Editoriales y Opiniones

OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21OPINION 16-04-21

El Twitter presidencial dejó pasar en blanco la visita del enviado especial de Washington. La visita no era un asunto menor como para guardar silencio. Casa Presidencial no contestó la solicitud de un encuentro con el presidente de dos horas de duración. Así, devolvió el desplante que la Casa Blanca hizo a Bukele durante su visita a la capital estadounidense en febrero, y las dos casas habrían quedado a mano. Sin embargo, la de San Salvador pierde más que la de Washington. Estados Unidos puede impulsar sus planes sin Bukele, pero este necesita de la colaboración estadounidense para los suyos. Sorprende que el presidente Bukele haya rehusado conversar sobre la relación entre las dos naciones, la corrupción, la emigración, la regularización de los salvadoreños residentes en Estados Unidos, el comercio, la inversión y los préstamos, temas muy destacados en su discurso. Aquí no estaba en juego la soberanía nacional frente al imperialismo yanqui, sino el orgullo presidencial herido por las críticas de Washington, que censura a Bukele por su gestión autoritaria, por tolerar la corrupción y por su tenaz resistencia a rendir cuentas. Antes de conversar, la Casa Presidencial de Bukele exige que Washington baje el tono de los señalamientos, es decir, que lo deje hacer a su antojo. Mejor, si lo honra como el mejor presidente latinoamericano. En teoría, las dos casas presidenciales están de acuerdo en preservar el régimen democrático y en combatir la corrupción. Pero mientras la Casa Blanca estima que la democracia y la integridad son claves para contener la inmigración irregular, la Casa Presidencial de Bukele habla de democracia, pero gobierna autoritariamente, y sentencia que “el dinero alcanza cuando nadie roba”, pero solo persigue a algunos de sus enemigos, en tanto que con los amigos es complaciente. Así, mientras Washington dona dos millones de dólares a la CICIES, Bukele gasta más de un millón de dólares en cabilderos que negocien el acuerdo con el FMI, porque el gabinete económico, al cual corresponde la tarea, no es competente. Corrupción e incapacidad van juntas. La incompetencia es una forma de corrupción, ya que derrocha estérilmente unos recursos escasos, y la corrupción es incapacidad, porque impide elevar la inversión social y desarrollar infraestructuras de beneficio común. La corrupción es un mal estructural, que incide directamente en la desigualdad, la violencia social y la emigración. Casa Presidencial conoce su relevancia, pero no está por una lucha sin cuartel, sino selectiva. En la campaña electoral, Bukele prometió una institución para combatir eficazmente la corrupción, como la que en ese entonces operaba en Guatemala. Una vez en la presidencia, creó la CICIES, pero sus resultados son exiguos: alguna colaboración con la Fiscalía General y doce avisos de posibles actos de corrupción en cinco dependencias estatales. No ha ido más lejos por falta de autonomía y de personal, por la poca capacidad técnica de los fiscales y los policías, por la cooptación funcional de los controladores y por vacíos legales en temas como el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero, la extinción de dominio y la normativa penal. Nada de esto es nuevo ni desconocido. No ha sido modificado porque la corrupción y la impunidad son elementos orgánicos de la institucionalidad. El comisionado de la CICIES aprovechó la visita del enviado de Washington para señalar públicamente las debilidades que aquejan a la institución que dirige. Mientras el diplomático tomaba nota de la situación, el presidente Bukele rechazó otorgar independencia a la CICIES, argumentado que es “lo peor que pudiéramos hacer”. No debe haber sido una decisión fácil renunciar a recibir al enviado de la Casa Blanca y a la fotografía y a los discursos protocolarios, un espaldarazo nada despreciable para el presidente Bukele. Pero el encuentro era demasiado arriesgado. No solo por los temas de la agenda, sino también porque Bukele no controlaría el discurso ni ocuparía el primer plano en solitario. Ante tantas contingencias, optó por evadir al mensajero. Una postura tan poco diplomática e inteligente muestra el límite de su presidencia. Bukele y sus asesores se mueven bien en el ámbito interno, pero no en el internacional. Washington, en cambio, sin pasar por alto el desplante, califica la visita como exitosa, puesto que estableció claramente su agenda para el Triángulo Norte. La Casa Presidencial de Bukele ha demostrado poca habilidad diplomática, incapacidad para maniobrar en el ámbito internacional e inadaptación al mundo real. Así, el presidente salvadoreño quedó al margen, cosa rara, dado su afán protagónico. Si no se suma a los esfuerzos para fortalecer el Estado democrático y erradicar la corrupción, corre el peligro de permanecer aislado. El dilema tiene solución difícil. O se aviene a impulsar una lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, y abandona el autoritarismo, o se encierra en su reino de maravillas, al igual que los regímenes d

OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD OPINION 15-04-21 CORRUPCION Y SOCIEDAD

En 1992, como parte de los Acuerdos de Paz, se acordó crear una nueva Policía en El Salvador, civil y democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sustituyera a la Policía de Hacienda, la Guardia Nacional y la Policía Nacional, cuerpos de seguridad militarizados que, en lugar de proteger a la población, aterrorizaban con impunidad, torturaban, desaparecían y asesinaban a discreción. Muchos salvadoreños recuerdan a esos cuerpos como auténticos terroristas de Estado. Y por ello, algunos todavía tienen fresca en la memoria la alegría con la que fueron recibidos los primeros miembros de la PNC al ser desplegados para iniciar su trabajo al servicio de la gente. La nueva Policía, con su uniforme de pantalón azul, camisa blanca y gorra, su pistola enfundada como única arma de reglamento (en lugar de los fusiles y metralletas de antes), su amabilidad y educación, generó esperanzas de que se podía confiar en ella. Sin embargo, las cosas pronto empezaron a torcerse. Hoy, la PNC ha perdido en gran medida su carácter civil, se ha alejado de la población e irrespeta los derechos humanos. Cientos de casos dan fe de que miembros de la corporación se comportan como que si fuesen guardias nacionales, generando inquietud y temor ahí donde se hacen presentes. Esa transformación ha sido intencional, provocada tanto por los liderazgos de la Policía como por sus agentes, contrariando así la misión institucional de aportar a una cultura de paz y de respeto a los principios democráticos. Es necesario, entonces, revisar a fondo los requisitos que se exigen para los ascensos dentro de la corporación y la formación que se imparte en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Parece ser que la realidad no se corresponde con la teoría. Aunque estudien los principios democráticos y los derechos humanos, la mayoría de agentes parecen desconocerlos, no los tienen en cuenta en sus actividades diarias. Otro elemento fundamental para garantizar la coherencia de la PNC con el objetivo con que fue creada es la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, la cual, a lo largo de sus casi tres décadas de historia, ha sido totalmente inoperante, no ha cumplido su función de velar y controlar “las actuaciones de los servicios operativos y de gestión del cuerpo, así como lo referente a los derechos humanos, procurando la observancia de los mismos en todo procedimiento o servicio policial”. Urge devolverle a la PNC su carácter civil, democrático y respetuoso de los derechos humanos. Parte de ello es que la Inspectoría General cumpla con su deber y permanezca vigilante del accionar policial. Además, es necesario que cuando los miembros de la Policía cometan un delito, la Fiscalía cuente con la plena colaboración de la corporación, que en la actualidad más bien protege a los agentes acusados. Es imperioso también que los jueces sean implacables en los casos de crímenes y delitos cometidos por policías, en lugar de dar el beneficio de la duda a favor de los victimarios, en desmedro de las víctimas. Si no se actúa pronto con firmeza, si se sigue permitiendo el deterioro y la corrupción de la institución, en muy pocos años la PNC no tendrá nada que ofrecerle a los salvadoreños; será una Policía corrupta y temible, al igual que los cuerpos de seguridad a los que sustituyó.

Aqu se habla donde no hay una verdadera justicia en diverso casos y el comentario dice los gieunte

El presidente Bukele se adjudica el título de “instrumento de Dios”, como si el título de presidente de la República no le bastara. El poder que ahora detenta es tanto que se asimila a la esfera divina, o quizás no es tan sólido como quisiera y se atribuye una misión divina para reforzarlo y, sobre todo, legitimarlo. La reivindicación es reclamada por las redes sociales. Las alfombras del Viernes Santo dan testimonio de ello. Así, pues, el fenómeno Bukele sería obra divina. Esta curiosa interpretación aduce como prueba los innumerables obstáculos que el ahora presidente ha salvado a lo largo de su carrera política. Entre más grande el obstáculo, levantado por fuerzas maléficas, más presencia activa de la fuerza divina, que lo habría conducido hasta colocarlo en la cima del poder del país. La intervención divina directa e inmediata compromete una obediencia que abandona la crítica y la resistencia para que “el enviado”, asistido por la sabiduría celestial, pueda llevar a cabo su misión sin contratiempos. Esta construcción ideológica, una versión revisada del fatalismo característico de ciertas formas de religiosidad tradicional, pretende ser a la vez explicación y justificación, que libera de toda responsabilidad personal y social. Si el poder acumulado habilita para designarse “instrumento de Dios”, los generales, los coroneles, los políticos, el periodista y el comandante que precedieron a Bukele en el cargo también habrían sido instrumentos divinos. Un sinsentido, dado que el mandatario los aborrece visceralmente. Un verdadero instrumento de Dios no desprecia de esa manera a otros instrumentos. Constitucionalmente, la pretensión de Bukele es otro desatino, porque el Estado es constitucionalmente laico, es decir, no requiere de la intervención de ninguna fuerza trascendente. En cualquier caso, si el presidente Bukele fuera “instrumento de Dios”, sus obras darían testimonio de ello. Por tanto, no las escondería con falsos alegatos de confidencialidad, seguridad nacional y otras sandeces por el estilo. Si el fenómeno Bukele fuera cosa de Dios, su discurso no sería despiadado, no denigraría, no insultaría, no mentiría. No sembraría miedo, odio y división. Tampoco explotaría el conflicto, que impide el diálogo, el entendimiento y la aproximación a verdaderas soluciones. Los mensajeros divinos no solo perdonan a sus enemigos, sino también los bendicen y rezan por ellos. El papa Francisco lo ha expresado con claridad meridiana en Irak, zona de guerra y muerte, también de esperanza. “Si Dios es el Dios del amor —y lo es—, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos”. Las obras desenmascaran la falsedad de la interpretación religiosa del poder de Bukele. Los hijos de Dios caminan en la luz y sus obras están a la vista de todos. Los funcionarios de Bukele, en cambio, caminan en la oscuridad, temerosos de que sus obras vean la luz. Sin embargo, al final, todo lo dicho en la oscuridad se oirá a la luz y lo que se susurró en lo recóndito será proclamado desde las azoteas. Esta clase de discurso religioso oculta ambiciones y disfraza la ineficiencia. Es una forma de actuar inescrupulosa, propia de políticos ambiciosos, que se valen de la religiosidad para llegar, acumular y retener el poder. Su quehacer político es más astucia y avidez que obra de Dios. Atribuirlo a su voluntad es blasfemo. Los constructores de la torre de Babel también quisieron alcanzar el cielo y, confundidos, fracasaron estrepitosamente. Los desconcertados y los desesperados encuentran sosiego momentáneo en esta clase de discurso religioso. La falsa confianza los lleva a abandonarse a lo que creen ser la voluntad divina. Renuncian así a pensar, a contrastar, a buscar y a deliberar cómo hacerse cargo de la realidad. Delegan esas tareas en “el instrumento de Dios”. Prefieren que él piense y haga por ellos y, en definitiva, se aproveche de sus inseguridades y miedos. Es lo que suele ocurrir cuando se renuncia a asumir la responsabilidad personal y social. Reducir la realidad a una simple dualidad, nosotros y ellos, no supera los problemas, solo los posterga. La seguridad ofrecida por el discurso religioso de Bukele es cómoda, pero engañosa. Así lo advierte el Evangelio: “Vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo: ‘Yo soy el Cristo’, y engañarán a muchos” (Mt 24,4). Dios, en cualquier caso, no actúa desde el poder, sino siempre desde el último, desde el menor y desde el débil. No actúa desde arriba, sino desde abajo. En lugar de llamar a las legiones de ángeles para que lo libraran de la cruz, Jesús dejó hacer a sus enemigos, confiado en su Padre, quien tiene la última palabra. Ese es el sentido profundo de la encarnación. Los enviados de Dios como Mons. Romero y los mártires del pueblo salvadoreño han corrido la misma suerte, porque el pecado del mundo no tolera la luz que descubre la perversión del poder y del dinero. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Desde su primer día en el Ejecutivo, Nayib Bukele dio gran importancia al trato con Donald Trump. Incluso se ufanó de tener una excelente relación con él, y a ese buen entendimiento atribuyó varias decisiones estadounidenses en favor de El Salvador, como la prórroga del TPS y la donación de equipos de respiración para las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Pero con la entrada de la administración Biden, pareciera que las relaciones entre ambos países ya no son tan amigables ni fáciles. Para tratar de mejorarlas, el presidente ha contratado a empresas de relaciones públicas que buscan endulzar el oído de los funcionarios estadounidenses sobre lo bien que marchan las cosas acá. Según diversas publicaciones, estos contratos cuestan miles de dólares, pagados con los impuestos de todos los salvadoreños. A pesar de pretender una buena relación con Estados Unidos y de haber gastado tanto dinero por el logro de ese objetivo, Bukele ha cometido errores crasos; por el momento, el mayor de ellos, sus ataques a los congresistas que son críticos de la situación en El Salvador. El presidente no solo ha restado importancia a las cartas que han publicado, sino que también los ha minusvalorado personalmente, a pesar de ser miembros relevantes del Congreso. Además, ha hecho caso omiso de sus señalamientos sobre el irrespeto al Estado de derecho, las violaciones a derechos humanos y la posible corrupción en el Gobierno salvadoreño. En este marco, el último encontronazo ha sido con la congresista del distrito 35 de California, Norma Torres, de origen guatemalteco, quien afirmó que los responsables de la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos son los Gobiernos de la región. “Muchos están escapando de #narcogobiernos liderados por @nayibbukele, @JuanOrlandoH y @DrGiammattei. Estas familias merecen un verdadero liderazgo y compasión”, dijo. Si bien la declaración de Torres es dura y atrevida, la respuesta de Bukele, atacándola directamente y a través de sus troles, y pidiendo que no se vuelva a votar por ella, no ha sido adecuada en absoluto. Una vez más ha mostrado su intolerancia y agresividad con todo aquel que critica su gestión como presidente. Puesto que la administración Biden ha dejado claro que será mucho más exigente en las relaciones con sus socios y que pedirá que estos muestren con evidencias su compromiso con la democracia, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, para mejorar la relación entre El Salvador y Estados Unidos lo que se requiere es, precisamente, trabajar para que en nuestro país se fortalezcan el Estado de derecho, la transparencia y la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Mantener una actitud prepotente e insultante con quienes en el Congreso pueden aprobar o negar ayudas para El Salvador, o aprobar una reforma migratoria que dé estatus legal a los millones de salvadoreños que viven sin documentos en Estados Unidos, no es otra cosa que darse un tiro en el pie. Los exabruptos de Bukele y los suyos solo servirán para que los funcionarios de la administración Biden se convenzan aún más de lo mal que están las cosas en El Salvador. Por supuesto, tampoco se trata de agachar la cabeza ante todo lo que viene de Estados Unidos o de aceptar lo que no es verdad. Si una afirmación falta a la realidad, lo propio es demostrarlo con hechos, no con pleitos. Demasiado está en juego en la relación con Estados Unidos como para ponerla en riesgo con confrontaciones innecesarias.

OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA OPINION 01-04-21 QUE NOS DICE LA SEMANA SANTA

Para unos, la Semana Santa es tiempo de descanso y diversión; para otros, de oración y devoción. Para todos, debería ser tiempo de reflexión. En primer lugar, porque lo que se conmemora es el sufrimiento y la victoria de una víctima asesinada injustamente, pero que continúa viva animando a la justicia y la paz. Y en segundo lugar, porque en El Salvador no se reconoce del todo el valor de las víctimas. La tradición cristiana nos llama a que veamos a Cristo crucificado en el asesinado por las pandillas o por los grupos de exterminio, en quien tiene hambre, en la mujer abusada, en el que carece de medicina para curar su enfermedad, en el que sufre por la falta de un ingreso digno. ¿Vemos en ellos el rostro de Cristo? ¿Hacemos algo por liberarlos de sus cruces? En el país nos cuesta enormemente considerar a las víctimas como parte de nuestra propia carne y como fuente de fuerza y ánimo para construir un mundo y una sociedad mejores. Por eso nuestro cristianismo es muchas veces débil e incluso contradictorio. Y poco contribuye un mundo en el que domina la ley del más fuerte, en el que la historia se equipara a la evolución de las especies: el más hábil, adaptable y capaz de usar su poder y agresividad es el que sale adelante. Se termina así pensando que las víctimas son una consecuencia normal de la dinámica social y que es mejor olvidarlas y continuar caminando hacia adelante. Las víctimas son fruto de los afanes de poder de unos pocos y de un modo de hacer futuro desde la ley del más fuerte. Su recuerdo tiene siempre un trasfondo subversivo, porque muestra que se está construyendo mal la historia y porque despierta indignación, deseo de justicia y solidaridad con el débil y carente de protección. La víctima Jesús de Nazaret generó con su muerte no solo salvación, sino modos de estructurar la realidad social que divergían de las tónicas imperantes en el imperio romano. Frente al poder absoluto del emperador, despertaban libertad construida desde el amor y la generosidad. Frente al poder del dinero, impulsaban desprendimiento y solidaridad. En el siglo II se consideraba que ser parte del ejército romano, con toda su violencia expansionista, era incompatible con ser cristiano. Los deseos de adaptación a la sociedad limitaron y apagaron los aspectos críticos del cristianismo en muchas comunidades. Pero permaneció siempre, de diversas maneras, el esfuerzo de fidelidad al Evangelio, a la víctima central del mismo, Jesús de Nazaret, y a su fuerza transformadora de la realidad. Hoy, una época en la que las víctimas se han multiplicado, en la que los pobres sufren con mayor dureza los efectos de la pandemia, no podemos considerar la Semana Santa como un simple lapso de descanso en la lucha diaria por la existencia. Reflexionar sobre la realidad, pensar en la construcción de un futuro que no se edifique sobre el sufrimiento es la manera de honrar a una víctima inocente que superó a los victimarios y que enseñó a trabajar, desde la generosidad y el servicio, por un mundo fraterno. Un mundo en el que el ser humano, precisamente por ser humano, nunca se convierta en victimario.

EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA EDITORIAL 29-03-21 OPONERSE POR OPONERSE, SIN ENTENDER NADA

Durante muchos años pensábamos en la santidad como una aventura personal, llena de caridad hacia el prójimo, de esfuerzo personal por seguir las huellas de Nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto con una actitud impregnada de una enorme confianza en Dios nuestro Padre. El tema político parecía ajeno a la santidad y se desconfiaba de él. Y más cuando la experiencia de muchos buenos cristianos era que en la política se practicaba un enorme fariseísmo: se hablaba siempre de valores, pero se practicaba, a veces de un modo masivo, la corrupción y el abuso. San Óscar Romero, los ya reconocidos como beatos Rutilio, Nelson y Manuel, una mujer ejemplar como Marianela García Villas, o los que podríamos llamar mártires anónimos de la masacre del río Lempa, todos ellos asesinados en el mes de marzo de diferentes años, críticos e independientes respecto a las políticas imperantes de su época, nos enseñaron a valorar un nuevo modo de relación entre la santidad a la que todos estamos llamados y la política, en su sentido amplio de construcción y defensa del bien común. Sin embargo, desde el principio del culto a los santos, la santidad tuvo relaciones con la política. En efecto, durante las persecuciones habidas en el Imperio Romano a los mártires se les perdonaba la vida a condición de que reconocieran al emperador como Señor de la historia. Pero los cristianos sabían que el único Señor de la historia era Jesús, muerto y resucitado. Y muchos fueron ejecutados por negarse a unir esas dos palabras, señor de la historia, con el emperador. Aunque las razones de las persecuciones fueron diversas, la dimensión política que implica no reconocer el señorío absoluto de la historia al emperador fue sin duda una de las razones del odio imperial a los cristianos. En nuestra época la denuncia de la explotación, de las idolatrías del dinero y del poder, tenían también su dimensión política. Incluso el anuncio y compromiso de la fraternidad cristiana con la justicia y el desarrollo de los pobres les parecía una actitud política reprochable a quienes asesinaron a nuestros mártires y tantas otras víctimas. Ellos siguieron el pensamiento de la Iglesia que pide a los cristianos que la caridad, además del apoyo individual al necesitado, suscite nuevos modos de “afrontar los problemas del mundo de hoy y renovar profundamente desde su interior las estructuras, organizaciones sociales y ordenamientos jurídicos. En esta perspectiva la caridad se convierte en caridad social y política” (Compendio de doctrina Social de la Iglesia n° 207). Por eso en este mes de marzo, e incluso como preparación para la Semana Santa, debemos recordar a nuestros mártires y su ejemplo: Amaron individualmente a todos y cada una de las personas que se fueron cruzando en su existencia, y al mismo tiempo amaron a la comunidad social salvadoreña, insistiendo en que se organizara y estructurara “la sociedad de modo que el prójimo no tenga que padecer la miseria” (Compendio n° 208). Hoy, en una sociedad en la que hay un índice alto de pobreza, donde se atenta contra el medio ambiente, o donde se impulsa un individualismo egoísta que refuerza la desigualdad y la corrupción, nos corresponde a los cristianos desarrollar esa caridad social y política de la que nos habla la Iglesia y de la que nos dieron ejemplo nuestro santo Romero y otros tantos mártires salvadoreños. Nuestra misma Constitución pone como objetivo estatal la justicia social. El Evangelio, más allá de la justicia, nos pide amar a nuestros prójimos en esa doble dimensión: amor samaritano a quien encontramos tirado en el camino de la vida y amor político que busca siempre el bien común de todos y todas desde las estructuras sociales. Entre los dichos populares se usa con frecuencia la frase “por la verdad murió Cristo”. Pero la gran verdad que Cristo nos enseñó es que “Dios es amor” y que “quien no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve” (ambas frases en el capítulo 4 de la primera carta de Juan). La Semana Santa con la muerte y resurrección del Señor, nuestros mártires y víctimas que se unieron a la muerte y resurrección del Señor, dan testimonio de esa verdad y nos invitan a nosotros a amar personal y socialmente a todos nuestros prójimos.

La semana pasada se habló muchos de las plazas fantasma. Al final, no todas lo eran: había gente que sí trabajaba y otra que se supone que no. Pero encanta generalizar y atacar a una Asamblea Legislativa de bajo nivel moral e intelectual. Veremos cómo se porta la próxima y lo que habrá que decirle, porque dada la poca preparación de muchos de ellos es posible que veamos cosas que llamen la atención. Pero más allá del tema de las plazas fantasma, hay aspectos en el reparto de asesores que nos dejan ver la corrupción en la política. Y ese es el tema más interesante. Según datos oficiales de la Asamblea, los partidos que menos iniciativa legislativa tienen son los que disponen de más asesores. Efectivamente, GANA, que desde hace tiempo se ha limitado a ser un partido bisagra para hacer oscilar la voluntad legislativa hacia las propuestas y voluntad gubernamentales, es el que tiene una mayor proporción de asesores y empleados. Si se repartieran proporcionalmente los empleados de GANA entre sus diputados, les tocarían 26 asesores a cada uno. Así, pues, para un mínimo trabajo legislativo el partido goza de un máximo de lo que confiadamente y con una buena dosis de optimismo podríamos llamar capital intelectual. Algo parecido pasa en el PCN, aunque en menor cantidad. Y semejante también, aunque con alguna variante, en la Democracia Cristiana. En cambio, los partidos que han tenido mayor rendimiento legislativo, el FMLN y Arena, son los que tienen menos asesores, empleados, clientes o como les queramos llamar. El contraste es llamativo, y por eso cabe preguntarse: ¿cuál es la explicación? La explicación más evidente de este derroche de inversión en asesores que no producen ni calidad ni cantidad legislativa es corrupción democrática. Los partidos en el poder han necesitado siempre de aliados para conseguir suficientes votos para sus propuestas. Aparte de maletines negros, cuotas de cargos en el Estado y puestos de dirección en la Asamblea, dar trabajo a supuestos asesores ha sido también una manera de controlar voluntades. Aunque más que asesores son clientes del partido dedicados a alabarlo y trabajar para él. La corrupción y nuestra democracia llevan demasiado tiempo hermanadas. Incluso podríamos decir que hay una relación directa entre mayor clientelismo y aumento de la corrupción. No puede explicarse de otra manera ese contraste entre el número de asesores legislativos y la pobreza intelectual de los diputados, así como el poco rendimiento legislativo. En algún momento de nuestra historia a esa utilización de los partidos bisagra se le llamó “aritmética legislativa”. Ya se sabe: la corrupción siempre trata de disfrazarse con palabras bonitas. El próximo escenario legislativo ofrece una perspectiva interesante. Habrá que ver si para mantener el voto que le falta para cumplimentar los dos tercios de los votos, necesarios para aprobar algunas leyes, el partido de gobierno le mantiene a su aliado y anterior vehículo electoral el mismo número de asesores. Por supuesto, habrá que ver cuántos asesores y de qué calidad se recetan a sí mismos los diputados de Nuevas Ideas. Todo cambio en política tiene siempre dos opciones: cambiar la realidad o adaptarse a la costumbre corrupta. En El Salvador hemos visto una tendencia permanente a la adaptación más que al cambio real. Y en esa tendencia no han importado las diferencias políticas ni las consabidas calificaciones de derecha o izquierda. Si el actual Gobierno se decidiera por los cambios, lo sabremos muy pronto al ver de quién se rodea, con quién se aconseja y la fundamentación técnica de sus decisiones. Si se decide por la adaptación, sufriremos esa decisión con mucho más dolor que las adaptaciones anteriores. Porque ni la Democracia Cristiana, hace ya tiempo, ni Arena, ni el FMLN tuvieron tanto poder como el partido en el gobierno cuando decidieron adaptarse a la injusticia y la corrupción —por supuesto, siempre con sus diferentes matices—. Y el poder sin control crea un tipo de corrupción que hace daño a todos, pero especialmente a los más pobres y vulnerables, que son mayoría en el país. Los asesores fantasma serán uno de los primeros síntomas de en qué dirección se perfila nuestra historia en los próximos años. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El 24 de marzo celebramos a san Óscar Arnulfo Romero, nuestro querido pastor, que amó tanto al pueblo salvadoreño que murió por él. Ese mismo pueblo lo reconoció como mártir y santo desde el mismo día en que fue asesinado. También lo hizo la jerarquía de la Iglesia católica, 35 años después, al finalizar un largo proceso en el que se analizó a fondo su vida, pensamiento y escritos, para así poder afirmar con propiedad que su doctrina estaba en plena consonancia con la fe católica. Monseñor Romero tuvo la enorme responsabilidad de guiar a la grey católica salvadoreña durante 10 años. Primero, como obispo auxiliar de San Salvador; después, como obispo de Santiago de María; y, finalmente, como arzobispo de San Salvador. Su pasión por anunciar el Evangelio utilizando todos los medios a su alcance fue una característica de su trabajo como sacerdote y obispo. San Romero tuvo bien claro que su papel principal como obispo era la evangelización del pueblo salvadoreño. Y lo hizo con sus enseñanzas, siempre apegadas al Evangelio; con su palabra clarividente, denunciando todo aquello que se oponía al proyecto de Dios para la humanidad; y con hechos, mostrando una genuina preocupación por los pobres, defendiendo sus vidas, consolándolos en sus angustias y sufrimientos, señalando los abusos y atropellos del poder, velando por el respeto a sus derechos humanos. Monseñor Romero es guía y pastor para el país; sus enseñanzas, su ejemplo siguen animando e inspirando a vivir con profundidad el seguimiento de Jesús. Su mensaje trascendió nuestras fronteras y se hizo universal. Muestra de ello es que en el año 2010 Naciones Unidas declarara que el 24 de marzo, fecha de su muerte martirial, sería reconocido como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Sin duda que en esta decisión influyó la decidida denuncia que monseñor Romero hizo de las barbaries y atropellos que a diario sangraban a los más humildes a finales de la década de los setenta, y para los que el santo siempre pidió se esclareciera la verdad y se llevará a los hechores ante la justicia. Con toda razón se puede afirmar que monseñor Romero es reconocido mundialmente como un defensor de los derechos humanos y como el patrono de las víctimas de las violaciones a los mismos. Por todo lo anterior, su subida a los altares no puede servir para manipular su figura, despojarlo de su compromiso con el anuncio del Reino de Dios o hacer a un lado su lucha contra el mal. Al contrario, debe ayudarnos a ver en san Óscar Arnulfo Romero un hombre plenamente fiel al Evangelio, que se esforzó por ser un auténtico discípulo de Jesús, siguiendo su ejemplo, actualizándolo en la realidad trágica y violenta que le tocó vivir. Su amor al pueblo salvadoreño brotó de su amor a Cristo, al que vio presente y crucificado en los empobrecidos, en las víctimas de la injusticia y la represión, y de ahí su denuncia de la injusticia y su lucha por el bien de las mayorías. Por eso la Iglesia lo ha considerado mártir y santo, es decir, testigo de fe en Jesús y discípulo modélico. Al conmemorar su martirio en un clima de polarización, agresividad y odio, vale la pena recordar estas palabras de san Óscar Arnulfo Romero: “Ni la violencia de la injusticia social o de la represión, ni la violencia de las reivindicaciones inspiradas en soberbia, venganza o resentimiento puede ofrecer la solución a la evidente descomposición sociopolítica del país. Solo pueden abrir una salida eficaz a esta encrucijada, el retorno sincero a la justicia y el amor, el respeto mutuo de los derechos humanos y el mutuo entendimiento de todos los salvadoreños admitidos sin parcialidad a un verdadero diálogo”.

Mientras el coronavirus obligaba a cubrirse parte de la cara, también destapó muchas injusticias. A la vista quedaron precarios sistemas de salud, familias sin vivienda digna, sin agua potable ni saneamiento; se evidenció que la mayor parte de la población se gana el sustento en una lucha diaria, por la cual le es imposible cumplir una cuarentena; se desnudó la rapacidad sin límite y autoritarismo de funcionarios y políticos que convirtieron la tragedia en ocasión de lucro y violentaron derechos humanos. Hasta hoy, el virus suma 2.6 millones de fallecidos y más de 121.3 millones de infectados en el mundo, y ha agudizado las desigualdades; el acceso a las vacunas es un ejemplo. Al 22 de enero de este año, 52 países habían comenzado a vacunar a su gente; 142, no. Organizaciones de derechos humanos internacionales advierten del peligro de que 67 países de bajos ingresos no tengan acceso a la vacuna en 2021, pues no han llegado a acuerdos con ninguno de los principales productores del medicamento. Funcionarios de la OMS señalan que Guinea era el único país africano que había comenzado a vacunar en enero. Del otro lado de la moneda, los países ricos han adquirido tantas dosis de vacunas como para inmunizar varias veces a su población. Reino Unido aseguró 367 millones de dosis de diferentes compañías, lo que equivale a más de cinco veces su población. Canadá, Nueva Zelanda y Australia han adquirido suficientes vacunas como para aplicar cuatro dosis a cada uno de sus ciudadanos. En contraste, Covax, la iniciativa mundial para que el acceso equitativo a tratamientos contra el covid-19, solo ha comprado el 14% de las vacunas producidas. Peor aún, todo apunta a que los países más pobres las comprarán a mayor precio que los países ricos. Un artículo publicado por el British Medical Journal señala que Sudáfrica habría comprado la vacuna AstraZeneca a 5.25 dólares la dosis, mientras la Unión Europea pagará solo 2.15 dólares. A esta inequidad planetaria se añaden las historias de corruptelas y privilegios durante el proceso de vacunación. Perú, Argentina, Chile y Brasil destacan en esa lista negra. En El Salvador, el 17 de febrero llegó un lote de 20 mil dosis de Covishield, la vacuna del Serum Institute of India. Luego, como parte del mecanismo Covax, el país recibió, el 11 de marzo, 33,600 dosis de AstraZeneca. De este último lote se sabe que se trata de una donación, pero del origen de las 20 mil dosis de Covishield solo hay especulaciones. Esa falta de transparencia es una de las constantes del actual Gobierno, que ha reservado la información sobre el hospital El Salvador, la compra de insumos médicos, los centro de contención y los paquetes alimentarios, entre otros. Costa Rica fue el primer país de la región en recibir vacunas Pfizer y ya lleva alrededor de medio millón de dosis. A pesar de que la empresa le exigió a los países compradores una cláusula de confidencialidad sobre el precio de la vacuna, Costa Rica reveló que encargó 3 millones de dosis a un costo total de 36 millones de dólares ¿Por qué acá no se puede conocer el convenio de compra con AztraZeneca? Ciertamente, enfrentar la pandemia exige sortear toda dilación, pero no prohíbe la transparencia ni la decencia.

Proceso 11/03/2021 Pasadas las elecciones y el triunfo de Nuevas Ideas, que algunos gustan calificar de “arrasador”, entramos ahora en una coyuntura de relativa indefinición. La Asamblea Legislativa actual funcionará hasta el 30 de abril, pero es difícil pensar que haga gran cosa. El apoyo masivo al presidente en las pasadas elecciones, la no continuidad en la Asamblea de la gran mayoría de los diputados actuales y la posibilidad de un veto presidencial que anule, por cuestión de los tiempos, cualquier legislación que se quisiera impulsar, deja al poder legislativo en una especie de limbo. Tampoco el poder Ejecutivo podrá hacer gran cosa, especialmente en temas que impliquen restricciones a derechos ciudadanos o cambios en temas económicos. Lo que sin duda habrá es conversaciones internas en Nuevas Ideas, planificación, y probablemente arreglos, para entrar a partir del mes de mayo con una fuerte actividad legislativa. Lo más interesante, a lo largo de estos dos meses de coyuntura indefinida, será analizar el lenguaje y discurso del poder Ejecutivo. Si ya con la casi totalidad del poder en las manos de Nuevas Ideas el discurso continúa siendo “arrasador” contra cualquier tipo de oposición o posicionamiento crítico, podemos prepararnos para un régimen autoritario que no tendrá nada que envidiar a los presidencialismos de nuestros tres vecinos del CA-4. El deterioro, especialmente en Honduras y Nicaragua, con los presidencialismos prolongados, señala la dificultad o imposibilidad de construir desarrollo desde el autoritarismo y el control absoluto del poder. La libertad de expresión y los Derechos Humanos puede que se conviertan en las únicas armas defensivas de quienes desean construir una democracia moderna e inclusiva, que busque en el país una mayor igualdad y justicia social. Si el lenguaje del poder se vuelve más maduro y sereno, desde la seguridad que da el control del legislativo, las posibilidades de diálogo y de búsqueda conjunta de soluciones para el país podrán ser más probables. Al Gobierno le tocaría entonces superar el ansia de poder absoluto y bajar radicalmente el tono a los fanatismos, que han conseguido ya carta de ciudadanía entre los vencedores de la contienda electoral. Todavía se está a tiempo de contrarrestar los graves desencuentros del pasado inmediato, aunque no sea fácil. Son dos escenarios en los que el elector es exclusivamente una persona, dado el liderazgo conseguido entre sus seguidores por el actual presidente. A El Salvador, por supuesto, le conviene el segundo escenario. No estará exento de tensiones, porque la libertad de expresión despierta reacciones demasiado airadas en los que mandan, y porque en el país no existe una cultura de Derechos Humanos bien establecida en ninguno de los tres poderes de la República. Temas como los ajustes fiscales son complejos y pueden incidir con dureza en la vida de las personas. Aunque sean necesarios, la falta de preparación económica y negociadora de los técnicos gubernamentales, así como la estupidez de algunos organismos internacionales, que no temen aumentar el hambre y la pobreza con tal de conseguir sus fines, no dejan de causar preocupación. Aumentar el IVA en un país con una economía en recesión golpeará sin duda y con fuerza a los más pobres. El peso de la tendencia gubernamental a salir del paso con improvisación, con ataques a otros, con promesas y con justificaciones más publicitarias que racionales, puede llevarnos a una situación de estancamiento y pobreza de difícil solución. En ese contexto, el 27% de los electores que no votó por Nuevas Ideas y que podría llamarse oposición, compuesta por muy diversos grupos, debe apostar por la reflexión y las propuestas serias y fundamentadas desde una economía solidaria y valores democráticos. Los espejismos solo se superan desde la conciencia y la realidad. La construcción de imaginarios ideales puede seducir cuando se vive en el reino de la necesidad. Pero competir en ese terreno solo llevaría, en el mejor de los casos, a seguir en lo mismo. Las Naciones Unidas presentó hace ya algunos años, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ver la realidad y crear conciencia de las necesidades, elaborar desde ahí los propios objetivos para los próximos 3 años, proponer tiempos de realización de dichos objetivos, evaluar todos los años con transparencia el avance o retroceso de los mismos, son tareas que tienen pendientes los grupos críticos. Si los sectores críticos no elaboran proyectos propios de desarrollo, las imágenes construidas artificialmente, la propaganda vacía o semi vacía, las acusaciones a la oposición de toda fatalidad o fracaso que suceda, el griterío, la ilusiones y las mentiras continuarán siendo el ambiente que domine la política nacional. Proyectos serios de desarrollo pueden ayudar al crecimiento de la conciencia democrática, cuestionar imágenes y emociones e incluso podría ayudar a cambiar de rumbo al Gobierno. Mientras esto no se dé, la coyuntura permanecerá indefinida d

Desde hace muchos años, la Asamblea Legislativa es objeto de señalamientos por su ineficiencia y por el uso abusivo de fondos públicos. A excepción de los últimos cuatro ejercicios presupuestarios, el presupuesto de este órgano del Estado se ha caracterizado por incrementarse constantemente, la mayoría de las veces sin justificación clara. Las críticas por los abultados gastos de los legisladores han sacado a la luz pública suntuosos banquetes en ocasión de actos solemnes, lujosas camionetas para uso discrecional, bonos de combustible, un pequeño ejército de asistentes y asesores al servicio de cada fracción, viajes al extranjero con todos los viáticos pagados, seguros médicos hospitalarios, entre otros. Además, en no pocas ocasiones se ha descubierto que algunos diputados pagaban con fondos público a personas que realizaban para ellos tareas sin ninguna relación con el trabajo legislativo. Todo ello ha influido en la baja estima y confianza ciudadanas en la Asamblea: las muchas prebendas y elevado nivel de vida de los que gozan los diputados no se justifican por el trabajo que realizan ni están en relación con la vida del salvadoreño común. Ahora ha emergido otra polémica ante la denuncia de plazas fantasmas. El señalamiento, en realidad, no es novedoso, pero debe servir para que por fin se investigue a profundidad y, en caso de existir fundamentos, se deduzcan responsabilidades. Y no habría que parar ahí, al menos si es real el interés en desmontar los vicios del pasado: el 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa debería iniciar un proceso de transformación profunda de la institución. La actual dirección de la Asamblea Legislativa intentó, tardíamente y con excesiva lentitud, poner orden ante tanto descontrol. Para ello pidió la cooperación del Congreso español, que envió una comisión para realizar un diagnóstico de la situación y recomendar las reformas necesarias para una Asamblea Legislativa más eficiente. Uno de los aspectos que más impresionó a la comisión fue el enorme número de trabajadores de la Asamblea Legislativa. Se comentó que alcanzaban la cifra de tres mil, lo que significa 36 trabajadores por cada diputado, muy lejos del 1.5 trabajadores por cada congresista español. Asimismo, les llamó la atención que las contrataciones de personal fueran potestad de las fracciones legislativas y que no hubiera procesos para definir la idoneidad y capacidad profesional de los futuros funcionarios legislativos. Señalaron también la ausencia de un cuerpo técnico jurídico profesional, al servicio de la institución y no de una determinada fracción política, que apoyara en la elaboración y revisión de los proyectos de ley que se someten a aprobación, tal como tienen la mayoría de los Congresos alrededor del mundo. La nueva Asamblea Legislativa está llamada a poner fin a esta larga historia de prebendas, despilfarro, abusos y clientelismo político. Cuenta ya con el diagnóstico y la propuesta de apoyo para la reforma elaborados por el Congreso de Diputados español. Ese valioso insumo tiene que ser aprovechado. No basta con quejarse sobre lo mal que lo hicieron los otros; desde el momento en que ocupe sus curules, la mayoría de Nuevas Ideas debe dar muestras evidentes de que las cosas serán distintas y mejores, que se establecerán normas y reglamentos con el fin de que se cumplan, que se actuará con transparencia y respeto, que se trabajará en beneficio del pueblo salvadoreño. Solo a través de acciones de ese tipo podrá rescatarse a la Asamblea Legislativa del pantano en el que está hundida.

El Salvador se ha caracterizado por tener un movimiento social fuerte, aunque disperso, sobre todo en los últimos años. Hay una gran riqueza de organizaciones que trabajan en diversos temas para ayudar a la población en la lucha por sus derechos, pero no es usual que se coordinen con otras cuya temática de trabajo sea distinta. Pero la historia ha demostrado que en los momentos límite, en los que se juega la suerte de la gente, la realidad se encarga de unir esfuerzos dispersos. Coyunturalmente, esto ha sucedido ante los desastres socio-económicos provocados por fenómenos naturales. Los terremotos y las tormentas, por ejemplo, sacan lo mejor del pueblo organizado y no organizado para solidarizarse con las víctimas. Así pasó también durante la guerra civil con el anhelo de paz. Las organizaciones supeditaron sus agendas particulares al fin de la guerra como condición indispensable para sacar adelante al país. El movimiento social aunó esfuerzos en el Debate Permanente por la Paz, que enarboló la bandera de una salida negociada en tiempos en los que este clamor no era escuchado por los protagonistas del conflicto ni por la comunidad internacional. Al final, la racionalidad se impuso con la firma de los Acuerdos de Paz. La gestión del actual Gobierno ha dado pie a la unión de organizaciones del movimiento social y de la sociedad civil en general. La mayoría, por dar seguimiento a la realidad, percibió que algo grande estaba en juego y se articularon en diversos esfuerzos antes de las elecciones del 28 de febrero. Ahora, desde estos sectores se manifiesta una especie de desánimo y ha nacido la tentación de dispersarse, de hacer cada uno lo suyo en beneficio de los destinatarios de su trabajo. En estos momentos, conviene recordar algunas palabras del papa Francisco, expresadas en abril del año pasado en su carta dirigida a los movimientos y organizaciones populares a propósito de la pandemia. Como dice Francisco, vivimos días de mucha angustia y dificultad, pero las organizaciones sociales, dice el papa, “son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más armas que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo”. A ellas les recuerda que se las mira “con desconfianza por superar la mera filantropía a través la organización comunitaria o reclamar por sus derechos en vez de quedarse resignados esperando a ver si cae alguna migaja de los que detentan el poder económico. Muchas veces mastican bronca e impotencia al ver las desigualdades que persisten, incluso en momentos donde se acaban todas las excusas para sostener privilegios”. A los miembros del movimiento social, a quienes el papa llama “poetas sociales”, que no gozan de los placeres superficiales que adormecen tantas conciencias en estos días, los invita a pensar en el después de esta crisis. “porque esta tormenta va a terminar y sus graves consecuencias ya se sienten”. “Ustedes”, les dice, “no son unos improvisados, tiene la cultura, la metodología, pero principalmente la sabiduría que se amasa con la levadura de sentir el dolor del otro como propio”. El obispo de Roma invita a pensar en el proyecto de desarrollo humano integral que anhelamos todos, centrado en el protagonismo de los pueblos en toda su diversidad y en el acceso universal a tierra, techo y trabajo. Este proyecto de humanidad solo será posible con la participación de todos, cada quien desde su especificidad, pero sabiendo que con el trabajo particular se abona a un fin mayor. La riqueza y la experiencia de cada organización se fortalecen cuando se coordina con otros que trabajan con los mismos ideales y buscando objetivos similares. Hoy más que antes, la unificación del movimiento social puede jugar un papel fundamental para incidir en el rumbo de El Salvador. Conviene recordar que, muchas veces, en los momentos más difíciles, es cuando se encuentran respuestas a problemas irresueltos. En palabras de Rutilio Grande, cuyo martirio se conmemora estos días, en esta hora nos salvaremos en “racimo”, no solos.

Pasaron las elecciones, pero no la confrontación y la violencia, que, aunque vienen de largo, se intensificaron durante la campaña electoral; en especial, la agresividad verbal en las redes sociales. A pesar de la holgada victoria electoral de Nuevas Ideas, algunos seguidores de ese partido siguen acosando y profiriendo una lluvia de insultos sobre los otros institutos políticos, sus representantes y cualquier sector de la sociedad que se separa del discurso oficial. Y esa extrema agresividad se ensaña con las mujeres. Ello no es más que la muestra del machismo, la pobreza de pensamiento y el bajo nivel cultural de las personas que así actúan. Para más enjundia, algunas de las muestras más crudas de ese modo de actuar se dieron alrededor del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se reivindica la igualdad de derechos para las mujeres. Hay que repetirlo con todas sus letras y con el mayor énfasis posible: la violencia solo engendra más violencia. La historia nacional da fe de ello; sus páginas están tintas en sangre. Si la violencia que corre por las redes sociales no se detiene, seguirá escalando y reproduciéndose. Algunos podrán decir que solo se trata de palabras, no de hechos. Ante ello, lo obvio: tan peligrosa es la violencia verbal como la física, pues en muchas ocasiones la primera no es más que el preludio de la segunda. Muchos linchamientos inician con violencia verbal, pues esta genera las condiciones necesarias en un colectivo para la destrucción física de la persona o grupo agredido. El Salvador, pues, está orillándose, de nuevo, al abismo. Detrás de la violencia hay una actitud de desprecio hacia el otro, un deseo de dañarlo y destruirlo, lo que rompe con el principio de la fraternidad cristiana. Para Jesús de Nazaret, la violencia verbal es tan grave como dar muerte, y lo expreso en el Sermón de la Montaña (Mateo 5, versículos 21 y 22): “Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: ‘No matarás; el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio’. Pero yo les digo: si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo; si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno”. Esa actitud de desprecio hacia otros debe ser sustituida, en cada mente y en cada corazón, por un profundo respeto hacia toda persona, sea hombre o mujer, correligionaria u opositor político, creyente o no, heterosexual o miembro del colectivo LGTBI. Cualquier diferencia es legítima y digna de respeto, y tiene que ser abordada a través de un razonamiento sereno y maduro. Por otra parte, cuanto más alta es la autoridad que ostenta una persona, más daño hace al comportarse de forma agresiva y violenta, pues el poder que tiene es mayor y, por tanto, mayor el daño que causa. En este sentido, las autoridades del país no pueden aplaudir y animar la violencia; por el contrario, tienen la responsabilidad legal de ponerle fin. Desde sus posiciones de poder, tienen el deber de exigir que caiga todo el peso de la ley sobre aquellos que insisten en la violencia y el acoso, y así dar un mensaje claro de que en el país no se promueven actitudes antidemocráticas que impiden vivir en fraternidad y armonía.

A pesar de los esfuerzos meritorios de diversos sectores, la cultura de derechos humanos en El Salvador es escasa. Las expresiones de odio o desprecio hacia mujeres que expresan con libertad su opinión nos dejan ver que todavía un buen grupo de hombres, que agreden o callan ante las agresiones, no se ha dado cuenta de que todos y todas tenemos la misma dignidad. Salir con numerosos policías armados a supervisar una manifestación de mujeres que reclaman igualdad de derechos muestra la incomprensión y ridiculez de unas fuerzas de seguridad que parecen temerle al derecho de libre manifestación. En vez de eso, el Gobierno debería pedirle a la Asamblea Legislativa que reforme la Constitución y establezca un 40% como cuota de género a partir de las elecciones de 2024. Y en mayo la podrían ratificar los de la nueva Asamblea, aunque al vicepresidente no se le haya ocurrido el tema o no le guste. A lo largo del año 2020, y en esto han coincidido todas las instituciones defensoras de derechos humanos, a las violaciones clásicas de los derechos económicos y sociales se ha añadido otra serie de abusos que limitan la libertad de movimiento, la seguridad jurídica y toda una serie de derechos garantizados por convenciones firmadas y ratificadas por El Salvador. El más reciente informe de derechos humanos del Idhuca no deja duda de ello. Otros informes insisten en lo mismo. El Gobierno, la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial han sido, por comisión u omisión, los mayores violadores de derechos humanos. En ciertos niveles gubernamentales se acusa de ideológicos a quienes defienden derechos humanos. O incluso, en su ignorancia, se burlan de derechos consagrados diciendo que quienes perdieron las elecciones tendrán que solicitar derecho de asilo. Caso aparte es el director de Centro Penales, que por su actuar da la impresión de que no conoce la ley penitenciaria de El Salvador. Asimismo, con múltiples violaciones de los derechos de los privados de libertad, ha demostrado una ignorancia absoluta de convenciones y estándares internacionales que señalan modos de proceder coherentes con la finalidad que tienen las prisiones. Será bueno recomendarle la lectura, además de la ley, del manual “Los derechos humanos y las prisiones”, publicado por la ONU. La falta de cultura de derechos humanos tiene una larga historia. Una de sus causas fundamentales ha sido la indiferencia de instituciones estatales y, especialmente, de la clase política, que ni se ha preocupado demasiado por ellos, sobre todo en el campo de los derechos económicos y sociales, ni ha tratado con seriedad de corregir abusos institucionales. El control de la política por parte de grupos oligárquicos, y de militares a su servicio, silenció durante mucho tiempo los esfuerzos de algunos salvadoreños por impulsar los derechos de los pobres. La brutalidad de una guerra civil con múltiples y graves abusos ha dejado también una herencia que dura hasta ahora y que contemplamos en la tradición de impunidad, en las trampas judiciales y en el irrespeto a las leyes. Los derechos humanos son, en primer lugar, una moralidad externa al poder. La famosa “moralidad notoria” de la que habla la Constitución no sería moralidad, ni mucho menos notoria, si no tuviera en cuenta los derechos humanos. Porque estos se fundamentan en los valores básicos de la persona. En la práctica, la moralidad notoria de muchos funcionarios no ha sido en nuestra historia más que fariseísmo notorio, es decir, apariencia de moralidad. Salir del fariseísmo y optar por respetar y trabajar sistemáticamente en favor de los derechos humanos es el único camino que tenemos para construir un desarrollo fraterno y capaz de potenciar las capacidades de nuestra población y ponerlas al servicio de todos. Crear cultura de derechos humanos nos hará mejores personas a todos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En el Día Internacional de la Mujer, que invita a reflexionar y trabajar por una real igualdad de derechos entre mujeres y hombres, es necesario mirar y analizar con seriedad nuestra realidad al respecto. En primer lugar, lo evidente: el machismo sigue oprimiendo y generando crímenes de odio a diario. Hay menos mujeres pensionadas que hombres, aunque en promedio ellas trabajan más que ellos. En la futura Asamblea Legislativa, habrá diputados que han publicado frases machistas en las redes sociales; además, el número de diputadas no llegará al 30% del total de legisladores, a pesar de que en El Salvador las mujeres son mayoría. Esta subrrepresentación habla muy mal de un país en el que han abundado y abundan las mujeres ejemplares. Marianella García Villa, defensora de derechos humanos, fue asesinada durante la guerra cuando trataba de esclarecer en el terreno una masacre llevada a cabo por la Fuerza Armada. Fue una persona inteligente y de gran coherencia entre pensamiento y acción. A pesar de ello, se la mantiene en el olvido. Rufina Amaya, testigo de la matanza en El Mozote, se constituyó en la palabra más permanente y creíble frente al encubrimiento de ese acto de barbarie y de otros crímenes de lesa humanidad. Hoy, a pesar de que muchos reconocen su valía, no tiene ningún monumento que la honre. Por su lado, María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado, mostró un valor extraordinario en la defensa de los derechos humanos. Tampoco para ella hay una fecha o sitio público que sirva para recordar su obra. El reconocimiento público a las mujeres continúa siendo inferior a la capacidad que demuestran en diversos ámbitos de la vida nacional. Pese a que ellas se desempeñan en infinidad de labores, muchas de estas complejas y de largo plazo, los hombres se quedan con el poder y las decisiones sin que se avance gran cosa en la construcción de la igualdad y en el desarrollo de la justicia social. Las labores de cuido se reservan para la mujer y ni siquiera se hace el cálculo económico del valor material que esas tareas tienen. En el mundo político, es aún más aguda esa marginación. En las fechas conmemorativas (el Día Internacional de la Mujer no es la excepción), mucha gente se muestra solidaria con la temática del caso. Sin embargo, luego se echa de menos un compromiso permanente que lleve a un cambio de cultura o de legislación. En este sentido, bueno sería que durante los tres años próximos se ejerza presión pública para que los diputados y el Ejecutivo legislen y actúen en materia de derechos y protección de las mujeres. Dado que la próxima legislatura no alcanza el tercio de género que se exige como mínimo en cualquier otra institución pública, una buena consigna sería exigir legalmente que al menos un 40% de las curules sean ocupados por mujeres. Sin dar la pelea a diario sobre temas como este, nunca se conseguirá la plena igualdad.

Los resultados electorales demuestran que la mayoría de salvadoreños no se ha cansado de esperar que el país cambie. A pesar de las innumerables promesas fallidas, siguen teniendo esperanza. El respaldo mayoritario al partido del presidente expresa la fe en que cumplirá su promesa de mejorar la vida de todos. En este sentido, limpiarle la mesa no pretendería darle carta libre para que haga lo que quiera, sino para que transforme realmente al país. Aristóteles dijo que “uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”. Precisamente, haber prometido y defraudado es lo que están pagando los que no honraron sus promesas cuando estuvieron en el poder. Aunque no se conoce un plan de gobierno ni un proyecto de nación que tengan su firma, el presidente anunció cambios importantes y estructurales que dentro de poco, no teniendo ya obstáculos en la institucionalidad nacional que le impidan realizarlos, podrá emprender. Un par de ejemplos de esos compromisos que asumió y ofreció durante su campaña presidencial pueden servir para hacerse una idea de aquello que podría hacer para darle un nuevo rumbo a El Salvador Primero, en el ámbito de la transparencia y el combate a la corrupción, prometió crear la figura de un comisionado anticorrupción que, nombrado por los partidos de la oposición, combatiera ese flagelo. Prometió también eliminar la partida secreta, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y que nunca fue auditada en los Gobiernos anteriores. Bukele afirmó en campaña que “los gastos necesarios de la inteligencia saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió”. Fue esa partida, según la Fiscalía General de la República, la que los ex presidentes Funes y Saca utilizaron para malversar cientos de millones de dólares. En segundo lugar, en el ámbito económico, ofreció “modernizar la recaudación fiscal” para evitar la evasión y elusión tributaria, y “promover una reforma fiscal integral”. En sus palabras: “Hacer que el rico pague más y que el pobre pague menos”. En esa línea, habló de la necesaria gradualidad de los impuestos y ejemplificó con un IVA diferenciado: mayor para los bienes suntuosos y exención para la canasta básica. En la ciencia económica, este tipo de medidas son propias de una reforma fiscal progresiva, algo que ninguno de los Gobiernos de la posguerra se atrevió a implementar, a pesar de que los agudos niveles de desigualdad del país lo exigen. Más aún, habló de trabajar por “una economía social de mercado”, en la que las zonas económicas especiales no tendrían cabida por ser privatizadoras. Si, como argumentaba, no había podido llevar a cabo estas medidas por tener a los otros dos poderes del Estado en contra, ahora al presidente le bastará voluntad y decisión para hacerlas realidad. Ha llegado su hora o, en su defecto, la de un nuevo desencanto ciudadano.

Rodolfo Cardenal 04/03/2021 La elección del 28 de febrero es un parteaguas histórico. Pone fin al bipartidismo de posguerra y a la posguerra misma. La llamada “operación remate” por el presidente Bukele ha sido cumplida de tal manera que el regodeo por la debacle de Arena y del FMLN parece complacerle más que el triunfo aplastante de su partido. De hecho, les debe mucho, ya que aupado en ellos ha conseguido la legislatura y, con ella, el acceso a las instituciones controladoras más importantes del Estado, además de la mayoría de municipalidades. “Nuestra gente ha esperado 40 años para esto”, tuiteó satisfecho. Al fin, después de tanta espera, “el liberador” habría llegado, aunque el “para esto” no está claro aún. A partir de mayo, Bukele ya no podrá alegar falta de poder para concretarlo, cualquier cosa que “esto” signifique. Entonces, será el momento de desvelar cómo elevará el nivel de vida de la gente; sobre todo, de las masas que se decantaron por sus elegidos para diputados y alcaldes.

El comentario de hoy habla sobre la importancia de contar con tiempo y hacer las cosas como se deben.

Las pasadas elecciones han evidenciado las grandes expectativas que Nayib Bukele y su partido despiertan en la mayoría de la población. En ese sentido, el voto masivo a su favor no debería interpretarse como un cheque en blanco, sino como un anhelo de cambio del que toca responsabilizarse. A pesar de que Nuevas Ideas no ha presentado ningún programa político a nivel legislativo o municipal, en su propaganda electoral ha prometido un estado de progreso y bienestar nunca antes visto en el país. Esa promesa, plasmada en los mensajes publicitarios y ratificada por el presidente en sus intervenciones, es el compromiso ineludible que Bukele tiene ahora con el pueblo salvadoreño. De acá en adelante, el éxito de su gestión dependerá de que logre que El Salvador se transforme en un país distinto, con oportunidades para todos, con trabajo decente, con mayor calidad de vida, con seguridad ciudadana, con sistemas de salud y educación renovados y de calidad, con un servicio agua que cubra a todos los hogares, con la paz social tan profusamente ofrecida y esperada. Los resultados electorales del 28 de febrero deben entenderse como la clara y contundente manifestación de una amplia mayoría de salvadoreños que quieren un cambio radical en las condiciones del país y en las formas de gobernarlo. Ante tal gran apoyo, el presidente tiene el reto, también enorme, de actuar a la altura de las circunstancias. En ese sentido, Nayib Bukele debería reflexionar con seriedad sobre cómo gobernará de ahora en adelante, a fin de apartarse de los errores y excesos de sus primeros 21 meses de gestión. Por supuesto, no será fácil que eso suceda por la idiosincrasia del gobernante y de sus más cercanos colaboradores, su convencimiento de que solo ellos saben lo que el país demanda y cómo hacer bien las cosas, su desconfianza en las ideas, saberes y experiencias de los demás. Sin embargo, la transformación del país requiere de una estrategia de suma de talentos. Además, el presidente debe tener en cuenta que un 27% de quienes acudieron a las urnas no votaron por Nuevas Ideas ni por sus aliados partidarios. Una cantidad nada despreciable de ciudadanos optó, pues, por votar a la oposición, ya sea porque no le creen al presidente Bukele, o porque no quisieron darle tanto poder, o porque confían en otros partidos. Por tanto, seguirá habiendo un grupo considerable de salvadoreños atentos a que el Ejecutivo cumpla con la Constitución y las leyes, respete el Estado de derecho y sus instituciones, garantice la vigencia de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Un grupo que estará vigilante de que el Gobierno pase de las nuevas ideas a las buenas prácticas, de los discursos a la realización de buenas obras; en definitiva, de que las palabras se correspondan con la realidad. Con una Asamblea Legislativa que le dará todo lo que desee, la coincidencia entre el dicho y el hecho será la mejor prueba de la capacidad o incapacidad del Ejecutivo de responder a las promesas que ha hecho al pueblo salvadoreño.

Luego de las elecciones legislativas y municipales, es necesario hablar del futuro. El último año y medio de la dinámica estatal se caracterizó por el permanente conflicto entre los poderes y sistemas de control republicano. Para destruir a los partidos tradicionales, el Ejecutivo irrespetó de palabra y de obra las decisiones de cualquier institución pública que no tuviera controlada. La Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas y el Tribunal Supremo Electoral fueron fuertemente hostigadas, sus leyes vetadas, sus sentencias incumplidas, sus resoluciones ignoradas. Cualquier crítica al quehacer público por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación o la sociedad civil se convertía automáticamente, a los ojos del Ejecutivo, en una ofensa y en parte de una amplia conspiración para impedir el buen funcionamiento del Gobierno. Hoy se contemplan dos posibles escenarios: o inicia una lucha todavía más dura y despiadada por el control absoluto de todos los mecanismos de poder, o arranca una etapa tranquila con un Gobierno que ya no estará en minoría y falto de poder. Muchos piensan que se impondrá el primer escenario. Si Nuevas Ideas y Nayib Bukele toman ese rumbo, harán un profundo daño a la convivencia social y al país en su conjunto. El exceso de poder sin control, además de estar reñido con la democracia, tiende a corromper no solo a nivel económico, sino también en el terreno de las ideas, la ética y los derechos humanos. Una corrupción que podría extenderse rápidamente a nuestra sociedad, en la que perviven elementos culturales violentos y autoritarios, y donde la ley y la trampa han convivido en armonía. Convertir la política en el dominio total y prepotente de los más fuertes, eliminando cualquier discusión sana sobre proyectos de largo plazo para el bien común, solo llevará al fracaso nacional. Creer que El Salvador puede desarrollarse desde un autoritarismo sin diálogo es no conocer su historia. Hay menos incentivos para inclinarse por el diálogo cuando el triunfo electoral es masivo y viene precedido de agresividad y fuertes tensiones personales e institucionales, pero es siempre la apuesta más inteligente. Para El Salvador, optar por una democracia inclusiva y respetuosa de las leyes y estándares internacionales de derechos humanos sería indudablemente lo mejor. El filósofo griego Aristóteles, iniciador de la ciencia política, decía que la democracia, con su organización social y sus instituciones, tiene como fuente la amistad. El papa Francisco insiste en la “amistad social” como base de una sociedad solidaria y justa. Sin embargo, la amistad no florece entre insultos y respuestas agresivas ante cualquier reclamo de derechos. En manos de Nuevas Ideas y su liderazgo está darle un nuevo rumbo al país. Si el partido utiliza la cuota de poder obtenida para nombrar a funcionarios decentes, libres e independientes en las elecciones de segundo grado; si impulsa reformas estructurales en los sistemas fiscal, de pensiones, de salud y educativo, el futuro puede ser incluso prometedor. Para ello, tendrá que aprender a escuchar y a dialogar con seriedad con todos los sectores. Lo contrario podría llevar al país a una especie dictadura.

La actual contienda electoral es uno de los momentos álgidos del proceso histórico inaugurado con la victoria presidencial de Nayib Bukele, pues supone la consolidación partidaria de Nuevas Ideas y la instalación de un ideario sobre las dinámicas de poder no visto de una manera tan recalcitrante desde el inicio de la posguerra. No se trata de que la división ideológica no fuera una constante en los últimos treinta años, sino de que, en este primer año del mandato de Bukele, se ha radicalizado, llegando al odio, el rencor y el desprecio por la vida de los contrincantes políticos. Esta tónica, sin embargo, no ha sido privativa de los simpatizantes de Bukele: también ha sido la de muchos de sus adversarios, quienes han bailado al ritmo del odio, la burla y el menosprecio en las redes a las personas que simpatizan con el oficialismo y sus representantes, tal y como lo hace el presidente con sus opositores. A ellos también les aplauden ciegamente sus respectivos acólitos. Tal y como está en la actualidad, la dinámica política salvadoreña no va a ninguna parte, pues no hemos escapado de uno de los grandes males que ponen trabas a todo proceso histórico: la seducción de la inmediatez. Vemos en la actualidad una dinámica bipolar. Por un lado, los problemas son estructurales y su solución supone transformaciones estructurales de mediano y largo plazo; por otro, vemos la gratificación que produce el inmediatismo y las soluciones fáciles, objetivadas en el perenne culto a la imagen, la personalidad y la publicidad de lo que los gobernantes de turno quieren transmitir, pero que las más de las veces no refleja lo que hacen u omiten para solventar las grandes carencias de las salvadoreñas y los salvadoreños. Cambio en las estructuras e idolatría a la virtualidad son dos polos que se repelen y excluyen mutuamente en la solución de la crisis de país en la que vivimos desde hace décadas. Esta oposición se ha ido exacerbando con cada elección, pues se privilegia y prefiere deliberadamente la imagen de cambio o solución por encima de la realidad, sin que haya propuestas claras ni acciones concretas que sancionen su efectividad. El auge del uso de las redes sociales como panfleto idolátrico electorero, o de culto al presidente, o de culto al ego es una muestra fehaciente del fracaso de los medios de comunicación ?tradicionales y virtuales serios?, del sistema educativo y de la educación política como medios de pacificación y búsqueda de la verdad que hace justicia en nuestra sociedad herida. En las redes se ultraja, miente, encubre y desinforma con la impunidad que permite el uso de perfiles falsos, la distancia física y la creación de tribus donde solo entran aquellos que piensan igual entre sí y no hay espacio para la disidencia. Este auge, pues, representa un fuerte alejamiento de lo que la realidad nos dicta claramente si vamos más allá de las apariencias: los problemas de nuestro país tienen una raíz tan honda que no se alcanza a desentrañar con la simple vista, el “sentido común”, las selfies de voluntariado o los asistencialismos populistas tan de moda y tan vistosos para la publicidad. De este culto a la gratificación instantánea han participado históricamente todos los partidos políticos, pero particularmente en esta elección de diputados y alcaldes. Vemos cómo la mal llamada “oposición política” también ha quedado absorbida por la disyuntiva antagónica entre cambio de estructuras y gratificación de la imagen, decantándose por la segunda y continuando con el compás que ha marcado Bukele. Las campañas que podemos encontrar dicen poco o nada sobre quiénes son los protagonistas, opositores u oficialistas, ni de sus propuestas, experiencia política o de servicio a la comunidad. Tanto los nuevos como los viejos partidos que luchan contra el arrastre de Nuevas Ideas se han montado en la mera oposición o imitación: no somos Bukele o nos parecemos a Bukele. Pura apariencia, sin substancia ni propuestas para la crisis actual. Mucho eslogan y poco o nulo plan de acción para realizar lo prometido o sugerido. Todos los partidos, bajo esta misma lógica, son más de lo mismo. Vale recordar que de esta misma manera surgió Nuevas Ideas y la figura pública de Nayib Bukele: clamando no ser de “los mismos de siempre”, aunque su forma de proceder imite (con diferencias y matices) la manera de gobernar de partidos anteriores. Cabe la sana sospecha de que muchos de los nuevos diputados y alcaldes que resulten electos sean también más de lo mismo. La amplísima gama de problemas que aquejan a nuestro país y su falta de solución obedecen al vaivén al que se encuentran sometidos con cada elección presidencial, de alcaldes o diputados. Adolecemos de la falta de un plan de nación que ataque de forma sistemática a las estructuras que perpetúan la injusticia; se suelen privilegiar los planes quinquenales o la ausencia de estos, según sean los intereses cortoplacistas del Gobierno de turno. Se gobierna desde lo que el partido oficial y las bancadas

En los últimos días se han publicado tres pronunciamientos escritos desde el pensamiento religioso. El primero, un comunicado de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica; el segundo, firmado por obispos y pastores de diversas confesiones cristianas; y el tercero, una carta pastoral del arzobispo de San Salvador. En todos ellos se advierte un posicionamiento en favor de una democracia centrada en el desarrollo de las instituciones, el respeto al diálogo constructivo y a la dignidad humana. Se rechaza, además, la mentira, el odio, la injusticia y la violencia manifestados en el ambiente preelectoral. Frente al griterío propagandístico se alzan estas voces por el diálogo, que advierten de los errores y tergiversaciones que se están dando en la vida nacional, y exponen los caminos a recorrer para dar plena vigencia al respeto a la igual dignidad humana, que está en la base de toda democracia. En general, la clase política salvadoreña busca la ganancia electoral inmediata, olvidando los fines de la democracia expresados en los primeros artículos de la Constitución. Quienes reflexionan sobre las responsabilidades políticas desde la religión miran a largo plazo, sin intereses particulares, en coherencia con la Constitución y buscando la convivencia pacífica, la justicia social y el bien común. En la medida en que señalan graves problemas tanto estructurales como coyunturales, y vías para superarlos, los mensajes que brotan de las religiones deben ser escuchados. En primer lugar, porque las palabras racionales vinculadas a la igual dignidad humana tienen un peso social de larga duración, algo que no tienen los discursos políticos oportunistas, más basados en la imagen que en la realidad. Y en segundo lugar, porque la ética cristiana mantiene un potencial de primer orden para la convivencia pacífica y la justicia social. Ante la idolatría predominante en el imperio romano, los cristianos primitivos no solo rechazaban unos dioses concretos y particulares, sino también una cultura ligada al politeísmo que establecía como fundamental el éxito individual, el triunfo concreto, la exaltación de lo inmediato y la conquista del poder. El cristianismo, en cambio, defendía el proceso de largo plazo hacia lo perfecto, el camino del bien, el trabajo permanente hacia la convivencia fraterna y solidaria. Más allá de los errores históricos de algunos de sus representantes que se sumaron a la búsqueda del triunfo personal, del poder, la fama o el éxito inmediato, la fuerza real del planteamiento cristiano ha sido siempre el principio ético del servicio generoso y de la solidaridad fraterna e igualitaria en dignidad. Ese es el principio que anima los documentos mencionados, que advierten contra la división que engendra la búsqueda del poder sin diálogo y que ofrecen puntos a reflexionar antes de emitir el voto. El mensaje de los tres comunicados es fundamental en un momento en que un liderazgo personalista y autoritario, presentado con tintes casi mesiánicos, amenaza la institucionalidad democrática tratando de tener el control casi absoluto del Estado. El voto no lo arregla todo, pero ayuda a construir la democracia si mueve a la reflexión, a pensar en el largo plazo y a la solución de problemas endémicos que tienen como base la pobreza y la desigualdad. No pensar, dejarse llevar por los sentimientos del momento, puede llevar al final a la desesperanza.

La ética y los sistemas de control Cualquiera que sin conocer El Salvador leyera nuestra Constitución de la República pensaría que en nuestro país hay un enorme aprecio de la ética. En efecto, para todos los funcionarios públicos la Constitución pide moralidad notoria; concepto este que para fines prácticos no se diferencia de la ética. Y se supone, salvo que nos digan lo contrario los miembros de la “Comisión ad hoc” para reformarla, que la Constitución es el máximo instrumento legal y moral que debe regir la vida pública. Sin embargo, la situación real está muy lejos de lo que dice el texto constitucional. Mentir, por ejemplo, y creemos a la experiencia cotidiana que vemos en muchos de nuestros políticos, no tiene nada que ver con la ética. En la Asamblea Legislativa tenemos personas que han cometido no solo claras faltas éticas, sino incluso delitos, y ahí siguen a la vista y paciencia de todos. Los sistemas de antejuicio en la Asamblea son más juegos políticos arbitrarios que instrumentos que puedan promover la ética. Si quisiéramos ponernos pesimistas podríamos repetir, aplicándolas a El Salvador, las palabras de Bolívar, de hace casi 200 años, hablando en general de la situación de América: “Los tratados son papeles, las Constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento”. Incluso algunos de nuestros políticos podrían apoderarse de la frase para celebrar alegremente el 200 aniversario de nuestra independencia. ¿Hemos caminado hacia la ética en estos 200 años? Por supuesto que sí. Aunque el machismo continúa siendo una plaga, hay un poco más de respeto a la mujer. E incluso se le puede impedir a un candidato a diputado, por primera vez en la historia del país, el acceso a participar como tal en las próximas elecciones. Pero los problemas de ética persisten en prácticamente todos los niveles de la farándula política. Y la impresión es que no se hace un trabajo serio por corregir los problemas existentes. De la Asamblea podemos decir que no tiene sistemas de control interno. Y los de la PNC, la Fiscalía y el sistema judicial son muy flojos e ineficientes tanto para las irresponsabilidades profesionales como los delitos. La ética rara vez se tiene en cuenta. Esta situación conduce siempre a la decepción y el desánimo ciudadano. Cuando las instituciones son demasiado ineficientes, las personas buscan, en cuanto pueden, soluciones individuales. Y se refuerza así la tendencia a la recomendación tramposa, al favoritismo, a la trampa y a la relativización de valores básicos para la convivencia ciudadana. Surge también, como contraparte, el fanatismo político y la división entre los miembros de una misma sociedad. El clima de guerra verbal, que puede pasar a la agresión criminal, como hemos visto recientemente, se establece en la sociedad cuando la ética desaparece. Un moralista innovador en el siglo dieciséis, el dominico Francisco de Vitoria, culpabilizaba a las élites gobernantes, en cuenta a las españolas, de las frecuentes guerras injustas: “las más veces, entre los cristianos, toda la culpa es de los príncipes. Porque los súbditos pelean de buena fe por sus príncipes. Y es una iniquidad que, como el poeta dice, paguen los aquéos los delirios de sus reyes''. Hoy no hay reyes que emprendan guerras, pero sí líderes políticos incendiarios con discursos delirantes, o con cinismos y mentiras que generan tensión, cuando no delitos. Y están activos tanto en los grandes Estados como en las pequeñas naciones como la nuestra. Frente a esta realidad le corresponde a la sociedad civil y a la ciudadanía crítica hacer llamados a la racionalidad política. Un país como El Salvador, con tantas dificultades materiales para caminar hacia el desarrollo sostenible, requiere esfuerzos colectivos y proyectos de realización común. En este contexto, la ética no se puede ver como simplemente un código de conducta. Es una exigencia de bienes universales, de diálogo, de poner los problemas con transparencia sobre la mesa del diálogo, de buscar soluciones consensuadas y de tener la capacidad de sacrificar ventajas personales en beneficio del bien común. Si no damos pasos en esa dirección no haremos más que transmitir a las siguientes generaciones un modo corrupto de actuar. De hecho esa transmisión intergeneracional de la corrupción y la inmoralidad notoria ya se está dando y viendo en nuestro país. José Ma. Tojeira

En los últimos días se han multiplicado las voces que afirman que en las próximas elecciones habrá fraude; según la última encuesta del Iudop, el 37.9% de los encuestados lo cree. Quienes más han insistido en ello son el presidente de la República y sus seguidores, pese a que saben, o deberían saber, que cometer fraude durante el proceso de votación y conteo de votos es si no imposible, muy, muy difícil. Las Juntas Receptoras de Votos están integradas tanto por ciudadanos independientes como por afines de todos los partidos. Además, en cada mesa hay vigilantes partidarios. Por supuesto, Nuevas Ideas tendrá los suyos, quienes podrán estar presentes en las mesas durante todo el proceso de votación y conteo. Por tanto, por esa vía no tiene sentido hablar de fraude electoral. Desde los Acuerdos de Paz se han realizado seis elecciones presidenciales y nueve municipales y legislativas de forma limpia y transparente. No hay razón ni evidencia que permita afirmar que las del 28 de febrero serán la excepción. Pero si de hablar de fraude se trata, hay que decir claramente que ya se ha consumado uno y que su principal responsable es Nayib Bukele. El presidente no solo ha intervenido en el proceso electoral a favor de Nuevas Ideas, lo que está prohibido por ley, sino que también ha trabajado conscientemente y usando todos los medios a su alcance para dañar a los demás partidos en contienda, a excepción de sus aliados de GANA. La negativa a entregar en tiempo y forma el Fodes a los municipios, además de ser inconstitucional, responde a una estrategia electoral. En la medida en que se quedan sin fondos, los municipios no pueden realizar sus funciones y, por tanto, incumplen con sus compromisos ante la población. Con su estrategia, el presidente ha obstruido el trabajo de las alcaldías, dejándolas mal paradas ante la ciudadanía. Esto seguramente favoreció que, en la más reciente encuesta del Iudop, las municipalidades recibieran la peor evaluación de los últimos 22 años. Asimismo, sin necesidad de decirlo, Bukele ha enviado un contundente mensaje: las alcaldías que no sean de Nuevas Ideas enfrentarán graves dificultades. Otra de sus acciones contrarias a la ley y a la democracia es no haber entregado la deuda política a los partidos, restándoles así recursos para propaganda. En contraste, Nuevas Ideas cuenta con abundantes fondos y se aprovecha de los recursos del Estado. Con todo, el componente más importante del fraude electoral cometido por el Ejecutivo es la entrega de los paquetes alimenticios, los cuales no se han distribuido con criterios objetivos y claros, y como parte de las obligaciones del Gobierno con la población, sino como obra de la discrecionalidad generosa del presidente y su Gabinete. En el colmo de la desvergüenza, en no pocas ocasiones los paquetes han sido repartidos por personas que visten distintivos de Nuevas Ideas. Por estas razones, la distribución de las ayudas constituye la principal estrategia electoral de Bukele para ganarse el apoyo mayoritario de la población. Quienes suelen preocuparse de un posible fraude son los partidos y políticos minoritarios y vulnerables, no los fuertes y que gozan de alta popularidad, como Nayib Bukele y su partido. Carece de todo sustento su insistencia en el fraude electoral cuando es indudable que Nuevas Ideas compite en estas elecciones con todas las ventajas a su favor. La acusación del mandatario no obedece a un temor de que el Tribunal Supremo Electoral irrespete la voluntad popular. Más bien teme no obtener la contundente victoria que necesita para consolidar sus aspiraciones absolutistas. Como en otras muchas cosas, el presidente se limita a copiar un vicio ajeno; en esta ocasión, la estrategia Trump.

En El Salvador, los debates en torno al futuro y la política se han infantilizado. Cuando los niños se pelean verbalmente entre sí, el que replica a una crítica acusa al otro del mismo defecto que se le ha señalado, insistiendo en que el oponente es más feo, más tonto o más malo, por ejemplo. En el país, en las redes sociales se repiten sin cesar ese tipo de intercambios, sin que aparezcan mayores datos o argumentos. Quienes son acusados de ladrones responden que otros lo son más. Y la misma tónica se sigue ante las críticas por modos y afanes autoritarios o populistas. No hay reflexión sobre lo que puede haber de verdad en las acusaciones y mucho menos se reconocen defectos y fallos. Este infantilismo no solo ha invadido a los miembros de los partidos políticos, sino incluso a personas que en otros tiempos estaban más abiertas a dialogar y a reconocer la complejidad de los problemas nacionales. Tan infantil es la posición del “o gano por mucho o hay fraude” como retocar fotos y emitir mensajes breves y sin contenido para posicionar candidatos. En contraste, no hay propuestas para universalizar las pensiones, reforzar los sistemas de control interno en la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, dar seguridad social a los trabajadores informales, frenar el proyecto El Ángel, proveer de acceso a Internet a todas las escuelas rurales, impulsar una reforma tributaria progresiva o bajar el IVA a alimentos básicos y medicinas. La apuesta es ganar el voto por una cara bonita o por afirmaciones que solo apelan a las emociones. Esta ausencia de razonamiento y claridad política es peligrosa para todos, gane quien gane. A las puertas de las elecciones es difícil que esa lógica cambie, pero caer en la cuenta del problema es clave para reaccionar como ciudadanos decentes en la construcción de la convivencia. En una verdadera democracia, quien debe ganar en unos comicios no es un partido concreto, sino el pueblo en su amplitud y generalidad. Ganar porque el resultado de la votación contribuiye a eliminar la corrupción, la pobreza, el mal funcionamiento de los tribunales, la violencia, la brutalidad policial o el militarismo. Lamentablemente, las señales que dan los políticos en la contienda electoral apuntan a lo contrario. La pobreza continuará porque no se está pensando en cómo superarla. La corrupción seguirá imperando porque el interés es controlar las instituciones, no garantizar que estas ejerzan la función de control que les corresponde. Llamar a la racionalidad es una necesidad más perentoria que antes, y es tarea de todos. Dado el panorama político actual, la crítica y la propuesta serias serán excepcionales. Permanecer en el ejercicio racional de la información y del debate a favor del bien común, que se refleja siempre en el pleno respeto a los derechos humanos, sigue siendo la tarea prioritaria para quienes desean el pleno desarrollo de El Salvador en justicia y libertad. Ojalá no pasen muchos años antes que la infantilización de la política sea solo parte de un momento tan injusto como irracional de nuestra historia.

Cuando las cosas van mal en El Salvador, hay una receta bastante probada para que la conversación cambie y la opinión de todos sea favorable: el líder debe volverse autoritario y mejor aún, arroparse con todos los gestos militares que pueda convocar. Eso fue lo que la sociedad salvadoreña vivió el domingo 9 de febrero de 2020, hace poco más de un año. La irrupción en el recinto de la Asamblea de un presidente electo democráticamente y un ejército que lo siguió y se apropió del espacio con actitud amenazante. La confrontación que ahí tomó forma fue la respuesta a la primera crisis del gobierno: una crisis social y sanitaria por la distribución de agua potable contaminada, y una crisis política a raíz del cuestionamiento del Director de Centros Penales, Osiris Luna, involucrado en negocios poco transparentes con el Grupo SeguriTech Integral Security, una millonaria empresa mexicana de seguridad y videovigilancia. Para que pudiéramos olvidar con tranquilidad esos problemas, el equipo presidencial ideó un guion muy hábil y, antes de empezar la pandemia, la sociedad salvadoreña inauguró su primera temporada del reality show más querido por los salvadoreños. El autoritarismo más cool. La dictadura más linda. Nuestro sueño más anhelado. Pero en realidad, el guión no es original. Esta película es un remake, con algunas variaciones gracias a las redes sociales, de la película más taquillera del último siglo de la república. La de los autoritarismos militares. Los historiadores nos cuentan que la sociedad salvadoreña se ha visto seducida en distintos momentos por este performance del poder. Y no es para menos. Es un poder masculino, defensor, fuerte, leal a sus principios, disciplinado. Vale la pena recordar que, en sus inicios, las élites salvadoreñas tenían sus propios espacios de socialización en donde los militares no podían entrar. El Casino Salvadoreño, fundado en 1880 y el Club Internacional, en 1903 eran espacios exclusivos y excluyentes. Es por ello que algunos años después, en 1919, la Revista del Círculo Militar iniciaba su circulación y legitimaba un nuevo espacio social que no dependía de las rígidas normas del apellido y la clase social, sino de las heroicas hazañas de los tenientes y los coroneles, que empezaban a aparecer en los periódicos de la época como unos nuevos y aguerridos héroes. El mejor de ellos fue el general Maximiliano Hernández Martínez, que después de trece años en el poder dio pie a que distintos gobiernos militares se mantuvieran en el poder hasta 1979. Antonio Gramsci, el comunista italiano, señaló en sus cuadernos desde la cárcel que en la hegemonía, es decir, en la dominación que un líder o un grupo de personas ejerce sobre un grupo social hay algo más que fuerza bruta. No basta con pegar, matar, o tener un arma, señalaba este pensador. Es necesario seducir, y para que exista la seducción, la complicidad es fundamental. Hay en los dominados una relación que no es consciente, pero que admira profundamente algo del dominador. Quizá sea la fuerza, o el vértigo del miedo, pero algo nos seduce. Bukele y su equipo lo saben bien. Saben que si bien los acuerdos de Paz dijeron que había que reducir el poder del ejército, la seducción por la cultura militar viene de muy lejos para nuestra sociedad. Saben que el FMLN ha sido el partido que, después de la firma de los Acuerdos de Paz, dio más poder al ejército, quizá porque al final, el FMLN era un partido político nacido de un ejército. Y saben que los medios de comunicación celebraron este poder adquirido. Bukele y su equipo saben que la sociedad salvadoreña ha valorado al ejército mucho más que a la democracia. Que a la gran mayoría de las personas, sin importar el nivel educativo o el lugar de proveniencia, les seduce la posibilidad de legitimar la pena de muerte, la proliferación de las armas, el servicio militar obligatorio como proceso de corrección y educación social. Bukele y su equipo saben que somos lo que somos. Saben que el ojo por ojo, y que el diente por diente atrae. Que hay demasiado dolor. Y saben que de nuevo olvidaremos. Que no importará que lo que han hecho es mejorar el mismo guión propuesto por el FMLN. Saben que omitiremos el pequeño detalle de que son parte de “los mismos de siempre” y que solo necesitan una buena actuación militar-presidencial. Necesitan mostrar de nuevo que es él, Bukele, el hombre digno, fuerte, disciplinado, trabajador, el verdadero indignado, el nuevo guerrero junto a su nuevo ejército verde olivo. Y pensaremos que esas son las nuevas ideas, las únicas capaces de erradicar las pandillas y los males que nos aquejan. Después del 9F de hace un año viene el 28F. Y lo más probable es que este remake consiga un Óscar a la película más taquillera por parte de nuestra sociedad. Y es posible que, a partir de ese momento, cuando tenga la mayoría en la Asamblea, no se necesite ya nada más. Algo sabe el siglo XX de lo fácil que es entrar a los regímenes militares, pero también lo difícil que es salir de ello

El populismo es una de las etiquetas más utilizada para caracterizar al régimen de Bukele, pero también a los de Trump, Maduro, Bolsonaro y otros similares. Aunque esta diversidad hace el concepto impreciso, todos esos regímenes coinciden en la convicción de que salvarán al pueblo de sus demonios. Una salvación engañosa. Habilidosamente, se fusiona las reivindicaciones populares con el presunto salvador y se inventa un vínculo directo entre este y el pueblo, en cuyo nombre se desautoriza a las elites responsables de la corrupción. En el caso de Bukele, a Arena y el FMLN, pero no a GANA ni al capital corporativo y financiero. El camino para erradicar los males sociales es la confianza absoluta en el salvador, el poseedor de la única verdad, que intenta legitimar con la invocación a la divinidad. Ejemplo de ello son las palabras de un candidato de Bukele para presidir la próxima legislatura: “Dios nos guiará y nos dará fortaleza”. Este concepto de salvación convierte al pueblo en el absoluto y en la fuente de todo bien y de todo mal. En el caso de Bukele, el pueblo pediría tanto la reforma de la Constitución como violentar las leyes u obviar el asesinato político. Aupado en la exaltación abstracta del pueblo, el líder se coloca por encima y en contra de la institucionalidad. El pueblo imaginado se corresponde con un liderazgo fetiche, que se dirige a él desde lo alto de una tarima y desde la distancia del podio; a veces le habla entre cortinajes, flanqueado por banderas y rodeado de militares y funcionarios. Camina sobre alfombra roja, resguardada por cadetes vestidos de desfile. La otra cara de este liderazgo es que el pueblo se reconoce en ese fetiche. El fenómeno es tan antiguo como la humanidad, tal como muestra la tradición bíblica en el relato de la torre de Babel, la cuna de los opresores. Los constructores de la torre aspiran al dominio universal del Estado totalitario, que impone la uniformidad repetitiva y donde todos son iguales. La torre que se levanta hasta el cielo desafía la alteridad de Dios, a quien pretende domesticar para que bendiga su proyecto totalitario. La ciudad totalitaria surge del miedo a la diferencia y a la incertidumbre. Sus constructores desean su seguridad, esto es, la ley del poder autoritario y de la violencia. Pero no llegan lejos. El poder que los une se despliega como egoísmo múltiple, que se traduce en confusión y enfrentamiento. Los constructores de la torre se creían dueños del mundo. Casi lo consiguen, pero su éxito los destruye. La identificación con el poder opresor les impide dialogar y entenderse. El proyecto es homicida desde su raíz: unos sacrifican a los otros. Babel revela una sociedad enferma. Las babeles son posibles cuando las sociedades son cómplices de su propia esclavitud. La diferencia y la incertidumbre insufribles las empujan a buscar un jefe que suprima la alteridad y garantice la seguridad, aun a costa de caer en la esclavitud. El líder explota la aflicción para hacerse un nombre, consolidar su poder y dominar obsesivamente la totalidad. Entonces, el liderazgo se transforma en fetiche, cuyo culto tranquiliza. El fetiche es la respuesta al miedo a la libertad y a lo desconocido, y el totalitarismo resultante combina el desasosiego con la sed de poder. En contra del sentir de sus arquitectos, la construcción totalitaria arrastra consigo una maldición: la sociedad fundada en el temor es extremadamente injusta y violenta, y el ídolo al que da culto es incapaz de salvarla. Pese a las apariencias, no todo está perdido. La maldición puede ser conjurada con la renuncia a los líderes fetiches, que prometen engañosamente paz, bienestar y seguridad mientras prevalece la injusticia y la violencia. No es tarea fácil denunciar los efectos devastadores ocasionados por los fetiches ocultos en la política, la economía, la administración de justicia y la interpretación de la ley, el último refugio del ídolo. La práctica de la justicia social y la defensa del débil constituyen los revulsivos más eficaces para desenmascarar los ídolos ocultos. La liberación o la verdadera salvación solo acontecen en esas prácticas. El líder obsesivo que no tolera la diferencia ni respeta al ser humano y su diversidad conduce al fracaso babélico. La alternativa es la construcción de una sociedad igualitaria, solidaria y fraternal, respetuosa de la diversidad y sin miedo a la libertad. Un quehacer lento y trabajoso, también conflictivo, porque el respeto a la diferencia es la cuestión más difícil de la construcción social. El verdadero líder popular se reconoce en el pueblo y le pertenece al pueblo, lo escucha desde la cercanía y comparte con él desde la solidaridad, y el pueblo se reconoce en él y se apropia de él. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En otros espacios he señalado que, en mi opinión, la popularidad de Bukele descansa en el descontento de las mayorías con el modelo de desarrollo que la población asocia principalmente con el partido Arena y FMLN. Ese descontento le ha bastado al partido del presidente para encabezar la intención de voto de las próximas elecciones. Ante la ausencia de propuestas —más allá de los materiales multimedia que se han convertido en prolegómenos eternos del país soñado que viene—, el presidente, sus funcionarios y muchos de los candidatos de Nuevas Ideas han necesitado de constantes ataques y señalamientos de odio contra “los mismos de siempre”. A pesar de que este discurso parece ser efectivo para fines electores, también ha generado la idea de que todo el que no apoya al presidente es una especie de enemigo, incitando a la intolerancia y al irrespeto. El pasado 31 de enero esto llegó al extremo de generar un ataque armado contra una caravana del FMLN que terminó con la vida de Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada, mientras que dejó a otras personas heridas. Lejos de cumplir con sus obligaciones constitucionales de “procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores”, el presidente, acostumbrado a tuitear más rápido de lo que piensa y a convertir todo lo que sucede en proselitismo, hizo señalamientos sin ningún fundamento, en los que insinuó que lo ocurrido fue un autoatentado del FMLN. Por su parte, algunos seguidores de Bukele, que han cedido su capacidad de pensamiento a los tuis del presidente, no tardaron en replicar esta afirmación en las redes sociales mientras reaccionaban con “me divierte” a las noticias vinculadas con el atentado. Por supuesto, no se acusa al presidente de estar vinculado explícitamente en este suceso, sino de contribuir y liderar al ambiente de odio que ha dado lugar a que se repitan escenas que creíamos superadas con los Acuerdos de Paz. Bukele, empecinado en demostrar que existe algún tipo de responsabilidad de los seguidores del FMLN, ha sido incapaz de reconocer su error. Por el contrario, ha procurado incidir en la opinión pública a través de videos presentados por la PNC en los que se intenta evidenciar que lo ocurrido fue un enfrentamiento. Lo anterior es alarmante al menos por dos motivos. En primer lugar, la PNC no debe responder a los intereses del Gobierno de turno; por el contrario, debe trabajar junto a la Fiscalía para esclarecer los hechos. En segundo lugar, el presidente mantiene su discurso de odio, pues parece buscar justificación a los homicidios ocurridos. El problema no es que ante la ausencia del odio el discurso sería menos efectivo, sino que ante la ausencia del odio el presidente se quedaría sin discurso y se evidenciaría la ausencia de propuestas. De seguir este camino, Bukele pasará a la historia como un presidente muy similar a Maximiliano Hernández Martínez, quien puso los cimientos de la represión política y social militarizada que desembocó en la guerra civil salvadoreña. Triste horizonte: la buena imagen de Maximiliano que se mantiene hasta la actualidad se explica únicamente por las deficiencias en nuestro sistema educativo y por la falta de memoria histórica, la misma que el presidente, como previendo su destino, fomenta. Los seguidores de Bukele deben reflexionar sobre lo sucedido. Aunque su descontento con la situación general del El Salvador puede estar justificada, deben cuestionarse si este es el rumbo que desean para el país. Además, deben empezar a exigir al presidente y al partido Nuevas Ideas propuestas claras para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad; si no, serán cómplices del futuro poco alentador que se vislumbra. * Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.

Desde hace años se viene hablando de grupos de exterminio en El Salvador, en los que participan tanto policías como civiles. Inicialmente se negaba su existencia, pero a partir de 2013 el accionar de los mismos fue innegable. En 2016 se produjo la primera detención de uno de sus miembros y a partir de entonces se ha venido desarticulando a un par de grupos cada año. 2019 batió el récord al registrarse cuatro grupos desarticulados. Aunque la pandemia puso un alto en el proceso de persecución a estas bandas criminales, recientemente se ha detenido a más personas acusadas de pertenecer a ellas. La problemática, pues, dista de estar solucionada. El asesinato de la agente Carla Ayala fue cometido por un miembro de un grupo de exterminio tolerado y protegido desde el interior de la PNC. Que tomara nueve meses encontrar el cadáver y que aún no se haya arrestado al autor material del asesinato sugiere una protección formal a estos grupos por parte de, entre otros, algunos mandos policiales. El asesinato del sacerdote Walter Vázquez también continúa sin esclarecerse. Hay mucha evidencia que conduce a pensar que quienes lo mataron eran miembros de un grupo de exterminio. Lo mismo sucede con respecto al asesinato del sacerdote Ricardo Cortez y ciertos casos de desaparición de personas. Al profundizar en el conocimiento de estos grupos se advierten indicios de vínculos de miembros de la PNC con comerciantes y empresarios, e incluso líderes locales de partidos políticos, que financian actividades de limpieza social. Jóvenes sospechosos de pertenecer a una pandilla o que colaboran con una en tareas de menores son quienes con más frecuencia sufren atentados, pero también son blanco quienes resultan molestos tanto para los policías que pertenecen a estos grupos como para sus financistas. En este marco, es fundamental una depuración permanente y mucho más exigente de la PNC. No deberían tener mando operativo en la lucha contra el crimen aquellos oficiales que no hayan cumplido a cabalidad con su obligación de investigar este tipo de estructuras al interior de la institución, especialmente si han estado al mando de unidades infiltradas por los grupos de exterminio. Las bandas criminales insertadas dentro de la Policía corrompen a la institución, crean desconfianza ciudadana, dificultan la investigación del delito y golpean al Estado de derecho. Investigar estos grupos, procesarlos y erradicarlos, cortando todos sus vínculos con agentes u oficiales de la PNC, es una tarea urgente en El Salvador.

EDITORIAL 04-02-21 EDITORIAL 04-02-21 EDITORIAL 04-02-21 EDITORIAL 04-02-21 EDITORIAL 04-02-21 EDITORIAL 04-02-21

Proceso El año pasado dejó menos optimismo en la población de cara al futuro. Esa es la conclusión general que se puede sacar de la encuesta de evaluación del año 2020 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). La población está consciente de que el país no está bien, que el año de la pandemia causó estragos, como en el mundo entero. Una tercera parte de la población encuestada cree que el país está peor que hace un año, cuando a finales de 2019 solo el 5% se pronunció en esos términos. Por contrapartida, hace un año el 67.5% de la gente dijo que el país estaba mejor y en esta ocasión ese porcentaje se redujo en casi 20 puntos porcentuales (47%). La principal razón por la que la gente cree que la situación ha empeorado es la pandemia (64.8%) y la población que opina que el país está mejor lo atribuye, en primer lugar, a la gestión del presidente Bukele (67.5%). En consonancia con esta apreciación, el presidente es la persona a quien más confianza le tiene la población (66.7%), a la que consideran menos corrupto (51.1%) y la depositaria de la mejor evaluación de los encuestados (8.37). Pero la gente tampoco cierra los ojos a la realidad que tiene enfrente. Cuando se le pide opinión sobre el principal problema del país, los temas de carácter económico (pobreza, desempleo, economía) ocupan el primer lugar para el 35.3% de la población; los problemas relacionados con la violencia y delincuencia ocupan el segundo lugar (18.8%) y el tercero lo ocupa la pandemia de covid-19 (18.1%). Como novedad, la corrupción y la falta de transparencia aparecen en cuarto lugar como principales problemas del país para el 10.4% de la población. La confrontación entre el presidente y los otros poderes del Estado ocupan la quinta posición con el 9.2% de las opiniones. Sin dejar de ser motivo de preocupación, la inseguridad y la delincuencia han disminuido en la percepción de la población. Más de la mitad de la gente que participó en el sondeo de opinión ve en este rubro la principal mejora en el país. Por eso, tanto la Policía Nacional Civil como las Fuerzas Armadas, y las políticas ligadas a ellas, aparecen bien evaluadas. Sin embargo, el rubro de la economía es el que más está golpeando a la gente. 43.6% de las opiniones perciben que la pobreza aumentó en el último año frente a un 16.6% que piensa que disminuyó. Además, el 40.7% de la población encuestada piensa que la situación económica del país ha empeorado, mientras solo un 21% opina que ha mejorado. Estas opiniones se confirman cuando se pregunta por la situación familiar. 41.7% de la gente piensa que los precios de los productos básicos han aumentado, 85.6% cree que su situación económica familiar empeoró o sigue igual y el costo de la vida ha aumentado algo o mucho para 6 de cada 10 encuestados (59.9%). El menor optimismo se percibe en que el 53,5% piensa que en el 2021 la situación mejorará cuando hace un año pensaba eso el 69.7% de los encuestados. Por otro lado, ha crecido la gente que cree que la situación va para peor. El 19.5% piensa así, frente a un 4.7% que pensaba lo mismo al terminar 2019. La encuesta deja claro que el presidente Bukele es la variable que suma. En un país tan polarizado como El Salvador de hoy, y con el respaldo masivo e irreflexivo del que goza el presidente, todo lo que la mayoría de la población identifica del lado del presidente, recibe una buena evaluación y todo lo que no se identifica con el mandatario, o peor, se identifica como contrario a él, se evalúa desfavorablemente. Así, prácticamente todas las instancias del Ejecutivo gozan de opiniones favorables. En cambio, las instituciones de control del poder con quienes el presidente ha tenido choques en todo lo que va de su administración, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República o la Corte de Cuentas, obtienen valoraciones negativas de la población. Especial mención merecen los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. El que aparezcan en la base de la confianza ciudadana o en la cima de la desconfianza, que es lo mismo, no es algo novedoso; tampoco lo es el que la población las identifique como las más contaminadas por la corrupción. Probablemente estas opiniones con respecto a ambas representan mínimos históricos de aceptación. Pero en el fondo, lo que refleja esta encuesta y las precedentes desde hace algunos años, es la crisis en la que están sumergidos los partidos políticos tradicionales: crisis que probablemente solo sus dirigentes no han dimensionado en su justa medida o que quizá no han podido entender, lo que también es bastante probable. Indudablemente, en un año electoral, estas valoraciones de la población estarán a la base de la decisión que tome el próximo 28 de febrero. Las percepciones de la gente se corresponden con las preferencias electorales a favor del partido de Bukele. Pero la solidez del apoyo que el presidente reclama al afirmar que tiene el 97% de respaldo popular, comienza a desvanecerse. Que a 18 meses de gobierno l

El periodismo de investigación tiene siempre una direccionalidad. Generalmente se orienta o bien a descubrir errores y problemas con los que la sociedad convive sin alarmarse, o bien a corregir los excesos del poder. Pero el periodismo noticioso, que transmite lo que sucede día a día, da una cantidad de noticias tan abundantes que con frecuencia puede dejarnos en la ignorancia de lo que pasa. Porque una noticia sucede rápidamente a la otra, y en medio de intensa variación diaria, la velocidad de la información no nos deja reflexionar ni advertir el rumbo que puede subyacer a la barahúnda noticiosa. Una pequeña muestra de tres noticias, ligeramente espaciadas en el tiempo, puede servirnos de ejemplo de esta confusión con dirección de la que hablamos. Salió primero la noticia de que entre los cambios constitucionales que se pretende hacer está la de ampliar a seis años el mandato presidencial en el país. Después el vicepresidente de nuestro país salió con la peregrina idea de restablecer el servicio militar obligatorio. Y finalmente aparece el almirante ministro de Defensa diciendo que a los militares debe reconocérseles algún tipo de papel político. Fueron unas noticias no muy claras y casi sepultadas por otras noticias más relevantes sobre temas de corrupción, delitos, efectos de la pandemia y cambios gubernamentales en Estados Unidos. Sin embargo, aun en medio de la confusión, esas tres noticias señalan con claridad el rumbo que se le quiere dar a nuestra sociedad. Van hacia un estilo de Gobierno más autoritario y apoyado una vez más en los militares. Y decimos una vez más porque durante sesenta años del siglo pasado los militares mantuvieron a El Salvador en el subdesarrollo y en la cultura de la violencia. Con seis años de Presidencia, militares con capacidad de papel político y servicio militar obligatorio, podemos encontrarnos con una reedición de lo que fueron los gobiernos del PCN que terminaron en la guerra civil. O si a eso le añadimos la reelección, un proyecto querido por el actual vicepresidente, alcanzaríamos a la dictadura sangrienta del general Hernández Martínez. Todavía hoy no faltan quienes lo mencionan como un gobernante que construyó la carretera panamericana en el tramo salvadoreño, creó el Banco Central y diversas instituciones de crédito estatales y cobró fama, hoy discutida, de reducir la violencia con mano dura. Sin embargo, el carácter y estilo gubernamental de dictador violento y genocida no se lo puede quitar nadie. ¿Vamos en una dirección abiertamente autoritaria? El gobierno actual tiene claros rasgos autoritarios, así como una cierta dependencia del ejército. Pero los gobiernos anteriores, más ARENA que el FMLN, no han sido en este aspecto muy diferentes. Ninguno se ha atrevido, en estos casi 30 años de los Acuerdos de Paz, a poner un Ministro de Defensa civil, como se sugería tímidamente en dichos Acuerdos. Pero más allá de la permanencia, con mayor o menor énfasis, de la tendencia autoritaria en el Gobierno actual, lo cierto es que las propuestas irresponsables de reforma constitucional, el apoyo creciente a la Fuerza Armada, la juventud e inexperiencia de muchos de los candidatos a diputados, el retraso, con trampas incluidas, en el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la infame ley de amnistía, están poniendo la condiciones objetivas para una avance muy peligroso de la cultura autoritaria y el deterioro de la democracia. ¿Llegaremos a una dictadura? Es muy pronto para decirlo, pero estamos dando los pasos para avanzar hacia un tipo de gobierno cada vez más autoritario. Y eso es peligroso para todos.

Los Acuerdos de Paz de El Salvador están reunidos en un pequeño libro y muestran un trabajo continuado en favor de la paz. Generalmente se han celebrado como Día de la Paz en la fecha en que se firmaron los Acuerdos definitivos en Chapultepec, México. Leyendo los Acuerdos podemos encontrar diferentes compromisos, la mayoría de ellos centrados en los derechos políticos y civiles. La creación de una nueva policía, de índole civil, y la depuración del ejército, el compromiso de no dejar en la impunidad crímenes graves cometidos contra la guerra, la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, el reparto de tierras a ex combatientes son parte de este texto que dio origen al fin de la guerra. Fue un paso muy importante en nuestra historia y merece ser celebrado. Pero hubo posteriormente incumplimientos graves al dejar en la impunidad crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, y al no depurar adecuadamente la Fuerza Armada. El intento de los Acuerdos de crear una institución de diálogo, llamado el Foro para la Concertación Económica y Social, fracasó en el mismo año que se firmó la paz. Monseñor Rivera, comentando los Acuerdos, solía decir a sus amigos que los Acuerdos nos libraron de una guerra, pero que no habían podido poner las bases para la eliminación de las causas de la guerra. Causas que él centraba en la pobreza injusta, la desigualdad escandalosa y la corrupción, que no se estaban tocando adecuadamente. La Iglesia, durante los 11 años de guerra civil, y por supuesto también antes de la guerra, había clamado por la justicia social, defendido a los pobres y promovido sus derechos, como parte de su labor evangelizadora. Tanto Monseñor Chávez como Monseñor Romero y Mons. Rivera, cada uno de diferente forma, impulsaron intensamente la solidaridad con los empobrecidos y defendieron sus derechos casi durante medio siglo. Muchos laicos cristianos y sacerdotes participaron en este esfuerzo eclesial. Ya en tiempo de Monseñor Romero se veía venir la tragedia de la guerra y numerosos laicos y sacerdotes fueron llamados al martirio por defender el mensaje evangélico de solidaridad con quienes sufrían abusos, tanto económicos como sociales. Durante la guerra el trabajo por la paz fue muy intenso y decidido. El P. Ellacuría y sus compañeros dieron la vida trabajando por el diálogo y la paz, al tiempo que defendían los derechos de los pobres, que eran en definitiva los que más sufrían la guerra. Monseñor Rivera y nuestro Cardenal Rosa Chávez, fueron también amenazados en repetidas ocasiones, e incluso hubo un intento gubernamental de sacarlos del país. Nuestra Iglesia actual es heredera de ese trabajo por la paz. De hecho, nunca dejó de trabajar en favor del diálogo, la reconciliación y la justicia social. El trabajo en favor de la paz, íntimamente ligado a los derechos de la población, es parte de la pastoral social de la Iglesia. Y así la vemos defendiendo el medio ambiente sano, impulsando la prohibición de la minería metálica, comprometida con el derecho universal al agua y protegiendo las zonas de recarga hídrica, así como impulsando, incluso mediante propuesta de ley, el derecho a la alimentación. Los Acuerdos de Paz no son ajenos a la Iglesia, porque ella siempre ha trabajado por la paz con justicia. Y es este último aspecto, el de la justicia, el que la Iglesia echa de menos en la historia que ha seguido a los Acuerdos. Desde la reunión de obispos del CELAM en Medellín (1968), nuestros pastores nos recordaron a todos los latinoamericanos, a la luz del Concilio Vaticano II, que “la paz es, ante todo, obra de la justicia”. En el Concilio la Iglesia había insistido en que “para edificar la paz, se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de discordia entre los hombres”. Y mencionaba entre las causas que se debían superar a las “excesivas desigualdades económicas y la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias” (GS 83). Si no nos dijeran que es un texto del Concilio, hasta podríamos pensar que es parte de un análisis de El Salvador actual. La celebración tradicional de los Acuerdos, centrada especialmente en el protagonismo de la firma por parte de quienes guerreaban, ha olvidado con demasiada frecuencia el trabajo de tanta gente de Iglesia en favor de la paz. Pero la Iglesia está acostumbrada a que no se le reconozcan sus méritos, y tampoco trabaja para que se le alaben sus esfuerzos. Pero como Madre y Maestra que peregrina junto con el pueblo salvadoreño, sí debe recordar a los políticos la necesidad y la urgencia de avanzar sistemáticamente y con mayor rapidez en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Los Acuerdos de Paz fueron un paso importante en nuestra historia. Son parte también de la historia de la Iglesia salvadoreña. Pero ese paso dado hace 29 años no puede hacernos olvidar que la paz es un trabajo permanente, y que es urgente erradicar las causas de la violencia y la discordia, como bien nos decía nuestro arzobispo en s

La postura presidencial frente al 16 de enero es cínica. El presidente Bukele se vale de las víctimas para intentar rectificar el error garrafal que cometió al descartar los Acuerdos de 1992 como “pacto de corruptos”. Si en verdad honrara y respetara a las víctimas, pudo haberse ahorrado la descalificación de los Acuerdos y simplemente “decretar” el 16 de enero “Día de las víctimas”. La inesperada reacción social lo sorprendió. Por primera vez en casi tres décadas, las víctimas se apropiaron de la conmemoración del fin de la guerra, y con ello consiguieron silenciar el tuit presidencial. El desacierto fue tal que provocó el efecto contrario. Las víctimas encontraron su voz para relatar sus recuerdos y sus emociones, y para reclamar, una vez más, verdad y justicia. Casa Presidencial calculó mal al menospreciar los Acuerdos. Un ejemplo más de la burbuja en la que se mueve, insensible al sentir popular. Las explicaciones posteriores no pudieron aclarar el embrollo. La retórica de Bukele desdeña los Acuerdos de 1992 porque sus protagonistas son sus enemigos más odiados, de donde deriva buena parte de su identidad política, y porque él no aparece en la foto. Aunque podría figurar si retoma el proceso donde Arena y el FMLN lo dejaron; si alivia la precaria situación de las víctimas, asume su defensa y se apropia de su reclamo de verdad y justicia; y si fortalece la defensa de los derechos humanos. Pero eso es inverosímil, porque aborrece a dichos partidos y porque los Acuerdos de 1992 son resultado del diálogo, de la negociación y del pacto, una actitud de antemano descartada del quehacer presidencial, empeñado en dividir, confrontar y diseminar odio. Si las víctimas importaran, el presidente Bukele habría colaborado con el juez de la causa de El Mozote; habría abierto todos los archivos gubernamentales, incluidos los militares, tal como ha hecho Estados Unidos; habría condenado la participación de la Fuerza Armada en la represión del movimiento popular, en la implantación del terrorismo de Estado y en la violación sistemática de los derechos humanos; y, sobre todo, habría promovido el respeto irrestricto de estos. Aparte de ordenar retirar el nombre de un criminal de guerra de un cuartel y de una cena con representantes de las víctimas muy al comienzo de su mandato, el presidente ha mantenido la impunidad del Ejército, al igual que sus enemigos más aborrecidos. Indudablemente, “Ellos [la guerrilla] mataron… dispararon… torturaron…”, pero no mataron, ni dispararon, ni torturaron de igual manera. El juicio es una simpleza de la retórica presidencial, que acomoda la realidad a sus conveniencias. La evidencia recogida por Naciones Unidas muestra que la inmensa mayoría de los crímenes de guerra fue cometida por la Fuerza Armada, la misma que el presidente ha convertido en uno de los pilares de su gestión. Argumentar que ambos bandos son igualmente responsables de los crímenes de guerra es argüir como lo hizo Arena inmediatamente después de la guerra. Esta no es la única diferencia. La Fuerza Armada torturó, asesinó y desapareció para defender al régimen oligárquico de entonces, el mismo que ahora, transformado en capital corporativo y financiero, respalda al presidente Bukele. Si ese régimen hubiera permitido reformas socioeconómicas, como la reforma agraria, elecciones libres y libertad de pensamiento y de expresión, no habría habido guerra. Mons. Romero y la UCA lo señalaron en incontables ocasiones, así como también advirtieron que la opción militar era un callejón sin salida. Al negarse a retomar la transición de posguerra donde Arena y el FMLN la abandonaron, el presidente Bukele da continuidad a una nociva práctica bien establecida. Cada Gobierno se resisten a retomar los procesos iniciados por sus antecesores. Todos comienzan de cero. Por eso no hay política de Estado y se pierden oportunidades, experiencia y recursos. La educación y la salud, por ejemplo, cambian de rumbo con cada cambio de ministro. Cada uno presume de estar en posesión de la solución verdadera y, por tanto, tira al basurero lo logrado hasta entonces. Los funcionarios carecen de sabiduría y humildad para continuar la tarea empezada por sus predecesores profundizando y consolidando los aciertos y corrigiendo los errores. Más allá de su legalidad, el decreto presidencial que modifica el contenido de la efemérides del 16 de enero es un despropósito. Hace ya una década, Naciones Unidas estableció el Día Internacional del Derecho a la Verdad en Relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, una conmemoración que va mucho más allá que lo supuestamente pretendido por el presidente. Además, la fecha de la celebración es el 24 de marzo, en memoria de monseñor Romero. La rectificación presidencial, apurada tal vez por salir del atolladero, es otro desacierto, una mezcla de ignorancia y cinismo. En cualquier caso, la sociedad decidirá si acepta o no esa innovación presidencial. De momento, las víctimas han pre

Omar Serrano 22/01/2021 El título de este artículo es una frase del portugués José Saramago, premio Nobel de literatura, autor de la novela Ensayo sobre la ceguera, publicada en 1995. La obra invita a abrir los ojos a la realidad, a mirar más allá de lo que se ve a simple vista, a ver detrás de lo que sale en los medios de comunicación. La novela trata de un país que se ve paralizado a consecuencia de una extraña pandemia que causa que las personas solo vean un fondo blanco, sin distinguir nada más. Esta “ceguera blanca” no puede ser explicada por la ciencia, es incurable y, además, muy contagiosa. El libro inicia con un hombre que repentinamente queda ciego al detenerse frente a un semáforo. Este primer caso da pie a otros muchos, por contagio. A causa de esta enfermedad, toda la gente, excepto una, queda ciega. La ceguera es nacional. Al comienzo de la pandemia, el Gobierno, sin estar preparado para enfrentar la situación, pone a los enfermos en cuarentena permanente en condiciones denigrantes. Los ocho primeros contagiados terminan encerrados en un manicomio, y es en torno a ellos que gira la novela. La protagonista es una mujer que finge estar ciega para poder acompañar a su esposo; siendo la única persona que ve, se convierte en guía y protectora del grupo. A medida que la catástrofe avanza, el Estado se ve desbordado y las condiciones empeoran hasta convertirse en una verdadera calamidad. El desorden, la desintegración, el “sálvese quien pueda” se van imponiendo. La situación límite hace aflorar las peores conductas. En medio de la ceguera colectiva, triunfan los más amorales, los más indecentes, que se aprovechan de la desesperación y del pánico colectivo. Saramago dijo que su novela “plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada”. Ensayo sobre la ceguera relata una realidad social: los seres humanos no son ciegos, pero están ciegos porque viendo, no ven. Como autómatas, reciben y cumplen órdenes sin cuestionar nada, sin preguntarse a ellos mismos si las órdenes que reciben son buenas o no; se limitan a repetir lo que escuchan sin comprobarlo. Así, la sociedad se sumerge en un letargo profundo. La desorientación que viven los personajes de la novela encoje el corazón, tal como sucede cuando se piensa en lo que le espera a El Salvador si los pronósticos se cumplen. Actualmente, hay señales que deberían encender las alarmas sobre las pretensiones reales de los que dirigen al país. Sin embargo, mucha gente parece no ver lo que está sucediendo. Ensayo sobre la ceguera nos invita a reflexionar: ¿por qué nos quedamos ciegos?

En estos días en que de la memoria histórica se habla con una simpleza asombrosa y con un desdén sobresaliente, es pertinente reflexionar sobre la trascendentalidad que esta categoría filosófica tiene para la dignidad de las víctimas. Para ello, la palabra autorizada del filósofo español Manuel Reyes Mate, quien ha dedicado muchos años al estudio de la memoria, nos puede iluminar. Para él, entre memoria y justicia hay una complicidad1, porque lo que hace posible la justicia es precisamente recuperar la memoria. La memoria es el camino a la justicia. Pero la memoria, desde la Filosofía, ciertamente es una mirada a lo que pasó, pero no al modo como lo hace la historia que busca conocer objetivamente lo que sucedió, ni cómo la ve el psicoanálisis que persigue que la persona tome conciencia del pasado. La memoria es una mirada ética al pasado, es una “lectura moral del pasado, que no solo quiere contar los hechos, sino que busca el sentido de ellos, el sentido que debe tener el pasado para nosotros”2 Para llegar a la justicia el punto de partida es la injusticia porque “el origen de la justicia es la experiencia de la injusticia”3. Nadie valora la libertad, hasta que se la pierde como nadie reconoce lo valioso de un derecho hasta que se lo conculcan. La injusticia es primero, dice Reyes Mate. Lo es cronológicamente (porque se da antes) y también ontológicamente, porque es anterior a la experiencia de la justicia. La injusticia nos remite a quien se la cometieron, es decir, a la víctima. Para hacerle justicia es necesario recuperar la injusticia cometida. Por eso no es una necedad exigir que se esclarezca el pasado ni es cierto que la verdad abre las heridas; más bien es lo único que las puede restañar. El borrón y cuenta nueva, el perdón y olvido, es lo que mantiene las heridas abiertas y hace imposible la justicia, porque ocultan la verdad. Por eso dice Reyes Mate que la memoria y la justicia son cómplices, porque lo que permite recuperar la injusticia es el ejercicio de la memoria histórica. Sin memoria, no hay justicia. Podrán haber otras cosas, pero la dignidad del ofendido no se recupera mientras no se recupere la verdad. Hay quienes sostienen que no conviene recordar algunos hechos dolorosos del pasado. Con conocer la verdad no revivirán los asesinados ni reaparecerán los desaparecidos de la guerra y de la posguerra. Sin embargo, aun cuando el daño sea tan abrumador que hace imposible una reparación completa, recuperar la memoria es un modo, modesto, pero fundamental, de hacer justicia. El solo reconocer que el daño que se hizo es irreparable, ya es de alguna manera hacer justicia. Esa conciencia de lo irreparable solo la hace posible la recuperación de la memoria4. Por eso, la memoria es peligrosa y de alguna manera subversiva, porque descubre la injusticia, desnuda a los victimarios y clama por la justicia. Aquí radica la razón por la que en El Salvador y en otros lugares del mundo, se ha querido negar la memoria. Sin el conocimiento de la verdad, la justicia no llegará. La contracara de la memoria es el olvido que garantiza que la injusticia quede impune. Afirmar por evidentes motivaciones electoreras que la guerra y los Acuerdos de Paz fueron una farsa es, en el fondo, otro duro golpe a las víctimas. Históricamente, la frase destella ignorancia y éticamente, inhumanidad. La afirmación al ser pronunciada por la más alta investidura del país, es un pecado capital. Desconocer la guerra es humillar a las víctimas. El presidente Bukele, queriendo distanciarse de quienes protagonizaron la guerra, se vuelve verdugo de lo que critica, porque profundiza el sufrimiento infligido todos estos años. Vilipendiar la guerra y los Acuerdos para no tener presente a sus dos protagonistas es negar también la memoria de lo que pasó. Después de todo, sostiene Elizabeth Jelin, la forma más común de manipulación es el olvido de la injusticia cuya contracara, como ya dijimos, es el silencio.5 La memoria es el camino a la justicia. El olvido es el camino a la impunidad. Solo el hecho de no permitir la inspección de los archivos en manos de las Fuerzas Armadas, que pudieran ayudar a esclarecer la masacre de El Mozote y tantos crímenes más, ubica al Presidente en continuidad con los que han despreciado a las víctimas y su memoria. Muy seguramente, para algunos la guerra fue un negocio, pero no para quienes ofrendaron sus vidas, o parte de ellas, por nobles ideales, de un bando y de otro. De toda tragedia hacen negocio los mercaderes del sufrimiento del pueblo, hasta la misma pandemia ha sido ocasión para el lucro vendiendo mascarillas, botas, alimentos y otros equipos a precios sobrevalorados o para no dar cuentas de ingentes cantidades de dinero que debían servir a toda la población. Para terminar, además de la verdad, la memoria y la justicia, hay otra categoría filosófica que conviene mencionar en el presente contexto: la responsabilidad. Hay dos tipos de responsabilidad. La responsabilidad “retrospectiva” que mira al pasado

El mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz 2021 tiene por lema “La cultura del cuidado como camino de paz”. El contexto de este mensaje es la gran crisis sanitaria de covid-19, que se ha convertido en un fenómeno multisectorial y mundial que agrava crisis fuertemente interrelacionadas, como la climática, alimentaria, económica y migratoria. La idea fuerza del texto es que la humanidad pueda progresar en este año por el camino de la fraternidad, la justicia y la paz, acentuando la cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Según Francisco, es doloroso constatar que, junto a numerosos testimonios de caridad y solidaridad, están cobrando nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia, guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Estos eventos que han marcado el camino de la humanidad en el último año nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y de la creación. Nos enseñan que para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad se requieren mujeres y hombres que se constituyan en profetas y testigos de la cultura del cuidado. El profeta es conciencia crítica y propositiva; el testigo atrae y despierta interés por la coherencia mostrada entre sus ideales y su modo de vida. El papa hace ver la importancia de la cultura del cuidado en la tradición cristiana. Habla de un fundamento bíblico: el Dios de la Biblia no es solo creador, sino también cuidador y protector de la vida. Reseña que el cuidado de la creación está en la base de la institución judía del sábado que, además de regular el culto divino, tenía como objetivo restablecer el orden social y el cuidado de los pobres. La celebración del Jubileo, con ocasión del séptimo año sabático, permitía una tregua a la tierra, a los esclavos y a los endeudados. También señala la motivación profética, en la que la comprensión bíblica de la justicia se manifestaba en la forma en que una comunidad trataba a los más débiles. Asimismo, plantea que la cultura del cuidado tiene una motivación cristológica: en la sinagoga de Nazaret, Jesús se manifestó como aquel a quien el Señor ungió “para anunciar la buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dejar en libertad a los oprimidos”. En su compasión, Jesús se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu, y los curaba; perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Él era el buen pastor que cuidaba de las ovejas; el buen samaritano que se inclinaba sobre el hombre asaltado, vendaba sus heridas y se ocupaba de él. Estas acciones constituyen el testimonio más elocuente de una misión que apunta hacia una cultura del cuidado. En esta línea se trae a cuenta también una motivación eclesiológica. Los cristianos de la primera generación compartían lo que tenían para que nadie entre ellos pasara necesidad y se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles. Desde estas inspiraciones, el mensaje del papa define la cultura del cuidado como un compromiso común, solidario y participativo para proteger y promover la dignidad y el bien de todos. Un estar dispuesto a cultivar en la convivencia cotidiana e institucional el respeto, compasión, reencuentro y reconciliación, entendidos como caminos privilegiados para construir la paz. De ahí que se afirme que no habrá paz sin la cultura del cuidado, que puede suscitar el espíritu de comunidad frente al individualismo, la solidaridad frente a la indiferencia, la lucha por la justicia frente a la pura beneficencia. Ahora bien, al constatar que se vive una época dominada por la cultura del descarte, agravada por las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, el papa exhorta a los responsables de las organizaciones internacionales y de los Gobiernos, del sector económico y del científico, de la comunicación social y de las instituciones educativas a dar un rumbo común al proceso de globalización, “un rumbo realmente humano”. Esto implica apreciar el valor y la dignidad de cada persona, actuar juntos y en solidaridad por el bien común, cuidar a los que sufren a causa de la pobreza, la enfermedad, la esclavitud, la discriminación y los conflictos. La invitación del papa, en definitiva, es a que todos podamos convertirnos en profetas y testigos de la cultura del cuidado. Y eso pasa por cultivar la promoción de la dignidad de toda persona humana, la solidaridad con los pobres y los indefensos, la preocupación por el bien común y la salvaguardia de la creación. Hace unos años, el teólogo Leonardo Boff, hablando de la urgencia y necesidad de una ética del cuidado, afirmaba que esta desempeña una doble función: previene daños futuros y repara daños pasados. Por ello, explicaba, debemos poner cuidado en todo: cuidado por la vida, por el cuerpo, por el espíritu, por la naturalez

Las necesidades insatisfechas de la ciudadanía alimentan las campañas electorales. Los candidatos se prodigan con los electores potenciales. Visitan sus comunidades y viviendas, les estrechan las manos o los abrazan, se hacen selfies sonrientes, les hacen promesas y, eventualmente, les regalan diversas cosas, desde camisetas y gorras hasta alimentos variados. La cercanía busca suscitar una simpatía que se traduzca en voto. Pero esa cercanía es efímera; dura lo que la campaña electoral. Una vez en el cargo, los funcionarios olvidan a la gente y sus necesidades, y también las promesas. Tal vez por eso, en parte, las necesidades insatisfechas, en lugar de disminuir, tienden a aumentar. No obstante las visitas y los encuentros, los candidatos no escuchan a la gente. La reúnen para pronunciar discursos confeccionados con frases hechas como la vocación de servicio al pueblo o al país. No escuchan porque presumen conocer las necesidades de la ciudadanía o, peor aún, porque en sus planes no figura cuidar de ella o satisfacer dichas necesidades. La acción electoral se despliega de arriba hacia abajo. El ejemplo más actualizado de esta práctica es el presidente Bukele. En las raras ocasiones en que el mandatario tiene a bien visitar las comunidades, no habla con ellas. El discurso ni siquiera se dirige a ellas, sino que dichas comunidades son un pretexto para atacar e insultar a sus enemigos políticos. El escenario, el podio y la coreografía son insertados para enaltecer la figura presidencial. El mensaje es muy sencillo: el desempleo, el empleo mal pagado, el trabajo informal, el déficit de seguridad social y la falta de oportunidades desaparecerán cuando el presidente Bukele derrote a los corruptos de Arena y del FMLN. Por eso, en parte, los candidatos a diputados y alcaldes del partido oficial piden el voto para él y la mayor parte del auditorio nacional está convencido de que así será. Los candidatos siempre han explotado las necesidades de la ciudadanía para alimentar sus campañas electorales. Y no hay indicios de que esto vaya a cambiar con el partido oficial. Los partidos tradicionales no han dado muestras de cambiar su conducta, pero este último, que según el discurso presidencial es novedad, debiera liderar la transformación de la publicidad electoral. Antes repartían tamales, guaro y, eventualmente, dinero. Ahora el costo del reparto es más caro, pero la idea es la misma. En esto, el partido oficial lleva ventaja. A raíz de la pandemia, reparte bolsas de comida, financiadas con fondos públicos, para promover a sus candidatos. El hambre es la materia prima de la publicidad electoral. La campaña electoral es prodiga en promesas atractivas, que el candidato sabe bien que no cumplirá, porque, aunque quisiera, no está a su alcance o porque simplemente no es esa su intención, sino atraer el voto indeciso. Los candidatos a diputados olvidan de forma conveniente que si logran el escaño, están obligados a votar según ordena la dirección del partido, que el destino de sus promesas depende de la mayoría legislativa y que si la consiguen, la ejecución no les concierne. Pese a ello, el ritual publicitario se repite con regularidad. Las promesas se repiten, elección tras elección. Así se entiende que los candidatos hagan caso omiso del costo económico de lo que prometen, de la fuente de financiamiento y del calendario de cumplimiento. La no rendición de cuentas, la desmemoria y la credulidad ciudadana juegan a su favor. El partido oficial ha actualizado esta artimaña electorera. Sus candidatos plantean la elección como un dilema entre la continuidad de la corrupción de Arena y del FMLN, o “una nueva oportunidad” para el país. Si esa oportunidad fuera real, no está claro qué sigue después, cuando tengan la mayoría legislativa y municipal. Ninguno explica en qué consiste dicha oportunidad, salvo la desaparición de esos partidos y el imperio de la honestidad. La identificación de las candidaturas con el presidente Bukele sugiere que, cuando prevalezca, cesarán los males y el bienestar general será realidad. Este supuesto se encuentra expresado claramente en las redes sociales que exigen “déjenlo gobernar”. Al parecer, Arena, el FMLN y los críticos no se lo permitirían y, con ello, impiden el progreso y la prosperidad. La disyuntiva es tan falsa como las promesas de sus adversarios. Es simple ilusión, que explota con habilidad consumada la aspiración profundamente sentida de una realidad diferente. No obstante, la campaña de los candidatos oficiales dice verdad inadvertidamente cuando no pide el voto para ellos, sino para el presidente, el gran elector y el gran elegido. Votar por sus candidatos es votar por él. Él los eligió para actuar conforme a sus dictados. Están a su exclusivo servicio, no al de la ciudadanía que los elija para ocupar un escaño o una alcaldía. Al igual que los candidatos de los partidos de la guerra, estos tampoco tienen otra cosa que ofrecer que la centralización total, en la mejor tradición dictatori

Sin duda, las elecciones del próximo 28 de febrero son el centro de atención en el inicio de este año nuevo. Y con razón. Las elecciones legislativas son la arteria aorta del sistema político salvadoreño en la medida que la Asamblea Legislativa decide quienes están al frente de las instituciones de control al ejercicio del poder. Pero esto sucede cada cuatro años. Lo que hace particularmente importantes los próximos comicios es que en ellos, por los evidentes signos que provienen del Ejecutivo, también pueden estar en juego la forma de gobierno y lo andado en el camino de la democracia. Además, las próximas elecciones presentan una gran novedad. Por primera vez en la historia electoral del país debuta un partido que ya es el partido de gobierno. Legalmente, el partido oficial es GANA, pero realmente el partido del presidente Bukele es Nuevas Ideas. El instituto que aglutina a los seguidores y patrocinados del expresidente Tony Saca, y que son incondicionales de Bukele, puede hasta llegar a ser irrelevante para los objetivos del presidente en la futura aritmética legislativa. Todo lo que hagan y digan, tanto el gobierno como los partidos políticos, hay que analizarlo con lentes electorales. Incluso los alarmantes números de los casos de covid-19 serán materia prima de la campaña política. No debería extrañar que, sin reparos, el gobierno siga manipulando el terror que produce la pandemia para sus fines electorales y para seguir disponiendo de fondos a su antojo sin rendir cuentas a nadie. Lo que se ve en el inicio legal de la contienda es una profundización de lo que ya se ha visto en los meses precedentes. La campaña del Gobierno será arrolladora y sucia hasta el cinismo más extremo. Descaradamente todo el aparato estatal está al servicio de la campaña electoral de Nuevas Ideas, incluidos empleados y recursos públicos. Nada que extrañar de administraciones anteriores. Por su parte, los partidos de oposición, especialmente Arena y FMLN, siguen anonadados sin saber exactamente qué hacer y qué proponer. La situación los ha llevado a ser solo reactivos a las medidas implementadas por el Ejecutivo que, hay que decirlo, rozan la ilegalidad y derrochan desprecio a la institucionalidad y al Estado de Derecho con demasiada frecuencia. Sin embargo, a la población poco le dice la defensa de la institucionalidad y de la democracia cuando el hambre apremia y cuando tiene la ilusoria expectativa en que el actual gobierno solucionará los grandes problemas que nunca fueron resueltos por los gobiernos de la posguerra. En este contexto, pareciera que el estómago y los afectos son más determinantes que la cabeza a la hora de ejercer el voto. Además, el Ejecutivo se ha encargado de perjudicar directamente a los dos partidos tradicionales que gobiernan la mayoría de las municipalidades del país. Por pura estrategia electorera, durante ocho meses les ha negado el FODES a las municipalidades y también la deuda política a los partidos con la que, en teoría, deben hacer su campaña electoral. Ni el FODES ni la deuda política serán entregados por el gobierno porque desde Casa Presidencial hay convencimiento que esto se traducirá en perjuicio electoral para los actuales ediles y en beneficios -votos- para los candidatos del partido del Presidente. Esta es la estrategia de Bukele para lograr el mismo objetivo que perseguía el 9 de febrero de 2020: tener el control total del poder. De hecho la campaña lo dice sin tapujos: “Vota por la N de Nayib”. Debajo de las aguas superficiales de la campaña el país se puede estar acercando a dejar todos los poderes del país en manos de una persona. Eso, desde la Ciencia Política, se llama autocracia o dictadura En ella la ley es la palabra del gobernante y no tiene que rendirle cuentas a nadie porque la impunidad la tendrá garantizada al controlar todos los poderes del Estado. A nivel económico, en realidad el país está asistiendo al intento de otro grupo de poder económico, representado por el presidente, de alcanzar la hegemonía en la toma de decisiones sobre el país. La lucha de fondo de Bukele y su grupo es por desplazar a una cúpula económica que se ha servido del poder. Ahora les toca a ellos. El poder total que busca el presidente no solo se refiere solo al poder político en sí, sino como medio para lograr el control del poder de la economía, la legal y la subterránea. Y aunque la experticia en la estrategia mediática venda el objetivo de Bukele disfrazado de beneficio para toda la gente, en el fondo estamos ante lo mismo de siempre. De nuevo el país está a punto de someterse a otro proyecto de cúpulas. Todo parece indicar que la mayor parte de la población se dará cuenta de estas intenciones ocultas, hasta que sufra en carne propia las consecuencias, cuando se dé cuenta que los alimentos y las dádivas serán el precio de una deuda existencial de larga duración. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 27.

A partir de la Revolución Francesa se ha asumido, especialmente en Occidente, que las bases de la democracia se enmarcan en las tres palabras consagradas como lema revolucionario hace ya casi 250 años: libertad, igualdad y fraternidad. En El Salvador, para avanzar en democracia, es fundamental realizar un examen colectivo sobre el funcionamiento de los valores que subyacen a esas tres palabras. Es esta una tarea pendiente en muchos aspectos, porque en general los políticos y gobernantes han optado por la búsqueda de poder antes que por la ética. Habiendo entrado ya en el tiempo preparatorio para el 200.° aniversario de la independencia patria, sería oportuno abrir debates sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad en el país, y así diagnosticar la salud de nuestra democracia. La libertad es el valor en el que más se ha insistido en el país desde la independencia. Sin embargo, la tendencia ha sido a privilegiar una libertad individual e individualista que al final beneficia al más fuerte ante la ausencia o debilidad de las instituciones estatales. Ocupados en las tareas de subsistencia, los salvadoreños más pobres y desfavorecidos quedan desprotegidos a la hora de desarrollar sus propias capacidades, y así es muy difícil disfrutar de las posibilidades que la libertad ofrece. Algunas libertades concretas, como la de religión, libre asentamiento de domicilio, libertad de expresión y de prensa han sido con frecuencia perjudicadas y dañadas por quienes ejercen el poder, en parte a causa de conflictos internos políticos o sociales, pero también porque el poder desarrolla en su propia estructura la organización de grupos de delincuentes dedicados a combatir a los opositores. Frente a ello es indispensable abrir la libertad para todos, controlar el mal uso de la misma por los fuertes y garantizar el respeto del Estado a las libertades ciudadanas concretas. Por otra parte, la Constitución afirma que todos somos iguales ante la ley, pero la desigualdad campea y los poderosos tienden a verla como natural. La desigualdad en el campo del conocimiento, de los servicios estatales y del dinero hace que todos terminemos siendo desiguales ante la ley. Combatir la desigualdad desde un compromiso serio del Estado con el desarrollo de las capacidades humanas de toda la población resulta indispensable. Tanto en la libertad como en la igualdad hay graves déficits seculares que deben enfrentarse con mayor determinación. Si bien es cierto que durante el período colonial no había libertad en muchos campos y la desigualdad estaba consagrada por el sistema de castas, los 200 años de independencia deben recordarnos que es necesario caminar mucho mejor y más aprisa para la vigencia de estos valores. Y finalmente la fraternidad. Aunque a lo largo de la historia el pueblo salvadoreño ha dado profundas pruebas de fraternidad en circunstancias difíciles, el Estado y una buena parte del liderazgo social y político tienen en este campo unas pésimas credenciales. Basta recordar las numerosas masacres de la guerra civil y la incapacidad de los diversos Gobiernos de hacer justicia. Cualquiera que sea el contenido que hoy le demos a la fraternidad, sea solidaridad, amistad social, benevolencia o tolerancia, el déficit es grave. Además, si en la dinámica política se impone el insulto y la agresión verbal como forma de relación, la cultura de la fraternidad sufre un verdadero descalabro. No es este el único momento en la historia en que se insulta sin piedad, pero dado el sufrimiento de tanta gente a raíz de la pandemia, debería primar un diálogo permanente y cordial. Ello sería bueno para la democracia, para la recuperación y el desarrollo, y para ofrecer un mejor horizonte a las nuevas generaciones.

Todos hablamos de la necesidad de cambios económicos y sociales, pero para que estos sean reales y puedan afianzarse, son necesarios los cambios de cultura. Los cambios legales siempre ayudan a crear cultura cuando hay personas que los han promovido desde la base social y los utilizan posteriormente. De lo contrario, el avance es nulo o al menos exiguo. Podemos verlo en nuestra Constitución. En ella se han introducido transformaciones importantes, como establecer la cultura, el bienestar económico y la justicia social entre los ocho fines fundamentales del Estado al servicio de la persona. Aunque ha habido algunos avances en estos casi cuarenta años de vigencia de la Constitución, todavía el sistema educativo es débil, el malestar económico es intenso y la injusticia social tiene un peso demasiado grande, mayoritario diríamos, en las relaciones sociales del país. O cambiamos de cultura o continuaremos hablando de estándares culturales de primer mundo con realizaciones económicas y sociales propias del tercero. Probablemente son más los temas en los que necesitamos un cambio cultural, pero resultaría de gran beneficio para El Salvador conseguirlo en siete de ellos: el machismo, la pobreza, la corrupción, la inseguridad jurídica, el medioambiente, la desigualdad y la institucionalidad. El machismo, como la expresión más agresiva del dominio del fuerte sobre el débil, hay que desterrarlo de nuestro país. Una sociedad construida sobre el poder y abuso del más fuerte siempre estará en crisis. Sea el hombre sobre la mujer, el rico sobre el pobre o el militar sobre el civil, todo termina engendrando incapacidad para un desarrollo equitativo y justo. En segundo lugar, creer que la pobreza es natural y que siempre la habrá es otra fórmula cultural que debemos cambiar. La pobreza, tal y como existe entre nosotros, es injusta, intolerable y un freno para la construcción de un futuro digno. La corrupción, sea política, empresarial o incrustada en diversos mecanismos e institucionalidades sociales, implica la cultura del vivo, del aprovechado y del interés individual sobre el público. Es delito y destruye la solidaridad y amistad social. Y con frecuencia produce otro de los problemas que debemos corregir: la inseguridad jurídica. Aunque en apariencia las leyes son justas, la interpretación de las mismas en sociedades con presencia de corrupción produce automáticamente inseguridad jurídica, aunque no muchos, ni siquiera gente formada, lo adviertan. Por ello, si unos jueces caen en el prevaricato, a poca gente le preocupa. Por otra parte, cada vez hay más conciencia de la importancia del medioambiente. Sin embargo, en el país tienen más fuerza las constructoras de edificios que deforestan zonas de importancia medioambiental o resecan acuíferos, mercaderes de terrenos que no están interesados en un adecuado ordenamiento territorial, transportistas despreocupados por el control de gases contaminantes, y políticos y gentes del buen vivir que al encontrarse en comodidad no advierten los peligros medioambientales que nos esperan. Y por último, dos temas ligados entre sí: la desigualdad y la institucionalidad. Cuando la desigualdad nos parece natural, la institucionalidad se pone automática y sistemáticamente al servicio de ella. Si creemos que somos desiguales en dignidad, tendremos varios sistemas públicos de salud, protegiendo y favoreciendo más a quienes consideramos más dignos o tienen más recursos. Y lo mismo haremos en la educación, en la vivienda, en el sistema judicial y en el resto de instituciones, incluidas las carcelarias. Que la institucionalidad esté al servicio de la igualdad es una urgencia básica para el desarrollo de El Salvador, aunque todavía muchos de nosotros no hayamos caído en la cuenta. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La Iglesia católica celebra cada 1 de enero la Jornada Mundial de la Paz con un mensaje a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad. En esta ocasión, el mensaje del papa Francisco lleva por título “La cultura del cuidado como camino de paz”, un tema de honda relación con la pandemia. El tema del cuido trae siempre a la memoria a las personas que atienden con esmero y afecto a niños, ancianos, enfermos y personas que no pueden cuidarse a sí mismas. El papa habla del cuidado como una actitud social capaz de “erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele prevalecer hoy en día”. Allí donde prima la indiferencia ante la pobreza, como es el caso de El Salvador, la adopción de actitudes solidarias es indispensable para un desarrollo humano real. Y no hay cuidado del prójimo sin promoción de la dignidad y derechos de la persona. Esa dignidad que es igual en todos, pero que no se respeta adecuadamente en la vida social ni en el ejercicio de la justicia. Partiendo de la solidaridad que lleva al bien común, el papa invita a convertirnos “en profetas y testigos de la cultura del cuidado, para superar tantas desigualdades sociales”. Y añade que la superación de dichas desigualdades “será posible solo con un fuerte y amplio protagonismo de las mujeres, en la familia y en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales”. Ciertamente, mientras haya abuso, desprecio machista y maltrato contra la mujer, el desarrollo digno con respeto a la igual dignidad de la persona será una quimera. La cultura del cuidado se aproxima con claridad a la cultura de paz; es más, pone la base sensible y de hondura humana para poder construirla porque ayuda a sentir la fraternidad común. Por ello, el papa pide a las familias, escuelas, universidades, Iglesias y organizaciones internacionales comprometerse con la cultura del cuidado, tanto de las personas como de la naturaleza. Sin sentir en carne propia una fraternidad abierta a los más débiles, sin compromiso con un diálogo que priorice las necesidades de quienes sufren, 2021 será un año más en El Salvador, sin cambios sustanciales. Lloverán insultos en el marco de las próximas elecciones, se darán discursos solemnes en conmemoración de los 200 años de independencia, brotarán nuevos próceres que prometerán llevar al país a la felicidad y el bienestar social, pero la pobreza, la vulnerabilidad y la violencia permanecerán inalteradas. La fe en superar los graves daños económicos y sociales creados por la pandemia servirá de muy poco si no se establece un diálogo participativo y vivo en el que las necesidades de nuestra gente sean prioridad. Un diálogo en el que aquellos que tienen más dinero, poder o educación estén dispuestos a hacer sacrificios por quienes tienen menos. Un diálogo transparente y con clara conciencia de una verdad evidente, con la que El Salvador nunca ha sido consecuente: eliminar la pobreza, mejorar la educación y la salud, y posibilitar el desarrollo de las capacidades de todos favorece a la sociedad en su conjunto. La cultura del cuidado que recomienda el papa es básica para convencerse que los sacrificios en favor del bien común nos beneficiarán a todos en el futuro.

La gran debilidad del presidente Por: Rodolfo Cardenal El secretismo gubernamental se extiende como mancha de aceite hasta incluir información inocua. El Ministerio de Salud ha reservado prácticamente toda la información institucional, incluida la estadística epidemiológica, un instrumento fundamental para controlar las enfermedades endémicas. El secreto militar es un baluarte que protege al Ejército, la Policía y la inteligencia de los curiosos. El Ministerio de Agricultura oculta sus actividades y gastos como cualquier corporación privada. Y así sucesivamente. La información relacionada con el poder ejecutivo es tan sensible que está protegida por el secreto de Estado. Sin embargo, ahí donde se escarba aparece la negligencia, la malversación y la corrupción.

Editorial UCA Las emergencias y crisis en democracias débiles conllevan el peligro de generar formas de autoritarismo que reducen los derechos ciudadanos. El abuso de autoridad se posibilita cuando se da la tendencia a unir opiniones y pareceres detrás del líder fuerte que actúa rápido y con decisión para enfrentar la crisis. Si en tiempos de bonanza la reducción de derechos levanta protestas, las crisis tienden a silenciarlas. Por ello es importante evaluar el estado de la democracia salvadoreña en este momento; una democracia que fue profundamente débil durante el siglo XX y que continúa siéndolo, a pesar de las importantes reformas que se han implementado desde la firma de la paz.

OPINIÓN: El Año Nuevo y la felicidad Por José María Tojeira, S.J., Director del IDHUCA