Editoriales y Opiniones

No es fácil reflexionar sobre el imperialismo en El Salvador, pues quedan todavía demasiadas semillas de una historia donde nos enfrentábamos con la simpatía de uno u otro de los dos países imperiales de la segunda mitad del siglo XX. Aunque los problemas que nos dividían eran muy propios y endémicos, nos gustaba demasiado gritar contra uno u otro imperio que directa o indirectamente colaboraban con las simpatías enfrentadas. Cuando resurgen los debates antiimperiales con motivo de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, es bueno recordar una palabras de Juan Pablo II en el documento “La preocupación de la cuestión social”. En él, el papa hoy santo nos dice que las naciones más poderosas deben superar “los imperialismos de todo tipo y los propósitos por mantener la propia hegemonía. Las naciones más fuertes y más dotadas deben sentirse moralmente responsables de las otras, con el fin de instaurar un verdadero sistema internacional que se base en la igualdad de todos los pueblos y en el debido respeto de sus legítimas diferencias”. Centroamérica, que de tantas formas ha sido víctima de fuerzas imperiales, debería aceptar la necesidad de acabar a nivel mundial con cualquier forma de imperialismo y mantener relaciones con todos los países construidas sobre la colaboración, la igualdad y la solidaridad. Por estas tierras centroamericanas anduvo uno de los primigenios padres del moderno antiimperialismo, el fraile dominico Bartolomé de las Casas. Puso la dignidad de los indios por encima de los intereses de los conquistadores. Se opuso radicalmente a la superioridad de los fuertes sobre los débiles. Anunció y defendió frente a ideologías imperiales la igual dignidad de la persona humana. Pero también por nuestras tierras pasaron, de un modo abusivo y opresivo, los imperialismos inglés y norteamericano, además del español. Muchas veces ni siquiera supimos defendernos, porque unas oligarquías insensibles al dolor del pobre pactaron con ellos el control político y los negocios. Hoy, aunque nos movemos en un mundo en el que el estilo imperialista de los países desarrollados y poderosos no ha desaparecido del todo, la conciencia de la autonomía de los pueblos y de la dignidad de las personas nos ha ayudado a superar dependencias y sumisiones indebidas. Pero todavía nuestros políticos, junto con otras personas formadas en las dependencias del pasado o en las superficialidades del presente, tienden a hacer cálculos de con quién les conviene estar, más allá de los valores democráticos y de los derechos humanos. Casos como el de la opresión y maltrato a los palestinos, las destructivas y abusivas guerras en Yemen impulsadas desde Arabia Saudita, el maltrato a los uigures en China, la presencia en África de algunas empresas trasnacionales europeas abusivas (apoyadas políticamente desde Europa), el embargo norteamericano a Cuba y sus abusos en Guantánamo, o la agresión de Rusia a Ucrania nos muestran que persiste el imperialismo en la actualidad. Las Naciones Unidas, con su Consejo de Seguridad mediatizado por la capacidad de veto de nuevas y viejas potencias imperiales, mantiene aún la huella de la prepotencia y los privilegios de los fuertes. A la ciudadanía mundial solamente nos queda la palabra, la crítica y una sana rebeldía contra todo lo que desde el poder de los fuertes constituya menoscabo o abuso de la dignidad de los pobres. La educación de la ciudadanía en la libertad, la igual dignidad y la racionalidad humanista, los derechos humanos como moralidad externa a todo poder, la democracia consciente, la educación y la cultura de paz son las armas de los pacíficos contra las mentalidades imperialistas y contra los oportunistas que se prestan siempre a la obediencia del más fuerte. La religión, en la medida que desarrolla fraternidad, concordia y solidaridad, puede y debe también oponerse a todo tipo de agresión imperial. Impulsar una autoridad y un sistema internacional de relación entre países y pueblos basado en la igualdad de derechos y en la solidaridad es la única forma de superar las formas de abuso imperialista que privilegian los intereses de los poderosos sobre las necesidades de los débiles. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La guerra tiene una larga historia de debate dentro del pensamiento cristiano. En Jesús de Nazareth, evidentemente, la guerra no tenía lugar: se sentía hijo de un padre amoroso que solamente exige que se le corresponda amándole sobre todas las cosas y amando al prójimo como a sí mismo. Jesús les dice a sus discípulos que se amen unos a otros como Él los ha amado. Un amor así elimina la posibilidad de la brutalidad y del odio que la guerra genera. Durante los tres primeros siglos de cristianismo, los cristianos se oponían radicalmente a la guerra. Atenágoras, un apologista cristiano de mitad del siglo II, prohibía a los cristianos acudir al circo romano a presenciar las luchas entre gladiadores, porque “ver matar es casi como matar”. Tertuliano, otro gran escritor de casi la misma época, insistía en que no se podía ser soldado y ser cristiano, dado que el soldado tiene el oficio de matar. El pacifismo cristiano fue una de las fuentes permanentes de conflicto con el Imperio romano en los primeros siglos. Después vinieron los tiempos en que la Iglesia, al convertirse en poder terreno, introdujo en ella el pecado de la guerra. Las cruzadas, las alianzas políticas y guerreras con los príncipes de la época justificaban la guerra contra el enemigo. Ya en el siglo XVI, a raíz de la brutal conquista de América, dominicos como Francisco de Vitoria llegaron a la conclusión de que solamente las guerras defensivas podían ser legítimas. Añadían, además, varias cosas: las guerras ofensivas son casi siempre “delirios” de los príncipes (“líderes”, decimos hoy); se puede iniciar una guerra defensiva para proteger a personas de un país tratadas injustamente de un modo sistemático; y en toda guerra defensiva, la respuesta a la agresión debe ser siempre proporcional a la ofensa. En otras palabras, si un ofensor ocupaba belicosa e injustamente un territorio, la respuesta guerrera terminaba con la recuperación de dicho territorio. En la actualidad, el pensamiento de la Iglesia ha avanzando hacia la idea de que toda guerra es injusta por la brutalidad que implica, aunque, por supuesto, la guerra de agresión se considera el mal mayor. Por eso, desde hace algunas décadas, los papas han insistido en la necesidad de una instancia mundial con suficiente autoridad para resolver mediante el diálogo los conflictos entre pueblos y naciones. El papa Francisco, en su encíclica Fratelli tutti, afirma lo siguiente: “La posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho [...] debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales”. Y añade que ante el potencial mortífero y destructivo de las armas actuales, “es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa”. Un “no” a la guerra y un “sí” a la defensa de los derechos humanos más allá de cualquier tipo de imperialismo o de prepotencia nacionalista son hoy parte normativa de la conciencia católica. Ante la guerra rusa contra Ucrania, los cristianos deben exigir diálogo entre las partes y búsqueda de mediación si estas no se ponen de acuerdo. La guerra siempre conlleva muerte y destrucción; por tanto, no es cristiana ni humana y debe erradicarse de la historia.

Uno de los antiguos líderes y también funcionario del FMLN desenmascaró el talante de algunos de los diputados que, convertidos en jueces, lo emplazaron. Durante el interrogatorio, consiguió que uno de ellos admitiera que había trabajado durante casi tres décadas en los Gobiernos de Arena y del FMLN. Calló, sin embargo, que, además del salario, recibía varias dietas e incluso reclamó un aumento del monto. Al final del interrogatorio, el emplazado envió saludos a “la gente del Alba” por medio de otro diputado, que había trabajado en esa empresa del FMLN. Estos diputados, comisionados para investigar los sobresueldos y los subsidios estatales a entidades privadas, no son muy diferentes de los antiguos funcionarios de Arena y del FMLN, el compendio más completo de corrupción y maldad según el oficialismo. Cabe preguntar, entonces, cuándo estos diputados abandonaron ese camino de perdición y tomaron el de la innovación insólita. La única conversión posible, a juzgar por las obras, el criterio incontrovertible, es haber cambiado de bando a tiempo para seguir en las mismas. No tienen, pues, solvencia moral para acusar a sus antiguos colegas de malversación de fondos públicos. Tampoco tienen solvencia técnica. Carecen de formación y de experiencia para investigar el delito. Una tarea que, por otro lado, compete a la Fiscalía y a la Policía. Un buen ejemplo de la ignorancia prevaleciente entre los comisionados es confundir el contrato de servicios con la donación y el convenio. Una confusión de la que hicieron gala en la comparecencia del rector de la UCA. Ni siquiera son buenos polemistas, un vicio que socava sus intenciones malévolas. No saben argumentar. Insisten cansinamente en las mismas preguntas, la mayoría de veces redundantes, puesto que la respuesta se encuentra en los documentos que tienen delante. Pierden fácilmente los estribos y amenazan con acusar de desacato si el emplazado no se inculpa. Sin argumentos y sin capacidad para la controversia, no les fue bien con el antiguo funcionario del FMLN y mucho menos con el rector de la UCA, mejores polemistas que ellos. Cuando los comisionados no dan con lo preestablecido en el guion proporcionado por los manejadores del espectáculo, introducen temas ajenos a la comisión encomendada. Cuando no pudieron demostrar que la UCA había recibido subsidio gubernamental, cuestionaron su sistema de cuotas estudiantiles y sus contribuciones fiscales, materias que no eran de su competencia, puesto que la Universidad es una institución privada. Todo con el propósito de sentar la idea de que la UCA es una universidad para ricos mientras la educación nacional yace postrada. Acorralados, obviaron que la educación nacional no corresponde a la UCA, sino a ellos mismos, pues son los legisladores de Bukele, y que este, en lugar de invertir en ella, gasta innecesariamente en el Ejército, en armamento y en criptomoneda. En sus manos está, si se atrevieran, detener semejante aberración. Las comisiones legislativas proceden inquisitorialmente.El inquisidor está en posesión de una denuncia —en este caso, provista por los operadores de Casa Presidencial— que da por verdadera si más, y cita al acusado para que se inculpe. Este no tiene derecho a la defensa ni a conocer la identidad del denunciante, y se le presupone culpable. En la inquisición medieval, la inculpación, muchas veces obtenida con tortura, era un requisito para poder otorgar el perdón divino al transgresor. Las comisiones del régimen intentan arrancar la inculpación con el acoso verbal y mediático, con el infundio y la tergiversación, para humillar al acusado y enaltecer a Bukele. El método inquisitorial no es nada nuevo, pero contradice a un Bukele que, con exenciones fiscales, pretende convertir al país en “un refugio de libertad”. Los inquisidores del régimen están más allá de estas contradicciones. Estiman que, al girar en la órbita del poder absoluto, no están sujetos a rendir cuentas, a decir verdad y a actuar racional y decentemente. Su misión es complacer al foco de poder para permanecer en su órbita. El plano orbital en el que se mueven los hace sentirse todopoderosos. Sin embargo, no debieran perder de vista lo que ocurre en el vecindario. El expresidente Honduras ha pasado de la cima del poder a la muy probable sima de la prisión estadounidense. Es ilusorio pensar que el régimen de los Bukele durará siempre. Los privilegios del poder que ahora disfrutan cínicamente, los pueden perder mañana. Basta una leve indicación del jefe supremo para caer en la desgracia. Las comisiones inquisitoriales de la legislatura no son más que fuerzas de choque del régimen. Agitan para ocultar el descalabro de la gestión gubernamental de los Bukele. Su entrega es ciega, sin importarles el ridículo que hacen. Exigen honestidad, pero han vivido del Estado como muchos de los acusados. Exigen respeto, pero no se dan a respetar, al poner en evidencia su pobreza intelectual y su perversidad. Exigen acatamiento, pero sin autoridad o legalid

Todo Gobierno se desgasta políticamente con el paso del tiempo. Aunque el de Bukele todavía mantiene altos índices de respaldo social, los signos de desgaste ya son evidentes. Lenta pero gradualmente la población se va desencantando de las promesas que en un inicio entusiasmaron, pero que hoy contrastan con la realidad diaria. Cada vez más gente cae en cuenta de las negativas implicaciones de dejar la suerte del país en manos de un muy reducido grupo de clara tendencia autoritaria. Frente a lo que pasa en El Salvador, hay al menos cuatro tipos de personas. Por un lado, las que gracias a la propaganda del mandatario han establecido un vínculo emocional con él que les impide ver los signos antidemocráticos, la corrupción y la falta de humanismo del régimen. Para ellos, todo lo que venga del presidente y de quienes le rodean —sin importar la trayectoria y catadura moral de estos— debe ser respaldado, porque persigue el bien del país. Según las últimas encuestas, este grupo sigue siendo mayoritario, pero su tamaño se ha reducido. Un segundo tipo es el de las personas pasivas: las que observan lo que pasa, se dan cuenta de que el país no va por buen camino, saben que los pronósticos económicos no son halagüeños, están en contra de muchas medidas gubernamentales, pero no hacen ni dicen nada. Muchos no quieren expresarse o comprometerse por temor a represalias mediáticas o laborales. De este modo, por omisión, terminan avalando las actuaciones de Bukele y sus funcionarios. El tercer grupo es el de los que activamente alertan sobre la situación y resisten la embestida autoritaria. Estas personas expresan su descontento, protestan en la calle, se movilizan para hacer sentir su oposición, pero aún no tienen una propuesta o alternativa ante el estilo autoritario de gobernar. Su afán es resistir hasta que pase la tormenta. Finalmente, el cuarto tipo es el de quienes se oponen a lo que está haciendo el Gobierno, desaprueban la actitud del presidente, lo denuncian y buscan alternativas para que el país se enrumbe en un camino más prometedor, más democrático, inclusivo y humano. Aunque todavía faltan dos años para las elecciones generales de 2024, el régimen ya está en campaña. El ejemplo más claro es el perfil partidario de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una artimaña diseñada para restarle alcaldes a los otrora partidos mayoritarios. Algunos sectores descontentos con el Gobierno también tienen puestos sus ojos en 2024. Unos proponen crear nuevos partidos o reciclar los existentes; otros buscan posibles candidatos o candidatas. Tienen en común su oposición a que se consolide un régimen autoritario, pero poco más. Y en los dos años que le restan a la administración de Bukele, pueden pasar muchas cosas, demasiadas. De cara al bien del país, el primer paso es contar con una propuesta que beneficie a la mayoría de la población y tenga en su centro los derechos humanos y la justicia social. Cuando se actúa con el único interés de salir de un problema, se corre el riesgo de crear otro igual o peor, tal como sucedió en Guatemala con la elección de Alejandro Giammattei. Es fundamental tener claro qué se ofrece o busca como alternativa a lo que hay, y actuar de manera coordinada, superando las diferencias sectoriales y los esencialismos. La dispersión solo favorece a quien ostenta el poder. Sin un proyecto claro y unificado, difícilmente cambiarán las cosas.

En el cantón La Joya, de Meanguera Morazán, se están buscando los restos de al menos 5 personas. Aunque no se descarta que el total sea de 7, quienes fueron asesinadas por militares durante la masacre realizada entre el 9 y 12 de diciembre de 1981 en El Mozote y sitios aledaños. Específicamente, esta diligencia se orienta a encontrar los restos de 5 personas, una adulta y cuatro niños y niñas. La adulta era doña María Francisca Reyes, conocida también como María Marcos Reyes de 25 años de edad y 3 de sus hijos: José Francisco Luna Reyes, de 5 años de edad; María Nely Luna Reyes, de 3 años de edad; Evaristo Luna Reyes, de 7 meses y Emelinda Hernández, de 11 meses de edad. Esta última era hija de María Lorena Hernández. La menor había sido entregada en la casa, la noche de los hechos, buscando protección para la bebé mientras el padre y la madre de la niña buscaban refugio entre el monte. Lamentablemente, cuando el padre llega a buscar a su hija, un día después, encuentra que la familia había sido masacrada y no localizó a su hija. Unos días después la familia de doña Francisca llegó al lugar en la noche y enterró los cuerpos, no pudieron identificar por el tiempo que había pasado y porque ya los restos estaban en estado de descomposición. Algunos animales habían empezado a devorar los cuerpos de quienes estaban ahí, entre los que había menores de muy corta edad. Al respecto, la abogada de Cristosal, acusadora en el caso El Mozote, Guadalupe Hernández, puntualizó los principales objetivos de la búsqueda de los restos de las víctimas.

El golpe de mano en la Corte Suprema de Justicia lanza un mentís a la integridad del régimen de los Bukele. La revuelta palaciega muestra no solo que el régimen no es tan sólido como quisiera, sino también que sus prácticas están reñidas con su publicitada probidad. La sublevación de los magistrados contra su presidente, todos ellos afines al oficialismo, es otra fractura en el bloque oficialista. El presidente de la Corte Suprema de Justicia defenestrado llegó al cargo con la bendición presidencial y perdió sus facultades administrativas con la misma bendición. Un dedazo lo puso y otro lo redujo a la insignificancia. La caída en desgracia no tiene motivaciones de idoneidad para el cargo o de integridad, sino de poder. Impuesto por Casa Presidencial, quiso imitar a su patrón y ejerció el poder sin contar con sus colegas, también impuestos. A estos les resultó intolerable que “no estaba tomando las decisiones administrativas adecuadas”, es decir, que no les diera parte en el reparto del botín. El presidente despidió a los cuadros administrativos estratégicos y en su lugar colocó a sus incondicionales. Pero fue demasiado lejos al no dar participación a sus colegas magistrados, quienes se coaligaron y le ganaron el pulso en Casa Presidencial. Conseguido el aval de Bukele, lo despojaron de sus facultades administrativas, depusieron a sus incondicionales y, en su lugar, colocaron a los suyos. Estos movimientos ponen al desnudo la dinámica del poder institucional. La facción victoriosa no solo se repartió los cargos administrativos, sino que los recién llegados hicieron lo mismo con los puestos inferiores. Así fue antes y así sigue siendo. Lo mismo ha ocurrido en la presidencia de los otros poderes del Estado. Llegó Bukele y, con él, sus hermanos, sus amistades, sus socios, los venezolanos y, últimamente, una corte de otros extranjeros anarquistas de la criptomoneda. Todos ellos, siguiendo la lógica de la corrupción institucional, han promovido a la cúpula de la estructura estatal a sus prosélitos. La única diferencia importante entre el ayer y el hoy es que antes se podían conocer algunas de estas movidas; ahora, esa posibilidad está cerrada. La ideología del régimen es incapaz de mantener la disciplina en sus filas. A medida que pasa el tiempo, los militantes caen en cuenta de que no son más que simples peones del jefe supremo. Quienes se apuntaron con la expectativa de hacer carrera política han descubierto que eso no les está permitido. Quienes se apuntaron para hacer algo de provecho para sus electores han encontrado que esas aspiraciones están sujetas a la voluntad del patrón. Quienes se apuntaron para medrar lo tienen mejor, mientras sean obsequiosos con él. El error estratégico de funcionarios y diputados ha sido olvidar que el escaño o el sillón que ocupan se lo deben a que Bukele fue elegido presidente del poder ejecutivo. No los eligió el voto popular ni fueron elegidos por sus méritos. La ideología oficial, que pregona la inexistencia del pasado y un nuevo comienzo sin parangón en la historia nacional, en su machacona simpleza, no consigue someter a los inquietos y a los ambiciosos. No es la primera vez que los reclutas se salen de la fila, insatisfechos con la porción que les ha tocado del botín. Corrientes de descontento subterráneo socavan los escaños de la legislatura. El régimen ha reaccionado de manera expedita y drástica, y ha desaforado a dos indisciplinados. La disputa interna entre los magistrados por la influencia, los privilegios y el dinero ha remecido la presidencia de la Corte Suprema. Estos movimientos indican que no hay que dar por supuesta la solidez del régimen y, en consecuencia, tampoco su futuro. La ambición, las rivalidades y los celos de unos colaboradores sin integridad y sin vergüenza ha resultado ser más poderosa que la pobre ideología cyan. La revuelta en la Corte Suprema muestra, para quien quiera ver, la verdadera naturaleza del régimen. En lugar de la honestidad, que brilla por su ausencia, reinan la ambición, la deslealtad y la oscuridad. El oficialismo devora a sus propios peones. Primero fue un ministro, siguieron dos diputados y el último es el presidente de uno de los poderes del Estado. Cuestión abierta es si la represión interna podrá contener el descontento y las frustraciones. Impotente ante los hechos consumados, el presidente defenestrado invocó tímidamente la ley. Un gesto inútil, porque él y sus compinches la hicieron saltar por los aires. La institucionalidad anulada no puede protegerlo ahora de la voluntad del supremo. Aparte de la hipocresía de invocarla en la desgracia. En un régimen dictatorial, nunca se sabe cuándo se perderá el favor del patrón. Al magistrado presidente, inesperadamente y muy a su pesar, le dieron una cucharada grande de su propia medicina amarga. El mínimo de vergüenza y de dignidad exige renunciar a una presidencia donde solo se ocupa un sillón. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La justicia social es un deber del Estado para con la ciudadanía. En el primer numeral de la Constitución se describe a la persona humana como fundamento del Estado y se señala las responsabilidades básicas de este con los ciudadanos. Pese a ello, los políticos y los funcionarios apenas hablan de justicia social. Menos aún la empresa privada. Es un término constitucional casi olvidado, muy poco desarrollado en las leyes y en las instituciones públicas de El Salvador. En el siglo XIX, cuando se acuñó el concepto, la justicia social se definió como el establecimiento de la igualdad para todos los seres humanos en los derechos básicos que se desprenden de la dignidad de la persona. Tal como se le lee en el documento fundacional de la OIT, “La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social”. Al ser la justicia social una obligación constitucional del Estado salvadoreño y un derecho de cada ciudadano, resulta necesario corregir la desigualdad de acceso a los derechos básicos. ¿Todos los salvadoreños tienen el mismo derecho a la salud? Es evidente que no. La existencia de dos sistemas públicos de salud con diferente capacidad de atención y cuido muestra que en este derecho básico hay desigualdad. Con respecto a las pensiones, la cuestión es aún más grave: tres cuartas partes de la población está excluida de ese servicio. Por otra parte, una alta proporción de los estudiantes no termina el bachillerato y la baja calidad de muchos institutos y colegios priva a un buen grupo de jóvenes de una formación adecuada. Además, es obligatorio preguntarse si es justo que el Estado pague a algunos de sus funcionarios el equivalente a 20 salarios mínimos. Si el Estado se ciñera a la justicia social que le exige la Constitución, esa exhibición de desigualdad sería imposible. La creencia de ser superior a otras personas, y por tanto con mayores derechos, está culturalmente muy incrustada en las élites salvadoreñas. Los altos salarios estatales y los variados sobresueldos, aunque legales, son socialmente injustos, violan un principio constitucional. Igual sucede con una ley de impuestos que permite acaparar mucha riqueza mientras otros ciudadanos, con los mismos derechos, pasan hambre. La indiferencia y desprecio de las élites a la justicia social es, entre otros factores, una de las causas de que con tanta facilidad los políticos violen la Constitución de la República y haya tanto beneplácito ante la adopción de medidas populistas. En 1931, el papa Pío XI decía que la distribución de la riqueza debía regirse por los principios de la justicia social. El destino universal de los bienes y, por tanto, el acceso a ellos tiene prioridad sobre la propiedad privada. No la excluye, pero la pone al servicio de que todos tengan al menos la posibilidad de satisfacer sus derechos básicos y desarrollar plenamente sus capacidades. Acaparar y despojar son correlativos. La justicia social habla de otra cosa: satisfacción plena de los derechos. El derecho a la libertad de empresa no puede estar por encima de los derechos de la gente, ni de la dignidad de los pobres, ni del respeto al medio ambiente. Sin justicia social no hay desarrollo equitativo y sostenible.

Monitorear el acontecer nacional lleva una y otra vez a una realidad marcada por la violencia, expresada tanto en los homicidios y las desapariciones como en la dinámica de las relaciones interpersonales ante situaciones de conflicto. Una violencia que forma parte de la cultura machista profundamente enraizada en la sociedad salvadoreña; tan arraigada que ya se considera natural. La violencia y el machismo son parte de los elementos estructurales que condicionan a nuestra sociedad, causan un profundo daño a sus miembros e impiden el desarrollo humano. Actuar con violencia no se limita a causar daño físico a otra persona. También es imponer a la fuerza una idea o una forma de pensar, ser indiferente ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, despreciar a otros. Violencia es todo aquello que le impide a las personas desarrollar a plenitud su potencial y vivir de forma fraterna y armónica con sus semejantes. El papa Pablo VI, hace ya 55 años, afirmó que el desarrollo integral de la persona y los pueblos es el nuevo nombre de la paz, pues ambos factores están interrelacionados: “Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”. La sociedad salvadoreña está lejos de ese orden querido por Dios, en el que, como señala Pablo VI, todas las personas puedan aspirar a su legítimo deseo de “verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de ser humano; ser más instruidos;(...) y los pueblos aspiran a la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las naciones”. En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2022, el papa Francisco propone tres caminos para conseguir y mantener la paz, o en otras palabras, tres caminos que conducen hacia ese desarrollo integral al que aspira toda persona: el diálogo intergeneracional, la educación y el trabajo. Pareciera que al escribir su mensaje el papa hubiera pensado en El Salvador, señalándonos el camino a seguir para superar la violencia, el desempleo y los profundos déficit de la educación. Para el papa, “dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos”. El diálogo busca, pues, el entendimiento, la comprensión, la construcción de algo nuevo que surge de poner en común diversas ideas o posiciones, para avanzar hacia un futuro mejor. Una dinámica que debe ser incluyente: “Los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”. Y tan importante como el diálogo es ofrecer a la población una educación que haga “a la persona más libre y responsable” y sea la “base de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso”. Por ello, nos dice el papa, invertir “en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un lugar adecuado en el mundo del trabajo”. Por último, Francisco llama a reconocer la importancia del trabajo para la plena realización de la dignidad humana, en tanto que “es expresión de uno mismo y de los propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque se trabaja siempre con o por alguien. En esta perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un mundo más habitable y hermoso”. De ahí la vital necesidad de garantizar el acceso a un trabajo “en condiciones dignas y decentes, orientadas al bien común y al cuidado de la creación”. Para el papa, toda persona tiene la obligación de ser artesana de la paz para “la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. Ojalá El Salvador atendiera ese llamado; en particular, aquellos que obcecada y estratégicamente insisten en sembrar discordia, odio, división.

Los anuncios de obras públicas extraordinarias no podrán ocultar la realidad por mucho tiempo. La gente no come del anuncio de ser el primer país de la región en lanzar un satélite al espacio. La construcción de un grandioso hospital para mascotas no esconde la precaria situación de los hospitales para la población, al contrario, la hace más dolorosa. Un estadio con instalaciones del primer mundo choca con el déficit de vivienda digna para los más pobres y con el deplorable estado de las escuelas por el que se rasgan las vestiduras los funcionarios después de estar más de dos años y medio en el poder. Y no es que esos proyectos no sean buenos, pero en la situación en que está el país son como dar solo un vestido elegante a una persona desnutrida. Además, los grandes anuncios publicitarios que presentan al país convertido en una especie de paraíso con la introducción del bitcóin, no pueden disimular que la mayoría de la población lo ha rechazado y que sus cajeros tienen casi como únicos clientes a los soldados que los cuidan más que a la gente. A toda la parafernalia mediática le resulta cada vez más difícil enmascarar que la principal piedra en el zapato del gobierno es la economía y que el aumento del costo de la vida, sobre todo de los servicios y de la canasta básica, son la principal cruz para las familias salvadoreñas. Y aunque las declaraciones oficiales hablen de bonanza y relativicen la crisis, los números están ahí y no mienten. Visto desde las finanzas públicas la situación no es menos que crítica. El país alcanzó niveles nunca vistos en la deuda de corto plazo en el 2020 y en el 2021. El saldo de este tipo de deuda alcanzó los 2,638 millones de dólares. El endeudamiento es tan grande, que el pago de la deuda le ha ganado terreno a la inversión social. En el presupuesto 2022, la asignación para pagar el servicio de la deuda es la segunda más grande, solo un poco menos que el destinado a educación y supera a lo que se ha destinado a salud y seguridad. Esto le ha traído consecuencias al país. En la segunda semana de febrero, la deuda soberana se convirtió en la peor calificada de todos los países de Centroamérica. La calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la calificación de El Salvador de B (altamente especulativo) a CCC que quiere decir que la posibilidad de no poder pagar la deuda es muy real. Pero la decisión de bajar la calificación no se debe solo al factor económico. La calificadora también tomó en cuenta, según su informe, el debilitamiento de las instituciones y la gran incertidumbre que se vive sobre todo por la concentración de poder en la presidencia de la República, que ha aumentado la imprevisibilidad de las políticas y la adopción del bitcóin. La baja calificación del país en esta materia, se traduce en que es difícil conseguir préstamos y, si se consiguen, no es en condiciones favorables. Nadie quiere prestar dinero a quien se cree no podrá pagar y esa es la situación del país. De igual forma, cuando se encuentra alguna fuente de préstamo, el interés es más caro. Pero hay otro efecto del riesgo. Los inversionistas privados no invierten en los países que tienen una calificación baja. Una pequeña prueba de esto es que el 14 de enero pasado, el Ministerio de Hacienda convocó a la primera subasta de LETES del año 2022. De los $70 millones que se ofrecieron para refinanciar, el país solo pudo colocar $45.3 millones en dos tramos. Desde la perspectiva de la población más pobre, la situación no es distinta. En la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) solo hay dos unanimidades. Cerca del 100% de la población opinó que el bitcóin debe ser algo voluntario y no obligatorio y, en casi la misma proporción, la gente percibe que el costo de la vida ha aumentado. La gente siente cada vez más dificultad para hacerse con lo indispensable para la sobrevivencia. En efecto, los números macroeconómicos lo confirman. La inflación en El Salvador también registró números históricos. El pasado mes de enero, la inflación cerró con 6.49% y el aumento en el precio de los bienes y servicios llegó a 6.12%, la tasa más alta desde que el país se dolarizó en el 2001. El gobierno ha mostrado experticia en el manejo de publicidad haciendo que la gente le crea y se alegre por el anuncio de grandes obras que solo existen en la boca de los funcionarios y que difícilmente se podrán hacer sin recursos. Una de dos. O consigue recursos para seguir haciendo clientelismo político con las necesidades de la gente o sigue con su estrategia mediática alienando a la población con anuncios de ficción que no llenan el estómago ni la dignidad. Al final tendrá que darse cuenta que decir cosas bonitas que toquen sentimientos y hacer grandes anuncios que distraigan a la gente no serán suficientes porque por ahora su problema (y el de la gente) es la economía. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 78.

El Gobierno pretende invisibilizar el drama de los presos políticos; fuera de los familiares y amigos de estos, apenas se habla del tema. Muy probablemente ello obedece a que en muchas personas pesa el temor de que al abogar por los presos políticos se les acuse de defender a Arena o al FMLN. Otros quizá piensan que los privados de libertad por el actual Gobierno no responden a la definición clásica de preso político: una persona confinada en una cárcel debido a sus ideas o su actividad política. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece que 5 factores definen a un preso o presa política. El primero, que en la detención se hayan violado las garantías fundamentales. El segundo, que la privación de libertad esté motivada por razones puramente políticas, sin conexión con delitos. El tercero, que la duración del encarcelamiento o sus condiciones no guarden relación con lo que dicta la ley. El cuarto, que la persona sea recluida de manera distinta a otros. Y el quinto, que la detención sea resultado de procedimientos claramente injustos. Los exfuncionarios detenidos por el Gobierno de Nayib Bukele cumplen con varios de esos factores. Es evidente que se está ante una persecución dirigida a miembros de partidos a los que el presidente quiere liquidar. Queda claro que esa persecución obedece a motivos políticos porque, en contraste, no incluye, por ejemplo, a funcionarios del actual Gobierno que ganan más de lo que el presupuesto establece para su cargo, ni a otros vinculados a actos de corrupción cometidos durante los primeros meses de la pandemia, ni a los señalados en la Lista Engels. Además, a los detenidos no se les ha respetado el debido proceso que manda la ley para que puedan defenderse. En el caso de Ernesto Muyshondt, un tribunal le dictó arresto domiciliario mientras esperaba juicio; la medida fue ratificada por un tribunal de apelaciones. Sin embargo, el director general de centros penales se negó a liberarlo argumentando razones disparatadas. Luego, cuando Nayib Bukele hubo nombrado, a través de sus diputados y diputadas, a sus magistrados, estos decretaron que el exalcalde siguiera en prisión. El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas de El Salvador ha denunciado que a los detenidos se les han violado sus derechos fundamentales. Hasta la fecha, no han podido ver a sus parientes ni a sus abogados. Es tan extrema la situación que los familiares han tenido que recurrir a las redes sociales y a los medios de comunicación en un intento de que a los detenidos que padecen enfermedades crónicas les entreguen medicamentos. Por supuesto, la inocencia o culpabilidad de los detenidos deberá determinarse en un juicio, pero para que tal cosa sea posible, los acusados deben tener todas las garantías legales, algo que no está sucediendo. Con premeditación, se les está infligiendo un castigo severo, irracional, sin asidero legal; muy similar al que Daniel Ortega aplica en Nicaragua a sus opositores. En las verdaderas democracias, no hay presos políticos. En un país libre, nadie guarda prisión con independencia de lo que dictan los jueces y las leyes.

Todo país que quiere un futuro digno lo planifica con base en la realidad. Y puesto que la capacidad de acceder a datos objetivos ha aumentado enormemente en esta época, la dificultad de dicha planificación radica más bien en encontrar la voluntad de reflexionar adecuadamente sobre las cifras y estudios con los que se cuenta. En el caso de nuestro país, abundan los datos sobre la economía, la productividad, la población, los recursos naturales, el mercado laboral y las necesidades educativas. Pero se suele rehuir el estudio de la realidad, prefiriendo prometer y presentar renders de un futuro espléndido sin considerar costos y beneficios. La represa de El Chaparral es un ejemplo. Anunciada a un costo de poco más de 200 millones de dólares, terminará requiriendo el triple. La rentabilidad de la obra quedó en el área de los sueños: pura imaginación. Sobre todo en lo relativo al desarrollo y la protección social, la planificación nacional es prácticamente inexistente. Una buena muestra se encuentra en el tema del envejecimiento de la población. Los cálculos de la Cepal sobre el incremento de la población adulta mayor en los próximos decenios deberían ser motivo de alerta y de acción. Según el censo de población, en 2020 había un poco menos de 800 mil personas mayores de 60 años; en el año 2050, afirma la Cepal, habrá un millón y medio de personas con esa edad. Pese a que ese aumento de la población adulta mayor generará nuevas necesidades y problemas, la ausencia de pensamiento y de planificación al respecto es notable. En la actualidad, solo un 25% de la población mayor de 60 años tiene pensión. La Cepal calcula, basándose en datos oficiales, que el porcentaje de mayores de 60 años con discapacidad severa es del 13.2%. En otras palabras, unos 100 mil ancianos padecen un nivel de incapacidad que necesita cuido; dentro de 30 años serán 300 mil. Los datos disponibles son suficientes para planificar un sistema de pensiones y una economía del cuido que contribuyan a solucionar los problemas que se derivarán del escenario que se avecina. Por desgracia, es casi seguro que nada se hará. La mayoría de quienes tienen dinero velan en exclusiva por sus inversiones y ganancias; los políticos, por la permanencia en el poder. Y cuando miembros de la sociedad civil critican esa incapacidad gubernamental de pensar el futuro y esa tendencia de los poderosos a centrarse solamente en sus intereses, se les ignora o se les ataca sin tregua, buscando desprestigiar a quien alza la voz. Si no se planifica el futuro, no habrá salida a la violencia, la marginalidad, la corrupción y la vulnerabilidad. La planificación requiere transparencia, realismo y participación ciudadana. Sin ello, los proyectos gubernamentales se reducen a puras promesas o especulaciones. Los pequeños avances que El Salvador ha logrado hasta el presente han tenido como base el diálogo, el estudio y la información. Dejar a un lado ese camino solo llevará al fracaso.

El contraste entre el mundo presidencial y la realidad es muy notable. Mientras la última oleada de la covid golpea fuertemente a la población, los derivados del petróleo suben de precio y con ellos el costo de la vida, más de cien mil trabajadores retiran la cuarta parte del ahorro de su pensión, aumentan las familias que buscan a un desaparecido sin obtener respuesta y el flujo migratorio crece imparable, el presidente Bukele anuncia “10 impulsos económicos” y coloca las primeras piedras de algunos megaproyectos, rodeado de maquinaria pesada y de excéntricos extranjeros promotores de criptomonedas. Estos pocos trazos ponen de manifiesto la contraposición entre el mundo de los Bukele y el de la gente. El contraste tiene características darwinistas. El pajarito presidencial, de un tiempo a esta parte trilingüe, pregona trivialidades en español, inglés y turco, pero enmudece ante la expansión de los contagios de la covid-19 y el aumento de los fallecimientos, ante la inflación, ante los miserables salarios urbanos y rurales, ante el desempleo y la masa de trabajadores informales, la mayoría mujeres. El abandono de la mayoría de la población a su suerte, en unas circunstancias muy apremiantes, es dejarla en manos de la selección natural, donde solo sobreviven los más fuertes. Los débiles no tienen ningún futuro en el mundo de los Bukele. Los grandes proyectos presidenciales son para el disfrute de los más recios. El régimen no tiene respuesta para las dificultades cotidianas enfrentadas por las mayorías, entre las cuales figuran muchos de los seguidores más fieles del mandatario. El silencio tiene mucho de incompetencia y de insensibilidad. El régimen permanece impasible ante la desaparición de personas y el encuentro de tumbas clandestinas, ante los hospitalizados y los muertos, ante los emigrantes y los hambrientos. Es incapaz de compadecerse de la zozobra, el sufrimiento y el desvalimiento del pueblo, en cuyo interés dice gobernar. La inteligencia y el sentir presidencial de la realidad humana del país no cambiarán mientras la mayoría de los descartados por el oficialismo aplauda sus promesas y sus contados logros, aun cuando estos no los beneficien directamente. Los fieles aguardan confiados el cumplimiento de que no está lejos el día en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Sin embargo, cada vez son más los que buscan en el norte las oportunidades que aquí les son negadas. La cantidad de salvadoreños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos ha experimentado un crecimiento del 475 por ciento en los dos últimos años. Los detenidos en las primeras semanas de este año son casi 20 mil. Si la novedad fuera tan bondadosa, tal como asegura el oficialismo, el flujo de emigrantes no solo habría disminuido notablemente, sino que muchos de los radicados en Estados Unidos se dispondrían a regresar. Curiosamente, en los planes de los admiradores de Bukele en aquel país, no figura regresar voluntariamente a El Salvador. El anuncio de megaproyectos y la colocación de las primeras piedras no convencen. Los descartados venden lo poco que poseen o se endeudan para pagar al coyote y emprenden una travesía, acechados por el fracaso y la muerte. Los riesgos son altos y reales, pero si logran sortearlos, encuentran una oportunidad única, que aquí es inexistente. La alternativa es contemplar impotentes cómo se los traga el darwinismo presidencial. Ni los que huyen, ni los que no regresan confían en que “El Salvador […] por fin será lo que siempre merecimos”. Otros optan por las diversas modalidades que ofrece el crimen organizado. La intuición popular capta la realidad muy certeramente. La anunciada inversión de 1,510 millones de dólares en obras públicas este año, para impulsar el crecimiento económico, es irreal. Desde 2009, incluido los años de los Bukele, esa inversión ha rondado los 700 millones de dólares anuales. En gran parte, por falta de capacidad de ejecución. Ni siquiera Fomilenio pudo superar esa cantidad. Los dos programas, cuya gestión fue supervisada por Washington, invirtieron 200 y 600 millones de dólares, respectivamente, en cinco años. Así, pues, no hay forma de que el régimen de los Bukele pueda ejecutar más de mil millones de dólares en un año, si es que dispone de ellos. Algo muy dudoso, ya que no tiene dinero suficiente para financiar el presupuesto y para pagar las obligaciones de la deuda. “No estamos aún donde queremos, porque nuestros sueños son muy grandes”, anunció triunfal la esposa de Bukele en Dubái, en una feria de turismo. En efecto, los sueños de la pareja presidencial son grandes, tanto que su concreción es prácticamente imposible. Mientras la pareja sueña, lo más pequeño, lo de diario, que más afecta negativamente a la mayoría de la gente, es silenciado, escondido y olvidado. Es incuestionable que los Bukele no han llegado a donde quisieran, pero es muy discutible que “estamos avanzado y muy rápidamente”, como agregó la primera dama. Si así fuera, el flujo de em

De la esperanza a la locura Editorial UCA 11/02/2022 En enero se cumplieron tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz. Un hito histórico que puso fin a una guerra fratricida de 12 años y que posibilitó iniciar el camino hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Desde la firma de los Acuerdos hasta febrero de 2020, el sistema político salvadoreño fue avanzando hacia la democracia formal y el Estado de derecho. Pese a la lentitud de los avances, pasó a ser normal la celebración de elecciones libres y abiertas a todas las opciones e ideologías políticas. Los eventos electorales celebrados a partir de 1994 respetaron la voluntad popular y permitieron que llegaran a las alcaldías, la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República aquellos candidatos y partidos a los que la población dio su confianza, sin excluir ninguna tendencia política. Sin embargo, los avances en la democracia política no fueron acompañados de una democracia social y económica. La aplicación de políticas del más estricto neoliberalismo, la falta de solidaridad de los más pudientes y la ausencia de una visión común para la construcción de un país con igualdad de oportunidades, equidad de derechos y con justicia social impidieron que se realizaran las transformaciones estructurales necesarias para la inclusión de las grandes mayorías. Esas mayorías a las que El Salvador de posguerra ha sido incapaz de ofrecerles una mejor calidad de vida, un trabajo decente, una vivienda segura, una educación de calidad. Los derechos económicos y sociales fueron dejados a un lado, y con ello la población perdió la esperanza. La decepción ante las promesas incumplidas, que en muchos mutó en hondo resentimiento, aupó en 2019 a Nayib Bukele a la Presidencia de la República. Él decía tener las ideas, la juventud y la energía necesarias para lograr lo que la población deseaba: más seguridad y mejores condiciones de vida. Pero antes de que finalizara el primer año de su mandato, el domingo 9 de febrero de 2020, Bukele mostró su verdadero rostro: no es un demócrata, no le importa el Estado de derecho ni la independencia de poderes que establece la Constitución. La toma militar de la Asamblea Legislativa para mostrar su poder fue el primer acto significativo de un proceso hacia el autoritarismo y el ejercicio autocrático del poder. La toma de la Asamblea Legislativa marcó el inicio de la ruptura democrática en nuestro país, del irrespeto a la institucionalidad y de la implementación de un régimen político que avanza por la fuerza y el avasallamiento, prescindiendo de las leyes, el diálogo y la racionalidad. Hace dos años, cuando se dio ese amago de golpe a la democracia, algunos no lograron vislumbrar su verdadero significado e incluso tildaron de exagerados a quienes dieron la alarma y criticaron el hecho. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a los que entendieron la toma de la Asamblea como la primera acción del régimen autocrático que día a día ha ido cerrando los espacios democráticos que con tanto esfuerzo se habían alcanzado. El 9 de febrero de 2020 se inauguró una nueva época política en las historia del país; una época caracterizada por la opacidad y el ocultamiento de la verdad, la total ausencia de rendición de cuentas, la intolerancia a la crítica, la desacreditación de todo tipo de oposición, la negativa al diálogo con la sociedad civil, la instalación de tribunales inquisitoriales, las constantes improvisaciones de un líder carismático y populista con enormes deseos de poder y concentrado en desmontar toda institución que pueda ponerle límites. En el supuesto de que el régimen no desmonte también toda posibilidad de celebrar elecciones libres y competitivas, este ciclo puede durar hasta junio de 2024 si la población es capaz de darse cuenta de que sin democracia, sin Estado de derecho, sin transparencia, todos perdemos. Si no, es muy probable que luego ya sea demasiado tarde y no exista más la posibilidad de un cambio por la vía democrática.

Las grandes masacres casi siempre necesitaron fosas clandestinas. Muchas de ellas se fueron descubriendo después de las guerras que generaron las matanzas. Así actuaron los nazis en vastas zonas de la Europa oriental contra judíos y gitanos, o los soviéticos en zonas polacas o en su propio territorio cuando Stalin exterminaba opositores. Los nazis, preocupados por no dejar huella, pronto cambiaron las fosas comunes de los campos de exterminio (no todas) por los hornos crematorios. Hoy los campos de concentración nazis se han convertido en una especie de centros de reflexión, auténticos santuarios, del “nunca más”. Sin embargo, las fosas comunes continuaron siendo frecuentes en diversas guerras del siglo XX, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, desde Yugoslavia a Camboya, pasando por otros muchos lugares, incluida América Latina. En una escala mucho más pequeña, las fosas comunes siguen presentes en algunos países como señal y signo de que la locura homicida no está extirpada de la historia humana. Uno de estos países es el nuestro, El Salvador. Las fosas comunes, independientemente del tamaño que tengan, presuponen siempre una organización criminal que siempre será más amplia de lo que podemos imaginar, si contamos a los que colaboran, callan o no se atreven a hablar. Por eso resulta indispensable reflexionar sobre el tema. En un intervalo de tiempo corto, hemos visto en El Salvador la aparición de dos fosas clandestinas. Una con aproximadamente 20 cuerpos y otra de 26, según información oficial. En el caso de la primera, se capturó rápidamente a uno de los supuestos perpetradores, pues la tenía en su propia vivienda. Se habló inicialmente de una red, pero pronto el silencio cayó sobre la investigación y al capturado se le dio la calidad de “testigo criteriado”. En el caso de la segunda, tampoco hay mayor información sobre la autoría, conexiones y cómplices necesarios para disponer de esa especie de cementerio tan cercano a zonas densamente pobladas del gran San Salvador. Por otra parte, sabemos que hay grupos de exterminio en el país, en los que se juntan sicarios, algunos policías o expolicías, y algunos comerciantes y medianos empresarios. En pura lógica racional, no resulta difícil establecer un nexo entre las fosas y la existencia de grupos ilegales de exterminio, a cuyo servicio están sin dudas dichosas fosas. Aunque los homicidios hayan bajado ostensiblemente en el país, esta doble presencia de grupos y fosas clandestinos muestra una fuerza del crimen organizado y una capacidad de acción del mismo que debería ser objeto de investigación prioritaria y de información pública trasparente. Los crímenes concretos podrán sufrir reducciones, pero que un poder paralelo al Estado tenga la posibilidad de matar impunemente y “administrar” en el tiempo fosas o cementerios clandestinos, señala una vulnerabilidad estatal en el campo de la seguridad ciudadana realmente peligrosa. Y más en estos tiempos de tensión en los que se fomenta el odio contra la crítica política con una vocería con frecuencia agresiva. En este contexto, resulta indispensable para la ciudadanía señalar esta situación como una auténtica emergencia. Y al mismo tiempo exigir al Estado que asuma su responsabilidad a la hora de investigar a fondo tanto las fosas como los grupos de exterminio, y sus posibles vinculaciones. Por su parte, al Estado le corresponde garantizar la seguridad ciudadana, que siempre será débil si no se investiga con transparencia y se lleva a juicio a todos los implicados en esta doble y conexa situación de grupos y cementerios organizados al servicio del crimen. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Nayib Bukele aprovechó el tercer aniversario de la elección que lo llevó a la Presidencia para anunciar una lista de obras de infraestructura que, dijo, se realizarán en el país en los próximos meses. En realidad, la mayoría de ellas requerirá de mucho más que unos meses para su arranque, construcción y finalización, pues, por su número y calado, demandan acuciosos estudios técnicos y de factibilidad, así como los correspondientes procesos de licitación y contratación (en el supuesto de que se cumpla la ley). De hecho, el mismo Bukele ha inaugurado obras públicas (como los bypass de la Libertad y de San Miguel, y el periférico Claudia Lars) gestionadas por el Gobierno anterior, pero que por su complejidad y tamaño solo pudieron finalizarse durante la presente administración. Algo que el presidente ha sabido utilizar a su favor. Poco cabe objetar ante proyectos de mejora de la red vial que buscan facilitar la circulación a lo largo y ancho del territorio nacional, propiciando así el desarrollo más allá de la capital. Pero este no es el caso: la mayoría de las obras anunciadas están orientadas al área metropolitana. Además, los problemas de tráfico de la capital y sus alrededores no se resolverán con dichas obras, por muy importantes y necesarias que sean algunas de ellas. La solución en estas zonas tan densamente pobladas pasa por la construcción de un sistema de transporte colectivo y público que tenga preferencia en todo sentido. Un sistema que sea cómodo, eficiente, no contaminante, rápido y accesible al bolsillo de las personas con menos recursos. De momento, no se ve que esta sea la apuesta del Gobierno. Por otra parte, no puede obviarse la tendencia de esta administración a destruir sin necesidad las infraestructuras existentes para construir otras nuevas. El ya demolido edificio que albergaba la biblioteca nacional no solo era un patrimonio nacional que estaba en muy buen estado, sino que había sido construido para resistir terremotos, por lo que que le quedaban muchos años de vida útil al servicio de la ciudad y la cultura. La nueva biblioteca bien se hubiera podido edificar en alguno de los muchos predios baldíos o con construcciones dañadas del centro de la ciudad. Lo mismo ocurre con el nuevo estadio. Demoler la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios es un despropósito, pues se incurrirá en un gasto mayor al tener que construir nuevas instalaciones para trasladarla. Hubiera sido más sensato buscar un terreno vacío para ese estadio. Eso sin preguntarse sobre el impacto medioambiental y sobre la coherencia de emprender esa obra ante las muchas necesidades del país, en especial de la población más pobre. Invertir en infraestructura es algo bueno para fomentar el empleo y crear condiciones para un mayor desarrollo. Pero ello debe ir acompañado de planes de desarrollo sustentable que prioricen las áreas más deprimidas del país. Esos planes a nivel nacional, departamental y municipal son fundamentales si se desea que el país avance hacia una mayor equidad y los salvadoreños puedan realizar aquí sus proyectos de vida. Esa debe ser una tarea a la que el Gobierno de Nayib Bukele debería ponerle el principal interés; similar al que lo movió a asignar 200 millones de dólares para la remodelación de escuelas.

Las escasas noticias sobre el viaje de la familia Bukele a Turquía y Dubái indican que las expectativas presidenciales no fueron satisfechas. Los medios oficiales solo han registrado el encuentro con el presidente de Turquía, la visita a una fábrica de armamento sofisticado, la comparecencia de la primera dama en la feria de Dubái y promesas vagas de inversión. Si las expectativas presidenciales hubieran sido satisfechas, el oficialismo no se habría mostrado tan parco. El presidente ni siquiera se molestó en relatar a sus seguidores los momentos memorables del viaje, sino que se presentó en San Miguel para inaugurar el área de descanso del personal sanitario de los hospitales nacionales. Un aterrizaje abrupto y modesto en la realidad. Probablemente, Bukele no fue acogido como esperaba y, en particular, no halló las fuentes de financiamiento que quizás buscaba. Necesita dinero urgentemente para financiar el presupuesto de este año, el cual, pese a sobreestimar los ingresos, presenta un hueco de casi 500 millones de dólares. De ahí el disgusto con el FMI, que se niega a facilitarle 1,300 millones de dólares si no sube algunos impuestos, reduce el gasto y rinde cuentas. Si sube los impuestos, en concreto, el IVA, una receta típica del Fondo, es probable que se aliene a una porción significativa de sus seguidores. Si no sube el IVA, pero sí los otros impuestos que el Fondo recomienda, se aliena al gran capital, el más afectado y cuyo apoyo, aunque silencioso y a regañadientes, es muy conveniente. Reducir el gasto y rendir cuentas sería ir en contra de la naturaleza del régimen. No obstante, Hacienda dice tener “otras alternativas”. La única conocida es el bitcóin. Los hermanos Bukele confían ciegamente en que la criptomoneda aumentará su valor de manera continua y sostenida, hasta arrojar dinero suficiente para financiar el presupuesto, pagar la deuda e invertir en los megaproyectos. La confianza de los Bukele es tal que han gastado el 1 por ciento del PIB en implementar la criptomoneda y han aumentado la deuda existente en más de 300 millones de dólares para adquirir bitcóin. Apuestan en él como quien acude al casino convencido de que ganará suficiente dinero para cancelar sus deudas y elevar su nivel de vida. Bukele confía, según sus propias palabras, en que cada uno de los 50 millones de millonarios que, según él, existen adquiera uno de los 21 millones de bitcoin disponibles. Dado que la oferta no satisface ni siquiera la mitad de la demanda, el precio de la criptomoneda se disparará espectacularmente y, en ese momento, tendrá más dinero del que necesita. “Es cuestión de tiempo”. Mientras llega ese momento, el régimen debe rebuscarse, esto es, contraer más deuda, cada vez más cara, para cumplir con los acreedores y para sobrevivir. El supuesto no tiene fundamento. Nadie puede garantizar que los millonarios adquieran bitcóin. Tampoco “los bonos volcán”, dado que el eurobono ofrece una rentabilidad mucho más alta. El juego es arriesgado y la apuesta muy alta. Si fracasa, las pérdidas serán astronómicas. No para los Bukele, que no arriesgan su capital, sino para el país. La única garantía de la operación es —pensando bien— la certeza del iluminado; pero —pensando mal— no se puede negar que la apuesta y su promesa de riqueza fácil sin cuento tienen la apariencia de las grandes estafas. Los mercados reaccionan negativamente. Temen que el país no pueda honrar sus compromisos financieros. En la actualidad, El Salvador ocupa el tercer lugar en la lista de países de mayor riesgo para invertir, después de Venezuela y Argentina. Esta, que vive una prolongada crisis financiera, ya ha llegado a un acuerdo con el FMI, porque no tiene otra alternativa. Los Bukele, en cambio, confían en que millonarios dispuestos a asumir altos riesgos y afrontar grandes pérdidas los alejen del abismo financiero. La cuestión aquí no es discutir las políticas del FMI, sino señalar sus razones para no proporcionar el préstamo que los Bukele tanto necesitan. El Fondo se niega por falta de garantías. Paradójicamente, uno de los abanderados del neoliberalismo no se traga el liberalismo de los Bukele. Tampoco los entendidos más lúcidos en criptomonedas, que ven en ellas la gran oportunidad para libertarse de las restricción de los sistemas financieros tradicionales. Las criptomonedas son las monedas del reino de la libertad total. Un reino en abierta contradicción con el autoritarismo de los Bukele. Ni siquiera la fantástica ciudad liberalizada del oriente del país ha conseguido despejar esa sombra. Mientras tanto, a sus pies se abre el abismo financiero. El peor enemigo de El Salvador futuro no es Arena y el FMLN, sino los Bukele del presente. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Es simple: sin transparencia no hay democracia. Aunque el derecho de acceso a la información pública sea más o menos reciente, su concepción siempre estuvo unida a la idea de democracia. Algunos teóricos ubican el origen de la transparencia en el siglo XVI, cuanto en Suecia se estableció que, como un derecho constitucional, los datos gubernamentales fueran hecho públicos. El término “gobierno abierto”, relacionado con la transparencia, se comenzó a usar en los años cincuenta del siglo pasado en Estados Unidos. En El Salvador, el derecho de acceso a la información llegó mucho después. En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue catalogada como una de las mejores a nivel internacional. Casi dos años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. En pocos años, este derecho se fue haciendo parte de la cultura de la gestión oficial, pese a que la mayoría de la población no lo hiciera suyo de manera significativa. Muy pronto, la labor del Instituto se volvió molesta para los Gobiernos del FMLN, porque aquel procuraba hacer cumplir la ley cuando se declaraba, sin fundamentos, la reserva de alguna información. La democracia se distingue de los absolutismos, entre otras cosas, por el respeto a las libertades humanas y por perseguir el bien común. La democracia es incompatible con el secretismo de Estado porque el ocultamiento de la información buscan esconder que los funcionarios trabajan en beneficio de intereses particulares, no del general. Por ello, la transparencia se ha vuelto un presupuesto del Estado de derecho, en tanto que hace posible el control y la rendición de cuentas de todos los ámbitos de la gestión pública. A ningún régimen autoritario le conviene que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos, porque la información es fuente de poder. Una ciudadanía informada se empodera para pedir que se le rindan cuentas. Por el contrario, una ciudadanía pasiva, que solo observa lo que hacen los gobernantes, facilita los actos de corrupción y la violación de sus mismos derechos. En este punto radica la defensa que hacen muchos políticos de la democracia representativa y el rechazo a la democracia participativa. La democracia representativa se basa en la creencia de que la población da una especie de cheque en blanco a los funcionarios que elige. Sin embargo, si bien la democracia se basa en la elección de representantes, estos no tienen un poder absoluto y deben rendirle cuentas a la ciudanía que los eligió. La gente tiene el derecho y el deber de participar en la dinámica nacional exigiendo cuentas claras tanto del uso del dinero público como de las decisiones políticas que se toman. Los autoritarismos contemporáneos ocupan la democracia para llegar al poder. Una vez en él, apelan a la voluntad popular para hacer lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y destruir la misma democracia que les permitió ser elegidos. Es claro que El Salvador vive un grave retroceso en materia de transparencia y, por tanto, de democracia. Si algo caracteriza al ejercicio del poder en la administración actual es la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en el proceso de toma de decisiones, la eliminación de los organismos de control del ejercicio del poder y un discurso que condena los vicios más rancios de la vieja política mientras en en la práctica se les repite e incluso supera. Una de las primeras víctimas del Gobierno de Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente, a través del nombramiento de subalternos suyos, convirtió en un florero decorativo a la que fue una de las instancias protagónicas en el avance de la democracia. Después se trastocó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a fin de, entre otras cosas, dar más poder al titular del Instituto y así obstaculizar el acceso a la información. La última estocada es desnaturalizar la misma ley, volviendo reservada la información que de oficio debe ser pública. Cuando ese paso se dé, no quedará nada de la ley que fue motivo de orgullo hace más de una década.

José María Tojeira Una de las tácticas propagandísticas del Gobierno actual, entre las muchas que ha desarrollado, es preguntarles a los sectores críticos por qué no criticaban a los anteriores Gobiernos. Cerrado a la crítica política, el liderazgo color turquesa trata de presentar cualquier diferencia de opinión con el Gobierno actual como alianza con políticos trasnochados y corruptos del pasado. En ese contexto, bueno es recordar lo que muchos decíamos en los últimos 30 años a los políticos que se turnaron en el poder. A Arena la acusábamos, entre otras múltiples cosas, de su falta de sensibilidad social frente a la pobreza, de cómo favorecía a los ricos y creaba desigualdad en el país, de su permisividad con la corrupción y de sus políticas de mano dura contra el delito en vez de enfocarse en las causas estructurales de la violencia delictiva. Hablarle a Arena de justicia para las víctimas del pasado o de renunciar a la tradición prepotente y escuadronera de su fundador era poco menos que un delito. Al FMLN le criticábamos las contradicciones entre su discurso social y la poca capacidad de establecer reformas económicas y sociales que llevaran al desarrollo. Les decíamos, además, que eran permisivos con la corrupción propia y ajena, y que, probablemente por miedo, favorecían a los militares en todo lo que podían, mantenían la impunidad del pasado y continuaban con las políticas clientelistas y populistas que habían caracterizado a su contrario, Arena. A ambos partidos les pedíamos siempre una reforma fiscal progresiva, en la que quienes tienen más contribuyeran de un modo mucho más eficiente y con mayor cantidad de recursos a las finanzas públicas. Por supuesto, nunca nos oyeron. Ahora viene el color turquesa y cuando se le hace alguna crítica, acusa a la sociedad civil de aliada del pasado y de no entender esta especie de renovación absoluta y casi perfecta del actual Gobierno. Ningún Gobierno anterior le dio tantas cosas buenas al pueblo como el actual, nos suelen decir. Pero el nuevo liderazgo no cambia el clientelismo, ni la permisividad con la corrupción de los propios, ni los altos salarios de los funcionarios. No entiende, o no parece entender, lo que es una estructura injusta, y mucho menos la necesidad de cambios estructurales. No necesitamos reforma fiscal, dicen, mientras continuamos con el sistema impositivo regresivo e injusto en el país. Y se nos presenta el bitcóin como una esperanza de salvación. Criticar el autoritarismo es apoyar a los delincuentes o al pasado, que para muchos de los nuevos funcionarios parece ser lo mismo. El nuevo amanecer del azul turquesa pide un compromiso absoluto. Y la crítica, por propositiva que sea, merece un rechazo también absoluto. Ningún Gobierno hace todo mal. Ni todas las personas que han trabajado en un Gobierno que no nos gusta son por ello malvadas. Nuevas Ideas, al igual que las administraciones del pasado, está tomando decisiones buenas y decisiones malas. Pero al igual que a sus predecesores, le resulta muy difícil entender que la crítica brota siempre del deseo de cambio. En muchos aspectos, incluso muestra mayor intolerancia frente a la crítica que Gobiernos anteriores. Y ahí es donde sería importante un cambio de actitud. Porque en El Salvador hay demasiadas realidades complejas que no se pueden solucionar sin decisiones que pueden ser difíciles, pero que requieren pensamiento, conocimiento de datos y racionalidad. La gente que critica no es fundamentalmente malvada. La gran mayoría quiere ayudar. Y además, conocen la historia de El Salvador, tienen actitudes éticas, conocimiento técnico y capacidad. Es probable que no tengan toda la razón, al igual que el Gobierno, que tampoco tiene el don de la infalibilidad. Pero en la medida que desean justicia social, Estado de derecho, beneficiar más a quienes tienen menos, cambiar estructuras que marginan, merece la pena que sean escuchados. Dividir a la sociedad en amigos y enemigos es el peor camino para el desarrollo humano. La amistad social, por el contrario, que implica capacidad de escucha, diálogo y aprovechamiento de todo lo que en la opinión ajena se pueda hallar de bueno y de justo, es el mejor camino para un desarrollo sostenible. Atender y responder con políticas adecuadas y acciones civilizadas a las críticas que vienen realizándose desde hace tiempo sobre economía, justicia social y Estado de derecho daría en el mediano y largo plazo mucho mejor resultado que los insultos, la propaganda, las medidas y regalos populistas, o el manejo manipulador de las redes. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La coyuntura nacional, especialmente si atendemos a las publicaciones en medios y en redes, ha estado marcada por dos acontecimientos muy distintos: por una parte, la beatificación de Rutilio Grande, Cosme Spessotto, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, y por otra el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, mezclado con la polémica de sustituir el día de los Acuerdos por el día nacional de las víctimas del conflicto armado. En ambos casos, el esfuerzo gubernamental trata de reescribir la historia a su gusto y para su propia propaganda. Mientras la Iglesia celebra en los mártires la fe profunda que llevó a unir la labor religiosa y la labor social, incluso hasta derramar su sangre, algunos partidarios del actual régimen trataron, en un primer momento, de insistir en que a estos mártires los habían matado los mismos de siempre. Pero el peso moral de la Iglesia impidió cualquier tipo de utilización que se saliera de la objetividad de los hechos: los mártires fueron asesinados por personas sin conciencia, pero sobre todo fueron víctimas de una situación de injusticia estructural denunciada y enfrentada por ellos desde principios evangélicos. Injusticia estructural que llega hasta nuestros días, por más que se diga que se quiere combatir. El debate sobre el nombre del día 16 de Enero, Día de los Acuerdos de Paz o Día de las Víctimas del Conflicto Armado muestra también el deseo gubernamental de manipular la historia a su gusto. De hecho, la petición de declarar un Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es una antigua aspiración y propuesta de la comunidad de defensores de Derechos Humanos que nunca fue satisfecha. Los defensores de DDHH insistían siempre, en el día de los Acuerdos, en que el protagonismo de la celebración debía ponerse, más que en los firmantes, en las víctimas de la guerra y en aquellas personalidades que empeñaron su propia vida, e incluso la dieron, para defender la paz y lograr la finalización del conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Masacres como las de El Mozote, tan mal tratadas por el Gobierno actual, hicieron más por la finalización de la guerra que los propios firmantes de los Acuerdos. Las víctimas de las repetidas masacres cometidas por la Fuerza Armada crearon la conciencia nacional e internacional de que la guerra salvadoreña no tenía sentido y de que era mucho mejor para el país una paz con justicia que la locura de una guerra injusta con masacres de la población civil. Eso no quita que los Acuerdos de Paz puedan y deban celebrarse. Pero personalidades como Monseñor Rivera o Ellacuría, así como las víctimas de numerosas masacres, o las personas que dieron su vida en defensa de los derechos humanos, deberían estar mucho más presentes en la celebración del día. El protagonismo en la formación de una conciencia de paz, que condujo a los Acuerdos y forzó su firma, fue de ellos, y no tanto de los firmantes. Y eso sin querer quitarles a los firmantes su parte importante en el proceso de paz. El Gobierno, en cambio, habla de las víctimas sin honrarlas. Sus funcionarios, incluidos Magistrados de la Corte Suprema, se presentan como defensores de las víctimas, al tiempo que rechazan dialogar con los sobrevivientes de la barbarie y con quienes han defendido a las víctimas sistemáticamente cuando la ominosa ley de amnistía trataba de sepultarlas en la impunidad y el olvido. Las huestes gubernamentales odian a los firmantes, quieren borrarlos del mapa histórico de El Salvador, e intentan utilizar a las víctimas como propaganda de su novedad arbitraria y caprichosa. Si algunas embajadas felicitan a quienes celebran los Acuerdos de Paz, el propio presidente les termina diciendo que eso es injerencia en el país, a pesar de que los pueblos de las embajadas mencionadas jugaron un papel importante en el impulso salvadoreño hacia la paz y continúan apoyando nuestro desarrollo social y democrático. Las élites del gobierno actual tienen un conocimiento muy escaso de la historia de El Salvador y no dan muestras de interesarse en ella. Son, en su mayoría, miembros de una generación burguesa y superficial, escasamente comprometida con la justicia. Ni siquiera se les ve la intención de estudiar seriamente posibles soluciones a los problemas estructurales del país. La propaganda es la reina y emperatriz de la ideología de los llamados miembros de Nuevas Ideas. Desde su propio vacío necesitan reescribir la historia presentándose como redentores de una política irredenta; la de sus predecesores, con los que en algún momento, brindaron y celebraron en el pasado. Y si en algún tema o acontecimiento importante no han tenido protagonismo, tratan de destruir el prestigio ajeno y presentar con espectacularidad decisiones y discursos que terminan chocando con la realidad pobre y sumida en la injusticia que sufre nuestro país. No advierten que la propaganda, los insultos a la oposición crítica, o la espectacularidad de las presentaciones y discursos nunca podrán sustituir el trabajo permanen

El Salvador no es patio trasero ni delantero de ningún país, tampoco es propiedad privada de una familia y sus allegados. El patrioterismo presidencial no logra esconder esta escandalosa realidad. El presidente Bukele rechaza que el país sea patio de las potencias extranjeras, pero obvia que su grupo familiar y sus socios lo han convertido en su propiedad privada. Y como toda propiedad privada, han levantado una cerca para impedir el ingreso de indeseables como Estados Unidos y la Unión Europea, han intensificado la vigilancia interior con tecnología sofisticada para retener su dominación y la expolian con la mentalidad liberal tradicional, según la cual los recursos son inagotables y el progreso ilimitado. De esa manera, los dueños de la propiedad han secuestrado la voz de sus habitantes. El pueblo perdió su voz para expresar sus pareceres, para manifestar sus desacuerdos y para reclamar sus derechos civiles y políticos. La delegación que las urnas entregaron a Bukele para gobernar con el criterio del bien común ha sido transformada en derecho para hacer antojadizamente en nombre de un pueblo que no es consultado ni escuchado. Solo le está permitido aplaudir mecánicamente. Los diputados, en teoría representantes del pueblo, que dicen legislar para su bienestar, solo representan a Bukele y legislan para él, ya que le deben el escaño y sus prebendas. Una creciente mayoría de magistrados y jueces administra justicia según los dictados de Casa Presidencial. El pueblo no debe esperar la justicia debida, porque esta solo es concedida con la venia presidencial. El pueblo eligió presidente a Bukele y eligió también a los diputados, y una mayoría significativa de la ciudadanía, seducida por la promesa de portentos nunca vistos, celebra que gobiernen el país como propiedad privada. Su dueño desea que crea que la llevará al bienestar y la felicidad. Tal como han cantado las comunidades cristianas en estos días de beatificación de cuatro mártires salvadoreños, “nosotros pensábamos que era la verdad”. Por eso, las palabras del cardenal Rosa, quien señaló, en su homilía, que los acuerdos de 1992 indican el camino por recorrer y que, por tanto, es necesario recuperar su espíritu, cayeron como balde de agua fría en la nutrida representación gubernamental. La reacción de sus seguidores fue instantánea. El oficialismo desea que los pastores contribuyan a mantener a la ciudadanía callada, pasiva y resignada con su suerte, que cambiará cuando el mundo prometido se materialice. Sin embargo, la proclamación de los mártires anunció lo contrario, tal como continúa el canto: “Vino tu palabra y nos hizo cambiar”, en referencia a los padres Rutilio Grande y Cosme Spessotto, a Mons. Romero y a muchos otros. La palabra que portaban despertó las conciencias, iluminó los entendimientos y desató las lenguas paralizadas por la opresión y el terror estatal. El oficialismo teme esa palabra, que amenaza con anunciar otra vez que el destino del país debe ser decidido por el pueblo, no por intermediarios. Mucho menos por quienes lo han privatizado. El P. Grande, en concreto, se negó a desempeñar el papel tradicional atribuido al pastor, porque el Evangelio no tolera la opresión. Su rebeldía fue castigada con el asesinato, ejecutado por un escuadrón de la muerte de la Guardia Nacional. El orden oligárquico y militar le exigía predicar “un Cristo mudo y sin boca, para pasearlo por las calles. Un Cristo con un bozal en la boca. Un Cristo fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos intereses”. Pero él hizo lo contrario. Se desvivió para que los campesinos de Aguilares no fueran seguidores de tradiciones muertas, la de los “meros enterradores y sepultureros”, que cada año pasean imágenes de madera, sino verdaderos adoradores del Dios vivo, presente en cada ser humano. El pintor de El Paisnal que lo ha representado como un campesino más, en medio de sus dos acompañantes en el martirio, ha conjugado expresivamente el pasado y el presente. En el bolsillo de su camisa asoma la Constitución, atravesada por una bala. En San José de la Montaña, el beato explicaba a los jóvenes seminaristas los derechos y deberes constitucionales del pueblo salvadoreño. Luego, en Aguilares, en sus homilías más proféticas, cuando denunciaba cómo los poderosos violaban la Constitución, “los caínes” los llamaba, sacaba a relucir el ejemplar que le había regalado el coronel presidente, el 6 de agosto de 1970, después de su homilía sobre la falta de transfiguración por causa de la desunión y de la opresión reinantes. Mientras en San Salvador se proclamaban los cuatro mártires, en el otro extremo del planeta, el presidente Bukele se disfrazaba en Twitter de empleado de McDonald’s para anunciar la abrupta caída del bitcóin. Mientras el oficialismo se revolvía incómodo en El Salvador del Mundo, amplios sectores populares cristianos se regocijaban con la exaltación de los mártires. La ceremonia fue profética. Inquietó a quienes temen a la palabra creadora de vida, pero al

Editorial UCA 28/01/2022 Honduras estrenó Gobierno el 27 de enero y su pueblo celebra. Xiomara Castro ha sido noticia no solo por convertirse en la primera mujer que presidirá el país centroamericano, sino también por poner fin a los 12 años de una administración conservadora con características autoritarias, plagada de corrupción y con vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. El pueblo hondureño ha sufrido tanto por las inclemencias de la naturaleza como por la acción y la inacción de sus gobernantes a lo largo de los años. Por eso, la alegría y la esperanza que ahora inundan a Honduras son justificadas. El reto de Castro no es nada sencillo. Primero, porque sobre sus espaldas carga el compromiso de responder al histórico clamor por cambios genuinos que redunden en mejores condiciones de vida; y segundo, porque la corrupción sigue enquistada en el Estado y en los poderes fácticos del país. Tan enquistada que sus agentes están intentando bloquear el Congreso Nacional, cuya correlación de fuerzas supuestamente favorecía a la presidenta. El régimen de Juan Orlando Hernández, admirador confeso del dictador hondureño Tiburcio Carías Andino, significó un profundo retroceso para su país en materia de democracia. Hernández dinamitó el Estado de derecho poniendo toda la institucionalidad pública al servicio de sus intereses. Eliminó la separación de los poderes del Estado, dominó a su antojo el Congreso Nacional y destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombrando en su lugar a subalternos suyos. A través de estos, manipuló la Constitución hondureña para validar su reelección, que además fue fruto de un fraude electoral. Los titulares de los poderes del Estado, junto al alto mando militar, formaron el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que respondía, sin tapujos, a las órdenes presidenciales. Hernández se alió con la banca privada para otorgarle la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y le cedió el control de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Pisoteó los derechos de los trabajadores al emitir una ley de flexibilización laboral. Aplicó el modelo neoliberal es su versión más cruel, la extractivista, depredando bosques, impulsando la minería metálica y entregando bienes naturales a explotadores privados. Para gobernar según su voluntad, Hernández pactó con la cúpula empresarial más conservadora, con las Fuerzas Armadas y con líderes de las Iglesias católica y evangélicas. El triunfo de Xiomara Castro, por tanto, se debió en buen grado al rechazo a la política dictatorial. La campaña de la hoy presidenta se centró en denunciar todas las leyes aprobadas para mantener en el poder a Hernández, criticar las zonas especiales de desarrollo y rechazar al modelo neoliberal y la corrupción. En este sentido, la campaña de Castro tuvo muchas similitudes con la que Nayib Bukele desarrolló en su momento. De hecho, el entonces aspirante a presidente llamó dictador a Juan Orlando Hernández, equiparándolo con los mandatarios de Nicaragua y Venezuela, aunque muy poco después terminó haciendo todo lo que en un principio criticó. Por el bien del pueblo hondureño, el Gobierno de Castro debe alejarse del populismo autoritario que impulsa su par salvadoreño y concentrarse en democratizar de verdad la política y la economía, impulsando cambios que transciendan la esfera mediática. Honduras, como El Salvador, no necesita promesas grandilocuentes ni excesos personalistas.

Más allá de los anuncios espectaculares, de algunas medidas medianamente positivas pero más de orden populista que estructural y de la propaganda y el autobombo, lo que se percibe en la actual coyuntura es una enorme pasividad ante la problemática real de El Salvador. Algunas publicaciones recientes lo dejan ver con claridad. Una de ellas es el último informe del PNUD sobre desarrollo humano. El documento expone, con toda propiedad, los graves problemas medioambientales del país. Recuerda, una vez más, el hecho de que Centroamérica será una de las regiones más golpeadas por el cambio climático. Señala que siete de cada diez hogares salvadoreños “presentan al menos una carencia ambiental”. Advierte que la degradación del medioambiente, unida al cambio climático, afectará con mayor severidad a los pobres. Deja constancia de que el modelo económico vigente ha sido poco eficaz para mantener de forma sistemática el desarrollo humano. Y afirma que aún no hay respuestas adecuadas ante el déficit ecológico nacional y la “alta degradación del suelo y la tierra”. Por su parte, la Cepal acaba de publicar un informe en el que coloca a El Salvador entre los cuatro países con menos desarrollo a nivel latinoamericano, lo cual contrasta con la insistencia de diversos miembros del Gobierno en que el país es de desarrollo medio-alto, a punto de entrar en la comunidad de naciones de desarrollo alto. Para el BID, alcanzar niveles adecuados de desarrollo requiere de la confianza entre la ciudadanía, las instituciones y los gobiernos. Aunque de momento la mayoría confía en el liderazgo de Nuevas Ideas, tiene serias reservas sobre muchas de las instituciones gubernamentales, los empresarios y ciertas instituciones privadas (como el sistema bancario y el de pensiones). Para colmo, el Gobierno se dedica a sembrar desconfianza sobre toda organización, grupo o persona que tiene una visión crítica de la realidad y que propone diálogo y racionalidad. No tolera ningún comentario crítico a la gestión política de los problemas nacionales. Pese a que los informes internacionales multiplican sus advertencias de riesgos, no hay un plan de desarrollo y prevención adecuado para enfrentar las vulnerabilidades del país. Al contrario, se persigue a defensores del medioambiente, se favorece un tipo de productividad económica ecológicamente insana, se mantiene una economía excluyente y se persigue cualquier tipo de oposición. El Gobierno necesita cambiar de actitud. De la extrema agresividad y de la seguridad absoluta respecto a su proceder debe pasar a un afán dialogante. La ebriedad del poder no construye historia fraterna. Reconocer los problemas es el paso elemental para corregir situaciones que pronto o tarde conducen al conflicto. Los informes internacionales están hechos por personas a las que les interesa el país. Y la mayoría de ellas coincide en que El Salvador tiene serias deficiencias en el campo del desarrollo y el bienestar. Recurrir al diálogo es el único camino seguro para salir del estancamiento causado por la división y el enfrentamiento constantes.

Los Acuerdos de Paz son muy incómodos para el régimen, porque constituyen un hecho histórico trascendental en el cual el presidente Bukele no figura, sino sus adversarios, cuya denigración sistemática le ha facilitado un alto nivel de popularidad. Así lo expresan sus voceros, que dicen haber suprimido su conmemoración nacional para que sus suscriptores no “se sigan auto-glorificando”. Bukele no solo desprecia la guerra y los Acuerdos, sino también se mofa cínicamente de estos últimos. “Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo, porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”. La grotesca argumentación contra los Acuerdos pone de manifiesto la profunda amargura del oficialismo por no figurar en las fotos de enero de 1992. No solo las partes que los negociaron y los suscribieron se beneficiaron. La detención de una larga guerra irracional e inhumana benefició al conjunto de la sociedad; sobre todo, a las mayorías urbanas y rurales. No es cierto, por tanto, que “después de los Acuerdos de Paz no tuvimos paz, tuvimos más muertos”. La violencia social emergió progresivamente, a lo largo de los Gobiernos de Arena. Tampoco es cierto que “la verdadera paz ha comenzado con la reducción de homicidios”, porque no existe paz donde hay desapariciones, extorsión, cementerios clandestinos, desempleo, hambre y enfermedad. Los datos indican que Bukele y su plan de seguridad no han traído la paz. La guerra no es solo responsabilidad del FMLN, como aduce el oficialismo, sino también de la oligarquía, la Fuerza Armada y los partidos políticos de ambos. La mayoría de los muertos de la guerra no los causó el FMLN, sino la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad militarizados y los escuadrones de la muerte. Y nadie se ha beneficiado más de la impunidad que la Fuerza Armada, uno de los pilares del régimen de los Bukele. Si alegan que la institución militar ha cambiado, su transformación se debe a los Acuerdos de 1992. Al atribuir la guerra y la mayoría de los muertos solo al FMLN, el régimen expresa, implícitamente, que el orden militar y oligárquico era el mejor posible. Es cierto que “los salvadoreños siguieron en las mismas condiciones de pobreza, injusticia y abandono”. En gran medida, porque el interés de Arena era terminar el conflicto para introducir el neoliberalismo económico, una novedad que el régimen de los Bukele explota al máximo. En dos años y medio de presidencia, Bukele no ha dado un solo paso eficaz para desterrar la pobreza y el hambre. No cuenta con un plan para reactivar la economía, expandir el empleo y disminuir la desigualdad. En consecuencia, no tiene respuesta para contener la inflación, que ya erosiona gravemente los exiguos ingresos de la mayoría de las familias. La gente ha optado por emigrar o por enrolarse en alguna de las modalidades del crimen organizado. Sustituir la conmemoración de los Acuerdos por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es un despropósito, ofensivo para las víctimas a las que dice honrar. De hecho, el régimen dejó pasar el primer 16 de enero rebautizado en silencio. Se contentó con cambiar el nombre. No tiene interés, tampoco capacidad, en investigar los crímenes de lesa humanidad ni en hacer justicia. De esa manera, ha dado continuidad al legado de impunidad de sus enemigos. Las partes de los Acuerdos, presionadas por la Fuerza Armada, pactaron la impunidad en nombre de la estabilidad política. A medias y a regañadientes, el Ejército depuró a algunos de sus oficiales más señalados. Dicho de otra manera, la institución en la que los Bukele se apoyan y a la que privilegian con menoscabo de la inversión en educación y salud exigió la impunidad de la que aún goza. El régimen de los Bukele utiliza a las víctimas para intentar deshacerse de unos Acuerdos donde no figura y para alimentar su retórica propagandística. Más que Aguilares sea capital por un día, al P. Rutilio Grande le hubiera gustado que ya se hubiera hecho justicia a las víctimas de las masacres y de los escuadrones de la muerte. La decisión de anular la conmemoración de los Acuerdos es de Bukele: “La inmensa mayoría de los salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz”. Pero esa mayoría no ha sido consultada. La decisión ha sido totalmente suya, suscrita obedientemente por sus incondicionales. Bukele ha secuestrado la voz del pueblo. Paradójicamente, esto ocurre en vísperas de la beatificación de un salvadoreño como el P. Rutilio Grande que luchó para que el pueblo dejara oír su voz, sin intermediario ni intérprete. Y el pueblo de entonces descubrió que tenía voz y se hizo escuchar. Por eso, el terrorismo de Estado se lanzó contra él y contra quienes le abrieron los ojos. Los Acuerdos de 1992 no son “espurios”, como Bukele desearía. Otra cosa es que no hayan ido más allá de acabar con el conflicto armado. El régimen de los Bukele tampoco ha hecho nada para hacer justicia y para elevar el nivel de vida de las mayorías empobrecidas. * Rodolfo Cardenal, director del Centr

No siempre los problemas más grandes de un país son los más sentidos por su gente, así como no siempre los logros nacionales coinciden con los de cada familia o persona. Por ejemplo, en algunos períodos de la historia, la economía salvadoreña a nivel macro presentaba cifras exitosas mientras la mayoría de familias vivía en la pobreza. Sin embargo, a veces coinciden. Según los resultados de la última encuesta del Iudop, el principal problema del país es también el principal flagelo de las familias salvadoreña: la precariedad de la economía. Para el 43% de la población, el principal reto de El Salvador tiene que ver con la situación económica (desempleo, alto costo de la vida y pobreza). El porcentaje se eleva hasta el 54.6% cuando la gente responde cuál es el principal problema que le afecta a su familia. La situación económica es también la principal preocupación de la gente. Un 56.2% cree que el aumento al salario mínimo ayudó poco o nada a aliviar la economía familiar y un 63.5% opina que en 2021 la economía siguió igual o empeoró con respecto al año 2020. Lo que más reciente el bolsillo de los salvadoreños es el alto costo de la canasta básica. 93 de cada 100 encuestados creen que aumentó en 2021; en particular, 79 de cada 100 piensan que se incrementó algo o mucho. Esta problemática está amarrada a la principal política económica del país. Cuatro meses después de haberse implementado la circulación del bitcóin, 70 de cada 100 personas le tienen poca o ninguna confianza; 76.4% piensa que la economía sigue igual con la introducción de la criptomoneda y 11.1% piensa que ha empeorado. En la encuesta, más de la mitad de la gente dijo que había bajado la billetera electrónica gubernamental solo para canjear los 30 dólares de bienvenida. Con respecto al bitcóin, el punto en que hay más unanimidad es en que su uso debe ser voluntario: así lo cree el 97.5% de los encuestados. La gente no está en contra del bitcóin per se, sino de su imposición y de que se utilice dinero público para comprarlo. Desde la perspectiva de los ciudadanos, el otro gran problema del país es la inseguridad y la criminalidad. Aunque la población tiene una opinión muy favorable sobre el rol de la Policía y del Ejército en el combate a la delincuencia, reconoce que este problema se les escapa de las manos. En comparación a 2020 y 2019, más gente se siente insegura. En 2020, 63% de los encuestados creía que la delincuencia había bajado; en 2021, el 40.2% de los encuestados opinó así. Asimismo, menos gente cree que el Plan de Control Territorial ha ayudado a recuperar las localidades. En 2020, 30% de los encuestados dijo que el Plan de Control Territorial ayudaba poco o nada a recuperar los territorios, mientras que en 2021 ese porcentaje llegó al 42%. El pueblo salvadoreño no la está pasando bien. La vida se le hace difícil tanto por la situación económica como por la delincuencia y la violencia. Por eso no es tan optimista como hace un año. Solo una tercera parte (33.9%) cree que la situación económica nacional mejorará en 2022; el 61.9% cree que estará igual o peor. Por otra parte, 73% piensa que la situación política estará igual o peor este año y el 60% piensa lo mismo con respecto a la economía de su familia. A pesar de este realismo y de lo difícil de la situación, 66 de cada 100 encuestados sienten esperanza cuando piensan en el futuro. En general, la gente sigue apostando por el país y espera que los grandes problemas comiencen a resolverse de una vez. El Gobierno de Bukele goza del respaldo de la mayoría de la población a pesar de que esta todavía no ve cambios concretos. Si muchos salvadoreños siguen creyendo es porque esperan que esos cambios se den. Si ello no sucede, no habrá estrategia mediática capaz de contener el malestar ciudadano. Un malestar que, como muestran los datos, va creciendo.

El próximo 22 de enero celebraremos la beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spessotto,y los dos laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Los cristianos podemos decir con plena convicción que son santos para nuestros días. Y los no cristianos pueden ver en ellos a personas ejemplares en el campo de la solidaridad, de la conciencia humana y de la fortaleza que nace de las convicciones profundas. Al final, son santos para nuestros días porque supieron vivir su vida con espíritu de servicio, con fidelidad a sus ideas y con capacidad de asumir los riesgos con esperanza. No son personas alejadas del mundo, sino personas, cada una a su modo, insertas en la historia y ofreciendo en medio de ella luz para caminar y fuerza solidaria para amar. Reflexionar brevemente sobre ellos resulta indispensable para quienes deseamos un El Salvador más justo y más fraterno. Rutilio se pasó una buena parte de su vida dedicando su tiempo a quienes se preparaban en el Seminario San José de la Montaña para sacerdotes. Los animaba en sus estudios y trataba de prepararlos para el servicio sacerdotal que más tarde desempeñarían. Después pasó a Aguilares, donde fue párroco. Se encontró allí con un gran número de campesinos en pobreza, con una proporción alta de analfabetismo, con una fe grande, pero desvinculada de sus responsabilidades sociales. No despreció a nadie. Al contrario, se unió a los más pobres ayudándoles a descubrir sus capacidades, su dignidad y sus derechos desde la fe y desde el Evangelio. Cuando los pobres se hicieron visibles como fuerza social organizada, el odio a la fe de Rutilio, que unía amor a Dios y amor al pobre, se le echó encima. Lo mismo le pasó a Cosme, preocupado siempre, como buen franciscano, por la productividad agrícola y la adaptación de cultivos para bien del campesinado pobre. Los dos laicos que acompañaban a Rutilio nos muestran el valor de los sencillos, que apoyan lo que sienten bueno, que acompañan al que hace el bien, que respaldan desde sus posibilidades al que sirve. Dieron la vida con el mismo espíritu con el que comulgaban, el espíritu de Rutilio, que era también el Espíritu del Señor Jesús. Y son santos para nuestros días porque El Salvador continúa necesitando personas que luchen en favor de la erradicación de la pobreza y del reconocimiento de los derechos de los débiles y olvidados. Cada uno desde su puesto en la vida y sus posibilidades. Sin que nadie se sienta más porque hace más. Nelson y Manuel son tan mártires como Rutilio y Cosme. No son mártires por casualidad, sino porque estaban en la misma línea del Evangelio y del amor de Rutilio. Desde la condición de niño y desde la condición de anciano, ambos acompañaban y apoyaban desde sus posibilidades al profeta de los pobres. Eran parte de la profecía como lo son todos los que acompañan a lo bueno, sirven, aman y buscan con generosidad —sin presumir de cachimbones— la justicia social y el entendimiento fraterno. “Mártir” significa “testigo” en griego, y “martirio”, “testimonio”. En el mundo cristiano se acabó llamando mártires, con la palabra griega, a los testigos del Evangelio asesinados por ser fieles al mensaje de Jesús. Hoy seguimos necesitando testigos de honradez, de decencia, de fidelidad a la propia conciencia, de humanismo solidario y fraterno. Testigos de la búsqueda permanente del bien. En otras palabras, personas preocupadas por el bien común y la convivencia fraterna, construidos sobre la igual dignidad de la persona humana. Y necesitamos también que los cristianos demos un mayor testimonio de generosidad, altruismo, amor al prójimo oprimido y compromiso liberador de todo lo que margina, excluye o rebaja la dignidad humana. Nelson, Manuel, Cosme y Rutilio son hoy, desde el Reino de Dios, signos permanentes del camino hacia Él. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los Acuerdos de Paz son y seguirán siendo un hito en nuestra historia, aunque se intente negarlo mediante decreto. Son el único acuerdo nacional que El Salvador ha tenido desde que es república. Ningún otro esfuerzo ha obtenido el respaldo de prácticamente todos los sectores sociales, económicos y políticos del país. Ningún otro acontecimiento ha provocado tan profunda alegría colectiva. Los Acuerdos no fueron perfectos, ni siquiera los mejores, pero pusieron fin a la guerra y tuvieron el potencial de sentar las bases para construir un nuevo futuro para todos. A nivel de contenido, las grandes ausentes fueron las víctimas y sus familiares; a nivel de ejecución, quedó pendiente la reorganización del sistema judicial y la solución de los problemas socioeconómicos estructurales que fueron parte de las causas del conflicto armado. Sin embargo, esos vacíos no deben llevar a perder de vista que el punto central de los Acuerdos fue desmontar la militarización de la seguridad pública que provocaba graves violaciones a los derechos humanos. Los Acuerdos acuartelaron al Ejército y crearon la Policía Nacional Civil como responsable de la seguridad pública y ciudadana. También propiciaron el nacimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la creación de un sistema electoral confiable, que hasta la fecha nunca ha sido señalado de irrespetar la voluntad popular. Además, abrieron la puerta a una prensa libre y más independiente, al derecho de acceso a la información pública y a una incipiente pero progresiva separación de los poderes del Estado. Ningunear los Acuerdos es congruente con el hecho de que todos los avances en materia de democracia formal que propiciaron han sufrido serios retrocesos. Se ha remilitarizado la seguridad pública y la PNC, se ha neutralizado el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ejerce un papel ornamental, la independencia del Tribunal Supremo Electoral está en duda y la separación de poderes ya es asunto de retórica. Es decir, conceptualizar como farsa los Acuerdos de Paz busca justificar el desmontaje de los avances del país en materia de libertades políticas y democráticas. El insensato menosprecio a los Acuerdos de Paz persigue, demás, destruir a los firmantes de los mismos a fin de despejar el campo de adversarios políticos. En esa línea, celebrar un día dedicado a las víctimas del conflicto armado en lugar de la fecha de la firma de la paz le posibilitará al Gobierno protagonizar el tema y sustituir la memoria con anuncios de ficción. La mejor manera de honrar a las víctimas de la guerra es propiciar el reconocimiento de la verdad de lo que pasó, hacerles justicia y reparar el daño causado. Dedicarles un día cuando se cierran los archivos militares que pudieran aclarar las injusticias y cuando se les niega participación en la formulación de una ley de reconciliación nacional es pura demagogia, una cruel afrenta al dolor y la pérdida de tantos salvadoreños.

El mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año tiene como eje temático el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En la actualidad, según el papa, “el camino de la paz permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente interconectada”. Si la paz está vinculada al desarrollo integral de las personas y los pueblos, resultan una negación de la paz los graves hechos señalados por el papa en su mensaje. Habla del ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos; la propagación de enfermedades de proporciones pandémicas; el agravamiento de los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente; la tragedia del hambre y la sed; y el predominio de un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, afirma el papa, “el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz”. En la visión cristiana de la paz, esta se concibe como un quehacer permanente, es decir, no es algo que se adquiere de una vez por todas, sino que es el resultado de un continuo esfuerzo. En esta línea, el mensaje del papa habla de una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las difrentes instituciones de la sociedad. Pero también habla de un “artesanado” de la paz, que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. De ahí su invitación que no excluye a nadie: “Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. En este marco, el papa propone tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. Según Francisco, aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Explica que, por un lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores; por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes. La necesidad de dialogar, escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos deriva, para el papa, del hecho de que “los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir, del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. En principio, el papa parte de una preocupación: el presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años; en cambio, los gastos militares han aumentado, superando el nivel registrado al final de la Guerra Fría, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante. Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Al entender la educación como camino para el logro de una paz duradera, la propuesta del papa está relacionada con la promoción de la cultura del cuidado. Según él, esta cultura puede convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. “Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación”. El mensaje postula que cuando se constituyen en vectores de un desarrollo humano integral, la instrucción y la educación resultan indispensables para la defensa y la promoción de la paz. Pueden ser las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Finalmente, el tercer camino para una paz duradera es promover y asegurar el trabajo digno. Francisco parte de la situación del mundo del trabajo. Afirma que este ha sido impactado gravemente por la pandemia de covid-19. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables; muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política. El papa habla también del impacto devastador de la crisis sobre la economía informal, que a menudo afecta los traba

Si algo temen los poderosos que se sirven del poder en beneficio de sí mismos, es que se visibilice a los pobres. Ellos se esfuerzan en decir que todo está bien, y que si hay algo deficiente muy pronto todo estará mejor. En América Latina no somos una excepción. Y en general nuestros mártires son personas que desde el Evangelio y el amor al prójimo contribuyeron a visibilizar a los pobres, reconociéndolos como personas con dignidad y derechos y dándoles fuerza para buscar el desarrollo de su libertad. Así fue nuestro santo Monseñor Romero, “padre de los pobres y voz de quienes no tienen voz para defender sus derechos”, y así fueron Rutilio y Cosme, a los que ya pronto la Iglesia beatificará, junto con sus acompañantes laicos. Hoy, cuando nuestra Iglesia salvadoreña se prepara para la fiesta de la beatificación, es importante retomar la tarea de nuestros mártires, que es también tarea permanente de la Iglesia: Hacer visibles a nuestros hermanos más pequeños y olvidados, y devolverles su dignidad de hijos e hijas de Dios. El Papa Francisco, en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, nos recordaba la necesidad de convertirnos en “arquitectos” de la paz. “Como en el tiempo de los antiguos profetas, - nos dice el Papa- el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz”. Clamor que escucharon y visibilizaron Cosme, Rutilio, Nelson y Manuel, y al que trataron de responder cristianamente incluso con la ofrenda de sus vidas. Hoy, para construir esa paz anhelada, Francisco nos propone en su mensaje para la jornada de la paz, el diálogo entre generaciones, la educación de calidad y el trabajo digno. Ello supone visibilizar a los jóvenes, a los ancianos, a los niños y a las mujeres como los sectores más vulnerables dentro de las tareas que se nos proponen. También nuestro arzobispo ha publicado recientemente su Quinta Carta Pastoral, recordando los 500 años de la Evangelización en El Salvador y nuestros 200 años de independencia. En ella nos invita, recordando a Mons. Romero, a “hacer propio el dolor, las necesidades y aspiraciones de los pobres, defendiéndolos en todo momento”. En estos días de fin de año, también un sacerdote de nuestro clero nos hablaba de visibilizar los sufrimientos de los privados de libertad y de sus familiares. Sufrimientos injustos que van más allá de las penas impuestas por la ley. Si no vemos a los que sufren, si no los visibilizamos, tanto nuestra sociedad como cada uno de nosotros haremos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano: pasar de largo. Cosme visibilizaba a los pobres desde su cercanía franciscana a los mismos y desde su preocupación por las labores agrícolas campesinas. Rutilio visibilizaba a los pobres empoderándolos de su dignidad de hijos e hijas de Dios, con derechos a una vida digna. Dos de esos mismos pobres lo acompañan en esa suprema dignidad del martirio, que identifica con Jesús, el Señor. Las víctimas de la violencia física, sexual o psicológica, los y las jóvenes desaparecidos, los golpeados por la pandemia, los que sufren la degradación medioambiental, las víctimas de un modelo económico exageradamente individualista, que provoca marginación e incluso hambre, los privados de libertad, privados también arbitrariamente de trato digno y de la visita familiar, nos siguen mostrando el rostro dolorido del crucificado. Visibilizarlos es el primer paso hacia el diálogo constructor de paz, que debe ser intergeneracional, y hacia ese desarrollo integral que es factor indispensable de paz. Que San Óscar Romero y los beatos Cosme, Rutilio, Nelson y Manuel, nos acompañen en esa tarea de ser testigos de la fraternidad universal, de la justicia y de la paz.

La semana pasada, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo textualmente, refiriéndose a la persecución penal de algunos miembros de maras: “Si se comportan como animales, los cazaremos como animales y los encerraremos, para que no vuelvan a causar luto en las familias salvadoreñas”. Las palabras son improcedentes e impropias de alguien versado en leyes, pues si bien la legislación salvadoreña exige perseguir el delito y, por supuesto, a los delincuentes, en ninguna parte autoriza a cazar como animal a ninguna persona, por mala que pueda ser. A ningún ser humano se le puede tratar como si fuera una cosa o un animal; aparte de que hay muchas maneras de actuar como animales, incluso dentro de las costumbres más o menos establecidas. Ciertas formas de tratar a la mujer en nuestra sociedad muestran una actitud más propia de animales que de humanos, más allá de su legalidad o ilegalidad. Y lo mismo podríamos decir de formas de enriquecimiento y disfrute de la riqueza que no tienen en cuenta valores humanos como el de la fraternidad. Este tipo de expresiones de cacería, que hacen pensar más en venganza que en justicia, reflejan una tendencia poco reflexionada y poco seria de algunas personas en el ámbito de las ideas y de los valores de humanidad. Hoy, que se está hablando de la posible reapertura del juicio referente al caso de la masacre en la UCA, quiero hacer un poco de historia y una reflexión personal en este contexto de cacería. El mismo día de los asesinatos, quienes representaban a la Compañía de Jesús dijeron que no querían venganza, sino justicia. Y pocos días después, para aclarar qué significaba para ellos justicia, exigieron un proceso en el que hubiera “verdad, justicia y perdón”. La verdad como el primer paso de la justicia; la justicia como reconocimiento estatal del crimen, con todas las consecuencias legales; y el perdón como mecanismo de reconciliación que debía extenderse a formas legales de reducción o conmutación de las penas. Los Gobiernos de aquel entonces optaron por la impunidad con la ley de amnistía, no solo para el caso jesuitas, sino para todos los crímenes de la guerra civil. Incluso en el primer juicio contra los hechores materiales, el sistema judicial terminó optando por absolverlos, condenar a los intermediarios de la orden de asesinar y encubrir a los autores mediatos o intelectuales. En aquel entonces, los jesuitas nos conformamos con que se hubiera hecho verdad respecto a lo que llevaron a cabo los autores materiales. Pero seguimos en la lucha durante 30 años en favor de que se juzgara a los autores intelectuales. En el caso del coronel Benavides, fuimos coherentes con nuestro lema de verdad, justicia y perdón, al solicitar para él la conmutación de la pena. Lo mismo hizo en su momento el papa Juan Pablo II con quien intentó asesinarle, dejándole gravemente herido en 1981. Cuando hoy se habla de cazar personas como animales, y viendo el humillante, ilegal y mal trato que con frecuencia se le da a personas acusadas de algunos delitos, además de la situación deplorable de la mayoría de nuestras cárceles, es bueno recordar algunos principios básicos no solo referidos a los derechos humanos, sino también a una sana tradición cristiana. Acusar a alguien no es juzgarle, sino pedirle al Estado que lo investigue y que si lo encuentra culpable, le imponga las penas adecuadas, incluida la debida reparación a las víctimas. La presunción de inocencia y, por tanto, el enjuiciamiento en libertad deben ser respetados. No queremos que el caso de la masacre en la UCA sea el único en el que se busque justicia. Hay casos más graves, como la masacre en El Mozote. Y ciertamente, y al menos, todos los casos expuestos por la Comisión de la Verdad tienen el mismo derecho a ser esclarecidos y juzgados, aunque la llegada a sentencia tenga sus tiempos propios. Con no menos importancia, todos estos juicios deberían llevarse a cabo desde una ley de justicia transicional. Ban Ki-moon decía en 2011 ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la justicia transicional debe darse en el marco de una sociedad que busca “afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. En El Salvador, durante la guerra, todos nos dimos cuenta de que se dieron “abusos a gran escala”.Y sobre el perdón como camino de reconciliación, Juan Pablo II decía que el “presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia”. E insistía en que “el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia, sino que trata de reintegrar tanto a las personas y los grupos en la sociedad”. En este contexto de “cacería” de personas, que ojalá no fuera más que una metáfora desafortunada, no es extraño que desde la óptica de los derechos humanos y desde su inspiración cristiana, la UCA permanezca atenta a cómo se desarrolla este y los otros juicios que debe haber.

Es mal asunto provocar un conflicto religioso y dar pie a la denuncia de persecución religiosa. La imprudencia y la hipersensibilidad a la crítica hacen que el régimen de los Bukele se vuelva intolerante e insolente. El enfrentamiento religioso que asoma revive el de Mons. Romero y el del P. Rutilio Grande con el Ejército y la oligarquía agroexportadora. La inminente beatificación de este último, junto con dos campesinos, pone en aprietos a un régimen que no conoce el límite. La elevación a los altares católicos de estos últimos y del fraile Cosme Spessotto, víctimas de la persecución religiosa y del odio a la fe, es una ocasión para recapacitar sobre la función profética de la fe en una sociedad injusta y violenta. “Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante a nuestro país”, ha sentenciado Bukele, en un par de ocasiones. La frase es lapidaria y equívoca. Por pueblo ha de entenderse él mismo, ya que se ha arrogado su representación, en virtud del resultado de las urnas. El mismo argumento utiliza para desechar las críticas sobre la anulación de la libertad legislativa y judicial. En clave presidencial, Bukele es el pueblo. Y nadie, según su sentencia, se interpondrá entre él y Dios. Así como nadie se interpone entre él y los otros dos poderes del Estado. En consecuencia, las improvisaciones, las contradicciones y las diatribas presidenciales serían todas ellas obra divina. Sin embargo, el Dios de la Biblia se vale de intermediarios para salvar a su pueblo. Los patriarcas pusieron los cimientos de dicho pueblo. Moisés lo liberó de la esclavitud de Egipto. Los jueces lo gobernaron, le administraron justicia y lo dirigieron militarmente. Cuando el pueblo pidió reyes, Dios se los dio, pero les envió profetas para recordarle que deseaba justicia, no plegarias y sacrificios. Finalmente, envió a su hijo Jesús, su palabra encarnada. Entre Dios y su pueblo siempre se ha interpuesto el pecado. El pueblo liberado renegó de Dios en varias ocasiones durante la travesía por el desierto. Una vez en la tierra prometida, cometió innumerables crímenes, que jueces y profetas intentaron remediar. “Ya se te ha dicho […] lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan solo que practiques la justicia, que quieras con ternura y camines humildemente con tu Dios” (Miq 6,8)”. A pesar de ello, el pueblo tomó otro camino. “Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlas, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho, porque hay sangre en sus manos” (Is 1,15). “Alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda” (Is 1,15-16). Estos llamados resultaron tan insoportables que los profetas acabaron mal. Por eso, Jesús exclamó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!” (Mt 23,37). Arrogarse la encarnación del pueblo no libra del pecado. Esa apropiación es una necedad típicamente humana. Relativizarla diciendo de sí mismo que es “el dictador más cool del mundo mundial”, aparte del pésimo manejo del español, no la hace menos presuntuosa. La naturaleza humana está atravesada por la desmesura del orgullo y de la arrogancia. Sin justicia, sin reconocer los derechos del oprimido y sin defender a la viuda es imposible construir la sociedad anunciada por Bukele. Tampoco es posible caminar en la presencia de Dios, que aparta su mirada de las manos manchadas de sangre, aun cuando se levanten en oración. No existe, pues, conexión directa entre el Dios bíblico y su presunto representante salvadoreño. Tampoco sus obras son voluntad divina. “Soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa, todo eso lo aborrezco” (Pro 8,13). El camino que Bukele y sus hermanos recorren no es el querido por Dios. Más prudente sería dejar a Dios fuera de la retórica política. Más sabio sería volverse hacía él y cambiar de rumbo. Bukele y los suyos no salen bien parados cuando incursionan el ámbito religioso, porque intentan manipular a un Dios mucho más grande que ellos. Sin embargo, lo sagrado parece ejercer en ellos un atractivo especial. Tal vez porque la altivez está reñida con la cordura. Tal vez porque en el ámbito de lo sagrado encuentran una legitimación que les es negada en la esfera de la secularidad política. En cualquier caso, es pretencioso manchar la divinidad con intereses egoístas para obtener la aprobación popular. Los profetas son necesarios para llamar a la conversión y, por ello, son ultrajados y asesinados. Sin embargo, Dios no desiste y los sigue enviando. Envió al P. Rutilio Grande, a Mons. Romero, al fraile menor Cosme Spessotto y a otros muchos, aún no reconocidos oficialmente por la Iglesia católica. Estos profetas son prueba del primor con el que Dios cuida del pueblo salvadoreño. Ojala escuchemos hoy su voz, que habla a través de sus profetas.

La justicia es un bien supremo que hunde sus raíces en la verdad y que constituye un baluarte para alcanzar la paz. Además de ser un principio fundante e inspirador de la Constitución de la República, es un valor de la fe cristiana: ningún seguidor de Jesús de Nazareth puede preciarse como tal si vuelve la espalda al clamor de quienes sufren injusticia, dolor, vejaciones, atropellos y abusos, y se goza de la mentira, la confrontación, la división, la intolerancia y la insolidaridad. Desde la misma ocurrencia del martirio de Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas, tanto la UCA como la Compañía de Jesús han transitado un dilatado, complejo y sinuoso camino para que la verdad del crimen se conozca y se formalice dentro del sistema de justicia salvadoreño, habiendo enfrentado en cada proceso (penal o constitucional) y en cada instancia enormes obstáculos. Un paso en ese camino fue, por ejemplo, la presentación de una demanda, en el año 2000, para exigir que se hiciese justicia; otro, la petición de la reapertura del caso, en 2017. La Universidad siempre ha buscado que el caso sea conocido y resuelto en instancias salvadoreñas con la finalidad de que constituya un precedente que abra las puertas para que otros hechos igualmente execrables puedan ser enjuiciados en el país, sentando las bases para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos. En ese marco, el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional —impuesta por el oficialismo— sobre la reapertura del caso solo ratifica lo que esta casa de estudios ha denunciado desde hace décadas: ha existido violación al debido proceso, pues sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad a través de la aplicación de distintos artilugios por parte de los funcionarios judiciales que en su momento han tenido participación en el caso. En este sentido, es lamentable que, pese al llamado ético que tienen los operadores del sistema de justicia de escuchar los intereses y necesidades de las víctimas, el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo se haya realizado de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús. Es un completo despropósito que se haya presentado la demanda de amparo sin haber considerado directamente la palabra técnica y sobre todo ética de quienes más conocen del caso. No obstante, la UCA buscará participar en todas las instancias judiciales en que se aborde el martirio de Elba, Celina y los sacerdotes jesuitas. La UCA exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas; demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas; y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre la instancia judicial. El caso de la masacre en la UCA puede constituirse en una primera respuesta al lamento de las víctimas de El Salvador, que en su mayoría no han obtenido verdadera justicia, sino resoluciones judiciales inmorales y tendenciosas. Por otra parte, la dignidad y testimonio martirial de Elba y Celina exigen que el caso se conozca como “Masacre en la UCA”, y no como lo presenta el fallo constitucional: “Masacre de los jesuitas”, pues esta denominación excluye la memoria de dos mujeres tan valiosas y dignas de justicia como los sacerdotes jesuitas martirizados; mujeres que en el violento desenlace de su vida reafirmaron el valor universal del amor y del deber de protección a los seres queridos. La UCA reafirma su compromiso con las víctimas de luchar por la justicia y la verdad. Lo hizo a costa de sangre durante los cruentos años de la guerra civil y lo continuará haciendo en esta época. Acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a los pobres y marginados de la sociedad en la búsqueda de tales valores es el único camino hacia un El Salvador de hermanos que rechaza los abusos, egoísmos e impunidad de los poderosos y los violentos.

En la historia abundan los olvidados. Los poderosos, sean millonarios, políticos o militares, tienden a olvidar a los débiles y marginados de nuestras sociedades. Y casi con la misma frecuencia, una alta proporción de la ciudadanía, al sentirse impotente ante los problemas que la rodean, busca refugio en el olvido, en la migración o en un desarrollo egoísta y poco solidario. Por eso, cuando comenzamos un año que deseamos sea feliz para todos, resulta indispensable recordar a los pequeños. Porque sin ellos no habrá nunca felicidad plena. Sin la posibilidad de una felicidad básica que alcance a todos, no habrá seguridad en la felicidad de nadie. Ni siquiera en la de los más poderosos. Los pequeños abundan en nuestro país. Los campesinos, depositarios y transmisores de cultura, tienen los peores salarios, las redes de producción más débiles y carecen de seguridad social. Los que se dedican al comercio informal están, mayoritariamente, en una situación parecida. Con los niños y niñas, a pesar de las frases laudatorias a la niñez, tenemos una enorme deuda. No puede ser que la mayor parte de las mujeres desaparecidas sean menores. O que la violencia se cebe desde la infancia en muchos de nuestros niños. El abuso a la mujer y la impunidad de muchos abusadores muestran la facilidad con la que olvidamos a los débiles y protegemos a los fuertes, que con mucha frecuencia son los más carentes de escrúpulos y los más violentos. En ese contexto, no es raro que los jóvenes tengan la tentación de asociarse en pandillas para responder desde la fuerza a una sociedad que los maltrata. Y si queremos llegar a los más olvidados, debemos considerar a los privados de libertad. La idea de castigo y venganza hace que muchas personas pierdan de vista que quienes están en nuestras cárceles son personas. En una sociedad que se considera cristiana mayoritariamente, resulta paradójico que muy pocos se acuerden de las palabras de Jesús cuando decía que “el que esté limpio de pecado tire la primera piedra” o “estuve en la cárcel y no me fueron a ver”. A muchos nos preocupa que a políticos y a gente conocida no se les conceda la presunción de inocencia o se les impida la visita familiar; es una verdadera violación de derechos humanos básicos. La presunción de culpabilidad y el maltrato a los detenidos si son pobres han sido una verdadera plaga en el país. La prohibición de la visita familiar lleva muchos años presente y ha sido un mecanismo de castigo generalizado, aprobado festivamente por casi todos los partidos. Los traslados sin información a las familias, los castigos físicos, la mala alimentación no son parte de la sentencia que priva de libertad; simplemente son abusos injustos aprobados por nuestro modo indiferente, o incluso vengativo, de ver a los reclusos. Recordar a los pequeños, a los siempre olvidados, a los débiles de nuestras sociedades, es la única vía que nos puede llevar a un desarrollo verdaderamente humano. El recuerdo solidario y compasivo nos hace humanos. El olvido de los pobres nos lleva a repetir los errores que conducen a la creación de sociedades violentas, con poca capacidad de impulsar proyectos de realización común. El poeta hondureño Roberto Sosa decía que “los pobres son muchos, y por eso es imposible olvidarlos”. Pero en esta sociedad nuestra que absolutiza el consumo y el individualismo, buscamos la manera de no verlos, aunque estén tan cerca como la comunidad La Cuchilla lo está de los condominios caros que están al otro lado de la calle que los separa. Cuando un año comienza, comprometerse con ver, escuchar, recordar y actuar en favor de los olvidados de siempre es la única manera posible de ser sinceros con la felicidad que se dice desear. Porque la felicidad, o llega a todos, o no es verdadera.

En una entrevista radial sobre la actual Asamblea Legislativa, el rector de esta casa de estudios calificó de nefasta la labor realizada por la bancada cyan y sus aliados. Como era de esperarse, representantes de Nuevas Ideas y de GANA, amplificados por sus seguidores y cuentas troles, vertieron de inmediato descalificaciones y acusaciones infundadas sobre el rector a través de las redes sociales. Acusaciones que bien pueden ser consideradas ataques a la libertad de expresión, difamaciones y daño al honor, y que podrían ser objeto de demanda. Pero más allá de ello, es importante ahondar en los porqués del calificativo “nefasto”. De acuerdo al diccionario, “nefasto” tiene dos significados: “que causa desgracia o va acompañado de ella” y “que es extraordinariamente malo”. Siendo así, el término calza a la perfección con lo que ha hecho la bancada cyan al romper el orden constitucional para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar en su reemplazo a personas obedientes al Ejecutivo. Ese hecho (avalado por los diputados de GANA, PDC y PCN) y las posteriores reformas a la ley judicial y a la ley de la Fiscalía General de la República han causado un grave daño, una profunda desgracia a la sociedad salvadoreña: han dejado al sistema judicial en manos de personas sin escrúpulos, sin honradez notoria, dispuestas a juzgar no de acuerdo a las leyes, sino según los intereses de un partido y del presidente de la República. También es una desgracia para el país que no se persiga la corrupción de los funcionarios del actual Gobierno. Con la aprobación de la “ley Alabi” se extendió un manto de impunidad sobre las transacciones indebidas que, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia, enriquecieron a diversos funcionarios y sus familias. Una Sala de lo Constitucional independiente hubiera declarado inconstitucional esa ley, porque ningún Gobierno puede autoaministiarse y porque se impide a la población saber a ciencia cierta qué pasó con los fondos públicos, en qué se utilizaron, si fueron debidamente administrados o, por el contrario, fueron a parar a los bolsillos de empresarios y funcionarios corruptos. Extraordinariamente malo para El Salvador ha sido aprobar la Ley Bitcoin y destinar más de 200 millones de dólares para su implementación cuando nuestra gente tiene tantas demandas urgentes insatisfechas y en su gran mayoría rechaza el uso del bitcoin como moneda de curso legal. Igualmente nefasto es haberle quitado a los municipios una gran parte de los fondos que recibían a través del Fodes, poniendo fin a lo poco que se había avanzando en materia de descentralización, un factor clave para fortalecer a las alcaldías, que son las que mejor conocen las necesidades de desarrollo de los habitantes de los municipios. Se suma al inventario la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, la cual no contempla la protección de las cuencas hídricas y la participación ciudadana, dos elementos fundamentales para garantizar el derecho al agua. La Ley, además, niega estatuto especial a las juntas de agua, conformadas por ciudadanos, mientras permite concesiones privadas de hasta mil metros cúbicos diarios por 15 años a los desarrolladores de complejos residenciales. La lista de acciones nefastas de la bancada cyan es mucho más larga. El conjunto de todas ellas ha dado un poder absoluto a la Presidencia de la República. Un poder que el Ejecutivo ha utilizado para continuar en su deriva autoritaria, lo que ha socavado la confianza de la comunidad internacional en El Salvador, afectando incluso la calificación crediticia nacional, que ha llegado a su nivel más bajo de la historia reciente. Por todo ello, la gestión tanto de los diputados oficialistas como del Gobierno será recordada como triste, funesta, una verdadera desgracia para el país.

“Más que los actos, son las palabras las que debemos hacer concordar. ¿Cómo pretendéis que la gran masa de una nación pueda juzgar si su gobierno se guía por la lógica? Basta con decirles que es así”. Maquiavelo, de Maurice Joly Recurrir a los autores clásicos siempre nos ayuda a comprender lo que acontece en el país. En esta ocasión Maurice Joly nos permite analizar tres puntos: la desconexión de la realidad del presidente, el mito de las jugadas maestras y la consolidación de la dictadura. 1. Desconexión con la realidad y la “cosificación” del presidente Como bien dice el Maquiavelo de Maurice Joly, los pueblos y los hombres en los distintos tiempos se han contentado con palabras y les basta con las apariencias. Tanto así, dice Maquiavelo, que a los gobernantes les “es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” que el pueblo termina creyendo que son verdades. El sábado 20 de noviembre en la playa Mizata, en La Libertad, Bukele sacó de su sombrero de mago la llamada “Bitcoin City” que, según sus palabras, planea construir alrededor del Volcán de Conchagua. Antes ya había sacado del mismo sombrero la construcción del Hospital para mascotas “Chivo Pet”. Bitcoin City es una ficción de gran proporción que nos hace pensar que el presidente se ha desconectado de la realidad que vive el país. Y aquí nos referimos a esa realidad que le gritan a Bukele los desaparecidos desde las fosas clandestinas de Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa y Lourdes por mencionar las descubiertas recientemente. También es la misma realidad que le gritan los migrantes irregulares salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y las familias desplazadas forzosamente por el control territorial ejercido por las pandillas. En Mizata, Bukele se dirigió a su club de alabanza, conformado en su mayoría por extranjeros (bitcoin bros), y presentó su gran apuesta (Bitcoin City) que salvará a la humanidad, según sus palabras. En ese discurso en inglés -como parte del cierre de la semana del bitcoin- Bukele se convirtió en un producto de marketing, en una marca, o mejor dicho, en una cosa. Al presidente se lo devoró o engulló su misma propaganda política y lo convirtió en una especie de marioneta de las empresas que están detrás del negocio del bitcóin a nivel internacional. Al final de su discurso, Bukele presentó al CEO de la empresa Blockchain para que explicara el plan financiero que tienen entre manos, así como el funcionamiento de la emisión de los “bonos volcán”. Nada de ese proyecto es viable ni de beneficio para las mayorías pobres del país, todo es pura ilusión. ¿A quién le habla el presidente cuando lo hace en inglés? ¿Por qué oculta información? ¿Por qué esconde sus proyectos si son de beneficio para todos los salvadoreños? La única respuesta es que todo es mentira y engaño. Bukele usa el bitcóin como sombrero de mago del cual sacará cualquier proyecto ficticio que le sea de utilidad para mantener a las masas “encantadas” con una falsa prosperidad. 2. El mito de las jugadas maestras Parte del mito creado alrededor de Bukele, que es repetido por sus seguidores, es que el presidente es un hombre que piensa fuera de la caja (“Out of the Box¨) y que todas sus acciones son una especie de “jugadas maestras”. Todo esto no es más que una estrategia de comunicación política de los organismos de propaganda del Gobierno que se encuentran en los manuales que siguen y aplican los líderes populistas. Al respecto de la creación de estos “super poderes” atribuidos al líder, dice Maquiavelo: “Por lo tanto, deseo que las diversas fases de mi política sean presentadas como el desenvolvimiento de un pensamiento único en procura de un fin inmutable. Cada suceso previsto e imprevisto tiene que parecer el resultado de una acción inteligentemente conducida [...] El acontecimiento último será presentado como la conclusión lógica de todos los anteriores.”. Cualquier acción del presidente será presentada -por sus organismos de propaganda- como una gran jugada maestra en beneficio del pueblo. Aquí nuevamente la realidad terminará gritándole al oído de la población que no se dejen manipular ni desinformar por charlatanes de la comunicación política cuyo único afán es destruir el país y concentrar el poder político para satisfacer sus ambiciones e intereses económicos. 3. La dictadura no descansa en su afán de concentrar todo el poder y de establecer un pensamiento único Ante la pregunta de ¿Qué hacer para consolidar el poder? Maquiavelo dice: “Deberá en primer término dedicarse a destruir los partidos, a disolver, dondequiera existan, las fuerzas colectivas, a paralizar en todas sus manifestaciones la iniciativa individual; a continuación, el nivel mismo de temple decaerá espontáneamente y todos los brazos así debilitados, cederán a la servidumbre”. Dos días después de la fiesta del bitcoin en Mizata, la FGR y la PNC desataron la persecución polìtica a oenegés de la sociedad civil y allanaron sus insta

LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial. El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial. El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos. En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Cuando comienza un nuevo año tendemos a llenarnos de buenos propósitos. En los dibujos de los periódicos se pinta con frecuencia un anciano que se retira, plagado de golpes y remiendos, mientras aparece caminando un niño tierno, rebosante de energía. Cada uno de ellos lleva el número del año correspondiente: el que se va y el que se viene. Sin embargo la realidad suele ser muy distinta. Continúan los mismos problemas, los mismos riesgos y las mismas vulnerabilidades. La vida no cambia si no hay esfuerzo, y los cambios sociales son con frecuencia más lentos que los cambios en la propia vida. Los errores del pasado perviven demasiado tiempo y la lucha contra ellos tiene que ser continua. La disminución de la violencia física no ofrece garantía de seguir bajando si persiste la violencia verbal. Las leyes que exigen respeto a la mujer y castigan cualquier tipo de violencia contra ellas ayudan a ir superando el machismo, pero no lo eliminan ni lo destierran de la cultura. Y si el machismo permanece las formas de violencia contra la mujer se irán volviendo más sofisticadas. E incluso no faltarán mujeres que reproduzcan, contra varones o mujeres, nodos de actuar propios del machismo y del racismo. Al final, cualquiera que se sienta superior a otros, sea hombre o mujer, puede reproducir fácilmente actitudes semejantes a las machistas o las racistas. Si queremos que realmente el año sea nuevo nos queda a todos un largo trabajo por delante que no debemos interrumpir a lo largo de los 365 días que pronto comenzaremos a llamar nuevos, para llamarlo viejos en Diciembre del año próximo. En un país donde se dialoga poco no llegaremos a establecer un verdadero diálogo en los campos más complejos del mismo, como el político, si no tenemos propuestas, las defendemos e insistimos continuamente en ellas. En una sociedad que necesita justicia respecto a su presente y su pasado, difícilmente llegaremos a sentirnos satisfechos sin una ley de justicia transicional que sea fruto de acuerdos y reflexiones serias con las víctimas e, incluso, con los victimarios. En una patria marcada por la desigualdad, la marginación y la pobreza será prácticamente imposible respetar la igual dignidad de la persona humana si no hay un cambio profundo tendiente a la fraternidad, aunque sea lento, en la mayoría de las personas. Los cambios para bien pueden darse, y algunos se han ido dando paulatinamente en la sociedad salvadoreña. Pero hay que trabajarlos tanto personalmente como socialmente. La capacidad autocrítica es una de las condiciones básicas para un cambio social. Quien se cree superior a los demás, desprecia a quienes considera inferiores y piensa solo en competir, él, ella o a favor de sus hijos, para sobresalir sobre los demás, será incapaz de realizar cambios, aunque crea que tiene las ideas lo suficientemente brillantes para convencer a otros. Y la capacidad de crítica social, especialmente frente a los abusos de los poderosos, sean estos del campo económico, social-cultural o político, resulta siempre y también indispensable. Un filósofo contemporáneo decía que el cristiano, si es fiel al Evangelio, debería ser un ‘deconstructor irónico’ de las narrativas del poder. Porque el poder, siempre que se fija en sí mismo y se obsesiona por su sobrevivencia, se convierte en un perpetuador de diferencias injustas. Desear que el año 2022 sea nuevo, tanto para las personas como para las sociedades, es positivo. Pero hay que desearlo para todos. Incluso para aquellos que no nos caen bien o piensan distinto de nosotros. No podemos caer en la hipocresía de las frase generales positivas y después maltratar a los migrantes, olvidar los pobres o alegrarnos con el dolor y el sufrimiento de los privados de libertad a quienes se les niega el derecho a la visita familiar. Decir que se merecen el castigo y no reconocer derechos básicos es continuar en lo más viejo del año viejo y de su podredumbre. El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz insiste en el diálogo intergeneracional, en el trabajo digno y en la educación de calidad para todos. Para nosotros sería un buen comienzo iniciar la construcción de novedad del año 2022 trabajando esos tres puntos.

Desde hace muchos años hemos denunciado la exhibición de los detenidos por parte de la PNC, con frecuencia mal vestidos y semidesnudos. Especialmente los pobres eran los peor tratados. La prensa amarilla de aquellos tiempos incluso nos mostraba supuestos delincuentes capturados en la noche en sus viviendas y en alguna ocasión incluso con el pie de un policía encima. Hoy las cosas han cambiado muy poco. La experiencia de quienes damos seguimiento al funcionamiento de la justicia es clara: La Fiscalía y la PNC detienen a jóvenes acusándolos de muy diversos crímenes. Se les exhibe semidesnudos y como si fueran culpables. Se les tiene durante un lento y engorroso proceso durante dos años en la cárcel, mezclados con las personas ya juzgadas y condenadas a privación de libertad, y al final se les termina liberando o absolviendo por falta de pruebas. Aunque se logran algunas condenas, son más los que salen liberados que los que se quedan, al menos si contamos todas las denuncias. Y la violación de Derechos Humanos en el modo de actual policial y fiscal queda patente. Incluso en algunos aspectos ni se respeta el código procesal penal. La Fiscalía, además, utiliza con frecuencia testigos criteriados. En ocasiones verdaderos asesinos que por tener un alivio en sus condenas están dispuestos a decir lo que se les pida. En otras ocasiones verdaderos mentirosos o simplemente expertos en ser testigos criteriados, a veces acusando a cuarenta, cincuenta o más supuestos delincuentes. El abuso de poder fiscal, la tendencia a plegarse a los intereses del Poder Ejecutivo, ha sido una enfermedad constante en El Salvador. Algunos casos exitosos no ocultan el mal funcionamiento de una Fiscalía con labores contradictorias, acostumbrada a defender al Estado en las instancias de Derechos Humanos internacionales, y a violar esos mismos Derechos internamente. Los malos procesos de detención se están además ahora mezclando con temas políticos. En el caso de los sobresueldos se está exhibiendo a los políticos detenidos e incluso declarándolos culpables de delitos complejos, como son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Lo cierto en el caso de los “sobresueldos” es que todos los que los han recibido deberían pagar los impuestos que evadieron, muchas veces porque los mismos oficiales del Gobierno que les daban el sobre les decían que no declararan ese dinero a Hacienda. Pero eso es una cosa, y otra unas acusaciones que, al menos en algunos casos, no son justificables. El uso de testigos criteriados contra personas que claramente carecen de poder y en un caso con color político, muestra el estilo manipulador de la Fiscalía. Mientras deja en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad, trata de elevar con testigos criteriados el rango de los delitos cometidos por los políticos. Ciertamente es sano y necesario en una democracia que todas las personas, políticos, empresarios o de cualquier oficio que sean, paguen sus impuestos. Y si los han evadido, aunque haya sido por consejo de sus superiores jerárquicos, que se les obligue a pagar lo evadido e incluso que tengan algún tipo de multa añadida a la deuda. Ser político y evadir impuestos es más grave que hacerlo desde otras posiciones sociales. En ese sentido incluso debería haber algún tipo de sanción mayor. Pero lo que no se puede hacer es confundir automáticamente la evasión de impuestos con el lavado de dinero y mucho menos exhibir como culpables a los acusados. Alguna persona mal intencionada podría decir con cierta razón que los políticos de ayer, que respaldaban la exhibición de detenidos calificándolos de culpables, están recibiendo el mismo tratamiento que ellos respaldaron. Pero en El Salvador la “ley del talión” es ilegal. Si algo es injusto para unos, es injusto para todos. Y cuando la injusticia se lleva a cabo contra políticos de supuesta oposición, con lujo de propaganda, con insultos, con manipulación de la normativa vigente y con condenas anticipadas a las sentencias judiciales, el papel de la Fiscalía, ineficiente en otros crímenes más graves, puede ser calificado éticamente como corrupto. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Navidad y justicia Hace ya bastantes años el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy cantaba en estas fechas navideñas un nuevo tipo de villancico que nos deseaba a todos una feliz Navidad en justicia y libertad. Han pasado más de 40 años y la libertad, escasa para los pobres, sigue en riesgo para la mayoría. La justicia, especialmente la justicia social, continúa siendo el gran déficit de nuestras sociedades, construidas sobre el poder del dinero, de la propaganda y de las armas de una minoría. Antes se hablaba de oligarquía, una palabra culta, para definir a estos grupos minoritarios. Hoy, en la pobreza de los análisis existentes, incluso las palabras cultas se han desechado. Se ha sustituido la reflexión y el debate por el insulto, la mentira y la falta de perspectiva. Sin embargo, aun en medio de la barahúnda política y de la propaganda comercial, la Navidad vuelve a llegar a nosotros. Y llega siempre con su mensaje original. El Dios grande y poderoso, misericordioso y bueno, se hace humano y nace pobre para enriquecernos con su pobreza y darnos la salvación. Podemos adornar el nacimiento de mil maneras, ponerle en los cuadros y en las imágenes vestidos más o menos bonitos a José y María, pero el niño siempre está semidesnudo y recostado entre pajas. Dios quiso resaltar de tal manera la dignidad de la persona humana que decidió hacerse carne en una familia de migrantes pobres, perseguidos, y nacer en el abandono de un mundo insolidario que no tenía sitio en la posada para una mujer embarazada y a punto de dar a luz. No sería cristiano mirar al Niño, al divino Niño que nos gusta llamarle, y no sentir solidaridad, deseo de estar allí, aunque sea con la simple solidaridad del niño tamborilero del villancico. Y de la misma manera, tampoco es cristiano celebrar la Navidad olvidándonos de los que sufren. Nos gusta hablar de paz en la Navidad, y eso es indudablemente bueno. Pero la paz que el Señor nos trae no es simple reconciliación entre los desavenidos. Es la paz que se desprende de la justicia del Reino de Dios. Monseñor Romero, hoy nuestro San Romero, Rutilio Grande, que pronto será beatificado, lo entendían muy bien. De Rutilio son aquellas palabras que, hablando de la Eucaristía, insistían en que cada cual tendría su taburete y a nadie le faltaría el conqué. Hoy, cuando estamos golpeados por una pandemia, cuando la pobreza y el desempleo han crecido en El Salvador, cuando no vemos por ninguna parte un plan serio y consensuado de recuperación del país, debe surgir, a la luz del Niño recién nacido, una pregunta y cuestionamiento; ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Hay respuestas evidentes: en familia, en armonía, con espíritu de descanso y esperanza, después de un año duro. Están bien las respuestas, pero nos quedan otras preguntas ¿qué más puedo hacer por mi hermano en necesidad? ¿cómo puedo contribuir a frenar mentiras, odios e indiferencias ante el dolor de los pobres? ¿dónde debo poner mis esfuerzos, mi palabra y mi acción para que El Salvador avance hacia una mayor justicia social? Son preguntas siempre pendientes, pero que se vuelve urgentes en Navidad. No podemos continuar sin cuestionarnos lo poco que hemos hecho por los más pobres, y sin recordar y comprometernos con lo mucho que nos queda por hacer. ¿Habrá que esperar otros doscientos años más para lograr la paz con justicia? Pensar en El Salvador, en todos los que componemos y hacemos este país, y especialmente en los empobrecidos y los vulnerables, y al mismo tiempo pensar un El Salvador distinto, más fraterno, igualitario y justo es, en estas Navidades, una urgencia cristiana. Por José María Tojeira

En 1963 Hannah Arendt publicó el libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. La tesis que la filósofa desarrolla en dicho texto reside en que no hace falta padecer un desequilibrio mental, ser psicópata, cruel y perverso para llevar a cabo acciones terribles en detrimento de la humanidad. Arendt construyó su reflexión a partir del juicio a Adolf Eichmann (1906 -1962), oficial nazi y responsable de la organización de la “solución final” que acabó con la vida de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, la publicación suscitó polémica. Una serie de controversias que la llevarían a dar continuidad al debate. De esta forma, años más tarde publicó otro artículo titulado Verdad y política. En este, la autora repara en la cuestión de si siempre es legítimo decir la verdad; en la relación entre mentira y política y, no menos importante, en los efectos de la falsedad deliberada que caracteriza a los regímenes autoritarios. Ciertamente, las ideas filosóficas y políticas de Arendt constituyen un aparato teórico importante para pensar y comprender la realidad actual. En Verdad y Política, por ejemplo, sugiere cómo la verdad se enfrenta a una falacia cuyo argumento (sustentado ya sea en una ignorancia endémica o en una mendacidad perversa) orienta a toda una comunidad política a embarcarse en una mentira organizada, esto es, una sociedad que gira alrededor de una realidad falsa. Una realidad fabricada desde quienes ostentan el poder y que tiene por esencia o naturaleza el engaño y la manipulación. Pensar El Salvador, su realidad política y el pasado, desde algunas de las categorías que Arendt plantea permite alcanzar más elementos para iluminar tal reflexión. Recientemente el régimen ha manipulado el pasado (y el sufrimiento de las víctimas por ese pasado) para establecer su agenda de ataque y debilitamiento a las voces críticas. Hace menos de un mes, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, pidió a la Corte Suprema de Justicia (también impuesta por el oficialismo) reabrir el caso de la masacre en la UCA. Aseguró “retomar el camino de la verdadera justicia”. En otras palabras, se adjudicó una lucha que ha sido sostenida no sólo por los familiares de las víctimas y por esta universidad, sino por otras víctimas salvadoreñas y por muchos representantes de la comunidad internacional. Sin duda, se trata de una inclinación por la justicia que es falsa y a conveniencia. No obstante, la manipulación y el desinterés por el pasado en pocos días ha quedado en evidencia. ¿Cómo se puede obtener justicia cuando el mismo régimen desprecia a las víctimas y a sus asociaciones? Y es que representantes del grupo parlamentario oficial han manifestado la posición de no escuchar a las asociaciones de víctimas en la formulación de la Ley de Justicia Transicional. Para mayor agravio, se han dedicado a atacar a las organizaciones que históricamente han realizado el trabajo que competía al Estado. Por otra parte, en la presente semana, se conmemoran cuarenta años de lo impensable. Una de las peores masacres de América Latina. Alrededor de mil personas, civiles, fueron asesinadas en El Mozote y sitios aledaños. Una fecha trascendental. Una fecha oportuna para reparar ese pasado luctuoso y para pensar en herramientas sociales que permitan avanzar en el camino de la reconciliación. Evidentemente la realidad es opuesta. Ya en el 2020 el presidente se encargó de cerrar esa posibilidad.1 Dio ejemplo de cómo manipular la verdad del pasado para incidir en el presente político. Demostró que no importa cuánto haya que negar o evadir para multiplicar la mentira. Exhibió que su interés y el de sus adeptos está en función de acumular poder. Y que ese interés nada tiene que ver con el sufrimiento de las víctimas si no es para utilizarlo a favor de sus propósitos. Enfrentar la mentira es una tarea ineludible. Las víctimas del conflicto armado tienen mucho que aportar. Promover su exclusión es revictimizarlas. No escucharlas también lo es. De ahí la importancia de reconocer su experiencia, su trayectoria y su trabajo que ha estado centrado en el deber de memoria y en la búsqueda de la verdad. Retomando a Hannah Arendt: “hagan lo que hagan, los que ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sustituto adecuado para ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla”.2 Las víctimas, desde el ejercicio de memoria, recuerdan que en esos crímenes y esas violaciones existieron. La búsqueda de la verdad y la justicia no es una estrategia política ni publicitaria, es un compromiso y una responsabilidad. ______________________________________ Notas 1. El presidente Bukele llevó la campaña electoral a El Mozote. Disponible en https://elfaro.net/es/202012/el_salvador/25092/El-presidente-Bukele-llev%C3%B3-la-campa%C3%B1a-electoral-a-El-Mozote.htm 2. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, (Barcelona: Austral, 2018), 396. * Artíc

El 29 de marzo de 2017, la población salvadoreña celebró con alegría, esperanza y orgullo la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Esta victoria histórica de un país conocido principalmente por los altos niveles de violencia social, la sobrepoblación, la migración y el deterioro ambiental, convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en analizar con responsabilidad los altos costos de la industria minera y decir “No”. Sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad ambiental de El Salvador, de la amenaza que representa la minería metálica y del fuerte y claro rechazo de la ciudadanía a esta industria, hay señales preocupantes que sugieren que el Gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa títere están considerando abrir la puerta de nuevo a la exploración y explotación de metales. El Gobierno ha mostrado poco interés hasta la fecha en los temas ambientales y sus políticas y prácticas confirman la ausencia de una conciencia ambientalista. Frente a la crisis financiera del país, el Gobierno ve a la minería metálica como fuente de ingresos para un Estado profundamente endeudado, y es ampliamente conocido que el presidente mantiene relaciones cercanas con grandes inversionistas en esta industria. En lugar de cumplir con la actual Ley de Prohibición de la Minería Metálica, exigiendo poner fin a este tipo de minería en todas sus formas, buscar opciones alternativas de vida para los mineros artesanales de San Sebastián y recuperar sitios mineros del pasado, el Gobierno ha promovido un Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible invitando a miembros de la junta directiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) para abrir un debate en el país sobre la “minería para el desarrollo sostenible”, revelando una intención clara que atenta contra los intereses del pueblo salvadoreño. Aún más preocupante es la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Entre sus objetivos plantea autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras. La nueva ley menciona una sola vez la Ley de Prohibición de Minería Metálica, planteando que “los reglamentos, instructivos, resoluciones, normas, acuerdos y otras disposiciones generales […] mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente, mientras no sean derogados o modificados expresamente”. Esta ambigüedad abre la puerta al retroceso en la garantía de derechos lograda con la prohibición de la minería metálica en 2017. El tema central en el debate sobre la minería metálica en El Salvador siempre ha sido el agua, con la consigna “Sí a la vida, no a la minería”. Es ampliamente reconocido que El Salvador sufre de una crisis hídrica de enormes proporciones en términos de cantidad, calidad y acceso. Los ríos se están secando, los acuíferos más estratégicos de la nación están bajando de nivel en más de un metro por año, más de 90 % de los lagos y ríos están contaminados y comunidades sin acceso a este vital líquido, fuente de toda vida, están tomando la calle. La minería metálica es una amenaza para el agua por el enorme consumo y por la contaminación con materiales tóxicos, tales como cianuro (un químico que puede matar a un ser humano en cantidades menores a de un grano de arroz), mercurio, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, plomo, arsénico, cadmio, magnesio y otras sustancias. Según un estudio de Oxfam América, Metales Sucios, “Cuando se trata de emisiones toxicas, la minería metálica es una de las industrias lideres”. Dada esta realidad, grandes coaliciones sociales, junto con la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas, instituciones académicas, organizaciones de pueblos indígenas y de mujeres y otros sectores importantes de la población apoyaron una propuesta de ley presentada el 6 de febrero de 2017 para prohibir la minería metálica en el país. Un sondeo de la UCA realizado en 2015 mostró que el 79.5 % de la población encuestada creía que El Salvador no era un lugar apropiado para la industria minera. En el mismo sondeo, 76 % de los encuestados se mostró inconforme con la apertura de proyectos mineros en sus municipios; 77 % consideraba que el

Estados Unidos es tan soberano como El Salvador, y en el ejercicio de su soberanía ha impuesto sanciones a algunos altos funcionarios del régimen de los Bukele. Este, en otro ejercicio soberano similar, ha negociado con las pandillas, una expresión del crimen organizado, y ha tolerado y encubierto la corrupción. Es un ejercicio de la soberanía propia contra otro ejercicio de la misma soberanía, pero de signo opuesto. Las dos naciones son igualmente soberanas. Las sanciones de Washington comprenden el retiro de la visa estadounidense, un derecho soberano de las naciones; el bloqueo, no la confiscación, de los activos en territorio estadounidense; y la prohibición de contratar o negociar con las empresas o los ciudadanos estadounidenses. No hay, pues, ninguna injerencia indebida en los asuntos internos del país ni razón para que el presidente se irrite, ya que las sanciones se apegan estrictamente a su concepto de soberanía. Más allá de la sinrazón de la cólera presidencial, se vislumbran dos motivos. El primero, el más obvio, es que las sanciones impiden que los funcionarios señalados y sus familiares más cercanos viajen a Estados Unidos, que accedan a sus activos en territorio estadounidense o que traten con empresas estadounidenses. La reacción presidencial pone de manifiesto cuán importante es para todos ellos la relación con Estados Unidos, a pesar de su actitud de falsa indiferencia. Si tanto les importa viajar a ese país, debieran haber actuado con prudencia. Si tanto les importuna la política estadounidense, por qué acumulan activos en su territorio o contratan los servicios de sus empresas. El segundo motivo que ha disparado el arrebato presidencial es la contundente acusación de Washington contra el régimen de los Bukele por negociar con las pandillas la reducción de los homicidios, la colaboración en la imposición de la cuarentena y la ayuda en la recién pasada campaña electoral; y por la corrupción asociada a la pandemia y al reparto de alimentos. Ocultar los hechos y obviar la investigación policial y fiscal no han impedido que Washington confirme las denuncias de la prensa nacional. La embajadora y los costosos cabilderos en Washington, y la campaña desinformativa en las redes sociales no han podido esconder verdades de bulto. Descartar las denuncias como “absurdas […] acusaciones diarias” compromete más aún la ya maltrecha credibilidad del régimen. Es poco probable que Washington haya procedido atolondradamente. De hecho, aporta más información que la prensa nacional. El régimen recompensó los servicios de las pandillas con dinero, teléfonos y acceso a prostitutas. La exjefa del gabinete y vocera principal del régimen ha dirigido también “una estructura de corrupción multimillonaria”, con ramificaciones en las dependencias gubernamentales. La esposa del embajador en Italia autorizó adquisiciones sospechosas relacionadas con la pandemia, contratos inflados y sobornos a funcionarios y asesores presidenciales. Además, utilizó la distribución de alimentos durante la pandemia para promover las candidaturas del partido oficial. Mientras que el carcelero mayor y su madre robaron y vendieron esos alimentos y manipularon la planilla del sistema penitenciario para enriquecerse. Es inverosímil que los Bukele desconocieran estas actividades de su gente de confianza. Existen, pues, razones para los arrebatos presidenciales. Sin embargo, puede despejar las sospechas y las acusaciones si investiga la corrupción y esclarece las responsabilidades. No lo hará, porque traicionaría a sus servidores más fieles y porque, de hacerlo, alguno, en venganza, podría hablar más de lo conveniente. Perdido en su desvarío, el régimen acusa ahora a Washington de “financiar movimientos comunistas” y amenaza con represalias judiciales a quien hable del tema por herir el honor de los señalados. La mejor defensa del honor es la investigación creíble que los exonere de responsabilidad. En su extravío, el régimen ni siquiera acierta a definir el estado de su relación con Washington. Desde el vicepresidente para abajo la relación es amistosa. Pero para el presidente “está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada”. En realidad, Bukele reclama lo mismo: “sometimiento absoluto” a su voluntad “o nada”. En este plan se plantó en El Mozote, rodeado de aeronaves y soldados fuertemente armados. Emplazó su podio y sus banderas, destruyó la casa comunal y los puestos de los artesanos locales, y repitió las promesas del año pasado. La colaboración, la amistad y la alianza parten de coincidencias; entre más colaboración y amistad, más intereses compartidos. Pero Bukele exige colaboración, amistad y alianza unilaterales. Este camino ha introducido al régimen en un callejón sin salida. Pareciera, pues, que es el momento de repensar el concepto de soberanía. Hasta ahora, esta ha sido esgrimida para justificar el curso arbitrario y corrupto del régimen de los Bukele. En un mun

Los cristianos nos preparamos para celebrar la Navidad. La invitación que nos hace el Evangelio es a la conversión, es decir, a abandonar las actitudes y comportamientos contrarios al proyecto de salvación de Dios para la humanidad. Para esta preparación, encontramos en el Evangelio una figura clave: Juan el Bautista, el profeta que clama en el desierto y cuya misión es preparar los caminos del Señor. En su mensaje, el Bautista enseña de manera muy sencilla qué actitudes adoptar para recibir bien al Mesías. En primer lugar, Juan el Bautista hace un llamado a compartir con el prójimo en necesidad dos elementos fundamentales para la vida: vestido y alimento. Compartir con el que no tiene es una exigencia de Jesús en todos los evangelios. Por otra parte, ante las preguntas que le hacen distintas personas que han escuchado su llamado y que parecen interesadas en enderezar sus vidas, la respuesta del Bautista es bien clara: sean justos, no abusen de su poder, no hagan mal a nadie, no cobren más de lo que está ordenado, no sean corruptos, no acusen a nadie falsamente, confórmense con su salario. En definitiva, lo que pide el Bautista es un comportamiento recto, solidario y fraterno. Es evidente que lo que el Bautista rechaza siguen dándose hoy en día. El egoísmo de aquellos que tienen mucho más de lo que necesitan y no son capaces de compartir con el necesitado ni siquiera aquello que les sobra. Los políticos y los funcionarios que acusan falsamente a los ciudadanos que critican sus actitudes y acciones. Los policías y militares que abusan del poder que les da su uniforme y su arma para acosar, intimidar, sobornar. Los fiscales y jueces que se corrompen y tuercen la justicia para favorecer al poderoso, aunque ello suponga condenar al inocente o promover la impunidad de los delincuentes. Estos son solo algunos ejemplos que muestran lo torcidos que están los caminos en nuestro país y lo mucho que se debe hacer para construir una sociedad coherente con las enseñanzas del Evangelio. El Mesías que viene a salvar al mundo requiere tanto de una conversión personal como social. En la Biblia se narra cómo la ciudad de Nínive fue capaz de escuchar el llamado a la conversión del profeta Jonás; toda la ciudad, incluidas las autoridades, hizo penitencia, se arrepintió de sus pecados y enderezó el camino para abrazar una vida agradable a Dios. Nínive es un buen ejemplo para El Salvador, que requiere con urgencia abandonar todo aquello que lo están destruyendo política, social, económica y moralmente. Ello supone una conversión a nivel nacional, abandonar el odio entre hermanos, la mentira, el abuso, la corrupción, la violencia, la ley del más fuerte, para sustituirlos por la justicia, el respeto a la dignidad humana, la fraternidad, la transparencia y la verdad, el servicio generoso, el diálogo y la participación democrática. Solo de esa manera será posible pensar en un mejor futuro para el país. Un futuro al que parece que muchos han renunciado, pero que es posible alcanzar si la mayoría lo desea y trabaja arduamente por conseguirlo. Vivir con hondura el Adviento implica esforzarse para que todos los salvadoreños y salvadoreñas gocen de los mismos derechos y tengan los mismos deberes, sean felices y se desarrollen en paz en su patria, reconozcan en cualquier persona a un hermano o hermana. Sin libertad, dignidad humana, amistad, justicia social, participación democrática y respeto a la diversidad y a los derechos humanos no habrá salvación para El Salvador.

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial. El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial. El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos. En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Artesanos de la impunidad Editorial UCA 10/12/2021 A mucha, demasiada gente en el país no le preocupa la impunidad que, al igual que un cáncer, carcome a nuestra sociedad. Literalmente, “impunidad” significa ausencia de castigo. Por ejemplo, ante una violación a los derechos humanos, el sistema judicial está ausente, no actúa. Así, los responsables de violar derechos y la ley quedan impunes, es decir, sin castigo. La impunidad y la corrupción están intrínsecamente relacionadas: una es condición para la otra. Gracias a la corrupción, un crimen permanece impune. A la raíz de los males nacionales está la impunidad, porque socava, entre otras cosas, el Estado de derecho, que presume que nadie, ni los funcionarios, ni los gobernantes, están por encima de la ley. En la actualidad, una de las herramientas preferidas de los funcionarios para garantizar la impunidad es aplicar la justicia selectivamente. Toda la institucionalidad a su servicio se vuelca contra ciertos políticos y contra quienes denuncian y dicen la verdad, pero no hace nada contra aquellos de los suyos que quebrantan la ley. A los corruptos de larga data, que camaleónicamente cambiaron de color, no se les toca. Utilizan el sistema de justicia para criminalizar a los que protestan, a los que no respaldan todas sus decisiones, a quienes denuncian la impunidad. Mientras mantienen un discurso contra la corrupción y la impunidad, en la práctica impiden combatirlas. Reservan toda la información; no dan participación a la ciudadanía; cuando se destapan casos de corrupción, levantan cortinas de humo y protegen y defienden a los señalados. No hay comisión internacional contra la impunidad porque precisamente lo que se quiere es afianzar la impunidad. La Fiscalía General de la República, la instancia que debería combatirla, se dedica a perseguir opositores; no se ocupa de los grandes problemas que agobian a la población, como la violencia criminal, las desapariciones, los homicidios. En un contexto en el que el Ejecutivo ha cooptado todos los poderes, la Fiscalía no responden a las víctimas, sino a los intereses del poder. Toma en cuenta a las víctimas solo cuando ello beneficia a la narrativa oficial.

El papa Francisco se ha referido a la corrupción como un gravísimo mal, un virus o un cáncer que lo infecta todo, destruye el tejido social y afecta principalmente a los más pobres y al medioambiente. En este sentido, afirmó: “La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos”. El Salvador está infectado con este virus, está enfermo de este cáncer destructivo. Tanto el pasado como el presente están manchados por la corrupción, en múltiples y diversas formas. Miles de millones de dólares han sido sustraídos de los fondos públicos para engrosar los bolsillos de gobernantes, funcionarios, políticos, comerciantes, empresarios, ciudadanos y grupos de mafiosos. Miles de millones de dólares que debieron haber servido para la mejora de los servicios públicos, para elevar la calidad de la salud y la educación, para construir infraestructura que posibilitara un mayor y más equitativo desarrollo nacional. No hay que caer en la trampa de pensar que únicamente los políticos y los funcionarios son los únicos corruptos y responsables de la corrupción. Esta se da en todos los sectores de la sociedad y en distintos ámbitos. Corrupción es pagar para obtener un favor de una autoridad o un funcionario, o para lograr un negocio con el Estado. Corrupción es utilizar bienes públicos para fines personales; evadir impuestos; vender al Estado bienes y servicios a precios más altos que los del mercado. Tan encarnada está la corrupción en el país que se acepta como normal, como propia de la dinámica del funcionamiento de la cosa pública y de las relaciones entre los funcionarios y la ciudadanía. Y mientras esto sea así, no se logrará superarla, no será posible alcanzar una cultura de cero tolerancia a la corrupción. En la construcción de dicha cultura juegan un papel fundamental las familias y el sistema educativo; instituciones que tienen el deber de fomentar los valores que son fundamentales para erradicar la corrupción: honestidad, transparencia, responsabilidad, integridad. Para prevenir este flagelo es también fundamental la transparencia en el quehacer de las instituciones y en el uso de los fondos públicos. Más por presiones internacionales y de la sociedad civil organizada que por convencimiento propio, en las últimas décadas El Salvador creó mecanismos que, de haberse aplicado correctamente, hubieran impedido o al menos dificultado la corrupción, y facilitado la persecución legal de corruptos y corruptores. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Bolsa de Productos y Servicios, los portales de transparencia y las oficinas de información pública son algunos de esos mecanismos. Lejos de ponerlos plenamente en funcionamiento, la administración actual los ha vuelto irrelevantes. La lucha contra la corrupción requiere que se controle el uso de los fondos públicos y se sancionen los comportamientos indebidos. Las instituciones que en el país deberían velar por ello son el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Hoy día, ninguna de ellas realiza su tarea con la seriedad y la competencia necesarias para disuadir el delito y llevar ante los tribunales a los corruptos. Han sido cooptadas o neutralizadas desde Casa Presidencial para evitar el escrutinio de su gestión. Así, El Salvador ha retrocedido con celeridad en la lucha contra la corrupción; deliberadamente se han tomado acciones que facilitan la corrupción en lugar de combatirla. En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, es bueno recordar que el histórico déficit de El Salvador con respecto a este tema no ha hecho más que profundizarse. Como afirmó el Papa Francisco, luchar contra la corrupción “implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

La justicia es entendida y reflexionada, desde hace siglos, como una actividad racional, muy diferente a la venganza. Sin embargo, hay quienes insisten en identificar una con otra. Por supuesto, toda persona tiene derecho a pensar lo que desee, pero ningún Estado moderno, civilizado y democrático puede tolerar que el sistema judicial sea utilizado vengativamente. En El Salvador, la idea de justicia como venganza está muy extendida entre la población y en el Estado. El uso exagerado, muchas veces manipulado, de los testigos criteriados y el aumento de las penas son dos muestras de cómo en el país se aplica la justicia en beneficio del más fuerte e influyente. En los últimos meses, además, se han dado pasos claros para usar la justicia para la venganza política. Se está convirtiendo en tradición cambiar decisiones judiciales que favorecían con medidas sustitutivas a políticos acusados de delinquir. Además, algunos capturados por delitos de muy difícil sustentación son tratados con extrema dureza antes de ser condenados. Encarcelar, aislar y favorecer la apariencia de culpabilidad es la tendencia judicial desde el primer momento en que se acusa a miembros de partidos políticos que estuvieron en el poder. A esto se suma la arbitrariedad. Por ejemplo, mientras a algunos políticos se les encarcela por haber recibido sobresueldos, a otros se les deja en total libertad. Resulta escandaloso que solamente se acuse o investigue a aquellos que de alguna manera pudieran ser críticos u opositores al Gobierno actual. Ello explica que se esté extendiendo la idea de que de nuevo hay presos políticos en El Salvador, como antaño. A juzgados cercanos al Ejecutivo se les está dando la orden de que investiguen posibles problemas legales que hayan tenido en el pasado tanto políticos como miembros e instituciones de la sociedad civil. Lo que interesa es usar la información para desprestigiar o reabrir casos, por dudosos que sean, contra cualquier persona o institución que sea crítica. Si prohibir la visita familiar a los privados de libertad es de por sí una violación grave de los derechos humanos, aislar a los políticos encarcelados muestra una muy clara voluntad de venganza. Por la pandemia, la visita familiar podría limitarse en número de días o cantidad de visitantes, pero prohibirla absolutamente violenta derechos básicos y rompe con compromisos constitucionales y convencionales de El Salvador. Suprimir la visita familiar es una forma eficiente de dañar psicológicamente a los privados de libertad y dificultarles la rehabilitación en el caso de que fueran culpables de algo. Convertir la justicia en venganza puede conducir a una espiral de odio, resentimiento e inhumanidad crecientes. Solamente los hombres y mujeres capaces de ver en toda persona, incluso en alguien que ha hecho un daño, a un ser humano con derechos pueden poner un alto a la locura de la justicia entendida como venganza, tanto con su palabra como con su compromiso con la dignidad humana.

El régimen de los Bukele no ha dudado en desconocer las elecciones de Nicaragua y en reprobar la dictadura de Ortega. Sin embargo, sigue de cerca sus pasos. El control de la institucionalidad estatal es total; el hermetismo sobre la gestión pública, férreo; la seguridad ciudadana, militarizada; y la hostilidad y el acoso a la crítica, agobiante. Los dos mandatarios se han erigido a sí mismos en compendio de la soberanía nacional. Ortega hasta aislar a Nicaragua del exterior; Bukele lo sigue de cerca: todo aquel que contradiga su voluntad responde a intereses extranjeros sediciosos. De ahí que los mismos fantasmas irriten a los dos. Los Bukele enfrentan al “mandante extranjero”, su última creación, un complemento de la sedición promovida por Arena y el FMLN, reforzada ahora con financiamiento externo, esto es, de Estados Unidos. La ofensiva contra “los mandantes extranjeros” irrumpe poco después que Washington avisara que orientaría toda su ayuda financiera a las organizaciones sociales y cobra forma en un anteproyecto de ley, cuyo objetivo es defender la soberanía nacional. La justificación y el contenido del anteproyecto reflejan el miedo del régimen a ver expuesta su incompetencia, sus contradicciones y sus desmanes. El régimen tiene mucho que perder y mucho que ocultar. El creciente descontento social no proviene de financistas extranjeros, sino del desentendimiento de las necesidades de la gente. Incapacidad o desinterés, el régimen no se hace cargo de ellas. Mira hacia otro lado como la criptomoneda y su ciudad, el hospital de las mascotas y Surf City. Exceptuando la respuesta a la pandemia, en la práctica, ninguno de sus faraónicos proyectos está dirigido a mejorar las condiciones de vida de las mayorías. El régimen no tiene respuesta para el aumento de las desapariciones, la inflación, el desempleo o la violencia social. Por eso, dirigir la mirada hacia estas duras realidades cotidianas es fuente de inestabilidad y una amenaza potencial. El contenido del anteproyecto de ley dice más de la inseguridad del régimen que de la supuesta conspiración de agentes extranjeros en contra de la soberanía nacional. El texto es vago y equívoco. Quizás por la ineptitud de la inteligencia jurídica de Casa Presidencial. Probablemente porque deja su aplicación al arbitrio de Bukele, quien definirá los conceptos, las atribuciones y las competencias. Él deberá puntualizar cuáles son las “actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país, entre otros”. El uso repetido de la fórmula “o y entre otros” admite cualquier acto que no sea del agrado presidencial. Automáticamente, ese acto es catalogado como injerencia de “mandante extranjero”, una expresión que admite igualmente varias connotaciones. Corresponde también a Bukele determinar qué connotación será sancionada de forma drástica. Una cosa es clara, la soberanía nacional es Bukele y quien ose contradecirlo o desobedecerlo atenta contra dicha soberanía. El arrebato timorato del régimen de los Bukele amenaza con poner fin a la asistencia a las víctimas de las catástrofes, un fenómeno recurrente, y a la actividad de muchas organizaciones dedicadas a atender necesidades apremiantes de la gente; unas necesidades que el presidente tiene descuidadas, por estar ocupado en sus proyectos fantásticos. El régimen no puede suplir esta ayuda internacional por falta de voluntad política y de recursos. El miedo a la libertad de pensamiento y de expresión le genera tal inseguridad que no piensa con claridad. Si la protesta social no es más que unas cuantas “marchas paupérrimas”, tal como alega el ministro de gobernación, quien tampoco “entiende ni de qué han ido a quejarse”, el anteproyecto de ley es un despropósito. Más aún, el régimen exige a los movimientos sociales una transparencia financiera que él no observa. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Conciencia de su incompetencia, temor a perder el poder, simple inseguridad psicológica o un poco de todo? Las exigencias de la realidad nacional se erigen como obstáculo intolerable para unos Bukele fascinados con proyectos extravagantes, que los colocarían en la cúspide de los retos mundiales. La tensión entre la realidad y la obsesión mesiánica hace que el régimen se contradiga sistemáticamente. La incoherencia, el desatino y la superficialidad constantes han dejado la credibilidad de Bukele por los suelos. Hoy anuncia la edificación de una ciudad de primer mundo, pero al comienzo de su mandato, prometió convertir El Mozote en un polo de desarrollo. Los privilegios que ahora ofrece en inglés a los extranjeros antes los censuró tajantemente. El adalid de la soberanía nacional promete a extranjeros y nacionales privilegiados por la desigualdad, siempre en inglés y en un tablado de club nocturno playero, un enclave con servicios de primerísima calidad, libre de impuestos y, además, verde. Al resto, la mayoría, lo a

Proceso 25/11/2021 “Más que los actos, son las palabras las que debemos hacer concordar. ¿Cómo pretendéis que la gran masa de una nación pueda juzgar si su gobierno se guía por la lógica? Basta con decirles que es así”. Maquiavelo, de Maurice Joly Recurrir a los autores clásicos siempre nos ayuda a comprender lo que acontece en el país. En esta ocasión Maurice Joly nos permite analizar tres puntos: la desconexión de la realidad del presidente, el mito de las jugadas maestras y la consolidación de la dictadura. 1. Desconexión con la realidad y la “cosificación” del presidente Como bien dice el Maquiavelo de Maurice Joly, los pueblos y los hombres en los distintos tiempos se han contentado con palabras y les basta con las apariencias. Tanto así, dice Maquiavelo, que a los gobernantes les “es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” que el pueblo termina creyendo que son verdades. El sábado 20 de noviembre en la playa Mizata, en La Libertad, Bukele sacó de su sombrero de mago la llamada “Bitcoin City” que, según sus palabras, planea construir alrededor del Volcán de Conchagua. Antes ya había sacado del mismo sombrero la construcción del Hospital para mascotas “Chivo Pet”. Bitcoin City es una ficción de gran proporción que nos hace pensar que el presidente se ha desconectado de la realidad que vive el país. Y aquí nos referimos a esa realidad que le gritan a Bukele los desaparecidos desde las fosas clandestinas de Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa y Lourdes por mencionar las descubiertas recientemente. También es la misma realidad que le gritan los migrantes irregulares salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y las familias desplazadas forzosamente por el control territorial ejercido por las pandillas. En Mizata, Bukele se dirigió a su club de alabanza, conformado en su mayoría por extranjeros (bitcoin bros), y presentó su gran apuesta (Bitcoin City) que salvará a la humanidad, según sus palabras. En ese discurso en inglés -como parte del cierre de la semana del bitcoin- Bukele se convirtió en un producto de marketing, en una marca, o mejor dicho, en una cosa. Al presidente se lo devoró o engulló su misma propaganda política y lo convirtió en una especie de marioneta de las empresas que están detrás del negocio del bitcóin a nivel internacional. Al final de su discurso, Bukele presentó al CEO de la empresa Blockchain para que explicara el plan financiero que tienen entre manos, así como el funcionamiento de la emisión de los “bonos volcán”. Nada de ese proyecto es viable ni de beneficio para las mayorías pobres del país, todo es pura ilusión. ¿A quién le habla el presidente cuando lo hace en inglés? ¿Por qué oculta información? ¿Por qué esconde sus proyectos si son de beneficio para todos los salvadoreños? La única respuesta es que todo es mentira y engaño. Bukele usa el bitcóin como sombrero de mago del cual sacará cualquier proyecto ficticio que le sea de utilidad para mantener a las masas “encantadas” con una falsa prosperidad. 2. El mito de las jugadas maestras Parte del mito creado alrededor de Bukele, que es repetido por sus seguidores, es que el presidente es un hombre que piensa fuera de la caja (“Out of the Box¨) y que todas sus acciones son una especie de “jugadas maestras”. Todo esto no es más que una estrategia de comunicación política de los organismos de propaganda del Gobierno que se encuentran en los manuales que siguen y aplican los líderes populistas. Al respecto de la creación de estos “super poderes” atribuidos al líder, dice Maquiavelo: “Por lo tanto, deseo que las diversas fases de mi política sean presentadas como el desenvolvimiento de un pensamiento único en procura de un fin inmutable. Cada suceso previsto e imprevisto tiene que parecer el resultado de una acción inteligentemente conducida [...] El acontecimiento último será presentado como la conclusión lógica de todos los anteriores.”. Cualquier acción del presidente será presentada -por sus organismos de propaganda- como una gran jugada maestra en beneficio del pueblo. Aquí nuevamente la realidad terminará gritándole al oído de la población que no se dejen manipular ni desinformar por charlatanes de la comunicación política cuyo único afán es destruir el país y concentrar el poder político para satisfacer sus ambiciones e intereses económicos. 3. La dictadura no descansa en su afán de concentrar todo el poder y de establecer un pensamiento único Ante la pregunta de ¿Qué hacer para consolidar el poder? Maquiavelo dice: “Deberá en primer término dedicarse a destruir los partidos, a disolver, dondequiera existan, las fuerzas colectivas, a paralizar en todas sus manifestaciones la iniciativa individual; a continuación, el nivel mismo de temple decaerá espontáneamente y todos los brazos así debilitados, cederán a la servidumbre”. Dos días después de la fiesta del bitcoin en Mizata, la FGR y la PNC desataron la persecución polìtica a oenegés de la sociedad civil y

El caso de la masacre en la UCA toca las fibras más hondas de esta universidad, como lo sabe todo mundo. Por eso quedó claro desde un principio qué buscaban los operadores de justicia del régimen al apropiarse del caso prescindiendo de las víctimas. Esperaban que la Universidad reaccionara inmediatamente ante la petición de declarar nulo el fallo de la Sala de lo Penal, para seguir con su campaña de mentiras y calumnias, pero se equivocaron. Es difícil creer que la justicia les interesa a funcionarios que ocupan sus cargos gracias a la injusticia. Hacer justicia les es ajeno porque han sido impuestos precisamente para lo contrario, para impedirla y ponerse al servicio de la máquina de intolerancia que pretende arrollar a todo aquel que dice la verdad y denuncia las mentiras. Desde el mismo día en que se perpetró la masacre en 1989, la UCA y la Compañía de Jesús dijeron claramente que pedían justicia, no venganza. También dijeron sin ambigüedad que para hacer justicia tenía que conocerse primero la verdad, y que después vendría el perdón. Pero para el régimen y sus asociados esto no es fácil de entender, pues confunden la justicia con la venganza. Ambas son radicalmente distintas: lo propio de la primera es buscar el bien; la venganza persigue dañar. La confusión no es puramente conceptual. Menos aún en un contexto donde se atiza el odio y el desprecio, y se pretende enmascarar con un discurso de justicia el mal que se busca causar. La UCA y la Compañía de Jesús estiman que en el caso del coronel Benavides se ha dicho verdad y se ha hecho justicia. Se ha reconocido judicialmente la responsabilidad de Benavides, él ha pasado más de cinco años en prisión y es un adulto mayor que padece enfermedades crónicas. Ahora, después de la verdad y la justicia, corresponde el perdón. Por eso, en 2017, la UCA solicitó la conmutación de la pena, nunca el indulto, como asegura la maquinaria del régimen. Que funcionarios sin mayor formación no sepan la diferencia, no extraña, pues solo repiten lo que se les ordena. Pero que lo digan quienes están en el máximo organismo de justicia, indigna. El indulto borra la responsabilidad en el crimen, y lo concede la Asamblea Legislativa. En cambio, la conmutación de pena no borra la responsabilidad, sino que la reconoce; y la concede la Corte Suprema de Justicia por las condiciones particulares del sancionado. Además, los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no son indultables, tal como lo estipula el derecho internacional de los derechos humanos. La UCA está dispuesta a perdonar siempre y cuando se reconozca judicialmente la verdad y se haga justicia. Esto vale para los autores intelectuales de la masacre, sean quienes sean e independientemente del sector al que pertenezcan. Estos matices son irrelevantes para quienes no buscan justicia, sino la manipulación política de la institucionalidad pública. La UCA quiere justicia, verdadera justicia, y ha luchado incansablemente por ello. La actual administración comparte con las anteriores su desprecio por las víctimas. Los Acuerdos de Paz fueron discutidos, aprobados e implementados sin la participación de las víctimas de la guerra. Desde entonces, la impunidad cobró carta de ciudadanía en el país. Casi 30 años después, el Gobierno de Nayib Bukele hace suya esa tradición a través de su fiscal y su Corte Suprema. Ya demostró su desprecio por las víctimas de la masacre en El Mozote y por todas las víctimas de la guerra. Quieran o no, las víctimas en el caso de la masacre en la UCA son los familiares de los asesinados, la Compañía de Jesús y la misma Universidad. Ninguno de ellos ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía. Si buscan verdadera justicia, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada con respecto a las más de 70 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil que ha interpuesto el Idhuca desde hace años? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ha actuado ante la denuncia por prevaricato, interpuesta por la Universidad, contra dos magistrados que apoyaron el cierre del caso de la masacre en la UCA? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ordena la entrega de todos los archivos militares para esclarecer la masacre en El Mozote y muchas otras barbaries que ocurrieron durante la guerra? Que sectores políticos que siempre han estado en contra de hacer verdadera justicia y que ahora se dan baños de pureza pretendan apropiarse del caso de la masacre en la UCA es despreciable, inhumano. Está tan claro lo que buscan que no es difícil anticipar un final en el que se exonera a los acusados que pertenecen a alguno de los grupo aliados del Gobierno, mientras se condena a otros para alimentar la farsa de justicia. Más allá de estas mezquindades, la UCA seguirá buscando verdad y justicia tanto para este caso como para otros, y seguirá denunciando las artimañas y corruptelas del poder. No la callarán.