Editoriales y Opiniones

Según noticias periodísticas, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó recientemente que están tratando de garantizar “en la medida de [sus] posibilidades, los derechos humanos de cada detenido, no obstante que tenemos un régimen que suspende algunas garantías constitucionales". Al igual que las personas, las instituciones tienen posibilidades. Por ello, en principio, la frase podría pasar por cierta. Sin embargo, dado que, por un lado, las posibilidades institucionales son realidades creadas por quienes gestionan el Estado y que, por otro, no toda disposición legal es moral, el ciudadano tiene derecho a evaluar si esas posibilidades son coherentes con la Constitución y los convenios internacionales, y con principios éticos. Es sabido que el servicio de defensa pública que ofrece la Procuraduría General de la República se caracteriza por su falta de calidad e insuficiencia. Este no es un problema reciente, sino uno que viene arrastrándose desde hace muchos años. La defensa pública de la gente pobre acusada de algún delito nunca ha sido un asunto importante para los políticos. Hoy la situación se torna más grave con la detención de miles de personas. Si antes del estado de excepción la Procuraduría no cumplía con las necesidades de defensa de los ciudadanos sin recursos, la contratación de 60 o 70 nuevos defensores no resolverá la situación de más de 30 mil personas detenidas. En este sentido, decir que se garantizan los derechos según las posibilidades institucionales es una frase vacía. La realidad nos dice que se están violando derechos básicos de forma masiva. Aludir al régimen legal que suspende algunas garantías tampoco aclara nada. Suspender el inciso segundo del artículo 12 de la Constitución no anula la presunción de inocencia ni la garantía fundamental de acceso a la defensa. Sin embargo, en la práctica se condena a las personas, sin escucharlas ni darles oportunidad de una mínima defensa, a quedar privadas de libertad durante un tiempo largo. Se presume la culpabilidad sin una investigación previa y se arrojan por la borda diversos tratados internacionales ratificados por El Salvador. Los derechos humanos, además, no dependen de las posibilidades estatales. En sus aspectos fundamentales, son obligatorios, toda persona debe gozar de ellos. Suspender algunas garantías constitucionales no puede convertirse en fundamento de la arbitrariedad, el abuso o la violación sistemática de los derechos humanos. De la mayoría de diputados no cabe esperar mayor conocimiento sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Pero el fiscal general debería saber con claridad que la ausencia de la garantía de la defensa está considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las excepciones para el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La consideración sobre la situación concreta del país no excluye de responsabilidad. Si las posibilidades institucionales son escasas, la responsabilidad tanto del legislador como del juzgador es crearlas. Anular el respeto a los derechos fundamentales siempre será, además de inmoral, algo censurable y digno de persecución legal.

Editorial UCA Uno de los efectos de la pandemia fue la paralización de la cadena logística mundial, lo que provocó escasez de productos y un incremento de los precios a nivel planetario. Con el fin de la época de los confinamientos que obligó a disminuir la actividad económica, en el cuarto trimestre de 2020 inició la recuperación económica, la cual incrementó la demanda de materias primas y de energía. Ello también impulsó al alza los precios del petróleo y sus derivados. La guerra de Rusia contra Ucrania, y la consecuente desestabilización global, así como la previsión de que el conflicto será largo y generará escasez de cereales, metales y petróleo —de los que ambos países son importantes productores— han provocado un nuevo incremento en los precios de los alimentos y de las materias primas. Uno de los productos que ha incrementado significativamente su valor es el petróleo, volviendo a sus precios históricos más elevados: por encima de los cien dólares por barril, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008. La conjunción de todos estos factores está impulsando un aumento acelerado de la inflación. Por supuesto, de este escenario no escapa El Salvador, sobre todo por su gran dependencia de la importación de productos (según la Cepal, el país importa el 80% de lo que consume) y por su gran vulnerabilidad ante dinámicas económicas externas. Es así como después de más de una década de estabilidad en los precios, en el último año y medio se ha dado un incremento que golpea con dureza a la economía familiar, especialmente a los hogares con menores ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva al mes de mayo, la inflación en el último año es superior al 7%. Por su parte, la Digestyc señala que en marzo de este año la canasta básica alimentaria había incrementado su precio un 10% con respecto a marzo de 2021. La Cepal señala que esta crisis mundial supondrá un aumento y profundización de la pobreza en todos los países de América Latina; para el nuestro, prevé que la población en situación de pobreza crezca entre 1% y 2%, lo que significa que entre 6 mil 500 y 13 mil personas pasarán a formar parte de la población pobre. Por las características de su economía, a El Salvador le es muy difícil combatir las consecuencias de esta crisis. Durante muchos años se ha privilegiado e impulsados los sectores comercio y servicios, en detrimento de la producción. La producción agrícola más industrializada se ha concentrado en el azúcar, descuidando la generación de alimentos y su diversificación. Por otro lado, la mayor fuente de divisas, las remesas, también está siendo afectada: su crecimiento es menor en relación al año pasado. Con todo, esta crisis representa una oportunidad para reconducir la maltrecha economía nacional, dejar a un lado las aventuras de alto riesgo, que hasta la fecha solamente han traído mayor vulnerabilidad, y poner en marcha las estrategias que recomienda la Cepal para las economías de los países latinoamericanos. Para el organismo, lo primero y más inmediato es atender a los más vulnerables y asegurar su alimentación. En segundo lugar, se debe impulsar políticas que fomenten la producción agrícola e industrial, apoyando especialmente a la producción agropecuaria y de fertilizantes. También es imprescindible una política fiscal progresiva que promueva el desarrollo al dotar al Estado de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Recursos que deben ser utilizados de forma eficaz y con transparencia, lejos de la actual opacidad y despilfarro que desincentiva a los contribuyentes. A juicio de la Cepal, es urgente que América Latina enfrente unida la crisis. Este llamado debe hacer reflexionar al Gobierno de El Salvador, tan dado a aislarse. Hasta la fecha, no se ha visto ningún interés en la actual administración por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos, a excepción de los tibios apretones de mano con México. Negar la crisis no ayuda a salir bien parados de ella; reconocerla y ponerse a trabajar para superarla es la única apuesta razonable.

“Quien nada debe, nada teme” reza un mantra de los devotos del oficialismo para convencerse de que no caerán víctimas de la excepción y para justificarla. Pero hay razones para temer, y mucho, porque la excepción no persigue criminales, sino lo que al soldado o al policía de turno se le antoja. Capturan por las apariencias, para llenar una cuota impuesta o por una denuncia anónima que ajusta cuentas. Una vez ingresado en las cárceles de Bukele, es extremadamente difícil salir con vida de ellas. La liberación es tan errática como el ingreso. Residir en una zona controlada por la pandilla convierte automáticamente, sobre todo a los jóvenes, en terrorista o en cómplice de terrorista. Los criterios para detener, torturar y humillar son exhibir un tatuaje de las pandillas o parecer pandillero, y colaborar con ellas, bien como “colaborador necesario” o como “colaborador con la intención de serlo”. Según estos criterios, enunciados por el responsable de la seguridad, cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier motivo puede ser capturado por el régimen. La vaguedad de los criterios deja a la ciudadanía a merced del capricho de soldados y policías. La ligereza con la que el ministro se desentiende de la creciente cantidad de fallecidos en las cárceles es también pasmosa y alarmante. Esas muertes, que frivoliza como “evento trágico”, son, según él, normales: “siempre hay muertes dentro de los penales, en cualquier sistema penitenciario”, debido a una “desnutrición o deshidratación anterior” a la detención. En definitiva, el ministro apela crípticamente a “ese andamiaje con el gabinete de seguridad”. En los portones de las cárceles de los Bukele se adivina la amenazadora inscripción que Dante leyó al entrar en el infierno: “Oh, los que entran, dejen toda esperanza”. Los jueces rechazan sin mayor consideración las pruebas de descargo de los detenidos. Solo validan las actas policiales con las declaraciones de los captores, que relacionan a los capturados con actividades sospechosas o criminales, y de testigos de oídas. Los jueces prevarican por miedo a la destitución o al traslado a un juzgado remoto. Los retorcidos argumentos con los que sentencian de un plumazo a seis meses de cárcel a decenas de acusados dejan entrever su mala conciencia. Los defensores, públicos y privados, son impotentes ante “las órdenes superiores”. La posibilidad de salir con vida de estas cárceles es muy remota. Hasta ahora, el régimen habría liberado a unos 170 detenidos de un total superior a los treinta mil. Unos cuantos han salido gracias a la intervención de un alto funcionario del régimen o por la presión de las redes sociales. No hay amparo judicial que valga, sino la voluntad soberana de Bukele y sus carceleros. Así, pues, la esperanza de quienes entran en sus prisiones, muchos sin deber nada, queda fuera. Si hace dos meses el régimen de los Bukele necesitaba de una tasa baja de homicidios para proyectar la imagen de una seguridad ciudadana confiable, ahora aduce la cantidad de detenidos. El régimen instrumentaliza a los detenidos de la misma manera que antes lo hizo con los homicidios. Las dos fases tienen en común la violación sistemática de los derechos humanos y la mentira consuetudinaria. La seguridad de la ciudadanía no es la prioridad, sino la necesidad apremiante de pasar cuanto antes la página de la tregua fallida con las pandillas. La represión y el terror no son más que una artimaña bien urdida para olvidarla. Primero es la seguridad presidencial y luego, a mucha distancia, el bienestar social y el bien común. La revelación del pacto con las pandillas y de su fracaso puso en entredicho la credibilidad del régimen. La posesión y el ejercicio del poder absoluto no son tan sólidos como quisiera. La posibilidad del colapso es real. Por lo general, los Gobiernos experimentan crisis, pero sus jefes las suelen superar con habilidad política y concesiones, cualidades gubernativas que le han sido negadas a Bukele. Al igual que las pandillas, optó por la violencia y el terror. La “guerra contra las pandillas” no es más que un pulso entre dos fuerzas violentas y destructivas. La violencia y sus enormes costos humanos y materiales desautorizan las lindezas expresadas por la ministra del exterior en la Cumbre de las Américas. Sin inmutarse, la funcionaria dijo que Bukele impulsa “un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un Estado de bienestar, que privilegia al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo”. La desfachatez con la que los funcionarios de Bukele mienten es pavorosa. Confiar ciegamente en la buena conciencia y en la propia inocencia es temerario. Nadie está libre de los caprichos del soberano, presto a mentir para disimular sus atrocidades. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Si se compara lo que se vive en la actualidad con lo que acaecía en los tiempos de la guerra civil, no queda más que concluir que muchas lecciones del conflicto fratricida, demasiadas, han caído en saco roto. Durante la guerra, el país se polarizó; la neutralidad era casi imposible. Y la polarización condujo a la barbarie. Diversos estudios revelan que las guerras civiles, por su naturaleza, suelen ser más cruentas que los conflictos entre países y tienen un contenido ideológico más fuerte. La polarización de la guerra se cobró muchas vidas humanas. Hoy en día, la polarización se atiza desde las más altas esferas del Gobierno, dividiendo a la sociedad salvadoreña en dos bandos: los que apoyan al Ejecutivo y los que no. Quien es crítico o se abstiene de adular al poder queda incluido en la lista de los que quieren el mal para el país. El discurso de odio se utiliza como estrategia política para construir un imaginado enemigo común. No hay alternativa, no hay lugar para el pensamiento independiente. Al principio de la guerra se implementó la política de tierra arrasada, una táctica militar cuyo objetivo era destruir todo lo que podía ser de utilidad al bando contrario, bajo la lógica de quitarle el agua al pez. El pez era la insurgencia; el agua, la población civil y sus medios de vida. En nombre del combate al enemigo se perpetraron en esa época horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la masacre en El Mozote. Hoy, al igual que entonces, se aplica una especie de tierra arrasada. Ante la aparente ruptura del acuerdo con las maras y ante la imposibilidad de aplicar inteligencia e investigación para la persecución y captura de los pandilleros, se ha optado por sacrificar poblaciones estigmatizadas. Durante el estado de excepción se ha capturado a cientos de personas inocentes. Como hace 40 años, madres, esposas, esposos, hijos e hijas preguntan por el paradero de sus familiares. Los operadores de justicia solo escuchan los designios de Casa Presidencial; la tendencia es no dejar salir a nadie. El Ejecutivo ha hecho del combate a las pandillas la fuente principal de su discurso y de su popularidad; todo lo demás es solo un medio para ese fin. Como en los tiempos de la guerra, una llamada anónima o un señalamiento infundado son suficientes para proceder a la detención sin investigación y sin derecho a la defensa. También durante la guerra civil, como en todo conflicto bélico, se manipulaba la información y se implementaba una guerra psicológica. El tiempo ha desvelado cómo trabajaba la maquinaria de fabricar mentiras en aquellos tiempos. En la actualidad, se implementa una estrategia mediática que manipula los datos y desinforma, creando con éxito un relato que solo responde a la versión del presidente sobre la realidad; una versión reduccionista, simplista, maniquea. Ignacio Ellacuría decía que “mientras la guerra dure, la única manera de salvar vidas es defender los derechos humanos”. Y hacer eso en aquel contexto era difícil y peligroso, pero las barbaries que en ese momento se cometieron con total impunidad hoy se entienden como crímenes de lesa humanidad. Aunque no sea popular, aunque implique sufrir represalias, acusaciones y calumnias, se debe seguir defendiendo los derechos humanos, todos los derechos, de toda persona.

Por José M. Tojeira, S.J. Con frecuencia, especialmente a la hora de evaluar un Gobierno, solemos hablar de desarrollo. Se le da un peso de primera magnitud a la economía, al desarrollo social y a valores democráticos. Pero se olvidan o marginan valores más individuales o que tienen algún matiz religioso. La actitud pacífica y dialogante ante el conflicto no se valora con tanta intensidad como la agresividad y el contenido incisivo de los ataques. La misericordia tampoco es de los valores más frecuentados. Y aunque es común hablar de solidaridad, la generosidad tampoco está en la cima de las actitudes más promocionadas. El cuidado de la individualidad suele sustituir a la preocupación por el prójimo. El triunfo personal, el éxito y la competitividad se aprecian más que la constancia y la fidelidad a las obligaciones simples del cada día. Se cultiva la imagen más que el servicio. Se busca más parecer bueno que serlo. ¿Sirven estas actitudes y modos de vida para el desarrollo? Solo en parte. Sirven, en efecto, para el desarrollo individual. Sin embargo, en una sociedad donde las oportunidades son desiguales, las actitudes mencionadas suelen provocar una desarrollo desigual, e incluso en ocasiones ponen a grupos contra minorías. Es increíble ver cómo el éxito de algunos líderes tuvo la capacidad de trastocar las actitudes éticas de grandes multitudes. El éxito de Hitler o de Mussolini con sus discursos radicales, sus puestas en escena adornadas hasta decir basta con signos y banderas, despertaba entusiasmo no solo en sus propios países, sino en sectores importantes de la burguesía latinoamericana y, especialmente, en los militares. Las payasadas del expresidente Trump encandilaron y enseñaron numerosos trucos políticos a algunos líderes de nuestros países. Pero estas fascinaciones nunca terminan produciendo un desarrollo armónico. Al contrario, con frecuencia terminan en tragedia. Desde los escritos de Maquiavelo, la política ha tendido a prescindir de la ética para asegurar la permanencia en el poder. La verdad sucumbe, al menos durante un tiempo, ante la imagen de dictadores, autócratas o líderes expertos en prometer rapidez y soluciones inmediatas. La mezcla de autoritarismo con individualismo, de riqueza de unos con pobreza de otros, de consumismo con apariencia y de imagen con falsedad, conduce siempre hacia el fracaso humano. Nuestra condición de seres sociales y empáticos no puede sustituirse por simples características gregarias dirigidas por los “machos alfa” de la economía o de la política. El desarrollo humano debe incluir siempre, además de la razón y la verdad, el crecimiento y afianzamiento de sentimientos profundos de humanidad. Las artes, la literatura y la religión nos ayudan a ser más humanos. Si destruimos los sentimientos de confianza, amistad social y cercanía humana frente al sufrimiento, lo que cosecharemos será inhumanidad. Una de las personas que impulsa el desarrollo humano a partir del desarrollo de las capacidades innatas de las personas insistía recientemente en que “nos equivocamos muy a menudo cuando permitimos que los pensamientos negativos que tenemos genéticamente arraigados en nuestra mente se apoderen de nuestra voluntad y nos hagan creer que el dolor del culpable erradicará nuestro dolor, o que la muerte compensará el asesinato”. La tendencia a querer superar el conflicto con la derrota o, al menos, el daño del adversario rompe las posibilidades de la amistad social y genera ciclos de violencia. Solamente la opción por crecer en humanidad produce realmente desarrollo humano. El sabio respeto a los derechos humanos de parte del Estado no solo crea confianza en la institucionalidad, sino que refuerza la capacidad de establecer lazos de amistad y de confianza en la sociedad. Lo contrario lleva inevitablemente a convertirnos en lobos para las otras personas.

Editorial UCA Las reformas legales que permiten el establecimiento de jueces sin rostro y que el juicio se lleve a cabo en ausencia del acusado deterioran aún más un sistema judicial que nunca fue decente, pero que había dado algunos pasos importantes hacia la independencia y la calidad profesional. El deterioro comenzó con el control inconstitucional de la Sala de lo Constitucional y continuó con una ley de la carrera judicial claramente irregular e incoherente con convenios internacionales debidamente ratificados; una ley que discriminó por edad y retiró a los jueces de 60 o más años de edad. A esto se sumó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de trasladar, de un modo caprichoso y arbitrario, a los jueces de segunda instancia, e incluso rebajar sus funciones. En estos tiempos de estado de excepción, la presión y el miedo hace que los jueces pasen a instrucción a grupos de hasta 300 personas, desprovistas de defensa real y sin más indicios de culpabilidad que la existencia de tatuajes o la simple sospecha policial. Aunque hay jueces decentes y honorables, la presión mediática, la indefensión de los acusados y la contratación masiva de nuevos jueces obedientes al Ejecutivo están arrasando con la independencia judicial y con estándares elementales de justicia y de derechos humanos. La mayoría de veces, los procedimientos tanto de detención como de enjuiciamiento son irregulares e incumplen la normativa vigente. La impunidad de los jueces, mientras le den gusto a Casa Presidencial, se ha vuelto absoluta. En la práctica, el prevaricato y otras formas de violar la legislación vigente han dejado de existir como delito. Los derechos de los acusados quedan casi siempre severamente dañados. Las instituciones internacionales a las que el país les debe respeto y obediencia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de relevancia ante jueces partidarios del poder arbitrario de las autoridades nacionales. No importa que la Corte Interamericana haya dicho en una sentencia que “los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”. El hecho de que dicha Convención haya sido ratificada por El Salvador y forme parte de la legislación nacional, incluso por encima de las leyes secundarias del país, les tiene sin cuidado a quienes han decidido convertir al poder judicial en uno de los brazos opresivos del Ejecutivo. Para colmo de males, el Gobierno desarrolla una campaña que anima a denunciar anónimamente a presuntos “terroristas”. El denunciante no es necesario que se identifique ni, por supuesto, es llamado posteriormente como testigo. Basta denunciar para que la Policía detenga y la Fiscalía acuse del delito de asociaciones ilícitas. Si el caso pasa a fase de instrucción, como es hoy lo común, el acusado puede pasar en torno a dos años encarcelado para ser puesto después en libertad, si es que hay suerte. La venganza calumniosa, la mentira envidiosa o el simple afán de hacer daño a otros cobra cuerpo gracias a este mecanismo de denuncia anónima. La figura de jueces sin rostro facilita la arbitrariedad, la injusticia y la impunidad. Defender los derechos humanos es hoy una tarea urgente. No se trata de no perseguir el crimen, sino de garantizar el respeto a los derechos de todos.

Proceso 10/06/2022 Al cabo de tres años de gobierno de Nayib Bukele, han salido a luz una amplia cantidad de análisis y comentarios críticos de un proceso político que, iniciado desde el voto democrático, ha ido evolucionando hacia la negación e incluso destrucción de algunos principios democráticos básicos. La guerra contra las maras y el régimen de excepción se pueden ver como símbolo de este proceso iniciado hace tres años, en el que el Estado de Derecho ha sido sustituido por una tendencia al control estatal del Poder Ejecutivo y a la arbitrariedad. Se establecen diálogos, pactos y preferencias en favor del gran capital, al que no se toca de ninguna manera, a cambio de dejar la política en manos del líder y su grupo. Se implementan medidas autoritarias que simultáneamente faciliten el control del Estado por parte del Ejecutivo para dar la apariencia de eficacia social. Se prescinde de garantías y convenios ratificados de Derechos Humanos, sin mayor preocupación por los golpes que puedan sufrir los más débiles, mientras se procura no golpear a quienes tienen la capacidad de incidir en las redes sociales o convertirse en símbolos de represión gubernamental. Por supuesto eso no quiere decir que a opositores incómodos no se les ataque o que no se trate de silenciarlos a través de un lenguaje de odio ampliamente distribuido en las redes. Se cuidan de no convertir en mártires a nadie, pero tratan de destruirlos moralmente desde la inmoralidad del insulto. Se aprovechan los errores de los gobiernos anteriores para detener ilegalmente a personalidades del pasado inmediato, buscando más que hacer justicia, destrozar sus posibilidades de liderazgo social, humillarlos y vencerlos. Se les acusa de corrupción y, cuando la permanencia en la cárcel comienza a sonar a persecución política y existencia de presos políticos, se condiciona su salida de prisión a aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Destruir a los partidos tradicionales, aunque muchos de sus antiguos militantes engorden ahora con su servicio al nuevo régimen, se convierte en un objetivo sin duda ligado a ansias de permanencia en el poder. Se cometen errores graves que en vez de ser aceptados y corregidos se mantienen como si hubieran sido medidas inteligentes. En economía se mantiene como buena la oscura y ruinosa adopción del bitcoin como moneda, así como la tan rápida como poco transparente gestión del endeudamiento. En el sistema judicial se golpea duramente la independencia de los jueces con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, y se establece una tendencia a instaurar formas de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Se impone a magistrados dependientes políticamente y se humilla y se establece como norma la discriminación por edad de jueces decentes, con frecuencia sustituidos por personas paniaguadas y obedientes al Ejecutivo. Los sectores críticos de la sociedad civil, defensores del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos son menospreciados, insultados y se empeoran las relaciones internacionales con países democráticamente avanzados, tradicionalmente socios del desarrollo salvadoreño. La soberanía se confunde con la arbitrariedad y la elección democrática con un cheque en blanco. La propaganda resalta las medidas positivas del actual Ejecutivo, en cierto modo, nuevas dentro del asistencialismo tradicional de los gobiernos salvadoreños, pero no se tocan los problemas estructurales. La problemática del medio ambiente, agravado por la absurda actitud de rechazar el Acuerdo de Escazú, o la fiscalidad deficiente e inequitativa, junto con el sistema de pensiones y la desigualdad y vulnerabilidad social, continúan sin soluciones inteligentes. La situación y las tendencias políticas y sociales nos obligan a preguntarnos hacia dónde vamos. Y la respuesta es evidente: se están poniendo todos los medios para lograr un control del poder estatal parecido al que logró imponerse en México con el PRI por más de 50 años. Los esfuerzos por destruir a los partidos tradicionales de oposición, por otra parte ya muy desprestigiados y desgastados, y el hecho de que no surjan nuevas alternativas políticas claramente ancladas en las necesidades estructurales y culturales de El Salvador, hacen pensar a mucha gente que la existencia de Nuevas Ideas va para largo. Sin embargo, la debilidad de la economía, la ausencia de políticas de reforma estructural, las deficiencias en los servicios básicos, el personalismo, el abuso de poder y el irrespeto a derechos fundamentales, así como la falta de proyecto intelectual y la ausencia de hechos y experiencias históricas que otorguen al gobierno respaldo cultural, no permiten pensar que el sistema pueda durar tanto como el mexicano o tener semejante estabilidad. Aunque hay indicios más que suficientes como para pensar que se está fraguando un intento de reelección, el proyecto continuista y autoritario tiene demasiadas debilidades estructurales como para pensar en plazos de poder demasiado largos. Los tres añ

No podía hablar de otro tema que no fuera su guerra contra las pandillas. El tema es muy popular, refuerza el imaginario colectivo de seguridad y evita tocar cuestiones espinosas como la inflación, las pensiones o la deuda. De esa manera, Bukele redujo el tercer año a los dos últimos meses. Aunque anunció estar “muy cerca de ganar” dicha guerra, la inconsistencia de su discurso aconseja desconfiar. Bukele aseguró que la derrota de las pandillas “la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la Presidencia”. El primer paso habría sido el lanzamiento del plan de control territorial, en cuyas cuatro fases “tuvimos éxito”. Pero su vicepresidente tiene otra versión: hasta la implantación de la excepción, las pandillas “mandaban y controlaban más de un tercio de todo el territorio”; pero, desde entonces, ya no se ejecutan “operaciones aisladas de ir a alborotar el panal”, sino que están “limpiando las comunidades”. Las dos versiones son incompatibles. Uno de los dos está equivocado. No sobre un detalle, sino sobre una acción gubernamental de primera magnitud. La contradicción revela que la dirección de la Presidencia no sabe lo que hace o engaña y confunde deliberadamente. En cualquier caso, no es confiable. La guerra contra las pandillas no es, tal como dijo Bukele, “el resultado de actuar rápido para salvar vidas, poner primero a la gente”. Esa gente ha pasado tres años a merced de los pandilleros, hasta que empezó “la limpieza”, tal como dice el vicepresidente. Lo único que hicieron fue incomodarlos. De todas maneras, “la limpieza de la casa” es incompleta, porque se concentra en una de las dos pandillas grandes, porque algunos pandilleros gozan de la protección de Bukele y porque esos no son los únicos criminales. Están también los de cuello blanco, los corruptos, los narcotraficantes y los que trafican con influencias, con personas y armas. Además, la seguridad consiste en “cero homicidios” perpetrados por los pandilleros, es decir, Bukele no incluye a los pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas represivas ni a los asesinados en las cárceles. Tampoco considera a los desaparecidos. Su concepción de la seguridad es extremadamente estrecha. No es extraño, entonces, que el flujo migratorio tienda a aumentar, ya no solo por causa de las pandillas, sino también por la brutalidad de los soldados y los policías. Y los que emigran no tienen planes de “regresar y vivir […] o incluso invertir”, tal como asegura Bukele. Es cierto que Arena y el FMLN “tuvieron el poder para [transformar la realidad,] pero decidieron robar, mentir y asesinar al pueblo que les dio la confianza”. También es cierto que el régimen de los Bukele no es diferente. Quizás la única diferencia sea el hermetismo casi total que ahora rodea al ejercicio del poder. Es cierto que “teníamos marginación, desigualdad y falta de oportunidades […] la receta perfecta para que las pandillas se volvieran lo que ahora son”. Pero es igualmente verdad que la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades no solo persisten, sino también tienden a agravarse con la inflación. El caldo de cultivo de las pandillas sigue cocinándose, ahora más lentamente por causa de la represión. Por tanto, Bukele no tiene argumentos válidos para sostener que El Salvador “está muy cerca de vivir una nueva realidad, que por décadas nos fue negada: un país sin pandillas”. La afirmación es simplemente falsa. Si es cierto, como dijo, que la inversión extranjera aumentará de forma notable ahora que el país es seguro, por qué no retomó las nuevas de su embajadora en Washington, que anuncia abultadas inversiones, mientras hace de guía turística de presuntos inversionistas estadounidenses. O bien Bukele no está al tanto del éxito diplomático de su embajadora, o esta anuncia en falso un mensaje que no es de su competencia, o simplemente no hay tales inversiones. La diáspora, incluida la oficialista, no arriesgará sus ahorros en el país. Se limita a enviar dólares para mantener a flote las economías familiares. Sea lo que sea, los inversionistas extranjeros representan siempre una amenaza para la soberanía nacional, tan ensalzada por Bukele como justificación del aislamiento de la comunidad internacional. Es cierto también que Bukele está “transformando nuestro país desde los cimientos”. Pero no porque cierre las fuentes que alimentan el caldo de cultivo de las pandillas, sino por haber suprimido la separación de los poderes estatales y por haber desmantelado la institucionalidad democrática. Abandonó el camino hacia la democratización, emprendido trabajosamente en 1992, para tomar el de la dictadura personal. Sin duda, su liderazgo es real, pero es uno dictatorial. En ese sentido, “este es un momento único”, en el cual Bukele ha conseguido implantar su orden y su seguridad. Las pandillas, sin pretenderlo, le proporcionaron el pretexto para establecer su paz. Una paz que descansa en la militarización, en la violencia pendenciera, en la corrupción y el d

Editorial UCA Es muy distinto cómo dice el Gobierno que está el país y su gente, y cómo lo perciben observadores independientes y la comunidad internacional. Mientras la ingente propaganda oficial afirma que El Salvador ya es otro país, uno de los lugares más seguros del mundo, que va camino a la prosperidad gracias al bitcóin, etc., los datos afirman otra cosa. Para comenzar, si El Salvador es el lugar donde se cumplirán los sueños de todos sus habitantes, no se explica por qué la migración, lejos de reducirse, ha aumentado. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 se contabilizaron casi 50 mil compatriotas detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. 30 de cada 100 personas dicen que quisieran migrar y, en promedio, 300 salen cada día buscando oportunidades que en su propia tierra se les niegan. Por otro lado, un país seguro es aquel donde se respetan los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado que el Gobierno está violando masivamente los derechos humanos con el estado de excepción. Destacan las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos, así como la muerte de más de 30 personas capturadas. Aunque a muchos esto les es indiferente y otros tantos más bien lo aplauden, lo cierto es que la barbarie impera. Tampoco es seguro un país en el que se persigue a las voces críticas. Reporteros sin Fronteras denunció el 2 de junio que el Gobierno multiplicó los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así en la población la imagen de una prensa enemiga. Y sigue abierto el tema de la intervención de las comunicaciones a opositores y críticos de la administración Bukele a través del programa Pegasus. Otro dato: gracias al estado de excepción, el país ocupa el primer lugar en el mundo en número de presos por cada 100 mil habitantes. Es decir, ninguna otra nación en el planeta encierra a tan alta proporción de su gente como El Salvador. Un buen país garantiza un nivel de vida digno para toda su gente. Hasta el momento, la apuesta por el bitcóin ha fracasado y las agencias calificadoras de riesgo han rebajado la calificación de El Salvador a un nivel que indica que hay una alta probabilidad de que no pague sus deudas. Además, en la región centroamericana, El Salvador será el país que menos crecerá, tal y como ha sucedido desde los años noventa. Finalmente, un país democrático es aquel que rinde cuentas a su población, pero El Salvador es el país peor evaluado de Centroamérica por falta de transparencia presupuestaria. El país tiene la nota más baja de la zona; está 24 puntos abajo de Guatemala, a 22 de Costa Rica, a 16 de Honduras y un punto abajo de la sufrida Nicaragua. Por el momento, pese a los embates de la realidad, cada vez más contundentes y abundantes, la burbuja del país publicitado se mantiene firme. Y sobre la firmeza de esa ilusión es de lo poco que hay certidumbre en El Salvador.

Proceso 03/06/2022 Hace tres años, Nayib Bukele llegó al Gobierno. Prometió liberar al país de la corrupción y de los vicios de “los mismos de siempre”. En su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2019, Bukele dijo “nos comprometimos a ser un mejor El Salvador; nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño”. El grueso de las acciones de su gobierno, por el contrario, han seguido un camino diferente al de sus discursos. Durante tres años, el Gobierno de Bukele ha desmantelado los pocos avances en materia de institucionalidad democrática logrados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ha demostrado que su Gobierno carece de planificación y propuestas de políticas públicas que brinden soluciones estructurales y sostenibles a los graves problemas del país. Sobre todo, estos tres años han demostrado que la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son prescindibles si obstaculizan la voluntad del presidente. A lo largo de su gestión, Bukele ha focalizado esfuerzo y recursos en la cooptación de casi todas las instituciones del Estado. Desde que los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, el pasado 1 de mayo de 2021, ya no se puede hablar de separación de poderes. Asimismo, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de acceder a información pública básica, como el costo de los viajes del presidente, los planes de salud o de vacunación, el costo de las computadoras y laptops para el sistema educativo público, el costo total de la implementación del bitcóin, etc. Las posibilidades de ejercer algún tipo de control ciudadano sobre las acciones del Ejecutivo son nulas. Pese a ello, y gracias al trabajo del periodismo independiente, se han conocido graves casos de corrupción, especialmente relacionados con las compras de insumos médicos durante la emergencia causada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, más allá de la cooptación del Estado, de la concentración de poder en el presidente y de la corrupción, los tres años del actual Gobierno han visto el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como prueba de lo anterior, haremos alusión a algunos temas. Por ejemplo, el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por otorgar, con enorme facilidad, permisos ambientales para grandes proyectos urbanísticos que limitarán aún más el acceso al agua en comunidades pobres del país. En otros casos, los proyectos de inversión pública del Ejecutivo, como el Aeropuerto del Pacífico, desplazarán a comunidades y pondrán en riesgo la biodiversidad de la zona. Hasta el día de hoy, es imposible saber qué acciones está tomando el Ejecutivo para mitigar los riesgos y daños que este tipo de inversiones conllevan, si es que se está tomando alguna. De igual forma, en tres años de gobierno, los programas dirigidos hacia las mujeres salvadoreñas han sufrido enormes retrocesos. Para 2022, el presupuesto otorgado para el desarrollo de estos programas sufrió un recorte de $563,185, según reportes periodísticos. Programas como el de Agricultura Familiar y Amanecer Rural, que tenían un enfoque de género, perdieron sus asignaciones presupuestarias por completo, mientras que el programa de Ciudad Mujer ha sufrido también drásticas reducciones presupuestarias. Las poblaciones de los municipios más pobres del país también están viendo una afectación en los servicios y proyectos desarrollados por las alcaldías, luego de que la Asamblea Legislativa, por petición del Gobierno, les redujera significativamente la asignación del Fodes (Fondo para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador) y centralizara los fondos en la Dirección de Obras Municipales (DOM). En los últimos días, incluso alcaldes pertenecientes al partido del presidente han señalado que no han podido cumplir con las obras que la población demanda, ya que no cuentan con los recursos para ello. En materia de seguridad pública, aunque la disminución en las cifras de homicidios es innegable, existen pruebas suficientes de que dicha disminución no es atribuible a la ejecución del Plan Control Territorial, sino a negociaciones entre el Gobierno y las principales pandillas del país. Como en administraciones anteriores, dichas negociaciones han ocurrido en total secretismo. Cuando estos pactos fracasan, comienza nuevamente el derramamiento de sangre y las víctimas resultan ser casi siempre personas trabajadoras sin vinculaciones con pandillas, como ocurrió entre los días 25 y 27 de marzo, cuando fueron asesinadas 87 personas. En tres años, pues, ha quedado más que demostrada la poca estima que el Gobierno de Bukele tiene para con los derechos humanos de la población cuando de proteger su imagen se trata. Luego de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno se rompiera, a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado en dos ocasiones y en el que han tenido lugar prácticas p

Editorial UCA En el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa al cumplirse los tres años del actual Gobierno, algunos asistentes exhibieron carteles pidiendo la reelección del mandatario. Llama la atención que eso sucediera precisamente en la casa de quienes están obligados bajo juramento a defender la Constitución, que prohíbe taxativamente la reelección en el período inmediato posterior a la finalización de un ejercicio presidencial. Los textos no dejan ninguna duda. El Artículo 152 dice que “no podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154 afirma que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Y con dedicatoria a quienes puedan hacer propaganda de la reelección, el artículo 75, en el apartado cuarto, sentencia que “pierden los derechos de ciudadano [...] los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Además, la Constitución niega la posibilidad de ser presidente en el siguiente período al “cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia”. Tampoco puede “el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial”. Y lo mismo dice de los ministros, los militares e incluso del director de la PNC. En otras palabras, ninguno de los que han acompañado al presidente en el ejercicio del poder puede ser candidato a la Presidencia en el período siguiente. Pese a todo lo anterior, los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional dicen que el presidente de la República puede reelegirse al final su período. La imaginación y la creatividad de estos magistrados es grande. Especialistas en interpretaciones caprichosas, pretenden cambiar el significado de las palabras con resoluciones artificiosas, interpretando lo blanco como negro y viceversa, según las conveniencias del momento. La sentencia que emitieron para avalar la reelección inmediata es tan exigua, limitada y falta de razones como la ley del bitcóin. La interpretación de los magistrados va en contra del contexto y la literalidad constitucional, y esto puede deberse a ignorancia manifiesta, incapacidad racional, falta de independencia o voluntad de servir a un poder distinto al propio. Saltarse el significado de las palabras y sustituirlo por intereses personales no conduce a la democracia. La fidelidad a la intención del legislador constitucional y a la misma Constitución es esencial para el desarrollo armónico de una sociedad como la nuestra, tan necesitada de fortaleza institucional y tan sujeta a los caprichos de quienes consideran al poder político y judicial como instrumentos a su servicio. Por de pronto, la reelección del actual mandatario se consolida a bases de trampas, gritos destemplados y desfachatado desprecio a la democracia.

Editorial UCA Poco después de la publicación de la última encuesta del Iudop, un funcionario del Gobierno publicó este tuit: “Tuvieron que repetir la encuesta, pero les salió peor”. La intención era obvia: mostrar un dato del sondeo de opinión que beneficia a la actual administración. Cuestionar la ética de trabajo del Iudop le resultó obligado para no poner en entredicho la narrativa gubernamental sobre la UCA. Al respecto, lo primero a aclarar es que no hay tal encuesta repetida, sino que se trata de dos encuestas diferentes. La primera, presentada el 25 de mayo, se enfocó en exclusiva en la percepción ciudadana sobre el estado de excepción. La segunda, publicada el 2 de junio, versa sobre la evaluación ciudadana del Gobierno, que el Iudop realiza todos los años desde hace décadas. En la primera se preguntó a la población su opinión sobre el estado de la delincuencia a partir del 27 de marzo, fecha en que se aprobó el estado de excepción; el 78.7% de los y las encuestadas respondió que había disminuido. En la encuesta de evaluación de gobierno, la pregunta sobre la delincuencia fue de carácter general, sin relacionarla a una medida o acción gubernamental en concreto; un 88.2% de los encuestados respondió que había disminuido. Aunque la respuesta sea coincidente, se trató de dos preguntas distintas, de dos encuestas también distintas. Por otra parte, hay que hacer notar que en el primer sondeo, del 78.7% que dijo que la delincuencia había disminuido, una cuarta parte (24.8%) piensa que las capturas masivas se hacen para mejorar la imagen del presidente. Las encuestas de la UCA buscan dar voz a la población, especialmente para que los tomadores de decisión la escuchen y la atiendan. La credibilidad y el reconocimiento, nacional e internacional, del Iudop es producto del profesionalismo y ética mostrados en sus 35 años de vida; fruto de su trabajo independiente, ajeno a las presiones e intereses de cualquier grupo de poder. La percepción favorable de la población sobre el presidente y su gestión es mayoritaria y, como siempre, fiel a su profesionalismo, el Iudop la comunicó tal cual. De igual manera, si la opinión de la población llegara a cambiar, los datos se publicarán tal cual. Ahora bien, convendría para la buena marcha del país que, en medio de su regocijo por el mayoritario respaldo social obtenido, el Ejecutivo repare en que, en la encuesta sobre el estado de excepción, el 16.7% piensa que los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo obedecieron a la ruptura del pacto entre el Gobierno y las pandillas, y que 20.8% de la gente en el área urbana conoce a personas que han sido capturadas de forma injustificada. En la encuesta de evaluación, ciertamente, la mayoría aprueba la gestión del Ejecutivo, pero las opiniones favorables han decrecido en el último año, lo menos valorado es la situación económica y 84 de cada 100 personas no se sienten beneficiadas por el bitcóin. La gente no vive de sueños ni de tuits que pretenden ser ingeniosos; necesita oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por Rodolfo Cardenal, S. J. El presidente guarda silencios sonoros sobre los temas que ponen en riesgo su popularidad y destaca aquellos que la alimentan, para así presentarse como el mejor gobernante de todos los tiempos. El clamor de las madres y de las esposas a las puertas de las cárceles, donde ha encerrado a sus hijos y parejas, desafía esa astuta estrategia. Si por acaso, algún día, Bukele se vuelve a presentar ante ellas para pedirles su confianza, qué les dirá. Quizás se atreva a decirles que sus hijos o sus parejas son criminales. Eso ya lo saben muchas de ellas. Lo que suplican es información sobre su estado de salud, su estatuto judicial, visitarlos y proveerlos de los bienes indispensables que el carcelero mayor les niega. Quizás les diga que no los educaron bien. Ellas le responderán que les negaron esa oportunidad. La necesidad las obligó a trabajar fuera del hogar todo el día y sus hijos quedaron abandonados, sin quién viera por ellos. La escuela no les ofreció mayor cosa, la comunidad tampoco y las iglesias estaban ausentes. Y a las madres que saben que sus hijos no son pandilleros, qué les dirá. Esas mujeres no quieren disculpas hipócritas, sino la liberación inmediata de sus hijos y sus parejas, o al menos, tener noticias de ellos. Qué podría decir a las madres abandonadas con hijos que mantener y deudas que pagar. Qué les dirá a los menores que han quedado abandonados a su suerte, porque a sus progenitores se los llevó la redada. ¿Que su esposa se ocupará de ellos cuando “nacer con cariño” logre incluirlos? Muchos detenidos son pandilleros y criminales, y sus familiares no lo niegan. Pero otros muchos no lo son. Y bastantes andan sueltos, porque no son objetivo de la vendetta presidencial. Si alguna vez Bukele se atreve a visitar sus colonias, cómo les explicará la represión a aquellas que colaboraron en sus campañas electorales, en la distribución de los paquetes de alimentos durante la pandemia y en la promoción de las candidaturas de sus diputados y alcaldes. ¿Que olviden lo ocurrido para comenzar de nuevo? Sus diputados, que dicen acercarse a la población para contarle cómo su labor legislativa coloca al país en el rumbo correcto, no tienen valor para sentarse y escuchar el drama de estas mujeres, a quienes sin vergüenza llaman “madres luchadoras e incansables” y “mujeres bellas que dedican tiempo y amor a sus hijos”. Se desdicen en elogios a la madre irreal, mientras desprecian y maltratan a las madres reales. A una alcaldesa del partido oficial la dejaron con la palabra en la boca cuando comenzó a relatar las necesidades de la juventud de su municipio para solicitarles ayuda. El jefe de estos diputados dice sentirse muy seguro en el Soyapango actual, pero omite que se desplaza rodeado de guardaespaldas. Bukele ignora el clamor de las mujeres en vela permanente delante de sus cárceles. Se sirvió de ellas para llegar al poder y ahora las utiliza de nuevo para consolidar su popularidad sin importarle sus congojas. Atribuir la seguridad y el orden actual en las comunidades al terrorismo de Estado es un engaño. Más que orden, Bukele ha instaurado un desorden institucionalizado, cuya sensación de seguridad descansa en la injusticia y la violencia. Los entusiastas no debieran olvidar que los pandilleros capturados han campado por sus respetos durante tres años, amparados en la tregua. Y que muchos otros no son perseguidos. Las madres y las esposas le dicen clara y valientemente a Bukele que no abandonarán a sus hijos y sus parejas, sean o no criminales. Las primeras noticias sobre las torturas, el hambre, la sed y las enfermedades a las que están sometidos han aumentado la angustia de estas mujeres. Los más de veinte homicidios ocurridos dentro de los muros de las prisiones estatales las mantienen atemorizadas. Pero ni la zozobra, ni el miedo las han doblegado. Al contrario, han fortalecido su decisión de mantener la guardia, a pesar de pernoctar en la intemperie, de estrujar sus maltrechas economías y del trato grosero y cruel de los guardianes. Bukele intentó dispersarlas. Les envió sus fuerzas represivas y una tanqueta para amedrentarlas. Sus verdugos desmantelaron sus campamentos improvisados y las alejaron aún más de los portones de las prisiones. Todo en vano. Esas mujeres no han cedido y se mantienen en pie de lucha contra el régimen militar. No pueden retornar a sus hogares sin saber de sus hijos y sus parejas. Las mujeres en vigilia delante de las cárceles son una protesta clamorosa contra la dictadura de los Bukele y un llamado desesperado a la sensatez y la humanidad. La injusticia y la violencia las han convocado desde los rincones más diversos del país, las han unido y las han hermanado para plantar cara a la opresión del autoritarismo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso Desde hace un par de meses el centro de la atención nacional lo ocupa el régimen de excepción, lo que en sí mismo ya es un signo de la eficacia mediática del gobierno. La población, en general, aprueba el estado de excepción, en parte, por la labor de la propaganda oficial. El “capturómetro” fue la noticia del día durante las primeras semanas, posteriormente los “efectos colaterales” del régimen se han ido abriendo camino en la agenda nacional. Los casos de capturas de personas no vinculadas con las pandillas desfilan diariamente por los medios de comunicación, el sufrimiento de madres, padres, esposas y demás familiares de los detenidos pernoctando en las afueras de los penales, esperando que se les haga el milagro de la liberación de sus parientes, ha llegado a límites con signos de una crisis humanitaria. Pero el gobierno, aprovechando que los y las detenidas acaparan los reflectores, sigue adelante con otras medidas para avanzar en el rumbo que el presidente y el grupo al que representa les ha trazado. Recordemos que en septiembre de 2021, un decreto aprobado por las y los diputados que tramitan las peticiones del Ejecutivo obligó al retiro a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz y a fiscales que tuvieran 30 años de carrera o 60 años de edad o más. El decreto retiró a un tercio de los 690 jueces de los que contaba el país en ese momento. El argumento del presidente del primer órgano del Estado fue “no más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder”. Ser juez mayor de 60 años se convirtió entonces en sinónimo de corrupción en el juicio inmisericorde de los troles y de los partidarios incondicionales del presidente. En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por servicios prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Salvo algunas excepciones como la de Romeo Auerbach, que se acogió al decreto a principios de 2022, siendo diputado desde mayo de 2021, según testimonios de personas que se acogieron a la ley, el retiro no fue propiamente voluntario sino coaccionado. Más de un ciento de empleados y empleados se “acogieron” al retiro y casi 40 de ellos pertenecían al área de capacitación del TSE, una de las más grandes del tribunal y la que cuenta con el personal con más experiencia y más conocedor del sistema electoral. Mientras tanto, puestos importantes de dirección han sido cambiados y ocupados por personas seleccionadas por la fidelidad partidaria a quien domina el TSE y no por sus capacidades y méritos profesionales. La consecuencia más visible es que los procesos y las decisiones dentro del TSE han pasado, de hecho, ha engrosar la interminable lista de información reservada que ya ni el mismo sindicato de empleados del TSE puede conocer y frente a lo cual guarda un silencio que solo puede explicarse porque sus afiliados no quieren engrosar la también cada vez más larga lista de despedidos. De esta manera, de modo silencioso, el árbitro de las elecciones en El Salvador, está promoviendo cambios que deberían encender las alarmas. La cereza en el pastel de la cooptación de toda la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo puede ser la también cooptación de la institución encargada de garantizar la integridad del sistema electoral, de tal suerte que, como las otras instancias públicas, respondan a las órdenes de Casa Presidencial y no al cumplimiento de la ley. Por otra parte, el 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Retiro y otorgamiento de compensación económica al personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayor de 60 años. Se estima que unos 3,000 policías y miembros de la ANSP deberán someterse al retiro. Esta medida llega después de que trascendió una supuesta posición crítica creciente de miembros de la institución policial que se resistían al sometimiento a los militares y a realizar capturas, en el marco del régimen de excepción, de personas que no llenaban los requisitos para ser considerados pandilleros. Fuentes internas de la policía confirmaron la ausencia generalizada de enfrentamientos durante las capturas y consideran que la PNC es capaz de llevar adelante esta lucha en el marco del respeto a la ley. En una lectura un tanto superficial, los retiros “voluntarios” de jueces, personal del TSE y policías, puede leerse como una oportunidad para dar paso a nuevas generaciones. Pero yendo un poco más al fondo, también pueden leerse como deshacerse de las personas que, por su experiencia, han desarrollado un pensamiento propio dentro del marco legal, inadmisible en el funcionariado del bukelismo. Además de lo anterior, los rumores sobre la eventual aprobación de leyes con dedicatoria para anular a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil, más el refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República para el espionaje telefónico, son indicios evidentes

Siete audios de un alto funcionario confirman la tregua con las pandillas y su ruptura, que costó la vida a 87 personas. Carlos Marroquín (“Lente”) se presenta como el enlace entre ellas y Bukele (“Batman”), y asegura que este les concedió privilegios, incluso permitió la salida del país de uno de sus líderes, buscado por la justicia nacional y la estadounidense. De acuerdo con este testimonio, no ha habido más plan de seguridad que la tregua. Las extorsiones, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos, ocurridos durante los dos años y medio que duró, fueron consentidos por Bukele. El Estado de terror que no pocos le agradecen ahora no lo impuso porque la seguridad le importe, sino porque la MS lo desafió. Inesperadamente, cuando el régimen parecía marchar sobre ruedas, contradicciones en la cúpula presidencial dieron al traste con la tregua y Bukele se quedó sin su plan de control territorial. “Torero”, responsable de la seguridad, y “Lobo”, el carcelero de la dictadura, se confabularon para capturar a varios líderes de la MS, que, como ha sido usual, se desplazaban con un salvoconducto en un vehículo oficial, conducido por un empleado público de confianza. Según la recapitulación de Lente, la MS dio 72 horas para liberarlos, pero Batman “se lo tomó a mal […] ‘a mí no me anden amenazando’”. En lugar de disciplinar a sus colaboradores, optó por escarmentar a la MS con la devastación de los vecindarios donde la pandilla opera. Los audios permiten asomarse a la relación de Batman con las pandillas. Lente, un operador con amplia experiencia en esos trances desde la época de la alcaldía, creó “condiciones a los [pandilleros] de adentro y también a la gente de aquí de la calle, que son las comunidades, la gente más pobre”, y sacó del país al líder prófugo de la justicia. “Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala”, dijo, para “ayudarles a todos y […] demostrarles mi lealtad y confianza”. Todo eso mientras levanta “cubos” para reconstruir “el tejido social”. Cuando la tregua naufragaba, pidió a los pandilleros “que paren, que ahorita paren, que me den chance para ver si logramos retomar”. No lo consiguió. Pero les adelantó que la situación “se va a poner peor en las comunidades […] pongan en alerta a la gente”, ya que “ahí dentro están torturando a la gente […] están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales”. Decepcionado, agregó, “no es para eso para lo que hemos luchado”. Se escapa a la imaginación cómo dos altos funcionarios de Bukele, Torero y Lobo, sabotearon la tregua con las pandillas, desautorizaron a su arquitecto y colocaron a Batman ante los hechos consumados. La centralización del poder no es tan sólida como parece. Todavía más sorprendente es que, en lugar de poner orden en las filas de sus colaboradores más cercanos, descargue su cólera contra la población de menores ingresos y menos oportunidades. Un despropósito con unos costos humanos inaceptables. Batman no ha sido engañado por la MS, sino víctima de las luchas internas de poder de su entorno más cercano. Ha caído en una trampa de la cual es difícil escapar sin daño, porque las consecuencias del terror desatado son impredecibles. Muy seguro de sí mismo, el régimen de los Bukele ha sido boicoteado desde dentro. Sus enemigos no están fuera, tal como suele quejarse, sino en los laberintos del poder presidencial. Ni siquiera Lente, el hombre de confianza de Batman en la relación con las pandillas, es muy de fiar. Juiciosamente, ha tomado distancia de su jefe. “Yo no quiero jugar con ustedes [los pandilleros] pero siento que él sí está ahorita, está jugando, él piensa que ya los topó al cerco […] y yo no quiero pues caer ahí en ese juego”. Lente no solo los puso sobre aviso sobre de la amenaza que se cernía sobre ellos, sino también cuestiona la eficacia de la represión estatal. Termina su comunicación con protestas de devoción a los pandilleros: “Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden”. Al encargado del “tejido social” solo le interesa la seguridad y el bienestar de los pandilleros. La violencia de las pandillas y la ruptura social causada por la venganza de Bukele le tienen sin cuidado. Tampoco a Batman le importa la tragedia humana causada por su insensatez. Las fuerzas detrás del naufragio de la tregua han comprometido gravemente el futuro de su régimen, al exponer, ante quien quiera ver, sus contradicciones, su impotencia y, en último término, su inhumanidad. En una palabra, Batman no es confiable. Los Jokers lo desacreditaron y lo dejaron enfrentado a una crisis carcelaria, jurídica y humanitaria de grandes proporciones. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 30/05/2022 Más allá de su problemática legalidad y de la aceptación que haya podido tener, la ampliación del régimen de excepción deja un mal sabor en tanto que abre la puerta a que se cometan graves injusticias y abusos. Diversas instituciones defensoras de derechos humanos han informado sobre abundantes casos de detención arbitraria durante este tiempo; una de ellas es el Idhuca, que publicó recientemente un informe sobre setenta casos. En el documento destaca que la mayoría de los detenidos está en el umbral de la pobreza o de la vulnerabilidad económica y social, no tiene acceso a defensa y sufre la arbitrariedad y dependencia de los jueces respecto a presiones del Ejecutivo. Además, más de la mitad son menores de 30 años. En otras palabras, los datos indican que, en esencia, se está persiguiendo a la población joven y pobre, golpeando así el desarrollo humano y equitativo de El Salvador. Maltratar a la juventud de un país es sentar las bases de fuertes conflictos sociales en el futuro. La información que se le brinda a los detenidos es escasa. Del supuesto delito del que se les acusa se van enterando por parte; les dicen una cosa al detenerlos y otra en la audiencia inicial. Muchos son cabeza de hogar y tienen hijos pequeños. Algunos están detenidos por haber sido juzgados antes, a pesar de que en su momento se les declaró inocentes. Ciertos modos de las autoridades para llevarse a las personas tienen todos los aspectos de los delitos de detención ilegal y de privación de libertad. En un caso hubo suficientes agresiones como para calificar de tortura el trato dado al detenido. En otros, el allanamiento de morada de parte de los agentes de policía fue evidente. Los datos de los setenta casos presentados en el Idhuca coinciden con los recabados por otras instituciones defensoras de derechos humanos. La arbitrariedad, la falta de pruebas, el juicio anticipado son parte del abuso existente que afecta a centenares de personas. Si fuera cierto que, como dijo el presidente, hay un 1% de error en las detenciones realizadas durante el régimen de excepción, habría 300 privaciones de libertad injustas. Quienes se han movido en los tribunales afirman que el número de detenciones ilegales es muy superior al 1%. Nadie duda de la inmoralidad de los delitos cometidos por miembros de las maras, como tampoco de la inmoralidad de diferentes formas de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, tanto los pandilleros como los corruptos deben ser juzgados con todas las garantías judiciales que dan la ley salvadoreña y los convenios y tratados ratificados por el país. Que los agentes de los cuerpos de seguridad tengan carta blanca para comportarse de espaldas a la moral, la ética y los derechos humanos solo conducirá a la consolidación de la cultura de la fuerza y del desprecio a las leyes de convivencia. La prolongación del estado de excepción por tercer mes entraña el peligro de convertir al sistema judicial en una especie de brazo no de la ley, sino de la arbitrariedad y el abuso.

El miércoles 25 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la segunda prórroga por treinta días del estado de excepción, de modo que al final de la misma el país habrá pasado 90 días bajo dicho régimen. La decisión se justificó desde la necesidad de seguir capturando pandilleros a lo largo y ancho del país. Esta es la actual política gubernamental: limpiar las calles de delincuentes, privando de libertad al mayor número posible de ellos, sin importar si en el proceso se captura a gente honrada y trabajadora; a juicio de las autoridades, esto último es solo un efecto colateral. De paso, se aprovecha el estado de excepción para seguir evadiendo la rendición de cuentas, la transparencia y el control sobre el uso de los fondos públicos y las contrataciones del Ejecutivo. Ese mismo miércoles se dieron a conocer dos estudios de opinión pública, uno de la Universidad Francisco Gavidia y otro de la UCA, en los que se recoge la percepción de la población sobre esta temática. Los resultados de ambos dejan claro que el Gobierno de Nayib Bukele mantiene el estado de excepción basado en el amplio respaldo que este encuentra entre la población. Una vez más, el presidente se apalanca en la popularidad para impulsar acciones de escaso beneficio para el país. La medida se considera un éxito en la medida que ha logrado disminuir considerablemente la delincuencia. Pero no podría esperarse otro resultado: aquí o en cualquier parte del mundo, cuando se decreta un estado de excepción y se realizan detenciones masivas, la delincuencia disminuye de inmediato. El incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de ser detenido es razón más que suficiente para desincentivar el accionar delincuencial. Por esa razón, la delincuencia es mucho menor bajo regímenes dictatoriales en los que la fuerza bruta manda o en sociedades donde la investigación y la eficiencia policial son muy altas, pues las posibilidades de que los delitos queden impunes es baja. También la delincuencia es menor en aquellos países con altos niveles de desarrollo y bienestar, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades. El Salvador ha elegido el camino del autoritarismo en lugar de construir las condiciones para que haya oportunidades de vida para todos sus habitantes. Las pérdidas derivadas del estado de excepción son grandes. Muy pocos reparan en el hecho de que el deseo de migrar se ha incrementado y que efectivamente el número de personas saliendo del país es cada vez mayor. Una sangría constante de talento que nos empobrece. Además, la idea que en el exterior se tiene del estado de excepción empuja a muchos a no viajar a El Salvador. Es poca atractiva la imagen de una fuerza policial y militar cada vez menos respetuosa de los derechos humanos y más propicia a cometer abusos con total impunidad. A la mayoría de la población parecen importarle poco los efectos negativos del estado de excepción, por mucho que hoy la gran mayoría esté más expuesta a las arbitrariedades y abusos de las autoridades. Menos aún preocupa la situación en los centros penales, que día a día se vuelve más inhumana: el hacinamiento y la insalubridad crecen exponencialmente, la alimentación es insuficiente, no se garantiza ni el mínimo acceso al agua, los maltratos se multiplican, se niega la medicina… Estas condiciones solo pueden ser calificadas como graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Violaciones que sufren tanto los responsables de delitos como los que han sido detenidos de forma arbitraria, sin ninguna prueba fehaciente en su contra de haber cometido un ilícito. Mientras todo esto pasa y la maquinaria de propaganda oficial se afana en hacer creer a la población que se está luchando contra el crimen, una investigación periodística confirmó que funcionarios de alto nivel, muy cercanos al presidente, han negociado con las pandillas, y que incluso uno de ellos sacó del país a una de sus líderes, sobre el cual pesaba una solicitud de extradición de la justicia estadounidense. El silencio presidencial ante la noticia ha sido elocuente y confirma el fariseísmo de este régimen: por un lado, protege a criminales de altos vuelos y los oculta de la justicia; por otro, suspende derechos constitucionales y reprime sin compasión ni distingos bajo la bandera de una supuesta guerra contra la delincuencia. La insensibilidad generalizada ante esta situación encuentra su explicación en el hastío de la población después de tantos años de inseguridad y en la cultura racista, excluyente y aporofóbica. Esa insensibilidad es muestra clara de la pérdida de los valores cristianos de la solidaridad y la amistad social, que han sido sustituidos por la sed de venganza y la polarización social. Ante ello, vale citar el llamado del papa Francisco a “reencontrarnos (...) con los más pobres y vulnerables, que están en las periferias, alejarnos de los populismos, que explotan la angustia del pueblo, sin dar soluciones, proponiendo una mística que no

Por José M. Tojeira, S.J. No se puede dudar que la futura fuerza y vitalidad de la Iglesia dependerá de la incorporación de los que hoy son jóvenes a una fe eclesial profundamente enraizada en Cristo, con su libertad evangelizadora y su amor profético a todos, y especialmente a los pobres. En esta Iglesia nuestra que quiere estar siempre “en conversión pastoral y en salida”, de corazón abierto y martirial y que quiere transformar la realidad “para testimoniar el Reino de Dios”, la preocupación por los jóvenes es permanente. Ya al principio de nuestro Plan Pastoral 2019-2024, en el primer objetivo específico, que trata de mantener la coherencia entre fe y vida se hace una referencia a la importancia del “acercamiento entre jóvenes y adultos para superar la ruptura intergeneracional”. Por ello resulta indispensable fijarnos en la situación de los jóvenes. En diferentes apartados, los documentos de Aparecida recalcan la problemática de los jóvenes latinoamericanos, no muy diferente de la situación de nuestros jóvenes y adolescentes salvadoreños. Se nos invita a conocer su situación para poder hablar su lenguaje y ayudarles a encontrarse en la fe con Cristo como amigo y compañero de camino hacia la maduración personal y hacia el amor cristiano fraterno y solidario. Los obispos en Aparecida eran muy conscientes de la difícil situación de nuestros jóvenes, con sistemas educativos poco competentes, con orientaciones educativas más preocupadas por la competitividad y el mercado que por los valores humanos, con una globalización que fomenta la búsqueda individual del éxito y el placer al tiempo que desecha, olvida y, a veces, incluso persigue a los no triunfadores. Todo ello en sociedades marcadas por la desigualdad y la pobreza. No es diferente la situación en El Salvador. Nuestros jóvenes son los que reciben los peores salarios, los que se ven más obligados a migrar, la mayoría de los que pueblan nuestras cárceles, los que más han sufrido el dolor de familias disfuncionales o separadas, los más asediados por el consumo, por la violencia, por la droga y por todo tipo de propaganda. En estos meses de estado de excepción han sido los más hostigados y perseguidos. De hecho, de los un poco más de 26.000 detenidos en el último mes y medio, más de dos terceras partes son jóvenes entre 18 y 30 años. La necesidad de llegar a los jóvenes resulta imperiosa en medio de estas situaciones. De hecho en nuestras iglesias encontramos jóvenes que son profundamente generosos, una vez convertidos y entregados al Evangelio, sirven con alegría y vibran con mayor emoción ante nuestros mártires. Nuestra situación no es mala, pero resulta indispensable dedicarles tiempo, trabajar con ellos y formarles adecuadamente en la fe y en la Doctrina Social de la Iglesia. Es un reto para los padres y servidores, muchos de ellos también necesitados de formación en el pensamiento social de la Iglesia, y un desafío para nosotros sacerdotes, necesitados de un lenguaje y una pedagogía, como dice Aparecida, que además de impulsar la fe, conduzca a una formación “gradual para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y los necesitados”. La juventud y dinamismo de un alto porcentaje de nuestro clero es siempre promesa de una Iglesia en crecimiento. Pero viendo los problemas de nuestros jóvenes es necesario multiplicar esfuerzos. En la última reunión del clero, uno de los participantes insistía en que si bien la Iglesia ha crecido hacia dentro y ha profundizado en la fe y en el crecimiento espiritual, debemos redoblar esfuerzos para convertirnos en una Iglesia en salida y evangelizadora, ir más allá de nuestros templos e incidir en la historia de nuestro país. El trabajo con los jóvenes nos toca a todos, sacerdotes y laicos formados. Esta sociedad nuestra, con cambios tan acelerados en todos los aspectos, necesita nuevas generaciones de cristianos capaces de amar, servir y construir una sociedad más fraterna, justa y pacífica. O como dice el Concilio Vaticano II, personas que convertidos a Cristo como nuestra cabeza y gozando de la libertad de los hijos de Dios y la fuerza de su Espíritu, tengan “como fin el dilatar más y más el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra” (Lumen Gentium 9)

En general, la población aprueba el estado de excepción. Así lo refleja la última encuesta del Iudop, realizada entre el 22 de abril y el 7 de mayo, es decir, cuando la medida rondaba el mes de aplicación. A nivel nacional, el 78.7% de la población percibe que desde que el estado de excepción entró en vigencia, la delincuencia ha disminuido; un 14% cree que sigue igual. En la zona rural, el porcentaje se eleva (81.5%) mientras disminuye en el área urbana (76.8%). La valoración positiva se expresa también en que 58 de cada 100 personas encuestadas creen que la medida es muy efectiva para recuperar los territorios y en que el 66.6% piensa que el país estará mejor si se extiende el estado de excepción. Sin duda, la mayor parte de la gente lo aprueba, como lo refleja la calificación de 7.99 que a nivel de nacional se le da a la medida de imponer el régimen. Sin embargo, en los resultados de la encuesta hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población. Cuando se pregunta a la gente por la delincuencia en su lugar de residencia, las respuestas cambian significativamente. Como se apuntó, el 78.7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43.6% cree que la delincuencia sigue igual que antes. Además, es significativo que si bien el 84.4% de las personas afirmó conocer que se aprobó el estado de excepción, más del 40% desconoce las garantías constitucionales que han sido suspendidas. Es gente, pues, que desconoce que hoy ya no se necesita una orden judicial para capturar a alguien, que ningún capturado o capturada tiene derecho a un defensor, que las 72 horas de detención administrativa se han extendido a 15 días y que están anulados el derecho a reunión y la prohibición de escuchar comunicaciones privadas. Tampoco la calificación que se le da al régimen de excepción es homogénea. Quienes mejor lo valoran viven en el área rural, tienen menor nivel de escolaridad, se informan menos o no conocen a nadie inocente que haya sido capturado. Los que peor lo califican son del área urbana, tienen mayor nivel educativo, se informan más o conocen a alguna persona que fue capturada y creen que es inocente. A nivel nacional, 17 de cada 100 personas (16.8%) dijeron conocer a una persona capturada sin que aparentemente tenga vínculos con las pandillas. Esta relación sube a 23 por cada 100 (22.8%) en el área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de la población, el 48.6%, está en desacuerdo con que las capturas se hagan sin orden judicial; el 46.4% está de acuerdo. En la zona urbana, la gente tiende a ser más crítica que en el área rural. Por ejemplo, en el campo, el 17.9% de los encuestados cree que la delincuencia bajó porque así lo dicen los anuncios del Gobierno y porque es lo que publican los medios de comunicación. En la zona urbana, el 13.2% piensa así. Por otro lado, dos terceras parte de la población (66%) creen que el estado de excepción es una estrategia de seguridad gubernamental; para una cuarta parte (24.8%), el Gobierno lanzó la medida para mantener una buena imagen. En el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje sube al 26.5%. A nivel nacional, son tres las principales razones que según la gente estuvieron detrás de la ola de homicidios de marzo: una respuesta de los pandilleros al plan de control territorial (33.8%), una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de las localidades (29.2%) y la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas (16.7%). La investigación del Iudop se desarrolló antes de que el régimen de excepción causara las muchas reacciones de los familiares de los capturados, antes de que afuera de los centros penales se viviera una crisis humanitaria y antes de que se reconfirmara que el Gobierno ha tenido estos años un pacto con las pandillas. Aún queda tela por cortar.

Roland Freisler, abogado, militar, político y presidente de la Corte del Pueblo de la Alemania nazi, podría ser descrito como un hombrecillo de mediana edad y enclenque apariencia. Una imagen que contrastaba con los atronadores gritos con los que llenaban la Corte, desde la cual dictaba sus furiosas condenas contra los enemigos y blancos de la dictadura nacionalsocialista. Freisler estuvo lejos de ser el arquitecto de la locura y muerte desarrolladas por la maquinara nazi y su popular líder, Adolf Hitler, pero sin el leguleyo la peste autoritaria no se hubiese extendido y contaminado a tantas personas inocentes, muchas de ellas humilladas por el mismo Freisler, quien las insultaba durante las audiencias, privándolas del cinturón que ataba sus pantalones para hacer más completa la burla y degradación. Al final, Freisler moriría aplastado por la locura que contribuyó a crear, bajo un alud de escombros causado por las bombas aliadas que llovían sobre Berlín el 3 de febrero de 1945. “Nadie lamentó su muerte”, fueron las palabras de un corresponsal extranjero. Y era natural: nadie suele recordar la carrera de un juez vendido a una dictadura, salvo quizás para sentir vergüenza. Cuando el filósofo del derecho español Javier Hervada se pregunta por el fundamento axiológico del derecho, no puede evitar partir de la raíz etimológica de la palabra, que se remonta a ius, de origen romano, y que se traduce en la lengua española como “derecho”. Esta raíz fue vinculada por el famoso jurista romano Ulpiano, en el siglo III después de Cristo, con la voz iustitia o “justicia”. De ahí que, para Hervada, no se pueda hablar de derecho sin partir, razonar o buscar aunque sea un mínimo de justicia: “Dar a cada quien lo que en verdad le corresponde, según su ser, sus habilidades o capacidades”, o bien resolver un caso según el mérito de la causa, los arraigos, la prueba presentada o los argumentos disponibles, no según la directriz de un funcionario, por ejemplo Kant, finalmente, cuando reflexiona sobre la cuestión en sus Principios metafísicos del derecho, asemeja al derecho sin justicia con la cabeza de madera en la fábula de Fedro: “Una cabeza que puede ser muy hermosa, pero no tiene seso”. Lo mismo sucede con un juez que ignora el derecho y sus más elementales valores de justicia para resolver únicamente lo que le favorece a su carrera o exige un dictador. Este tipo de juez abandona la naturaleza esencial de la judicatura, renuncia a la calidad de abogado, se convierte en menos que un estudiante de derecho, no alcanza la estatura de una persona mínimamente moral y es factor coadyuvante de un cáncer social. Así, la toga solo adorna a un hombre vacío de sentido profesional y ético. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En octubre del año pasado, el Foro del Agua presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo entre ANDA y una empresa de la familia Dueñas que permitía a esta última extraer 240 litros de agua por segundo dentro del proyecto urbanístico Valle El Ángel. Siete meses más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda argumentando que si bien las aguas subterráneas pertenecen al Estado, la concesión de su uso puede ser otorgada por ANDA, sin pasar por la Asamblea Legislativa, si dichas aguas están debajo de propiedad privada. Este vergonzoso y servil modo de administrar justicia atenta contra una reserva acuífera para satisfacer las ansias de negocio y ganancias de un grupo de capitalistas carente de escrúpulos. El abuso del agua y la tendencia a privatizarla como si fuera un simple bien de mercado hacen estragos en el país. En realidad, 240 litros por segundo es el equivalente a más de 800 metros cúbicos de agua por hora. Y esa cantidad, extraída en solo 60 minutos, sería suficiente para atender las necesidades de más de 130 hogares durante un mes. Se trata, pues, de una concesión abusiva que se da sin mayor estudio ni reflexión sobre la problemática ambiental nacional, los efectos del calentamiento global y las necesidades de la población. Según el sexto informe del Estado de la Región, El Salvador es el país centroamericano con la menor disponibilidad de agua por habitante. Y dado el aumento de las temperaturas, pronto experimentará aún mayores problemas. En ese contexto, el país debería examinar a fondo la cuestión y tomar ya todas las medidas requeridas para garantizar un futuro viable. Dada su pluviosidad, nuestro territorio debería tener los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de todos los hogares; es decir, disponer de entre 5 y 10 metros cúbicos de agua al mes para cada hogar. Sin embargo, el afán de proteger a los sectores pudientes, abandonando al resto a su suerte, ha ido creando una situación límite en torno al agua. El mal servicio de ANDA, en particular en las zonas marginales o de pobreza, agrava esta realidad. En la Laudato si, el papa Francisco señala que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres”. E insiste en el destino universal de los bienes creados. En esa línea, cuando la Constitución salvadoreña dice que las aguas subterráneas son propiedad del Estado, lo que afirma es que pertenecen a todos. Privatizar el agua, por tanto, constituye un robo. El Estado, lo dice la Carta Magna, está al servicio de todos los salvadoreños, no solo de los ricos y la clase media acomodada, quienes pueden pagar por un servicio esencial para la vida. El texto constitucional es muy claro: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Poner en peligro la distribución del agua para todos los habitantes de El Salvador es atentar contra la justicia, el derecho de los pobres y el bien común.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. El deseo de venganza es, en principio, insaciable, pero los objetivos sobre los cuales descarga su furia son efímeros. Una vez destruidos, la insatisfacción que pueda quedar ya no tiene en quién ensañarse. Bukele ha vuelto a la cima de la popularidad con la represión indiscriminada e implacable. Cuando ya no quede a quién encerrar ni torturar, tendrá que buscar otros enemigos contra quienes descargar el rencor que lo posee o algún otro proyecto excitante. Agotado el filón de las capturas masivas, se encontrará en el mismo lugar donde estaba antes. La inflación, la falta de liquidez, la deuda, los servicios sociales y la emigración aún aguardan un tratamiento eficaz y sostenible. La venganza puede satisfacer instintos primarios, pero no transformar la realidad. Confundir la justicia con la venganza es un error grave. La humanidad se decantó por la justicia para evitar el linchamiento. La legislación impide que las emociones desbordadas impongan las sanciones y, en teoría, busca rehabilitar al acusado encontrado culpable. El dilema no consiste en dejar impune los crímenes de los pandilleros o en descargar contra ellos la impotencia y la frustración reprimidas durante mucho tiempo, sino en sancionar donde hay responsabilidad, de acuerdo con la ley, no según los dictados de la irracionalidad y la emotividad arrebatada. Bukele no está interesado en la justicia, sino en la popularidad que legitima su poder dictatorial. La sociedad sana y fuerte no descansa en el odio y la venganza. Oponer la violencia de los buenos a la violencia de los malos solo genera más violencia, con el agravante de que el criterio para identificar a unos y otros es subjetivo. El régimen es tan parcial que no puede decir “hasta cuándo vamos a llegar”, porque “son cosas que se analizan día con día […] naturalmente vamos a llegar hasta que tengamos un buen número de estos integrantes tras las rejas”. Uno de los ministros responsables directos de la represión ni siquiera sabe cuántos son los terroristas. Evidentemente, la ola de terror estatal no se ajusta a ningún plan, sino a la voluntad suprema de Bukele. Ya se escuchan voces que advierten no acudir a los funcionarios, sino al mismo presidente, porque solo de él depende la vida de las decenas de miles de personas capturadas. Bukele ha tenido la gran habilidad de dividir y de enfrentar al pueblo consigo mismo. Tanto las víctimas de los pandilleros como estos pertenecen a los estratos sociales con los ingresos más bajos y con menos acceso a los servicios públicos. Ambos luchan por sobrevivir en condiciones muy adversas y excluyentes, aunque cada uno lo hace de manera distinta. Los pandilleros lo hacen a costa de la explotación, del despojo y del sufrimiento de sus víctimas. Y muchas de estas, igualmente desesperadas, se aprovechan con frecuencia de la debilidad y la vulnerabilidad de sus vecinos. Los soldados y los policías, que con tanta rabia capturan y catean viviendas similares a las suyas, llevan una vida tan precaria como sus víctimas. Están tan irritados que saquean las viviendas de sus prisioneros. Mientras los pobres y los excluidos se destruyen entre ellos, para sobrevivir o vengarse, Bukele y los suyos disfrutan a sus anchas de las oportunidades que brinda el poder absoluto para medrar. Más sorprendente aún, Bukele no solo ha dividido y enfrentado a los pobres con los pobres, sino que también ha conseguido que estos lo aplaudan entusiasmados. Encandilados con promesas brillantes, cada vez más inalcanzables, y deslumbrados por la brillantez del poder absoluto, han aceptado de buena gana sus miserias. Miran hacia arriba para no mirar hacia abajo. Las mayorías han caído rendidas ante un poder que les niega la vida digna, el empleo, la salud y la educación, la vivienda y la seguridad, y han consentido en que los hermanos Bukele y sus socios aumenten sus fortunas. La dignidad, negada a las mayorías, es privilegio de unos cuantos. La normalización del odio y del terror deshumaniza. Es un sálvese quien pueda, a costa de quien sea, con la aprobación ciudadana y del Estado. La violencia y el despojo tienen carta de ciudadanía. La sociedad que acepta esta aberración es un fracaso humano y ético. La sociedad organizada según la ley del más fuerte imposibilita la ciudadanía y la convivencia. La sociedad que recompensa el abuso, la mentira y el terror está reñida con los valores fundamentales y, ciertamente, con el cristianismo, que muchos de sus promotores profesan. Se dan golpes de pecho y claman “¡Señor, Señor!”, mientras explotan y oprimen a los débiles. La apuesta actual de los Bukele es dividir y enfrentar a las mayorías consigo mismas para que, distraídas y diezmadas, no se organicen y así ellos puedan prevalecer no solo sin oposición, sino también con su complacencia. La alienación es total. La prensa independiente es una excepción molesta. La ironía de la contradicción indica el nivel de la perversión social. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor R

Recientemente, el 13 de Mayo y en la Misa celebrada en honor a la Virgen de Fátima, el cardenal Gregorio Rosa Chávez advertía que hoy estamos en un país “con demasiado odio, muchísima sed de venganza, muchísimo resentimiento". Todo lo contrario a lo que nos pide la fe cristiana que habla del amor como el imperativo fundamental de la acción y que exige que, sin renunciar a la justicia, se trate a toda persona como a un ser humano con dignidad. Incluso a aquellos que se comportan inhumanamente. Y por supuesto todo lo contrario también a un espíritu humanista que poniendo el interés mayor en la restitución de la dignidad a la víctima, es al mismo tiempo consciente de la necesidad estatal de preocuparse por la rehabilitación del victimario. Centrarse en el castigo del delincuente y pensar que el dolor del delincuente compensa a la víctima o produce consuelo en los parientes de la misma, solo puede ser visto como parte de un pensamiento poco humano. Alegrarse con el sufrimiento tanto del delincuente como de su familia no es más que un acto vulgar de nula calidad humana y un modo de expresar una conciencia cruel. La inhumanidad del delincuente no se corrige tratándolo inhumanamente. Requiere castigo, es evidente, pero no venganza. Si además el ansia de venganza justifica la arbitrariedad de la justicia y el abuso contra inocentes, la situación se vuelve de total rompimiento de valores sociales. Ante el delito el primer paso es mirar a la víctima, facilitar su reintegración positiva a la vida, darle los apoyos que necesite y ayudarla a recuperar la dignidad, la seguridad y la confianza en la sociedad que el delincuente le había arrebatado. El segundo paso es imponer una sanción al delincuente que le fuerce a reflexionar sobre su conducta, sobre el fracaso de actitudes violentas o antisociales y que le posibilite un cambio de actitud ante la vida y ante las personas. Solo así tenemos la posibilidad de ir creando una sociedad donde florezca y se desarrolle lo que el Papa Francisco llama la “amistad social”. Asociarse para vivir y disfrutar juntos la vida es una de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano y una de las más importantes fuentes de felicidad. El odio divide, y al mismo tiempo que separa a los seres humanos produce desconfianza, inseguridad y tendencia a buscar enemigos entre aquellos que le rodean a uno. El odio destruye; la solidaridad con la víctima y el demostrar al delincuente que más allá del castigo impuesto se le sigue considerando un ser humano, crea comunidades estables y con seguridad humana. En El Salvador, con demasiada frecuencia, a la víctima se la olvida pronto. Y no digamos si es víctima del propio Estado, que ha sido y sigue siendo el gran patrón de la impunidad de los poderosos. Al victimario común se busca humillarle, castigarle y, en la medida de lo posible, despersonalizarle. Para demasiadas personas la venganza es la mejor forma de justicia. Y piden que el Estado la lleve a cabo. Lo lamentable es que el Estado dé pábulo a ese tipo de posición imponiendo castigos generales, tratando de la misma manera a posibles delincuentes y a personas que no podrían ser llevadas a juicio en circunstancias normales. Todo sistema de investigación, por bueno que sea, puede cometer errores al perseguir a delincuentes o al enjuiciarlos. Pero perseguir sin investigar y juzgar sin garantías procesales ni es digno de una democracia, ni de una sociedad humana que necesariamente debe construirse sobre la solidaridad, la amistad social y sobre la justicia unida a la verdad. Ya hace muchos siglos decía Aristóteles que “la ciudad es la asociación civil con miras a obtener el bienestar y la virtud para beneficio de las familias y de las diversas clases de habitantes... La fuente de todas estas instituciones es la amistad y este sentimiento es el que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Por supuesto que a demasiados de nuestros compatriotas no les importa lo que decía Aristóteles, ni le interesa la opinión de quien no le va a satisfacer su sed de venganza y su idolatría de la violencia y arbitrariedad estatal. Pero el Estado, que debe regirse por la racionalidad y por sentimientos de humanidad; no debe bajo ningún punto abandonar sus responsabilidades de respetar la dignidad humana de todos los ciudadanos. Si no lo hace, termina conduciendo al caos y a la infelicidad a todos aquellos a los que engaña prometiéndoles un futuro mejor.

“El mundo quiere ser engañado; por tanto, que se le engañe”, reza una vieja locución latina. La sentencia calza con lo que sucede en El Salvador desde hace algunos años. Pero más allá de caer en la tentación fácil de responsabilizar a la gente por creer en mentiras, hay que centrarse antes en quienes con premeditación y alevosía se aprovechan de las necesidades y buena voluntad de las personas para engañarlas. En campaña electoral, muchos ciudadanos bajan la guardia y creen en promesas irrealizables. El problema se agrava cuando la confianza se mantiene en quienes ya en el Estado hacen lo contrario a lo que como candidatos ofrecieron y a lo que hoy predican. Este cinismo que se ha apoderado de la política nacional va más allá de la simple hipocresía; se expresa como obscenidad descarada y falta total de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones condenables. Se engaña sin remordimiento ni pudor. Se condena los vicios de otros aunque estos se practiquen con creces. Se usa cualquier recurso dramático, retórico y mediático para construir puestas en escena que benefician los intereses del grupo en el poder. La grandeza, el honor, la decencia y el afecto son solo piezas de utilería en la farsa que se ha montado. Se usa la violencia y se violan derechos humanos argumentando que se lleva a cabo una obra de salvación. Con firmeza y convicción se condena el nepotismo mientras este crece en los puestos de gobierno. La bandera de la anticorrupción sigue enarbolada mientras se oculta toda información sobre el uso de los recursos públicos y no se rinde cuentas. Se despotrica por la falta de democracia en tiempos pasados mientras se camina sin disimulo hacia el autoritarismo. Se llamó “mil veces malditos” a aquellos que antes pactaron con las pandillas mientras en las sombras se consolidaba un nuevo contubernio con ellas. Un cinismo de esta naturaleza no merece la confianza de nadie, salvo de aquellos que resultan beneficiados por la corrupción y el autoritarismo. La situación de engaño es responsabilidad de quienes lo traman y lo escenifican, sí. Sin embargo, los engañados tienen parte de responsabilidad. Ante las evidencias contundentes, el que no ve es porque prefiere estar ciego. Como dice un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía”. Cuando despierte, esa segunda culpa abrirá los ojos a un país en ruinas.

“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo” Albert Camus Hace un año, cuando se desmanteló la poca democracia del país, el poder de Bukele parecía avasallador: usurpó la Sala de lo Constitucional, impuso un fiscal general a su medida, descabezó al Órgano Judicial y lo puso a su servicio. Ese poder parece ahora agotado. Para resurgir y demostrar poder, Bukele tuvo que recurrir a la violencia terrorista (a través del régimen de excepción) para intentar rescatar la imagen deteriorada de su Plan Control Territorial con el que sigue alimentando la ilusión -principalmente de los compatriotas en la diáspora- de que se vive en un país renovado y libre de homicidios causados por las pandillas. Sin embargo, al buscar bajo la alfombra, el país da cuenta del aparecimiento de 51 fosas clandestinas descubiertas desde el año 2019, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) consignados en una nota periodística. Además, ahora hay un incremento excesivo de la migración irregular de salvadoreños, principalmente de niños, hacia los Estados Unidos; el gobierno de Bukele ha impedido la extradición de líderes de pandillas reclamados por la justicia estadounidense, y cada día hay más evidencia de las negociaciones ocultas del Gobierno con algunas pandillas, lo que le permitió mostrar una disminución significativa de homicidios y el respaldo en votos para ganar las elecciones legislativas y municipales de 2021. Por eso es bueno no creer ciegamente en los relatos de los organismos de comunicación y propaganda del presidente y preguntarse a cada momento: ¿Dónde está la basura cuando la mesa luce limpia? En resumen, el otrora poder avasallador de Bukele se desvanece más rápido de lo esperado y la actual muestra excesiva de violencia en comunidades pobres por parte de la Fuerza Armada y la PNC es una clara muestra de lo frágil que es su poder. La marcha exitosa de los trabajadores y trabajadoras el 1 de mayo, a pesar de los retenes en las vías de acceso a San Salvador y la criminalización de los marchistas al señalarlos de defender y de estar del lado de las pandillas, nos indica que ahora son más lo que le dicen no al autoritarismo de Bukele. El ministro de trabajo, Rolando Castro, quiso boicotear la marcha del 1 de mayo con una reunión de grupos sindicales afines al gobierno en un hotel. Sin embargo, varios grupos de organizaciones sociales y sindicales parecen haber adquirido expresión política al aglutinarse en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, etc. Parece que la única forma de resistir a una dictadura es la organización social fuerte que haga sentir su descontento y se enfrente al poder colonizador de Bukele, basado en la manipulación sistemática de las mentes y los sentimientos, el ocultamiento de la información, la propaganda política y la instauración de la mentira como política pública. La mentira crea falsas ilusiones de desarrollo económico, como la implementación del bitcóin, que cada vez más muestra su fracaso, mientras la economía familiar y del país se hunde. Como bien dice Nietzche “la consecuencia natural de un poder excesivo es la conquista, [...] la incorporación de su imagen propia [el Yo] a una materia ajena [los Otros]”. Bukele ha logrado colonizar a sus diputados y a muchos de sus funcionarios públicos de tal forma que actúan como masa (materia pasiva y material) sin criterio y sin personalidad propia: aprietan solo el botón para aprobar los dictados del presidente y los otros ejecutan sus mandatos en las distintas carteras del gobierno sin cuestionar sus decisiones. Algunos funcionarios hasta imitan al presidente en su forma de vestir, de hablar y parece que, con cambios estéticos, quisieran ser pequeños Bukele. Convertir a la población en masa es el deseo máximo de un dictador, por eso es importante la resistencia y rebeldía del no y buscar como frente de lucha la organización solidaria. Albert Camus criticaba siempre al poder jerárquico con su famosa frase: “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo”. Siempre hay que cuestionar al poder y más aún si muestra rasgos dictatoriales y fascistas como el de Bukele. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 88.

Cualquier país que aspira al desarrollo invierte en los niños y los jóvenes. Es un tema de justicia intergeneracional. Lo contrario es suicida. En El Salvador, si bien se ha notado una mayor preocupación estatal por la inversión en la primera infancia, continúa el desinterés por la juventud, en especial por los jóvenes del campo y de los barrios marginales (los otros, los de la clase media, se arreglan solos). Son algunos sectores de la población civil, sobre todo las Iglesias, los que hacen verdaderos esfuerzos por construir en la juventud valores que son indispensables para una vida social pacífica, solidaria y productiva. El problema es serio, porque si no se invierte adecuadamente en ese sector de la población, no habrá desarrollo económico y social. Más aún cuando las tendencias poblacionales indican que muchos niños y jóvenes tendrán que sostener a una población adulta tres veces más numerosa que la actual. El panorama da poco pie a la esperanza. La mayoría de jóvenes salvadoreños recibe una educación deficiente, no consigue trabajo, emigra, sufre la violencia con mayor intensidad y puebla las prisiones. Es difícil pensar en un país próspero y pacífico cuando se maltrata a la juventud de esta manera. De los casi 30 mil detenidos en este tiempo de estado de excepción, al menos dos terceras partes tienen menos de 30 años de edad. A este ritmo, es muy probable que El Salvador bata el récord mundial de privados de libertad por cada 100 mil habitantes. Algo de lo cabe presumir, mucho menos enorgullecerse. El lenguaje dominante, además, es agresivo y confrontativo contra quienes señalan temas o situaciones que implican una crítica a la realidad que vive la gente. Que los jóvenes vivan en este ambiente de pleito político y de rechazo al diálogo no es bueno para ellos ni augura bienestar para el país. Da la impresión que se buscar educar para el fanatismo, no para la convivencia. En cualquier sistema educativo se valora siempre la capacidad del maestro de conversar francamente con sus estudiantes. Antes que enseñar cosas concretas, los docentes deben enseñar a pensar críticamente y a dialogar. Si en la escuela no abunda ese modo de proceder, si en el país se prefiere el grito, el insulto y la mentira, no hay que esperar milagros en el porvenir de nuestros jóvenes. En el conjunto de nuestra juventud hay gente muy buena y muy abierta al diálogo. Personas que no solo se plantean con seriedad los problemas, sino que están dispuestas a colaborar en las soluciones. Pero cuando una buena parte de los adultos y de los gobernantes funciona de otra manera, el peso de la realidad lleva a los jóvenes a adaptarse a lo que hay. La soberbia del poder nunca ha sido promotora eficiente del desarrollo humano, así como la corrupción de las instituciones nunca ha actuado en favor del bien común. Aunque algunos lo ponen en duda, aún se está a tiempo de abandonar este camino hacia tensiones cada vez más profundas y comenzar a dialogar en serio sobre los problemas nacionales. Aún se está a tiempo de invertir en los jóvenes. Y no es que no se haya hecho nada; la cuestión es que hay que planificar la inversión y sus resultados en el largo plazo. Es descorazonador que el 70% de la población no tenga el nivel educativo de bachillerato y el promedio de educación formal sea de 8 años en los mayores de 25 años de edad. Invertir más en educación, mejorar su calidad y convertir el bachillerato en parte de la educación obligatoria a nivel nacional son acciones básicas para la construcción del futuro de El Salvador. Sin al menos esas acciones, decir que los jóvenes son el futuro de la patria es pura hipocresía.

Editorial UCA 13/05/2022 En un documento reciente, Naciones Unidas constata que, al igual que el mundo, las familias cambian. La realidad actual de estas es muy distinta a la de hace algunos años. Las familias son cada vez más diversas. Ya no se puede hablar de un modelo de “familia normal”; un modelo que a juicio de algunos especialistas nunca ha existido. Ante ello, la ONU propone una serie de medidas para el bien de la familia y para que esta cumpla con su función. La primera y fundamental, aceptar y apoyar la diversidad familiar, de modo que todos sus miembros puedan desarrollarse a plenitud. La funcionalidad o disfuncionalidad de una familia no depende del modelo que esta siga, sino de si constituye o no un espacio de amor y aceptación, de si permite o no el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes. Por supuesto, no todas las familias cumplen con esta condición. Con más frecuencia de lo admitido y deseado, muchas son más bien un espacio de dominación, violencia y discriminación, en el que se vulneran los derechos de algunos de sus miembros. Quienes más sufren esta situación tanto en la familia como en la sociedad son las niñas y las mujeres. De esta realidad innegable surge la necesidad de apoyar a la familia para que logre el fin que le corresponde. No se debe aceptar como inevitable que algunas familias se conviertan en impedimento del pleno desarrollo de sus integrantes; la sociedad debe asumir el desafío de promover las acciones y los cambios culturales necesarios para que ello no suceda, para que toda familia sea lugar de igualdad, justicia y empoderamiento. En el Salvador, el primer cambio a promover debe ser a nivel cultural, erradicando la cultura machista y patriarcal que otorga todo el poder a los hombres y margina a las mujeres y a las niñas. Una cultura que normaliza el sometimiento de ellas a la voluntad de ellos. En esta línea, para la ONU, es también una exigencia impostergable eliminar la violencia de género y todas práctica familiar discriminatoria contra mujeres y niñas. Se requiere asegurar el acceso de las mujeres a recursos económicos, fomentar la igualdad en las leyes familiares y promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que actualmente recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Trabajar por las familias es apostar por una sociedad sana y armoniosa.

En el Evangelio de Mateo se encuentra una parábola cuya enseñanza es muy actual e iluminadora. La parábola en cuestión relata que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero, mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los jornaleros preguntaron al propietario si arrancaban la cizaña. Él les dijo que no lo hicieran para no arrancar el trigo con ella. Cuando llegue el momento, el propietario del campo dirá a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos y la quemen, y que el trigo lo guarden en el granero. Los soldados y los policías de Bukele hacen precisamente lo que los jornaleros de la parábola pretendían: arrancan la cizaña con violencia pendenciera, pero con ella arrebatan también el trigo. Aterrorizan los vecindarios populares y destrozan las relaciones familiares, laborales y sociales de sus habitantes, pandilleros o no. La parábola es una advertencia contra la impaciencia mesiánica. Movido por una mezcla de cólera y de mesianismo político, Bukele ha ordenado arrancar la cizaña y el trigo. El apremio presidencial es enigmático, pues ha tenido casi tres años para investigar a las pandillas y para proceder contra ellas de forma sistemática y eficaz. La ola de terror desatada evidencia el fracaso político de un régimen que, agotado, no tiene otro recurso que violentar para retener el poder y la popularidad. El Plan Control Territorial, que supuestamente avanzaba con una eficacia sorprendente, se esfumó de un día para otro y la tecnología de última generación en la que descansaba resultó poco útil, o la abultada inversión fue a parar a otro lado. La dictadura militar del siglo pasado experimentó el fracaso de esa opción. A pesar de su presunta originalidad, Bukele no dispone de medios mejores que los militares para enfrentar el crimen organizado. Tampoco posee la paciencia del gobernante sensato. En su círculo tiene más aceptación la represión. Atesora popularidad con el terror. Históricamente, las cruzadas nunca consiguen sus objetivos. En gran medida, porque las mueve la emoción desbordada y la pasión irracional. La cruzada promete mucho, pero solo deja muerte, destrucción y dolor. La cruzada presidencial no tiene trazas de ser diferente. No persigue a los malos, sino solo a algunos, a aquellos que se atrevieron a desafiar al presidente. El terror está dirigido solo contra una de las pandillas más grandes. Las demás campean por sus respetos en sus territorios y la extorsión es tan eficiente como antes. Asimismo, se niega a extraditar a los líderes pedidos por Estados Unidos por tener cuentas pendientes. Si la guerra es contra los terroristas, es una guerra muy poco convencional. Los militares de antaño, que también decían guerrear contra delincuentes terroristas, eran más coherentes. Bukele y los suyos no entienden de consistencia. Lo que comenzó como una operación contra las pandillas ha derivado en una carrera para encerrar a la mayor cantidad de personas de extracción popular y, en esa medida, se ha convertido en una lucha de clases. El régimen se ha esmerado en alcanzar su meta. Por poco, El Salvador ya ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en la lista de países con más presos por cien mil habitantes. Si se lo propone, puede alcanzar el primer puesto. La cantidad de detenidos se ha convertido en un fetiche más de los varios coleccionados por Bukele. Entre ellos no figuran la reducción de la pobreza y la desigualdad, servicios públicos de calidad, empleo y vivienda. La cantidad de presos no significa más seguridad ni mayor actividad económica, sino el fracaso de una sociedad que confía en la violencia represiva, que gusta del autoritarismo y la militarización, y que ansía venganza. Estas inclinaciones son propias de una sociedad inhumana y poco cristiana. La ira y la rabia mal contenidas ponen en evidencia lo que hay en el fondo de los corazones. Es cínico e hipócrita felicitar a las madres en su día, tal como tuitea Bukele, cuando centenares de ellas permanecen en vigilia a la intemperie, en las afueras de las cárceles, a la espera de alguna noticia sobre sus hijos y sus parejas. La ausencia de información tortura cruelmente a estas mujeres, cuyo delito son sus hijos y sus cónyuges. No satisfecho con humillar, maltratar y encerrar a estos, el régimen de Bukele atormenta también a sus madres, después de acusarlas de maleducarlos. Las madres tienen derecho a estar debidamente informadas sobre la situación de sus seres queridos. Bukele difícilmente domeñará la determinación de estas mujeres que, movidas por su maternidad, desafían los elementos y su juicio. En estas mujeres, a quienes tiene el desatino y la insensibilidad de felicitar el Día de la Madre, cuando en ellas prevalecen la angustia y el dolor por no saber de sus hijos, Bukele ha encontrado una contestación contundente. La resistencia, hasta ahora pacífica, puede tornarse inmanejable. * Rodolfo Cardenal, director del Ce

El Gobierno actual difícilmente abandonará las elecciones; cómo las implementará es otro tema. Su tendencia a erosionar la democracia parece seguir una especie de manual. Sin embargo, eso no le impide seguirse autodenominando como democrático. Hasta hace unos años, el sistema de gobierno salvadoreño siempre había sido catalogado como democracia imperfecta. Diferentes países del mundo habían apoyado o liderado una variedad de procesos y proyectos para mejorar el sistema judicial, aumentar la conciencia democrática de la ciudadanía e ilustrar sobre la gobernanza. Ello con la finalidad de contribuir a que El Salvador pasara de una democracia imperfecta a una moderna y desarrollada, en la que gobiernan las leyes, no las personas. La administración de Bukele ha preferido seguir un camino diferente, acrecentando el autoritarismo y la sujeción de prácticamente toda la institucionalidad del Estado al Ejecutivo. Por tanto, no extraña que analistas y estudiosos de la democracia ya no nos califiquen como democracia imperfecta, sino como un régimen de gobierno híbrido que mantiene algunos rasgos democráticos mientras destruye o daña aspectos clave como la separación de poderes. Los pasos en este proceso de erosión democrática han sido claros. El primero, crear expectativas de cambio (algunos miembros del partido en el poder hablan de “nueva era”) y agudizar la polarización del país. El segundo, interpretar la ley de modo arbitrario y mostrar autoridad y fuerza, apoyándose en el Ejército y la Policía, para acto seguido aprovechar la debilidad de la cultura democrática y de las instituciones para apoderarse de estas. Una vez conquistada electoralmente la Asamblea Legislativa, la destitución de funcionarios de órganos de control democrático se llevó a cabo con facilidad. El tercer paso fue girar orden de captura contra algunas personas que podrían tener liderazgo en una posible oposición partidaria, encarcelándolos mediante un proceso turbio y sin respetar la presunción de inocencia. Comenzó así a haber presos políticos y una cantidad considerable de gente con criterio e influencia democrática abandonó el país. Hasta el momento, la búsqueda de controlar el pensamiento constituye el último paso. Los medios de comunicación independientes están sometidos a distintas formas de presión y acoso. Cualquier idea que diverge de las del poder es atacada en las redes, llegando incluso a las amenazas de muerte. La propaganda y los insultos son hoy asunto diario. Se arremete contra la sociedad civil crítica, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Se aboga por el autoritarismo y por la imposición de castigos arbitrarios aprovechándose de la sed de venganza causada por la historia de impunidad, escaso desarrollo y corrupción de los últimos 30 años. Impresiona el contraste entre la suavidad con la que se trata a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y la dureza que se dispensa a opositores políticos o a ciudadanos estigmatizados por su condición socioeconómica. Al menos de momento, este camino ha culminado en un estado de excepción que se está utilizando para demostrar poder y hacer un ejercicio de autoridad e impunidad que sirva de aviso a los opositores. Si se invoca el derecho de guerra para justificar detenciones masivas, no parece lejano el día en el que se criminalice la libertad de expresión frente a la situación política y social. Volver al respeto a los derechos humanos es el único camino razonable para salir de esta erosión sistemática de la democracia.

Por José María Tojeira, SJ En este tiempo en el que vivimos un “estado de Excepción” que limita derechos ciudadanos, ha habido, de hecho, una fuerte polémica sobre los Derechos Humanos. Ha habido personalidades que se han burlado de quienes trabajan esos temas, o incluso han acusado a instituciones defensoras de derechos de dedicarse a hacer negocio con el tema. En ocasiones algunos líderes políticos han dado a entender que solo el Estado es el fiel cumplidor de los Derechos Humanos. En ese contexto resulta necesario reflexionar y recordar lo que la Iglesia nos dice sobre los Derechos Humanos. Recordemos el discurso del Papa Juan Pablo II, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979, en la que tocó específicamente ese tema. En ese discurso afirmaba el Papa que el documento fundamental de las Naciones Unidas era “la Declaración universal de los Derechos del Hombre, del hombre como individuo concreto y del hombre en su valor universal. Este documento es una piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano” hacia su progreso de la vida moral. Los derechos humanos son así, en la mentalidad y pensamiento de Juan Pablo II, una moralidad externa al poder político, que sirve a los ciudadanos y al propio Estado para medir su desarrollo humano. De modo que el camino fundamental, que conduce social y políticamente al desarrollo humano “pasa a través de cada hombre, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las personas y de las comunidades de los pueblos”. En ese sentido los Derechos Humanos deben ser siempre garantía de paz. El no a la guerra y al armamentismo está vinculado a ellos. Porque como dice el Papa, “el espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental, brota y madura allí donde son violados los derechos inalienables del hombre”. Al contrario, su plena vigencia nos ayuda a saber respetar la igual dignidad de todo ser humano, a aceptar la responsabilidad solidaria de “satisfacer las necesidades esenciales del hombre” y el ejercicio de sus libertades, y conducirle así “a su plena dimensión humana”. Los derechos humanos son en este sentido parte de los valores espirituales de la humanidad, que deben ser prioritarios frente a los valores materiales, que tienen su importancia pero que no pueden sustituir a los valores básicos morales. Entre las amenazas a los valores espirituales el Papa nos dice los siguiente: “el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los miserables es un síntoma muy grave en la vida de toda sociedad”. Para vencer esta amenaza el Papa insiste en la libertad religiosa como vínculo moral con el bien común y los Derechos Humanos, así como el respeto a todos los valores que surgen del espíritu humano. El Papa termina su alocución a la Asamblea general de la ONU expresando su deseo de un futuro mejor para los que entonces eran niños, y para que todos los seres humanos “puedan vivir y fortificarse con la fuerza moral” de los derechos humanos. Ellos son la mayor garantía de la paz entre los pueblos y dentro de las mismas naciones. La defensa de los Derechos Humanos es, pues, para quienes seguimos al Señor Jesús, una responsabilidad cristiana, pues es un instrumento indispensable tanto para la convivencia en paz y respeto y amistad social, como para el desarrollo de los valores ciudadanos y éticos.

Al servicio de la persona José María Tojeira 03/05/2022 La Constitución de El Salvador afirma desde el inicio de su texto que el Estado está al servicio de la persona humana. Así, sin distinciones ni matices. Y por eso mismo asegura para todos la salud, la educación, la seguridad, el bienestar económico y la justicia social. Sin embargo, quienes nos han gobernado en el pasado y nos gobiernan ahora han sido incapaces de cumplir con las afirmaciones constitucionales. Al fin, y después de mucho trabajo de la sociedad civil, el Estado ha entregado los restos de seis campesinos asesinados en mayo de 1980 en la masacre en el río Sumpul y Las Aradas. En algo tan sencillo e indispensable humanamente como devolver los restos mortales de víctimas inocentes y seres queridos, el Estado ha tardado 42 años. Y solamente lo ha hecho con las familias de muy pocas víctimas. A nivel judicial, el caso de El Sumpul continúa estancado. Los jueces y la Fiscalía tienden a dejar el trabajo de investigación en manos de la sociedad civil, despreocupándose de cumplir con sus obligaciones. La entrega de cadáveres de personas asesinadas injustamente debería de ir acompañado de una petición de perdón estatal y de otras formas de reparación. Muy poco de eso hubo. Los parientes de las víctimas celebraron una misa en la parroquia de la UCA y se volvieron con sus pequeños féretros para su original Chalate. En el país conservamos una idea del Estado errónea. Tendemos a pensar que es el gran patrón que da de beneficios a sus amigos y a quienes le respetan. E incluso pensamos que algunos funcionarios con cargos importantes, civiles o militares, tienen más derechos que cualquier ciudadano. Por eso el autoritarismo y la violencia estatal han sido verdaderas plagas en el funcionamiento estatal. Las actuales capturas de jóvenes, con frecuencia indiscriminadas, son una muestra más de que esa concepción del Estado todopoderoso y gran patrón no solo sigue presente, sino que trata de permanecer sin crítica. La persecución del delito no puede hacerse prescindiendo de la ley. Detener a inocentes solo porque son jóvenes, viven en zonas marginales o caminan cerca de soldados que tienen la orden de llenar una cuota de detenidos es incompatible con una Constitución como la nuestra, apoyada en los derechos humanos y que pretende establecer un Estado de derecho. Los delincuentes continúan siendo personas a pesar de sus delitos; generan, por tanto, obligaciones al Estado cuando este se ocupa de ellos, como por ejemplo en las cárceles. Pero el Estado-patrón tiende siempre a olvidarlo. Así lo demuestra el hecho de la prolongación del estado de excepción por la simple razón del caos creado en los tribunales por el excesivo flujo de personas y por la dificultad e incluso incapacidad de la Fiscalía de dar trámite a tanto caso. Definitivamente, el Estado tiene que poner un alto a este modo de tratar a la ciudadanía. Debe investigar el delito, mejorar la capacidad de la Fiscalía —infradotada para la función estatal que tiene— y aumentar la capacidad de investigación de la Policía, así como corregir con mayor energía a los agentes que incumplan normas y procedimientos. A la ciudadanía se la debe tratar con respeto. Detener para llenar cuotas, además de ilegal e inconstitucional, es una total falta de respeto a las personas. Como lo es también el grito intemperante de un ministro que se atrevió a decir que cualquiera que se manifestara el 1 de mayo, como tantos sindicalistas y gente de bien lo han hecho desde hace tantos años, sería tenido como un defensor de las pandillas. Acusar de defensores de criminales, de terroristas y de pandilleros a todos aquellos que piden respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos es una ofensa a la Constitución y a todas las personas que quieren vivir en coherencia con las leyes. Las acusaciones del ministro parecen más las amenazas de un capataz de finca que la de alguien que debe defender la Constitución. Aumentar la capacidad de diálogo y escucha de los funcionarios se ha vuelto una de las necesidades más urgentes de El Salvador.

Editorial UCA El estudio de opinión realizado por el Iudop a finales de 2021 mostró que el 93% de la población percibía un significativo aumento en el costo de los alimentos. Esa percepción tenía una base real: según la Digestyc, el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un significativo incremento en los últimos meses del año pasado. El mismo comportamiento se observa en el primer trimestre de 2022. Y el valor de la canasta básica alimentaria ha seguido creciendo. Su precio en marzo de 2022 fue un 5.8% superior a un año antes. También el índice de precios al consumidor muestra un incremento del 6.7% entre marzo de 2022 y el mismo mes del año pasado. Estamos, por tanto, ante un incremento del costo de la vida mucho más elevado que en los años recientes; esta dinámica no se había observado en El Salvador desde 2011. Sin duda, ello está golpeando la economía familiar. De hecho, la población ya lo afirmaba en diciembre: el 60% consideraba que el costo de la vida había aumentado mucho y el 46.6% señalaba que se había visto obligado a dejar de adquirir algunos alimentos porque no le alcanzaban los ingresos. Otros manifestaron que habían tenido que prestar para llegar a fin de mes. Incluso en algunos hogares alguno de los miembros tuvieron que dejar de estudiar debido a la falta de recursos económicos. Esta situación es preocupante, pues, entre otras cosas, afecta la ya deteriorada situación nutricional de muchas familias. Los hábitos alimenticios del 50% de las familias reflejan un déficit calórico del 25% y déficits en minerales y vitaminas. Y los alimentos que la población afirma estar dejando de consumir por su mayor costo son los que proporcionan mayor cantidad de calorías y nutrientes. Dada la limitación del mercado laboral, que apenas ofrece empleo formal a un millón de salvadoreños, la situación no se resolvería incrementando el salario mínimo, pues la gran mayoría de la población trabaja por cuenta propia, no depende de un sueldo. En la encuesta del Iudop, el 56.2% de la población afirmaba que el incremento del salario mínimo que tuvo lugar en agosto de 2021 ayudó poco o en nada a aliviar la economía familiar. No son pocas las familias salvadoreñas que ni siquiera logran juntar ingresos equivalentes a un salario mínimo. Considerando la situación económica a nivel mundial, las ramificaciones del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la dependencia de El Salvador de la importación de una gran variedad de productos y la fragilidad de la economía nacional, no hace falta ser pesimista para afirmar que vienen tiempos muy difíciles para el país. Un panorama que se ensombrece aún más por la incapacidad del Gobierno de buscar entendimientos para resolver los problemas nacionales y elaborar un verdadero plan de desarrollo económico. Incapacidad a la que se suman las erróneas decisiones que en materia económica se han tomado, entre las que destaca la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. A la fecha, esta medida solo ha servido para incrementar el nivel de riesgo del país y ahuyentar la inversión. Una acción necesaria para reducir los efectos negativos de este contexto es incrementar la producción nacional, tanto de alimentos como de cualquier otro producto de consumo. Esto disminuiría la dependencia del exterior. Asimismo, mucho ayudaría aumentar la producción de los artículos de exportación, dado los mejores precios del mercado internacional. Producir más y mejor es, pues, una de las muy pocas opciones que tiene El Salvador para salir adelante en la coyuntura actual.

Si el hechizo de Bukele se esfumara una medianoche cualquiera, tal vez no lejana, ¿podría gobernar con niveles mínimos de aceptación? Esto no tanto porque la opinión pública le preocupe en demasía, sino porque el deseo de reconocimiento general, típica del narcisismo, quedaría insatisfecho. Si Bukele se las arreglara para ganar las próximas elecciones, le resultaría cuesta arriba dirigir el país con el ego por los suelos. La cuestión no es ociosa, aun cuando el terrorismo ha elevado su popularidad. Diversos análisis financieros coinciden en señalar el grave riesgo de la suspensión del pago de la deuda, lo cual se suma a la creciente inflación y a la recesión económica. El bitcóin, la gran apuesta para evadir la crisis financiera, parece estar agotado. Y para colmo de males, una de las pandillas más grandes ha puesto en ridículo el Plan Control Territorial. El terrorismo estatal ha salvado por ahora la situación, al desviar la atención. Cuando pase, el embrujo volverá a estar en peligro. El tiempo sigue su marcha. Bukele ya cruzó el ecuador de su mandato. En esta primera parte, hay más descalificaciones, insultos y condenas que obras, más promesas que cumplimientos. Abunda el anuncio de grandes proyectos, sin detalles, sin alcances ni financiamiento. Hasta hace poco, el auditorio presidencial era entretenido con el desfile de los anarquistas de las criptomonedas. Después vino el escándalo del busero. La última ocurrencia, el régimen de excepción, es señal clara de agotamiento y desesperación. Los gritos desaforados del presidente de la legislatura en sesión plenaria no corresponden a un alto funcionario satisfecho con su posición y seguro de sí mismo. Son gritos de impotencia y miedo. El terror es popularmente muy rentable, pero su impacto es pasajero y, más importante aún, no es solución para el desafío planteado por las pandillas, no solo porque se ensaña con una de ellas, sino también porque se va por las ramas y olvida ir a la raíz. La proyección de Bukele como un líder único sin par y como arquitecto genial de un mundo nuevo, el polo opuesto a sus depravados antecesores, ha traído alivio a los desencantados y frustrados con la política tradicional. Sin embargo, existen indicios de que ese hechizo puede terminar. Si llegara a deshacerse, ¿qué será de sus colaboradores más íntimos? ¿Volverán sus hermanos a cuidar de su capital, acrecentado a su paso por la presidencia? ¿Abandonarán Casa Presidencial los venezolanos y los otros extranjeros? Los ambiciosos que pululan en los pasillos presidenciales y legislativos pelearán por la herencia de los Bukele. O tal vez un general de nuevo cuño se apodere del sillón presidencial y prometa elecciones, según el patrón tradicional. Los ministros, los diputados, el fiscal y los magistrados judiciales, acostumbrados a ser mandados en lo que hacen y dicen, se perderán desorientados. Quizás se animen a regresar por donde vinieron, mientras aguardan, agazapados, una nueva oportunidad para medrar. Ese líder brillante y aclamado puede perder el control. No es tan genial ni tan poderoso como parece. Adolece de la inseguridad del narcisista en un grado sumo. Por eso se revuelve contra la crítica, la disidencia y la oposición. Ansía el reconocimiento universal y nunca tiene suficiente. Gobernar con mínimos de popularidad, después de haber estado donde ningún presidente ha estado, sería insufrible. Las demostraciones de fuerza no deben confundir. Los narcisistas hacen alardes de poder para ocultar su fragilidad y su inseguridad. El miedo a la debilidad los atormenta. Ellos mismos son su peor enemigo. Anhelan seguridad psíquica, pero actúan de manera autodestructiva, con lo cual siempre creen encontrarse asediados por las fuerzas del mal, mientras culpan a los demás de sus fracasos y frustraciones. Por su lado, los incondicionales confunden las cualidades personales de Bukele con la identidad nacional. Para ellos, Bukele es El Salvador. Una reducción atroz. Se han despojado voluntariamente de su historia, su memoria, su identidad y su dignidad. Han renunciado a su razón, a su voluntad, a sus valores y a sus sentires. Algunos han aceptado incluso que sus familiares guarden prisión por días sin término sin acusación formal. Han sacrificado lo mejor de sí mismos al ídolo que han erigido en su luz y su todo. Creen ingenuamente que responderá por ellos y los salvará. Ignoran que si el encanto se deshace, el ídolo desaparecerá, así como apareció. La desaparición del hechizo es una posibilidad real. El régimen de Bukele ha perdido fuerza, su imaginario da señales de agotamiento y su liderazgo pierde lustre. En un esfuerzo supremo, ha soltado a los policías y los soldados para que aterroricen las zonas populares, con el aplauso de quienes piensan que la represión y la venganza resolverán la violencia. Si el Estado terrorista se consolida, el embrujo puede prolongarse. Pero en ningún caso es eterno. Ese es el gran error de los fascinados con un presidente que juega con un capirucho de pla

Editorial UCA Organizaciones sociales, periodistas, académicos y personas interesadas en el rumbo del país dedican tiempo y esfuerzo a analizar la lógica de actuación del Gobierno de Bukele, pero muy poco a la comprensión de la lógica de la población. Por su naturaleza, cualquier Gobierno está sometido al escrutinio tanto de la institucionalidad pública de control como de las organizaciones que ejercen esa función desde la sociedad. En un contexto en que se ha cooptado la institucionalidad oficial que controla el ejercicio del poder, las instancias ciudadanas han redoblado sus esfuerzos de contraloría, dando cuenta del guion que sigue el Gobierno. Un guion que ha resultado ser clásico. Primero, lo importante para el populismo autoritario es llegar al poder, valiéndose de marketing, discursos, sondeos de opinión y promesas que no se plantean para ser cumplidas, sino para ilusionar a los electores. Mientras se denigra y desacredita al adversario, la propaganda se encarga de enaltecer las bondades del líder y crear el espejismo de un país feliz si se vota por él. Segundo, el populista autoritario justifica con argumentos dicotómicos (“nosotros contra ellos”, “el bien contra el mal”) la urgente necesidad de su presencia, de su rol que supera la legalidad, a fin de que todos entiendan la obligación de obedecerle. Tercero, llegado al poder, la meta es quedarse indefinidamente, alargar el mandato todo lo que se pueda. Para ello se reforma la Constitución, se la lee a conveniencia o se recurre a un plebiscito. La continuidad en el poder es requerida para finalizar proyectos inconclusos, limpiar al país de enemigos, alcanzar el paraíso prometido, etc. La legitimidad, además, viene de la aprobación popular, no de la ley. Cuarto, se cambian las reglas y se domestica a las instituciones, de modo que la nueva institucionalidad trabaje toda en función del líder, sin cortapisas ni controles de ningún tipo. Con el tiempo llega la concentración y personalización del poder. La actual administración no ha hecho más que seguir la ruta de otros populismos autoritarios. Eso no significa que no alarme. Por supuesto, corroborar que el camino andado en Venezuela o Nicaragua es similar al que, de manera mucho más acelerada, se sigue El Salvador, genera temor. Lo que falta explicar es el porqué del respaldo social al presidente. A pesar de las reiteradas advertencias de que el país marcha al despeñadero, una gran mayoría sigue creyendo en quien ofreció una nueva historia de bonanza y verdadera democracia. A las familias de las zonas marginales parece no importarles que los trescientos dólares repartidos durante la pandemia hayan sido parte de un mecanismo populista y propicio para la corrupción. Los señalamientos y alertas de la sociedad civil crítica no han llegado a quienes han recibido las dádivas gubernamentales con los brazos abiertos después de años de olvido, las personas que están hartas de la violencia y del miedo a las pandillas, aquellos a los que la institucionalidad democrática o el Estado de Derecho nunca les fue útil en su lucha diaria para sobrevivir en medio de un modelo excluyente. En el país se ha entendido bien la lógica del poder, pero no la de la gente. Y en ello radica gran parte del problema para vislumbrar una estrategia alternativa a la del fracaso que se avecina.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La represión del régimen de Bukele ha dejado en evidencia que el fenómeno de las pandillas tiene más envergadura que los mismos pandilleros. El pandillero caído en las redadas pertenece a un grupo familiar, inserto en las zonas más deprimidas del país. Los reclamos de ese grupo —en particular, de las mujeres— patentizan la existencia de lazos de mutua dependencia. El grupo familiar vive del salario, más bien bajo, de los miembros con empleo y de la rentabilidad criminal. Puede objetarse que de haber llevado una vida honrada habrían evitado la cárcel y sus consecuencias afectivas y económicas. Cabe preguntar también si esos pandilleros, muchos de ellos criminales, algunos mentalmente enfermos, tenían alternativa. Dicho de otra manera, si las condiciones de vida hubieran sido más igualitarias, humanas y dignas, ¿la pandilla habría sido una alternativa? La otra cara de la represión es la de los detenidos que no son pandilleros o que lo fueron. Su núcleo familiar sufre las mismas consecuencias que las del pandillero. El castigo implacable del régimen contra los “terroristas” se ensaña también con los inocentes, por el simple hecho de residir en una zona de bajos ingresos y sin servicios básicos aceptables, por ser joven, obrero o estudiante, por parecer pandillero o por capricho de los policías y los soldados. Las víctimas de esta represión tienen conciencia clara de padecer una tremenda injusticia. La incapacidad y la falta de voluntad del régimen para verificar su culpabilidad agregan injuria a la injusticia. La represión se ceba en las zonas abandonadas por el Estado desde la época de Arena. Al igual que entonces, cuando por fin el Estado se hace presente, es para aterrorizar. Bukele aterroriza para acabar con los terroristas, con lo cual hace de su guerra un enfrentamiento entre terroristas. El terror de Bukele es masivo por la cantidad de víctimas e indiscriminado porque castiga de manera antojadiza. Es extremadamente salvaje, porque tortura, e incluso mata a golpes, a los capturados, pandilleros o no, y porque los somete a tratos crueles y degradantes. Sin embargo, la guerra es desigual y tiene mucho de ficción, porque los terroristas contra los que lucha Bukele no oponen resistencia. El Estado negó sistemáticamente una vida digna y humana a los habitantes de las zonas que ahora castiga con terror implacable, por convivir con pandilleros y otros criminales. Al parecer, la idea es romper la red de relaciones sociales donde aquellos se mueven. No es verdad que “quien nada debe, nada teme”, porque la gente está a merced de la arbitrariedad y la brutalidad de los soldados y los policías. Hay mucho que temer, porque ellos deciden quién desaparece en las cárceles de Bukele. Tampoco es cierto que “abril ha sido el mes más seguro de la historia”, porque la seguridad del terror es parcial y pasajera. Ha traído seguridad a las clases privilegiadas, pero no a las mayorías, que sobreviven malamente. Entre las voces que protestan, algunas han increpado a Bukele por pagarles tan mal su contribución para llegar al poder y para mantener su popularidad. La injusticia del capitalismo neoliberal se consuma con la barbarie de los policías y los soldados del régimen, similar a la de la época de los coroneles y los generales de la otra guerra. Al igual que entonces, la “orden superior” es razón suficiente para que los funcionarios, los fiscales y los jueces ejecuten una “limpieza” que, a juzgar por los hechos, no solo encierra a pandilleros, sino también castiga la desigualdad y la pobreza. Los habitantes de los territorios reprimidos son sospechosos, peligrosos y, por tanto, objetivo legítimo del terror estatal. No se trata de condonar los crímenes de la pandilla, sino de arrojar luz sobre la complejidad de este fenómeno social violento. Aunque puestos a condonar, no hay razón aparente para ser implacable con los pandilleros y tolerante con los corruptos. Tan terroristas son unos como otros. Pero ya se sabe, el terrorista es el de abajo, el de arriba siempre es paladín del orden y de la libertad. La acción violenta terrorista como último y único medio eficaz no transforma la sociedad, sino la hace más violenta e inhumana de lo que ya era; la polariza aún más y reafirma las fronteras entre las clases sociales; crea tensiones explosivas incontrolables e impide la búsqueda de soluciones racionales y consensuadas a graves problemas estructurales. Aparte de ser éticamente inaceptable que un fin bueno permita cualquier utilización de medios malos, el terror estatal solo es exitoso a corto plazo. A mediano y largo plazo, ¿qué hará Bukele con las decenas de miles de capturados? ¿Dejarlos morir de hambre, de enfermedad, de maltrato y de abandono, en una versión nacional de los campos de concentración? No puede retenerlos mucho tiempo sin que la situación se vuelva inmanejable. La opción es atractiva, pero, entonces, solo podrá gobernar con la represión y el terror. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mon

Hace ya una buena cantidad de años, el papa Juan XXIII, fijándose en las necesidades de los trabajadores, defendía la necesidad de socializar bienes básicos para todo el mundo. Algunos años después, otro papa santo, Juan Pablo II, enfatizaba la prioridad del trabajo sobre el capital. En nuestros días, el papa Francisco ha insistido permanentemente en la justicia social y en la distribución justa de los beneficios del trabajo. El trabajo, nos dice Francisco, debe ser “una instancia de humanización y de futuro”, “un espacio para construir sociedad y ciudadanía”. En El Salvador, donde el trabajo suele estar desprotegido y mucha gente recibe una paga que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas familiares, es de rigor que los trabajadores exijan justicia social. La concentración del ingreso en pocas manos, el enriquecimiento de algunos y la marginación de muchos, hace brotar un sentimiento de protesta que debe ser, por un lado, expresado con civismo y, por otro, escuchado con atención por parte del Estado. Cuando algunos funcionarios, amparados en el estado de excepción recientemente prolongado, amenazaron a quienes deseaban manifestarse el 1 de mayo, olvidaron que la situación de exclusión y explotación en la que se hallan muchos trabajadores es una de las causas de la delincuencia. En este sentido, reclamarle al Estado y exigirle tener en cuenta los derechos del trabajo, superiores en muchos aspectos a los derechos del capital, es promover la paz y la justicia. Lo contrario, amenazar con detención a quienes desean manifestarse no solo es una negación de un derecho humano básico, sino verdadera complicidad con la violencia. Buena parte de la deshumanización existente en el país comienza con la deshumanización del trabajo, con la explotación y los salarios insuficientes para llevar una vida digna. Pensar que la injusticia estructural no tiene nada que ver con la violencia delictiva es una ingenuidad. Los trabajadores que se manifiestan para reclamar mejores condiciones de vida son enemigos de la violencia; quienes los acosan o insultan son promotores de violencia, impunidad e injusticia. La insistencia de diversos funcionarios en desacreditar los reclamos de los trabajadores, la revisión de buses con clara dedicatoria a los posibles manifestantes, la tendencia a apoyar y apoyarse en dirigentes sindicales domesticados para despreciar a los que salen a las calles son muestras de un Gobierno incapaz de diálogo social. Además, cuando a pesar de la crisis económica que sacude al país se gasta en espectáculo y propaganda para presentar al público a los “verdaderos sindicalistas”, lo hecho logra lo contrario de lo que se pretende. Creer que con una política tan negativa al diálogo se construirá un “nuevo El Salvador” equivale a regar fuera del tiesto no solo de la democracia, sino de una política racional y legítima. Juan Pablo II entendía la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un paso fundamental “en el camino del progreso moral de la humanidad”. El artículo 23 de la Declaración insiste en el derecho al trabajo con salario digno tanto para quien lo realiza como para su familia. Y añade que el derecho de toda persona a sindicalizarse y defender sus intereses como trabajador es siempre legítimo. Oponerse a la manifestación de ciertos sindicatos solo porque se mantienen fuera de la órbita de influencia del Gobierno es oponerse al desarrollo social, al desarrollo económico con justicia y al desarrollo moral del país.

Editorial UCA 29/04/2022 La decisión de Nayib Bukele de hacer frente a las pandillas mediante capturas masivas sin fin acuerpadas por un estado de excepción deja claro que su Gobierno o no tenía ningún plan para el combate a la delincuencia, o este ha fracasado estrepitosamente. Las detenciones han estado acompañadas de múltiples violaciones a los derechos humanos y hacen a un lado la presunción de inocencia. Como ya han mostrado algunos medios de comunicación y cientos de publicaciones en las redes sociales, se está privando de libertad no solo a personas presuntamente vinculadas con las pandillas, sino también a gente honrada que no ha cometido ningún delito. La práctica de primero detener y después investigar es totalmente contraria a los principios democráticos. La dinámica que está aplicando el Gobierno impide la adecuada defensa de los detenidos; mete a inocentes y culpables en un mismo saco, sin importar la grave injusticia que ello conlleva. El presidente y sus ministros han dicho que no harán ningún caso a las alertas y denuncias tanto nacionales como internacionales, y que seguirán adelante hasta encarcelar a todo aquel que consideren sospechoso. Alardean de haber privado de libertad a miles de personas sin disparar una sola bala, lo cual es mentira, pues hay evidencia de personas fallecidas en enfrentamientos con policías. Tampoco reconocen que algunos de los detenidos han muerto mientras estaban privados de libertad. Sobre estas muertes el Gobierno tiene toda la responsabilidad y deberá rendir cuentas tanto a los familiares de las víctimas como a la sociedad en general. Cuando se utiliza la fuerza bruta para resolver conflictos, los cuerpos de seguridad se envalentonan y cometen cada vez más graves atropellos contra la población, desatando una espiral de violencia que puede llegar hasta límites muy peligrosos. El Salvador conoce muy bien de esto. Generaciones de adultos no olvidan los terribles abusos y arbitrariedades de los cuerpos de seguridad existentes hasta el año 1992; cuerpos que tuvieron que ser eliminados precisamente por su historial de graves violaciones a los derechos humanos, por su barbárico perfil asesino. Cuando el presidente acusa a las organizaciones defensoras de derechos humanos de ser cómplices de los criminales y de no amparar a los buenos ciudadanos, se iguala a los gobernantes dictatoriales que en el pasado repetían la misma cantaleta. Los derechos humanos son de todas las personas, no solo de las que a juicio de un mandatario son “buenas”. De hecho, para dar plena seguridad a las personas “buenas”, es absolutamente necesario el respeto a los derechos humanos de toda la población. Agobiados por el actuar de las pandillas, muchos aplauden estas medidas gubernamentales. Acabar con la delincuencia es una necesidad y una demanda popular, sí, pero ello no justifica lo que ahora se está haciendo. El combate a las pandillas no pasa por atropellar a amplios sectores de la población y vanagloriarse de ello. Gobernar bien es resolver los conflictos en el marco de la ley, respetando siempre la dignidad de todas las personas, sin excepciones.

Que la democracia esté en franco retroceso de lo poco que había avanzado, no es algo exclusivo de El Salvador; lamentablemente es un fenómeno global. Nos han precedido Venezuela, Nicaragua, Turquía, Brasil y un largo etcétera. Según el informe sobre el estado de la Democracia en el mundo 20211, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), el número de países que se dirigen hacia el autoritarismo supera al número de países en fase democrática, una tendencia que ya lleva un lustro. En América Latina la mitad de las consideradas democracias de la región han sufrido erosión democrática, con Brasil a la cabeza. Esta constatación no debiera ser motivo de consuelo. Más bien es una oportunidad para aprender de otros pueblos que han sido llevados a situaciones que terminaron atropellando sus derechos humanos fundamentales, cuando habían prometido mejorar su vida y desarrollar los países. Hay varias lecciones que se pueden extraer de estas experiencias. Quizá nada nuevo que no conozcamos; algunas de ellas ya se han vivido o se están viviendo en el país, otras solo se insinúan amenazantes en el horizonte. Como muchas veces lo evidente es lo menos obvio para los ojos, vale la pena el intento de enumerarlas para ver si de verdad aprendemos de ellas. En primer lugar, los retrocesos democráticos en la actualidad utilizan otra vía que los que se dieron en el pasado. Antes, la democracia se desmontaba a través de golpes de Estado. Países europeos los experimentaron entre las dos guerras mundiales y en otras latitudes se vivió durante la Guerra Fría. Hoy la amenaza principal proviene de líderes políticos que llegan al poder gracias a elecciones democráticas. Son elegidos por sus pueblos pero se vuelven una amenaza autocrática cuando, “para mantenerse en el poder, intentan restringir libertades, así como debilitar sistemas de control políticos y administrativos”2. En el siglo XXI, la democracia está siendo desmontada en muchos países por líderes que llegaron a gobernar gracias a las elecciones libres, pero que después buscan expandir sus poderes eliminando la democracia. En segundo lugar, estos líderes no solo llegan y buscan mantenerse en los gobiernos a través de elecciones, sino que manipulan el apoyo de la población para expandir sus poderes. “Paradójicamente, instrumentalizan el proceso electoral para desmantelar las normas e instituciones que permiten que las elecciones sean justas y libres”3. Usan el respaldo social electoral para justificar la toma de los otros poderes y para neutralizar a las instituciones del control democrático. Recurren, para justificar sus actuaciones que contrarían la Constitución que juraron respetar, a la voluntad del pueblo que los eligió. Reforman la Constitución o hacen un entuerto de interpretación, para poder reelegirse. Un signo inequívoco del desmantelamiento de la democracia es que terminan desnaturalizando el sistema electoral que hizo posible su llegada, para hacer imposible la llegada de otros. Venezuela y Turquía tuvieron elecciones que se consideraron competitivas, pero sus regímenes terminaron siendo autocráticos. En tercer lugar, los políticos que viven de la política, es decir, del dinero público, se aprovechan de las necesidades de la gente y juegan con su sufrimiento. Los líderes autocráticos de este tiempo aprovecharon la pandemia para consolidar su poder. Varios politólogos advirtieron en el 2020 “acerca del peligro de mayor corrupción y autocratización en ciertos países, así como del peligro de fortalecimiento de líderes o movimientos populistas”4. La emergencia sanitaria fue la ocasión propicia para pedir más recursos, para saltarse las rendiciones de cuentas y favorecer a quien detenta el poder y sus socios. Un cuarto elemento es que el común denominador de los líderes autocráticos es que eliminan la imparcialidad de la ley. La meta es usar y abusar de la ley para protegerse a sí mismo y a los aliados y perseguir a los opositores.Para los opositores persecución, para los propios, impunidad. A esto los especialistas le llaman “legalismo autocrático”. La corrupción y la autocracia van de la mano. Si se elimina la rendición de cuentas horizontal, si se cooptan los organismos de control del ejercicio del poder es para ocultar el uso indebido y la apropiación de fondos públicos. El presidente Hugo Chávez, a pesar de su discurso, creó un sistema en que sus simpatizantes, especialmente sus amigos capitalistas, “podían obtener contratos con el Estado sin licitaciones, acceso especial a una tasa de cambio favorable, protección de auditorías fiscales y un trato conveniente de parte del sistema legal”5. Por eso es común que grandes proyectos de infraestructura se den directamente a allegados y son una fuente apetecida de enriquecimiento. Finalmente, un quinto elemento es que el líder autocrático miente sin ningún rubor. La verdad no importa, cualquier cosa la puede sustituir, aunque sea un disparate. Si alguien cuestiona lo que afirma

Editorial UCA Los autócratas y los populistas suelen buscar o inventar un enemigo al cual culpabilizar de todo y con el cual sembrar miedo o incertidumbre entre el pueblo al que dicen defender. Desde su inicio, la administración de Nayib Bukele declaró a las pandillas como su enemigo número uno. Y con esa base lanzó el tan publicitado como desconocido Plan Control Territorial. Luego clamó por la aprobación de préstamos para financiar el Plan. Todo el que pidió explicaciones sobre el uso que se haría del dinero pasó a engrosar las filas de los que estaban del lado de los delincuentes. En la narrativa oficial, el presidente era víctima de los mismos de siempre, que en ese momento controlaban la Asamblea Legislativa. El combate de un enemigo temible por la población fue utilizado como justificación para tomarse militarmente el primer órgano del Estado. Solo la comunicación directa con Dios hizo que el asunto no pasará a más. Poco después vino la pandemia; el covid sustituyó a las pandillas. El nuevo enemigo, totalmente desconocido y, por tanto, generador de gran angustia y miedo, fue la excusa para obtener y gestionar sin mayor control una ingente cantidad de recursos y someter a la población a una cuarentena brutal. Además, el virus fue útil para profundizar la autocracia y apuntalar el afán del Gobierno de presentarse como el mejor de toda la historia. Quienes declararon inconstitucionales las medidas que violaron derechos humanos fueron acusados de buscar la muerte de la población. Quienes investigaron la corrupción corrieron igual suerte. Sin embargo, cuando el covid-19 se volvió manejable, se recurrió de nuevo a las pandillas. La ola de 62 homicidios en un solo día fue el acicate. De nuevo urgieron dineros, armamento y equipos. Y se dio un nuevo paso en la consolidación del régimen autoritario: se decretó un estado de excepción que ha servido para detener a miles de personas, sin distinguir entre inocentes y culpables. Como antes por el virus, se han anulado las garantías que protegen al ciudadano. Quienes critican lo hecho son aliados de los pandilleros, incluyendo a los organismos internacionales que denuncian violaciones a los derechos humanos. De paso, se ha aprovechado para presentar los proyectos del tren del Pacífico y del aeropuerto de Oriente. Si es que llegan a realizarse, no pasarán por la ley LACAP, sino que se adjudicarán directamente. A quienes cuestionan cómo gobierna la administración se les anima a irse del país, pues este no los necesita. No hay lugar para opinar distinto ni pensar por cuenta propia. A los que no les guste, “que se vayan”. Solo se necesita a los que aplauden; los demás, sobran.

Editorial UCA Cuando una oligarquía política, social o económica se impone sobre una mayoría de la población, centraliza el poder, controla las instituciones y las utiliza en su beneficio, crea pobreza y desigualdad, sembrando así las semillas de la violencia delictiva. Ante la marginación y la falta de oportunidades, se desata un proceso de resistencia que puede ser político, de huida (vía migración) o delictivo. La respuesta violenta del Estado puede aminorar la violencia delictiva durante un tiempo, al igual que la represión de las manifestaciones pacíficas en favor de derechos sociales puede lograr que cesen. Sin embargo, si la violencia estructural se mantiene, muy pronto resurge la protesta de unos y la violencia de otros. Aumentar penas y militarizar la seguridad pública puede parecer solución, pero si la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad persisten, solo se perpetúa la cultura de la violencia. En ese contexto, la única paz posible es la del destierro, el encierro o el entierro. El autoritarismo y la violencia constituyen una tentación muy fuerte en una sociedad en la que las instituciones funcionan únicamente para una pequeña proporción de la población, protegiendo los intereses de esa minoría frente a los derechos de la mayoría. Los regímenes autoritarios atacan siempre los derechos humanos, porque estos son universales. Atacan a la prensa, porque esta puede descubrir sus intereses oligárquicos, cuando no corruptos. Atacan a los centros de pensamiento, porque no les gusta la crítica y buscan convertir a la ciudadanía en una masa sumisa y silente. La violencia no es solo dar golpes, sino también impedir la posibilidad de hacer preguntas. Y por eso mismo a los autoritarios les gusta la polarización. Al tener de su lado al Ejército y la Policía, así como la posibilidad de promulgar leyes represivas, emprenden una política de amenaza y desgaste contra quienes les contradicen. El autoritarismo conduce a la corrupción, la ignorancia y la violencia. Una funcionaria salvadoreña decía hace poco que escribir un libro de investigación sobre las pandillas podía convertirse en delito. Las medidas aplicadas a los privados de libertad han venido acompañadas de acusaciones de corrupción contra los administradores de las prisiones. Los encarcelamientos masivos sin garantías judiciales abren un camino de impunidad y brutalidad, y muestran a los opositores el riesgo que corren si alzan demasiado la voz. Trabajar por la paz, el desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social se convierte así en una tarea peligrosa, pero muy necesaria para evitar que la violencia de los autoritarios engendre violencias más ciegas y destructivas. Quienes trabajan por la paz y el desarrollo pertenecen al ámbito de la verdad humana. Y esa verdad, además de ofrecer siempre un plus de libertad, termina a la larga imponiéndose en el corazón de las mayorías.

Por José María Tojeira, S.J. Cuando un sistema político no hace caso de las advertencias que se le hacen desde la ciudadanía, se corre con mayor o menor velocidad hacia el fracaso, sin importar los recursos, las ideologías, las propagandas o las mentiras que se puedan invertir, desarrollar o inventar. Le pasó a Arena, que en un momento parecía un partido casi eterno e inagotable, con su propio sistema de gobierno plutocrático. Le pasó al FMLN, que fue incapaz de desarrollar un sistema de gobierno realista y con verdadera dinámica de justicia social, limitándose a dar continuidad al sistema anterior con algunos ajustes más abiertos a la democracia, aunque escasos. Y le pasará al actual sistema, hoy con apariencia de todopoderoso, si continúa con la tendencia actual de enfrentamiento y de no hacer caso a lo que en muchos aspectos le repite un sector de la ciudadanía. No se trata de hacer caso en todo, pero sí de reflexionar sobre lo que se le dice, dialogar y tomar medidas que broten más de la reflexión que del capricho autoritario. Porque, en efecto, el actual Gobierno se está convirtiendo en un experto en el tema de no hacer caso de advertencias racionales e incluso legales. Se le dice que no puede discriminar por edad y sigue adelante con la purga de jueces mayores de 60 años. No hace caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta le ordena que brinde un informe sobre dos jóvenes a quienes el Ejército desapareció en 1981. Como tampoco obedeció al juez de El Mozote cuando pidió abrir archivos militares. No hacen caso del aumento de precios de los alimentos y el jefe de bancada del partido en el poder se da el lujo de decir que si no fuera por el presidente la comida estaría muy cara. No se hace caso de las normas legales cuando se trata de echar adelante una venganza política e incluso meter presos a quienes de alguna manera estorban los proyectos gubernamentales. Y no se toman en cuenta advertencias muchas veces repetidas que llevan a instituciones gubernamentales a hacer el ridículo internacional. Entre estas últimas está la contradicción y el absurdo, que ya practicaban Arena y el FMLN, de tener una Fiscalía que persigue el crimen al interior del país y que defiende los crímenes y las violaciones de derechos humanos del Estado en las instancias internacionales. Se les ha advertido a los Gobiernos que deben tener instancias distintas para acusar desde el Estado y para defender al mismo. Pero hasta el momento actual todos han preferido esa esquizofrenia fiscal de defender fuera delitos estatales mientras en el interior se persigue a ciudadanos. Cuando el caso de la masacre en la UCA y otros vinculados a violaciones estatales llegaban a instancias internacionales del sistema americano de derechos humanos, allá acudía un fiscal a decir que todo estaba bien en El Salvador. Lo mismo ha sucedido ahora cuando, ante las acusaciones de perseguir a la prensa, un fiscal dice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en El Salvador no se persigue a la prensa, ni a quienes tienen una posición crítica ante el Gobierno actual. No se hace caso a recomendaciones en temas de política penitenciaria, a pesar (o precisamente por eso) de que con frecuencia se violan derechos de los privados de libertad. Por supuesto, el actual Gobierno no se da por aludido cuando se le recomienda que ratifique los acuerdos de Escazú ni, mucho menos, cuando se le advierte sobre los daños ecológicos del aeropuerto de oriente. No se escucha la petición de que firme el protocolo facultativo a la convención de la tortura o a las convenciones sobre desaparición forzada. Ni parece importarle que las violaciones sexuales continúen en aumento y que haya una enorme impunidad al respecto. No hace caso cuando se le advierte que, ya sea por ignorancia o por mala voluntad, está diciendo mentiras. Y por más respeto con que se les digan las cosas a los funcionarios, incluso amenazan con llevar a la Fiscalía a cualquier persona que les diga que están diciendo falsedades. La hipocresía y hacer el ridículo poniendo rostro de persona honorable ha sido una característica permanente, diríamos que secular, de demasiados políticos, dentro y fuera de nuestro país. Pero los políticos y seguidores del partido en el poder se están llevando un Óscar con las actuaciones sordas y cerradas a cualquier tipo de advertencia crítica que se les pueda hacer. Eso, más temprano que tarde, termina llevando al fracaso. Solo el diálogo abre puertas al futuro.

En estos días de excepción y de capturas masivas e indiscriminadas, se escuchan voces, lideradas por Bukele, que claman venganza contra los pandilleros. Aunque es natural y — hasta cierto punto— comprensible, la venganza obedece a un instinto primitivo, pero no revive a los asesinados, ni aparece a los desaparecidos, ni transforma el sufrimiento en regocijo. Tampoco iguala la desigualdad social, ni da acceso a los servicios públicos, ni trae paz donde hay violencia. La venganza solo destruye. Pese a ello, existe el convencimiento de que el sufrimiento y la muerte infligidas al otro resarcirán la pérdida y sanarán el dolor. Por eso, la venganza es una fuerza auténtica y poderosa, pero no cura las heridas. Probablemente, las empeora. La venganza introduce en un círculo tóxico del cual es difícil escapar. La venganza se agota en sí misma y no supera el desconsuelo. Al contrario, vuelve la pérdida más dolorosa y amarga. La venganza atrapa en el objeto de su desquite, en el daño que inflige y en la amargura. La reacción vengativa del régimen de Bukele no erradicará la violencia social, mucho menos cuando es cuestión de llenar cuotas de capturados, no de delincuentes. El régimen contiene la violencia momentáneamente con la represión hasta que explote de forma más destructiva por otro lado. Ensoberbecido por su poder y engañado por la respuesta facilitona, ratifica la violencia como forma de convivencia. No habla de justicia social, sino de castigo implacable y de desquite. La represión ahonda la división social, el resentimiento y el odio, los cuales, en su momento, reclamarán venganza. Y así sucesivamente. La venganza retiene en el pasado y cierra el futuro. Muchas de las voces que claman venganza y disfrutan la humillación, tortura y muerte de los pandilleros se dicen cristianas. Asisten al templo o al culto, tal vez leen con frecuencia la Escritura y entonan himnos de alabanza. A esas voces hay que recordarles que después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios no lo destruyó. Al contrario, lo marcó para que nadie le hiciera daño. Dios no desea venganza, sino conversión y misericordia. En el Calvario, recuerda el papa Francisco en su magisterio del Domingo de Ramos, el poder político y religioso invita cínicamente a Jesús a pensar en sí mismo, en sus intereses y en su éxito. Pero él no lo reprende ni lo amenaza con castigos divinos. Tampoco grita su rabia y su sufrimiento. Reza por los malvados y concede misericordia a uno de los malhechores crucificados que tiene al lado. Desde la dura experiencia de Jesús de amar a los enemigos que lo crucifican, el papa invita a pensar en quién nos ha herido, ofendido, encolerizado o desilusionado. “¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño! […] lamentándonos las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia”. Jesús nos enseña a romper ese círculo vicioso del mal con el amor y “la caricia del perdón”. Es imposible ser cristiano con “instinto rencoroso”. “Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos han herido”. El crucificado no solo implora el perdón para sus asesinos, también aduce el motivo: no saben lo que hacen. Jesús justifica a los violentos, porque no saben. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni de los demás, que somos hermanos. El ignorante comete crueldades absurdas. Dios ve en cada uno a un hijo y a una hija. No separa en buenos y malos, en amigos y enemigos, tal como hace el mundo. Todos somos hijos amados, a quienes desea abrazar y perdonar. En el Calvario, todos escucharon a Jesús pedir perdón, pero solo uno se acogió a él. Uno de los malhechores descubrió que en ese perdón había lugar para él. En el infierno del mundo, vio cómo se abría la salvación: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Dios hace lo mismo con todos. No se cansa de perdonar. En el Calvario, Jesús se erige en nuestro abogado, no en nuestro fiscal. Las enemistades, los odios y la violencia lo hacen sufrir, pero tiene un solo deseo: perdonarnos. El perdón brota de los horrores de la cruz. Nunca, enfatiza el papa, hemos escuchado palabras más bondadosas. Nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva ni un abrazo más amoroso. El papa nos invita a dar gracias por ese perdón, “aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”. Jesús, al mirar la sociedad salvadoreña herida y violenta, no se cansa de repetir: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pero para renunciar a la venganza hacen falta mucha valentía, mucha seguridad en uno mismo y una mente clara. Contrario a las apariencias, la firmeza y la determinación no hay que ponerlas en la institucionalización de la violencia, sino en erradicar sus raíces. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso 07/04/2022 Tanto los asesinatos cometidos durante el repunte de homicidios como las masivas capturas en el Estado de Excepción son de personas de los sectores populares, de las zonas periféricas de las ciudades, de la zona rural más abandonada del país. Nombres como Soyapango, Apopa, Tonacatepeque, El Congo, etc. son los que han sonado en estos días. En 24 horas de aplicación del Estado de Excepción la policía informó de más de 1,400 capturas en 50 operativos. Por lo menos en los reportes no figuran las zonas residenciales y privilegiadas de las ciudades. Una semana después de iniciada la respuesta del gobierno, oficialmente se reportaron más de 4000 detenciones, la inmensa mayoría de personas pobres. De hecho, las catalogadas por la policía como “zonas rojas” por su peligrosidad se ubican en los sectores populosos en los que los servicios básicos no están garantizados. Entonces, ¿La delincuencia es patrimonio de la pobreza o, en el mejor de los casos, es consecuencia de ella? Este tipo de afirmaciones se ha extendido en el mundo, incluso en instancias internacionales que atribuyen a la pobreza y a la desigualdad el aumento de los índices delictivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de generalizaciones porque no son ciertas. La pobreza es un gravísimo problema que amerita todos los esfuerzos posibles para reducirla, pero no hay que perder de vista que hay países en África o aquí cerca en Centroamérica que tienen mayores niveles de pobreza que El Salvador y reflejan menores índices de homicidios y de hechos delictivos. La carencia de recursos económicos no aumenta la propensión a aumentar los hechos delictivos. Por el contrario, no se puede olvidar que quienes en el pasado extrajeron millones de dólares del erario público o quienes lo siguen haciendo en la actualidad no son, o ya no son a estas alturas, miembros de sectores populares sino de estratos superiores económicamente hablando. Quizá entonces lo que se criminaliza no es tanto la pobreza en sí misma, sino a los pobres. Quizá también de ello se deriva la aporofobia o el miedo a los pobres como señala Adela Cortina. No se teme tanto a la pobreza como a los pobres, aunque a muchos les aterre la sola idea de no poder conservar su nivel de vida desahogado. Trabajos de investigación periodística han revelado que los 62 homicidios perpetrados el sábado 26 de marzo ocurrieron en 44 municipios de 12 departamentos del país. 47 de esos homicidios fueron de personas que no pertenecían a las pandillas y básicamente eran vendedores, albañiles, obreros, taxistas, amas de casa, campesinos y un largo etcétera de los oficios más humildes y menos remunerados del mercado laboral. Es decir, los asesinatos fueron de gente pobre. Lo mismo puede coludirse de las imágenes transmitidas prolijamente por instancias del Estado de los capturados en este tiempo. Las cárceles están llenas de presuntos delincuentes, pero de comprobados pobres. El Salvador y Estados Unidos comparten algo: son los países con los índices de personas privadas de libertad más altos por cada 100 mil habitantes en el mundo. Para el año 2021, el país más rico del mundo tenía 639 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, mientras que El Salvador ocupaba el segundo lugar con 562 detenidos por cada 100 mil habitantes. Está por verse si después de las capturas masivas de los últimos días,El Salvador destrona a Estados Unidos de ese bochornoso lugar. Así como lo más común para medir los niveles de violencia es contar el número de muertos, también lo más frecuente, ante los altos niveles de delitos y violencia, es aumentar el presupuesto de seguridad, tener más efectivos, aumentar los castigos y meter a más y más personas a la cárcel. Mientras haya más capturados, se cree que más disminuirá la violencia. Pero las cosas no son tan simples como se pintan. Los estudios sobre encarcelamiento en América Latina y El Caribe sugieren que más personas en las cárceles no representa una solución para los hechos delictivos. Al contrario, en algunos países como en El Salvador mismo, los han aumentado. El presidente y su gobierno están demostrando que, no solo no han cambiado las políticas fallidas de los gobiernos pasados, sino que las repiten, aunque conozca sus resultados. A Bukele, las medidas manoduristas le sirven para reafirmar su perfil de paladín del pueblo que no tiene ningún miramiento para con los delincuentes y para justificar la aprobación de más millones de dólares para combatir a las pandillas, apuesta que ya hicieron los gobiernos anteriores y fracasaron. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 85.

Por José M. Tojeira, S.J. La cruz del Jesús es el resultado de un juicio en el que se mezcla lo religioso y lo político. Se hacía hijo de Dios, blasfemia para los judíos, y se proclamaba rey ante Pilatos, delito para los romanos. Aunque como en todo juicio se barajaran diversas razones, lo cierto es que estaban matando a un hombre bueno, por el simple delito de ser bueno, decir la verdad, y pretender impulsar un camino de bondad que chocaba con los intereses de poder de su tiempo. La razón de matarle fue en el fondo una especie de odio a lo humano de Jesús, que con su palabra de conversión descubría el egoísmo y la soberbia personal, así como la inhumanidad del poder, tanto político como religioso de su tiempo. Quienes lo mataron lo odiaban en su humanidad, al igual que odian lo humano quienes siguen matando o maltratando a otros hoy. Buenos o malos, los asesinados son víctimas del pecado del mundo, de la fuerza bruta y de la absolutización de intereses egoístas, que no vacilan a la hora de destruir lo que se le oponga. No hay miramientos para lo humano ni compasión. Simplemente se odia lo humano de otros porque ofende o no coincide con el yo diferente o con los intereses de los poderosos. La cruz de Jesús es así denuncia de todo odio y de todo acto de prepotencia humana. Y especialmente de todo intento de considerar la muerte como solución de conflictos entre seres humanos. Incluso la guerra más justa, como puede ser la defensiva, contiene el horror de esa tendencia cainita que quiere solucionar los problemas a través de la destrucción del enemigo. La destrucción de la vida no es solución a los problemas humanos, nos dice el crucificado. Al contrario, son las víctimas las que en la medida que sepamos mirarlas y sentir compasión auténtica, comienzan a redimirnos de la brutalidad, de la injusticia, e incluso de la soledad. El ser humano no es un lobo para los demás hombres y mujeres de este mundo, como decía la frase latina popularizada por T. Hobbes, filósofo del siglo XVII. Al contrario, el ser humano, nos dice Jesús, es un hermano y una hermana a quienes hay que amar y servir. La cruz de Jesús denuncia en ese sentido lo que posteriormente el poeta Antonio Machado denominaría como el entigrecimiento de los espíritus. Pero la cruz de Jesús es también acto solidario. San Pablo habla de “la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre” (2 Cor 8, 9). Y la cruz, como la muerte, es el símbolo de la pobreza absoluta. Jesús es solidario con todos los que sufren persecución por la verdad, con todos los pobres, mal tratados, esclavizados, excluidos de nuestras sociedades y condenados a la ruina. Se une a ellos en la cruz, aunque no la merezca. Y de alguna manera se solidariza también, sin ocultar lo injusto de su crimen, con quien tortura y mata, con quien explota y oprime generando muerte, diciéndole al Padre de todo amor que los perdone, “porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). Jesús desde la cruz nos invita siempre a asumir la suerte de los pobres, participar pacíficamente en sus esperanzas y en sus luchas, y al mismo tiempo amar a los injustos diciéndoles la verdad de la brutalidad que cometen cada vez que desprecian, pisotean o destruyen lo humano. Pensar la cruz de Jesús es siempre pensar la vida. Pensar la esperanza que nace del amor. De ese amor tan fuerte, tan realidad divina, que no puede morir. Y por eso estalla en resurrección a los tres días, precisamente cuando parecía que todo estaba perdido. Esa historia de Jesús se repite en tantos de nuestros mártires, solidarios con los pobres y que se han unido ya a la resurrección de Jesús, como Mons. Romero, Rutilio, Cosme, Nelson Manuel y tantos otros. Unidos a la resurrección de Jesús resucitan también en todos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Dios y cuando nos unimos solidariamente a todos los que están hambrientos y sedientos de pan, de justicia y de paz. La cruz de Jesús es siempre fuente de vida. Y de su costado abierto por la lanza nacemos nosotros, Iglesia peregrina, misionera y en salida, solidaria con los pobres, puesta la esperanza en Dios y contribuyendo a la construcción de su Reino, tratando de transformar estas sociedades nuestras tan marcadas por el pecado.

Por José María Tojeira, S.J. En Semana Santa recordamos con frecuencia el mandato de Jesús a sus discípulos: “Ámense unos a otros como Yo les he amado”. Es un mandato universal para todo el que se considere cristiano. Y es un mandato que desobedecemos con demasiada facilidad, pasando del resentimiento al odio, y de éste a la ofensa, que puede llegar incluso a matar. Jesús fue víctima de esta tendencia humana a afirmarnos como seres humanos negando la humanidad de los demás. Y por esa misma razón la tradición cristiana, cuando piensa en la vida en sociedad, además de recordar el mandato básico del amor, recomienda la existencia de normas que defiendan a los débiles e impidan el abuso sobre los indefensos o los que no tienen voz, como decía nuestro San Romero. Normas que no rompan la amistad social, sino que tiendan a aumentarla. En el pensamiento secular, en buena parte inspirado por la tradición cristiana, se puso como principio, en los albores de la democracia, la frase “que nos gobiernen leyes y no personas”. Mientras las personas están sujetas a mayores equivocaciones, la norma es fruto (o debe serlo) del diálogo, de la reflexión y del discernimiento sobre las situaciones históricas en las que viven las colectividades humanas. Protegen a los más débiles universalizando derechos y crean instituciones independientes que supervisen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. En nuestros países centroamericanos, se dio desde muy temprano, en buena parte como herencia colonial, la tendencia a establecer gobiernos muy elitistas que pronto evolucionaron hacia caciquismos regionales y gobiernos militaristas. Salir de la tendencia a que nos gobiernen autoritariamente personas y no normas, es y continúa siendo un proceso largo y conflictivo. La desigualdad social, una plaga muy extendida en nuestros países, no solo genera violencia. Tiende también a generar gobiernos elitistas que rápidamente se convierten al populismo autoritario y paternalista. Para quienes acaparan poder es mejor la costumbre romana de “pan y circo”, con palo y garrote para quienes opinen diferente, que la democracia participativa y con controles de poder. En muchos aspectos nos siguen gobernando personas en vez de leyes. Y eso impide la confianza en las instituciones y la amistad social. En el esfuerzo por construir sociedades democráticas hemos trasladado a nuestras Constituciones los Derechos Humanos, con una mayor o menor universalización de los mismos según contextos históricos. Pero no hemos desarrollado adecuadamente las instituciones que universalicen los derechos constitucionales y controlen los abusos del poder. En la actualidad, además, se utiliza la mayoría parlamentaria y el control de las instituciones incluso para cambiar términos en beneficio y capricho del poder. De este modo la Policía, PNC, puede decir que hubo cero homicidios en un día y un pandillero muerto. Como si matar a un pandillero, aunque fuera en legítima defensa, no fuera un homicidio que se debe investigar y ubicar como tal para eximir de responsabilidades a los ejecutores, si así lo determinan los hechos. Se burlan de los Derechos Humanos sin darse cuenta de que sobre los mismos está construida la propia Constitución. Y se confunde la Constitución con la voluntad mayoritaria de la Asamblea Legislativa o con los deseos y órdenes del Presidente elegido constitucionalmente. Se controlan las instituciones de control, reduciendo los controles a voluntades personales, más allá de la constitución y de los convenios internacionales ratificados por la misma Asamblea Legislativa. Fanatismo y miedo suplantan a la amistad social. En la actualidad, el mandamiento del amor, que reflexionamos y tratamos de vivir de un modo especial en la Semana Santa, al menos los cristianos, no puede vivirse sin amistad social. Y la amistad social se niega cuando el poder de muy pocos se impone a como dé lugar. No hay nada mejor para vivir la amistad social que una democracia de leyes inspirada en la universalidad de los Derechos Humanos. En Semana Santa debemos busca nuestra propia conversión al amor hacia todos, a la justicia y a la paz social y el bien común. Y por eso, en las actuales circunstancias, no debemos olvidar la invitación del Concilio Vaticano II que pide a los cristianos comprometidos en política que se olviden del propio interés y que “luchen con integridad moral y con prudencia contra la intolerancia y absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política al servicio de todos” (Gaudium et Spes 75).

Por Omar Serrano En estos tiempos a mucha gente no le gusta hablar de política, sobre todo en el sentido restringido, es decir, de política partidaria. El cansancio y la decepción por el ejercicio del poder han provocado que mucha gente sea esquiva a hablar sobre el tema. Aunque muchos no se dan cuenta de que guardar silencio acerca de la política ya es una manera de hacerla. Quienes han ejercido la política y han vivido de ella, han hecho que la palabra se asocie a corrupción, suciedad, mentira. En la encuesta de evaluación del año 2021 del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), más de dos tercios de la población (65.2%) expresó no tener partido de preferencia1. A pesar del respaldo mayoritario al presidente, su partido solo obtuvo 27.7% de opiniones favorables. Sin embargo, a pesar de este desencanto y precisamente por eso, es necesario hablar de política, debatir sobre ella, especialmente en un momento de franca devaluación del ejercicio del poder. El jurista y teórico político alemán, Carl Schmitt, prominente miembro del partido Nazi, escribió prolijamente sobre el ejercicio del poder político. Su libro “El Concepto de lo Político”, publicado originalmente en 1927 y después en 1932, ocupa, para estudiosos de su trabajo como Rafael Agapito, un lugar central para entender los presupuestos que subyacen al pensamiento de Schmitt2. Ya en aquel tiempo, el teórico alemán consideró que existen en la cultura política y jurídica moderna dos modelos de convivencia civil y de organización social. La primera es la dialéctica amigo - enemigo, que calificó como una cultura violenta, de destrucción del que se considera adversario. Con el enemigo político solo cuenta el exterminio desde el odio y desde la imposibilidad de un entendimiento. Es lo que Schmitt denomina modelo totalitario del enemigo sustancial. Por contrapartida, el otro modelo es el de las sociedades democráticas, liberales y sociales en el que impera la cultura del respeto a la dignidad humana, a la tolerancia, a los valores y principios, al ordenamiento jurídico, a los derechos, a las elecciones libres. Ambos modelos están enfrentados, son incompatibles porque sus concepciones de la individualidad y de la sociedad son antagónicas. En la dialéctica amigo-enemigo la centralidad la tiene la autoridad indiscutible de quien tiene el poder de decisión, el dictador, Y como su estilo es el de “me apoyas o estás contra mí”, toda aquella persona que manifieste su desacuerdo con algún planteamiento del que decide es un enemigo contra el que se incita a la intolerancia y al irrespeto. Por eso este modelo divide a la sociedad entre buenos y malos. En el segundo modelo la centralidad la tiene la persona como titular de la soberanía. Teóricamente, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República, el origen y la finalidad del Estado es el bienestar de la persona. En la lógica amigo-enemigo, con tal de deslegitimar, reducir y eliminar al enemigo, todo se vale. La mentira se vuelve cotidiana en el ejercicio del poder. Después de todo, como dice Hanna Arendt, “hay una innegable afinidad de la mentira con la política”3. A propósito, el trabajo de Arendt es muy iluminador para los tiempos que vivimos. Ella percibió que en la arena política ascendía y triunfaba la mentira4. Pero lo que nos interesa enfatizar en este breve espacio es que siempre la mezcla de política y odio nunca termina bien y trae consigo resultados dramáticos. El siglo XX nos dejó abundantes ejemplos sobre esto pero, lamentablemente, el desconocimiento de la historia provoca que las desgracias se repitan. La era de la información, con la irrupción de las redes sociales, ha sido escenario para la pauperización del debate político, prácticamente ya inexistente en algunas plataformas. Lo que algunos han llamado “cyber odio” y otros “odialecto” son términos que expresan por sí mismos lo que se destila en el mundo de internet. Pero quienes impulsan la estrategia del odio no lo hacen por capricho, tienen unos objetivos claros: silenciar al otro y, de ser posible, eliminarlo. Por eso probablemente, la población es tolerante al anuncio de la compra de más armas y equipos para combatir al enemigo que merece ser aniquilado. El odio también busca cercenar uno de los derechos fundamentales de la democracia: la libertad de expresión. Discursos que llaman a la violencia y a la agresión son tolerados si son contra los enemigos del régimen, pero a los identificados como contrarios, no se les puede dejar pasar nada. Una mirada al vacío de contenido que se ventila en muchos espacios de las redes sociales hace inevitable preguntarse ¿A quién beneficia el ejercicio de una política que incluye las fake news y los centros de troles? ¿A quién favorece la desaparición del debate político? A quienes buscan saltarse la auditoría ciudadana y el sistema de controles del ejercicio del poder, para tener luz verde para usar el Estado como si fuera su patrimonio. Por eso necesitan no tener controles, a lo

Samuel Barahona, jefe de zona de edificios del Mercado Central de San Salvador informó sobre los cierres de los edificios 8, 9 y 10 el Viernes Santo. Retomando las actividades a partir del fin de semana, solamente el edificio 7 cerraría los tres días, indicó Barahona.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La “guerra contra las pandillas” es celebrada por mentalidades violentas y vengativas, pero es irreal. Piensan que Bukele puede encerrar a los 70 mil pandilleros que dice existen en el país. “Ninguno saldrá libre”, amenazó. Tendrá que construir campos de concentración, desplegar de forma permanente a miles de soldados y policías, y gastar mucho más dinero, aun cuando reduzca la alimentación y la atención básica a los detenidos. Hacinar y maltratar en unas prisiones ya desbordadas es crear condiciones para el estallido de motines carcelarios con más muertos y más sufrimiento de los que dice pretende evitar. Aun cuando solo existe el presente presidencial, cabe recordar que Arena ya lo intentó. No solo fracasó, sino que agravó aún más el problema. En las cárceles, las pandillas consolidaron su estructura organizativa y regentaron una escuela de pandilleros para los jóvenes con quienes compartían el encierro. La brutal represión desatada es el desquite rabioso de un presidente despechado por las pandillas. La cruzada es inviable a mediano plazo. “No hay nada que discutir”, sentenció pedantemente el presidente de la legislatura, ya que, según otro funcionario, “están listos” para enviar a los pandilleros a “la cárcel, el hospital o la muerte”. Pero la situación no es tan clara como dice el oficialismo. ¿Cómo explica que después de que su plan de control territorial haya capturado a unos 9 mil pandilleros desde 2019, estos aún tengan el control del territorio? Si las capturas son el medio eficaz para acabar con ellos, ¿por qué los detenidos en las cárceles de Bukele disminuyeron de 41,112, en 2019 a 27,095 en 2021? ¿Por qué puso en libertad a los jefes reclamados por Estados Unidos? ¿Por qué su Fiscalía redujo el uso de las leyes existentes contra las pandillas en los tribunales? Evidentemente, algo le salió mal. La finalidad de la represión no es hacer justicia a las 87 personas asesinadas en el último fin de semana de marzo. Es un ajuste de cuentas de Bukele con las pandillas. La venganza presidencial no se desquita solo con los pandilleros, sino también con los habitantes de las zonas marginadas. La represión es clasista. Golpea al sector social con menores ingresos, excluido de los servicios públicos y sometido al terror de las pandillas y, ahora, también al del Ejército vengador de Bukele. A pesar de la creciente inversión en el Ejército, casi igual a la de la salud pública, no ha protegido a la población de la violencia de las pandillas. Si lo hubiera hecho, esos 87 asesinatos no se habrían producido. Si alguien no ha protegido a las víctimas, ese es Bukele. A pesar del armamento, de la tecnología y de la cantidad de policías y soldados, no puede erradicar a los pandilleros sin castigar a su entorno. Es más cómodo criminalizar la marginalidad y la juventud. En 1932, la dictadura fusiló a quienes tenían apariencia de campesino. Más tarde, persiguió a quienes parecían revolucionarios y a su entorno. Así masacró en El Mozote y en otros sitios. Ahora, detiene a quienes parecen pandilleros y a quienes conviven con ellos. Una cortina de humo para ocultar el torpe manejo de la seguridad ciudadana. La crisis ha estremecido peligrosamente el fundamento del régimen de los Bukele y ha expuesto sus debilidades. La rapidez y la brutalidad de su reacción no constituyen una manifestación de fuerza, sino de inseguridad e ineptitud hasta el extremo de lo grotesco. Es delirante amenazar con “perseguir [a los pandilleros] con tanquetas, los vamos a perseguir con armas largas, no nos va a importar hacer uso de la fuerza contra los delincuentes”. En su desquiciamiento, el oficialismo amenaza con hacerles pagar “todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población, nosotros se lo vamos a hacer pasar en las cárceles”. No busca justicia, sino vengar el despecho presidencial. No sería extraño que, saciada la sed de venganza, Bukele se entienda de nuevo con las pandillas. Los inocentes torturados, encarcelados y asesinados serán olvidados como daños colaterales del poder. Si no hay arreglo, la dictadura militar, dirigida por un civil, se consolidará. El CEO cool salvadoreño se ha quitado la máscara y ha mostrado su verdadero rostro. El dictador no es cool. Sus soldados y policías detienen y torturan con la misma frialdad y ferocidad que los pandilleros. Mientras el dictador celebra cínicamente la brutalidad de sus esbirros, en la calle siembra desprecio y odio entre los familiares de los no pandilleros y de los pandilleros. Mientras se felicita por los que llenan los restaurantes, los bares, los espectáculos y los centros turísticos, se burla del sufrimiento de las madres, incapaz de distinguir entre el criminal y la madre. La dictadura apuesta por los menos, que tienen para consumir y disfrutar, y se desentiende de la mayoría, que tiene poco o nada. Bukele no puede prevalecer sin reprimir, sin violentar la institucionalidad y sin fraude electoral. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mo

El contenido del Plan Control Territorial siempre ha sido un misterio, a pesar de ser el proyecto estrella del Gobierno de Bukele, impulsado desde el día en que inició su mandato. Lo poco que se sabe es que consta de diversas fases y que las primeras implicaron un amplio despliegue de militares y policías por todo el país, dotados de cascos y chalecos antibalas. A ello siguieron onerosas compras de vehículos, armamento y diverso equipo tecnológico que, según las autoridades, servirían para una más eficaz persecución de pandilleros y del crimen organizado. El Plan alcanzó también a los centros penitenciarios, extremando las medidas extraordinarias ya aplicadas por el Gobierno anterior a fin de evitar cualquier comunicación de los privados de libertad con el exterior. En la versión oficial, gracias a la implementación del desconocido Plan Control Territorial, se logró llevar tranquilidad a las comunidades más violentas del país, bajar los homicidios y los índices de victimización de manera significativa. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaron que la causa de estas mejoras no radicaba en los esfuerzos institucionales, sino en un pacto entre las pandillas y el Gobierno, fruto de negociaciones realizadas de espalda a la población. Pero en los tres primeros días de abril algo provocó que las pandillas decidieran matar a mansalva, llegando a cometer 62 homicidios el 2 de abril, el número de asesinatos en un día más elevado desde el fin de la guerra. Es muy probable que esta ola de homicidios haya sido la modalidad que las pandillas escogieron para presionar al Gobierno a darles una nueva prebenda. A raíz de la matanza, el Gobierno parece haber emprendido un nuevo plan, cuyo primer paso fue la declaración de un régimen de excepción por 30 días que suspendió algunas garantías constitucionales. A continuación se efectuaron miles de capturas, muchas de ellas indiscriminadas y con derroche de violencia. En simultáneo, la Asamblea Legislativa aprobó más recursos para la Policía y el Ejército, y reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos, aumentar las penas y no limitar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada. Además, aprobó disposiciones que le permiten al Gobierno imponer silencio en todo lo que haga referencia a las pandillas. La adición al Código Penal del artículo 345C es en realidad una mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a la vez que una violación al derecho de la población a estar informada. Por su parte, el presidente ha acompañado todo este proceso declarando la guerra a las pandillas y lanzando continuas amenazas de tratos denigrantes a los privados de libertad. Bukele ha llegado a asegurar que no le causa problema irrespetar los derechos de los detenidos y ha acusado a las instancias internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los criminales. Todo apunta a que el nuevo plan, más allá del combate a la actividad delictiva en el país, también pretende dar herramientas para ejercer un mayor control sobre la población. Aprovechando el río revuelto de la violencia, se han limitado los derechos constitucionales y se ha legislado con la ambigüedad suficiente para utilizar las reformas y los nuevos delitos en contra de quien sea. Dado el historial de este Gobierno, lo más seguro es que la oposición, las instancias críticas y todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la verdad y la justicia serán las primeras víctimas.

Al ver policías armados registrando en la calle a niños que van a la escuela, es obligatorio que nos preguntemos por la situación de los derechos del niño en nuestro país. Si a los registros se une el aumento de penas a los menores de edad que cometen algún acto ilegal y que se les quiera juzgar como si fueran adultos, la preocupación aumenta ostensiblemente. Y eso aunque el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología presuma de firmar excelentes convenios con Unicef. Llevar a cabo buenas acciones en favor de los niños no tapa ni borra las acciones estructurales, como lo son el aumento de penas contra el menor infractor, que dañan derechos. También los criminales de guerra, en muchas partes del mundo, trataban bien a los niños que no pertenecían a los sectores de los que desconfiaban. La Ley Penal Juvenil de 1994 significó un cambio positivo para El Salvador. Los legisladores reconocían que el Código de Menores hasta entonces existente no respondía “a los principios reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Era obvia la brutalidad de una legislación que metía en la cárcel, a veces durante años en espera de juicio, a niños de 16 años y los mezclaba con delincuentes adultos en prisiones como Mariona, en aquel tiempo plagada de corrupción, violencia y droga. El país había suscrito unos años antes la Convención sobre los Derechos del Niño, y al ratificarla quedó comprometido a que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Los diputados actuales parece que no han leído esa convención convertida en ley de la República desde su ratificación. Ley, por cierto, incluso superior a las leyes ordinarias que ellos puedan aprobar. Y parece que no la han leído porque piensan en la cárcel como primer recurso y tratan de que permanezcan en ella durante el período más largo posible. Curiosa realidad de que la ley de los “corruptos” de1994 sea más humana y más coherente con convenciones internacionales y con la Constitución que la ley de los diputados “limpios de todo pecado” de este 2022. La Convención sobre los Derechos del Niño descansa sobre cuatro puntos indispensables para la legislación de cualquier país que la haya ratificado: la no discriminación del niño o niña, la primacía del interés superior del menor, la garantía de sobrevivencia con pleno desarrollo de sus capacidades y la participación infantil. Es difícil entender cómo se combinan estos principios con la tendencia a responder cada vez con más violencia estatal y legal a las infracciones de los niños. Cuando se quiere construir cultura de paz, resulta indispensable comenzar desde la primeras generaciones. Pero para ello debe haber alguna forma de cambio o conversión en los adultos respecto al uso de la violencia. Si continuamos pegando a los niños como castigo, estos últimos cuando sean adultos tendrán la tendencia a seguir pegando a quienes les molesten. Al nivel del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, resulta indispensable reducirla lo más que se pueda, especialmente en lo que se refiere a los niños infractores, pues el comportamiento del Estado influye fuertemente y configura buena parte de los criterios de acción de quienes en él conviven. El Estado termina siendo responsable de la violencia de los adultos si es cruel con los niños o alimenta la crueldad contra el menor infractor. Si desde el poder estatal se habla sistemáticamente de perseguir en vez de dialogar, se insulta y se polarizan los debates, condenando a quien no coincide en criterios, no se puede después afirmar que estamos trayendo paz al país. Quienes gustan de defender el castigo duro con la frase veterotestamentaria “Ojo por ojo, diente por diente” no sería malo que meditaran en un texto del libro del Eclesiástico 20, 4: “Como pasión de eunuco por desflorar a una moza, así el que ejecuta la justicia con violencia”.