Editoriales y Opiniones

En 2019 nació un movimiento solidario llamado “La Economía de Francisco”. Desde sus primeros mensajes el Papa había insistido en dar claramente un “no a una economía de la exclusión y la inequidad”, simple y sencillamente porque “esa economía mata” (Evangelii Gaudium 53). Fiel a la necesidad de transformar “una economía que mata, en una economía de la vida en todas sus dimensiones”, el Papa Francisco convocó a un amplio grupo de jóvenes economistas y emprendedores para trabajar con ellos en la construcción de una economía más justa e inclusiva. Y desde entonces el trabajo con jóvenes inquietos por la problemática de la injusticia social y la pobreza no se ha detenido. Este año, en el mes de septiembre, el Papa se reunión con aproximadamente mil jóvenes procedentes de cien países (el 30% de América Latina) y firmó con ellos un compromiso en el que los jóvenes se comprometen “individualmente y todos juntos, a emplear nuestra vida para que la economía de hoy y del mañana se convierta en una Economía de Evangelio”. En ese documento de compromiso se resumen muchas de las inquietudes de nuestras Iglesias Latinoamericanas, que están contra las guerras y la violencia, contra la proliferación de armas. Y sobre todo que atiende las preocupaciones de los pobres y mueve a defender el trabajo con salario digno, a combatir la miseria, a crear una riqueza para todos “que genere alegría y no solo bienestar, porque una felicidad que no se comparte, es una felicidad incompleta”. Una economía que no deje en el abandono y la exclusión a nadie y que esté al servicio “de la persona, de la familia y de la vida, respetuosa de cada mujer, hombre, niño, anciano, y sobre todo de los más frágiles y vulnerables”. Muchos jóvenes compartieron sus experiencias creativas en el campo del desarrollo y la empresa y mostraron la esperanza de que el cambio es posible. En este movimiento se han incorporado como personas de apoyo empresarios y expertos preocupados por una economía solidaria. Y cuenta además con el apoyo de personalidades como el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus o el conocido economista norteamericano Jeffrey Sachs, que intervinieron en anteriores reuniones en Asís. El Salvador tuvo también su representación de jóvenes economistas en las últimas reuniones. Es una buen noticia, y ojalá esta preocupación por una economía diferente, abierta a la universalidad del desarrollo para todos y todas, se extienda entre los jóvenes salvadoreños. Tener emprendimientos, saber de economía, no deben ser instrumentos para el enriquecimiento personal e insolidario, sino caminos para multiplicar el espíritu de servicio y fraternidad. Nuestros pastores han insistido con frecuencia en que desterremos de nuestra tierra el hambre, la exclusión, las diversas privaciones derivadas de la pobreza y el acaparamiento egoísta de los recursos naturales y humanos de El Salvador. El Papa, al final de la reunión en Asís, concluyó con una oración que decía: “Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no respetar las culturas indígenas, por no estimar y amar a los más pobres, por crear riqueza sin comunión”. Y terminaba diciendo “bendice a estos jóvenes, con la voluntad de gastar su vida por un gran ideal”. La Pastoral Juvenil salvadoreña, que incluye a tantos y tan generosos jóvenes en diversas labores tanto apostólicas como solidarias, debe ser entre nosotros una fuerza evangelizadora capaz de sumarse también a la “economía de Francisco”. Esa economía que no es sino parte importante de un camino de conversión que rechaza “toda connivencia con las estructuras de pecado que hoy particularmente condicionan a las personas en los diversos ambientes de vida” al mismo tiempo que se opone pacífica y constructivamente a “la guerra de los poderosos contra los débiles”, como bien definía el Papa Juan Pablo II la situación del mundo actual (Pastores Gregis 67).

El cerco militar de Soyapango exhibe fracturas comprometedoras. Al parecer, el rotundo éxito del régimen de excepción, que transformó ese municipio en el más seguro del mundo o del país, según se escuche a Bukele o a la alcaldesa, y por cuyas calles paseaba satisfecho el diputado jefe del oficialismo, no es tal, pues ha debido ser cercado por diez mil efectivos. Una movilización nunca vista, anunció exultante un Bukele orgulloso de la capacidad de despliegue de sus fuerzas represivas. Pero esa satisfacción solo se explica si el régimen de excepción fracasó en Soyapango. O bien, la finalidad del cerco es otra. El oficialismo anunció campante que sabe “quiénes son los objetivos que andamos buscando”, que tiene “las direcciones y los datos”, y, en consecuencia, “vamos directo con ellos”, y “el grado de error es ‘cero’, porque [tenemos] una lista de todos los delincuentes […] que pueden vivir en ese sector [y eso] nos permite ir a extraer con nombre y apellido”. El vicepresidente, en su grandilocuencia, se remonta a la época del FMLN para remachar la existencia de “un trabajo de inteligencia de cinco años, que permite hacer la extracción sin afectar al cuerpo social”. Si solo era de “ir a traer”, para qué un cerco militar con un enorme desgaste humano, un elevado costo económico y, de paso, con graves fallos logísticos. El oficialismo reniega de sus decires. Los hechos también lo desdicen. Los pandilleros no están enlistados, ni identificados, ni localizados. Si así fuera, los soldados y los policías no batirían casa por casa para hurgar, identificar a sus habitantes y verificar los recibos de los servicios básicos. Inteligencia no hay ninguna, ni reciente, ni antigua. La seguridad de Bukele camina a ciegas. Así lo confirmó, inadvertidamente, uno de sus mandamases, al advertir que la duración del cerco de Soyapango depende de que los habitantes colaboren y denuncien a los pandilleros. Por tanto, la posibilidad de errar es altísima, dado que las denuncias son tomadas tal como vienen, sin comprobar su veracidad. Más aún, el criterio operativo del cerco militar, y, en general, de la seguridad, es extremadamente vago como para alcanzar sus objetivos. El oficialismo repite que la ciudadanía “común” y “honrada” no debe temer. Pero al no especificar qué entiende por “común” y “honrado”, solo los ingenuos y los desprevenidos pueden sentirse a salvo. Perezoso o escaso de entendederas, contrapone “común” y “honrado” a pandillero, y deja a juicio de sus agentes distinguir sobre el terreno uno del otro. Sin mayores luces, estos deciden según la vestimenta, el corte de pelo y los tatuajes. La similitud de la vestimenta y del pelo del “común” y “honrado”, y del pandillero no es mayor dificultad. Capturan a quienes se les antoja. Los tatuajes, excepto los explícitamente referidos a una pandilla, no equivalen a delincuente. Los hay muy variados y están generalizados. La identificación es caprichosa. La extracción depende del parecer y del humor del soldado o del policía de turno. En definitiva, la represión actúa por las apariencias. De hecho, el cerco militar de Soyapango ha extraído a muy pocos pandilleros. Al caer en la cuenta de que el operativo no llenaba las expectativas de la retórica presidencial, el régimen informó de la captura de 140 pandilleros. Aun así, desplegar diez mil efectivos para tan pocas extracciones es desorbitado. Tal vez no puede ser de otra manera, porque si el régimen de excepción es tan exitoso, pocos pandilleros deben quedar en libertad. Aunque los traficantes, los corruptos y otros delincuentes gozan de libertad y buena salud. Si el cerco pretende suscitar la aprobación de la fanaticada, el éxito es total. Si, en realidad, persigue pandilleros, tendrá que capturar para llenar “la cuota” y abultar números. La voz popular observa que así como antes aguantaron a los pandilleros, ahora deben sufrir a las fuerzas represivas de Bukele. El vacío dejado por aquellos ha sido llenado por soldados y policías, que violentan con brutalidad similar sus libertades, sus derechos, su propiedad y su dignidad. “Aquí los policías y los soldados tienen poder absoluto. Se pueden llevar a cualquiera solo porque les cae mal”, expresó con gran realismo una buena mujer. Y, enseguida, advirtió a su interlocutor, “ahora, usted puede caminar por aquí y no va a ver a ningún pandillero, pero no le recomiendo hacerlo, porque se lo puede llevar la Policía, y, peor a usted, que anda tatuado”. Difícilmente se puede expresar más reveladoramente en qué consiste la seguridad de Bukele. La militarización de la sociedad entusiasma a la fanaticada, aunque no coma suficiente, ni tenga acceso a la salud, a un empleo y un salario dignos, y a una pensión decente, ni sus hijos reciban la educación que merecen. La negación de la vida durará hasta que el pueblo se canse, se ponga en pie y decida dar por concluido el régimen de los Bukele. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Todo lo que pasa en América Latina puede convertirse en lección y tema de aprendizaje para El Salvador. Y el caso peruano, con prácticamente todos los presidentes a partir de Fujimori cuestionados y demandados judicialmente de diversas formas, algunos de ellos sin poder terminar su período constitucional, debería ser tema de reflexión entre nosotros. Nadie en su sano juicio debería ansiar que el ejercicio de la Presidencia de la República fuera el paso previo a la demanda judicial y al posible encarcelamiento. El deseo lógico y natural en todo ciudadano es que el presidente sea honesto y termine su período. Así debería ser en El Salvador. Pero lamentablemente llevamos ya una lista de cuatro expresidentes denunciados y enjuiciados, uno de ellos ya fallecido y dos viviendo fuera del país para no caer presos. En este contexto, la oscuridad informativa es lo más perjudicial que puede pasar. Un viejo refrán decía “cuentas claras, amistades largas”. Y efectivamente, la claridad sobre el uso del dinero público resulta indispensable no solo para desarrollar la confianza ciudadana en los gobernantes, sino también para evitar que en el futuro se pueda demandar a representantes del Estado. En general, la falta de transparencia ha sido un problema grave en toda América Latina, pero la mayoría de los países han ido avanzando en el tema. Nosotros mismos logramos una ley de transparencia en muchos aspectos muy avanzada. Sin embargo, ya en Gobiernos anteriores comenzaron pronto los frenos y los intentos de manipulación política tanto de la ley como de la institucionalidad que la promueve y defiende. En el actual Gobierno han aumentado considerablemente las reservas de información, prácticamente sin una argumentación legal ni racional. Eso ha ocasionado que se levanten sospechas de corrupción, que a su vez no son adecuadamente respondidas. Porque insultar a quienes dan datos y pistas no lleva a ninguna parte. Lo correcto es analizar los datos y aclarar la situación con pruebas fehacientes, o bien investigar y tomar las medidas adecuadas contra quienes hayan incurrido en mal manejo de fondos. Perú es una nación rica en recursos. Algunos años su crecimiento fue acelerado. Lamentablemente no ha sabido, al menos en los últimos tiempos, manejarse políticamente ni lograr la confianza ciudadana. En seis años ha tenido seis presidentes, a base de destituir a los elegidos democráticamente. Nosotros somos un país con recursos limitados. Sin las remesas de nuestros hermanos en el exterior, tendríamos unos índices de pobreza muchos mayores. Si en otros países la corrupción es delito, entre nosotros debería ser perseguida con mayor exigencia y fuerza. No tomar en cuenta las críticas a la corrupción ni los señalamientos concretos al respecto es una especie de suicidio. Acostumbrarnos a que con demasiada facilidad se declare reserva de información ante peticiones ciudadanas en temas económicos estatales, aparte de ser injusto y antidemocrático, termina convirtiéndose en una invitación a la corrupción. Y la corrupción daña siempre gravemente el desarrollo, los valores fundamentales de la convivencia, como la solidaridad y la verdad, la confianza ciudadana en la política e, incluso, lleva con frecuencia a crisis relacionadas con la deuda externa. Perú es el tercer país más grande de América Latina, con una impresionante diversidad biológica y grandes recursos mineros y pesqueros. Pero la corrupción le dificulta seriamente el desarrollo. Y la pobreza impulsa con fuerza a la migración. Nosotros, con muchos menos recursos naturales y con mayor pobreza, debemos mantener una vigilancia especial contra la corrupción. El Gobierno actual acusa a administraciones anteriores de corrupción y eso gusta porque todos sabemos que la hubo. Pero su falta de transparencia y su negativa a brindar información sobre operaciones económicas y sociales no nos asegura que la corrupción desaparezca. Todo lo contrario.

La intolerancia es la desesperación de no tener razón. A esa situación límite se llega cuando existe el convencimiento de estar en posesión de la verdad, a causa de ocupar una posición de dirección o de poder. El cargo conllevaría el monopolio de la verdad. De ahí que quien está a cargo, siempre tiene razón y nunca se equivoca. Por consiguiente, no debe ser cuestionado, sino solo obedecido cumplidamente. Sin embargo, pese a estas curiosas creencias, es imposible desterrar la duda de si, en realidad, se está en posesión de la verdad, si las decisiones son acertadas y si las acciones emprendidas conducen a la meta deseada. La incertidumbre y el miedo a no tener razón desembocan en la intolerancia. La intransigencia y el sectarismo esconden mucho miedo e inseguridad. La duda es inevitable, porque el intolerante, como cualquier ser humano, está sometido a la finitud. La mayoría de las personas disfruta la vida, a pesar de la incertidumbre y la inseguridad. Está abierta a los demás, deseosa de ser ayudada y de ayudar. No solo respeta la diferencia, sino que esta la enriquece. El intolerante, en cambio, se revuelve contra la pequeñez y la fugacidad humana, y pretende evadirlas erigiéndose en absoluto, solo para descubrir su falibilidad. Frustrado y desesperado, se refugia en el despotismo, por lo general, poco ilustrado, en la irascibilidad ante la sospecha sobre sus grandes cualidades y, en definitiva, en la agresión despiadada. Contrario a las apariencias, el autoritarismo resuelve mal el anhelo humano de alcanzar cierto nivel de certeza y seguridad. Fácilmente cae en la contradicción y la incoherencia, que encubre con la imposición, la mentira y la intimidación. En lugar de explicar y argumentar, de escuchar con atención y consentir con magnanimidad, el intolerante condena e insulta. La crítica de la que es blanco privilegiado el político y el gobernante le resulta insoportable. Solo admite la alabanza y la adulación. No es la voz del pueblo ni de nadie. Más bien, levanta su voz. En sentido estricto, no grita, sino agita las redes sociales. Pero la agitación, por muy voluminosa y vociferante que sea, no significa tener razón. Todo lo contrario, es miedo a no tenerla. De alguna manera sospecha que sus argumentos no son tan fuertes como quisiera. Intenta suplir lo que le falta de verdad iluminadora y transformadora con la saturación de la redes, lo cual le genera la sensación de seguridad y fortaleza que la razón, tercamente, le niega. Pero eso no impide que la ausencia de realidad transformada se cierna como una amenaza imponderable. El régimen teocrático de Irán y su temible Guardia Revolucionaria han sido sobresaltados por la protesta masiva de las mujeres contra la imposición del velo por parte de la Guardia de la Moral. El clero y sus guardias no han podido contener la rebelión contra el orden patriarcal y teocrático. La revuelta tiene tres meses de duración y no parece haber perdido fuerza, pese a la represión sangrienta, que ya cuenta en su haber alrededor de 300 muertes, 40 de ellas de menores de edad. La China, que acaba de renovar inalterada el mandato de su presidente por diez años más, ha sido sorprendida por la movilización de una población indignada en algunas de sus ciudades más grandes. Las masas no se movilizaban desde las protestas y la masacre de Tiananmén de 1989. El estricto control estatal no ha podido impedir las manifestaciones de una población harta de confinamiento y vigilancia. El presidente, presentado por el partido oficial como un gobernante inteligente y hábil en el control de la pandemia, en contraposición al occidente decadente, ha debido ceder y abandonar la política de cero covid. La misma que su partido acababa de elogiar como prueba de su sabiduría y benevolencia. En Irán y China, la realidad es más poderosa que el régimen autoritario, controlador y represivo. En ambos casos, se comprueba, una vez más, que la dictadura no es invencible ni eterna. Una conciencia colectiva clara y decidida, y una movilización general pueden dar al traste con ella. Bukele presume del profesionalismo con el que sus fuerzas represivas libran la guerra contra las pandillas sin mayores bajas. Cuestión abierta es si ese profesionalismo se mantendrá si la población se moviliza para acabar con la dictadura de los Bukele. La intolerancia es característica de ejecutivos, directores y gobernantes muy pagados de sí mismo y de su poder. Paradójicamente, la intolerancia niega lo que procura afirmar. Sostiene estar en posesión de la verdad, custodiar la seguridad y ofrecer prosperidad. En la práctica, miente, no protege ni distribuye bienestar. La intolerancia se alimenta de una combinación perversa de ignorancia, incompetencia y miedo insufrible al fracaso. El deseo intenso e irracional de absolutez pierde al intolerante. La búsqueda de una seguridad absoluta aniquila la libertad y sofoca la vida, al convertirla en un infierno. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Pasado el Día Internacional de los Derechos Humanos y analizada una vez más la deteriorada situación del país en ese aspecto fundamental de la democracia, es perentorio pensar en el camino que reconstruya la confianza perdida. El aumento de desapariciones; la eliminación creciente de las garantías judiciales; la manipulación de la judicatura al gusto de las conveniencias del poder político; el maltrato a personas detenidas arbitrariamente, así como a sus parientes; el desafortunado régimen de excepción, con sus injusticias, su militarización de la seguridad ciudadana y sus cercos a ciudades y pueblos, no honran la Constitución ni son coherentes con los tratados de derechos humanos ratificados por El Salvador. Sin embargo, la administración Bukele insiste en defender sus acciones catalogándolas como defensa de la ciudadanía e incluso como apoyo a los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia de los delincuentes. En realidad, el Gobierno está jugando con algo fundamental en la vida política: el derecho a la verdad. Hace ya muchos años se solía decir que los peores enemigos de la verdad en un Estado son siempre quienes trabajan en él. Y eso no ha dejado de ser cierto. Así pasó con todas las dictaduras militares y con todas las guerras sucias. El Estado optaba sistemáticamente por contar la realidad a su gusto, negando crímenes, escondiendo desapariciones y disimulando torturas. La mentira continúa siendo una de las lacras permanentes del poder, especialmente cuando se opta por políticas autoritarias. El ejemplo más claro en el área centroamericana lo encontramos en el Gobierno Ortega-Murillo, con su famoso eslogan de “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria”. En el vecino país, el autoritarismo dictatorial se disfraza de democracia con frases y elecciones trucadas. Y se reviste de un sedicente cristianismo que persigue y encarcela obispos, con un socialismo que mantiene a amplias capas de la población en la pobreza y una solidaridad endógena circunscrita a los altos y obedientes miembros del régimen. Pese al diluvio de propaganda y los aplausos recurrentes de buena parte de la población, en El Salvador aún hay hambre de verdad. El Gobierno reserva prácticamente toda la información relevante, ataca e insulta a periodistas que descubren pistas —cuando no datos— que debieran llevar a investigaciones sobre corrupción y niega a las víctimas, tanto del pasado como del presente, el acceso a la verdad. En esa línea, encarcela arbitrariamente a inocentes sin luego indemnizarlos cuando finalmente obtienen su libertad, y no da ninguna información a sus familiares mientras aquellos están detenidos. Al mismo tiempo, protege a criminales de lesa humanidad, mantiene bajo llave los archivos militares y respalda la decisión de la Fuerza Armada de no reconocer los crímenes cometidos durante la guerra y pedir perdón por ellos de manera institucional. Si hubiera que decir cuál es el derecho básico negado con mayor frecuencia y de modo más sistemático por el Estado salvadoreño, sus funcionarios y los líderes políticos, no cabría duda: el derecho a la verdad. La ocultación de crímenes y el respaldo a la impunidad, la corrupción estatal no investigada, las promesas falsas, las reservas de información, la tendencia a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno se resumen en una gran negación: la negación del derecho a la verdad. La mentira nunca lleva hacia el bien ni al desarrollo. Optar por la verdad de las víctimas y de la realidad es el único camino moral capaz de levantar al país de su crisis.

Según diversos analistas políticos, en El Salvador hemos pasado de un régimen democrático deficiente a lo que hoy se suele llamar régimen híbrido: una mezcla de prácticas e instituciones democráticas unidas a controles autoritarios muy fuertes y salidas frecuentes del respeto a la legislación, especialmente en el campo de los derechos ciudadanos. El paso no fue repentino, sino que ha tenido etapas. Hasta ahora se ha evitado caer en una dictadura, aunque algunos acusen de eso al gobierno. Pero el camino seguido no es muy alentador en el terreno democrático e institucional. Recorrer brevemente algunas etapas fundamentales puede ayudarnos a entender el régimen y a pensar en cómo recuperar espacios democráticos en el país. La primera etapa del actual gobierno podríamos definirla como una etapa populista y rebelde contra la democracia neoliberal deficiente que había dominado los anteriores períodos desde el fin de la guerra civil. Las promesas de nuevas construcciones y proyectos daban a entender, con su propaganda, el advenimiento de una transformación extraordinaria en El Salvador. Se daban señales de cambio sin cambiar las cosas, se empleaba a fondo el gobierno en momentos de emergencia con transferencias económicas y de bienes en un grado mayor que el de los gobiernos anteriores, se pactaba con la línea neoliberal anterior de los grandes empresarios e incluso se prometía a grupos maltratados en gobiernos anteriores la solución de sus problemas. Todo ello acompañado siempre de ataques sistemáticos a una Asamblea Legislativa de oposición desprestigiada, y de una intensa propaganda. La pandemia fue un excelente escenario para esta etapa. La segunda etapa tuvo su primer signo temprano con la toma de la Asamblea Legislativa. Es la etapa del control de las instituciones estatales, que adquirió fuerza después del triunfo electoral legislativo. Esta etapa estuvo caracterizada, ya pasada la pandemia, por una mezcla de medidas sorprendentes, escenificadas con la propaganda de un líder aparentemente reformador de problemas. Al tiempo que se controlaban las instituciones estatales se establecía un bimonetarismo con el bitcoin, se detenía a líderes del gobierno anterior, se destituía ilegalmente a los miembros de la Sala de lo Constitucional, se nombraba sin el procedimiento adecuado a los sustitutos de los destituidos y se publicaba una ley violatoria de tratados internacionales obligando a los jueces del país a jubilarse a los 60 años. La ciudadanía caminaba entre sorpresa y sorpresa. En esta etapa comienza un ciclo de protestas en que diversos grupos y tendencias se unen para reclamar sus derechos. Si bien la propaganda institucional y en las redes fue siempre fuerte desde el inicio del régimen, en esta segunda etapa la agresividad y los ataques personales experimentan un cambio: el liderazgo de los ataques personales pasa del presidente a los troles. La tercera etapa, comenzada hace muy poco, marca la entrada en la rutina. Las decisiones estatales continúan siendo con frecuencia arbitrarias, el estilo del gobernante continúa siendo desenfadado y burlón, consciente de su poder y control de la situación, y el Ejército, que siempre se destacó con claridad en respaldo del nuevo régimen, adquiere cada vez mayor protagonismo en la vida pública; eso sí, amparado por la decisiones gubernamentales. Los cercos militares de grandes ciudades se anuncian ahora como novedad, cuando en realidad no es más que exhibición de poder y demostración de músculo militar apropiado por el régimen. Ya ni esos cercos sorprenden. El discurso desenfadado de un presidente con aire de adolescente protestón, que en un primer momento fue atractivo en un país joven como el nuestro, se va volviendo cada vez más aburrido. Ni siquiera el anuncio de la reelección, claramente inconstitucional llama la atención, porque en el fondo ya lo sabíamos. Más bien todo parece una especie de juego provocativo desde el poder, destinado a mantener y asegurar la mayoría electoral para la reelección. Las promesas se dejan para el próximo quinquenio. Y lo que antes fue propaganda para llegar al poder, ahora es propaganda para ampliar la permanencia en él. A lo largo de estas tres etapas, se ha procurado desvirtuar y reducir a la irrelevancia a toda oposición política. Pero es ahora también cuando hay más posibilidades de reorganizar un proyecto de nación distinto del que dominó desde el fin de la guerra civil hasta el presente. Especialmente en la que llamamos segunda etapa, un buen número de opositores políticos parecían añorar la excelencias del pasado, contrastando la vieja democracia deficiente con el autoritarismo actual. Sin embargo, volver al pasado es una forma de mantener las miserias del presente. Al fin y al cabo este gobierno, por mucho que lo nieguen, es hijo y resultado de los gobiernos anteriores. Si algo es necesario en la actualidad es el diseño de un movimiento político moderno, afincado en los derechos humanos, en el constitucionalismo y en la lucha con

A inicios de este mes, representantes de la Fiscalía llegaron a la isla Tasajera a anunciarles a los habitantes que tenían tres días para abandonar sus casas y terrenos. Las autoridades les dijeron, ante los pocos medios de comunicación presentes, que nadie los estaba desalojando, que la salida debía ser voluntaria. Sin embargo, poco después, personal de la familia que interpuso y ganó la demanda de desalojo destruyó los cercos que circundaban los terrenos, quemó cultivos y derribó algunas de las precarias viviendas. Las acciones de las autoridades han generado indignación, laceran la conciencia de cualquier persona con un mínimo de decencia y humanidad. Según un estudio realizado por estudiantes de la UCA, el Banco Centroamericano de Integración Económica embargó, en 2013, la isla a su anterior dueño y donó la propiedad al Estado salvadoreño para su protección y conservación. Y es que Tasajera es una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica y forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano. En la isla se encuentra la zona de manglares más grande del país. Con la donación se pretendía que todo el terreno fuera incluido en el Sistema de Área Naturales y Protegidas, que es administrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según relatan los pobladores, durante los Gobiernos de Arena se cedió una porción de la isla a empresarios del turismo. El 7 de octubre de 2019, varias familias fueron desalojadas con el respaldo de la Policía. La historia se repite. Los inversionistas ahora quieren construir la versión salvadoreña de Cancún. Por el momento, lo único que los detiene son los pobladores, algunos de los cuales llevan décadas de vivir en el lugar. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidad define el desalojo forzado como “la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias, comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índoles”. Por lo general, los desalojos forzados van acompañados de violencia y son imposibles de realizar sin la participación o la anuencia del Estado. Por eso, es falso afirmar que no es el Gobierno y los poderes que hoy controla quienes efectúan el desalojo. Es esta una nueva muestra de qué intereses defiende la administración Bukele. Los más necesitados siguen sin ocupar el centro del quehacer gubernamental. La prioridad es el dinero y lo que manda, la ley del mercado. Los afectados son los mismos de siempre o, como los llamó Eduardo Galeano, “los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada [...] los ningunos, los ninguneados”. Los que son útiles para las elecciones y que luego se convierten en material de desecho.

Cada vez nos encontramos con mayor número de reservas de información, tanto a nivel de instituciones del Estado como en el campo de investigaciones fiscales y actividades judiciales. Y al mismo tiempo los funcionarios tienen campo libre para mentir, acusar falsamente o hacerse festivamente los ignorantes de tanto bulo, insulto y mentira en las redes contra quienes tienen una opinión crítica o reclaman transparencia a las instituciones del Estado. En ese sentido no es raro que crezca el número de personas que piensan que la moralidad notoria que exige a los funcionarios la Constitución nacional, más parece un chiste que una exigencia jurídica y ética al mismo tiempo. El Tribunal de Ética Gubernamental, que nunca tuvo especial brillo, se ha convertido en una especie de fantasma, por supuesto con buenos salarios para quienes lo regentan. Por más avances que se hayan dado en el pasado en la institucionalidad, la ética y la política han permanecido siempre demasiado separadas. Y en particular no se percibe que en los tiempos que corren las cosas caminen mejor en ese aspecto.

Que haya una nueva propuesta de ley de pensiones es una realidad positiva, porque ofrece la posibilidad de debatir el tema a nivel nacional. La anterior normativa, todavía vigente, es un verdadero fracaso en términos de cobertura. Una deficiencia a la que se suma el exiguo monto de algunas pensiones, que contrasta con las abundantes ganancias de las empresas administradoras de pensiones. Sin embargo, si bien corrige levemente algunos aspectos, la nueva ley no ofrece las perspectivas de cambio requeridas. Para empezar, se da por supuesto que la administración privada de los fondos de pensiones debe permanecer, pese a que un sistema público y solidario, no de ahorro individual, sería mucho más coherente tanto con la democracia como con la justicia social que preconiza la Constitución. Además, no se garantiza la universalidad de las pensiones, se deja fuera a los trabajadores informales, no se corrige la desigualdad de género en las asignaciones de fondos y no se aclara qué pasará una vez se suprima parte de la institucionalidad existente. La subida de la pensión mínima propuesta es insuficiente. Con el aumento de necesidades que sobreviene con la edad, nadie debería tener una pensión menor de 600 dólares. La nueva ley olvida también tratar cuestiones indispensables. La actual edad de jubilación está reñida con el buen funcionamiento económico del sistema y con las posibilidades de universalidad. Definir la edad de retiro en función de las dificultades o riesgos propios del trabajo es lo ideal, pues favorece tanto la amplitud de la cotización como la mejor distribución de las asignaciones. Por otra parte, la pensión máxima propuesta es demasiado elevada. En realidad, una pensión superior a los dos mil dólares favorece exclusivamente a quienes a lo largo de su vida laboral ya han gozado de compensaciones salariales muy altas respecto al salario medio nacional. El sistema de pensiones debe ser un sistema solidario, no un modo de mantener desigualdades. Ofrecer a las personas la posibilidad de cotizaciones superiores a la básica para recibir posteriormente una pensión mayor, es otro aspecto que debería tenerse en cuenta. La nueva ley de pensiones corre el peligro de quedar obsoleta poco después de entrar en vigor si no se corrige sustancialmente. No debe desaprovecharse la oportunidad de dialogar, reflexionar, debatir, romper el paradigma de la privatización que tanto daño ha hecho a la gente trabajadora y construir instrumentos legales que permitan la universalización de las pensiones. Poner parches de escasa calidad a lo que ha sido mal construido hasta el presente no es lo más indicado para la salud del país. Dar tiempo al pensamiento es necesario para construir tanto un futuro más digno como una ley de pensiones decente.

La ínfima transparencia de este gobierno en el manejo de la cosa pública no es nada nuevo. No se trata de un asunto de desinterés o de un descuido, sino de una realidad respaldada por una serie de retrocesos en el acceso a la información. Se trata de un revés impuesto por la administración Bukele y sus satélites, por ejemplo: un instituto, creado para garantizar dicha transparencia, cooptado por el Órgano Ejecutivo, o la creación de instrumentos como la "Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia covid-19", mejor conocida como "Ley Alabí” en honor al Ministro de Salud, que no es otra cosa que un recurso legal para blindar a quienes realizaron compras, con fondos públicos, durante la pandemia. Esta suerte de oscurantismo político, además de configurar faltas graves -o futuros delitos- es, fundamentalmente, antidemocrática. Por mucha propaganda que se haga, gobernar desde las sombras y no informar a la sociedad, o peor, desinformarla, no es más que otro peldaño del autoritarismo y un profundo deterioro de la institucionalidad. A su vez, tal retroceso trasciende en tanto que genera más desconfianza (política y económica) a nivel internacional. Ahora bien, esa cultura de opacidad y secretismo tiene efectos o consecuencias directas, pero también impactos de largo alcance. En relación con los efectos directos, evidentemente resalta la corrupción. Sin embargo, la expansión del secretismo, la negación y la reserva en la atención de los asuntos de interés nacional (económicos, sociales, políticos, ambientales o culturales), va más allá de la manipulación relacionada con las arcas del Estado. Por supuesto que la corrupción es un lastre en la región y un claro obstáculo para el bienestar colectivo. Pero es que la opacidad que perfila o caracteriza a las autoridades no se reduce a los intereses económicos de los grupos cercanos al presidente -por ejemplo, todo lo sórdido que envuelve al proyecto Chivo Wallet-, también permea a los demás ámbitos del Estado y a distintos niveles de funcionarios públicos. Como se ha señalado en otras ocasiones, y por distintas voces, hasta ahora poco se sabe, y poco se ha discutido, sobre aspectos elementales para el país y para la sociedad. Tal es el caso del proyecto de presupuesto para el año 2023, o la tan difundida, por la fracción legislativa de Nuevas Ideas, reforma a la ley de pensiones. En resumen, se trata de una práctica que se va afianzando como una huella identitaria del actual gobierno, como un elemento representativo de la cultura política de quienes dirigen El Salvador. En cuanto a los impactos de largo alcance, el hecho de privar de información a la ciudadanía puede llegar a convertirse en una costumbre social en detrimento de la convivencia ciudadana. El Salvador es un país caracterizado por la utilización de la violencia ante cualquier circunstancia, la falta de transparencia y el ocultamiento de información relevante no abona a una cultura de diálogo y de paz. Aunado a ello, el secretismo, y protección, de instituciones como el Ejército facilita arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos, así como ocurrió con ocho jóvenes en la comunidad del Bajo Lempa1; por citar solo un ejemplo. Más allá de todo el retroceso que implica, en términos políticos y en cuanto a construcción de ciudadanía, el impacto cultural que puede tener toda la desinformación, esto es, la difamación a la transparencia, a la honestidad y al derecho a estar debidamente informado, es una auténtica amenaza. Los políticos pasarán, no serán eternos. El arraigo o la normalización del secretismo, y los vicios políticos que aglutina, será más difícil. Es un daño tan relevante como la corrupción. En definitiva, la ausencia de transparencia y honestidad en las esferas políticas del país no es nada nuevo, pero eso no le resta significación ni le exime de peligro. Todas esas prácticas terminan mal, se ha demostrado reiteradamente.

El respeto más elemental pide no introducir a Dios en la política gubernamental, sobre todo cuando esta es represiva. El Dios cristiano no es violento, sino amante del diálogo, del entendimiento y la convivencia pacífica. Aborrece la arbitrariedad y la injusticia, y ama el derecho y la justicia. No desea la muerte del criminal, sino su rehabilitación e incorporación en la sociedad. No excluye a nadie, porque todos, delincuentes y honrados, son sus hijos. El Dios de la tradición judeocristiana abomina el discurso de odio. Envió a su Hijo para rescatar a los pecadores de toda clase, los despreciados por los que se tienen en alta estima y rectitud. El dios de Bukele y sus consejeros religiosos no es cristiano, sino otro, hecho a su medida y conveniencia para excusar sus desafueros. La victoria exterminadora que Bukele le atribuye no es suya. Indudablemente, Dios quiere “sanar”, no solo al país, sino a la humanidad entera. Pero el Dios de la Biblia no “sana” atropellando, torturando y asesinando, ni siquiera a los pecadores más inicuos. No responde al mal con el mal. Los descarriados imputan delitos, reclaman venganza y hablan de derechos adquiridos. En cambio, Dios acoge a todos con amor insondable y ofrece un perdón incondicional. En el Calvario, en la agonía de la crucifixión, uno de los delincuentes colgado a su lado le pidió que no lo olvidara cuando viniera en su reino. Jesús le respondió que ese mismo día estaría con él, en la presencia de Dios. La salvación de Jesucristo es completamente contraria al mesianismo de Bukele, alimentado por teorías extrañas al Evangelio. No desconoce los crímenes, que reprueba sin contemplaciones, pero salva al criminal, por ser persona y, en definitiva, por ser un hijo extraviado. Estaba perdido, pero no descansa hasta recuperarlo. La cuestión de fondo no es la seguridad ciudadana, sino cómo alcanzarla. Hay una forma ajustada a la normativa internacional y reconocida ampliamente, excepto por las dictaduras. Hay otra que satisface egos autoritarios y sanguinarios, que se erigen sobre despojos humanos. En sus trece, el régimen de Bukele alegó las bondades de esta opción ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no convenció. El Comité no solo rechazó sus alegatos, sino que censuró su conducta. Poco antes, uno de los directores de la represión había argüido que los soldados cargan una cartilla con los procedimientos establecidos por la Cruz Roja. Pero los de la naval que acosaron, torturaron y capturaron a los jóvenes de una comunidad del Bajo Lempa, o los soldados que dijeron a un padre angustiado de Izalco que agradeciera que su hijo recién capturado estaba con vida, porque tenían orden de matar, deben haberla olvidado en alguna parte. Esas prácticas son contrarias al derecho y la justicia, y también a la voluntad de Dios. Esos soldados y policías no son instrumentos de ningún plan salvífico, sino de una voluntad extraviada. La cuestión no es solamente la seguridad ciudadana, sino también la vida de las mayorías, que comprende el acceso garantizado a la salud, la alimentación, la educación, el empleo y las oportunidades. Pero Bukele no habla de ello, sino solo de seguridad y en términos exclusivamente militaristas y represivos. Desconoce la prevención, la rehabilitación y la reincorporación en la sociedad. Ignora las enfermedades, el hambre y la desnutrición, la educación deficiente, el desempleo y el desamparo de la mayor parte de la población. Quizás no tiene nada que ofrecerle o lo que para ella es crucial, a él le resulta irrelevante y aburrido. La vida es tan apurada y arriesgada que es insultante jactarse del aire de “felicidad, alegría y tranquilidad” que, según Bukele, se respira en el país. Ese es un privilegio para unos cuantos poderosos y arribistas. La verdadera gloria de Dios no es “la victoria” de Bukele sobre las pandillas, sino que, como dijo Mons. Romero, que “el pobre viva”, y eso es, precisamente, lo que aquel descuida. Los pobres malviven con mucha dificultad. Los que pueden huyen. Otros se rebuscan la vida en las pandillas y en otras actividades delictivas. La violencia primera del orden neoliberal es respondida con otra violencia, cuyas raíces se hunden en la negación de una vida digna y humana. El régimen de excepción es tan violento y criminal como aquellos a los que persigue implacablemente como “terroristas”, no para establecer el derecho y la justicia, sino para conservar el ordenamiento neoliberal, origen de la primera violencia. Invocar el nombre de Dios para justificar la violencia es blasfemo. El Dios de Jesús no es justiciero, resentido y vengativo. No es un acreedor implacable, que se niega a salvar si antes no se salda la deuda contraída con él. Ese Dios sería sádico y encontraría un placer especial en el sufrimiento y el derramamiento de sangre. El Dios crucificado perdona gratuitamente y pide a sus seguidores hacer otro tanto.

En días recientes, la Revista Factum publicó un reportaje sobre los costos de la implementación del bitcoin en El Salvador. En la publicación se reveló que el Gobierno salvadoreño gastó alrededor de $4.7 millones para el desarrollo del software de la Chivo Wallet y para el funcionamiento y mantenimiento de 255 cajeros Chivo. Pese a la millonaria inversión, y tras más de un año desde que la ley bitcoin entró en vigencia, es más que evidente que esa apuesta gubernamental no resultó como se esperaba. De hecho, la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) reveló que esta es la medida más impopular del gobierno de Bukele, pues 77 de cada 100 salvadoreños opinan que la implementación del bitcoin en el país ha fracasado1. Pese a ello, el presidente Bukele anunció el pasado 17 de noviembre, que El Salvador compraría un bitcoin diario a partir del 18 de noviembre. La insistencia en mantener a flote un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de la población revela que la intención es favorecer intereses económicos de grupos cercanos al presidente de la República. Pero mientras se continúa derrochando dinero para mantener la circulación del bitcoin en el país y mientras se continúan privilegiando las apuestas económicas de grupos empresariales cercanos al poder Ejecutivo, el año se acerca a su fin con otras serias problemáticas que han quedado desatendidas o no son han sido prioridad para el Gobierno. No es ocioso insistir en ellas, pues tienen que ver, nada más y nada menos, que con el sostenimiento de la vida de la población. En El Salvador miles de personas no cuentan con ingresos suficientes para comprar alimentos. Según reportes del Programa Mundial de Alimentos (PMA), unas 60 mil personas afectadas por la pandemia de covid-19 y por fenómenos climáticos han recibido asistencia alimentaria por parte de organismos internacionales en distintos municipios de siete departamentos del país. Sobre esta problemática, ya varias organizaciones sociales han llamado con sentido de urgencia al gobierno para que priorice la producción de alimentos a nivel nacional debido al encarecimiento de la canasta básica y al impacto en los cultivos, ocasionado por los fenómenos climáticos. En la misma línea, durante la última semana, organizaciones que promueven el derecho humano al agua han denunciado que el presupuesto para el año 2023 asignado a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) destina muy pocos recursos para la gestión del agua. Representantes de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua señalaron que, de $17.4 millones asignados a la ASA, solo $735,791 se utilizarán para financiar la gestión hídrica, mientras que $5.2 millones se destinarían al pago de salarios. Por su parte, la Mesa contra la Minería Metálica denunció que el proyecto de presupuesto general del Estado 2023 excluye los rubros presupuestarios destinados al cierre técnico de minas y a la reconversión de la minería artesanal y a la remediación ambiental de los impactos ambientales ocasionados por las actividades mineras. Curiosamente, en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27), el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, denunció la existencia de proyectos mineros cercanos a las fronteras salvadoreñas que “atentan contra nuestros ecosistemas, y nuestra soberanía. Hacemos el llamado a la solidaridad, la cordura y las buenas prácticas”. Sin embargo, a nivel de país, ha quedado demostrado que se han hecho muy pocos esfuerzos para frenar las amenazas de la minería metálica. Por ello, en medio de la discusión del presupuesto general del Estado para 2023, no queda más que seguir insistiendo en que hay problemáticas que no se resuelven con promesas o con propaganda, se resuelven destinando un presupuesto justo para atenderlas y eso no está ocurriendo. ____________________________________________________________ Referencias: 1. Ver boletín: La población salvadoreña opina sobre la situación económica familiar, la implementación del bitcoin y el régimen de excepción, disponible en https://uca.edu.sv/iudop/publicacion/encuesta-sobre-coyuntura-nacional-2/ * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 112.

En nuestros países centroamericanos tenemos la tendencia a ensalzar a los jóvenes y a despreocuparnos de ellos al mismo tiempo. Les llamamos “el futuro de la patria”, les anunciamos un destino fabuloso, en un país bello en todos los aspectos, pero no planificamos con ellos. Incluso cuando hablamos del futuro, parece que hablamos solo del de los adultos, de los que mandan, de los que saben cómo funciona la realidad, aunque esta esté mal. No educamos para el futuro sino para el presente, y en ocasiones para un presente en que solo una pequeña proporción de los jóvenes se libera de problemas que entre todos podríamos solucionar. Con demasiada frecuencia nos basamos en valores de consumo, de comodidad, en la esperanza de alcanzar niveles de vida semejantes a los del Primer Mundo, aunque solamente lleguen a disfrutarlos un débil porcentaje de la población. Y mientras los adultos hablamos sobre las maravillas del futuro, los jóvenes son los más afectados por el paro laboral, por la violencia delictiva y también, como lo hemos comprobado en este tiempo de régimen de excepción, por la violencia del Estado. Los jóvenes pueblan mayoritariamente las cárceles, son los que más emigran y los que tienen los peores salarios. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó una encuesta sobre los jóvenes y el covid a nivel latinoamericano. El 38% de los jóvenes que trabajaban se hallaban en la informalidad. Y durante la pandemia, más del 60% de los jóvenes en edad de trabajar tuvieron dificultades laborales. Y en particular, las mujeres jóvenes tuvieron más dificultades laborales que ellos. El 72% de los jóvenes encuestados afirma que el covid ha afectado su salud mental. Estrés, ansiedad y depresión han sido los efectos más frecuentes, aunque también se han dado en menor cantidad insomnio y ataques de pánico. De nuevo, las mujeres han sido más afectadas que los varones. El acoso y el abuso aumentó durante los meses de reclusión domiciliaria obligatoria en tiempo de pandemia. Durante el mismo tiempo, la mayoría de los jóvenes con alguna enfermedad crónica dejaron mayoritariamente de acudir a los controles de rutina. El 65% de los jóvenes piensa, además, que han “aumentado las situaciones de agresión, maltrato, discriminación o violencia por razones de género”. Es un fenómeno de toda América Latina y, por tanto, no somos la excepción. Lo sucedido durante el covid señala que la tendencia a no tener en cuenta a los jóvenes continuó durante la pandemia, por más que hablemos de ellos como beneficiarios de donaciones que van desde canastas alimentarias a computadoras. Un sector de población descuidado tradicionalmente termina siempre con mayores problemas cuando hay una situación extraordinaria que daña al conjunto de un país. Y en ese escenario nos encontramos en El Salvador. Durante el Gobierno del presidente Sánchez Cerén se elaboró un excelente proyecto educativo, asesorado por el PNUD, con la idea de universalizar la educación salvadoreña hasta los 18 años y dotarla de calidad de Primer Mundo. El proyecto tenía un costo elevado. Pero al año siguiente de la presentación pública del proyecto, el presupuesto de educación disminuyó. Hoy, aunque el presupuesto educativo ha crecido, no lo ha hecho en conformidad con las necesidades. El endeudamiento gubernamental y el abandono escolar durante la pandemia no auguran el adecuado desarrollo de la educación. Einstein solía decir que es una locura “hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”. Mientras continuemos invirtiendo en nuestros jóvenes recursos insuficientes, la injusticia seguirá transmitiéndose intergeneracionalmente. Hablar mucho del futuro, por bien que lo pintemos, no dará resultados si no cambiamos de actitud y de política de juventud. Un proyecto racional, bien financiado, que incluya una educación de calidad y el acceso al trabajo digno es indispensable para poder hablar de los jóvenes con seriedad, sin hipocresía.

Según el más reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, basado en datos de origen oficial, las desapariciones van en aumento. El hecho conecta con la sistemática negativa de todos los Gobiernos de la posguerra a ratificar la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Mientras nuestros tres vecinos más próximos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, ya han firmado la Convención, El Salvador permanece al margen. Y diversas señales apuntan a que el país no suscribirá ni este ni otros tratados de derechos humanos, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Un tuit reciente del presidente de la República afirma que los cambios que experimenta El Salvador son tan positivos “que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONG o la oposición”. Por supuesto, es una ingenuidad pensar que el aislamiento facilitará resolver los problemas nacionales. Sin duda, ni el propio presidente cree en lo que dice. Al final, cuando la realidad aprieta, no les queda más remedio que acudir a las instancias internacionales. Tampoco todo es positivo en el país. Las cifras de las desapariciones, el aumento de la deuda y la negativa a a firmar el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, apuntan a que en algunos aspectos se está empeorando. La resistencia a comprometerse con nuevos instrumentos de defensa de los derechos humanos y la necia decisión de prescindir de la opinión de los organismos internacionales y de la sociedad civil salvadoreña afectarán negativamente tanto el desarrollo económico y social como las relaciones con la comunidad internacional. Cuando se critican algunos aspectos de la política salvadoreña y de la actuación del Estado, no se quiere decir que todo lo que sucede en el ámbito político es negativo. La crítica es siempre un apoyo al bien común, pues, incluso cuando está errada, ayuda a reflexionar y pensar mejor las cosas. En ese sentido, el Gobierno actual debería abrirse al diálogo y dar los primeros pasos para hablar con quienes tienen preocupaciones legítimas por el futuro de El Salvador. El tema de las desapariciones y la firma de normativas internacionales sobre derechos humanos no son caprichos de la oposición, sino reclamos serios de personas e instituciones de la sociedad civil que responden al dolor y las quejas de un buen número de ciudadanos. Quienes solicitan la ratificación de nuevos instrumentos legales tienen razones de fondo, sustentadas en datos inobjetables. Dialogar al respecto no implica rendirse ni humillarse, sino buscar caminos comunes de desarrollo humano. Esperar a que las situaciones se tensen o los problemas crezcan no es lo mejor para el país. Tener mayoría no debe nunca ser una excusa para negarse a dialogar con la minoría.

Vivir en condiciones de pobreza supone estar sujeto a la precariedad y la vulnerabilidad, y no poder satisfacer las necesidades humanas fundamentales. La pobreza obliga a privaciones inaceptables. Para Amartya Sen, una persona es pobre si carece de los recursos y las capacidades para realizar el mínimo de actividades necesarias para el desarrollo y la realización personal. Las estadísticas oficiales muestran que más del treinta por ciento de la población vivía en condición de pobreza en 2018, aunque con acusadas diferencias entre la ciudad y el campo: mientras que en el área urbana viven en pobreza 17 de cada cien, el número casi se triplica para el área rural, donde 49 de cada cien viven bajo esa condición. Es muy posible que por esa razón la pobreza pase desapercibida para muchos, y que incluso haya algunos que crean que en El Salvador el problema no es grave. Con la pandemia y sus consecuencias en la economía, y el alza del costo de la vida, especialmente en el precio de los alimentos, el porcentaje de salvadoreños que viven en condiciones de pobreza se ha incrementado en los últimos años. Asimismo, las proyecciones de la FAO para nuestro país señalan un aumento en el número de personas que padecen hambre. Si más de la tercera parte de la población vive en condiciones de pobreza, y ello le impide desarrollarse y realizarse personalmente, es justo y necesario que el país tenga políticas claras y eficaces para combatir la pobreza y disminuir el número de personas que la sufren. Esta tercera parte de la población, por ser la más vulnerable, la que no tiene acceso a un nivel de bienestar mínimo, la que vive en precariedad, debería constituir la principal preocupación del Gobierno. Los países que conforman la ONU, entre ellos El Salvador, se propusieron en 2015, hace ya siete años, trabajar a conciencia para que en 2030 se alcanzaran los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El primero de ellos es “poner fin a la pobreza extrema, en todas sus formas y en todo el mundo”; una meta fundamental para avanzar hacia una humanidad que pretenda ser fraterna y respetuosa de la igual dignidad humana. Para lograr este objetivo, y que el propósito no se quede, una vez más, en simples palabras bonitas que a todos gustan, pero a nadie movilizan, cada país debe hacer su parte. Ciertamente, los países empobrecidos requieren de la cooperación internacional para emprender programas que contribuyan a esta finalidad, pero la principal responsabilidad y la iniciativa corresponde a los Gobiernos de las naciones en las que la pobreza es una realidad acuciante. Este es el caso de El Salvador. Desde una perspectiva cristiana y de solidaridad entre hermanos, todos estamos obligados a preocuparnos por las personas en condiciones de pobreza; todos deberíamos poner de nuestra parte para aliviar su situación. A ello, sin duda, están más obligados aquellos que más tienen. Sin embargo, por mucho que las acciones de solidaridad y generosidad personal o grupal sean valiosas y deban mantenerse o incluso intensificarse, no bastan. Es necesario implementar medidas estructurales encaminadas a que el sistema económico y social deje de generar desigualdad y pobreza. Pero todo indica que en El Salvador no existe un plan que apunte en ese sentido. Así será difícil, por no decir imposible, que se logre reducir la pobreza extrema en los próximos siete años. En esto, como en muchas otras áreas, el actual Gobierno está en deuda con la gente.

El papa recordó a la Iglesia salvadoreña, presente en Roma, que mientras haya injusticia, esto es, “mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras no haya signos de madurez en el caminar del pueblo de Dios”, debe levantar su voz “contra el mal […] contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana”. Cuando el papa habla de injusticia, piensa en “los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Esto lo dijo delante del Gobierno salvadoreño, representado por el vicepresidente y su familia al completo. Los mártires, enfatizó el papa, son “un regalo inmenso” para la Iglesia y el pueblo salvadoreño, por su compromiso con el derecho y la justicia. Se desvivieron para reunir al pueblo, porque sin pueblo, no hay pueblo de Dios. La tarea está inconclusa. Hoy como ayer, el pueblo está disperso, dividido y enfrentado por enemistades, rencores y conflictos. La opresión lo mantiene sometido y el egoísmo lo ha enemistado consigo mismo. No es pueblo aquel que confía más en la riqueza, el poder y la violencia que en Dios. A veces, el pueblo yerra. Prefiere permanecer en Egipto a levantarse y aventurarse por los senderos de la justicia y la paz. Prefiere la seguridad de los ajos y las cebollas egipcias que arriesgarse a erradicar el egoísmo, el odio, la pendencia y la venganza. Prefiere construir pirámides que recuperar su condición de pueblo, tomar conciencia de lo que es y actuar en consecuencia para el bien de todos. Mientras esto no ocurra, el pueblo errará disperso y será presa fácil de los poderosos. A pesar de los desvaríos, Dios nunca olvida a su pueblo. Le envía profetas para que hablen en su nombre. La historia reciente del pueblo salvadoreño está repleta de ellos. Los profetas penetraron en la realidad y descubrieron el pecado del pueblo y, también, la presencia de Dios. La palabra profética llama al mal por su nombre, pone en crisis las falsas seguridades humanas y religiosas, e invita a la conversión. Por eso, deviene en contradicción y persecución. Pero también avisa que el Reino de Dios está cerca. El pueblo de Dios tiene “hambre y sed de justicia”. Pero no es pendenciero, ni revanchista, sino manso y humilde. No enfrenta el conflicto con el insulto y la agresión, sino trabaja por el derecho y la justicia. Se esfuerza para que no haya hambrientos, enfermos, llorosos y perseguidos. Las obras de la justicia traen la paz. A este pueblo, el Evangelio le promete la posesión de la tierra, una cierta materialidad tangible del Reino de Dios. Aquellos que solo tienen ojos y corazón para la ganancia, el abuso y la opresión, no prevalecerán. El pueblo de Dios es misericordioso. Siente el dolor ajeno y contribuye a sanarlo. Los misericordiosos se compadecen de los afligidos y practican la misericordia con ellos. La cercanía y la identificación son lo contrario a la indiferencia y la permisividad ante los males de este mundo. Ahora bien, la benevolencia con el débil o con quien ya ha sido derrotado es intolerancia ante aquello que causa su aflicción. El pueblo de Dios es limpio de corazón. Su corazón es sincero y no está dividido, sirve lealmente a Dios y a los demás. El corazón limpio es libre del tener y del poder. Por eso, ve a Dios en los pobres. El pueblo de Dios no añora riquezas. En su seno nadie será rico, tampoco pobre. Habrá abundancia para todos. Una mesa común con manteles largos para todos, decía Rutilio Grande. Cada uno con su taburete, para todos llega la mesa, el mantel y el con qué. La pobreza que bendice el Evangelio es la que se va superando activamente con la construcción del Reino de Dios. Por eso, la promesa a los pobres no es igual a las otras. Al hambriento le promete saciedad y a quien llora, alegría. Pero al pobre no le promete riqueza, sino el Reino de Dios. La propuesta de las bienaventuranzas es atrevida y, aparentemente, perdedora. Sin embargo, tiene la virtud de romper la cadena del mal. El Espíritu de profecía, recibido en el bautismo, no finge no ver las obras del mal, ni se desentiende de ellas para evitar problemas. El pueblo de Dios adopta una actitud positiva y una práctica diferente ante el ejercicio del poder que se caracteriza por el abuso y la violencia, ante la opresión de los débiles y ante la imposición que suprime las libertades. Si los poderosos negocian entre ellos para explotar y oprimir, demostrémosles que otra manera de organizar la vida común es posible y necesaria. Una donde prevalezcan el respeto al otro en su diferencia, la comprensión, el entendimiento y la colaboración para el bien de la totalidad. Esta forma de vida es posible y necesaria, porque el dinero y la violencia institucional dejan ruina, desolación y muerte. Los mártires nos exhortan a construir un pueblo donde prevalezca el perdón y la convivencia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Una sociedad justa y civilizada es aquella que garantiza y promueve los derechos humanos. Una sociedad donde se respeta la vida en todas sus formas, en la que se garantiza la integridad física y moral, donde el derecho a la educación, al trabajo digno y a la salud son prioridades, y en la que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes es una que ha puesto en el centro de su quehacer a la persona humana. Independientemente de la denominación ideológica de sus gobernantes, la meta de toda sociedad debería ser la dignificación de la vida de sus miembros, sin exclusión alguna. Este es el objetivo que buscan alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales tendrían que orientar la acción de cualquier Gobierno que pretenda servir en verdad a su país y sus habitantes. La historia de la humanidad, sin embargo, ha discurrido en sentido contrario. La norma general ha sido la violación a los derechos humanos; respetarlos ha dependido más bien de la raza, la religión, el sexo, la ideología, el poder económico y otra serie de variables. Por ello, la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos ha sido una de las más difíciles y peligrosas, motivo de encierro, de destierro o de entierro. Entre menor justicia haya en una sociedad, a más desigualdad y exclusión, peor será la respuesta del poder establecido contra quienes denuncien atropellos, abusos e ilegalidades. Los mártires de la UCA, monseñor Romero y tantas otras personas generosas, conscientes y valientes que fueron asesinadas durante la guerra civil entendieron que la clave para que una sociedad sea justa es que se respeten los derechos humanos, comenzando por el derecho fundamental a la vida. Decirlo y comprometerse con esa causa les llevó a la muerte, pero también a su resurrección en la memoria del pueblo. En vida, los mártires son humillados y los poderosos enaltecidos. Pero luego, aquellos se mantienen vivos en los ideales de la gente, mientras que los segundos son olvidados o caen en la ignominia. Y esta verdad evidente no conduce a la resignación y la pasividad, sino que anima a seguir adelante con la seguridad de que la lucha por los derechos humanos es justa, hoy y siempre. En la actualidad, El Salvador vive de nuevo tiempos difíciles, en los que el poco camino democrático recorrido desde los Acuerdos de Paz está siendo desmontado pieza a pieza. Tiempos en los que,entre aplausos, se violan los derechos humanos; en los que se ensalza el odio y se atiza la división. Tiempos en que defender los derechos humanos es causa de denigración, amenazas y persecución, como lo fue en el pasado. Por este momento histórico que atraviesa el país, la UCA instauró el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes, a fin de reconocer públicamente a organizaciones y personas que defienden los derechos humanos. Los ganadores de esta primera edición del Premio fueron Guadalupe Mejía, “Madre Guadalupe”, y el colectivo Salvemos Valle El Ángel, conformado por mujeres y hombres de diversas denominaciones religiosas que luchan contra un Goliat impune que atenta contra la sostenibilidad ambiental y, por tanto, la vida de la población. Desde este espacio, la UCA les felicita y les agradece, porque su valentía alientan la esperanza en la construcción de un país más inclusivo, democrático y solidario.

Si algo podemos decir de los mártires en general es que fueron personas muy libres. Cuando se leen las actas de las víctimas de la persecución del Imperio romano, destaca la libertad y el coraje con los que gente humilde respondió a los jueces, que indefectiblemente la condenarían si no renunciaba a su fe. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se repite incansablemente que los apóstoles predicaban el Evangelio, en medio de graves dificultades, con una libertad valiente. En esa línea, no cabe duda de que los mártires de la UCA eran personas valientes, sinceras y capaces de transmitir sus ideas e ideales sin que las amenazas de muerte enturbiaran su actuar y hablar. Fijarse hoy en sus valores resulta indispensable. Ellos están ahora envueltos y presentes en el misterio de Dios; su libertad, ideales y valores están entre nosotros como semilla y levadura de un mundo nuevo en el que se respete plenamente la dignidad de la persona humana. Cuando hablaban de impulsar una nueva civilización, construida sobre el trabajo y la dignidad de la persona, indicaban un camino opuesto al del capitalismo de seducción que hoy domina al mundo; opuesto al marketing que valora más el tener que el ser. En la primera carta del apóstol Juan se dice que “el amor echa fuera al miedo”. En los mártires salvadoreños, el amor y la conversión al prójimo oprimido los liberó del miedo. E incluso los liberó de la muerte, pues continúan viviendo en nuestra historia como antorchas que iluminan el camino de la verdad y de la vida. Su ejemplo nos muestra caminos y opciones en situaciones históricas en las que se mezclan realidades nuevas de esperanza y justicia con la permanencia de viejas situaciones de explotación y opresión. El respeto a la dignidad humana es hoy la clave a trabajar; y la conversión al prójimo oprimido, tal vez la tarea más difícil de incorporar a la propia vida. Mientras quienes los asesinaron son hoy irrelevantes, los mártires han crecido y nos muestran siempre una opción de compromiso vital. Ser libres como ellos para hablar, para debatir, para encontrar soluciones a los problemas es la tarea que nos corresponde. No es posible reparar la injusticia que sufrieron, pero con su pensamiento y con su testimonio de generosidad y solidaridad podemos construir un futuro distinto. En las actuales circunstancias, en las que el Estado de derecho se ha debilitado profundamente y no se entiende que la democracia y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionados, a quienes valoran a los mártires les corresponde retomar la palabra beligerante, de la que hablaba con frecuencia Ignacio Ellacuría. Palabra esperanzada y creativa que no se rinde ni ante la fuerza bruta, ni ante la mentira apoyada desde el poder. La trampa de asegurar que para defender a las víctimas de la violencia hay que ser violentos con los victimarios y con quienes tienen el más mínimo parecido con ellos debe ser revertida mediante una racionalidad humanista y religiosa. Privar de libertad a los delincuentes es legítimo, pero el maltrato, la exhibición humillante, la detención masiva sin pruebas y el silencio como respuesta a las peticiones de información de los familiares de los detenidos no son justos ni decentes. Mienten quienes aprueban ese tipo de comportamiento policial y judicial, y al mismo tiempo afirman que simpatizan con la UCA de Ellacuría. Frente a la mentira y a la autorreferencia, no hay más camino que “aquella libertad esclarecida, que donde supo hallar honrada muerte, nunca quiso tener más larga vida”.

Tema: Factores que inciden en el alza de precios de la canasta básica Invitado: César Villalona, economista ⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

La reelección presidencial, dejando de lado su inconstitucionalidad, tendría una razón de ser si el mandatario de turno dispusiera de un plan ambicioso y sostenible para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las mayorías. Pero ese no es el caso de la reelección de Bukele, cuyo mandato constitucional acumula fracasos y vacíos. El bitcoin, su ciudad y su energía volcánica yacen abandonados. El ferrocarril costero, el aeropuerto oriental, varios hospitales y Los Chorros no superan el anuncio. La reforma de pensiones se posterga continuamente. La remodelación de más de cinco mil escuelas (dos diarias) y la reforma educativa, renombrada en cada alusión, son promesas incumplidas. Y lo último, trenes elevados y teleféricos, son ideas rescatadas del desván de gobernantes anteriores. Los devotos de Bukele pueden alegar que la reelección es indispensable para realizar estas promesas y otras que se le ocurran. Lo más probable es que no se concreten. Aquellos tendrán que conformarse con unos cuantos centros turísticos para extranjeros, algunos pasos elevados, el descongestionamiento de algunos centros urbanos a costa de mayor congestionamiento en sus alrededores y alguna que otra obra, más bien de poca envergadura, para mostrar que la novedad avanza y mantener viva la ilusión de los creyentes. El incumplimiento de las promesas presidenciales se debe a la incapacidad demostrada para ejecutar obras de gran envergadura, a la falta de liquidez y a una deuda creciente cada vez más cara. Pese a ello, aún hay quien confía en las promesas presidenciales para erradicar la pobreza y la desigualdad. El deseo legítimo prevalece sobre la dura realidad. Entonces, ¿para qué reelegirse? Hay dos posibles respuestas. La reelección permitirá a la familia presidencial y a su círculo más cercano seguir viviendo muy por encima de la media nacional y continuar haciendo fortuna a expensas del Estado, del tráfico de influencias y de variadas prácticas corruptas. Los funcionarios, cada uno según su rango, tienen asegurado un salario muy superior al promedio nacional, empleo para sus familiares, exenciones y privilegios variados. Los de alto rango tienen larga experiencia en vivir impunemente del Estado. El fiscal general es ejemplo convincente de esta especie, pero no es el único. En los pasillos presidenciales circulan muchos otros vividores. Los novatos aprenden rápido y no se privan de nada. A todos ellos les sobran razones para apuntarse a la reelección. La otra explicación, que no excluye la anterior, es la ambición. No solo de Bukele y su círculo, sino de todos los funcionarios, cada uno en la medida de sus posibilidades. Todos ellos disfrutan, algunos obscenamente, con la exhibición de su poder. El gozo es tanto que bastantes se lo llegan a creer. Piensan que tienen derechos adquiridos no solo para continuar en la burocracia estatal, sino para avanzar posiciones. Los más avezados son discretos, no arriesgan tanto, ejercen su poder y acrecientan su fortuna personal y familiar detrás de las bambalinas. Así, sobreviven exitosamente la rotación de mandatarios. Más de uno es egregio en este arte. La reelección les conviene, pero pueden arreglárselas sin ella. Los más visibles suelen ser los más perjudicados, ya que la exposición pública los identifica con el gobernante saliente. Dos de los azotes de las pandillas, el fiscal general y el responsable de las cárceles, han mantenido relaciones estrechas con el liderazgo de lo que ahora han dado en llamar “organizaciones terroristas”. El primero influyó en procesos judiciales para beneficiar a un narcotraficante, vinculado a una pandilla, y a la esposa de un expresidente de la infamada Arena. Al otro, una investigación policial lo vincula con las pandillas, el narcotráfico y la corrupción. La carrera delictiva de este funcionario se remonta a su adolescencia. Uno de los habituales en los pasillos presidenciales sacó del país a uno de los líderes pandilleros buscados por la justicia. Es voz común que los magistrados impuestos cobran bien por las resoluciones. Dondequiera se escarbe, salen a relucir delitos de toda clase. Bukele lo sabe y lo permite, porque la familia presidencial se vale de su posición ventajosa para enriquecerse. Explota, por ejemplo, las empresas asociadas al bitcoin. Y porque es una manera de recompensar la incondicionalidad de los funcionarios. La corrupción galopante demanda, por otro lado, silencio extremo y oscuridad total para poder retener la fuente del poder y la riqueza ante la opinión pública. De esa manera, estos funcionarios hacen alarde de honestidad y de novedad nunca vistas. La reelección es para ellos una gran oportunidad para continuar con la rapiña. El pueblo es indispensable para la reelección, que depende, formalmente, de su voto. Pero, una vez depositado este, volverá a ser un accesorio. Una excusa poderosa, es verdad, para violentar la institucionalidad democrática, pero no por eso vivirá mejor, encontrará oportunidades mayores y la convivencia

Es normal que los políticos formulen diversas promesas antes de llegar al poder y que luego, ante el choque de la realidad y de los recursos disponibles, cumplan, en el mejor de los casos, solo una parte de lo ofrecido. Distinto es que a la hora de pedir el voto se mienta con alevosía y premeditación. Estando en campaña electoral, Bukele ofreció aumentar el Fodes para las alcaldías, pues, en los Gobiernos anteriores, los municipios habían sido abandonados y eso generó pobreza, subdesarrollo y migración forzada, entre otros males. Sin embargo, ya en la Presidencia de la República, no solo incumplió su promesa, sino que desde junio de 2020 dejó de transferir el Fodes a las alcaldías. Además, en noviembre de 2021, a través de la bancada oficialista, redujo el Fodes del 10% al 1.5% de los ingresos corrientes del Estado y creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), que maneja los recursos que originalmente eran para las alcaldías. Hoy, las administraciones de los municipios son incapaces de atender las demandas de su población. En campaña, Bukele prometió implementar una reforma fiscal progresiva que beneficiara a los que menos tienen. A la fecha, el tema está en el olvido. Siendo candidato, dijo que el neoliberalismo “solo trae desigualdad, pobreza, endeudamiento, y por último, default”. Pero en su gestión no ha cambiado nada del modelo económico; al contrario, ha profundizado las políticas neoliberales. La mejor muestra de ello es la adopción de un criptoactivo como moneda de curso legal y el anuncio de la construcción de una Ciudad Bitcoin que funcionaría con la lógica de un paraíso fiscal. Por otro lado, siendo aspirante a la Presidencia, se comprometió a mejorar la educación y prometió convertir a la universidad nacional en la mejor institución educativa de la región, para lo cual se incrementaría su presupuesto, se construiría dos sedes más y se remodelaría las existentes. No solo no se ha hecho nada de lo anterior, sino que se ha reducido presupuesto al centro educativo y el asignado se entrega a discreción. Otro ejemplo: el mandatario comenzó su gestión criticando con aspereza el nepotismo para poco después llenar el Estado con su familia y allegados. Finalmente —aunque la lista podría continuar—, su principal bandera de campaña fue la lucha contra la corrupción; prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición y declaró públicamente en cadena nacional que metería a la cárcel a cualquiera de sus funcionarios que robara. Hasta hoy, ha perseguido a exfuncionarios y opositores acusados de corrupción, pero a los suyos los ha protegido. Hay claros signos de corrupción en la compra de alimentos y en la entrega del bono de 300 dólares al inicio de la pandemia. También en la billetera electrónica Chivo, en los fondos de las tiendas de los centros penales, en la compra de insumos médicos, etc. Una cosa es no poder cumplir las promesas y otra hacer lo contrario de lo apalabrado. El actual Gobierno y quien lo dirige han cumplido la difícil tarea de superar toda marca previa de cinismo e incoherencia. Solo la venda virtual que el oficialismo ha construido y mantenido con esmero y muchos recursos impide que más gente vea con claridad esta realidad aberrante.

Los cien años cumplidos de la Dra. María Isabel Rodríguez, además de un motivo de alegría y felicitación a su persona, debe hacernos reflexionar sobre el papel de la mujer en las políticas públicas salvadoreñas. Al igual que ella, ha habido otras mujeres que han sido señeras en diversos campos. Los tristes acontecimientos de guerra y violencia que le ha tocado vivir a El Salvador multiplicó el papel de la mujer en la actividad de defensa de los Derechos Humanos. También en ese campo tenemos que alegrarnos con la presencia de mujeres ejemplares. Pero la dimensión de la ex Rectora de la Universidad de El Salvador nos señala las responsabilidades pendientes en el campo del desarrollo. Empeñada desde muy pronto en la construcción de una medicina pública de calidad desde el ámbito universitario, tuvo que salir del país en un momento en que lo público se veía como enemigo de los poderes privados de algunos millonarios. Sirvió en la Organización Panamericana de la Salud y desde ella continuó colaborando con la construcción pública de la medicina social en América Latina. Regresada a El Salvador ya en tiempos de paz, la UES tuvo el acierto de nombrarla su Rectora. En esos años se distinguió en los esfuerzos por reconstruir y mejorar físicamente la Universidad, por devolver a la Universidad su capacidad de investigación, y por la palabra de ánimo y aliento que ella daba a todo proyecto en el que el beneficio público ampliara la capacidad de desarrollo del pueblo salvadoreño. Como colofón a una vida de servicio fue ministra de salud. Consciente de la necesidad de una salud pública de calidad dentro de un sistema público único, trabajó incansablemente por mejorar la salud de primer nivel como un primer paso hacia la medicina pública y universal de calidad. Más allá de la oposición ridícula de algunos diputados, de los memes y de las críticas, María Isabel continuó dialogando, trabajando, insistiendo y alentando a excelente profesionales de la medicina, jóvenes y adultos mayores, impulsándoles a creer en El Salvador y a elaborar planes para la construcción de una salud pública decente. Este ejemplo de vida debe ayudarnos a entender el papel de la mujer en el desarrollo. Aunque cada vez nos encontramos con un número mayor de profesionales excelentes que son mujeres, todavía falta mucho para tener plenamente incorporada a la mujer a las tareas del desarrollo y al trabajo digno. El machismo continúa teniendo un peso grande en muchas instituciones tanto estatales como privadas. Y por supuesto, el trabajo en el hogar pesa demasiado sobre las mujeres. Si fuéramos hombres de negocios diríamos que con la ausencia laboral de la mujer se pierde potencial productivo. Pero si observamos el trabajo de nuestra centenaria amiga como ejemplo del trabajo de la mujer, tendríamos que decir que se pierde dimensión humana y entendimiento social. Realidades estas mucho más importantes que la pura productividad. Porque la producción, sin tener en cuenta la dignidad humana y la distribución social justa y solidaria, ni crea justicia ni cohesión social. Tanto mujeres como hombres con valores como los de nuestra ex rectora, son indispensables para el desarrollo humano de el Salvador.

En el marco del XXXIII aniversario de los Mártires de la UCA, bajo el lema: “Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece", el Departamento de Psicología y Salud pública de la UCA, entregó el Premio Ignacio Martín-Baró a la investigación. Participaron quienes realizaron los trabajos de graduación de 2021 y tras la evaluación se premió a tres graduados de la UCA y se dio reconocimiento a 9, del total de participantes. La directora de la carrera de Psicología y Salud Pública, Lucía Cano, explica por qué el premio hace referencia a Martín Baró.

A los privados de libertad solemos olvidarlos. Y en ocasiones, cuando los recordamos, no hablamos bien de ellos. Sin embargo, el papa Francisco en su más reciente entrevista con sacerdotes y laicos salvadoreños animó a todos los presentes a pensar en los que más sufren los problemas nacionales para buscar soluciones. Dijo textualmente: “Animémonos unos a otros, pensemos en aquellos que están en dificultad en nuestro pueblo: los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos, los descartados”. Entre los presentes estaba la Conferencia Episcopal de El Salvador y el vicepresidente de la República. Y es evidente que si el papa mencionó a los presos es porque sabe que están sufriendo una situación especial. El señor Osiris Luna, que unas veces ataca, castiga y muestra a los presos en situaciones humillantes y estigmatizantes, y otras afirma que les está proporcionando unos cuidados de salud superiores a los que brinda el Estado en sus instituciones públicas, no es la fuente adecuada para saber cómo están los privados de libertad. Y más cuando añade que los que han muerto en prisión, incluso los jóvenes, ya venían enfermos desde fuera. Sin duda es mejor escuchar al papa Francisco y pensar un poco más. Y es que los presos están en situación muy triste. Aunque se les prive de la libertad, fundamentalmente para proteger al resto de la ciudadanía, conservan derechos. E independientemente de los delitos que hayan podido cometer, exhibirlos en fotografías, muchas veces antes de que un juez decida si son culpables o inocentes, viola los estándares de derechos humanos. El trato que se les da durante el régimen de excepción es en muchos aspectos injusto y violador de derechos básicos. Prohibir las visitas familiares, negar información a los parientes, tratar a los niños como adultos, hacinar y poner en riesgo la salud de los detenidos, golpearlos y aislarlos son violaciones serias a normativas latinoamericanas de derechos humanos. Y más cuando un porcentaje de los así tratados han sido detenidos arbitrariamente. Son personas, no daños colaterales en una supuesta guerra en la que los vencedores se dan el lujo de arrasar con el enemigo, caiga quien caiga. Si a esta realidad le añadimos que la mayor parte de los detenidos durante el régimen de excepción son pobres, podemos pensar que algo anda muy mal en El Salvador. Luchar contra la pobreza siempre será más importante que perseguir a los pobres que cometen delitos. Evidentemente, hay que perseguir el delito en todos los sectores sociales, pero prevenirlo es políticamente más inteligente que perseguir al delincuente. Y la mejor manera de prevenir el delito de los sectores empobrecidos es luchar contra la pobreza; tarea esta en la que el Gobierno actual no parece tener la proactividad y capacidad de decisión que muestra en las tareas represivas. El sistema judicial, sometido y servil hasta el presente, debería tener en cuenta la grave responsabilidad que tiene de cumplir tratados y convenciones suscritas y ratificadas por El Salvador dedicadas a proteger los derechos humanos. La omisión de las responsabilidades convencionales puede ser perseguida en algún momento como delito. El papa recordaba a los salvadoreños presentes en la audiencia que “mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país se estén dando signos de no madurez en el camino de plenitud del Pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la Iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio”. Ojalá nuestros obispos sigan repitiéndonos este mensaje del papa y ojalá el vicepresidente, que tan atento estuvo a las palabras de Francisco, influya en el Gobierno para que escuche los reclamos justos de la gente respecto a las violaciones de derechos que se están cometiendo con el régimen de excepción.

Los diputados oficialistas piensan hacer una contribución excepcional para eliminar la basura con la imposición de medidas represivas, multas y cárcel. Pero por muy represiva que pueda ser la legislación, no hará desaparecer la porquería ambiental, porque la normativa es inaplicable. No cuentan con los agentes necesarios para impedir que la población tire desperdicios donde le plazca. Tampoco los tienen para ordenar el tráfico terrestre, otro problema que ha recibido el mismo tratamiento represivo. Las pocas sanciones impuestas se deben más a transeúntes que las registran con sus cámaras que a la acción positiva de agentes de tránsito. El aumento de las sanciones no ha conseguido ordenar un tráfico cada vez más caótico. En el caso de la basura, los agentes tendrían que disponer de una balanza, pues las sanciones se endurecen al lanzar más de dos libras de desperdicios. No cabe duda de que la basura es uno de los elementos que más contribuye a la vulnerabilidad del país, pero reprimir no es alternativa. Mucho más eficaz sería una campaña educativa nacional bien pensada y de largo plazo, la limpieza sistemática de los botaderos habituales, el tratamiento adecuado de la basura recolectada, la promoción del reciclaje y la regulación del plástico, sobre todo, del de un solo uso, ya que buena parte de la basura es plástico. Los legisladores desconocen su oficio y sus responsabilidades. Legislan desde la ignorancia. No les han advertido de la existencia de una legislación variada sobre la basura. Otra campaña de educación vial haría más para ordenar el tráfico que las multas esporádicas; ahorraría combustible y reduciría las emisiones contaminantes. Pero el régimen no está por la educación de la población. Su responsable está más preocupado por la distracción que, según él, causa el contraste del azul y blanco de la bandera en las escuelas que por una educación de calidad y por la dignificación del magisterio. El régimen ha demostrado muy poca capacidad para ejecutar la inversión pública programada. En más de tres años, el nivel de ejecución es casi nulo, mientras las áreas sociales languidecen. La dictadura reprime, en consonancia con la mentalidad autoritaria y violenta predominante desde hace ya varias décadas. Esa mentalidad está convencida de que el mejor gobernante ha sido el dictador de la década de 1930. El actual satisface todos sus atributos, excepto uno. Represión implacable, mano dura, autoritarismo, centralización, excentricidades y reelección. La particularidad que no satisface es la honradez. La eficacia de aquella dictadura es un mito. A mediano plazo, la violencia represiva y el desconocimiento de la institucionalidad no arrojan el resultado esperado. Al igual que el fenómeno de las pandillas, la vulnerabilidad medioambiental y la pobreza, la proliferación y la acumulación de basura por dondequiera supera la capacidad de respuesta del régimen. Esos desafíos muestran que Bukele y los suyos no tienen control del territorio. La afirmación es válida aun en el sentido restringido en el que suelen usarla. Ahora resulta que el llamado plan de control territorial era el paso previo del régimen de excepción. En esa fase, los policías y soldados se habrían familiarizado con el territorio y habrían identificado a los pandilleros, capturados en la fase en curso. Si así fuera, hubieran ido directamente a por ellos, en lugar de recurrir a redadas masivas; habrían reunido pruebas sólidas para sustentar la acusación ante el juez y no tendrían necesidad de procesar grupalmente por crímenes genéricos; y la denuncia anónima no haría ninguna falta. Muy seguros deben estar los responsables de estos desmanes para mentir tan desvergonzadamente. Más les valdría tomar nota de la situación en la que ahora se encuentran los generales y coroneles del conflicto armado, acusados de crímenes de guerra al cabo de cuatro décadas. Hablan de haber defendido al pueblo salvadoreño y de haber hecho prevalecer la institucionalidad contra organizaciones y agresiones “terroristas”, con “honor y valentía”, y a costa de “un enorme sacrificio”. El lenguaje es curiosamente similar al del régimen de Bukele. No sería extraño que cuando pase, este y sus peones, si no han fallecido, enfrenten también la justicia, acusados de corrupción y de crímenes de lesa humanidad. ¿Se atreverán ellos también a descalificar la justicia como “injusta persecución” y “flagrante violación de los derechos humanos”? ¿Solicitarán una amnistía? * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Aunque el asunto ha sido silenciado por parte del oficialismo, el bitcoin sigue siendo tema frecuente de conversación, sobre todo porque los signos parecen indicar que la principal política económica del actual gobierno se ha descalabrado. En una economía maltrecha como la de El Salvador, el presidente Bukele pretendió implementar un sistema económico basado en el bitcoin para buscar soluciones a los problemas estructurales del país. Para ello presentó un paquete de 52 reformas que buscaban atraer inversión extranjera a través de la criptomoneda y la tecnología blockchain como instrumento de liberación económica. Entre esas medidas se incluía la creación de la Bitcoin City, un paraíso fiscal exento de impuestos, sin emisiones de carbono y con minería de criptmonedas. Cuando se anunció el bitcoin, se dijo que su uso abarataría el costo del envío de remesas y permitiría ahorrar hasta 400 millones de dólares anuales. Sin embargo, la idea se desplomó. La más reciente encuesta del Iudop reveló que en lo que va del 2022, el 75% de la población no ha usado el bitcoin. Este dato corrobora los datos del estudio realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos en 2021 que reveló que solo un 20% de los salvadoreños que descargaron la aplicación de Chivo la siguieron utilizando tras gastar los 30 dólares que las autoridades regalaban para promover su uso. De acuerdo a la Camarasal, un 86% de sus empresas afiliadas nunca realizaron una transacción con el bitcoin. Además, solo un 1.6% de las remesas que recibe el país ha sido enviado en bitcoin. Tampoco está claro que este rubro represente un ahorro para los usuarios como se prometió. ¿Por qué ha fracasado, hasta hoy, el bitcoin? Hay factores externos e internos que pueden ayudar a entenderlo. El precio del bitcoin cambia de acuerdo al antojo del mercado internacional abierto. Si la demanda del bitcoin aumenta, sube su precio y si baja, se deprecia. Desde el mes de abril hasta la fecha el mercado de las criptomonedas ha colapsado. Especialistas en el tema estiman que el valor de los bitcoin comprado por el gobierno de El Salvador ha caído hasta 58%. También es cierto que cada vez más gobiernos como los de China y Estados Unidos, toman medidas para regular las criptomonedas y eso ha influido en su depreciación. Pero hay sobre todo factores internos que han hecho fracasar al bitcoin. El principal factor, y que es resultado de los otros factores, es la desconfianza de la población. Las monedas y billetes de curso legal carecen de valor en sí mismos. Su aceptación y uso descansa en la confianza de la gente en que otras personas las aceptarán a cambio de bienes y servicios. Y eso no lo logró el bitcoin que, además, no reúne las condiciones para ser considerada una moneda. En primer lugar, la forma vertical y autoritaria de imponer el bitcoin sin explicar a la población su funcionamiento, pesó más que el respaldo social al presidente. En segundo lugar, la excesiva volatilidad del bitcoin que lo ha llevado a valer menos de la mitad de su máximo histórico afectó, no solo al plan del presidente de emitir los bonos volcán por mil millones de dólares, sino la confianza ciudadana. El bitcoin tiene más características para ser una reserva de valor que un medio de pago o intercambio, es decir, una moneda. En tercer lugar, la suplantación de perfiles en la billetera electrónica Chivo Wallet para cobrar el bono de $30.00 que prometió el gobierno a todo aquel que descargara la aplicación, causó desconfianza en la población. A un mes de implementado el bitcoin la policía, en voz de su director, anunció que los que suplantaban la identidad para retirar el efectivo, serían procesados. La nula efectividad de este anuncio, hasta la fecha, también minó la confianza. Además, en cuarto lugar, los cajeros chivo instalados para operar el bitcoin presentaron múltiples fallas que alejaron a los salvadoreños y salvadoreñas. Esta ha sido la realidad de la medida. El gobierno usó estrategias mediáticas para “aparentar” el éxito de la medida; afirmó que el bitcoin contaba con 4 millones de usuarios, pero la realidad se impuso y entonces se optó por el silencio. Los cajeros Chivo fueron progresivamente abandonados y el dinero de todos los salvadoreños y salvadoreñas invertido en la compra de bitcoin, en su promoción y en la adquisión de equipos e infraestructura, es como leche derramada.

El suicidio es un problema personal grave, pero también un síntoma de malestar social. No tiene demasiado que ver con el tema del desarrollo o del bienestar económico, sino con otros factores de tipo educacional o social. Algunos países, como Francia o Alemania, han duplicado algunos años las tasas salvadoreñas de suicidios. El aislamiento, la falta de perspectivas en la vida, los valores que se cultivan o, más bien, que se dejan de cultivar inciden en el aumento del número de personas que deciden quitarse la vida. En El Salvador, si bien no estamos entre los países con mayor proporción de suicidios a nivel mundial, sí nos ubicamos en un rango que podemos calificar de peligroso. En efecto, en el país, la tasa de suicidios supera, aunque ligeramente, la cifra de 10 suicidios por cada cien mil habitantes. Ello hace que a nivel global estemos catalogados entre los países que se considera sufren una epidemia de suicidios. De hecho, somos en Centroamérica el país con la mayor tasa de este doloroso fenómeno. Tanto las naciones vecinas con mayor desarrollo que nosotros, como las que tienen una problemática mayor en el campo de la pobreza tienen tasas inferiores a la nuestra, en algunos casos incluso de menos de la mitad. Sin embargo, no es frecuente, probablemente por desconocimiento, que el tema aparezca con el debido interés en el debate nacional. Solo cuando los suicidios afectan a instituciones estatales, la preocupación aflora, aunque únicamente enfocada a la instancia que sufre especialmente la epidemia. Tal es el caso de los suicidios de policías, que ha aparecido recientemente en algunos medios. El fenómeno recibió atención hace algunos años, durante la administración de otro Gobierno. Aunque ciertas instituciones han tratado de ayudar en este campo a la PNC, solo en algunas ocasiones los mandos policiales mostraron algo de interés en el tema. La diferencia y desigualdad entre la comodidad de los mandos y la vida difícil y compleja de la base policial es uno de los factores que puede degenerar en estados depresivos de los agentes. Ante estos datos es importante que reflexionemos y que demos pasos para enfrentar el problema. Pasar indiferentes ante el suicidio es conformarse con una situación que puede afectarnos a todos. Una situación que en sí misma es fruto no solo del dolor individual de las personas, sino de una sociedad poco atenta al sufrimiento de los demás y muy poco dispuesta al cuidado preventivo. Desde hace años ,el número de psicólogos dentro de la PNC es insuficiente para atender los problemas de muchos de los que pertenecen al cuerpo policial. No es un trabajo fácil y necesita apoyo. Y más ahora, cuando el régimen de excepción ha significado una multiplicación de tareas y un modo de actuar que a algunos agentes les crea un dilema moral, por la arbitrariedad y el abuso cometido. También el sistema público está mal dotado para las necesidades de salud mental. Un país que ha sufrido una guerra civil deja siempre detrás una estela de sufrimiento y sinsentido que debe ser seriamente atendida. Por otra parte, después de prácticamente dos años de educación virtual, los niños y niñas regresan a un sistema escolar con una severa ausencia de psicólogos en el sector público. No hay duda de que el encierro y el miedo, unidos a la crisis económica que ha golpeado a muchos, aumenta tensiones y problemas mentales tanto en los adultos como en los niños. Seguir como si no hubiera pasado nada no es lo más conveniente para la salud social. Mientras en la escena internacional se advierte del estrés y los problemas sicológicos causados por la situación vivida durante la pandemia, nosotros no hemos hecho un esfuerzo para evaluar los daños y problemas surgidos en ese tiempo. En medio de la positiva preocupación por la primera infancia, bueno sería que el Gobierno se preocupara también con un interés creciente por la salud sicológica de sus empleados y de sus usuarios, especialmente en el área de la Policía, la salud pública y la educación.

La esperanza encuentra suelo fértil en los pueblos centroamericanos. Hace décadas, la esperanza en que la paz fuera fuente de una sociedad más justa y un desarrollo equitativo se mantuvo en El Salvador pese a la barbarie y el sinsentido de la guerra. Cuando la frustración y los golpes de la realidad indicaron a muchos que ese sueño era una ilusión, la migración se multiplicó, la esperanza se puso en otro lugar, en el Norte desarrollado. Por otra parte, los cambios de rumbo en la política nacional, como en su momento fueron el gane de Mauricio Funes y el de Nayib Bukele, han tenido como trasfondo la esperanza popular de un futuro diferente. Sin embargo, la esperanza solo se mantiene cuando se persiguen fines objetivamente buenos y se comprueba el avance hacia los mismos. La lentitud en los procesos, las actitudes ambiguas y los retrocesos en el desarrollo humano marcan el surgimiento del miedo. Este es un proceso irreversible, por más que los poderes establecidos busquen mantener la ilusión invirtiendo en propaganda, otorgando favores a propios y extraños, y realizando promesas y actividades con escenarios y efectos de ciencia ficción. Lo cierto es que o se avanza claramente hacia el desarrollo, o la esperanza se pierde y surge el miedo. Y cuando este se apodera de la gente, solo los testigos de la verdad y la fe generan esperanza, porque su actitud ante la vida demuestra que la fidelidad a determinados valores es siempre más fuerte que el mal. En el país se ven a diario señales de ruptura de la esperanza. La práctica desaparición de los mecanismos de control del poder político ha supuesto un balde de agua fría para buena parte de la clase media y del sector profesional. A la migración por causas económicas se le ha sumado la que nace del miedo a un poder político prepotente y antidemocrático muy amigo de repartir condenas judiciales sumarias. La indebida relación entre fines y medios en la persecución de la delincuencia, plagada de violaciones a derechos básicos, ha aumentado la incertidumbre entre amplios sectores de la población. Asimismo, la reducción del presupuesto2023 a sectores claves como salud y pensiones, que contrasta con el aumento al rubro de comunicaciones (es decir, propaganda), rebajará los niveles de esperanza en un porcentaje de la población. E igual resultado tendrán el lujo del que hacen gala los nuevos ricos de Nuevas Ideas. El Salvador necesita diálogo para renovar la esperanza. Si alguna guerra tiene que hacer el Gobierno de Bukele, es contra la pobreza. La actividad económica siempre ha beneficiado en exceso a unas minorías, dejando en la pobreza o en la vulnerabilidad a las mayorías. Y hoy todo indica que se están reforzando estatalmente los patrones neoliberales de funcionamiento, al tiempo que se trata de adornar la situación con promesas de obras extraordinarias, propaganda sin contenido real y ataques a la sociedad civil crítica. La esperanza es un bien profundamente humano. Cultivarla es indispensable para construir un futuro respetuoso con la dignidad humana. En este sentido, es fundamental que el poder sepa hacer suyos los dolores y limitaciones de la gente, dialogar sobre la problemática social y dar pasos eficaces en la superación de los males nacionales. Lo contrario, cerrar los ojos al dolor que produce la exclusión, negarse al diálogo y mantener la estructuras tradicionales que provocan desigualdad y violencia, solo lleva a la pérdida de la esperanza y al fracaso.

No solo sería interesante, sino necesario y un acto de honestidad con la población que el Gobierno de Bukele dijera con claridad hacia dónde pretende llevar a El Salvador. Cuarenta meses después de llegar a la Presidencia de la República, el presidente no ha presentado un proyecto de país que permita dar certeza de qué busca lograr con sus acciones. Ante ese vacío, no queda otra alternativa que intentar deducirlo a partir de las obras, aplicando la máxima evangélica de “por sus obras los conocerán”. En los últimos meses, las principales decisiones del Ejecutivo y el legislativo muestran que el país va en una dirección bien concreta. Tanto la decisión de aprobar y mantener un régimen de excepción como las reformas legales encaminadas a restringir derechos constitucionales apuntan claramente a que se está imponiendo un Estado policial, entendido como aquel que busca tener un estricto control sobre toda la población, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y los derechos ciudadanos, ya sea mediante una fuerza de seguridad no civil o un gran despliegue de mecanismos de vigilancia, o una combinación de ambos. En un Estado policial, los cuerpos que realizan funciones de seguridad son omnipotentes y omnipresentes, mientras que el individuo está desprotegido frente al poder y sus abusos. El Estado policial es lo contrario a un Estado de derecho. La Constitución de la República, en los artículos del primero al vigésimo octavo, le otorga a la población una serie de derechos que solo pueden ser restringidos de manera excepcional y sin afectar el ejercicio de sus libertades y la protección de su privacidad. En este sentido, la posibilidad de detener a una persona por tiempo indefinido sin motivo ni evidencia de que haya infringido la ley, sin que medie orden judicial y sin investigación policial seria es la prueba más evidente de que la ciudadanía ha perdido las garantías constitucionales, quedando a merced de la arbitrariedad de las autoridades. No satisfecho con ello, el régimen sigue presentando y aprobando, sin análisis ni debate, medidas orientadas a que el Estado pueda ejercer un mayor y más férreo control sobre la población. Las reformas aprobadas por el oficialismo a la ley de telecomunicaciones y a la ley contra el crimen organizado son los ejemplos más recientes. Ahora todas las comunicaciones podrán ser intervenidas y controladas sin necesidad de orden judicial. El Estado tendrá acceso a la correspondencia ordinaria y electrónica, a las llamadas telefónicas, a todo lo que se escriba, hable o postee a través de las redes sociales, en plena contradicción con, entre otros, el artículo 24 de la Constitución, que prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas. Si El Salvador contara con una Sala Constitucional independiente, con seguridad estas reformas serían declaradas inconstitucionales, pues niegan las garantías que la Carta Magna da al pueblo salvadoreño y la convierten en letra muerta.

En los frecuentes disparates del régimen, a veces, la verdad se cuela impertinentemente. Ejemplo de ello es la reciente explicación de las muertes ocurridas en las prisiones de los Bukele. Su responsable alega que “no se ha confirmado ninguna muerte […] que no esté vinculada al tema de la salud”. Los detenidos, según él, ingresan en prisión con graves enfermedades crónicas. Algunos, sigue la aclaración, ni siquiera lo saben, hasta que la revisión médica del penal la diagnostica. Así, pues, bienvenidas sean las capturas de la excepción, que brindan a sus víctimas la oportunidad para descubrir el mal estado de su salud. Sin embargo, hay quienes rechazan el tratamiento y mueren, dice el funcionario. Los certificados de defunción, elaborados por el régimen, suelen confirmar la versión oficial. Atribuyen las muertes a edema pulmonar o a padecimientos similares, aun cuando los cadáveres muestran señales visibles de tortura y los testimonios del maltrato ya abundan. Bien entendida, la versión oficial pone en aprietos a quien quiere librar de responsabilidad, pues admite que buena parte de la población está enferma y sin atención médica adecuada. La mayoría ni siquiera lo sabe. Los enfermos sufren durante meses ante de pasar consulta, aguantan colas interminables, no reciben medicación y soportan maltrato. Estas penurias no son nuevas, tampoco se han reducido. En los más de tres años de gestión, Bukele no ha mejorado el sistema nacional de salud. Gasta pródigamente en militares, en armamento, en represión y en frivolidades como darle al alumbrado público de zonas exclusivas el color oficial, pero no en la salud de la gente. Los hospitales tienen menos presupuesto que las mascotas; los animales encuentran mejor atención que las personas. Tal vez convenga repensar las declaraciones del carcelero mayor del régimen, que habría pecado de exceso de celo al defender a Bukele. Pero entonces la causa de la creciente cantidad de fallecidos en sus cárceles queda en el limbo. En cualquier caso, esas muertes son responsabilidad directa del mandatario y sus acólitos. El estado de la salud pública pone de manifiesto que las prioridades del régimen de los Bukele no son las de la población, incluidos aquellos que lo saludan como su salvador. En el país, la inflación, el desempleo y la pobreza golpean más que las pandillas. El control de los precios, supuestamente riguroso, y el subsidio a los derivados del petróleo no pueden contener el creciente costo de la vida. Aparte del bitcoin, una tabla de salvación financiera fracasada, Bukele no tiene una propuesta viable para detener la emigración y, mucho menos, para que la diáspora comience a regresar, tal como quisiera. Al contrario, el flujo de los que huyen de su dictadura tiende a aumentar. La diáspora, aparentemente crucial para conservar la mayoría legislativa, tampoco figura entre sus prioridades. Se ha desentendido de la preservación del estatuto de protección temporal (TPS) estadounidense, crucial para miles de inmigrantes. Si algo le interesa es evitar el colapso financiero. Gasta millones de dólares en contratos de asesores extranjeros. La mayoría se siente ahora más segura, pero, según la última encuesta de la UCA, también reprueba con claridad meridiana la brutalidad policial y militar, la falta de garantías jurídicas y la tortura. Pareciera que la excepción se agota como fuente de popularidad de la dictadura. Tendrá que inventar otra cosa. ¿Qué hará con los más de 50 mil detenidos? ¿Los retendrá indefinidamente en sus cárceles, a pesar de la carga financiera que implica para la hacienda pública, de la creciente erosión de la opinión pública y de la responsabilidad por las vidas de los detenidos? ¿O los liberará gradual y discretamente para disimular el fracaso? El llamado plan de control territorial corrió la misma suerte. El comienzo fue brillante en términos publicitarios, hasta que cortocircuitó y lo reemplazaron con la excepción. Además de improvisar y de gobernar de cara a la popularidad, la dictadura juega con la vida de decenas de miles de personas y sus familiares. Simultáneamente, Bukele ha pedido oraciones para suplir el abandono de la vulnerabilidad del país. La enrevesada formulación cantinflesca de la petición desafía a los maestros de la espiritualidad. En el fondo, simple ignorancia, revestida de piedad trivial. El decreto embrolla introspección, meditación, estabilidad emocional, oración, espiritualidad y esperanza. No sabe qué pide, pero sí por qué pide. Solicita oraciones para que las lluvias torrenciales no causen inundaciones, derrumbes y pérdidas humanas y materiales. Esa oración es una coartada para deberes no realizados a su debido tiempo y tiene mucho de “yo”, “mí”, “me”, “conmigo”, “para mí”. Es la oración del fariseo, donde hay mucho yo, pero poco Dios. La negligencia gubernamental, por lo general, solo golpea a la población con menos recursos y más desprotegida; paradójicamente, aquella donde la dictadura concentra el respaldo incondicional. Una

“Para mí, el padrón electoral es la columna vertebral del sistema electoral. Sin un registro electoral confiable, actualizado, depurado permanentemente, cualquier proceso electoral resultaría con un fuerte grado de contaminación y no reflejaría exactamente cuál es la voluntad del cuerpo electoral”. Estas palabras fueron dichas por el ahora vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en el programa Abriendo Puertas del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, transmitido por Radio YSUCA en 2014. Ulloa tenía toda la razón: en un estado democrático, en el que se reconoce el derecho al sufragio activo, el padrón electoral es imprescindible en tanto herramienta para contabilizar y dejar constancia de quiénes pueden votar y quiénes ya lo han hecho. El padrón es una garantía de la democracia, pues permite contabilizar los votos de manera efectiva e impedir que alguien vote más de una vez en un mismo ejercicio electoral. Sin embargo, los diputados oficialistas, partiendo del argumento de que el padrón es muy engorroso, decidieron dejarlo fuera de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, aprobada el pasado 18 de octubre. Que los y las migrantes tienen derecho a votar, está fuera de discusión. Pero el voto en el exterior debe hacerse bien, sin artimañanas que manipulen la voluntad de los migrantes para favorecer a una fuerza política. Que en la recién aprobada ley no se incluya el padrón electoral no solo es una grave deficiencia, sino también un signo de alarma sobre la intencionalidad de la normativa. Y no es esa la única falencia. Los diputados oficialistas contradicen tanto lo dicho por el ahora vicepresidente como al presidente de país. Una sentencia de la Sala de lo Constitucional mandó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que permitiera a los salvadoreños en el exterior votar también por los consejos municipales. En 2020, Nayib Bukele vetó una ley del voto en el exterior precisamente porque no contemplaba que los compatriotas votarán por concejos municipales. “Adefesio jurídico”, le llamó entonces el mandatario. Siendo así, la ley aprobada es otro adefesio jurídico: a los compatriotas en el extranjero solo se les permitirá votar para elegir presidente, vicepresidente y diputaciones. No podrán hacerlo para concejos municipales ni para el Parlacen, por lo que esta ley también viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional. La ley del régimen contempla dos modalidades para votar en el extranjero en 2024: la electrónica presencial, que se realizará en consulados y centros de votación, y la remota, que se realizará por Internet. Los migrantes podrán votar con su pasaporte o su DUI, sin importar que esté vigente o vencido. Quienes en su documento de identidad estén domiciliados en El Salvador tendrán que votar el domingo 4 de febrero en los consulados o centros de votación habilitados. Quienes en su documento estén domiciliados en el extranjero votarán por Internet y tendrán 30 días para ejercer el sufragio. Así, las personas que deberán desplazarse para emitir su voto solo tendrán un día, pero aquellos que podrán votar por Internet, lo cual solo les tomará unos minutos, tendrán un mes para hacerlo. Además de esta contradicción, todos los votos por Internet serán para elegir las diputaciones de San Salvador. Y la ley prohíbe a los partidos políticos vigilar el voto por Internet, incluso excluye al mismo Tribunal Supremo Electoral, y obliga a contratar a un tercero para que audite el programa de computación utilizado. Y como ya es costumbre en el régimen, la ley autoriza al Tribunal saltarse la Lacap en las compras que se deriven del seguimiento al tema electoral. De este modo, gracias a la ley de Nuevas Ideas y sus aliados, no se podrá detectar si una persona, aprovechando que tiene domicilios diferentes registrados en su DUI y pasaporte, vota dos veces. Tampoco se podrá garantizar la autenticidad de los votos por Internet. Diversos analistas creen que con esta ley hasta los muertos podrán votar. Este panorama alienta el temor de que las elecciones de 2024 no sean limpias ni transparentes. Si a miles de salvadoreños les suplantaron la identidad registrando su DUI en la billetera electrónica Chivo, ¿qué impedirá que eso suceda masivamente el día de las elecciones? En este sentido, la ley aprobada es una invitación al fraude electoral.

El viernes 14 de octubre, la abogada Raquel Caballero de Guevara fue electa como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Caballero ya había ocupado ese cargo en el período 2016-2019 y fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) por haber promovido a su hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, al cargo de asistente técnica, además de haberle aumentado el salario. Caballero también fue reconocida porque, durante su primera gestión como procuradora, cerró la mesa de temas LGBTI y por su postura en contra de la despenalización del aborto. De igual forma, Caballero de Guevara fue una de las funcionarias que apoyó la implementación de medidas extraordinarias en los centros penales del país durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. Es necesario recordar que dichas medidas también ocasionaron graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según las denuncias de distintas organizaciones. Por todos esos antecedentes, en realidad, no es sorpresiva la elección de Raquel Caballero. La bancada legislativa y sus aliados eligieron a una procuradora que no cumple con el requisito de tener “moralidad notoria”, pero que tiene historial de no incomodar al gobierno de turno, de no cumplir con sus mandatos constitucionales. En síntesis, Caballero es un perfil ideal para complacer al Gobierno del presidente Bukele, la procuradora que necesitaba. Sin embargo, como ya mencionamos en un editorial de hace algunas semanas, que la persona al mando de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tenga un historial como el de Raquel Caballero es un hecho desesperanzador y un duro golpe para distintos sectores y poblaciones vulnerables de la sociedad salvadoreña. Las víctimas de detenciones arbitrarias y de ejecuciones extrajudiciales, las del conflicto armado, las personas despedidas injustificadamente de instituciones gubernamentales, las personas que luchan por los derechos sexuales y reproductivos, la población LGBTI, las mujeres, los pueblos originarios, los defensores del medio ambiente, etc. estarán aun más desamparados en un contexto que cada día es más hostil y violento para la defensa de los derechos humanos y de los bienes naturales. En sus primeras declaraciones, luego de ser juramentada en su cargo, Raquel Caballero indicó que la PDDH tendrá como prioridad la creación de un observatorio electoral que, entre otras cosas, se encargará de monitorear la situación del voto en el exterior en 2024. La Asamblea Legislativa recién aprobó la normativa en la que se establecen las disposiciones para el ejercicio del sufragio en el extranjero. Según notas periodísticas, dicha ley permitirá el voto electrónico presencial en consulados y centros de votación en el extranjero y el voto remoto a través de internet. La ley no estipula la creación de un padrón electoral y autoriza al Tribunal Supremo Electoral (TSE) saltarse la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y lo obliga a contratar a un ente externo para el manejo del sistema. Como vemos, esta ley deja muchas dudas y ofrece pocas garantías para la integridad de las elecciones de 2024. En ese sentido, que la PDDH y otras instancias estatales involucradas en el proceso electoral estén cooptadas por el oficialismo, es un elemento más que resta credibilidad al desarrollo y a la supervisión de las elecciones de 2024. La cooptación de las instituciones de control es una pieza clave para legitimar violaciones a los derechos humanos o para minimizar irregularidades en los procesos electorales, para tapar actos de corrupción, para favorecer a grupos económicos cercanos al gobierno y, sobre todo, para la consolidación del autoritarismo. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 108.

En El Salvador, se ha solido escuchar más al Gobierno estadounidense que a las instituciones internacionales de derechos humanos. Hoy la novedad es que no se presta oídos a ninguna instancia externa, mucho menos si tienen una palabra crítica sobre la marcha del país. Sin embargo, desoír a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo reafirma la creencia de que los problemas se resuelven con fuerza bruta. Tal vez esta aminore la violencia en algún momento, pero la frase tantas veces repetida de que la violencia engendra violencia responde a la experiencia universal de que los comportamientos injustos, tarde o temprano, provocan un aumento de la agresividad y el delito. Diversas instancias internacionales están alarmadas por la falta de independencia de los poderes del Estado, por la inacción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante los abusos de las fuerzas de seguridad, por la parcialidad en los juicios y por la muerte de detenidos, algunos de ellos con señales de tortura. No se cumplen, además, estándares básicos de derechos humanos en los procesos vinculados al estado de excepción. Las quejas son serias. Y la desconfianza en las autoridades aumenta debido a la superficialidad con la que se rechaza o responde dichas quejas. El director general de centros penitenciarios insiste en que todo está bien en las cárceles, pero es muy difícil creerle al ver las fotografías, publicadas por la misma institución que dirige, en las que se exhibe directamente el maltrato a privados de libertad. Las encuestas de opinión, si bien ofrecen datos de una aprobación relativamente amplia del estado de excepción, muestran cada día con mayor claridad que los abusos que se cometen contra los detenidos y sus familiares son rechazados y despiertan la crítica ciudadana. Negar garantías judiciales mínimas a los privados de libertad, así como información a sus familiares, hiere cada vez más la conciencia de la población. La ONU le ha pedido al Estado salvadoreño que las ONG nacionales de derechos humanos tengan acceso “a las instituciones penitenciarias de manera que puedan monitorear el disfrute de los derechos consagrados” en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ratificado por El Salvador. Por supuesto, a la mayoría de funcionarios públicos de alto rango y a los poderes del Estado afines y plegados al Ejecutivo les tienen sin cuidado los compromisos y acuerdos que El Salvador ha firmado y ratificado. Si todo es tan perfecto como dice el director general de centros penales, no se explica el miedo, secretismo y cerrazón absoluta que el Gobierno mantiene hasta la fecha. Ver a las instituciones de la sociedad civil como enemigas y no aprovechar sus señalamientos para mejorar el respeto a los derechos humanos es uno de los mayores errores del régimen actual. Prescindir de los tratados internacionales firmados y ratificados por El Salvador es una arbitrariedad que tendrá repercusiones en quienes ahora se ufanan de hacer lo que les da la gana.

Una vez más un fenómeno natural -esta vez la tormenta tropical Julia- tuvo en vilo a la mayoría de la población de los países centroamericanos, pero especialmente sufrieron angustia quienes siempre padecen las inclemencias del tiempo. Hasta el martes 11 de octubre en El Salvador, según registros de Ysuca, se registran 10 personas fallecidas, incluyendo a cinco soldados que murieron soterrados, más de dos mil personas albergadas, decenas de árboles caídos, derrumbes y deslizamientos, ríos desbordados, puentes colapsados, caminos y carreteras interrumpidos, pérdidas de pertenencias de miles de familias que viven en las zonas afectadas por inundaciones, etc. Como efectos indirectos hubo cortes de energía eléctrica en algunas zonas del país, las clases y actividades educativas en general se suspendieron así como diversas empresas e instituciones tuvieron que hacer un alto en sus actividades. Estos eventos han sido cada vez más frecuentes y son un golpe de mesa para que entendamos la gravedad de la situación en que viven grandes sectores de la población y el progresivo deterioro del territorio salvadoreño. La emergencia provocada por la tormenta Julia, como sucedió con Iota y Amanda, nos pone al desnudo frente a nuestros ojos las consecuencias de un modelo de organización de la sociedad y la economía que pone en el centro al dinero y no a las personas. Ojalá que con los desbordes del río Lempa, del río Grande en San Miguel, del río Arenal en San Salvador, o del río Chilama en La Libertad, por mencionar algunos que repiten este fenómeno, por fin comprendamos que ningún proyecto de desarrollo que entienda el progreso como encementar al país y no preservar y proteger el medio ambiente, tiene viabilidad a mediano plazo. La naturaleza es sabia, y cuando se impermeabiliza el suelo o cuando se cortan o desvían los caudales de ríos y quebradas por construir grandes edificaciones urbanísticas, ella misma busca los caminos por donde encontrar salida. Ojalá que por fin lleguemos a asimilar que las inundaciones en lugares donde antes no ocurrían, que los desbordes de quebradas que antes no se daban, que la ingente cantidad de agua que cae del cielo, tienen que ver con un cambio climático, que es real, que nos afecta directamente y que es consecuencia de las destrucción, por parte de ser humano, del único planeta que tenemos, por hoy, para vivir. Ojalá que entendamos que la insuficiencia de drenajes y alcantarillas en las calles de las ciudades por atiborrarlos de basura, es lo que, en parte, provoca inundaciones y desgracias en calles y avenidas. La tormenta Julia también desnudó que son los mismos sectores empobrecidos, los que viven en zonas marginales, a la orilla de ríos y barrancos, los más afectados porque viven en condiciones que no son dignas de un ser humano y de un país que en sus leyes proclama que todos y todas somos iguales. Ojalá que esta emergencia permita aprender por fin que el Sistema Nacional de Protección Civil debe fundarse en la participación de las mismas comunidades porque son ellas las que, mejor que nadie, conocen su territorio, a su gente y se pueden organizar de una manera más efectiva. Imponer medidas y decisiones asumiendo que las autoridades saben lo que la gente necesita es, además de prepotente y autoritario, un craso error de la presente administración que causó muchos contratiempos en esta y las emergencias anteriores. En fin, ojalá que por fin se entienda que la comprensión del riesgo de sufrir desastres sociales y económicos a causa de fenómenos naturales radica en gran parte en entender la vulnerabilidad, sus formas y su evolución en el territorio. Es cierto que los fenómenos naturales son impredecibles, pero también es cierto que se pueden mitigar los daños. Un huracán puede pasar sin derrumbar puentes y muros causando dolor y daño, mientras que solo una lluvia intensa puede causar pérdidas de viviendas e infraestructura. La clave está en la vulnerabilidad de la población y del territorio. Una “vivienda” construida sin los materiales adecuados y en una zona de riesgo es mucho más vulnerable que otra construida en un lugar seguro y con materiales correctos. De la misma forma, un territorio deforestado es más vulnerable que otro en que se respete y proteja la naturaleza. Ojalá también la gente entienda que a los políticos no les ha importado proteger a la naturaleza ni a las personas pobres, porque estos eventos de emergencia les sirven como justificación para extender la mano y solicitar ayuda internacional que nunca llega a las personas más vulnerables. Ojalá que por fin aprendamos. Ningún proyecto económico o político será viable, si no garantizamos tener un medio ambiente saludable y sustentable para todos y todas. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 107.

El paso de la tormenta tropical Julia por nuestro país ha creado un desastre severo para muchas personas. Una vez más se constata la debilidad que tenemos en la prevención del desastre, en unos tiempos en los que el indetenible proceso de calentamiento global augura tanto tormentas como sequías más violentas y duraderas. Después de cada desastre, se habla siempre de prevenir, pero el siguiente acontecimiento destructivo que nos sacude nos encuentra de nuevo mal preparados. No hay un censo efectivo de lugares en riesgo ni una normativa que planifique modos de superación de la vulnerabilidad. No hay planes estatales de vivienda rural que evalúen lugares peligrosos y que ayuden a los campesinos a construir en zonas seguras y con calidad de materiales. En general, el riesgo de los pobres no se tiene en cuenta hasta que el huracán, el terremoto o la sequía afecta. En cambio, se otorgan con facilidad permisos ambientales para construir casas caras, a las que no tiene acceso el sesenta o setenta por ciento de los salvadoreños, pero que afectan humedales, reservorios de agua y el acceso al agua de sectores vulnerables. Las construcciones en ladera acumulan y acrecientan las corrientes de agua hacia las partes bajas en algunas ciudades como San Salvador. Pero parece que los problemas que se generan no importan cuando se trata de beneficiar negocios particulares. La prevención ha estado también ausente en la agricultura. El uso de pesticidas y agroquímicos continúa siendo un problema para el país. El glifosato, el paraquat y los compuestos de 2,4-D se usan en agricultura sin mayor control, a pesar de las evidencias de que han sido, al menos parcialmente, la causa de la insuficiencia renal crónica, verdadera plaga nacional. Por otra parte, si bien la prevención de diversas enfermedades ha avanzado gracias a las vacunas, el Estado no tiene un compromiso serio en prevenir padecimientos de salud relacionados con intereses económicos del gran capital. La diabetes y la ateroesclerosis, causadas con frecuencia por una dieta cargada de grasa y azúcares, y muy comunes en El Salvador, no cuentan con medidas adecuadas para prevenirlas, ni siquiera mediante campañas nutricionales. Los intereses económicos tienen mayor peso que la salud pública. La palabra prevención está escrita con letra pequeña en el diccionario salvadoreño y es difícil encontrarla. El papa Francisco, en su carta encíclica Laudato si, señalaba que hay en el mundo demasiadas personas pobres o vulnerables, cuyos “medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales”. Advierte también de la cada vez más baja calidad del agua de consumo en favor de la privatización y comercialización de la misma, que pone en grave riesgo la salud de los pobres y les niega “el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. La situación en El Salvador no es ajena a la denuncia del papa. La necesidad de actuar en la prevención del desastre no solo es una responsabilidad ciudadana coherente con los derechos humanos, sino que además es, para todos los cristianos, una exigencia derivada desde el mandato evangélico del amor. Agravada la situación del país por la enfermedad evitable y por el desastre, así como por la debilidad de los sistemas de protección social, a los pobres y vulnerables no les queda más remedio que emigrar o morir en medio del abandono. Con razón insiste el papa Francisco en que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Un tema grave, porque el conjunto de pobres y vulnerables ronda con facilidad el 75% de nuestra población, aunque no todos se vean afectados con gravedad por la crónica irresponsabilidad del Estado en el terreno de la prevención.

La naturaleza humana necesita ídolos para creer, estúpidamente, que la identificación con ellos hace a sus adoradores un poco más grandes y poderosos. La gente encuentra ídolos en el deporte, el ámbito religioso, la farándula y la política. La relación de los adoradores con su ídolo es extremadamente apasionada y, por tanto, no entiende de razones. No obstante, los ídolos suelen desaparecer sin dejar rastro y son reemplazados por otros, con tranquilidad prodigiosa. Los gerifaltes de Arena nunca imaginaron que su fundador y su himno caerían en el olvido. Lo mismo vale para los del FMLN: Farabundo y la revolución socialista ya son cosa del pasado. No es extraño, entonces, que los alcaldes otrora de esos partidos actualicen su idolatría. No se desplazan por principios, si alguna vez los tuvieron, sino por simple conveniencia. Venerados en su día, hasta el extremo de entregarles bienes y vidas, de esos ídolos no queda nada. Otro los ha sustituido. Algunos grandes capitales cambian también de ídolo sin remordimiento. El ídolo se levanta, en parte, por una mezcla de cualidades personales y ambición de poder, a veces con rasgos mesiánicos; y en parte, aupado por las circunstancias. Encuentra seguidores, que se identifican con él convencidos de que su poder, su afluencia económica y su bienestar son también suyos. La identificación hace creer a los adoradores que ellos también son importantes y poderosos. Viven, sienten y actúan a través de su adorado líder. La entrega es tan total que sus hambres y enfermedades, sus humillaciones y sufrimientos se desvanecen en el ídolo. Los idólatras creen a pie juntillas en sus promesas. Su palabra es vida verdadera y duradera. Por eso, agreden ferozmente a quien la cuestiona o la contradice. Desacreditar esa palabra es despojarlos de sus expectativas y lanzarlos al vacío. El idólatra, desengañado o cansado de bregar contra circunstancias adversas, entrega confiadamente su destino al ídolo. No piensa, sino obedece; no conjetura, sino acepta ilusionado. Su finalidad es la vida del ídolo, porque cree que en ella se resuelve la propia. Sobra decir que el ídolo alimenta esa creencia, pues de esta depende su subsistencia. El ídolo vive de los adoradores y su culto. Sin estos, se desmorona. El embrujo idolátrico impide que el creyente adquiera conciencia de que en la incondicionalidad y el servilismo se le escurre la vida. Mientras se desvive para dar vida al ídolo, pierde la suya. El ídolo devora a sus adoradores. Estos no contemplan la finitud del ídolo hasta que este se desmorona. Sus expectativas son tan vitales y están tan arraigadas que aceptar la contingencia de lo adorado es admitir su propia impotencia, fragilidad y, en definitiva, transitoriedad. Lucharán, incluso le entregarán su vida, con tal de conservarlo en el pedestal. La gran equivocación de Arena y del FMLN, y antes de la democracia cristiana de Duarte, fue entregar cuerpo y alma a sus respectivos ídolos. La capitulación les impidió pensar críticamente y desarrollar una praxis política creadora y constructiva. Ahora bien, alejarse del ídolo no es fácil, pues amenaza con castigos severos a quienes osan rebelarse o fugarse. Cuando se cumpla el tiempo del ídolo, el encanto se romperá y aparecerá la realidad en toda su crudeza. Los creyentes se encontrarán no solo en una situación peor que antes, sino también desengañados y frustrados. Entonces, saldrán en busca de otro ídolo, a quien entregar su decepción y sus expectativas, para que las transforme en nuevas ilusiones que les ayuden a sobrellevar la adversidad con renovado aliento. El círculo se repite sin solución de continuidad. La naturaleza humana se rebela contra su poquedad y su pequeñez. Se revuelve contra la impotencia y la fugacidad. Quisiera ser como Dios. Pero como este es insondable, las personas construyen ídolos manejables, de los cuales deriva la grandeza y el poder que añoran. Ese fue el intento de los constructores de la torre de Babel. Se propusieron llegar al cielo, pero, en el camino, la ambición los confundió. Los proyectos idolátricos no se caracterizan por la coherencia, la solidez y la racionalidad. La ambición ofusca de tal manera que la contradicción y la mentira son constantes y desvergonzadas. No puede ser de otra manera, dada la perversidad de su tentativa. Los constructores de estas torres dejan ruinas y muerte a su paso. Las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, prohíben terminantemente la idolatría. La tradición judeocristiana rechaza el culto a cualquier criatura. El islam no tolera la reproducción de la imagen humana, porque usurpa el derecho divino de infundirle vida. Paradójicamente, la inmensa mayoría de los practicantes del culto idolátrico se dicen creyentes en el Dios de Abraham. A ellos cabe recordarles de modo muy particular la orden clara del Deuteronomio: “Escucha, Israel, el Señor, Nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fue

Los gobiernos populistas y autoritarios van en ascenso en el mundo. Desde el control de las instituciones, mantienen políticas agresivas contra las minorías y los opositores. Seducen a la población con su crítica a los partidos y políticos tradicionales, usualmente demasiado cargados de discursos ideológicos y de serias contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Meten velocidad a sus proyectos sin reparar en gastos o en legalidades, y buscan culpables de los problemas en los migrantes, los extranjeros o cualquier sector social que despierte miedo o rechazo a causa de prejuicios existentes. No admiten la crítica y tienden a un nacionalismo fanatizado que se apoya en la fuerza militar o policial. Esa tendencia se da en países desarrollados, generalmente con partidos conservadores y con una clase media asustada por alguna crisis. En América Central, la tendencia se repite, con la diferencia de que en el istmo el autoritarismo populista se aúpa en los sectores empobrecidos, ávidos de cambio, que ven en la autoridad fuerte, una esperanza. En Nicaragua, el régimen de Ortega, ya una dictadura en forma y contenido, reprime con brutalidad a la oposición. Lo siguen, con formas más suaves y más sofisticadas, el resto de los países centroamericanos. En El Salvador, Nuevas Ideas llegó al Ejecutivo montado en un partido taxi y posteriormente arrasó en la elección legislativa. Con los dos poderes bajo su control, la toma de las demás instituciones estatales se llevó a cabo con rapidez, prescindiendo de toda legalidad, procedimiento o principio. La agilidad en la toma de decisiones, la efectividad de algunas de ellas, el lenguaje desinhibido, y la entrega de bienes básicos en momentos de emergencia sedujeron a una buena parte de la población. En un cultura autoritaria y machista, el autoritarismo gusta, porque da la impresión de eficacia. Sin embargo, el modo de gobernar, más allá de la propaganda, no se separa de los vicios del pasado. El endeudamiento tiene un ritmo galopante, la lucha contra la pobreza como fenómeno estructural es escasa o prácticamente nula, la violencia ilegal se combate mediante la violencia legalizada del Estado sin atender a las causas estructurales del delito. Las promesas son muchas y muy grandes, pero el ritmo de cumplimiento es lento. La prevención de desastres continúa inoperante; la corrupción aflora en ciertas dependencias. Se exige fidelidad absoluta tanto a los propios como a los aliados, y la cultura del diálogo se ha sustituido por la burla, el insulto y la intolerancia. El mundo de la política, de los principios, de la búsqueda del bien común se ha cambiado por la propaganda y el espectáculo. Lo que importa es seducir. Pero lo que se produce es una seducción triste, porque no cumple con lo que ofrece y, por ello, está llamada al fracaso. La deuda, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en la medida que se perpetúan, producen decepción. Además, los modos de ejercer el autoritarismo empiezan a a caer en el ridículo. Acciones como detener y exhibir a un médico porque atropelló a un gato, hablar de artículos ocultos de la Constitución y argumentar que los colores azul y blanco en las escuelas tensan a los niños terminarán cansando a la población que no ve los resultados esperados de la teatralidad gubernamental. Al final, la ciudadanía encantada con el régimen autoritario terminará despertando en el viejo y conocido país de siempre, con las esperanzas rotas y con las mismas únicas opciones de hace décadas: o emigrar, o aguantar con la ilusión de que las cosas un día estarán mejor, o jugársela en el delito y la corrupción. Por sí sola, sin encontrar asidero en la realidad, la seducción solo conduce a una tristeza profunda en el espíritu.

Una vez más, una intensa tormenta ha causado graves daños en el territorio nacional, siendo El Salvador el país en el que Julia dejó el mayor número de víctimas humanas a su paso por Centroamérica. Diez vidas que no se habrían perdido de haberse actuado con mayor cuidado y previsión ante la llegada de la tormenta. Como se ha podido observar, estos fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. La elevación de las temperaturas facilita la generación de eventos ciclónicos. Las miopes decisiones de la humanidad y el modelo de desarrollo depredador han provocado un cambio climático de graves consecuencias para la vida en el planeta, a pesar de que todavía muchos se niegan a aceptarlo. Ha sido sobrecogedor ver cientos de viviendas prácticamente bajo el agua y pensar en las familias que perdieron todo lo que en sus casas habían ido atesorando. Se han quedado sin nada: sin ropa, sin camas, sin electrodomésticos, sin muebles, sin vehículo, sin medios de vida. Causan gran desazón las imágenes de amplios campos de cultivo inundados, con la consecuente pérdida del fruto de meses de trabajo, cientos de miles de quintales de maíz y frijol que eran la esperanza de muchas familias campesinas y que alimentarían a la mayoría de la población salvadoreña. Miles de familias tendrán que volver a empezar de cero. Pero la tormenta Julia, al igual que otras anteriores, no ha causado el mismo daño a todos los salvadoreños. Las damnificadas son siempre las familias pobres, las que viven en las laderas y en las riberas de los ríos, las que habitan en colonias y barrios con sistemas de drenaje mal construidos o simplemente improvisados, las que viven en champas porque sus recursos no alcanzan para más. Familias que no logran salir de la pobreza porque periódicamente, como si de una maldición se tratase, un temporal o un terremoto les arrebata todo. Familias que viven en permanente inseguridad no solo por la criminalidad o la falta de una fuente de ingresos estables, sino por la vulnerabilidad socioambiental de El Salvador. En nuestra sociedad, es una creencia extendida que que no hay nada que hacer ante estos eventos, que los daños son inevitables, porque son voluntad de Dios. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto, no se puede evitar que sucedan tormentas o terremotos, pero sí que ocasionen daños. Si bien el cambio climático es una realidad con la que el mundo debe aprender a vivir y que afecta más a las personas y países más pobres, es posible y necesario prepararse y adaptarse al mismo, lo que demanda nuevos modos de organizar y proteger la vida. En el caso de El Salvador, se requiere de un sólido sistema de protección civil, tanto a nivel local como nacional, que tenga bien mapeado los territorios, que conozca los lugares susceptibles de inundación y deslave, que planifique e invierta en obras de protección y en la reubicación de asentamientos hacia terrenos más seguros, que cuente con comités de emergencia y organizaciones municipales capaces de organizar la evacuación de zonas de alto riesgo y facilitar un hogar temporal mientras dure la amenaza. La dura experiencia de la tormenta debería servir para tomar consciencia de ello e impulsar un proceso que conduzca a la elaboración de un plan integral de protección y prevención ante fenómenos naturales, pensando en primer lugar en los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo, eso no sucederá: a diferencia de los desastres, la planificación y la prevención no generan fotos impactantes.

Con frecuencia los políticos usan las encuestas de opinión para favorecerse a sí mismos. Sin embargo, cuando están bien hechas y cuando la reflexión sobre ellas es la adecuada, lo que se advierte es que la opinión popular tiene un grado de discernimiento y reflexión que casi siempre los políticos tratan de ocultar. Hace años, previo a unas elecciones, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA preguntó a los ciudadanos por quién votarían y si creían que con un eventual triunfo de Arena seguirían gobernando los ricos en El Salvador. A mucha gente le extrañó que la mayoría de los encuestados dijera que votaría por Arena y que respondiera simultáneamente que con dicho partido seguirían mandando los ricos. Pero lo que debía deducirse no es que el pueblo fuera contradictorio, sino que tenía una forma de discernimiento que le llevaba a pensar que el gobierno de los ricos, en circunstancias concretas, sería el mal menor para el país. En la actualidad, una encuesta de Fundaungo nos muestra con claridad el discernimiento de la población. Preguntada por el régimen de excepción, casi el 84% da una opinión favorable al mismo. Pero en la medida en que se iban desglosando aspectos que caracterizan el régimen de excepción, la aprobación bajaba, hasta llegar al 8% cuando se preguntó si se estaba de acuerdo con que no se diera información a los parientes de los detenidos. En otras palabras, la gente aprueba el régimen de excepción como un camino de enfrentamiento con las maras, consciente de que su presencia es uno de los problemas de seguridad más graves de El Salvador. Sin embargo, rechaza en niveles cercanos al 90% tanto el silencio informativo como la condena sin presencia de abogados defensores. Otros aspectos del régimen de excepción, como la detención administrativa durante 15 días o el ser capturado por simples sospechas sin orden judicial, tienen un rechazo poblacional de más del 50% de los encuestados. ¿Tiene apoyo popular el presidente Bukele? Es evidente que sí. Pero lo cierto es que en quienes le apoyan hay cada vez un mayor discernimiento entre los resultados y los medios para obtenerlos; y que el exceso de fuerza, el militarismo o la violación de derechos pesa cada día más de un modo negativo en la conciencia. Si se cerca a más municipios como se ha hecho con Comasagua, la incomodidad irá creciendo. Si se continúa enjuiciando personas sin derecho a defensa o se las priva del derecho a tener contacto con los familiares, la insatisfacción se irá ampliando y ahondando. Aunque el exceso de fuerza que se está practicando tenga resultados casi inmediatos, prolongarla aumentará la incomodidad y la crítica. En el país existe una cultura de violencia que se expresa tanto en la brutalidad de la delincuencia como en otros fenómenos. El castigo físico a los niños, el machismo y el maltrato a la mujer, el lenguaje de odio en las redes, el gusto por las armas, la acumulación de guardaespaldas, la prepotencia de algunos funcionarios y empleados públicos alimentan esa cultura, que al final coloca al más fuerte por encima del débil y sus derechos. Casi podemos decir que de ahí aprendieron los miembros de las pandillas, llevando la violencia a extremos inusitados. Maquiavelo, al que con tanto placer leen algunos políticos dados a la “moralidad notoria” y simultáneamente al ventajismo personal y de grupo, terminaba su obra más conocida, El príncipe, diciendo que “no existe hombre lo suficientemente dúctil como para adaptarse a todas las circunstancias”. Por esa misma razón, y más en democracia, el político debe apegarse a la normativa vigente, impulsarla hacia el bien común y no utilizar el poder como una fuente de arbitrariedad, sin respeto a reglas y condicionamientos expresados en la doctrina de los derechos humanos. Hacer lo contrario, aprovechar el poder como fuerza, lleva al enfrentamiento, precisamente por las insuficiencias humanas y por los mismos efectos de un poder sujeto a la dinámica de acción y reacción. Aunque se pueden ganar muchas partidas cuando se juega al poder, tarde o temprano llega el momento de la derrota. Hacer bien las cosas, ser fiel a los principios democráticos y a sus normativas, es lo mejor que puede emprender cualquier persona que se embarca en la empresa de la política, siempre sujeta a tormentas. Los que hoy sufren por no haber pagado la renta de los sobresueldos son un ejemplo, digamos que en pequeño, de lo que pueda generar el no apegarse a normativas. Quienes se las saltan están sujetos a los vaivenes de la política, más allá de los triunfos del momento.

El domingo 9 de octubre, mientras la población se preparaba para recibir a la tormenta tropical Julia, el FMLN celebró su convención extraordinaria nacional número 37. Al evento no tuvo acceso la prensa y no se dieron declaraciones oficiales. Según algunos participantes, asistió aproximadamente un 60% de los convocados; de ese porcentaje, más de la mitad votó a favor de una reforma de los estatutos, uno de los puntos centrales de la actividad. El evento confirmó algo que ya es de conocimiento público: la división del partido. En el contenido de las reformas sobresale la prohibición de más de una reelección en cargos de elección popular. Según sus promotores, se quiere evitar la rueda de caballitos que ha predominado hasta ahora en el partido. Para otros, la reforma más bien va dedicada a dos diputadas que están ya en su segunda legislatura y que no responden al sector que domina el instituto político. Quienes respaldan los cambios señalan que llevarán al partido a un centralismo democrático; quienes los adversan creen que ese es un eufemismo para encubrir el ansia de un control totalitario que elimine las corrientes internas de pensamiento e imposibilite la disidencia. El discurso que alimenta las reformas afirma que el FMLN es el único partido de izquierda en el país y que a su interior existe una corriente conservadora, derechista y financiada por la embajada estadounidense. De hecho, algunos convencionistas celebraron los resultados como una victoria contra esa corriente interna que, dicen, buscaría desvirtuar al partido llevándolo a la socialdemocracia y a entenderse con la derecha política. Estos defensores de la reforma definen al FMLN como no electoralista, cuyo principal cometido es volver a las raíces ideológicas que inspiraron a Hugo Chávez, Fidel Castro y Schafik Hándal. Priva en ellos el lenguaje antiimperialista y antiBukele. Llama poderosamente la atención que, faltando poco para las elecciones de 2024, en la convención no se trató el asunto. Después de estar en el poder sin propiciar los cambios anhelados, después de abundantes señalamientos de corrupción y después de reducir a una fracción su caudal electoral, el FMLN no parece tener un proyecto ni suscitar esperanza en la gente. Aritméticamente, es una fuerza irrelevante; la búsqueda de pureza ideológica podría llevarle también a la insignificancia política. En los tiempos que vive el país y dado el desprestigio social del partido, la fraseología revolucionaria lo avocaría al suicidio político. La intolerancia, el sectarismo mesiánico y el maniqueísmo interno amenazan al Frente con convertirlo en un club dedicado a cultivar la nostalgia por las utopías del pasado, al estilo de los minúsculos partidos comunistas de la Europa occidental, siempre tan radicales como insignificantes para la suerte de sus pueblos. El primer beneficiado del rumbo que está tomando el partido de izquierda es Nayib Bukele, su proyecto político y gobierno. La reivindicación de una pretendida pureza ideológica perjudica los esfuerzos por construir una amplia alianza de oposición que haga frente común a la avanzada autoritaria de un presidente que amenaza con perpetuarse en el poder, tal como en otros países hicieran mandatarios muy cercanos a los actuales dirigentes del FMLN. Dirigentes que precisamente consideran enemigos a los correligionarios que creen que solo una amplia alianza de la oposición puede hacerle frente a la amenaza totalitaria que representa el régimen actual. La búsqueda de pureza ideológica no es realista ni pragmática; en nombre de un ideal, se toma distancia de la idea de construir una alternativa real en el momento histórico que vive el país.

Editorial UCA Escuche aquí: En estos tiempos en los que el capitalismo de consumo impone el marketing como forma de relación tanto económica como social y política, los Gobiernos recurren a la propaganda para evitar el desgaste. Esto no es nuevo, pero ahora esa dinámica se robustece gracias a la tecnología, presente en casi todas las esferas de la actividad humana. En la Roma imperial se decía que para mantenerse cómodamente en el poder había que brindar pan y circo a la población. Con la misma intención, Maquiavelo recomendaba a los príncipes que actuaran de tal manera que generaran temor. En Estados Unidos se puso de moda, a principios del siglo XX, hablar suave, pero, al mismo tiempo, mostrar mano firme. Y de ahí se pasó a la consigna, básicamente imperialista, del garrote y la zanahoria: amenazar al desobediente con la intervención militar y premiar al sumiso con prebendas. En El Salvador, ante el desamparo producido por la ausencia de leyes efectivas de protección social, quienes ejercen el poder recurren a estrategias parecidas. La propaganda de los beneficios otorgados va unida a las amenazas a cualquiera que pueda entorpecer el orden establecido. El Gobierno actual ha seguido esa estrategia. Decir que hace lo que nadie logró anteriormente es uno de los puntos claves de su propaganda. Nadie antes atendió tan bien una pandemia, nadie antes dio 300 dólares a la población necesitada, nadie antes se enfrentó y venció a las pandillas, nadie antes se atrevió a sacarse una selfi en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cosas buenas, algunas de ellas; espectaculares, otras; y fallidas otras tantas, como la apuesta por el bitcóin. Y en paralelo, insultos, amenazas y presiones para quienes critican a las autoridades o descubren algunas de sus insuficiencias, corruptelas o mentiras. Conservar la popularidad es ahora el objetivo del poder político, más allá de cómo se gestiona la cosa pública. Y para alcanzar ese objetivo, cualquier medio vale. En este sentido, el régimen ha vuelto obsoleta la sentencia básica de la moral que dice que el fin no justifica los medios. Sin embargo, cuando la gestión gubernamental no toca problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, el desgaste termina por reaparecer. Porque la acción novedosa que no provoca cambio social facilita que los problema continúen surgiendo. Solo es una novedad que deslumbra en un primer momento, para caer después en lo ya conocido. Destituir y nombrar jueces con el único criterio de la obediencia al poder es abonar a la pervivencia de la corrupta vieja justicia de siempre. Debilitar a las pandillas con acciones que irrespetan la legalidad y la dignidad humana mantiene vigente la cultura de la violencia. Regalar computadoras a los estudiantes en pobreza sin asegurar la conectividad a Internet vuelve inoperante una medida encaminada a la mejora de un sistema de educación muy deficiente. La novedad de acciones o promesas espectaculares atrae, pero si no se cambia la injusticia estructural que sufre El Salvador, da paso muy pronto al desgaste. Y si este se hace crónico, incluso los mensajes de odio tan queridos por troles y afines se volverán en contra de quienes los promueven, ahondando el ya intenso malestar social y dejando postrado al país en sus males de toda la vida.

Proceso El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de El Salvador presentó el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El presupuesto tiene ahora un monto de $8,902 millones, un incremento de un 11.7% con respecto al año anterior. Como ya es costumbre, el Gobierno todavía no ha publicado el documento que contiene el presupuesto y, por tanto, la ciudadanía aún no puede conocer cuáles son las prioridades de inversión del Ejecutivo. Más allá del tema de la transparencia del presupuesto y del cada vez más difícil acceso a la información pública, hay también otras problemáticas urgentes que siguen sin ser abordadas, pero que ocasionan la pérdida de vidas humanas y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la población, por lo cual requerirían de una mayor inversión y de un abordaje amplio a través de políticas públicas. Por ejemplo, hace unos días, la Dirección Nacional de Protección Civil informó que, durante la estación lluviosa, en El Salvador han fallecido 30 personas: 12 de ellas soterradas, 16 arrastradas por ríos, una arrastrada hacia un tragante y otra impactada por un rayo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas, Protección Civil registra cientos de viviendas dañadas y otros daños en carreteras o infraestructura pública. Todos los años, El Salvador se ve afectado por fenómenos naturales que exacerban la alta vulnerabilidad en la que vive gran parte de la población salvadoreña y que arrebata, año tras año, la vida de muchas personas. Según el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidad, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017, “En El Salvador el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, lo cual lo hace unos de los países más vulnerables del mundo” (P.8). De igual manera, entre todo el ruido sobre el tema de la reelección presidencial o sobre la obediencia absoluta que se le debe rendir al partido de gobierno, el aumento al costo de la vida ha continuado sin dar tregua, aunque haya combustible o gas subsidiado. De acuerdo con datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), la canasta básica, de enero del 2021 al mes de agosto del 2022, ha aumentado en la zona urbana $39.71 y en la zona rural $37.79. La inflación de los 22 productos que conforman la canasta básica es del 17% en la zona urbana y en la zona rural es de un 20%. El CDC también señala que el aumento de la canasta básica ha ocasionado que la población sustituya el consumo de productos como leche, huevos, carne o pollo por otros alimentos altos en carbohidratos, como las pastas, lo que ocasionaría una mayor incidencia de enfermedades. De hecho, para el 53.8% de la población salvadoreña, según la última encuesta de Fundaungo, el problema más grande que enfrenta el país es la economía. Como vemos, estos son solo un par de ejemplos de problemáticas que afectan el día a día de la población salvadoreña y que, por supuesto, no es posible abordarlos ni solucionarlos a través de la propaganda o de la grandilocuencia discursiva. Aunque se desconozcan los detalles del presupuesto para 2023, es posible aventurarse a decir desde ya que las carteras de Seguridad y, especialmente la de Defensa, seguramente han sido tratadas con especial privilegio en la asignación presupuestaria, al igual que las comunicaciones de la Presidencia de la República, pues parece que esto sí es necesario para mantener el proyecto de acumulación de poder y de privilegios que han construido el presidente Bukele y sus aliados. Sin embargo, si de verdad desde el Estado hay conciencia de que es necesario hacer algo para mejorar la vida de las personas, es necesario que esto se refleje con la importancia y la prioridad necesaria en el presupuesto general del Estado. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 106.

De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), el acceso a la información es un derecho fundamental que comprende la obligación del Estado de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, y es una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Naciones Unidas señala que es parte intrínseca del derecho a la libertad de expresión. La Unesco considera que “solo los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas”. Y sentencia: “Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones”. Hay, pues, un fuerte consenso a nivel internacional en que el acceso a la información pública promueve la participación ciudadana y, en consecuencia, contribuye a la gobernabilidad democrática. Por ello, es una obligación ineludible de aquellos que gestionan la cosa pública informar a la población de su trabajo, de sus planes presentes y futuros, sin faltar en ningún momento la rendición de cuentas sobre los recursos que en nombre del pueblo administran. Sin embargo, en El Salvador, lo común ha sido que los funcionarios se consideren dueños de las instituciones que dirigen, en las que actúan como señores feudales. Esto ocurre en alcaldías, ministerios, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Muchos de ellos, tanto los electos o como los nombrados a dedo, se olvidan de que por encima de todo son servidores públicos, que se deben al pueblo soberano, y que este tiene todo el derecho a saber qué hacen, cómo utilizan los fondos públicos. Frente a esa realidad, en la primera década de este siglo, varias organizaciones sociales, trabajando unidas por una ley de acceso a la información pública, lograron vencer todas las resistencias y obstáculos para que finalmente, en diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa aprobara dicha ley, la cual entró en vigor casi un año después. La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue una importante victoria de la sociedad civil y supuso un avance significativo en materia de transparencia. Gracias a la normativa y a sus instituciones y mecanismos, durante unos pocos años fue posible que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información de las instituciones públicas de un modo hasta entonces impensable. Sin embargo, muy pronto la tendencia de los servidores públicos al secretismo y a evitar la rendición de cuentas llevó a que se introdujeran reformas legales que limitaron la amplitud del acceso a la información. Además, se eligió comisionados que contribuyeron a que en la actualidad la Ley sea en la práctica papel mojado. Hoy, al igual que antes, los salvadoreños no tienen derecho de acceso a la información pública. En menos de 10 años, el país pasó de tener una de las mejores leyes de acceso a la información pública a una realidad en la que conocer qué hace y en qué gasta el Gobierno depende de la voluntad o descuido de los funcionarios. El retroceso ha sido monumental. El Salvador ha vuelto al oscurantismo del pasado, la cosa pública se gestiona con el mayor de los secretismos. Y constantemente los organismos públicos toman nuevas medidas para impedir que la ciudadanía esté informada de cuestiones tan básicas como los planes nacionales de salud y de seguridad, el uso de los fondos en la Asamblea Legislativa y la hoja de vida de los asesores de los diputados. Igualmente grave es el ocultamiento de los detalles de las adquisiciones públicas y de la asignación de grandes y costosos proyectos de infraestructura. Con la clara y decidida opción de la administración de Nayib Bukele por la opacidad, pierde el país y pierde la ciudadanía, y se sigue avanzando en dirección contraria a los principios democráticos y a una sociedad basada en la ley, no en los caprichos e intereses de sus gobernantes. Se están sembrando las condiciones para que la corrupción y la impunidad, dos de nuestros males históricos, cobren aún mayor fuerza.

La contribución de Bukele con una revista especializada en criptomonedas presenta los lugares comunes de su autor de una manera más articulada de lo habitual. Dada la especialidad de la revista, Bukele ratifica su confianza ciega en el bitcóin y ensalza su decisión de adoptarlo como moneda nacional. Otro tópico. Luego se refiere a la realidad nacional e internacional en términos apocalípticos. Bukele dice librar una lucha a brazo partido contra enemigos muy poderosos por la libertad, la verdad, la prosperidad y “el futuro de la humanidad”. Los enemigos de Bukele son muchos más y más perversos que los de Putin, el dictador ruso. Este se enfrenta militarmente con Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, pero el sátrapa salvadoreño lucha contra casi todos los Gobiernos y las corporaciones del mundo, los bancos y las organizaciones internacionales, los ejércitos, los préstamos, la clasificación crediticia, la industria, el comercio, el suministro de alimentos, el derecho internacional y la propaganda. Los poderes del mundo se habrían confabulado para derribarlo con la mentira, el desprestigio, la destrucción, la censura, la confiscación y las publicaciones. “Las fuerzas más poderosas del mundo” habrían decidido acabar con él por haberse levantado contra el “sistema mismo”, al colocar en el país “el epicentro de la adopción del bitcóin” y, de esa manera, otorgarle “la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura, la riqueza no confiscable y el fin de los coronadores de reyes […] y [de] la reasignación de la riqueza de las mayorías hacia los intereses privados, las élites, los oligarcas y los poderes en las sombras detrás de ellos, moviendo los hilos”. Lo único cierto es la adopción de la criptomoneda. La censura es práctica cotidiana y la riqueza nacional es explotada sin contemplaciones por los intereses privados, familiares y oligárquicos. Los censores y los corruptos están protegidos por un tupido velo de silencio, de desinformación y de mentira descarada del Gobierno de Nuevas Ideas. Ni siquiera la invitación a atenerse a los hechos es verídica. Bukele invita a sus detractores bien intencionados del exterior a darse una vuelta para constatar cómo ha transformado el país. Los invita a recorrer las calles engalanadas para ellos —ya que en las otras encontrarán el caos urbano—, a visitar la playa con ruedas —las otras no son atractivas— y los volcanes —que no son obra suya—, a respirar aire puro —que está contaminado, al igual que el agua superficial— y a preguntar por su popularidad —pero solo a sus seguidores, no a los familiares de los desaparecidos ni a los que reclaman justicia y derechos vulnerados—. Bukele invita a recorrer “el país vitrina”, hecho para turistas, no el real, el cotidiano de las mayorías. No hay razones válidas para temer que el ejemplo libertario de El Salvador de los Bukele sea retomado por otros países. En bastantes prevalecen las mismas tendencias autoritarias, fascistas y militaristas, y la corrupción goza de buena salud. Excepto por la adopción del bitcóin, el país no es modelo ninguno. En el mejor de los casos, se inscribe en una tendencia autocrática y totalitaria. La criptomoneda no libera ni da riqueza. La libertad de unos pocos de ingresos medios y altos descansa en la opresión y el terror de los demás. La bonanza es aún más restringida. Es un privilegio reservado a la familia presidencial, sus paniaguados y algunos capitalistas de siempre, expertos en hacer fortuna al amparo del gobernante de turno. En este ámbito de privilegio, ilegalidad y corrupción, el bitcóin es ideal para mover dinero sucio sin impedimentos. En este sentido, restringido y elitista, la criptomoneda es libertad, fundamentalmente económica y financiera. El Armagedón de Bukele se disuelve en palabrería. Se reduce al bitcóin. Desde la vida cotidiana de las mayorías, la criptomoneda es muy poca cosa. La confabulación de los poderes para destruirlo es una construcción mental para mostrarse víctima libertaria de la perversidad de aquellos. El mesianismo en construcción no lo impedirán fuerzas poderosísimas, sino algo mucho más profano: la incompetencia, la iliquidez y la corrupción del régimen mismo. La retórica presidencial eleva la conflagración al plano de lo trascendente. El David salvadoreño lucha contra el Goliat extranjero por la posesión de “la verdad”, uno de los trascendentales de la metafísica y la teología. Es “la verdad” presidencial contra la de sus enemigos, o sea, casi todo el mundo creado. Es insensato pensar que la totalidad está en el error, mientras él, cual nuevo Absoluto aristotélico, está en posesión plena de “la verdad”. Esta peculiar interpretación de la realidad lleva el mesianismo político a límites insospechados. En cualquier caso, la libertad solo es verdadera si es universal. Ahí donde hay injusticia y opresión, no hay libertad. Ahí donde la mayoría de la población lucha para mal sobrevivir en condiciones muy adversas, tampoco. La libertad sol

“El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”. Emiliano Zapata El presidente Bukele en su discurso del Día de la Independencia anunció que buscará la reelección presidencial en las elecciones del año 2024, algo que la Constitución de la República prohíbe en, al menos, seis de sus artículos, pero dicho anuncio ya se esperaba dado el comportamiento autoritario de su gestión de gobierno. En términos políticos el anuncio del presidente se puede interpretar como el inicio formal de su régimen dictatorial, caracterizado por ser no democrático, no constitucional y por el uso desmedido de la fuerza policial y la violencia ejercida en las redes sociales contra los que se consideran opositores por pensar distinto. La gestión del presidente Bukele se considera como no democrática debido a que no respeta el Estado de derecho, concentró y fusionó el poder de los tres órganos de Estado en uno solo y controla la mayoría de instituciones que deberían de hacer contrapeso al ejercicio del poder. Además, ha sido un gobierno no constitucional porque no cumple ni respeta la Constitución y, prácticamente, es el presidente quien actualmente hace y deshace las leyes del país, es decir, que prácticamente el presidente no tiene límites en su ejercicio del poder. Finalmente, el actual gobierno ha utilizado más la fuerza que el diálogo, ya que mantiene en vigencia un régimen de excepción por alrededor de seis meses, viola sistemáticamente los derechos humanos, deja morir a personas inocentes (personas sin vínculos con pandillas) en las cárceles, destruye instituciones gubernamentales, despide a empleados públicos de manera antojadiza y controla totalmente a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada. Son suficientes elementos que caracterizan esta gestión como un régimen dictatorial. Con el discurso del 15 de septiembre, ya no hay duda de que el presidente escogió el camino oscuro de la concentración y abuso del poder que, a su vez, conduce a la corrupción. Y como sucede en todo régimen dictatorial, la incertidumbre política tomará control de su gestión puesto que la sucesión de su poder dictatorial no está garantizada y las “conjuras de palacio”, como se les llama en la historia política, asomarán a su reinado: rebeliones, golpes de Estado, uso desmedido de la fuerza, represión militar, etc. Quizá por eso de las “conjuras”,en su discurso reciente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bukele expresó lo siguiente: "el vecino rico no tiene autoridad de decir al vecino pobre que regrese al pasado, porque no puede pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes del vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo [el vecino pobre] le está funcionando por primera vez". Algo que sí deben tener claro los que aplaudían y gritaban “reelección” mientras levantaban el brazo derecho empuñado (como fanáticos fascistas) es que las dictaduras, como muestra la historia, no tienen garantizada la continuidad ya que se convierten en gobiernos de facto, es decir, que no están reconocidos oficialmente por alguna norma jurídica. Lo que acaparó los reflectores alrededor del esperado anuncio de la reelección, fueron las declaraciones del arzobispo de San Salvador que, en conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre, dijo: "El hecho es que el pueblo quiere que el presidente se reelija. La Corte también ha dictado una sentencia sobre el tema interpretando la Constitución de forma que se pueda elegir. Inmediatamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que cumpliría la sentencia, que de por sí es una sentencia de obligatorio cumplimiento". Las reacciones no se hicieron esperar, porque las palabras del prelado se entendieron como un apoyo a la pretensión del presidente. Las reacciones, la mayoría, incluyendo la del mismo presidente y sus seguidores, respaldaron al arzobispo, otras, entre las que estuvieron las de feligreses, sacerdotes y obispos, se distanciaron de sus declaraciones. Tanto revuelo generaron sus palabras, que monseñor Escobar Alas emitió una aclaración grabada en video que fue absolutamente infructuosa. La historia enseña que el principal argumento utilizado por las dictaduras, para legitimarse, es que el dictador “representa” la voluntad popular. La postura del arzobispo era innecesaria ya que la propaganda política y la manipulación política -de este gobierno- en la mayoría de medios de comunicación se encarga de reforzar la idea de que es el pueblo el que pide la reelección. El arzobispo pudo dar “voz” a las organizaciones sociales que desfilaron en la calles de San Salvador -el 15 de septiembre-, las cuales exigían justicia y respeto a los derechos humanos; sin embargo, optó por reforzar el principal argumento que utiliza el oficialismo para justificar la reelección. ¿Pero a qué tipo de dictadura se mueve el país? Es complicado en este momento proponer un tipo de

La debilidad de los Gobiernos y su incapacidad de resolver los problemas nacionales ha hecho que en América Latina retornen formas de militarismo. Algunos países más avanzados en el campo del desarrollo, especialmente en el cono sur, han conseguido mantener a los militares en sus cuarteles. Pero en otros, y de un modo muy particular en Centroamérica, los militares han vuelto a tener prestigio después del descrédito a causa de los crímenes cometidos en los años ochenta del siglo pasado y de la corrupción que rodeó a sus altos mandos. El afán de resolver rápido las cosas, el tema de la seguridad y la tendencia al uso de la fuerza cuando las instituciones legales no funcionan contribuyeron a este retorno del militarismo. El Salvador no ha sido la excepción. Ya los Gobiernos previos al actual protegieron a criminales del pasado y, en general, trataron al Ejército con guante de seda. La administración de Nayib Bukele, consciente del creciente rol de la Fuerza Armada en la vida política, ha buscado establecer una alianza más allá de lo que la actual Constitución dispone. “Amor con amor se paga”, afirma el dicho popular. Haciéndolo suyo, la comunicación gubernamental nos dejó ver recientemente al militar ministro de Defensa aplaudiendo con entusiasmo al presidente al este anunciar que se presentará a la reelección. Tras una inicial apariencia de independencia respecto al Ejército, con la eliminación del nombre de Monterrosa de los muros de la brigada de San Miguel y las promesas —fallidas— a las víctimas de El Mozote, todo ha vuelto a la tendencia de antes. Aunque, por supuesto, revestida con las características de la propaganda del Gobierno actual, capaz de convertir en simulacro de bondad lo que en realidad es abuso de la fuerza. El apoyo preferencial a la Fuerza Armada ha sido evidente en hechos ni correctos, ni, mucho menos, ejemplares. El cierre de archivos militares respecto a la masacre de El Mozote y de otros crímenes del pasado no es nuevo, pero en esta ocasión se llevó a cabo impidiendo con gente armada el derecho de un juez a revisar la documentación militar. La presencia amedrentadora de soldados en la Asamblea cuando el presidente se la tomó por la fuerza visibilizó a un Ejército capaz de saltarse las normas básicas de la democracia. El involucramiento en tareas de seguridad con frecuencia abusivas, tanto durante los días duros de la pandemia como en el semestre que llevamos de régimen de excepción, ha puesto a la Fuerza Armada, aunque de forma limitada de momento, en la dirección de los antiguos esquemas de seguridad nacional que tanto daño causaron en América Latina. El aumento considerable en el presupuesto militar, la pretensión de duplicar el número de efectivos e incluso la idea absurda y fallida del servicio militar obligatorio suenan al mismo tiempo a premio para la Fuerza Armada y a amenaza para la ciudadanía. El problema es legal y moral. Desde la legalidad, el Ejército tiene funciones muy concretas. Y ciertamente el cuido de la seguridad ciudadana no es una de ellas. La tendencia militar a funcionar con el dualismo amigo-enemigo y a convertir en guerra cualquier acción encomendada para corregir problemas sociales convierte a los ejércitos en mecanismos de contención social muy peligrosos para seguridad de las personas. Desde la moralidad, un Ejército como el nuestro, con una historia de violencia muy trágica y oscura, no es el mejor instrumento para acumular funciones de seguridad. Y más en la medida en que ha sido incapaz, como institución, de reconocer los crímenes cometidos en la guerra civil. El reconocimiento de los errores resulta siempre indispensable para que las instituciones no los repitan. Y cuando los errores no son tales, sino crímenes de lesa humanidad, la petición institucional de perdón se vuelve indispensable. El hecho de que en buena parte de América Latina se esté utilizando a la Fuerza Armada para reforzar poderes civiles con tendencia autoritaria no es bueno para la historia social de nuestros países. Entre nosotros, la democracia necesita crecer en el campo de la legalidad, fortalecerse más desde el respeto a la ley que desde el cultivo de la fuerza.

Por Omar Serrano* Escuche aquí: En este tiempo está de moda recurrir a la voluntad de las mayorías para justificar cualquier medida, incluso aquellas que contradicen las reglas de convivencia nacional expresadas en la Constitución. La frase en latín “vox populi, vox Dei” ha sido repetida para sostener que la voz de la mayoría tiene la razón y es el argumento de fondo del oficialismo. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos que revelan que las mayorías también se equivocan. Cuentan que en el siglo XIV, durante la Peste Negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad que se estima que mató a casi la mitad de la población de Europa, una gran mayoría de la gente estaba convencida de que la enfermedad era un castigo divino por sus pecados. La manera de librarse de ese castigo era flagelándose duramente para satisfacer la ira de Dios. Pero al percatarse que los autocastigos no funcionaban, argumentaban que el arrepentimiento no era sincero y que había que flagelarse con más dureza, con mayor brote de sangre a través de latigazos más fuertes. Mucha gente lo hacía en las plazas. Este ejemplo es elocuente, pero hay muchos más que reflejan que la mayoría también yerra. Uno de los más citados es el referendo de Poncio Pilato en el que la mayoría de la población pidió la liberación de Barrabás y no la de Jesús. No por ser mayoría tenían la razón. En el mismo sentido se puede hablar del gran respaldo popular a Hitler. Por otra parte, durante siglos enteros era normal creer que había razas superiores y, por tanto, con el derecho a someter, esclavizar y hasta eliminar a las inferiores. En nombre de esta creencia se sometió a la población negra y a los pueblos originarios de América. Una discriminación muy evidente y lamentablemente vigente hasta nuestros días, es el de la supuesta superioridad natural del hombre sobre la mujer. Además, son incontables los ejemplos en que los pueblos se han equivocado, con mayúscula, al elegir a sus gobernantes. Las mayorías no son infalibles. Y con esto no estamos afirmando que la población decidía algo estando conscientes de que no estaba bien. No, probablemente la mayoría de personas pensaban que estaban actuando bien y que hacían lo correcto. Fue la historia la que demostró después que se equivocaron. Una lección que nos deja la historia de la humanidad es que los grandes cambios frecuentemente están marcados por la protección de las minorías y por líderes o lideresas que se oponen a las ideas establecidas y aceptadas por las mayorías. Ha sido así porque a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de discriminación contra minorías y contra los más débiles. Así se persiguió, encerró y asesinó a los judíos, así el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, así hoy se sigue discriminando a la mujer, a la población LGBTI+ y a todo aquel o aquella que se atreve a pensar por su cuenta. Afortunadamente, también en la historia hemos tenido a un Nelson Mandela y a un Martin Luther King para luchar por la igualdad de las razas, a un Giordano Bruno, precursor de Galileo Galilei, que descubrió algo que contradecía la creencia de la mayoría. Afortunadamente existen hombres y mujeres valientes y comprometidas que siguen luchando por la equidad de género. Cuando se recurre a un argumento que la historia ha refutado muchas veces, corremos el riesgo de argumentar con algo falso. Una falacia es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia está en un argumento convincente, el cual parece bien construido, pero al analizarlo detenidamente comprobamos que es mentira. Vox populi vox Dei ha sido, muchas veces, una falacia, es decir, un argumento incorrecto, equivocado en la historia de la humanidad que, lamentablemente, se sigue utilizando. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 105.

Rodolfo Cardenal La negligencia de los escribanos presidenciales es evidente. La mala calidad de sus producciones no deja en buen lugar a su patrón. El argumento central de las dos últimas intervenciones de Bukele, con pocos días de diferencia, es inconsistente. El descuido no es, pues, de detalles, sino sustancial. El discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas giró alrededor de la libertad, una libertad añorada, por la cual “un pueblo unido” lucha. Pero según el discurso del 15 de septiembre, esa libertad es un hecho irrefutable: “Por primera vez tenemos libertad de verdad”. Y no satisfecho, Bukele insistió en dos momentos que “las decisiones valientes que hemos tomado junto al pueblo salvadoreño son las que nos han permitido tener seguridad, libertad y paz”. La incongruencia tal vez obedezca a que los auditorios eran diferentes. Ante el nacional, Bukele presentó la libertad como un logro personal ya conseguido: “Ahora El Salvador toma sus propias decisiones [...] eso les ha quedado claro a todos”. Y lo celebró con un gran desfile militar, aun cuando el Ejército no ha librado al país de ninguna potencia extranjera y la “guerra contra las pandillas” es una metáfora, porque no hay enfrentamiento ni intercambio de fuego vivo. Ante el auditorio de Naciones Unidas —desierto, por cierto—, Bukele insistió en que la libertad está por llegar. El cambio de perspectiva le dio pie para arremeter contra unos países ricos y poderosos que no le permitirían “escoger hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos lograr”. Así, pues, la libertad adquiere entidad diferente, según el público. Al adquirir entidad diferente, según el auditorio, la libertad es una excusa para ventilar la animadversión contra los críticos. El discurso recurre a licencias retóricas para dramatizar esa animosidad. El Salvador no es el país más pequeño del continente, ni su pueblo lucha unido lucha contra países ricos y poderosos, ni contra las pandillas. Una simple verificación de la extensión territorial de las naciones americanas desmiente la primera licencia. Tampoco el pueblo lucha unido contra nadie ni Bukele decide junto a él. Los soldados y los policías reprimen, pero, en sentido estricto, no combaten. Y aunque provienen del mismo pueblo contra el que descargan su agresividad, no constituyen todo el pueblo, ni mucho menos. Bukele no decide al lado del pueblo. Al contrario, mantiene su distancia. Los turistas no encontrarán ningún pueblo unido, sino dividido entre quienes viven muy bien y los que la pasan muy mal, entre los que aplauden la represión y los que la sufren injustamente. Una división alimentada por la mentira, el insulto y el odio. Estas licencias sirven a Bukele para presentarse como víctima de “un grupo de países poderosos, que no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que creen que también son dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos”. Cabe recordar aquí que cuando esos países han explotado y oprimido al pueblo salvadoreño, ha sido siempre con la colaboración activa de fuerzas nacionales, entre las más destacadas, el Ejército, al que él tiene en muy alta estima y consideración. La libertad que Bukele añora y reclama lo eximiría de la observancia de los derechos humanos y de cualquier otra responsabilidad como el calentamiento global, la persecución del lavado de dinero y la corrupción, o la extradición de criminales. Está convencido de que la mejor forma de gobernar es sin cortapisas de ninguna clase. De ahí que haya solicitado a la comunidad internacional crear “un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio destino”, es decir, “queremos ser amigos, pero no pueden venir a mandar a nuestra casa”. La petición no ha tenido eco. No así las denuncias de la inconstitucionalidad de la reelección. The Economist de esta semana descalifica la reelección como “una gran mentira” de Bukele. Su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas no llamó la atención. Las delegaciones dejaron vacío el auditorio. Ni siquiera la presidencia de la sesión estuvo al completo. Los presidentes de Chile y Colombia, con apuestas desafiantes y portadores de grandes expectativas, suscitaron más interés que el mandatario salvadoreño. El vacío de la comunidad internacional no es simple casualidad; es un desaire a El Salvador y a su presidente. El concierto de las naciones le pagó sus desplantes con la misma moneda. La comunidad internacional es más libre y tiene más criterio y olfato político que los likes locales. La pobreza del discurso presidencial es pasmosa. Deja de lado la grave crisis mundial, no contiene novedades ni aportes valiosos. Repite lo mismo de siempre. El presidente habla de sí mismo y se queja de la incomprensión y la malevolencia de los demás. Tal vez ha llegado el momento de reconocer que la egolatría y la dictadura no son de recibo. El soliloquio sobre la libertad y la victimización cayó en saco roto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el aniversario de la independencia salvadoreña se marcó un hito histórico en el devenir de los Gobiernos civiles del país: Nayib Bukele anunció que correrá como candidato a la presidencia, en clara afrenta al artículo 152 de la Carta Magna. El anuncio lo realizó durante cadena nacional de radio y televisión, en horario de mayor audiencia y rodeado de su séquito de fieles, provenientes de los todos los órganos del Estado. La posible reelección de Bukele parte de al menos tres grandes condiciones que han permitido este atrevido acto de inconstitucionalidad. El primero tiene que ver con el contexto político regional; a saber, los triunfos y fracasos de las izquierdas latinoamericanas que pretendían ser la respuesta al desencanto con enquistados partidos de derecha conservadores y capitalistas. Izquierdas que, sin embargo, no lograron dar giros importantes en sus países. Además, el comportamiento de muchos funcionarios de dichos Gobiernos de izquierda se caracterizó por aquello mismo que quisieron erradicar: corrupción, nepotismo, opacidad, manipulación del aparato público y continuidad del capitalismo. El Salvador no fue ajeno a ello. De hecho, el actual mandatario se gestó en la misma izquierda que ahora calla cuando se habla del tema o se escandaliza y trata de romper lazos con su otrora ungido. La segunda condición, a nivel nacional, radica en el desgaste ciudadano ante las disputas partidistas de la derecha y la izquierda, que no pudieron dar solución a las problemáticas que aquejan a las grandes mayorías desfavorecidas del país. Bukele y sus allegados han sido lo suficientemente estratégicos para capitalizar a su favor ese gran hartazgo ciudadano con la política tradicional. Por último, la tercera condición es el éxito del mandatario en desmantelar y socavar todas las instancias de gobierno que pudieran cuestionar su quehacer, sumado al trabajo realizado para validar jurídicamente la reelección sin cuestionamiento alguno; es decir, eliminar cualquier acceso a la información pública y cooptar la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República. Vale señalar que también el anuncio del presidente Bukele es posible por la desorganización de los movimientos sociales, los cuales aún no encuentran un rumbo común y de coincidencia. Del surgimiento de una plataforma común e incluyente dependerá que la esperanza de evitar una dictadura se mantenga, sostenga y llegue a buen fin. * José Alejandro Álvarez Ramírez, docente del Departamento de Economía.

Septiembre, mes en el que conmemoramos la independencia de Centroamérica, debería dedicarse a pensar y planificar el futuro de nuestros países. No desde un grupo de poderosos o iluminados, sino desde valores netamente humanos. Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano, con sus democracias débiles, deficientes y en algunos casos plagadas de corrupción y autoritarismo, no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo del anterior presidente, reelegido en contra de la propia Constitución, al igual que Ortega. Pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos y algo de respeto a los mismos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos. Detrás de una propaganda personalista y triunfalista, que insiste en que los nuevos gobernantes son parte de un nuevo punto de partida de la historia, se esconde lo de siempre. Quienes tienen dinero continúan multiplicándolo, mientras los países y una buena parte de sus gentes sufren carencias y dificultades. La migración no se detiene y, en el fondo, se considera un buen negocio. Al fin y al cabo, las remesas, la verdadera “seguridad social” para gran parte de nuestro pueblo, mantienen la economía de países que de otra manera estarían en una situación de pobreza mucho más grave. La contaminación y el daño persistente al medioambiente no importan. El tema del calentamiento global se deja para un indefinido mañana y la corrupción continúa siendo una plaga. Los militares aparecen cada día con mayor relieve como gendarmes protectores de las veleidades presidenciales. Suficiente prueba con ver al almirante Merino aplaudiendo entusiasmado la reelección presidencial. La crítica, un elemento fundamental e indispensable para el verdadero desarrollo humano, se rechaza con una mezcla de desdén y odio. Aunque parezca increíble, permanece presente en la historia actual la prevención de los “notables” que declararon la independencia en Guatemala hace 201 años. Reunidos los acostumbrados a mandar, se decidieron por la independencia, según el primero de los 18 puntos del acta, “para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Escuchar al pueblo es la menor de las preocupaciones de estos Gobiernos. Consideran mucho más rentable manipular a la gente para perpetuarse en el poder. El cardenal Gregorio Rosa Chávez decía hace poco que la contaminación que se avecina para el río Lempa a causa del proyecto minero de Cerro Blanco en Guatemala es un problema gravísimo. Y tiene toda la razón, dada la incapacidad que los Gobiernos del área tienen para protegerse de problemas graves de contaminación, que fácilmente puede convertirse en transfronteriza. No se puede hablar de perseguir la unión de Centroamérica si no podemos controlar la tendencia depredadora de algunas empresas contra el medioambiente. El generar riqueza, aunque necesario para el desarrollo de nuestros países, no puede hacerse a base de explotar a buena parte de la población, multiplicando la pobreza de muchos y el enriquecimiento de una minoría. Reformas fiscales serias, sistemas de redistribución de la riqueza eficaces y justos, administración con transparencia y lucha clara contra la corrupción son imprescindibles para poder celebrar con dignidad la independencia. Lo demás es farsa y fanfarria hipócrita. Si además se aprovecha el día para buscar la permanencia en el poder más de lo permitido, traicionando una cultura bien fundada de alternancia y violando la o las Constituciones vigentes, se puede decir como en Hamlet que “algo huele a podrido en Dinamarca”. Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo, pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos.