Editoriales y Opiniones

Es simple: sin transparencia no hay democracia. Aunque el derecho de acceso a la información pública sea más o menos reciente, su concepción siempre estuvo unida a la idea de democracia. Algunos teóricos ubican el origen de la transparencia en el siglo XVI, cuanto en Suecia se estableció que, como un derecho constitucional, los datos gubernamentales fueran hecho públicos. El término “gobierno abierto”, relacionado con la transparencia, se comenzó a usar en los años cincuenta del siglo pasado en Estados Unidos. En El Salvador, el derecho de acceso a la información llegó mucho después. En 2011 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue catalogada como una de las mejores a nivel internacional. Casi dos años después se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública. En pocos años, este derecho se fue haciendo parte de la cultura de la gestión oficial, pese a que la mayoría de la población no lo hiciera suyo de manera significativa. Muy pronto, la labor del Instituto se volvió molesta para los Gobiernos del FMLN, porque aquel procuraba hacer cumplir la ley cuando se declaraba, sin fundamentos, la reserva de alguna información. La democracia se distingue de los absolutismos, entre otras cosas, por el respeto a las libertades humanas y por perseguir el bien común. La democracia es incompatible con el secretismo de Estado porque el ocultamiento de la información buscan esconder que los funcionarios trabajan en beneficio de intereses particulares, no del general. Por ello, la transparencia se ha vuelto un presupuesto del Estado de derecho, en tanto que hace posible el control y la rendición de cuentas de todos los ámbitos de la gestión pública. A ningún régimen autoritario le conviene que la gente sepa cómo se manejan los asuntos públicos, porque la información es fuente de poder. Una ciudadanía informada se empodera para pedir que se le rindan cuentas. Por el contrario, una ciudadanía pasiva, que solo observa lo que hacen los gobernantes, facilita los actos de corrupción y la violación de sus mismos derechos. En este punto radica la defensa que hacen muchos políticos de la democracia representativa y el rechazo a la democracia participativa. La democracia representativa se basa en la creencia de que la población da una especie de cheque en blanco a los funcionarios que elige. Sin embargo, si bien la democracia se basa en la elección de representantes, estos no tienen un poder absoluto y deben rendirle cuentas a la ciudanía que los eligió. La gente tiene el derecho y el deber de participar en la dinámica nacional exigiendo cuentas claras tanto del uso del dinero público como de las decisiones políticas que se toman. Los autoritarismos contemporáneos ocupan la democracia para llegar al poder. Una vez en él, apelan a la voluntad popular para hacer lo que quieren sin rendirle cuentas a nadie y destruir la misma democracia que les permitió ser elegidos. Es claro que El Salvador vive un grave retroceso en materia de transparencia y, por tanto, de democracia. Si algo caracteriza al ejercicio del poder en la administración actual es la opacidad en el manejo de los recursos públicos y en el proceso de toma de decisiones, la eliminación de los organismos de control del ejercicio del poder y un discurso que condena los vicios más rancios de la vieja política mientras en en la práctica se les repite e incluso supera. Una de las primeras víctimas del Gobierno de Bukele fue el Instituto de Acceso a la Información Pública. El presidente, a través del nombramiento de subalternos suyos, convirtió en un florero decorativo a la que fue una de las instancias protagónicas en el avance de la democracia. Después se trastocó el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública a fin de, entre otras cosas, dar más poder al titular del Instituto y así obstaculizar el acceso a la información. La última estocada es desnaturalizar la misma ley, volviendo reservada la información que de oficio debe ser pública. Cuando ese paso se dé, no quedará nada de la ley que fue motivo de orgullo hace más de una década.

José María Tojeira Una de las tácticas propagandísticas del Gobierno actual, entre las muchas que ha desarrollado, es preguntarles a los sectores críticos por qué no criticaban a los anteriores Gobiernos. Cerrado a la crítica política, el liderazgo color turquesa trata de presentar cualquier diferencia de opinión con el Gobierno actual como alianza con políticos trasnochados y corruptos del pasado. En ese contexto, bueno es recordar lo que muchos decíamos en los últimos 30 años a los políticos que se turnaron en el poder. A Arena la acusábamos, entre otras múltiples cosas, de su falta de sensibilidad social frente a la pobreza, de cómo favorecía a los ricos y creaba desigualdad en el país, de su permisividad con la corrupción y de sus políticas de mano dura contra el delito en vez de enfocarse en las causas estructurales de la violencia delictiva. Hablarle a Arena de justicia para las víctimas del pasado o de renunciar a la tradición prepotente y escuadronera de su fundador era poco menos que un delito. Al FMLN le criticábamos las contradicciones entre su discurso social y la poca capacidad de establecer reformas económicas y sociales que llevaran al desarrollo. Les decíamos, además, que eran permisivos con la corrupción propia y ajena, y que, probablemente por miedo, favorecían a los militares en todo lo que podían, mantenían la impunidad del pasado y continuaban con las políticas clientelistas y populistas que habían caracterizado a su contrario, Arena. A ambos partidos les pedíamos siempre una reforma fiscal progresiva, en la que quienes tienen más contribuyeran de un modo mucho más eficiente y con mayor cantidad de recursos a las finanzas públicas. Por supuesto, nunca nos oyeron. Ahora viene el color turquesa y cuando se le hace alguna crítica, acusa a la sociedad civil de aliada del pasado y de no entender esta especie de renovación absoluta y casi perfecta del actual Gobierno. Ningún Gobierno anterior le dio tantas cosas buenas al pueblo como el actual, nos suelen decir. Pero el nuevo liderazgo no cambia el clientelismo, ni la permisividad con la corrupción de los propios, ni los altos salarios de los funcionarios. No entiende, o no parece entender, lo que es una estructura injusta, y mucho menos la necesidad de cambios estructurales. No necesitamos reforma fiscal, dicen, mientras continuamos con el sistema impositivo regresivo e injusto en el país. Y se nos presenta el bitcóin como una esperanza de salvación. Criticar el autoritarismo es apoyar a los delincuentes o al pasado, que para muchos de los nuevos funcionarios parece ser lo mismo. El nuevo amanecer del azul turquesa pide un compromiso absoluto. Y la crítica, por propositiva que sea, merece un rechazo también absoluto. Ningún Gobierno hace todo mal. Ni todas las personas que han trabajado en un Gobierno que no nos gusta son por ello malvadas. Nuevas Ideas, al igual que las administraciones del pasado, está tomando decisiones buenas y decisiones malas. Pero al igual que a sus predecesores, le resulta muy difícil entender que la crítica brota siempre del deseo de cambio. En muchos aspectos, incluso muestra mayor intolerancia frente a la crítica que Gobiernos anteriores. Y ahí es donde sería importante un cambio de actitud. Porque en El Salvador hay demasiadas realidades complejas que no se pueden solucionar sin decisiones que pueden ser difíciles, pero que requieren pensamiento, conocimiento de datos y racionalidad. La gente que critica no es fundamentalmente malvada. La gran mayoría quiere ayudar. Y además, conocen la historia de El Salvador, tienen actitudes éticas, conocimiento técnico y capacidad. Es probable que no tengan toda la razón, al igual que el Gobierno, que tampoco tiene el don de la infalibilidad. Pero en la medida que desean justicia social, Estado de derecho, beneficiar más a quienes tienen menos, cambiar estructuras que marginan, merece la pena que sean escuchados. Dividir a la sociedad en amigos y enemigos es el peor camino para el desarrollo humano. La amistad social, por el contrario, que implica capacidad de escucha, diálogo y aprovechamiento de todo lo que en la opinión ajena se pueda hallar de bueno y de justo, es el mejor camino para un desarrollo sostenible. Atender y responder con políticas adecuadas y acciones civilizadas a las críticas que vienen realizándose desde hace tiempo sobre economía, justicia social y Estado de derecho daría en el mediano y largo plazo mucho mejor resultado que los insultos, la propaganda, las medidas y regalos populistas, o el manejo manipulador de las redes. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La coyuntura nacional, especialmente si atendemos a las publicaciones en medios y en redes, ha estado marcada por dos acontecimientos muy distintos: por una parte, la beatificación de Rutilio Grande, Cosme Spessotto, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, y por otra el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz, mezclado con la polémica de sustituir el día de los Acuerdos por el día nacional de las víctimas del conflicto armado. En ambos casos, el esfuerzo gubernamental trata de reescribir la historia a su gusto y para su propia propaganda. Mientras la Iglesia celebra en los mártires la fe profunda que llevó a unir la labor religiosa y la labor social, incluso hasta derramar su sangre, algunos partidarios del actual régimen trataron, en un primer momento, de insistir en que a estos mártires los habían matado los mismos de siempre. Pero el peso moral de la Iglesia impidió cualquier tipo de utilización que se saliera de la objetividad de los hechos: los mártires fueron asesinados por personas sin conciencia, pero sobre todo fueron víctimas de una situación de injusticia estructural denunciada y enfrentada por ellos desde principios evangélicos. Injusticia estructural que llega hasta nuestros días, por más que se diga que se quiere combatir. El debate sobre el nombre del día 16 de Enero, Día de los Acuerdos de Paz o Día de las Víctimas del Conflicto Armado muestra también el deseo gubernamental de manipular la historia a su gusto. De hecho, la petición de declarar un Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es una antigua aspiración y propuesta de la comunidad de defensores de Derechos Humanos que nunca fue satisfecha. Los defensores de DDHH insistían siempre, en el día de los Acuerdos, en que el protagonismo de la celebración debía ponerse, más que en los firmantes, en las víctimas de la guerra y en aquellas personalidades que empeñaron su propia vida, e incluso la dieron, para defender la paz y lograr la finalización del conflicto por la vía del diálogo y la negociación. Masacres como las de El Mozote, tan mal tratadas por el Gobierno actual, hicieron más por la finalización de la guerra que los propios firmantes de los Acuerdos. Las víctimas de las repetidas masacres cometidas por la Fuerza Armada crearon la conciencia nacional e internacional de que la guerra salvadoreña no tenía sentido y de que era mucho mejor para el país una paz con justicia que la locura de una guerra injusta con masacres de la población civil. Eso no quita que los Acuerdos de Paz puedan y deban celebrarse. Pero personalidades como Monseñor Rivera o Ellacuría, así como las víctimas de numerosas masacres, o las personas que dieron su vida en defensa de los derechos humanos, deberían estar mucho más presentes en la celebración del día. El protagonismo en la formación de una conciencia de paz, que condujo a los Acuerdos y forzó su firma, fue de ellos, y no tanto de los firmantes. Y eso sin querer quitarles a los firmantes su parte importante en el proceso de paz. El Gobierno, en cambio, habla de las víctimas sin honrarlas. Sus funcionarios, incluidos Magistrados de la Corte Suprema, se presentan como defensores de las víctimas, al tiempo que rechazan dialogar con los sobrevivientes de la barbarie y con quienes han defendido a las víctimas sistemáticamente cuando la ominosa ley de amnistía trataba de sepultarlas en la impunidad y el olvido. Las huestes gubernamentales odian a los firmantes, quieren borrarlos del mapa histórico de El Salvador, e intentan utilizar a las víctimas como propaganda de su novedad arbitraria y caprichosa. Si algunas embajadas felicitan a quienes celebran los Acuerdos de Paz, el propio presidente les termina diciendo que eso es injerencia en el país, a pesar de que los pueblos de las embajadas mencionadas jugaron un papel importante en el impulso salvadoreño hacia la paz y continúan apoyando nuestro desarrollo social y democrático. Las élites del gobierno actual tienen un conocimiento muy escaso de la historia de El Salvador y no dan muestras de interesarse en ella. Son, en su mayoría, miembros de una generación burguesa y superficial, escasamente comprometida con la justicia. Ni siquiera se les ve la intención de estudiar seriamente posibles soluciones a los problemas estructurales del país. La propaganda es la reina y emperatriz de la ideología de los llamados miembros de Nuevas Ideas. Desde su propio vacío necesitan reescribir la historia presentándose como redentores de una política irredenta; la de sus predecesores, con los que en algún momento, brindaron y celebraron en el pasado. Y si en algún tema o acontecimiento importante no han tenido protagonismo, tratan de destruir el prestigio ajeno y presentar con espectacularidad decisiones y discursos que terminan chocando con la realidad pobre y sumida en la injusticia que sufre nuestro país. No advierten que la propaganda, los insultos a la oposición crítica, o la espectacularidad de las presentaciones y discursos nunca podrán sustituir el trabajo permanen

El Salvador no es patio trasero ni delantero de ningún país, tampoco es propiedad privada de una familia y sus allegados. El patrioterismo presidencial no logra esconder esta escandalosa realidad. El presidente Bukele rechaza que el país sea patio de las potencias extranjeras, pero obvia que su grupo familiar y sus socios lo han convertido en su propiedad privada. Y como toda propiedad privada, han levantado una cerca para impedir el ingreso de indeseables como Estados Unidos y la Unión Europea, han intensificado la vigilancia interior con tecnología sofisticada para retener su dominación y la expolian con la mentalidad liberal tradicional, según la cual los recursos son inagotables y el progreso ilimitado. De esa manera, los dueños de la propiedad han secuestrado la voz de sus habitantes. El pueblo perdió su voz para expresar sus pareceres, para manifestar sus desacuerdos y para reclamar sus derechos civiles y políticos. La delegación que las urnas entregaron a Bukele para gobernar con el criterio del bien común ha sido transformada en derecho para hacer antojadizamente en nombre de un pueblo que no es consultado ni escuchado. Solo le está permitido aplaudir mecánicamente. Los diputados, en teoría representantes del pueblo, que dicen legislar para su bienestar, solo representan a Bukele y legislan para él, ya que le deben el escaño y sus prebendas. Una creciente mayoría de magistrados y jueces administra justicia según los dictados de Casa Presidencial. El pueblo no debe esperar la justicia debida, porque esta solo es concedida con la venia presidencial. El pueblo eligió presidente a Bukele y eligió también a los diputados, y una mayoría significativa de la ciudadanía, seducida por la promesa de portentos nunca vistos, celebra que gobiernen el país como propiedad privada. Su dueño desea que crea que la llevará al bienestar y la felicidad. Tal como han cantado las comunidades cristianas en estos días de beatificación de cuatro mártires salvadoreños, “nosotros pensábamos que era la verdad”. Por eso, las palabras del cardenal Rosa, quien señaló, en su homilía, que los acuerdos de 1992 indican el camino por recorrer y que, por tanto, es necesario recuperar su espíritu, cayeron como balde de agua fría en la nutrida representación gubernamental. La reacción de sus seguidores fue instantánea. El oficialismo desea que los pastores contribuyan a mantener a la ciudadanía callada, pasiva y resignada con su suerte, que cambiará cuando el mundo prometido se materialice. Sin embargo, la proclamación de los mártires anunció lo contrario, tal como continúa el canto: “Vino tu palabra y nos hizo cambiar”, en referencia a los padres Rutilio Grande y Cosme Spessotto, a Mons. Romero y a muchos otros. La palabra que portaban despertó las conciencias, iluminó los entendimientos y desató las lenguas paralizadas por la opresión y el terror estatal. El oficialismo teme esa palabra, que amenaza con anunciar otra vez que el destino del país debe ser decidido por el pueblo, no por intermediarios. Mucho menos por quienes lo han privatizado. El P. Grande, en concreto, se negó a desempeñar el papel tradicional atribuido al pastor, porque el Evangelio no tolera la opresión. Su rebeldía fue castigada con el asesinato, ejecutado por un escuadrón de la muerte de la Guardia Nacional. El orden oligárquico y militar le exigía predicar “un Cristo mudo y sin boca, para pasearlo por las calles. Un Cristo con un bozal en la boca. Un Cristo fabricado a nuestro antojo y según nuestros mezquinos intereses”. Pero él hizo lo contrario. Se desvivió para que los campesinos de Aguilares no fueran seguidores de tradiciones muertas, la de los “meros enterradores y sepultureros”, que cada año pasean imágenes de madera, sino verdaderos adoradores del Dios vivo, presente en cada ser humano. El pintor de El Paisnal que lo ha representado como un campesino más, en medio de sus dos acompañantes en el martirio, ha conjugado expresivamente el pasado y el presente. En el bolsillo de su camisa asoma la Constitución, atravesada por una bala. En San José de la Montaña, el beato explicaba a los jóvenes seminaristas los derechos y deberes constitucionales del pueblo salvadoreño. Luego, en Aguilares, en sus homilías más proféticas, cuando denunciaba cómo los poderosos violaban la Constitución, “los caínes” los llamaba, sacaba a relucir el ejemplar que le había regalado el coronel presidente, el 6 de agosto de 1970, después de su homilía sobre la falta de transfiguración por causa de la desunión y de la opresión reinantes. Mientras en San Salvador se proclamaban los cuatro mártires, en el otro extremo del planeta, el presidente Bukele se disfrazaba en Twitter de empleado de McDonald’s para anunciar la abrupta caída del bitcóin. Mientras el oficialismo se revolvía incómodo en El Salvador del Mundo, amplios sectores populares cristianos se regocijaban con la exaltación de los mártires. La ceremonia fue profética. Inquietó a quienes temen a la palabra creadora de vida, pero al

Editorial UCA 28/01/2022 Honduras estrenó Gobierno el 27 de enero y su pueblo celebra. Xiomara Castro ha sido noticia no solo por convertirse en la primera mujer que presidirá el país centroamericano, sino también por poner fin a los 12 años de una administración conservadora con características autoritarias, plagada de corrupción y con vínculos con el crimen organizado, especialmente con el narcotráfico. El pueblo hondureño ha sufrido tanto por las inclemencias de la naturaleza como por la acción y la inacción de sus gobernantes a lo largo de los años. Por eso, la alegría y la esperanza que ahora inundan a Honduras son justificadas. El reto de Castro no es nada sencillo. Primero, porque sobre sus espaldas carga el compromiso de responder al histórico clamor por cambios genuinos que redunden en mejores condiciones de vida; y segundo, porque la corrupción sigue enquistada en el Estado y en los poderes fácticos del país. Tan enquistada que sus agentes están intentando bloquear el Congreso Nacional, cuya correlación de fuerzas supuestamente favorecía a la presidenta. El régimen de Juan Orlando Hernández, admirador confeso del dictador hondureño Tiburcio Carías Andino, significó un profundo retroceso para su país en materia de democracia. Hernández dinamitó el Estado de derecho poniendo toda la institucionalidad pública al servicio de sus intereses. Eliminó la separación de los poderes del Estado, dominó a su antojo el Congreso Nacional y destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, nombrando en su lugar a subalternos suyos. A través de estos, manipuló la Constitución hondureña para validar su reelección, que además fue fruto de un fraude electoral. Los titulares de los poderes del Estado, junto al alto mando militar, formaron el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que respondía, sin tapujos, a las órdenes presidenciales. Hernández se alió con la banca privada para otorgarle la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y le cedió el control de la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Pisoteó los derechos de los trabajadores al emitir una ley de flexibilización laboral. Aplicó el modelo neoliberal es su versión más cruel, la extractivista, depredando bosques, impulsando la minería metálica y entregando bienes naturales a explotadores privados. Para gobernar según su voluntad, Hernández pactó con la cúpula empresarial más conservadora, con las Fuerzas Armadas y con líderes de las Iglesias católica y evangélicas. El triunfo de Xiomara Castro, por tanto, se debió en buen grado al rechazo a la política dictatorial. La campaña de la hoy presidenta se centró en denunciar todas las leyes aprobadas para mantener en el poder a Hernández, criticar las zonas especiales de desarrollo y rechazar al modelo neoliberal y la corrupción. En este sentido, la campaña de Castro tuvo muchas similitudes con la que Nayib Bukele desarrolló en su momento. De hecho, el entonces aspirante a presidente llamó dictador a Juan Orlando Hernández, equiparándolo con los mandatarios de Nicaragua y Venezuela, aunque muy poco después terminó haciendo todo lo que en un principio criticó. Por el bien del pueblo hondureño, el Gobierno de Castro debe alejarse del populismo autoritario que impulsa su par salvadoreño y concentrarse en democratizar de verdad la política y la economía, impulsando cambios que transciendan la esfera mediática. Honduras, como El Salvador, no necesita promesas grandilocuentes ni excesos personalistas.

Más allá de los anuncios espectaculares, de algunas medidas medianamente positivas pero más de orden populista que estructural y de la propaganda y el autobombo, lo que se percibe en la actual coyuntura es una enorme pasividad ante la problemática real de El Salvador. Algunas publicaciones recientes lo dejan ver con claridad. Una de ellas es el último informe del PNUD sobre desarrollo humano. El documento expone, con toda propiedad, los graves problemas medioambientales del país. Recuerda, una vez más, el hecho de que Centroamérica será una de las regiones más golpeadas por el cambio climático. Señala que siete de cada diez hogares salvadoreños “presentan al menos una carencia ambiental”. Advierte que la degradación del medioambiente, unida al cambio climático, afectará con mayor severidad a los pobres. Deja constancia de que el modelo económico vigente ha sido poco eficaz para mantener de forma sistemática el desarrollo humano. Y afirma que aún no hay respuestas adecuadas ante el déficit ecológico nacional y la “alta degradación del suelo y la tierra”. Por su parte, la Cepal acaba de publicar un informe en el que coloca a El Salvador entre los cuatro países con menos desarrollo a nivel latinoamericano, lo cual contrasta con la insistencia de diversos miembros del Gobierno en que el país es de desarrollo medio-alto, a punto de entrar en la comunidad de naciones de desarrollo alto. Para el BID, alcanzar niveles adecuados de desarrollo requiere de la confianza entre la ciudadanía, las instituciones y los gobiernos. Aunque de momento la mayoría confía en el liderazgo de Nuevas Ideas, tiene serias reservas sobre muchas de las instituciones gubernamentales, los empresarios y ciertas instituciones privadas (como el sistema bancario y el de pensiones). Para colmo, el Gobierno se dedica a sembrar desconfianza sobre toda organización, grupo o persona que tiene una visión crítica de la realidad y que propone diálogo y racionalidad. No tolera ningún comentario crítico a la gestión política de los problemas nacionales. Pese a que los informes internacionales multiplican sus advertencias de riesgos, no hay un plan de desarrollo y prevención adecuado para enfrentar las vulnerabilidades del país. Al contrario, se persigue a defensores del medioambiente, se favorece un tipo de productividad económica ecológicamente insana, se mantiene una economía excluyente y se persigue cualquier tipo de oposición. El Gobierno necesita cambiar de actitud. De la extrema agresividad y de la seguridad absoluta respecto a su proceder debe pasar a un afán dialogante. La ebriedad del poder no construye historia fraterna. Reconocer los problemas es el paso elemental para corregir situaciones que pronto o tarde conducen al conflicto. Los informes internacionales están hechos por personas a las que les interesa el país. Y la mayoría de ellas coincide en que El Salvador tiene serias deficiencias en el campo del desarrollo y el bienestar. Recurrir al diálogo es el único camino seguro para salir del estancamiento causado por la división y el enfrentamiento constantes.

Los Acuerdos de Paz son muy incómodos para el régimen, porque constituyen un hecho histórico trascendental en el cual el presidente Bukele no figura, sino sus adversarios, cuya denigración sistemática le ha facilitado un alto nivel de popularidad. Así lo expresan sus voceros, que dicen haber suprimido su conmemoración nacional para que sus suscriptores no “se sigan auto-glorificando”. Bukele no solo desprecia la guerra y los Acuerdos, sino también se mofa cínicamente de estos últimos. “Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo, porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas”. La grotesca argumentación contra los Acuerdos pone de manifiesto la profunda amargura del oficialismo por no figurar en las fotos de enero de 1992. No solo las partes que los negociaron y los suscribieron se beneficiaron. La detención de una larga guerra irracional e inhumana benefició al conjunto de la sociedad; sobre todo, a las mayorías urbanas y rurales. No es cierto, por tanto, que “después de los Acuerdos de Paz no tuvimos paz, tuvimos más muertos”. La violencia social emergió progresivamente, a lo largo de los Gobiernos de Arena. Tampoco es cierto que “la verdadera paz ha comenzado con la reducción de homicidios”, porque no existe paz donde hay desapariciones, extorsión, cementerios clandestinos, desempleo, hambre y enfermedad. Los datos indican que Bukele y su plan de seguridad no han traído la paz. La guerra no es solo responsabilidad del FMLN, como aduce el oficialismo, sino también de la oligarquía, la Fuerza Armada y los partidos políticos de ambos. La mayoría de los muertos de la guerra no los causó el FMLN, sino la Fuerza Armada, los cuerpos de seguridad militarizados y los escuadrones de la muerte. Y nadie se ha beneficiado más de la impunidad que la Fuerza Armada, uno de los pilares del régimen de los Bukele. Si alegan que la institución militar ha cambiado, su transformación se debe a los Acuerdos de 1992. Al atribuir la guerra y la mayoría de los muertos solo al FMLN, el régimen expresa, implícitamente, que el orden militar y oligárquico era el mejor posible. Es cierto que “los salvadoreños siguieron en las mismas condiciones de pobreza, injusticia y abandono”. En gran medida, porque el interés de Arena era terminar el conflicto para introducir el neoliberalismo económico, una novedad que el régimen de los Bukele explota al máximo. En dos años y medio de presidencia, Bukele no ha dado un solo paso eficaz para desterrar la pobreza y el hambre. No cuenta con un plan para reactivar la economía, expandir el empleo y disminuir la desigualdad. En consecuencia, no tiene respuesta para contener la inflación, que ya erosiona gravemente los exiguos ingresos de la mayoría de las familias. La gente ha optado por emigrar o por enrolarse en alguna de las modalidades del crimen organizado. Sustituir la conmemoración de los Acuerdos por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado es un despropósito, ofensivo para las víctimas a las que dice honrar. De hecho, el régimen dejó pasar el primer 16 de enero rebautizado en silencio. Se contentó con cambiar el nombre. No tiene interés, tampoco capacidad, en investigar los crímenes de lesa humanidad ni en hacer justicia. De esa manera, ha dado continuidad al legado de impunidad de sus enemigos. Las partes de los Acuerdos, presionadas por la Fuerza Armada, pactaron la impunidad en nombre de la estabilidad política. A medias y a regañadientes, el Ejército depuró a algunos de sus oficiales más señalados. Dicho de otra manera, la institución en la que los Bukele se apoyan y a la que privilegian con menoscabo de la inversión en educación y salud exigió la impunidad de la que aún goza. El régimen de los Bukele utiliza a las víctimas para intentar deshacerse de unos Acuerdos donde no figura y para alimentar su retórica propagandística. Más que Aguilares sea capital por un día, al P. Rutilio Grande le hubiera gustado que ya se hubiera hecho justicia a las víctimas de las masacres y de los escuadrones de la muerte. La decisión de anular la conmemoración de los Acuerdos es de Bukele: “La inmensa mayoría de los salvadoreños decidimos no celebrar los Acuerdos de Paz”. Pero esa mayoría no ha sido consultada. La decisión ha sido totalmente suya, suscrita obedientemente por sus incondicionales. Bukele ha secuestrado la voz del pueblo. Paradójicamente, esto ocurre en vísperas de la beatificación de un salvadoreño como el P. Rutilio Grande que luchó para que el pueblo dejara oír su voz, sin intermediario ni intérprete. Y el pueblo de entonces descubrió que tenía voz y se hizo escuchar. Por eso, el terrorismo de Estado se lanzó contra él y contra quienes le abrieron los ojos. Los Acuerdos de 1992 no son “espurios”, como Bukele desearía. Otra cosa es que no hayan ido más allá de acabar con el conflicto armado. El régimen de los Bukele tampoco ha hecho nada para hacer justicia y para elevar el nivel de vida de las mayorías empobrecidas. * Rodolfo Cardenal, director del Centr

No siempre los problemas más grandes de un país son los más sentidos por su gente, así como no siempre los logros nacionales coinciden con los de cada familia o persona. Por ejemplo, en algunos períodos de la historia, la economía salvadoreña a nivel macro presentaba cifras exitosas mientras la mayoría de familias vivía en la pobreza. Sin embargo, a veces coinciden. Según los resultados de la última encuesta del Iudop, el principal problema del país es también el principal flagelo de las familias salvadoreña: la precariedad de la economía. Para el 43% de la población, el principal reto de El Salvador tiene que ver con la situación económica (desempleo, alto costo de la vida y pobreza). El porcentaje se eleva hasta el 54.6% cuando la gente responde cuál es el principal problema que le afecta a su familia. La situación económica es también la principal preocupación de la gente. Un 56.2% cree que el aumento al salario mínimo ayudó poco o nada a aliviar la economía familiar y un 63.5% opina que en 2021 la economía siguió igual o empeoró con respecto al año 2020. Lo que más reciente el bolsillo de los salvadoreños es el alto costo de la canasta básica. 93 de cada 100 encuestados creen que aumentó en 2021; en particular, 79 de cada 100 piensan que se incrementó algo o mucho. Esta problemática está amarrada a la principal política económica del país. Cuatro meses después de haberse implementado la circulación del bitcóin, 70 de cada 100 personas le tienen poca o ninguna confianza; 76.4% piensa que la economía sigue igual con la introducción de la criptomoneda y 11.1% piensa que ha empeorado. En la encuesta, más de la mitad de la gente dijo que había bajado la billetera electrónica gubernamental solo para canjear los 30 dólares de bienvenida. Con respecto al bitcóin, el punto en que hay más unanimidad es en que su uso debe ser voluntario: así lo cree el 97.5% de los encuestados. La gente no está en contra del bitcóin per se, sino de su imposición y de que se utilice dinero público para comprarlo. Desde la perspectiva de los ciudadanos, el otro gran problema del país es la inseguridad y la criminalidad. Aunque la población tiene una opinión muy favorable sobre el rol de la Policía y del Ejército en el combate a la delincuencia, reconoce que este problema se les escapa de las manos. En comparación a 2020 y 2019, más gente se siente insegura. En 2020, 63% de los encuestados creía que la delincuencia había bajado; en 2021, el 40.2% de los encuestados opinó así. Asimismo, menos gente cree que el Plan de Control Territorial ha ayudado a recuperar las localidades. En 2020, 30% de los encuestados dijo que el Plan de Control Territorial ayudaba poco o nada a recuperar los territorios, mientras que en 2021 ese porcentaje llegó al 42%. El pueblo salvadoreño no la está pasando bien. La vida se le hace difícil tanto por la situación económica como por la delincuencia y la violencia. Por eso no es tan optimista como hace un año. Solo una tercera parte (33.9%) cree que la situación económica nacional mejorará en 2022; el 61.9% cree que estará igual o peor. Por otra parte, 73% piensa que la situación política estará igual o peor este año y el 60% piensa lo mismo con respecto a la economía de su familia. A pesar de este realismo y de lo difícil de la situación, 66 de cada 100 encuestados sienten esperanza cuando piensan en el futuro. En general, la gente sigue apostando por el país y espera que los grandes problemas comiencen a resolverse de una vez. El Gobierno de Bukele goza del respaldo de la mayoría de la población a pesar de que esta todavía no ve cambios concretos. Si muchos salvadoreños siguen creyendo es porque esperan que esos cambios se den. Si ello no sucede, no habrá estrategia mediática capaz de contener el malestar ciudadano. Un malestar que, como muestran los datos, va creciendo.

El próximo 22 de enero celebraremos la beatificación de los sacerdotes Rutilio Grande y Cosme Spessotto,y los dos laicos Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus. Los cristianos podemos decir con plena convicción que son santos para nuestros días. Y los no cristianos pueden ver en ellos a personas ejemplares en el campo de la solidaridad, de la conciencia humana y de la fortaleza que nace de las convicciones profundas. Al final, son santos para nuestros días porque supieron vivir su vida con espíritu de servicio, con fidelidad a sus ideas y con capacidad de asumir los riesgos con esperanza. No son personas alejadas del mundo, sino personas, cada una a su modo, insertas en la historia y ofreciendo en medio de ella luz para caminar y fuerza solidaria para amar. Reflexionar brevemente sobre ellos resulta indispensable para quienes deseamos un El Salvador más justo y más fraterno. Rutilio se pasó una buena parte de su vida dedicando su tiempo a quienes se preparaban en el Seminario San José de la Montaña para sacerdotes. Los animaba en sus estudios y trataba de prepararlos para el servicio sacerdotal que más tarde desempeñarían. Después pasó a Aguilares, donde fue párroco. Se encontró allí con un gran número de campesinos en pobreza, con una proporción alta de analfabetismo, con una fe grande, pero desvinculada de sus responsabilidades sociales. No despreció a nadie. Al contrario, se unió a los más pobres ayudándoles a descubrir sus capacidades, su dignidad y sus derechos desde la fe y desde el Evangelio. Cuando los pobres se hicieron visibles como fuerza social organizada, el odio a la fe de Rutilio, que unía amor a Dios y amor al pobre, se le echó encima. Lo mismo le pasó a Cosme, preocupado siempre, como buen franciscano, por la productividad agrícola y la adaptación de cultivos para bien del campesinado pobre. Los dos laicos que acompañaban a Rutilio nos muestran el valor de los sencillos, que apoyan lo que sienten bueno, que acompañan al que hace el bien, que respaldan desde sus posibilidades al que sirve. Dieron la vida con el mismo espíritu con el que comulgaban, el espíritu de Rutilio, que era también el Espíritu del Señor Jesús. Y son santos para nuestros días porque El Salvador continúa necesitando personas que luchen en favor de la erradicación de la pobreza y del reconocimiento de los derechos de los débiles y olvidados. Cada uno desde su puesto en la vida y sus posibilidades. Sin que nadie se sienta más porque hace más. Nelson y Manuel son tan mártires como Rutilio y Cosme. No son mártires por casualidad, sino porque estaban en la misma línea del Evangelio y del amor de Rutilio. Desde la condición de niño y desde la condición de anciano, ambos acompañaban y apoyaban desde sus posibilidades al profeta de los pobres. Eran parte de la profecía como lo son todos los que acompañan a lo bueno, sirven, aman y buscan con generosidad —sin presumir de cachimbones— la justicia social y el entendimiento fraterno. “Mártir” significa “testigo” en griego, y “martirio”, “testimonio”. En el mundo cristiano se acabó llamando mártires, con la palabra griega, a los testigos del Evangelio asesinados por ser fieles al mensaje de Jesús. Hoy seguimos necesitando testigos de honradez, de decencia, de fidelidad a la propia conciencia, de humanismo solidario y fraterno. Testigos de la búsqueda permanente del bien. En otras palabras, personas preocupadas por el bien común y la convivencia fraterna, construidos sobre la igual dignidad de la persona humana. Y necesitamos también que los cristianos demos un mayor testimonio de generosidad, altruismo, amor al prójimo oprimido y compromiso liberador de todo lo que margina, excluye o rebaja la dignidad humana. Nelson, Manuel, Cosme y Rutilio son hoy, desde el Reino de Dios, signos permanentes del camino hacia Él. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los Acuerdos de Paz son y seguirán siendo un hito en nuestra historia, aunque se intente negarlo mediante decreto. Son el único acuerdo nacional que El Salvador ha tenido desde que es república. Ningún otro esfuerzo ha obtenido el respaldo de prácticamente todos los sectores sociales, económicos y políticos del país. Ningún otro acontecimiento ha provocado tan profunda alegría colectiva. Los Acuerdos no fueron perfectos, ni siquiera los mejores, pero pusieron fin a la guerra y tuvieron el potencial de sentar las bases para construir un nuevo futuro para todos. A nivel de contenido, las grandes ausentes fueron las víctimas y sus familiares; a nivel de ejecución, quedó pendiente la reorganización del sistema judicial y la solución de los problemas socioeconómicos estructurales que fueron parte de las causas del conflicto armado. Sin embargo, esos vacíos no deben llevar a perder de vista que el punto central de los Acuerdos fue desmontar la militarización de la seguridad pública que provocaba graves violaciones a los derechos humanos. Los Acuerdos acuartelaron al Ejército y crearon la Policía Nacional Civil como responsable de la seguridad pública y ciudadana. También propiciaron el nacimiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la creación de un sistema electoral confiable, que hasta la fecha nunca ha sido señalado de irrespetar la voluntad popular. Además, abrieron la puerta a una prensa libre y más independiente, al derecho de acceso a la información pública y a una incipiente pero progresiva separación de los poderes del Estado. Ningunear los Acuerdos es congruente con el hecho de que todos los avances en materia de democracia formal que propiciaron han sufrido serios retrocesos. Se ha remilitarizado la seguridad pública y la PNC, se ha neutralizado el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ejerce un papel ornamental, la independencia del Tribunal Supremo Electoral está en duda y la separación de poderes ya es asunto de retórica. Es decir, conceptualizar como farsa los Acuerdos de Paz busca justificar el desmontaje de los avances del país en materia de libertades políticas y democráticas. El insensato menosprecio a los Acuerdos de Paz persigue, demás, destruir a los firmantes de los mismos a fin de despejar el campo de adversarios políticos. En esa línea, celebrar un día dedicado a las víctimas del conflicto armado en lugar de la fecha de la firma de la paz le posibilitará al Gobierno protagonizar el tema y sustituir la memoria con anuncios de ficción. La mejor manera de honrar a las víctimas de la guerra es propiciar el reconocimiento de la verdad de lo que pasó, hacerles justicia y reparar el daño causado. Dedicarles un día cuando se cierran los archivos militares que pudieran aclarar las injusticias y cuando se les niega participación en la formulación de una ley de reconciliación nacional es pura demagogia, una cruel afrenta al dolor y la pérdida de tantos salvadoreños.

El mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz de este año tiene como eje temático el diálogo entre generaciones, la educación y el trabajo como instrumentos para construir una paz duradera. En la actualidad, según el papa, “el camino de la paz permanece desafortunadamente alejado de la vida real de muchos hombres y mujeres y, por tanto, de la familia humana, que está totalmente interconectada”. Si la paz está vinculada al desarrollo integral de las personas y los pueblos, resultan una negación de la paz los graves hechos señalados por el papa en su mensaje. Habla del ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos; la propagación de enfermedades de proporciones pandémicas; el agravamiento de los efectos del cambio climático y la degradación del medioambiente; la tragedia del hambre y la sed; y el predominio de un modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario. Como en el tiempo de los antiguos profetas, afirma el papa, “el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz”. En la visión cristiana de la paz, esta se concibe como un quehacer permanente, es decir, no es algo que se adquiere de una vez por todas, sino que es el resultado de un continuo esfuerzo. En esta línea, el mensaje del papa habla de una “arquitectura” de la paz, en la que intervienen las difrentes instituciones de la sociedad. Pero también habla de un “artesanado” de la paz, que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. De ahí su invitación que no excluye a nadie: “Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones entre los pueblos y entre los Estados”. En este marco, el papa propone tres caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones, como base para la realización de proyectos compartidos. Según Francisco, aunque el desarrollo tecnológico y económico haya dividido a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Explica que, por un lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial, sapiencial y espiritual de los mayores; por el otro, los mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el dinamismo de los jóvenes. La necesidad de dialogar, escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar juntos deriva, para el papa, del hecho de que “los grandes retos sociales y los procesos de construcción de la paz no pueden prescindir, del diálogo entre los depositarios de la memoria ?los mayores? y los continuadores de la historia ?los jóvenes?; tampoco pueden prescindir de la voluntad de cada uno de nosotros de dar cabida al otro, de no pretender ocupar todo el escenario persiguiendo los propios intereses inmediatos como si no hubiera pasado ni futuro”. En segundo lugar, la educación, como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. En principio, el papa parte de una preocupación: el presupuesto para la instrucción y la educación, consideradas como un gasto más que como una inversión, ha disminuido significativamente a nivel mundial en los últimos años; en cambio, los gastos militares han aumentado, superando el nivel registrado al final de la Guerra Fría, y parecen destinados a crecer de modo exorbitante. Por tanto, es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos. Al entender la educación como camino para el logro de una paz duradera, la propuesta del papa está relacionada con la promoción de la cultura del cuidado. Según él, esta cultura puede convertirse en el lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. “Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva: la cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación”. El mensaje postula que cuando se constituyen en vectores de un desarrollo humano integral, la instrucción y la educación resultan indispensables para la defensa y la promoción de la paz. Pueden ser las bases de una sociedad cohesionada, civil, capaz de generar esperanza, riqueza y progreso. Finalmente, el tercer camino para una paz duradera es promover y asegurar el trabajo digno. Francisco parte de la situación del mundo del trabajo. Afirma que este ha sido impactado gravemente por la pandemia de covid-19. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado; los trabajadores precarios son cada vez más vulnerables; muchos de aquellos que desarrollan servicios esenciales permanecen aún más ocultos a la conciencia pública y política. El papa habla también del impacto devastador de la crisis sobre la economía informal, que a menudo afecta los traba

Si algo temen los poderosos que se sirven del poder en beneficio de sí mismos, es que se visibilice a los pobres. Ellos se esfuerzan en decir que todo está bien, y que si hay algo deficiente muy pronto todo estará mejor. En América Latina no somos una excepción. Y en general nuestros mártires son personas que desde el Evangelio y el amor al prójimo contribuyeron a visibilizar a los pobres, reconociéndolos como personas con dignidad y derechos y dándoles fuerza para buscar el desarrollo de su libertad. Así fue nuestro santo Monseñor Romero, “padre de los pobres y voz de quienes no tienen voz para defender sus derechos”, y así fueron Rutilio y Cosme, a los que ya pronto la Iglesia beatificará, junto con sus acompañantes laicos. Hoy, cuando nuestra Iglesia salvadoreña se prepara para la fiesta de la beatificación, es importante retomar la tarea de nuestros mártires, que es también tarea permanente de la Iglesia: Hacer visibles a nuestros hermanos más pequeños y olvidados, y devolverles su dignidad de hijos e hijas de Dios. El Papa Francisco, en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, nos recordaba la necesidad de convertirnos en “arquitectos” de la paz. “Como en el tiempo de los antiguos profetas, - nos dice el Papa- el clamor de los pobres y de la tierra sigue elevándose hoy, implorando justicia y paz”. Clamor que escucharon y visibilizaron Cosme, Rutilio, Nelson y Manuel, y al que trataron de responder cristianamente incluso con la ofrenda de sus vidas. Hoy, para construir esa paz anhelada, Francisco nos propone en su mensaje para la jornada de la paz, el diálogo entre generaciones, la educación de calidad y el trabajo digno. Ello supone visibilizar a los jóvenes, a los ancianos, a los niños y a las mujeres como los sectores más vulnerables dentro de las tareas que se nos proponen. También nuestro arzobispo ha publicado recientemente su Quinta Carta Pastoral, recordando los 500 años de la Evangelización en El Salvador y nuestros 200 años de independencia. En ella nos invita, recordando a Mons. Romero, a “hacer propio el dolor, las necesidades y aspiraciones de los pobres, defendiéndolos en todo momento”. En estos días de fin de año, también un sacerdote de nuestro clero nos hablaba de visibilizar los sufrimientos de los privados de libertad y de sus familiares. Sufrimientos injustos que van más allá de las penas impuestas por la ley. Si no vemos a los que sufren, si no los visibilizamos, tanto nuestra sociedad como cada uno de nosotros haremos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano: pasar de largo. Cosme visibilizaba a los pobres desde su cercanía franciscana a los mismos y desde su preocupación por las labores agrícolas campesinas. Rutilio visibilizaba a los pobres empoderándolos de su dignidad de hijos e hijas de Dios, con derechos a una vida digna. Dos de esos mismos pobres lo acompañan en esa suprema dignidad del martirio, que identifica con Jesús, el Señor. Las víctimas de la violencia física, sexual o psicológica, los y las jóvenes desaparecidos, los golpeados por la pandemia, los que sufren la degradación medioambiental, las víctimas de un modelo económico exageradamente individualista, que provoca marginación e incluso hambre, los privados de libertad, privados también arbitrariamente de trato digno y de la visita familiar, nos siguen mostrando el rostro dolorido del crucificado. Visibilizarlos es el primer paso hacia el diálogo constructor de paz, que debe ser intergeneracional, y hacia ese desarrollo integral que es factor indispensable de paz. Que San Óscar Romero y los beatos Cosme, Rutilio, Nelson y Manuel, nos acompañen en esa tarea de ser testigos de la fraternidad universal, de la justicia y de la paz.

La semana pasada, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo textualmente, refiriéndose a la persecución penal de algunos miembros de maras: “Si se comportan como animales, los cazaremos como animales y los encerraremos, para que no vuelvan a causar luto en las familias salvadoreñas”. Las palabras son improcedentes e impropias de alguien versado en leyes, pues si bien la legislación salvadoreña exige perseguir el delito y, por supuesto, a los delincuentes, en ninguna parte autoriza a cazar como animal a ninguna persona, por mala que pueda ser. A ningún ser humano se le puede tratar como si fuera una cosa o un animal; aparte de que hay muchas maneras de actuar como animales, incluso dentro de las costumbres más o menos establecidas. Ciertas formas de tratar a la mujer en nuestra sociedad muestran una actitud más propia de animales que de humanos, más allá de su legalidad o ilegalidad. Y lo mismo podríamos decir de formas de enriquecimiento y disfrute de la riqueza que no tienen en cuenta valores humanos como el de la fraternidad. Este tipo de expresiones de cacería, que hacen pensar más en venganza que en justicia, reflejan una tendencia poco reflexionada y poco seria de algunas personas en el ámbito de las ideas y de los valores de humanidad. Hoy, que se está hablando de la posible reapertura del juicio referente al caso de la masacre en la UCA, quiero hacer un poco de historia y una reflexión personal en este contexto de cacería. El mismo día de los asesinatos, quienes representaban a la Compañía de Jesús dijeron que no querían venganza, sino justicia. Y pocos días después, para aclarar qué significaba para ellos justicia, exigieron un proceso en el que hubiera “verdad, justicia y perdón”. La verdad como el primer paso de la justicia; la justicia como reconocimiento estatal del crimen, con todas las consecuencias legales; y el perdón como mecanismo de reconciliación que debía extenderse a formas legales de reducción o conmutación de las penas. Los Gobiernos de aquel entonces optaron por la impunidad con la ley de amnistía, no solo para el caso jesuitas, sino para todos los crímenes de la guerra civil. Incluso en el primer juicio contra los hechores materiales, el sistema judicial terminó optando por absolverlos, condenar a los intermediarios de la orden de asesinar y encubrir a los autores mediatos o intelectuales. En aquel entonces, los jesuitas nos conformamos con que se hubiera hecho verdad respecto a lo que llevaron a cabo los autores materiales. Pero seguimos en la lucha durante 30 años en favor de que se juzgara a los autores intelectuales. En el caso del coronel Benavides, fuimos coherentes con nuestro lema de verdad, justicia y perdón, al solicitar para él la conmutación de la pena. Lo mismo hizo en su momento el papa Juan Pablo II con quien intentó asesinarle, dejándole gravemente herido en 1981. Cuando hoy se habla de cazar personas como animales, y viendo el humillante, ilegal y mal trato que con frecuencia se le da a personas acusadas de algunos delitos, además de la situación deplorable de la mayoría de nuestras cárceles, es bueno recordar algunos principios básicos no solo referidos a los derechos humanos, sino también a una sana tradición cristiana. Acusar a alguien no es juzgarle, sino pedirle al Estado que lo investigue y que si lo encuentra culpable, le imponga las penas adecuadas, incluida la debida reparación a las víctimas. La presunción de inocencia y, por tanto, el enjuiciamiento en libertad deben ser respetados. No queremos que el caso de la masacre en la UCA sea el único en el que se busque justicia. Hay casos más graves, como la masacre en El Mozote. Y ciertamente, y al menos, todos los casos expuestos por la Comisión de la Verdad tienen el mismo derecho a ser esclarecidos y juzgados, aunque la llegada a sentencia tenga sus tiempos propios. Con no menos importancia, todos estos juicios deberían llevarse a cabo desde una ley de justicia transicional. Ban Ki-moon decía en 2011 ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la justicia transicional debe darse en el marco de una sociedad que busca “afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr reconciliación”. En El Salvador, durante la guerra, todos nos dimos cuenta de que se dieron “abusos a gran escala”.Y sobre el perdón como camino de reconciliación, Juan Pablo II decía que el “presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia”. E insistía en que “el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia, sino que trata de reintegrar tanto a las personas y los grupos en la sociedad”. En este contexto de “cacería” de personas, que ojalá no fuera más que una metáfora desafortunada, no es extraño que desde la óptica de los derechos humanos y desde su inspiración cristiana, la UCA permanezca atenta a cómo se desarrolla este y los otros juicios que debe haber.

Es mal asunto provocar un conflicto religioso y dar pie a la denuncia de persecución religiosa. La imprudencia y la hipersensibilidad a la crítica hacen que el régimen de los Bukele se vuelva intolerante e insolente. El enfrentamiento religioso que asoma revive el de Mons. Romero y el del P. Rutilio Grande con el Ejército y la oligarquía agroexportadora. La inminente beatificación de este último, junto con dos campesinos, pone en aprietos a un régimen que no conoce el límite. La elevación a los altares católicos de estos últimos y del fraile Cosme Spessotto, víctimas de la persecución religiosa y del odio a la fe, es una ocasión para recapacitar sobre la función profética de la fe en una sociedad injusta y violenta. “Nadie se interpondrá entre Dios y su pueblo para sacar adelante a nuestro país”, ha sentenciado Bukele, en un par de ocasiones. La frase es lapidaria y equívoca. Por pueblo ha de entenderse él mismo, ya que se ha arrogado su representación, en virtud del resultado de las urnas. El mismo argumento utiliza para desechar las críticas sobre la anulación de la libertad legislativa y judicial. En clave presidencial, Bukele es el pueblo. Y nadie, según su sentencia, se interpondrá entre él y Dios. Así como nadie se interpone entre él y los otros dos poderes del Estado. En consecuencia, las improvisaciones, las contradicciones y las diatribas presidenciales serían todas ellas obra divina. Sin embargo, el Dios de la Biblia se vale de intermediarios para salvar a su pueblo. Los patriarcas pusieron los cimientos de dicho pueblo. Moisés lo liberó de la esclavitud de Egipto. Los jueces lo gobernaron, le administraron justicia y lo dirigieron militarmente. Cuando el pueblo pidió reyes, Dios se los dio, pero les envió profetas para recordarle que deseaba justicia, no plegarias y sacrificios. Finalmente, envió a su hijo Jesús, su palabra encarnada. Entre Dios y su pueblo siempre se ha interpuesto el pecado. El pueblo liberado renegó de Dios en varias ocasiones durante la travesía por el desierto. Una vez en la tierra prometida, cometió innumerables crímenes, que jueces y profetas intentaron remediar. “Ya se te ha dicho […] lo que es bueno y lo que el Señor te exige: tan solo que practiques la justicia, que quieras con ternura y camines humildemente con tu Dios” (Miq 6,8)”. A pesar de ello, el pueblo tomó otro camino. “Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlas, aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho, porque hay sangre en sus manos” (Is 1,15). “Alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda” (Is 1,15-16). Estos llamados resultaron tan insoportables que los profetas acabaron mal. Por eso, Jesús exclamó: “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían!” (Mt 23,37). Arrogarse la encarnación del pueblo no libra del pecado. Esa apropiación es una necedad típicamente humana. Relativizarla diciendo de sí mismo que es “el dictador más cool del mundo mundial”, aparte del pésimo manejo del español, no la hace menos presuntuosa. La naturaleza humana está atravesada por la desmesura del orgullo y de la arrogancia. Sin justicia, sin reconocer los derechos del oprimido y sin defender a la viuda es imposible construir la sociedad anunciada por Bukele. Tampoco es posible caminar en la presencia de Dios, que aparta su mirada de las manos manchadas de sangre, aun cuando se levanten en oración. No existe, pues, conexión directa entre el Dios bíblico y su presunto representante salvadoreño. Tampoco sus obras son voluntad divina. “Soberbia, arrogancia, mal proceder y boca mentirosa, todo eso lo aborrezco” (Pro 8,13). El camino que Bukele y sus hermanos recorren no es el querido por Dios. Más prudente sería dejar a Dios fuera de la retórica política. Más sabio sería volverse hacía él y cambiar de rumbo. Bukele y los suyos no salen bien parados cuando incursionan el ámbito religioso, porque intentan manipular a un Dios mucho más grande que ellos. Sin embargo, lo sagrado parece ejercer en ellos un atractivo especial. Tal vez porque la altivez está reñida con la cordura. Tal vez porque en el ámbito de lo sagrado encuentran una legitimación que les es negada en la esfera de la secularidad política. En cualquier caso, es pretencioso manchar la divinidad con intereses egoístas para obtener la aprobación popular. Los profetas son necesarios para llamar a la conversión y, por ello, son ultrajados y asesinados. Sin embargo, Dios no desiste y los sigue enviando. Envió al P. Rutilio Grande, a Mons. Romero, al fraile menor Cosme Spessotto y a otros muchos, aún no reconocidos oficialmente por la Iglesia católica. Estos profetas son prueba del primor con el que Dios cuida del pueblo salvadoreño. Ojala escuchemos hoy su voz, que habla a través de sus profetas.

La justicia es un bien supremo que hunde sus raíces en la verdad y que constituye un baluarte para alcanzar la paz. Además de ser un principio fundante e inspirador de la Constitución de la República, es un valor de la fe cristiana: ningún seguidor de Jesús de Nazareth puede preciarse como tal si vuelve la espalda al clamor de quienes sufren injusticia, dolor, vejaciones, atropellos y abusos, y se goza de la mentira, la confrontación, la división, la intolerancia y la insolidaridad. Desde la misma ocurrencia del martirio de Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas, tanto la UCA como la Compañía de Jesús han transitado un dilatado, complejo y sinuoso camino para que la verdad del crimen se conozca y se formalice dentro del sistema de justicia salvadoreño, habiendo enfrentado en cada proceso (penal o constitucional) y en cada instancia enormes obstáculos. Un paso en ese camino fue, por ejemplo, la presentación de una demanda, en el año 2000, para exigir que se hiciese justicia; otro, la petición de la reapertura del caso, en 2017. La Universidad siempre ha buscado que el caso sea conocido y resuelto en instancias salvadoreñas con la finalidad de que constituya un precedente que abra las puertas para que otros hechos igualmente execrables puedan ser enjuiciados en el país, sentando las bases para la construcción de un verdadero Estado democrático de derecho, en el que se reconozca, promueva y defienda la dignidad humana, piedra angular de los derechos humanos. En ese marco, el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional —impuesta por el oficialismo— sobre la reapertura del caso solo ratifica lo que esta casa de estudios ha denunciado desde hace décadas: ha existido violación al debido proceso, pues sistemáticamente se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad a través de la aplicación de distintos artilugios por parte de los funcionarios judiciales que en su momento han tenido participación en el caso. En este sentido, es lamentable que, pese al llamado ético que tienen los operadores del sistema de justicia de escuchar los intereses y necesidades de las víctimas, el inicio del proceso constitucional en el cual se ha vertido el fallo se haya realizado de manera sorpresiva y sin ninguna participación de los familiares de las víctimas, la UCA o la Compañía de Jesús. Es un completo despropósito que se haya presentado la demanda de amparo sin haber considerado directamente la palabra técnica y sobre todo ética de quienes más conocen del caso. No obstante, la UCA buscará participar en todas las instancias judiciales en que se aborde el martirio de Elba, Celina y los sacerdotes jesuitas. La UCA exige que el caso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas; demanda que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas; y rechaza cualquier tipo de presión de actores externos sobre la instancia judicial. El caso de la masacre en la UCA puede constituirse en una primera respuesta al lamento de las víctimas de El Salvador, que en su mayoría no han obtenido verdadera justicia, sino resoluciones judiciales inmorales y tendenciosas. Por otra parte, la dignidad y testimonio martirial de Elba y Celina exigen que el caso se conozca como “Masacre en la UCA”, y no como lo presenta el fallo constitucional: “Masacre de los jesuitas”, pues esta denominación excluye la memoria de dos mujeres tan valiosas y dignas de justicia como los sacerdotes jesuitas martirizados; mujeres que en el violento desenlace de su vida reafirmaron el valor universal del amor y del deber de protección a los seres queridos. La UCA reafirma su compromiso con las víctimas de luchar por la justicia y la verdad. Lo hizo a costa de sangre durante los cruentos años de la guerra civil y lo continuará haciendo en esta época. Acompañar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a los pobres y marginados de la sociedad en la búsqueda de tales valores es el único camino hacia un El Salvador de hermanos que rechaza los abusos, egoísmos e impunidad de los poderosos y los violentos.

En la historia abundan los olvidados. Los poderosos, sean millonarios, políticos o militares, tienden a olvidar a los débiles y marginados de nuestras sociedades. Y casi con la misma frecuencia, una alta proporción de la ciudadanía, al sentirse impotente ante los problemas que la rodean, busca refugio en el olvido, en la migración o en un desarrollo egoísta y poco solidario. Por eso, cuando comenzamos un año que deseamos sea feliz para todos, resulta indispensable recordar a los pequeños. Porque sin ellos no habrá nunca felicidad plena. Sin la posibilidad de una felicidad básica que alcance a todos, no habrá seguridad en la felicidad de nadie. Ni siquiera en la de los más poderosos. Los pequeños abundan en nuestro país. Los campesinos, depositarios y transmisores de cultura, tienen los peores salarios, las redes de producción más débiles y carecen de seguridad social. Los que se dedican al comercio informal están, mayoritariamente, en una situación parecida. Con los niños y niñas, a pesar de las frases laudatorias a la niñez, tenemos una enorme deuda. No puede ser que la mayor parte de las mujeres desaparecidas sean menores. O que la violencia se cebe desde la infancia en muchos de nuestros niños. El abuso a la mujer y la impunidad de muchos abusadores muestran la facilidad con la que olvidamos a los débiles y protegemos a los fuertes, que con mucha frecuencia son los más carentes de escrúpulos y los más violentos. En ese contexto, no es raro que los jóvenes tengan la tentación de asociarse en pandillas para responder desde la fuerza a una sociedad que los maltrata. Y si queremos llegar a los más olvidados, debemos considerar a los privados de libertad. La idea de castigo y venganza hace que muchas personas pierdan de vista que quienes están en nuestras cárceles son personas. En una sociedad que se considera cristiana mayoritariamente, resulta paradójico que muy pocos se acuerden de las palabras de Jesús cuando decía que “el que esté limpio de pecado tire la primera piedra” o “estuve en la cárcel y no me fueron a ver”. A muchos nos preocupa que a políticos y a gente conocida no se les conceda la presunción de inocencia o se les impida la visita familiar; es una verdadera violación de derechos humanos básicos. La presunción de culpabilidad y el maltrato a los detenidos si son pobres han sido una verdadera plaga en el país. La prohibición de la visita familiar lleva muchos años presente y ha sido un mecanismo de castigo generalizado, aprobado festivamente por casi todos los partidos. Los traslados sin información a las familias, los castigos físicos, la mala alimentación no son parte de la sentencia que priva de libertad; simplemente son abusos injustos aprobados por nuestro modo indiferente, o incluso vengativo, de ver a los reclusos. Recordar a los pequeños, a los siempre olvidados, a los débiles de nuestras sociedades, es la única vía que nos puede llevar a un desarrollo verdaderamente humano. El recuerdo solidario y compasivo nos hace humanos. El olvido de los pobres nos lleva a repetir los errores que conducen a la creación de sociedades violentas, con poca capacidad de impulsar proyectos de realización común. El poeta hondureño Roberto Sosa decía que “los pobres son muchos, y por eso es imposible olvidarlos”. Pero en esta sociedad nuestra que absolutiza el consumo y el individualismo, buscamos la manera de no verlos, aunque estén tan cerca como la comunidad La Cuchilla lo está de los condominios caros que están al otro lado de la calle que los separa. Cuando un año comienza, comprometerse con ver, escuchar, recordar y actuar en favor de los olvidados de siempre es la única manera posible de ser sinceros con la felicidad que se dice desear. Porque la felicidad, o llega a todos, o no es verdadera.

En una entrevista radial sobre la actual Asamblea Legislativa, el rector de esta casa de estudios calificó de nefasta la labor realizada por la bancada cyan y sus aliados. Como era de esperarse, representantes de Nuevas Ideas y de GANA, amplificados por sus seguidores y cuentas troles, vertieron de inmediato descalificaciones y acusaciones infundadas sobre el rector a través de las redes sociales. Acusaciones que bien pueden ser consideradas ataques a la libertad de expresión, difamaciones y daño al honor, y que podrían ser objeto de demanda. Pero más allá de ello, es importante ahondar en los porqués del calificativo “nefasto”. De acuerdo al diccionario, “nefasto” tiene dos significados: “que causa desgracia o va acompañado de ella” y “que es extraordinariamente malo”. Siendo así, el término calza a la perfección con lo que ha hecho la bancada cyan al romper el orden constitucional para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y nombrar en su reemplazo a personas obedientes al Ejecutivo. Ese hecho (avalado por los diputados de GANA, PDC y PCN) y las posteriores reformas a la ley judicial y a la ley de la Fiscalía General de la República han causado un grave daño, una profunda desgracia a la sociedad salvadoreña: han dejado al sistema judicial en manos de personas sin escrúpulos, sin honradez notoria, dispuestas a juzgar no de acuerdo a las leyes, sino según los intereses de un partido y del presidente de la República. También es una desgracia para el país que no se persiga la corrupción de los funcionarios del actual Gobierno. Con la aprobación de la “ley Alabi” se extendió un manto de impunidad sobre las transacciones indebidas que, en el marco de la emergencia nacional por la pandemia, enriquecieron a diversos funcionarios y sus familias. Una Sala de lo Constitucional independiente hubiera declarado inconstitucional esa ley, porque ningún Gobierno puede autoaministiarse y porque se impide a la población saber a ciencia cierta qué pasó con los fondos públicos, en qué se utilizaron, si fueron debidamente administrados o, por el contrario, fueron a parar a los bolsillos de empresarios y funcionarios corruptos. Extraordinariamente malo para El Salvador ha sido aprobar la Ley Bitcoin y destinar más de 200 millones de dólares para su implementación cuando nuestra gente tiene tantas demandas urgentes insatisfechas y en su gran mayoría rechaza el uso del bitcoin como moneda de curso legal. Igualmente nefasto es haberle quitado a los municipios una gran parte de los fondos que recibían a través del Fodes, poniendo fin a lo poco que se había avanzando en materia de descentralización, un factor clave para fortalecer a las alcaldías, que son las que mejor conocen las necesidades de desarrollo de los habitantes de los municipios. Se suma al inventario la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos, la cual no contempla la protección de las cuencas hídricas y la participación ciudadana, dos elementos fundamentales para garantizar el derecho al agua. La Ley, además, niega estatuto especial a las juntas de agua, conformadas por ciudadanos, mientras permite concesiones privadas de hasta mil metros cúbicos diarios por 15 años a los desarrolladores de complejos residenciales. La lista de acciones nefastas de la bancada cyan es mucho más larga. El conjunto de todas ellas ha dado un poder absoluto a la Presidencia de la República. Un poder que el Ejecutivo ha utilizado para continuar en su deriva autoritaria, lo que ha socavado la confianza de la comunidad internacional en El Salvador, afectando incluso la calificación crediticia nacional, que ha llegado a su nivel más bajo de la historia reciente. Por todo ello, la gestión tanto de los diputados oficialistas como del Gobierno será recordada como triste, funesta, una verdadera desgracia para el país.

“Más que los actos, son las palabras las que debemos hacer concordar. ¿Cómo pretendéis que la gran masa de una nación pueda juzgar si su gobierno se guía por la lógica? Basta con decirles que es así”. Maquiavelo, de Maurice Joly Recurrir a los autores clásicos siempre nos ayuda a comprender lo que acontece en el país. En esta ocasión Maurice Joly nos permite analizar tres puntos: la desconexión de la realidad del presidente, el mito de las jugadas maestras y la consolidación de la dictadura. 1. Desconexión con la realidad y la “cosificación” del presidente Como bien dice el Maquiavelo de Maurice Joly, los pueblos y los hombres en los distintos tiempos se han contentado con palabras y les basta con las apariencias. Tanto así, dice Maquiavelo, que a los gobernantes les “es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” que el pueblo termina creyendo que son verdades. El sábado 20 de noviembre en la playa Mizata, en La Libertad, Bukele sacó de su sombrero de mago la llamada “Bitcoin City” que, según sus palabras, planea construir alrededor del Volcán de Conchagua. Antes ya había sacado del mismo sombrero la construcción del Hospital para mascotas “Chivo Pet”. Bitcoin City es una ficción de gran proporción que nos hace pensar que el presidente se ha desconectado de la realidad que vive el país. Y aquí nos referimos a esa realidad que le gritan a Bukele los desaparecidos desde las fosas clandestinas de Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa y Lourdes por mencionar las descubiertas recientemente. También es la misma realidad que le gritan los migrantes irregulares salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y las familias desplazadas forzosamente por el control territorial ejercido por las pandillas. En Mizata, Bukele se dirigió a su club de alabanza, conformado en su mayoría por extranjeros (bitcoin bros), y presentó su gran apuesta (Bitcoin City) que salvará a la humanidad, según sus palabras. En ese discurso en inglés -como parte del cierre de la semana del bitcoin- Bukele se convirtió en un producto de marketing, en una marca, o mejor dicho, en una cosa. Al presidente se lo devoró o engulló su misma propaganda política y lo convirtió en una especie de marioneta de las empresas que están detrás del negocio del bitcóin a nivel internacional. Al final de su discurso, Bukele presentó al CEO de la empresa Blockchain para que explicara el plan financiero que tienen entre manos, así como el funcionamiento de la emisión de los “bonos volcán”. Nada de ese proyecto es viable ni de beneficio para las mayorías pobres del país, todo es pura ilusión. ¿A quién le habla el presidente cuando lo hace en inglés? ¿Por qué oculta información? ¿Por qué esconde sus proyectos si son de beneficio para todos los salvadoreños? La única respuesta es que todo es mentira y engaño. Bukele usa el bitcóin como sombrero de mago del cual sacará cualquier proyecto ficticio que le sea de utilidad para mantener a las masas “encantadas” con una falsa prosperidad. 2. El mito de las jugadas maestras Parte del mito creado alrededor de Bukele, que es repetido por sus seguidores, es que el presidente es un hombre que piensa fuera de la caja (“Out of the Box¨) y que todas sus acciones son una especie de “jugadas maestras”. Todo esto no es más que una estrategia de comunicación política de los organismos de propaganda del Gobierno que se encuentran en los manuales que siguen y aplican los líderes populistas. Al respecto de la creación de estos “super poderes” atribuidos al líder, dice Maquiavelo: “Por lo tanto, deseo que las diversas fases de mi política sean presentadas como el desenvolvimiento de un pensamiento único en procura de un fin inmutable. Cada suceso previsto e imprevisto tiene que parecer el resultado de una acción inteligentemente conducida [...] El acontecimiento último será presentado como la conclusión lógica de todos los anteriores.”. Cualquier acción del presidente será presentada -por sus organismos de propaganda- como una gran jugada maestra en beneficio del pueblo. Aquí nuevamente la realidad terminará gritándole al oído de la población que no se dejen manipular ni desinformar por charlatanes de la comunicación política cuyo único afán es destruir el país y concentrar el poder político para satisfacer sus ambiciones e intereses económicos. 3. La dictadura no descansa en su afán de concentrar todo el poder y de establecer un pensamiento único Ante la pregunta de ¿Qué hacer para consolidar el poder? Maquiavelo dice: “Deberá en primer término dedicarse a destruir los partidos, a disolver, dondequiera existan, las fuerzas colectivas, a paralizar en todas sus manifestaciones la iniciativa individual; a continuación, el nivel mismo de temple decaerá espontáneamente y todos los brazos así debilitados, cederán a la servidumbre”. Dos días después de la fiesta del bitcoin en Mizata, la FGR y la PNC desataron la persecución polìtica a oenegés de la sociedad civil y allanaron sus insta

LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD LA EMIGRACION HOY ES UN ESCÁNDALO SOCIAL DE LA HUMANIDAD

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial. El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial. El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos. En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Cuando comienza un nuevo año tendemos a llenarnos de buenos propósitos. En los dibujos de los periódicos se pinta con frecuencia un anciano que se retira, plagado de golpes y remiendos, mientras aparece caminando un niño tierno, rebosante de energía. Cada uno de ellos lleva el número del año correspondiente: el que se va y el que se viene. Sin embargo la realidad suele ser muy distinta. Continúan los mismos problemas, los mismos riesgos y las mismas vulnerabilidades. La vida no cambia si no hay esfuerzo, y los cambios sociales son con frecuencia más lentos que los cambios en la propia vida. Los errores del pasado perviven demasiado tiempo y la lucha contra ellos tiene que ser continua. La disminución de la violencia física no ofrece garantía de seguir bajando si persiste la violencia verbal. Las leyes que exigen respeto a la mujer y castigan cualquier tipo de violencia contra ellas ayudan a ir superando el machismo, pero no lo eliminan ni lo destierran de la cultura. Y si el machismo permanece las formas de violencia contra la mujer se irán volviendo más sofisticadas. E incluso no faltarán mujeres que reproduzcan, contra varones o mujeres, nodos de actuar propios del machismo y del racismo. Al final, cualquiera que se sienta superior a otros, sea hombre o mujer, puede reproducir fácilmente actitudes semejantes a las machistas o las racistas. Si queremos que realmente el año sea nuevo nos queda a todos un largo trabajo por delante que no debemos interrumpir a lo largo de los 365 días que pronto comenzaremos a llamar nuevos, para llamarlo viejos en Diciembre del año próximo. En un país donde se dialoga poco no llegaremos a establecer un verdadero diálogo en los campos más complejos del mismo, como el político, si no tenemos propuestas, las defendemos e insistimos continuamente en ellas. En una sociedad que necesita justicia respecto a su presente y su pasado, difícilmente llegaremos a sentirnos satisfechos sin una ley de justicia transicional que sea fruto de acuerdos y reflexiones serias con las víctimas e, incluso, con los victimarios. En una patria marcada por la desigualdad, la marginación y la pobreza será prácticamente imposible respetar la igual dignidad de la persona humana si no hay un cambio profundo tendiente a la fraternidad, aunque sea lento, en la mayoría de las personas. Los cambios para bien pueden darse, y algunos se han ido dando paulatinamente en la sociedad salvadoreña. Pero hay que trabajarlos tanto personalmente como socialmente. La capacidad autocrítica es una de las condiciones básicas para un cambio social. Quien se cree superior a los demás, desprecia a quienes considera inferiores y piensa solo en competir, él, ella o a favor de sus hijos, para sobresalir sobre los demás, será incapaz de realizar cambios, aunque crea que tiene las ideas lo suficientemente brillantes para convencer a otros. Y la capacidad de crítica social, especialmente frente a los abusos de los poderosos, sean estos del campo económico, social-cultural o político, resulta siempre y también indispensable. Un filósofo contemporáneo decía que el cristiano, si es fiel al Evangelio, debería ser un ‘deconstructor irónico’ de las narrativas del poder. Porque el poder, siempre que se fija en sí mismo y se obsesiona por su sobrevivencia, se convierte en un perpetuador de diferencias injustas. Desear que el año 2022 sea nuevo, tanto para las personas como para las sociedades, es positivo. Pero hay que desearlo para todos. Incluso para aquellos que no nos caen bien o piensan distinto de nosotros. No podemos caer en la hipocresía de las frase generales positivas y después maltratar a los migrantes, olvidar los pobres o alegrarnos con el dolor y el sufrimiento de los privados de libertad a quienes se les niega el derecho a la visita familiar. Decir que se merecen el castigo y no reconocer derechos básicos es continuar en lo más viejo del año viejo y de su podredumbre. El Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz insiste en el diálogo intergeneracional, en el trabajo digno y en la educación de calidad para todos. Para nosotros sería un buen comienzo iniciar la construcción de novedad del año 2022 trabajando esos tres puntos.

Desde hace muchos años hemos denunciado la exhibición de los detenidos por parte de la PNC, con frecuencia mal vestidos y semidesnudos. Especialmente los pobres eran los peor tratados. La prensa amarilla de aquellos tiempos incluso nos mostraba supuestos delincuentes capturados en la noche en sus viviendas y en alguna ocasión incluso con el pie de un policía encima. Hoy las cosas han cambiado muy poco. La experiencia de quienes damos seguimiento al funcionamiento de la justicia es clara: La Fiscalía y la PNC detienen a jóvenes acusándolos de muy diversos crímenes. Se les exhibe semidesnudos y como si fueran culpables. Se les tiene durante un lento y engorroso proceso durante dos años en la cárcel, mezclados con las personas ya juzgadas y condenadas a privación de libertad, y al final se les termina liberando o absolviendo por falta de pruebas. Aunque se logran algunas condenas, son más los que salen liberados que los que se quedan, al menos si contamos todas las denuncias. Y la violación de Derechos Humanos en el modo de actual policial y fiscal queda patente. Incluso en algunos aspectos ni se respeta el código procesal penal. La Fiscalía, además, utiliza con frecuencia testigos criteriados. En ocasiones verdaderos asesinos que por tener un alivio en sus condenas están dispuestos a decir lo que se les pida. En otras ocasiones verdaderos mentirosos o simplemente expertos en ser testigos criteriados, a veces acusando a cuarenta, cincuenta o más supuestos delincuentes. El abuso de poder fiscal, la tendencia a plegarse a los intereses del Poder Ejecutivo, ha sido una enfermedad constante en El Salvador. Algunos casos exitosos no ocultan el mal funcionamiento de una Fiscalía con labores contradictorias, acostumbrada a defender al Estado en las instancias de Derechos Humanos internacionales, y a violar esos mismos Derechos internamente. Los malos procesos de detención se están además ahora mezclando con temas políticos. En el caso de los sobresueldos se está exhibiendo a los políticos detenidos e incluso declarándolos culpables de delitos complejos, como son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. Lo cierto en el caso de los “sobresueldos” es que todos los que los han recibido deberían pagar los impuestos que evadieron, muchas veces porque los mismos oficiales del Gobierno que les daban el sobre les decían que no declararan ese dinero a Hacienda. Pero eso es una cosa, y otra unas acusaciones que, al menos en algunos casos, no son justificables. El uso de testigos criteriados contra personas que claramente carecen de poder y en un caso con color político, muestra el estilo manipulador de la Fiscalía. Mientras deja en la impunidad crímenes de guerra y de lesa humanidad, trata de elevar con testigos criteriados el rango de los delitos cometidos por los políticos. Ciertamente es sano y necesario en una democracia que todas las personas, políticos, empresarios o de cualquier oficio que sean, paguen sus impuestos. Y si los han evadido, aunque haya sido por consejo de sus superiores jerárquicos, que se les obligue a pagar lo evadido e incluso que tengan algún tipo de multa añadida a la deuda. Ser político y evadir impuestos es más grave que hacerlo desde otras posiciones sociales. En ese sentido incluso debería haber algún tipo de sanción mayor. Pero lo que no se puede hacer es confundir automáticamente la evasión de impuestos con el lavado de dinero y mucho menos exhibir como culpables a los acusados. Alguna persona mal intencionada podría decir con cierta razón que los políticos de ayer, que respaldaban la exhibición de detenidos calificándolos de culpables, están recibiendo el mismo tratamiento que ellos respaldaron. Pero en El Salvador la “ley del talión” es ilegal. Si algo es injusto para unos, es injusto para todos. Y cuando la injusticia se lleva a cabo contra políticos de supuesta oposición, con lujo de propaganda, con insultos, con manipulación de la normativa vigente y con condenas anticipadas a las sentencias judiciales, el papel de la Fiscalía, ineficiente en otros crímenes más graves, puede ser calificado éticamente como corrupto. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Navidad y justicia Hace ya bastantes años el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy cantaba en estas fechas navideñas un nuevo tipo de villancico que nos deseaba a todos una feliz Navidad en justicia y libertad. Han pasado más de 40 años y la libertad, escasa para los pobres, sigue en riesgo para la mayoría. La justicia, especialmente la justicia social, continúa siendo el gran déficit de nuestras sociedades, construidas sobre el poder del dinero, de la propaganda y de las armas de una minoría. Antes se hablaba de oligarquía, una palabra culta, para definir a estos grupos minoritarios. Hoy, en la pobreza de los análisis existentes, incluso las palabras cultas se han desechado. Se ha sustituido la reflexión y el debate por el insulto, la mentira y la falta de perspectiva. Sin embargo, aun en medio de la barahúnda política y de la propaganda comercial, la Navidad vuelve a llegar a nosotros. Y llega siempre con su mensaje original. El Dios grande y poderoso, misericordioso y bueno, se hace humano y nace pobre para enriquecernos con su pobreza y darnos la salvación. Podemos adornar el nacimiento de mil maneras, ponerle en los cuadros y en las imágenes vestidos más o menos bonitos a José y María, pero el niño siempre está semidesnudo y recostado entre pajas. Dios quiso resaltar de tal manera la dignidad de la persona humana que decidió hacerse carne en una familia de migrantes pobres, perseguidos, y nacer en el abandono de un mundo insolidario que no tenía sitio en la posada para una mujer embarazada y a punto de dar a luz. No sería cristiano mirar al Niño, al divino Niño que nos gusta llamarle, y no sentir solidaridad, deseo de estar allí, aunque sea con la simple solidaridad del niño tamborilero del villancico. Y de la misma manera, tampoco es cristiano celebrar la Navidad olvidándonos de los que sufren. Nos gusta hablar de paz en la Navidad, y eso es indudablemente bueno. Pero la paz que el Señor nos trae no es simple reconciliación entre los desavenidos. Es la paz que se desprende de la justicia del Reino de Dios. Monseñor Romero, hoy nuestro San Romero, Rutilio Grande, que pronto será beatificado, lo entendían muy bien. De Rutilio son aquellas palabras que, hablando de la Eucaristía, insistían en que cada cual tendría su taburete y a nadie le faltaría el conqué. Hoy, cuando estamos golpeados por una pandemia, cuando la pobreza y el desempleo han crecido en El Salvador, cuando no vemos por ninguna parte un plan serio y consensuado de recuperación del país, debe surgir, a la luz del Niño recién nacido, una pregunta y cuestionamiento; ¿cómo debemos celebrar la Navidad? Hay respuestas evidentes: en familia, en armonía, con espíritu de descanso y esperanza, después de un año duro. Están bien las respuestas, pero nos quedan otras preguntas ¿qué más puedo hacer por mi hermano en necesidad? ¿cómo puedo contribuir a frenar mentiras, odios e indiferencias ante el dolor de los pobres? ¿dónde debo poner mis esfuerzos, mi palabra y mi acción para que El Salvador avance hacia una mayor justicia social? Son preguntas siempre pendientes, pero que se vuelve urgentes en Navidad. No podemos continuar sin cuestionarnos lo poco que hemos hecho por los más pobres, y sin recordar y comprometernos con lo mucho que nos queda por hacer. ¿Habrá que esperar otros doscientos años más para lograr la paz con justicia? Pensar en El Salvador, en todos los que componemos y hacemos este país, y especialmente en los empobrecidos y los vulnerables, y al mismo tiempo pensar un El Salvador distinto, más fraterno, igualitario y justo es, en estas Navidades, una urgencia cristiana. Por José María Tojeira

En 1963 Hannah Arendt publicó el libro Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. La tesis que la filósofa desarrolla en dicho texto reside en que no hace falta padecer un desequilibrio mental, ser psicópata, cruel y perverso para llevar a cabo acciones terribles en detrimento de la humanidad. Arendt construyó su reflexión a partir del juicio a Adolf Eichmann (1906 -1962), oficial nazi y responsable de la organización de la “solución final” que acabó con la vida de millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, la publicación suscitó polémica. Una serie de controversias que la llevarían a dar continuidad al debate. De esta forma, años más tarde publicó otro artículo titulado Verdad y política. En este, la autora repara en la cuestión de si siempre es legítimo decir la verdad; en la relación entre mentira y política y, no menos importante, en los efectos de la falsedad deliberada que caracteriza a los regímenes autoritarios. Ciertamente, las ideas filosóficas y políticas de Arendt constituyen un aparato teórico importante para pensar y comprender la realidad actual. En Verdad y Política, por ejemplo, sugiere cómo la verdad se enfrenta a una falacia cuyo argumento (sustentado ya sea en una ignorancia endémica o en una mendacidad perversa) orienta a toda una comunidad política a embarcarse en una mentira organizada, esto es, una sociedad que gira alrededor de una realidad falsa. Una realidad fabricada desde quienes ostentan el poder y que tiene por esencia o naturaleza el engaño y la manipulación. Pensar El Salvador, su realidad política y el pasado, desde algunas de las categorías que Arendt plantea permite alcanzar más elementos para iluminar tal reflexión. Recientemente el régimen ha manipulado el pasado (y el sufrimiento de las víctimas por ese pasado) para establecer su agenda de ataque y debilitamiento a las voces críticas. Hace menos de un mes, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, pidió a la Corte Suprema de Justicia (también impuesta por el oficialismo) reabrir el caso de la masacre en la UCA. Aseguró “retomar el camino de la verdadera justicia”. En otras palabras, se adjudicó una lucha que ha sido sostenida no sólo por los familiares de las víctimas y por esta universidad, sino por otras víctimas salvadoreñas y por muchos representantes de la comunidad internacional. Sin duda, se trata de una inclinación por la justicia que es falsa y a conveniencia. No obstante, la manipulación y el desinterés por el pasado en pocos días ha quedado en evidencia. ¿Cómo se puede obtener justicia cuando el mismo régimen desprecia a las víctimas y a sus asociaciones? Y es que representantes del grupo parlamentario oficial han manifestado la posición de no escuchar a las asociaciones de víctimas en la formulación de la Ley de Justicia Transicional. Para mayor agravio, se han dedicado a atacar a las organizaciones que históricamente han realizado el trabajo que competía al Estado. Por otra parte, en la presente semana, se conmemoran cuarenta años de lo impensable. Una de las peores masacres de América Latina. Alrededor de mil personas, civiles, fueron asesinadas en El Mozote y sitios aledaños. Una fecha trascendental. Una fecha oportuna para reparar ese pasado luctuoso y para pensar en herramientas sociales que permitan avanzar en el camino de la reconciliación. Evidentemente la realidad es opuesta. Ya en el 2020 el presidente se encargó de cerrar esa posibilidad.1 Dio ejemplo de cómo manipular la verdad del pasado para incidir en el presente político. Demostró que no importa cuánto haya que negar o evadir para multiplicar la mentira. Exhibió que su interés y el de sus adeptos está en función de acumular poder. Y que ese interés nada tiene que ver con el sufrimiento de las víctimas si no es para utilizarlo a favor de sus propósitos. Enfrentar la mentira es una tarea ineludible. Las víctimas del conflicto armado tienen mucho que aportar. Promover su exclusión es revictimizarlas. No escucharlas también lo es. De ahí la importancia de reconocer su experiencia, su trayectoria y su trabajo que ha estado centrado en el deber de memoria y en la búsqueda de la verdad. Retomando a Hannah Arendt: “hagan lo que hagan, los que ejercen el poder son incapaces de descubrir o inventar un sustituto adecuado para ella. La persuasión y la violencia pueden destruir la verdad, pero no pueden reemplazarla”.2 Las víctimas, desde el ejercicio de memoria, recuerdan que en esos crímenes y esas violaciones existieron. La búsqueda de la verdad y la justicia no es una estrategia política ni publicitaria, es un compromiso y una responsabilidad. ______________________________________ Notas 1. El presidente Bukele llevó la campaña electoral a El Mozote. Disponible en https://elfaro.net/es/202012/el_salvador/25092/El-presidente-Bukele-llev%C3%B3-la-campa%C3%B1a-electoral-a-El-Mozote.htm 2. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, (Barcelona: Austral, 2018), 396. * Artíc

El 29 de marzo de 2017, la población salvadoreña celebró con alegría, esperanza y orgullo la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica. Esta victoria histórica de un país conocido principalmente por los altos niveles de violencia social, la sobrepoblación, la migración y el deterioro ambiental, convirtió a El Salvador en la primera nación del mundo en analizar con responsabilidad los altos costos de la industria minera y decir “No”. Sin embargo, a pesar de la vulnerabilidad ambiental de El Salvador, de la amenaza que representa la minería metálica y del fuerte y claro rechazo de la ciudadanía a esta industria, hay señales preocupantes que sugieren que el Gobierno de Nayib Bukele y su Asamblea Legislativa títere están considerando abrir la puerta de nuevo a la exploración y explotación de metales. El Gobierno ha mostrado poco interés hasta la fecha en los temas ambientales y sus políticas y prácticas confirman la ausencia de una conciencia ambientalista. Frente a la crisis financiera del país, el Gobierno ve a la minería metálica como fuente de ingresos para un Estado profundamente endeudado, y es ampliamente conocido que el presidente mantiene relaciones cercanas con grandes inversionistas en esta industria. En lugar de cumplir con la actual Ley de Prohibición de la Minería Metálica, exigiendo poner fin a este tipo de minería en todas sus formas, buscar opciones alternativas de vida para los mineros artesanales de San Sebastián y recuperar sitios mineros del pasado, el Gobierno ha promovido un Foro Intergubernamental sobre Minería, Metales y Desarrollo Sostenible invitando a miembros de la junta directiva de la Alianza por la Minería Responsable (ARM por sus siglas en inglés) para abrir un debate en el país sobre la “minería para el desarrollo sostenible”, revelando una intención clara que atenta contra los intereses del pueblo salvadoreño. Aún más preocupante es la nueva Ley de creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 26 de octubre. Entre sus objetivos plantea autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de quienes participen en actividades de minería, sin distinguir entre la minería metálica y la no metálica. Propone, además, la obtención de recursos mineros como “deber de Estado” y establece como facultades de la nueva Dirección, entre otras cosas, establecer, mantener y fomentar relaciones de cooperación con instituciones u organismos extranjeros y multilaterales” vinculados al sector minero; licitar la exploración de áreas especiales donde se localizan yacimientos con potencial económico investigados; y coordinar con el Ministerio de Medio ambiente los procedimientos de evaluación de las propuestas de exploración de minas y canteras. La nueva ley menciona una sola vez la Ley de Prohibición de Minería Metálica, planteando que “los reglamentos, instructivos, resoluciones, normas, acuerdos y otras disposiciones generales […] mantendrán su vigencia en todo lo que no se oponga a la presente, mientras no sean derogados o modificados expresamente”. Esta ambigüedad abre la puerta al retroceso en la garantía de derechos lograda con la prohibición de la minería metálica en 2017. El tema central en el debate sobre la minería metálica en El Salvador siempre ha sido el agua, con la consigna “Sí a la vida, no a la minería”. Es ampliamente reconocido que El Salvador sufre de una crisis hídrica de enormes proporciones en términos de cantidad, calidad y acceso. Los ríos se están secando, los acuíferos más estratégicos de la nación están bajando de nivel en más de un metro por año, más de 90 % de los lagos y ríos están contaminados y comunidades sin acceso a este vital líquido, fuente de toda vida, están tomando la calle. La minería metálica es una amenaza para el agua por el enorme consumo y por la contaminación con materiales tóxicos, tales como cianuro (un químico que puede matar a un ser humano en cantidades menores a de un grano de arroz), mercurio, ácido sulfúrico, ácido hidroclórico, plomo, arsénico, cadmio, magnesio y otras sustancias. Según un estudio de Oxfam América, Metales Sucios, “Cuando se trata de emisiones toxicas, la minería metálica es una de las industrias lideres”. Dada esta realidad, grandes coaliciones sociales, junto con la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, comunidades afectadas, organizaciones ambientalistas, instituciones académicas, organizaciones de pueblos indígenas y de mujeres y otros sectores importantes de la población apoyaron una propuesta de ley presentada el 6 de febrero de 2017 para prohibir la minería metálica en el país. Un sondeo de la UCA realizado en 2015 mostró que el 79.5 % de la población encuestada creía que El Salvador no era un lugar apropiado para la industria minera. En el mismo sondeo, 76 % de los encuestados se mostró inconforme con la apertura de proyectos mineros en sus municipios; 77 % consideraba que el

Estados Unidos es tan soberano como El Salvador, y en el ejercicio de su soberanía ha impuesto sanciones a algunos altos funcionarios del régimen de los Bukele. Este, en otro ejercicio soberano similar, ha negociado con las pandillas, una expresión del crimen organizado, y ha tolerado y encubierto la corrupción. Es un ejercicio de la soberanía propia contra otro ejercicio de la misma soberanía, pero de signo opuesto. Las dos naciones son igualmente soberanas. Las sanciones de Washington comprenden el retiro de la visa estadounidense, un derecho soberano de las naciones; el bloqueo, no la confiscación, de los activos en territorio estadounidense; y la prohibición de contratar o negociar con las empresas o los ciudadanos estadounidenses. No hay, pues, ninguna injerencia indebida en los asuntos internos del país ni razón para que el presidente se irrite, ya que las sanciones se apegan estrictamente a su concepto de soberanía. Más allá de la sinrazón de la cólera presidencial, se vislumbran dos motivos. El primero, el más obvio, es que las sanciones impiden que los funcionarios señalados y sus familiares más cercanos viajen a Estados Unidos, que accedan a sus activos en territorio estadounidense o que traten con empresas estadounidenses. La reacción presidencial pone de manifiesto cuán importante es para todos ellos la relación con Estados Unidos, a pesar de su actitud de falsa indiferencia. Si tanto les importa viajar a ese país, debieran haber actuado con prudencia. Si tanto les importuna la política estadounidense, por qué acumulan activos en su territorio o contratan los servicios de sus empresas. El segundo motivo que ha disparado el arrebato presidencial es la contundente acusación de Washington contra el régimen de los Bukele por negociar con las pandillas la reducción de los homicidios, la colaboración en la imposición de la cuarentena y la ayuda en la recién pasada campaña electoral; y por la corrupción asociada a la pandemia y al reparto de alimentos. Ocultar los hechos y obviar la investigación policial y fiscal no han impedido que Washington confirme las denuncias de la prensa nacional. La embajadora y los costosos cabilderos en Washington, y la campaña desinformativa en las redes sociales no han podido esconder verdades de bulto. Descartar las denuncias como “absurdas […] acusaciones diarias” compromete más aún la ya maltrecha credibilidad del régimen. Es poco probable que Washington haya procedido atolondradamente. De hecho, aporta más información que la prensa nacional. El régimen recompensó los servicios de las pandillas con dinero, teléfonos y acceso a prostitutas. La exjefa del gabinete y vocera principal del régimen ha dirigido también “una estructura de corrupción multimillonaria”, con ramificaciones en las dependencias gubernamentales. La esposa del embajador en Italia autorizó adquisiciones sospechosas relacionadas con la pandemia, contratos inflados y sobornos a funcionarios y asesores presidenciales. Además, utilizó la distribución de alimentos durante la pandemia para promover las candidaturas del partido oficial. Mientras que el carcelero mayor y su madre robaron y vendieron esos alimentos y manipularon la planilla del sistema penitenciario para enriquecerse. Es inverosímil que los Bukele desconocieran estas actividades de su gente de confianza. Existen, pues, razones para los arrebatos presidenciales. Sin embargo, puede despejar las sospechas y las acusaciones si investiga la corrupción y esclarece las responsabilidades. No lo hará, porque traicionaría a sus servidores más fieles y porque, de hacerlo, alguno, en venganza, podría hablar más de lo conveniente. Perdido en su desvarío, el régimen acusa ahora a Washington de “financiar movimientos comunistas” y amenaza con represalias judiciales a quien hable del tema por herir el honor de los señalados. La mejor defensa del honor es la investigación creíble que los exonere de responsabilidad. En su extravío, el régimen ni siquiera acierta a definir el estado de su relación con Washington. Desde el vicepresidente para abajo la relación es amistosa. Pero para el presidente “está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada”. En realidad, Bukele reclama lo mismo: “sometimiento absoluto” a su voluntad “o nada”. En este plan se plantó en El Mozote, rodeado de aeronaves y soldados fuertemente armados. Emplazó su podio y sus banderas, destruyó la casa comunal y los puestos de los artesanos locales, y repitió las promesas del año pasado. La colaboración, la amistad y la alianza parten de coincidencias; entre más colaboración y amistad, más intereses compartidos. Pero Bukele exige colaboración, amistad y alianza unilaterales. Este camino ha introducido al régimen en un callejón sin salida. Pareciera, pues, que es el momento de repensar el concepto de soberanía. Hasta ahora, esta ha sido esgrimida para justificar el curso arbitrario y corrupto del régimen de los Bukele. En un mun

Los cristianos nos preparamos para celebrar la Navidad. La invitación que nos hace el Evangelio es a la conversión, es decir, a abandonar las actitudes y comportamientos contrarios al proyecto de salvación de Dios para la humanidad. Para esta preparación, encontramos en el Evangelio una figura clave: Juan el Bautista, el profeta que clama en el desierto y cuya misión es preparar los caminos del Señor. En su mensaje, el Bautista enseña de manera muy sencilla qué actitudes adoptar para recibir bien al Mesías. En primer lugar, Juan el Bautista hace un llamado a compartir con el prójimo en necesidad dos elementos fundamentales para la vida: vestido y alimento. Compartir con el que no tiene es una exigencia de Jesús en todos los evangelios. Por otra parte, ante las preguntas que le hacen distintas personas que han escuchado su llamado y que parecen interesadas en enderezar sus vidas, la respuesta del Bautista es bien clara: sean justos, no abusen de su poder, no hagan mal a nadie, no cobren más de lo que está ordenado, no sean corruptos, no acusen a nadie falsamente, confórmense con su salario. En definitiva, lo que pide el Bautista es un comportamiento recto, solidario y fraterno. Es evidente que lo que el Bautista rechaza siguen dándose hoy en día. El egoísmo de aquellos que tienen mucho más de lo que necesitan y no son capaces de compartir con el necesitado ni siquiera aquello que les sobra. Los políticos y los funcionarios que acusan falsamente a los ciudadanos que critican sus actitudes y acciones. Los policías y militares que abusan del poder que les da su uniforme y su arma para acosar, intimidar, sobornar. Los fiscales y jueces que se corrompen y tuercen la justicia para favorecer al poderoso, aunque ello suponga condenar al inocente o promover la impunidad de los delincuentes. Estos son solo algunos ejemplos que muestran lo torcidos que están los caminos en nuestro país y lo mucho que se debe hacer para construir una sociedad coherente con las enseñanzas del Evangelio. El Mesías que viene a salvar al mundo requiere tanto de una conversión personal como social. En la Biblia se narra cómo la ciudad de Nínive fue capaz de escuchar el llamado a la conversión del profeta Jonás; toda la ciudad, incluidas las autoridades, hizo penitencia, se arrepintió de sus pecados y enderezó el camino para abrazar una vida agradable a Dios. Nínive es un buen ejemplo para El Salvador, que requiere con urgencia abandonar todo aquello que lo están destruyendo política, social, económica y moralmente. Ello supone una conversión a nivel nacional, abandonar el odio entre hermanos, la mentira, el abuso, la corrupción, la violencia, la ley del más fuerte, para sustituirlos por la justicia, el respeto a la dignidad humana, la fraternidad, la transparencia y la verdad, el servicio generoso, el diálogo y la participación democrática. Solo de esa manera será posible pensar en un mejor futuro para el país. Un futuro al que parece que muchos han renunciado, pero que es posible alcanzar si la mayoría lo desea y trabaja arduamente por conseguirlo. Vivir con hondura el Adviento implica esforzarse para que todos los salvadoreños y salvadoreñas gocen de los mismos derechos y tengan los mismos deberes, sean felices y se desarrollen en paz en su patria, reconozcan en cualquier persona a un hermano o hermana. Sin libertad, dignidad humana, amistad, justicia social, participación democrática y respeto a la diversidad y a los derechos humanos no habrá salvación para El Salvador.

La independencia judicial es base indispensable de la democracia. Pero en El Salvador pesan demasiado el dinero, las recomendaciones, el compadrazgo o el poder político sobre las decisiones de los jueces; tanto que la independencia judicial no se aprecia adecuadamente. Además, la lentitud de la justicia, el uso de un lenguaje poco comprensible en las sentencias, el escaso interés en las víctimas y en la reparación del daño sufrido, y la existencia de jueces corruptos hacen que mucha gente externalice de un modo generalizado su desafecto al sistema judicial. Y de ello se ha aprovechado el Gobierno de Bukele para ejecutar una serie de reformas y cambios que dañan directamente la independencia judicial. El tema es grave, pues el Ejecutivo, que tiene en las democracias el monopolio de la fuerza, debe ser sujeto de control legal por parte de los jueces. La existencia de jueces sumisos a Casa Presidencial es tan peligrosa para la libertad de la ciudadanía como que haya jueces dóciles al poder del dinero. Solo los derechos básicos de las personas pueden considerarse absolutos. No así el poder estatal o político, pues esta está sujeto a la voluntad del pueblo soberano y al respeto de los derechos humanos. Así como en la tradición ética se solía decir que la corrupción de los mejores era la máxima corrupción posible, a nivel de principios jurídicos la máxima corrupción se da cuando se pierde la independencia judicial. El Salvador experimenta una pérdida sistemática de independencia judicial desde el 1 de mayo de este año no solo por la destitución inconstitucional de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino por la facilidad con la que asumieron sus cargos los magistrados impuestos por el poder político. La ley de reforma judicial, la obligación de dimitir a los 60 años, los cambios arbitrarios de sede judicial y la elección de nuevos magistrados (seleccionados más por su indolencia ante las decisiones e intervenciones del poder que por su calidad académica y jurídica) profundizaron esa dinámica. Que también la Fiscalía esté dirigida por una persona al servicio del Ejecutivo acrecienta el temor de la posible manipulación de la ley contra sectores críticos. De hecho, ya se está criminalizando a defensores de derechos humanos. En Don Quijote de la Mancha, el caballero andante aconseja a Sancho Panza, convertido en gobernador de una isla, diciéndole que si en algún momento se veía obligado a doblar la vara de la justicia, no lo hiciera “con el peso de la dádiva sino con el de la misericordia”. Nuestro poder judicial parece partidario si no de la dádiva, al menos de la obediencia al Ejecutivo, que hoy en día es el que regala o quita un puesto. Son pocos los jueces que advierten públicamente que la pérdida de independencia es lo peor que le puede pasar a la justicia. Cuando hay presión del poder político, muchos de ellos no tiene empacho en imponer penas por acusaciones inciertas. Cada vez hay menos duda de que algunos jueces, especialmente en las altas esferas, han cambiado su papel de funcionarios públicos independientes por el de empleados sumisos del poder político.

Artesanos de la impunidad Editorial UCA 10/12/2021 A mucha, demasiada gente en el país no le preocupa la impunidad que, al igual que un cáncer, carcome a nuestra sociedad. Literalmente, “impunidad” significa ausencia de castigo. Por ejemplo, ante una violación a los derechos humanos, el sistema judicial está ausente, no actúa. Así, los responsables de violar derechos y la ley quedan impunes, es decir, sin castigo. La impunidad y la corrupción están intrínsecamente relacionadas: una es condición para la otra. Gracias a la corrupción, un crimen permanece impune. A la raíz de los males nacionales está la impunidad, porque socava, entre otras cosas, el Estado de derecho, que presume que nadie, ni los funcionarios, ni los gobernantes, están por encima de la ley. En la actualidad, una de las herramientas preferidas de los funcionarios para garantizar la impunidad es aplicar la justicia selectivamente. Toda la institucionalidad a su servicio se vuelca contra ciertos políticos y contra quienes denuncian y dicen la verdad, pero no hace nada contra aquellos de los suyos que quebrantan la ley. A los corruptos de larga data, que camaleónicamente cambiaron de color, no se les toca. Utilizan el sistema de justicia para criminalizar a los que protestan, a los que no respaldan todas sus decisiones, a quienes denuncian la impunidad. Mientras mantienen un discurso contra la corrupción y la impunidad, en la práctica impiden combatirlas. Reservan toda la información; no dan participación a la ciudadanía; cuando se destapan casos de corrupción, levantan cortinas de humo y protegen y defienden a los señalados. No hay comisión internacional contra la impunidad porque precisamente lo que se quiere es afianzar la impunidad. La Fiscalía General de la República, la instancia que debería combatirla, se dedica a perseguir opositores; no se ocupa de los grandes problemas que agobian a la población, como la violencia criminal, las desapariciones, los homicidios. En un contexto en el que el Ejecutivo ha cooptado todos los poderes, la Fiscalía no responden a las víctimas, sino a los intereses del poder. Toma en cuenta a las víctimas solo cuando ello beneficia a la narrativa oficial.

El papa Francisco se ha referido a la corrupción como un gravísimo mal, un virus o un cáncer que lo infecta todo, destruye el tejido social y afecta principalmente a los más pobres y al medioambiente. En este sentido, afirmó: “La corrupción degrada la dignidad de la persona y destruye los ideales buenos y hermosos. La sociedad está llamada a comprometerse concretamente para combatir el cáncer de la corrupción que, con la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, en realidad empobrece a todos”. El Salvador está infectado con este virus, está enfermo de este cáncer destructivo. Tanto el pasado como el presente están manchados por la corrupción, en múltiples y diversas formas. Miles de millones de dólares han sido sustraídos de los fondos públicos para engrosar los bolsillos de gobernantes, funcionarios, políticos, comerciantes, empresarios, ciudadanos y grupos de mafiosos. Miles de millones de dólares que debieron haber servido para la mejora de los servicios públicos, para elevar la calidad de la salud y la educación, para construir infraestructura que posibilitara un mayor y más equitativo desarrollo nacional. No hay que caer en la trampa de pensar que únicamente los políticos y los funcionarios son los únicos corruptos y responsables de la corrupción. Esta se da en todos los sectores de la sociedad y en distintos ámbitos. Corrupción es pagar para obtener un favor de una autoridad o un funcionario, o para lograr un negocio con el Estado. Corrupción es utilizar bienes públicos para fines personales; evadir impuestos; vender al Estado bienes y servicios a precios más altos que los del mercado. Tan encarnada está la corrupción en el país que se acepta como normal, como propia de la dinámica del funcionamiento de la cosa pública y de las relaciones entre los funcionarios y la ciudadanía. Y mientras esto sea así, no se logrará superarla, no será posible alcanzar una cultura de cero tolerancia a la corrupción. En la construcción de dicha cultura juegan un papel fundamental las familias y el sistema educativo; instituciones que tienen el deber de fomentar los valores que son fundamentales para erradicar la corrupción: honestidad, transparencia, responsabilidad, integridad. Para prevenir este flagelo es también fundamental la transparencia en el quehacer de las instituciones y en el uso de los fondos públicos. Más por presiones internacionales y de la sociedad civil organizada que por convencimiento propio, en las últimas décadas El Salvador creó mecanismos que, de haberse aplicado correctamente, hubieran impedido o al menos dificultado la corrupción, y facilitado la persecución legal de corruptos y corruptores. La Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la Bolsa de Productos y Servicios, los portales de transparencia y las oficinas de información pública son algunos de esos mecanismos. Lejos de ponerlos plenamente en funcionamiento, la administración actual los ha vuelto irrelevantes. La lucha contra la corrupción requiere que se controle el uso de los fondos públicos y se sancionen los comportamientos indebidos. Las instituciones que en el país deberían velar por ello son el Tribunal de Ética Gubernamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República. Hoy día, ninguna de ellas realiza su tarea con la seriedad y la competencia necesarias para disuadir el delito y llevar ante los tribunales a los corruptos. Han sido cooptadas o neutralizadas desde Casa Presidencial para evitar el escrutinio de su gestión. Así, El Salvador ha retrocedido con celeridad en la lucha contra la corrupción; deliberadamente se han tomado acciones que facilitan la corrupción en lugar de combatirla. En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, es bueno recordar que el histórico déficit de El Salvador con respecto a este tema no ha hecho más que profundizarse. Como afirmó el Papa Francisco, luchar contra la corrupción “implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Nadie puede resultar ajeno a este proceso; la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”.

La justicia es entendida y reflexionada, desde hace siglos, como una actividad racional, muy diferente a la venganza. Sin embargo, hay quienes insisten en identificar una con otra. Por supuesto, toda persona tiene derecho a pensar lo que desee, pero ningún Estado moderno, civilizado y democrático puede tolerar que el sistema judicial sea utilizado vengativamente. En El Salvador, la idea de justicia como venganza está muy extendida entre la población y en el Estado. El uso exagerado, muchas veces manipulado, de los testigos criteriados y el aumento de las penas son dos muestras de cómo en el país se aplica la justicia en beneficio del más fuerte e influyente. En los últimos meses, además, se han dado pasos claros para usar la justicia para la venganza política. Se está convirtiendo en tradición cambiar decisiones judiciales que favorecían con medidas sustitutivas a políticos acusados de delinquir. Además, algunos capturados por delitos de muy difícil sustentación son tratados con extrema dureza antes de ser condenados. Encarcelar, aislar y favorecer la apariencia de culpabilidad es la tendencia judicial desde el primer momento en que se acusa a miembros de partidos políticos que estuvieron en el poder. A esto se suma la arbitrariedad. Por ejemplo, mientras a algunos políticos se les encarcela por haber recibido sobresueldos, a otros se les deja en total libertad. Resulta escandaloso que solamente se acuse o investigue a aquellos que de alguna manera pudieran ser críticos u opositores al Gobierno actual. Ello explica que se esté extendiendo la idea de que de nuevo hay presos políticos en El Salvador, como antaño. A juzgados cercanos al Ejecutivo se les está dando la orden de que investiguen posibles problemas legales que hayan tenido en el pasado tanto políticos como miembros e instituciones de la sociedad civil. Lo que interesa es usar la información para desprestigiar o reabrir casos, por dudosos que sean, contra cualquier persona o institución que sea crítica. Si prohibir la visita familiar a los privados de libertad es de por sí una violación grave de los derechos humanos, aislar a los políticos encarcelados muestra una muy clara voluntad de venganza. Por la pandemia, la visita familiar podría limitarse en número de días o cantidad de visitantes, pero prohibirla absolutamente violenta derechos básicos y rompe con compromisos constitucionales y convencionales de El Salvador. Suprimir la visita familiar es una forma eficiente de dañar psicológicamente a los privados de libertad y dificultarles la rehabilitación en el caso de que fueran culpables de algo. Convertir la justicia en venganza puede conducir a una espiral de odio, resentimiento e inhumanidad crecientes. Solamente los hombres y mujeres capaces de ver en toda persona, incluso en alguien que ha hecho un daño, a un ser humano con derechos pueden poner un alto a la locura de la justicia entendida como venganza, tanto con su palabra como con su compromiso con la dignidad humana.

El régimen de los Bukele no ha dudado en desconocer las elecciones de Nicaragua y en reprobar la dictadura de Ortega. Sin embargo, sigue de cerca sus pasos. El control de la institucionalidad estatal es total; el hermetismo sobre la gestión pública, férreo; la seguridad ciudadana, militarizada; y la hostilidad y el acoso a la crítica, agobiante. Los dos mandatarios se han erigido a sí mismos en compendio de la soberanía nacional. Ortega hasta aislar a Nicaragua del exterior; Bukele lo sigue de cerca: todo aquel que contradiga su voluntad responde a intereses extranjeros sediciosos. De ahí que los mismos fantasmas irriten a los dos. Los Bukele enfrentan al “mandante extranjero”, su última creación, un complemento de la sedición promovida por Arena y el FMLN, reforzada ahora con financiamiento externo, esto es, de Estados Unidos. La ofensiva contra “los mandantes extranjeros” irrumpe poco después que Washington avisara que orientaría toda su ayuda financiera a las organizaciones sociales y cobra forma en un anteproyecto de ley, cuyo objetivo es defender la soberanía nacional. La justificación y el contenido del anteproyecto reflejan el miedo del régimen a ver expuesta su incompetencia, sus contradicciones y sus desmanes. El régimen tiene mucho que perder y mucho que ocultar. El creciente descontento social no proviene de financistas extranjeros, sino del desentendimiento de las necesidades de la gente. Incapacidad o desinterés, el régimen no se hace cargo de ellas. Mira hacia otro lado como la criptomoneda y su ciudad, el hospital de las mascotas y Surf City. Exceptuando la respuesta a la pandemia, en la práctica, ninguno de sus faraónicos proyectos está dirigido a mejorar las condiciones de vida de las mayorías. El régimen no tiene respuesta para el aumento de las desapariciones, la inflación, el desempleo o la violencia social. Por eso, dirigir la mirada hacia estas duras realidades cotidianas es fuente de inestabilidad y una amenaza potencial. El contenido del anteproyecto de ley dice más de la inseguridad del régimen que de la supuesta conspiración de agentes extranjeros en contra de la soberanía nacional. El texto es vago y equívoco. Quizás por la ineptitud de la inteligencia jurídica de Casa Presidencial. Probablemente porque deja su aplicación al arbitrio de Bukele, quien definirá los conceptos, las atribuciones y las competencias. Él deberá puntualizar cuáles son las “actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país, entre otros”. El uso repetido de la fórmula “o y entre otros” admite cualquier acto que no sea del agrado presidencial. Automáticamente, ese acto es catalogado como injerencia de “mandante extranjero”, una expresión que admite igualmente varias connotaciones. Corresponde también a Bukele determinar qué connotación será sancionada de forma drástica. Una cosa es clara, la soberanía nacional es Bukele y quien ose contradecirlo o desobedecerlo atenta contra dicha soberanía. El arrebato timorato del régimen de los Bukele amenaza con poner fin a la asistencia a las víctimas de las catástrofes, un fenómeno recurrente, y a la actividad de muchas organizaciones dedicadas a atender necesidades apremiantes de la gente; unas necesidades que el presidente tiene descuidadas, por estar ocupado en sus proyectos fantásticos. El régimen no puede suplir esta ayuda internacional por falta de voluntad política y de recursos. El miedo a la libertad de pensamiento y de expresión le genera tal inseguridad que no piensa con claridad. Si la protesta social no es más que unas cuantas “marchas paupérrimas”, tal como alega el ministro de gobernación, quien tampoco “entiende ni de qué han ido a quejarse”, el anteproyecto de ley es un despropósito. Más aún, el régimen exige a los movimientos sociales una transparencia financiera que él no observa. ¿Por qué tanta inseguridad? ¿Conciencia de su incompetencia, temor a perder el poder, simple inseguridad psicológica o un poco de todo? Las exigencias de la realidad nacional se erigen como obstáculo intolerable para unos Bukele fascinados con proyectos extravagantes, que los colocarían en la cúspide de los retos mundiales. La tensión entre la realidad y la obsesión mesiánica hace que el régimen se contradiga sistemáticamente. La incoherencia, el desatino y la superficialidad constantes han dejado la credibilidad de Bukele por los suelos. Hoy anuncia la edificación de una ciudad de primer mundo, pero al comienzo de su mandato, prometió convertir El Mozote en un polo de desarrollo. Los privilegios que ahora ofrece en inglés a los extranjeros antes los censuró tajantemente. El adalid de la soberanía nacional promete a extranjeros y nacionales privilegiados por la desigualdad, siempre en inglés y en un tablado de club nocturno playero, un enclave con servicios de primerísima calidad, libre de impuestos y, además, verde. Al resto, la mayoría, lo a

Proceso 25/11/2021 “Más que los actos, son las palabras las que debemos hacer concordar. ¿Cómo pretendéis que la gran masa de una nación pueda juzgar si su gobierno se guía por la lógica? Basta con decirles que es así”. Maquiavelo, de Maurice Joly Recurrir a los autores clásicos siempre nos ayuda a comprender lo que acontece en el país. En esta ocasión Maurice Joly nos permite analizar tres puntos: la desconexión de la realidad del presidente, el mito de las jugadas maestras y la consolidación de la dictadura. 1. Desconexión con la realidad y la “cosificación” del presidente Como bien dice el Maquiavelo de Maurice Joly, los pueblos y los hombres en los distintos tiempos se han contentado con palabras y les basta con las apariencias. Tanto así, dice Maquiavelo, que a los gobernantes les “es posible crear instituciones ficticias que responden a un lenguaje y a ideas igualmente ficticias” que el pueblo termina creyendo que son verdades. El sábado 20 de noviembre en la playa Mizata, en La Libertad, Bukele sacó de su sombrero de mago la llamada “Bitcoin City” que, según sus palabras, planea construir alrededor del Volcán de Conchagua. Antes ya había sacado del mismo sombrero la construcción del Hospital para mascotas “Chivo Pet”. Bitcoin City es una ficción de gran proporción que nos hace pensar que el presidente se ha desconectado de la realidad que vive el país. Y aquí nos referimos a esa realidad que le gritan a Bukele los desaparecidos desde las fosas clandestinas de Nuevo Cuscatlán, Chalchuapa y Lourdes por mencionar las descubiertas recientemente. También es la misma realidad que le gritan los migrantes irregulares salvadoreños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos y las familias desplazadas forzosamente por el control territorial ejercido por las pandillas. En Mizata, Bukele se dirigió a su club de alabanza, conformado en su mayoría por extranjeros (bitcoin bros), y presentó su gran apuesta (Bitcoin City) que salvará a la humanidad, según sus palabras. En ese discurso en inglés -como parte del cierre de la semana del bitcoin- Bukele se convirtió en un producto de marketing, en una marca, o mejor dicho, en una cosa. Al presidente se lo devoró o engulló su misma propaganda política y lo convirtió en una especie de marioneta de las empresas que están detrás del negocio del bitcóin a nivel internacional. Al final de su discurso, Bukele presentó al CEO de la empresa Blockchain para que explicara el plan financiero que tienen entre manos, así como el funcionamiento de la emisión de los “bonos volcán”. Nada de ese proyecto es viable ni de beneficio para las mayorías pobres del país, todo es pura ilusión. ¿A quién le habla el presidente cuando lo hace en inglés? ¿Por qué oculta información? ¿Por qué esconde sus proyectos si son de beneficio para todos los salvadoreños? La única respuesta es que todo es mentira y engaño. Bukele usa el bitcóin como sombrero de mago del cual sacará cualquier proyecto ficticio que le sea de utilidad para mantener a las masas “encantadas” con una falsa prosperidad. 2. El mito de las jugadas maestras Parte del mito creado alrededor de Bukele, que es repetido por sus seguidores, es que el presidente es un hombre que piensa fuera de la caja (“Out of the Box¨) y que todas sus acciones son una especie de “jugadas maestras”. Todo esto no es más que una estrategia de comunicación política de los organismos de propaganda del Gobierno que se encuentran en los manuales que siguen y aplican los líderes populistas. Al respecto de la creación de estos “super poderes” atribuidos al líder, dice Maquiavelo: “Por lo tanto, deseo que las diversas fases de mi política sean presentadas como el desenvolvimiento de un pensamiento único en procura de un fin inmutable. Cada suceso previsto e imprevisto tiene que parecer el resultado de una acción inteligentemente conducida [...] El acontecimiento último será presentado como la conclusión lógica de todos los anteriores.”. Cualquier acción del presidente será presentada -por sus organismos de propaganda- como una gran jugada maestra en beneficio del pueblo. Aquí nuevamente la realidad terminará gritándole al oído de la población que no se dejen manipular ni desinformar por charlatanes de la comunicación política cuyo único afán es destruir el país y concentrar el poder político para satisfacer sus ambiciones e intereses económicos. 3. La dictadura no descansa en su afán de concentrar todo el poder y de establecer un pensamiento único Ante la pregunta de ¿Qué hacer para consolidar el poder? Maquiavelo dice: “Deberá en primer término dedicarse a destruir los partidos, a disolver, dondequiera existan, las fuerzas colectivas, a paralizar en todas sus manifestaciones la iniciativa individual; a continuación, el nivel mismo de temple decaerá espontáneamente y todos los brazos así debilitados, cederán a la servidumbre”. Dos días después de la fiesta del bitcoin en Mizata, la FGR y la PNC desataron la persecución polìtica a oenegés de la sociedad civil y

El caso de la masacre en la UCA toca las fibras más hondas de esta universidad, como lo sabe todo mundo. Por eso quedó claro desde un principio qué buscaban los operadores de justicia del régimen al apropiarse del caso prescindiendo de las víctimas. Esperaban que la Universidad reaccionara inmediatamente ante la petición de declarar nulo el fallo de la Sala de lo Penal, para seguir con su campaña de mentiras y calumnias, pero se equivocaron. Es difícil creer que la justicia les interesa a funcionarios que ocupan sus cargos gracias a la injusticia. Hacer justicia les es ajeno porque han sido impuestos precisamente para lo contrario, para impedirla y ponerse al servicio de la máquina de intolerancia que pretende arrollar a todo aquel que dice la verdad y denuncia las mentiras. Desde el mismo día en que se perpetró la masacre en 1989, la UCA y la Compañía de Jesús dijeron claramente que pedían justicia, no venganza. También dijeron sin ambigüedad que para hacer justicia tenía que conocerse primero la verdad, y que después vendría el perdón. Pero para el régimen y sus asociados esto no es fácil de entender, pues confunden la justicia con la venganza. Ambas son radicalmente distintas: lo propio de la primera es buscar el bien; la venganza persigue dañar. La confusión no es puramente conceptual. Menos aún en un contexto donde se atiza el odio y el desprecio, y se pretende enmascarar con un discurso de justicia el mal que se busca causar. La UCA y la Compañía de Jesús estiman que en el caso del coronel Benavides se ha dicho verdad y se ha hecho justicia. Se ha reconocido judicialmente la responsabilidad de Benavides, él ha pasado más de cinco años en prisión y es un adulto mayor que padece enfermedades crónicas. Ahora, después de la verdad y la justicia, corresponde el perdón. Por eso, en 2017, la UCA solicitó la conmutación de la pena, nunca el indulto, como asegura la maquinaria del régimen. Que funcionarios sin mayor formación no sepan la diferencia, no extraña, pues solo repiten lo que se les ordena. Pero que lo digan quienes están en el máximo organismo de justicia, indigna. El indulto borra la responsabilidad en el crimen, y lo concede la Asamblea Legislativa. En cambio, la conmutación de pena no borra la responsabilidad, sino que la reconoce; y la concede la Corte Suprema de Justicia por las condiciones particulares del sancionado. Además, los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra no son indultables, tal como lo estipula el derecho internacional de los derechos humanos. La UCA está dispuesta a perdonar siempre y cuando se reconozca judicialmente la verdad y se haga justicia. Esto vale para los autores intelectuales de la masacre, sean quienes sean e independientemente del sector al que pertenezcan. Estos matices son irrelevantes para quienes no buscan justicia, sino la manipulación política de la institucionalidad pública. La UCA quiere justicia, verdadera justicia, y ha luchado incansablemente por ello. La actual administración comparte con las anteriores su desprecio por las víctimas. Los Acuerdos de Paz fueron discutidos, aprobados e implementados sin la participación de las víctimas de la guerra. Desde entonces, la impunidad cobró carta de ciudadanía en el país. Casi 30 años después, el Gobierno de Nayib Bukele hace suya esa tradición a través de su fiscal y su Corte Suprema. Ya demostró su desprecio por las víctimas de la masacre en El Mozote y por todas las víctimas de la guerra. Quieran o no, las víctimas en el caso de la masacre en la UCA son los familiares de los asesinados, la Compañía de Jesús y la misma Universidad. Ninguno de ellos ha sido tomado en cuenta por la Fiscalía. Si buscan verdadera justicia, ¿por qué la Fiscalía no ha hecho nada con respecto a las más de 70 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra civil que ha interpuesto el Idhuca desde hace años? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ha actuado ante la denuncia por prevaricato, interpuesta por la Universidad, contra dos magistrados que apoyaron el cierre del caso de la masacre en la UCA? Si buscan verdadera justicia, ¿por qué no se ordena la entrega de todos los archivos militares para esclarecer la masacre en El Mozote y muchas otras barbaries que ocurrieron durante la guerra? Que sectores políticos que siempre han estado en contra de hacer verdadera justicia y que ahora se dan baños de pureza pretendan apropiarse del caso de la masacre en la UCA es despreciable, inhumano. Está tan claro lo que buscan que no es difícil anticipar un final en el que se exonera a los acusados que pertenecen a alguno de los grupo aliados del Gobierno, mientras se condena a otros para alimentar la farsa de justicia. Más allá de estas mezquindades, la UCA seguirá buscando verdad y justicia tanto para este caso como para otros, y seguirá denunciando las artimañas y corruptelas del poder. No la callarán.

Un principio básico de la gobernanza es la subsidiariedad. Así como lo que puede hacer el individuo o la familia no debe ser sustituido por el Estado, tampoco el Estado debe sustituir lo que pueden hacer las instancias sociales más pequeñas. El caso de las alcaldías es típico. Lo que ellas pueden hace no debe ser sustituido por el Estado. Y lo mismo podríamos decir de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que ayude a crear vínculos sociales o persiga el buen funcionamiento de la convivencia ciudadana. Organizaciones locales que defienden sus derechos, asociaciones defensoras de derechos humanos, juntas de administración de aguas o bosques comunales prestan un servicio importante a la vida social de un país. Por supuesto, tienen que ser respetuosas con el marco legal y constitucional nacional. Pero sus aportes no deben ser menospreciados por el Estado. Al contrario, el buen gobierno debe siempre apoyar y facilitar el trabajo de las instituciones y organizaciones intermedias. El mayor enemigo de este principio de subsidiariedad, fundamental para la amistad social y el funcionamiento fraterno y ágil de nuestras sociedades, suele ser el Estado autoritario. A este le gusta ver como a menores e inferiores a todo tipo de organizaciones secundarias. Y tiende siempre a desarrollar un paternalismo y una dependencia que no solo impiden crecer a las instancias sociales pequeñas, sino que reproducen las pautas autoritarias del propio Estado. Se puede decir que sin subsidiariedad no puede haber democracia, porque las personas no solo desean que el Estado regule la convivencia ciudadana en beneficio de todos, sino que permita la creatividad y el desarrollo de los distintos grupos que surgen de modo espontáneo ante las necesidades de la vida social. En El Salvador se está viendo con preocupación una tendencia al centralismo estatal autoritario que no solo daña la subsidiariedad, sino que incluso agrede a toda institución que critica las deficiencias del Estado y a sus poderes constituidos. Una muestra de este deseo de control es la reducción del Fodes a las municipalidades y la constitución de un organismo estatal central de desarrollo municipal que determine y controle el uso de los fondos dedicados a las alcaldías. La ley de agentes extranjeros es otra muestra de la incapacidad del Estado de dialogar con instituciones intermedias y buscar el bien común junto a ellas. Con el agravante de que es una ley orientada a severos controles ideológicos y punitiva para quien disienta de los gustos arbitrarios del Estado. La subsidiariedad no funciona así. Históricamente, los políticos salvadoreños han tratado de funcionar uniendo de un modo autoritario el poder y el capital. Cuando se ha intentado aumentar la participación ciudadana y los poderes establecidos perciben en ello una reducción de sus capacidades de control social, las respuestas suelen ser agresivas. En la situación actual, el Gobierno ha pactado con un serie de personas o grupos económicamente poderosos, al tiempo que busca imponerse en todos los demás campos, olvidándose del papel importante de las organizaciones intermedias y, por supuesto, del principio de subsidiariedad. Produce con ello una severa limitación a la riqueza social del país. Y no conviene engañarse: sin riqueza social no habrá riqueza económica. Además, al cambiar el diálogo por la ofensa y la mentira contra quienes piensan diferente, el propio Gobierno comienza a cavar la fosa de su desprestigio y fracaso. Algo lamentable dado que tiene capacidad de hacer bien algunas cosas. Si dialogara, en vez de imponerse con la amenaza y el insulto, tendría muchas más posibilidades de reconocimiento. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La salud es uno de los temas que más preocupan a la población salvadoreña, no solo debido al covid-19, sino también por otras enfermedades de larga data e incidencia: insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, distintos tipos de cáncer. Enfermedades que se conjugan con las enormes dificultades que enfrentan las mayorías para recibir adecuada atención y tratamientos médicos, tanto en la red de salud pública como en el Instituto del Seguro Social. El cierre de facto de las escuelas debido a la voluntariedad de la asistencia a clase y la implementación de la educación a distancia está impactando en el aprendizaje de los niños, generando un mayor rezago educativo y obstaculizando el desarrollo de habilidades sociales, lo que tendrá graves consecuencias para estas generaciones. La entrega de equipos tecnológicos, la formación en educación en línea para los maestros, los programas educativos televisivos y la elaboración de guías de aprendizaje no han logrado mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje al nivel prepandemia. En general, el costo de la vida se ha disparado considerablemente en lo que va de este año, golpeando de manera clara la economía familiar. Han subido los precios de los alimentos, la gasolina, los servicios básicos, con lo que el aumento al salario mínimo ha quedado neutralizado. Decenas de miles de salvadoreños no tienen otra alternativa que viajar hacinados en el transporte público, especialmente en las horas pico; viajes que se eternizan por el creciente caos vehicular y los congestionamientos. Por su lado, los empresarios del sector vuelven a reclamar un incremento en las tarifas, asegurando que la disminución de la demanda, el alza del precio de los combustibles y los costos de operación hacen inviables a sus empresas. La criminalidad campa a sus anchas. Las extorsiones están a la orden del día; sus montos se han incrementado, así como la presión para pagarlos. Se ha incrementando también el número de personas reportadas como desaparecidas; una situación que parece no preocupar a las autoridades. Estas no solo han ignorado el hecho, sino que han tenido la desfachatez de culpabilizar del delito a las propias víctimas. El encuentro de diversas fosas clandestinas evidencia con crudeza que el control de los territorios y la baja de homicidios son solo un mito, un recursos publicitario. Pese a su gravedad y ubicuidad, estas realidades de las familias salvadoreñas no encuentran eco en las autoridades. Sus intereses y prioridades parecen estar puestos en otros grupos: los surfistas, los dueños de mascotas o los fanáticos del bitcóin; y en otros temas: acabar con las ONG que han suplido los déficits del Estado en la atención a la población más vulnerable, ahogar a los municipios disminuyendo sustancialmente su financiamiento, apropiarse de los fondos de cooperación internacional, expropiar con facilidad, acusar falsamente, acosar a quienes defienden los derechos humanos y el sistema democrático. Ya lo decía un refrán castellano muy antiguo: “Cosas veredes, amigo Sancho, que harán hablar a las piedras”.

23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN 23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN 23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La violencia contra la mujer es un problema mundial. En El Salvador, el hecho de que la mayor parte de las víctimas de violaciones o desapariciones sean niñas y adolescentes muestra una fuerte tradición de abuso que no se ha podido frenar y que en la mayoría de los casos queda en la impunidad. Es muy común, además, el acoso, tanto presencial como virtual; se encuentran ejemplos en la calle, el transporte público, la empresa y las oficinas gubernamentales. No faltan los funcionarios que exhiben un machismo insultante y desvergonzado en las redes sociales. Enfrentar con claridad las diversas formas de violencia contra la mujer no solo es signo de civilización y decencia humana, sino una de las maneras más eficaces de romper con la tendencia del fuerte a abusar del débil. Superar en el país esta enfermedad social pasa, en primer lugar, por reconocer el pésimo estado de la cuestión. Aunque a nivel legal ha habido indudables avances en los últimos años y organizativamente la experiencia de Ciudad Mujer ha sido positiva, los homicidios de mujeres no disminuyen de forma significativa y las denuncias de violencia sexual en la Fiscalía oscilan en torno a los 6 mil casos al año. Si las alarmas se encendían cuando los homicidios en general alcanzaban o superaban la cifra de 80 por cada 100 mil habitantes, la violencia sexual llega a esa misma proporción sin causar mayor reacción. Esto a pesar de que estudios realizados en diversos países señalan que por cada denuncia de agresión sexual contra la mujer hay al menos cuatro que no se denuncian. El machismo expresado en bromas, comentarios y frases de doble sentido goza de excesiva tolerancia en la sociedad salvadoreña, lo que propicia un ambiente que le resta importancia a la igual dignidad de la persona y favorece el irrespeto. La impunidad dominante frente a los delitos de violencia sexual muestra un sistema fiscal y judicial incapaz de enfrentar esta plaga. La formación escolar no aborda en serio el problema; peor aún, la propia escuela suele ser lugar donde se inician los abusos. La presencia de mujeres en los cargos de decisión estatal es muy escasa. Y no faltan los hombres que tratan de relegar a las mujeres, especialmente a las bien preparadas, a puestos secundarios. Cambiar esta cultura machista es uno de los desafíos que todas las instituciones en el país, públicas o privadas, deben enfrentar. Sin transformar esta cultura deformante y atentatoria de la dignidad humana no habrá auténtico desarrollo humano, ni coherencia con la democracia, ni respeto a los valores constitucionales de bien común y justicia social.

Los servicios de inteligencia han dejado al régimen de los Bukele a merced de “fuerzas oscuras” y “agentes externos”. Unos agentes que, según el vicepresidente, “siguen lineamientos estructurados con recursos bélicos y financieros” y, según el oficialismo, ejecutan acciones “misteriosas” que responden a “intereses oscuros o mezquinos”. El fiscal, tan perdido como sus colegas, solo acierta a advertir “una serie de amenazas, principalmente de gente anarquista que en un determinado momento puede afectar la seguridad […] gente que está siendo influenciada o puede ser influenciada para atentar contra las autoridades”. El jefe del Estado Mayor, que debiera estar al tanto de la situación, tampoco sabe identificar a esas fuerzas, que “estarían contando con financiamiento externo”. La inteligencia del régimen es tan incompetente que, pese a ser tan peligrosas, desconoce la identidad, los planes y las fuentes de financiamiento de esas fuerzas. La ignorancia costó la vida a más de 40 personas en 72 horas. ¿O será más bien que esas fuerzas son tan poderosas que están fuera del alcance de cualquier servicio de inteligencia medianamente competente? Según la narrativa presidencial, el país habría caído en sus garras y ellas serían las responsables de los 47 asesinatos perpetrados en tres días. Unas fuerzas de esa índole solo podrían ser contrarrestadas por otra de igual naturaleza, pero de signo contrario. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido, según la interpretación presidencial. Los homicidios desaparecieron tan oscura y misteriosamente como comenzaron, 24 horas después del despliegue del Ejército y la Policía. Esos instrumentos de la luz habrían realizado “múltiples capturas” y habrían hallado “maletas con grandes cantidades de dinero”. Al frente de estas fuerzas de la luz se encuentra el mismo Bukele. “Dios está con nosotros y nos lo volvió a demostrar, permitiéndonos recuperar el orden”, dijo. Así, pues, el país es escenario de una nueva versión de La guerra de las galaxias, donde las fuerzas de la oscuridad, caracterizadas por la perversidad, la destrucción y el miedo, confrontan a las fuerzas de la luz, creadoras de valor, de tranquilidad y de rectitud. La narrativa presidencial es tan fantástica como incoherente. Las innominadas “fuerzas oscuras” no son otras que los “enemigos antiguos, pero con nuevos aliados y financiamiento”, que “quieren que nuestro país regrese al pasado. De hecho, estos tres días de violencia fueron iguales a los tres días normales de los Gobiernos anteriores”. Claramente, se trata de Arena y del FMLN, el sumo de la maldad y la perfidia, ahora aliados con Washington. Ellos serían los responsables de los homicidios. Pero estas fuerzas de la perdición se dieron de bruces con un Bukele imbuido de sabiduría, de nobleza y de bondad irrebatibles, que las habría derrotado. En realidad, Arena y el FMLN están arruinados y sin rumbo desde hace tiempo. En la actualidad, no tienen capacidad para cometer semejante crimen. El misterio que rodea las capturas y la discrepancia sobre el destino de “las grandes cantidades de dinero” halladas ensombrecen el portento de las fuerzas de la luz. Según la Policía, es el rescate de un secuestro; según Bukele, es de las fuerzas del mal. La narrativa embrolla lo extraterrestre con lo terrenal. La fugacidad de la curva de homicidios sugiere la existencia de una veda para matar, que así como se levanta, se implanta de nuevo. Las pandillas utilizan los asesinatos para presionar el cumplimiento de lo pactado o para exigir nuevos privilegios. La elevación de los homicidios a la esfera cósmica oculta la crisis de Bukele con las pandillas al mismo tiempo que lo proyecta nacional e internacionalmente como un mandatario que controla con mano firme a las fuerzas de averno. Si esto último fuera cierto, pudo haber evitado el derramamiento de sangre. En cualquier caso, sacrificar vidas humanas es deleznable y patibulario. Si algo queda claro es que el régimen no controla el territorio. Las pandillas deciden cuándo subir o disminuir los homicidios, mientras la extorsión y las desapariciones continúan inalteradas su curso. La verdadera lucha de Bukele no es contra Arena y el FMLN, ni contra sus críticos y los descontentos, sino contra las pandillas. Más aún, está en desventaja, porque aquellas tienen la iniciativa, a pesar de la millonaria inversión en el Ejército y la Policía. De ahí que esté en lo cierto al reconocer la necesidad de “mejorar nuestros equipos de inteligencia y rastreo para que esto no vuelva a pasar”. La interpretación presidencial del precario estado de la seguridad ciudadana en términos similares a los de La guerra de las galaxias oculta el conflicto verdadero e inviste a Bukele de poderes prodigiosos. Y de paso, alimenta el odio contra unos enemigos ya vencidos e intenta atemorizar al creciente descontento popular, el caldo de cultivo de la oposición política. Irónicamente, las pandillas se mueven en la misma oscuridad que los Bukele. Ambos ocultan el rost

Si por acaso el oficialismo perdiera diputados, el régimen de los Bukele quedaría muy debilitado. Si perdiera la mayoría, sería inviable. La defección de una cantidad significativa de diputados lo despojaría de la aplanadora legislativa. La presidencia, que hasta ahora parecía granítica, muestra fracturas. La deserción alerta sobre la inviabilidad del ejercicio autoritario del poder de los Bukele. Los diputados no han salido tan dóciles como el gabinete. En los escaños oficialistas de la legislatura circulan corrientes subterráneas de descontento. Algunos de sus dueños exploran la posibilidad de declararse independientes. Al menos tres han sondeado las condiciones de la deserción. Aparentemente, no serían los únicos. Las fuentes de la prensa hablan de entre 15 y 25 diputados, y de varios intermediarios en competencia por la cantidad de descontentos que pueden arrastrar. Prescindiendo de la exactitud de los datos, la oferta de desertores indica la extensión y la profundidad de la insatisfacción en los escaños oficialistas. Al parecer, habrían pensado rechazar el proyecto de presupuesto para protestar por el trato que reciben. Una fuente anónima del oficialismo asegura que desde hace un mes los suplentes votan en el pleno debido al malestar de los propietarios. No se trata, por tanto, de una provocación externa. Y aunque lo fuera, esta es eficaz en la medida en que hay quienes se dejan provocar. Los motivos del descontento, recogidos por la prensa, son reveladores. Muchos llegaron a la legislatura con la idea de aprovechar el escaño para comenzar su carrera política, pero el autoritarismo de Casa Presidencial no se los permite. Solo pueden asentir, aplaudir y salir en la foto. Ni siquiera les han facilitado recursos económicos para saldar las deudas de la campaña electoral. La mayor parte de la asignación se la queda el partido. En esas condiciones, temen ser diputados de una legislatura, pues seguirán siendo tan desconocidos como antes. Si llegaran a continuar, sería por aquiescencia de los Bukele, no por méritos propios. Es comprensible que la frustración de sus ambiciones los empuje a buscar otras opciones. El oficialismo es ingrato. Les concedió un escaño y sus privilegios, pero les ha anulado la individualidad. No le interesan ni sus opiniones, ni sus sentires, solo su voto. Ciertamente, todos deben la curul a la popularidad de Bukele, ya que eran unos perfectos desconocidos, tal como les echó en cara el testaferro del régimen en la legislatura. Aun así, accedieron al escaño con la ilusión de figurar en la política nacional. Se equivocaron totalmente. Han descubierto con amargura que se vendieron por un plato de frijoles que les sabe a poco. La gratitud por el escaño otorgado ya no contrarresta la desazón. Están dispuestos a abandonar al benefactor, a pesar de la deuda contraída. La reacción de este ha sido fulminante y arbitraria. Dos de los diputados identificados, gracias a la filtración de la grabación de una las conversaciones, han sido reemplazados por suplentes. Las intenciones de los posibles desertores no son tan limpias, tal como insinúan sus motivaciones. Se subieron al carro del Estado para medrar y vivir mejor a costa de los impuestos de la ciudadanía. También ellos llegaron para quedarse. Así, el malestar legítimo se mezcla con ambiciones inconfesables. Cerrada la puerta del oficialismo, buscan pescar en otros mares. “No me voy a meter al agua sin saber nadar, que me mande un salvavidas” dice uno de ellos. La deserción no está motivada por razones éticas, sino que tiene un precio: “¿Qué quieren y qué número piden y qué es lo que ofrecen?”. Las preguntas están dirigidas a quien puede pagarlo. A juzgar por lo que solicitan a cambio, el interlocutor es la embajada de Estados Unidos. La diatriba de Bukele contra ella no se hizo esperar. Las potencias imperiales no se caracterizan por la ética política. Washington tiene una larga y vergonzosa historia de intervención en la región. Sin embargo, todas sus intervenciones fueron solicitadas por sectores internos o contaron con su connivencia. Los diputados descontentos no son la excepción. La embajada provoca, porque hay quienes están en disposición de ser provocados. Así lo prueba el precio de la deserción: exclusión de la lista Engel, residencia o ciudadanía estadounidense, y asistencia económica para las municipalidades. Un precio alto, por cierto. Los descontentos también quieren emigrar, eso sí, de forma segura. No están muy convencidos de la nación que construyen con sus votos. Por otro lado, sus ambiciones revelan la clase de diputados del oficialismo. En nada difieren de sus antecesores. En lugar de emprenderla contra la embajada, Bukele debiera prestar atención al impacto de sus acciones en sus propias filas. A primera vista, la disidencia del oficialismo legislativo está en desventaja frente a los Bukele. Sin embargo, posee más poder del que parece, pues puede despojarlos de la mayoría legislativa, una pérdida muy costosa y con consecuenci

La historia de la UCA evidencia que es una institución que no critica por criticar, sino para defender al pueblo salvadoreño de los abusos del poder y promover un modelo de sociedad democrática, en la que primen la verdad, la justicia, la equidad, la solidaridad con los empobrecidos, el bien común, los derechos humanos y la defensa de la Casa Común. Principios y valores coherentes con la visión cristiana de la vida y a los que la UCA no puede renunciar sin dejar de ser fiel a su misión. La Universidad critica ante el mal que causarán a la población ciertas políticas y acciones gubernamentales concretas. Critica para señalar errores que deben ser enmendados. Todo régimen autoritario y sin vocación democrática da por supuesto que está en posesión de la verdad y dice actuar por el bien del pueblo que gobierna. Por ello, siempre rechaza la crítica, por muy bien fundamentada y razonable que sea, considerándola como parte de una conspiración en su contra. Un régimen dictatorial o autocrático necesita el poder absoluto y el control de la ciudadanía y de las instituciones para que acepten, aun a regañadientes o a la fuerza, su proyecto de Estado totalitario. Si no tiene más remedio, las hará desaparecer a fin de sostenerse y realizar sus planes. El ejemplo más cercano es el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el FSLN en Nicaragua, que ha encarcelado a más de 200 personas por sus opiniones, incluyendo a los principales líderes políticos; ha eliminado la persona jurídica de los partidos que no ha podido alinear a su proyecto dictatorial; y ha organizado una farsa electoral rechazada masivamente por la población y la comunidad internacional democrática. Frente a un régimen de este tipo, que conculca las libertades, irrespeta los derechos fundamentales y no se somete a ningún control, las personas e instituciones que tienen en su razón de ser la libertad y la democracia, y que por tanto asumen la defensa de los derechos humanos, el respeto a la ley, la búsqueda de la justicia social y el bien común, no pueden callar, y por eso resultan molestas. Para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos, son imprescindibles la crítica, la libertad de expresión, el poder decir lo que se sabe y piensa sobre cualquier tema sin temor a ser castigado. La defensa de estos principios y valores, y la fidelidad a la verdad llevan a señalar las mentiras y engaños de los poderosos y las autoridades; a denunciar cuando los fines del poder político y económico no son los que se dicen perseguir, sino otros; a pronunciarse sobre la bondad o la perversidad de las acciones del Estado. Ante ello, la respuesta de un régimen dictatorial es siempre que los críticos están equivocados, que tienen objetivos aviesos, que mienten o que no son capaces de darse cuenta de las bondades de su trabajo. Para sortear la crítica, lo más propio de un régimen autoritario es amordazarla, impedir que se investigue, que se desenmascare la mentira. Y esto es precisamente lo que pretende el anteproyecto de ley de agentes extranjeros que se discute en la Asamblea Legislativa: poniendo obstáculos a la cooperación internacional, impedir el trabajo de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Pero la ceguera del poder les impide darse cuenta de que las personas e instituciones que tienen convicciones profundas no callan nunca, y que están dispuestas a seguir luchando en defensa de sus principios, hasta dar la vida si es necesario, como lo hizo san Óscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande y los jesuitas de la UCA.

Hace 32 años, seis jesuitas y Celina y Elba Ramos fueron asesinados por miembros del Ejército por órdenes del Alto Mando y del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ignacio Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín López y López trabajaban en la construcción de la paz, promovían el diálogo entre las partes en conflicto, defendían los derechos de los pobres y ponían racionalidad en la locura de una guerra en la que se derramaba sangre fraterna. Tres décadas después, ¿nos dicen algo para el hoy que vivimos? Quizás a la gente dedicada a la vida fácil del dinero, el consumo o el poder no les digan gran cosa. A los cristianos conscientes de lo que significa Jesús de Nazaret y su Evangelio, sin duda les dicen mucho, porque quienes entregan la vida en defensa de la paz y la fraternidad tienen en la Iglesia un significado permanente. Sin duda, los que ansían imponerse sobre los demás y aman al dinero más que al prójimo no tienen mayor palabra al respecto. A lo sumo, mencionan a los mártires para usarlos contra aquellos que son críticos con el poder. Pero si entramos en el ámbito del estudio y la racionalidad, las víctimas del pasado siempre enseñan el camino para construir un mundo mejor, sin abusos, sin odios y, en la medida de lo posible, sin víctimas. Un mundo capaz de enfrentar a los victimarios, sean quienes sean. Ante las enormes deudas con los graves crímenes del pasado, las víctimas siguen clamando contra una justicia inexistente o plagada de trampas e impunidad. Los jesuitas y Elba y Celina, víctimas repetidas veces de un sistema judicial cobarde e ineficiente, muestran que ese sistema es hoy más corrupto, dependiente de la política y ajeno a la obligación de cumplir con sus responsabilidades. Además de clamar en favor de la justicia, los mártires nos dicen que no es posible vivir ni desarrollarse humanamente en una sociedad que promueve el odio y el grito. Nos recuerdan que todos debemos tener la valentía de construir una convivencia pacífica y defender principios democráticos básicos como la independencia judicial, el acceso a la información pública y la defensa de los derechos humanos. Como algunos de ellos eran pensadores y amantes de la filosofía, nos recordarían que Aristóteles hace dos mil trescientos años decía que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Los mártires de la UCA, pues, hablarían con verdad y con libertad, al tiempo que propondrían, desde el estudio y la racionalidad, caminos de diálogo y solución para los problemas nacionales. Por eso siguen siendo un estímulo para todos en la construcción de una sociedad más justa.

El octavo mandamiento de la ley de Dios de la tradición judeocristiana afirma: “No darás falso testimonio ni mentirás”. La norma busca regular las relaciones humanas para que estén fundamentadas en la verdad, lo que constituye la base para una sociedad en la que hay confianza y justicia. El falso testimonio puede conllevar graves consecuencias, como desprestigiar a una persona o un grupo, generar conflictos, condenar a personas inocentes. No en vano es obligatorio que todo testigo se comprometa a decir la verdad antes de testificar ante un juez: sin esa premisa, los testimonios no tienen ningún valor y no pueden ser tomados en cuenta. La mentira hace daño tanto al que la dice como al que la recibe. A la persona que la recibe porque la información falsa le impide tomar decisiones atinadas y oportunas. A la persona que la emite porque a la larga acaba sin credibilidad ante los demás. El daño es mayor en la medida que mayor es la autoridad o cargo de la persona que miente, pues esa posición facilita que sus afirmaciones sean aceptadas como verdades. Ese potencial dañino se ha incrementado exponencialmente gracias a las redes sociales. Por ellas circula gran cantidad de mentiras y falsos testimonios que mucha gente, demasiada, da por ciertas sin ningún atisbo de duda. En El Salvador, mentir se ha convertido en norma común de comportamiento de gran parte de las autoridades. Mienten con ahínco, a diario, a fin de hacer creer a la población que la realidad es distinta a como se percibe. Y como parte de esa estrategia, para evitar que las mentiras sean descubiertas, se oculta la verdad. De ahí la larga lista de temas y materias que han sido declarados como “información reservada”. Uno de ellos es el bitcóin. En diversas ocasiones y por diversos medios las autoridades han afirmado que la subida del precio del bitcóin ha generado varios millones de ganancia en el fideicomiso creado para su implementación como moneda de curso legal. Sin embargo, porque ha declarado reservada toda la información sobre los movimientos de dicho fideicomiso, no hay posibilidad alguna de averiguar si es cierto o no que hay ganancias. Si fuera verdad, se mostrarían las cuentas que lo evidencian. ¿Por qué un Gobierno tan afecto en exhibir logros ocultaría las pruebas de uno de ellos? La única respuesta plausible: está mintiendo. Dar a conocer la verdad es una tarea que le corresponde por oficio al sistema judicial, pero también a algunas instituciones de la sociedad civil, como los medios de comunicación social y los centros de pensamiento. Por ello resultan tan incómodos para el poder abusivo y autoritario. Toda dictadura busca eliminar la independencia del poder judicial y silenciar a cualquier voz independiente y crítica, pues son obstáculos para mantener un estado de mentira y de ocultamiento de la verdad. A este respecto, el Gobierno salvadoreño se está retratando con crudeza.

Desde que se conoció que el gobierno de Bukele tiene contratados a asesores venezolanos, lo que fue noticia pasó a ser parte de la cotidianidad y no ha dejado de aparecer constantemente en la coyuntura nacional. Una muestra de ello fue la referencia directa a la supuesta líder de los asesores que se hizo en carteles en las multitudinarias marchas de septiembre y octubre. El tema también ha pasado a formar parte de las conversaciones coloquiales que llegan a asegurar que ellos y ellas-los asesores- tienen poder de decisión sobre temas de país. Lo cierto, de acuerdo a las investigaciones de El Faro y de lo que se ha ido conociendo desde las diferentes áreas del gobierno en las que actúan los asesores, es que estos personajes no están por encima del presidente ni del círculo de sus hermanos, pero sí de los miembros del gabinete. Los asesores venezolanos serían ejecutores de las decisiones del presidente y de ese círculo. La lideresa del grupo sería el máximo enlace entre el presidente y los asesores que, a su vez, transmiten las decisiones a los miembros del gabinete. Sin embargo, si los asesores venezolanos no toman decisiones, sino que solo ejecutan lo mandado por el presidente, ¿Por qué no encomendar esa ejecución a los funcionarios salvadoreños? La respuesta puede estar en un profundo desprecio a lo nacional y en la desconfianza del presidente en los funcionarios de su gabinete. Un personaje que solo se encargue de ejecutar las órdenes recibidas, una especie de mercenario de la política, es mejor si es extranjero. El no nacional no tiene compromisos con el país, no aspira a candidaturas de elección popular, no teme que cuando deje de ser funcionario la ciudadanía o el mismo Estado le pase factura. Termina su contrato y se va. Por eso su lealtad no depende más que de una buena paga por la que se vende y que, además, es costeada con dinero de todos los salvadoreños. Si además de esto, su paga y condiciones de trabajo son secretas, no corren el riesgo de salir trasquilados. Esta también sería la razón del porqué el presidente no es aficionado a rodearse de gente capaz y con criterio propio en su gabinete, para que nadie pueda llegar a opacar su liderazgo. Pero la no valoración de lo nacional no se remite solo al tema de los asesores. Esto no es solo porque el presidente no es una persona popular, que no le gusta la calle, ni pisar los mercados, ni tocar a la gente de a pie, ni cargar niños. Es porque en el fondo parece no tener un compromiso real con la población salvadoreña. En lo que va de su mandato, casi dos años y medio, no ha dado una entrevista a ningún medio nacional que no repita lo que su gobierno quiere. Tampoco ha dado entrevistas a periodistas internacionales caracterizados por la acuciosidad de sus preguntas. El presidente prefiere pagar influencers, youtubers, que tienen muchos más seguidores que cualquier medio nacional, traerlos de fuera del país, hacerlos acompañar con su escolta y que le pregunten lo que sus comunicadores les dictan. Al único entrevistador de una cadena internacional que le concedió una entrevista fue a un aliado del expresidente Donald Trump, antiinmigrante como él, y que en un juego de palabras apoyó la frase del exmandatario norteamericano cuando aseguró que El Salvador, junto a Haití y a naciones africanas, eran países de mierda. Con esto, queda claro que al Gobierno no tiene respeto ni le interesa rendir cuentas a su propia gente. Aparte de buscar los votos y obsesionarse con que la diáspora siga apoyándolo, el gobierno de Bukele no ha dicho ninguna palabra en defensa de los migrantes, ni siquiera cuando sus derechos fueron violados flagrantemente en la frontera sur de los Estados Unidos en julio del 2019. De hecho, fueron voces al interior de los Estados Unidos, incluyendo la de la congresista Ocasio Cortez, las que denunciaron el trato inhumano a los migrantes detenidos por el gobierno de su país. Al contrario, Bukele aceptó, sin objetar absolutamente nada, las medidas migratorias draconianas de Trump -piénsese solo en el acuerdo de tercer país seguro- a cambio del respaldo político del magnate norteamericano, con quien el presidente salvadoreño sentía gran afinidad. Su inclinación por valorar más lo no nacional se extiende también a pretender solucionar los problemas de fiscalidad del país con una criptomoneda extranjera que ha impuesto como moneda de curso legal en contra del sentir de la mayoría de la población. En fin, las palabras hay que cotejarlas con las medidas que se toman de hecho. En ellas descubrimos que el amor que se dice profesar por el país no pasa el examen de realidad. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 68.

La ministra de turismo dice trabajar para proporcionar al turista una experiencia de primer nivel. Aun cuando así fuera, el objetivo es inalcanzable, excepto en enclaves pequeños y exclusivos. En cualquier caso, los turistas tendrían que ser trasladados por vía aérea para ahorrarles la experiencia de circular en el caos del transporte terrestre, de recorrer calles agujereadas e irregulares, y de observar el bullir de la miseria. Mientras la funcionaria construye la experiencia de primer nivel, sus colegas no solo se desentienden de unos recursos naturales bastante devastados, sino que facilitan la profundización de la depredación en aras del progreso. Algunos proyectos de infraestructura como vías de comunicación o escenarios deportivos, o como el bitcóin y la Chivo, son también enclaves, que conviven con servicios públicos descuidados o en ruinas, un medioambiente insalubre, el desempleo, las desapariciones, las extorsiones y la emigración. El entorno hace de la declaración ministerial simple propaganda para entusiasmar a unos creyentes que toman la parte por el todo; extrapolan los enclaves de primer nivel al país. El dictador de Corea del Norte juega con misiles balísticos hipersónicos mientras pide a su gente comer menos para enfrentar la crisis alimentaria. Bukele sueña con un satélite. Una fantasía más, ya que el nivel educativo y tecnológico del país no está preparado para esa clase de empresas. Más asequible es el Chivo Pets, un centro asistencial público para animales, financiado con las supuestas ganancias del bitcóin. La aberración es muy similar a la norcoreana, que apuesta fuerte en geopolítica mientras la mayoría de su gente padece hambre. Las experiencias de primer nivel de Bukele están rodeadas de precariedad, miseria y violencia. Puede objetarse que el turismo trae divisas, muy necesarias para mantener en circulación el dólar, pero esa no es la cuestión, sino la sabiduría de crear espacios privilegiados que excluyen a la mayoría de la población. El primer nivel debe ser para esa mayoría, y su construcción puede comenzar por la educación, la salud y el empleo. Son proyectos de mediano y largo plazo. Por tanto, proyectos de Estado, no de un mandatario. Las metas de primer nivel requieren amplitud de miras y compromiso con la gente. Pero Bukele ha reservado ese nivel al Ejército, que se lleva el mayor incremento del presupuesto del próximo año, aun cuando el país no está en guerra. Otro sector igualmente privilegiado, según revela la información periodística, es el de la familia Bukele, sus socios y sus allegados. La información que se filtra con dificultad delata que ellos monopolizan la inversión pública, las concesiones y la corrupción. El ascenso del oficialismo actual muestra la gran habilidad de los oportunistas para medrar. Se dan maña para alinearse en el bando ganador. El alineamiento no es ideológico. De hecho, no hay ideas. De ahí que un diputado pregunte, muy seguro de sí mismo, si “los pagos en efectivo realmente se hicieron en efectivo”. Los parásitos proliferan donde vislumbran oportunidades para hacer dinero fácil. Por tanto, el oficialismo no debiera sorprenderse de que algunos de sus diputados se ofrezcan a otro que pague más que Bukele. Y este no debe culpabilizar a terceros, sino subir su oferta si desea conservar la aplanadora legislativa. La debilidad está en sus propias filas, no en el exterior. El no tener ideas, una supuesta virtud que sirvió de carta de presentación, ahora resulta un vacío peligroso. Es la misma “democracia” de siempre. No es necesario retornar a ningún pasado, porque este es todavía presente. El nuevo comienzo, el primer nivel y la democracia son expresiones sin contenido ni compromiso. El oficialismo no representa ni sirve otros intereses que no sean los suyos. El error garrafal de los diputados cyan no ha sido salir al mercado, sino intentar ingresar en un nivel que los Bukele se han reservado. Olvidaron que no tienen más competencias que las que estos les asignan. La ambición pudo más que la cláusula de exclusividad del contrato firmado con ellos. En cualquier caso, el conato de deserción evidencia la enorme debilidad interna del régimen. Sus diputados, sus magistrados y jueces no militan en sus filas por convicción, sino por dinero y por privilegios, como los vehículos que el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia repartió entre los leales. La ambición no conoce la ética ni la circunspección. En una palabra, los peones del régimen no son de fiar. Desertarán si alguien ofrece más. El régimen lo sabe y por eso los espía. Así descubrió las conversaciones delatoras. Hacer pasar la parte como el todo oculta la realidad y proyecta la falsa sensación de que el país avanza en la dirección deseada. Pero los únicos que avanzan y prosperan son los asociados a la parte. Los demás, la mayoría, se hunden en sus desventuras. Aquellos que piensan que avanzan con la parte descubrirán su equivocación si miran con honestidad a su alrededor. * Rodolfo C

Como se sabe, el pasado 17 de octubre se realizó una numerosa manifestación en contra de los tres poderes estatales. Ciertamente, el número de asistentes fue menor a la sucedida el 15 de septiembre. Sin embargo, a juzgar por las imágenes y videos que circularon por medios de comunicación y por redes sociales, la protesta, pese a retenes policiales que obstaculizaron la afluencia desde el interior del país,1 logró convocar a una multitud. Al igual que las acciones de septiembre, la de aquel domingo congregó a una multiforme oposición. Feministas, víctimas del conflicto armado, representantes de iglesias evangélicas, activistas LGTBI, sindicalistas, jueces, residentes en Estados Unidos, entre otros. Del mismo modo ocurrió con las causas y reivindicaciones abanderadas por las personas manifestantes: descontento frente a la privatización del agua, preocupación y repudio ante las desapariciones, exigencias de justicia para las víctimas de Chalchuapa y las del conflicto armado, rechazo a la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, rechazo al irrespeto de la Constitución, así como a la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Esas y otras causas más. Una de las primeras dudas que emergen tras estos hechos políticos, tal como ya se ha sugerido en este semanario y en otros espacios, es el rumbo y el talante de la oposición. En otras palabras, plantea un desafío para la población organizada en las diversas expresiones de resistencia. Dicho desafío se manifiesta en dos direcciones. La primera, discernir la estrategia y, fundamentalmente, la discusión del país que se busca construir. Es decir, más allá de señalar los errores, negligencias y abusos del gobierno, que es necesario, requerirá de un esfuerzo por proponer un proyecto colectivo, inclusivo y que atienda las verdaderas necesidades de las mayorías. Un esfuerzo político que garantice el respeto a la Constitución. Esto sugiere el segundo desafío: trascender de las demandas sectoriales, específicas y pasar a una unidad que busque el bien común. ¿Cuál es o será ese punto de encuentro? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Qué capacidad de diálogo existe entre estos sectores? Evidentemente, son dudas e interrogantes que quedan tras la muestra del descontento y que, probablemente, no tendrán respuesta en el corto plazo. Por su parte, la reacción del oficialismo también evoca una serie de preguntas. Algunos indicios, además de constatar el semblante autoritario, despiertan otras dudas y, en consecuencia, provoca pensar o conjeturar posibles escenarios. Una de esas reacciones que más llama la atención es el decreto de “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, promovido por diputados del partido Nuevas Ideas. La disposición, aprobada el pasado 20 de octubre, tiene como objetivo prohibir toda concentración masiva ya sea de carácter público o privada. Asimismo, faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para actuar de oficio ante el incumplimiento del decreto y, a su vez, sancionar e incluso procesar penalmente a quienes convoquen a tales actos. Sin duda, es normal que un país, en medio del contexto global pandémico, busque proteger a sus habitantes. Ahora bien, ¿La disposición aprobada el 20 de octubre está centrada en controlar la propagación del virus? ¿Existe un trasfondo en ese decreto? Y es que la narrativa oficial (y voces afines) lleva a sospechar, y cuestionar, que las motivaciones de ese decreto no radican, únicamente, en asuntos relacionados a la salud pública. De ser así, hace tiempo hubiesen regulado, con medidas más drásticas y efectivas (aunque poco populares), eventos deportivos de gran convocatoria; por citar solo el mayor de los ejemplos. Como ya han apuntado algunas voces críticas, el decreto busca silenciar, e incluso, criminalizar el descontento social. Si bien es cierto, representantes de la bancada oficialista señalaron que no persiguen prohibir marchas, dada la correlación institucional de la actualidad, construida a la medida, no es arriesgado sospechar que las motivaciones del decreto son otras y que las consecuencias pueden atentar contra derechos esenciales. Toda esta reacción lleva a especular acerca de la lectura que ha realizado tanto el gobierno y sus apéndices. Sugiere pensar que la popularidad del presidente y de su partido están a la baja. Hace pensar que existe temor a la crítica, al diálogo transparente y a los reclamos de la población. En fin, al descontento social que crece y que cada vez se hace más evidente en los distintos canales de expresión. Reiteradamente, las autoridades y sectores afines han demostrado que estas acciones políticas han impactado. En definitiva, la coyuntura sugiere dudas y reclama desafíos a la oposición y al sector oficial. A la primera, le anuncia la necesidad de crear, a base de mínimos acuerdos, un proyecto político que denuncie, proponga y represente. A los poderes del Estado, en cambio, les demanda una actitud de respeto y escucha

Los nicaragüenses han sido convocados a asistir a las urnas el 7 de noviembre para una elección sin contrincantes. Daniel Ortega y su régimen se han encargado de anular a todos los candidatos relevantes provenientes de movimientos ciudadanos y partidos políticos democráticos, quitándoles sus derechos políticos, metiéndolos en la cárcel o sometiéndolos a arresto domiciliario. Por ello, lo que tendrá lugar en Nicaragua el próximo domingo es una verdadera farsa electoral en la que ya todo está decidido y en la que, una vez más, Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamarán vencedores. Cuando Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua, a principios de 2007, ya lo hizo sin contar con el voto de la mayoría de la población. En aquel momento, volvió al Ejecutivo con apenas el 38% de los votos, sin necesidad de una segunda vuelta gracias al pacto corrupto con Arnoldo Alemán. Un pacto que estableció que ganaría la presidencia el partido más votado, aun cuando no alcanzara la mitad más uno de los votos; bastaría con que en primera vuelta lograra alcanzar el 35% de los sufragios y que la diferencia con el segundo partido más votado fuera de 5 puntos. Según el acuerdo, Ortega y Alemán se repartirían el poder: el primero controlaría el Ejecutivo y el segundo, el legislativo. Pero una vez en la presidencia, Ortega acusó a Alemán de corrupción y lo metió en la cárcel, aniquilándolo políticamente y haciéndose con el control absoluto del poder. Desde entonces, las elecciones nicaragüenses han sido una farsa organizada por el régimen a través de un Consejo Supremo Electoral que solo defiende los intereses del FSLN, bajo control de Ortega y su grupo. Desde 2007, el Consejo ha organizado cinco elecciones presidenciales —contando la del próximo domingo—, y en todas ellas, sin excepción, ha cometido o permitido fraudes evidentes y bien documentados, e imposibilitado cualquier tipo de observación electoral independiente. Además, Ortega logró que la Corte Suprema de Justicia lo avalara para presentarse a reelección, a pesar de la prohibición constitucional correspondiente. De este modo, lleva ya 15 años como presidente ilegítimo, y va por 5 más. La evidencia más cruda de que en Nicaragua gobierna una dictadura se dio en abril de 2018, cuando los jóvenes se tomaron las calles para exigir que Ortega abandonara el poder. La respuesta fue una brutal represión que se saldó con cientos de muertos. Muchos de los que sobrevivieron fueron acusados de conspiración y traición a la patria en juicios amañados, sin defensa y sin garantías. Desde entonces, la persecución a los opositores no ha cesado, la libertad de expresión ha sido conculcada y los presos políticos sufren maltratos y torturas en las cárceles. Vana resultó la esperanza de que en las próximas elecciones el pueblo nicaragüense pudiera recuperar la libertad y la democracia. Frente a todo este proceso, los países centroamericanos han permanecido impasibles; en particular, los demócratas salvadoreños han mostrado poca solidaridad con el pueblo nicaragüense y sus sufrimientos. “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, dice el saber popular. En El Salvador, el tiempo del remojo ya pasó; nuestra de por sí débil democracia está siendo recortada a diario por el ansia del poder total. Qué tan lejos se llegará es hoy la cuestión.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar un informe titulado “Desastres y desigualdad en una crisis prolongada”, en el que se recomiendan acciones para superar en el mediano-largo plazo los efectos de la pandemia de covid-19. Aunque en 2021 El Salvador ha experimentado un crecimiento económico extraordinario en comparación con la fuerte caída del año pasado, nada permite suponer que la tendencia se mantendrá en 2022. La prolongación de la crisis sanitaria, que continúa llenando las salas de cuidados intensivos y limitando las posibilidades laborales, hace prever un estancamiento. Y la crisis podría agudizarse si el Gobierno pierde posibilidades crediticias, no responde a los reclamos sociales y sigue abonando a la inseguridad jurídica. En el informe se señala que Latinoamérica se encamina hacia el aumento de la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad (personas que perciben un ingreso medio-bajo o inferior). Esta tendencia afecta especialmente a nuestro país, que hace unos años tenía prácticamente a un 80% de sus habitantes en situación vulnerable o de pobreza. Si a ello se suma el riesgo de desastres naturales propio de Centroamérica, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad se vuelve una verdadera amenaza. Frente a este panorama, la Cepal propone establecer sistemas de protección social universales y dignos. Proteger el ingreso familiar, garantizar la seguridad alimentaria, asegurar condiciones laborales y salariales igualitarias para la mujer, y defender el medioambiente son elementos también indispensables. Asumir con seriedad estas tareas para establecer un futuro diferente, más humano, más incluyente y justo, implica reconocer las graves deficiencias del país. Si los Gobiernos anteriores fueron lentos e irresponsables, el actual, tras dos años de ejercicio del poder y con un control casi total de la institucionalidad del Estado, carece de planes y proyectos para enfrentar los factores productores de riesgos. La alianza con algunos sectores del gran capital y proyectos como el del bitcóin, el ferrocarril costero y el aeropuerto en el oriente del país son meros parches si no existe un plan de desarrollo bien establecido, evaluable y que contemple propuestas como las de la Cepal, que en muchos aspectos coinciden con los Objetivos del Milenio. La incapacidad de elaborar planes de desarrollo humano hace más urgente un diálogo nacional. Sin diálogo nacional, no habrá desarrollo humano. Gritar e insultar, discutir quién es peor hace perder un tiempo precioso y agudiza una crisis que no beneficia a nadie.

27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS

Una de las frases más recordadas de monseñor Romero es la que dijo refiriéndose a la corrupción del sistema judicial “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. En aquel entonces, ese era un problema en toda Centroamérica. En El Salvador, la situación cambió poco durante la posguerra. Vale recordar el caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que renunció un par de días antes de terminar sus 9 años en el cargo, a fin de conseguir una prestación económica destinada a jueces de carrera que por razones especiales tuvieran que abandonar su puesto. Se trato de un fraude de ley que, aunque tuvo repercusión mediática, quedó en la impunidad. Por supuesto, siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema judicial; jueces a los que no les ha quedado de otra que convivir con colegas corruptos. A pesar de la existencia de esos jueces técnicamente buenos y de moralidad notoria, la lentitud del sistema, la indiferencia ante los derechos de las personas con menos recursos y las prácticas reñidas con estándares internacionales de derechos humanos son una plaga entre los operadores de justicia. Hoy en día, cuando desde ámbitos gubernamentales y legislativos se habla de luchar contra la corrupción judicial, se observa un empeoramiento de la situación. Se impuso una Corte Suprema obediente y dependiente de la presidencia de la República; se emiten leyes de reforma judicial que caen en la discriminación por edad, prohibida por una convención ratificada por el país; se premia a jueces interinos, elevándolos a jueces de cámara de segunda instancia, si favorecen con sus sentencias los deseos del poder político; los funcionarios se dan el lujo de desobedecer sentencias judiciales. Si antes el sistema judicial faltaba flagrantemente a la búsqueda de justicia, ahora además es más dependiente del Ejecutivo, más arbitrario en sus decisiones y más ineficiente a la hora de respetar derechos establecidos por la Constitución y por acuerdos internacionales. El deterioro ha llegado incluso a algo que había desaparecido: justificándolo en acusaciones caprichosas, se lleva a juicio a personas por razones políticas. En otras palabras, después de más de 30 años desde la firma de la paz, de nuevo hay presos políticos en El Salvador. En general, la corrupción de los sistemas judiciales es causa de graves confrontaciones y problemas sociales. La independencia, eficiencia y rectitud de los jueces es base indispensable para una democracia sana. Muchas de las medidas recientes, impulsadas mediante cambios bruscos e ilegales en la Corte Suprema, y a través de una poco reflexionada e injusta ley de reforma judicial, están llevando al país por derroteros inéditos de arbitrariedad y descomposición.