Editoriales y Opiniones

Desde hace un buen tiempo, los países desarrollados llevan a cabo campañas más o menos sólidas de lucha contra la corrupción. Pese a ello, el problema está lejos de remitir. Con frecuencia se leen noticias sobre bancos internacionales involucrados en actividades ilícitas y de políticos y empresarios que tienen en paraísos fiscales cuentas dudosas o simplemente corruptas. En El Salvador, el debate sobre este tema adolece de un defecto que debe superarse. La tendencia polarizadora del actual régimen en el poder ha polarizado también la discusión sobre la corrupción. Los seguidores de Nuevas Ideas acusan a los Gobiernos de Arena y del FMLN de haber saqueado el erario público. Por otra parte, quienes están justamente preocupados por la falta de transparencia del Gobierno actual lo acusan de corrupción. Han salido a la luz casos de corrupción que involucran a funcionarios actuales. De hecho, el Gobierno estadounidense ha incluido los nombres de algunos de ellos en una lista de corruptos. Al final, este debate polarizado se vuelve más pantomima y teatro vulgar que auténtica discusión sobre el tema. El régimen solo ve corrupción en el pasado, niega su tendencia al manejo oscuro de fondos y utiliza el rechazo ciudadano a la corrupción contra los grupos e instituciones que no son de su agrado. Por su lado, ciertos críticos del Gobierno, entre los que se encuentran personas e instituciones que en algún momento se favorecieron con la corrupción, solo ven prácticas corruptas hoy, sin reconocer las del pasado. Así, salen perjudicados al final quienes tienen verdadero interés en corregir la corrupción en el país y que de manera constante la han denunciado, tanto frente a Arena y el FMLN como ante Nuevas Ideas y el resto de partidos amantes de la corrupción, que acompañan a quienes desde el poder les ofrecen impunidad, protección y oportunidades de enriquecimiento. Convertir el debate contra la corrupción en espectáculo político es un elemento propagandístico efectivo en el corto plazo para disimular la crisis y ajustar cuentas con ciertos grupos y personas. Pero en el mediano-largo plazo solo se conseguirá averiar aún más la capacidad de reflexión y diálogo sobre la coyuntura nacional, y agudizar los problemas de subdesarrollo del país. Si además se blinda la corrupción actual neutralizando o cooptando las instituciones estatales de control democrático y ciudadano, el futuro no pinta nada bien. La corrupción es necesario enfrentarla con seriedad, enjuiciando de manera adecuada y libre de interferencias todo acto corrupto, pasado o presente. Si no, se cae en una palabrería que pasa de largo sin cambiar la realidad.

Cuando era candidato, Joe Biden prometió destinar 4 mil millones de dólares a Guatemala, Honduras y El Salvador; ya en la Casa Blanca, hizo oficial esa promesa. Los recursos se distribuirán entre los tres países a lo largo de cuatro años, es decir, mil millones de dólares para los tres al año. La cifra no es desdeñable, sobre todo para naciones con serios problemas financieros. Sin embargo, es ingenuo e irreal pensar que ese dinero resolverá los graves problemas del Triángulo Norte. Cada año, los migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreño envían más de 20 mil millones de dólares a sus países. Solo en 2020, el año de la pandemia, enviaron a sus familias casi 23 mil millones de dólares sin que los problemas estructurales que afectan la vida de la mayoría de la población hayan siquiera menguado. Algunos temen, otros celebran que por el deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos la ayuda prometida por Washington no llegue al Gobierno de Nayib Bukele, sino a organizaciones de la sociedad civil. En realidad, una de las más poderosas razones para no enturbiar esa relación deberían ser los migrantes: la economía nacional, como la de Guatemala y Honduras, depende de las remesas. Según diversos estudios, las remesas fueron en buena medida las que activaron negocios y lograron mantener las condiciones de vida en muchos hogares durante la cuarentena. En El Salvador, las remesas han llegado a representar casi el 20% del PIB. Los aproximadamente tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos representan un motivo suficiente para que los ojos de El Salvador no miren en exclusiva hacia China. Pero la volatilidad y estilo de gobernar de Bukele, más movido por impulsos y rabietas que por razones y estrategias, pueden hacer que los actuales problemas con Estados Unidos pasen a convertirse en política de Estado. Porque ¿qué pensar de alguien que como candidato prometió pasar la página del neoliberalismo y que después, siendo ya presidente electo, declaró su adhesión a esa doctrina en la fundación Heritage? Alguien que cuestionó a China por su política exterior intervencionista y no democrática, y hoy coquetea con el gigante asiático. En 2019 y 2020, ya sea por conveniencia o por la afinidad personal entre Donald Trump y Bukele, la política exterior del Gobierno salvadoreño para con Estados Unidos fue satisfacer el ansia del republicano de frenar la migración sin importar los medios. En ese momento, exigir un trato digno para nuestros migrantes hubiese sido una poderosa razón para distanciarse de Estados Unidos. Ahora que la relación con la nueva administración estadounidense es tensa, el Gobierno salvadoreño sostiene que defiende la soberanía y la dignidad nacional. En realidad, lo que le molesta a Nayib Bukele son las prioridades y exigencias democráticas de la presidencia de Joe Biden. Por hoy, esa molestia es más importante que los intereses y la economía nacionales.

La profundización del presidente en los hechos del 1 de mayo no consigue dar con un argumento comprensible. La teoría presidencial sostiene que el país, al igual que todos los países del continente, incluido Estados Unidos, son fincas, dirigidas por gerentes, administradas por capataces y protegidas por “un aparato ideológico que controla los paradigmas, la ‘opinión’ e incluso buena parte del periodismo y la academia”. Ese aparato ideológico es tan poderoso que en las fincas “nada cambia nunca”. Sin embargo, “el cambio” es posible, prueba de ello es El Salvador de Bukele. Según su tesis, “la némesis” de la finca son los conceptos “verdaderos” de democracia, libertad, soberanía e independencia. “Ahí [los gerentes y los capataces] quedan sin argumentos, porque no pueden atacar con coherencia”. Así, pues, la destrucción de la finca y el nacimiento del nuevo orden, liderado por el presidente, constituyen una cuestión conceptual. “Cada pueblo debe luchar por lograr el significado real de cada uno de esos términos”, para lo cual “debe desmontar las ‘fincas’, despedir a los ‘capataces’, quitar la máscara de la hipocresía con la que nos engañan y establecer verdaderas democracias”. En esto consiste el empeño de Bukele. “Suena difícil”, pero no solo “los estamos derrotando”, sino que el éxito ha desconcertado a la comunidad internacional; “no es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo, temen a que pase en sus fincas”. Comparar la realidad actual con la finca de la oligarquía terrateniente de agroexportación es arbitrario y demuestra falta de conocimiento histórico. Esa forma de explotación desapareció con la guerra. El capitalismo neoliberal, introducido por Arena y preservado por el FMLN, implica una forma de explotación diferente, donde predominan las corporaciones transnacionales y el capital financiero. El interés corporativo y financiero prevalece sobre el interés común con la colaboración activa del Estado, que les otorga privilegios y tolera la corrupción. El ritmo de la acumulación capitalista neoliberal solo es posible por la complicidad del Estado. Contrario a las apariencias, la tesis presidencial no es radical, presupone un pasado inexistente, mientras ignora el presente. No obstante, la mayor debilidad de la tesis de la finca es que la contradicción entre los conceptos de democracia y libertad y la realidad es aplicable también al régimen implantado por los Bukele. Los datos no permiten definir su gestión de la cosa pública como democrática y libre. Al contrario, hoy hay menos democracia y menos libertad que en las épocas de Arena y del FMLN. El presidente cae en la misma incoherencia que achaca a sus enemigos. No se trata de definir unos conceptos que, por otro lado, “están en todos los diccionarios”, tal como reconoce el mismo Bukele, sino de realidades. La verdad del concepto no se verifica en su formulación teórica, sino en su actualidad práctica. La verdad de la democracia y la libertad de las que habla Bukele se constata en la confrontación con la realidad. Una prueba que no logran superar. La tesis presidencial contiene una revelación sorprendente y, sin duda, irreflexiva. Bukele atribuye a “la SIP, [a] los conglomerados mediáticos y [a] algunos ‘gobiernos de países amigos’” funciones de “verdadera ‘cancillería’”, porque “controlan lo que emana […] hacia fuera, lo que se lee en los medios internacionales”. El mandatario reconoce así el fracaso de su propia cancillería y de su cuerpo diplomático, de los cabilderos contratados en Washington y de su propio aparato mediático. Sorprendentemente, Bukele admite haber perdido la batalla por controlar la información que circula en el exterior. La enorme inversión en cabilderos, plumas y medios de difusión no ha podido con los tenebrosos poderes maléficos a los que atribuye su derrota. El victimismo presidencial deja mal paradas a la competencia y la dignidad presidencial. En realidad, el desafío no proviene de los medios de comunicación, ni de la comunidad internacional, ni de poderes oscuros, sino de la realidad. En el interior, el mandatario cuenta aún con un apoyo popular significativo; pero fuera de las fronteras nacionales, su discurso no ha sido recibido. El fracaso de su cancillería y de sus agentes es el triunfo de la realidad. Si la tesis de la finca es su mejor argumento para convencer a la comunidad internacional del acierto del orden implantado desde el 1 de mayo, comparar a las naciones ahí representadas con el latifundio oligárquico salvadoreño es muy poco diplomático, incluso insultante. Washington ya ha suspendido la asistencia financiera a las instituciones estatales. En su desasosiego, el mandatario parece pensar que su ejemplo aterra a la comunidad internacional, cuando, en realidad, esta repudia su dictadura. Bukele y sus hermanos han vuelto a cometer un grave error de cálculo político. La ligereza y la superficialidad hacen que el discurso presidencial caiga en contradicciones y en sorprendentes confesiones n

El Salvador vive tiempos que solo puede calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se halla entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. El discurso oficial afirma que ha iniciado una nueva época, en la cual se pondrá fin a la larga historia de corrupción y habrá verdadero progreso y desarrollo para todos. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República y de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa son hitos históricos, pero signos reales de progreso y desarrollo no hay; más bien se perfila, cada vez con mayor precisión, la amenaza de más pobreza y más dependencia externa. En los dos primeros años de gestión del presidente Bukele, la deuda externa se ha incrementado en más de tres mil millones de dólares, y sigue creciendo. Solo en el primer mes de su mandato, la actual Asamblea Legislativa ha aprobado nuevos préstamos internacionales por casi mil 500 millones de dólares. Endeudarse no es problema; lo es pagar los intereses de esa deuda y tener que devolver lo prestado sin contar con más ingresos. Ello significa destinar cada año una mayor cantidad de dinero del presupuesto nacional al pago de la deuda y sus intereses, y tener que restar esa cantidad del fondo disponible para inversión nacional, lo que pulveriza cualquier promesa de progreso y desarrollo. Por otra parte, la nueva república que Nayib Bukele afirma estar construyendo no se caracteriza por la separación de poderes, la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la participación ciudadana no eleccionaria, todos ellos elementos esenciales de una que de verdad lo es. Entonces, ¿en qué clase de república piensan el presidente y sus seguidores cuando lo que están promoviendo es el hostigamiento de los críticos, el secretismo y el verticalismo autoritario? Lo que está a la vista es más propio de los tiempos en los que se buscaba que el pueblo permaneciera ignorante y apartado de las decisiones políticas para seguir explotándolo e imponiendo intereses sectarios. El presidente afirma querer el bienestar de la población, pero a la fecha, según encuestas serias, la mitad de la población manifiesta que en estos dos años su nivel de vida no ha cambiado. Más allá del proceso de vacunación contra el covid-19, que se está realizándose de forma acelerada y bien organizada, los otros logros de los que el Gobierno se jacta son dudosos o simplemente no existen. Las ayudas de 300 dólares al inicio del confinamiento y las canastas alimenticias no llegaron a todos los que las requerían, engrosaron el monto de la deuda nacional y están manchadas por fuertes indicios de corrupción. La disminución de homicidios, algo bueno en sí mismo, no ha significado mayor seguridad en los territorios (siguen controlados por las pandillas) ni ha detenido la tragedia nacional de las desapariciones, cuyo número va al alza. Hasta ahora, ningún funcionario ha sido capaz de explicar qué beneficios supondrá para la población la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y su sustitución por lacayos del presidente. Este último acto, además de inconstitucional, pone fin a la ya menguada independencia judicial, abre puertas a los abusos del poder y deja desprotegida a la ciudadanía. Tampoco se ve qué de positivo hay en haber generado una de las más graves crisis en la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y donde vive una tercera parte de los salvadoreños. Como no sea una rabieta infantil e irresponsable, no se entiende qué razones puede tener el presidente para preferir una cooperación china de tan solo 62 millones de dólares y ningunear la ayuda estadounidense, que, según declaraciones de la administración Biden, será de 4 mil millones de dólares para los tres países del norte de Centroamérica. Para superar el atraso de El Salvador, para alcanzar más desarrollo y prosperidad, se requieren cambios profundos tanto en el sistema político como en el económico y social. Pero la prueba de que los cambios van en el rumbo correcto es que generen equidad, transparencia, igualdad de oportunidades, justicia social, respeto a los derechos humanos y participación popular. Nada de lo que está haciendo el Gobierno de Nayib Bukele apunta a ello.

A muchas personas les gustaría que la UCA se callara, que se restringiera exclusivamente a la dimensión profesionalizante y se mantuviera intramuros, indiferente a lo que pasa a su alrededor. Así sería una universidad más aceptable para los poderes, tanto fácticos como legales. Así también sería más cómodo ser universidad sin suscitar reacciones de uno u otro signo. Pero si la UCA no estuviera presente en las principales coyunturas del país desde una visión estructural de la realidad, dejaría de ser la UCA, porque parte medular de su misión es tener en el centro a la realidad del pueblo al que quiere servir. También monseñor Romero incomodaba a los poderes de su tiempo. De lo menos que se le acusó al santo salvadoreño fue de no ceñirse a lo estrictamente espiritual. Lo acusaron de estar politizado, de ser terrorista y subversivo1. Situación parecida pasó con Ignacio Ellacuría a quien muchos citan hoy en día. “Si Ellacuría estuviera vivo, le avergonzaría la UCA de hoy” dicen por ejemplo, con la conveniencia que da alguien que ya no está presente físicamente para opinar y defenderse. Ciertamente el rector mártir ya no está con nosotros porque lo asesinaron quienes, siendo incapaces de responder a la racionalidad de los argumentos, recurren a los insultos, a la calumnia y a la violencia criminal para silenciar. Y aunque ya no está físicamente, su palabra perdura entre nosotros; sus escritos sobre la realidad y la misión de la universidad son muy claros y, a pesar del paso del tiempo, sus palabras siguen teniendo gran actualidad. Personalmente estoy convencido de que si Ellacu viviera en este tiempo, también estaría siendo atacado por los mismos que ahora nos atacan, y por las mismas razones. La UCA siempre se ha definido como universidad para el cambio social, porque está consciente de vivir inmersa en una realidad conflictiva, injusta y extremadamente desigual. Hay conciencia y experiencia de que esta opción trae consecuencias. Ellacuría lo anunciaba diciendo que la universidad “se verá sometida a las tensiones sociales no solo de quienes no quieren el cambio, sino también de quienes conciben el cambio de forma simplista.”2. Precisamente, identificarse con la transformación, hace pensar a muchos que la universidad debe apoyar cualquier tipo de cambio, pero la UCA tiene clara la dirección que necesita el país. En general, el ideal utópico que se persigue es ayudar a construir “una sociedad en que reine la justicia, la libertad y la solidaridad y en las que se den las condiciones materiales objetivas que las posibilitan”3. Y más en concreto, dice Ellacuría para su tiempo, “parece que al luchar por una apertura democrática... así como luchar por hacer del país un Estado de derecho, en el que se respeten la Constitución y los derechos fundamentales de la vida y de la persona, parecen ofrecer una tarea adecuada.”4 Claro que la UCA está por el cambio del país, pero por una transformación que profundice la democracia, el respeto de los derechos humanos, tanto los políticos como los económicos y sociales, y por consolidar el Estado de Derecho. Pero lo que está viviendo El Salvador en estos momentos, no apunta en esta dirección. El país necesita transformaciones estructurales, cambios de raíz como les gusta repetir a algunos sin entender bien o quizá queriendo manipular las palabras de monseñor Romero5. Algunos cambios de raíz serían por ejemplo, elegir a los funcionarios de las instituciones de control realmente independientes y capaces, que por primera vez el país cuente con magistrados, fiscales y procuradores que no tengan más compromiso que con la justicia y con la verdad; contar por fin con un gobierno realmente transparente, que rinda cuentas al pueblo; implementar una reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que tienen más y se ponga alto a la evasión y elusión fiscal y que en el centro del quehacer de las autoridades esté la dignificación de la vida de la mayoría de la gente; impulsar una reforma al sistema de pensiones que favorezca de verdad a los pensionados y que no se haga para apropiarse de los fondos de la clase trabajadora ni que signifique hipotecar el futuro de las nuevas generaciones a base de préstamos. Este tipo de cambios necesita el país y este tipo de cambios la UCA los ha propuesto durante años -y los sigue proponiendo- y acompañaría si son genuinos. Sin embargo, lo que se está promoviendo no augura mejores tiempos para este pueblo. La mentira se ha hecho política pública, se miente con descaro; se eligen funcionarios de segundo grado no por su fidelidad e incondicionalidad a la ley y al país sino al presidente y su grupo; se oculta toda la información oficial y los signos de corrupción ya son inocultables; se articula un discurso bonito a través de una poderosa publicidad que anuncia cambios que la gente quiere, pero por el contrario se hace del país un gran negocio para otra cúpula. Y el militarismo es la carta de garantía que el presidente tiene para poder hacer impunemente todo

El caso de los asesinatos en Chalchuapa ha estremecido al país. No faltan interpretaciones psicológicas y sociales, y puntos de vista criminalísticos sobre los crímenes. Sin embargo, poco se reflexiona sobre el hecho de que el acusado, hoy testigo criteriado, es expolicía. Por supuesto, no se puede afirmar que haber sido agente tenga que ver con su actividad criminal, pero la misma Policía afirma que fue expulsado del cuerpo por problemas de agresividad sexual. La PNC también ha dicho que el caso involucra a expolicías, exsoldados, coyotes y vendedores. Desde hace años, las instituciones defensoras de derechos humanos manifiestan una fuerte preocupación por la existencia de grupos de exterminio en los que participan policías en activo. Algunos supuestos enfrentamientos de miembros de la PNC con delincuentes resultaron ser verdaderas masacres. Hace algún tiempo se dio a conocer un grupo de chat entre policías que, con una tranquilidad pasmosa, hablaban de asesinar delincuentes. Ciertamente, en los últimos tres años se ha desarticulado un buen número de estos grupos de exterminio. Aunque la inmensa mayoría de los miembros de la PNC son personas decentes, la permisividad con los delitos internos y la protección cómplice entre jefes han ido creando una cultura de impunidad frente al abuso de fuerza. Por lo anterior, no extraña la composición del grupo acusado de los crímenes en serie en Chalchuapa. Esta situación debería llamar a la reflexión a todos los comisionados, subcomisionados y jefes de la Policía. En primer lugar, resulta necesario y urgente insistir sistemáticamente en el respeto a los derechos humanos y en el uso proporcional de la fuerza y como último recurso, tratando siempre de aminorar los daños a la integridad y la vida de las personas. Actuar de un modo respetuoso con la gente y con el mínimo posible de violencia es un tema enfrentado a la cultura imperante, pero es uno de los mejores caminos para el respeto a la vida. En segundo lugar, la PNC debe mejorar sus mecanismos de control interno. Además, debe dar un seguimiento adecuado a quienes expulse del cuerpo por cometer un delito. La tendencia de los agentes a la violencia se puede convertir fácilmente en costumbre viciosa, alentada por la situación de vulnerabilidad de la población y por la facilidad con que el dinero se une con el crimen. Expulsar del cuerpo policial a todo aquel que abusa de la fuerza es una medida básica de saneamiento institucional. El posterior seguimiento es clave para prevenir casos como el de Chalchuapa.

El presidente y sus funcionarios suelen repetir que el sistema se protege a sí mismo, para referirse a que el sistema político salvadoreño ha solido defender los intereses de los grupos de poder que están detrás de los gobernantes. Y por eso dicen que “hay que limpiar la casa”. Tienen razón. El sistema se protege cuando se pone a las instituciones públicas y a los aplicadores de la ley al servicio de esos grupos de poder y de sus representantes en el Gobierno. Así, por ejemplo, aunque la misión constitucional de la Fiscalía General de la República sea “defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña”, esta institución es guardiana de intereses privados y evita que ciertas personas comparezcan ante la ley. Así, aunque la Carta Magna diga que “los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”, el órgano judicial no es independiente, se somete a la voluntad del Ejecutivo o de quienes este representa. Si alguien comete un delito y no está vinculado a la cúpula gobernante, se le aplica todo el rigor de la ley. En cambio, si es parte del círculo de poder, goza de inmunidad total. Cuando el órgano judicial ha actuado como debe (algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional o el juez del caso de la masacre en El Mozote), los que detentan el poder reaccionan en su contra para que las aguas vuelvan a su cauce y los funcionarios no toquen a sus protegidos. En esto, el presidente está haciendo honor a la frase de Aristóteles: “El verdadero discípulo es el que supera a su maestro”. Bukele ya volvió inservible al Instituto de Acceso a la Información Pública, el ente responsable de que la transparencia comenzara a ser parte de la cultura institucional en el país. Ahora, los nuevos comisionados no responden a la ley, sino a Casa Presidencial. El sistema se protege solo. Violentando el debido proceso y la legislación nacional, los diputados del mandatario destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron en su lugar a personas afines al Gobierno. Ahora, estos funcionarios se suman a la colección de marionetas del presidente y de sus aliados. Ante los señalamientos de corrupción de Estados Unidos contra un grupo muy cercano al mandatario, algo que en un país normal daría pie a una investigación, el nuevo fiscal general dice que le tienen sin cuidado esas denuncias. El sistema se protege. La bancada cian aprobó la llamada “Ley Alabí”, que blinda a los funcionarios que durante la pandemia hicieron negocio con el sufrimiento de la gente. Aún falta que los diputados de Bukele lo protejan apropiándose de la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cualquier institución que tenga por misión controlar el ejercicio del poder. Sí, el sistema se protege a sí mismo y no hay señales de que dejará de hacerlo.

La comunidad internacional no reaccionó al emplazamiento del presidente Bukele, quien exigió le explicaran las condenas por los hechos ocurridos el 1 de mayo. El vacío lo llenó él mismo con un mensaje dirigido a “las voces que nos piden que volvamos al pasado”. La respuesta presidencial reafirma desafiantemente que “los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”. La reacción, en su moderación, es engañosamente lógica. El presidente confunde el pasado de Arena y del FMLN con la institucionalidad democrática, débil y vulnerada, pero institucionalidad democrática, al fin de cuentas. El despiste, deliberado o simple confusión mental, le sirve para subrayar que no regresará a esos regímenes ahora aborrecidos, con sobrada razón. Pero, en realidad, a donde no quiere retornar es a la institucionalidad democrática, un obstáculo que entorpece la realización de sus fantasías. La astuta identificación del ordenamiento democrático con Arena y el FMLN mete de contrabando el cambio de régimen político en el imaginario popular. El mismo embuste utiliza para desvanecer el señalamiento de Washington, que acusa de corrupción a su portavoz principal, a uno de sus aliados políticos más importantes y a otros socios cercanos. La reacción presidencial convierte la denuncia en una competencia entre los más corruptos. “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen, y que en Arena no hay corruptos”. Washington no afirma que en Arena no haya corruptos, sino que en el círculo íntimo de Bukele hay corruptos. El señalamiento es altamente peligroso, porque atenta contra la credibilidad del discurso presidencial. El mandatario no se atreve a negar la corrupción de sus colaboradores cercanos, sino que, en descargo, alega que en Arena es mucho mayor. La desmesurada corrupción de este partido vuelve irrelevante cualquier otra corrupción, incluida la de sus colaboradores. Así, Bukele desvía la cólera popular hacia Arena, mientras los suyos salen indemnes. La realidad, dada su estructura dinámica, solo puede ir hacia el futuro. El pasado es inexistente, excepto por la posibilidades abiertas o cerradas que determinan el presente y condicionan el futuro. Por este lado, el mandatario puede descansar tranquilo. No hay más salida que hacia adelante. Lo realmente determinante es qué futuro construye en la actualidad. Qué posibilidades abre y cuáles cierra. La transparencia y la rendición de cuentas están cerradas, la corrupción está abierta. El futuro depende de cómo enfrente el ahora determinado por el pasado y su figura pende de las posibilidades apropiadas en la actualidad. Hasta ahora, todo apunta a un futuro no democrático, autoritario. Al parecer, es lo que mejor se le da a los hermanos Bukele y a mucha gente que piensa, erradamente, que esa forma de dirigir el Estado es la solución para sus necesidades más sentidas. El deseo de encontrar acompañantes en la comunidad internacional no es sincero. Los compañeros se ayudan, pero también se escuchan, discuten y acuerdan. Bukele no desea esa clase de compañías, sino unas que lo auxilien sin ponerle “peros”. Por eso, en lugar de agradecer la lista de corruptos de Washington como una alerta, la ha recibido sarcásticamente. Más que compañeros, Bukele busca incondicionales, como los que lo rodean e integran su aparato burocrático. Ninguno osa tener opinión propia, ninguno se atreve a decir lo que piensa ni actúa por su cuenta. Difícil imaginar qué futuro puede construir una comparsa de esa naturaleza. Por muy talentoso que sea su jefe, es humanamente imposible que tenga las respuestas para enfrentar la actual crisis sanitaria, social, económica y política. Menos mal que dice comprender que lo dejen solo y aislado. Cuestión abierta es cuán lejos pueda llegar con sus ideas y las de sus hermanos. Pretender caminar solo en un mundo tan complejo, pensando que solo él conoce el sendero que conduce a ese futuro no definido, es una temeridad que no puede terminar bien. La cantinela de romper con “los mismos de siempre” ha venido a desembocar en ser menos corrupto que ellos. O como dice la voz popular, “Todos roban, pero este al menos da algo”. Aparentemente, robar un poco menos que “los de siempre” transforma en bien lo que igualmente es delito e inmoralidad pública. Las bendiciones finales están de más. Su sinceridad es dudosa. Expresan la condescendencia de Bukele con “unos amigos” reacios a acatar sus dictados. Bendecir es decir-bien, desear-bien y hacer-bien a todos, amigos y enemigos. Quien mal-dice, esto es, quien insulta, quien desprecia y quien humilla, no tiene capacidad para bendecir. Bendice quien está bendecido y los bendecidos o bienaventurados son los pobres, los que lloran, los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón y los perseguidos por el poder opresor. * Rodolfo Cardenal, di

La mayoría de argumentos para defender la cuestionada actuación del Gobierno terminan en un sonsonete: “El pueblo lo quiere”. En una ocasión, cuando se calificó de populista al estilo del presidente, se le pretendió defender recurriendo a Ernesto Laclau, quien sostiene que el populismo es una respuesta política —no necesariamente negativa— ante demandas insatisfechas; una respuesta que divide a la sociedad entre los que quieren ver resueltas esas demandas (“nosotros”) y quienes ya las tienen satisfechas y son privilegiados (“ellos”). Por otra parte, ante el autoritarismo característico de Nayib Bukele, sus apologistas argumentan que la institucionalidad y el ordenamientos jurídico fueron construidos en el país para defender a los poderosos y mantener la situación de injusticia y desigualdad que mantiene postrada a la mayoría de la población. De lo que se trata, entonces, es de demoler lo construido y levantar un nuevo El Salvador. En palabras del presidente, hay que “limpiar la casa”. Según esta lógica, el de Bukele es un populismo bueno porque así lo quiere el pueblo; puede transgredir la Constitución y el Estado de derecho porque no hace nada más que lo que el pueblo quiere. Incluso algunos afirman que el pueblo lleva el control de este proceso histórico y que el mandatario solo es un instrumento de esa voluntad popular. En resumen, “El fin justifica los medios”: con vistas a construir un nuevo El Salvador, con equidad, con justicia, con trabajo, salud y educación universales, todo se vale. Si bien es claro que el Estado ha operado para beneficio de cúpulas poderosas, ello no justifica cerrar los ojos a lo que está sucediendo e ignorar que lo que se está construyendo no es lo que demanda o espera la gente. La actuación del Gobierno está crudamente orientada a tapar todos los señalamientos de corrupción. Hay más de lo mismo de siempre, pero con mayor descaro. Ya se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública y se ha reservado toda la información sobre los gastos durante la pandemia. Es este el Gobierno menos transparente desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cerrar los ojos a la corrupción es una exigencia del proceso histórico salvadoreño? ¿En qué beneficia a los ciudadanos la llamada Ley Alabí, aprobada para proteger a los que ya cometieron o cometerán actos de corrupción amparados en la satisfacción de las necesidades de la población? ¿Se votó en las urnas por la construcción de un país sin libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, en el que se acosa a todo el discrepa de la historia oficial? Si el Estado de derecho ha sido manoseado en el pasado, ¿esto da licencia para construir otro en el que la cima del ordenamiento jurídico sea la voluntad de una persona? ¿Ese es el nuevo Estado de derecho que quiere y necesita la población?

“Que alguien me explique por qué las condenas”, preguntó el presidente al cuerpo diplomático. Una pregunta redundante, ya que la respuesta la tenía delante. El repudio generalizado de la comunidad internacional occidental, excepto China y países como Nicaragua y Venezuela, que guardaron silencio, lo obligó a convocar al cuerpo diplomático para que escuchara su “versión” de lo acontecido el 1 de mayo. Lo sucedido exigía que quien había girado las órdenes explicara sus razones. De hecho, los reclamos no se dirigieron a los legisladores, simples mandados, sino al presidente, que es quien manda. La convocatoria fue un fiasco diplomático. Los embajadores no aceptaron “su verdad”. El jefe del Estado los trató como adolescentes irresponsables, los emplazó y los acusó de parcialidad y de mal informados. No disimuló el desagrado que le causaron las mesuradas reacciones de los diplomáticos a sus explicaciones. Y la reunión que debía ser privada la difundió luego en cadena nacional. La descortesía, la deslealtad y la falta de tacto muestran que el mandatario no es idóneo para representar el interés nacional; tampoco el suyo propio. Tal vez la pregunta de Bukele era sincera. “No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional, porque no había nada que condenar”. A su juicio, la orden de destituir y sustituir magistrados y fiscal se ajustaba a la ley. Si ese fuera el caso, esa orden peca de insensatez e ignorancia tales que inhabilitan para dirigir el poder ejecutivo. Tal vez su pregunta era retórica, en cuyo caso buscaba intimidar a los embajadores. Los emplazó muy poco diplomáticamente: “¿De qué lado están?”. Y los acusó de arbitrariedad: “Parecería que les pasa lo del encargado de negocios de Estados Unidos, que no escucha nuestra versión”, la única válida. El funcionario señalado públicamente, en la misma línea que Washington, deslegitimó esa versión con su ausencia. El despropósito diplomático no terminó ahí. En su defensa, Bukele relativizó las protestas de amistad de los embajadores que comentaron su versión de los hechos. En la práctica, las rechazó con la advertencia de que “a veces, los amigos se equivocan”. El que muchos piensen de la misma manera, no significa que tengan la razón. Y, enseguida, echó mano de una comparación odiosa, la cual, además, contradice su propia lógica. “En Alemania, millones, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada”. De igual manera, los embajadores y quienes lo condenan están tan equivocados como los alemanes. Sin embargo, así como estos se equivocaron con Hitler, los muchos de los que hablan las encuestas de popularidad presidencial pueden estar igualmente equivocados acerca de las bondades del régimen de los Bukele. Enmarañada en cavilaciones para justificar lo injustificable, la lógica presidencial regresa así al punto de partida. Si la condena internacional es casi unánime, si un sector significativo de la sociedad lo repudia, si la prensa independiente lo denuncia, si intimida y amenaza a los funcionarios destituidos, algo no anda bien. La inteligencia obliga a examinar críticamente las decisiones tomadas. Invocar al pueblo que votó por la “N” no es argumento. En primer lugar, porque el consenso no es general; mayoritario, sí, pero no universal. En segundo lugar, porque ese pueblo al que invoca puede estar muy errado y no sería la primera vez que un pueblo entero yerra, como bien lo sabe Bukele. El afán por convencer de que la intervención de Casa Presidencial en la legislatura es constitucional lleva a la irracionalidad. El presidente Bukele debiera preguntar a los mercados si ellos están también del lado de la oposición, ya que resintieron acusadamente el golpe de Estado. Los sectores empresariales impresionados por la llamada telefónica de Bukele y por las declaraciones de unos ministros, que dicen lo que les ordenan decir, debieran tomar nota del trato dado al cuerpo diplomático. No debieran olvidar la facilidad y la ligereza con la que el discurso presidencial se contradice y miente. La volatilidad presidencial ya es proverbial. La diferencia de opinión es inherente a la naturaleza humana. Las ideas, los valores y los intereses se traducen en juicios distintos, incluso contradictorios. Nadie, ni siquiera Bukele y su círculo, tiene el monopolio de la verdad. Primero, porque nadie, excepto el Absoluto, esto es, Dios, está en posesión actual de ella; y segundo, porque lo que el presidente vende como verdad encubre su ambición de poder. No obstante, la verdad es asequible, pero solo si se escucha a los otros, si se reflexiona individual y comunitariamente, si se contrasta y se discute con los demás para llegar a consensos. Argumentar “el pueblo nos lo pidió” y “el pueblo no nos mandó negociar” es erigirse inverosímilmente en la encarnación del pueblo y del Estado, en el mejor estilo de las monarquías absolutas del siglo XVII. Una construcción paradójica en el bicentenario de la

No son pocas las sospechas de corrupción que arrastra el Gobierno de Nayib Bukele, especialmente por varias de las acciones que tomó para enfrentar la pandemia. Hay datos que muestran que funcionarios, miembros de Nuevas Ideas y familiares de ellos se han beneficiado en diversos procesos del Estado. Para esto han utilizado los métodos tradicionales para lucrarse con fondos públicos: realizar o participar en compras evadiendo los procesos de contratación y licitación pública a los que están obligados, y a precios mucho más elevados que los del mercado. La administración de los centros de cuarentena, la adquisición de equipos de protección y bioseguridad (algunos de ellos inservibles), la entrega repetida de la ayuda de 300 dólares a una misma persona, la compra de alimentos para ser distribuidos entre la población, las remodelaciones en los hospitales y la construcción del Hospital El Salvador son algunos de los casos que más han llamado la atención. Según lo publicado en medios de comunicación, la Cicies, la organización de la OEA conformada a solicitud del Gobierno para combatir la corrupción en el país, investigó y encontró al menos 12 casos de irregularidades en el Ministerio de Salud, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para llevar a los responsables ante la justicia. La respuesta gubernamental no ha sido la prometida: luchar contra toda corrupción, venga de donde venga. Al contrario, se ha optado por ocultar los hechos, imponiendo reserva de información para impedir que los organismos de control del Estado y la ciudadanía conozcan el uso que se está haciendo de los fondos públicos. En esa línea, el Ejecutivo ha puesto obstáculos a la labor de la Corte de Cuentas, ha neutralizando al Instituto de Acceso a la Información Pública, se negó a dar cuentas a la Asamblea Legislativa y dificultó el trabajo de la Fiscalía. El 4 de mayo, la Asamblea Legislativa fue mucho más lejos y, con dispensa de trámite, aprobó una ley que dejaría impune la corrupción en el Ministerio de Salud. Con ello queda claro hasta dónde es capaz de llegar el Ejecutivo para disponer a gusto de los recursos públicos y proteger tanto a sus funcionarios acusados de hechos ilícitos como a las empresas que han hecho negocio con ellos. Para que la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19, mejor conocida como “Ley Alabí”, no tuviera una breve existencia, era urgente apartar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues de lo contrario habría sido declarada inconstitucional. Y con el propósito de tener aún mayores garantías, se destituyó al fiscal general y nombró uno afín al Gobierno. Ahora, el círculo del ministro Alabí y los empresarios que han participado en diversas corruptelas pueden operar en paz. Por decreto legislativo se ha otorgado inmunidad a sospechosos de acciones corruptas, ilegales; entre ellos, funcionarios que llegaron al poder prometiendo probidad y transparencia, y cumplir la Constitución. ¿En qué se diferencia esto de lo sucedido durante las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes? ¿Para quién serán realmente buenas y nuevas las ideas? En apenas una semana de estar en funciones, la Legislatura 2021-2024 ha emulando ya algunas de las peores prácticas de antaño. De seguir así, no tomará mucho tiempo antes de que los nuevos diputados del presidente, sus fieles sirvientes, caigan en el descrédito y el rechazo ciudadano que por siempre ha caracterizado a la Asamblea Legislativa.

Un grupo de salvadoreñas y salvadoreños que vivimos en el extranjero vemos con mucha preocupación los acontecimientos desencadenados en la primera plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, en la que diputados oficialistas destituyeron y reemplazaron arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. De esa forma, se ha aniquilado la independencia del poder judicial, condición necesaria para garantizar un Estado de leyes. La democratización política plasmada en los Acuerdos de Paz buscó, precisamente, poner las bases para un sistema judicial independiente, apegado a derecho y con jueces honrados. Un sistema que garantizara los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Este equilibrio se ha roto y las consecuencias pueden ser muy graves: autoritarismo, irrespeto a derechos humanos, limitado pluralismo, etc. Ahora bien, este atropello era predecible; venía gestándose con claras y habituales actitudes autoritarias. Recordemos lo ocurrido el 9 de febrero de 2020: el presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa apoyado por miembros del Ejército y de la Policía para presionar la aprobación de unos préstamos y acusó a los diputados de entonces de querer bloquearle los fondos para el plan de seguridad. Frente a esta nueva crisis, salvadoreños y salvadoreñas que participamos en el movimiento social de hispanos latinos decidimos apoyar la declaración de Alianza Americas y Latin American Working Group, donde se pronuncia una palabra crítica, solidaria y exhortativa. En la declaración se afirma que las acciones del 1 de mayo son contrarias a la ley y a la Constitución de la República, socavan la democracia y el Estado de derecho, y concentran el poder en manos de la Presidencia. Más todavía: puntualiza que “esto marca un peligroso paso atrás después de que los salvadoreños se han esforzado durante décadas por construir la paz y la democracia, luego de una dolorosa historia de dictadura militar y conflicto armado interno”. Las organizaciones que firman el documento se solidarizan con las organizaciones de la sociedad civil que realizan el difícil trabajo de defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y con los periodistas independientes, que, con valentía, mantienen distancia de los intereses partidistas y de las presiones gubernamentales. Y exhortan a la Asamblea y al presidente Bukele a restaurar la independencia judicial (piedra angular del Estado de derecho), volver a la senda democrática y no frenar aún más a las autoridades judiciales e instancias de control del Estado, incluida la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. A esta voz profética y comprometida de las organizaciones sociales, varias de ellas lideradas por inmigrantes salvadoreños, queremos sumar los criterios éticos propuestos por el papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti, al referirse a la necesidad de una “mejor política”. El papa no duda en rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia. Advierte el peligro de caer en “insano populismo cuando se convierte en la habilidad […] para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo […] Cuando se busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población”. Para Francisco, la política puede ser un lugar aptísimo de dedicación a los otros en cuanto tiene como propósito el bien común. En consecuencia, la política no debe ser cautiva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de grupos o centros de poder. Por eso, ante lo que él denomina “formas mezquinas e inmediatistas de política”, contrapone lo que, a su juicio, es la grandeza política que se muestra “cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. Así pues, la política que se necesita para que haya justicia social, económica y ecológica es aquella capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Es la política que tiene como horizonte el bien común, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la atención al clamor de los pobres, la conversión de los liderazgos y el cultivo de la participación ciudadana, entre otros. Esa “mejor política”, según el papa, requiere de buenos políticos que se preocupen “de la fragilidad de los pueblos y de las personas”. En esta línea, sostiene que “las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias”. Y pensando en el futuro de la política y de los políticos, Francisco afirma que “algunos días las preguntas tienen que ser: ‘¿Para qué?, ¿hacia dónde estoy apuntando realmente?’. Porque, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado las preguntas no serán: ‘¿Cuántos me aprobaron?, ¿cuántos me votaron?, ¿cuántos tuvieron una imagen positiva de m

La destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República ha terminado de retratar a un Gobierno que de forma progresiva ha venido sembrando dudas en la comunidad internacional. Para defender lo hecho, se contrapone a la condena prácticamente unánime en el exterior, la aprobación mayoritaria del pueblo salvadoreño. Pero este argumento es insuficiente, porque la política exterior de un país es inseparable de sus políticas internas. Es más, uno de los objetivos primordiales de la primera es buscar la aceptación de la comunidad internacional a las segundas. El problema radica en que los esfuerzos del Gobierno privilegian mantener y reforzar la popularidad del presidente por sobre las relaciones internacionales de la nación, sin reparar en que lo que se hace adentro tiene repercusiones afuera. La maquinaria propagandística y el discurso mesiánico de Nayib Bukele tienen efectos innegables al interior de El Salvador, pero no en el mundo diplomático. Calificar al presidente como el “más cool”, el mejor evaluado, el que construye el hospital más grande de la región es infructuoso a nivel internacional. Lejos de acertar, el Gobierno se boicotea a sí mismo. En su atropellada reunión con gran parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, que se transmitió por cadena nacional sin el consentimiento de los invitados, Bukele demostró que lo aprobado por los diputados se decidió y construyó en Casa Presidencial. Quedó en evidencia que el concepto de democracia que él aplica no tiene nada que ver con la división e independencia de poderes. El mandatario usó a los diplomáticos para contar a los salvadoreños su versión de lo sucedido. Ciertamente, el electorado le dio la llave a la bancada cian para elegir a los responsables de las instituciones de control del Estado, pero no para que lo hiciera de la manera de siempre: eligiendo solo a personas afines al Gobierno. Distinto hubiese sido que los diputados oficialistas eligieran a los funcionarios con base en capacidad, independencia y trayectoria ética. “Huyan del país donde uno solo ejerce los poderes, porque es un país de esclavos”, dijo Simón Bolívar. Gran parte de la población está tan encandilada con el incendio presidencial que no vislumbra que las llamas, al final, quemarán a todos. Los halagos y aplausos que Nayib Bukele paga para sí mismo no compensarán de ningún modo el aislamiento internacional al que ha llevado a su Gobierno.

El ejercicio de la crítica es siempre positivo si se mantiene dentro de los límites de la racionalidad y abierto al diálogo. Racionalidad y diálogo son los dos elementos básicos de cualquier debate civilizado. Solo desde esos presupuestos la crítica produce democracia, convivencia y confianza ciudadana. El insulto, la descalificación total y agresiva del que piensa diferente solo conduce a la tensión, al fanatismo y a la destrucción de relaciones humanas indispensables para una vida social pacífica. Muchos de los traumas de nuestros jóvenes provienen con demasiada frecuencia de la convivencia con padres autoritarios, que solo mandan y son incapaces de dialogar con sus hijos. La confrontación social también produce traumas y algo todavía peor: modos y actitudes violentas de relacionarse e incapacidad de proponerse fines comunes. Lo que nos parece obvio en la relación interpersonal no nos resulta tan evidente en política. Tenemos en ese campo a un buen número de personas que piensan que el tener poder es más que suficiente para ejercerlo, burlando incluso normas y procedimientos éticos establecidos. En nuestra historia política hay numerosos ejemplos de autoritarismo que casi siempre desembocaron en confrontación violenta con quienes pensaban distinto. Y que contribuyeron a crear una cultura despectiva del débil, machista y agresiva, muchas veces hipócritamente disfrazada con frases moralistas. Hoy tenemos que lamentar, una vez más, el flagelo del autoritarismo. En todos los informes de Derechos Humanos de El Salvador sobre el año 2020, se denuncian violaciones a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad y al derecho ciudadano a la información pública. El origen de estas violaciones, más allá de una cultura autoritaria presente en muchas de las personas que detentan algún grado de autoridad, se ha reforzado, desde la presidencia del poder ejecutivo y sus entusiastas seguidores, que con tanta facilidad utilizan un lenguaje agresivo y con frecuencia calumnioso. El procedimiento ilegal y autoritario de destitución tanto de la Sala de lo Constitucional como del Fiscal General ha creado una grave crisis de institucionalidad en el país. La negación al diálogo fue evidente en la decisión de la Asamblea, pues no se permitió un debate sobre el tema. Y además de dañar las posibilidades de diálogo entre salvadoreños, se dañaron también las relaciones internacionales, tanto con las instituciones con las que El Salvador ha firmado convenios que le obligan a respetar los Derechos Humanos, como con países que apoyan la democracia. Llamar limpieza de la casa a procedimientos arbitrarios y autoritarios se acerca demasiado al lenguaje de limpieza social, tantas veces condenado por dar origen a graves violaciones de Derechos Humanos. Un país como El Salvador, que necesita verse a sí mismo como un proyecto de realización común para enfrentar sus graves problemas socioeconómicos, no puede prescindir ni del diálogo ni del control institucional y ciudadano. Intentar la vía autoritaria, tratar de suprimir toda crítica, marginar e incluso insultar a quienes desde la buena voluntad o desde la misma legalidad piensan u opinan distinto, no conduce ni a la democracia ni a la convivencia amistosa y confiada, indispensable para el desarrollo. Justificar el autoritarismo con elecciones en las que se cosecha una votación masiva conduce a una soberbia del poder que suele terminar siempre de forma trágica. La moderación y la racionalidad han sido siempre los principios que han conducido al desarrollo solidario tanto en el campo cultural y social como en el económico. Si algo puede y debe exigir la ciudadanía, es que se la escuche y se le responda no desde el insulto sino desde la racionalidad y la capacidad de entenderse de las personas de bien. Aunque la soberbia del momento actual haya taponado los oídos del poder, persistir y resistir en el intento de ser escuchados es lo mejor que la ciudadanía puede hacer tanto en favor de El Salvador como, incluso, de los miembros de Nuevas Ideas. José María Tojeira, director del IDHUCA

Desmantelando la casa Mario Zetino Duarte y Augusto López 04/05/2021 Los eventos ocurridos en la noche del 1 de mayo y madrugada del 2 de mayo en la Asamblea Legislativa de El Salvador son una muestra metafórica de cómo una casa puede ser desmantelada por bandidos. Los diputados de Nuevas Ideas actuaron con sigilo y en horas en las que la oscuridad y la sorpresa les dio cobertura. El 1 de mayo, temprano en la mañana, hubo una marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, a la que muchas personas se habrían sumado para ir a la Asamblea de haber sabido lo que se estaba tramando. Actuaron cuando la ciudadanía estaba descansando, y amanecimos con la casa, nuestra casa El Salvador, sin techo y sin paredes que brinden protección y garantías. Ahora hay otras estructuras que simulan proteger, pero que están diseñadas para ser opresivas. Todo apunta a que los bandidos no se detendrán; solo pueden esperarse atracos mayores. Están tomando algo que no les pertenece y que no les ha costado construir; por lo tanto, saquearán con oportunismo lo que falta. En adelante, no hay excusas para la inacción ciudadana. Debemos recordar que el poder no reside en los gobernantes, sino en los gobernados. Gobernantes sin gobernados que obedezcan solo serán caricaturas autoritarias. En ellos no se puede confiar, tarde o temprano terminarán afectando a quienes no actúen, y entonces será demasiado tarde. Luego de las “destituciones” o remociones realizadas y las que estén por venir, la famosa refundación anunciada por la bancada de Nuevas Ideas no es una refundación económica que conduzca a la erradicación de la exclusión de los grupos sociales vulnerables, que sería lo esperado con base en el discurso populista que han utilizado. Tampoco tiene el propósito de restituir la institucionalidad supuestamente violada por los antecesores, sino remover los cimientos de la institucionalidad de toda sociedad moderna: el respeto a la separación de poderes, el respeto a los procedimientos de derecho, el respeto al derecho de disentimiento y oposición. La búsqueda del control total del Estado no es un fin en sí mismo, no tiene sentido; es un medio político para destruir toda oposición ante medidas económicas y sociales que continuarán exacerbando la exclusión de la población. Las acciones económicas del Ejecutivo así lo evidencian. Ese es el sentido: una refundación política para continuar haciendo lo mismo con discurso nuevo. La corrupción es parte del ADN del Gobierno y de la legislatura de Nuevas Ideas; ella corre ya por las venas de esa refundación. Pruebas abundan en el manejo de la pandemia. No será sorprendente que encuentren aliados en los partidos corruptos de siempre y en los sectores empresariales nacionales e internacionales que saldrán beneficiados con la exacerbación de la exclusión de la mayoría del pueblo. Es una responsabilidad, científica por parte de los académicos y ciudadana, tomar posiciones claras en la defensa activa de lo que, como dice la UCA, aun siendo débil, ha costado tanto sacrificio construir. Si nos hacemos los desentendidos, nos pasará lo que advirtió Bertrand Russell sobre la condescendencia política ante el avance del nazismo en Europa. Si no lo impedimos, el bukelismo destruirá nuestra casa-país, en la que tenemos derecho a vivir en democracia, y todos los que la habitan. * Mario Zetino Duarte y Augusto López, director y gestor de procesos de la Dirección de Investigación, respectivamente

Washington y su política para el Triángulo Norte figuran en la lista de los incómodos del presidente Bukele. La Casa Blanca de Biden está convencida de que la presión de los inmigrantes centroamericanos en su frontera sur disminuirá si las condiciones de vida en los países de origen mejoran sustancialmente, si se abren oportunidades, si la convivencia es pacífica y si hay estabilidad política. La nueva política no es, por tanto, una simple versión revisada de la política de Trump, como alega un Bukele desdeñoso. Erradicar las causas primarias de la emigración exige voluntad política, una gigantesca inversión y tiempo. Washington está dispuesta a colaborar si se garantiza que el dinero será invertido correctamente, algo que no ha sucedido en el pasado reciente. Aquí es donde perseguir la corrupción adquiere dimensión estratégica. La prioridad de la política de Washington para el Triángulo Norte es contener la inmigración irregular en la frontera sur. En este sentido, no es diferente de la de Trump. La presión de los inmigrantes ha convertido dicha frontera en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Su extensa longitud dificulta la vigilancia, el trámite para solicitar asilo o residencia es obsoleto, y la cantidad de solicitudes lo ha hecho aún más obsoleto y ha creado una crisis humanitaria. Adicionalmente, el tema de la frontera y la inmigración es arma arrojadiza en la política interna estadounidense. Los republicanos la utilizan para ganar votos; los demócratas han prometido apertura, pero no pueden reformar la legislación sin los republicanos, que se resisten para no concederles ese triunfo. Mientras tanto, la tensión crece en la frontera y en las comunidades de irregulares ya residentes. Aunque el bienestar social centroamericano es una mera consecuencia de la nueva aproximación de Washington al fenómeno de la inmigración, no por eso es menos importante. Sin embargo, las implicaciones de ese enfoque incomodan a regímenes como el de Bukele, en cuya agenda no figuran sus elementos esenciales. Mientras la corrupción campee por sus fueros, habrá mayor desigualdad, no se abrirán oportunidades, ni se alcanzará la paz social. El despojo, la indiferencia y el abandono empujan a huir al norte, muy a pesar de los riesgos de la travesía y de la ruptura con los seres queridos. El año pasado, el flujo migratorio disminuyó hasta casi detenerse, no porque las causas hayan desaparecido, como quisiera el presidente Bukele, sino por el cierre de las fronteras. Una vez abiertas, el flujo no solo se ha reanudado, sino que los motivos para emigrar son aún más poderosos. La pandemia acarrea más desempleo, más desencanto y más frustración. El enfoque de Washington es acertado, pero insuficiente. Erradicar las causas primarias de la emigración entraña una reforma estructural que las oligarquías financieras neoliberales de la región no están dispuestas a tolerar. Empeñadas en explotar al máximo los recursos disponibles, no reparan en las consecuencias sociales y ambientales. Más aún, la emigración les resulta muy rentable. El año pasado, las remesas percibidas por el Triángulo Norte ascendieron a 23 mil millones de dólares, lo cuales alimentaron la transacción financiera, el consumo y, en el caso de El Salvador, contribuyeron a mantener el dólar en circulación. Esas oligarquías, que se declaran incondicionales de Estados Unidos, trasladan a su frontera sur a los que su explotación extrema descarta. Si Washington desea realmente contener la crisis fronteriza, debe hacer que sus aliados centroamericanos asuman su responsabilidad e introduzcan la reforma estructural que vuelva innecesario emigrar. No debe hablar solo con los funcionarios y los políticos, sino también emplazar al gran capital corporativo. En concreto, puede exigir la misma tasa impositiva que Biden plantea aplicar a dicho capital en Estados Unidos para atenuar la crisis socioeconómica creada por la pandemia. O, al menos, debiera exigir una reforma fiscal progresiva, no como la que Bukele negocia con el FMI, que castiga a los ingresos más bajos. De lo contrario, su multimillonaria inversión caerá en saco roto. Simultáneamente, Washington ha de negociar un acuerdo bipartidista para reformar drásticamente su legislación migratoria. Asimismo, no debe tolerar que las tendencias antiinmigrantes y racistas boicoteen ese intento. En cualquier caso, no debe caer en la tentación de recurrir a la fuerza militar para contener un fenómeno de naturaleza social. El problema no lo constituyen los inmigrantes, sino las condiciones en las que los obligan a mal sobrevivir. Por tanto, la solución no está en la frontera, sino en los países de origen. De todas maneras, Estados Unidos no debe olvidar que necesita trabajadores y que migrar y solicitar asilo son derechos. En el ámbito regional, Washington no cuenta con la colaboración entusiasta de los gobernantes del Triángulo Norte. No están interesados en suprimir las causas del fenómeno ni están dispuestos a enfrentar a

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condena el irrespeto a la ley por parte de la nueva Asamblea Legislativa en su acción de destituir y reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues dinamita la independencia de los poderes del Estado, propia de una democracia. La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo. Además de atentar contra la democracia, esta acción es ilegal. Según el ordenamiento jurídico nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos, pero solo por las causas específicas establecidas en la ley. Las razones esgrimidas en la pieza de correspondencia presentada este día no son coherentes con lo dispuesto en la legislación; por lo tanto, son ilegales e inconstitucionales. La lógica de la pieza de correspondencia se fundamenta, entre otros motivos, en una inconformidad con la interpretación constitucional de la Sala, al no coincidir con la lectura y deseos del Ejecutivo. En el fondo, el mensaje es que el único que puede interpretar la Constitución es el presidente de la República, al que la Sala de lo Constitucional debe sometimiento. El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele, quien ahora sigue el guion del Partido Demócrata Cristiano de los años noventa, cuando promovió la destitución de un magistrado sin seguir el procedimiento previamente establecido. En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera. Antiguo Cuscatlán, 1 de mayo de 2021

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los ojos estarán más puestos en el inicio de la nueva legislatura que en las expresiones de un movimiento social debilitado y disperso. Por de pronto, las bancadas de Nuevas Ideas y de sus socios están siguiendo el mismo libreto que usó Nayib Bukele cuando ganó las elecciones en 2019. El presidente impulsó una toma de posesión disruptiva, negándose a hacerla en el lugar acostumbrado. Además, no nombró a ningún equipo de transición para un traspaso de mando ordenado y trató con displicencia y desprecio a los funcionarios del Gobierno saliente. La nueva bancada cian sigue los mismos pasos; ha entendido el caudal de votos que obtuvo como un permiso para la ruptura, la agresividad y la soberbia, no como un compromiso de impulsar cambios que profundicen la justicia social. Cabe esperar, pues, que después de tomar posesión, los nuevos diputados del oficialismo promuevan medidas de gran impacto mediático para generar más expectativas y aumentar el respaldo social. Así lo hizo Bukele el día de su toma de posesión, al ordenar que se borrara de una guarnición militar en San Miguel el nombre del militar responsable de la masacre en El Mozote. Esta medida sorprendió a muchos, pero no tuvo ningún tipo de continuidad. Más bien lo contrario: luego el mandatario impulsó la militarización de la seguridad pública y la exaltación del Ejército. Las señales que dan los nuevos diputados no dan pie al optimismo. Cuando recibieron sus credenciales, un alto funcionario de Casa Presidencial intervino ante la prensa para que no dieran declaraciones. Además, fue la Comisionada Presidencial quien anunció que no habrá actos protocolarios en la Asamblea el 1 de mayo, que la bancada de Nuevas Ideas comenzará a trabajar desde muy temprano y que se reducirá el número de integrantes de la Junta Directiva. Los diputados cian serán simples marionetas del Ejecutivo. Aunque esto también pasó en anteriores Gobiernos, parece ser que ahora sucederá sin pudor ni disimulo. Siempre los diputados del partido oficial han entendido su función en términos de incondicionalidad con el Ejecutivo, así como la oposición se ha entendido como una fábrica de “no” ante las iniciativas del Gobierno. Ninguna de las dos lecturas es la correcta; ambas le han causado grave daño al país y a la democracia. El Salvador no solo necesita cambio de formas, sino de fondo. Ese fue el mensaje de los votantes el 28 de febrero. Las estrategias mediáticas no serán suficientes si las transformaciones a favor de la mayoría de la población no llegan. Bien harían los nuevos legisladores en entender que el poder es para servir honestamente a la gente, no para servirse, dominar y avasallar. Sin embargo, de nuevo, hay poco margen para el optimismo.

La intolerancia contra el migrante está creciendo. Pero no solo en el mundo que llaman desarrollado. También en nuestros países latinoamericanos, tan acogedores de la migración en algunos momentos de principios del siglo XX, se está dando el mismo fenómeno. El éxodo de venezolanos a los países limítrofes o cercanos, la llegada de nicaragüenses a Costa Rica, de centroamericanos a México, al tiempo que encuentra gente muy solidaria, sufre también con frecuencia serios rechazos cuando no abusos graves. Quienes piensan que los Derechos Humanos solo se violan en el tercer mundo no se dan cuenta del terrible racismo, xenofobia y violencia, incluso estatal, contra los migrantes, que se mantiene viva y activa en el mundo desarrollado. El Salvador, que recibió migrantes hace un siglo, también desde hace un siglo comenzó a empujar salvadoreños hacia un salario mejor. Primero a las plantaciones bananeras de Honduras y, después de la guerra con el país hermano, hacia los Estados Unidos principalmente. De nosotros se suele decir que una tercera parte de nuestra población ha migrado y vive fuera de las fronteras patrias. El apoyo económico que muchos salvadoreños reciben de sus parientes migrantes se ha convertido en el principal factor de reducción de la pobreza y fuente de alivio para una economía demasiado maltrecha. A lo largo de la posguerra, pocos políticos han dejado de alabar a nuestros hermanos migrantes. Incluso políticamente se desarrolló un sistema de consulados extendidos por diversas ciudades de México y Estados Unidos muy superior en calidad y servicios a otros sistemas consulares de países del área. Por eso llama la atención que en los estertores finales de la actual Asamblea Legislativa se haya intentado sacar una ley que castigando duramente la trata de personas, criminaliza la solidaridad con los migrantes. La ley se llama “Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas” y está vetada (bien vetada esta vez) por el Presidente de la República. Contiene serias ilegalidades como el de no respetar el principio de territorialidad y posibilitar la persecución penal de salvadoreños por cometer acciones que en El Salvador serían delictivas y fuera de El Salvador no lo son. Como ejemplo albergar a un migrante sin papeles en su viaje hacia Estados Unidos. Aunque resulte chocante decirlo, esto es tan absurdo y brutal como lo que hacían en sus años más dictatoriales los regímenes comunistas, que podían meter preso a una persona que recibiera a un sacerdote en su casa. Cuando hace años hemos visto fotos de mujeres mexicanas lanzando agua y alimentos a los migrantes que viajaban en el tren al que llamaban “la bestia”, sentíamos el orgullo de saber que la fraternidad triunfaba sobre los prejuicios racistas y xenófobos. Hoy algunos diputados salientes parecen desear que vaya preso cualquier salvadoreño que se le ocurra dar un pan con café a una mujer o a un adulto mayor que camine en una caravana. Quienes defienden esa ley pueden decir que exageramos, pero esa ley es tan general y tan poco específica en algunos aspectos que puede confundir fácilmente el tráfico ilegal de personas con la solidaridad humanitaria con el migrante. Está bien perseguir a quienes ponen en riesgo a los salvadoreños en su viaje hacia Estados Unidos. Pero no todos son traficantes en cuando albergan, aconsejan o ayudan incluso económicamente a quienes deciden migrar. Decir que para prevenir la migración hay que desarrollar políticas públicas es una generalidad tan amplia que termina no diciendo nada. Y no podemos engañarnos: el Estado salvadoreño ha fallado sistemáticamente a la hora de cumplir con su deber constitucional de brindar al ciudadano “bienestar económico” (Artículo 1 de la Constitución). No es de extrañar que muchos ciudadanos confíen más en los coyotes traficantes que en los coyotes políticos. Y peor todavía si estos últimos le hacen la migración más difícil a los migrantes.

Mucho le costó a la sociedad civil obtener la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de todo ciudadano y la sociedad en general a conocer los pormenores del quehacer de las instituciones públicas y sus funcionarios. Las dificultades para la aprobación de la Ley —tan importante para el desarrollo y profundización de la democracia, para avanzar hacia un Gobierno abierto, para la transparencia de la función pública y para contribuir a la lucha contra la corrupción— se debieron a la opacidad característica de la mayor parte de la clase política del país. La normativa fue incómoda desde el primer momento y ha sido vista como una amenaza por aquellos que administran el Estado, pues abrió la puerta a que la sociedad civil pudiera controlarlos. Sin embargo, a pesar de sus bondades y aciertos, la Ley tiene una gran limitación: da un excesivo poder al presidente de la República en la elección del presidente y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, y la facultad de determinar aquello que constituye materia reservada y, por tanto, no puede ser ser escrutado por la sociedad. Así, la Ley pone en manos del titular del Ejecutivo la posibilidad de controlar el Instituto e interferir en su trabajo, anulando de facto el control de las instituciones gubernamentales que la propia Ley de Acceso a la Información Pública posibilita. Todos los mandatarios que ha tenido el país desde 2010 (año de aprobación de la Ley) hasta la actualidad han buscado aprovecharse de esa limitación para librarse del escrutinio público. Durante las administraciones del FMLN se intentó controlar al Instituto de Acceso a la Información Pública buscando comisionados afines al partido y redactando reglamentos que restringieran los alcances de la Ley. A pesar de ello, ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Cerén lograron su cometido; el Instituto dio grandes aportes a la transparencia de la función pública y garantizó en buena medida el derecho ciudadano a recibir información de las instituciones del Estado. Esto gracias a que la mayoría de comisionados elegidos asumieron con independencia y responsabilidad su misión. La situación cambió con la llegada de Nayib Bukele. A través del nombramiento de los comisionados y del presidente del Instituto, Bukele ha logrado cooptar y controlar el organismo, evitando así que se transparente el trabajo de las instituciones y funcionarios públicos. Con el Instituto de Acceso a la Información Pública ya neutralizado, el secretismo se ha vuelto norma y se niega el derecho de todo ciudadano a conocer lo que ocurre en las instituciones públicas. Sin duda, se ha dado un gran paso hacia atrás en temas de transparencia y control ciudadano del Estado, algo que riñe con las promesas de Bukele de luchar contra la corrupción. El Salvador y sus ciudadanos han perdido un instrumento valioso y necesario para un mejor gobierno; peor aún, parece que la mayoría de la población no es consciente de la gravedad de este hecho y de las consecuencias negativas que ello traerá en la administración de la cosa pública y el desarrollo del país.

En El Salvador con facilidad se tiende a dejar de lado lo que es importante en el largo plazo, priorizando lo que es secundario si ello implica obtener réditos en el corto plazo. Un ejemplo claro es que de cara al 1 de mayo se esté pensando más en la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa que en la situación de los trabajadores. Puesto que el desarrollo nacional descansa en la capacidad y calidad laboral de la gente, eso es lo que debería preocupar en el Día Internacional de los Trabajadores. La Asamblea Legislativa no es un fin en sí misma, sino un medio; en cambio, el trabajo decente y de calidad es un fin en sí mismo, porque se traduce en desarrollo personal y social. Los medios pueden ser indispensables para alcanzar los fines, pero si estos no están claros, aquellos fácilmente se corrompen. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un estudio sobre la productividad promedio de los trabajadores en diversos países del mundo. Como sabemos, en la actualidad, la productividad laboral depende en buena medida de la educación, la especialización, la capacidad técnica y el acceso a medios de producción de última generación. Por lo general, a mayor formación, mayor productividad. Pues bien, fuera de lo que se suele asumir, Estados Unidos no es el país con mayor productividad por trabajador, pero el promedio de productividad de sus trabajadores es de 116 mil dólares al año. En contraste, la de un trabajador costarricense anda por los 36 mil dólares al año; la de un guatemalteco, 18 mil 932 dólares; la de un salvadoreño, 18 mil 191; y la de un nicaragüense o de un hondureño, ronda los 10 mil 500 dólares. Estos datos explican por qué la gente del Triángulo Norte emigra hacia Estados Unidos y los nicaragüenses, hacia Costa Rica. La mayoría de países del istmo no han cuidado ni promovido la calidad del trabajo. Ni el Estado ni la empresa privada han cumplido con su responsabilidad de dotar al trabajador de los medios educativos y técnicos que le permitan ser algo más que mano de obra barata. Costa Rica, gracias a unas reformas muy sencillas tanto en el campo educativo como en la seguridad social, ha logrado en relativamente poco tiempo duplicar la productividad de sus trabajadores con respecto a los de sus vecinos en la región. Aunque el 1 de mayo suele centrarse en El Salvador en el reclamo de mejoras salariales para los trabajadores formales y algunas otras reivindicaciones sociales, rara vez se ha reflexionado seriamente sobre la calidad y productividad del trabajo. Hoy las cosas están peor. En el país, la pandemia ha golpeado severamente el trabajo, pero por la coyuntura preocupa más una Asamblea Legislativa que se prevé de baja calidad. Perder la oportunidad de reflexionar en el Día Internacional de los Trabajadores sobre la problemática apuntada implicaría desatender una tarea clave para la salud y desarrollo de la nación. Si la sociedad civil no reflexiona sobre el trabajo, mucho menos lo hará una Asamblea más interesada en su triunfo y en cumplir al pie de la letra los deseos presidenciales.

El proceso de vacunación contra la covid-19, que inició el 17 de febrero y que ya ha alcanzado más de medio millón de salvadoreños, es uno de los mejores alicientes para enfrentar con esperanza el futuro cercano. Especial mención en este proceso merece el personal de salud que con diligencia y amabilidad atienden a las miles de personas que llegan a diario a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, reconocer sin ambages este gran acierto, no da licencia para cerrar los ojos a algunos aspectos que, en el contexto de la pandemia, generan muchas preguntas. Por ejemplo, un primer aspecto se refiere a la decisión de convertir en un gran centro de vacunación lo que se anunció como una de las fases del hospital más grande de América Latina para atender víctimas del coronavirus. ¿Qué impacto tiene esta inesperada decisión en el presupuesto que se había destinado para la construcción? Porque no es lo mismo lo que se invierte en un hospital con más de dos mil camas, mil de ellas equipadas como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en un centro para aplicar vacunas, por grande que este sea. Efectivamente, cuando a mediados de marzo del año pasado el presidente Bukele anunció con altavoces la construcción del hospital en 100 días, dijo que costaría $70 millones de dólares y que tendría 2,300 camas, 300 UCI y el resto para atención general. Tiempo después se dijo que el hospital costaría más dinero, que tendría mil camas UCI, pero nunca se dio un informe con detalles. El 10 de agosto de 2020, el presidente Bukele afirmó en una conferencia de prensa que se tenían 400 camas UCI ya funcionando. Sin embargo, en un artículo publicado1 en la prestigiosa revista científica británica The Lancet en diciembre de 2020 y que algunas fuentes atribuyen a un encargo del gobierno salvadoreño, se afirma que el hospital El Salvador cuenta con 105 camas UCI, 143 camas de cuidados intermedios, 18 médicos intensivistas, 25 de medicina interna, 318 médicos generales y 492 enfermeras. Por muy positivos que sean todos estos datos, que lo son, están lejos del anuncio oficial del presidente. A lo mejor, no se ha invertido todo el dinero y lo que falta se utilizará en el equipamiento del hospital en un futuro, pero esto no pasa de ser especulación mientras el gobierno no revele lo que realmente ha gastado en el hospital. En febrero de este año, en la misma revista The Lancet, se publicó otro artículo titulado “Hospital El Salvador: quedan preguntas más amplias”2, en el que se cuestiona lo dicho en el artículo publicado en diciembre. En este artículo se mencionan las medidas decretadas por el gobierno durante la cuarentena porque resultaron en “abusos cuestionables contra los derechos humanos”, se pregunta por quiénes fueron los que tomaron la decisión de construir el hospital y por el enfoque de género con el que funciona. En el fondo plantean ¿Por qué se tomó la decisión de invertir en el tratamiento de los muy enfermos, en lugar de los esfuerzos para reducir la propagación de la enfermedad? Las intervenciones más efectivas contra COVID-19 son a nivel poblacional. La inversión financiera en el Hospital El Salvador, aunque no pública, debe ser sustancial. Este hecho debe entenderse en un contexto donde millones de salvadoreños viven en extrema pobreza sin acceso a agua para lavarse las manos y donde un gran sector informal depende de un ingreso diario y no puede aislarse”. En esta línea que señala The Lancet, queremos destacar un segundo aspecto alrededor de la construcción del megahospital o megacentro de vacunación. Se ha afirmado a los cuatro vientos que se ha transformado el sistema de salud. Pintar y retocar las fechadas de hospitales y construir uno nuevo, siendo avances importantes, no son suficientes para cambiar un sistema de salud que ha estado en condiciones deplorables desde hace muchos años. Transformar el sistema de salud implica hacer universal el derecho humano a la salud que incluya a toda la población en igualdad de condiciones, independientemente de su situación económica. Costa Rica, para no ir más lejos, incluye en su sistema de seguridad social a toda su población sin excepción, mientras que en El Salvador seguimos teniendo tres sistemas de salud que son un reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad. Un derecho que no es de todos es un privilegio, y eso es lo que ha pasado con la salud así como con la educación, el empleo, el agua y la vivienda en el país. Cambiar el sistema de salud implica homologar un reconocimiento digno a todos los trabajadores de la salud, que han sido y siguen siendo los verdaderos héroes de esta pandemia; exige no hacer que la población llegue a mega centros, sino llevar la salud a la población y hacer que en todas las regiones del territorio hayan hospitales escuelas donde se formen las nuevas generaciones de profesionales que no luchen entre sí por encontrar un cupo en la ciudad capital. Transformar el sistema de salud implica hacer cambios mucho más profundos. Al César l

José María Tojeira 20/04/2021 Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo de las Naciones Unidas, publicó un documento sobre el diálogo con la sociedad civil, en el que se insiste en que la participación ciudadana es indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030). La Asamblea General de la ONU, en este contexto, aprobó la declaración Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de Escazú, que el Gobierno de Bukele no quiso firmar, iba, en el tema medioambiental, en la misma dirección participativa. En este momento, en el que una nueva Asamblea Legislativa está punto de iniciar sus funciones, el tema se vuelve de interés general. ¿Iniciará este Gobierno un diálogo participativo con la sociedad civil en su amplitud y diversidad? El control tan fuerte de las instituciones estatales que le caracterizará a partir del 1 de mayo ofrece una oportunidad de diálogo inclusivo con todos aquellos sectores que se preocupan por el desarrollo humano de El Salvador ¿Aprovechará la oportunidad de convertirse en un Gobierno abierto o se cerrará en su control de las instituciones aislándose de la sociedad civil? La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú no ofrece un buen pronóstico, pero en la medida que los problemas se vayan mostrando en su complejidad, el acercamiento a la sociedad civil se vuelve indispensable.

A nivel oficial, Estados Unidos ha sido considerado por El Salvador como su amigo y aliado preferencial desde hace más de 100 años. Muchos recuerdan al presidente Francisco Flores diciendo que el mayor honor que había recibido en su vida era que George Bush le llamara “amigo”. A pesar del paso del tiempo y los cambios en ambos países, la influencia dominante de uno sobre otro ha permanecido. Solo en el actual Gobierno se han comenzado a ver situaciones inesperadas. La coyuntura más reciente ha estado marcado por el viraje en la política de Estados Unidos hacia la región centroamericana, que ha alterado el tradicional respeto y dependencia salvadoreños hacia la nación del norte. Los mensajes de la administración de Joe Biden han insistido en la lucha contra la corrupción, el apoyo al desarrollo, el freno a la migración y la defensa de los derechos humanos. A cambio promete ayuda económica. Así, la actual agenda estadounidense para la región se aleja de la complacencia con el autoritarismo y de la manipulación propagandística y antiinmigrante de la era Trump. En ese marco, una serie de congresistas del partido demócrata entraron en polémica con el presidente Bukele, quien no tardó en responder con su agresividad característica. Aprovechando la coyuntura, China ha comenzado un proceso de acercamiento con el Gobierno salvadoreño. La situación obliga a preguntarse si la actitud de Bukele responde a una estrategia planificada o es una una amarga y espontánea respuesta a la nueva política estadounidense, diferente de los halagos y mieles de la anterior administración. Todavía es temprano para saberlo, pero de lo que no cabe duda es de que los migrantes y sus remesas son claves para El Salvador. Dada la situación económica del país, es un verdadero despropósito enfrentarse con los congresistas que apoyan dar la residencia a quienes tienen el TPS y a otros migrantes sin papeles. Creer que China puede igualar la relación económica y de cooperación con los Estados Unidos sería de ilusos. Endeudados como estamos, dolarizados y dependientes de préstamos, no conviene olvidar la influencia estadounidense en la mayoría de los bancos y agencias internacionales. Por supuesto, Estados Unidos no siempre ha sido un aliado ético. Durante nuestra guerra civil, no tuvo inconvenientes en contribuir a ocultar masacres, apoyar asesinos o corruptos, y dar ayuda militar, haciendo caso omiso de que las causas del conflicto armado eran económicas y sociales. Ciertamente, oponerse a tendencias imperialistas es una actitud ética. Pero eso es una cosa y otra no saber manejar situaciones políticas. Estados Unidos enfrenta un drama humanitario en sus fronteras, dada la fuerte afluencia de migrantes y la incapacidad de atenderlos. El momento es propicio para una negociación en favor de los migrantes salvadoreños y de reducir el éxodo hacia el norte a través de inversiones en el campo productivo. Pelearse con los congresistas más cercanos a nuestro país es políticamente absurdo. Y hacerlo porque insisten en temas vinculados a la libertad, la lucha contra la corrupción, la transparencia y los derechos humanos añade ácido a una situación de por sí insostenible. Un cambio de actitud de parte del Gobierno de Nayib Bukele es necesario si quiere apoyar a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y buscar modos de estabilizar económicamente a El Salvador.

OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21

El Twitter presidencial dejó pasar en blanco la visita del enviado especial de Washington. La visita no era un asunto menor como para guardar silencio. Casa Presidencial no contestó la solicitud de un encuentro con el presidente de dos horas de duración. Así, devolvió el desplante que la Casa Blanca hizo a Bukele durante su visita a la capital estadounidense en febrero, y las dos casas habrían quedado a mano. Sin embargo, la de San Salvador pierde más que la de Washington. Estados Unidos puede impulsar sus planes sin Bukele, pero este necesita de la colaboración estadounidense para los suyos. Sorprende que el presidente Bukele haya rehusado conversar sobre la relación entre las dos naciones, la corrupción, la emigración, la regularización de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, el comercio, la inversión y los préstamos, temas muy destacados en su discurso. Aquí no estaba en juego la soberanía nacional frente al imperialismo yanqui, sino el orgullo presidencial herido por las críticas de Washington, que censura a Bukele por su gestión autoritaria, por tolerar la corrupción y por su tenaz resistencia a rendir cuentas. Antes de conversar, la Casa Presidencial de Bukele exige que Washington baje el tono de los señalamientos, es decir, que lo deje hacer a su antojo. Mejor, si lo honra como el mejor presidente latinoamericano. En teoría, las dos casas presidenciales están de acuerdo en preservar el régimen democrático y en combatir la corrupción. Pero mientras la Casa Blanca estima que la democracia y la integridad son claves para contener la inmigración irregular, la Casa Presidencial de Bukele habla de democracia, pero gobierna autoritariamente, y sentencia que “el dinero alcanza cuando nadie roba”, pero solo persigue a algunos de sus enemigos, en tanto que con los amigos es complaciente. Así, mientras Washington dona dos millones de dólares a la CICIES, Bukele gasta más de un millón de dólares en cabilderos que negocien el acuerdo con el FMI, porque el gabinete económico, al cual corresponde la tarea, no es competente. Corrupción e incapacidad van juntas. La incompetencia es una forma de corrupción, ya que derrocha estérilmente unos recursos escasos, y la corrupción es incapacidad, porque impide elevar la inversión social y desarrollar infraestructuras de beneficio común. La corrupción es un mal estructural, que incide directamente en la desigualdad, la violencia social y la emigración. Casa Presidencial conoce su relevancia, pero no está por una lucha sin cuartel, sino selectiva. En la campaña electoral, Bukele prometió una institución para combatir eficazmente la corrupción, como la que en ese entonces operaba en Guatemala. Una vez en la presidencia, creó la CICIES, pero sus resultados son exiguos: alguna colaboración con la Fiscalía General y doce avisos de posibles actos de corrupción en cinco dependencias estatales. No ha ido más lejos por falta de autonomía y de personal, por la poca capacidad técnica de los fiscales y los policías, por la cooptación funcional de los controladores y por vacíos legales en temas como el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, la extinción de dominio y la normativa penal. Nada de esto es nuevo ni desconocido. No ha sido modificado porque la corrupción y la impunidad son elementos orgánicos de la institucionalidad. El comisionado de la CICIES aprovechó la visita del enviado de Washington para señalar públicamente las debilidades que aquejan a la institución que dirige. Mientras el diplomático tomaba nota de la situación, el presidente Bukele rechazó otorgar independencia a la CICIES, argumentado que es “lo peor que pudiéramos hacer”. No debe haber sido una decisión fácil renunciar a recibir al enviado de la Casa Blanca y a la fotografía y a los discursos protocolarios, un espaldarazo nada despreciable para el presidente Bukele. Pero el encuentro era demasiado arriesgado. No solo por los temas de la agenda, sino también porque Bukele no controlaría el discurso ni ocuparía el primer plano en solitario. Ante tantas contingencias, optó por evadir al mensajero. Una postura tan poco diplomática e inteligente muestra el límite de su presidencia. Bukele y sus asesores se mueven bien en el ámbito interno, pero no en el internacional. Washington, en cambio, sin pasar por alto el desplante, califica la visita como exitosa, puesto que estableció claramente su agenda para el Triángulo Norte. La Casa Presidencial de Bukele ha demostrado poca habilidad diplomática, incapacidad para maniobrar en el ámbito internacional e inadaptación al mundo real. Así, el presidente salvadoreño quedó al margen, cosa rara, dado su afán protagónico. Si no se suma a los esfuerzos para fortalecer el Estado democrático y erradicar la corrupción, corre el peligro de permanecer aislado. El dilema tiene solución difícil. O se aviene a impulsar una lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, y abandona el autoritarismo, o se encierra en su reino de maravillas, al igual que los regímenes d

OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD

En 1992, como parte de los Acuerdos de Paz, se acordó crear una nueva Policía en El Salvador, civil y democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sustituyera a la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, cuerpos de seguridad militarizados que, en lugar de proteger a la población, aterrorizaban con impunidad, torturaban, desaparecían y asesinaban a discreción. Muchos salvadoreños recuerdan a esos cuerpos como auténticos terroristas de Estado. Y por ello, algunos todavía tienen fresca en la memoria la alegría con la que fueron recibidos los primeros miembros de la PNC al ser desplegados para iniciar su trabajo al servicio de la gente. La nueva Policía, con su uniforme de pantalón azul, camisa blanca y gorra, su pistola enfundada como única arma de reglamento (en lugar de los fusiles y metralletas de antes), su amabilidad y educación, generó esperanzas de que se podía confiar en ella. Sin embargo, las cosas pronto empezaron a torcerse. Hoy, la PNC ha perdido en gran medida su carácter civil, se ha alejado de la población e irrespeta los derechos humanos. Cientos de casos dan fe de que miembros de la corporación se comportan como que si fuesen guardias nacionales, generando inquietud y temor ahí donde se hacen presentes. Esa transformación ha sido intencional, provocada tanto por los liderazgos de la Policía como por sus agentes, contrariando así la misión institucional de aportar a una cultura de paz y de respeto a los principios democráticos. Es necesario, entonces, revisar a fondo los requisitos que se exigen para los ascensos dentro de la corporación y la formación que se imparte en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Parece ser que la realidad no se corresponde con la teoría. Aunque estudien los principios democráticos y los derechos humanos, la mayoría de agentes parecen desconocerlos, no los tienen en cuenta en sus actividades diarias. Otro elemento fundamental para garantizar la coherencia de la PNC con el objetivo con que fue creada es la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, la cual, a lo largo de sus casi tres décadas de historia, ha sido totalmente inoperante, no ha cumplido su función de velar y controlar “las actuaciones de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como lo referente a los derechos humanos, procurando la observancia de los mismos en todo procedimiento o servicio policial”. Urge devolverle a la PNC su carácter civil, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Parte de ello es que la Inspectoría General cumpla con su deber y permanezca vigilante del accionar policial. Además, es necesario que cuando los miembros de la Policía cometan un delito, la Fiscalía cuente con la plena colaboración de la corporación, que en la actualidad más bien protege a los agentes acusados. Es imperioso también que los jueces sean implacables en los casos de crímenes y delitos cometidos por policías, en lugar de dar el beneficio de la duda a favor de los victimarios, en desmedro de las víctimas. Si no se actúa pronto con firmeza, si se sigue permitiendo el deterioro y la corrupción de la institución, en muy pocos años la PNC no tendrá nada que ofrecerle a los salvadoreños; será una Policía corrupta y temible, al igual que los cuerpos de seguridad a los que sustituyó.

Aqu se habla donde no hay una verdadera justicia en diverso casos y el comentario dice los gieunte

El presidente Bukele se adjudica el título de “instrumento de Dios”, como si el título de presidente de la República no le bastara. El poder que ahora detenta es tanto que se asimila a la esfera divina, o quizás no es tan sólido como quisiera y se atribuye una misión divina para reforzarlo y, sobre todo, legitimarlo. La reivindicación es reclamada por las redes sociales. Las alfombras del Viernes Santo dan testimonio de ello. Así, pues, el fenómeno Bukele sería obra divina. Esta curiosa interpretación aduce como prueba los innumerables obstáculos que el ahora presidente ha salvado a lo largo de su carrera política. Entre más grande el obstáculo, levantado por fuerzas maléficas, más presencia activa de la fuerza divina, que lo habría conducido hasta colocarlo en la cima del poder del país. La intervención divina directa e inmediata compromete una obediencia que abandona la crítica y la resistencia para que “el enviado”, asistido por la sabiduría celestial, pueda llevar a cabo su misión sin contratiempos. Esta construcción ideológica, una versión revisada del fatalismo característico de ciertas formas de religiosidad tradicional, pretende ser a la vez explicación y justificación, que libera de toda responsabilidad personal y social. Si el poder acumulado habilita para designarse “instrumento de Dios”, los generales, los coroneles, los políticos, el periodista y el comandante que precedieron a Bukele en el cargo también habrían sido instrumentos divinos. Un sinsentido, dado que el mandatario los aborrece visceralmente. Un verdadero instrumento de Dios no desprecia de esa manera a otros instrumentos. Constitucionalmente, la pretensión de Bukele es otro desatino, porque el Estado es constitucionalmente laico, es decir, no requiere de la intervención de ninguna fuerza trascendente. En cualquier caso, si el presidente Bukele fuera “instrumento de Dios”, sus obras darían testimonio de ello. Por tanto, no las escondería con falsos alegatos de confidencialidad, seguridad nacional y otras sandeces por el estilo. Si el fenómeno Bukele fuera cosa de Dios, su discurso no sería despiadado, no denigraría, no insultaría, no mentiría. No sembraría miedo, odio y división. Tampoco explotaría el conflicto, que impide el diálogo, el entendimiento y la aproximación a verdaderas soluciones. Los mensajeros divinos no solo perdonan a sus enemigos, sino también los bendicen y rezan por ellos. El papa Francisco lo ha expresado con claridad meridiana en Irak, zona de guerra y muerte, también de esperanza. “Si Dios es el Dios del amor —y lo es—, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos”. Las obras desenmascaran la falsedad de la interpretación religiosa del poder de Bukele. Los hijos de Dios caminan en la luz y sus obras están a la vista de todos. Los funcionarios de Bukele, en cambio, caminan en la oscuridad, temerosos de que sus obras vean la luz. Sin embargo, al final, todo lo dicho en la oscuridad se oirá a la luz y lo que se susurró en lo recóndito será proclamado desde las azoteas. Esta clase de discurso religioso oculta ambiciones y disfraza la ineficiencia. Es una forma de actuar inescrupulosa, propia de políticos ambiciosos, que se valen de la religiosidad para llegar, acumular y retener el poder. Su quehacer político es más astucia y avidez que obra de Dios. Atribuirlo a su voluntad es blasfemo. Los constructores de la torre de Babel también quisieron alcanzar el cielo y, confundidos, fracasaron estrepitosamente. Los desconcertados y los desesperados encuentran sosiego momentáneo en esta clase de discurso religioso. La falsa confianza los lleva a abandonarse a lo que creen ser la voluntad divina. Renuncian así a pensar, a contrastar, a buscar y a deliberar cómo hacerse cargo de la realidad. Delegan esas tareas en “el instrumento de Dios”. Prefieren que él piense y haga por ellos y, en definitiva, se aproveche de sus inseguridades y miedos. Es lo que suele ocurrir cuando se renuncia a asumir la responsabilidad personal y social. Reducir la realidad a una simple dualidad, nosotros y ellos, no supera los problemas, solo los posterga. La seguridad ofrecida por el discurso religioso de Bukele es cómoda, pero engañosa. Así lo advierte el Evangelio: “Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, y engañarán a muchos” (Mt 24,4). Dios, en cualquier caso, no actúa desde el poder, sino siempre desde el último, desde el menor y desde el débil. No actúa desde arriba, sino desde abajo. En lugar de llamar a las legiones de ángeles para que lo libraran de la cruz, Jesús dejó hacer a sus enemigos, confiado en su Padre, quien tiene la última palabra. Ese es el sentido profundo de la encarnación. Los enviados de Dios como Mons. Romero y los mártires del pueblo salvadoreño han corrido la misma suerte, porque el pecado del mundo no tolera la luz que descubre la perversión del poder y del dinero. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Desde su primer día en el Ejecutivo, Nayib Bukele dio gran importancia al trato con Donald Trump. Incluso se ufanó de tener una excelente relación con él, y a ese buen entendimiento atribuyó varias decisiones estadounidenses en favor de El Salvador, como la prórroga del TPS y la donación de equipos de respiración para las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Pero con la entrada de la administración Biden, pareciera que las relaciones entre ambos países ya no son tan amigables ni fáciles. Para tratar de mejorarlas, el presidente ha contratado a empresas de relaciones públicas que buscan endulzar el oído de los funcionarios estadounidenses sobre lo bien que marchan las cosas acá. Según diversas publicaciones, estos contratos cuestan miles de dólares, pagados con los impuestos de todos los salvadoreños. A pesar de pretender una buena relación con Estados Unidos y de haber gastado tanto dinero por el logro de ese objetivo, Bukele ha cometido errores crasos; por el momento, el mayor de ellos, sus ataques a los congresistas que son críticos de la situación en El Salvador. El presidente no solo ha restado importancia a las cartas que han publicado, sino que también los ha minusvalorado personalmente, a pesar de ser miembros relevantes del Congreso. Además, ha hecho caso omiso de sus señalamientos sobre el irrespeto al Estado de derecho, las violaciones a derechos humanos y la posible corrupción en el Gobierno salvadoreño. En este marco, el último encontronazo ha sido con la congresista del distrito 35 de California, Norma Torres, de origen guatemalteco, quien afirmó que los responsables de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos son los Gobiernos de la región. “Muchos están escapando de #narcogobiernos liderados por @nayibbukele, @JuanOrlandoH y @DrGiammattei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión”, dijo. Si bien la declaración de Torres es dura y atrevida, la respuesta de Bukele, atacándola directamente y a través de sus troles, y pidiendo que no se vuelva a votar por ella, no ha sido adecuada en absoluto. Una vez más ha mostrado su intolerancia y agresividad con todo aquel que critica su gestión como presidente. Puesto que la administración Biden ha dejado claro que será mucho más exigente en las relaciones con sus socios y que pedirá que estos muestren con evidencias su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, para mejorar la relación entre El Salvador y Estados Unidos lo que se requiere es, precisamente, trabajar para que en nuestro país se fortalezcan el Estado de derecho, la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Mantener una actitud prepotente e insultante con quienes en el Congreso pueden aprobar o negar ayudas para El Salvador, o aprobar una reforma migratoria que dé estatus legal a los millones de salvadoreños que viven sin documentos en Estados Unidos, no es otra cosa que darse un tiro en el pie. Los exabruptos de Bukele y los suyos solo servirán para que los funcionarios de la administración Biden se convenzan aún más de lo mal que están las cosas en El Salvador. Por supuesto, tampoco se trata de agachar la cabeza ante todo lo que viene de Estados Unidos o de aceptar lo que no es verdad. Si una afirmación falta a la realidad, lo propio es demostrarlo con hechos, no con pleitos. Demasiado está en juego en la relación con Estados Unidos como para ponerla en riesgo con confrontaciones innecesarias.

OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA

Para unos, la Semana Santa es tiempo de descanso y diversión; para otros, de oración y devoción. Para todos, debería ser tiempo de reflexión. En primer lugar, porque lo que se conmemora es el sufrimiento y la victoria de una víctima asesinada injustamente, pero que continúa viva animando a la justicia y la paz. Y en segundo lugar, porque en El Salvador no se reconoce del todo el valor de las víctimas. La tradición cristiana nos llama a que veamos a Cristo crucificado en el asesinado por las pandillas o por los grupos de exterminio, en quien tiene hambre, en la mujer abusada, en el que carece de medicina para curar su enfermedad, en el que sufre por la falta de un ingreso digno. ¿Vemos en ellos el rostro de Cristo? ¿Hacemos algo por liberarlos de sus cruces? En el país nos cuesta enormemente considerar a las víctimas como parte de nuestra propia carne y como fuente de fuerza y ánimo para construir un mundo y una sociedad mejores. Por eso nuestro cristianismo es muchas veces débil e incluso contradictorio. Y poco contribuye un mundo en el que domina la ley del más fuerte, en el que la historia se equipara a la evolución de las especies: el más hábil, adaptable y capaz de usar su poder y agresividad es el que sale adelante. Se termina así pensando que las víctimas son una consecuencia normal de la dinámica social y que es mejor olvidarlas y continuar caminando hacia adelante. Las víctimas son fruto de los afanes de poder de unos pocos y de un modo de hacer futuro desde la ley del más fuerte. Su recuerdo tiene siempre un trasfondo subversivo, porque muestra que se está construyendo mal la historia y porque despierta indignación, deseo de justicia y solidaridad con el débil y carente de protección. La víctima Jesús de Nazaret generó con su muerte no solo salvación, sino modos de estructurar la realidad social que divergían de las tónicas imperantes en el imperio romano. Frente al poder absoluto del emperador, despertaban libertad construida desde el amor y la generosidad. Frente al poder del dinero, impulsaban desprendimiento y solidaridad. En el siglo II se consideraba que ser parte del ejército romano, con toda su violencia expansionista, era incompatible con ser cristiano. Los deseos de adaptación a la sociedad limitaron y apagaron los aspectos críticos del cristianismo en muchas comunidades. Pero permaneció siempre, de diversas maneras, el esfuerzo de fidelidad al Evangelio, a la víctima central del mismo, Jesús de Nazaret, y a su fuerza transformadora de la realidad. Hoy, una época en la que las víctimas se han multiplicado, en la que los pobres sufren con mayor dureza los efectos de la pandemia, no podemos considerar la Semana Santa como un simple lapso de descanso en la lucha diaria por la existencia. Reflexionar sobre la realidad, pensar en la construcción de un futuro que no se edifique sobre el sufrimiento es la manera de honrar a una víctima inocente que superó a los victimarios y que enseñó a trabajar, desde la generosidad y el servicio, por un mundo fraterno. Un mundo en el que el ser humano, precisamente por ser humano, nunca se convierta en victimario.

EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA

Durante muchos años pensábamos en la santidad como una aventura personal, llena de caridad hacia el prójimo, de esfuerzo personal por seguir las huellas de Nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto con una actitud impregnada de una enorme confianza en Dios nuestro Padre. El tema político parecía ajeno a la santidad y se desconfiaba de él. Y más cuando la experiencia de muchos buenos cristianos era que en la política se practicaba un enorme fariseísmo: se hablaba siempre de valores, pero se practicaba, a veces de un modo masivo, la corrupción y el abuso. San Óscar Romero, los ya reconocidos como beatos Rutilio, Nelson y Manuel, una mujer ejemplar como Marianela García Villas, o los que podríamos llamar mártires anónimos de la masacre del río Lempa, todos ellos asesinados en el mes de marzo de diferentes años, críticos e independientes respecto a las políticas imperantes de su época, nos enseñaron a valorar un nuevo modo de relación entre la santidad a la que todos estamos llamados y la política, en su sentido amplio de construcción y defensa del bien común. Sin embargo, desde el principio del culto a los santos, la santidad tuvo relaciones con la política. En efecto, durante las persecuciones habidas en el Imperio Romano a los mártires se les perdonaba la vida a condición de que reconocieran al emperador como Señor de la historia. Pero los cristianos sabían que el único Señor de la historia era Jesús, muerto y resucitado. Y muchos fueron ejecutados por negarse a unir esas dos palabras, señor de la historia, con el emperador. Aunque las razones de las persecuciones fueron diversas, la dimensión política que implica no reconocer el señorío absoluto de la historia al emperador fue sin duda una de las razones del odio imperial a los cristianos. En nuestra época la denuncia de la explotación, de las idolatrías del dinero y del poder, tenían también su dimensión política. Incluso el anuncio y compromiso de la fraternidad cristiana con la justicia y el desarrollo de los pobres les parecía una actitud política reprochable a quienes asesinaron a nuestros mártires y tantas otras víctimas. Ellos siguieron el pensamiento de la Iglesia que pide a los cristianos que la caridad, además del apoyo individual al necesitado, suscite nuevos modos de “afrontar los problemas del mundo de hoy y renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. En esta perspectiva la caridad se convierte en caridad social y política” (Compendio de doctrina Social de la Iglesia n° 207). Por eso en este mes de marzo, e incluso como preparación para la Semana Santa, debemos recordar a nuestros mártires y su ejemplo: Amaron individualmente a todos y cada una de las personas que se fueron cruzando en su existencia, y al mismo tiempo amaron a la comunidad social salvadoreña, insistiendo en que se organizara y estructurara “la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria” (Compendio n° 208). Hoy, en una sociedad en la que hay un índice alto de pobreza, donde se atenta contra el medio ambiente, o donde se impulsa un individualismo egoísta que refuerza la desigualdad y la corrupción, nos corresponde a los cristianos desarrollar esa caridad social y política de la que nos habla la Iglesia y de la que nos dieron ejemplo nuestro santo Romero y otros tantos mártires salvadoreños. Nuestra misma Constitución pone como objetivo estatal la justicia social. El Evangelio, más allá de la justicia, nos pide amar a nuestros prójimos en esa doble dimensión: amor samaritano a quien encontramos tirado en el camino de la vida y amor político que busca siempre el bien común de todos y todas desde las estructuras sociales. Entre los dichos populares se usa con frecuencia la frase “por la verdad murió Cristo”. Pero la gran verdad que Cristo nos enseñó es que “Dios es amor” y que “quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve” (ambas frases en el capítulo 4 de la primera carta de Juan). La Semana Santa con la muerte y resurrección del Señor, nuestros mártires y víctimas que se unieron a la muerte y resurrección del Señor, dan testimonio de esa verdad y nos invitan a nosotros a amar personal y socialmente a todos nuestros prójimos.

La semana pasada se habló muchos de las plazas fantasma. Al final, no todas lo eran: había gente que sí trabajaba y otra que se supone que no. Pero encanta generalizar y atacar a una Asamblea Legislativa de bajo nivel moral e intelectual. Veremos cómo se porta la próxima y lo que habrá que decirle, porque dada la poca preparación de muchos de ellos es posible que veamos cosas que llamen la atención. Pero más allá del tema de las plazas fantasma, hay aspectos en el reparto de asesores que nos dejan ver la corrupción en la política. Y ese es el tema más interesante. Según datos oficiales de la Asamblea, los partidos que menos iniciativa legislativa tienen son los que disponen de más asesores. Efectivamente, GANA, que desde hace tiempo se ha limitado a ser un partido bisagra para hacer oscilar la voluntad legislativa hacia las propuestas y voluntad gubernamentales, es el que tiene una mayor proporción de asesores y empleados. Si se repartieran proporcionalmente los empleados de GANA entre sus diputados, les tocarían 26 asesores a cada uno. Así, pues, para un mínimo trabajo legislativo el partido goza de un máximo de lo que confiadamente y con una buena dosis de optimismo podríamos llamar capital intelectual. Algo parecido pasa en el PCN, aunque en menor cantidad. Y semejante también, aunque con alguna variante, en la Democracia Cristiana. En cambio, los partidos que han tenido mayor rendimiento legislativo, el FMLN y Arena, son los que tienen menos asesores, empleados, clientes o como les queramos llamar. El contraste es llamativo, y por eso cabe preguntarse: ¿cuál es la explicación? La explicación más evidente de este derroche de inversión en asesores que no producen ni calidad ni cantidad legislativa es corrupción democrática. Los partidos en el poder han necesitado siempre de aliados para conseguir suficientes votos para sus propuestas. Aparte de maletines negros, cuotas de cargos en el Estado y puestos de dirección en la Asamblea, dar trabajo a supuestos asesores ha sido también una manera de controlar voluntades. Aunque más que asesores son clientes del partido dedicados a alabarlo y trabajar para él. La corrupción y nuestra democracia llevan demasiado tiempo hermanadas. Incluso podríamos decir que hay una relación directa entre mayor clientelismo y aumento de la corrupción. No puede explicarse de otra manera ese contraste entre el número de asesores legislativos y la pobreza intelectual de los diputados, así como el poco rendimiento legislativo. En algún momento de nuestra historia a esa utilización de los partidos bisagra se le llamó “aritmética legislativa”. Ya se sabe: la corrupción siempre trata de disfrazarse con palabras bonitas. El próximo escenario legislativo ofrece una perspectiva interesante. Habrá que ver si para mantener el voto que le falta para cumplimentar los dos tercios de los votos, necesarios para aprobar algunas leyes, el partido de gobierno le mantiene a su aliado y anterior vehículo electoral el mismo número de asesores. Por supuesto, habrá que ver cuántos asesores y de qué calidad se recetan a sí mismos los diputados de Nuevas Ideas. Todo cambio en política tiene siempre dos opciones: cambiar la realidad o adaptarse a la costumbre corrupta. En El Salvador hemos visto una tendencia permanente a la adaptación más que al cambio real. Y en esa tendencia no han importado las diferencias políticas ni las consabidas calificaciones de derecha o izquierda. Si el actual Gobierno se decidiera por los cambios, lo sabremos muy pronto al ver de quién se rodea, con quién se aconseja y la fundamentación técnica de sus decisiones. Si se decide por la adaptación, sufriremos esa decisión con mucho más dolor que las adaptaciones anteriores. Porque ni la Democracia Cristiana, hace ya tiempo, ni Arena, ni el FMLN tuvieron tanto poder como el partido en el gobierno cuando decidieron adaptarse a la injusticia y la corrupción —por supuesto, siempre con sus diferentes matices—. Y el poder sin control crea un tipo de corrupción que hace daño a todos, pero especialmente a los más pobres y vulnerables, que son mayoría en el país. Los asesores fantasma serán uno de los primeros síntomas de en qué dirección se perfila nuestra historia en los próximos años. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El 24 de marzo celebramos a san Óscar Arnulfo Romero, nuestro querido pastor, que amó tanto al pueblo salvadoreño que murió por él. Ese mismo pueblo lo reconoció como mártir y santo desde el mismo día en que fue asesinado. También lo hizo la jerarquía de la Iglesia católica, 35 años después, al finalizar un largo proceso en el que se analizó a fondo su vida, pensamiento y escritos, para así poder afirmar con propiedad que su doctrina estaba en plena consonancia con la fe católica. Monseñor Romero tuvo la enorme responsabilidad de guiar a la grey católica salvadoreña durante 10 años. Primero, como obispo auxiliar de San Salvador; después, como obispo de Santiago de María; y, finalmente, como arzobispo de San Salvador. Su pasión por anunciar el Evangelio utilizando todos los medios a su alcance fue una característica de su trabajo como sacerdote y obispo. San Romero tuvo bien claro que su papel principal como obispo era la evangelización del pueblo salvadoreño. Y lo hizo con sus enseñanzas, siempre apegadas al Evangelio; con su palabra clarividente, denunciando todo aquello que se oponía al proyecto de Dios para la humanidad; y con hechos, mostrando una genuina preocupación por los pobres, defendiendo sus vidas, consolándolos en sus angustias y sufrimientos, señalando los abusos y atropellos del poder, velando por el respeto a sus derechos humanos. Monseñor Romero es guía y pastor para el país; sus enseñanzas, su ejemplo siguen animando e inspirando a vivir con profundidad el seguimiento de Jesús. Su mensaje trascendió nuestras fronteras y se hizo universal. Muestra de ello es que en el año 2010 Naciones Unidas declarara que el 24 de marzo, fecha de su muerte martirial, sería reconocido como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sin duda que en esta decisión influyó la decidida denuncia que monseñor Romero hizo de las barbaries y atropellos que a diario sangraban a los más humildes a finales de la década de los setenta, y para los que el santo siempre pidió se esclareciera la verdad y se llevará a los hechores ante la justicia. Con toda razón se puede afirmar que monseñor Romero es reconocido mundialmente como un defensor de los derechos humanos y como el patrono de las víctimas de las violaciones a los mismos. Por todo lo anterior, su subida a los altares no puede servir para manipular su figura, despojarlo de su compromiso con el anuncio del Reino de Dios o hacer a un lado su lucha contra el mal. Al contrario, debe ayudarnos a ver en san Óscar Arnulfo Romero un hombre plenamente fiel al Evangelio, que se esforzó por ser un auténtico discípulo de Jesús, siguiendo su ejemplo, actualizándolo en la realidad trágica y violenta que le tocó vivir. Su amor al pueblo salvadoreño brotó de su amor a Cristo, al que vio presente y crucificado en los empobrecidos, en las víctimas de la injusticia y la represión, y de ahí su denuncia de la injusticia y su lucha por el bien de las mayorías. Por eso la Iglesia lo ha considerado mártir y santo, es decir, testigo de fe en Jesús y discípulo modélico. Al conmemorar su martirio en un clima de polarización, agresividad y odio, vale la pena recordar estas palabras de san Óscar Arnulfo Romero: “Ni la violencia de la injusticia social o de la represión, ni la violencia de las reivindicaciones inspiradas en soberbia, venganza o resentimiento puede ofrecer la solución a la evidente descomposición sociopolítica del país. Solo pueden abrir una salida eficaz a esta encrucijada, el retorno sincero a la justicia y el amor, el respeto mutuo de los derechos humanos y el mutuo entendimiento de todos los salvadoreños admitidos sin parcialidad a un verdadero diálogo”.

Mientras el coronavirus obligaba a cubrirse parte de la cara, también destapó muchas injusticias. A la vista quedaron precarios sistemas de salud, familias sin vivienda digna, sin agua potable ni saneamiento; se evidenció que la mayor parte de la población se gana el sustento en una lucha diaria, por la cual le es imposible cumplir una cuarentena; se desnudó la rapacidad sin límite y autoritarismo de funcionarios y políticos que convirtieron la tragedia en ocasión de lucro y violentaron derechos humanos. Hasta hoy, el virus suma 2.6 millones de fallecidos y más de 121.3 millones de infectados en el mundo, y ha agudizado las desigualdades; el acceso a las vacunas es un ejemplo. Al 22 de enero de este año, 52 países habían comenzado a vacunar a su gente; 142, no. Organizaciones de derechos humanos internacionales advierten del peligro de que 67 países de bajos ingresos no tengan acceso a la vacuna en 2021, pues no han llegado a acuerdos con ninguno de los principales productores del medicamento. Funcionarios de la OMS señalan que Guinea era el único país africano que había comenzado a vacunar en enero. Del otro lado de la moneda, los países ricos han adquirido tantas dosis de vacunas como para inmunizar varias veces a su población. Reino Unido aseguró 367 millones de dosis de diferentes compañías, lo que equivale a más de cinco veces su población. Canadá, Nueva Zelanda y Australia han adquirido suficientes vacunas como para aplicar cuatro dosis a cada uno de sus ciudadanos. En contraste, Covax, la iniciativa mundial para que el acceso equitativo a tratamientos contra el covid-19, solo ha comprado el 14% de las vacunas producidas. Peor aún, todo apunta a que los países más pobres las comprarán a mayor precio que los países ricos. Un artículo publicado por el British Medical Journal señala que Sudáfrica habría comprado la vacuna AstraZeneca a 5.25 dólares la dosis, mientras la Unión Europea pagará solo 2.15 dólares. A esta inequidad planetaria se añaden las historias de corruptelas y privilegios durante el proceso de vacunación. Perú, Argentina, Chile y Brasil destacan en esa lista negra. En El Salvador, el 17 de febrero llegó un lote de 20 mil dosis de Covishield, la vacuna del Serum Institute of India. Luego, como parte del mecanismo Covax, el país recibió, el 11 de marzo, 33,600 dosis de AstraZeneca. De este último lote se sabe que se trata de una donación, pero del origen de las 20 mil dosis de Covishield solo hay especulaciones. Esa falta de transparencia es una de las constantes del actual Gobierno, que ha reservado la información sobre el hospital El Salvador, la compra de insumos médicos, los centro de contención y los paquetes alimentarios, entre otros. Costa Rica fue el primer país de la región en recibir vacunas Pfizer y ya lleva alrededor de medio millón de dosis. A pesar de que la empresa le exigió a los países compradores una cláusula de confidencialidad sobre el precio de la vacuna, Costa Rica reveló que encargó 3 millones de dosis a un costo total de 36 millones de dólares ¿Por qué acá no se puede conocer el convenio de compra con AztraZeneca? Ciertamente, enfrentar la pandemia exige sortear toda dilación, pero no prohíbe la transparencia ni la decencia.

Proceso 11/03/2021 Pasadas las elecciones y el triunfo de Nuevas Ideas, que algunos gustan calificar de “arrasador”, entramos ahora en una coyuntura de relativa indefinición. La Asamblea Legislativa actual funcionará hasta el 30 de abril, pero es difícil pensar que haga gran cosa. El apoyo masivo al presidente en las pasadas elecciones, la no continuidad en la Asamblea de la gran mayoría de los diputados actuales y la posibilidad de un veto presidencial que anule, por cuestión de los tiempos, cualquier legislación que se quisiera impulsar, deja al poder legislativo en una especie de limbo. Tampoco el poder Ejecutivo podrá hacer gran cosa, especialmente en temas que impliquen restricciones a derechos ciudadanos o cambios en temas económicos. Lo que sin duda habrá es conversaciones internas en Nuevas Ideas, planificación, y probablemente arreglos, para entrar a partir del mes de mayo con una fuerte actividad legislativa. Lo más interesante, a lo largo de estos dos meses de coyuntura indefinida, será analizar el lenguaje y discurso del poder Ejecutivo. Si ya con la casi totalidad del poder en las manos de Nuevas Ideas el discurso continúa siendo “arrasador” contra cualquier tipo de oposición o posicionamiento crítico, podemos prepararnos para un régimen autoritario que no tendrá nada que envidiar a los presidencialismos de nuestros tres vecinos del CA-4. El deterioro, especialmente en Honduras y Nicaragua, con los presidencialismos prolongados, señala la dificultad o imposibilidad de construir desarrollo desde el autoritarismo y el control absoluto del poder. La libertad de expresión y los Derechos Humanos puede que se conviertan en las únicas armas defensivas de quienes desean construir una democracia moderna e inclusiva, que busque en el país una mayor igualdad y justicia social. Si el lenguaje del poder se vuelve más maduro y sereno, desde la seguridad que da el control del legislativo, las posibilidades de diálogo y de búsqueda conjunta de soluciones para el país podrán ser más probables. Al Gobierno le tocaría entonces superar el ansia de poder absoluto y bajar radicalmente el tono a los fanatismos, que han conseguido ya carta de ciudadanía entre los vencedores de la contienda electoral. Todavía se está a tiempo de contrarrestar los graves desencuentros del pasado inmediato, aunque no sea fácil. Son dos escenarios en los que el elector es exclusivamente una persona, dado el liderazgo conseguido entre sus seguidores por el actual presidente. A El Salvador, por supuesto, le conviene el segundo escenario. No estará exento de tensiones, porque la libertad de expresión despierta reacciones demasiado airadas en los que mandan, y porque en el país no existe una cultura de Derechos Humanos bien establecida en ninguno de los tres poderes de la República. Temas como los ajustes fiscales son complejos y pueden incidir con dureza en la vida de las personas. Aunque sean necesarios, la falta de preparación económica y negociadora de los técnicos gubernamentales, así como la estupidez de algunos organismos internacionales, que no temen aumentar el hambre y la pobreza con tal de conseguir sus fines, no dejan de causar preocupación. Aumentar el IVA en un país con una economía en recesión golpeará sin duda y con fuerza a los más pobres. El peso de la tendencia gubernamental a salir del paso con improvisación, con ataques a otros, con promesas y con justificaciones más publicitarias que racionales, puede llevarnos a una situación de estancamiento y pobreza de difícil solución. En ese contexto, el 27% de los electores que no votó por Nuevas Ideas y que podría llamarse oposición, compuesta por muy diversos grupos, debe apostar por la reflexión y las propuestas serias y fundamentadas desde una economía solidaria y valores democráticos. Los espejismos solo se superan desde la conciencia y la realidad. La construcción de imaginarios ideales puede seducir cuando se vive en el reino de la necesidad. Pero competir en ese terreno solo llevaría, en el mejor de los casos, a seguir en lo mismo. Las Naciones Unidas presentó hace ya algunos años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver la realidad y crear conciencia de las necesidades, elaborar desde ahí los propios objetivos para los próximos 3 años, proponer tiempos de realización de dichos objetivos, evaluar todos los años con transparencia el avance o retroceso de los mismos, son tareas que tienen pendientes los grupos críticos. Si los sectores críticos no elaboran proyectos propios de desarrollo, las imágenes construidas artificialmente, la propaganda vacía o semi vacía, las acusaciones a la oposición de toda fatalidad o fracaso que suceda, el griterío, la ilusiones y las mentiras continuarán siendo el ambiente que domine la política nacional. Proyectos serios de desarrollo pueden ayudar al crecimiento de la conciencia democrática, cuestionar imágenes y emociones e incluso podría ayudar a cambiar de rumbo al Gobierno. Mientras esto no se dé, la coyuntura permanecerá indefinida d

Desde hace muchos años, la Asamblea Legislativa es objeto de señalamientos por su ineficiencia y por el uso abusivo de fondos públicos. A excepción de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios, el presupuesto de este órgano del Estado se ha caracterizado por incrementarse constantemente, la mayoría de las veces sin justificación clara. Las críticas por los abultados gastos de los legisladores han sacado a la luz pública suntuosos banquetes en ocasión de actos solemnes, lujosas camionetas para uso discrecional, bonos de combustible, un pequeño ejército de asistentes y asesores al servicio de cada fracción, viajes al extranjero con todos los viáticos pagados, seguros médicos hospitalarios, entre otros. Además, en no pocas ocasiones se ha descubierto que algunos diputados pagaban con fondos público a personas que realizaban para ellos tareas sin ninguna relación con el trabajo legislativo. Todo ello ha influido en la baja estima y confianza ciudadanas en la Asamblea: las muchas prebendas y elevado nivel de vida de los que gozan los diputados no se justifican por el trabajo que realizan ni están en relación con la vida del salvadoreño común. Ahora ha emergido otra polémica ante la denuncia de plazas fantasmas. El señalamiento, en realidad, no es novedoso, pero debe servir para que por fin se investigue a profundidad y, en caso de existir fundamentos, se deduzcan responsabilidades. Y no habría que parar ahí, al menos si es real el interés en desmontar los vicios del pasado: el 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa debería iniciar un proceso de transformación profunda de la institución. La actual dirección de la Asamblea Legislativa intentó, tardíamente y con excesiva lentitud, poner orden ante tanto descontrol. Para ello pidió la cooperación del Congreso español, que envió una comisión para realizar un diagnóstico de la situación y recomendar las reformas necesarias para una Asamblea Legislativa más eficiente. Uno de los aspectos que más impresionó a la comisión fue el enorme número de trabajadores de la Asamblea Legislativa. Se comentó que alcanzaban la cifra de tres mil, lo que significa 36 trabajadores por cada diputado, muy lejos del 1.5 trabajadores por cada congresista español. Asimismo, les llamó la atención que las contrataciones de personal fueran potestad de las fracciones legislativas y que no hubiera procesos para definir la idoneidad y capacidad profesional de los futuros funcionarios legislativos. Señalaron también la ausencia de un cuerpo técnico jurídico profesional, al servicio de la institución y no de una determinada fracción política, que apoyara en la elaboración y revisión de los proyectos de ley que se someten a aprobación, tal como tienen la mayoría de los Congresos alrededor del mundo. La nueva Asamblea Legislativa está llamada a poner fin a esta larga historia de prebendas, despilfarro, abusos y clientelismo político. Cuenta ya con el diagnóstico y la propuesta de apoyo para la reforma elaborados por el Congreso de Diputados español. Ese valioso insumo tiene que ser aprovechado. No basta con quejarse sobre lo mal que lo hicieron los otros; desde el momento en que ocupe sus curules, la mayoría de Nuevas Ideas debe dar muestras evidentes de que las cosas serán distintas y mejores, que se establecerán normas y reglamentos con el fin de que se cumplan, que se actuará con transparencia y respeto, que se trabajará en beneficio del pueblo salvadoreño. Solo a través de acciones de ese tipo podrá rescatarse a la Asamblea Legislativa del pantano en el que está hundida.

El Salvador se ha caracterizado por tener un movimiento social fuerte, aunque disperso, sobre todo en los últimos años. Hay una gran riqueza de organizaciones que trabajan en diversos temas para ayudar a la población en la lucha por sus derechos, pero no es usual que se coordinen con otras cuya temática de trabajo sea distinta. Pero la historia ha demostrado que en los momentos límite, en los que se juega la suerte de la gente, la realidad se encarga de unir esfuerzos dispersos. Coyunturalmente, esto ha sucedido ante los desastres socio-económicos provocados por fenómenos naturales. Los terremotos y las tormentas, por ejemplo, sacan lo mejor del pueblo organizado y no organizado para solidarizarse con las víctimas. Así pasó también durante la guerra civil con el anhelo de paz. Las organizaciones supeditaron sus agendas particulares al fin de la guerra como condición indispensable para sacar adelante al país. El movimiento social aunó esfuerzos en el Debate Permanente por la Paz, que enarboló la bandera de una salida negociada en tiempos en los que este clamor no era escuchado por los protagonistas del conflicto ni por la comunidad internacional. Al final, la racionalidad se impuso con la firma de los Acuerdos de Paz. La gestión del actual Gobierno ha dado pie a la unión de organizaciones del movimiento social y de la sociedad civil en general. La mayoría, por dar seguimiento a la realidad, percibió que algo grande estaba en juego y se articularon en diversos esfuerzos antes de las elecciones del 28 de febrero. Ahora, desde estos sectores se manifiesta una especie de desánimo y ha nacido la tentación de dispersarse, de hacer cada uno lo suyo en beneficio de los destinatarios de su trabajo. En estos momentos, conviene recordar algunas palabras del papa Francisco, expresadas en abril del año pasado en su carta dirigida a los movimientos y organizaciones populares a propósito de la pandemia. Como dice Francisco, vivimos días de mucha angustia y dificultad, pero las organizaciones sociales, dice el papa, “son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más armas que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo”. A ellas les recuerda que se las mira “con desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten, incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios”. A los miembros del movimiento social, a quienes el papa llama “poetas sociales”, que no gozan de los placeres superficiales que adormecen tantas conciencias en estos días, los invita a pensar en el después de esta crisis. “porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten”. “Ustedes”, les dice, “no son unos improvisados, tiene la cultura, la metodología, pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio”. El obispo de Roma invita a pensar en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos todos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y en el acceso universal a tierra, techo y trabajo. Este proyecto de humanidad solo será posible con la participación de todos, cada quien desde su especificidad, pero sabiendo que con el trabajo particular se abona a un fin mayor. La riqueza y la experiencia de cada organización se fortalecen cuando se coordina con otros que trabajan con los mismos ideales y buscando objetivos similares. Hoy más que antes, la unificación del movimiento social puede jugar un papel fundamental para incidir en el rumbo de El Salvador. Conviene recordar que, muchas veces, en los momentos más difíciles, es cuando se encuentran respuestas a problemas irresueltos. En palabras de Rutilio Grande, cuyo martirio se conmemora estos días, en esta hora nos salvaremos en “racimo”, no solos.

Pasaron las elecciones, pero no la confrontación y la violencia, que, aunque vienen de largo, se intensificaron durante la campaña electoral; en especial, la agresividad verbal en las redes sociales. A pesar de la holgada victoria electoral de Nuevas Ideas, algunos seguidores de ese partido siguen acosando y profiriendo una lluvia de insultos sobre los otros institutos políticos, sus representantes y cualquier sector de la sociedad que se separa del discurso oficial. Y esa extrema agresividad se ensaña con las mujeres. Ello no es más que la muestra del machismo, la pobreza de pensamiento y el bajo nivel cultural de las personas que así actúan. Para más enjundia, algunas de las muestras más crudas de ese modo de actuar se dieron alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se reivindica la igualdad de derechos para las mujeres. Hay que repetirlo con todas sus letras y con el mayor énfasis posible: la violencia solo engendra más violencia. La historia nacional da fe de ello; sus páginas están tintas en sangre. Si la violencia que corre por las redes sociales no se detiene, seguirá escalando y reproduciéndose. Algunos podrán decir que solo se trata de palabras, no de hechos. Ante ello, lo obvio: tan peligrosa es la violencia verbal como la física, pues en muchas ocasiones la primera no es más que el preludio de la segunda. Muchos linchamientos inician con violencia verbal, pues esta genera las condiciones necesarias en un colectivo para la destrucción física de la persona o grupo agredido. El Salvador, pues, está orillándose, de nuevo, al abismo. Detrás de la violencia hay una actitud de desprecio hacia el otro, un deseo de dañarlo y destruirlo, lo que rompe con el principio de la fraternidad cristiana. Para Jesús de Nazaret, la violencia verbal es tan grave como dar muerte, y lo expreso en el Sermón de la Montaña (Mateo 5, versículos 21 y 22): “Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: ‘No matarás; el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio’. Pero yo les digo: si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo; si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno”. Esa actitud de desprecio hacia otros debe ser sustituida, en cada mente y en cada corazón, por un profundo respeto hacia toda persona, sea hombre o mujer, correligionaria u opositor político, creyente o no, heterosexual o miembro del colectivo LGTBI. Cualquier diferencia es legítima y digna de respeto, y tiene que ser abordada a través de un razonamiento sereno y maduro. Por otra parte, cuanto más alta es la autoridad que ostenta una persona, más daño hace al comportarse de forma agresiva y violenta, pues el poder que tiene es mayor y, por tanto, mayor el daño que causa. En este sentido, las autoridades del país no pueden aplaudir y animar la violencia; por el contrario, tienen la responsabilidad legal de ponerle fin. Desde sus posiciones de poder, tienen el deber de exigir que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que insisten en la violencia y el acoso, y así dar un mensaje claro de que en el país no se promueven actitudes antidemocráticas que impiden vivir en fraternidad y armonía.

A pesar de los esfuerzos meritorios de diversos sectores, la cultura de derechos humanos en El Salvador es escasa. Las expresiones de odio o desprecio hacia mujeres que expresan con libertad su opinión nos dejan ver que todavía un buen grupo de hombres, que agreden o callan ante las agresiones, no se ha dado cuenta de que todos y todas tenemos la misma dignidad. Salir con numerosos policías armados a supervisar una manifestación de mujeres que reclaman igualdad de derechos muestra la incomprensión y ridiculez de unas fuerzas de seguridad que parecen temerle al derecho de libre manifestación. En vez de eso, el Gobierno debería pedirle a la Asamblea Legislativa que reforme la Constitución y establezca un 40% como cuota de género a partir de las elecciones de 2024. Y en mayo la podrían ratificar los de la nueva Asamblea, aunque al vicepresidente no se le haya ocurrido el tema o no le guste. A lo largo del año 2020, y en esto han coincidido todas las instituciones defensoras de derechos humanos, a las violaciones clásicas de los derechos económicos y sociales se ha añadido otra serie de abusos que limitan la libertad de movimiento, la seguridad jurídica y toda una serie de derechos garantizados por convenciones firmadas y ratificadas por El Salvador. El más reciente informe de derechos humanos del Idhuca no deja duda de ello. Otros informes insisten en lo mismo. El Gobierno, la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial han sido, por comisión u omisión, los mayores violadores de derechos humanos. En ciertos niveles gubernamentales se acusa de ideológicos a quienes defienden derechos humanos. O incluso, en su ignorancia, se burlan de derechos consagrados diciendo que quienes perdieron las elecciones tendrán que solicitar derecho de asilo. Caso aparte es el director de Centro Penales, que por su actuar da la impresión de que no conoce la ley penitenciaria de El Salvador. Asimismo, con múltiples violaciones de los derechos de los privados de libertad, ha demostrado una ignorancia absoluta de convenciones y estándares internacionales que señalan modos de proceder coherentes con la finalidad que tienen las prisiones. Será bueno recomendarle la lectura, además de la ley, del manual “Los derechos humanos y las prisiones”, publicado por la ONU. La falta de cultura de derechos humanos tiene una larga historia. Una de sus causas fundamentales ha sido la indiferencia de instituciones estatales y, especialmente, de la clase política, que ni se ha preocupado demasiado por ellos, sobre todo en el campo de los derechos económicos y sociales, ni ha tratado con seriedad de corregir abusos institucionales. El control de la política por parte de grupos oligárquicos, y de militares a su servicio, silenció durante mucho tiempo los esfuerzos de algunos salvadoreños por impulsar los derechos de los pobres. La brutalidad de una guerra civil con múltiples y graves abusos ha dejado también una herencia que dura hasta ahora y que contemplamos en la tradición de impunidad, en las trampas judiciales y en el irrespeto a las leyes. Los derechos humanos son, en primer lugar, una moralidad externa al poder. La famosa “moralidad notoria” de la que habla la Constitución no sería moralidad, ni mucho menos notoria, si no tuviera en cuenta los derechos humanos. Porque estos se fundamentan en los valores básicos de la persona. En la práctica, la moralidad notoria de muchos funcionarios no ha sido en nuestra historia más que fariseísmo notorio, es decir, apariencia de moralidad. Salir del fariseísmo y optar por respetar y trabajar sistemáticamente en favor de los derechos humanos es el único camino que tenemos para construir un desarrollo fraterno y capaz de potenciar las capacidades de nuestra población y ponerlas al servicio de todos. Crear cultura de derechos humanos nos hará mejores personas a todos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En el Día Internacional de la Mujer, que invita a reflexionar y trabajar por una real igualdad de derechos entre mujeres y hombres, es necesario mirar y analizar con seriedad nuestra realidad al respecto. En primer lugar, lo evidente: el machismo sigue oprimiendo y generando crímenes de odio a diario. Hay menos mujeres pensionadas que hombres, aunque en promedio ellas trabajan más que ellos. En la futura Asamblea Legislativa, habrá diputados que han publicado frases machistas en las redes sociales; además, el número de diputadas no llegará al 30% del total de legisladores, a pesar de que en El Salvador las mujeres son mayoría. Esta subrrepresentación habla muy mal de un país en el que han abundado y abundan las mujeres ejemplares. Marianella García Villa, defensora de derechos humanos, fue asesinada durante la guerra cuando trataba de esclarecer en el terreno una masacre llevada a cabo por la Fuerza Armada. Fue una persona inteligente y de gran coherencia entre pensamiento y acción. A pesar de ello, se la mantiene en el olvido. Rufina Amaya, testigo de la matanza en El Mozote, se constituyó en la palabra más permanente y creíble frente al encubrimiento de ese acto de barbarie y de otros crímenes de lesa humanidad. Hoy, a pesar de que muchos reconocen su valía, no tiene ningún monumento que la honre. Por su lado, María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, mostró un valor extraordinario en la defensa de los derechos humanos. Tampoco para ella hay una fecha o sitio público que sirva para recordar su obra. El reconocimiento público a las mujeres continúa siendo inferior a la capacidad que demuestran en diversos ámbitos de la vida nacional. Pese a que ellas se desempeñan en infinidad de labores, muchas de estas complejas y de largo plazo, los hombres se quedan con el poder y las decisiones sin que se avance gran cosa en la construcción de la igualdad y en el desarrollo de la justicia social. Las labores de cuido se reservan para la mujer y ni siquiera se hace el cálculo económico del valor material que esas tareas tienen. En el mundo político, es aún más aguda esa marginación. En las fechas conmemorativas (el Día Internacional de la Mujer no es la excepción), mucha gente se muestra solidaria con la temática del caso. Sin embargo, luego se echa de menos un compromiso permanente que lleve a un cambio de cultura o de legislación. En este sentido, bueno sería que durante los tres años próximos se ejerza presión pública para que los diputados y el Ejecutivo legislen y actúen en materia de derechos y protección de las mujeres. Dado que la próxima legislatura no alcanza el tercio de género que se exige como mínimo en cualquier otra institución pública, una buena consigna sería exigir legalmente que al menos un 40% de las curules sean ocupados por mujeres. Sin dar la pelea a diario sobre temas como este, nunca se conseguirá la plena igualdad.

Los resultados electorales demuestran que la mayoría de salvadoreños no se ha cansado de esperar que el país cambie. A pesar de las innumerables promesas fallidas, siguen teniendo esperanza. El respaldo mayoritario al partido del presidente expresa la fe en que cumplirá su promesa de mejorar la vida de todos. En este sentido, limpiarle la mesa no pretendería darle carta libre para que haga lo que quiera, sino para que transforme realmente al país. Aristóteles dijo que “uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”. Precisamente, haber prometido y defraudado es lo que están pagando los que no honraron sus promesas cuando estuvieron en el poder. Aunque no se conoce un plan de gobierno ni un proyecto de nación que tengan su firma, el presidente anunció cambios importantes y estructurales que dentro de poco, no teniendo ya obstáculos en la institucionalidad nacional que le impidan realizarlos, podrá emprender. Un par de ejemplos de esos compromisos que asumió y ofreció durante su campaña presidencial pueden servir para hacerse una idea de aquello que podría hacer para darle un nuevo rumbo a El Salvador Primero, en el ámbito de la transparencia y el combate a la corrupción, prometió crear la figura de un comisionado anticorrupción que, nombrado por los partidos de la oposición, combatiera ese flagelo. Prometió también eliminar la partida secreta, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y que nunca fue auditada en los Gobiernos anteriores. Bukele afirmó en campaña que “los gastos necesarios de la inteligencia saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió”. Fue esa partida, según la Fiscalía General de la República, la que los ex presidentes Funes y Saca utilizaron para malversar cientos de millones de dólares. En segundo lugar, en el ámbito económico, ofreció “modernizar la recaudación fiscal” para evitar la evasión y elusión tributaria, y “promover una reforma fiscal integral”. En sus palabras: “Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos”. En esa línea, habló de la necesaria gradualidad de los impuestos y ejemplificó con un IVA diferenciado: mayor para los bienes suntuosos y exención para la canasta básica. En la ciencia económica, este tipo de medidas son propias de una reforma fiscal progresiva, algo que ninguno de los Gobiernos de la posguerra se atrevió a implementar, a pesar de que los agudos niveles de desigualdad del país lo exigen. Más aún, habló de trabajar por “una economía social de mercado”, en la que las zonas económicas especiales no tendrían cabida por ser privatizadoras. Si, como argumentaba, no había podido llevar a cabo estas medidas por tener a los otros dos poderes del Estado en contra, ahora al presidente le bastará voluntad y decisión para hacerlas realidad. Ha llegado su hora o, en su defecto, la de un nuevo desencanto ciudadano.

Rodolfo Cardenal 04/03/2021 La elección del 28 de febrero es un parteaguas histórico. Pone fin al bipartidismo de posguerra y a la posguerra misma. La llamada “operación remate” por el presidente Bukele ha sido cumplida de tal manera que el regodeo por la debacle de Arena y del FMLN parece complacerle más que el triunfo aplastante de su partido. De hecho, les debe mucho, ya que aupado en ellos ha conseguido la legislatura y, con ella, el acceso a las instituciones controladoras más importantes del Estado, además de la mayoría de municipalidades. “Nuestra gente ha esperado 40 años para esto”, tuiteó satisfecho. Al fin, después de tanta espera, “el liberador” habría llegado, aunque el “para esto” no está claro aún. A partir de mayo, Bukele ya no podrá alegar falta de poder para concretarlo, cualquier cosa que “esto” signifique. Entonces, será el momento de desvelar cómo elevará el nivel de vida de la gente; sobre todo, de las masas que se decantaron por sus elegidos para diputados y alcaldes.

El comentario de hoy habla sobre la importancia de contar con tiempo y hacer las cosas como se deben.

Las pasadas elecciones han evidenciado las grandes expectativas que Nayib Bukele y su partido despiertan en la mayoría de la población. En ese sentido, el voto masivo a su favor no debería interpretarse como un cheque en blanco, sino como un anhelo de cambio del que toca responsabilizarse. A pesar de que Nuevas Ideas no ha presentado ningún programa político a nivel legislativo o municipal, en su propaganda electoral ha prometido un estado de progreso y bienestar nunca antes visto en el país. Esa promesa, plasmada en los mensajes publicitarios y ratificada por el presidente en sus intervenciones, es el compromiso ineludible que Bukele tiene ahora con el pueblo salvadoreño. De acá en adelante, el éxito de su gestión dependerá de que logre que El Salvador se transforme en un país distinto, con oportunidades para todos, con trabajo decente, con mayor calidad de vida, con seguridad ciudadana, con sistemas de salud y educación renovados y de calidad, con un servicio agua que cubra a todos los hogares, con la paz social tan profusamente ofrecida y esperada. Los resultados electorales del 28 de febrero deben entenderse como la clara y contundente manifestación de una amplia mayoría de salvadoreños que quieren un cambio radical en las condiciones del país y en las formas de gobernarlo. Ante tal gran apoyo, el presidente tiene el reto, también enorme, de actuar a la altura de las circunstancias. En ese sentido, Nayib Bukele debería reflexionar con seriedad sobre cómo gobernará de ahora en adelante, a fin de apartarse de los errores y excesos de sus primeros 21 meses de gestión. Por supuesto, no será fácil que eso suceda por la idiosincrasia del gobernante y de sus más cercanos colaboradores, su convencimiento de que solo ellos saben lo que el país demanda y cómo hacer bien las cosas, su desconfianza en las ideas, saberes y experiencias de los demás. Sin embargo, la transformación del país requiere de una estrategia de suma de talentos. Además, el presidente debe tener en cuenta que un 27% de quienes acudieron a las urnas no votaron por Nuevas Ideas ni por sus aliados partidarios. Una cantidad nada despreciable de ciudadanos optó, pues, por votar a la oposición, ya sea porque no le creen al presidente Bukele, o porque no quisieron darle tanto poder, o porque confían en otros partidos. Por tanto, seguirá habiendo un grupo considerable de salvadoreños atentos a que el Ejecutivo cumpla con la Constitución y las leyes, respete el Estado de derecho y sus instituciones, garantice la vigencia de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Un grupo que estará vigilante de que el Gobierno pase de las nuevas ideas a las buenas prácticas, de los discursos a la realización de buenas obras; en definitiva, de que las palabras se correspondan con la realidad. Con una Asamblea Legislativa que le dará todo lo que desee, la coincidencia entre el dicho y el hecho será la mejor prueba de la capacidad o incapacidad del Ejecutivo de responder a las promesas que ha hecho al pueblo salvadoreño.

Luego de las elecciones legislativas y municipales, es necesario hablar del futuro. El último año y medio de la dinámica estatal se caracterizó por el permanente conflicto entre los poderes y sistemas de control republicano. Para destruir a los partidos tradicionales, el Ejecutivo irrespetó de palabra y de obra las decisiones de cualquier institución pública que no tuviera controlada. La Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral fueron fuertemente hostigadas, sus leyes vetadas, sus sentencias incumplidas, sus resoluciones ignoradas. Cualquier crítica al quehacer público por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación o la sociedad civil se convertía automáticamente, a los ojos del Ejecutivo, en una ofensa y en parte de una amplia conspiración para impedir el buen funcionamiento del Gobierno. Hoy se contemplan dos posibles escenarios: o inicia una lucha todavía más dura y despiadada por el control absoluto de todos los mecanismos de poder, o arranca una etapa tranquila con un Gobierno que ya no estará en minoría y falto de poder. Muchos piensan que se impondrá el primer escenario. Si Nuevas Ideas y Nayib Bukele toman ese rumbo, harán un profundo daño a la convivencia social y al país en su conjunto. El exceso de poder sin control, además de estar reñido con la democracia, tiende a corromper no solo a nivel económico, sino también en el terreno de las ideas, la ética y los derechos humanos. Una corrupción que podría extenderse rápidamente a nuestra sociedad, en la que perviven elementos culturales violentos y autoritarios, y donde la ley y la trampa han convivido en armonía. Convertir la política en el dominio total y prepotente de los más fuertes, eliminando cualquier discusión sana sobre proyectos de largo plazo para el bien común, solo llevará al fracaso nacional. Creer que El Salvador puede desarrollarse desde un autoritarismo sin diálogo es no conocer su historia. Hay menos incentivos para inclinarse por el diálogo cuando el triunfo electoral es masivo y viene precedido de agresividad y fuertes tensiones personales e institucionales, pero es siempre la apuesta más inteligente. Para El Salvador, optar por una democracia inclusiva y respetuosa de las leyes y estándares internacionales de derechos humanos sería indudablemente lo mejor. El filósofo griego Aristóteles, iniciador de la ciencia política, decía que la democracia, con su organización social y sus instituciones, tiene como fuente la amistad. El papa Francisco insiste en la “amistad social” como base de una sociedad solidaria y justa. Sin embargo, la amistad no florece entre insultos y respuestas agresivas ante cualquier reclamo de derechos. En manos de Nuevas Ideas y su liderazgo está darle un nuevo rumbo al país. Si el partido utiliza la cuota de poder obtenida para nombrar a funcionarios decentes, libres e independientes en las elecciones de segundo grado; si impulsa reformas estructurales en los sistemas fiscal, de pensiones, de salud y educativo, el futuro puede ser incluso prometedor. Para ello, tendrá que aprender a escuchar y a dialogar con seriedad con todos los sectores. Lo contrario podría llevar al país a una especie dictadura.

La actual contienda electoral es uno de los momentos álgidos del proceso histórico inaugurado con la victoria presidencial de Nayib Bukele, pues supone la consolidación partidaria de Nuevas Ideas y la instalación de un ideario sobre las dinámicas de poder no visto de una manera tan recalcitrante desde el inicio de la posguerra. No se trata de que la división ideológica no fuera una constante en los últimos treinta años, sino de que, en este primer año del mandato de Bukele, se ha radicalizado, llegando al odio, el rencor y el desprecio por la vida de los contrincantes políticos. Esta tónica, sin embargo, no ha sido privativa de los simpatizantes de Bukele: también ha sido la de muchos de sus adversarios, quienes han bailado al ritmo del odio, la burla y el menosprecio en las redes a las personas que simpatizan con el oficialismo y sus representantes, tal y como lo hace el presidente con sus opositores. A ellos también les aplauden ciegamente sus respectivos acólitos. Tal y como está en la actualidad, la dinámica política salvadoreña no va a ninguna parte, pues no hemos escapado de uno de los grandes males que ponen trabas a todo proceso histórico: la seducción de la inmediatez. Vemos en la actualidad una dinámica bipolar. Por un lado, los problemas son estructurales y su solución supone transformaciones estructurales de mediano y largo plazo; por otro, vemos la gratificación que produce el inmediatismo y las soluciones fáciles, objetivadas en el perenne culto a la imagen, la personalidad y la publicidad de lo que los gobernantes de turno quieren transmitir, pero que las más de las veces no refleja lo que hacen u omiten para solventar las grandes carencias de las salvadoreñas y los salvadoreños. Cambio en las estructuras e idolatría a la virtualidad son dos polos que se repelen y excluyen mutuamente en la solución de la crisis de país en la que vivimos desde hace décadas. Esta oposición se ha ido exacerbando con cada elección, pues se privilegia y prefiere deliberadamente la imagen de cambio o solución por encima de la realidad, sin que haya propuestas claras ni acciones concretas que sancionen su efectividad. El auge del uso de las redes sociales como panfleto idolátrico electorero, o de culto al presidente, o de culto al ego es una muestra fehaciente del fracaso de los medios de comunicación ?tradicionales y virtuales serios?, del sistema educativo y de la educación política como medios de pacificación y búsqueda de la verdad que hace justicia en nuestra sociedad herida. En las redes se ultraja, miente, encubre y desinforma con la impunidad que permite el uso de perfiles falsos, la distancia física y la creación de tribus donde solo entran aquellos que piensan igual entre sí y no hay espacio para la disidencia. Este auge, pues, representa un fuerte alejamiento de lo que la realidad nos dicta claramente si vamos más allá de las apariencias: los problemas de nuestro país tienen una raíz tan honda que no se alcanza a desentrañar con la simple vista, el “sentido común”, las selfies de voluntariado o los asistencialismos populistas tan de moda y tan vistosos para la publicidad. De este culto a la gratificación instantánea han participado históricamente todos los partidos políticos, pero particularmente en esta elección de diputados y alcaldes. Vemos cómo la mal llamada “oposición política” también ha quedado absorbida por la disyuntiva antagónica entre cambio de estructuras y gratificación de la imagen, decantándose por la segunda y continuando con el compás que ha marcado Bukele. Las campañas que podemos encontrar dicen poco o nada sobre quiénes son los protagonistas, opositores u oficialistas, ni de sus propuestas, experiencia política o de servicio a la comunidad. Tanto los nuevos como los viejos partidos que luchan contra el arrastre de Nuevas Ideas se han montado en la mera oposición o imitación: no somos Bukele o nos parecemos a Bukele. Pura apariencia, sin substancia ni propuestas para la crisis actual. Mucho eslogan y poco o nulo plan de acción para realizar lo prometido o sugerido. Todos los partidos, bajo esta misma lógica, son más de lo mismo. Vale recordar que de esta misma manera surgió Nuevas Ideas y la figura pública de Nayib Bukele: clamando no ser de “los mismos de siempre”, aunque su forma de proceder imite (con diferencias y matices) la manera de gobernar de partidos anteriores. Cabe la sana sospecha de que muchos de los nuevos diputados y alcaldes que resulten electos sean también más de lo mismo. La amplísima gama de problemas que aquejan a nuestro país y su falta de solución obedecen al vaivén al que se encuentran sometidos con cada elección presidencial, de alcaldes o diputados. Adolecemos de la falta de un plan de nación que ataque de forma sistemática a las estructuras que perpetúan la injusticia; se suelen privilegiar los planes quinquenales o la ausencia de estos, según sean los intereses cortoplacistas del Gobierno de turno. Se gobierna desde lo que el partido oficial y las bancadas