. Pero entre nosotros los precios han continuado subiendo en estos meses recientes. Los huevos, la leche, el queso y, de un modo especial, los vegetales se van volviendo prohibitivos para las personas con dificultades económicas e incluso para un sector de la clase media baja. Los granos básicos también han sufrido aumentos, aunque no tan fuertes. Este incremento sistemático del costo de la canasta básica alimentaria está provocando que el salario mínimo, a pesar de la última alza, se vuelva claramente insuficiente. De hecho, la canasta ampliada urbana está ya fuera de las posibilidades de quien tenga como ingreso solo el salario mínimo. La situación en el campo, la parte del país generalmente más olvidada, no está mejor. Sin acceso a pensiones, con dificultad para tener ingresos fijos y con servicios de baja calidad en temas básicos como la educación y la salud, el campo se está quedando sin jóvenes: estos emigran, en especial hacia el norte. La situación alimentaria necesita respuestas. El salario mínimo debería revisarse de nuevo y, en la medida de lo posible, unificarse. Si es cierto que todos somos iguales ante la ley, tal como afirma la Constitución, es injusto que con respecto a lo que es el mínimo vital, como diría Alberto Masferrer, el salario sea diferente si se trabaja en un tipo de empresa o en otra, en el campo o en la ciudad, máxime siendo dicho salario una decisión por ley. También los servicios fundamentales de educación, salud, seguridad jurídica y alimentación deben mejorar a nivel nacional. El agua y la vivienda presentan graves carencias. El Estado no puede descansar hasta que todas las casas tengan agua tanto para consumo humano como para saneamiento. Este tipo de servicios estatales (en algunas partes les llaman “salario social”) es en realidad un aporte de tipo distributivo que trata de eliminar la desigualdad en los temas básicos de desarrollo humano. Cuando la Constitución habla de justicia social como obligación del Estado, está hablando de estas cosas. El Gobierno actual está tratando de atraer capitales e inversión, promoviendo una especie de marca país en la que la seguridad ciudadana, el turismo y el liberalismo económico son ingredientes básicos. Pero sin planes claros de desarrollo y protección social, el flujo económico que se pueda obtener, si es que se obtiene, creará pequeñas islas de desarrollo junto a amplias zonas deprimidas. Sin seguridad alimentaria no iremos muy lejos. Y sin una inversión mayor en la gente y sin una planificación del futuro con claro contenido social, el calentamiento global, la vulnerabilidad ante el desastre y las epidemias pueden generar ciclos de empobrecimiento que impidan un desarrollo digno y equitativo para todos los que vivimos en El Salvador. Garantizar la seguridad alimentaria protegiendo tanto al campo como al campesino y cuidar el ingreso económico de los trabajadores —sabiendo que el derecho al trabajo con salario decente tiene siempre prioridad sobre el capital— son tareas urgentes y necesarias para el desarrollo. Las reservas de información, cada vez más frecuentes incluso en temas básicos que nos afectan a todos, hacen suponer a algunos la existencia de corrupción. Otros, tal vez más recelosos, piensan que los planes y proyectos sometidos a reserva informativa son en realidad buenas intenciones, pero sin la estructura formal de un proyecto evaluable. Sea como sea, urgen respuestas claras, trasparentes, medibles y que den esperanza a las personas. El aumento de precios de los alimentos, tan fuerte y sistemático, es uno de los temas que pide respuesta gubernamental y planes y proyectos que impidan que la población sufra el flagelo del hambre. Ya hay una importante proporción de la ciudadanía, especialmente entre los niños, que no cubren adecuadamente sus necesidades alimenticias. Eliminar el hambre e impedir que aumente es básico para el desarrollo digno de nuestro país y para la convivencia fraterna.

El 9 de febrero se dio la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses que partieron en un vuelo chárter a Washington D. C. Estas 222 aves volaron lejos de la tierra que les intentó cortar las alas en las mazmorras del régimen por haber señalado las formas desquiciadas de gobernar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se desconocen las posibles negociaciones. A pesar de que les despojaron de la nacionalidad como venganza a posteriori, es una victoria haber sobrevivido al enclaustramiento impuesto por los represores. El obispo Rolando Álvarez tuvo el nervio de tomar la decisión de no subirse al avión en el que partieron los presos políticos. Un día después, Daniel Ortega, por medio de un juez, lo condenó por esa ofensa a 26 años de cárcel. Sentencia que recibió como un completo mártir cristiano, en el sentido más profundo y existencial, para colocarse al lado de otros sacerdotes que ofrendaron su vida en aras del expandir de la conciencia y develar las pestilencias del poder. Lo imagino a monseñor Álvarez —a quien el papa Francisco le dedicó recientemente un tuit— resistiéndose a abordar el avión y decidiendo caminar de vuelta a la gran prisión que es Nicaragua para enfrentarse a su destino abrasivo, pero fecundo. De otra forma, el papa quizá no se habría expresado con efusión sobre la situación de Nicaragua; ni se habría elevado aún más la furia de Ortega, quien no tardó en mandar al obispo al calabozo, insultándolo en televisión nacional; ni se habría redactado en piedra la crueldad del régimen, que no perdona una voz que no grite consignas en favor de la pareja soberana. Un sacrificio cristiano desde la más sincera hermenéutica del corazón. Gestos como el del obispo Álvarez pican con triste ilusión el alma en un contexto de desesperanza por los ultranacionalismos que crecen como maleza con espinas frente a propuestas más humanas que no terminan de enraizar. El sacerdote personifica la renuncia del interés propio. Lo hizo en honor a tantos santos y mártires católicos y de otras religiones que no han temblado en señalar la injusticia evidente. En mi país, Guatemala, durante la guerra interna, ser catequista implicaba ser enemigo y se justificaba desde el Estado su eliminación. La Iglesia católica promovió la recopilación de testimonios de violaciones a los derechos humanos como parte del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), cuyo director, el obispo Juan Gerardi, fue asesinado dos días después de presentar el informe final. Otro cura guatemalteco, en el municipio de San José Pinula, Hermógenes López, entregó su vida en defensa del agua de la comunidad; lo mataron agentes del Gobierno en una emboscada. Ni qué decir de los mártires jesuitas y lo que representan para la memoria de El Salvador desde la vocación de construir paz y posibilitar justicia, entendiéndola no como algo inherente a una sociedad, sino como un proceso empujado para reconocer la verdad y las raíces. Monseñor Romero se negó a callar a sabiendas de los riesgos. Esa bala que le enrojeció la casulla en plena misa no era inesperada, hasta cierto punto era inevitable. No es deseable que alguien dé su vida ni su integridad o su libertad por la justicia, por la verdad, por los postulados humanos y cristianos. Pero que personas —curas, obispos, laicos o quien sea— estén en disposición de hacerlo, inspira a quienes observamos la debacle de Centroamérica en la que cada día se respetan menos las más básicas garantías humanas. Nicaragua está siendo mal ejemplo en términos de prácticas políticas. Otros líderes centroamericanos imitan las decisiones de Ortega y coartan la prensa; modifican leyes para favorecer la autocracia, las amnistías y la reelección; gestionan las instituciones para garantizarse poder e impunidad; y utilizan a la administración judicial para perseguir a los críticos. Pero también Nicaragua está siendo buen ejemplo en términos de dignidad: acciones como las del obispo Rolando Álvarez, el resto de presos políticos y la disidencia en el exilio nos muestran la persistencia de la gota que cae sobre la piedra y que finalmente la romperá. * Álvaro Montenegro, periodista guatemalteco.

Cada 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, un tipo de justicia que vincula su contenido con el cumplimiento de los derechos básicos de toda la población de un país. En 1983, El Salvador incorporó en la Constitución la justicia social como deber del Estado. Sin embargo, poco se habla de esta obligación e incluso funcionarios públicos toleran o impulsan situaciones injustas. Despreciar los derechos humanos, negarse a dialogar francamente sobre su situación o atacar a defensores de los derechos de la población muestra el desinterés por entender lo que la Constitución le exige al Estado. Por función, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vela por la justicia social, entendiendo que el trabajo y el salario decente son medios de acceso a la plenitud de derechos. Las Naciones Unidas también la ha tomado como propia y cada año hace una reflexión sobre los avances a nivel mundial en este campo. En particular, para la celebración de este año, propone que la justicia social sea la base para renovar el contrato social entre la población y el Gobierno de cada país, y que se haga un esfuerzo por revertir la tendencia al aumento de la pobreza y la desigualdad. Y es que como camino de reducción de las tensiones sociales, la justicia social es fundamental para el desarrollo inclusivo y para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible señalados en la Agenda 2030. En El Salvador hay mucho camino por recorrer para alcanzar una verdadera justicia social. El salario mínimo es inferior al actual costo de la canasta ampliada. La seguridad social cubre solamente a un cuarto de la población. Las pensiones no llegan a la mayor parte de las personas en edad de jubilación y la reciente reforma del sistema aumentó la pensión en mayor grado a quienes ya recibían una mensualidad elevada , aumentando así las diferencias entre los pensionados. Los habitantes del ámbito rural no cuentan con las ayudas y programas requeridos para solucionar su crónico problema de pobreza y vulnerabilidad. La salud, la educación, la protección de los ancianos y de las mujeres, aunque han ido avanzando, requieren todavía de mucho trabajo para alcanzar estándares adecuados. Que el Estado y la sociedad civil dialoguen sobre la justicia social resulta obligado para sentar las bases de un futuro más estable y de un desarrollo capaz de llevar al país a una mayor concordia y amistad social. Las soluciones individualistas frente a los problemas sociales no garantizan nunca el bienestar general ni el bien común. La justicia social sí, pero es necesario entenderla como objetivo nacional.

La diferencia entre un nuevo comienzo y el acomodo es la ruptura total con el pasado, con la forma de dominación y acumulación de capital, y con quienes han estado vinculados con la estructura anterior del poder, con el enriquecimiento ilícito y con la violación de los derechos humanos. El régimen de “nuevas ideas”, a pesar de lo que predica, no ha roto con el pasado. La dominación sobre la sociedad es mayor que antes. No es, pues, más que un acomodo. La acumulación por el despojo, un mecanismo típicamente neoliberal, que se remonta al primer presidente de Arena, ahora perseguido por la justicia de Bukele, campea por sus respetos, más extensa e intensamente que antes: otro acomodo más y no de poca trascendencia. Muchos personajes, en particular, en los mandos militares y policiales, tienen una larga trayectoria. Mañosos en el oportunismo, han sabido acomodarse a los vientos que soplan hoy. Hay novedades, faltaría más, pero no elevan el nivel de vida de las mayorías. En buena medida, es más de lo mismo, incluso peor. El capital se sigue concentrando en pocas manos, mientras que las mayorías son empujadas cada vez con más fuerza hacia la penuria. La elevación del costo de la canasta básica es un ejemplo claro. Y las ideas es una de las deficiencias más agudas del autoritarismo de Bukele. Desde el primer momento ha querido olvidar el pasado y se ha esforzado por poner gestos que marquen un nuevo comienzo, pero sin romper con las prácticas tradicionales del poder. El “orden” de Bukele alcanza cotas cada vez más altas de corrupción, de encubrimiento e impunidad, de ineptitud administrativa, de deuda e iliquidez, y de represión y brutalidad. Amaga con hacer justicia a las víctimas de la guerra civil y con perseguir a los corruptos, pero el sistema solo procesa a los sospechosos o acusados que, por razones desconocidas, son enemigos personales de Bukele o carnada para las redes digitales. Mientras tanto, por los despachos y pasillos de la dictadura circulan funcionarios de todo nivel y empresarios nacionales y extranjeros corruptos, y agentes del terror. El objetivo del régimen de excepción se ha deslizado casi imperceptiblemente de los pandilleros a los sindicalistas, los vendedores callejeros, los líderes comunales y la oposición popular. El régimen de Bukele es una redición, mejorada, de la dictadura militar de las décadas anteriores a la guerra. Las voces que pregonan tiempos nuevos no saben bien lo que dicen o, lo más probable, lo saben y son asalariadas. Bastantes son inconscientes, pero otras saben bien lo que hacen. En el otro extremo hay una opinión pública ansiosa por experimentar un cambio sustancial en su vida. Por eso, recibe agradecida la erradicación de las pandillas. Pero su sensación de seguridad es engañosa. Ahora, esa opinión puede entrar y salir de las colonias y los pasajes sin temor, pero con hambre, enferma y desempleada. Las desapariciones y el feminicidio no han experimentado un retroceso significativo. Los traficantes trajinan sus mercancías ilegales. Y el rufián de poca monta ha regresado. La falsa sensación de que algo se mueve en la dirección correcta es reforzada con la exhibición de construcciones megalómanas, mientras la basura se amontona en los espacios públicos de varios municipios, la infraestructura escolar permanece abandonada y las municipalidades recortan sus servicios por falta de recursos. El espacio dejado en el centro de San Salvador por los vendedores callejeros y su abundante clientela, atemorizados de acabar en la cárcel de la excepción, ha sido ocupado por los misioneros de las criptomonedas. En cualquier caso, las novedades de Bukele exigen la renuncia voluntaria a los derechos civiles, políticos y humanos. Buena parte de la opinión pública le ha entregado su libertad para que haga según su voluntad. A pesar de su éxito, los arquitectos del régimen no las tienen todas consigo. Son conscientes de que su creación es frágil. Por eso la alimentan constantemente con obras aparentemente nuevas, que proyectan como evidencia de ruptura y adelanto. Esas construcciones lo mismo dan la falsa impresión de avance que ocultan la dura realidad. El denso velo que las envuelve es crucial para mantener el engaño. Si el quehacer de Bukele generara bienestar general y fuera tan genuino y brillante como asegura, no tendría reparos en mostrar todos los entresijos de su gestión. Al contrario, los exhibiría en detalle para suscitar la admiración y las felicitaciones. Pero eso es imposible, porque la fachada oculta mucha porquería. La hipersensibilidad no es más que inseguridad. Sus creadores saben bien que han levantado un castillo de naipes, cuya defensa es vital para evitar el colapso. Hasta ahora, la negación sistemática de información, la improvisación por falta de visión y entendimiento, la distracción para evitar enfrentar los desafíos reales y la agresión verbal y las amenazas han dado los frutos esperados. Pero nada garantiza que este peculiar acomodo al pasado sea sostenible a med

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, ha defendido los derechos de los pobres en su diócesis y ha sido un severo crítico de los abusos cometidos por el actual gobierno nicaragüense. Por esa razón, considerando la crítica social y política como un atentado contra la patria, ha sido condenado a 26 años de prisión y privado de su nacionalidad nicaragüense. Se le ofreció salir del país exiliado inmediatamente antes de su condena. Dado que rechazó salir, la condena se produjo automáticamente. Las circunstancias del hecho muestran claramente que se ha producido un juicio político y que se ha perseguido tanto una opinión como la libertad religiosa del prelado. El hecho puede considerarse desde dos ámbitos de la reflexión, en muchos aspectos coincidentes, aunque el vocabulario usado sea en algunos aspectos diferentes: Es un hecho que debe analizarse desde los Derechos Humanos y también desde la fe religiosa. El Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “toda persona tiene derecho a una nacionalidad”. Y añade que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. El Artículo 18 añade que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. En otras palabras, que pensar de modo diferente a un gobierno no es delito. Es simplemente un derecho. Y que la expresión de la propia religión, su pensamiento y su doctrina, aunque choque con el pensamiento, doctrina y acciones de un Gobierno, también es un derecho. En general los artículos 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos repite incluso con mayor detalle los derechos mencionados de la Declaración Universal. Esta Convención fue firmada por Nicaragua en 1969 y ratificada en 1979, ya en tiempos del primer gobierno de Daniel Ortega. Las críticas que el obispo Álvarez hacía al gobierno de Nicaragua, estaban dentro del derecho a pensar y opinar distinto, se enmarcaban en la defensa de derechos del pueblo nicaragüense y correspondían a su propio pensamiento cristiano católico que desde el Papa Juan XXIII insiste con energía en la necesidad de defender los derechos de las personas desde la fe cristiana. Desde el punto de vista religioso, Mons. Álvarez no hizo más que ejercer su responsabilidad de Pastor defendiendo los derechos de su pueblo. La Doctrina Social de la Iglesia insiste sistemáticamente en la necesidad de defender la participación ciudadana, el estilo democrático de gobierno, el Estado de Derecho. El Evangelio y en general la Sagrada Escritura, ubica la solidaridad con los pobres y con los que sufren como una dimensión indispensable de la fe cristiana. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de resistencia al poder cuando éste quiso negar derechos a la manifestación pública de la fe y las obras de la fe. Incluso podemos encontrar fácilmente palabras duras en los Padres de la Iglesia contra sus perseguidores. Tertuliano, hablando de los cristianos metidos en la cárcel por mandato de los emperadores, decía que “fueron a la cárcel para aplastar y vencer en su propia casa al diablo”. San Máximo, un cristiano sencillo, plebeyo, dice él de sí mismo, cuando el juez le pregunta si conoce la ley dada por el emperador, que prohíbe el cristianismo, no duda en contestar diciendo: “Sí, he sabido la inicua sentencia pronunciada por el emperador de este mundo, y por eso justamente me he manifestado públicamente cristiano”. Mons. Álvarez ha continuado con lo mejor de la tradición cristiana en la defensa de los pobres, en la denuncia de las injusticias y en la resistencia a las amenazas proferidas contra él. Como Romero, como Gerardi, como Rutilio que dieron su vida, y como otros muchos que lograron sobrevivir a diferentes modos de persecución, Mons. Álvarez está en el camino del triunfo de la verdad sobre sobre la idolatría del poder y su afán de considerarse como absoluto.

La liberación de más de doscientos presos políticos por parte del régimen nicaragüense supuso un pequeño respiro de esperanza en la dinámica de atropellos y totalitarismo impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los ahora acogidos en suelo estadounidense no solo fueron desterrados, sino también despojados de su nacionalidad. Los que no aceptaron dejar Nicaragua, como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, pagan caro lo que fue leído por el régimen como una nueva afrenta al poder. La condena a más de 26 años de prisión para el prelado, dictada en un juicio a la medida del capricho del dictador, suscitó la condena internacional, a tal grado que incluso llevó a que la jerarquía de la Iglesia católica por fin se pronunciara, una reacción que se merecen igualmente los presos políticos menos conocidos. Por las lecciones que arroja, es útil recordar el recorrido que ha llevado a Ortega y Murillo a encabezar una dictadura de tintes norcoreanos. Si se contabilizan los años en que Ortega estuvo al frente de la junta revolucionaria de gobierno (de 1981 a 1984), los de su primera gestión como presidente (de 1985 a 1990) y los que lleva ininterrumpidamente como mandatario (16, desde enero de 2007), el nicaragüense ha rebasado los 26 años en el poder. En 2006 asumió la presidencia luego de ganar unas elecciones precedidas de reformas constitucionales que se adaptaron al techo electoral de su partido. Una vez en el Ejecutivo, procedió a desmontar la institucionalidad democrática para continuar mandando sin impedimentos. Puso bajo su dominio al poder legislativo, al poder judicial y al poder electoral. La institucionalidad pública pasó de ser controladora del ejercicio del poder a facilitadora de las decisiones presidenciales. Después vinieron elecciones con fraudes cada vez más evidentes y descarados. Se prohibió la observación internacional y se minó el camino de eventuales competidores electorales. Ortega está ya en su quinto período de cinco años como presidente y el cuarto consecutivo, después de elecciones antidemocráticas, ilegítimas y sin credibilidad. Con el tiempo, Ortega ha pasado a convertirse en un dictador de manual. Adquirió radios, televisoras y periódicos, y a los diarios que no pudo comprar les cerró el suministro de papel para que no pudieran imprimir o les anuló los permisos de operación. Clausuró, además, más de un millar de organizaciones no gubernamentales, la mayoría de ellas de ayuda humanitaria, por considerarlas peligrosas para la estabilidad del país. Arremetió contra la Iglesia católica cuando esta denunció las injusticias; expulsó o cerró la entrada al país a sacerdotes y religiosas. Barrió de la mesa a toda figura que representara una amenaza a su poder; inhabilitó legalmente a candidatos para participar en elecciones y posteriormente los encarceló inventándoles cargos. Lo último es el destierro de opositores, a quienes les quitó la nacionalidad para garantizar que no puedan ser sus adversarios nunca más. De este manera, solo se puede ser opositor al régimen viviendo fuera de Nicaragua. Por el momento, Ortega y Murillo reinan a sus anchas, pero la historia muestra que las dictaduras no terminan bien. Con sus dictados y violencias, Ortega sigue acercándose al momento de su caída.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, aun siendo el más grande de América Latina, no es ninguna obra admirable, sino ejemplo del fracaso rotundo de la política social de Bukele. No es solución para la violencia social, porque el hambre, la enfermedad y el desempleo acechan a las mayorías. Estos males son estructurales y antiguos. Bukele pudo haber colocado los cimientos de una política de Estado centrada en servicios sociales universales y de calidad, pero, en vez de eso, se vanagloria de haber construido un centro de confinamiento perpetuo para presuntos terroristas, mientras en el exterior sus familiares aguardan angustiados tener alguna noticia de ellos y los menores deambulan a la deriva y desescolarizados. En siete meses, Bukele pudo construir los hospitales prometidos, mantener abastecido de medicamentos el seguro social y el sistema público de salud, reducir sustancialmente los tiempos de espera, mejorar la consulta externa y el tratamiento interno de los hospitales públicos, y habilitar la infraestructura educativa (un dispositivo electrónico no eleva el nivel de la educación). Bukele pudo haber realizado muchas más obras para beneficio inmediato y directo de la gente, pero no quiso ni pudo. Recortó el presupuesto de salud pública de este año, en cuenta el de trece hospitales. La prioridad del presupuesto general es pagar la deuda, mientras la pobreza extrema gana terreno y la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria, es decir, no come lo suficiente o simplemente no come. A la falta de voluntad se agrega el ahogamiento de una deuda en expansión. La seguridad social aparece en el plan electoral, pero, una vez en el poder, Bukele prefirió la infraestructura megalómana, como el penal inaugurado. La opción es la limpieza sistemática de “los indeseables”, tanto los pandilleros y quienes aparentan serlo como los contestatarios. Todos ellos serán confinados en “condiciones duras, las que se merecen”, “sin volver a tener contacto con el mundo exterior”. Ahí “terminarán los días de todos los terroristas”, una categoría donde cabe cualquiera que se antoje. Bukele hará de ellos “el ejemplo del castigo” por rebelarse contra el orden neoliberal introducido por Arena. El centro de confinamiento está diseñado para “que nadie pueda salir”. Un desperdicio de recursos, porque las fugas hace tiempo que cesaron: ahora los criminales más buscados salen de las cárceles de la mano de los altos funcionarios de Casa Presidencial. El terror implantado por las pandillas en los territorios bajo su control es respondido con el terror del régimen de excepción. Pensar que el terror se combate con más terror es entrar en una espiral de violencia, donde el país ya estuvo en las décadas de 1930, 1970 y 1980. El terrorismo estatal y privado deja destrucción, muerte y sufrimiento. Esa fue la solución de Hernández Martínez para la miseria del campesinado. El fiasco de la guerra con Honduras evidenció su fracaso. El Ejército y la oligarquía agroexportadora volvieron a intentar el exterminio de los “delincuentes/terroristas” en lugar de reformar la estructura económica y social. Cuando se convencieron de su error, detuvieron la guerra e introdujeron el capitalismo neoliberal. No satisfechos con lo mucho que ya poseían, se apoderaron de la riqueza nacional mediante el despojo. Los excluidos del bienestar neoliberal, la mayoría, se vieron obligados a buscarse la vida al margen de la legalidad. La violencia causada por el despojo de la riqueza fue respondida con otra violencia, cuyas víctimas han sido las poblaciones empobrecidas. La acumulación por despojo continúa. Los Bukele y sus socios también acumulan despojando. Incluso repiten el discurso del bienestar de los neoliberales de Arena. Si ese bienestar fuera real, Bukele habría terminado con esa modalidad de enriquecimiento de los que ya son obscenamente ricos, habría introducido una reforma tributaria progresiva, habría establecido controles tan implacables como los muros, los cercos y las torres que resguardan su monumento represivo para evitar y perseguir la corrupción, y habría reducido de forma drástica el gasto militar para aumentar sostenidamente el social. El complejo de Tecoluca es similar a otros campos de concentración, antiguos y actuales. El Salvador de los Bukele no es viable sin ellos. El centro de confinamiento es una vergüenza tanto para quien lo construyó, porque revela que no tiene una propuesta positiva para una realidad social muy precaria, como para la sociedad que lo acepta, unos con entusiasmo, otros impasibles, sin caer en la cuenta de que es producto de su propio fracaso como sociedad. Vienen a cuento aquí las recientes palabras del papa Francisco, en la República Democrática del Congo, desgarrada por una guerra sangrienta y cruel. El papa pronunció un rotundo “no a la violencia, siempre y en cualquier caso, sin condiciones y sin ‘peros’. […] Es un engaño trágico: el odio y la violencia nunca son aceptables, nunca son justificables, nunca son to

El desastre sísmico en Turquía pone de nuevo sobre la mesa los temas solidaridad y vulnerabilidad. El Gobierno de El Salvador ha sido solidario con el pueblo turco, y eso es positivo. De cara al futuro, sería ideal tener un equipo permanente de ayuda, de manera que estuviera siempre listo a prestar una mano el mismo día del desastre en otro país. Mejor aún fuera que la solidaridad no estuviera en manos militares, pues esa no es especialidad del Ejército. Las fotografías de la expedición a Turquía muestran un exceso de uniformes castrenses. Si la principal institución estatal de prevención y respuesta al desastre es la Dirección General de Protección Civil, no es buena idea invadir sus funciones. Con respecto a la vulnerabilidad de El Salvador, se ha ido avanzando en algunos aspectos desde hace años. La respuesta gubernamental al terremoto de 1986 fue un desastre. Incluso algunos hospitales insignia estaban tan mal construidos que tuvieron que poner a los enfermos en carpas al aire libre. La Iglesia católica, unida a otras Iglesias históricas, desarrolló una labor solidaria muy superior a la del propio Gobierno. Desde entonces hasta el presente, el Estado ha creado sus propias instituciones para enfrentar el desastre. Pero dada la vulnerabilidad del territorio nacional, quedan todavía muchas cosas por hacer. Supervisar adecuadamente la construcción de viviendas es clave para salvar vidas, así como también contar con un programa de apoyo a la construcción popular. Además, si bien a nivel urbano hay exigencias técnicas, en el ámbito rural la situación es muy deficiente. La Universidad de El Salvador y la UCA tienen laboratorios de avanzada que facilitan la formulación de normativas de construcción sismorresistente, pero eso de poco sirve si el Gobierno no tiene la capacidad de financiar la construcción de viviendas dignas en lugares seguros, especialmente en zonas rurales. Sin eso, las personas de recursos escasos continuarán construyendo con materiales y diseños inadecuados, en lugares vulnerables tanto frente a terremotos como a inundaciones y deslaves. Aunque desde las políticas públicas se puede hacer mayor énfasis en ciertos aspectos de la protección y promoción de la vida, la responsabilidad de protegerla en general es siempre una obligación absoluta del Estado. El Salvador es un país vulnerable y en riesgo permanente. Esa realidad exige planificar el futuro, fortalecer instituciones, tener políticas claras en el campo de la vivienda, la salud y la seguridad alimentaria. Sin ello, cualquier proyecto de convertirnos en un paraíso para el turismo y la inversión está abocado al fracaso. Repensar el país, dialogar con la sociedad civil, lograr consensos de desarrollo son tareas pendientes. Aunque aún se está a tiempo de hacerlo, el plazo es corto. De lo contrario, en un futuro no muy lejano, los problemas se agudizarán. Si no se planifica seria y dialogadamente el futuro, los efectos de la vulnerabilidad superarán siempre la solidaridad que se reciba.

El papa Francisco, sin duda un referente ético mundial, además de cabeza de la Iglesia católica, ha resaltado una vez más los peligros de la minería durante su viaje a África. Y no es para menos. El Congo, país que visitó, lleva años sufriendo guerras internas en buena parte inspiradas e impulsadas por intereses mineros. Recordó los “diamantes de sangre”, que se dieron a conocer por una película que narraba, en tierras africanas, las guerras, la esclavitud y la brutalidad que hay detrás del lujo occidental, indiferente ante los abusos de los que se sirven alguna empresas mineras y negociantes de joyas. Otros minerales y su explotación, como el coltán, no resultan menos peligrosos para la gente común, sin que contribuyan al desarrollo del propio país. Las palabras del papa son fuertes y merece la pena citarlas: “Es la guerra desatada por una insaciable avidez de materias primas y de dinero, que alimenta una economía armada, la cual exige inestabilidad y corrupción. Qué escándalo y qué hipocresía: la gente es agredida y asesinada, mientras los negocios que causan violencia y muerte siguen prosperando”. La frase, también del papa, “Basta de enriquecerse a costa de los más débiles con recursos y dinero manchado de sangre!”, aunque haya sido dicha en el Congo, puede servir para muchos países golpeados por la minería a cielo abierto en África y en América Latina. Los estragos de algunas mineras en Honduras o en Guatemala no nos dejan mentir. En El Salvador, sin menospreciar a otras organizaciones, pero en buena parte gracias a los esfuerzos de la Iglesia católica, se ha logrado la prohibición, por ley de la República, de la minería metálica. Somos un país pequeño, sujeto a frecuentes deslaves y temblores, con problemas de agua y en el que un derrame de sustancias químicas peligrosas podría afectar a prácticamente todo el territorio nacional. Todos sabemos que alguna empresas mineras trataron no hace pocos años de extraer oro en cárcavas artificiales construidas a cielo abierto. Mintieron, prometieron abundancia y no tuvieron ningún escrúpulo en atacar a personas decentes. Diplomáticos de los países que albergan la sede de las compañías mineras, muy democráticos ellos, no tuvieron ningún empacho a la hora de mentir y hacer propaganda de sus empresas. Pero todos sabíamos que si un derrame químico afectara las aguas del río Lempa, el desastre ecológico sería terrible. El deterioro ecológico de El Salvador, las amenazas que pesan sobre él con el calentamiento global, la fragilidad de la economía no permiten jugar a esa especie de lotería mortal que es la minería metálica. Los accidentes y vertidos que periódicamente suceden en naciones de territorio grande y que afectan a amplias superficies son una seria advertencia para nosotros. Hoy, cuando la situación económica de nuestro país puede inducir a algunos a buscar nuevos ingresos sin reflexionar sobre los riesgos, conviene recordar lo que nos movió a renunciar a la minería metálica. Las palabras del papa nos alertan. Y aunque aquí podamos presumir de que no se llegaría a la brutalidad con la que se opera en África, los riesgos ecológico podrían ser proporcionalmente mayores. La República Democrática del Congo tiene un territorio cien veces más grande que el de El Salvador. En un país de nuestro tamaño, un derrame de sustancias peligrosas sería mucho más perjudicial. “El mundo económicamente más avanzado suele cerrar los ojos, los oídos y la boca” ante este tipo de inversiones sin escrúpulos, nos dice el papa. Aunque nos toque en muchos aspectos defendernos solos, hay entre nosotros, así como en la sociedad civil internacional, una mayor conciencia ecológica. No caer en la tentación minera es, en la práctica, una cuestión de sobrevivencia democrática, ecológica y social.

Cuando cayó el muro de Berlín en 1989 y unos pocos años después, en 1991, se puso fin al apartheid en Sudáfrica, corrió la esperanza de que la democracia se abriría paso en el planeta. Tres décadas después, la historia es otra. Según “El estado global de la democracia 2019”, un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el 28% de la población mundial y el 20% de los países viven bajo regímenes autoritarios. Por otra parte, The Economist señala que, en 2020, 23 naciones vivían en democracia plena, 52 en democracia imperfecta, 35 en regímenes híbridos y 57 bajo regímenes autoritarios. La razón general del avance de los autoritarismos en el mundo está en la dificultad de las democracias, incluso las más asentadas, para alcanzar y mantener un desarrollo social y económico equitativo y sostenible. Ello está causando una oleada de movimientos populistas que prometen satisfacer necesidades largamente postergadas mientras arrasan con los valores y principios democráticos. Según The Economist, El Salvador, entre 2019 y 2020, pasó de vivir en una democracia imperfecta a un régimen híbrido. Sin embargo, para académicos que estudian al país, más bien vive bajo un régimen híbrido desde los Acuerdos de Paz, firmados en 1992, y avanza con prisa en el sendero del autoritarismo. Aunque el oficialismo rechaza este análisis (ninguna dictadura se reconoce a sí misma como tal) y sostiene que acá hay una verdadera democracia, los hechos son elocuentes: el presidente amenaza públicamente a los alcaldes con enviarlos a la cárcel si no le obedecen; no hay división de poderes; tanto la Policía como la Fiscalía están al servicio de los caprichos del Ejecutivo; diputados del partido de gobierno y funcionarios de alto nivel insultan, amenazan y calumnian con inpunidad a la sociedad civil crítica; el derecho a la información pública prácticamente ha desaparecido; la presunción de inocencia es una quimera Por otra parte, según el investigador Seth Davin, de la Universidad de Emory, los dictadores suelen padecer de un alto grado de narcisismo: pagan por recibir alabanzas y se regodean en sus cualidades personales. Aparentan autoconfianza e independencia; mienten sistemáticamente; son crueles, poco empáticos; y poseen un gran apetito de poder. Para ellos, la palabra clave es “yo”; necesitan sentirse al mando de cada situación y se comportan despóticamente. Es claro que, en mayor o menor medida, estas características han tomado el rostro de quienes en la actualidad dirigen al país. Las necesidades insatisfechas y los anhelos de la población han servido de justificación para desmontar los avances democráticos. Ciertamente, hasta hoy, mucha gente está conforme con lo hecho, sobre todo en materia de seguridad, aunque el precio sea la pérdida de garantías legales y de derechos humanos básicos. Que la lista de retrocesos se amplíe, es solo cuestión de tiempo.

Hace 12 años, el entonces secretario general de las Naciones Unidas insistía en la importancia de la justicia transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños heridos por la barbarie del pasado inmediato. Sin embargo, faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de justicia transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el Ejército a los mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad no se respetaron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia. Todavía hoy, 31 años después de los Acuerdos de Paz, la ley de justicia transicional continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o se limitaron a repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido utilizar políticamente algunos casos y frenar otros. Ni la Fiscalía, ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público. Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la justicia transicional. En la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza. Una ley de justicia transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe incluir la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, bastante difundido entre nuestra población. La Iglesia actual latinoamericana, maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir […] cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones”. La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad este último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos, o incluso intencionalmente marginamos, valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo suelen estar ausentes en la vida política y en la social. En ese contexto, la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, si no se la relaciona con los valores mencionados, es más una parodia de justicia que un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.

El Salvador fue uno de los primeros países en firmar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 1969. Al ratificarla pocos años después, se comprometió por tratado internacional a respetar la integridad de las personas, no torturar ni dar tratos crueles o degradantes, respetar la dignidad humana de los privados de libertad, no permitir que la pena trascienda más allá del delincuente. Garantizó, además, la presunción de inocencia y se comprometió a separar a los privados de libertad con sentencia condenatoria firme de aquellos que están siendo juzgados. La Convención continúa vigente; aún más, los compromisos establecidos en la misma fueron incorporados a la Constitución de la República. Si la Convención dice que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”, la Constitución añade que “habrá lugar a la indemnización por retardación de justicia”. Y de ahí nace una pregunta que cobra más fuerza en el actual contexto de régimen de excepción: ¿indemnizará el Estado a los inocentes detenidos durante varios meses o se limitará a presumir de haberlos soltado? Hoy, cuando la Constitución se explica al gusto del poder y cuando la retardación de justicia penal se convierte en política oficial, es necesario reflexionar sobre qué hay de fondo. Los especialistas suelen decir que el derecho penal nace como un esfuerzo estatal por racionalizar la venganza privada, surgida en sociedades poco complejas como primer camino de justicia. Es decir, gracias a la organización y el desarrollo social, la justicia se traslada al Estado para que este medie entre el daño realizado a la víctima y los derechos que conserva el ofensor. Con el paso del tiempo y con el desarrollo de la reflexión sobre la dignidad de la persona, sus deberes y sus derechos, las leyes han ido incluyendo garantías que aseguren el respeto a los acusados de delitos. Pero persiste en muchas personas y sectores la tendencia primitiva a la venganza, usualmente a causa de la ineficiencia y/o corrupción de tribunales y juzgadores. Muchos se alegran con el sufrimiento de los privados de libertad, desean que pasen hambre, que sean maltratados y vejados. Por lo general, eso solo cambia cuando familiares o amigos son detenidos y comienzan a sufrir vejámenes. Frente a la indiferencia, la burla, el desprecio e incluso el sadismo en perjuicio de los privados de libertad, el Estado y los Gobiernos tienen la responsabilidad de legislar y actuar teniendo la dignidad humana como centro. Deben cumplir y respetar los derechos humanos. Ceder desde el Estado a sentimientos primitivos de venganza, por muy populares que estos sean, no solo riñe con la democracia, sino que lleva a graves confrontaciones e injusticias tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. Un sistema judicial más dedicado a condenar que a analizar racional y legalmente las acusaciones presentadas colabora con la venganza. Las cárceles hacinadas, donde proliferan enfermedades y se prohíbe la visita de familiares no solucionan los problemas de delincuencia. Imponer castigos más allá de lo que dicta la ley crea resentimiento y agresividad. La justicia entendida como venganza primitiva destroza las posibilidades de convivencia. Y más en un país con profundas desigualdades, como es el caso de El Salvador.

Ninguna “agenda de desprestigio” es necesaria, como arguyen defensivamente las curules oficialistas, porque ellas solas se deshonran al asentir pasivamente a las solicitudes presidenciales. No leen, no piensan, no discuten. No les han dado el escaño para eso. La legislación reciente evidencia su deslustre y la postergación de la población a quien dicen representar. No es cuestión de fe, sino de constatar sus desaciertos. El oficialismo insiste en que el bitcoin traerá abundancia al país y sus habitantes, pero el objetivo de la llamada ley de activos digitales es proteger a los grupos vinculados con las criptomonedas y otorgar liquidez a una hacienda pública en crisis permanente. La ley busca persuadir a los grandes inversionistas en criptomonedas de la solidez del régimen. Un préstamo de alto riesgo y muy caro para la fiscalidad nacional, ya que ofrece exención de impuestos y abre la puerta al fraude, una práctica común de esas especies, y al lavado de dinero. Implícitamente, la ley ratifica los centenares de millones de dólares que Bukele ha gastado en adquirir bitcoin y en financiar a las empresas privadas asociadas a su administración. Los ganadores son los grandes inversionistas en criptomonedas y los Bukele y sus socios, mientras que los grandes perdedores son el erario nacional y aquellos que aún aguardan la prometida abundancia del bitcoin. La ley del transporte es como la de la basura. En teoría, buena; en la práctica, inaplicable por falta de agentes. El oficialismo es incauto si piensa que con aumentar las infracciones y las multas ordenará el tráfico terrestre. Excepto en “los semáforos inteligentes” de las intersecciones principales, que registrarán las infracciones y asignarán las multas electrónicamente, en el resto de las vías, que es la mayoría, los vehículos, incluidos los oficiales y los nacionales, continuarán circulando tan caóticamente como hasta ahora. La educación vial es urgente y muy necesaria, pero no tiene posibilidades reales sin coacción, porque la naturaleza humana tiende al menor esfuerzo y al egoísmo. Al igual que en el caso de la basura, las regulaciones de la nueva ley superan con mucho la capacidad de ejecución del régimen. Otro embuste es la nueva ley de las compras gubernamentales. Un vergonzoso mentís a la promesa electoral de Bukele de erradicar la corrupción. El control total del poder estatal ha abierto unas posibilidades demasiado atractivas como para dejarlas pasar. La ley da vía libre a la disposición discrecional y sigilosa de los fondos públicos para financiar tanto las megalómanas infraestructuras de Bukele como los gastos ordinarios y de funcionamiento. La norma está hecha a la medida de los Bukele y sus incondicionales. Pero tiene la suficiente flexibilidad como para que la burocracia de menor rango aproveche la contratación de toda clase de bienes y servicios para acrecentar su fortuna. El dinero de los contribuyentes que termine en los bolsillos de unos y de otros será sustraído de la inversión social, que beneficia directamente a la población que lucha para sobrevivir. Menos mal que los Bukele no disponen de tantos millones como quisieran, pero sí los suficientes como para enriquecer a los suyos, a costa de despojar al pueblo de unos servicios imprescindibles. La mal llamada reforma “integral” de las pensiones es otra burla del régimen. La repetidamente anunciada y aguardada reforma solo beneficia, con restricciones notables, a los ya jubilados. Los trabajadores que se retiren a partir de ahora descubrirán amargamente que la reforma no los favorece. El hallazgo pondrá en crisis la confianza de los creyentes en Bukele. La reforma pudo ser más ambiciosa y responder, al menos en alguna medida, a las expectativas creadas por la propaganda oficialista. Bukele dispone de capital político para introducir una reforma más audaz. Pero no se atrevió a revertir la privatización de Arena para no contrariar a los que negocian con la vejez de los salvadoreños. No está interesado en garantizar el bienestar de los jubilados ni en dejar una pensión universal digna, sino en acceder al ahorro de los trabajadores para disponer de liquidez con la que financiar sus proyectos vitrina, que hacen el deleite de turistas y aventureros extranjeros de paso y que deslumbran a la hinchada local. En las dependencias gubernamentales, excepto en Casa Presidencial y el Ejército, falta dinero para pagar salarios, prestaciones, funcionamiento y proveedores. Por eso, Bukele celebra como gesta heroica el pago de la deuda que vencía en enero. Es intrigante lo que el vicepresidente quiso decir en la reciente cumbre latinoamericana, al afirmar que con la gestión de aquel “El Salvador finalmente ha encontrado su rumbo”. La confianza que suscita en la opinión pública, según la última encuesta del Iudop, es exactamente igual al descontento con el mal estado de la economía familiar. No sorprende, entonces, que la quinta parte de la población desee abandonar ese país, para buscar un rumbo más realista y

En un contexto mundial de primacía del espectáculo, el Gobierno y el presidente de El Salvador destacan por apostar sin reparos por la imagen y la forma por sobre la realidad y el contenido. Como un espectáculo se anunció, por ejemplo, la construcción del hospital para atender a los pacientes de covid-19, y también como un espectáculo virtual se inauguró. Sin embargo, hasta el momento, sigue sin permitirse el ingreso de medios de comunicación no oficiales a las instalaciones. La razón es obvia: no exponer lo prometido y dicho a la prueba validadora de lo real. De la misma manera, con bombo y platillo se aprobó la ley general de recursos hídricos, pese a que no reconoce a las más de 2,000 juntas de agua que administran sus propios sistemas, ni permite la participación de la ciudadanía en la gestión del líquido, ni pone freno a la explotación privada del agua. Utilizando una expresión de Mario Vargas Llosa, El Salvador vive en la lógica de la civilización del espectáculo, donde las noticias de impacto copan los espacios informativos. Buscando generar el mayor impacto posible, la reforma del sistema de pensiones se presentó como la mejor de la historia, aunque no aumenta la cobertura, profundiza la desigualdad de los montos de las pensiones y mantiene el esquema privado. Por otra parte, la adopción del bitcóin, a pesar de su estrepitoso y evidente fracaso, sigue enarbolándose como la salvación de la economía nacional y se sigue promocionando al país como pionero de un cambio de sistema. Y como si se tratase de la visita a un museo se presentó la cárcel más grande de América Latina; una obra que parece enorgullecer al presidente cuando más bien debería causarle vergüenza, pues evidencia los niveles de delincuencia, la marginación social y el deficiente sistema de justicia. La estrategia de propaganda gubernamental incluye y requiere miles de canales de YouTube, páginas de Facebook y cuentas en Twitter; cientos de youtubers e influencers a sueldo para hacer creer a la gente que anuncio equivale a realidad, aunque cada vez haya menos que comer en las mesas. En el caso salvadoreño, la derecha política siempre se preocupó más por multiplicar apariencias y afinar ornatos que por crear o transformar realidades. El Gobierno de Bukele la ha superado con creces. Y por la cercanía de las elecciones, cabe esperar una exacerbación de la tendencia, una huida planificada de una realidad nacional cada vez más lacerante y difícil hacia un país de castillos en el aire.

Hace ya 12 años, el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, insistía en la importancia de la Justicia Transicional definiéndola como “el entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación” (Consejo de Seguridad, S/2011/634). En los Acuerdos de Paz se mencionaron como necesarios algunos aspectos referidos a afrontar, reparar y reconciliar a los salvadoreños, heridos por la barbarie del pasado inmediato. Sin embargo faltó desde los inicios de la paz la capacidad de redactar una ley de Justicia Transicional. Al contrario, se promulgó una ley de amnistía que consagraba la impunidad y dejaba abiertas las heridas del pasado. Los compromisos de dar de baja en el ejército a los mencionados en la Comisión ad Hoc y en la comisión de la Verdad no se cumplieron, y la fuerza Armada, aunque cumplió con otras obligaciones, como la de reducirse, nunca pidió perdón como institución por sus numerosos crímenes, ni colaboró adecuadamente con la verdad y la justicia. Todavía hoy la ley de Justicia Transicional, 31 años después de los Acuerdos de Paz, continúa siendo una deuda con la población salvadoreña. Los intentos realizados en años pasados o fueron un intento de repetir con otras palabras la ley de amnistía, o fueron vetados por la Presidencia de la República. En la Asamblea Legislativa, se dice, hay ya un texto avanzado de dicha ley, pero de momento se ha preferido o bien utilizar políticamente algunos casos, o bien frenar otros. Ni la Fiscalía ni el Estado apoya un incremento sustancial de recursos para afrontar la cantidad de casos que están ya presentados en el Ministerio Público. Y lo que es más grave, no hay ningún intento serio en ese proyecto de ley de la Asamblea, de trabajar el tema de la reconciliación, que es también un elemento fundamental de la Justicia Transicional. Al contrario, en la actual sociedad polarizada y abarrotada de propaganda política virtual, la dimensión judicial se está convirtiendo en un elemento más de división y enfrentamiento. Incluso podemos ver con preocupación cómo en ocasiones se está usando la justicia como un mecanismo de venganza. Una ley de Justicia Transicional, además de justicia, reparación y mecanismos de no repetición, debe trabajar el tema de la reconciliación. Un tema no solo necesario ante la barbarie del pasado y las heridas que permanecen abiertas, sino también ante ese concepto de justicia como venganza, que está también bastante difundido entre nuestra población. La Iglesia actual latinoamericana, Maestra de vida y convivencia social digna en medio de sociedades divididas, recomendaba en su Documento de Aparecida que todos los cristianos y personas de buena voluntad trabajemos por convertir a nuestros países en una especie de “casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad”. Para construir esa patria reconciliada es necesario “sumar y no dividir… cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones” (Aparecida 534). La reconciliación pasa siempre por el diálogo, la justicia social y el consenso moral en valores básicos de convivencia. Y es casi con seguridad el último punto en el que más fallamos. A pesar de que la Constitución salvadoreña insiste por activa y por pasiva en la moralidad notoria que deben tener los funcionarios, con frecuencia convertimos la moral en un conjunto de normas y olvidamos o, incluso intencionalmente, marginamos valores básicos sobre los que se construye la moral. La solidaridad, la capacidad de misericordia y compasión, el reconocimiento de la igual dignidad de las personas, la confianza básica en que el que piensa diferente no es un enemigo, están con frecuencia ausentes en nuestra vida política y, con frecuencia también en la vida social. En ese contexto la reconciliación es difícil. Y la justicia transicional, sin relación con los valores mencionados, puede terminar más como una parodia de la justicia que como un paso hacia la reparación de las víctimas o un instrumento de justa convivencia.

Casi desde sus inicios, el Gobierno de Bukele mostró la tendencia a reservar información pública de interés para la ciudadanía. Y no solo en casos de seguridad ciudadana, sino también en temas económicos o judiciales en los que no debería haber restricciones. El año pasado, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA señaló que tanto en el Ejecutivo como en los órganos legislativo y judicial se incumple continuamente la obligación de publicar información oficiosa. La reserva de información ya no es una excepción, sino la norma. Actualmente, en el sistema judicial destaca la reserva de información decretada para el caso de los acusados de homicidio pertenecientes a la comunidad de Santa Marta. A nivel del Ejecutivo, llama la atención la reserva de los acuerdos de cooperación interinstitucional entre la ASA y ANDA referentes a convenios con empresas constructoras. El caso en Santa Marta se vincula a hechos acaecidos durante la guerra civil e involucra a exmiembros de la antigua guerrilla. Lo primero que salta a la vista es la diferencia en el trato que se le dispensa a los capturados en comparación con otros casos en que se acusa a militares. En casos como El Mozote y la masacre de la UCA no hay reserva de información y la mayoría de los acusados son juzgados en libertad, mientras que a los de Santa Marta se les mantiene en prisión. Decir que a estos últimos se les ha encarcelado dada la peligrosidad de la guerrilla a la que pertenecieron resulta absurdo, pues esa guerrilla hace muchos años que no existe. En contraste, el Ejército desempeña funciones en el campo de la seguridad que lo hacen, al menos técnicamente, más peligroso. Estas contradicciones siembran dudas sobre el caso de Santa Marta, en el que además se mezcla la problemática ambiental y las luchas contra la explotación minera. Por otra parte, la reserva de información para los acuerdos ASA-ANDA en el terreno del “financiamiento de obras, actividades o proyectos de mejora en el servicio de agua y saneamiento a través de fondos provenientes del pago de cánones por uso y aprovechamiento de aguas de sistemas autoabastecidos” despierta enorme preocupación por lo que se viene observando desde hace años: las constructoras de viviendas y otras empresas no solo deforestan y crean problemas ecológicos, sino que amenazan el uso público del agua dañando reservorios y convirtiendo el agua en objeto comercial de altas ganancias. En un país como El Salvador, en el que el servicio público de agua tiene serias deficiencias, el tema debe estar sujeto al conocimiento y escrutinio ciudadanos para evitar mayores desigualdades y abusos. Además de que impide el diálogo y despierta desconfianza, la ocultación de información suele ir acompañada de desinformación y propaganda manipuladora. En ningún sentido forma parte de un marco democrático de convivencia. En ese sentido, aunque se logre muy poco o nada, es importante seguir llamando a que las instituciones estatales cambien de actitud sobre este tema, empezando por el Instituto de Acceso a la Información Pública, hasta ahora escasamente operante.

La reacción del oficialismo al Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado ha sido torpe y tardía. Un despropósito más ocasionado por una elemental falta de honestidad con la realidad. No se le ha ocurrido mejor idea que declarar “hija meritísima” post mortem a Rufina Amaya, una mujer sufrida y animosa que, testigo de la masacre de El íntimo Mozote, tuvo el coraje de denunciar lo que vio y de señalar al Ejército. Sin embargo, la lucha por la verdad y la justicia, y el valor que oficialismo dice admirar en ella tienen notas falsas. En continuidad con sus antecesores de Arena y del FMLN, Bukele no solo no se ha interesado en que se haga justicia en esta y en otras masacres y crímenes de guerra, sino que, en el caso de El Mozote, ha obstaculizado el proceso judicial, al impedir al juez acceso a los archivos militares y al reemplazarlo por una jueza de su cuerda. Esta, fiel a quienes le dieron el puesto, no se esmera en administrar la justicia debida. La razón es simple: el Ejército, uno de los pilares del régimen, es el autor irredento de la masacre. El mismo oficialismo se encarga de evidenciar su verdadera motivación, al equiparar la postura del Washington de la guerra civil respecto a la masacre en El Mozote con la del actual en relación a El Salvador de los Bukele. Los diputados encuentran que negar lo sucedido en El Mozote es similar a desconocer “la verdad de lo que está pasando” en la actualidad, en el país. La arrogancia y la frivolidad les han arrebatado el sentido de la proporción. En El Mozote, el batallón Atlacatl, un grupo elite, asesinó a centenares de civiles indefensos, incluidos mujeres, ancianos y menores de edad, mientras que las interpelaciones y las críticas que salen del Washington actual y de otras capitales son de carácter jurídico, político y ético. En buena medida, los reclamos y las reconvenciones se deben a la violación sistemática de los derechos humanos de la población, justamente lo mismo que los diputados dicen enaltecer en Rufina Amaya. El oficialismo se cobija bajo la sombra de Rufina para insistir, incansable, en su ataque contra los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Otro resbalón, porque ellos recogieron el testimonio de ella y dejaron al descubierto el crimen del Ejército salvadoreño y su cómplice estadounidense. El batallón asesino no solo fue entrenado por este último, sino que sus efectivos operaban como asesores sobre el terreno. No solo Washington y Arena negaron la masacre, también el Ejército de Bukele, el mismo del que dice orgulloso que ha hecho que “El Salvador ya no es el de antes”. La negación de la masacre no es análoga a desconocer los discutidos éxitos de Bukele, sino a negar la justicia a sus víctimas, tal como hacen los promotores del título honorífico. La retórica oficial atribuye la masacre en El Mozote y, en general, la guerra civil a lo que ha dado en llamar “grupos de poder”. Un eufemismo que esconde la participación de su Ejército en la mayoría de los crímenes de lesa humanidad documentados por la Comisión de la verdad. En realidad, sin Ejército no habría habido guerra civil ni dictadura militar desde la década de 1930. Y, probablemente, habría habido más república democrática y Estado de derecho. Las invectivas contra Arena (curiosamente, el FMLN ha salido del cuadro) y contra Washington no están completas sin el Ejército, que tenía el mismo motivo para negar la masacre en El Mozote. Hicieron lo mismo en la masacre de la UCA, que atribuyeron al FMLN. También en este caso, otra mujer valiente habló y señaló al Ejército. También ella fue vilipendiada y perseguida por la oficialidad salvadoreña, en contubernio con sus cómplices estadounidenses. Y este es otro caso que aguarda justicia en los tribunales nacionales. Bukele y los suyos, igual que sus predecesores, ocultan la verdad, niegan el derecho a la justicia y no solo protegen a los militares de la persecución judicial, sino también los recompensan generosamente con más efectivos, más armamento y más poder social y político. El pretendido homenaje a Rufina Amaya es una vulgar instrumentalización de su testimonio y de su vida y de las víctimas de El Mozote. En ella, el oficialismo se homenajea a sí mismo. El sufrimiento de las víctimas, la injusticia de décadas y el abandono le traen sin cuidado. El Mozote no es más que un pretexto para proseguir su batalla contra los molinos de viento. Si quisiera “honrar la memoria de las víctimas de la guerra”, “resarcir daños” y “sanar heridas”, desde el primer día en el poder habría perseguido a los criminales de guerra, empezando por los responsables de las masacres, habría despojado a los militares de la impunidad, habría impulsado la administración de justicia y habría legislado la justicia transicional. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando este domingo recién pasado celebramos el primer aniversario de la beatificación de los mártires Cosme Spessotto, Rutilio Grande, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, es necesario reflexionar sobre el mensaje que estas cuatro personas nos dejan grabado en la historia salvadoreña. No se trata de millonarios filántropos que regalaran muchas cosas a los pobres ni de políticos que deslumbraran a los necesitados con promesas nunca cumplidas. Ni siquiera eran personas famosas que aparecieran con mucha frecuencia en los medios de comunicación. Lo que los distinguió en vida y en muerte fue su cercanía a los pobres, su caminar con ellos, su tener puesta la confianza no solo en Dios, sino también en el pueblo salvadoreño sencillo y necesitado, hambriento de justicia y paz. Anunciaron en zonas campesinas la fraternidad e igual dignidad de todas las personas, hijos e hijas de Dios, y el derecho de los pobres al desarrollo y a una vida digna. La gente de buena voluntad los amó, porque vieron en ellos amor y generosidad, cercanía humana y una fe profunda en que el camino de Jesucristo era la base de un futuro digno para el pueblo salvadoreño. Vieron también en ellos la misma fuerza que brilló en Monseñor Romero, que prefirió vivir en un hospital de beneficencia, en cercanía con enfermos de cáncer, en vez de en la comodidad que le ofrecían alguna personas pudientes. Padre de los pobres, defensor de los Derechos Humanos y “voz de los que no tienen voz para defender sus derechos”, es comprensible que las Naciones Unidas, tras su muerte martirial, lo nombrara patrón mundial del derecho de las víctimas a la verdad. Hoy, en medio de las tensiones, las propagandas, los odios y las mentiras que cunden y abundan en el país, los mártires mantienen una profunda actualidad y nos llaman a reflexionar sobre nuestra realidad y sobre el camino de futuro que debemos seguir. Nos muestran con su vida la necesidad de dar prioridad a los que sufren y poner como prioridad en la vida la lucha contra el sufrimiento humano. Nos enseñan a tomar decisiones llenas de sentido, sin superficialidades y sin egoísmos. No provocan el sufrimiento de unos para que otros no sufran, sino educan para la fraternidad, para la reconciliación y para convertir el desarrollo y el bienestar básico de todos en el mejor proyecto de realización común que El Salvador pueda emprender. El Papa Francisco nos decía en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que “nadie se salva solo”. Al contrario, el Papa insiste en que solo el camino de la fraternidad puede traer la paz y la justicia al mundo que vivimos. El mismo mensaje de los mártires y del Evangelio. Porque en efecto, el camino de la fraternidad es el que recorrieron los mártires, cada uno a su manera. Y es el camino de la responsabilidad personal y social que todos debemos recorrer, cada uno según sus posibilidades y capacidades. No debemos transigir con la mentira, y mucho menos con el odio, la envidia o el desprecio de nadie. Como tampoco podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento del prójimo, ante la pobreza, el abuso del débil o la desigualdad. Toda persona que sufre, sea buena o mala, merece nuestra compasión. Y toda situación social injusta amerita nuestra denuncia y nuestro esfuerzo por cambiarla. Cuando hoy, al igual que durante la guerra civil, hay personas que hablan con desprecio de los Derechos Humanos, quienes recordamos a los mártires debemos afianzarnos en la defensa de quienes sufren menoscabo de sus derechos básicos. No podemos hablar de los mártires y olvidarnos al mismo tiempo de la lucha contra el sufrimiento que ellos mantuvieron hasta el final de sus días. Los mártires salvadoreños que celebramos, nunca estuvieron separados de los pobres. O eran pobres, o se unieron a ellos como se unió Jesús de Nazaret a los crucificados de esta mundo, hasta dar la vida por ellos.

En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), la economía aparece como la mayor preocupación de la población. Y ello no es casual. La canasta básica alimentaria se ha encarecido notablemente. Los productos lácteos, el frijol, los huevos, los vegetales y otros alimentos esenciales han subido de precio mes tras mes. En paralelo, hay una crisis en el Estado: despido de trabajadores, atrasos en la entrega de salarios en algunas alcaldías, falta de pago de las pensiones compensatorias para ancianos, escasez de medicinas en los hospitales públicos…, factores que refuerzan la preocupación por la situación económica. Asimismo, las detenciones masivas y prolongadas a raíz del estado de excepción golpean la economía familiar de un gran número de hogares. A todo esto se añade que tanto el Banco Mundial como el ministro de Hacienda han dicho que 2023 será un año aún más complicado que 2022. En este contexto resultan preocupantes la ausencia de inversión estatal en el sector productivo y el desinterés gubernamental por una reforma fiscal progresiva que haga que paguen más quienes más tienen. Se sigue apostando, más bien, por el endeudamiento —que está llegando ya a niveles próximos al impago—, el bitcoin y proyectos que benefician a unos pocos en lugar de favorecer el desarrollo del país en su conjunto (Surf City, por ejemplo) o que solo buscan generar expectativas e ilusiones de progreso (el tren costero y el aeropuerto de La Unión). La falta de diálogo en torno a los problemas nacionales añade un plus de pesimismo a la inexistencia de un plan económico serio y verificable. Las angustias y dificultades ciudadanas en torno a la economía son siempre fuente de desgaste para los Gobiernos. De ellas suelen surgir protestas, pero también propuestas de cambio. Por el momento, la administración Bukele parece contentarse con obtener buenas notas en las encuestas, gozar de un fuerte apoyo ciudadano y haber logrado destruir cualquier oposición política que pudiera presentarse como alternativa. Pero el descontento social por la situación económica no se soluciona con aplausos. Dialogar con la sociedad civil, no encerrarse en los propios planteamientos, analizar con objetividad las críticas al manejo del país son tareas gubernamentales necesarias para un desarrollo equitativo. Salir de la autorreferencia y el autoritarismo, respetar los derechos humanos e invertir más en la gente haría más llevadera la actual crisis y beneficiaría el ambiente social y político de El Salvador.

El presidente busca legitimidad entre los surfistas, los entusiastas del bitcoin, los aventureros del norte, las competencias deportivas regionales y, lo último, en uno de los concursos de belleza más tradicionales. “Apertura al mundo”, lo llama el oficialismo. Al parecer, los incondicionales locales, aunque mayoría, no bastan. O quizás Bukele los minusvalora por vulgares en exceso. La rotunda reprobación de la comunidad y los organismos internacionales pesa demasiado. Ha salido, pues, en busca de la admiración y el aplauso de nuevos adeptos, más allá de las fronteras nacionales. Los prosélitos del culto presidencial se admirarán, en su ingenuidad e ignorancia, de las apuestas de Bukele. Sin embargo, es dudoso que estas le proporcionen la legitimidad deseada. Extranjeros de todas las formas y colores son invitados en inglés a visitar el país para constatar por sí mismos que “El Salvador ya no es el de antes”. Una constatación difícil, porque, seguramente, la mayoría nunca ha estado antes en el país y, por tanto, no puede saber cómo era y en qué consiste el cambio. Es muy posible que la mayoría no tenga ningún interés en el país y su gente, sino en la aventura. Cuando la curiosidad haya sido satisfecha y la emoción colmada, así como llegaron, lo abandonarán. Este giro gubernamental debiera hacer recapacitar a los prosélitos nacionales. No constituyen la prioridad de la agenda presidencial, sino accesorios ineludibles de un proyecto para extranjeros que buscan emociones fuertes, deportes de aventura y adrenalina al aire libre. Los huéspedes presidenciales encontrarán un país militarizado, sometido a una represión intensa e indiscriminada, sin garantías constitucionales y con su población cada vez más atemorizada y con el 2.2 por ciento de los mayores de 18 años encarcelados. Dicho de otra manera, disfrutarán y se divertirán gracias a la militarización, la represión y la violación de los derechos fundamentales de sus habitantes. La fiesta de los deportistas, el arrebato de los aventureros, el entusiasmo de los seducidos por el bitcoin y el regocijo de las mises se antojan más estimulantes que la carga que representan unas mayorías grises, fastidiosas y sin potencial para aportar ganancias a las empresas patrocinadas por los Bukele. El patrón es similar al de las monarquías del golfo Pérsico, que utilizan el golf y el futbol para desviar la atención de su naturaleza tiránica y retrógrada. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. El petróleo les proporciona dinero en abundancia para patrocinar deportes, exposiciones mundiales y otras atracciones turísticas, mientras que Bukele se ahoga en deudas. En cualquier caso, su idea no es nueva. El régimen oligárquico-militar de la década de 1970 organizó, con la misma finalidad, el mismo concurso de mises en 1975. Un evento que hizo las delicias de algunos militares. Así, pues, el régimen que tanto se empeña en poner distancia entre el pasado y el presente recurre a lo de siempre, deseoso de una aprobación universal que no llega. La “apertura al mundo” hunde sus raíces en la abominación del pasado. El autoritarismo militar y la militarización de la sociedad de Bukele están en continuidad con los generales y los coroneles que se apoderaron del Estado en 1932. El oficialismo hace de la ruptura con los acuerdos de 1992 un punto de honor. “Nunca le vamos a rendir honor ni tributo simbólico a asesinos, a políticos que se aprovecharon de la gente”. Pero camina de la mano con el mismo Ejército responsable de las desapariciones, las torturas, las masacres, los escuadrones de la muerte, las ejecuciones sumarias y la corrupción. Mientras denigra a los políticos, convive en estrecho contubernio con uno de los protagonistas principales de la guerra civil. Renombrar la efeméride del 16 de enero como el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es burla cínica. No solo no conmemoran el día ni hacen justicia a las víctimas que dicen honrar, sino que, además, engrandecen al Ejército que las victimizó. Bukele lo ha colocado de nuevo en el centro de la vida social, con más efectivos y mejor armado. “Modernización”. lo llama el ministro del ramo. El encumbramiento del Ejército está acompañado de la impunidad. La ley de amnistía la permitió, pero ahora, ya sin ella, las mismas voces que desde los escaños legislativos claman contra dicha ley, no han dado un solo paso para hacer prevalecer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En su clamor, esas voces se piensan nuevas, pero son tan viejas como sus antecesoras. El pasado no ha desaparecido tal como Bukele quisiera. Es actual y está activo. Tampoco él puede gobernar sin la dictadura militar. “Un liderazgo fuerte”, propio de “las democracias complejas del siglo XXI”, sentencia con falsa sabiduría el vicepresidente. La apertura al mundo nació antigua. Una fachada mal remozada que oculta miserias y vilezas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador vive tiempos complejos. Los análisis tradicionales son poco útiles para explicar y entender lo que está sucediendo. La encuesta de evaluación del año 2022 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) revela aparentes contradicciones; un divorcio entre lo que la gente dice y lo que hace en la práctica, una ruptura entre los datos de la realidad y la percepción ciudadana. Por ejemplo, 73% de los encuestados no está de acuerdo con que un mandatario controle todos los poderes de un país sin que nadie lo controle a él. Y 63.2% dice que en El Salvador hay un líder fuerte que concentra mucho poder de decisión. Sin embargo, la gente apoya la gestión de Bukele. La nota promedio que le otorga, 8.37, es elocuente. Por otra parte, más del 60% de la gente opina que la situación económica es el principal problema del país, 76 de cada 100 creen que la pobreza ha aumentado o sigue igual, 77 de cada 100 piensan que el desempleo aumentó o se mantiene, 93.2% que los precios de la canasta básica han aumentado y 68% que el costo de la vida se ha incrementado mucho este año en el país. En el campo de la economía familiar, 60.6% ha visto como el recibo de la energía eléctrica subió, 41 de cada 100 han tenido que pedir prestado dinero a otra persona para terminar el mes y más del 76% de las familias gastan más de sus ingresos en alimentos que antes. Sin embargo, a pesar de la crítica situación que la misma ciudadanía expone, una tercera parte cree que la situación económica está mejor; otra proporción semejante, que está igual; y un tercio, que ha empeorado. Asimismo, en áreas en las que se constata un empeoramiento objetivo de la situación (educación, derechos humanos y salud, por ejemplo), la población percibe que están mejor que en años anteriores. Entre las múltiples razones que pueden ayudar a entender estos datos, sobresalen tres. En primer lugar, la percepción ciudadana sobre las acciones gubernamentales en materia de seguridad. Sin duda, el principal pilar de la popularidad del presidente es el estado de excepción. A esta medida atribuye el 90% de la gente que la inseguridad haya disminuido. Incluso los que dicen que la economía está mejor lo adjudican a esa política de seguridad. Los ministerios también se benefician de ese reconocimiento en materia de seguridad. Un dato llamativo es que, por primera vez en la historia reciente, las alcaldías son de las instituciones peor evaluadas por la población, solo arriba de los partidos políticos, pero por abajo de los empresarios. Probablemente este sea el precio que ha tenido la imposición de candidatos más caracterizados por la sumisión al Ejecutivo que por la defensa de los derechos de los habitantes de sus municipios. Un segundo factor que explica que la percepción ciudadana no se corresponda con la realidad del país, sobre todo en temas económicos y sociales, es el permanente y masivo bombardeo propagandístico del Gobierno. Esta es la principal apuesta gubernamental: colocar en el imaginario público la fotografía de un país retocado en estudio publicitario. La tercera razón se halla en la profunda desinformación de la población. 80 de cada 100 personas desconocen que por fallos en la billetera Chivo se se perdieron aproximadamente 12 millones de dólares del erario público; 92 de cada 100 no saben que el Ejecutivo le paga 60 mil dólares mensuales a una persona para que mejore su imagen en Estados Unidos; 81% ignora que Bandesal ha reservado información sobre los millonarios fideicomisos para comprar bitcoin; el 84% no está enterado de que se han otorgado contratos públicos por cientos de miles de dólares a allegados de funcionarios sin seguir el procedimiento de ley. Más allá de los espejismos, el país va mal, y quienes al final pagan las consecuencias son los sectores emprobrecidos y vulnerables. Por el momento, la estrategia de represión, propaganda y desinformación está rindiendo los frutos esperados, pero mal alimenta lo que se gesta pútrido.

El 16 de enero de este año se cumplieron 31 años desde la firma de los acuerdos que pusieron fin al conflicto armado entre el FMLN y el Gobierno salvadoreño. Quizá por esta razón aquellos acuerdos fueron conocidos como “Acuerdos de Paz”. Ya solo por este hecho tuvieron una relevancia social y política de la cual reniega el Gobierno actual. Pero hay que poner en su justo lugar y medida a dichos acuerdos para, por un lado, no pedirles lo que no podían dar y, por otro, no caer en el anacronismo de juzgarlos a partir de los problemas actuales del país. La firma de unos acuerdos que darían fin al conflicto militar suponía eliminar las causas que le dieron origen. ¿Cuáles fueron esas causas? Hay quienes enfocan en variables económicas y dicen que el conflicto estalló por la pobreza y miseria en que vivía la mayoría de la población salvadoreña, especialmente la campesina. Hay otros que se centran en variables sociales como los bajos niveles de acceso a la educación, la salud, la vivienda, etc. Y hay quienes dirigen la mirada hacia variables jurídico-políticas como la violación a derechos humanos, la represión, los fraudes electorales, etc. Juntando todas estas visiones se tendría que llegar a la conclusión que las causas fueron múltiples. ¿Contempla esta multicausalidad el contenido de los acuerdos de Chapultepec? Es evidente que la respuesta a dicha pregunta ha de ser negativa. Un análisis de los Acuerdos de Paz pone de relieve que el foco está en variables de índole jurídico-política. El resultado es una reforma política que debía implementarse para superar las condiciones jurídico-políticas que estaban en el origen del conflicto. De hecho, los Acuerdos son el resultado de un largo proceso de diálogo y negociación política, cuya última fase se abrió paso a raíz de la ofensiva militar del FMLN desatada el 11 de noviembre de 1989. ¿Qué es lo que se negoció? Ciertamente, una salida pacífica al conflicto en lugar de una salida militar. Para propiciar esa salida había que remover aquello que estaba en el origen. Institucionalmente hablando, se puede decir que aquello que había que remover era el régimen autoritario de corte militar que prevalecía en el país desde 1930. Dicho régimen se basaba en la exclusión política y la respuesta violenta contra cualquier intento de transformación del orden económico al que el régimen servía de soporte. Aunque se revestía de una formalidad democrática, es decir, se reconocían constitucionalmente derechos civiles y políticos, los militares gobernaban haciendo caso omiso de los límites que las distintas constituciones vigentes les establecían. Cometían fraudes electorales, realizaban elecciones con un solo candidato, no permitían la organización campesina, reprimían manifestaciones callejeras, perseguían opositores hasta su desaparición o asesinato, en fin, violaban los derechos humanos. Según la Proclama de la Fuerza Armada, dada a conocer a raíz del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, aquellos gobiernos militares habían sido, además, corruptos. Todo esto es lo que había que remover junto a la estructura bélica, tanto de los insurgentes como estatal, que se desarrolló en el contexto de la guerra civil. La superación del régimen autoritario resultó en una liberalización política, no necesariamente en la instauración de un régimen democrático. La transición política salvadoreña que había iniciado con aquel golpe de Estado tenía un punto de inicio seguro, pero un final incierto. Los “doce” años del conflicto armado expresan la incertidumbre sobre el punto de llegada. Para los más optimistas, se trataba de una transición hacia la democracia; para los menos optimistas, la transición era hacia otro tipo de régimen que había que determinar. Se puede decir que había un acuerdo respecto al punto de partida: un régimen autoritario, una dictadura militar. Pero el final de la transición quedaba abierto con tres escenarios probables: un régimen autoritario de nuevo tipo, un régimen democrático o un régimen híbrido, es decir, uno basado en una mezcla de elementos democráticos conviviendo con elementos de corte autoritario. En la dilucidación del tipo de régimen resultante de la transición es donde cobra importancia cognitiva la distinción entre liberalización y democratización. En términos de procesos de democratización, la liberación puede considerarse como la etapa inicial del proceso. Se abren espacios para la participación política de la oposición anteriormente proscripta; se garantizan libertades cívicas como la libertad de expresión, de organización, de movilización; se realizan elecciones libres y competitivas en las que realmente está en juego el poder político; se respeta la privacidad de las comunicaciones y la inviolabilidad de la morada, etc. La apertura puede ser gradual, y así fue en El Salvador si el proceso se observa desde la elección de Asamblea Constituyente en 1982. Poco a poco se fue aceptando la participación política de todo el espectro ideológico. Las reformas const

Cuando se detiene a personas acusadas de delitos es normal que sus nombres aparezcan en los medios de comunicación. Pero lo que no debería ser normal es que aparezcan con fotografías e imágenes en las que se les ve en muy diversas y desiguales posiciones. Al igual que en la sociedad desigual en la que vivimos, hay también en las imágenes de los detenidos una especie de desigualdad radical. Lo mismo suele pasar con la prisión preventiva, cuando el caso pasa a instrucción. Los que pertenecen a los niveles más bajos van todos a la cárcel, o al menos muy mayoritariamente. Cuando hay poder e influencia, se consigue excepcionalmente lo que debería ser la norma, no la excepción: ser juzgado en libertad. Con respecto a las imágenes que acompañan a las detenciones, los peor tratados suelen ser los acusados de pertenecer a las maras: los presentan medio desnudos, con frecuencia de rodillas y flanqueados de policías o militares fuertemente armados. Están después los detenidos que el régimen considera molestos o enemigos por diversas causas: se les suele mostrar esposados y generalmente mal encarados. Y finalmente están los protegidos por el poder, que generalmente no aparecen fotografiados en el momento de su detención y a veces ni siquiera son encarcelados cuando los jueces les ordenan prisión preventiva. En las redes sociales el espectáculo suele ser más degradante. A los de más bajo nivel se les exhibe muertos. Y si están vivos, incluso se les ha visto tendidos en el suelo, con el pie de un agente de la autoridad puesto triunfalmente sobre su espalda. Recientemente hemos visto a una sindicalista arrastrada en el suelo por policías, mientras lloraba lamentando su detención por manifestarse reclamando su salario, muy atrasado y en deuda por parte de la municipalidad en la que trabaja. De la gente importante no hay fotos. En todo caso, fotografías antiguas, pero no relacionadas con el momento de la detención. La Constitución de la República puede decir que todos somos iguales ante la ley, y los leguleyos de turno pueden repetirlo como si pronunciaran un mantra o un artículo de fe. Pero la difusión gráfica de las detenciones muestra a las claras que vivimos en una sociedad donde los considerados superiores por el poder son mejor tratados que los vistos como inferiores, independientemente de la gravedad de los crímenes cometidos. Las imágenes que nos demuestran la desigualdad y la discriminación insolente y descarada que domina las formas de tratar a las personas acusadas de delitos no son las expresiones más fuertes de la desigualdad. En diversos lugares de nuestra patria podemos contemplar la escandalosa desigualdad, muchas veces vecina, entre zonas profundamente deprimidas, con casas de lata y cartón, y torres de lujo en las que los apartamentos no bajan de los 200 mil dólares. En la salud y en la educación, las desigualdades continúan siendo ofensivas, lo mismo que en el sistema de pensiones o en la distribución pública del acceso al agua. Pero las fotografías humillantes (o la ausencia de imágenes entre los favorecidos por el poder) nos muestran la naturalidad con la que vivimos la desigualdad. La falta de debate sobre el problema nacional de la desigualdad está en la base del desprestigio de los políticos del pasado. Pero en la actualidad, los que se consideran nuevos políticos, continúan no solo sin tocar el tema, sino alentando la discriminación en base a la idea de amigos y enemigos, y promoviendo el trato desigual en el campo de la justicia a todo aquel que por una razón u otra emite críticas al poder establecido. Y olvidan que la lucha estatal contra la desigualdad y la discriminación son las bases del desarrollo democrático y de la paz social de los países.

El problema no es que la administración de Bukele y su partido odien los Acuerdos de Paz en particular, sino que rechazan cualquier tipo de acercamiento con miembros o sectores de la sociedad civil que tengan una opinión crítica de las acciones o normas gubernamentales. Los Acuerdos de Paz, pese a sus limitaciones, produjeron una enorme alegría en el país al liberarlo de una guerra fratricida. Porque siempre es mejor un acuerdo deficiente que una guerra brutal. Sin embargo, quienes hoy dirigen la política parecen pensar que es mejor guerrear, verbal o represivamente, según las circunstancias, que avanzar por la vía del diálogo en busca de entendimientos. Los problemas que de esa actitud se derivan quizás no sean evidentes de inmediato, pero negarse al diálogo con quien piensa diferente conduce al desgaste del poder, a la pérdida de autoridad moral y al crecimiento de los problemas sociales. La capacidad de diálogo ha sido considerada siempre como una virtud tanto social como política. Abre al entendimiento, descubre nuevas perspectivas, conduce al respeto y a una amistad básica entre quienes piensan diferente. Desde la ética y el humanismo se insiste en la dimensión comunicativa del ser humano, en la necesidad de relacionarse con los demás para crecer y desarrollarse racionalmente. La construcción de proyectos de realización común solo es posible desde la capacidad de dialogar. En ese sentido, rechazar y denigrar un diálogo impulsado por personas de la categoría humana y religiosa de monseñor Rivera, y en el que participó gente de buena voluntad, lo único que muestra es pequeñez de espíritu. Presentarse como poseedor de la verdad no es de sabios. No reconocer lo positivo del pasado es síntoma claro de inmadurez personal y de carencia de sensatez. Por supuesto, no se trata de glorificar el pasado. Desde esta casa de estudios siempre se ha dicho que en la búsqueda de la paz tuvieron más protagonismo los movimientos de mujeres que luchaban en favor de encontrar a sus hijos desaparecidos o que pedían justicia para sus parientes asesinados, que quienes firmaron los Acuerdos de Paz. Saber reconocer a las personas y procesos que generan dinamismos positivos contribuye a la construcción de una mejor sociedad que la que puede edificarse desde el autoritarismo, la desigualdad y la injusticia social. Imponer y celebrar el bitcoin como moneda nacional y negarle valor a los Acuerdos de Paz muestra una especie de esquizofrenia política que insufla irracionalidad en los dinamismos de la vida pública. Evidentemente, honrar los Acuerdos de Paz implica analizar crítica y honestamente sus insuficiencias y problemáticas. Sobre todo cuando los políticos no han mantenido el espíritu de cambio cultural, económico y social que los Acuerdos preconizaban. Pero eso es muy diferente a negarles valor y mostrar una absoluta despreocupación por la dignidad y anhelos de las víctimas de la guerra. Hacer un alto en esta especie de guerra cultural absurda y dialogar con todos los sectores es lo único que podrá conducirnos a una sociedad fraterna que responda a derechos consagrados universalmente y en la que el desarrollo sea equitativo.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en que la nueva ley de pensiones es una reforma integral al sistema, no hay ni habrá tal cosa. La normativa aprobada por el oficialismo no crea un nuevo sistema, sino que solo le aplica algunas reformas al existente. Reformas que fundamentalmente van en la misma dirección que las efectuadas en 2017. En lo esencial, el sistema de pensiones se mantiene intacto. Sigue siendo un sistema mixto, conformado por una cuenta individual a nombre de cada trabajador y un fondo común de garantía previsional. Ambos fondos, el particular y el común, son administrados por las AFP, que hoy recibirán una comisión del 1% de las cotizaciones que se aportan al sistema. Sigue siendo, pues, un sistema de administración privada regulado por el Estado. La falsa reforma integral no supone el tránsito a un sistema público ni a uno de reparto, como era la demanda de muchos, conscientes de que un sistema de ahorro privado es incapaz de ofrecer una pensión digna a la mayoría del pueblo salvadoreño. En realidad, la nueva ley tampoco reduce la comisión de las AFP. Si bien antes estas recibían una comisión del 1.9%, con esa cantidad, además de cubrir costos y obtener ganancias por administrar el sistema, tenían que adquirir un seguro que cubría las pensiones por invalidez y sobrevivencia. Con la reforma, ese seguro desaparece y esas dos pensiones se respaldarán con el fondo de garantía previsional. Ello significa que las AFP tendrán los mismos beneficios de antes, pues la comisión efectiva para realizar su trabajo no baja. Tampoco es verdad que nadie meterá la mano en los fondos previsionales. La nueva ley crea los Certificados de Obligaciones Previsionales, que serán emitidos por el Instituto Nacional de Pensiones a un plazo de vencimiento de 50 años. Los Certificados deberán adquirirse obligatoriamente con los fondos del sistema previsional, ya sea de las cuentas de los trabajadores o del fondo común, sin límite alguno. Ello podría suponer que, dentro de unos años, el sistema de pensiones no tenga dinero en efectivo, sino únicamente papeles, y que el Instituto Nacional de Pensiones sea el principal deudor de los ahorros previsionales de los trabajadores. Ciertamente, la reforma previsional supondrá algunas pequeñas mejoras que incrementarán la pensión del cotizante que a partir de esta fecha tenga por delante una larga vida laboral, no así a los que están ya cercanos a la edad de jubilarse. Dos son los factores favorables: la aportación mensual a la cuenta individual se incrementa del 8.1% al 9% del salario y los Certificados de Obligaciones Previsionales pagarán obligatoriamente una tasa de interés del 7%. Estas medidas supondrán, respectivamente, un mayor ahorro para cada cotizante y una mayor rentabilidad de los fondos de su cuenta de ahorro individual. Sin embargo, no debe perderse de vista que la nueva ley define que el aguinaldo que reciben los pensionados en diciembre ya no será equivalente a la pensión, sino a la mitad de la misma, lo que significa una pérdida. Tampoco hay una diferencia sustancial en la formula para calcular la pensión a entregar mensualmente: el monto de esta será resultado de dividir el saldo de la cuenta de ahorro individual entre 250 cuotas (240 meses de pensión y 20 aguinaldos del 50% de la pensión mensual); antes se dividía entre 260. La pensión resultante sería prácticamente igual a la de antes. La diferencia está más bien en que la ley introduce un incremento del 30% sobre la pensión calculada. Los estudios realizados con base en los ahorros de los cotizantes en edad de pensionarse o próximos a ello muestran que a pesar de la reforma, las pensiones seguirán siendo muy bajas y que la mayoría de ellas serán equivalentes a la mínima, lo cual no estimulará a jubilarse ni asegurará una vida digna para los adultos mayores pensionados. Una vez más: un sistema de previsión fundamentado en el ahorro individual es incapaz de ofrecer una pensión que represente más del 40% del salario; mantenerlo es condenar a los pensionados a pasar grandes limitaciones en su vejez. Además, este sistema excluye al 75% de las y los salvadoreños, quienes en su etapa de adultos mayores tendrán que depender de la solidaridad familiar para sobrevivir. Ello sigue contribuyendo a la desigualdad social y no garantiza el derecho a una vejez digna.

El pajarito presidencial recogió no hace mucho cuatro preguntas retóricas, típicas de las redes, que, aparentemente, justificarían la represión. La fuente original no responde a ninguna de ellas, porque, en sí misma, la pregunta encierra la respuesta deseada. La primera se sitúa en “un día más sin homicidios” para afirmar enseguida, en forma de pregunta: “¿A quién no podría no gustarle esto?”. Sostener lo contrario, sería una perversidad. Esa no es la dificultad, sino valerse del fin para justificar unos medios aberrantes. Perseguir el homicidio es una obligación estatal, más aún cuando la tasa ha sido abrumadoramente elevada. Pero no es el caso, sino el cómo se hace descender esa tasa. No cualquier medio es jurídicamente permitido, ni éticamente admisible, ni humanamente tolerable, aun cuando encuentre gran popularidad. Aparte que la premisa de la pregunta, “0 homicidios”, tampoco es verdadera, porque solo cuenta los asesinatos perpetrados por los pandilleros, lo cual revela la intención propagandística del conteo presidencial y, en general, de la seguridad ciudadana. La segunda pregunta se sitúa en la misma línea: “¿Por qué les disgusta que en El Salvador ha caído la cifra de homicidios?”. Molestarse por ello sería insensato. De nuevo, la pregunta es malintencionada. Se condena el encarcelamiento de una cantidad indiscriminada y desconocida de inocentes, el maltrato y la tortura de pandilleros y no pandilleros, y la supresión de la independencia judicial. Las capturas no están respaldadas por una investigación fiscal y policial que arroje sospechas razonables, y los detenidos, por el hecho de haber sido encerrados, han sido declarados culpables y condenados a prisión por años sin término. El destino de los capturados está en manos de policías, soldados y carceleros convertidos en juzgadores. La tercera pregunta da cuenta cabal de esta forma de combatir el homicidio: “¿Es por eso que afirman que hay una dictadura?”. Así es, en efecto. Su autor, Bukele y sus seguidores son de la opinión que la reducción de la tasa de homicidios bien vale una dictadura. El “0 homicidios” haría de esa forma de gobernar algo bueno y deseable. La lógica presidencial utiliza un bien incuestionable para transformar la injusticia y la opresión en valores políticos apreciados. Retiene un dato, mientras pasa por alto que la ciudadanía —en particular, la pobre y vulnerable— queda a merced de la voluntad del tirano y sus huestes. Después del reinado de las pandillas, ese peligro se menosprecia hasta que se experimenta la brutalidad del régimen en carne propia. La última pregunta, “¿Con qué cifra estaría satisfecho/contento?”, confirma la cortedad de miras y la malicia de su autor. Insiste en colocar el centro de la discusión en la cantidad de homicidios, cosa que la población agradece, pero olvida interesadamente el método. Detrás de un dato, supuestamente objetivo, oculta la arbitrariedad jurídica, la inmoralidad política y la inhumanidad. La dictadura es buena para destruir, pero no para ofrecer una alternativa viable, sostenible y humana. La reciente detención indefinida de más de 61 presuntos pandilleros es un despropósito judicial, social y humano. Implica un creciente gasto en un Estado ya muy endeudado; deja en el abandono a centenares de menores de edad, que crecerán, al igual que sus progenitores, en la calle, expuestos a rebuscarse la vida en la organización criminal; y, finalmente, la cadena perpetua de la gigantesca masa de detenidos es insostenible. En algún momento serán puestos en libertad. Los culpables, peor de lo que entraron, porque se les niega la posibilidad de reeducarse y sanarse para reinsertarse en la sociedad e intentar una vida honesta y digna. La cárcel es un centro de estudios criminales especializados, el lugar ideal para familiarizarse con el crimen organizado. Los inocentes saldrán física, psicológica y espiritualmente destrozados, y, por tanto, representarán una carga más para sus familiares. Las cuatro afirmaciones en forma de pregunta se antojan evidentes para los fanáticos del régimen de los Bukele. En realidad, son aseveraciones superficiales e ingenuas, malintencionadas ciertamente, pero movilizadoras. Su fuerza estriba en explotar el sentir popular sin prestar atención a la racionalidad. La inteligencia no interesa, sino el seguimiento ciego del líder. Hipnotizado por la popularidad derivada de la represión, Bukele ha activado una bomba de tiempo, pues fomenta lo contrario de lo que combate. La cadena perpetua no es la solución para un complejo problema estructural de carácter social, político, económico y cultural con una historia muy larga. Abarrotar más las cárceles con nuevas redadas puede que sostenga su popularidad, pero también acelera el estallido social de consecuencias imprevisibles. Ciertamente, “El Salvador ya no es el de antes”, pero no porque el actual sea menos desigual, más vivible y humano. El “0 homicidios” ha despedazado lo que quedaba del ya maltrecho tejido social. * Rodolfo

¿Cómo entender el apoyo popular a un gobierno y a una persona tan lejanos al sentir y la realidad cotidiana de la mayoría de salvadoreños? ¿Por qué alguien que genera odio y división es aplaudido incluso por quienes se dicen seguidores del amor o llaman a la tolerancia? ¿Cómo es que gran parte de la población dice preferir la democracia cuando al mismo tiempo goza con la violación de derechos humanos y ve con buenos ojos que la ley se haya convertido en papel mojado, que las instituciones sean ornamentales y que impere la voluntad de una persona y su grupo? Para explicar razonablemente lo que sucede en el país hay que atender a la cultura autoritaria propia de la sociedad salvadoreña. Es decir, si hay apoyo a un líder autoritario es porque, en el fondo, buena parte de la gente es autoritaria, aunque las apariencias y los buenos modos pretendan decir lo contrario. Por lo general, lo que más se admira en otra persona es algo que se anhela en el fuero más íntimo; y lo que más se rechaza en otro, un rasgo propio que se detesta. En esta línea, se aplaude y respalda a líderes autoritarios porque su autoritarismo es un rasgo que se comparte y gusta. No por simple ignorancia muchas personas hablan con añoranza de los tiempos del dictador Maximiliano Hernández Martínez. El autoritarismo se ha asimilado desde la infancia, tanto en el hogar como en la escuela. El padre que manda y decide sin tolerar cuestionamientos ni oír opiniones y el profesor que en el aula de clases premia la obediencia y castiga la diferencia configuran en sus hijos y alumnos una mentalidad autoritaria. Con el proceso de democratización que iniciaron los Acuerdos de Paz, el estilo autoritario pasó a operar tras bambalinas, dulcificado por una fraseología políticamente correcta. Pero por mucho que se quisiera ocultar o disimular, terminaba saliendo a flote. Y hoy impera sin recatos de la mano de alguien que busca solucionar todo por la fuerza y abomina del diálogo. El pueblo autoritario se somete mansamente al que muestra mayor fuerza. La razón se apaga para que el líder tome todas las decisiones. El autoritarismo que se lleva dentro lleva a comulgar con el que se exhibe desde las más altas esferas. Largo será el camino para sanar las tropelías que ahora se cometen, y más largo aún para desmontar un sistema de valores que mantiene al país en el subdesarrollo y el enfrentamiento.

La caída de la alcaldesa de Soyapango no se debe tanto a la corrupción ni a la mala administración municipal. No es la única que se ha aprovechado del poder del oficialismo para practicar ambos vicios; no pocos colegas suyos hacen exactamente lo mismo. Más plausible es que haya traspasado el límite permitido a los subalternos del supremo. Quizás también se haya visto comprometida en alguna lucha de poder dentro de las filas del oficialismo. Una vez caída en desgracia, ha sido exhibida como un ejemplo de lucha contra la corrupción. Su destino es también una advertencia sobre la transitoriedad del poder mundano. Hoy como ayer, la corrupción campea por sus respetos. Los corruptos gozan de mucha libertad para sus fechorías siempre y cuando se mantengan en el sitio asignado por el supremo y le sean incondicionales. Es difícil pensar que un régimen tan centralizado como el de los Bukele desconozca la corrupción y a los corruptos. De alguna manera, estos cuentan con su beneplácito. Si la corrupción fuera combatida con acuciosidad y rigor, hace tiempo habrían caído muchos otros funcionarios y en posiciones más altas que la alcaldesa. Su error no consistió en valerse de su cargo para acrecentar su fortuna, sino en haberse propasado. Si Bukele persiguiera la corrupción, tal como asegura, no ocultaría casi toda la información sobre su gestión. Al contrario, animaría a la ciudadanía a denunciar a los corruptos. Incluso la recompensaría. En este campo no solo no hay novedad, sino que se encubre deliberadamente cualquier indicio de corrupción. No obstante, el presidente dice bien que “si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que [la captura de la alcaldesa] es una necesidad […] ineludible”. Pero un caso aislado, más bien excepcional, no indica la existencia de una voluntad de combatir la corrupción. Evidentemente, existe conocimiento del flagelo y del gravísimo daño que ocasiona. Pero es más fuerte la idea de que el cargo público es para mejorar la fortuna personal, familiar y de los allegados cercanos. Este concepto del Estado y de la gestión pública permanece inalterado desde tiempo inmemorial. Los revolucionarios de antaño lo aceptaron. Las nuevas ideas de los recién llegados no han podido resistirse y le sacan el máximo provecho. La suerte de la alcaldesa de Soyapango pone de manifiesto el fracaso de la gestión municipal del partido oficial. Pudo ser de otra manera, pero eso era mucho pedir a la nueva generación de advenedizos y aventureros. La basura ha sido la prueba de fuego de la funcionaria defenestrada. Mientras los legisladores del oficialismo sancionan con dureza tirar basura, una de sus funcionarias la deja abandonada en la vía pública de su municipio. Inexperiencia y desidia. En esto tampoco es única; ha tenido colegas que sin mayor razonamiento técnico emiten ordenanzas propias de iluminados. Reducir drásticamente la cantidad de municipios es otra ocurrencia irreflexiva. El problema no es la cantidad de municipios, sino la mala gestión, la corrupción rampante y el abandono de las comunidades de la circunscripción municipal. Paradójicamente, la municipalidad es la institución estatal mejor capacitada para servir a la ciudadanía por su familiaridad con el terreno y sus desafíos, y por su cercanía con la población. Siempre existe el peligro de la gestión inapropiada y la corrupción, pero ambas se combaten con instituciones fuertes y eficaces, con información veraz y oportuna, y con una ciudadanía que, consciente de sus derechos, exige y vigila de cerca a los funcionarios. No obstante las ventajas evidentes, la descentralización de los servicios y necesariamente también de los recursos es percibida como una amenaza intolerable para un poder centralizador y autoritario. El dilema de Bukele es que no puede tener ambas cosas: entregar servicios oportunos y de calidad a la ciudadanía, y centralizar los recursos y el poder. La centralización no ha producido más y mejores servicios. Bukele entrega obras innecesarias y deja otras sin concluir, mientras despilfarra unos recursos escasos. Los servicios son menos y de menor calidad. Las verdaderas razones detrás de la caída de la alcaldesa de Soyapango no son claras. No era suficientemente cercana al poder ni era imprescindible. La inmunidad presidencial cobija a los grandes e incondicionales. A los medianos y los pequeños los entrega a los lobos y encima los pone como ejemplo de transparencia. La alcaldesa ha prestado un valioso servicio al régimen: su caída estrepitosa ha sido utilizada para ocultar la corrupción generalizada. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

No ha habido Gobierno en El Salvador que no haya tenido problemas sistemáticos, o al menos episodios graves, de corrupción. Perseguidos unos, tolerados otros y cultivados con esmero algunos de ellos, los casos han sido una constante. Incluso desde altas instancias de la esfera gubernamental se ha instado a los funcionarios a saltarse normas que protegen procedimientos clave para el manejo del dinero público o a no declarar parte de sus ingresos mensuales. La actual oscuridad informativa no augura que la administración Bukele vaya a impulsar un cambio radical en lo que ya no solo es una costumbre, sino un problema estructural, un grave vicio hondamente incrustado en la clase política y en las instituciones estatales. Pese a las críticas y acciones del Gobierno contra la corrupción de sus predecesores, la mala gestión de los recursos públicos sigue vigente con la misma intensidad que antaño. Contra la corrupción y sus efectos negativos en el desarrollo y en la convivencia social se pueden decir muchas cosas. Pero tal vez los daños más graves son la pérdida de confianza en la clase política y sus discursos, la reticencia frente a un sector empresarial acostumbrado a beneficiarse del statu quo corrupto, el abandono de los esfuerzos por cambiar la estructura social vigente y la caída en el individualismo del sálvese quien pueda. Aunque es ampliamente conocido que la solución pasa por contar con instituciones de control fuertes e independientes, y con una legislación adecuada, no hay ninguna señal de interés al respecto. La Corte de Cuentas ha sido siempre un instrumento político al servicio del poder dominante, no una institución de auditoría seria, capaz de descubrir la corrupción de quienes gestionan el aparato público y apoyar a las instituciones responsables de la persecución y sanción del delito. La pérdida de confianza en la administración de los bienes públicos produce casi de forma automática una espiral de corrupción: se busca a personas, no leyes ni instituciones, que solucionen la perversión del manejo de los recursos estatales. Y eso lleva a elegir a sujetos carismáticos que generan confianza, pero que son incapaces de enfrentar problemas estructurales, o a oportunistas que se llenan los bolsillos mientras critican el pasado. Fortalecer la independencia de las instituciones de control y cerrar todo resquicio legal que dificulte o anule la rendición de cuentas son elementos indispensables para corregir esta especie de cáncer maligno que mina la salud de la sociedad salvadoreña. Si no se actúa adecuadamente contra la corrupción, los costos humanos y los perjuicios en el desarrollo serán cada vez mayores. Porque el tamaño de El Salvador intensifica la interrelación entre su población, los efectos de las actividades disfuncionales resultan más dañinos y peligrosos. Por tanto, resulta temerario no atenderlas.

2023 inicia con más sombras que luces para la población salvadoreña. El país enfrenta una deuda pública que crece constantemente; solo en 2022, esta aumentó en más de tres mil millones de dólares, el mayor endeudamiento anual en la historia nacional. A finales de este mes, el Gobierno tendrá que pagar cerca de seiscientos millones por el vencimiento de eurobonos, para lo cual la Asamblea Legislativa ya ha aprobado un nuevo préstamo. Además, el presupuesto 2023 está desfinanciado y su déficit será cubierto mediante otro préstamo. Todo ello hace que el endeudamiento público sea cada vez más insostenible y que cada año se incremente el monto presupuestario destinado al pago de los intereses de los préstamos adquiridos por el Estado. Estos preocupantes niveles de endeudamiento y la insistencia en mantener la apuesta por el bitcoin a pesar de su fracaso han llevado a que El Salvador sea considerado un país de alto riesgo a nivel financiero y a que, por tanto, las tasas de interés a pagar por los préstamos sean cada vez más altas. Pese a esta sombría situación, el Estado sigue incrementando el monto del presupuesto nacional año con año y gastando más de lo que recauda. Aquello de que “el dinero alcanza cuando nadie roba” es solo un eslogan sin correlato en la realidad, pues, por un lado, no hay voluntad de poner freno a la corrupción, más bien se alienta la misma al remover los controles sobre el uso de los fondos públicos y negar toda información sobre los mismos a la ciudadanía; y, por otro lado, el dinero sigue sin alcanzar para cubrir todos los gastos estatales, aun cuando cada año el fisco recauda más recursos. Pero no solo la economía gubernamental va mal, también la familiar está en crisis. Los hogares se ha visto afectados por el encarecimiento del costo de la vida, especialmente con la subida de los precios de la canasta básica y un nivel de inflación anual cercano al 9%, el más alto de este siglo XXI. Más del 50% de las familias no pueden hacer frente a gastos extraordinarios por sus propios medios, sino que tienen que recurrir a préstamos. Uno de los problemas más sentidos por la población es, desde hace años, la falta de empleo. Solo uno de cada cinco salvadoreños en edad laboral está empleado, lo cual es muestra evidente de la precariedad del empleo y de la economía a nivel nacional. Por otra parte, la reforma al sistema de pensiones no cambiará sustancialmente la precariedad de los montos que reciben los jubilados. A pesar del incremento del 30% que la nueva ley establece en el cálculo de las pensiones, estas seguirán siendo muy bajas en relación a los salarios percibidos por los trabajadores, especialmente en el caso de aquellos que ganan el equivalente a más de dos salarios mínimos al mes. El sistema de ahorro individual no es capaz de proporcionar una pensión digna con los parámetros actuales, por muchas reformas que se hagan. La nueva ley, aunque mejore las pensiones de los trabajadores con los salarios más bajos, está más bien orientada a que el Gobierno pueda echar mano sin restricciones de los ahorros de los trabajadores. También en lo político y lo social las cosas pintan mal. Este año se multiplicarán las medidas populistas de parte de la administración Bukele a fin de garantizar la victoria electoral del partido oficialista y la reelección inconstitucional del inquilino actual de Casa Presidencial, sin importar el alto costo que ello tendrá en el futuro del país. Asimismo, se intensificarán las medidas de control sobre la población en general, en especial sobre las organizaciones que mantienen una posición crítica y denuncian los abusos gubernamentales en el ejercicio del poder. El anuncio de que se prorrogará el régimen de excepción a lo largo de todo 2023 no es un buen augurio para nadie, ya que el régimen facilita la violación de los derechos humanos y la implementación de un Estado policial. También aumentará la propaganda oficial: la partida asignada a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Prensa es la que mayor incremento registra en el presupuesto de este año: 47.8% en relación al de 2022. A pesar de todas estas dificultades, es crucial seguir viendo el futuro con esperanza. La resiliencia del pueblo salvadoreño, su empeño en salir adelante terminará desmontando la ficción adormecedora del oficialismo. A pesar de las mentiras y la opacidad del Gobierno de Bukele, tarde o temprano la verdad terminará por salir a la luz.

El año pasado, el mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz tuvo como ejes temáticos el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En 2023, el lema del mensaje es “Nadie puede salvarse solo. Recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos caminos de paz”. Se trata de una exhortación para que pueblos y naciones vuelvan a poner la palabra “juntos” en el centro. Para el papa Francisco, juntos, en la fraternidad y la solidaridad, podemos construir la paz, garantizar la justicia y superar los acontecimientos más dolorosos. El mensaje retoma una de las intuiciones novedosas del Concilio Vaticano II: la que afirma que el designio divino es salvar a la humanidad no individualmente, sino como pueblo, en comunidad. En esta línea, el mensaje del papa señala que la mayor lección que nos deja el covid es la conciencia de que todos nos necesitamos, de que nuestro mayor tesoro es la fraternidad humana. Por tanto, “es urgente que busquemos y promovamos juntos los valores universales que trazan el camino de esta fraternidad humana”. En este sentido, nos recuerda que las respuestas más eficaces a la pandemia han sido aquellas en las que grupos sociales, instituciones públicas y privadas y organizaciones internacionales se unieron para hacer frente al desafío, dejando de lado intereses particulares. En el contexto de una crisis sanitaria todavía no superada, aparece otro virus más difícil de vencer: la guerra en Ucrania, que, según Francisco, en parte es comparable al covid, porque propaga inseguridad de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. Por tanto, explica el papa, “no es la era post-COVID que esperábamos o preveíamos […] esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas”. Desde la ética de la responsabilidad, el cuidado y la compasión, el papa nos lanza tres desafíos formulados en preguntas esenciales: ¿qué hemos aprendido de esta situación pandémica?, ¿qué nuevos caminos debemos emprender para liberarnos de las cadenas de nuestros viejos hábitos?y ¿qué señales de vida y esperanza podemos aprovechar para seguir adelante e intentar hacer de nuestro mundo un lugar mejor? En definitiva, ¿cómo trazar juntos caminos de paz? El papa propone medidas que vayan a la raíz de las crisis y que posibiliten un mundo nuevo en paz. En esa línea, nos habla de garantizar la sanidad pública para todos; promover acciones de paz para poner fin a los conflictos y guerras que siguen generando víctimas y pobreza; cuidar nuestra casa común y aplicar medidas claras y eficaces para hacer frente al cambio climático; luchar contra el virus de la desigualdad y garantizar la alimentación y un trabajo digno para todos, apoyando a quienes ni siquiera tienen un salario mínimo y atraviesan grandes dificultades; desarrollar, con políticas adecuadas, la acogida y la integración, especialmente de los migrantes y de los que viven como descartados en nuestras sociedades. El desarrollo de esas acciones implica un cambio de mentalidad y una mentalidad de cambio. De ahí que nos pida dejarnos cambiar el corazón por la emergencia que hemos vivido, es decir, permitir que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad a través de este momento histórico. En otras palabras, superar nuestra cerrazón y abrirnos a las exigencias de la realidad. Pero, según el mensaje del papa, también necesitamos una mentalidad de cambio. Ha llegado la hora, proclama Francisco, “de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común”. En pocas palabras, el mensaje de la 56.ª Jornada Mundial por la Paz nos ha recordado por qué falta la paz en nuestro mundo, y lo asocia a los problemas generalizados de desequilibrio, injusticia, pobreza y marginación que alimentan el malestar y los conflictos sociales. A su vez, plantea que “solo la paz que nace del amor fraterno y desinteresado puede ayudarnos a superar las crisis personales, sociales y mundiales”. Y en coherencia con mensajes anteriores, se presenta la fraternidad y la solidaridad como fundamento y camino de la paz, como condición para contrarrestar la pobreza y la injusticia, como espíritu que conduce a una ética del encuentro y el cuidado. Francisco reitera que “ya no podemos pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos concebirnos a la luz del bien común”. Estamos llamados, pues, a ser constructores de paz en fraternidad y solidaridad. * Carlos Ayala, profesor de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco, California; facilitador del Certificado de Liderazgo Hispano del Boston College; profesor jubilado de la UCA; exdirector de Radio

La campaña para las elecciones generales de 2024 comenzó el 15 de septiembre del año pasado cuando Nayib Bukele anunció su intención de reelegirse, en abierto desafío a lo estipulado por la Constitución. En El Salvador, 2023 será, pues, un año electoral. A lo largo de los próximos meses y hasta febrero de 2024, sobrevendrá una avalancha de propaganda y publicidad que multiplicarán las mentiras y las medias verdades. Hasta el momento, la propaganda le ha dado buenos resultados a la administración de Bukele. Por ejemplo, mucha gente cree que el país tendrá pronto o tiene ya un satélite en el espacio, y que cuenta con el mejor sistema de salud de la región. Como parte de la estrategia oficial, se presentó como una reforma integral de pensiones a una ley que no cambia el sistema de ahorro privado y que le da vía libre al Gobierno para usar sin límite los fondos de los cotizantes, y se habla de la adopción del bitcóin como un éxito, aunque la realidad diga lo contrario. El gigantesco aparato gubernamental de comunicación y propaganda no busca más que galvanizar el apoyo ciudadano en torno a Bukele y garantizarle el voto para 2024. Con ese objetivo, se implementan dos estrategias. Por un lado, se reproduce por todos los medios posibles un discurso positivo sobre el presidente, ocultando fallos y falseando la realidad. Por otro, se desacredita, insulta y persigue a quienes disienten y desenmascaran la mentira oficial. Según una investigación de la agencia Reuters, el Gobierno, además de contar con medios en radio, televisión y prensa escrita, ha creado 1,500 canales de YouTube, 1,000 páginas de Facebook y diversas granjas de troles dedicados a propalar pseudonoticias que alaban al mandatario y su gestión, y a atacar a la oposición. De acuerdo a Reuters, los grupos de troles funcionan bajo las órdenes directas de ministros de Estado y en locales gubernamentales. Por otra parte, un informe del Departamento de Estado concluye que la estrategia de Bukele es “inundar a El Salvador con propaganda, demonizar a las instituciones encargadas de desacreditar esa propaganda, dominar las narrativas públicas y reprimir la disidencia”. Y ese ofensiva no cesa. Especialistas que dan seguimiento a las redes sociales en el país encontraron que solo en un día de este mes que recién inicia fueron publicados en YouTube 188 videos propagandísticos ligados al oficialismo. Casi el 90% de esos videos son del presidente o hablan bien de él; en el restante 10% se ataca a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y a un periodista reconocido por su capacidad de análisis y objetividad. En definitiva, todo lo que diga o haga el Gobierno en 2023 estará en función electoral; por tanto, solo hará lo que le dé más votos, no lo que sea mejor para el país.

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales. Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad. Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario. En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo.

Insistir en el tema de pensiones es fundamental para El salvador: la justicia social está en la Constitución como un deber del Estado. Y desde que se aprobó la Constitución, por una razón o por otra, jamás se dieron los pasos adecuados para avanzar en serio en justicia social. El tema pensiones nos lo demuestra. En la actualidad viven en El Salvador aproximadamente un poco más de 800.000 personas con más de 60 años. El cálculo que hacen instancias internacionales es que sólo el 20% de este número de personas goza de pensión. En total diríamos que tienen pensión entre 160.000 y 180.000 personas. A este número se le podría sumar la pensión compensatoria de 50 dólares mensuales para la población más pobre y mayor de 70 años, que cubre aproximadamente a unas 40.000 personas. Este modelo lo impulsó el FMLN en su último Gobierno. Y tanto el FMLN como Nuevas Ideas hoy, han pagado esta pensión con severos atrasos. Sumando la totalidad de las personas que reciben pensión, podemos hablar aproximadamente de 200.000 salvadoreños. Quedarían sin pensión aproximadamente 600.000. ¿Es esto justicia social? Que haya un número tan alto de personas sin pensión ¿es coherente con el derecho universal a una vejez digna? Honestamente: La hipocresía y la mentira se esconde con excesiva frecuencia detrás de los discursos políticos. Y no solo de ellos. Analistas, economistas, tanques de pensamiento, con demasiada frecuencia se preocupan más de si el Estado puede pagar pensiones que de la universalidad de las mismas. Una ley, como la actual de pensiones, que no toque el tema del derecho universal a la pensión, y que recete aumentos de mas de seiscientos dólares a las pensiones más altas mientras que se quedan en cien dólares las de nivel más bajo, es simplemente vergonzoso, injusto e inconstitucional, si nos tomamos en serio la justicia social. Y el problemas no es que este gobierno sea en este tema peor o mejor que los anteriores. Todos han sido deficientes e irresponsables en este tema. Igual que lo han sido algunas instituciones de la Empresa Privada que han defendido el actual sistema de pensiones en años pasados. Si como dice San Pablo en una de sus cartas, “la codicia es una forma de idolatría”, hay un exceso de idólatras entre los sectores más prominentes del capital salvadoreño. Pero el problema más grave es que no nos indigne la contradicción tan evidente entre nuestra legislación constitucional y nuestra práctica brutalmente despectiva y ofensiva contra los pobres de nuestro país. Casi todos los gobiernos que nos han gobernado se han promovido antes de sus victorias electorales como gobiernos de cambio. Pero el famoso cambio se ha convertido en una especie de maquinaria que no solo avanza lentamente, sino que retrocede cuando los intereses de los poderosos sienten el mas ligero daño en sus beneficios. Con demasiada facilidad los gobiernos se acostumbran a que no pasa nada olvidando a los pobres. Lo más que puede pasar es que los salvadoreños emigren. Y eso no disgusta ni a poderosos económicos ni a gobierno, pues las remesas hacen en la práctica la función de protección social que le correspondería al Estado, al tiempo que fortalecen el consumo, y con él los beneficios para quienes tienen más. Que se sufra por el camino, que se añore la patria, que se rompan familias, son temas menores para quienes tienen la vida más que asegurada en nuestro propio país. En el pasado, distintas personalidades, hablaran de lo que hablaran, terminaban sus discursos con una frase final referida a un tema que consideraban clave para sus países o intereses. Ojalá cada día más entre nosotros, abunden los que insisten en este tema de pensiones, se hable de lo que se hable. Al final es un tema fundamental para entender lo que es la justicia social, la protección social y la solidaridad con los débiles y vulnerables de nuestras sociedades. Olvidarlo es simplemente convertirse en cómplices de quienes odian la justicia social, incorporada en nuestra Constitución como elemento clave de convivencia.

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población. En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados. Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

La frase con la que se titula esta reflexión ha sido utilizada por distintos movimientos sociales, en especial, por movimientos indígenas y afrodecendientes a lo largo del continente latinoamericano. La usó Estela Hernández en un acto en donde el Estado Mexicano se disculpó y reconoció que había encarcelado injustamente a su madre, señalándole delitos de narcotráfico que no había cometido. La usaron los chilenos en las canciones de resistencia contra la dictadura. La utilizó Francia Márquez, la vicepresidenta afrocolombiana durante su campaña. En una sociedad como la salvadoreña, en el cierre de este 2022 es una buena manera de desear felices fiestas y una vida mejor. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque por ahora, la dignidad no es costumbre sino privilegio. Algunos tienen el privilegio de migrar dignamente, gracias a sus ingresos y su posición social, mientras que otros no. Algunos, tienen el privilegio de gozar de su libertad, mientras que otros sufren detenciones y son de nuevo criminalizados por el delito de “portación de cara” como señaló alguna vez la antropóloga mexicana Rossana Reguillo, o si lo queremos poner desde el famoso palimsesto de Roque Dalton: “en esta cárcel maldita, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza”. Las persecuciones y las violencias que antes venían de las pandillas, hoy pueden venir del ejército o la policía. Y las víctimas en El Salvador siguen siendo quienes están por debajo del umbral de la pobreza. “Human Rights Watch y Cristosal obtuvieron evidencias sobre más de 1.100 casos de detenciones arbitrarias perpetradas durante el régimen de excepción y documentaron en detalle 130 de esos casos, incluidos 12 que constituyen desapariciones forzadas de corta duración”. En El Salvador si usted es hombre, joven y pobre, la posibilidad de una vida digna, de un trato amable, es casi imposible. El gobierno celebra con el cierre de año la posibilidad de ejecutar una reforma de pensiones, sin embargo, tres de cada cuatro salvadoreños no tendrán nunca acceso a una pensión, son parte de la inmensa mayoría de personas que trabaja en el sector informal, sin ningún tipo de seguridad social, por fuera del sistema. Para ellos, la dignidad de la vejez no existe. También ha señalado el gobierno que durante el 2022 hemos salido del top ten de países con mayor migración hacia Estados Unidos. Esto se explica muy fácilmente. Primero, nuestra migración se diversifica y gracias a nuestra experiencia migrante de larguísimos años, es mucho menos rastreable, es decir, más exitosa. Segundo, países con regímenes mucho más totalitarios están migrando más hacia el norte, mientras que nuestros números que se mantienen. El estallido de movilidad, huida y exilio de Nicaragua y Venezuela están alcanzando proporciones de catástrofe. Sin embargo, en la última encuesta del IUDOP se nos muestra que 44.3% de la población “está pensando seriamente en migrar”. Para el gobierno de El Salvador, la migración es más un problema que debemos evitar que un derecho al que podemos aspirar. Es por ello que lo único que tenemos son programas que buscan detener la migración, repatriar los cuerpos de nuestros migrantes asesinados por un camino inhóspito o incentivar para que las personas que son deportadas puedan volver a sus lugares de origen. Nada que complejice el problema y le devuelva la dignidad a quienes, desde tierras lejanas, mantienen a flote la economía, con sus remesas llenitas de amor y sueños. A muchos se nos olvida que migrar con visa y entrar o salir del territorio sin sufrir persecución es un privilegio que la gran mayoría de nuestros migrantes no tiene. Y mientras algunos están pensando su banquete para las fiestas de fin de año, el último informe de nuestro Departamento de Economía, muestra la crisis alimentaria que afecta sobre todo a las mujeres rurales. Nada demasiado novedoso. Pero en algunos lugares de nuestro territorio nacional, los niveles de desigualdad son escandalosos. Nuestro maestro de economistas, Francisco Javier Ibisatem S.J., nos decía hace algunos años que en El Salvador “lo más escandaloso no es el salario mínimo, sino el salario máximo”. Mientras seamos una sociedad en donde algunos piensan que lo merecen todo y otros sean completamente invisiblizados será muy difícil desterrar por completo las violencias. Será imposible que la vida digna sea un derecho para todos. Por eso, en el cierre de este 2022 que contabiliza ya nueve meses de un régimen de excepción que nos ha despojado de distintas garantías y libertades, mientras el costo de la vida sigue subiendo, mientras hay jóvenes y niños cruzando la frontera de nuestro país en busca de una mejor vida queremos dejar como regalo esta consigna, que es al mismo tiempo una esperanza y un compromiso desde la UCA: sigamos construyendo puentes, redes, sigamos creyendo los unos en los otros, salvándonos… hasta que la dignidad -en verdad- se haga costumbre. * Artículo publicado el boletín Proceso N.° 115.

En 2019 nació un movimiento solidario llamado “La Economía de Francisco”. Desde sus primeros mensajes el Papa había insistido en dar claramente un “no a una economía de la exclusión y la inequidad”, simple y sencillamente porque “esa economía mata” (Evangelii Gaudium 53). Fiel a la necesidad de transformar “una economía que mata, en una economía de la vida en todas sus dimensiones”, el Papa Francisco convocó a un amplio grupo de jóvenes economistas y emprendedores para trabajar con ellos en la construcción de una economía más justa e inclusiva. Y desde entonces el trabajo con jóvenes inquietos por la problemática de la injusticia social y la pobreza no se ha detenido. Este año, en el mes de septiembre, el Papa se reunión con aproximadamente mil jóvenes procedentes de cien países (el 30% de América Latina) y firmó con ellos un compromiso en el que los jóvenes se comprometen “individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una Economía de Evangelio”. En ese documento de compromiso se resumen muchas de las inquietudes de nuestras Iglesias Latinoamericanas, que están contra las guerras y la violencia, contra la proliferación de armas. Y sobre todo que atiende las preocupaciones de los pobres y mueve a defender el trabajo con salario digno, a combatir la miseria, a crear una riqueza para todos “que genere alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte, es una felicidad incompleta”. Una economía que no deje en el abandono y la exclusión a nadie y que esté al servicio “de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de cada mujer, hombre, niño, anciano, y sobre todo de los más frágiles y vulnerables”. Muchos jóvenes compartieron sus experiencias creativas en el campo del desarrollo y la empresa y mostraron la esperanza de que el cambio es posible. En este movimiento se han incorporado como personas de apoyo empresarios y expertos preocupados por una economía solidaria. Y cuenta además con el apoyo de personalidades como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus o el conocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, que intervinieron en anteriores reuniones en Asís. El Salvador tuvo también su representación de jóvenes economistas en las últimas reuniones. Es una buen noticia, y ojalá esta preocupación por una economía diferente, abierta a la universalidad del desarrollo para todos y todas, se extienda entre los jóvenes salvadoreños. Tener emprendimientos, saber de economía, no deben ser instrumentos para el enriquecimiento personal e insolidario, sino caminos para multiplicar el espíritu de servicio y fraternidad. Nuestros pastores han insistido con frecuencia en que desterremos de nuestra tierra el hambre, la exclusión, las diversas privaciones derivadas de la pobreza y el acaparamiento egoísta de los recursos naturales y humanos de El Salvador. El Papa, al final de la reunión en Asís, concluyó con una oración que decía: “Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no estimar y amar a los más pobres, por crear riqueza sin comunión”. Y terminaba diciendo “bendice a estos jóvenes, con la voluntad de gastar su vida por un gran ideal”. La Pastoral Juvenil salvadoreña, que incluye a tantos y tan generosos jóvenes en diversas labores tanto apostólicas como solidarias, debe ser entre nosotros una fuerza evangelizadora capaz de sumarse también a la “economía de Francisco”. Esa economía que no es sino parte importante de un camino de conversión que rechaza “toda connivencia con las estructuras de pecado que hoy particularmente condicionan a las personas en los diversos ambientes de vida” al mismo tiempo que se opone pacífica y constructivamente a “la guerra de los poderosos contra los débiles”, como bien definía el Papa Juan Pablo II la situación del mundo actual (Pastores Gregis 67).

El cerco militar de Soyapango exhibe fracturas comprometedoras. Al parecer, el rotundo éxito del régimen de excepción, que transformó ese municipio en el más seguro del mundo o del país, según se escuche a Bukele o a la alcaldesa, y por cuyas calles paseaba satisfecho el diputado jefe del oficialismo, no es tal, pues ha debido ser cercado por diez mil efectivos. Una movilización nunca vista, anunció exultante un Bukele orgulloso de la capacidad de despliegue de sus fuerzas represivas. Pero esa satisfacción solo se explica si el régimen de excepción fracasó en Soyapango. O bien, la finalidad del cerco es otra. El oficialismo anunció campante que sabe “quiénes son los objetivos que andamos buscando”, que tiene “las direcciones y los datos”, y, en consecuencia, “vamos directo con ellos”, y “el grado de error es ‘cero’, porque [tenemos] una lista de todos los delincuentes […] que pueden vivir en ese sector [y eso] nos permite ir a extraer con nombre y apellido”. El vicepresidente, en su grandilocuencia, se remonta a la época del FMLN para remachar la existencia de “un trabajo de inteligencia de cinco años, que permite hacer la extracción sin afectar al cuerpo social”. Si solo era de “ir a traer”, para qué un cerco militar con un enorme desgaste humano, un elevado costo económico y, de paso, con graves fallos logísticos. El oficialismo reniega de sus decires. Los hechos también lo desdicen. Los pandilleros no están enlistados, ni identificados, ni localizados. Si así fuera, los soldados y los policías no batirían casa por casa para hurgar, identificar a sus habitantes y verificar los recibos de los servicios básicos. Inteligencia no hay ninguna, ni reciente, ni antigua. La seguridad de Bukele camina a ciegas. Así lo confirmó, inadvertidamente, uno de sus mandamases, al advertir que la duración del cerco de Soyapango depende de que los habitantes colaboren y denuncien a los pandilleros. Por tanto, la posibilidad de errar es altísima, dado que las denuncias son tomadas tal como vienen, sin comprobar su veracidad. Más aún, el criterio operativo del cerco militar, y, en general, de la seguridad, es extremadamente vago como para alcanzar sus objetivos. El oficialismo repite que la ciudadanía “común” y “honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo. Perezoso o escaso de entendederas, contrapone “común” y “honrado” a pandillero, y deja a juicio de sus agentes distinguir sobre el terreno uno del otro. Sin mayores luces, estos deciden según la vestimenta, el corte de pelo y los tatuajes. La similitud de la vestimenta y del pelo del “común” y “honrado”, y del pandillero no es mayor dificultad. Capturan a quienes se les antoja. Los tatuajes, excepto los explícitamente referidos a una pandilla, no equivalen a delincuente. Los hay muy variados y están generalizados. La identificación es caprichosa. La extracción depende del parecer y del humor del soldado o del policía de turno. En definitiva, la represión actúa por las apariencias. De hecho, el cerco militar de Soyapango ha extraído a muy pocos pandilleros. Al caer en la cuenta de que el operativo no llenaba las expectativas de la retórica presidencial, el régimen informó de la captura de 140 pandilleros. Aun así, desplegar diez mil efectivos para tan pocas extracciones es desorbitado. Tal vez no puede ser de otra manera, porque si el régimen de excepción es tan exitoso, pocos pandilleros deben quedar en libertad. Aunque los traficantes, los corruptos y otros delincuentes gozan de libertad y buena salud. Si el cerco pretende suscitar la aprobación de la fanaticada, el éxito es total. Si, en realidad, persigue pandilleros, tendrá que capturar para llenar “la cuota” y abultar números. La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal”, expresó con gran realismo una buena mujer. Y, enseguida, advirtió a su interlocutor, “ahora, usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo, porque se lo puede llevar la Policía, y, peor a usted, que anda tatuado”. Difícilmente se puede expresar más reveladoramente en qué consiste la seguridad de Bukele. La militarización de la sociedad entusiasma a la fanaticada, aunque no coma suficiente, ni tenga acceso a la salud, a un empleo y un salario dignos, y a una pensión decente, ni sus hijos reciban la educación que merecen. La negación de la vida durará hasta que el pueblo se canse, se ponga en pie y decida dar por concluido el régimen de los Bukele. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todo lo que pasa en América Latina puede convertirse en lección y tema de aprendizaje para El Salvador. Y el caso peruano, con prácticamente todos los presidentes a partir de Fujimori cuestionados y demandados judicialmente de diversas formas, algunos de ellos sin poder terminar su período constitucional, debería ser tema de reflexión entre nosotros. Nadie en su sano juicio debería ansiar que el ejercicio de la Presidencia de la República fuera el paso previo a la demanda judicial y al posible encarcelamiento. El deseo lógico y natural en todo ciudadano es que el presidente sea honesto y termine su período. Así debería ser en El Salvador. Pero lamentablemente llevamos ya una lista de cuatro expresidentes denunciados y enjuiciados, uno de ellos ya fallecido y dos viviendo fuera del país para no caer presos. En este contexto, la oscuridad informativa es lo más perjudicial que puede pasar. Un viejo refrán decía “cuentas claras, amistades largas”. Y efectivamente, la claridad sobre el uso del dinero público resulta indispensable no solo para desarrollar la confianza ciudadana en los gobernantes, sino también para evitar que en el futuro se pueda demandar a representantes del Estado. En general, la falta de transparencia ha sido un problema grave en toda América Latina, pero la mayoría de los países han ido avanzando en el tema. Nosotros mismos logramos una ley de transparencia en muchos aspectos muy avanzada. Sin embargo, ya en Gobiernos anteriores comenzaron pronto los frenos y los intentos de manipulación política tanto de la ley como de la institucionalidad que la promueve y defiende. En el actual Gobierno han aumentado considerablemente las reservas de información, prácticamente sin una argumentación legal ni racional. Eso ha ocasionado que se levanten sospechas de corrupción, que a su vez no son adecuadamente respondidas. Porque insultar a quienes dan datos y pistas no lleva a ninguna parte. Lo correcto es analizar los datos y aclarar la situación con pruebas fehacientes, o bien investigar y tomar las medidas adecuadas contra quienes hayan incurrido en mal manejo de fondos. Perú es una nación rica en recursos. Algunos años su crecimiento fue acelerado. Lamentablemente no ha sabido, al menos en los últimos tiempos, manejarse políticamente ni lograr la confianza ciudadana. En seis años ha tenido seis presidentes, a base de destituir a los elegidos democráticamente. Nosotros somos un país con recursos limitados. Sin las remesas de nuestros hermanos en el exterior, tendríamos unos índices de pobreza muchos mayores. Si en otros países la corrupción es delito, entre nosotros debería ser perseguida con mayor exigencia y fuerza. No tomar en cuenta las críticas a la corrupción ni los señalamientos concretos al respecto es una especie de suicidio. Acostumbrarnos a que con demasiada facilidad se declare reserva de información ante peticiones ciudadanas en temas económicos estatales, aparte de ser injusto y antidemocrático, termina convirtiéndose en una invitación a la corrupción. Y la corrupción daña siempre gravemente el desarrollo, los valores fundamentales de la convivencia, como la solidaridad y la verdad, la confianza ciudadana en la política e, incluso, lleva con frecuencia a crisis relacionadas con la deuda externa. Perú es el tercer país más grande de América Latina, con una impresionante diversidad biológica y grandes recursos mineros y pesqueros. Pero la corrupción le dificulta seriamente el desarrollo. Y la pobreza impulsa con fuerza a la migración. Nosotros, con muchos menos recursos naturales y con mayor pobreza, debemos mantener una vigilancia especial contra la corrupción. El Gobierno actual acusa a administraciones anteriores de corrupción y eso gusta porque todos sabemos que la hubo. Pero su falta de transparencia y su negativa a brindar información sobre operaciones económicas y sociales no nos asegura que la corrupción desaparezca. Todo lo contrario.

La intolerancia es la desesperación de no tener razón. A esa situación límite se llega cuando existe el convencimiento de estar en posesión de la verdad, a causa de ocupar una posición de dirección o de poder. El cargo conllevaría el monopolio de la verdad. De ahí que quien está a cargo, siempre tiene razón y nunca se equivoca. Por consiguiente, no debe ser cuestionado, sino solo obedecido cumplidamente. Sin embargo, pese a estas curiosas creencias, es imposible desterrar la duda de si, en realidad, se está en posesión de la verdad, si las decisiones son acertadas y si las acciones emprendidas conducen a la meta deseada. La incertidumbre y el miedo a no tener razón desembocan en la intolerancia. La intransigencia y el sectarismo esconden mucho miedo e inseguridad. La duda es inevitable, porque el intolerante, como cualquier ser humano, está sometido a la finitud. La mayoría de las personas disfruta la vida, a pesar de la incertidumbre y la inseguridad. Está abierta a los demás, deseosa de ser ayudada y de ayudar. No solo respeta la diferencia, sino que esta la enriquece. El intolerante, en cambio, se revuelve contra la pequeñez y la fugacidad humana, y pretende evadirlas erigiéndose en absoluto, solo para descubrir su falibilidad. Frustrado y desesperado, se refugia en el despotismo, por lo general, poco ilustrado, en la irascibilidad ante la sospecha sobre sus grandes cualidades y, en definitiva, en la agresión despiadada. Contrario a las apariencias, el autoritarismo resuelve mal el anhelo humano de alcanzar cierto nivel de certeza y seguridad. Fácilmente cae en la contradicción y la incoherencia, que encubre con la imposición, la mentira y la intimidación. En lugar de explicar y argumentar, de escuchar con atención y consentir con magnanimidad, el intolerante condena e insulta. La crítica de la que es blanco privilegiado el político y el gobernante le resulta insoportable. Solo admite la alabanza y la adulación. No es la voz del pueblo ni de nadie. Más bien, levanta su voz. En sentido estricto, no grita, sino agita las redes sociales. Pero la agitación, por muy voluminosa y vociferante que sea, no significa tener razón. Todo lo contrario, es miedo a no tenerla. De alguna manera sospecha que sus argumentos no son tan fuertes como quisiera. Intenta suplir lo que le falta de verdad iluminadora y transformadora con la saturación de la redes, lo cual le genera la sensación de seguridad y fortaleza que la razón, tercamente, le niega. Pero eso no impide que la ausencia de realidad transformada se cierna como una amenaza imponderable. El régimen teocrático de Irán y su temible Guardia Revolucionaria han sido sobresaltados por la protesta masiva de las mujeres contra la imposición del velo por parte de la Guardia de la Moral. El clero y sus guardias no han podido contener la rebelión contra el orden patriarcal y teocrático. La revuelta tiene tres meses de duración y no parece haber perdido fuerza, pese a la represión sangrienta, que ya cuenta en su haber alrededor de 300 muertes, 40 de ellas de menores de edad. La China, que acaba de renovar inalterada el mandato de su presidente por diez años más, ha sido sorprendida por la movilización de una población indignada en algunas de sus ciudades más grandes. Las masas no se movilizaban desde las protestas y la masacre de Tiananmén de 1989. El estricto control estatal no ha podido impedir las manifestaciones de una población harta de confinamiento y vigilancia. El presidente, presentado por el partido oficial como un gobernante inteligente y hábil en el control de la pandemia, en contraposición al occidente decadente, ha debido ceder y abandonar la política de cero covid. La misma que su partido acababa de elogiar como prueba de su sabiduría y benevolencia. En Irán y China, la realidad es más poderosa que el régimen autoritario, controlador y represivo. En ambos casos, se comprueba, una vez más, que la dictadura no es invencible ni eterna. Una conciencia colectiva clara y decidida, y una movilización general pueden dar al traste con ella. Bukele presume del profesionalismo con el que sus fuerzas represivas libran la guerra contra las pandillas sin mayores bajas. Cuestión abierta es si ese profesionalismo se mantendrá si la población se moviliza para acabar con la dictadura de los Bukele. La intolerancia es característica de ejecutivos, directores y gobernantes muy pagados de sí mismo y de su poder. Paradójicamente, la intolerancia niega lo que procura afirmar. Sostiene estar en posesión de la verdad, custodiar la seguridad y ofrecer prosperidad. En la práctica, miente, no protege ni distribuye bienestar. La intolerancia se alimenta de una combinación perversa de ignorancia, incompetencia y miedo insufrible al fracaso. El deseo intenso e irracional de absolutez pierde al intolerante. La búsqueda de una seguridad absoluta aniquila la libertad y sofoca la vida, al convertirla en un infierno. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Pasado el Día Internacional de los Derechos Humanos y analizada una vez más la deteriorada situación del país en ese aspecto fundamental de la democracia, es perentorio pensar en el camino que reconstruya la confianza perdida. El aumento de desapariciones; la eliminación creciente de las garantías judiciales; la manipulación de la judicatura al gusto de las conveniencias del poder político; el maltrato a personas detenidas arbitrariamente, así como a sus parientes; el desafortunado régimen de excepción, con sus injusticias, su militarización de la seguridad ciudadana y sus cercos a ciudades y pueblos, no honran la Constitución ni son coherentes con los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Sin embargo, la administración Bukele insiste en defender sus acciones catalogándolas como defensa de la ciudadanía e incluso como apoyo a los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia de los delincuentes. En realidad, el Gobierno está jugando con algo fundamental en la vida política: el derecho a la verdad. Hace ya muchos años se solía decir que los peores enemigos de la verdad en un Estado son siempre quienes trabajan en él. Y eso no ha dejado de ser cierto. Así pasó con todas las dictaduras militares y con todas las guerras sucias. El Estado optaba sistemáticamente por contar la realidad a su gusto, negando crímenes, escondiendo desapariciones y disimulando torturas. La mentira continúa siendo una de las lacras permanentes del poder, especialmente cuando se opta por políticas autoritarias. El ejemplo más claro en el área centroamericana lo encontramos en el Gobierno Ortega-Murillo, con su famoso eslogan de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”. En el vecino país, el autoritarismo dictatorial se disfraza de democracia con frases y elecciones trucadas. Y se reviste de un sedicente cristianismo que persigue y encarcela obispos, con un socialismo que mantiene a amplias capas de la población en la pobreza y una solidaridad endógena circunscrita a los altos y obedientes miembros del régimen. Pese al diluvio de propaganda y los aplausos recurrentes de buena parte de la población, en El Salvador aún hay hambre de verdad. El Gobierno reserva prácticamente toda la información relevante, ataca e insulta a periodistas que descubren pistas —cuando no datos— que debieran llevar a investigaciones sobre corrupción y niega a las víctimas, tanto del pasado como del presente, el acceso a la verdad. En esa línea, encarcela arbitrariamente a inocentes sin luego indemnizarlos cuando finalmente obtienen su libertad, y no da ninguna información a sus familiares mientras aquellos están detenidos. Al mismo tiempo, protege a criminales de lesa humanidad, mantiene bajo llave los archivos militares y respalda la decisión de la Fuerza Armada de no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra y pedir perdón por ellos de manera institucional. Si hubiera que decir cuál es el derecho básico negado con mayor frecuencia y de modo más sistemático por el Estado salvadoreño, sus funcionarios y los líderes políticos, no cabría duda: el derecho a la verdad. La ocultación de crímenes y el respaldo a la impunidad, la corrupción estatal no investigada, las promesas falsas, las reservas de información, la tendencia a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno se resumen en una gran negación: la negación del derecho a la verdad. La mentira nunca lleva hacia el bien ni al desarrollo. Optar por la verdad de las víctimas y de la realidad es el único camino moral capaz de levantar al país de su crisis.

Según diversos analistas políticos, en El Salvador hemos pasado de un régimen democrático deficiente a lo que hoy se suele llamar régimen híbrido: una mezcla de prácticas e instituciones democráticas unidas a controles autoritarios muy fuertes y salidas frecuentes del respeto a la legislación, especialmente en el campo de los derechos ciudadanos. El paso no fue repentino, sino que ha tenido etapas. Hasta ahora se ha evitado caer en una dictadura, aunque algunos acusen de eso al gobierno. Pero el camino seguido no es muy alentador en el terreno democrático e institucional. Recorrer brevemente algunas etapas fundamentales puede ayudarnos a entender el régimen y a pensar en cómo recuperar espacios democráticos en el país. La primera etapa del actual gobierno podríamos definirla como una etapa populista y rebelde contra la democracia neoliberal deficiente que había dominado los anteriores períodos desde el fin de la guerra civil. Las promesas de nuevas construcciones y proyectos daban a entender, con su propaganda, el advenimiento de una transformación extraordinaria en El Salvador. Se daban señales de cambio sin cambiar las cosas, se empleaba a fondo el gobierno en momentos de emergencia con transferencias económicas y de bienes en un grado mayor que el de los gobiernos anteriores, se pactaba con la línea neoliberal anterior de los grandes empresarios e incluso se prometía a grupos maltratados en gobiernos anteriores la solución de sus problemas. Todo ello acompañado siempre de ataques sistemáticos a una Asamblea Legislativa de oposición desprestigiada, y de una intensa propaganda. La pandemia fue un excelente escenario para esta etapa. La segunda etapa tuvo su primer signo temprano con la toma de la Asamblea Legislativa. Es la etapa del control de las instituciones estatales, que adquirió fuerza después del triunfo electoral legislativo. Esta etapa estuvo caracterizada, ya pasada la pandemia, por una mezcla de medidas sorprendentes, escenificadas con la propaganda de un líder aparentemente reformador de problemas. Al tiempo que se controlaban las instituciones estatales se establecía un bimonetarismo con el bitcoin, se detenía a líderes del gobierno anterior, se destituía ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional, se nombraba sin el procedimiento adecuado a los sustitutos de los destituidos y se publicaba una ley violatoria de tratados internacionales obligando a los jueces del país a jubilarse a los 60 años. La ciudadanía caminaba entre sorpresa y sorpresa. En esta etapa comienza un ciclo de protestas en que diversos grupos y tendencias se unen para reclamar sus derechos. Si bien la propaganda institucional y en las redes fue siempre fuerte desde el inicio del régimen, en esta segunda etapa la agresividad y los ataques personales experimentan un cambio: el liderazgo de los ataques personales pasa del presidente a los troles. La tercera etapa, comenzada hace muy poco, marca la entrada en la rutina. Las decisiones estatales continúan siendo con frecuencia arbitrarias, el estilo del gobernante continúa siendo desenfadado y burlón, consciente de su poder y control de la situación, y el Ejército, que siempre se destacó con claridad en respaldo del nuevo régimen, adquiere cada vez mayor protagonismo en la vida pública; eso sí, amparado por la decisiones gubernamentales. Los cercos militares de grandes ciudades se anuncian ahora como novedad, cuando en realidad no es más que exhibición de poder y demostración de músculo militar apropiado por el régimen. Ya ni esos cercos sorprenden. El discurso desenfadado de un presidente con aire de adolescente protestón, que en un primer momento fue atractivo en un país joven como el nuestro, se va volviendo cada vez más aburrido. Ni siquiera el anuncio de la reelección, claramente inconstitucional llama la atención, porque en el fondo ya lo sabíamos. Más bien todo parece una especie de juego provocativo desde el poder, destinado a mantener y asegurar la mayoría electoral para la reelección. Las promesas se dejan para el próximo quinquenio. Y lo que antes fue propaganda para llegar al poder, ahora es propaganda para ampliar la permanencia en él. A lo largo de estas tres etapas, se ha procurado desvirtuar y reducir a la irrelevancia a toda oposición política. Pero es ahora también cuando hay más posibilidades de reorganizar un proyecto de nación distinto del que dominó desde el fin de la guerra civil hasta el presente. Especialmente en la que llamamos segunda etapa, un buen número de opositores políticos parecían añorar la excelencias del pasado, contrastando la vieja democracia deficiente con el autoritarismo actual. Sin embargo, volver al pasado es una forma de mantener las miserias del presente. Al fin y al cabo este gobierno, por mucho que lo nieguen, es hijo y resultado de los gobiernos anteriores. Si algo es necesario en la actualidad es el diseño de un movimiento político moderno, afincado en los derechos humanos, en el constitucionalismo y en la lucha con

A inicios de este mes, representantes de la Fiscalía llegaron a la isla Tasajera a anunciarles a los habitantes que tenían tres días para abandonar sus casas y terrenos. Las autoridades les dijeron, ante los pocos medios de comunicación presentes, que nadie los estaba desalojando, que la salida debía ser voluntaria. Sin embargo, poco después, personal de la familia que interpuso y ganó la demanda de desalojo destruyó los cercos que circundaban los terrenos, quemó cultivos y derribó algunas de las precarias viviendas. Las acciones de las autoridades han generado indignación, laceran la conciencia de cualquier persona con un mínimo de decencia y humanidad. Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica embargó, en 2013, la isla a su anterior dueño y donó la propiedad al Estado salvadoreño para su protección y conservación. Y es que Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande del país. Con la donación se pretendía que todo el terreno fuera incluido en el Sistema de Área Naturales y Protegidas, que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según relatan los pobladores, durante los Gobiernos de Arena se cedió una porción de la isla a empresarios del turismo. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con el respaldo de la Policía. La historia se repite. Los inversionistas ahora quieren construir la versión salvadoreña de Cancún. Por el momento, lo único que los detiene son los pobladores, algunos de los cuales llevan décadas de vivir en el lugar. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidad define el desalojo forzado como “la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias, comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índoles”. Por lo general, los desalojos forzados van acompañados de violencia y son imposibles de realizar sin la participación o la anuencia del Estado. Por eso, es falso afirmar que no es el Gobierno y los poderes que hoy controla quienes efectúan el desalojo. Es esta una nueva muestra de qué intereses defiende la administración Bukele. Los más necesitados siguen sin ocupar el centro del quehacer gubernamental. La prioridad es el dinero y lo que manda, la ley del mercado. Los afectados son los mismos de siempre o, como los llamó Eduardo Galeano, “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada [...] los ningunos, los ninguneados”. Los que son útiles para las elecciones y que luego se convierten en material de desecho.

Cada vez nos encontramos con mayor número de reservas de información, tanto a nivel de instituciones del Estado como en el campo de investigaciones fiscales y actividades judiciales. Y al mismo tiempo los funcionarios tienen campo libre para mentir, acusar falsamente o hacerse festivamente los ignorantes de tanto bulo, insulto y mentira en las redes contra quienes tienen una opinión crítica o reclaman transparencia a las instituciones del Estado. En ese sentido no es raro que crezca el número de personas que piensan que la moralidad notoria que exige a los funcionarios la Constitución nacional, más parece un chiste que una exigencia jurídica y ética al mismo tiempo. El Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca tuvo especial brillo, se ha convertido en una especie de fantasma, por supuesto con buenos salarios para quienes lo regentan. Por más avances que se hayan dado en el pasado en la institucionalidad, la ética y la política han permanecido siempre demasiado separadas. Y en particular no se percibe que en los tiempos que corren las cosas caminen mejor en ese aspecto.

Que haya una nueva propuesta de ley de pensiones es una realidad positiva, porque ofrece la posibilidad de debatir el tema a nivel nacional. La anterior normativa, todavía vigente, es un verdadero fracaso en términos de cobertura. Una deficiencia a la que se suma el exiguo monto de algunas pensiones, que contrasta con las abundantes ganancias de las empresas administradoras de pensiones. Sin embargo, si bien corrige levemente algunos aspectos, la nueva ley no ofrece las perspectivas de cambio requeridas. Para empezar, se da por supuesto que la administración privada de los fondos de pensiones debe permanecer, pese a que un sistema público y solidario, no de ahorro individual, sería mucho más coherente tanto con la democracia como con la justicia social que preconiza la Constitución. Además, no se garantiza la universalidad de las pensiones, se deja fuera a los trabajadores informales, no se corrige la desigualdad de género en las asignaciones de fondos y no se aclara qué pasará una vez se suprima parte de la institucionalidad existente. La subida de la pensión mínima propuesta es insuficiente. Con el aumento de necesidades que sobreviene con la edad, nadie debería tener una pensión menor de 600 dólares. La nueva ley olvida también tratar cuestiones indispensables. La actual edad de jubilación está reñida con el buen funcionamiento económico del sistema y con las posibilidades de universalidad. Definir la edad de retiro en función de las dificultades o riesgos propios del trabajo es lo ideal, pues favorece tanto la amplitud de la cotización como la mejor distribución de las asignaciones. Por otra parte, la pensión máxima propuesta es demasiado elevada. En realidad, una pensión superior a los dos mil dólares favorece exclusivamente a quienes a lo largo de su vida laboral ya han gozado de compensaciones salariales muy altas respecto al salario medio nacional. El sistema de pensiones debe ser un sistema solidario, no un modo de mantener desigualdades. Ofrecer a las personas la posibilidad de cotizaciones superiores a la básica para recibir posteriormente una pensión mayor, es otro aspecto que debería tenerse en cuenta. La nueva ley de pensiones corre el peligro de quedar obsoleta poco después de entrar en vigor si no se corrige sustancialmente. No debe desaprovecharse la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir, romper el paradigma de la privatización que tanto daño ha hecho a la gente trabajadora y construir instrumentos legales que permitan la universalización de las pensiones. Poner parches de escasa calidad a lo que ha sido mal construido hasta el presente no es lo más indicado para la salud del país. Dar tiempo al pensamiento es necesario para construir tanto un futuro más digno como una ley de pensiones decente.

La ínfima transparencia de este gobierno en el manejo de la cosa pública no es nada nuevo. No se trata de un asunto de desinterés o de un descuido, sino de una realidad respaldada por una serie de retrocesos en el acceso a la información. Se trata de un revés impuesto por la administración Bukele y sus satélites, por ejemplo: un instituto, creado para garantizar dicha transparencia, cooptado por el Órgano Ejecutivo, o la creación de instrumentos como la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19", mejor conocida como "Ley Alabí” en honor al Ministro de Salud, que no es otra cosa que un recurso legal para blindar a quienes realizaron compras, con fondos públicos, durante la pandemia. Esta suerte de oscurantismo político, además de configurar faltas graves -o futuros delitos- es, fundamentalmente, antidemocrática. Por mucha propaganda que se haga, gobernar desde las sombras y no informar a la sociedad, o peor, desinformarla, no es más que otro peldaño del autoritarismo y un profundo deterioro de la institucionalidad. A su vez, tal retroceso trasciende en tanto que genera más desconfianza (política y económica) a nivel internacional. Ahora bien, esa cultura de opacidad y secretismo tiene efectos o consecuencias directas, pero también impactos de largo alcance. En relación con los efectos directos, evidentemente resalta la corrupción. Sin embargo, la expansión del secretismo, la negación y la reserva en la atención de los asuntos de interés nacional (económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales), va más allá de la manipulación relacionada con las arcas del Estado. Por supuesto que la corrupción es un lastre en la región y un claro obstáculo para el bienestar colectivo. Pero es que la opacidad que perfila o caracteriza a las autoridades no se reduce a los intereses económicos de los grupos cercanos al presidente -por ejemplo, todo lo sórdido que envuelve al proyecto Chivo Wallet-, también permea a los demás ámbitos del Estado y a distintos niveles de funcionarios públicos. Como se ha señalado en otras ocasiones, y por distintas voces, hasta ahora poco se sabe, y poco se ha discutido, sobre aspectos elementales para el país y para la sociedad. Tal es el caso del proyecto de presupuesto para el año 2023, o la tan difundida, por la fracción legislativa de Nuevas Ideas, reforma a la ley de pensiones. En resumen, se trata de una práctica que se va afianzando como una huella identitaria del actual gobierno, como un elemento representativo de la cultura política de quienes dirigen El Salvador. En cuanto a los impactos de largo alcance, el hecho de privar de información a la ciudadanía puede llegar a convertirse en una costumbre social en detrimento de la convivencia ciudadana. El Salvador es un país caracterizado por la utilización de la violencia ante cualquier circunstancia, la falta de transparencia y el ocultamiento de información relevante no abona a una cultura de diálogo y de paz. Aunado a ello, el secretismo, y protección, de instituciones como el Ejército facilita arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos, así como ocurrió con ocho jóvenes en la comunidad del Bajo Lempa1; por citar solo un ejemplo. Más allá de todo el retroceso que implica, en términos políticos y en cuanto a construcción de ciudadanía, el impacto cultural que puede tener toda la desinformación, esto es, la difamación a la transparencia, a la honestidad y al derecho a estar debidamente informado, es una auténtica amenaza. Los políticos pasarán, no serán eternos. El arraigo o la normalización del secretismo, y los vicios políticos que aglutina, será más difícil. Es un daño tan relevante como la corrupción. En definitiva, la ausencia de transparencia y honestidad en las esferas políticas del país no es nada nuevo, pero eso no le resta significación ni le exime de peligro. Todas esas prácticas terminan mal, se ha demostrado reiteradamente.

El respeto más elemental pide no introducir a Dios en la política gubernamental, sobre todo cuando esta es represiva. El Dios cristiano no es violento, sino amante del diálogo, del entendimiento y la convivencia pacífica. Aborrece la arbitrariedad y la injusticia, y ama el derecho y la justicia. No desea la muerte del criminal, sino su rehabilitación e incorporación en la sociedad. No excluye a nadie, porque todos, delincuentes y honrados, son sus hijos. El Dios de la tradición judeocristiana abomina el discurso de odio. Envió a su Hijo para rescatar a los pecadores de toda clase, los despreciados por los que se tienen en alta estima y rectitud. El dios de Bukele y sus consejeros religiosos no es cristiano, sino otro, hecho a su medida y conveniencia para excusar sus desafueros. La victoria exterminadora que Bukele le atribuye no es suya. Indudablemente, Dios quiere “sanar”, no solo al país, sino a la humanidad entera. Pero el Dios de la Biblia no “sana” atropellando, torturando y asesinando, ni siquiera a los pecadores más inicuos. No responde al mal con el mal. Los descarriados imputan delitos, reclaman venganza y hablan de derechos adquiridos. En cambio, Dios acoge a todos con amor insondable y ofrece un perdón incondicional. En el Calvario, en la agonía de la crucifixión, uno de los delincuentes colgado a su lado le pidió que no lo olvidara cuando viniera en su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él, en la presencia de Dios. La salvación de Jesucristo es completamente contraria al mesianismo de Bukele, alimentado por teorías extrañas al Evangelio. No desconoce los crímenes, que reprueba sin contemplaciones, pero salva al criminal, por ser persona y, en definitiva, por ser un hijo extraviado. Estaba perdido, pero no descansa hasta recuperarlo. La cuestión de fondo no es la seguridad ciudadana, sino cómo alcanzarla. Hay una forma ajustada a la normativa internacional y reconocida ampliamente, excepto por las dictaduras. Hay otra que satisface egos autoritarios y sanguinarios, que se erigen sobre despojos humanos. En sus trece, el régimen de Bukele alegó las bondades de esta opción ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no convenció. El Comité no solo rechazó sus alegatos, sino que censuró su conducta. Poco antes, uno de los directores de la represión había argüido que los soldados cargan una cartilla con los procedimientos establecidos por la Cruz Roja. Pero los de la naval que acosaron, torturaron y capturaron a los jóvenes de una comunidad del Bajo Lempa, o los soldados que dijeron a un padre angustiado de Izalco que agradeciera que su hijo recién capturado estaba con vida, porque tenían orden de matar, deben haberla olvidado en alguna parte. Esas prácticas son contrarias al derecho y la justicia, y también a la voluntad de Dios. Esos soldados y policías no son instrumentos de ningún plan salvífico, sino de una voluntad extraviada. La cuestión no es solamente la seguridad ciudadana, sino también la vida de las mayorías, que comprende el acceso garantizado a la salud, la alimentación, la educación, el empleo y las oportunidades. Pero Bukele no habla de ello, sino solo de seguridad y en términos exclusivamente militaristas y represivos. Desconoce la prevención, la rehabilitación y la reincorporación en la sociedad. Ignora las enfermedades, el hambre y la desnutrición, la educación deficiente, el desempleo y el desamparo de la mayor parte de la población. Quizás no tiene nada que ofrecerle o lo que para ella es crucial, a él le resulta irrelevante y aburrido. La vida es tan apurada y arriesgada que es insultante jactarse del aire de “felicidad, alegría y tranquilidad” que, según Bukele, se respira en el país. Ese es un privilegio para unos cuantos poderosos y arribistas. La verdadera gloria de Dios no es “la victoria” de Bukele sobre las pandillas, sino que, como dijo Mons. Romero, que “el pobre viva”, y eso es, precisamente, lo que aquel descuida. Los pobres malviven con mucha dificultad. Los que pueden huyen. Otros se rebuscan la vida en las pandillas y en otras actividades delictivas. La violencia primera del orden neoliberal es respondida con otra violencia, cuyas raíces se hunden en la negación de una vida digna y humana. El régimen de excepción es tan violento y criminal como aquellos a los que persigue implacablemente como “terroristas”, no para establecer el derecho y la justicia, sino para conservar el ordenamiento neoliberal, origen de la primera violencia. Invocar el nombre de Dios para justificar la violencia es blasfemo. El Dios de Jesús no es justiciero, resentido y vengativo. No es un acreedor implacable, que se niega a salvar si antes no se salda la deuda contraída con él. Ese Dios sería sádico y encontraría un placer especial en el sufrimiento y el derramamiento de sangre. El Dios crucificado perdona gratuitamente y pide a sus seguidores hacer otro tanto.