Editoriales y Opiniones

“El mundo quiere ser engañado; por tanto, que se le engañe”, reza una vieja locución latina. La sentencia calza con lo que sucede en El Salvador desde hace algunos años. Pero más allá de caer en la tentación fácil de responsabilizar a la gente por creer en mentiras, hay que centrarse antes en quienes con premeditación y alevosía se aprovechan de las necesidades y buena voluntad de las personas para engañarlas. En campaña electoral, muchos ciudadanos bajan la guardia y creen en promesas irrealizables. El problema se agrava cuando la confianza se mantiene en quienes ya en el Estado hacen lo contrario a lo que como candidatos ofrecieron y a lo que hoy predican. Este cinismo que se ha apoderado de la política nacional va más allá de la simple hipocresía; se expresa como obscenidad descarada y falta total de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones condenables. Se engaña sin remordimiento ni pudor. Se condena los vicios de otros aunque estos se practiquen con creces. Se usa cualquier recurso dramático, retórico y mediático para construir puestas en escena que benefician los intereses del grupo en el poder. La grandeza, el honor, la decencia y el afecto son solo piezas de utilería en la farsa que se ha montado. Se usa la violencia y se violan derechos humanos argumentando que se lleva a cabo una obra de salvación. Con firmeza y convicción se condena el nepotismo mientras este crece en los puestos de gobierno. La bandera de la anticorrupción sigue enarbolada mientras se oculta toda información sobre el uso de los recursos públicos y no se rinde cuentas. Se despotrica por la falta de democracia en tiempos pasados mientras se camina sin disimulo hacia el autoritarismo. Se llamó “mil veces malditos” a aquellos que antes pactaron con las pandillas mientras en las sombras se consolidaba un nuevo contubernio con ellas. Un cinismo de esta naturaleza no merece la confianza de nadie, salvo de aquellos que resultan beneficiados por la corrupción y el autoritarismo. La situación de engaño es responsabilidad de quienes lo traman y lo escenifican, sí. Sin embargo, los engañados tienen parte de responsabilidad. Ante las evidencias contundentes, el que no ve es porque prefiere estar ciego. Como dice un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía”. Cuando despierte, esa segunda culpa abrirá los ojos a un país en ruinas.

“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo” Albert Camus Hace un año, cuando se desmanteló la poca democracia del país, el poder de Bukele parecía avasallador: usurpó la Sala de lo Constitucional, impuso un fiscal general a su medida, descabezó al Órgano Judicial y lo puso a su servicio. Ese poder parece ahora agotado. Para resurgir y demostrar poder, Bukele tuvo que recurrir a la violencia terrorista (a través del régimen de excepción) para intentar rescatar la imagen deteriorada de su Plan Control Territorial con el que sigue alimentando la ilusión -principalmente de los compatriotas en la diáspora- de que se vive en un país renovado y libre de homicidios causados por las pandillas. Sin embargo, al buscar bajo la alfombra, el país da cuenta del aparecimiento de 51 fosas clandestinas descubiertas desde el año 2019, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) consignados en una nota periodística. Además, ahora hay un incremento excesivo de la migración irregular de salvadoreños, principalmente de niños, hacia los Estados Unidos; el gobierno de Bukele ha impedido la extradición de líderes de pandillas reclamados por la justicia estadounidense, y cada día hay más evidencia de las negociaciones ocultas del Gobierno con algunas pandillas, lo que le permitió mostrar una disminución significativa de homicidios y el respaldo en votos para ganar las elecciones legislativas y municipales de 2021. Por eso es bueno no creer ciegamente en los relatos de los organismos de comunicación y propaganda del presidente y preguntarse a cada momento: ¿Dónde está la basura cuando la mesa luce limpia? En resumen, el otrora poder avasallador de Bukele se desvanece más rápido de lo esperado y la actual muestra excesiva de violencia en comunidades pobres por parte de la Fuerza Armada y la PNC es una clara muestra de lo frágil que es su poder. La marcha exitosa de los trabajadores y trabajadoras el 1 de mayo, a pesar de los retenes en las vías de acceso a San Salvador y la criminalización de los marchistas al señalarlos de defender y de estar del lado de las pandillas, nos indica que ahora son más lo que le dicen no al autoritarismo de Bukele. El ministro de trabajo, Rolando Castro, quiso boicotear la marcha del 1 de mayo con una reunión de grupos sindicales afines al gobierno en un hotel. Sin embargo, varios grupos de organizaciones sociales y sindicales parecen haber adquirido expresión política al aglutinarse en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, etc. Parece que la única forma de resistir a una dictadura es la organización social fuerte que haga sentir su descontento y se enfrente al poder colonizador de Bukele, basado en la manipulación sistemática de las mentes y los sentimientos, el ocultamiento de la información, la propaganda política y la instauración de la mentira como política pública. La mentira crea falsas ilusiones de desarrollo económico, como la implementación del bitcóin, que cada vez más muestra su fracaso, mientras la economía familiar y del país se hunde. Como bien dice Nietzche “la consecuencia natural de un poder excesivo es la conquista, [...] la incorporación de su imagen propia [el Yo] a una materia ajena [los Otros]”. Bukele ha logrado colonizar a sus diputados y a muchos de sus funcionarios públicos de tal forma que actúan como masa (materia pasiva y material) sin criterio y sin personalidad propia: aprietan solo el botón para aprobar los dictados del presidente y los otros ejecutan sus mandatos en las distintas carteras del gobierno sin cuestionar sus decisiones. Algunos funcionarios hasta imitan al presidente en su forma de vestir, de hablar y parece que, con cambios estéticos, quisieran ser pequeños Bukele. Convertir a la población en masa es el deseo máximo de un dictador, por eso es importante la resistencia y rebeldía del no y buscar como frente de lucha la organización solidaria. Albert Camus criticaba siempre al poder jerárquico con su famosa frase: “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo”. Siempre hay que cuestionar al poder y más aún si muestra rasgos dictatoriales y fascistas como el de Bukele. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 88.

Cualquier país que aspira al desarrollo invierte en los niños y los jóvenes. Es un tema de justicia intergeneracional. Lo contrario es suicida. En El Salvador, si bien se ha notado una mayor preocupación estatal por la inversión en la primera infancia, continúa el desinterés por la juventud, en especial por los jóvenes del campo y de los barrios marginales (los otros, los de la clase media, se arreglan solos). Son algunos sectores de la población civil, sobre todo las Iglesias, los que hacen verdaderos esfuerzos por construir en la juventud valores que son indispensables para una vida social pacífica, solidaria y productiva. El problema es serio, porque si no se invierte adecuadamente en ese sector de la población, no habrá desarrollo económico y social. Más aún cuando las tendencias poblacionales indican que muchos niños y jóvenes tendrán que sostener a una población adulta tres veces más numerosa que la actual. El panorama da poco pie a la esperanza. La mayoría de jóvenes salvadoreños recibe una educación deficiente, no consigue trabajo, emigra, sufre la violencia con mayor intensidad y puebla las prisiones. Es difícil pensar en un país próspero y pacífico cuando se maltrata a la juventud de esta manera. De los casi 30 mil detenidos en este tiempo de estado de excepción, al menos dos terceras partes tienen menos de 30 años de edad. A este ritmo, es muy probable que El Salvador bata el récord mundial de privados de libertad por cada 100 mil habitantes. Algo de lo cabe presumir, mucho menos enorgullecerse. El lenguaje dominante, además, es agresivo y confrontativo contra quienes señalan temas o situaciones que implican una crítica a la realidad que vive la gente. Que los jóvenes vivan en este ambiente de pleito político y de rechazo al diálogo no es bueno para ellos ni augura bienestar para el país. Da la impresión que se buscar educar para el fanatismo, no para la convivencia. En cualquier sistema educativo se valora siempre la capacidad del maestro de conversar francamente con sus estudiantes. Antes que enseñar cosas concretas, los docentes deben enseñar a pensar críticamente y a dialogar. Si en la escuela no abunda ese modo de proceder, si en el país se prefiere el grito, el insulto y la mentira, no hay que esperar milagros en el porvenir de nuestros jóvenes. En el conjunto de nuestra juventud hay gente muy buena y muy abierta al diálogo. Personas que no solo se plantean con seriedad los problemas, sino que están dispuestas a colaborar en las soluciones. Pero cuando una buena parte de los adultos y de los gobernantes funciona de otra manera, el peso de la realidad lleva a los jóvenes a adaptarse a lo que hay. La soberbia del poder nunca ha sido promotora eficiente del desarrollo humano, así como la corrupción de las instituciones nunca ha actuado en favor del bien común. Aunque algunos lo ponen en duda, aún se está a tiempo de abandonar este camino hacia tensiones cada vez más profundas y comenzar a dialogar en serio sobre los problemas nacionales. Aún se está a tiempo de invertir en los jóvenes. Y no es que no se haya hecho nada; la cuestión es que hay que planificar la inversión y sus resultados en el largo plazo. Es descorazonador que el 70% de la población no tenga el nivel educativo de bachillerato y el promedio de educación formal sea de 8 años en los mayores de 25 años de edad. Invertir más en educación, mejorar su calidad y convertir el bachillerato en parte de la educación obligatoria a nivel nacional son acciones básicas para la construcción del futuro de El Salvador. Sin al menos esas acciones, decir que los jóvenes son el futuro de la patria es pura hipocresía.

Editorial UCA 13/05/2022 En un documento reciente, Naciones Unidas constata que, al igual que el mundo, las familias cambian. La realidad actual de estas es muy distinta a la de hace algunos años. Las familias son cada vez más diversas. Ya no se puede hablar de un modelo de “familia normal”; un modelo que a juicio de algunos especialistas nunca ha existido. Ante ello, la ONU propone una serie de medidas para el bien de la familia y para que esta cumpla con su función. La primera y fundamental, aceptar y apoyar la diversidad familiar, de modo que todos sus miembros puedan desarrollarse a plenitud. La funcionalidad o disfuncionalidad de una familia no depende del modelo que esta siga, sino de si constituye o no un espacio de amor y aceptación, de si permite o no el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes. Por supuesto, no todas las familias cumplen con esta condición. Con más frecuencia de lo admitido y deseado, muchas son más bien un espacio de dominación, violencia y discriminación, en el que se vulneran los derechos de algunos de sus miembros. Quienes más sufren esta situación tanto en la familia como en la sociedad son las niñas y las mujeres. De esta realidad innegable surge la necesidad de apoyar a la familia para que logre el fin que le corresponde. No se debe aceptar como inevitable que algunas familias se conviertan en impedimento del pleno desarrollo de sus integrantes; la sociedad debe asumir el desafío de promover las acciones y los cambios culturales necesarios para que ello no suceda, para que toda familia sea lugar de igualdad, justicia y empoderamiento. En el Salvador, el primer cambio a promover debe ser a nivel cultural, erradicando la cultura machista y patriarcal que otorga todo el poder a los hombres y margina a las mujeres y a las niñas. Una cultura que normaliza el sometimiento de ellas a la voluntad de ellos. En esta línea, para la ONU, es también una exigencia impostergable eliminar la violencia de género y todas práctica familiar discriminatoria contra mujeres y niñas. Se requiere asegurar el acceso de las mujeres a recursos económicos, fomentar la igualdad en las leyes familiares y promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que actualmente recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Trabajar por las familias es apostar por una sociedad sana y armoniosa.

En el Evangelio de Mateo se encuentra una parábola cuya enseñanza es muy actual e iluminadora. La parábola en cuestión relata que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero, mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los jornaleros preguntaron al propietario si arrancaban la cizaña. Él les dijo que no lo hicieran para no arrancar el trigo con ella. Cuando llegue el momento, el propietario del campo dirá a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos y la quemen, y que el trigo lo guarden en el granero. Los soldados y los policías de Bukele hacen precisamente lo que los jornaleros de la parábola pretendían: arrancan la cizaña con violencia pendenciera, pero con ella arrebatan también el trigo. Aterrorizan los vecindarios populares y destrozan las relaciones familiares, laborales y sociales de sus habitantes, pandilleros o no. La parábola es una advertencia contra la impaciencia mesiánica. Movido por una mezcla de cólera y de mesianismo político, Bukele ha ordenado arrancar la cizaña y el trigo. El apremio presidencial es enigmático, pues ha tenido casi tres años para investigar a las pandillas y para proceder contra ellas de forma sistemática y eficaz. La ola de terror desatada evidencia el fracaso político de un régimen que, agotado, no tiene otro recurso que violentar para retener el poder y la popularidad. El Plan Control Territorial, que supuestamente avanzaba con una eficacia sorprendente, se esfumó de un día para otro y la tecnología de última generación en la que descansaba resultó poco útil, o la abultada inversión fue a parar a otro lado. La dictadura militar del siglo pasado experimentó el fracaso de esa opción. A pesar de su presunta originalidad, Bukele no dispone de medios mejores que los militares para enfrentar el crimen organizado. Tampoco posee la paciencia del gobernante sensato. En su círculo tiene más aceptación la represión. Atesora popularidad con el terror. Históricamente, las cruzadas nunca consiguen sus objetivos. En gran medida, porque las mueve la emoción desbordada y la pasión irracional. La cruzada promete mucho, pero solo deja muerte, destrucción y dolor. La cruzada presidencial no tiene trazas de ser diferente. No persigue a los malos, sino solo a algunos, a aquellos que se atrevieron a desafiar al presidente. El terror está dirigido solo contra una de las pandillas más grandes. Las demás campean por sus respetos en sus territorios y la extorsión es tan eficiente como antes. Asimismo, se niega a extraditar a los líderes pedidos por Estados Unidos por tener cuentas pendientes. Si la guerra es contra los terroristas, es una guerra muy poco convencional. Los militares de antaño, que también decían guerrear contra delincuentes terroristas, eran más coherentes. Bukele y los suyos no entienden de consistencia. Lo que comenzó como una operación contra las pandillas ha derivado en una carrera para encerrar a la mayor cantidad de personas de extracción popular y, en esa medida, se ha convertido en una lucha de clases. El régimen se ha esmerado en alcanzar su meta. Por poco, El Salvador ya ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en la lista de países con más presos por cien mil habitantes. Si se lo propone, puede alcanzar el primer puesto. La cantidad de detenidos se ha convertido en un fetiche más de los varios coleccionados por Bukele. Entre ellos no figuran la reducción de la pobreza y la desigualdad, servicios públicos de calidad, empleo y vivienda. La cantidad de presos no significa más seguridad ni mayor actividad económica, sino el fracaso de una sociedad que confía en la violencia represiva, que gusta del autoritarismo y la militarización, y que ansía venganza. Estas inclinaciones son propias de una sociedad inhumana y poco cristiana. La ira y la rabia mal contenidas ponen en evidencia lo que hay en el fondo de los corazones. Es cínico e hipócrita felicitar a las madres en su día, tal como tuitea Bukele, cuando centenares de ellas permanecen en vigilia a la intemperie, en las afueras de las cárceles, a la espera de alguna noticia sobre sus hijos y sus parejas. La ausencia de información tortura cruelmente a estas mujeres, cuyo delito son sus hijos y sus cónyuges. No satisfecho con humillar, maltratar y encerrar a estos, el régimen de Bukele atormenta también a sus madres, después de acusarlas de maleducarlos. Las madres tienen derecho a estar debidamente informadas sobre la situación de sus seres queridos. Bukele difícilmente domeñará la determinación de estas mujeres que, movidas por su maternidad, desafían los elementos y su juicio. En estas mujeres, a quienes tiene el desatino y la insensibilidad de felicitar el Día de la Madre, cuando en ellas prevalecen la angustia y el dolor por no saber de sus hijos, Bukele ha encontrado una contestación contundente. La resistencia, hasta ahora pacífica, puede tornarse inmanejable. * Rodolfo Cardenal, director del Ce

El Gobierno actual difícilmente abandonará las elecciones; cómo las implementará es otro tema. Su tendencia a erosionar la democracia parece seguir una especie de manual. Sin embargo, eso no le impide seguirse autodenominando como democrático. Hasta hace unos años, el sistema de gobierno salvadoreño siempre había sido catalogado como democracia imperfecta. Diferentes países del mundo habían apoyado o liderado una variedad de procesos y proyectos para mejorar el sistema judicial, aumentar la conciencia democrática de la ciudadanía e ilustrar sobre la gobernanza. Ello con la finalidad de contribuir a que El Salvador pasara de una democracia imperfecta a una moderna y desarrollada, en la que gobiernan las leyes, no las personas. La administración de Bukele ha preferido seguir un camino diferente, acrecentando el autoritarismo y la sujeción de prácticamente toda la institucionalidad del Estado al Ejecutivo. Por tanto, no extraña que analistas y estudiosos de la democracia ya no nos califiquen como democracia imperfecta, sino como un régimen de gobierno híbrido que mantiene algunos rasgos democráticos mientras destruye o daña aspectos clave como la separación de poderes. Los pasos en este proceso de erosión democrática han sido claros. El primero, crear expectativas de cambio (algunos miembros del partido en el poder hablan de “nueva era”) y agudizar la polarización del país. El segundo, interpretar la ley de modo arbitrario y mostrar autoridad y fuerza, apoyándose en el Ejército y la Policía, para acto seguido aprovechar la debilidad de la cultura democrática y de las instituciones para apoderarse de estas. Una vez conquistada electoralmente la Asamblea Legislativa, la destitución de funcionarios de órganos de control democrático se llevó a cabo con facilidad. El tercer paso fue girar orden de captura contra algunas personas que podrían tener liderazgo en una posible oposición partidaria, encarcelándolos mediante un proceso turbio y sin respetar la presunción de inocencia. Comenzó así a haber presos políticos y una cantidad considerable de gente con criterio e influencia democrática abandonó el país. Hasta el momento, la búsqueda de controlar el pensamiento constituye el último paso. Los medios de comunicación independientes están sometidos a distintas formas de presión y acoso. Cualquier idea que diverge de las del poder es atacada en las redes, llegando incluso a las amenazas de muerte. La propaganda y los insultos son hoy asunto diario. Se arremete contra la sociedad civil crítica, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Se aboga por el autoritarismo y por la imposición de castigos arbitrarios aprovechándose de la sed de venganza causada por la historia de impunidad, escaso desarrollo y corrupción de los últimos 30 años. Impresiona el contraste entre la suavidad con la que se trata a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y la dureza que se dispensa a opositores políticos o a ciudadanos estigmatizados por su condición socioeconómica. Al menos de momento, este camino ha culminado en un estado de excepción que se está utilizando para demostrar poder y hacer un ejercicio de autoridad e impunidad que sirva de aviso a los opositores. Si se invoca el derecho de guerra para justificar detenciones masivas, no parece lejano el día en el que se criminalice la libertad de expresión frente a la situación política y social. Volver al respeto a los derechos humanos es el único camino razonable para salir de esta erosión sistemática de la democracia.

Por José María Tojeira, SJ En este tiempo en el que vivimos un “estado de Excepción” que limita derechos ciudadanos, ha habido, de hecho, una fuerte polémica sobre los Derechos Humanos. Ha habido personalidades que se han burlado de quienes trabajan esos temas, o incluso han acusado a instituciones defensoras de derechos de dedicarse a hacer negocio con el tema. En ocasiones algunos líderes políticos han dado a entender que solo el Estado es el fiel cumplidor de los Derechos Humanos. En ese contexto resulta necesario reflexionar y recordar lo que la Iglesia nos dice sobre los Derechos Humanos. Recordemos el discurso del Papa Juan Pablo II, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979, en la que tocó específicamente ese tema. En ese discurso afirmaba el Papa que el documento fundamental de las Naciones Unidas era “la Declaración universal de los Derechos del Hombre, del hombre como individuo concreto y del hombre en su valor universal. Este documento es una piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano” hacia su progreso de la vida moral. Los derechos humanos son así, en la mentalidad y pensamiento de Juan Pablo II, una moralidad externa al poder político, que sirve a los ciudadanos y al propio Estado para medir su desarrollo humano. De modo que el camino fundamental, que conduce social y políticamente al desarrollo humano “pasa a través de cada hombre, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las personas y de las comunidades de los pueblos”. En ese sentido los Derechos Humanos deben ser siempre garantía de paz. El no a la guerra y al armamentismo está vinculado a ellos. Porque como dice el Papa, “el espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental, brota y madura allí donde son violados los derechos inalienables del hombre”. Al contrario, su plena vigencia nos ayuda a saber respetar la igual dignidad de todo ser humano, a aceptar la responsabilidad solidaria de “satisfacer las necesidades esenciales del hombre” y el ejercicio de sus libertades, y conducirle así “a su plena dimensión humana”. Los derechos humanos son en este sentido parte de los valores espirituales de la humanidad, que deben ser prioritarios frente a los valores materiales, que tienen su importancia pero que no pueden sustituir a los valores básicos morales. Entre las amenazas a los valores espirituales el Papa nos dice los siguiente: “el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los miserables es un síntoma muy grave en la vida de toda sociedad”. Para vencer esta amenaza el Papa insiste en la libertad religiosa como vínculo moral con el bien común y los Derechos Humanos, así como el respeto a todos los valores que surgen del espíritu humano. El Papa termina su alocución a la Asamblea general de la ONU expresando su deseo de un futuro mejor para los que entonces eran niños, y para que todos los seres humanos “puedan vivir y fortificarse con la fuerza moral” de los derechos humanos. Ellos son la mayor garantía de la paz entre los pueblos y dentro de las mismas naciones. La defensa de los Derechos Humanos es, pues, para quienes seguimos al Señor Jesús, una responsabilidad cristiana, pues es un instrumento indispensable tanto para la convivencia en paz y respeto y amistad social, como para el desarrollo de los valores ciudadanos y éticos.

Al servicio de la persona José María Tojeira 03/05/2022 La Constitución de El Salvador afirma desde el inicio de su texto que el Estado está al servicio de la persona humana. Así, sin distinciones ni matices. Y por eso mismo asegura para todos la salud, la educación, la seguridad, el bienestar económico y la justicia social. Sin embargo, quienes nos han gobernado en el pasado y nos gobiernan ahora han sido incapaces de cumplir con las afirmaciones constitucionales. Al fin, y después de mucho trabajo de la sociedad civil, el Estado ha entregado los restos de seis campesinos asesinados en mayo de 1980 en la masacre en el río Sumpul y Las Aradas. En algo tan sencillo e indispensable humanamente como devolver los restos mortales de víctimas inocentes y seres queridos, el Estado ha tardado 42 años. Y solamente lo ha hecho con las familias de muy pocas víctimas. A nivel judicial, el caso de El Sumpul continúa estancado. Los jueces y la Fiscalía tienden a dejar el trabajo de investigación en manos de la sociedad civil, despreocupándose de cumplir con sus obligaciones. La entrega de cadáveres de personas asesinadas injustamente debería de ir acompañado de una petición de perdón estatal y de otras formas de reparación. Muy poco de eso hubo. Los parientes de las víctimas celebraron una misa en la parroquia de la UCA y se volvieron con sus pequeños féretros para su original Chalate. En el país conservamos una idea del Estado errónea. Tendemos a pensar que es el gran patrón que da de beneficios a sus amigos y a quienes le respetan. E incluso pensamos que algunos funcionarios con cargos importantes, civiles o militares, tienen más derechos que cualquier ciudadano. Por eso el autoritarismo y la violencia estatal han sido verdaderas plagas en el funcionamiento estatal. Las actuales capturas de jóvenes, con frecuencia indiscriminadas, son una muestra más de que esa concepción del Estado todopoderoso y gran patrón no solo sigue presente, sino que trata de permanecer sin crítica. La persecución del delito no puede hacerse prescindiendo de la ley. Detener a inocentes solo porque son jóvenes, viven en zonas marginales o caminan cerca de soldados que tienen la orden de llenar una cuota de detenidos es incompatible con una Constitución como la nuestra, apoyada en los derechos humanos y que pretende establecer un Estado de derecho. Los delincuentes continúan siendo personas a pesar de sus delitos; generan, por tanto, obligaciones al Estado cuando este se ocupa de ellos, como por ejemplo en las cárceles. Pero el Estado-patrón tiende siempre a olvidarlo. Así lo demuestra el hecho de la prolongación del estado de excepción por la simple razón del caos creado en los tribunales por el excesivo flujo de personas y por la dificultad e incluso incapacidad de la Fiscalía de dar trámite a tanto caso. Definitivamente, el Estado tiene que poner un alto a este modo de tratar a la ciudadanía. Debe investigar el delito, mejorar la capacidad de la Fiscalía —infradotada para la función estatal que tiene— y aumentar la capacidad de investigación de la Policía, así como corregir con mayor energía a los agentes que incumplan normas y procedimientos. A la ciudadanía se la debe tratar con respeto. Detener para llenar cuotas, además de ilegal e inconstitucional, es una total falta de respeto a las personas. Como lo es también el grito intemperante de un ministro que se atrevió a decir que cualquiera que se manifestara el 1 de mayo, como tantos sindicalistas y gente de bien lo han hecho desde hace tantos años, sería tenido como un defensor de las pandillas. Acusar de defensores de criminales, de terroristas y de pandilleros a todos aquellos que piden respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos es una ofensa a la Constitución y a todas las personas que quieren vivir en coherencia con las leyes. Las acusaciones del ministro parecen más las amenazas de un capataz de finca que la de alguien que debe defender la Constitución. Aumentar la capacidad de diálogo y escucha de los funcionarios se ha vuelto una de las necesidades más urgentes de El Salvador.

Editorial UCA El estudio de opinión realizado por el Iudop a finales de 2021 mostró que el 93% de la población percibía un significativo aumento en el costo de los alimentos. Esa percepción tenía una base real: según la Digestyc, el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un significativo incremento en los últimos meses del año pasado. El mismo comportamiento se observa en el primer trimestre de 2022. Y el valor de la canasta básica alimentaria ha seguido creciendo. Su precio en marzo de 2022 fue un 5.8% superior a un año antes. También el índice de precios al consumidor muestra un incremento del 6.7% entre marzo de 2022 y el mismo mes del año pasado. Estamos, por tanto, ante un incremento del costo de la vida mucho más elevado que en los años recientes; esta dinámica no se había observado en El Salvador desde 2011. Sin duda, ello está golpeando la economía familiar. De hecho, la población ya lo afirmaba en diciembre: el 60% consideraba que el costo de la vida había aumentado mucho y el 46.6% señalaba que se había visto obligado a dejar de adquirir algunos alimentos porque no le alcanzaban los ingresos. Otros manifestaron que habían tenido que prestar para llegar a fin de mes. Incluso en algunos hogares alguno de los miembros tuvieron que dejar de estudiar debido a la falta de recursos económicos. Esta situación es preocupante, pues, entre otras cosas, afecta la ya deteriorada situación nutricional de muchas familias. Los hábitos alimenticios del 50% de las familias reflejan un déficit calórico del 25% y déficits en minerales y vitaminas. Y los alimentos que la población afirma estar dejando de consumir por su mayor costo son los que proporcionan mayor cantidad de calorías y nutrientes. Dada la limitación del mercado laboral, que apenas ofrece empleo formal a un millón de salvadoreños, la situación no se resolvería incrementando el salario mínimo, pues la gran mayoría de la población trabaja por cuenta propia, no depende de un sueldo. En la encuesta del Iudop, el 56.2% de la población afirmaba que el incremento del salario mínimo que tuvo lugar en agosto de 2021 ayudó poco o en nada a aliviar la economía familiar. No son pocas las familias salvadoreñas que ni siquiera logran juntar ingresos equivalentes a un salario mínimo. Considerando la situación económica a nivel mundial, las ramificaciones del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la dependencia de El Salvador de la importación de una gran variedad de productos y la fragilidad de la economía nacional, no hace falta ser pesimista para afirmar que vienen tiempos muy difíciles para el país. Un panorama que se ensombrece aún más por la incapacidad del Gobierno de buscar entendimientos para resolver los problemas nacionales y elaborar un verdadero plan de desarrollo económico. Incapacidad a la que se suman las erróneas decisiones que en materia económica se han tomado, entre las que destaca la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. A la fecha, esta medida solo ha servido para incrementar el nivel de riesgo del país y ahuyentar la inversión. Una acción necesaria para reducir los efectos negativos de este contexto es incrementar la producción nacional, tanto de alimentos como de cualquier otro producto de consumo. Esto disminuiría la dependencia del exterior. Asimismo, mucho ayudaría aumentar la producción de los artículos de exportación, dado los mejores precios del mercado internacional. Producir más y mejor es, pues, una de las muy pocas opciones que tiene El Salvador para salir adelante en la coyuntura actual.

Si el hechizo de Bukele se esfumara una medianoche cualquiera, tal vez no lejana, ¿podría gobernar con niveles mínimos de aceptación? Esto no tanto porque la opinión pública le preocupe en demasía, sino porque el deseo de reconocimiento general, típica del narcisismo, quedaría insatisfecho. Si Bukele se las arreglara para ganar las próximas elecciones, le resultaría cuesta arriba dirigir el país con el ego por los suelos. La cuestión no es ociosa, aun cuando el terrorismo ha elevado su popularidad. Diversos análisis financieros coinciden en señalar el grave riesgo de la suspensión del pago de la deuda, lo cual se suma a la creciente inflación y a la recesión económica. El bitcóin, la gran apuesta para evadir la crisis financiera, parece estar agotado. Y para colmo de males, una de las pandillas más grandes ha puesto en ridículo el Plan Control Territorial. El terrorismo estatal ha salvado por ahora la situación, al desviar la atención. Cuando pase, el embrujo volverá a estar en peligro. El tiempo sigue su marcha. Bukele ya cruzó el ecuador de su mandato. En esta primera parte, hay más descalificaciones, insultos y condenas que obras, más promesas que cumplimientos. Abunda el anuncio de grandes proyectos, sin detalles, sin alcances ni financiamiento. Hasta hace poco, el auditorio presidencial era entretenido con el desfile de los anarquistas de las criptomonedas. Después vino el escándalo del busero. La última ocurrencia, el régimen de excepción, es señal clara de agotamiento y desesperación. Los gritos desaforados del presidente de la legislatura en sesión plenaria no corresponden a un alto funcionario satisfecho con su posición y seguro de sí mismo. Son gritos de impotencia y miedo. El terror es popularmente muy rentable, pero su impacto es pasajero y, más importante aún, no es solución para el desafío planteado por las pandillas, no solo porque se ensaña con una de ellas, sino también porque se va por las ramas y olvida ir a la raíz. La proyección de Bukele como un líder único sin par y como arquitecto genial de un mundo nuevo, el polo opuesto a sus depravados antecesores, ha traído alivio a los desencantados y frustrados con la política tradicional. Sin embargo, existen indicios de que ese hechizo puede terminar. Si llegara a deshacerse, ¿qué será de sus colaboradores más íntimos? ¿Volverán sus hermanos a cuidar de su capital, acrecentado a su paso por la presidencia? ¿Abandonarán Casa Presidencial los venezolanos y los otros extranjeros? Los ambiciosos que pululan en los pasillos presidenciales y legislativos pelearán por la herencia de los Bukele. O tal vez un general de nuevo cuño se apodere del sillón presidencial y prometa elecciones, según el patrón tradicional. Los ministros, los diputados, el fiscal y los magistrados judiciales, acostumbrados a ser mandados en lo que hacen y dicen, se perderán desorientados. Quizás se animen a regresar por donde vinieron, mientras aguardan, agazapados, una nueva oportunidad para medrar. Ese líder brillante y aclamado puede perder el control. No es tan genial ni tan poderoso como parece. Adolece de la inseguridad del narcisista en un grado sumo. Por eso se revuelve contra la crítica, la disidencia y la oposición. Ansía el reconocimiento universal y nunca tiene suficiente. Gobernar con mínimos de popularidad, después de haber estado donde ningún presidente ha estado, sería insufrible. Las demostraciones de fuerza no deben confundir. Los narcisistas hacen alardes de poder para ocultar su fragilidad y su inseguridad. El miedo a la debilidad los atormenta. Ellos mismos son su peor enemigo. Anhelan seguridad psíquica, pero actúan de manera autodestructiva, con lo cual siempre creen encontrarse asediados por las fuerzas del mal, mientras culpan a los demás de sus fracasos y frustraciones. Por su lado, los incondicionales confunden las cualidades personales de Bukele con la identidad nacional. Para ellos, Bukele es El Salvador. Una reducción atroz. Se han despojado voluntariamente de su historia, su memoria, su identidad y su dignidad. Han renunciado a su razón, a su voluntad, a sus valores y a sus sentires. Algunos han aceptado incluso que sus familiares guarden prisión por días sin término sin acusación formal. Han sacrificado lo mejor de sí mismos al ídolo que han erigido en su luz y su todo. Creen ingenuamente que responderá por ellos y los salvará. Ignoran que si el encanto se deshace, el ídolo desaparecerá, así como apareció. La desaparición del hechizo es una posibilidad real. El régimen de Bukele ha perdido fuerza, su imaginario da señales de agotamiento y su liderazgo pierde lustre. En un esfuerzo supremo, ha soltado a los policías y los soldados para que aterroricen las zonas populares, con el aplauso de quienes piensan que la represión y la venganza resolverán la violencia. Si el Estado terrorista se consolida, el embrujo puede prolongarse. Pero en ningún caso es eterno. Ese es el gran error de los fascinados con un presidente que juega con un capirucho de pla

Editorial UCA Organizaciones sociales, periodistas, académicos y personas interesadas en el rumbo del país dedican tiempo y esfuerzo a analizar la lógica de actuación del Gobierno de Bukele, pero muy poco a la comprensión de la lógica de la población. Por su naturaleza, cualquier Gobierno está sometido al escrutinio tanto de la institucionalidad pública de control como de las organizaciones que ejercen esa función desde la sociedad. En un contexto en que se ha cooptado la institucionalidad oficial que controla el ejercicio del poder, las instancias ciudadanas han redoblado sus esfuerzos de contraloría, dando cuenta del guion que sigue el Gobierno. Un guion que ha resultado ser clásico. Primero, lo importante para el populismo autoritario es llegar al poder, valiéndose de marketing, discursos, sondeos de opinión y promesas que no se plantean para ser cumplidas, sino para ilusionar a los electores. Mientras se denigra y desacredita al adversario, la propaganda se encarga de enaltecer las bondades del líder y crear el espejismo de un país feliz si se vota por él. Segundo, el populista autoritario justifica con argumentos dicotómicos (“nosotros contra ellos”, “el bien contra el mal”) la urgente necesidad de su presencia, de su rol que supera la legalidad, a fin de que todos entiendan la obligación de obedecerle. Tercero, llegado al poder, la meta es quedarse indefinidamente, alargar el mandato todo lo que se pueda. Para ello se reforma la Constitución, se la lee a conveniencia o se recurre a un plebiscito. La continuidad en el poder es requerida para finalizar proyectos inconclusos, limpiar al país de enemigos, alcanzar el paraíso prometido, etc. La legitimidad, además, viene de la aprobación popular, no de la ley. Cuarto, se cambian las reglas y se domestica a las instituciones, de modo que la nueva institucionalidad trabaje toda en función del líder, sin cortapisas ni controles de ningún tipo. Con el tiempo llega la concentración y personalización del poder. La actual administración no ha hecho más que seguir la ruta de otros populismos autoritarios. Eso no significa que no alarme. Por supuesto, corroborar que el camino andado en Venezuela o Nicaragua es similar al que, de manera mucho más acelerada, se sigue El Salvador, genera temor. Lo que falta explicar es el porqué del respaldo social al presidente. A pesar de las reiteradas advertencias de que el país marcha al despeñadero, una gran mayoría sigue creyendo en quien ofreció una nueva historia de bonanza y verdadera democracia. A las familias de las zonas marginales parece no importarles que los trescientos dólares repartidos durante la pandemia hayan sido parte de un mecanismo populista y propicio para la corrupción. Los señalamientos y alertas de la sociedad civil crítica no han llegado a quienes han recibido las dádivas gubernamentales con los brazos abiertos después de años de olvido, las personas que están hartas de la violencia y del miedo a las pandillas, aquellos a los que la institucionalidad democrática o el Estado de Derecho nunca les fue útil en su lucha diaria para sobrevivir en medio de un modelo excluyente. En el país se ha entendido bien la lógica del poder, pero no la de la gente. Y en ello radica gran parte del problema para vislumbrar una estrategia alternativa a la del fracaso que se avecina.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La represión del régimen de Bukele ha dejado en evidencia que el fenómeno de las pandillas tiene más envergadura que los mismos pandilleros. El pandillero caído en las redadas pertenece a un grupo familiar, inserto en las zonas más deprimidas del país. Los reclamos de ese grupo —en particular, de las mujeres— patentizan la existencia de lazos de mutua dependencia. El grupo familiar vive del salario, más bien bajo, de los miembros con empleo y de la rentabilidad criminal. Puede objetarse que de haber llevado una vida honrada habrían evitado la cárcel y sus consecuencias afectivas y económicas. Cabe preguntar también si esos pandilleros, muchos de ellos criminales, algunos mentalmente enfermos, tenían alternativa. Dicho de otra manera, si las condiciones de vida hubieran sido más igualitarias, humanas y dignas, ¿la pandilla habría sido una alternativa? La otra cara de la represión es la de los detenidos que no son pandilleros o que lo fueron. Su núcleo familiar sufre las mismas consecuencias que las del pandillero. El castigo implacable del régimen contra los “terroristas” se ensaña también con los inocentes, por el simple hecho de residir en una zona de bajos ingresos y sin servicios básicos aceptables, por ser joven, obrero o estudiante, por parecer pandillero o por capricho de los policías y los soldados. Las víctimas de esta represión tienen conciencia clara de padecer una tremenda injusticia. La incapacidad y la falta de voluntad del régimen para verificar su culpabilidad agregan injuria a la injusticia. La represión se ceba en las zonas abandonadas por el Estado desde la época de Arena. Al igual que entonces, cuando por fin el Estado se hace presente, es para aterrorizar. Bukele aterroriza para acabar con los terroristas, con lo cual hace de su guerra un enfrentamiento entre terroristas. El terror de Bukele es masivo por la cantidad de víctimas e indiscriminado porque castiga de manera antojadiza. Es extremadamente salvaje, porque tortura, e incluso mata a golpes, a los capturados, pandilleros o no, y porque los somete a tratos crueles y degradantes. Sin embargo, la guerra es desigual y tiene mucho de ficción, porque los terroristas contra los que lucha Bukele no oponen resistencia. El Estado negó sistemáticamente una vida digna y humana a los habitantes de las zonas que ahora castiga con terror implacable, por convivir con pandilleros y otros criminales. Al parecer, la idea es romper la red de relaciones sociales donde aquellos se mueven. No es verdad que “quien nada debe, nada teme”, porque la gente está a merced de la arbitrariedad y la brutalidad de los soldados y los policías. Hay mucho que temer, porque ellos deciden quién desaparece en las cárceles de Bukele. Tampoco es cierto que “abril ha sido el mes más seguro de la historia”, porque la seguridad del terror es parcial y pasajera. Ha traído seguridad a las clases privilegiadas, pero no a las mayorías, que sobreviven malamente. Entre las voces que protestan, algunas han increpado a Bukele por pagarles tan mal su contribución para llegar al poder y para mantener su popularidad. La injusticia del capitalismo neoliberal se consuma con la barbarie de los policías y los soldados del régimen, similar a la de la época de los coroneles y los generales de la otra guerra. Al igual que entonces, la “orden superior” es razón suficiente para que los funcionarios, los fiscales y los jueces ejecuten una “limpieza” que, a juzgar por los hechos, no solo encierra a pandilleros, sino también castiga la desigualdad y la pobreza. Los habitantes de los territorios reprimidos son sospechosos, peligrosos y, por tanto, objetivo legítimo del terror estatal. No se trata de condonar los crímenes de la pandilla, sino de arrojar luz sobre la complejidad de este fenómeno social violento. Aunque puestos a condonar, no hay razón aparente para ser implacable con los pandilleros y tolerante con los corruptos. Tan terroristas son unos como otros. Pero ya se sabe, el terrorista es el de abajo, el de arriba siempre es paladín del orden y de la libertad. La acción violenta terrorista como último y único medio eficaz no transforma la sociedad, sino la hace más violenta e inhumana de lo que ya era; la polariza aún más y reafirma las fronteras entre las clases sociales; crea tensiones explosivas incontrolables e impide la búsqueda de soluciones racionales y consensuadas a graves problemas estructurales. Aparte de ser éticamente inaceptable que un fin bueno permita cualquier utilización de medios malos, el terror estatal solo es exitoso a corto plazo. A mediano y largo plazo, ¿qué hará Bukele con las decenas de miles de capturados? ¿Dejarlos morir de hambre, de enfermedad, de maltrato y de abandono, en una versión nacional de los campos de concentración? No puede retenerlos mucho tiempo sin que la situación se vuelva inmanejable. La opción es atractiva, pero, entonces, solo podrá gobernar con la represión y el terror. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mon

Hace ya una buena cantidad de años, el papa Juan XXIII, fijándose en las necesidades de los trabajadores, defendía la necesidad de socializar bienes básicos para todo el mundo. Algunos años después, otro papa santo, Juan Pablo II, enfatizaba la prioridad del trabajo sobre el capital. En nuestros días, el papa Francisco ha insistido permanentemente en la justicia social y en la distribución justa de los beneficios del trabajo. El trabajo, nos dice Francisco, debe ser “una instancia de humanización y de futuro”, “un espacio para construir sociedad y ciudadanía”. En El Salvador, donde el trabajo suele estar desprotegido y mucha gente recibe una paga que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas familiares, es de rigor que los trabajadores exijan justicia social. La concentración del ingreso en pocas manos, el enriquecimiento de algunos y la marginación de muchos, hace brotar un sentimiento de protesta que debe ser, por un lado, expresado con civismo y, por otro, escuchado con atención por parte del Estado. Cuando algunos funcionarios, amparados en el estado de excepción recientemente prolongado, amenazaron a quienes deseaban manifestarse el 1 de mayo, olvidaron que la situación de exclusión y explotación en la que se hallan muchos trabajadores es una de las causas de la delincuencia. En este sentido, reclamarle al Estado y exigirle tener en cuenta los derechos del trabajo, superiores en muchos aspectos a los derechos del capital, es promover la paz y la justicia. Lo contrario, amenazar con detención a quienes desean manifestarse no solo es una negación de un derecho humano básico, sino verdadera complicidad con la violencia. Buena parte de la deshumanización existente en el país comienza con la deshumanización del trabajo, con la explotación y los salarios insuficientes para llevar una vida digna. Pensar que la injusticia estructural no tiene nada que ver con la violencia delictiva es una ingenuidad. Los trabajadores que se manifiestan para reclamar mejores condiciones de vida son enemigos de la violencia; quienes los acosan o insultan son promotores de violencia, impunidad e injusticia. La insistencia de diversos funcionarios en desacreditar los reclamos de los trabajadores, la revisión de buses con clara dedicatoria a los posibles manifestantes, la tendencia a apoyar y apoyarse en dirigentes sindicales domesticados para despreciar a los que salen a las calles son muestras de un Gobierno incapaz de diálogo social. Además, cuando a pesar de la crisis económica que sacude al país se gasta en espectáculo y propaganda para presentar al público a los “verdaderos sindicalistas”, lo hecho logra lo contrario de lo que se pretende. Creer que con una política tan negativa al diálogo se construirá un “nuevo El Salvador” equivale a regar fuera del tiesto no solo de la democracia, sino de una política racional y legítima. Juan Pablo II entendía la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un paso fundamental “en el camino del progreso moral de la humanidad”. El artículo 23 de la Declaración insiste en el derecho al trabajo con salario digno tanto para quien lo realiza como para su familia. Y añade que el derecho de toda persona a sindicalizarse y defender sus intereses como trabajador es siempre legítimo. Oponerse a la manifestación de ciertos sindicatos solo porque se mantienen fuera de la órbita de influencia del Gobierno es oponerse al desarrollo social, al desarrollo económico con justicia y al desarrollo moral del país.

Editorial UCA 29/04/2022 La decisión de Nayib Bukele de hacer frente a las pandillas mediante capturas masivas sin fin acuerpadas por un estado de excepción deja claro que su Gobierno o no tenía ningún plan para el combate a la delincuencia, o este ha fracasado estrepitosamente. Las detenciones han estado acompañadas de múltiples violaciones a los derechos humanos y hacen a un lado la presunción de inocencia. Como ya han mostrado algunos medios de comunicación y cientos de publicaciones en las redes sociales, se está privando de libertad no solo a personas presuntamente vinculadas con las pandillas, sino también a gente honrada que no ha cometido ningún delito. La práctica de primero detener y después investigar es totalmente contraria a los principios democráticos. La dinámica que está aplicando el Gobierno impide la adecuada defensa de los detenidos; mete a inocentes y culpables en un mismo saco, sin importar la grave injusticia que ello conlleva. El presidente y sus ministros han dicho que no harán ningún caso a las alertas y denuncias tanto nacionales como internacionales, y que seguirán adelante hasta encarcelar a todo aquel que consideren sospechoso. Alardean de haber privado de libertad a miles de personas sin disparar una sola bala, lo cual es mentira, pues hay evidencia de personas fallecidas en enfrentamientos con policías. Tampoco reconocen que algunos de los detenidos han muerto mientras estaban privados de libertad. Sobre estas muertes el Gobierno tiene toda la responsabilidad y deberá rendir cuentas tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. Cuando se utiliza la fuerza bruta para resolver conflictos, los cuerpos de seguridad se envalentonan y cometen cada vez más graves atropellos contra la población, desatando una espiral de violencia que puede llegar hasta límites muy peligrosos. El Salvador conoce muy bien de esto. Generaciones de adultos no olvidan los terribles abusos y arbitrariedades de los cuerpos de seguridad existentes hasta el año 1992; cuerpos que tuvieron que ser eliminados precisamente por su historial de graves violaciones a los derechos humanos, por su barbárico perfil asesino. Cuando el presidente acusa a las organizaciones defensoras de derechos humanos de ser cómplices de los criminales y de no amparar a los buenos ciudadanos, se iguala a los gobernantes dictatoriales que en el pasado repetían la misma cantaleta. Los derechos humanos son de todas las personas, no solo de las que a juicio de un mandatario son “buenas”. De hecho, para dar plena seguridad a las personas “buenas”, es absolutamente necesario el respeto a los derechos humanos de toda la población. Agobiados por el actuar de las pandillas, muchos aplauden estas medidas gubernamentales. Acabar con la delincuencia es una necesidad y una demanda popular, sí, pero ello no justifica lo que ahora se está haciendo. El combate a las pandillas no pasa por atropellar a amplios sectores de la población y vanagloriarse de ello. Gobernar bien es resolver los conflictos en el marco de la ley, respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin excepciones.

Que la democracia esté en franco retroceso de lo poco que había avanzado, no es algo exclusivo de El Salvador; lamentablemente es un fenómeno global. Nos han precedido Venezuela, Nicaragua, Turquía, Brasil y un largo etcétera. Según el informe sobre el estado de la Democracia en el mundo 20211, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo supera al número de países en fase democrática, una tendencia que ya lleva un lustro. En América Latina la mitad de las consideradas democracias de la región han sufrido erosión democrática, con Brasil a la cabeza. Esta constatación no debiera ser motivo de consuelo. Más bien es una oportunidad para aprender de otros pueblos que han sido llevados a situaciones que terminaron atropellando sus derechos humanos fundamentales, cuando habían prometido mejorar su vida y desarrollar los países. Hay varias lecciones que se pueden extraer de estas experiencias. Quizá nada nuevo que no conozcamos; algunas de ellas ya se han vivido o se están viviendo en el país, otras solo se insinúan amenazantes en el horizonte. Como muchas veces lo evidente es lo menos obvio para los ojos, vale la pena el intento de enumerarlas para ver si de verdad aprendemos de ellas. En primer lugar, los retrocesos democráticos en la actualidad utilizan otra vía que los que se dieron en el pasado. Antes, la democracia se desmontaba a través de golpes de Estado. Países europeos los experimentaron entre las dos guerras mundiales y en otras latitudes se vivió durante la Guerra Fría. Hoy la amenaza principal proviene de líderes políticos que llegan al poder gracias a elecciones democráticas. Son elegidos por sus pueblos pero se vuelven una amenaza autocrática cuando, “para mantenerse en el poder, intentan restringir libertades, así como debilitar sistemas de control políticos y administrativos”2. En el siglo XXI, la democracia está siendo desmontada en muchos países por líderes que llegaron a gobernar gracias a las elecciones libres, pero que después buscan expandir sus poderes eliminando la democracia. En segundo lugar, estos líderes no solo llegan y buscan mantenerse en los gobiernos a través de elecciones, sino que manipulan el apoyo de la población para expandir sus poderes. “Paradójicamente, instrumentalizan el proceso electoral para desmantelar las normas e instituciones que permiten que las elecciones sean justas y libres”3. Usan el respaldo social electoral para justificar la toma de los otros poderes y para neutralizar a las instituciones del control democrático. Recurren, para justificar sus actuaciones que contrarían la Constitución que juraron respetar, a la voluntad del pueblo que los eligió. Reforman la Constitución o hacen un entuerto de interpretación, para poder reelegirse. Un signo inequívoco del desmantelamiento de la democracia es que terminan desnaturalizando el sistema electoral que hizo posible su llegada, para hacer imposible la llegada de otros. Venezuela y Turquía tuvieron elecciones que se consideraron competitivas, pero sus regímenes terminaron siendo autocráticos. En tercer lugar, los políticos que viven de la política, es decir, del dinero público, se aprovechan de las necesidades de la gente y juegan con su sufrimiento. Los líderes autocráticos de este tiempo aprovecharon la pandemia para consolidar su poder. Varios politólogos advirtieron en el 2020 “acerca del peligro de mayor corrupción y autocratización en ciertos países, así como del peligro de fortalecimiento de líderes o movimientos populistas”4. La emergencia sanitaria fue la ocasión propicia para pedir más recursos, para saltarse las rendiciones de cuentas y favorecer a quien detenta el poder y sus socios. Un cuarto elemento es que el común denominador de los líderes autocráticos es que eliminan la imparcialidad de la ley. La meta es usar y abusar de la ley para protegerse a sí mismo y a los aliados y perseguir a los opositores.Para los opositores persecución, para los propios, impunidad. A esto los especialistas le llaman “legalismo autocrático”. La corrupción y la autocracia van de la mano. Si se elimina la rendición de cuentas horizontal, si se cooptan los organismos de control del ejercicio del poder es para ocultar el uso indebido y la apropiación de fondos públicos. El presidente Hugo Chávez, a pesar de su discurso, creó un sistema en que sus simpatizantes, especialmente sus amigos capitalistas, “podían obtener contratos con el Estado sin licitaciones, acceso especial a una tasa de cambio favorable, protección de auditorías fiscales y un trato conveniente de parte del sistema legal”5. Por eso es común que grandes proyectos de infraestructura se den directamente a allegados y son una fuente apetecida de enriquecimiento. Finalmente, un quinto elemento es que el líder autocrático miente sin ningún rubor. La verdad no importa, cualquier cosa la puede sustituir, aunque sea un disparate. Si alguien cuestiona lo que afirma

Editorial UCA Los autócratas y los populistas suelen buscar o inventar un enemigo al cual culpabilizar de todo y con el cual sembrar miedo o incertidumbre entre el pueblo al que dicen defender. Desde su inicio, la administración de Nayib Bukele declaró a las pandillas como su enemigo número uno. Y con esa base lanzó el tan publicitado como desconocido Plan Control Territorial. Luego clamó por la aprobación de préstamos para financiar el Plan. Todo el que pidió explicaciones sobre el uso que se haría del dinero pasó a engrosar las filas de los que estaban del lado de los delincuentes. En la narrativa oficial, el presidente era víctima de los mismos de siempre, que en ese momento controlaban la Asamblea Legislativa. El combate de un enemigo temible por la población fue utilizado como justificación para tomarse militarmente el primer órgano del Estado. Solo la comunicación directa con Dios hizo que el asunto no pasará a más. Poco después vino la pandemia; el covid sustituyó a las pandillas. El nuevo enemigo, totalmente desconocido y, por tanto, generador de gran angustia y miedo, fue la excusa para obtener y gestionar sin mayor control una ingente cantidad de recursos y someter a la población a una cuarentena brutal. Además, el virus fue útil para profundizar la autocracia y apuntalar el afán del Gobierno de presentarse como el mejor de toda la historia. Quienes declararon inconstitucionales las medidas que violaron derechos humanos fueron acusados de buscar la muerte de la población. Quienes investigaron la corrupción corrieron igual suerte. Sin embargo, cuando el covid-19 se volvió manejable, se recurrió de nuevo a las pandillas. La ola de 62 homicidios en un solo día fue el acicate. De nuevo urgieron dineros, armamento y equipos. Y se dio un nuevo paso en la consolidación del régimen autoritario: se decretó un estado de excepción que ha servido para detener a miles de personas, sin distinguir entre inocentes y culpables. Como antes por el virus, se han anulado las garantías que protegen al ciudadano. Quienes critican lo hecho son aliados de los pandilleros, incluyendo a los organismos internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos. De paso, se ha aprovechado para presentar los proyectos del tren del Pacífico y del aeropuerto de Oriente. Si es que llegan a realizarse, no pasarán por la ley LACAP, sino que se adjudicarán directamente. A quienes cuestionan cómo gobierna la administración se les anima a irse del país, pues este no los necesita. No hay lugar para opinar distinto ni pensar por cuenta propia. A los que no les guste, “que se vayan”. Solo se necesita a los que aplauden; los demás, sobran.

Editorial UCA Cuando una oligarquía política, social o económica se impone sobre una mayoría de la población, centraliza el poder, controla las instituciones y las utiliza en su beneficio, crea pobreza y desigualdad, sembrando así las semillas de la violencia delictiva. Ante la marginación y la falta de oportunidades, se desata un proceso de resistencia que puede ser político, de huida (vía migración) o delictivo. La respuesta violenta del Estado puede aminorar la violencia delictiva durante un tiempo, al igual que la represión de las manifestaciones pacíficas en favor de derechos sociales puede lograr que cesen. Sin embargo, si la violencia estructural se mantiene, muy pronto resurge la protesta de unos y la violencia de otros. Aumentar penas y militarizar la seguridad pública puede parecer solución, pero si la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad persisten, solo se perpetúa la cultura de la violencia. En ese contexto, la única paz posible es la del destierro, el encierro o el entierro. El autoritarismo y la violencia constituyen una tentación muy fuerte en una sociedad en la que las instituciones funcionan únicamente para una pequeña proporción de la población, protegiendo los intereses de esa minoría frente a los derechos de la mayoría. Los regímenes autoritarios atacan siempre los derechos humanos, porque estos son universales. Atacan a la prensa, porque esta puede descubrir sus intereses oligárquicos, cuando no corruptos. Atacan a los centros de pensamiento, porque no les gusta la crítica y buscan convertir a la ciudadanía en una masa sumisa y silente. La violencia no es solo dar golpes, sino también impedir la posibilidad de hacer preguntas. Y por eso mismo a los autoritarios les gusta la polarización. Al tener de su lado al Ejército y la Policía, así como la posibilidad de promulgar leyes represivas, emprenden una política de amenaza y desgaste contra quienes les contradicen. El autoritarismo conduce a la corrupción, la ignorancia y la violencia. Una funcionaria salvadoreña decía hace poco que escribir un libro de investigación sobre las pandillas podía convertirse en delito. Las medidas aplicadas a los privados de libertad han venido acompañadas de acusaciones de corrupción contra los administradores de las prisiones. Los encarcelamientos masivos sin garantías judiciales abren un camino de impunidad y brutalidad, y muestran a los opositores el riesgo que corren si alzan demasiado la voz. Trabajar por la paz, el desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social se convierte así en una tarea peligrosa, pero muy necesaria para evitar que la violencia de los autoritarios engendre violencias más ciegas y destructivas. Quienes trabajan por la paz y el desarrollo pertenecen al ámbito de la verdad humana. Y esa verdad, además de ofrecer siempre un plus de libertad, termina a la larga imponiéndose en el corazón de las mayorías.

Por José María Tojeira, S.J. Cuando un sistema político no hace caso de las advertencias que se le hacen desde la ciudadanía, se corre con mayor o menor velocidad hacia el fracaso, sin importar los recursos, las ideologías, las propagandas o las mentiras que se puedan invertir, desarrollar o inventar. Le pasó a Arena, que en un momento parecía un partido casi eterno e inagotable, con su propio sistema de gobierno plutocrático. Le pasó al FMLN, que fue incapaz de desarrollar un sistema de gobierno realista y con verdadera dinámica de justicia social, limitándose a dar continuidad al sistema anterior con algunos ajustes más abiertos a la democracia, aunque escasos. Y le pasará al actual sistema, hoy con apariencia de todopoderoso, si continúa con la tendencia actual de enfrentamiento y de no hacer caso a lo que en muchos aspectos le repite un sector de la ciudadanía. No se trata de hacer caso en todo, pero sí de reflexionar sobre lo que se le dice, dialogar y tomar medidas que broten más de la reflexión que del capricho autoritario. Porque, en efecto, el actual Gobierno se está convirtiendo en un experto en el tema de no hacer caso de advertencias racionales e incluso legales. Se le dice que no puede discriminar por edad y sigue adelante con la purga de jueces mayores de 60 años. No hace caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta le ordena que brinde un informe sobre dos jóvenes a quienes el Ejército desapareció en 1981. Como tampoco obedeció al juez de El Mozote cuando pidió abrir archivos militares. No hacen caso del aumento de precios de los alimentos y el jefe de bancada del partido en el poder se da el lujo de decir que si no fuera por el presidente la comida estaría muy cara. No se hace caso de las normas legales cuando se trata de echar adelante una venganza política e incluso meter presos a quienes de alguna manera estorban los proyectos gubernamentales. Y no se toman en cuenta advertencias muchas veces repetidas que llevan a instituciones gubernamentales a hacer el ridículo internacional. Entre estas últimas está la contradicción y el absurdo, que ya practicaban Arena y el FMLN, de tener una Fiscalía que persigue el crimen al interior del país y que defiende los crímenes y las violaciones de derechos humanos del Estado en las instancias internacionales. Se les ha advertido a los Gobiernos que deben tener instancias distintas para acusar desde el Estado y para defender al mismo. Pero hasta el momento actual todos han preferido esa esquizofrenia fiscal de defender fuera delitos estatales mientras en el interior se persigue a ciudadanos. Cuando el caso de la masacre en la UCA y otros vinculados a violaciones estatales llegaban a instancias internacionales del sistema americano de derechos humanos, allá acudía un fiscal a decir que todo estaba bien en El Salvador. Lo mismo ha sucedido ahora cuando, ante las acusaciones de perseguir a la prensa, un fiscal dice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en El Salvador no se persigue a la prensa, ni a quienes tienen una posición crítica ante el Gobierno actual. No se hace caso a recomendaciones en temas de política penitenciaria, a pesar (o precisamente por eso) de que con frecuencia se violan derechos de los privados de libertad. Por supuesto, el actual Gobierno no se da por aludido cuando se le recomienda que ratifique los acuerdos de Escazú ni, mucho menos, cuando se le advierte sobre los daños ecológicos del aeropuerto de oriente. No se escucha la petición de que firme el protocolo facultativo a la convención de la tortura o a las convenciones sobre desaparición forzada. Ni parece importarle que las violaciones sexuales continúen en aumento y que haya una enorme impunidad al respecto. No hace caso cuando se le advierte que, ya sea por ignorancia o por mala voluntad, está diciendo mentiras. Y por más respeto con que se les digan las cosas a los funcionarios, incluso amenazan con llevar a la Fiscalía a cualquier persona que les diga que están diciendo falsedades. La hipocresía y hacer el ridículo poniendo rostro de persona honorable ha sido una característica permanente, diríamos que secular, de demasiados políticos, dentro y fuera de nuestro país. Pero los políticos y seguidores del partido en el poder se están llevando un Óscar con las actuaciones sordas y cerradas a cualquier tipo de advertencia crítica que se les pueda hacer. Eso, más temprano que tarde, termina llevando al fracaso. Solo el diálogo abre puertas al futuro.

En estos días de excepción y de capturas masivas e indiscriminadas, se escuchan voces, lideradas por Bukele, que claman venganza contra los pandilleros. Aunque es natural y — hasta cierto punto— comprensible, la venganza obedece a un instinto primitivo, pero no revive a los asesinados, ni aparece a los desaparecidos, ni transforma el sufrimiento en regocijo. Tampoco iguala la desigualdad social, ni da acceso a los servicios públicos, ni trae paz donde hay violencia. La venganza solo destruye. Pese a ello, existe el convencimiento de que el sufrimiento y la muerte infligidas al otro resarcirán la pérdida y sanarán el dolor. Por eso, la venganza es una fuerza auténtica y poderosa, pero no cura las heridas. Probablemente, las empeora. La venganza introduce en un círculo tóxico del cual es difícil escapar. La venganza se agota en sí misma y no supera el desconsuelo. Al contrario, vuelve la pérdida más dolorosa y amarga. La venganza atrapa en el objeto de su desquite, en el daño que inflige y en la amargura. La reacción vengativa del régimen de Bukele no erradicará la violencia social, mucho menos cuando es cuestión de llenar cuotas de capturados, no de delincuentes. El régimen contiene la violencia momentáneamente con la represión hasta que explote de forma más destructiva por otro lado. Ensoberbecido por su poder y engañado por la respuesta facilitona, ratifica la violencia como forma de convivencia. No habla de justicia social, sino de castigo implacable y de desquite. La represión ahonda la división social, el resentimiento y el odio, los cuales, en su momento, reclamarán venganza. Y así sucesivamente. La venganza retiene en el pasado y cierra el futuro. Muchas de las voces que claman venganza y disfrutan la humillación, tortura y muerte de los pandilleros se dicen cristianas. Asisten al templo o al culto, tal vez leen con frecuencia la Escritura y entonan himnos de alabanza. A esas voces hay que recordarles que después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios no lo destruyó. Al contrario, lo marcó para que nadie le hiciera daño. Dios no desea venganza, sino conversión y misericordia. En el Calvario, recuerda el papa Francisco en su magisterio del Domingo de Ramos, el poder político y religioso invita cínicamente a Jesús a pensar en sí mismo, en sus intereses y en su éxito. Pero él no lo reprende ni lo amenaza con castigos divinos. Tampoco grita su rabia y su sufrimiento. Reza por los malvados y concede misericordia a uno de los malhechores crucificados que tiene al lado. Desde la dura experiencia de Jesús de amar a los enemigos que lo crucifican, el papa invita a pensar en quién nos ha herido, ofendido, encolerizado o desilusionado. “¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño! […] lamentándonos las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia”. Jesús nos enseña a romper ese círculo vicioso del mal con el amor y “la caricia del perdón”. Es imposible ser cristiano con “instinto rencoroso”. “Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos han herido”. El crucificado no solo implora el perdón para sus asesinos, también aduce el motivo: no saben lo que hacen. Jesús justifica a los violentos, porque no saben. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni de los demás, que somos hermanos. El ignorante comete crueldades absurdas. Dios ve en cada uno a un hijo y a una hija. No separa en buenos y malos, en amigos y enemigos, tal como hace el mundo. Todos somos hijos amados, a quienes desea abrazar y perdonar. En el Calvario, todos escucharon a Jesús pedir perdón, pero solo uno se acogió a él. Uno de los malhechores descubrió que en ese perdón había lugar para él. En el infierno del mundo, vio cómo se abría la salvación: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Dios hace lo mismo con todos. No se cansa de perdonar. En el Calvario, Jesús se erige en nuestro abogado, no en nuestro fiscal. Las enemistades, los odios y la violencia lo hacen sufrir, pero tiene un solo deseo: perdonarnos. El perdón brota de los horrores de la cruz. Nunca, enfatiza el papa, hemos escuchado palabras más bondadosas. Nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva ni un abrazo más amoroso. El papa nos invita a dar gracias por ese perdón, “aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”. Jesús, al mirar la sociedad salvadoreña herida y violenta, no se cansa de repetir: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pero para renunciar a la venganza hacen falta mucha valentía, mucha seguridad en uno mismo y una mente clara. Contrario a las apariencias, la firmeza y la determinación no hay que ponerlas en la institucionalización de la violencia, sino en erradicar sus raíces. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso 07/04/2022 Tanto los asesinatos cometidos durante el repunte de homicidios como las masivas capturas en el Estado de Excepción son de personas de los sectores populares, de las zonas periféricas de las ciudades, de la zona rural más abandonada del país. Nombres como Soyapango, Apopa, Tonacatepeque, El Congo, etc. son los que han sonado en estos días. En 24 horas de aplicación del Estado de Excepción la policía informó de más de 1,400 capturas en 50 operativos. Por lo menos en los reportes no figuran las zonas residenciales y privilegiadas de las ciudades. Una semana después de iniciada la respuesta del gobierno, oficialmente se reportaron más de 4000 detenciones, la inmensa mayoría de personas pobres. De hecho, las catalogadas por la policía como “zonas rojas” por su peligrosidad se ubican en los sectores populosos en los que los servicios básicos no están garantizados. Entonces, ¿La delincuencia es patrimonio de la pobreza o, en el mejor de los casos, es consecuencia de ella? Este tipo de afirmaciones se ha extendido en el mundo, incluso en instancias internacionales que atribuyen a la pobreza y a la desigualdad el aumento de los índices delictivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de generalizaciones porque no son ciertas. La pobreza es un gravísimo problema que amerita todos los esfuerzos posibles para reducirla, pero no hay que perder de vista que hay países en África o aquí cerca en Centroamérica que tienen mayores niveles de pobreza que El Salvador y reflejan menores índices de homicidios y de hechos delictivos. La carencia de recursos económicos no aumenta la propensión a aumentar los hechos delictivos. Por el contrario, no se puede olvidar que quienes en el pasado extrajeron millones de dólares del erario público o quienes lo siguen haciendo en la actualidad no son, o ya no son a estas alturas, miembros de sectores populares sino de estratos superiores económicamente hablando. Quizá entonces lo que se criminaliza no es tanto la pobreza en sí misma, sino a los pobres. Quizá también de ello se deriva la aporofobia o el miedo a los pobres como señala Adela Cortina. No se teme tanto a la pobreza como a los pobres, aunque a muchos les aterre la sola idea de no poder conservar su nivel de vida desahogado. Trabajos de investigación periodística han revelado que los 62 homicidios perpetrados el sábado 26 de marzo ocurrieron en 44 municipios de 12 departamentos del país. 47 de esos homicidios fueron de personas que no pertenecían a las pandillas y básicamente eran vendedores, albañiles, obreros, taxistas, amas de casa, campesinos y un largo etcétera de los oficios más humildes y menos remunerados del mercado laboral. Es decir, los asesinatos fueron de gente pobre. Lo mismo puede coludirse de las imágenes transmitidas prolijamente por instancias del Estado de los capturados en este tiempo. Las cárceles están llenas de presuntos delincuentes, pero de comprobados pobres. El Salvador y Estados Unidos comparten algo: son los países con los índices de personas privadas de libertad más altos por cada 100 mil habitantes en el mundo. Para el año 2021, el país más rico del mundo tenía 639 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, mientras que El Salvador ocupaba el segundo lugar con 562 detenidos por cada 100 mil habitantes. Está por verse si después de las capturas masivas de los últimos días,El Salvador destrona a Estados Unidos de ese bochornoso lugar. Así como lo más común para medir los niveles de violencia es contar el número de muertos, también lo más frecuente, ante los altos niveles de delitos y violencia, es aumentar el presupuesto de seguridad, tener más efectivos, aumentar los castigos y meter a más y más personas a la cárcel. Mientras haya más capturados, se cree que más disminuirá la violencia. Pero las cosas no son tan simples como se pintan. Los estudios sobre encarcelamiento en América Latina y El Caribe sugieren que más personas en las cárceles no representa una solución para los hechos delictivos. Al contrario, en algunos países como en El Salvador mismo, los han aumentado. El presidente y su gobierno están demostrando que, no solo no han cambiado las políticas fallidas de los gobiernos pasados, sino que las repiten, aunque conozca sus resultados. A Bukele, las medidas manoduristas le sirven para reafirmar su perfil de paladín del pueblo que no tiene ningún miramiento para con los delincuentes y para justificar la aprobación de más millones de dólares para combatir a las pandillas, apuesta que ya hicieron los gobiernos anteriores y fracasaron. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 85.

Por José M. Tojeira, S.J. La cruz del Jesús es el resultado de un juicio en el que se mezcla lo religioso y lo político. Se hacía hijo de Dios, blasfemia para los judíos, y se proclamaba rey ante Pilatos, delito para los romanos. Aunque como en todo juicio se barajaran diversas razones, lo cierto es que estaban matando a un hombre bueno, por el simple delito de ser bueno, decir la verdad, y pretender impulsar un camino de bondad que chocaba con los intereses de poder de su tiempo. La razón de matarle fue en el fondo una especie de odio a lo humano de Jesús, que con su palabra de conversión descubría el egoísmo y la soberbia personal, así como la inhumanidad del poder, tanto político como religioso de su tiempo. Quienes lo mataron lo odiaban en su humanidad, al igual que odian lo humano quienes siguen matando o maltratando a otros hoy. Buenos o malos, los asesinados son víctimas del pecado del mundo, de la fuerza bruta y de la absolutización de intereses egoístas, que no vacilan a la hora de destruir lo que se le oponga. No hay miramientos para lo humano ni compasión. Simplemente se odia lo humano de otros porque ofende o no coincide con el yo diferente o con los intereses de los poderosos. La cruz de Jesús es así denuncia de todo odio y de todo acto de prepotencia humana. Y especialmente de todo intento de considerar la muerte como solución de conflictos entre seres humanos. Incluso la guerra más justa, como puede ser la defensiva, contiene el horror de esa tendencia cainita que quiere solucionar los problemas a través de la destrucción del enemigo. La destrucción de la vida no es solución a los problemas humanos, nos dice el crucificado. Al contrario, son las víctimas las que en la medida que sepamos mirarlas y sentir compasión auténtica, comienzan a redimirnos de la brutalidad, de la injusticia, e incluso de la soledad. El ser humano no es un lobo para los demás hombres y mujeres de este mundo, como decía la frase latina popularizada por T. Hobbes, filósofo del siglo XVII. Al contrario, el ser humano, nos dice Jesús, es un hermano y una hermana a quienes hay que amar y servir. La cruz de Jesús denuncia en ese sentido lo que posteriormente el poeta Antonio Machado denominaría como el entigrecimiento de los espíritus. Pero la cruz de Jesús es también acto solidario. San Pablo habla de “la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre” (2 Cor 8, 9). Y la cruz, como la muerte, es el símbolo de la pobreza absoluta. Jesús es solidario con todos los que sufren persecución por la verdad, con todos los pobres, mal tratados, esclavizados, excluidos de nuestras sociedades y condenados a la ruina. Se une a ellos en la cruz, aunque no la merezca. Y de alguna manera se solidariza también, sin ocultar lo injusto de su crimen, con quien tortura y mata, con quien explota y oprime generando muerte, diciéndole al Padre de todo amor que los perdone, “porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). Jesús desde la cruz nos invita siempre a asumir la suerte de los pobres, participar pacíficamente en sus esperanzas y en sus luchas, y al mismo tiempo amar a los injustos diciéndoles la verdad de la brutalidad que cometen cada vez que desprecian, pisotean o destruyen lo humano. Pensar la cruz de Jesús es siempre pensar la vida. Pensar la esperanza que nace del amor. De ese amor tan fuerte, tan realidad divina, que no puede morir. Y por eso estalla en resurrección a los tres días, precisamente cuando parecía que todo estaba perdido. Esa historia de Jesús se repite en tantos de nuestros mártires, solidarios con los pobres y que se han unido ya a la resurrección de Jesús, como Mons. Romero, Rutilio, Cosme, Nelson Manuel y tantos otros. Unidos a la resurrección de Jesús resucitan también en todos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Dios y cuando nos unimos solidariamente a todos los que están hambrientos y sedientos de pan, de justicia y de paz. La cruz de Jesús es siempre fuente de vida. Y de su costado abierto por la lanza nacemos nosotros, Iglesia peregrina, misionera y en salida, solidaria con los pobres, puesta la esperanza en Dios y contribuyendo a la construcción de su Reino, tratando de transformar estas sociedades nuestras tan marcadas por el pecado.

Por José María Tojeira, S.J. En Semana Santa recordamos con frecuencia el mandato de Jesús a sus discípulos: “Ámense unos a otros como Yo les he amado”. Es un mandato universal para todo el que se considere cristiano. Y es un mandato que desobedecemos con demasiada facilidad, pasando del resentimiento al odio, y de éste a la ofensa, que puede llegar incluso a matar. Jesús fue víctima de esta tendencia humana a afirmarnos como seres humanos negando la humanidad de los demás. Y por esa misma razón la tradición cristiana, cuando piensa en la vida en sociedad, además de recordar el mandato básico del amor, recomienda la existencia de normas que defiendan a los débiles e impidan el abuso sobre los indefensos o los que no tienen voz, como decía nuestro San Romero. Normas que no rompan la amistad social, sino que tiendan a aumentarla. En el pensamiento secular, en buena parte inspirado por la tradición cristiana, se puso como principio, en los albores de la democracia, la frase “que nos gobiernen leyes y no personas”. Mientras las personas están sujetas a mayores equivocaciones, la norma es fruto (o debe serlo) del diálogo, de la reflexión y del discernimiento sobre las situaciones históricas en las que viven las colectividades humanas. Protegen a los más débiles universalizando derechos y crean instituciones independientes que supervisen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. En nuestros países centroamericanos, se dio desde muy temprano, en buena parte como herencia colonial, la tendencia a establecer gobiernos muy elitistas que pronto evolucionaron hacia caciquismos regionales y gobiernos militaristas. Salir de la tendencia a que nos gobiernen autoritariamente personas y no normas, es y continúa siendo un proceso largo y conflictivo. La desigualdad social, una plaga muy extendida en nuestros países, no solo genera violencia. Tiende también a generar gobiernos elitistas que rápidamente se convierten al populismo autoritario y paternalista. Para quienes acaparan poder es mejor la costumbre romana de “pan y circo”, con palo y garrote para quienes opinen diferente, que la democracia participativa y con controles de poder. En muchos aspectos nos siguen gobernando personas en vez de leyes. Y eso impide la confianza en las instituciones y la amistad social. En el esfuerzo por construir sociedades democráticas hemos trasladado a nuestras Constituciones los Derechos Humanos, con una mayor o menor universalización de los mismos según contextos históricos. Pero no hemos desarrollado adecuadamente las instituciones que universalicen los derechos constitucionales y controlen los abusos del poder. En la actualidad, además, se utiliza la mayoría parlamentaria y el control de las instituciones incluso para cambiar términos en beneficio y capricho del poder. De este modo la Policía, PNC, puede decir que hubo cero homicidios en un día y un pandillero muerto. Como si matar a un pandillero, aunque fuera en legítima defensa, no fuera un homicidio que se debe investigar y ubicar como tal para eximir de responsabilidades a los ejecutores, si así lo determinan los hechos. Se burlan de los Derechos Humanos sin darse cuenta de que sobre los mismos está construida la propia Constitución. Y se confunde la Constitución con la voluntad mayoritaria de la Asamblea Legislativa o con los deseos y órdenes del Presidente elegido constitucionalmente. Se controlan las instituciones de control, reduciendo los controles a voluntades personales, más allá de la constitución y de los convenios internacionales ratificados por la misma Asamblea Legislativa. Fanatismo y miedo suplantan a la amistad social. En la actualidad, el mandamiento del amor, que reflexionamos y tratamos de vivir de un modo especial en la Semana Santa, al menos los cristianos, no puede vivirse sin amistad social. Y la amistad social se niega cuando el poder de muy pocos se impone a como dé lugar. No hay nada mejor para vivir la amistad social que una democracia de leyes inspirada en la universalidad de los Derechos Humanos. En Semana Santa debemos busca nuestra propia conversión al amor hacia todos, a la justicia y a la paz social y el bien común. Y por eso, en las actuales circunstancias, no debemos olvidar la invitación del Concilio Vaticano II que pide a los cristianos comprometidos en política que se olviden del propio interés y que “luchen con integridad moral y con prudencia contra la intolerancia y absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política al servicio de todos” (Gaudium et Spes 75).

Por Omar Serrano En estos tiempos a mucha gente no le gusta hablar de política, sobre todo en el sentido restringido, es decir, de política partidaria. El cansancio y la decepción por el ejercicio del poder han provocado que mucha gente sea esquiva a hablar sobre el tema. Aunque muchos no se dan cuenta de que guardar silencio acerca de la política ya es una manera de hacerla. Quienes han ejercido la política y han vivido de ella, han hecho que la palabra se asocie a corrupción, suciedad, mentira. En la encuesta de evaluación del año 2021 del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), más de dos tercios de la población (65.2%) expresó no tener partido de preferencia1. A pesar del respaldo mayoritario al presidente, su partido solo obtuvo 27.7% de opiniones favorables. Sin embargo, a pesar de este desencanto y precisamente por eso, es necesario hablar de política, debatir sobre ella, especialmente en un momento de franca devaluación del ejercicio del poder. El jurista y teórico político alemán, Carl Schmitt, prominente miembro del partido Nazi, escribió prolijamente sobre el ejercicio del poder político. Su libro “El Concepto de lo Político”, publicado originalmente en 1927 y después en 1932, ocupa, para estudiosos de su trabajo como Rafael Agapito, un lugar central para entender los presupuestos que subyacen al pensamiento de Schmitt2. Ya en aquel tiempo, el teórico alemán consideró que existen en la cultura política y jurídica moderna dos modelos de convivencia civil y de organización social. La primera es la dialéctica amigo - enemigo, que calificó como una cultura violenta, de destrucción del que se considera adversario. Con el enemigo político solo cuenta el exterminio desde el odio y desde la imposibilidad de un entendimiento. Es lo que Schmitt denomina modelo totalitario del enemigo sustancial. Por contrapartida, el otro modelo es el de las sociedades democráticas, liberales y sociales en el que impera la cultura del respeto a la dignidad humana, a la tolerancia, a los valores y principios, al ordenamiento jurídico, a los derechos, a las elecciones libres. Ambos modelos están enfrentados, son incompatibles porque sus concepciones de la individualidad y de la sociedad son antagónicas. En la dialéctica amigo-enemigo la centralidad la tiene la autoridad indiscutible de quien tiene el poder de decisión, el dictador, Y como su estilo es el de “me apoyas o estás contra mí”, toda aquella persona que manifieste su desacuerdo con algún planteamiento del que decide es un enemigo contra el que se incita a la intolerancia y al irrespeto. Por eso este modelo divide a la sociedad entre buenos y malos. En el segundo modelo la centralidad la tiene la persona como titular de la soberanía. Teóricamente, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República, el origen y la finalidad del Estado es el bienestar de la persona. En la lógica amigo-enemigo, con tal de deslegitimar, reducir y eliminar al enemigo, todo se vale. La mentira se vuelve cotidiana en el ejercicio del poder. Después de todo, como dice Hanna Arendt, “hay una innegable afinidad de la mentira con la política”3. A propósito, el trabajo de Arendt es muy iluminador para los tiempos que vivimos. Ella percibió que en la arena política ascendía y triunfaba la mentira4. Pero lo que nos interesa enfatizar en este breve espacio es que siempre la mezcla de política y odio nunca termina bien y trae consigo resultados dramáticos. El siglo XX nos dejó abundantes ejemplos sobre esto pero, lamentablemente, el desconocimiento de la historia provoca que las desgracias se repitan. La era de la información, con la irrupción de las redes sociales, ha sido escenario para la pauperización del debate político, prácticamente ya inexistente en algunas plataformas. Lo que algunos han llamado “cyber odio” y otros “odialecto” son términos que expresan por sí mismos lo que se destila en el mundo de internet. Pero quienes impulsan la estrategia del odio no lo hacen por capricho, tienen unos objetivos claros: silenciar al otro y, de ser posible, eliminarlo. Por eso probablemente, la población es tolerante al anuncio de la compra de más armas y equipos para combatir al enemigo que merece ser aniquilado. El odio también busca cercenar uno de los derechos fundamentales de la democracia: la libertad de expresión. Discursos que llaman a la violencia y a la agresión son tolerados si son contra los enemigos del régimen, pero a los identificados como contrarios, no se les puede dejar pasar nada. Una mirada al vacío de contenido que se ventila en muchos espacios de las redes sociales hace inevitable preguntarse ¿A quién beneficia el ejercicio de una política que incluye las fake news y los centros de troles? ¿A quién favorece la desaparición del debate político? A quienes buscan saltarse la auditoría ciudadana y el sistema de controles del ejercicio del poder, para tener luz verde para usar el Estado como si fuera su patrimonio. Por eso necesitan no tener controles, a lo

Samuel Barahona, jefe de zona de edificios del Mercado Central de San Salvador informó sobre los cierres de los edificios 8, 9 y 10 el Viernes Santo. Retomando las actividades a partir del fin de semana, solamente el edificio 7 cerraría los tres días, indicó Barahona.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La “guerra contra las pandillas” es celebrada por mentalidades violentas y vengativas, pero es irreal. Piensan que Bukele puede encerrar a los 70 mil pandilleros que dice existen en el país. “Ninguno saldrá libre”, amenazó. Tendrá que construir campos de concentración, desplegar de forma permanente a miles de soldados y policías, y gastar mucho más dinero, aun cuando reduzca la alimentación y la atención básica a los detenidos. Hacinar y maltratar en unas prisiones ya desbordadas es crear condiciones para el estallido de motines carcelarios con más muertos y más sufrimiento de los que dice pretende evitar. Aun cuando solo existe el presente presidencial, cabe recordar que Arena ya lo intentó. No solo fracasó, sino que agravó aún más el problema. En las cárceles, las pandillas consolidaron su estructura organizativa y regentaron una escuela de pandilleros para los jóvenes con quienes compartían el encierro. La brutal represión desatada es el desquite rabioso de un presidente despechado por las pandillas. La cruzada es inviable a mediano plazo. “No hay nada que discutir”, sentenció pedantemente el presidente de la legislatura, ya que, según otro funcionario, “están listos” para enviar a los pandilleros a “la cárcel, el hospital o la muerte”. Pero la situación no es tan clara como dice el oficialismo. ¿Cómo explica que después de que su plan de control territorial haya capturado a unos 9 mil pandilleros desde 2019, estos aún tengan el control del territorio? Si las capturas son el medio eficaz para acabar con ellos, ¿por qué los detenidos en las cárceles de Bukele disminuyeron de 41,112, en 2019 a 27,095 en 2021? ¿Por qué puso en libertad a los jefes reclamados por Estados Unidos? ¿Por qué su Fiscalía redujo el uso de las leyes existentes contra las pandillas en los tribunales? Evidentemente, algo le salió mal. La finalidad de la represión no es hacer justicia a las 87 personas asesinadas en el último fin de semana de marzo. Es un ajuste de cuentas de Bukele con las pandillas. La venganza presidencial no se desquita solo con los pandilleros, sino también con los habitantes de las zonas marginadas. La represión es clasista. Golpea al sector social con menores ingresos, excluido de los servicios públicos y sometido al terror de las pandillas y, ahora, también al del Ejército vengador de Bukele. A pesar de la creciente inversión en el Ejército, casi igual a la de la salud pública, no ha protegido a la población de la violencia de las pandillas. Si lo hubiera hecho, esos 87 asesinatos no se habrían producido. Si alguien no ha protegido a las víctimas, ese es Bukele. A pesar del armamento, de la tecnología y de la cantidad de policías y soldados, no puede erradicar a los pandilleros sin castigar a su entorno. Es más cómodo criminalizar la marginalidad y la juventud. En 1932, la dictadura fusiló a quienes tenían apariencia de campesino. Más tarde, persiguió a quienes parecían revolucionarios y a su entorno. Así masacró en El Mozote y en otros sitios. Ahora, detiene a quienes parecen pandilleros y a quienes conviven con ellos. Una cortina de humo para ocultar el torpe manejo de la seguridad ciudadana. La crisis ha estremecido peligrosamente el fundamento del régimen de los Bukele y ha expuesto sus debilidades. La rapidez y la brutalidad de su reacción no constituyen una manifestación de fuerza, sino de inseguridad e ineptitud hasta el extremo de lo grotesco. Es delirante amenazar con “perseguir [a los pandilleros] con tanquetas, los vamos a perseguir con armas largas, no nos va a importar hacer uso de la fuerza contra los delincuentes”. En su desquiciamiento, el oficialismo amenaza con hacerles pagar “todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población, nosotros se lo vamos a hacer pasar en las cárceles”. No busca justicia, sino vengar el despecho presidencial. No sería extraño que, saciada la sed de venganza, Bukele se entienda de nuevo con las pandillas. Los inocentes torturados, encarcelados y asesinados serán olvidados como daños colaterales del poder. Si no hay arreglo, la dictadura militar, dirigida por un civil, se consolidará. El CEO cool salvadoreño se ha quitado la máscara y ha mostrado su verdadero rostro. El dictador no es cool. Sus soldados y policías detienen y torturan con la misma frialdad y ferocidad que los pandilleros. Mientras el dictador celebra cínicamente la brutalidad de sus esbirros, en la calle siembra desprecio y odio entre los familiares de los no pandilleros y de los pandilleros. Mientras se felicita por los que llenan los restaurantes, los bares, los espectáculos y los centros turísticos, se burla del sufrimiento de las madres, incapaz de distinguir entre el criminal y la madre. La dictadura apuesta por los menos, que tienen para consumir y disfrutar, y se desentiende de la mayoría, que tiene poco o nada. Bukele no puede prevalecer sin reprimir, sin violentar la institucionalidad y sin fraude electoral. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mo

El contenido del Plan Control Territorial siempre ha sido un misterio, a pesar de ser el proyecto estrella del Gobierno de Bukele, impulsado desde el día en que inició su mandato. Lo poco que se sabe es que consta de diversas fases y que las primeras implicaron un amplio despliegue de militares y policías por todo el país, dotados de cascos y chalecos antibalas. A ello siguieron onerosas compras de vehículos, armamento y diverso equipo tecnológico que, según las autoridades, servirían para una más eficaz persecución de pandilleros y del crimen organizado. El Plan alcanzó también a los centros penitenciarios, extremando las medidas extraordinarias ya aplicadas por el Gobierno anterior a fin de evitar cualquier comunicación de los privados de libertad con el exterior. En la versión oficial, gracias a la implementación del desconocido Plan Control Territorial, se logró llevar tranquilidad a las comunidades más violentas del país, bajar los homicidios y los índices de victimización de manera significativa. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaron que la causa de estas mejoras no radicaba en los esfuerzos institucionales, sino en un pacto entre las pandillas y el Gobierno, fruto de negociaciones realizadas de espalda a la población. Pero en los tres primeros días de abril algo provocó que las pandillas decidieran matar a mansalva, llegando a cometer 62 homicidios el 2 de abril, el número de asesinatos en un día más elevado desde el fin de la guerra. Es muy probable que esta ola de homicidios haya sido la modalidad que las pandillas escogieron para presionar al Gobierno a darles una nueva prebenda. A raíz de la matanza, el Gobierno parece haber emprendido un nuevo plan, cuyo primer paso fue la declaración de un régimen de excepción por 30 días que suspendió algunas garantías constitucionales. A continuación se efectuaron miles de capturas, muchas de ellas indiscriminadas y con derroche de violencia. En simultáneo, la Asamblea Legislativa aprobó más recursos para la Policía y el Ejército, y reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos, aumentar las penas y no limitar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada. Además, aprobó disposiciones que le permiten al Gobierno imponer silencio en todo lo que haga referencia a las pandillas. La adición al Código Penal del artículo 345C es en realidad una mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a la vez que una violación al derecho de la población a estar informada. Por su parte, el presidente ha acompañado todo este proceso declarando la guerra a las pandillas y lanzando continuas amenazas de tratos denigrantes a los privados de libertad. Bukele ha llegado a asegurar que no le causa problema irrespetar los derechos de los detenidos y ha acusado a las instancias internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los criminales. Todo apunta a que el nuevo plan, más allá del combate a la actividad delictiva en el país, también pretende dar herramientas para ejercer un mayor control sobre la población. Aprovechando el río revuelto de la violencia, se han limitado los derechos constitucionales y se ha legislado con la ambigüedad suficiente para utilizar las reformas y los nuevos delitos en contra de quien sea. Dado el historial de este Gobierno, lo más seguro es que la oposición, las instancias críticas y todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la verdad y la justicia serán las primeras víctimas.

Al ver policías armados registrando en la calle a niños que van a la escuela, es obligatorio que nos preguntemos por la situación de los derechos del niño en nuestro país. Si a los registros se une el aumento de penas a los menores de edad que cometen algún acto ilegal y que se les quiera juzgar como si fueran adultos, la preocupación aumenta ostensiblemente. Y eso aunque el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología presuma de firmar excelentes convenios con Unicef. Llevar a cabo buenas acciones en favor de los niños no tapa ni borra las acciones estructurales, como lo son el aumento de penas contra el menor infractor, que dañan derechos. También los criminales de guerra, en muchas partes del mundo, trataban bien a los niños que no pertenecían a los sectores de los que desconfiaban. La Ley Penal Juvenil de 1994 significó un cambio positivo para El Salvador. Los legisladores reconocían que el Código de Menores hasta entonces existente no respondía “a los principios reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Era obvia la brutalidad de una legislación que metía en la cárcel, a veces durante años en espera de juicio, a niños de 16 años y los mezclaba con delincuentes adultos en prisiones como Mariona, en aquel tiempo plagada de corrupción, violencia y droga. El país había suscrito unos años antes la Convención sobre los Derechos del Niño, y al ratificarla quedó comprometido a que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Los diputados actuales parece que no han leído esa convención convertida en ley de la República desde su ratificación. Ley, por cierto, incluso superior a las leyes ordinarias que ellos puedan aprobar. Y parece que no la han leído porque piensan en la cárcel como primer recurso y tratan de que permanezcan en ella durante el período más largo posible. Curiosa realidad de que la ley de los “corruptos” de1994 sea más humana y más coherente con convenciones internacionales y con la Constitución que la ley de los diputados “limpios de todo pecado” de este 2022. La Convención sobre los Derechos del Niño descansa sobre cuatro puntos indispensables para la legislación de cualquier país que la haya ratificado: la no discriminación del niño o niña, la primacía del interés superior del menor, la garantía de sobrevivencia con pleno desarrollo de sus capacidades y la participación infantil. Es difícil entender cómo se combinan estos principios con la tendencia a responder cada vez con más violencia estatal y legal a las infracciones de los niños. Cuando se quiere construir cultura de paz, resulta indispensable comenzar desde la primeras generaciones. Pero para ello debe haber alguna forma de cambio o conversión en los adultos respecto al uso de la violencia. Si continuamos pegando a los niños como castigo, estos últimos cuando sean adultos tendrán la tendencia a seguir pegando a quienes les molesten. Al nivel del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, resulta indispensable reducirla lo más que se pueda, especialmente en lo que se refiere a los niños infractores, pues el comportamiento del Estado influye fuertemente y configura buena parte de los criterios de acción de quienes en él conviven. El Estado termina siendo responsable de la violencia de los adultos si es cruel con los niños o alimenta la crueldad contra el menor infractor. Si desde el poder estatal se habla sistemáticamente de perseguir en vez de dialogar, se insulta y se polarizan los debates, condenando a quien no coincide en criterios, no se puede después afirmar que estamos trayendo paz al país. Quienes gustan de defender el castigo duro con la frase veterotestamentaria “Ojo por ojo, diente por diente” no sería malo que meditaran en un texto del libro del Eclesiástico 20, 4: “Como pasión de eunuco por desflorar a una moza, así el que ejecuta la justicia con violencia”.

En su libro Los costos de la desigualdad en Latinoamérica, el profesor de Oxford Diego Sánchez-Ancochea describe el impacto económico, social y político de la desigualdad. El libro hace referencia a que el descontento de la población genera condiciones para el ascenso de líderes populistas que “son críticos de los políticos tradicionales y aman presentar la realidad en blanco y negro. Ellos son los únicos buenos, protegiendo al pueblo de la oligarquía y defendiendo a las naciones de amenazas externas”. Sin lugar a duda, la descripción resulta familiar. El presidente Bukele ha catalogado de oposición a todo el que no comparta el 100% de sus propuestas, se ha presentado como la alternativa de “los mismos de siempre” y ataca constantemente a organismos internacionales que cuestionan con justa razón sus continuos arrebates autoritarios. A pesar de sus numerosos ataques a la democracia, Bukele ha logrado mantener su popularidad. En ese sentido, vale la pena recordar la advertencia de Martín-Baró: “La ausencia de un conocimiento profundo, amplio y científico sobre la realidad de El Salvador nos lleva a menudo a confundir los problemas del pueblo salvadoreño con los problemas que a nosotros nos pueden preocupar, interesar o aparecer como más importantes”. Ciertamente, es difícil apreciar el respeto a la Constitución, la transparencia o el debido proceso cuando esto ha subsistido con un modelo económico excluyente, con la necesidad constante de emigrar para solventar las necesidades más básicas y con profundas desigualdades. Precisamente, Bukele se montó sobre el descontento generado por estas faltas para impulsar su victoria presidencial en 2019. Esta popularidad combinada con un manejo propagandístico de la pandemia le sirvió a su partido para obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Sánchez-Ancochea nos advierte que este tipo de líderes tienden a empeorar las condiciones de vida de las personas a través de la profundización de la desigualdad generada por la inestabilidad política y económica que estos gobiernos promueven. Nuevamente, lo anterior parece una adecuada descripción del presidente y su círculo. Afanados con el poder y con su popularidad, han sido incapaces de realizar transformaciones profundas, a pesar de contar con el control total de los distintos órganos del Estado. En seguridad pública, por ejemplo, su tan publicitado —pero poco transparente— Plan Control Territorial resultó ser un fracaso. De haber funcionado, no es posible explicarse el repunte exorbitante de homicidios y la necesidad de un régimen de excepción en el que las personas, principalmente la de zonas más empobrecidas, son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La represión como única solución al problema de la seguridad pública no es nada novedoso, tampoco el acuerdo con pandillas a espaldas de la población. Desesperado por mantener su popularidad, el presidente ha hecho alarde de la violación a derechos humanos y ha insultado sin titubear a quien lo cuestiona. En relación con las condiciones económicas, el Gobierno de Bukele no ha realizado una tan sola medida que permita pensar que nos dirigimos a un modelo económico diferente, que no dependa de la expulsión constante de compatriotas. Por el contrario, según datos del Banco Central de Reserva, las remesas pasaron de representar el 21% del PIB previo a la pandemia en 2019 a 26.2% del PIB en el año 2021. Lo anterior muestra una mayor necesidad de este flujo de ingreso y una mayor dependencia del exterior. La más publicitada propuesta económica ha sido la incorporación del bitcóin como moneda de curso legal. Esta medida ha sido tan inútil como poco transparente. Hasta la fecha, no se sabe el monto exacto al que se adquirió el criptoactivo, ni siquiera si realmente se compró. Lo que inicialmente pareció un intento de desdolarización, liderado por quienes no comparten más que la peculiaridad de ser hermanos del presidente, ahora se ha convertido en un intento desesperado por lograr colocar deuda pública en un mercado que desconfía de la capacidad de pago de un Gobierno que no respeta ni sus propias leyes. Por su parte, los problemas políticos se han incrementado. Los diputados del oficialismo no se molestan en cuestionar ninguna de las medidas que vienen de la presidencia, los casos de presunta corrupción sin posibilidad de ser investigados abundan, la transparencia le estorba al mandatario, el país se encuentra aislado internacionalmente y el militarismo es prioridad gubernamental. En suma, la exclusión y el descontento que la acompaña permitieron a Bukele llegar a la presidencia y le han bastado para mantener su popularidad. Lejos de encontrar soluciones a los problemas estructurales, el país se encuentra en una crisis social disfrazada de un combate efectivo a las pandillas, la crisis económica se avecina y los problemas políticos se agravan. El futuro cercano es poco alentador. La esperanza radica en que como población nos cuestionemos seriamente l

La violencia continúa siendo en El Salvador un problema grave. Hace pocos años nuestro arzobispo nos ayudó con su carta pastoral, titulada con unas palabras del salmo 55, 9, que decía “veo en la ciudad violencia y discordia”. Hoy estamos viviendo en un régimen de excepción y restricción de derechos ciudadanos motivado por un repentino auge de homicidios. Pero la violencia sigue sintiéndose en muy diferentes niveles de la vida de las personas. La violencia homicida como camino de solución de conflictos y necesidades, la agresión al débil, la pobreza y la desigualdad, el abuso sexual y el machismo, el autoritarismo de personas e instituciones, los discursos de odio, son expresiones de esa realidad violenta en la que nos movemos. Hay mucha gente buena en El Salvador. Pero lamentablemente la violencia se ha afianzado de demasiadas formas en la cultura y en las formas de relacionarse con el prójimo. El cardenal Rosa Chávez decía con acierto en su homilía del 24 de marzo en catedral, que si San Óscar Romero viviera en estos días “alzaría fuerte su palabra para que no permitamos que se aplaste la dignidad del pueblo pobre que sufrió la masacre de El Mozote. El deber de guardar la memoria no es negociable porque sin memoria no hay futuro”. Y es cierto, porque si a alguien protegía y defendía nuestros santo era a quienes no tenían voz para defender sus derechos. Y si algo denunciaba era precisamente el desprecio y la marginación del pobre, de su dignidad y de su memoria. Problema que en buena parte continúa vigente. La Iglesia, que cuenta con el legado del Evangelio, sabe bien que los medios pacíficos y no violentos son los mejores para construir sociedades fraternas. La violencia construye su poder sobre la fuerza bruta. Solo así consigue lo que ni la palabra, ni la moral, ni el derecho le permitirían conseguir. El espíritu cristiano se opone al mismo tiempo a la violencia como brutalidad impositiva y doblegadora de voluntades, y al conformismo e indiferencia ante las injusticias sociales o históricas. Sabe pedir perdón cuando se equivoca y busca siempre reconstruir la fraternidad desde la no violencia. Ante el Estado, que tiene el monopolio de la violencia defensiva de la sociedad, la Iglesia pide un uso de la misma proporcional, sujeto a leyes, protegiendo además los derechos básicos del agresor al que hay que controlar e incluso en ocasiones privar de algunos de sus derechos, pero sin olvidar que es también persona. El trato violento y cruel que hemos visto recientemente en las redes contra los privados de libertad refuerzan la cultura de la violencia en vez de conquistar la paz. Construir paz social, amistad entre los seres humanos, entendimiento y diálogo, es tarea fundamental no solo de las Iglesias sino también de cada cristiano en la medida de sus posibilidades. Cuando la tendencia en nuestro país se concentra en responder a la violencia con violencia, sin examinar las causas de la misma, y además respondiendo sin moderación, la Iglesia alza su voz y su palabra. A cada cristiano nos corresponde enfrentar los diversos aspectos de la violencia que con demasiada frecuencia se cruzan en nuestra vidas. Porque el machismo es violencia y se traduce con frecuencia con brutalidad en abuso y violación. Lo mismo que la agresividad sin freno, tan presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, que con frecuencia se refleja en un tráfico con tasas epidémicas de muerte y daño severo. El alcoholismo o la corrupción que con frecuencia se defiende violentamente frente a quienes la descubren o enuncian, son también elementos que fomentan la violencia. Y lo mismo podemos decir de la injusticia estructural reflejada en la desigualdad en campos como el económico, las pensiones, la salud y tantos otros valores y bienes injustamente repartidos. Estamos rodeados de violencia, e incluso las mejoras en aspectos tan graves como el homicidio no han logrado sacar al total de los asesinatos de la categoría de epidemia. La cuaresma es tiempo de conversión. Por eso mismo debemos aprovechar este tiempo para examinar nuestra cultura personal y social, erradicar de nosotros hábitos o costumbres que acepten o fomenten la violencia, y convertirnos en constructores sociales de paz y amistad social. La muerte del Señor crucificado por nuestras actitudes violentas nos anima siempre a resucitar con Él en solidaridad y vida fraterna.

El miedo al enemigo persiste siempre en el poderoso, especialmente cuando sus cuentas no están claras. Y el miedo es mal consejero. Pese a haber arrasado con sus triunfos electorales, el Gobierno tiene miedo de quienes fueron derrotados. Y eso le ha llevado a impulsar acciones de ataque, desprestigio y venganza preventiva contra sus opositores. Ve como rivales políticos en el mediano y largo plazo a los partidos tradicionales, especialmente al FMLN y Arena, que aún conservan parte de su maquinaria electoral. Por eso los fustiga, persigue y acusa llamándoles “los mismos de siempre”, “los del pacto de corruptos” y un largo etc. Pero el mismo miedo que le posee le conduce a identificar toda crítica, por bien intencionada que sea, con los mencionados partidos. No importan ni la honradez, ni el hecho de que anteriormente se hubiera criticado a los partidos tradicionales. El interés de estos políticos con miedo a perder el poder es simplemente destruir la credibilidad de cualquiera que les enfrente, metiendo a todos en el mismo cesto. Y ahí entran el periodismo crítico, las instituciones y organizaciones con tradición de incidencia social, académicos y religiosos que se atreven a levantar la voz ante los desmanes oficiales. El ámbito de los derechos humanos, según los medios gubernamentales, está plagados de ONG que solo buscan dinero. Incluso instituciones internacionales serias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciben su ración de insultos cuando señalan abusos gubernamentales. El miedo manda y por eso la mentira crece. Y la mentira requiere que toda la información oficial se oculte del escrutinio público. Es el miedo el que lanza a estos funcionarios a una búsqueda permanente por demostrar que mandan, controlan y castigan, para que nadie se atreva a contradecirles. Por eso hoy exhiben a los privados de libertad semidesnudos y sometidos con violencia, y ordenan rebajarles la cantidad de comida, mantenerlos encerrados sin ver el sol y quitarles las colchonetas en las que duermen. Contagian así su miedo a otros, creando un clima de incertidumbre y temor. Cuando el poder abusivo tiene miedo, da palos de ciego y ve un posible enemigo en cualquier persona. Al final, tarde o temprano, ese miedo termina dejándolo desnudo moralmente y le lleva a perder todo lo que ambicionaba. Siempre se ha dicho que la violencia engendra violencia. Sin embargo, la violencia de quienes tienen miedo de perder el poder o el prestigio no solo multiplica la violencia, sino que también pulveriza las bases morales de la convivencia e imposibilita apostar por un proyecto de futuro común y fraterno.

Editorial UCA Poco se sabe de las 87 personas que fueron asesinadas en los tres últimos días de la semana pasada, menos aún de las razones por las que acabaron con su vida y quiénes fueron sus victimarios. Parece que tampoco importa mucho, pues las autoridades no han visto necesario investigar a fondo cada una de esas muertes. La preocupación mayor no es la vida segada de cada una de las personas asesinadas ni el dolor de sus familias; lo que preocupa es lo abultado del número de homicidios. Un número que niega la existencia de una verdadera política de combate al crimen y que pone en evidencia el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública. Con esta ola de asesinatos, ya son tres las ocasiones en los últimos doce meses que se produce un incremento súbito de los homicidios. Además, la cifra promedio de homicidios diarios ha ido aumentando paulatinamente desde el año pasado. La respuesta ha sido decretar estado de excepción y poner en marcha un gran operativo de las fuerzas de seguridad —probablemente el más grande de la última década— con el fin de capturar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, en cuatro días han capturado a dos mil quinientas personas, en su mayoría jóvenes de barrios pobres y marginales acusados de ser pandilleros. Unos posiblemente sean parte de esos grupos criminales, pero muchos otros el único delito que han cometido es ser pobres y vivir entre pobres. La acción del Gobierno obedece más a un afán de venganza que de justicia. Esto se manifiesta tanto en las miles de detenciones arbitrarias e indiscriminadas efectuadas con violencia como en los mensajes de las cuentas sociales de las autoridades, incluyendo la del presidente. Solo un afán de venganza explica la imposición de castigos masivos, independientemente de la responsabilidad individual en los homicidios ocurridos el fin de semana. Castigos a los privados de libertad, negándoles el sol y la alimentación; castigos a las familias de los barrios pobres y estigmatizados; castigos a miles de jóvenes por el hecho de ser jóvenes; acusaciones a los defensores de los derechos humanos; permiso a las fuerzas de seguridad para el uso letal de la fuerza. Estos hechos han causado una enorme preocupación porque no resuelven el problema; son solo una reacción coyuntural. Una vez más se aplican medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, la mezcla de inocentes con culpables, la estigmatización de los barrios pobres y de ciertas comunidades son prácticas a las que también recurrieron los Gobiernos de Arena y del FMLN sin obtener ningún resultado. Causan preocupación porque pagan justos por pecadores, se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea, en una sociedad de por sí violenta, que la fuerza es la forma idónea para solucionar los problemas. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas. Mucho menos la adquisición de más armamento para el Ejército y la Policía. La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia a todo nivel y ofrecer a los jóvenes horizontes y oportunidades que eleven su autoestima de forma constructiva. Pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos y educadores que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega cualquier oportunidad de desarrollo a una mayoría de la población. Pasa por ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano. Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad.

Dos días sangrientos han bastado para echar por tierra el Plan Control Territorial, una de las joyas de la corona más apreciadas por Bukele. El súbito aumento de los homicidios, 14 el viernes y 62 el sábado, pusieron en evidencia que quien controla el territorio son las pandillas. Dos días antes, para mayor escarnio, la prensa oficialista mostró al ministro de Defensa y al jefe de la Policía inaugurando la cuarta fase de dicho plan. Las pandillas no solo aumentaron los homicidios, sino que, al hacerlo, dejaron a Bukele desconcertado. El régimen de excepción no es la respuesta adecuada. La crisis no ha sido provocada por la asociación y manifestación de personas. Suprimir el derecho de defensa y prolongar la detención administrativa no viene al caso. Interceptar las comunicaciones no añade nada, porque el régimen ya lo hace. Y las redadas y las vejaciones no necesitan de dicho régimen. La medida pretende más bien mostrar a un mandatario decidido y duro. La provocación ocurre, justamente, cuando este recibe como jefes de Estado a fanáticos de las criptomonedas, o “inversionistas”, según el oficialismo. Mientras Bukele los halaga con viajes en helicóptero, cenas de gala, visitas turísticas y regalos costosos —todo a cuenta del contribuyente— para que adquieran los Bonos Volcán, las pandillas asesinan indiscriminadamente y abandonan, desafiantes, los cadáveres en la vía pública, testigos mudos de su poder de fuego, de su brutalidad y de su impunidad. El fantasioso mundo de Casa Presidencial es completamente distinto al de la calle. El elevado gasto militar, policial y tecnológico ha resultado de poca utilidad para proteger a la población. La enajenación presidencial de la realidad nacional es total. Sorprendido por las pandillas, a Bukele no se le ha ocurrido nada mejor que imponer el régimen de excepción. La decisión, según su propia confesión, la tomaron mientras “tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás”, es decir, es una decisión a ciegas. La suspensión de garantías constitucionales no neutralizará a los pandilleros. De hecho, el estado de excepción no impidió siete homicidios más. La redada de miles de personas, por tener, según la Policía, “algún tipo de vinculación” con los homicidios, satisface a las mentes autoritarias y represivas, pero evade la raíz del conflicto. La Fiscalía difícilmente podrá probar ante un juez imparcial esa vinculación. Tampoco le interesa, dado que el fiscal está en plan de “cacería”. En cualquier caso, si la afirmación policial es verdadera, por qué no las capturaron antes y así habrían evitado los homicidios. La reacción del régimen revela la naturaleza de la crisis de seguridad. Los pandilleros han gozado de libertad hasta ahora, gracias a un entendimiento con Bukele que luego, por una razón ahora desconocida, se rompió. Mientras aquellos reducían los homicidios, el presidente se congratulaba del éxito de su Plan Control Territorial. El aumento repentino de los asesinatos lo ha dejado en el aire. Desorientado, furioso e impotente, Bukele ha lanzado una serie de órdenes incoherentes. A los pandilleros, que “paren de matar ya o [los detenidos] la van a pagar también”, ya les “decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”. A los jefes policiales y militares, “dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y […] defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, es decir, que disparen a matar sin temor, ya que gozan de impunidad. De esa manera se cumple la amenaza del carcelero mayor, quien advirtió a los pandilleros que “ya no van a alcanzar a llegar a un penal”. A los jueces que “favorezcan a los delincuentes”, es decir, que cumplan la ley, no los perderá de vista, porque la justicia del régimen es vejatoria y vengativa. Las pandillas asesinaron más de lo permisible para presionar a Bukele. Tal vez, como insinúa un diputado, por razones económicas. Bukele, por su lado, les ha respondido con la persecución de los pandilleros en libertad y empeorando aún más las ya malas condiciones de los penales. De esa manera, tal vez sin pensarlo, ha legitimado a las pandillas como su contraparte. En medio deja a la población, víctima de los desvaríos de ambos. Bukele no busca acabar con las pandillas como aparenta, sino que vuelvan a la mesa de negociación. El planteamiento es incomprensible, porque su posición para negociar es débil. Las pandillas controlan el territorio y él debe ceder a sus demandas para salvar su gestión y su cara. Dicho de otra manera, Bukele es rehén de las pandillas. La única manera de escapar de esa trampa, en la cual él mismo se metió, es reconocer que la negociación con las pandillas fue un grave error y lanzar un plan integral de seguridad ciudadana. En la práctica, ambas cosas son impensables. El narcisismo es una barrera infranqueable. La presidencia de Bukele depende de las pandillas. Por Rodolfo Cardenal, S.J., director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador ha vuelto a ser noticia mundial por la violencia; esta vez, por un dantesco repunte de homicidios. El régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa por orden del presidente de la República, fue la respuesta oficial al hecho, y es lo que ha acaparado los reflectores desde entonces. Los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y el 27 de marzo le infligen al país otra herida en su endeble tejido social y tienen como antecedentes los repuntes de mayo y noviembre del año pasado. Al igual que hoy, en esas ocasiones los homicidios cesaron de golpe, volviendo al nivel habitual luego de un par de días. Es evidente que ninguna alza de homicidios de esta envergadura puede ser espontánea. La difícil pregunta a responder es, entonces, cuál fue la causa. Hay varias versiones. Según la oficial, las pandillas decidieron asesinar a mansalva debido a la efectividad de las medidas de seguridad pública implementadas por el Gobierno. Otras fuentes señalan la posibilidad de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno haya sufrido un impase. La desavenencia se debería al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno a cambio de bajar los homicidios. También se afirma que los homicidios habrían ocurrido para forzar al Ejecutivo a no retroceder en su decisión de no extraditar a los líderes de las pandillas. La ola de asesinatos tendría, entonces, el objetivo de presionar a Bukele para que cumpla compromisos previos y/o ciertas demandas. En ese sentido, la respuesta del Gobierno estaría enfocada a medir fuerzas con los grupos criminales organizados. El tiempo e investigaciones independientes aclararán cuál es la causa real. Pero cualquiera que esta sea, hay cosas que no han cambiado ni, al parecer, cambiarán. En primer lugar, las pandillas detentan un poder inmenso. Son ellas las que controlan el territorio y tienen la llave para violentar el país o pacificarlo. Frente a ese poder, el Plan Control Territorial es papel mojado, si es que en realidad existe. Por otra parte, quien pone la mayoría de muertos es el pueblo pobre, tanto del lado de las víctimas como de los victimarios. Es la gente de a pie la que paga las mayores consecuencias de las malas decisiones o actuaciones de los gobernantes. Es claro que el presidente y los funcionarios ya desistieron de tener en cuenta la opinión internacional sobre el rumbo del país. En este sentido, la actuación gubernamental está dirigida a recuperar el respaldo perdido al interior de El Salvador. El descrédito que han acumulado en el mundo diplomático se ha visto acrecentado por acciones inadmisibles en un contexto medianamente democrático. Las expresiones que avivan el odio y llaman a la violencia son vistas con estupefacción fuera de nuestras fronteras, pero aplaudidas por un buen grupo de salvadoreños. Sin embargo, la apuesta por la represión, aunque popular, es vieja y ha fracasado siempre. La represión por sí sola nunca acabará con el problema de la violencia; más bien la profundiza.

Luego de un descenso sostenido del número de homicidios en los últimos años, El Salvador sufre desde hace unos días una epidemia de asesinatos. Lo sucedido entre el viernes y el sábado recién pasados es muestra clara de que el control territorial continúa en manos de la delincuencia organizada. Al reflexionar sobre la deficiencias estatales en materia de seguridad pública, lo primero que se observa es que la PNC mantiene un planteamiento de control de la delincuencia más basado en la represión que en la investigación, la inteligencia y la anticipación a la acción delictiva. De hecho, según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, el abuso de la fuerza por parte de la Policía aumentó en 2021 con respecto al año anterior. Por mucho que los enfrentamientos armados inicien por la acción de los delincuentes, que haya más muertos que heridos en el bando de estos apunta claramente a un abuso de la fuerza letal. Esto lleva a que este tipo de abusos se conviertan en la práctica en ejecuciones extrajudiciales. Además, las fosas clandestinas y el involucramiento en ellas de personas cercanas a la Policía e incluso de miembros de la corporación confirman la existencia de una grave problemática. Responder a una ola de asesinatos con un estado de excepción muestra, en definitiva, que la tendencia al abuso de la fuerza se ha naturalizado en la mayoría de las esferas gubernamentales. Por otra parte, la ola de asesinatos evidencia lo que viene diciendo el Observatorio Universitario de Derechos Humanos desde hace tiempo: la cultura de la violencia, lejos de reducirse, se consolida día a día. Frente a esta situación es necesario buscar caminos de solución que no repitan la respuesta violenta, sino que se enfoquen tanto en enfrentar las causas estructurales y culturales de la violencia como en mejorar sustancialmente la investigación policial y depurar de malos agentes a la PNC. En esta línea, es imprescindible retirar a los jefes policiales incapaces de aplicar las formas de investigación adecuadas para la situación del país. Es significativo que las primeras promociones de la PNC continúen al mando; es decir, desde hace más de 20 años. Las mismas personas, intercambiándose unas con otras, han dirigido la política criminal y la investigación del crimen. Seleccionar nuevos mandos pertenecientes a las generaciones más jóvenes de la Policía, emprender una reforma que fortalezca el área de investigación, mejorar los mecanismos de control interno para evitar la corrupción y la violencia arbitraria de algunos agentes, y profundizar la coordinación con la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto serán medidas mucho más eficaces en el mediano plazo que decretar estado de excepción, imponer castigos en los penales o cualquier otra medidas coercitiva que se pueda implementar. Hay suficientes datos para pensar que las negociaciones con los delincuentes han sido las que consiguen la reducción de homicidios. Pero negociar con el delito solamente refuerza el poder del mismo. Cambiar esa política es del todo necesario.

Hace 42 años monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo, mártir y santo, fue asesinado por los escuadrones de la muerte para acallar su voz, para que no siguiera denunciando los abusos y atropellos que se cometían contra su pueblo, para evitar que dijera lo que en verdad estaba pasando en el país. San Romero podría haberse callado, tuvo buenas ofertas para hacerlo, recibió importantes presiones de adentro y de fuera de la Iglesia para que dejará de señalar los pecados estructurales de la sociedad salvadoreña. Monseñor habría sido otro si en lugar de hablar de la verdad, hubiera enfocado su mensaje en un espiritualismo desencarnado, como hacía la mayoría de los obispos de ese entonces. Pero él no pudo traicionar los valores del Evangelio, no pudo dejar de defender a los pobres, a los agentes de pastoral y a todas aquellas personas que eran oprimidas, violentadas, perseguidas, desaparecidas y asesinadas. No pudo dejar de decir que esas injusticias no eran fruto de la voluntad divina. Defender la vida y denunciar el mal que la amenazaba y destruía, condenar la injusticia desde el púlpito de la catedral, sus cartas pastorales y la radio YSAX, era su obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. Eso le costó la vida y lo llevó a la santidad, y lo convirtió en un icono universal de la verdad y de los derechos humanos. Hace algo más de 32 años, Lucía Cerna puso en jaque a la Fuerza Armada al dar testimonio de lo que había visto en el campus de la UCA en la madrugada del 16 de noviembre. El testimonio de Lucía despejó las dudas acerca de los autores de la masacre. Lucía vio a los militares uniformados que irrumpieron en la Universidad y cometieron el atroz crimen. Ella tuvo el valor de hablar y sacar a luz la verdad sobre los asesinatos. Hubiera sido mucho más sencillo para ella y su familia permanecer en silencio. Su testimonio la llevó al exilio y le causó graves perjuicios. Fue secuestrada en Miami e interrogada por el FBI y por militares salvadoreños durante una semana completa, mediante amenazas y presiones de todo tipo lograron quebrarla física y psicológicamente, hasta que finalmente les dijo lo que querían escuchar. Pero ya no importaba, la verdad de Lucía había dado la vuelta al mundo. Gracias a su entereza y valentía para relatar lo que había visto y oído, hoy es sabido que miembros del Ejército decidieron, planificaron y asesinaron a los seis jesuitas de la UCA, a Julia Elba y a su hija Celina. San Romero y Lucía son ejemplos de fuerza y del enorme valor de la verdad, así como del alto costo que puede llegar a tener el compromiso con ella. Ninguno de los dos se planteó la posibilidad de mentir; la verdad había que decirla costara lo que costara. Y por eso son reconocidos. El 24 de marzo, día del martirio de Romero, ha sido declarado Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. La historia de Lucía y de su testimonio será hoy más conocida en el mundo gracias a la película de Imanol Uribe, Llegaron de noche, una obra que busca, según su director, darle a la verdad el valor que tiene “en estos tiempos en que [...] importa poco”. Si la verdad importa poco en general, en El Salvador menos aun. La mentira es política de Estado. Como en el pasado, se ofende y desacredita a quienes hablan con la verdad y la defienden. Se miente sin empacho con el fin de mantener a la gente en engaño, justificar los abusos del poder, esconder la corrupción y amedrentar a los “enemigos internos”. Sin embargo, como nos enseñan Lucía y monseñor Romero, los embustes tienen vida corta y el destino de sus autores no es otro que la ignominia. Tarde o temprano, la verdad desnuda sus intrigas e inhumanidad.

Por José María Tojeira, S.J. Celebramos un año más la santidad de Mons. Romero en el día de su muerte martirial. Y es bueno preguntarnos qué es lo que hace santo a este obispo, tímido y profeta al mismo tiempo, riguroso consigo mismo y libre para anunciar el Evangelio del Reino, que se dirigía espiritualmente con un sacerdote el Opus Dei y se confesaba con un jesuita. Y la respuesta que brota con mayor rapidez es clara: Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado. Y ahí, en la debilidad del infravalorado y marginado, encontraba la fuerza para anunciar y denunciar. Hablaba con todos, trataba de ayudar siempre, soportaba ataques, insultos e incluso la enemistad de algunos (a veces más que algunos) de sus hermanos en el episcopado. Pero su cariño y su preocupación indeclinable eran los pequeños, los marginados y los perseguidos por defender y trabajar en favor de la igual dignidad humana de los hijos e hijas de Dios. Vivía con una enorme sencillez en un asilo de enfermos terminales y disfrutaba sintiéndose acogido y querido por los pobres. Su bondad y su heroicidad nos facilita ponerlo en una hornacina del pasado, como una de las personas que nos recuerda al Jesús que pasó por este mundo “haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo” (Hechos 10, 38). Pero no basta la admiración de una santidad si no se siente al mismo tiempo un fuego interior como el que sentía los apóstoles al interiorizar la resurrección del Señor. Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado. Y un santo del que recordemos sus glorias pasadas sin que nos inquiete en nuestro presente no deja de ser una especie de adorno personal y, con frecuencia, una muestra de narcisismo institucional. Quienes viven y sufren en la marginalidad y la pobreza, los migrantes menospreciados por su origen o por el color de su piel, las víctimas de las guerras, los saharauis abandonados porque la economía es más importante que las personas, son parte de esa legión de oprimidos que siguen cuestionando nuestras historias personales y sociales. Si no los sentimos inmediatos, si algo no nos llama a hacerlos históricamente significativos, nos alejamos de lo más hondo de nuestra realidad humana: la capacidad de sentirnos fraternos, miembros de la misma especie. Y al olvidar y traicionar nuestra humanidad traicionamos también nuestra fe. De poco nos serviría entonces el recuerdo de aquellos que en el pasado amaron tanto a sus prójimos que pudieron vivir sin que el odio de los violentos, e incluso la muerte, nublara su mirada de profetas. Mons. Romero nos llama siempre al presente. Así lo entendieron quienes propusieron en la ONU que el 24 de marzo fuera el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2010 la titulación de ese día en honor a Monseñor Romero. Casi podríamos decir que lo canonizó antes que su propia y nuestra Iglesia. Pero tanto a los cristianos como a la ciudadanía humanista nos cuesta demasiado romper la comodidad que nos cuestiona el que sufre. Y ponemos al margen de nuestras mentes a quien la sociedad ha marginado ya antes, de un modo injusto y con frecuencia violento. El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso. Peligroso para el statu quo del dinero, de la egolatría y del poder, y peligroso también para quienes, despertados y urgidos por su recuerdo, tratemos simultáneamente de odiar al mal y amar al enemigo. Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor 8, 9).

La democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Sin respeto a los derechos humanos, no hay democracia. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en El Salvador? El informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador” correspondiente al año 2021, presentado recientemente por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, da información clave para responder a la pregunta. El Observatorio ha monitoreado cinco derechos: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Ya que en el país la costumbre es medir la violencia por el número de homicidios, lo primero que llama la atención es que las muertes violentas en 2021 (1,211) se redujeron con respecto a 2020 (1,341) en un 9.7%. Sin embargo, esta aparente buena noticia se ve opacada por varias realidades. Una de ellas es el descubrimiento de fosas clandestinas. Hasta la fecha, los reportes de prensa han revelado la localización de cinco fosas con al menos 65 víctimas en total. A lo anterior se suma el alto nivel de desaparición de personas. Según datos de la PNC, en 2021 se registraron 1,830 desapariciones, 19.2% más que en el año 2020, cuando se registraron 1,535 casos. Un tercer factor que cuestiona la disminución de homicidios es la disparidad en las cifras de las entidades oficiales. Por ejemplo, para 2021, la Policía reporta 1,140 víctimas de homicidios mientras que el Instituto de Medicina Legal, 1,211. Por otra parte, en mayo de 2021, la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios hizo un cambio en su metodología de trabajo, para contabilizar por separado las osamentas encontradas “de datación no determinada”. Para efectos prácticos, esto quiere decir que las osamentas no se cuentan entre los homicidios. Solo entre mayo y diciembre de 2021, el Instituto de Medicina Legal reportó 47 osamentas encontradas. Estos cuatro factores permiten afirmar que los datos oficiales sobre muertes violentas no son precisos. Además, el informe del Observatorio revela que el resto de indicadores que también miden la violencia aumentaron en 2021. Así, se han incrementado la relación de particulares fallecidos respecto a agentes estatales muertos en contextos de enfrentamientos armados, el número de muertes violentas de mujeres y feminicidios, la cifra de casos de limitación ilegal a la libertad de circulación, la violencia sexual, el porcentaje de personas desaparecidas sin localizar, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. En esta crítica situación de los derechos humanos en el país, es especialmente preocupante que todos los indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres aumentaran en 2021 con respecto al año anterior. 135 mujeres murieron violentamente en 2021, un 3% más que en 2020. Se perpetraron 80 feminicidios (11% más) y se registraron 3,739 delitos sexuales (15% más), de los cuales más de 3,400 tuvieron como víctimas a mujeres, particularmente niñas de entre 0 y 17 años (el 65% de los casos). Asimismo, de las 1,380 personas desaparecidas en 2021, el 18% fueron niñas menores de 17 años. Los y las jóvenes representan el 44% de las víctimas de homicidios, el 30% de las desapariciones y son más propensos a ser detenidos por la Policía (48% del total de detenciones). No es simple coincidencia que el deterioro en el respeto a los derechos humanos se dé en un año en que la institucionalidad democrática en El Salvador sufrió un tremendo deterioro. Que en 2021 se haya cercenado la división de poderes a través de la destitución y sustitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, que se haya cooptado las instituciones de control del ejercicio del poder facilita la violación de los derechos de la población. Una muestra. El informe del Observatorio revela el aumento del índice de letalidad policial, que pasó de 1.39 en 2020 a 1.65 en 2021. Este índice es el resultado de dividir el número de personas fallecidas entre la cantidad de personas heridas en enfrentamientos. Lo usual es que haya más heridos que fallecidos. Cuando es así, el índice es inferior a 1. Si el índice es superior a 1, como en el caso de El Salvador en los últimos años, hay más asesinados que heridos, lo que evidencia un uso abusivo de la fuerza letal que irrespeta principios rectores como la proporcionalidad y la necesidad. Para los estudiosos de esta materia, un índice superior a 1 es una clara señal de ejecuciones sumarias. Que todo el poder esté en manos de una persona o de un reducido grupo implica el quiebre del sistema nacional de protección de los derechos humanos. La falta de independencia de los principales entes de control jurídico hace dudar seriamente de su actuación conforme a derecho. La situación de los derechos humanos está comprometida en El Salvador como comprometida está la democracia. Mientras ello sea así, no se podrá esperar un

El debate sobre el lugar de la memoria en nuestras sociedades tiene consigo un larguísimo espacio de argumentaciones. Cuentan que el pueblo de Israel construía, con piedras, altares en los lugares en donde Dios se había manifestado. El sentido era no olvidar Su paso por la tierra. El altar era el lugar que conmemoraba una manifestación. Platón hablaba de la posibilidad de reclamar el acontecimiento pasado y de hacerlo actual, como recuerdo. En el momento en que se nos volvía necesario, había que volver a las sensaciones, a las reminiscencias. El francés, Paul Ricoeur, en cambio, preocupado por la fragilidad de los recuerdos, hablaba de la justa memoria, la política de la justa memoria es la que permite luchar frente a las ideologías que nos proponen el olvido. El olvido es el inicio de muchos totalitarismos. Si una sociedad olvida lo que la militarización y sus abusos ha producido, puede celebrar la reinstalación de nuevas militarizaciones que solo traerán tiempos de oscuridad. Si un colectivo olvida que los derechos no son concesiones de los líderes, sino conquistas y luchas sociales puede perder lo que ha ganado. Si una sociedad olvida que los procesos de corrupción iniciaron con supuestas buenas voluntades de quienes se negaron a rendir cuentas, terminará descubriendo que los manejos poco transparentes no son una prerrogativa exclusiva del pasado, sino seducción muy actual y capaz de desgastar cualquier democracia. La memoria está al centro de los procesos de aprendizaje. En las organizaciones a esto se le llama gestión del conocimiento. Se trata de construir aprendizajes que nos permitan empezar a caminar donde otros terminaron, con las lecciones y experiencias que las generaciones que nos preceden, sin despreciar lo que esta sabiduría puede aportar. ¿Es posible esa justa memoria en tiempos de redes sociales, posverdad y troles que desinforman constantemente? Uno de los problemas más grandes de nuestros políticos ha sido despreciar los procesos de memoria y de gestión del conocimiento. Si una de las recomendaciones no fue atendida al finalizar la guerra, fue la de establecer procesos de reparación de la memoria. Fue el gobierno español, y no el salvadoreño, quien en 2020 llevó a cabo un juicio para esclarecer lo sucedido en el caso de la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Fueron las organizaciones de la sociedad civil que permitieron que existiera un monumento a la memoria de las víctimas civiles de la guerra que vivimos. Iniciativas ciudadanas también han sido espacios como el Museo de la Palabra y de la Imagen o el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote. Todos estos lugares se han vuelto altares donde las víctimas depositan ofrendas, flores, confidencias, rezos. Son espacios para que el dolor se vuelva sereno y sane, pero también para recordar a las nuevas generaciones que hemos tenido dolorosos encuentros con el mal. Experiencias sa(n)gradas que nos han constituido la sociedad que somos, con nuestras heridas y esperanzas. El filósofo español, Reyes Mate, insistirá en que la memoria es siempre la memoria de las víctimas. Sin embargo, los políticos prefieren siempre pasar la página y empezar de cero. Sin memoria, sin conocimientos, sin víctimas. Una memoria a la medida de las necesidades del partido de turno. El alzheimer histórico se vuelve uno de los grandes males de este siglo. Una pandemia que no vemos y que, incluso, celebramos en ciertos momentos. Es gracias a esas ligerezas que siempre se nos dice que tenemos al mejor político, al que por primera vez hace, dice, consigue, al único, al mejor, al más grande. Ante tantos intentos por borrar la historia, ante la posibilidad de la alteración de un altar como el que fue construido en el Mozote, sin consultar a las víctimas y sin darles acceso a un proceso justo; ante los intentos por desmantelar el debido proceso en el caso de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras asesinadas por el ejército solo nos queda desear que nuestros gobernantes recuerden y reciten, como una letanía, esos versos del argentino Juan Gelman, el gran poeta de la memoria: Y vos, corazoncito que mirás cada mañana como olvido no te olvidés de olvidar el olvido.

Editorial UCA 21/03/2022 La corrupción, individualismo y superficialidad de algunos políticos han generado en muchos salvadoreños una profunda decepción. Valiéndose de ella, Bukele y los suyos lograron el control de la administración del Estado, pero sin tener proyecto ni voluntad de hacer lo que es propio de la política: construir relaciones sociales solidarias y éticas, garantizar y proteger los derechos humanos, brindar un servicio público transparente y respetuoso de las leyes, y fomentar virtudes y valores ciudadanos y humanos. La política así entendida se puede realizar desde diversas posiciones ideológicas, pero siempre y cuando respete la diversidad de opiniones y posturas. La democracia nunca es instrumento de venganza y de aplastamiento de los opositores. Al contrario, donde la hay, funciona aceptando y atendiendo razones, escuchando a quienes presentan dificultades y protegiendo la vida. No hay nada que indique que el Gobierno de Bukele y sus instituciones satélite tengan una base teórica, conceptual o ideológica. Sin embargo, su tendencia a definir la realidad de la convivencia ciudadana a partir de binomios antagónicos retrotrae a teóricos como Carl Schmitt, pensador que inspiró, al menos en parte, la ideología que llevó al poder a los nazis en Alemania. En contraste, la teoría aristotélica afirma que la fuente de toda convivencia e institucionalidad política ciudadana es la amistad, un sentimiento, nos dice Aristóteles, “que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Así, puesto que la amistad es la base de la convivencia, “la comunidad política tiene, ciertamente por objeto la virtud y la felicidad de los individuos y no solo la vida común”. La definición de paz de san Agustín tiene también ese presupuesto humanista de una convivencia ordenada según valores. La Iglesia ha seguido en su enseñanza el concepto humanista de la política ya esbozado, añadiéndole algunos aspectos clave como la búsqueda del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Entre los valores que la Iglesia ve como fundamentales para una vida política sana están la verdad, la justicia y la libertad, vinculadas a la caridad y el amor fraterno. Valores por los que han dado la vida muchos de los mártires salvadoreños. Desde esta perspectiva humanista, ¿qué decir de la política tal y como se vive hoy en El Salvador? Lo primero es afirmar que muy pocos políticos hacen realmente política. En buena parte, la tarea política en su sentido noble ha sido trasladada a la sociedad civil. Los políticos del Gobierno y de las instituciones de las que este se ha apoderado no dialogan ni aceptan opiniones contrarias a las suyas, por muy justificadas que estén. No hacen política, sino un marketing burdo en el que se mezclan ataques contra quienes les critican, anuncios de regalos paternalistas a los necesitados y promesas con poco fundamento real. Con la arbitrariedad como bandera y el acoso como estrategia básica, la andadura del país se asemeja a la de un barco con rumbo de colisión. Por supuesto, no todo lo que hacen es malo, porque el mal absoluto no existe. Pero se han metido en un camino que profundiza la división y el enfrentamiento. "Democracia", "justicia social", "lucha contra la corrupción", "libertad" son palabras manoseadas y utilizadas por el Gobierno como instrumentos de extorsión, no como herramientas para la construcción de convivencia. Bien haría el liderazgo del país en meditar esta frase de san Agustín, uno de los padres de la cultura occidental: “Así como los amigos adulándonos nos pervierten, así muchas veces los enemigos injuriándonos nos corrigen”.

En marzo conmemoramos a dos salvadoreños que son ejemplo de vida y santidad: san Óscar Romero y el beato Rutilio Grande. Ambos sacerdotes, entregados de lleno a su ministerio pastoral; dos profetas de Dios asesinados por las fuerzas del mal por anunciar el Evangelio, por denunciar la opresión y la injusticia, por decir la verdad y ponerse al lado del pueblo empobrecido y oprimido. Mucho nos enseñan estos dos hombres santos. Nos enseñan que la defensa de los pobres y la denuncia de todo aquello que niega la dignidad humana está en plena coherencia con el seguimiento de Jesús. Precisamente por ello la Iglesia los ha declarado santos. Por tanto, si nuestra fe en Dios no nos cuestiona ni cuestiona el mal que vemos a nuestro alrededor, no nos lleva a preocuparnos por los demás, es posible que sirvamos a un dios que, como dijo Rutilio, “no es el Dios Padre de nuestro hermano y señor Jesús, que nos da su Buen Espíritu para que seamos hermanos por igual, y para que, como seguidores cabales de Jesús, trabajemos por hacer presente aquí y ahora su Reino”. En este tiempo de crisis que vive El Salvador, en el que la realidad diaria que enfrentan muchos de nuestros compatriotas es dolorosa e injusta sin que se haga nada por cambiarla, san Romero nos recuerda que “mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre. Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”. Ante aquellos que promueven el conflicto en el pueblo salvadoreño, que pretenden dividirlo en grupos enfrentados, fomentando el odio hacia los que no piensan como ellos, Rutilio nos dice: “El cristiano no tiene enemigos, sino hermanos, y por más que sean hermanos caínes o Judas que venden a Cristo, no los odiamos. El odio no cabe en un cristiano. Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando”. Y agrega: “Un Padre común tenemos, luego todos somos hijos del mismo padre, aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Luego todos somos hermanos”. Los gobernantes actuales del país, al igual que los de ayer, no quieren que la Iglesia se pronuncie ante las mentiras, las injusticias, la corrupción, el autoritarismo. Quieren una Iglesia pasiva, sometida, que se queda en sus templos alienada de la realidad. San Romero nos enseña que “la Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social; si callara la Iglesia, sería cómplice con el que [...] margina y duerme [con] un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha [de] ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo”. Recordar a Rutilio y Romero, quienes sin más recurso que la fuerza del Evangelio hicieron frente a los grandes poderes de este mundo, nos debe inquietar y desafiar como personas, como pueblo y como Iglesia. Su vida y su palabra nos recuerdan el deber de la Iglesia y la sociedad de trabajar para que nuestro país se acerque cada vez más al proyecto de Dios para la humanidad, un proyecto de amor y hermandad, de justicia y de paz, de preferencia y solidaridad para con los marginados y excluidos.

No solo Washington decide “quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo”, tal como lamenta Bukele; Moscú y Pekín también lo hacen y, antes, Gran Bretaña y Francia, y todos los imperios. Dictaminar el bien y el mal es competencia de ellos. El mismo Bukele decide quién es bueno y quién es malo, y cuándo alguien deja de ser una u otra cosa. Ejemplo de ello son la justicia que administra y el criterio para designar funcionarios. Los imperios no tienen amigos, sino compañeros de viaje y solo en la medida en que sus intereses coinciden. Es necio y torpe confiar en sus buenas palabras. La guerra de Ucrania y la crisis del petróleo han acercado a Washington no solo a Caracas, sino también a Teherán. Hábilmente, Caracas ha reaccionado de manera positiva, sin romper con Moscú. El acercamiento le abre a Venezuela la posibilidad de paliar su crisis económica y obtener el reconocimiento de su presidente. Teherán tampoco ha cerrado la puerta. Enredado en sus filias y fobias, Bukele carece de flexibilidad para aprovechar las oportunidades. En el ámbito internacional, la tolerancia y la creatividad son cruciales para mejorar la propia posición. La coyuntura internacional ha convertido al petróleo de Venezuela y de Irán en un bien muy valioso. El Salvador no tiene petróleo, pero, a diferencia de Venezuela, no solo desperdicia las aberturas para avanzar, sino que se enclaustra aún más. Los imperios están para quedarse. En consecuencia, hay que contar con ellos y negociar inteligente y astutamente. Bukele, en cambio, elige mirar hacia adentro. Intenta explotar la crisis mundial para consolidar su posición interna. En una comparecencia de casi dos horas de palabra atropellada y prolija, atribuyó los males internos a las potencias mundiales y, por consiguiente, se declaró impotente para contener los efectos negativos de la pandemia, de los trastornos experimentados por la producción y la cadena de suministros, de la inflación y de la guerra. Es cierto que el origen de esas crisis está fuera de su control, pero también es verdad que, excepto la última, las demás tienen al menos dos años de castigar a la gente sin que él haya hecho algo para suavizar su impacto. Excepto la pandemia, y solo al comienzo, Bukele se ha desentendido de todas ellas. Solo se ha interesado en el bitcóin. Su posición actual es débil. La gente resiente cada vez más las consecuencias de esas crisis. Tal vez por eso dedicó casi una hora a recorrer los noticieros internacionales que informaron sobre ellas. Quizás dudoso de su credibilidad, no se atrevió a hablar por sí mismo. Bukele asumió el papel de presentador de noticias y convirtió su comparecencia en noticiero de radio y televisión para declararse una víctima más de las potencias. Si Estados Unidos acudió a Venezuela a causa del petróleo y si la Unión Europea se niega a prescindir del suministro de gas ruso, mucho menos margen de maniobra tiene el presidente de El Salvador. Dicho esto, Bukele anunció once medidas económicas, cuya eficacia es muy relativa. Suprimió algunos impuestos a los derivados del petróleo, liberó de aranceles la import1ación de bienes cuyo arancel ya es cero y pretende controlar los precios de algunos bienes básicos. El farragoso énfasis en el costo de estas medidas le sirvió para subrayar su papel de víctima de circunstancias externas. Contrario a su liberalismo decimonónico, Bukele insistió en intervenir en el mercado para controlar los precios y contener la inflación. Ordenó desplegar inspectores, policías y soldados en puntos estratégicos y aumentar las sanciones a los rebeldes. A primera vista, convence. Pero la tarea es inasequible, porque no tiene capacidad para intervenir en la economía de esa manera. No lo hizo antes y no lo hará ahora. El despliegue de estos primeros días no es universalizable ni sostenible a mediano plazo. El caos generado a raíz de la captura de un connotado busero y de la confiscación de sus vehículos augura el fracaso del plan. La improvisada operación presidencial y su torpe ejecución han generado más descontento que satisfacción en la población. Endurecer las sanciones es ineficaz, porque no hay agente que identifique a los infractores. Asistimos a acciones demostrativas de una voluntad presidencial que se agota en su demostración. Al final, Bukele se refugió en el tradicional llamado a la conciencia de la empresa privada para que traslade el beneficio de sus medidas al consumidor, reduzca el margen de ganancia y no se aproveche de la coyuntura. E invitó a su audiencia a hacer un acto de fe para creer que ahora hay mejor educación, salud e infraestructura. Pero los llamados a la conciencia y los actos de fe se estrellan contra el egoísmo y la ambición de dinero, de poder y de fama. La política internacional ha resultado demasiado compleja para un régimen incauto e inculto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es evidente que el servicio de transporte público salvadoreño adolece de grandes deficiencias desde hace décadas. En diversas ocasiones y a través de distintos espacios, esta casa de estudios ha insistido en la necesidad de transformarlo para que la población usuaria se movilice en condiciones dignas y seguras. Sin embargo, la urgencia de esa necesidad no avala que se viole el debido proceso, que una orden personal tenga más peso que la ley, que se viole el Estado de derecho con la complicidad de quienes deberían defenderlo. Aplicar la fuerza para dar la impresión de que se está actuando por el interés de la población ante una crisis económica a la que se ha reaccionado tarde, no es más que oportunismo. Si lo que se le imputa a Catalino Miranda es aumentar el precio del pasaje, por ley corresponde una sanción administrativa, no una penal. Un principio legal fundamental es que “solo son punibles penalmente las conductas que estén expresamente reguladas en el Código Penal”. Por lo tanto, si lo que se le imputa no está contemplado en el Código, aplicar castigo penal es una ilegalidad, un abuso. Además, incluso en el caso de que se despoje de la concesión de un servicio público a una personal natural, eso no da derecho a confiscarle el equipo que usa para brindar ese servicio. Esto es lo que han cuestionado varias voces en este caso; voces que defienden el imperio de la ley, no a una persona o a un grupo determinado. Esta nueva violación al principio de legalidad refleja, entre otras cosas, la ausencia de planificación que caracteriza al Gobierno de Bukele. La improvisación de los gobernantes siempre termina impactando a la ciudadanía; en este caso, a los usuarios del transporte, a los trabajadores de los buses y a otros socios de la cooperativa. Antes se ha improvisado con las ayudas económicas, con la compra de medicinas inadecuadas, con la construcción de un hospital que terminó reducido a centro de vacunación, con una criptomoneda que la mayoría de la gente rechaza. Se sigue improvisando con el anuncio de megaproyectos inviables por motivos técnicos o económicos. Tarde o temprano, esa falta de planificación se vuelve en contra de las autoridades. En este caso sucedió con gran rapidez: la falta de experiencia y de conocimiento de los motoristas contratados para manejar los buses y microbuses usurpados ha producido un caos que deja al desnudo la incompetencia gubernamental. Pese al historial de excesos del régimen, sorprende el grado de matonería de la que ha hecho alarde y el sometimiento de los funcionarios de poderes otrora independientes. Por su lado, el gremio de transportistas, hasta hace unos años muy beligerante, se ha limitado a publicar un comunicado bochornoso. El Estado de derecho en el país se sigue hundiendo con la complicidad de los operadores de justicia, con el sometimiento de los gremios a la voluntad personal de Bukele y con el silencio obsequioso de mucha gente que prefiere solo atender lo propio.

Pronunciamiento UCA 14/03/2022 Ante el proceso judicial por la masacre en la UCA, que se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra este centro de estudios, la Universidad hace las siguientes consideraciones: Compromiso permanente con la verdad y la justicia Desde la década de los setenta, la UCA ha estado comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador, con especial beligerancia ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. A lo largo de más de 40 años, desde el inicio de la guerra hasta la fecha, ha acompañado y defendido a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos. El trabajo realizado por el Idhuca es una de las credenciales de ese compromiso institucional. Desde su fundación, el Idhuca ha estado al servicio de las víctimas y ha trabajado con ellas en defensa de sus derechos. Fruto de esa labor son los más de ochenta casos de graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante la guerra que fueron investigados y documentados; casos referidos a masacres, torturas y desapariciones forzadas, y cuya responsabilidad recae en la mayoría de los casos en el Estado salvadoreño. Setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que a la fecha se haya realizado alguna gestión. Asimismo, la UCA, a través del Idhuca, abogó por la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su derogación, ya que dicha normativa impedía el acceso a la verdad y la justicia en los casos de crímenes cometidos por el Estado y la guerrilla durante el conflicto armado, favoreciendo la impunidad de los perpetradores. El proceso judicial Desde que ocurrió la masacre en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes jesuitas, los familiares, la Universidad y la Compañía de Jesús pusieron todo su empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables del crimen. La insistencia en que el caso fuera conocido y resuelto en las instancias judiciales nacionales ha respondido a la intención de sentar un precedente que abra las puertas a que otros hechos igualmente execrables sean enjuiciados en el país, y aportar con ello a la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos. Es conocido que el proceso actual inició en el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, y que en 2017, luego de la anulación de la ley de amnistía, fue solicitada la reapertura del caso. Pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal. En 2022, la Sala de lo Constitucional impuesta, a través de un proceso de amparo, ordenó el inicio del proceso judicial. Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre. Ello se confirma con el comportamiento de la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, siendo estas —tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999— los familiares de Elba, Celina y los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el juez tercero de paz, aquella afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos. Por su parte, el juez, a pesar de haber recibido el requerimiento fiscal el 25 de febrero, lo entregó al representante de las víctimas hasta el 8 de marzo. Asimismo, en la resolución de la audiencia inicial se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite. * * * Considerando todo lo anterior, la Universidad se mantendrá expectante del desarrollo del proceso judicial y en el momento oportuno decidirá si participa en el mismo como querellante. Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación. La UCA reitera su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas, y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre los acusados, las víctimas o los funcionario

Proceso La invasión en Ucrania se ha vuelto la comida del día gracias, en parte, a la extensa cobertura que le han dado los medios de comunicación. Muchas personas y grupos opinan, pero pocas instancias serias han dado una postura sobre ese conflicto, muy probablemente porque es un problema muy complejo, con muchas aristas, que no es fácil comprender, sobre todo cuando se desconoce la historia reciente de la región. Y por si alguien lo ha pensado, no nos referimos al gobierno de El Salvador que por otras razones ha guardado un silencio que huele a varias cosas menos a neutralidad. El conflicto en Ucrania es complicado como compleja son las dimensiones que hay que tomar en cuenta en el intento de entenderlo. Ucrania es un país formado a partir de raíces lituanas, polacas y zaristas por lo que es un Estado plurinacional con grandes minorías de hablantes de varias lenguas, entre ellas, la rusa. La guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero con la invasión rusa, como mucha gente cree. No, la crisis actual es el último capítulo de una historia más larga que incluye varios protagonistas y también a más víctimas. Este país de más de 600 mil kilómetros cuadrados y casi 45 millones de habitantes está en guerra interna desde 2014. En 8 años se contabilizan más de 14 mil muertos y 50 mil heridos. Ahora, la dimensión internacional de esta crisis ha saltado a primer plano con la invasión rusa. Las guerras no son en blanco y negro como frecuentemente nos las pintan: tienen muchas tonalidades de grises. Todas las partes involucradas dicen tener la razón y la verdad, y a veces, en el terreno de la opinión pública, se impone no quien la tenga, sino quien tiene más poderío mediático para que su narrativa sea la que pase a la historia. La desinformación es una poderosa arma de guerra para ganar adeptos. En el caso de Ucrania, mucha gente toma postura a la ligera sin tener mucha información de los no pocos matices que tiene el conflicto. Opiniones apoyan a Ucrania porque las remembranzas de la Guerra Fría los ubican de parte de Estados Unidos, otras por el contrario, apoyan a Rusia y, por consecuencia se oponen a Ucrania. La verdad completa en el conflicto, no la tiene ningún actor y, más importante, la justicia reclamada por todos, parece ser la gran ausente. El autoritarismo del presidente ruso no es desconocido, como tampoco lo es la tendencia histórica de Estados Unidos a imponer sus intereses. En medio queda un presidente ucraniano que, aunque los medios lo revistan con una capa de superhéroe en este conflicto, también tiene razones para no sentirse orgulloso, sobre todo de cara a las poblaciones pluriculturales que conforman a Ucrania y que han sido víctimas de un nacionalismo excluyente. Sin desconocer la complejidad del conflicto ucraniano, lo que no admite dudas es que toda guerra es una herida en el alma de la humanidad. Es el signo extremo que refleja que la violencia todavía prevalece sobre el diálogo para resolver los conflictos. Cuando las hay, lo seguro es que la guerra nunca es buena para los pobres, ni para los y las trabajadoras. Ninguna razón es buena para justificar una guerra por todas las espinas que trae, como bien sabe el pueblo salvadoreño. La guerra, venga de donde venga, es en sí misma, un crimen, que produce más crímenes. El mundo se rasgó las vestiduras por la invasión rusa y realmente es imposible no conmoverse ante las atrocidades de una guerra, las escenas de inocentes civiles sufriendo, atrapados entre opciones que no son las suyas. Pero en la misma semana que Rusia invadió Ucrania, Arabia Saudita bombardeó Yemen, Israel atacó Siria y al pueblo palestino en Gaza y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Somalia. Pero las escenas de seres humanos de piel más oscura, también sufriendo y muriendo, no han llenado los espacios de los medios de comunicación y la mayoría de gente las desconoce. Igual que es inaceptable la violencia militar ejercida contra la población civil ucraniana lo es también la infligida contra cualquier otra población. Es lamentable, así como increíble, que a estas alturas de la historia, la humanidad parezca ir en franca involución. Las escenas cotidianas de violencia irracional que se ven en la calles por el tráfico, la inhumanidad exhibida alrededor de los estadios o la misma guerra muestran que una pandemia no fue suficiente para comprender que somos una sola humanidad, en un solo planeta y que, o nos salvamos en racimo, o no sobreviviremos. Es necesario poner todos los medios para asegurar la vida de la gente y para que triunfe la razón y la sensatez. Una persona humanista puede prescindir de apoyar a algún protagonista de la guerra, lo que no puede hacer es no ponerse al servicio de quienes la padecen. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 81.

El pueblo salvadoreño, como el de otros países de Centroamérica, ha vivido o sigue viviendo una desilusión generalizada de la política. La razón es sencilla, los modos de organizar la sociedad y la economía y los partidos políticos que se han turnado en los gobiernos, no han ayudado a resolver los grandes problemas que afectan la vida de millones de personas. Lejos de esto, los gobiernos han administrado el Estado para beneficiar a élites políticas o económicas, empeorando, con su corrupción, las condiciones de vida de la gente. Un elemento que podría resultar positivo de esta situación es que la gente se hartó de ser utilizada para llegar al poder, pero también el descontento generalizado la hizo tierra fértil para el aparecimiento de caudillos, de mesías, de grupos que, con ropaje de ser distintos, obtienen el voto de la población y al llegar al poder, desvelan su verdadero rostro. Comienzan a gobernar con otro proyecto elitista y frecuentemente violando derechos humanos, desmontando la institucionalidad democrática y los mecanismos de participación y contraloría social. Lo que se ha conocido como democracia, no ha resuelto la vida de la mayoría de la gente, y otros proyectos que se presentaron como alternativos, también fracasaron. Honduras y Nicaragua pueden dar fe de lo anterior. Guatemala y El Salvador parece que repiten el libreto. ¿Qué nos queda? Samuel Moyn, abogado e historiador estadounidense, ha dicho que la última utopía que le queda a la humanidad son los derechos humanos. Como los conocemos, los derechos humanos no nacieron en este tiempo, se erigieron ante la sociedad entera después de las atrocidades de la segunda guerra mundial, se cristalizaron en la conciencia moral de las personas, tanto en Europa como en América Latina, en los años setenta del siglo pasado. Pero han sido reivindicados como causa suprema precisamente por la “desilusión generalizada con formas anteriores y hasta entonces más inspiradoras de idealismo que estaban fracasando”1. Es decir, los derechos humanos aparecieron solo con posteridad al fracaso de otras utopías. Los derechos humanos son universales, todo el mundo los acepta, aunque del discurso a la realidad haya un abismo. Es más, están en la mayoría de constituciones nacionales, independiente de la ideología y del color político de los gobiernos. Por eso, los derechos humanos se constituyen en uno de los últimos rescoldos que quedan para aspirar a la construcción de un mundo más justo, incluyente y solidario. Que el respeto de los derechos no sea la carta de presentación de nuestros países, no debería ser motivo para el desánimo, al contrario, debería impulsar el trabajo por su defensa y promoción. El Salvador, desde fines de los años ochenta, ha sido presa del modelo neoliberal que tiene dos grandes víctimas: a las personas, sobre todo a los que tienen menos ingresos, y al medio ambiente. De acuerdo a los especialistas, en el mundo, el mayor logro de esa doctrina ha sido concentrar la riqueza en pocas manos y hacer más grande la desigualdad. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, están reconocidos en la Constitución de la República, sin embargo, cada día un promedio de 300 compatriotas salen con rumbo al norte para buscar allá una vida que en su propia tierra se les niega; casi el 80% de las viviendas en donde habitan las familias salvadoreñas carecen de elementos indispensables para sostener la vida., lo que representa el déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo; aproximadamente el 70% de la Población Económicamente Activa no tiene acceso a un empleo formal ni a un salario digno ni a seguridad social. Más de 4 millones de salvadoreños acuden a la red hospitalaria pública que adolece de muchas deficiencias. Y para colmo, las grandes apuestas económicas de los gobernantes actuales son esencialmente neoliberales (bitcóin, bitcóin city, asocios público privados, etc…) La pandemia de covid-19 vino a agudizar esta situación. Golpeó a la economía del país y a la de las familias, aumentó la deserción escolar y fue ocasión para la corrupción, apuntalar el militarismo y violar derechos humanos elementales. Por eso, luchar por los derechos humanos es un campo propicio para luchar por las aspiraciones humanistas. Cuando un gobierno o un presidente diga que trabaja por el pueblo, hay que cotejar esas palabras con la situación de la gente, con el respeto a sus derechos. Si se viola la libertad de expresión y de prensa, el derecho al trabajo, si no se respetan las leyes, los discursos son falsos. Los derechos humanos son los límites al poder; si un gobierno los viola, pierde legitimidad. Y aunque se violen, continúan siendo la referencia para exigirlos. Los derechos humanos son un gran instrumento de creación de conciencia y un ámbito de lucha para la incidencia social y política. Probablemente no se esté de acuerdo con ideologías o inclinaciones políticas o partidarias, sin embargo, es más fácil coincidir en la necesi

Por José María Tojeira Hoy disponemos de la ley que llamamos LEIV, por sus siglas, dedicada a proteger de la violencia la vida de la mujer. La Ley ha sido un adelanto claro en nuestra legislación, pero las instituciones no acaban de responder adecuadamente a las exigencias de la normativa. Los feminicidios han aumentado en el año 2021 respecto a los cometidos en el año anterior. Las más de 7 mil lesiones infligidas a mujeres en 2021, las más de 3 mil agresiones sexuales, la gran cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, junto con la impunidad existente para estos delitos, nos muestran hoy, Día Internacional de la Mujer, que nuestras instituciones son sumamente ineficientes a la hora de aplicar las leyes. Lo eran en el pasado y lo siguen siendo en la actualidad. El exceso de casos en impunidad lo demuestra. El hecho de que se mantenga en sus puestos políticos o administrativos, sin sanción ni crítica, a acosadores de mujeres muestra la hipocresía de quienes critican la LEIV. Si bien es cierto que funcionarios o políticos acosadores los ha habido en todos los Gobiernos, quienes se llenan hoy la boca hablando de moralidad deberían ser un poco más humildes, dado su tejado de vidrio. Con razón las mujeres han protestado públicamente el domingo, anticipando su reclamo del Día Internacional de la Mujer que este día conmemoramos. Las masacres del pasado, crímenes de lesa humanidad, en las que con frecuencia se asesinaba a un gran número de mujeres y niños, continúan en la impunidad y son también casos pendientes. Ahí ni funcionan las instituciones, ni hay leyes adecuadas que permitan un enjuiciamiento claro y pronto de lo sucedido. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó la elaboración de una ley de justicia transicional que facilitara el enjuiciamiento de esos crímenes. Pronto se cumplirán seis años del mandato constitucional y la mencionada ley continúa sin aparecer. Cuando hubo un primer intento, el presidente actual la vetó. Sus diputados ahora dan la impresión de que no saben qué hacer. Tal vez les sale una ley de dos páginas como la del bitcóin. La ignorancia de un buen número de ellos sobre el tema, manifestada en diversas declaraciones, hace prever que si algo se llega a publicar, no será de la calidad necesaria para satisfacer los fines de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Y mucho menos una ley transicional que ofrezca caminos de reconciliación. El caso de la masacre en la UCA, hoy en desarrollo judicial, ha adquirido, con las declaraciones desquiciadas de algunos funcionarios, un excesivo sesgo político. Se desaprovecha además, incluso injuriando, los esfuerzos realizados por la acusación privada para llevar adelante el caso en un ambiente de reconciliación, diálogo y coherencia con la justicia transicional. De hecho, no es exagerado decir que en este caso ya se habían dado pasos previos para avanzar en una justicia transicional apropiada a la realidad salvadoreña. Pero al partido en el Gobierno no parece interesarle una justicia que, además de buscar verdad y justicia, trabaje posibles mecanismos de reconciliación. Los que mandan quieren explotar los sentimientos de venganza de un pueblo privado por demasiados años de justicia, y buscan responsables políticos con saña. Y al mismo tiempo se niegan a exigirle al Ejército que pida perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos o que abra sus archivos al respecto. Porque estos crímenes no fueron “exageraciones particulares” de algunos mandos, sino fruto de un política institucional de exterminio de opositores o de eliminación sistemática de una población civil que pudiera servir de apoyo a las guerrillas por vivir en la misma zona donde estas operaban. En El Salvador hay demasiados casos pendientes. Todos importantes. Unos muy actuales, como los delitos cometidos contra la mujer, y otros con una larga historia de desdén hacia las víctimas e impunidad. Solamente el Idhuca ha llevado a la Fiscalía en torno a 70 casos que son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Y hay muchos más. Basta con visitar el mural-memorial del parque Cuscatlán, leer nombres de personas y de masacres, para darse cuenta de ello. Sin una ley de justicia transicional que facilite el enjuiciamiento de estos casos corremos el riesgo de desvirtuar la justicia, mezclándola con esa especie de “pensamiento único” que quiere imponer el Gobierno y que no es más que una fatua pretensión condenada al fracaso. Poner todo el empeño en el caso jesuitas, sin una ley de justicia transicional que ayude al enjuiciamiento de los casos del pasado, y al mismo tiempo abandonando o entorpeciendo casos como el El Mozote, El Sumpul, la Quesera y otras muchas masacres, no es más que un enmascaramiento del deseo de impunidad, por mucho que digan lo contrario. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es necesario remarcar la necesidad de continuar con un proceso de trabajo serio que coloque los derechos de la mujer en paridad con los de los hombres y que, por supuesto, pare la violencia contra ellas. Si bien en esta materia se han dado avances notables en el país en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, en vez de dialogar sobre el tema, la política gubernamental actual privilegia el espectáculo y la confrontación. En estos día, una diputada de Nuevas Ideas criticó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, muy en la línea del afán de su partido de descalificar todo lo que no sea obra de ellos. Lo cierto es que dicha ley ha contribuido a frenar actitudes y acciones en contra de la mujer, aunque el machismo continúe presente de un modo insultante e hiriente, sobre todo en lo que respecta a los derechos básicos de las mujeres. Basta poner como ejemplo el no reconocimiento estatal de los derechos asociados a las tareas de cuido. En justicia, una mujer que cuida a sus hijos y a sus padres ancianos, dedicando la jornada completa a ello, tiene el mismo derecho a pensión que cualquier trabajador asalariado. Muchos países han incorporado a la mujer al trabajo asalariado en igualdad de condiciones con el hombre y han organizado las tareas de cuido como parte de la responsabilidad del Estado. En el norte de Europa, se dan dos años de licencia laboral pagada por maternidad, repartiéndose ese tiempo entre el padre y la madre. Por idealista que esa meta parezca, caminar hacia ella es indispensable no solo para el desarrollo económico y social de El Salvador, sino también para su desarrollo ético y moral. Pero avanzar en esa dirección implica más que pequeñas decisiones simbólicas como aumentar ligeramente el tiempo de maternidad a las mujeres y dar unos días de permiso a los padres. Muchos hombres gustan de ponerse líricos al hablar de las madres, pero son reacios a regular los derechos de la mujer. Y da la impresión que en el actual Gobierno tanto hombres como mujeres optan por ese lirismo en lugar de dar pasos concretos hacia la plena igualdad de derechos. Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un paso que el Gobierno no se atreve a dar. Lo mismo que ratificar el Convenio 189 sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar; o crear una policía especializada en la persecución de los delitos contra la mujer, especialmente los sexuales, que en la mayoría de casos quedan impune. Es irresponsable decir que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no sirve y que se hará una nueva. Una declaración de intenciones que solo desata preocupación al considerar la baja calidad legislativa del partido oficial. Comprometer al país con la supervisión de la ONU en la protección de los derechos de la mujer sería mucho más sensato y beneficioso que dar golpes de efecto y formular grandilocuencias vacías que dejan inalterada la dura realidad de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, presentó propuestas para reformar el Código Penal, el Código de Familia y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para dar mayor protección a las madres, niños y niñas. Una de las propuestas es reformar el artículo 254 del Código de Familia para que la cuota alimenticia no sea no sea inferior al 20% del salario mínimo. Actualmente el código no define un monto específico. Ortiz dice que la propuesta es para mejorar la vida de la gente más vulnerable.

Opinión de P. Rodolfo Cardenal, S.J. Mientras el mundo se sumerge en un conflicto armado de gran envergadura con consecuencias humanas catastróficas, el presidente Bukele guarda silencio, ajeno a la realidad. “La verdadera guerra”, para él, “no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia… Solo quieren que mires para otro lado”. Y eso es, precisamente, lo que él hace. Mientras la guerra de Ucrania provoca la caída de las bolsas y se disparan hacia arriba los precios de los cereales (en concreto, del maíz y del trigo) y de los derivados del petróleo, lo cual encarecerá aún más la canasta básica y debilitará el crecimiento de la economía nacional, Bukele se complace en su hospital de pago para mascotas, en las condiciones para la maternidad y en megaproyectos cuya conclusión no está garantizada por falta de dinero y de capacidad de ejecución. El presidente es especialista en mirar a otro lado. En lugar de prestar atención a los desafíos de la realidad nacional, la emprende contra las naciones occidentales, a las que descalifica sin mayor motivo como tiranías. Es así como se le ha ocurrido el siguiente “plan simple”: “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. La tiranía de la que habla no es la de los imperialismos agresivos, como el de Rusia, sino la de la institucionalidad democrática. Liderazgos como el de Putin deben ser dejados en completa libertad para que actúen a su antojo. El concepto presidencial de libertad es compatible con el régimen autoritario, controlador e inquisidor. El refugio de Bukele está pensado para aquellos que buscan escapar del sistema financiero internacional, es decir, los aventureros de la criptomoneda. En el enclave, podrán ejercer la libertad económica sin ninguna restricción. El refugio no es para los salvadoreños, sino para esos extranjeros que hablan inglés. El uso de ese idioma para anunciar el ofrecimiento de privilegios tributarios, incluso la nacionalidad, no deja duda alguna sobre quiénes podrán encontrar cobijo en el régimen de los Bukele. La idea combina la libertad económica con el férreo control social interno. La contradicción no se les escapa a los usuarios más cautos de la criptomoneda, que toman distancia. Invertir en esas condiciones es demasiado arriesgado, incluso para apostadores como ellos. Se comprende, entonces, la contraposición presidencial entre Putin y los gobernantes de las otras naciones, y entre estos y Bukele. El saldo de esas comparaciones es claramente positivo para este último. No puede ser de otra manera. Por arte de birlibirloque, Bukele resulta ser más liberal y mucho mejor gobernante, y, por tanto, moralmente muy superior a todos ellos. Pero si su gestión es tan extraordinaria, ¿por qué decenas de miles de salvadoreños siguen abandonando el país rumbo al norte, confiados en encontrar ahí las oportunidades que aquí les son negadas? ¿Por qué confían encontrarlas allá y no se fían de las repetidas promesas presidenciales? ¿Qué tiene el aborrecido norte que los Bukele no posean? La respuesta no es difícil. Aquí les niegan los medios materiales para vivir dignamente; sobreviven malamente en la rebusca, sin futuro. El norte, en cambio, se les antoja más halagüeño. Al menos perciben una posibilidad real, si no para ellos, tal vez para sus hijos. El horizonte que vislumbran suscita más expectativas que las ofertas presidenciales. No les falta razón. Bukele mira hacia otro lado para eludir los desafíos de las mayorías. El enclave libertario es para quienes invierten en criptomonedas y hablan inglés. A los extranjeros les ofrece condiciones materiales para practicar sin estorbos el capitalismo salvaje, “música para los oídos de cualquier inversionistas”, agrega neciamente el BCIE. Los únicos que se deleitan con esa música son los aventureros, porque los otros exigen seguridades jurídicas que el régimen no puede garantizarles. A los demás, a las mayorías, las abandona a su suerte. Entre más huyan el país, menos presión social. Es la otra cara del capitalismo salvaje. No es claro, entonces, cómo ese enclave libertario pueda estimular el crecimiento económico. El plan es tan simple que carece de contenido. Hay razones de peso para dudar de la idoneidad presidencial. En su agenda no figura la sociedad salvadoreña, sino los extranjeros. Prefiere el inglés al español. La cercanía con el pueblo le resulta fastidiosa, pero se siente cómodo con los anarquistas excéntricos de la criptomoneda y con la farándula de las redes sociales. Ignora la atribulada vida de las mayorías, pero se complace en exhibir su hábitat palaciego, remedo de la antigua nobleza europea. Utiliza el dinero de los contribuyentes para apostar fuerte por el bitcóin, mientras él y los suyos hacen fortuna con los negocios asociados a la criptomoneda. Un gobernante enajenado de la realidad nacional, de la dura vida de sus mayorías y de las crisis internacionales se encuentra en el sitio equivocado. * Rodolfo Carde

Centroamérica es una región convulsa. Históricamente se ha caracterizado por múltiples conflictos sociales y, principalmente, por el grado de inseguridad al que ha estado expuesta su población. En buena medida, la vulnerabilidad y el drama que sufre la mayoría de sus ciudadanos ha sido resultado de la forma de gobernar, es decir, de cómo los dirigentes han optado para construir poder y así llevar las riendas en sus respectivos países. Y es que uno de los grandes males que sufre la región es la corrupción. Investigaciones periodísticas y denuncias de defensores de derechos humanos, publicadas durante estos primeros meses del año, han expuesto más evidencias de que se trata de un problema endémico. Una cultura arraigada en las instituciones y la vida política de buena parte del istmo. Un sucinto repaso permite ver cómo en Guatemala se forjó una red de tráfico de influencias (integrada por funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios) y de cómo se pretende desbaratar la independencia judicial. Por su parte, en Honduras hemos visto la decadencia del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Desde Nicaragua semanalmente se conocen nuevos agravios por parte del régimen dictatorial: persecución política, censura, la libertad de expresión cercenada. En El Salvador, que no se queda atrás en esta desafortunada competencia, se mantiene firme la carrera por desmantelar a las instituciones contraloras y garantes de justicia, además de otras prácticas turbias como el espionaje a periodistas y a opositores políticos. En síntesis, es suficiente la evidencia de que existen abusos de poder para beneficiar a pequeños grupos; de la debilidad de los marcos y mecanismos institucionales, del autoritarismo y de cómo el crimen organizado se ha enquistado. Ahora bien, el repaso antes expuesto también sugiere algunas ideas, dudas y reflexiones. Por un lado, lo acontecido en Guatemala y Honduras demuestra que tarde o temprano los corruptos caen y que, pese a todos los artilugios por esconder la verdad, esta llega, se conoce y puede llevar a juicio a quienes han abusado desde su cargo público. Deberían tomar ejemplo los homólogos de la corrupción en los demás países. Por otro, es importante pensar en la urgente necesidad de una renovación política e institucional. En la mayoría de los países no se cuenta con un poder judicial y fiscal independiente, de ahí entonces que sea una autoridad externa la que investiga y sanciona. Si bien es verdad, el rol de Estados Unidos, que no es precisamente el mejor ejemplo de solvencia ética, puede contribuir o generar argumentos para determinar, con todas las garantías legales, la culpabilidad de los sospechosos de actos ilegales o de mantener relaciones ilícitas. Por tal motivo, el objetivo debería estar en que cada país juzgue a quienes le han hecho daño. De esta forma se podría sentar precedentes y así instaurar una cultura de transparencia y de orden democrático. Sin embargo, como sostienen algunos, esto plantea una paradoja que reside en cómo actuar en contextos donde la justicia ha sido secuestrada por el régimen. Dicho en otras palabras, en países donde no existen posibilidades reales de acceder a las instituciones políticas; en el que, por ejemplo, las elecciones han sido manipuladas para conservar el poder. En definitiva, ¿Hasta dónde debe actuar la comunidad internacional y cómo debe ser esa cooperación? Ciertamente, las consecuencias de la corrupción afectan a toda la sociedad. Es evidente que el mayor peso recae en los más desposeídos. Por tanto, por responsabilidad y por justicia, es un problema que se debe afrontar. Considerando la figura del espejo, es fundamental conocer las carencias y todos los artificios que se implementan en la región. En otros términos, verse en el vecino. Para el caso salvadoreño, es determinante apostar por la restitución de un escenario democrático, que incluso supere los vacíos y vicios que ya existían antes del retroceso por el que el país atraviesa. Esto solo lo puede lograr una ciudadanía crítica y organizada. Como se ha dicho en otras ocasiones, se necesita de un planteamiento común e inclusivo que abogue por recuperar el derrotero de la democracia en el que las instituciones se erijan desde su independencia. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 79.