Editoriales y Opiniones

Editorial UCA Cuando una oligarquía política, social o económica se impone sobre una mayoría de la población, centraliza el poder, controla las instituciones y las utiliza en su beneficio, crea pobreza y desigualdad, sembrando así las semillas de la violencia delictiva. Ante la marginación y la falta de oportunidades, se desata un proceso de resistencia que puede ser político, de huida (vía migración) o delictivo. La respuesta violenta del Estado puede aminorar la violencia delictiva durante un tiempo, al igual que la represión de las manifestaciones pacíficas en favor de derechos sociales puede lograr que cesen. Sin embargo, si la violencia estructural se mantiene, muy pronto resurge la protesta de unos y la violencia de otros. Aumentar penas y militarizar la seguridad pública puede parecer solución, pero si la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades y la desigualdad persisten, solo se perpetúa la cultura de la violencia. En ese contexto, la única paz posible es la del destierro, el encierro o el entierro. El autoritarismo y la violencia constituyen una tentación muy fuerte en una sociedad en la que las instituciones funcionan únicamente para una pequeña proporción de la población, protegiendo los intereses de esa minoría frente a los derechos de la mayoría. Los regímenes autoritarios atacan siempre los derechos humanos, porque estos son universales. Atacan a la prensa, porque esta puede descubrir sus intereses oligárquicos, cuando no corruptos. Atacan a los centros de pensamiento, porque no les gusta la crítica y buscan convertir a la ciudadanía en una masa sumisa y silente. La violencia no es solo dar golpes, sino también impedir la posibilidad de hacer preguntas. Y por eso mismo a los autoritarios les gusta la polarización. Al tener de su lado al Ejército y la Policía, así como la posibilidad de promulgar leyes represivas, emprenden una política de amenaza y desgaste contra quienes les contradicen. El autoritarismo conduce a la corrupción, la ignorancia y la violencia. Una funcionaria salvadoreña decía hace poco que escribir un libro de investigación sobre las pandillas podía convertirse en delito. Las medidas aplicadas a los privados de libertad han venido acompañadas de acusaciones de corrupción contra los administradores de las prisiones. Los encarcelamientos masivos sin garantías judiciales abren un camino de impunidad y brutalidad, y muestran a los opositores el riesgo que corren si alzan demasiado la voz. Trabajar por la paz, el desarrollo inclusivo, el diálogo y la amistad social se convierte así en una tarea peligrosa, pero muy necesaria para evitar que la violencia de los autoritarios engendre violencias más ciegas y destructivas. Quienes trabajan por la paz y el desarrollo pertenecen al ámbito de la verdad humana. Y esa verdad, además de ofrecer siempre un plus de libertad, termina a la larga imponiéndose en el corazón de las mayorías.

Por José María Tojeira, S.J. Cuando un sistema político no hace caso de las advertencias que se le hacen desde la ciudadanía, se corre con mayor o menor velocidad hacia el fracaso, sin importar los recursos, las ideologías, las propagandas o las mentiras que se puedan invertir, desarrollar o inventar. Le pasó a Arena, que en un momento parecía un partido casi eterno e inagotable, con su propio sistema de gobierno plutocrático. Le pasó al FMLN, que fue incapaz de desarrollar un sistema de gobierno realista y con verdadera dinámica de justicia social, limitándose a dar continuidad al sistema anterior con algunos ajustes más abiertos a la democracia, aunque escasos. Y le pasará al actual sistema, hoy con apariencia de todopoderoso, si continúa con la tendencia actual de enfrentamiento y de no hacer caso a lo que en muchos aspectos le repite un sector de la ciudadanía. No se trata de hacer caso en todo, pero sí de reflexionar sobre lo que se le dice, dialogar y tomar medidas que broten más de la reflexión que del capricho autoritario. Porque, en efecto, el actual Gobierno se está convirtiendo en un experto en el tema de no hacer caso de advertencias racionales e incluso legales. Se le dice que no puede discriminar por edad y sigue adelante con la purga de jueces mayores de 60 años. No hace caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando esta le ordena que brinde un informe sobre dos jóvenes a quienes el Ejército desapareció en 1981. Como tampoco obedeció al juez de El Mozote cuando pidió abrir archivos militares. No hacen caso del aumento de precios de los alimentos y el jefe de bancada del partido en el poder se da el lujo de decir que si no fuera por el presidente la comida estaría muy cara. No se hace caso de las normas legales cuando se trata de echar adelante una venganza política e incluso meter presos a quienes de alguna manera estorban los proyectos gubernamentales. Y no se toman en cuenta advertencias muchas veces repetidas que llevan a instituciones gubernamentales a hacer el ridículo internacional. Entre estas últimas está la contradicción y el absurdo, que ya practicaban Arena y el FMLN, de tener una Fiscalía que persigue el crimen al interior del país y que defiende los crímenes y las violaciones de derechos humanos del Estado en las instancias internacionales. Se les ha advertido a los Gobiernos que deben tener instancias distintas para acusar desde el Estado y para defender al mismo. Pero hasta el momento actual todos han preferido esa esquizofrenia fiscal de defender fuera delitos estatales mientras en el interior se persigue a ciudadanos. Cuando el caso de la masacre en la UCA y otros vinculados a violaciones estatales llegaban a instancias internacionales del sistema americano de derechos humanos, allá acudía un fiscal a decir que todo estaba bien en El Salvador. Lo mismo ha sucedido ahora cuando, ante las acusaciones de perseguir a la prensa, un fiscal dice ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en El Salvador no se persigue a la prensa, ni a quienes tienen una posición crítica ante el Gobierno actual. No se hace caso a recomendaciones en temas de política penitenciaria, a pesar (o precisamente por eso) de que con frecuencia se violan derechos de los privados de libertad. Por supuesto, el actual Gobierno no se da por aludido cuando se le recomienda que ratifique los acuerdos de Escazú ni, mucho menos, cuando se le advierte sobre los daños ecológicos del aeropuerto de oriente. No se escucha la petición de que firme el protocolo facultativo a la convención de la tortura o a las convenciones sobre desaparición forzada. Ni parece importarle que las violaciones sexuales continúen en aumento y que haya una enorme impunidad al respecto. No hace caso cuando se le advierte que, ya sea por ignorancia o por mala voluntad, está diciendo mentiras. Y por más respeto con que se les digan las cosas a los funcionarios, incluso amenazan con llevar a la Fiscalía a cualquier persona que les diga que están diciendo falsedades. La hipocresía y hacer el ridículo poniendo rostro de persona honorable ha sido una característica permanente, diríamos que secular, de demasiados políticos, dentro y fuera de nuestro país. Pero los políticos y seguidores del partido en el poder se están llevando un Óscar con las actuaciones sordas y cerradas a cualquier tipo de advertencia crítica que se les pueda hacer. Eso, más temprano que tarde, termina llevando al fracaso. Solo el diálogo abre puertas al futuro.

En estos días de excepción y de capturas masivas e indiscriminadas, se escuchan voces, lideradas por Bukele, que claman venganza contra los pandilleros. Aunque es natural y — hasta cierto punto— comprensible, la venganza obedece a un instinto primitivo, pero no revive a los asesinados, ni aparece a los desaparecidos, ni transforma el sufrimiento en regocijo. Tampoco iguala la desigualdad social, ni da acceso a los servicios públicos, ni trae paz donde hay violencia. La venganza solo destruye. Pese a ello, existe el convencimiento de que el sufrimiento y la muerte infligidas al otro resarcirán la pérdida y sanarán el dolor. Por eso, la venganza es una fuerza auténtica y poderosa, pero no cura las heridas. Probablemente, las empeora. La venganza introduce en un círculo tóxico del cual es difícil escapar. La venganza se agota en sí misma y no supera el desconsuelo. Al contrario, vuelve la pérdida más dolorosa y amarga. La venganza atrapa en el objeto de su desquite, en el daño que inflige y en la amargura. La reacción vengativa del régimen de Bukele no erradicará la violencia social, mucho menos cuando es cuestión de llenar cuotas de capturados, no de delincuentes. El régimen contiene la violencia momentáneamente con la represión hasta que explote de forma más destructiva por otro lado. Ensoberbecido por su poder y engañado por la respuesta facilitona, ratifica la violencia como forma de convivencia. No habla de justicia social, sino de castigo implacable y de desquite. La represión ahonda la división social, el resentimiento y el odio, los cuales, en su momento, reclamarán venganza. Y así sucesivamente. La venganza retiene en el pasado y cierra el futuro. Muchas de las voces que claman venganza y disfrutan la humillación, tortura y muerte de los pandilleros se dicen cristianas. Asisten al templo o al culto, tal vez leen con frecuencia la Escritura y entonan himnos de alabanza. A esas voces hay que recordarles que después de que Caín asesinara a su hermano Abel, Dios no lo destruyó. Al contrario, lo marcó para que nadie le hiciera daño. Dios no desea venganza, sino conversión y misericordia. En el Calvario, recuerda el papa Francisco en su magisterio del Domingo de Ramos, el poder político y religioso invita cínicamente a Jesús a pensar en sí mismo, en sus intereses y en su éxito. Pero él no lo reprende ni lo amenaza con castigos divinos. Tampoco grita su rabia y su sufrimiento. Reza por los malvados y concede misericordia a uno de los malhechores crucificados que tiene al lado. Desde la dura experiencia de Jesús de amar a los enemigos que lo crucifican, el papa invita a pensar en quién nos ha herido, ofendido, encolerizado o desilusionado. “¡Cuánto tiempo perdemos pensando en quienes nos han hecho daño! […] lamentándonos las heridas que nos han causado los otros, la vida, la historia”. Jesús nos enseña a romper ese círculo vicioso del mal con el amor y “la caricia del perdón”. Es imposible ser cristiano con “instinto rencoroso”. “Si queremos verificar nuestra pertenencia a Cristo, veamos cómo nos comportamos con quienes nos han herido”. El crucificado no solo implora el perdón para sus asesinos, también aduce el motivo: no saben lo que hacen. Jesús justifica a los violentos, porque no saben. Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni de los demás, que somos hermanos. El ignorante comete crueldades absurdas. Dios ve en cada uno a un hijo y a una hija. No separa en buenos y malos, en amigos y enemigos, tal como hace el mundo. Todos somos hijos amados, a quienes desea abrazar y perdonar. En el Calvario, todos escucharon a Jesús pedir perdón, pero solo uno se acogió a él. Uno de los malhechores descubrió que en ese perdón había lugar para él. En el infierno del mundo, vio cómo se abría la salvación: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Dios hace lo mismo con todos. No se cansa de perdonar. En el Calvario, Jesús se erige en nuestro abogado, no en nuestro fiscal. Las enemistades, los odios y la violencia lo hacen sufrir, pero tiene un solo deseo: perdonarnos. El perdón brota de los horrores de la cruz. Nunca, enfatiza el papa, hemos escuchado palabras más bondadosas. Nunca hemos recibido una mirada más tierna y compasiva ni un abrazo más amoroso. El papa nos invita a dar gracias por ese perdón, “aun cuando a mí me cuesta amarme y perdonarme”. Jesús, al mirar la sociedad salvadoreña herida y violenta, no se cansa de repetir: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Pero para renunciar a la venganza hacen falta mucha valentía, mucha seguridad en uno mismo y una mente clara. Contrario a las apariencias, la firmeza y la determinación no hay que ponerlas en la institucionalización de la violencia, sino en erradicar sus raíces. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso 07/04/2022 Tanto los asesinatos cometidos durante el repunte de homicidios como las masivas capturas en el Estado de Excepción son de personas de los sectores populares, de las zonas periféricas de las ciudades, de la zona rural más abandonada del país. Nombres como Soyapango, Apopa, Tonacatepeque, El Congo, etc. son los que han sonado en estos días. En 24 horas de aplicación del Estado de Excepción la policía informó de más de 1,400 capturas en 50 operativos. Por lo menos en los reportes no figuran las zonas residenciales y privilegiadas de las ciudades. Una semana después de iniciada la respuesta del gobierno, oficialmente se reportaron más de 4000 detenciones, la inmensa mayoría de personas pobres. De hecho, las catalogadas por la policía como “zonas rojas” por su peligrosidad se ubican en los sectores populosos en los que los servicios básicos no están garantizados. Entonces, ¿La delincuencia es patrimonio de la pobreza o, en el mejor de los casos, es consecuencia de ella? Este tipo de afirmaciones se ha extendido en el mundo, incluso en instancias internacionales que atribuyen a la pobreza y a la desigualdad el aumento de los índices delictivos. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de generalizaciones porque no son ciertas. La pobreza es un gravísimo problema que amerita todos los esfuerzos posibles para reducirla, pero no hay que perder de vista que hay países en África o aquí cerca en Centroamérica que tienen mayores niveles de pobreza que El Salvador y reflejan menores índices de homicidios y de hechos delictivos. La carencia de recursos económicos no aumenta la propensión a aumentar los hechos delictivos. Por el contrario, no se puede olvidar que quienes en el pasado extrajeron millones de dólares del erario público o quienes lo siguen haciendo en la actualidad no son, o ya no son a estas alturas, miembros de sectores populares sino de estratos superiores económicamente hablando. Quizá entonces lo que se criminaliza no es tanto la pobreza en sí misma, sino a los pobres. Quizá también de ello se deriva la aporofobia o el miedo a los pobres como señala Adela Cortina. No se teme tanto a la pobreza como a los pobres, aunque a muchos les aterre la sola idea de no poder conservar su nivel de vida desahogado. Trabajos de investigación periodística han revelado que los 62 homicidios perpetrados el sábado 26 de marzo ocurrieron en 44 municipios de 12 departamentos del país. 47 de esos homicidios fueron de personas que no pertenecían a las pandillas y básicamente eran vendedores, albañiles, obreros, taxistas, amas de casa, campesinos y un largo etcétera de los oficios más humildes y menos remunerados del mercado laboral. Es decir, los asesinatos fueron de gente pobre. Lo mismo puede coludirse de las imágenes transmitidas prolijamente por instancias del Estado de los capturados en este tiempo. Las cárceles están llenas de presuntos delincuentes, pero de comprobados pobres. El Salvador y Estados Unidos comparten algo: son los países con los índices de personas privadas de libertad más altos por cada 100 mil habitantes en el mundo. Para el año 2021, el país más rico del mundo tenía 639 personas detenidas por cada 100 mil habitantes, mientras que El Salvador ocupaba el segundo lugar con 562 detenidos por cada 100 mil habitantes. Está por verse si después de las capturas masivas de los últimos días,El Salvador destrona a Estados Unidos de ese bochornoso lugar. Así como lo más común para medir los niveles de violencia es contar el número de muertos, también lo más frecuente, ante los altos niveles de delitos y violencia, es aumentar el presupuesto de seguridad, tener más efectivos, aumentar los castigos y meter a más y más personas a la cárcel. Mientras haya más capturados, se cree que más disminuirá la violencia. Pero las cosas no son tan simples como se pintan. Los estudios sobre encarcelamiento en América Latina y El Caribe sugieren que más personas en las cárceles no representa una solución para los hechos delictivos. Al contrario, en algunos países como en El Salvador mismo, los han aumentado. El presidente y su gobierno están demostrando que, no solo no han cambiado las políticas fallidas de los gobiernos pasados, sino que las repiten, aunque conozca sus resultados. A Bukele, las medidas manoduristas le sirven para reafirmar su perfil de paladín del pueblo que no tiene ningún miramiento para con los delincuentes y para justificar la aprobación de más millones de dólares para combatir a las pandillas, apuesta que ya hicieron los gobiernos anteriores y fracasaron. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 85.

Por José M. Tojeira, S.J. La cruz del Jesús es el resultado de un juicio en el que se mezcla lo religioso y lo político. Se hacía hijo de Dios, blasfemia para los judíos, y se proclamaba rey ante Pilatos, delito para los romanos. Aunque como en todo juicio se barajaran diversas razones, lo cierto es que estaban matando a un hombre bueno, por el simple delito de ser bueno, decir la verdad, y pretender impulsar un camino de bondad que chocaba con los intereses de poder de su tiempo. La razón de matarle fue en el fondo una especie de odio a lo humano de Jesús, que con su palabra de conversión descubría el egoísmo y la soberbia personal, así como la inhumanidad del poder, tanto político como religioso de su tiempo. Quienes lo mataron lo odiaban en su humanidad, al igual que odian lo humano quienes siguen matando o maltratando a otros hoy. Buenos o malos, los asesinados son víctimas del pecado del mundo, de la fuerza bruta y de la absolutización de intereses egoístas, que no vacilan a la hora de destruir lo que se le oponga. No hay miramientos para lo humano ni compasión. Simplemente se odia lo humano de otros porque ofende o no coincide con el yo diferente o con los intereses de los poderosos. La cruz de Jesús es así denuncia de todo odio y de todo acto de prepotencia humana. Y especialmente de todo intento de considerar la muerte como solución de conflictos entre seres humanos. Incluso la guerra más justa, como puede ser la defensiva, contiene el horror de esa tendencia cainita que quiere solucionar los problemas a través de la destrucción del enemigo. La destrucción de la vida no es solución a los problemas humanos, nos dice el crucificado. Al contrario, son las víctimas las que en la medida que sepamos mirarlas y sentir compasión auténtica, comienzan a redimirnos de la brutalidad, de la injusticia, e incluso de la soledad. El ser humano no es un lobo para los demás hombres y mujeres de este mundo, como decía la frase latina popularizada por T. Hobbes, filósofo del siglo XVII. Al contrario, el ser humano, nos dice Jesús, es un hermano y una hermana a quienes hay que amar y servir. La cruz de Jesús denuncia en ese sentido lo que posteriormente el poeta Antonio Machado denominaría como el entigrecimiento de los espíritus. Pero la cruz de Jesús es también acto solidario. San Pablo habla de “la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre” (2 Cor 8, 9). Y la cruz, como la muerte, es el símbolo de la pobreza absoluta. Jesús es solidario con todos los que sufren persecución por la verdad, con todos los pobres, mal tratados, esclavizados, excluidos de nuestras sociedades y condenados a la ruina. Se une a ellos en la cruz, aunque no la merezca. Y de alguna manera se solidariza también, sin ocultar lo injusto de su crimen, con quien tortura y mata, con quien explota y oprime generando muerte, diciéndole al Padre de todo amor que los perdone, “porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34). Jesús desde la cruz nos invita siempre a asumir la suerte de los pobres, participar pacíficamente en sus esperanzas y en sus luchas, y al mismo tiempo amar a los injustos diciéndoles la verdad de la brutalidad que cometen cada vez que desprecian, pisotean o destruyen lo humano. Pensar la cruz de Jesús es siempre pensar la vida. Pensar la esperanza que nace del amor. De ese amor tan fuerte, tan realidad divina, que no puede morir. Y por eso estalla en resurrección a los tres días, precisamente cuando parecía que todo estaba perdido. Esa historia de Jesús se repite en tantos de nuestros mártires, solidarios con los pobres y que se han unido ya a la resurrección de Jesús, como Mons. Romero, Rutilio, Cosme, Nelson Manuel y tantos otros. Unidos a la resurrección de Jesús resucitan también en todos nosotros cuando ponemos nuestra confianza en Dios y cuando nos unimos solidariamente a todos los que están hambrientos y sedientos de pan, de justicia y de paz. La cruz de Jesús es siempre fuente de vida. Y de su costado abierto por la lanza nacemos nosotros, Iglesia peregrina, misionera y en salida, solidaria con los pobres, puesta la esperanza en Dios y contribuyendo a la construcción de su Reino, tratando de transformar estas sociedades nuestras tan marcadas por el pecado.

Por José María Tojeira, S.J. En Semana Santa recordamos con frecuencia el mandato de Jesús a sus discípulos: “Ámense unos a otros como Yo les he amado”. Es un mandato universal para todo el que se considere cristiano. Y es un mandato que desobedecemos con demasiada facilidad, pasando del resentimiento al odio, y de éste a la ofensa, que puede llegar incluso a matar. Jesús fue víctima de esta tendencia humana a afirmarnos como seres humanos negando la humanidad de los demás. Y por esa misma razón la tradición cristiana, cuando piensa en la vida en sociedad, además de recordar el mandato básico del amor, recomienda la existencia de normas que defiendan a los débiles e impidan el abuso sobre los indefensos o los que no tienen voz, como decía nuestro San Romero. Normas que no rompan la amistad social, sino que tiendan a aumentarla. En el pensamiento secular, en buena parte inspirado por la tradición cristiana, se puso como principio, en los albores de la democracia, la frase “que nos gobiernen leyes y no personas”. Mientras las personas están sujetas a mayores equivocaciones, la norma es fruto (o debe serlo) del diálogo, de la reflexión y del discernimiento sobre las situaciones históricas en las que viven las colectividades humanas. Protegen a los más débiles universalizando derechos y crean instituciones independientes que supervisen el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ley. En nuestros países centroamericanos, se dio desde muy temprano, en buena parte como herencia colonial, la tendencia a establecer gobiernos muy elitistas que pronto evolucionaron hacia caciquismos regionales y gobiernos militaristas. Salir de la tendencia a que nos gobiernen autoritariamente personas y no normas, es y continúa siendo un proceso largo y conflictivo. La desigualdad social, una plaga muy extendida en nuestros países, no solo genera violencia. Tiende también a generar gobiernos elitistas que rápidamente se convierten al populismo autoritario y paternalista. Para quienes acaparan poder es mejor la costumbre romana de “pan y circo”, con palo y garrote para quienes opinen diferente, que la democracia participativa y con controles de poder. En muchos aspectos nos siguen gobernando personas en vez de leyes. Y eso impide la confianza en las instituciones y la amistad social. En el esfuerzo por construir sociedades democráticas hemos trasladado a nuestras Constituciones los Derechos Humanos, con una mayor o menor universalización de los mismos según contextos históricos. Pero no hemos desarrollado adecuadamente las instituciones que universalicen los derechos constitucionales y controlen los abusos del poder. En la actualidad, además, se utiliza la mayoría parlamentaria y el control de las instituciones incluso para cambiar términos en beneficio y capricho del poder. De este modo la Policía, PNC, puede decir que hubo cero homicidios en un día y un pandillero muerto. Como si matar a un pandillero, aunque fuera en legítima defensa, no fuera un homicidio que se debe investigar y ubicar como tal para eximir de responsabilidades a los ejecutores, si así lo determinan los hechos. Se burlan de los Derechos Humanos sin darse cuenta de que sobre los mismos está construida la propia Constitución. Y se confunde la Constitución con la voluntad mayoritaria de la Asamblea Legislativa o con los deseos y órdenes del Presidente elegido constitucionalmente. Se controlan las instituciones de control, reduciendo los controles a voluntades personales, más allá de la constitución y de los convenios internacionales ratificados por la misma Asamblea Legislativa. Fanatismo y miedo suplantan a la amistad social. En la actualidad, el mandamiento del amor, que reflexionamos y tratamos de vivir de un modo especial en la Semana Santa, al menos los cristianos, no puede vivirse sin amistad social. Y la amistad social se niega cuando el poder de muy pocos se impone a como dé lugar. No hay nada mejor para vivir la amistad social que una democracia de leyes inspirada en la universalidad de los Derechos Humanos. En Semana Santa debemos busca nuestra propia conversión al amor hacia todos, a la justicia y a la paz social y el bien común. Y por eso, en las actuales circunstancias, no debemos olvidar la invitación del Concilio Vaticano II que pide a los cristianos comprometidos en política que se olviden del propio interés y que “luchen con integridad moral y con prudencia contra la intolerancia y absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política al servicio de todos” (Gaudium et Spes 75).

Por Omar Serrano En estos tiempos a mucha gente no le gusta hablar de política, sobre todo en el sentido restringido, es decir, de política partidaria. El cansancio y la decepción por el ejercicio del poder han provocado que mucha gente sea esquiva a hablar sobre el tema. Aunque muchos no se dan cuenta de que guardar silencio acerca de la política ya es una manera de hacerla. Quienes han ejercido la política y han vivido de ella, han hecho que la palabra se asocie a corrupción, suciedad, mentira. En la encuesta de evaluación del año 2021 del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop), más de dos tercios de la población (65.2%) expresó no tener partido de preferencia1. A pesar del respaldo mayoritario al presidente, su partido solo obtuvo 27.7% de opiniones favorables. Sin embargo, a pesar de este desencanto y precisamente por eso, es necesario hablar de política, debatir sobre ella, especialmente en un momento de franca devaluación del ejercicio del poder. El jurista y teórico político alemán, Carl Schmitt, prominente miembro del partido Nazi, escribió prolijamente sobre el ejercicio del poder político. Su libro “El Concepto de lo Político”, publicado originalmente en 1927 y después en 1932, ocupa, para estudiosos de su trabajo como Rafael Agapito, un lugar central para entender los presupuestos que subyacen al pensamiento de Schmitt2. Ya en aquel tiempo, el teórico alemán consideró que existen en la cultura política y jurídica moderna dos modelos de convivencia civil y de organización social. La primera es la dialéctica amigo - enemigo, que calificó como una cultura violenta, de destrucción del que se considera adversario. Con el enemigo político solo cuenta el exterminio desde el odio y desde la imposibilidad de un entendimiento. Es lo que Schmitt denomina modelo totalitario del enemigo sustancial. Por contrapartida, el otro modelo es el de las sociedades democráticas, liberales y sociales en el que impera la cultura del respeto a la dignidad humana, a la tolerancia, a los valores y principios, al ordenamiento jurídico, a los derechos, a las elecciones libres. Ambos modelos están enfrentados, son incompatibles porque sus concepciones de la individualidad y de la sociedad son antagónicas. En la dialéctica amigo-enemigo la centralidad la tiene la autoridad indiscutible de quien tiene el poder de decisión, el dictador, Y como su estilo es el de “me apoyas o estás contra mí”, toda aquella persona que manifieste su desacuerdo con algún planteamiento del que decide es un enemigo contra el que se incita a la intolerancia y al irrespeto. Por eso este modelo divide a la sociedad entre buenos y malos. En el segundo modelo la centralidad la tiene la persona como titular de la soberanía. Teóricamente, como dice el artículo 1 de la Constitución de la República, el origen y la finalidad del Estado es el bienestar de la persona. En la lógica amigo-enemigo, con tal de deslegitimar, reducir y eliminar al enemigo, todo se vale. La mentira se vuelve cotidiana en el ejercicio del poder. Después de todo, como dice Hanna Arendt, “hay una innegable afinidad de la mentira con la política”3. A propósito, el trabajo de Arendt es muy iluminador para los tiempos que vivimos. Ella percibió que en la arena política ascendía y triunfaba la mentira4. Pero lo que nos interesa enfatizar en este breve espacio es que siempre la mezcla de política y odio nunca termina bien y trae consigo resultados dramáticos. El siglo XX nos dejó abundantes ejemplos sobre esto pero, lamentablemente, el desconocimiento de la historia provoca que las desgracias se repitan. La era de la información, con la irrupción de las redes sociales, ha sido escenario para la pauperización del debate político, prácticamente ya inexistente en algunas plataformas. Lo que algunos han llamado “cyber odio” y otros “odialecto” son términos que expresan por sí mismos lo que se destila en el mundo de internet. Pero quienes impulsan la estrategia del odio no lo hacen por capricho, tienen unos objetivos claros: silenciar al otro y, de ser posible, eliminarlo. Por eso probablemente, la población es tolerante al anuncio de la compra de más armas y equipos para combatir al enemigo que merece ser aniquilado. El odio también busca cercenar uno de los derechos fundamentales de la democracia: la libertad de expresión. Discursos que llaman a la violencia y a la agresión son tolerados si son contra los enemigos del régimen, pero a los identificados como contrarios, no se les puede dejar pasar nada. Una mirada al vacío de contenido que se ventila en muchos espacios de las redes sociales hace inevitable preguntarse ¿A quién beneficia el ejercicio de una política que incluye las fake news y los centros de troles? ¿A quién favorece la desaparición del debate político? A quienes buscan saltarse la auditoría ciudadana y el sistema de controles del ejercicio del poder, para tener luz verde para usar el Estado como si fuera su patrimonio. Por eso necesitan no tener controles, a lo

Samuel Barahona, jefe de zona de edificios del Mercado Central de San Salvador informó sobre los cierres de los edificios 8, 9 y 10 el Viernes Santo. Retomando las actividades a partir del fin de semana, solamente el edificio 7 cerraría los tres días, indicó Barahona.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La “guerra contra las pandillas” es celebrada por mentalidades violentas y vengativas, pero es irreal. Piensan que Bukele puede encerrar a los 70 mil pandilleros que dice existen en el país. “Ninguno saldrá libre”, amenazó. Tendrá que construir campos de concentración, desplegar de forma permanente a miles de soldados y policías, y gastar mucho más dinero, aun cuando reduzca la alimentación y la atención básica a los detenidos. Hacinar y maltratar en unas prisiones ya desbordadas es crear condiciones para el estallido de motines carcelarios con más muertos y más sufrimiento de los que dice pretende evitar. Aun cuando solo existe el presente presidencial, cabe recordar que Arena ya lo intentó. No solo fracasó, sino que agravó aún más el problema. En las cárceles, las pandillas consolidaron su estructura organizativa y regentaron una escuela de pandilleros para los jóvenes con quienes compartían el encierro. La brutal represión desatada es el desquite rabioso de un presidente despechado por las pandillas. La cruzada es inviable a mediano plazo. “No hay nada que discutir”, sentenció pedantemente el presidente de la legislatura, ya que, según otro funcionario, “están listos” para enviar a los pandilleros a “la cárcel, el hospital o la muerte”. Pero la situación no es tan clara como dice el oficialismo. ¿Cómo explica que después de que su plan de control territorial haya capturado a unos 9 mil pandilleros desde 2019, estos aún tengan el control del territorio? Si las capturas son el medio eficaz para acabar con ellos, ¿por qué los detenidos en las cárceles de Bukele disminuyeron de 41,112, en 2019 a 27,095 en 2021? ¿Por qué puso en libertad a los jefes reclamados por Estados Unidos? ¿Por qué su Fiscalía redujo el uso de las leyes existentes contra las pandillas en los tribunales? Evidentemente, algo le salió mal. La finalidad de la represión no es hacer justicia a las 87 personas asesinadas en el último fin de semana de marzo. Es un ajuste de cuentas de Bukele con las pandillas. La venganza presidencial no se desquita solo con los pandilleros, sino también con los habitantes de las zonas marginadas. La represión es clasista. Golpea al sector social con menores ingresos, excluido de los servicios públicos y sometido al terror de las pandillas y, ahora, también al del Ejército vengador de Bukele. A pesar de la creciente inversión en el Ejército, casi igual a la de la salud pública, no ha protegido a la población de la violencia de las pandillas. Si lo hubiera hecho, esos 87 asesinatos no se habrían producido. Si alguien no ha protegido a las víctimas, ese es Bukele. A pesar del armamento, de la tecnología y de la cantidad de policías y soldados, no puede erradicar a los pandilleros sin castigar a su entorno. Es más cómodo criminalizar la marginalidad y la juventud. En 1932, la dictadura fusiló a quienes tenían apariencia de campesino. Más tarde, persiguió a quienes parecían revolucionarios y a su entorno. Así masacró en El Mozote y en otros sitios. Ahora, detiene a quienes parecen pandilleros y a quienes conviven con ellos. Una cortina de humo para ocultar el torpe manejo de la seguridad ciudadana. La crisis ha estremecido peligrosamente el fundamento del régimen de los Bukele y ha expuesto sus debilidades. La rapidez y la brutalidad de su reacción no constituyen una manifestación de fuerza, sino de inseguridad e ineptitud hasta el extremo de lo grotesco. Es delirante amenazar con “perseguir [a los pandilleros] con tanquetas, los vamos a perseguir con armas largas, no nos va a importar hacer uso de la fuerza contra los delincuentes”. En su desquiciamiento, el oficialismo amenaza con hacerles pagar “todo el sufrimiento que le han hecho estos bastardos a la población, nosotros se lo vamos a hacer pasar en las cárceles”. No busca justicia, sino vengar el despecho presidencial. No sería extraño que, saciada la sed de venganza, Bukele se entienda de nuevo con las pandillas. Los inocentes torturados, encarcelados y asesinados serán olvidados como daños colaterales del poder. Si no hay arreglo, la dictadura militar, dirigida por un civil, se consolidará. El CEO cool salvadoreño se ha quitado la máscara y ha mostrado su verdadero rostro. El dictador no es cool. Sus soldados y policías detienen y torturan con la misma frialdad y ferocidad que los pandilleros. Mientras el dictador celebra cínicamente la brutalidad de sus esbirros, en la calle siembra desprecio y odio entre los familiares de los no pandilleros y de los pandilleros. Mientras se felicita por los que llenan los restaurantes, los bares, los espectáculos y los centros turísticos, se burla del sufrimiento de las madres, incapaz de distinguir entre el criminal y la madre. La dictadura apuesta por los menos, que tienen para consumir y disfrutar, y se desentiende de la mayoría, que tiene poco o nada. Bukele no puede prevalecer sin reprimir, sin violentar la institucionalidad y sin fraude electoral. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mo

El contenido del Plan Control Territorial siempre ha sido un misterio, a pesar de ser el proyecto estrella del Gobierno de Bukele, impulsado desde el día en que inició su mandato. Lo poco que se sabe es que consta de diversas fases y que las primeras implicaron un amplio despliegue de militares y policías por todo el país, dotados de cascos y chalecos antibalas. A ello siguieron onerosas compras de vehículos, armamento y diverso equipo tecnológico que, según las autoridades, servirían para una más eficaz persecución de pandilleros y del crimen organizado. El Plan alcanzó también a los centros penitenciarios, extremando las medidas extraordinarias ya aplicadas por el Gobierno anterior a fin de evitar cualquier comunicación de los privados de libertad con el exterior. En la versión oficial, gracias a la implementación del desconocido Plan Control Territorial, se logró llevar tranquilidad a las comunidades más violentas del país, bajar los homicidios y los índices de victimización de manera significativa. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaron que la causa de estas mejoras no radicaba en los esfuerzos institucionales, sino en un pacto entre las pandillas y el Gobierno, fruto de negociaciones realizadas de espalda a la población. Pero en los tres primeros días de abril algo provocó que las pandillas decidieran matar a mansalva, llegando a cometer 62 homicidios el 2 de abril, el número de asesinatos en un día más elevado desde el fin de la guerra. Es muy probable que esta ola de homicidios haya sido la modalidad que las pandillas escogieron para presionar al Gobierno a darles una nueva prebenda. A raíz de la matanza, el Gobierno parece haber emprendido un nuevo plan, cuyo primer paso fue la declaración de un régimen de excepción por 30 días que suspendió algunas garantías constitucionales. A continuación se efectuaron miles de capturas, muchas de ellas indiscriminadas y con derroche de violencia. En simultáneo, la Asamblea Legislativa aprobó más recursos para la Policía y el Ejército, y reformó el Código Penal para incluir nuevos delitos, aumentar las penas y no limitar el tiempo en que una persona puede permanecer detenida sin ser juzgada. Además, aprobó disposiciones que le permiten al Gobierno imponer silencio en todo lo que haga referencia a las pandillas. La adición al Código Penal del artículo 345C es en realidad una mordaza a la libertad de prensa y a la libertad de expresión, a la vez que una violación al derecho de la población a estar informada. Por su parte, el presidente ha acompañado todo este proceso declarando la guerra a las pandillas y lanzando continuas amenazas de tratos denigrantes a los privados de libertad. Bukele ha llegado a asegurar que no le causa problema irrespetar los derechos de los detenidos y ha acusado a las instancias internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos de estar del lado de los criminales. Todo apunta a que el nuevo plan, más allá del combate a la actividad delictiva en el país, también pretende dar herramientas para ejercer un mayor control sobre la población. Aprovechando el río revuelto de la violencia, se han limitado los derechos constitucionales y se ha legislado con la ambigüedad suficiente para utilizar las reformas y los nuevos delitos en contra de quien sea. Dado el historial de este Gobierno, lo más seguro es que la oposición, las instancias críticas y todas aquellas personas e instituciones comprometidas con la verdad y la justicia serán las primeras víctimas.

Al ver policías armados registrando en la calle a niños que van a la escuela, es obligatorio que nos preguntemos por la situación de los derechos del niño en nuestro país. Si a los registros se une el aumento de penas a los menores de edad que cometen algún acto ilegal y que se les quiera juzgar como si fueran adultos, la preocupación aumenta ostensiblemente. Y eso aunque el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología presuma de firmar excelentes convenios con Unicef. Llevar a cabo buenas acciones en favor de los niños no tapa ni borra las acciones estructurales, como lo son el aumento de penas contra el menor infractor, que dañan derechos. También los criminales de guerra, en muchas partes del mundo, trataban bien a los niños que no pertenecían a los sectores de los que desconfiaban. La Ley Penal Juvenil de 1994 significó un cambio positivo para El Salvador. Los legisladores reconocían que el Código de Menores hasta entonces existente no respondía “a los principios reconocidos en la Constitución y en la legislación internacional, respecto del menor que ha infringido la ley penal”. Era obvia la brutalidad de una legislación que metía en la cárcel, a veces durante años en espera de juicio, a niños de 16 años y los mezclaba con delincuentes adultos en prisiones como Mariona, en aquel tiempo plagada de corrupción, violencia y droga. El país había suscrito unos años antes la Convención sobre los Derechos del Niño, y al ratificarla quedó comprometido a que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”. Los diputados actuales parece que no han leído esa convención convertida en ley de la República desde su ratificación. Ley, por cierto, incluso superior a las leyes ordinarias que ellos puedan aprobar. Y parece que no la han leído porque piensan en la cárcel como primer recurso y tratan de que permanezcan en ella durante el período más largo posible. Curiosa realidad de que la ley de los “corruptos” de1994 sea más humana y más coherente con convenciones internacionales y con la Constitución que la ley de los diputados “limpios de todo pecado” de este 2022. La Convención sobre los Derechos del Niño descansa sobre cuatro puntos indispensables para la legislación de cualquier país que la haya ratificado: la no discriminación del niño o niña, la primacía del interés superior del menor, la garantía de sobrevivencia con pleno desarrollo de sus capacidades y la participación infantil. Es difícil entender cómo se combinan estos principios con la tendencia a responder cada vez con más violencia estatal y legal a las infracciones de los niños. Cuando se quiere construir cultura de paz, resulta indispensable comenzar desde la primeras generaciones. Pero para ello debe haber alguna forma de cambio o conversión en los adultos respecto al uso de la violencia. Si continuamos pegando a los niños como castigo, estos últimos cuando sean adultos tendrán la tendencia a seguir pegando a quienes les molesten. Al nivel del Estado, que tiene el monopolio de la violencia, resulta indispensable reducirla lo más que se pueda, especialmente en lo que se refiere a los niños infractores, pues el comportamiento del Estado influye fuertemente y configura buena parte de los criterios de acción de quienes en él conviven. El Estado termina siendo responsable de la violencia de los adultos si es cruel con los niños o alimenta la crueldad contra el menor infractor. Si desde el poder estatal se habla sistemáticamente de perseguir en vez de dialogar, se insulta y se polarizan los debates, condenando a quien no coincide en criterios, no se puede después afirmar que estamos trayendo paz al país. Quienes gustan de defender el castigo duro con la frase veterotestamentaria “Ojo por ojo, diente por diente” no sería malo que meditaran en un texto del libro del Eclesiástico 20, 4: “Como pasión de eunuco por desflorar a una moza, así el que ejecuta la justicia con violencia”.

En su libro Los costos de la desigualdad en Latinoamérica, el profesor de Oxford Diego Sánchez-Ancochea describe el impacto económico, social y político de la desigualdad. El libro hace referencia a que el descontento de la población genera condiciones para el ascenso de líderes populistas que “son críticos de los políticos tradicionales y aman presentar la realidad en blanco y negro. Ellos son los únicos buenos, protegiendo al pueblo de la oligarquía y defendiendo a las naciones de amenazas externas”. Sin lugar a duda, la descripción resulta familiar. El presidente Bukele ha catalogado de oposición a todo el que no comparta el 100% de sus propuestas, se ha presentado como la alternativa de “los mismos de siempre” y ataca constantemente a organismos internacionales que cuestionan con justa razón sus continuos arrebates autoritarios. A pesar de sus numerosos ataques a la democracia, Bukele ha logrado mantener su popularidad. En ese sentido, vale la pena recordar la advertencia de Martín-Baró: “La ausencia de un conocimiento profundo, amplio y científico sobre la realidad de El Salvador nos lleva a menudo a confundir los problemas del pueblo salvadoreño con los problemas que a nosotros nos pueden preocupar, interesar o aparecer como más importantes”. Ciertamente, es difícil apreciar el respeto a la Constitución, la transparencia o el debido proceso cuando esto ha subsistido con un modelo económico excluyente, con la necesidad constante de emigrar para solventar las necesidades más básicas y con profundas desigualdades. Precisamente, Bukele se montó sobre el descontento generado por estas faltas para impulsar su victoria presidencial en 2019. Esta popularidad combinada con un manejo propagandístico de la pandemia le sirvió a su partido para obtener mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, Sánchez-Ancochea nos advierte que este tipo de líderes tienden a empeorar las condiciones de vida de las personas a través de la profundización de la desigualdad generada por la inestabilidad política y económica que estos gobiernos promueven. Nuevamente, lo anterior parece una adecuada descripción del presidente y su círculo. Afanados con el poder y con su popularidad, han sido incapaces de realizar transformaciones profundas, a pesar de contar con el control total de los distintos órganos del Estado. En seguridad pública, por ejemplo, su tan publicitado —pero poco transparente— Plan Control Territorial resultó ser un fracaso. De haber funcionado, no es posible explicarse el repunte exorbitante de homicidios y la necesidad de un régimen de excepción en el que las personas, principalmente la de zonas más empobrecidas, son culpables hasta que se demuestre lo contrario. La represión como única solución al problema de la seguridad pública no es nada novedoso, tampoco el acuerdo con pandillas a espaldas de la población. Desesperado por mantener su popularidad, el presidente ha hecho alarde de la violación a derechos humanos y ha insultado sin titubear a quien lo cuestiona. En relación con las condiciones económicas, el Gobierno de Bukele no ha realizado una tan sola medida que permita pensar que nos dirigimos a un modelo económico diferente, que no dependa de la expulsión constante de compatriotas. Por el contrario, según datos del Banco Central de Reserva, las remesas pasaron de representar el 21% del PIB previo a la pandemia en 2019 a 26.2% del PIB en el año 2021. Lo anterior muestra una mayor necesidad de este flujo de ingreso y una mayor dependencia del exterior. La más publicitada propuesta económica ha sido la incorporación del bitcóin como moneda de curso legal. Esta medida ha sido tan inútil como poco transparente. Hasta la fecha, no se sabe el monto exacto al que se adquirió el criptoactivo, ni siquiera si realmente se compró. Lo que inicialmente pareció un intento de desdolarización, liderado por quienes no comparten más que la peculiaridad de ser hermanos del presidente, ahora se ha convertido en un intento desesperado por lograr colocar deuda pública en un mercado que desconfía de la capacidad de pago de un Gobierno que no respeta ni sus propias leyes. Por su parte, los problemas políticos se han incrementado. Los diputados del oficialismo no se molestan en cuestionar ninguna de las medidas que vienen de la presidencia, los casos de presunta corrupción sin posibilidad de ser investigados abundan, la transparencia le estorba al mandatario, el país se encuentra aislado internacionalmente y el militarismo es prioridad gubernamental. En suma, la exclusión y el descontento que la acompaña permitieron a Bukele llegar a la presidencia y le han bastado para mantener su popularidad. Lejos de encontrar soluciones a los problemas estructurales, el país se encuentra en una crisis social disfrazada de un combate efectivo a las pandillas, la crisis económica se avecina y los problemas políticos se agravan. El futuro cercano es poco alentador. La esperanza radica en que como población nos cuestionemos seriamente l

La violencia continúa siendo en El Salvador un problema grave. Hace pocos años nuestro arzobispo nos ayudó con su carta pastoral, titulada con unas palabras del salmo 55, 9, que decía “veo en la ciudad violencia y discordia”. Hoy estamos viviendo en un régimen de excepción y restricción de derechos ciudadanos motivado por un repentino auge de homicidios. Pero la violencia sigue sintiéndose en muy diferentes niveles de la vida de las personas. La violencia homicida como camino de solución de conflictos y necesidades, la agresión al débil, la pobreza y la desigualdad, el abuso sexual y el machismo, el autoritarismo de personas e instituciones, los discursos de odio, son expresiones de esa realidad violenta en la que nos movemos. Hay mucha gente buena en El Salvador. Pero lamentablemente la violencia se ha afianzado de demasiadas formas en la cultura y en las formas de relacionarse con el prójimo. El cardenal Rosa Chávez decía con acierto en su homilía del 24 de marzo en catedral, que si San Óscar Romero viviera en estos días “alzaría fuerte su palabra para que no permitamos que se aplaste la dignidad del pueblo pobre que sufrió la masacre de El Mozote. El deber de guardar la memoria no es negociable porque sin memoria no hay futuro”. Y es cierto, porque si a alguien protegía y defendía nuestros santo era a quienes no tenían voz para defender sus derechos. Y si algo denunciaba era precisamente el desprecio y la marginación del pobre, de su dignidad y de su memoria. Problema que en buena parte continúa vigente. La Iglesia, que cuenta con el legado del Evangelio, sabe bien que los medios pacíficos y no violentos son los mejores para construir sociedades fraternas. La violencia construye su poder sobre la fuerza bruta. Solo así consigue lo que ni la palabra, ni la moral, ni el derecho le permitirían conseguir. El espíritu cristiano se opone al mismo tiempo a la violencia como brutalidad impositiva y doblegadora de voluntades, y al conformismo e indiferencia ante las injusticias sociales o históricas. Sabe pedir perdón cuando se equivoca y busca siempre reconstruir la fraternidad desde la no violencia. Ante el Estado, que tiene el monopolio de la violencia defensiva de la sociedad, la Iglesia pide un uso de la misma proporcional, sujeto a leyes, protegiendo además los derechos básicos del agresor al que hay que controlar e incluso en ocasiones privar de algunos de sus derechos, pero sin olvidar que es también persona. El trato violento y cruel que hemos visto recientemente en las redes contra los privados de libertad refuerzan la cultura de la violencia en vez de conquistar la paz. Construir paz social, amistad entre los seres humanos, entendimiento y diálogo, es tarea fundamental no solo de las Iglesias sino también de cada cristiano en la medida de sus posibilidades. Cuando la tendencia en nuestro país se concentra en responder a la violencia con violencia, sin examinar las causas de la misma, y además respondiendo sin moderación, la Iglesia alza su voz y su palabra. A cada cristiano nos corresponde enfrentar los diversos aspectos de la violencia que con demasiada frecuencia se cruzan en nuestra vidas. Porque el machismo es violencia y se traduce con frecuencia con brutalidad en abuso y violación. Lo mismo que la agresividad sin freno, tan presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, que con frecuencia se refleja en un tráfico con tasas epidémicas de muerte y daño severo. El alcoholismo o la corrupción que con frecuencia se defiende violentamente frente a quienes la descubren o enuncian, son también elementos que fomentan la violencia. Y lo mismo podemos decir de la injusticia estructural reflejada en la desigualdad en campos como el económico, las pensiones, la salud y tantos otros valores y bienes injustamente repartidos. Estamos rodeados de violencia, e incluso las mejoras en aspectos tan graves como el homicidio no han logrado sacar al total de los asesinatos de la categoría de epidemia. La cuaresma es tiempo de conversión. Por eso mismo debemos aprovechar este tiempo para examinar nuestra cultura personal y social, erradicar de nosotros hábitos o costumbres que acepten o fomenten la violencia, y convertirnos en constructores sociales de paz y amistad social. La muerte del Señor crucificado por nuestras actitudes violentas nos anima siempre a resucitar con Él en solidaridad y vida fraterna.

El miedo al enemigo persiste siempre en el poderoso, especialmente cuando sus cuentas no están claras. Y el miedo es mal consejero. Pese a haber arrasado con sus triunfos electorales, el Gobierno tiene miedo de quienes fueron derrotados. Y eso le ha llevado a impulsar acciones de ataque, desprestigio y venganza preventiva contra sus opositores. Ve como rivales políticos en el mediano y largo plazo a los partidos tradicionales, especialmente al FMLN y Arena, que aún conservan parte de su maquinaria electoral. Por eso los fustiga, persigue y acusa llamándoles “los mismos de siempre”, “los del pacto de corruptos” y un largo etc. Pero el mismo miedo que le posee le conduce a identificar toda crítica, por bien intencionada que sea, con los mencionados partidos. No importan ni la honradez, ni el hecho de que anteriormente se hubiera criticado a los partidos tradicionales. El interés de estos políticos con miedo a perder el poder es simplemente destruir la credibilidad de cualquiera que les enfrente, metiendo a todos en el mismo cesto. Y ahí entran el periodismo crítico, las instituciones y organizaciones con tradición de incidencia social, académicos y religiosos que se atreven a levantar la voz ante los desmanes oficiales. El ámbito de los derechos humanos, según los medios gubernamentales, está plagados de ONG que solo buscan dinero. Incluso instituciones internacionales serias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reciben su ración de insultos cuando señalan abusos gubernamentales. El miedo manda y por eso la mentira crece. Y la mentira requiere que toda la información oficial se oculte del escrutinio público. Es el miedo el que lanza a estos funcionarios a una búsqueda permanente por demostrar que mandan, controlan y castigan, para que nadie se atreva a contradecirles. Por eso hoy exhiben a los privados de libertad semidesnudos y sometidos con violencia, y ordenan rebajarles la cantidad de comida, mantenerlos encerrados sin ver el sol y quitarles las colchonetas en las que duermen. Contagian así su miedo a otros, creando un clima de incertidumbre y temor. Cuando el poder abusivo tiene miedo, da palos de ciego y ve un posible enemigo en cualquier persona. Al final, tarde o temprano, ese miedo termina dejándolo desnudo moralmente y le lleva a perder todo lo que ambicionaba. Siempre se ha dicho que la violencia engendra violencia. Sin embargo, la violencia de quienes tienen miedo de perder el poder o el prestigio no solo multiplica la violencia, sino que también pulveriza las bases morales de la convivencia e imposibilita apostar por un proyecto de futuro común y fraterno.

Editorial UCA Poco se sabe de las 87 personas que fueron asesinadas en los tres últimos días de la semana pasada, menos aún de las razones por las que acabaron con su vida y quiénes fueron sus victimarios. Parece que tampoco importa mucho, pues las autoridades no han visto necesario investigar a fondo cada una de esas muertes. La preocupación mayor no es la vida segada de cada una de las personas asesinadas ni el dolor de sus familias; lo que preocupa es lo abultado del número de homicidios. Un número que niega la existencia de una verdadera política de combate al crimen y que pone en evidencia el fracaso gubernamental en materia de seguridad pública. Con esta ola de asesinatos, ya son tres las ocasiones en los últimos doce meses que se produce un incremento súbito de los homicidios. Además, la cifra promedio de homicidios diarios ha ido aumentando paulatinamente desde el año pasado. La respuesta ha sido decretar estado de excepción y poner en marcha un gran operativo de las fuerzas de seguridad —probablemente el más grande de la última década— con el fin de capturar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, en cuatro días han capturado a dos mil quinientas personas, en su mayoría jóvenes de barrios pobres y marginales acusados de ser pandilleros. Unos posiblemente sean parte de esos grupos criminales, pero muchos otros el único delito que han cometido es ser pobres y vivir entre pobres. La acción del Gobierno obedece más a un afán de venganza que de justicia. Esto se manifiesta tanto en las miles de detenciones arbitrarias e indiscriminadas efectuadas con violencia como en los mensajes de las cuentas sociales de las autoridades, incluyendo la del presidente. Solo un afán de venganza explica la imposición de castigos masivos, independientemente de la responsabilidad individual en los homicidios ocurridos el fin de semana. Castigos a los privados de libertad, negándoles el sol y la alimentación; castigos a las familias de los barrios pobres y estigmatizados; castigos a miles de jóvenes por el hecho de ser jóvenes; acusaciones a los defensores de los derechos humanos; permiso a las fuerzas de seguridad para el uso letal de la fuerza. Estos hechos han causado una enorme preocupación porque no resuelven el problema; son solo una reacción coyuntural. Una vez más se aplican medidas que han mostrado su fracaso a lo largo de los más de 20 años de combate a las pandillas. Medidas que lejos de acabar con este flagelo, lo han fortalecido. Las redadas masivas, el uso indiscriminado de la fuerza, la violación a los derechos humanos, la mezcla de inocentes con culpables, la estigmatización de los barrios pobres y de ciertas comunidades son prácticas a las que también recurrieron los Gobiernos de Arena y del FMLN sin obtener ningún resultado. Causan preocupación porque pagan justos por pecadores, se fomenta el odio entre hermanos y se refuerza la idea, en una sociedad de por sí violenta, que la fuerza es la forma idónea para solucionar los problemas. Tampoco resolverá el problema ninguna de las nuevas leyes ni ninguna de las reformas. Mucho menos la adquisición de más armamento para el Ejército y la Policía. La criminalidad en El Salvador es un asunto complejo. Su solución pasa por abandonar la cultura de la violencia a todo nivel y ofrecer a los jóvenes horizontes y oportunidades que eleven su autoestima de forma constructiva. Pasa por intervenir en las zonas de exclusión y violencia con trabajadores sociales, psicólogos y educadores que posibiliten la integración familiar y social de sus habitantes. Pasa por acabar con la injusticia social que le niega cualquier oportunidad de desarrollo a una mayoría de la población. Pasa por ofrecer oportunidades laborales y proyectos de vida que respondan a la dignidad de todo ser humano. Esta es la apuesta que debe hacer El Salvador si quiere vivir en paz y libertad.

Dos días sangrientos han bastado para echar por tierra el Plan Control Territorial, una de las joyas de la corona más apreciadas por Bukele. El súbito aumento de los homicidios, 14 el viernes y 62 el sábado, pusieron en evidencia que quien controla el territorio son las pandillas. Dos días antes, para mayor escarnio, la prensa oficialista mostró al ministro de Defensa y al jefe de la Policía inaugurando la cuarta fase de dicho plan. Las pandillas no solo aumentaron los homicidios, sino que, al hacerlo, dejaron a Bukele desconcertado. El régimen de excepción no es la respuesta adecuada. La crisis no ha sido provocada por la asociación y manifestación de personas. Suprimir el derecho de defensa y prolongar la detención administrativa no viene al caso. Interceptar las comunicaciones no añade nada, porque el régimen ya lo hace. Y las redadas y las vejaciones no necesitan de dicho régimen. La medida pretende más bien mostrar a un mandatario decidido y duro. La provocación ocurre, justamente, cuando este recibe como jefes de Estado a fanáticos de las criptomonedas, o “inversionistas”, según el oficialismo. Mientras Bukele los halaga con viajes en helicóptero, cenas de gala, visitas turísticas y regalos costosos —todo a cuenta del contribuyente— para que adquieran los Bonos Volcán, las pandillas asesinan indiscriminadamente y abandonan, desafiantes, los cadáveres en la vía pública, testigos mudos de su poder de fuego, de su brutalidad y de su impunidad. El fantasioso mundo de Casa Presidencial es completamente distinto al de la calle. El elevado gasto militar, policial y tecnológico ha resultado de poca utilidad para proteger a la población. La enajenación presidencial de la realidad nacional es total. Sorprendido por las pandillas, a Bukele no se le ha ocurrido nada mejor que imponer el régimen de excepción. La decisión, según su propia confesión, la tomaron mientras “tratamos de descifrar lo que está pasando y quiénes están detrás”, es decir, es una decisión a ciegas. La suspensión de garantías constitucionales no neutralizará a los pandilleros. De hecho, el estado de excepción no impidió siete homicidios más. La redada de miles de personas, por tener, según la Policía, “algún tipo de vinculación” con los homicidios, satisface a las mentes autoritarias y represivas, pero evade la raíz del conflicto. La Fiscalía difícilmente podrá probar ante un juez imparcial esa vinculación. Tampoco le interesa, dado que el fiscal está en plan de “cacería”. En cualquier caso, si la afirmación policial es verdadera, por qué no las capturaron antes y así habrían evitado los homicidios. La reacción del régimen revela la naturaleza de la crisis de seguridad. Los pandilleros han gozado de libertad hasta ahora, gracias a un entendimiento con Bukele que luego, por una razón ahora desconocida, se rompió. Mientras aquellos reducían los homicidios, el presidente se congratulaba del éxito de su Plan Control Territorial. El aumento repentino de los asesinatos lo ha dejado en el aire. Desorientado, furioso e impotente, Bukele ha lanzado una serie de órdenes incoherentes. A los pandilleros, que “paren de matar ya o [los detenidos] la van a pagar también”, ya les “decomisamos todo, hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”. A los jefes policiales y militares, “dejar que los agentes y los soldados hagan su trabajo y […] defenderlos de las acusaciones de quienes protegen a los pandilleros”, es decir, que disparen a matar sin temor, ya que gozan de impunidad. De esa manera se cumple la amenaza del carcelero mayor, quien advirtió a los pandilleros que “ya no van a alcanzar a llegar a un penal”. A los jueces que “favorezcan a los delincuentes”, es decir, que cumplan la ley, no los perderá de vista, porque la justicia del régimen es vejatoria y vengativa. Las pandillas asesinaron más de lo permisible para presionar a Bukele. Tal vez, como insinúa un diputado, por razones económicas. Bukele, por su lado, les ha respondido con la persecución de los pandilleros en libertad y empeorando aún más las ya malas condiciones de los penales. De esa manera, tal vez sin pensarlo, ha legitimado a las pandillas como su contraparte. En medio deja a la población, víctima de los desvaríos de ambos. Bukele no busca acabar con las pandillas como aparenta, sino que vuelvan a la mesa de negociación. El planteamiento es incomprensible, porque su posición para negociar es débil. Las pandillas controlan el territorio y él debe ceder a sus demandas para salvar su gestión y su cara. Dicho de otra manera, Bukele es rehén de las pandillas. La única manera de escapar de esa trampa, en la cual él mismo se metió, es reconocer que la negociación con las pandillas fue un grave error y lanzar un plan integral de seguridad ciudadana. En la práctica, ambas cosas son impensables. El narcisismo es una barrera infranqueable. La presidencia de Bukele depende de las pandillas. Por Rodolfo Cardenal, S.J., director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador ha vuelto a ser noticia mundial por la violencia; esta vez, por un dantesco repunte de homicidios. El régimen de excepción, decretado por la Asamblea Legislativa por orden del presidente de la República, fue la respuesta oficial al hecho, y es lo que ha acaparado los reflectores desde entonces. Los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y el 27 de marzo le infligen al país otra herida en su endeble tejido social y tienen como antecedentes los repuntes de mayo y noviembre del año pasado. Al igual que hoy, en esas ocasiones los homicidios cesaron de golpe, volviendo al nivel habitual luego de un par de días. Es evidente que ninguna alza de homicidios de esta envergadura puede ser espontánea. La difícil pregunta a responder es, entonces, cuál fue la causa. Hay varias versiones. Según la oficial, las pandillas decidieron asesinar a mansalva debido a la efectividad de las medidas de seguridad pública implementadas por el Gobierno. Otras fuentes señalan la posibilidad de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno haya sufrido un impase. La desavenencia se debería al incumplimiento de compromisos adquiridos por el Gobierno a cambio de bajar los homicidios. También se afirma que los homicidios habrían ocurrido para forzar al Ejecutivo a no retroceder en su decisión de no extraditar a los líderes de las pandillas. La ola de asesinatos tendría, entonces, el objetivo de presionar a Bukele para que cumpla compromisos previos y/o ciertas demandas. En ese sentido, la respuesta del Gobierno estaría enfocada a medir fuerzas con los grupos criminales organizados. El tiempo e investigaciones independientes aclararán cuál es la causa real. Pero cualquiera que esta sea, hay cosas que no han cambiado ni, al parecer, cambiarán. En primer lugar, las pandillas detentan un poder inmenso. Son ellas las que controlan el territorio y tienen la llave para violentar el país o pacificarlo. Frente a ese poder, el Plan Control Territorial es papel mojado, si es que en realidad existe. Por otra parte, quien pone la mayoría de muertos es el pueblo pobre, tanto del lado de las víctimas como de los victimarios. Es la gente de a pie la que paga las mayores consecuencias de las malas decisiones o actuaciones de los gobernantes. Es claro que el presidente y los funcionarios ya desistieron de tener en cuenta la opinión internacional sobre el rumbo del país. En este sentido, la actuación gubernamental está dirigida a recuperar el respaldo perdido al interior de El Salvador. El descrédito que han acumulado en el mundo diplomático se ha visto acrecentado por acciones inadmisibles en un contexto medianamente democrático. Las expresiones que avivan el odio y llaman a la violencia son vistas con estupefacción fuera de nuestras fronteras, pero aplaudidas por un buen grupo de salvadoreños. Sin embargo, la apuesta por la represión, aunque popular, es vieja y ha fracasado siempre. La represión por sí sola nunca acabará con el problema de la violencia; más bien la profundiza.

Luego de un descenso sostenido del número de homicidios en los últimos años, El Salvador sufre desde hace unos días una epidemia de asesinatos. Lo sucedido entre el viernes y el sábado recién pasados es muestra clara de que el control territorial continúa en manos de la delincuencia organizada. Al reflexionar sobre la deficiencias estatales en materia de seguridad pública, lo primero que se observa es que la PNC mantiene un planteamiento de control de la delincuencia más basado en la represión que en la investigación, la inteligencia y la anticipación a la acción delictiva. De hecho, según datos del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, el abuso de la fuerza por parte de la Policía aumentó en 2021 con respecto al año anterior. Por mucho que los enfrentamientos armados inicien por la acción de los delincuentes, que haya más muertos que heridos en el bando de estos apunta claramente a un abuso de la fuerza letal. Esto lleva a que este tipo de abusos se conviertan en la práctica en ejecuciones extrajudiciales. Además, las fosas clandestinas y el involucramiento en ellas de personas cercanas a la Policía e incluso de miembros de la corporación confirman la existencia de una grave problemática. Responder a una ola de asesinatos con un estado de excepción muestra, en definitiva, que la tendencia al abuso de la fuerza se ha naturalizado en la mayoría de las esferas gubernamentales. Por otra parte, la ola de asesinatos evidencia lo que viene diciendo el Observatorio Universitario de Derechos Humanos desde hace tiempo: la cultura de la violencia, lejos de reducirse, se consolida día a día. Frente a esta situación es necesario buscar caminos de solución que no repitan la respuesta violenta, sino que se enfoquen tanto en enfrentar las causas estructurales y culturales de la violencia como en mejorar sustancialmente la investigación policial y depurar de malos agentes a la PNC. En esta línea, es imprescindible retirar a los jefes policiales incapaces de aplicar las formas de investigación adecuadas para la situación del país. Es significativo que las primeras promociones de la PNC continúen al mando; es decir, desde hace más de 20 años. Las mismas personas, intercambiándose unas con otras, han dirigido la política criminal y la investigación del crimen. Seleccionar nuevos mandos pertenecientes a las generaciones más jóvenes de la Policía, emprender una reforma que fortalezca el área de investigación, mejorar los mecanismos de control interno para evitar la corrupción y la violencia arbitraria de algunos agentes, y profundizar la coordinación con la Fiscalía y el sistema judicial en su conjunto serán medidas mucho más eficaces en el mediano plazo que decretar estado de excepción, imponer castigos en los penales o cualquier otra medidas coercitiva que se pueda implementar. Hay suficientes datos para pensar que las negociaciones con los delincuentes han sido las que consiguen la reducción de homicidios. Pero negociar con el delito solamente refuerza el poder del mismo. Cambiar esa política es del todo necesario.

Hace 42 años monseñor Óscar Arnulfo Romero, obispo, mártir y santo, fue asesinado por los escuadrones de la muerte para acallar su voz, para que no siguiera denunciando los abusos y atropellos que se cometían contra su pueblo, para evitar que dijera lo que en verdad estaba pasando en el país. San Romero podría haberse callado, tuvo buenas ofertas para hacerlo, recibió importantes presiones de adentro y de fuera de la Iglesia para que dejará de señalar los pecados estructurales de la sociedad salvadoreña. Monseñor habría sido otro si en lugar de hablar de la verdad, hubiera enfocado su mensaje en un espiritualismo desencarnado, como hacía la mayoría de los obispos de ese entonces. Pero él no pudo traicionar los valores del Evangelio, no pudo dejar de defender a los pobres, a los agentes de pastoral y a todas aquellas personas que eran oprimidas, violentadas, perseguidas, desaparecidas y asesinadas. No pudo dejar de decir que esas injusticias no eran fruto de la voluntad divina. Defender la vida y denunciar el mal que la amenazaba y destruía, condenar la injusticia desde el púlpito de la catedral, sus cartas pastorales y la radio YSAX, era su obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. Eso le costó la vida y lo llevó a la santidad, y lo convirtió en un icono universal de la verdad y de los derechos humanos. Hace algo más de 32 años, Lucía Cerna puso en jaque a la Fuerza Armada al dar testimonio de lo que había visto en el campus de la UCA en la madrugada del 16 de noviembre. El testimonio de Lucía despejó las dudas acerca de los autores de la masacre. Lucía vio a los militares uniformados que irrumpieron en la Universidad y cometieron el atroz crimen. Ella tuvo el valor de hablar y sacar a luz la verdad sobre los asesinatos. Hubiera sido mucho más sencillo para ella y su familia permanecer en silencio. Su testimonio la llevó al exilio y le causó graves perjuicios. Fue secuestrada en Miami e interrogada por el FBI y por militares salvadoreños durante una semana completa, mediante amenazas y presiones de todo tipo lograron quebrarla física y psicológicamente, hasta que finalmente les dijo lo que querían escuchar. Pero ya no importaba, la verdad de Lucía había dado la vuelta al mundo. Gracias a su entereza y valentía para relatar lo que había visto y oído, hoy es sabido que miembros del Ejército decidieron, planificaron y asesinaron a los seis jesuitas de la UCA, a Julia Elba y a su hija Celina. San Romero y Lucía son ejemplos de fuerza y del enorme valor de la verdad, así como del alto costo que puede llegar a tener el compromiso con ella. Ninguno de los dos se planteó la posibilidad de mentir; la verdad había que decirla costara lo que costara. Y por eso son reconocidos. El 24 de marzo, día del martirio de Romero, ha sido declarado Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. La historia de Lucía y de su testimonio será hoy más conocida en el mundo gracias a la película de Imanol Uribe, Llegaron de noche, una obra que busca, según su director, darle a la verdad el valor que tiene “en estos tiempos en que [...] importa poco”. Si la verdad importa poco en general, en El Salvador menos aun. La mentira es política de Estado. Como en el pasado, se ofende y desacredita a quienes hablan con la verdad y la defienden. Se miente sin empacho con el fin de mantener a la gente en engaño, justificar los abusos del poder, esconder la corrupción y amedrentar a los “enemigos internos”. Sin embargo, como nos enseñan Lucía y monseñor Romero, los embustes tienen vida corta y el destino de sus autores no es otro que la ignominia. Tarde o temprano, la verdad desnuda sus intrigas e inhumanidad.

Por José María Tojeira, S.J. Celebramos un año más la santidad de Mons. Romero en el día de su muerte martirial. Y es bueno preguntarnos qué es lo que hace santo a este obispo, tímido y profeta al mismo tiempo, riguroso consigo mismo y libre para anunciar el Evangelio del Reino, que se dirigía espiritualmente con un sacerdote el Opus Dei y se confesaba con un jesuita. Y la respuesta que brota con mayor rapidez es clara: Sentía cercano al prójimo oprimido y veía en él el rostro del Señor crucificado. Y ahí, en la debilidad del infravalorado y marginado, encontraba la fuerza para anunciar y denunciar. Hablaba con todos, trataba de ayudar siempre, soportaba ataques, insultos e incluso la enemistad de algunos (a veces más que algunos) de sus hermanos en el episcopado. Pero su cariño y su preocupación indeclinable eran los pequeños, los marginados y los perseguidos por defender y trabajar en favor de la igual dignidad humana de los hijos e hijas de Dios. Vivía con una enorme sencillez en un asilo de enfermos terminales y disfrutaba sintiéndose acogido y querido por los pobres. Su bondad y su heroicidad nos facilita ponerlo en una hornacina del pasado, como una de las personas que nos recuerda al Jesús que pasó por este mundo “haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo” (Hechos 10, 38). Pero no basta la admiración de una santidad si no se siente al mismo tiempo un fuego interior como el que sentía los apóstoles al interiorizar la resurrección del Señor. Hoy, al recordarlo, cuando tendemos a ponerlo en un pasado violento y heroico, muy diferente de nuestra actualidad, le hacemos un flaco favor a su santidad. Porque de muchas maneras el prójimo oprimido continúa estando a nuestro lado. Y un santo del que recordemos sus glorias pasadas sin que nos inquiete en nuestro presente no deja de ser una especie de adorno personal y, con frecuencia, una muestra de narcisismo institucional. Quienes viven y sufren en la marginalidad y la pobreza, los migrantes menospreciados por su origen o por el color de su piel, las víctimas de las guerras, los saharauis abandonados porque la economía es más importante que las personas, son parte de esa legión de oprimidos que siguen cuestionando nuestras historias personales y sociales. Si no los sentimos inmediatos, si algo no nos llama a hacerlos históricamente significativos, nos alejamos de lo más hondo de nuestra realidad humana: la capacidad de sentirnos fraternos, miembros de la misma especie. Y al olvidar y traicionar nuestra humanidad traicionamos también nuestra fe. De poco nos serviría entonces el recuerdo de aquellos que en el pasado amaron tanto a sus prójimos que pudieron vivir sin que el odio de los violentos, e incluso la muerte, nublara su mirada de profetas. Mons. Romero nos llama siempre al presente. Así lo entendieron quienes propusieron en la ONU que el 24 de marzo fuera el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”. La Asamblea General de la ONU aprobó en 2010 la titulación de ese día en honor a Monseñor Romero. Casi podríamos decir que lo canonizó antes que su propia y nuestra Iglesia. Pero tanto a los cristianos como a la ciudadanía humanista nos cuesta demasiado romper la comodidad que nos cuestiona el que sufre. Y ponemos al margen de nuestras mentes a quien la sociedad ha marginado ya antes, de un modo injusto y con frecuencia violento. El Romero santo y asesinado debe ser para nosotros siempre un recuerdo peligroso. Peligroso para el statu quo del dinero, de la egolatría y del poder, y peligroso también para quienes, despertados y urgidos por su recuerdo, tratemos simultáneamente de odiar al mal y amar al enemigo. Sólo podremos celebrar a Romero desde la solidaridad humilde y combativa. Esa misma solidaridad que tuvo quien “siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos” (2Cor 8, 9).

La democracia y los derechos humanos son dos caras de la misma moneda. Sin respeto a los derechos humanos, no hay democracia. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en El Salvador? El informe anual “El estado de los derechos humanos en El Salvador” correspondiente al año 2021, presentado recientemente por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, da información clave para responder a la pregunta. El Observatorio ha monitoreado cinco derechos: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas. Ya que en el país la costumbre es medir la violencia por el número de homicidios, lo primero que llama la atención es que las muertes violentas en 2021 (1,211) se redujeron con respecto a 2020 (1,341) en un 9.7%. Sin embargo, esta aparente buena noticia se ve opacada por varias realidades. Una de ellas es el descubrimiento de fosas clandestinas. Hasta la fecha, los reportes de prensa han revelado la localización de cinco fosas con al menos 65 víctimas en total. A lo anterior se suma el alto nivel de desaparición de personas. Según datos de la PNC, en 2021 se registraron 1,830 desapariciones, 19.2% más que en el año 2020, cuando se registraron 1,535 casos. Un tercer factor que cuestiona la disminución de homicidios es la disparidad en las cifras de las entidades oficiales. Por ejemplo, para 2021, la Policía reporta 1,140 víctimas de homicidios mientras que el Instituto de Medicina Legal, 1,211. Por otra parte, en mayo de 2021, la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios hizo un cambio en su metodología de trabajo, para contabilizar por separado las osamentas encontradas “de datación no determinada”. Para efectos prácticos, esto quiere decir que las osamentas no se cuentan entre los homicidios. Solo entre mayo y diciembre de 2021, el Instituto de Medicina Legal reportó 47 osamentas encontradas. Estos cuatro factores permiten afirmar que los datos oficiales sobre muertes violentas no son precisos. Además, el informe del Observatorio revela que el resto de indicadores que también miden la violencia aumentaron en 2021. Así, se han incrementado la relación de particulares fallecidos respecto a agentes estatales muertos en contextos de enfrentamientos armados, el número de muertes violentas de mujeres y feminicidios, la cifra de casos de limitación ilegal a la libertad de circulación, la violencia sexual, el porcentaje de personas desaparecidas sin localizar, la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer. En esta crítica situación de los derechos humanos en el país, es especialmente preocupante que todos los indicadores relacionados con la violencia contra las mujeres aumentaran en 2021 con respecto al año anterior. 135 mujeres murieron violentamente en 2021, un 3% más que en 2020. Se perpetraron 80 feminicidios (11% más) y se registraron 3,739 delitos sexuales (15% más), de los cuales más de 3,400 tuvieron como víctimas a mujeres, particularmente niñas de entre 0 y 17 años (el 65% de los casos). Asimismo, de las 1,380 personas desaparecidas en 2021, el 18% fueron niñas menores de 17 años. Los y las jóvenes representan el 44% de las víctimas de homicidios, el 30% de las desapariciones y son más propensos a ser detenidos por la Policía (48% del total de detenciones). No es simple coincidencia que el deterioro en el respeto a los derechos humanos se dé en un año en que la institucionalidad democrática en El Salvador sufrió un tremendo deterioro. Que en 2021 se haya cercenado la división de poderes a través de la destitución y sustitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del fiscal general, que se haya cooptado las instituciones de control del ejercicio del poder facilita la violación de los derechos de la población. Una muestra. El informe del Observatorio revela el aumento del índice de letalidad policial, que pasó de 1.39 en 2020 a 1.65 en 2021. Este índice es el resultado de dividir el número de personas fallecidas entre la cantidad de personas heridas en enfrentamientos. Lo usual es que haya más heridos que fallecidos. Cuando es así, el índice es inferior a 1. Si el índice es superior a 1, como en el caso de El Salvador en los últimos años, hay más asesinados que heridos, lo que evidencia un uso abusivo de la fuerza letal que irrespeta principios rectores como la proporcionalidad y la necesidad. Para los estudiosos de esta materia, un índice superior a 1 es una clara señal de ejecuciones sumarias. Que todo el poder esté en manos de una persona o de un reducido grupo implica el quiebre del sistema nacional de protección de los derechos humanos. La falta de independencia de los principales entes de control jurídico hace dudar seriamente de su actuación conforme a derecho. La situación de los derechos humanos está comprometida en El Salvador como comprometida está la democracia. Mientras ello sea así, no se podrá esperar un

El debate sobre el lugar de la memoria en nuestras sociedades tiene consigo un larguísimo espacio de argumentaciones. Cuentan que el pueblo de Israel construía, con piedras, altares en los lugares en donde Dios se había manifestado. El sentido era no olvidar Su paso por la tierra. El altar era el lugar que conmemoraba una manifestación. Platón hablaba de la posibilidad de reclamar el acontecimiento pasado y de hacerlo actual, como recuerdo. En el momento en que se nos volvía necesario, había que volver a las sensaciones, a las reminiscencias. El francés, Paul Ricoeur, en cambio, preocupado por la fragilidad de los recuerdos, hablaba de la justa memoria, la política de la justa memoria es la que permite luchar frente a las ideologías que nos proponen el olvido. El olvido es el inicio de muchos totalitarismos. Si una sociedad olvida lo que la militarización y sus abusos ha producido, puede celebrar la reinstalación de nuevas militarizaciones que solo traerán tiempos de oscuridad. Si un colectivo olvida que los derechos no son concesiones de los líderes, sino conquistas y luchas sociales puede perder lo que ha ganado. Si una sociedad olvida que los procesos de corrupción iniciaron con supuestas buenas voluntades de quienes se negaron a rendir cuentas, terminará descubriendo que los manejos poco transparentes no son una prerrogativa exclusiva del pasado, sino seducción muy actual y capaz de desgastar cualquier democracia. La memoria está al centro de los procesos de aprendizaje. En las organizaciones a esto se le llama gestión del conocimiento. Se trata de construir aprendizajes que nos permitan empezar a caminar donde otros terminaron, con las lecciones y experiencias que las generaciones que nos preceden, sin despreciar lo que esta sabiduría puede aportar. ¿Es posible esa justa memoria en tiempos de redes sociales, posverdad y troles que desinforman constantemente? Uno de los problemas más grandes de nuestros políticos ha sido despreciar los procesos de memoria y de gestión del conocimiento. Si una de las recomendaciones no fue atendida al finalizar la guerra, fue la de establecer procesos de reparación de la memoria. Fue el gobierno español, y no el salvadoreño, quien en 2020 llevó a cabo un juicio para esclarecer lo sucedido en el caso de la masacre de los seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Fueron las organizaciones de la sociedad civil que permitieron que existiera un monumento a la memoria de las víctimas civiles de la guerra que vivimos. Iniciativas ciudadanas también han sido espacios como el Museo de la Palabra y de la Imagen o el monumento a las víctimas de la masacre de El Mozote. Todos estos lugares se han vuelto altares donde las víctimas depositan ofrendas, flores, confidencias, rezos. Son espacios para que el dolor se vuelva sereno y sane, pero también para recordar a las nuevas generaciones que hemos tenido dolorosos encuentros con el mal. Experiencias sa(n)gradas que nos han constituido la sociedad que somos, con nuestras heridas y esperanzas. El filósofo español, Reyes Mate, insistirá en que la memoria es siempre la memoria de las víctimas. Sin embargo, los políticos prefieren siempre pasar la página y empezar de cero. Sin memoria, sin conocimientos, sin víctimas. Una memoria a la medida de las necesidades del partido de turno. El alzheimer histórico se vuelve uno de los grandes males de este siglo. Una pandemia que no vemos y que, incluso, celebramos en ciertos momentos. Es gracias a esas ligerezas que siempre se nos dice que tenemos al mejor político, al que por primera vez hace, dice, consigue, al único, al mejor, al más grande. Ante tantos intentos por borrar la historia, ante la posibilidad de la alteración de un altar como el que fue construido en el Mozote, sin consultar a las víctimas y sin darles acceso a un proceso justo; ante los intentos por desmantelar el debido proceso en el caso de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras asesinadas por el ejército solo nos queda desear que nuestros gobernantes recuerden y reciten, como una letanía, esos versos del argentino Juan Gelman, el gran poeta de la memoria: Y vos, corazoncito que mirás cada mañana como olvido no te olvidés de olvidar el olvido.

Editorial UCA 21/03/2022 La corrupción, individualismo y superficialidad de algunos políticos han generado en muchos salvadoreños una profunda decepción. Valiéndose de ella, Bukele y los suyos lograron el control de la administración del Estado, pero sin tener proyecto ni voluntad de hacer lo que es propio de la política: construir relaciones sociales solidarias y éticas, garantizar y proteger los derechos humanos, brindar un servicio público transparente y respetuoso de las leyes, y fomentar virtudes y valores ciudadanos y humanos. La política así entendida se puede realizar desde diversas posiciones ideológicas, pero siempre y cuando respete la diversidad de opiniones y posturas. La democracia nunca es instrumento de venganza y de aplastamiento de los opositores. Al contrario, donde la hay, funciona aceptando y atendiendo razones, escuchando a quienes presentan dificultades y protegiendo la vida. No hay nada que indique que el Gobierno de Bukele y sus instituciones satélite tengan una base teórica, conceptual o ideológica. Sin embargo, su tendencia a definir la realidad de la convivencia ciudadana a partir de binomios antagónicos retrotrae a teóricos como Carl Schmitt, pensador que inspiró, al menos en parte, la ideología que llevó al poder a los nazis en Alemania. En contraste, la teoría aristotélica afirma que la fuente de toda convivencia e institucionalidad política ciudadana es la amistad, un sentimiento, nos dice Aristóteles, “que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Así, puesto que la amistad es la base de la convivencia, “la comunidad política tiene, ciertamente por objeto la virtud y la felicidad de los individuos y no solo la vida común”. La definición de paz de san Agustín tiene también ese presupuesto humanista de una convivencia ordenada según valores. La Iglesia ha seguido en su enseñanza el concepto humanista de la política ya esbozado, añadiéndole algunos aspectos clave como la búsqueda del bien común, la solidaridad, la subsidiariedad. Entre los valores que la Iglesia ve como fundamentales para una vida política sana están la verdad, la justicia y la libertad, vinculadas a la caridad y el amor fraterno. Valores por los que han dado la vida muchos de los mártires salvadoreños. Desde esta perspectiva humanista, ¿qué decir de la política tal y como se vive hoy en El Salvador? Lo primero es afirmar que muy pocos políticos hacen realmente política. En buena parte, la tarea política en su sentido noble ha sido trasladada a la sociedad civil. Los políticos del Gobierno y de las instituciones de las que este se ha apoderado no dialogan ni aceptan opiniones contrarias a las suyas, por muy justificadas que estén. No hacen política, sino un marketing burdo en el que se mezclan ataques contra quienes les critican, anuncios de regalos paternalistas a los necesitados y promesas con poco fundamento real. Con la arbitrariedad como bandera y el acoso como estrategia básica, la andadura del país se asemeja a la de un barco con rumbo de colisión. Por supuesto, no todo lo que hacen es malo, porque el mal absoluto no existe. Pero se han metido en un camino que profundiza la división y el enfrentamiento. "Democracia", "justicia social", "lucha contra la corrupción", "libertad" son palabras manoseadas y utilizadas por el Gobierno como instrumentos de extorsión, no como herramientas para la construcción de convivencia. Bien haría el liderazgo del país en meditar esta frase de san Agustín, uno de los padres de la cultura occidental: “Así como los amigos adulándonos nos pervierten, así muchas veces los enemigos injuriándonos nos corrigen”.

En marzo conmemoramos a dos salvadoreños que son ejemplo de vida y santidad: san Óscar Romero y el beato Rutilio Grande. Ambos sacerdotes, entregados de lleno a su ministerio pastoral; dos profetas de Dios asesinados por las fuerzas del mal por anunciar el Evangelio, por denunciar la opresión y la injusticia, por decir la verdad y ponerse al lado del pueblo empobrecido y oprimido. Mucho nos enseñan estos dos hombres santos. Nos enseñan que la defensa de los pobres y la denuncia de todo aquello que niega la dignidad humana está en plena coherencia con el seguimiento de Jesús. Precisamente por ello la Iglesia los ha declarado santos. Por tanto, si nuestra fe en Dios no nos cuestiona ni cuestiona el mal que vemos a nuestro alrededor, no nos lleva a preocuparnos por los demás, es posible que sirvamos a un dios que, como dijo Rutilio, “no es el Dios Padre de nuestro hermano y señor Jesús, que nos da su Buen Espíritu para que seamos hermanos por igual, y para que, como seguidores cabales de Jesús, trabajemos por hacer presente aquí y ahora su Reino”. En este tiempo de crisis que vive El Salvador, en el que la realidad diaria que enfrentan muchos de nuestros compatriotas es dolorosa e injusta sin que se haga nada por cambiarla, san Romero nos recuerda que “mientras haya madres que lloran la desaparición de sus hijos, mientras haya torturas en nuestros centros de seguridad, mientras haya abuso de sibaritas en la propiedad privada, mientras haya ese desorden espantoso, hermanos, no puede haber paz, y seguirán sucediendo los hechos de violencia y sangre. Con represión no se acaba nada. Es necesario hacerse racional y atender la voz de Dios, y organizar una sociedad más justa, más según el corazón de Dios”. Ante aquellos que promueven el conflicto en el pueblo salvadoreño, que pretenden dividirlo en grupos enfrentados, fomentando el odio hacia los que no piensan como ellos, Rutilio nos dice: “El cristiano no tiene enemigos, sino hermanos, y por más que sean hermanos caínes o Judas que venden a Cristo, no los odiamos. El odio no cabe en un cristiano. Aunque nos apaleen y nos quiten la vida, tenemos que seguir amando y perdonando”. Y agrega: “Un Padre común tenemos, luego todos somos hijos del mismo padre, aunque hayamos nacido del vientre de distintas madres. Luego todos somos hermanos”. Los gobernantes actuales del país, al igual que los de ayer, no quieren que la Iglesia se pronuncie ante las mentiras, las injusticias, la corrupción, el autoritarismo. Quieren una Iglesia pasiva, sometida, que se queda en sus templos alienada de la realidad. San Romero nos enseña que “la Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social; si callara la Iglesia, sería cómplice con el que [...] margina y duerme [con] un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha [de] ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo”. Recordar a Rutilio y Romero, quienes sin más recurso que la fuerza del Evangelio hicieron frente a los grandes poderes de este mundo, nos debe inquietar y desafiar como personas, como pueblo y como Iglesia. Su vida y su palabra nos recuerdan el deber de la Iglesia y la sociedad de trabajar para que nuestro país se acerque cada vez más al proyecto de Dios para la humanidad, un proyecto de amor y hermandad, de justicia y de paz, de preferencia y solidaridad para con los marginados y excluidos.

No solo Washington decide “quién es el malo y quién es el bueno y también cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo”, tal como lamenta Bukele; Moscú y Pekín también lo hacen y, antes, Gran Bretaña y Francia, y todos los imperios. Dictaminar el bien y el mal es competencia de ellos. El mismo Bukele decide quién es bueno y quién es malo, y cuándo alguien deja de ser una u otra cosa. Ejemplo de ello son la justicia que administra y el criterio para designar funcionarios. Los imperios no tienen amigos, sino compañeros de viaje y solo en la medida en que sus intereses coinciden. Es necio y torpe confiar en sus buenas palabras. La guerra de Ucrania y la crisis del petróleo han acercado a Washington no solo a Caracas, sino también a Teherán. Hábilmente, Caracas ha reaccionado de manera positiva, sin romper con Moscú. El acercamiento le abre a Venezuela la posibilidad de paliar su crisis económica y obtener el reconocimiento de su presidente. Teherán tampoco ha cerrado la puerta. Enredado en sus filias y fobias, Bukele carece de flexibilidad para aprovechar las oportunidades. En el ámbito internacional, la tolerancia y la creatividad son cruciales para mejorar la propia posición. La coyuntura internacional ha convertido al petróleo de Venezuela y de Irán en un bien muy valioso. El Salvador no tiene petróleo, pero, a diferencia de Venezuela, no solo desperdicia las aberturas para avanzar, sino que se enclaustra aún más. Los imperios están para quedarse. En consecuencia, hay que contar con ellos y negociar inteligente y astutamente. Bukele, en cambio, elige mirar hacia adentro. Intenta explotar la crisis mundial para consolidar su posición interna. En una comparecencia de casi dos horas de palabra atropellada y prolija, atribuyó los males internos a las potencias mundiales y, por consiguiente, se declaró impotente para contener los efectos negativos de la pandemia, de los trastornos experimentados por la producción y la cadena de suministros, de la inflación y de la guerra. Es cierto que el origen de esas crisis está fuera de su control, pero también es verdad que, excepto la última, las demás tienen al menos dos años de castigar a la gente sin que él haya hecho algo para suavizar su impacto. Excepto la pandemia, y solo al comienzo, Bukele se ha desentendido de todas ellas. Solo se ha interesado en el bitcóin. Su posición actual es débil. La gente resiente cada vez más las consecuencias de esas crisis. Tal vez por eso dedicó casi una hora a recorrer los noticieros internacionales que informaron sobre ellas. Quizás dudoso de su credibilidad, no se atrevió a hablar por sí mismo. Bukele asumió el papel de presentador de noticias y convirtió su comparecencia en noticiero de radio y televisión para declararse una víctima más de las potencias. Si Estados Unidos acudió a Venezuela a causa del petróleo y si la Unión Europea se niega a prescindir del suministro de gas ruso, mucho menos margen de maniobra tiene el presidente de El Salvador. Dicho esto, Bukele anunció once medidas económicas, cuya eficacia es muy relativa. Suprimió algunos impuestos a los derivados del petróleo, liberó de aranceles la import1ación de bienes cuyo arancel ya es cero y pretende controlar los precios de algunos bienes básicos. El farragoso énfasis en el costo de estas medidas le sirvió para subrayar su papel de víctima de circunstancias externas. Contrario a su liberalismo decimonónico, Bukele insistió en intervenir en el mercado para controlar los precios y contener la inflación. Ordenó desplegar inspectores, policías y soldados en puntos estratégicos y aumentar las sanciones a los rebeldes. A primera vista, convence. Pero la tarea es inasequible, porque no tiene capacidad para intervenir en la economía de esa manera. No lo hizo antes y no lo hará ahora. El despliegue de estos primeros días no es universalizable ni sostenible a mediano plazo. El caos generado a raíz de la captura de un connotado busero y de la confiscación de sus vehículos augura el fracaso del plan. La improvisada operación presidencial y su torpe ejecución han generado más descontento que satisfacción en la población. Endurecer las sanciones es ineficaz, porque no hay agente que identifique a los infractores. Asistimos a acciones demostrativas de una voluntad presidencial que se agota en su demostración. Al final, Bukele se refugió en el tradicional llamado a la conciencia de la empresa privada para que traslade el beneficio de sus medidas al consumidor, reduzca el margen de ganancia y no se aproveche de la coyuntura. E invitó a su audiencia a hacer un acto de fe para creer que ahora hay mejor educación, salud e infraestructura. Pero los llamados a la conciencia y los actos de fe se estrellan contra el egoísmo y la ambición de dinero, de poder y de fama. La política internacional ha resultado demasiado compleja para un régimen incauto e inculto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es evidente que el servicio de transporte público salvadoreño adolece de grandes deficiencias desde hace décadas. En diversas ocasiones y a través de distintos espacios, esta casa de estudios ha insistido en la necesidad de transformarlo para que la población usuaria se movilice en condiciones dignas y seguras. Sin embargo, la urgencia de esa necesidad no avala que se viole el debido proceso, que una orden personal tenga más peso que la ley, que se viole el Estado de derecho con la complicidad de quienes deberían defenderlo. Aplicar la fuerza para dar la impresión de que se está actuando por el interés de la población ante una crisis económica a la que se ha reaccionado tarde, no es más que oportunismo. Si lo que se le imputa a Catalino Miranda es aumentar el precio del pasaje, por ley corresponde una sanción administrativa, no una penal. Un principio legal fundamental es que “solo son punibles penalmente las conductas que estén expresamente reguladas en el Código Penal”. Por lo tanto, si lo que se le imputa no está contemplado en el Código, aplicar castigo penal es una ilegalidad, un abuso. Además, incluso en el caso de que se despoje de la concesión de un servicio público a una personal natural, eso no da derecho a confiscarle el equipo que usa para brindar ese servicio. Esto es lo que han cuestionado varias voces en este caso; voces que defienden el imperio de la ley, no a una persona o a un grupo determinado. Esta nueva violación al principio de legalidad refleja, entre otras cosas, la ausencia de planificación que caracteriza al Gobierno de Bukele. La improvisación de los gobernantes siempre termina impactando a la ciudadanía; en este caso, a los usuarios del transporte, a los trabajadores de los buses y a otros socios de la cooperativa. Antes se ha improvisado con las ayudas económicas, con la compra de medicinas inadecuadas, con la construcción de un hospital que terminó reducido a centro de vacunación, con una criptomoneda que la mayoría de la gente rechaza. Se sigue improvisando con el anuncio de megaproyectos inviables por motivos técnicos o económicos. Tarde o temprano, esa falta de planificación se vuelve en contra de las autoridades. En este caso sucedió con gran rapidez: la falta de experiencia y de conocimiento de los motoristas contratados para manejar los buses y microbuses usurpados ha producido un caos que deja al desnudo la incompetencia gubernamental. Pese al historial de excesos del régimen, sorprende el grado de matonería de la que ha hecho alarde y el sometimiento de los funcionarios de poderes otrora independientes. Por su lado, el gremio de transportistas, hasta hace unos años muy beligerante, se ha limitado a publicar un comunicado bochornoso. El Estado de derecho en el país se sigue hundiendo con la complicidad de los operadores de justicia, con el sometimiento de los gremios a la voluntad personal de Bukele y con el silencio obsequioso de mucha gente que prefiere solo atender lo propio.

Pronunciamiento UCA 14/03/2022 Ante el proceso judicial por la masacre en la UCA, que se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de derecho y de una sostenida campaña de acoso contra este centro de estudios, la Universidad hace las siguientes consideraciones: Compromiso permanente con la verdad y la justicia Desde la década de los setenta, la UCA ha estado comprometida con la búsqueda de la verdad y la justicia en El Salvador, con especial beligerancia ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. A lo largo de más de 40 años, desde el inicio de la guerra hasta la fecha, ha acompañado y defendido a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos. El trabajo realizado por el Idhuca es una de las credenciales de ese compromiso institucional. Desde su fundación, el Idhuca ha estado al servicio de las víctimas y ha trabajado con ellas en defensa de sus derechos. Fruto de esa labor son los más de ochenta casos de graves violaciones a derechos humanos perpetradas durante la guerra que fueron investigados y documentados; casos referidos a masacres, torturas y desapariciones forzadas, y cuya responsabilidad recae en la mayoría de los casos en el Estado salvadoreño. Setenta de ellos han sido presentados a la Fiscalía General de la República para su investigación y esclarecimiento, sin que a la fecha se haya realizado alguna gestión. Asimismo, la UCA, a través del Idhuca, abogó por la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y su derogación, ya que dicha normativa impedía el acceso a la verdad y la justicia en los casos de crímenes cometidos por el Estado y la guerrilla durante el conflicto armado, favoreciendo la impunidad de los perpetradores. El proceso judicial Desde que ocurrió la masacre en la que fueron asesinadas Julia Elba y Celina Ramos y seis sacerdotes jesuitas, los familiares, la Universidad y la Compañía de Jesús pusieron todo su empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera su responsabilidad constitucional de juzgar a los responsables del crimen. La insistencia en que el caso fuera conocido y resuelto en las instancias judiciales nacionales ha respondido a la intención de sentar un precedente que abra las puertas a que otros hechos igualmente execrables sean enjuiciados en el país, y aportar con ello a la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos. Es conocido que el proceso actual inició en el año 2000, a petición de los familiares de los jesuitas asesinados, acompañados por la UCA, y que en 2017, luego de la anulación de la ley de amnistía, fue solicitada la reapertura del caso. Pese a ello, este fue sobreseído de forma fraudulenta por la Sala de lo Penal. En 2022, la Sala de lo Constitucional impuesta, a través de un proceso de amparo, ordenó el inicio del proceso judicial. Desde la presentación de la demanda de amparo por parte del fiscal general, Rodolfo Delgado, la Universidad ha percibido que existe en diversas autoridades públicas un fuerte interés en apartarla del proceso y sembrar dudas de que sea una de las víctimas de la masacre. Ello se confirma con el comportamiento de la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas, siendo estas —tal como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999— los familiares de Elba, Celina y los padres jesuitas, la comunidad universitaria y la Compañía de Jesús. A lo que se suma que en el requerimiento presentado por la Fiscalía el 25 de febrero de 2022 ante el juez tercero de paz, aquella afirma desconocer el domicilio de las víctimas y de los ofendidos. Por su parte, el juez, a pesar de haber recibido el requerimiento fiscal el 25 de febrero, lo entregó al representante de las víctimas hasta el 8 de marzo. Asimismo, en la resolución de la audiencia inicial se advirtió un trato preferente hacia algunos de los procesados con mayor grado dentro de la Fuerza Armada, tal como sucedió en el pasado. Parece que la historia se repite. * * * Considerando todo lo anterior, la Universidad se mantendrá expectante del desarrollo del proceso judicial y en el momento oportuno decidirá si participa en el mismo como querellante. Las irregularidades observadas hacen temer que este proceso no ofrecerá las garantías de objetividad e independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación. La UCA reitera su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares, y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas, y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre los acusados, las víctimas o los funcionario

Proceso La invasión en Ucrania se ha vuelto la comida del día gracias, en parte, a la extensa cobertura que le han dado los medios de comunicación. Muchas personas y grupos opinan, pero pocas instancias serias han dado una postura sobre ese conflicto, muy probablemente porque es un problema muy complejo, con muchas aristas, que no es fácil comprender, sobre todo cuando se desconoce la historia reciente de la región. Y por si alguien lo ha pensado, no nos referimos al gobierno de El Salvador que por otras razones ha guardado un silencio que huele a varias cosas menos a neutralidad. El conflicto en Ucrania es complicado como compleja son las dimensiones que hay que tomar en cuenta en el intento de entenderlo. Ucrania es un país formado a partir de raíces lituanas, polacas y zaristas por lo que es un Estado plurinacional con grandes minorías de hablantes de varias lenguas, entre ellas, la rusa. La guerra en Ucrania no comenzó el 24 de febrero con la invasión rusa, como mucha gente cree. No, la crisis actual es el último capítulo de una historia más larga que incluye varios protagonistas y también a más víctimas. Este país de más de 600 mil kilómetros cuadrados y casi 45 millones de habitantes está en guerra interna desde 2014. En 8 años se contabilizan más de 14 mil muertos y 50 mil heridos. Ahora, la dimensión internacional de esta crisis ha saltado a primer plano con la invasión rusa. Las guerras no son en blanco y negro como frecuentemente nos las pintan: tienen muchas tonalidades de grises. Todas las partes involucradas dicen tener la razón y la verdad, y a veces, en el terreno de la opinión pública, se impone no quien la tenga, sino quien tiene más poderío mediático para que su narrativa sea la que pase a la historia. La desinformación es una poderosa arma de guerra para ganar adeptos. En el caso de Ucrania, mucha gente toma postura a la ligera sin tener mucha información de los no pocos matices que tiene el conflicto. Opiniones apoyan a Ucrania porque las remembranzas de la Guerra Fría los ubican de parte de Estados Unidos, otras por el contrario, apoyan a Rusia y, por consecuencia se oponen a Ucrania. La verdad completa en el conflicto, no la tiene ningún actor y, más importante, la justicia reclamada por todos, parece ser la gran ausente. El autoritarismo del presidente ruso no es desconocido, como tampoco lo es la tendencia histórica de Estados Unidos a imponer sus intereses. En medio queda un presidente ucraniano que, aunque los medios lo revistan con una capa de superhéroe en este conflicto, también tiene razones para no sentirse orgulloso, sobre todo de cara a las poblaciones pluriculturales que conforman a Ucrania y que han sido víctimas de un nacionalismo excluyente. Sin desconocer la complejidad del conflicto ucraniano, lo que no admite dudas es que toda guerra es una herida en el alma de la humanidad. Es el signo extremo que refleja que la violencia todavía prevalece sobre el diálogo para resolver los conflictos. Cuando las hay, lo seguro es que la guerra nunca es buena para los pobres, ni para los y las trabajadoras. Ninguna razón es buena para justificar una guerra por todas las espinas que trae, como bien sabe el pueblo salvadoreño. La guerra, venga de donde venga, es en sí misma, un crimen, que produce más crímenes. El mundo se rasgó las vestiduras por la invasión rusa y realmente es imposible no conmoverse ante las atrocidades de una guerra, las escenas de inocentes civiles sufriendo, atrapados entre opciones que no son las suyas. Pero en la misma semana que Rusia invadió Ucrania, Arabia Saudita bombardeó Yemen, Israel atacó Siria y al pueblo palestino en Gaza y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra Somalia. Pero las escenas de seres humanos de piel más oscura, también sufriendo y muriendo, no han llenado los espacios de los medios de comunicación y la mayoría de gente las desconoce. Igual que es inaceptable la violencia militar ejercida contra la población civil ucraniana lo es también la infligida contra cualquier otra población. Es lamentable, así como increíble, que a estas alturas de la historia, la humanidad parezca ir en franca involución. Las escenas cotidianas de violencia irracional que se ven en la calles por el tráfico, la inhumanidad exhibida alrededor de los estadios o la misma guerra muestran que una pandemia no fue suficiente para comprender que somos una sola humanidad, en un solo planeta y que, o nos salvamos en racimo, o no sobreviviremos. Es necesario poner todos los medios para asegurar la vida de la gente y para que triunfe la razón y la sensatez. Una persona humanista puede prescindir de apoyar a algún protagonista de la guerra, lo que no puede hacer es no ponerse al servicio de quienes la padecen. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 81.

El pueblo salvadoreño, como el de otros países de Centroamérica, ha vivido o sigue viviendo una desilusión generalizada de la política. La razón es sencilla, los modos de organizar la sociedad y la economía y los partidos políticos que se han turnado en los gobiernos, no han ayudado a resolver los grandes problemas que afectan la vida de millones de personas. Lejos de esto, los gobiernos han administrado el Estado para beneficiar a élites políticas o económicas, empeorando, con su corrupción, las condiciones de vida de la gente. Un elemento que podría resultar positivo de esta situación es que la gente se hartó de ser utilizada para llegar al poder, pero también el descontento generalizado la hizo tierra fértil para el aparecimiento de caudillos, de mesías, de grupos que, con ropaje de ser distintos, obtienen el voto de la población y al llegar al poder, desvelan su verdadero rostro. Comienzan a gobernar con otro proyecto elitista y frecuentemente violando derechos humanos, desmontando la institucionalidad democrática y los mecanismos de participación y contraloría social. Lo que se ha conocido como democracia, no ha resuelto la vida de la mayoría de la gente, y otros proyectos que se presentaron como alternativos, también fracasaron. Honduras y Nicaragua pueden dar fe de lo anterior. Guatemala y El Salvador parece que repiten el libreto. ¿Qué nos queda? Samuel Moyn, abogado e historiador estadounidense, ha dicho que la última utopía que le queda a la humanidad son los derechos humanos. Como los conocemos, los derechos humanos no nacieron en este tiempo, se erigieron ante la sociedad entera después de las atrocidades de la segunda guerra mundial, se cristalizaron en la conciencia moral de las personas, tanto en Europa como en América Latina, en los años setenta del siglo pasado. Pero han sido reivindicados como causa suprema precisamente por la “desilusión generalizada con formas anteriores y hasta entonces más inspiradoras de idealismo que estaban fracasando”1. Es decir, los derechos humanos aparecieron solo con posteridad al fracaso de otras utopías. Los derechos humanos son universales, todo el mundo los acepta, aunque del discurso a la realidad haya un abismo. Es más, están en la mayoría de constituciones nacionales, independiente de la ideología y del color político de los gobiernos. Por eso, los derechos humanos se constituyen en uno de los últimos rescoldos que quedan para aspirar a la construcción de un mundo más justo, incluyente y solidario. Que el respeto de los derechos no sea la carta de presentación de nuestros países, no debería ser motivo para el desánimo, al contrario, debería impulsar el trabajo por su defensa y promoción. El Salvador, desde fines de los años ochenta, ha sido presa del modelo neoliberal que tiene dos grandes víctimas: a las personas, sobre todo a los que tienen menos ingresos, y al medio ambiente. De acuerdo a los especialistas, en el mundo, el mayor logro de esa doctrina ha sido concentrar la riqueza en pocas manos y hacer más grande la desigualdad. El derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación, a un medio ambiente sano, están reconocidos en la Constitución de la República, sin embargo, cada día un promedio de 300 compatriotas salen con rumbo al norte para buscar allá una vida que en su propia tierra se les niega; casi el 80% de las viviendas en donde habitan las familias salvadoreñas carecen de elementos indispensables para sostener la vida., lo que representa el déficit de vivienda, cualitativo y cuantitativo; aproximadamente el 70% de la Población Económicamente Activa no tiene acceso a un empleo formal ni a un salario digno ni a seguridad social. Más de 4 millones de salvadoreños acuden a la red hospitalaria pública que adolece de muchas deficiencias. Y para colmo, las grandes apuestas económicas de los gobernantes actuales son esencialmente neoliberales (bitcóin, bitcóin city, asocios público privados, etc…) La pandemia de covid-19 vino a agudizar esta situación. Golpeó a la economía del país y a la de las familias, aumentó la deserción escolar y fue ocasión para la corrupción, apuntalar el militarismo y violar derechos humanos elementales. Por eso, luchar por los derechos humanos es un campo propicio para luchar por las aspiraciones humanistas. Cuando un gobierno o un presidente diga que trabaja por el pueblo, hay que cotejar esas palabras con la situación de la gente, con el respeto a sus derechos. Si se viola la libertad de expresión y de prensa, el derecho al trabajo, si no se respetan las leyes, los discursos son falsos. Los derechos humanos son los límites al poder; si un gobierno los viola, pierde legitimidad. Y aunque se violen, continúan siendo la referencia para exigirlos. Los derechos humanos son un gran instrumento de creación de conciencia y un ámbito de lucha para la incidencia social y política. Probablemente no se esté de acuerdo con ideologías o inclinaciones políticas o partidarias, sin embargo, es más fácil coincidir en la necesi

Por José María Tojeira Hoy disponemos de la ley que llamamos LEIV, por sus siglas, dedicada a proteger de la violencia la vida de la mujer. La Ley ha sido un adelanto claro en nuestra legislación, pero las instituciones no acaban de responder adecuadamente a las exigencias de la normativa. Los feminicidios han aumentado en el año 2021 respecto a los cometidos en el año anterior. Las más de 7 mil lesiones infligidas a mujeres en 2021, las más de 3 mil agresiones sexuales, la gran cantidad de embarazos de niñas y adolescentes, junto con la impunidad existente para estos delitos, nos muestran hoy, Día Internacional de la Mujer, que nuestras instituciones son sumamente ineficientes a la hora de aplicar las leyes. Lo eran en el pasado y lo siguen siendo en la actualidad. El exceso de casos en impunidad lo demuestra. El hecho de que se mantenga en sus puestos políticos o administrativos, sin sanción ni crítica, a acosadores de mujeres muestra la hipocresía de quienes critican la LEIV. Si bien es cierto que funcionarios o políticos acosadores los ha habido en todos los Gobiernos, quienes se llenan hoy la boca hablando de moralidad deberían ser un poco más humildes, dado su tejado de vidrio. Con razón las mujeres han protestado públicamente el domingo, anticipando su reclamo del Día Internacional de la Mujer que este día conmemoramos. Las masacres del pasado, crímenes de lesa humanidad, en las que con frecuencia se asesinaba a un gran número de mujeres y niños, continúan en la impunidad y son también casos pendientes. Ahí ni funcionan las instituciones, ni hay leyes adecuadas que permitan un enjuiciamiento claro y pronto de lo sucedido. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó la elaboración de una ley de justicia transicional que facilitara el enjuiciamiento de esos crímenes. Pronto se cumplirán seis años del mandato constitucional y la mencionada ley continúa sin aparecer. Cuando hubo un primer intento, el presidente actual la vetó. Sus diputados ahora dan la impresión de que no saben qué hacer. Tal vez les sale una ley de dos páginas como la del bitcóin. La ignorancia de un buen número de ellos sobre el tema, manifestada en diversas declaraciones, hace prever que si algo se llega a publicar, no será de la calidad necesaria para satisfacer los fines de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición. Y mucho menos una ley transicional que ofrezca caminos de reconciliación. El caso de la masacre en la UCA, hoy en desarrollo judicial, ha adquirido, con las declaraciones desquiciadas de algunos funcionarios, un excesivo sesgo político. Se desaprovecha además, incluso injuriando, los esfuerzos realizados por la acusación privada para llevar adelante el caso en un ambiente de reconciliación, diálogo y coherencia con la justicia transicional. De hecho, no es exagerado decir que en este caso ya se habían dado pasos previos para avanzar en una justicia transicional apropiada a la realidad salvadoreña. Pero al partido en el Gobierno no parece interesarle una justicia que, además de buscar verdad y justicia, trabaje posibles mecanismos de reconciliación. Los que mandan quieren explotar los sentimientos de venganza de un pueblo privado por demasiados años de justicia, y buscan responsables políticos con saña. Y al mismo tiempo se niegan a exigirle al Ejército que pida perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes cometidos o que abra sus archivos al respecto. Porque estos crímenes no fueron “exageraciones particulares” de algunos mandos, sino fruto de un política institucional de exterminio de opositores o de eliminación sistemática de una población civil que pudiera servir de apoyo a las guerrillas por vivir en la misma zona donde estas operaban. En El Salvador hay demasiados casos pendientes. Todos importantes. Unos muy actuales, como los delitos cometidos contra la mujer, y otros con una larga historia de desdén hacia las víctimas e impunidad. Solamente el Idhuca ha llevado a la Fiscalía en torno a 70 casos que son verdaderos crímenes de lesa humanidad. Y hay muchos más. Basta con visitar el mural-memorial del parque Cuscatlán, leer nombres de personas y de masacres, para darse cuenta de ello. Sin una ley de justicia transicional que facilite el enjuiciamiento de estos casos corremos el riesgo de desvirtuar la justicia, mezclándola con esa especie de “pensamiento único” que quiere imponer el Gobierno y que no es más que una fatua pretensión condenada al fracaso. Poner todo el empeño en el caso jesuitas, sin una ley de justicia transicional que ayude al enjuiciamiento de los casos del pasado, y al mismo tiempo abandonando o entorpeciendo casos como el El Mozote, El Sumpul, la Quesera y otras muchas masacres, no es más que un enmascaramiento del deseo de impunidad, por mucho que digan lo contrario. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, es necesario remarcar la necesidad de continuar con un proceso de trabajo serio que coloque los derechos de la mujer en paridad con los de los hombres y que, por supuesto, pare la violencia contra ellas. Si bien en esta materia se han dado avances notables en el país en las últimas décadas, aún queda mucho por hacer. Sin embargo, en vez de dialogar sobre el tema, la política gubernamental actual privilegia el espectáculo y la confrontación. En estos día, una diputada de Nuevas Ideas criticó la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, muy en la línea del afán de su partido de descalificar todo lo que no sea obra de ellos. Lo cierto es que dicha ley ha contribuido a frenar actitudes y acciones en contra de la mujer, aunque el machismo continúe presente de un modo insultante e hiriente, sobre todo en lo que respecta a los derechos básicos de las mujeres. Basta poner como ejemplo el no reconocimiento estatal de los derechos asociados a las tareas de cuido. En justicia, una mujer que cuida a sus hijos y a sus padres ancianos, dedicando la jornada completa a ello, tiene el mismo derecho a pensión que cualquier trabajador asalariado. Muchos países han incorporado a la mujer al trabajo asalariado en igualdad de condiciones con el hombre y han organizado las tareas de cuido como parte de la responsabilidad del Estado. En el norte de Europa, se dan dos años de licencia laboral pagada por maternidad, repartiéndose ese tiempo entre el padre y la madre. Por idealista que esa meta parezca, caminar hacia ella es indispensable no solo para el desarrollo económico y social de El Salvador, sino también para su desarrollo ético y moral. Pero avanzar en esa dirección implica más que pequeñas decisiones simbólicas como aumentar ligeramente el tiempo de maternidad a las mujeres y dar unos días de permiso a los padres. Muchos hombres gustan de ponerse líricos al hablar de las madres, pero son reacios a regular los derechos de la mujer. Y da la impresión que en el actual Gobierno tanto hombres como mujeres optan por ese lirismo en lugar de dar pasos concretos hacia la plena igualdad de derechos. Firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un paso que el Gobierno no se atreve a dar. Lo mismo que ratificar el Convenio 189 sobre los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar; o crear una policía especializada en la persecución de los delitos contra la mujer, especialmente los sexuales, que en la mayoría de casos quedan impune. Es irresponsable decir que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres no sirve y que se hará una nueva. Una declaración de intenciones que solo desata preocupación al considerar la baja calidad legislativa del partido oficial. Comprometer al país con la supervisión de la ONU en la protección de los derechos de la mujer sería mucho más sensato y beneficioso que dar golpes de efecto y formular grandilocuencias vacías que dejan inalterada la dura realidad de las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada del partido VAMOS, Claudia Ortiz, presentó propuestas para reformar el Código Penal, el Código de Familia y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para dar mayor protección a las madres, niños y niñas. Una de las propuestas es reformar el artículo 254 del Código de Familia para que la cuota alimenticia no sea no sea inferior al 20% del salario mínimo. Actualmente el código no define un monto específico. Ortiz dice que la propuesta es para mejorar la vida de la gente más vulnerable.

Opinión de P. Rodolfo Cardenal, S.J. Mientras el mundo se sumerge en un conflicto armado de gran envergadura con consecuencias humanas catastróficas, el presidente Bukele guarda silencio, ajeno a la realidad. “La verdadera guerra”, para él, “no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia… Solo quieren que mires para otro lado”. Y eso es, precisamente, lo que él hace. Mientras la guerra de Ucrania provoca la caída de las bolsas y se disparan hacia arriba los precios de los cereales (en concreto, del maíz y del trigo) y de los derivados del petróleo, lo cual encarecerá aún más la canasta básica y debilitará el crecimiento de la economía nacional, Bukele se complace en su hospital de pago para mascotas, en las condiciones para la maternidad y en megaproyectos cuya conclusión no está garantizada por falta de dinero y de capacidad de ejecución. El presidente es especialista en mirar a otro lado. En lugar de prestar atención a los desafíos de la realidad nacional, la emprende contra las naciones occidentales, a las que descalifica sin mayor motivo como tiranías. Es así como se le ha ocurrido el siguiente “plan simple”: “Mientras el mundo cae en la tiranía, crearemos un refugio para la libertad”. La tiranía de la que habla no es la de los imperialismos agresivos, como el de Rusia, sino la de la institucionalidad democrática. Liderazgos como el de Putin deben ser dejados en completa libertad para que actúen a su antojo. El concepto presidencial de libertad es compatible con el régimen autoritario, controlador e inquisidor. El refugio de Bukele está pensado para aquellos que buscan escapar del sistema financiero internacional, es decir, los aventureros de la criptomoneda. En el enclave, podrán ejercer la libertad económica sin ninguna restricción. El refugio no es para los salvadoreños, sino para esos extranjeros que hablan inglés. El uso de ese idioma para anunciar el ofrecimiento de privilegios tributarios, incluso la nacionalidad, no deja duda alguna sobre quiénes podrán encontrar cobijo en el régimen de los Bukele. La idea combina la libertad económica con el férreo control social interno. La contradicción no se les escapa a los usuarios más cautos de la criptomoneda, que toman distancia. Invertir en esas condiciones es demasiado arriesgado, incluso para apostadores como ellos. Se comprende, entonces, la contraposición presidencial entre Putin y los gobernantes de las otras naciones, y entre estos y Bukele. El saldo de esas comparaciones es claramente positivo para este último. No puede ser de otra manera. Por arte de birlibirloque, Bukele resulta ser más liberal y mucho mejor gobernante, y, por tanto, moralmente muy superior a todos ellos. Pero si su gestión es tan extraordinaria, ¿por qué decenas de miles de salvadoreños siguen abandonando el país rumbo al norte, confiados en encontrar ahí las oportunidades que aquí les son negadas? ¿Por qué confían encontrarlas allá y no se fían de las repetidas promesas presidenciales? ¿Qué tiene el aborrecido norte que los Bukele no posean? La respuesta no es difícil. Aquí les niegan los medios materiales para vivir dignamente; sobreviven malamente en la rebusca, sin futuro. El norte, en cambio, se les antoja más halagüeño. Al menos perciben una posibilidad real, si no para ellos, tal vez para sus hijos. El horizonte que vislumbran suscita más expectativas que las ofertas presidenciales. No les falta razón. Bukele mira hacia otro lado para eludir los desafíos de las mayorías. El enclave libertario es para quienes invierten en criptomonedas y hablan inglés. A los extranjeros les ofrece condiciones materiales para practicar sin estorbos el capitalismo salvaje, “música para los oídos de cualquier inversionistas”, agrega neciamente el BCIE. Los únicos que se deleitan con esa música son los aventureros, porque los otros exigen seguridades jurídicas que el régimen no puede garantizarles. A los demás, a las mayorías, las abandona a su suerte. Entre más huyan el país, menos presión social. Es la otra cara del capitalismo salvaje. No es claro, entonces, cómo ese enclave libertario pueda estimular el crecimiento económico. El plan es tan simple que carece de contenido. Hay razones de peso para dudar de la idoneidad presidencial. En su agenda no figura la sociedad salvadoreña, sino los extranjeros. Prefiere el inglés al español. La cercanía con el pueblo le resulta fastidiosa, pero se siente cómodo con los anarquistas excéntricos de la criptomoneda y con la farándula de las redes sociales. Ignora la atribulada vida de las mayorías, pero se complace en exhibir su hábitat palaciego, remedo de la antigua nobleza europea. Utiliza el dinero de los contribuyentes para apostar fuerte por el bitcóin, mientras él y los suyos hacen fortuna con los negocios asociados a la criptomoneda. Un gobernante enajenado de la realidad nacional, de la dura vida de sus mayorías y de las crisis internacionales se encuentra en el sitio equivocado. * Rodolfo Carde

Centroamérica es una región convulsa. Históricamente se ha caracterizado por múltiples conflictos sociales y, principalmente, por el grado de inseguridad al que ha estado expuesta su población. En buena medida, la vulnerabilidad y el drama que sufre la mayoría de sus ciudadanos ha sido resultado de la forma de gobernar, es decir, de cómo los dirigentes han optado para construir poder y así llevar las riendas en sus respectivos países. Y es que uno de los grandes males que sufre la región es la corrupción. Investigaciones periodísticas y denuncias de defensores de derechos humanos, publicadas durante estos primeros meses del año, han expuesto más evidencias de que se trata de un problema endémico. Una cultura arraigada en las instituciones y la vida política de buena parte del istmo. Un sucinto repaso permite ver cómo en Guatemala se forjó una red de tráfico de influencias (integrada por funcionarios públicos, operadores políticos y empresarios) y de cómo se pretende desbaratar la independencia judicial. Por su parte, en Honduras hemos visto la decadencia del expresidente Juan Orlando Hernández, señalado por sus vínculos con el narcotráfico. Desde Nicaragua semanalmente se conocen nuevos agravios por parte del régimen dictatorial: persecución política, censura, la libertad de expresión cercenada. En El Salvador, que no se queda atrás en esta desafortunada competencia, se mantiene firme la carrera por desmantelar a las instituciones contraloras y garantes de justicia, además de otras prácticas turbias como el espionaje a periodistas y a opositores políticos. En síntesis, es suficiente la evidencia de que existen abusos de poder para beneficiar a pequeños grupos; de la debilidad de los marcos y mecanismos institucionales, del autoritarismo y de cómo el crimen organizado se ha enquistado. Ahora bien, el repaso antes expuesto también sugiere algunas ideas, dudas y reflexiones. Por un lado, lo acontecido en Guatemala y Honduras demuestra que tarde o temprano los corruptos caen y que, pese a todos los artilugios por esconder la verdad, esta llega, se conoce y puede llevar a juicio a quienes han abusado desde su cargo público. Deberían tomar ejemplo los homólogos de la corrupción en los demás países. Por otro, es importante pensar en la urgente necesidad de una renovación política e institucional. En la mayoría de los países no se cuenta con un poder judicial y fiscal independiente, de ahí entonces que sea una autoridad externa la que investiga y sanciona. Si bien es verdad, el rol de Estados Unidos, que no es precisamente el mejor ejemplo de solvencia ética, puede contribuir o generar argumentos para determinar, con todas las garantías legales, la culpabilidad de los sospechosos de actos ilegales o de mantener relaciones ilícitas. Por tal motivo, el objetivo debería estar en que cada país juzgue a quienes le han hecho daño. De esta forma se podría sentar precedentes y así instaurar una cultura de transparencia y de orden democrático. Sin embargo, como sostienen algunos, esto plantea una paradoja que reside en cómo actuar en contextos donde la justicia ha sido secuestrada por el régimen. Dicho en otras palabras, en países donde no existen posibilidades reales de acceder a las instituciones políticas; en el que, por ejemplo, las elecciones han sido manipuladas para conservar el poder. En definitiva, ¿Hasta dónde debe actuar la comunidad internacional y cómo debe ser esa cooperación? Ciertamente, las consecuencias de la corrupción afectan a toda la sociedad. Es evidente que el mayor peso recae en los más desposeídos. Por tanto, por responsabilidad y por justicia, es un problema que se debe afrontar. Considerando la figura del espejo, es fundamental conocer las carencias y todos los artificios que se implementan en la región. En otros términos, verse en el vecino. Para el caso salvadoreño, es determinante apostar por la restitución de un escenario democrático, que incluso supere los vacíos y vicios que ya existían antes del retroceso por el que el país atraviesa. Esto solo lo puede lograr una ciudadanía crítica y organizada. Como se ha dicho en otras ocasiones, se necesita de un planteamiento común e inclusivo que abogue por recuperar el derrotero de la democracia en el que las instituciones se erijan desde su independencia. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 79.

No es fácil reflexionar sobre el imperialismo en El Salvador, pues quedan todavía demasiadas semillas de una historia donde nos enfrentábamos con la simpatía de uno u otro de los dos países imperiales de la segunda mitad del siglo XX. Aunque los problemas que nos dividían eran muy propios y endémicos, nos gustaba demasiado gritar contra uno u otro imperio que directa o indirectamente colaboraban con las simpatías enfrentadas. Cuando resurgen los debates antiimperiales con motivo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, es bueno recordar una palabras de Juan Pablo II en el documento “La preocupación de la cuestión social”. En él, el papa hoy santo nos dice que las naciones más poderosas deben superar “los imperialismos de todo tipo y los propósitos por mantener la propia hegemonía. Las naciones más fuertes y más dotadas deben sentirse moralmente responsables de las otras, con el fin de instaurar un verdadero sistema internacional que se base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido respeto de sus legítimas diferencias”. Centroamérica, que de tantas formas ha sido víctima de fuerzas imperiales, debería aceptar la necesidad de acabar a nivel mundial con cualquier forma de imperialismo y mantener relaciones con todos los países construidas sobre la colaboración, la igualdad y la solidaridad. Por estas tierras centroamericanas anduvo uno de los primigenios padres del moderno antiimperialismo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas. Puso la dignidad de los indios por encima de los intereses de los conquistadores. Se opuso radicalmente a la superioridad de los fuertes sobre los débiles. Anunció y defendió frente a ideologías imperiales la igual dignidad de la persona humana. Pero también por nuestras tierras pasaron, de un modo abusivo y opresivo, los imperialismos inglés y norteamericano, además del español. Muchas veces ni siquiera supimos defendernos, porque unas oligarquías insensibles al dolor del pobre pactaron con ellos el control político y los negocios. Hoy, aunque nos movemos en un mundo en el que el estilo imperialista de los países desarrollados y poderosos no ha desaparecido del todo, la conciencia de la autonomía de los pueblos y de la dignidad de las personas nos ha ayudado a superar dependencias y sumisiones indebidas. Pero todavía nuestros políticos, junto con otras personas formadas en las dependencias del pasado o en las superficialidades del presente, tienden a hacer cálculos de con quién les conviene estar, más allá de los valores democráticos y de los derechos humanos. Casos como el de la opresión y maltrato a los palestinos, las destructivas y abusivas guerras en Yemen impulsadas desde Arabia Saudita, el maltrato a los uigures en China, la presencia en África de algunas empresas trasnacionales europeas abusivas (apoyadas políticamente desde Europa), el embargo norteamericano a Cuba y sus abusos en Guantánamo, o la agresión de Rusia a Ucrania nos muestran que persiste el imperialismo en la actualidad. Las Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad mediatizado por la capacidad de veto de nuevas y viejas potencias imperiales, mantiene aún la huella de la prepotencia y los privilegios de los fuertes. A la ciudadanía mundial solamente nos queda la palabra, la crítica y una sana rebeldía contra todo lo que desde el poder de los fuertes constituya menoscabo o abuso de la dignidad de los pobres. La educación de la ciudadanía en la libertad, la igual dignidad y la racionalidad humanista, los derechos humanos como moralidad externa a todo poder, la democracia consciente, la educación y la cultura de paz son las armas de los pacíficos contra las mentalidades imperialistas y contra los oportunistas que se prestan siempre a la obediencia del más fuerte. La religión, en la medida que desarrolla fraternidad, concordia y solidaridad, puede y debe también oponerse a todo tipo de agresión imperial. Impulsar una autoridad y un sistema internacional de relación entre países y pueblos basado en la igualdad de derechos y en la solidaridad es la única forma de superar las formas de abuso imperialista que privilegian los intereses de los poderosos sobre las necesidades de los débiles. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La guerra tiene una larga historia de debate dentro del pensamiento cristiano. En Jesús de Nazareth, evidentemente, la guerra no tenía lugar: se sentía hijo de un padre amoroso que solamente exige que se le corresponda amándole sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Jesús les dice a sus discípulos que se amen unos a otros como Él los ha amado. Un amor así elimina la posibilidad de la brutalidad y del odio que la guerra genera. Durante los tres primeros siglos de cristianismo, los cristianos se oponían radicalmente a la guerra. Atenágoras, un apologista cristiano de mitad del siglo II, prohibía a los cristianos acudir al circo romano a presenciar las luchas entre gladiadores, porque “ver matar es casi como matar”. Tertuliano, otro gran escritor de casi la misma época, insistía en que no se podía ser soldado y ser cristiano, dado que el soldado tiene el oficio de matar. El pacifismo cristiano fue una de las fuentes permanentes de conflicto con el Imperio romano en los primeros siglos. Después vinieron los tiempos en que la Iglesia, al convertirse en poder terreno, introdujo en ella el pecado de la guerra. Las cruzadas, las alianzas políticas y guerreras con los príncipes de la época justificaban la guerra contra el enemigo. Ya en el siglo XVI, a raíz de la brutal conquista de América, dominicos como Francisco de Vitoria llegaron a la conclusión de que solamente las guerras defensivas podían ser legítimas. Añadían, además, varias cosas: las guerras ofensivas son casi siempre “delirios” de los príncipes (“líderes”, decimos hoy); se puede iniciar una guerra defensiva para proteger a personas de un país tratadas injustamente de un modo sistemático; y en toda guerra defensiva, la respuesta a la agresión debe ser siempre proporcional a la ofensa. En otras palabras, si un ofensor ocupaba belicosa e injustamente un territorio, la respuesta guerrera terminaba con la recuperación de dicho territorio. En la actualidad, el pensamiento de la Iglesia ha avanzando hacia la idea de que toda guerra es injusta por la brutalidad que implica, aunque, por supuesto, la guerra de agresión se considera el mal mayor. Por eso, desde hace algunas décadas, los papas han insistido en la necesidad de una instancia mundial con suficiente autoridad para resolver mediante el diálogo los conflictos entre pueblos y naciones. El papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti, afirma lo siguiente: “La posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [...] debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”. Y añade que ante el potencial mortífero y destructivo de las armas actuales, “es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa”. Un “no” a la guerra y un “sí” a la defensa de los derechos humanos más allá de cualquier tipo de imperialismo o de prepotencia nacionalista son hoy parte normativa de la conciencia católica. Ante la guerra rusa contra Ucrania, los cristianos deben exigir diálogo entre las partes y búsqueda de mediación si estas no se ponen de acuerdo. La guerra siempre conlleva muerte y destrucción; por tanto, no es cristiana ni humana y debe erradicarse de la historia.

Uno de los antiguos líderes y también funcionario del FMLN desenmascaró el talante de algunos de los diputados que, convertidos en jueces, lo emplazaron. Durante el interrogatorio, consiguió que uno de ellos admitiera que había trabajado durante casi tres décadas en los Gobiernos de Arena y del FMLN. Calló, sin embargo, que, además del salario, recibía varias dietas e incluso reclamó un aumento del monto. Al final del interrogatorio, el emplazado envió saludos a “la gente del Alba” por medio de otro diputado, que había trabajado en esa empresa del FMLN. Estos diputados, comisionados para investigar los sobresueldos y los subsidios estatales a entidades privadas, no son muy diferentes de los antiguos funcionarios de Arena y del FMLN, el compendio más completo de corrupción y maldad según el oficialismo. Cabe preguntar, entonces, cuándo estos diputados abandonaron ese camino de perdición y tomaron el de la innovación insólita. La única conversión posible, a juzgar por las obras, el criterio incontrovertible, es haber cambiado de bando a tiempo para seguir en las mismas. No tienen, pues, solvencia moral para acusar a sus antiguos colegas de malversación de fondos públicos. Tampoco tienen solvencia técnica. Carecen de formación y de experiencia para investigar el delito. Una tarea que, por otro lado, compete a la Fiscalía y a la Policía. Un buen ejemplo de la ignorancia prevaleciente entre los comisionados es confundir el contrato de servicios con la donación y el convenio. Una confusión de la que hicieron gala en la comparecencia del rector de la UCA. Ni siquiera son buenos polemistas, un vicio que socava sus intenciones malévolas. No saben argumentar. Insisten cansinamente en las mismas preguntas, la mayoría de veces redundantes, puesto que la respuesta se encuentra en los documentos que tienen delante. Pierden fácilmente los estribos y amenazan con acusar de desacato si el emplazado no se inculpa. Sin argumentos y sin capacidad para la controversia, no les fue bien con el antiguo funcionario del FMLN y mucho menos con el rector de la UCA, mejores polemistas que ellos. Cuando los comisionados no dan con lo preestablecido en el guion proporcionado por los manejadores del espectáculo, introducen temas ajenos a la comisión encomendada. Cuando no pudieron demostrar que la UCA había recibido subsidio gubernamental, cuestionaron su sistema de cuotas estudiantiles y sus contribuciones fiscales, materias que no eran de su competencia, puesto que la Universidad es una institución privada. Todo con el propósito de sentar la idea de que la UCA es una universidad para ricos mientras la educación nacional yace postrada. Acorralados, obviaron que la educación nacional no corresponde a la UCA, sino a ellos mismos, pues son los legisladores de Bukele, y que este, en lugar de invertir en ella, gasta innecesariamente en el Ejército, en armamento y en criptomoneda. En sus manos está, si se atrevieran, detener semejante aberración. Las comisiones legislativas proceden inquisitorialmente.El inquisidor está en posesión de una denuncia —en este caso, provista por los operadores de Casa Presidencial— que da por verdadera si más, y cita al acusado para que se inculpe. Este no tiene derecho a la defensa ni a conocer la identidad del denunciante, y se le presupone culpable. En la inquisición medieval, la inculpación, muchas veces obtenida con tortura, era un requisito para poder otorgar el perdón divino al transgresor. Las comisiones del régimen intentan arrancar la inculpación con el acoso verbal y mediático, con el infundio y la tergiversación, para humillar al acusado y enaltecer a Bukele. El método inquisitorial no es nada nuevo, pero contradice a un Bukele que, con exenciones fiscales, pretende convertir al país en “un refugio de libertad”. Los inquisidores del régimen están más allá de estas contradicciones. Estiman que, al girar en la órbita del poder absoluto, no están sujetos a rendir cuentas, a decir verdad y a actuar racional y decentemente. Su misión es complacer al foco de poder para permanecer en su órbita. El plano orbital en el que se mueven los hace sentirse todopoderosos. Sin embargo, no debieran perder de vista lo que ocurre en el vecindario. El expresidente Honduras ha pasado de la cima del poder a la muy probable sima de la prisión estadounidense. Es ilusorio pensar que el régimen de los Bukele durará siempre. Los privilegios del poder que ahora disfrutan cínicamente, los pueden perder mañana. Basta una leve indicación del jefe supremo para caer en la desgracia. Las comisiones inquisitoriales de la legislatura no son más que fuerzas de choque del régimen. Agitan para ocultar el descalabro de la gestión gubernamental de los Bukele. Su entrega es ciega, sin importarles el ridículo que hacen. Exigen honestidad, pero han vivido del Estado como muchos de los acusados. Exigen respeto, pero no se dan a respetar, al poner en evidencia su pobreza intelectual y su perversidad. Exigen acatamiento, pero sin autoridad o legalid

Todo Gobierno se desgasta políticamente con el paso del tiempo. Aunque el de Bukele todavía mantiene altos índices de respaldo social, los signos de desgaste ya son evidentes. Lenta pero gradualmente la población se va desencantando de las promesas que en un inicio entusiasmaron, pero que hoy contrastan con la realidad diaria. Cada vez más gente cae en cuenta de las negativas implicaciones de dejar la suerte del país en manos de un muy reducido grupo de clara tendencia autoritaria. Frente a lo que pasa en El Salvador, hay al menos cuatro tipos de personas. Por un lado, las que gracias a la propaganda del mandatario han establecido un vínculo emocional con él que les impide ver los signos antidemocráticos, la corrupción y la falta de humanismo del régimen. Para ellos, todo lo que venga del presidente y de quienes le rodean —sin importar la trayectoria y catadura moral de estos— debe ser respaldado, porque persigue el bien del país. Según las últimas encuestas, este grupo sigue siendo mayoritario, pero su tamaño se ha reducido. Un segundo tipo es el de las personas pasivas: las que observan lo que pasa, se dan cuenta de que el país no va por buen camino, saben que los pronósticos económicos no son halagüeños, están en contra de muchas medidas gubernamentales, pero no hacen ni dicen nada. Muchos no quieren expresarse o comprometerse por temor a represalias mediáticas o laborales. De este modo, por omisión, terminan avalando las actuaciones de Bukele y sus funcionarios. El tercer grupo es el de los que activamente alertan sobre la situación y resisten la embestida autoritaria. Estas personas expresan su descontento, protestan en la calle, se movilizan para hacer sentir su oposición, pero aún no tienen una propuesta o alternativa ante el estilo autoritario de gobernar. Su afán es resistir hasta que pase la tormenta. Finalmente, el cuarto tipo es el de quienes se oponen a lo que está haciendo el Gobierno, desaprueban la actitud del presidente, lo denuncian y buscan alternativas para que el país se enrumbe en un camino más prometedor, más democrático, inclusivo y humano. Aunque todavía faltan dos años para las elecciones generales de 2024, el régimen ya está en campaña. El ejemplo más claro es el perfil partidario de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una artimaña diseñada para restarle alcaldes a los otrora partidos mayoritarios. Algunos sectores descontentos con el Gobierno también tienen puestos sus ojos en 2024. Unos proponen crear nuevos partidos o reciclar los existentes; otros buscan posibles candidatos o candidatas. Tienen en común su oposición a que se consolide un régimen autoritario, pero poco más. Y en los dos años que le restan a la administración de Bukele, pueden pasar muchas cosas, demasiadas. De cara al bien del país, el primer paso es contar con una propuesta que beneficie a la mayoría de la población y tenga en su centro los derechos humanos y la justicia social. Cuando se actúa con el único interés de salir de un problema, se corre el riesgo de crear otro igual o peor, tal como sucedió en Guatemala con la elección de Alejandro Giammattei. Es fundamental tener claro qué se ofrece o busca como alternativa a lo que hay, y actuar de manera coordinada, superando las diferencias sectoriales y los esencialismos. La dispersión solo favorece a quien ostenta el poder. Sin un proyecto claro y unificado, difícilmente cambiarán las cosas.

En el cantón La Joya, de Meanguera Morazán, se están buscando los restos de al menos 5 personas. Aunque no se descarta que el total sea de 7, quienes fueron asesinadas por militares durante la masacre realizada entre el 9 y 12 de diciembre de 1981 en El Mozote y sitios aledaños. Específicamente, esta diligencia se orienta a encontrar los restos de 5 personas, una adulta y cuatro niños y niñas. La adulta era doña María Francisca Reyes, conocida también como María Marcos Reyes de 25 años de edad y 3 de sus hijos: José Francisco Luna Reyes, de 5 años de edad; María Nely Luna Reyes, de 3 años de edad; Evaristo Luna Reyes, de 7 meses y Emelinda Hernández, de 11 meses de edad. Esta última era hija de María Lorena Hernández. La menor había sido entregada en la casa, la noche de los hechos, buscando protección para la bebé mientras el padre y la madre de la niña buscaban refugio entre el monte. Lamentablemente, cuando el padre llega a buscar a su hija, un día después, encuentra que la familia había sido masacrada y no localizó a su hija. Unos días después la familia de doña Francisca llegó al lugar en la noche y enterró los cuerpos, no pudieron identificar por el tiempo que había pasado y porque ya los restos estaban en estado de descomposición. Algunos animales habían empezado a devorar los cuerpos de quienes estaban ahí, entre los que había menores de muy corta edad. Al respecto, la abogada de Cristosal, acusadora en el caso El Mozote, Guadalupe Hernández, puntualizó los principales objetivos de la búsqueda de los restos de las víctimas.

El golpe de mano en la Corte Suprema de Justicia lanza un mentís a la integridad del régimen de los Bukele. La revuelta palaciega muestra no solo que el régimen no es tan sólido como quisiera, sino también que sus prácticas están reñidas con su publicitada probidad. La sublevación de los magistrados contra su presidente, todos ellos afines al oficialismo, es otra fractura en el bloque oficialista. El presidente de la Corte Suprema de Justicia defenestrado llegó al cargo con la bendición presidencial y perdió sus facultades administrativas con la misma bendición. Un dedazo lo puso y otro lo redujo a la insignificancia. La caída en desgracia no tiene motivaciones de idoneidad para el cargo o de integridad, sino de poder. Impuesto por Casa Presidencial, quiso imitar a su patrón y ejerció el poder sin contar con sus colegas, también impuestos. A estos les resultó intolerable que “no estaba tomando las decisiones administrativas adecuadas”, es decir, que no les diera parte en el reparto del botín. El presidente despidió a los cuadros administrativos estratégicos y en su lugar colocó a sus incondicionales. Pero fue demasiado lejos al no dar participación a sus colegas magistrados, quienes se coaligaron y le ganaron el pulso en Casa Presidencial. Conseguido el aval de Bukele, lo despojaron de sus facultades administrativas, depusieron a sus incondicionales y, en su lugar, colocaron a los suyos. Estos movimientos ponen al desnudo la dinámica del poder institucional. La facción victoriosa no solo se repartió los cargos administrativos, sino que los recién llegados hicieron lo mismo con los puestos inferiores. Así fue antes y así sigue siendo. Lo mismo ha ocurrido en la presidencia de los otros poderes del Estado. Llegó Bukele y, con él, sus hermanos, sus amistades, sus socios, los venezolanos y, últimamente, una corte de otros extranjeros anarquistas de la criptomoneda. Todos ellos, siguiendo la lógica de la corrupción institucional, han promovido a la cúpula de la estructura estatal a sus prosélitos. La única diferencia importante entre el ayer y el hoy es que antes se podían conocer algunas de estas movidas; ahora, esa posibilidad está cerrada. La ideología del régimen es incapaz de mantener la disciplina en sus filas. A medida que pasa el tiempo, los militantes caen en cuenta de que no son más que simples peones del jefe supremo. Quienes se apuntaron con la expectativa de hacer carrera política han descubierto que eso no les está permitido. Quienes se apuntaron para hacer algo de provecho para sus electores han encontrado que esas aspiraciones están sujetas a la voluntad del patrón. Quienes se apuntaron para medrar lo tienen mejor, mientras sean obsequiosos con él. El error estratégico de funcionarios y diputados ha sido olvidar que el escaño o el sillón que ocupan se lo deben a que Bukele fue elegido presidente del poder ejecutivo. No los eligió el voto popular ni fueron elegidos por sus méritos. La ideología oficial, que pregona la inexistencia del pasado y un nuevo comienzo sin parangón en la historia nacional, en su machacona simpleza, no consigue someter a los inquietos y a los ambiciosos. No es la primera vez que los reclutas se salen de la fila, insatisfechos con la porción que les ha tocado del botín. Corrientes de descontento subterráneo socavan los escaños de la legislatura. El régimen ha reaccionado de manera expedita y drástica, y ha desaforado a dos indisciplinados. La disputa interna entre los magistrados por la influencia, los privilegios y el dinero ha remecido la presidencia de la Corte Suprema. Estos movimientos indican que no hay que dar por supuesta la solidez del régimen y, en consecuencia, tampoco su futuro. La ambición, las rivalidades y los celos de unos colaboradores sin integridad y sin vergüenza ha resultado ser más poderosa que la pobre ideología cyan. La revuelta en la Corte Suprema muestra, para quien quiera ver, la verdadera naturaleza del régimen. En lugar de la honestidad, que brilla por su ausencia, reinan la ambición, la deslealtad y la oscuridad. El oficialismo devora a sus propios peones. Primero fue un ministro, siguieron dos diputados y el último es el presidente de uno de los poderes del Estado. Cuestión abierta es si la represión interna podrá contener el descontento y las frustraciones. Impotente ante los hechos consumados, el presidente defenestrado invocó tímidamente la ley. Un gesto inútil, porque él y sus compinches la hicieron saltar por los aires. La institucionalidad anulada no puede protegerlo ahora de la voluntad del supremo. Aparte de la hipocresía de invocarla en la desgracia. En un régimen dictatorial, nunca se sabe cuándo se perderá el favor del patrón. Al magistrado presidente, inesperadamente y muy a su pesar, le dieron una cucharada grande de su propia medicina amarga. El mínimo de vergüenza y de dignidad exige renunciar a una presidencia donde solo se ocupa un sillón. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La justicia social es un deber del Estado para con la ciudadanía. En el primer numeral de la Constitución se describe a la persona humana como fundamento del Estado y se señala las responsabilidades básicas de este con los ciudadanos. Pese a ello, los políticos y los funcionarios apenas hablan de justicia social. Menos aún la empresa privada. Es un término constitucional casi olvidado, muy poco desarrollado en las leyes y en las instituciones públicas de El Salvador. En el siglo XIX, cuando se acuñó el concepto, la justicia social se definió como el establecimiento de la igualdad para todos los seres humanos en los derechos básicos que se desprenden de la dignidad de la persona. Tal como se le lee en el documento fundacional de la OIT, “La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Al ser la justicia social una obligación constitucional del Estado salvadoreño y un derecho de cada ciudadano, resulta necesario corregir la desigualdad de acceso a los derechos básicos. ¿Todos los salvadoreños tienen el mismo derecho a la salud? Es evidente que no. La existencia de dos sistemas públicos de salud con diferente capacidad de atención y cuido muestra que en este derecho básico hay desigualdad. Con respecto a las pensiones, la cuestión es aún más grave: tres cuartas partes de la población está excluida de ese servicio. Por otra parte, una alta proporción de los estudiantes no termina el bachillerato y la baja calidad de muchos institutos y colegios priva a un buen grupo de jóvenes de una formación adecuada. Además, es obligatorio preguntarse si es justo que el Estado pague a algunos de sus funcionarios el equivalente a 20 salarios mínimos. Si el Estado se ciñera a la justicia social que le exige la Constitución, esa exhibición de desigualdad sería imposible. La creencia de ser superior a otras personas, y por tanto con mayores derechos, está culturalmente muy incrustada en las élites salvadoreñas. Los altos salarios estatales y los variados sobresueldos, aunque legales, son socialmente injustos, violan un principio constitucional. Igual sucede con una ley de impuestos que permite acaparar mucha riqueza mientras otros ciudadanos, con los mismos derechos, pasan hambre. La indiferencia y desprecio de las élites a la justicia social es, entre otros factores, una de las causas de que con tanta facilidad los políticos violen la Constitución de la República y haya tanto beneplácito ante la adopción de medidas populistas. En 1931, el papa Pío XI decía que la distribución de la riqueza debía regirse por los principios de la justicia social. El destino universal de los bienes y, por tanto, el acceso a ellos tiene prioridad sobre la propiedad privada. No la excluye, pero la pone al servicio de que todos tengan al menos la posibilidad de satisfacer sus derechos básicos y desarrollar plenamente sus capacidades. Acaparar y despojar son correlativos. La justicia social habla de otra cosa: satisfacción plena de los derechos. El derecho a la libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de la gente, ni de la dignidad de los pobres, ni del respeto al medio ambiente. Sin justicia social no hay desarrollo equitativo y sostenible.

Monitorear el acontecer nacional lleva una y otra vez a una realidad marcada por la violencia, expresada tanto en los homicidios y las desapariciones como en la dinámica de las relaciones interpersonales ante situaciones de conflicto. Una violencia que forma parte de la cultura machista profundamente enraizada en la sociedad salvadoreña; tan arraigada que ya se considera natural. La violencia y el machismo son parte de los elementos estructurales que condicionan a nuestra sociedad, causan un profundo daño a sus miembros e impiden el desarrollo humano. Actuar con violencia no se limita a causar daño físico a otra persona. También es imponer a la fuerza una idea o una forma de pensar, ser indiferente ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, despreciar a otros. Violencia es todo aquello que le impide a las personas desarrollar a plenitud su potencial y vivir de forma fraterna y armónica con sus semejantes. El papa Pablo VI, hace ya 55 años, afirmó que el desarrollo integral de la persona y los pueblos es el nuevo nombre de la paz, pues ambos factores están interrelacionados: “Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”. La sociedad salvadoreña está lejos de ese orden querido por Dios, en el que, como señala Pablo VI, todas las personas puedan aspirar a su legítimo deseo de “verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de ser humano; ser más instruidos;(...) y los pueblos aspiran a la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones”. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2022, el papa Francisco propone tres caminos para conseguir y mantener la paz, o en otras palabras, tres caminos que conducen hacia ese desarrollo integral al que aspira toda persona: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. Pareciera que al escribir su mensaje el papa hubiera pensado en El Salvador, señalándonos el camino a seguir para superar la violencia, el desempleo y los profundos déficit de la educación. Para el papa, “dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”. El diálogo busca, pues, el entendimiento, la comprensión, la construcción de algo nuevo que surge de poner en común diversas ideas o posiciones, para avanzar hacia un futuro mejor. Una dinámica que debe ser incluyente: “Los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”. Y tan importante como el diálogo es ofrecer a la población una educación que haga “a la persona más libre y responsable” y sea la “base de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso”. Por ello, nos dice el papa, invertir “en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo”. Por último, Francisco llama a reconocer la importancia del trabajo para la plena realización de la dignidad humana, en tanto que “es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso”. De ahí la vital necesidad de garantizar el acceso a un trabajo “en condiciones dignas y decentes, orientadas al bien común y al cuidado de la creación”. Para el papa, toda persona tiene la obligación de ser artesana de la paz para “la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. Ojalá El Salvador atendiera ese llamado; en particular, aquellos que obcecada y estratégicamente insisten en sembrar discordia, odio, división.

Los anuncios de obras públicas extraordinarias no podrán ocultar la realidad por mucho tiempo. La gente no come del anuncio de ser el primer país de la región en lanzar un satélite al espacio. La construcción de un grandioso hospital para mascotas no esconde la precaria situación de los hospitales para la población, al contrario, la hace más dolorosa. Un estadio con instalaciones del primer mundo choca con el déficit de vivienda digna para los más pobres y con el deplorable estado de las escuelas por el que se rasgan las vestiduras los funcionarios después de estar más de dos años y medio en el poder. Y no es que esos proyectos no sean buenos, pero en la situación en que está el país son como dar solo un vestido elegante a una persona desnutrida. Además, los grandes anuncios publicitarios que presentan al país convertido en una especie de paraíso con la introducción del bitcóin, no pueden disimular que la mayoría de la población lo ha rechazado y que sus cajeros tienen casi como únicos clientes a los soldados que los cuidan más que a la gente. A toda la parafernalia mediática le resulta cada vez más difícil enmascarar que la principal piedra en el zapato del gobierno es la economía y que el aumento del costo de la vida, sobre todo de los servicios y de la canasta básica, son la principal cruz para las familias salvadoreñas. Y aunque las declaraciones oficiales hablen de bonanza y relativicen la crisis, los números están ahí y no mienten. Visto desde las finanzas públicas la situación no es menos que crítica. El país alcanzó niveles nunca vistos en la deuda de corto plazo en el 2020 y en el 2021. El saldo de este tipo de deuda alcanzó los 2,638 millones de dólares. El endeudamiento es tan grande, que el pago de la deuda le ha ganado terreno a la inversión social. En el presupuesto 2022, la asignación para pagar el servicio de la deuda es la segunda más grande, solo un poco menos que el destinado a educación y supera a lo que se ha destinado a salud y seguridad. Esto le ha traído consecuencias al país. En la segunda semana de febrero, la deuda soberana se convirtió en la peor calificada de todos los países de Centroamérica. La calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de El Salvador de B (altamente especulativo) a CCC que quiere decir que la posibilidad de no poder pagar la deuda es muy real. Pero la decisión de bajar la calificación no se debe solo al factor económico. La calificadora también tomó en cuenta, según su informe, el debilitamiento de las instituciones y la gran incertidumbre que se vive sobre todo por la concentración de poder en la presidencia de la República, que ha aumentado la imprevisibilidad de las políticas y la adopción del bitcóin. La baja calificación del país en esta materia, se traduce en que es difícil conseguir préstamos y, si se consiguen, no es en condiciones favorables. Nadie quiere prestar dinero a quien se cree no podrá pagar y esa es la situación del país. De igual forma, cuando se encuentra alguna fuente de préstamo, el interés es más caro. Pero hay otro efecto del riesgo. Los inversionistas privados no invierten en los países que tienen una calificación baja. Una pequeña prueba de esto es que el 14 de enero pasado, el Ministerio de Hacienda convocó a la primera subasta de LETES del año 2022. De los $70 millones que se ofrecieron para refinanciar, el país solo pudo colocar $45.3 millones en dos tramos. Desde la perspectiva de la población más pobre, la situación no es distinta. En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) solo hay dos unanimidades. Cerca del 100% de la población opinó que el bitcóin debe ser algo voluntario y no obligatorio y, en casi la misma proporción, la gente percibe que el costo de la vida ha aumentado. La gente siente cada vez más dificultad para hacerse con lo indispensable para la sobrevivencia. En efecto, los números macroeconómicos lo confirman. La inflación en El Salvador también registró números históricos. El pasado mes de enero, la inflación cerró con 6.49% y el aumento en el precio de los bienes y servicios llegó a 6.12%, la tasa más alta desde que el país se dolarizó en el 2001. El gobierno ha mostrado experticia en el manejo de publicidad haciendo que la gente le crea y se alegre por el anuncio de grandes obras que solo existen en la boca de los funcionarios y que difícilmente se podrán hacer sin recursos. Una de dos. O consigue recursos para seguir haciendo clientelismo político con las necesidades de la gente o sigue con su estrategia mediática alienando a la población con anuncios de ficción que no llenan el estómago ni la dignidad. Al final tendrá que darse cuenta que decir cosas bonitas que toquen sentimientos y hacer grandes anuncios que distraigan a la gente no serán suficientes porque por ahora su problema (y el de la gente) es la economía. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 78.

El Gobierno pretende invisibilizar el drama de los presos políticos; fuera de los familiares y amigos de estos, apenas se habla del tema. Muy probablemente ello obedece a que en muchas personas pesa el temor de que al abogar por los presos políticos se les acuse de defender a Arena o al FMLN. Otros quizá piensan que los privados de libertad por el actual Gobierno no responden a la definición clásica de preso político: una persona confinada en una cárcel debido a sus ideas o su actividad política. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece que 5 factores definen a un preso o presa política. El primero, que en la detención se hayan violado las garantías fundamentales. El segundo, que la privación de libertad esté motivada por razones puramente políticas, sin conexión con delitos. El tercero, que la duración del encarcelamiento o sus condiciones no guarden relación con lo que dicta la ley. El cuarto, que la persona sea recluida de manera distinta a otros. Y el quinto, que la detención sea resultado de procedimientos claramente injustos. Los exfuncionarios detenidos por el Gobierno de Nayib Bukele cumplen con varios de esos factores. Es evidente que se está ante una persecución dirigida a miembros de partidos a los que el presidente quiere liquidar. Queda claro que esa persecución obedece a motivos políticos porque, en contraste, no incluye, por ejemplo, a funcionarios del actual Gobierno que ganan más de lo que el presupuesto establece para su cargo, ni a otros vinculados a actos de corrupción cometidos durante los primeros meses de la pandemia, ni a los señalados en la Lista Engels. Además, a los detenidos no se les ha respetado el debido proceso que manda la ley para que puedan defenderse. En el caso de Ernesto Muyshondt, un tribunal le dictó arresto domiciliario mientras esperaba juicio; la medida fue ratificada por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, el director general de centros penales se negó a liberarlo argumentando razones disparatadas. Luego, cuando Nayib Bukele hubo nombrado, a través de sus diputados y diputadas, a sus magistrados, estos decretaron que el exalcalde siguiera en prisión. El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador ha denunciado que a los detenidos se les han violado sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, no han podido ver a sus parientes ni a sus abogados. Es tan extrema la situación que los familiares han tenido que recurrir a las redes sociales y a los medios de comunicación en un intento de que a los detenidos que padecen enfermedades crónicas les entreguen medicamentos. Por supuesto, la inocencia o culpabilidad de los detenidos deberá determinarse en un juicio, pero para que tal cosa sea posible, los acusados deben tener todas las garantías legales, algo que no está sucediendo. Con premeditación, se les está infligiendo un castigo severo, irracional, sin asidero legal; muy similar al que Daniel Ortega aplica en Nicaragua a sus opositores. En las verdaderas democracias, no hay presos políticos. En un país libre, nadie guarda prisión con independencia de lo que dictan los jueces y las leyes.

Todo país que quiere un futuro digno lo planifica con base en la realidad. Y puesto que la capacidad de acceder a datos objetivos ha aumentado enormemente en esta época, la dificultad de dicha planificación radica más bien en encontrar la voluntad de reflexionar adecuadamente sobre las cifras y estudios con los que se cuenta. En el caso de nuestro país, abundan los datos sobre la economía, la productividad, la población, los recursos naturales, el mercado laboral y las necesidades educativas. Pero se suele rehuir el estudio de la realidad, prefiriendo prometer y presentar renders de un futuro espléndido sin considerar costos y beneficios. La represa de El Chaparral es un ejemplo. Anunciada a un costo de poco más de 200 millones de dólares, terminará requiriendo el triple. La rentabilidad de la obra quedó en el área de los sueños: pura imaginación. Sobre todo en lo relativo al desarrollo y la protección social, la planificación nacional es prácticamente inexistente. Una buena muestra se encuentra en el tema del envejecimiento de la población. Los cálculos de la Cepal sobre el incremento de la población adulta mayor en los próximos decenios deberían ser motivo de alerta y de acción. Según el censo de población, en 2020 había un poco menos de 800 mil personas mayores de 60 años; en el año 2050, afirma la Cepal, habrá un millón y medio de personas con esa edad. Pese a que ese aumento de la población adulta mayor generará nuevas necesidades y problemas, la ausencia de pensamiento y de planificación al respecto es notable. En la actualidad, solo un 25% de la población mayor de 60 años tiene pensión. La Cepal calcula, basándose en datos oficiales, que el porcentaje de mayores de 60 años con discapacidad severa es del 13.2%. En otras palabras, unos 100 mil ancianos padecen un nivel de incapacidad que necesita cuido; dentro de 30 años serán 300 mil. Los datos disponibles son suficientes para planificar un sistema de pensiones y una economía del cuido que contribuyan a solucionar los problemas que se derivarán del escenario que se avecina. Por desgracia, es casi seguro que nada se hará. La mayoría de quienes tienen dinero velan en exclusiva por sus inversiones y ganancias; los políticos, por la permanencia en el poder. Y cuando miembros de la sociedad civil critican esa incapacidad gubernamental de pensar el futuro y esa tendencia de los poderosos a centrarse solamente en sus intereses, se les ignora o se les ataca sin tregua, buscando desprestigiar a quien alza la voz. Si no se planifica el futuro, no habrá salida a la violencia, la marginalidad, la corrupción y la vulnerabilidad. La planificación requiere transparencia, realismo y participación ciudadana. Sin ello, los proyectos gubernamentales se reducen a puras promesas o especulaciones. Los pequeños avances que El Salvador ha logrado hasta el presente han tenido como base el diálogo, el estudio y la información. Dejar a un lado ese camino solo llevará al fracaso.

El contraste entre el mundo presidencial y la realidad es muy notable. Mientras la última oleada de la covid golpea fuertemente a la población, los derivados del petróleo suben de precio y con ellos el costo de la vida, más de cien mil trabajadores retiran la cuarta parte del ahorro de su pensión, aumentan las familias que buscan a un desaparecido sin obtener respuesta y el flujo migratorio crece imparable, el presidente Bukele anuncia “10 impulsos económicos” y coloca las primeras piedras de algunos megaproyectos, rodeado de maquinaria pesada y de excéntricos extranjeros promotores de criptomonedas. Estos pocos trazos ponen de manifiesto la contraposición entre el mundo de los Bukele y el de la gente. El contraste tiene características darwinistas. El pajarito presidencial, de un tiempo a esta parte trilingüe, pregona trivialidades en español, inglés y turco, pero enmudece ante la expansión de los contagios de la covid-19 y el aumento de los fallecimientos, ante la inflación, ante los miserables salarios urbanos y rurales, ante el desempleo y la masa de trabajadores informales, la mayoría mujeres. El abandono de la mayoría de la población a su suerte, en unas circunstancias muy apremiantes, es dejarla en manos de la selección natural, donde solo sobreviven los más fuertes. Los débiles no tienen ningún futuro en el mundo de los Bukele. Los grandes proyectos presidenciales son para el disfrute de los más recios. El régimen no tiene respuesta para las dificultades cotidianas enfrentadas por las mayorías, entre las cuales figuran muchos de los seguidores más fieles del mandatario. El silencio tiene mucho de incompetencia y de insensibilidad. El régimen permanece impasible ante la desaparición de personas y el encuentro de tumbas clandestinas, ante los hospitalizados y los muertos, ante los emigrantes y los hambrientos. Es incapaz de compadecerse de la zozobra, el sufrimiento y el desvalimiento del pueblo, en cuyo interés dice gobernar. La inteligencia y el sentir presidencial de la realidad humana del país no cambiarán mientras la mayoría de los descartados por el oficialismo aplauda sus promesas y sus contados logros, aun cuando estos no los beneficien directamente. Los fieles aguardan confiados el cumplimiento de que no está lejos el día en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Sin embargo, cada vez son más los que buscan en el norte las oportunidades que aquí les son negadas. La cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento del 475 por ciento en los dos últimos años. Los detenidos en las primeras semanas de este año son casi 20 mil. Si la novedad fuera tan bondadosa, tal como asegura el oficialismo, el flujo de emigrantes no solo habría disminuido notablemente, sino que muchos de los radicados en Estados Unidos se dispondrían a regresar. Curiosamente, en los planes de los admiradores de Bukele en aquel país, no figura regresar voluntariamente a El Salvador. El anuncio de megaproyectos y la colocación de las primeras piedras no convencen. Los descartados venden lo poco que poseen o se endeudan para pagar al coyote y emprenden una travesía, acechados por el fracaso y la muerte. Los riesgos son altos y reales, pero si logran sortearlos, encuentran una oportunidad única, que aquí es inexistente. La alternativa es contemplar impotentes cómo se los traga el darwinismo presidencial. Ni los que huyen, ni los que no regresan confían en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Otros optan por las diversas modalidades que ofrece el crimen organizado. La intuición popular capta la realidad muy certeramente. La anunciada inversión de 1,510 millones de dólares en obras públicas este año, para impulsar el crecimiento económico, es irreal. Desde 2009, incluido los años de los Bukele, esa inversión ha rondado los 700 millones de dólares anuales. En gran parte, por falta de capacidad de ejecución. Ni siquiera Fomilenio pudo superar esa cantidad. Los dos programas, cuya gestión fue supervisada por Washington, invirtieron 200 y 600 millones de dólares, respectivamente, en cinco años. Así, pues, no hay forma de que el régimen de los Bukele pueda ejecutar más de mil millones de dólares en un año, si es que dispone de ellos. Algo muy dudoso, ya que no tiene dinero suficiente para financiar el presupuesto y para pagar las obligaciones de la deuda. “No estamos aún donde queremos, porque nuestros sueños son muy grandes”, anunció triunfal la esposa de Bukele en Dubái, en una feria de turismo. En efecto, los sueños de la pareja presidencial son grandes, tanto que su concreción es prácticamente imposible. Mientras la pareja sueña, lo más pequeño, lo de diario, que más afecta negativamente a la mayoría de la gente, es silenciado, escondido y olvidado. Es incuestionable que los Bukele no han llegado a donde quisieran, pero es muy discutible que “estamos avanzado y muy rápidamente”, como agregó la primera dama. Si así fuera, el flujo de em

De la esperanza a la locura Editorial UCA 11/02/2022 En enero se cumplieron tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz. Un hito histórico que puso fin a una guerra fratricida de 12 años y que posibilitó iniciar el camino hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Desde la firma de los Acuerdos hasta febrero de 2020, el sistema político salvadoreño fue avanzando hacia la democracia formal y el Estado de derecho. Pese a la lentitud de los avances, pasó a ser normal la celebración de elecciones libres y abiertas a todas las opciones e ideologías políticas. Los eventos electorales celebrados a partir de 1994 respetaron la voluntad popular y permitieron que llegaran a las alcaldías, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República aquellos candidatos y partidos a los que la población dio su confianza, sin excluir ninguna tendencia política. Sin embargo, los avances en la democracia política no fueron acompañados de una democracia social y económica. La aplicación de políticas del más estricto neoliberalismo, la falta de solidaridad de los más pudientes y la ausencia de una visión común para la construcción de un país con igualdad de oportunidades, equidad de derechos y con justicia social impidieron que se realizaran las transformaciones estructurales necesarias para la inclusión de las grandes mayorías. Esas mayorías a las que El Salvador de posguerra ha sido incapaz de ofrecerles una mejor calidad de vida, un trabajo decente, una vivienda segura, una educación de calidad. Los derechos económicos y sociales fueron dejados a un lado, y con ello la población perdió la esperanza. La decepción ante las promesas incumplidas, que en muchos mutó en hondo resentimiento, aupó en 2019 a Nayib Bukele a la Presidencia de la República. Él decía tener las ideas, la juventud y la energía necesarias para lograr lo que la población deseaba: más seguridad y mejores condiciones de vida. Pero antes de que finalizara el primer año de su mandato, el domingo 9 de febrero de 2020, Bukele mostró su verdadero rostro: no es un demócrata, no le importa el Estado de derecho ni la independencia de poderes que establece la Constitución. La toma militar de la Asamblea Legislativa para mostrar su poder fue el primer acto significativo de un proceso hacia el autoritarismo y el ejercicio autocrático del poder. La toma de la Asamblea Legislativa marcó el inicio de la ruptura democrática en nuestro país, del irrespeto a la institucionalidad y de la implementación de un régimen político que avanza por la fuerza y el avasallamiento, prescindiendo de las leyes, el diálogo y la racionalidad. Hace dos años, cuando se dio ese amago de golpe a la democracia, algunos no lograron vislumbrar su verdadero significado e incluso tildaron de exagerados a quienes dieron la alarma y criticaron el hecho. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a los que entendieron la toma de la Asamblea como la primera acción del régimen autocrático que día a día ha ido cerrando los espacios democráticos que con tanto esfuerzo se habían alcanzado. El 9 de febrero de 2020 se inauguró una nueva época política en las historia del país; una época caracterizada por la opacidad y el ocultamiento de la verdad, la total ausencia de rendición de cuentas, la intolerancia a la crítica, la desacreditación de todo tipo de oposición, la negativa al diálogo con la sociedad civil, la instalación de tribunales inquisitoriales, las constantes improvisaciones de un líder carismático y populista con enormes deseos de poder y concentrado en desmontar toda institución que pueda ponerle límites. En el supuesto de que el régimen no desmonte también toda posibilidad de celebrar elecciones libres y competitivas, este ciclo puede durar hasta junio de 2024 si la población es capaz de darse cuenta de que sin democracia, sin Estado de derecho, sin transparencia, todos perdemos. Si no, es muy probable que luego ya sea demasiado tarde y no exista más la posibilidad de un cambio por la vía democrática.

Las grandes masacres casi siempre necesitaron fosas clandestinas. Muchas de ellas se fueron descubriendo después de las guerras que generaron las matanzas. Así actuaron los nazis en vastas zonas de la Europa oriental contra judíos y gitanos, o los soviéticos en zonas polacas o en su propio territorio cuando Stalin exterminaba opositores. Los nazis, preocupados por no dejar huella, pronto cambiaron las fosas comunes de los campos de exterminio (no todas) por los hornos crematorios. Hoy los campos de concentración nazis se han convertido en una especie de centros de reflexión, auténticos santuarios, del “nunca más”. Sin embargo, las fosas comunes continuaron siendo frecuentes en diversas guerras del siglo XX, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde Yugoslavia a Camboya, pasando por otros muchos lugares, incluida América Latina. En una escala mucho más pequeña, las fosas comunes siguen presentes en algunos países como señal y signo de que la locura homicida no está extirpada de la historia humana. Uno de estos países es el nuestro, El Salvador. Las fosas comunes, independientemente del tamaño que tengan, presuponen siempre una organización criminal que siempre será más amplia de lo que podemos imaginar, si contamos a los que colaboran, callan o no se atreven a hablar. Por eso resulta indispensable reflexionar sobre el tema. En un intervalo de tiempo corto, hemos visto en El Salvador la aparición de dos fosas clandestinas. Una con aproximadamente 20 cuerpos y otra de 26, según información oficial. En el caso de la primera, se capturó rápidamente a uno de los supuestos perpetradores, pues la tenía en su propia vivienda. Se habló inicialmente de una red, pero pronto el silencio cayó sobre la investigación y al capturado se le dio la calidad de “testigo criteriado”. En el caso de la segunda, tampoco hay mayor información sobre la autoría, conexiones y cómplices necesarios para disponer de esa especie de cementerio tan cercano a zonas densamente pobladas del gran San Salvador. Por otra parte, sabemos que hay grupos de exterminio en el país, en los que se juntan sicarios, algunos policías o expolicías, y algunos comerciantes y medianos empresarios. En pura lógica racional, no resulta difícil establecer un nexo entre las fosas y la existencia de grupos ilegales de exterminio, a cuyo servicio están sin dudas dichosas fosas. Aunque los homicidios hayan bajado ostensiblemente en el país, esta doble presencia de grupos y fosas clandestinos muestra una fuerza del crimen organizado y una capacidad de acción del mismo que debería ser objeto de investigación prioritaria y de información pública trasparente. Los crímenes concretos podrán sufrir reducciones, pero que un poder paralelo al Estado tenga la posibilidad de matar impunemente y “administrar” en el tiempo fosas o cementerios clandestinos, señala una vulnerabilidad estatal en el campo de la seguridad ciudadana realmente peligrosa. Y más en estos tiempos de tensión en los que se fomenta el odio contra la crítica política con una vocería con frecuencia agresiva. En este contexto, resulta indispensable para la ciudadanía señalar esta situación como una auténtica emergencia. Y al mismo tiempo exigir al Estado que asuma su responsabilidad a la hora de investigar a fondo tanto las fosas como los grupos de exterminio, y sus posibles vinculaciones. Por su parte, al Estado le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, que siempre será débil si no se investiga con transparencia y se lleva a juicio a todos los implicados en esta doble y conexa situación de grupos y cementerios organizados al servicio del crimen. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Nayib Bukele aprovechó el tercer aniversario de la elección que lo llevó a la Presidencia para anunciar una lista de obras de infraestructura que, dijo, se realizarán en el país en los próximos meses. En realidad, la mayoría de ellas requerirá de mucho más que unos meses para su arranque, construcción y finalización, pues, por su número y calado, demandan acuciosos estudios técnicos y de factibilidad, así como los correspondientes procesos de licitación y contratación (en el supuesto de que se cumpla la ley). De hecho, el mismo Bukele ha inaugurado obras públicas (como los bypass de la Libertad y de San Miguel, y el periférico Claudia Lars) gestionadas por el Gobierno anterior, pero que por su complejidad y tamaño solo pudieron finalizarse durante la presente administración. Algo que el presidente ha sabido utilizar a su favor. Poco cabe objetar ante proyectos de mejora de la red vial que buscan facilitar la circulación a lo largo y ancho del territorio nacional, propiciando así el desarrollo más allá de la capital. Pero este no es el caso: la mayoría de las obras anunciadas están orientadas al área metropolitana. Además, los problemas de tráfico de la capital y sus alrededores no se resolverán con dichas obras, por muy importantes y necesarias que sean algunas de ellas. La solución en estas zonas tan densamente pobladas pasa por la construcción de un sistema de transporte colectivo y público que tenga preferencia en todo sentido. Un sistema que sea cómodo, eficiente, no contaminante, rápido y accesible al bolsillo de las personas con menos recursos. De momento, no se ve que esta sea la apuesta del Gobierno. Por otra parte, no puede obviarse la tendencia de esta administración a destruir sin necesidad las infraestructuras existentes para construir otras nuevas. El ya demolido edificio que albergaba la biblioteca nacional no solo era un patrimonio nacional que estaba en muy buen estado, sino que había sido construido para resistir terremotos, por lo que que le quedaban muchos años de vida útil al servicio de la ciudad y la cultura. La nueva biblioteca bien se hubiera podido edificar en alguno de los muchos predios baldíos o con construcciones dañadas del centro de la ciudad. Lo mismo ocurre con el nuevo estadio. Demoler la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios es un despropósito, pues se incurrirá en un gasto mayor al tener que construir nuevas instalaciones para trasladarla. Hubiera sido más sensato buscar un terreno vacío para ese estadio. Eso sin preguntarse sobre el impacto medioambiental y sobre la coherencia de emprender esa obra ante las muchas necesidades del país, en especial de la población más pobre. Invertir en infraestructura es algo bueno para fomentar el empleo y crear condiciones para un mayor desarrollo. Pero ello debe ir acompañado de planes de desarrollo sustentable que prioricen las áreas más deprimidas del país. Esos planes a nivel nacional, departamental y municipal son fundamentales si se desea que el país avance hacia una mayor equidad y los salvadoreños puedan realizar aquí sus proyectos de vida. Esa debe ser una tarea a la que el Gobierno de Nayib Bukele debería ponerle el principal interés; similar al que lo movió a asignar 200 millones de dólares para la remodelación de escuelas.

Las escasas noticias sobre el viaje de la familia Bukele a Turquía y Dubái indican que las expectativas presidenciales no fueron satisfechas. Los medios oficiales solo han registrado el encuentro con el presidente de Turquía, la visita a una fábrica de armamento sofisticado, la comparecencia de la primera dama en la feria de Dubái y promesas vagas de inversión. Si las expectativas presidenciales hubieran sido satisfechas, el oficialismo no se habría mostrado tan parco. El presidente ni siquiera se molestó en relatar a sus seguidores los momentos memorables del viaje, sino que se presentó en San Miguel para inaugurar el área de descanso del personal sanitario de los hospitales nacionales. Un aterrizaje abrupto y modesto en la realidad. Probablemente, Bukele no fue acogido como esperaba y, en particular, no halló las fuentes de financiamiento que quizás buscaba. Necesita dinero urgentemente para financiar el presupuesto de este año, el cual, pese a sobreestimar los ingresos, presenta un hueco de casi 500 millones de dólares. De ahí el disgusto con el FMI, que se niega a facilitarle 1,300 millones de dólares si no sube algunos impuestos, reduce el gasto y rinde cuentas. Si sube los impuestos, en concreto, el IVA, una receta típica del Fondo, es probable que se aliene a una porción significativa de sus seguidores. Si no sube el IVA, pero sí los otros impuestos que el Fondo recomienda, se aliena al gran capital, el más afectado y cuyo apoyo, aunque silencioso y a regañadientes, es muy conveniente. Reducir el gasto y rendir cuentas sería ir en contra de la naturaleza del régimen. No obstante, Hacienda dice tener “otras alternativas”. La única conocida es el bitcóin. Los hermanos Bukele confían ciegamente en que la criptomoneda aumentará su valor de manera continua y sostenida, hasta arrojar dinero suficiente para financiar el presupuesto, pagar la deuda e invertir en los megaproyectos. La confianza de los Bukele es tal que han gastado el 1 por ciento del PIB en implementar la criptomoneda y han aumentado la deuda existente en más de 300 millones de dólares para adquirir bitcóin. Apuestan en él como quien acude al casino convencido de que ganará suficiente dinero para cancelar sus deudas y elevar su nivel de vida. Bukele confía, según sus propias palabras, en que cada uno de los 50 millones de millonarios que, según él, existen adquiera uno de los 21 millones de bitcoin disponibles. Dado que la oferta no satisface ni siquiera la mitad de la demanda, el precio de la criptomoneda se disparará espectacularmente y, en ese momento, tendrá más dinero del que necesita. “Es cuestión de tiempo”. Mientras llega ese momento, el régimen debe rebuscarse, esto es, contraer más deuda, cada vez más cara, para cumplir con los acreedores y para sobrevivir. El supuesto no tiene fundamento. Nadie puede garantizar que los millonarios adquieran bitcóin. Tampoco “los bonos volcán”, dado que el eurobono ofrece una rentabilidad mucho más alta. El juego es arriesgado y la apuesta muy alta. Si fracasa, las pérdidas serán astronómicas. No para los Bukele, que no arriesgan su capital, sino para el país. La única garantía de la operación es —pensando bien— la certeza del iluminado; pero —pensando mal— no se puede negar que la apuesta y su promesa de riqueza fácil sin cuento tienen la apariencia de las grandes estafas. Los mercados reaccionan negativamente. Temen que el país no pueda honrar sus compromisos financieros. En la actualidad, El Salvador ocupa el tercer lugar en la lista de países de mayor riesgo para invertir, después de Venezuela y Argentina. Esta, que vive una prolongada crisis financiera, ya ha llegado a un acuerdo con el FMI, porque no tiene otra alternativa. Los Bukele, en cambio, confían en que millonarios dispuestos a asumir altos riesgos y afrontar grandes pérdidas los alejen del abismo financiero. La cuestión aquí no es discutir las políticas del FMI, sino señalar sus razones para no proporcionar el préstamo que los Bukele tanto necesitan. El Fondo se niega por falta de garantías. Paradójicamente, uno de los abanderados del neoliberalismo no se traga el liberalismo de los Bukele. Tampoco los entendidos más lúcidos en criptomonedas, que ven en ellas la gran oportunidad para libertarse de las restricción de los sistemas financieros tradicionales. Las criptomonedas son las monedas del reino de la libertad total. Un reino en abierta contradicción con el autoritarismo de los Bukele. Ni siquiera la fantástica ciudad liberalizada del oriente del país ha conseguido despejar esa sombra. Mientras tanto, a sus pies se abre el abismo financiero. El peor enemigo de El Salvador futuro no es Arena y el FMLN, sino los Bukele del presente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.