Editoriales y Opiniones

Los alegatos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición de dos altos jefes pandilleros, solicitada por Estados Unidos, son esperpénticos. Los magistrados del oficialismo aducen dos tipos de argumentos. El primero sostiene que Estados Unidos no ofrece garantías judiciales respecto a las penas, pues puede imponer unas “más gravosas [que] las de acá”. Tampoco garantiza observar la Convención de los Derechos del Niño, presuntamente aplicable a uno de los jefes por ser menor de edad cuando cometió algunos de los delitos imputados. En suma, estos magistrados piden “trascender del enfoque meramente penal para profundizar el control constitucional” y así librarlos de una sentencia severa. Incluso aducen la conveniencia de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos y de crear una nueva ley sobre la materia. La otra serie de razonamientos es aún más disparatada. Uno solicita “considerar la situación real [del] país, en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de unas penas” más grandes. Otro llama la atención sobre “las reacciones que puedan ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana pueda permitirles a ellos […] no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad […] incluso a los habitantes”. Un tercero reitera: “No olvidemos lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como [la extradición]”. El lenguaje cantinflesco no consigue ocultar que estos magistrados se oponen a la extradición de los dos pandilleros por temor a las repercusiones internas. No juzgan conforme a derecho, sino movidos por el miedo a las represalias de las pandillas. Sus alegatos ponen de manifiesto, para asombro de propios y extraños, que estas son más poderosas que el Estado. Muy a pesar del Plan de Control Territorial, las pandillas han secuestrado también a la justicia. En realidad, así ha sido siempre. Ese mismo tribunal tuvo la deferencia de impedir la extradición a España de los militares acusados de la masacre en la UCA. Ahora, sorpresivamente, los magistrados del oficialismo los han colocado en el mismo nivel que los jefes de las pandillas. La justicia tiende a cuidar al poderoso. Por respeto insensato al poder, o por temor a las represalias, o por cohecho, o por todo ello. Por eso, la elección de los magistrados y los jueces es de vital importancia para el poder, ya sea el de los militares, el de los políticos o el de los ricos. Y ahora el de los pandilleros. A estas alturas, no sorprende que el discurso de los magistrados del oficialismo contradiga el discurso presidencial, que exige penas más duras para los que llama “terroristas” y “monstruos”. En la práctica, los magistrados de los Bukele han evidenciado que esa dureza no es aplicable a los jefes de las pandillas. Asimismo, mientras exigen a Washington garantizar los derechos humanos de un pandillero acusado de conspiración para colaborar con el crimen organizado, para asesinar y mutilar personas, para cometer actos de terrorismo y narcoterrorismo, y para distribuir sustancias controladas, aquí toleran impasibles el abuso de autoridad, la condena anticipada de presuntos “terroristas”, aun por delitos no cometidos, y la degradación pública de los capturados. El sinsentido de esta justicia es aparente. El desatino se transforma en acierto si el pacto de Casa Presidencial con las pandillas incluye la no extradición de los pandilleros reclamados por la justicia estadounidense. Así lo dan a entender los magistrados con formulaciones crípticas como “los condicionamientos”, “la proporcionalidad”, “las reacciones [que] nos van a afectar” y “la trascendencia a nivel interno”. En otras palabras, extraditar a los jefes reclamados dispararía de nuevo los homicidios y pondría en entredicho el Plan de Control Territorial, que consume centenares de millones de dólares. La existencia del pacto ha sido confirmada por fuentes policiales, aún no desmentidas por Casa Presidencial. Esas fuentes denuncian la existencia de colonias santuario, donde tienen órdenes superiores de dejar en paz, “tranquilos”, a los pandilleros: “De noche enciendan las luces y sirena policial para que el pandillero se retire[…] si al momento de patrullar se dan cuenta que un grupo de pandilleros están reunidos […], regresen o tomen otra ruta para no toparse con ellos, tienen prohibido matar a un pandillero”. Más aún, investigadores policiales aseguran que Casa Presidencial mantiene contacto con la cúpula de una de las pandillas a través de un funcionario. Los disparates del oficialismo tienen su razón de ser. No son simples despropósitos, sino coartadas. Pero entre mayor es el afán por ocultar, más se filtra la realidad. Los magistrados han desvelado inconscientemente que el Plan de Control Territorial descansa en un pacto con las pandillas. El que Bukele hable ahora de “incursionar” con un Ejército ampliado “para sentar ese pri

En especial a partir de Maquiavelo comenzó a imponerse la idea en el campo político de que el poder debía gestionarse desde sus propias conveniencias. Frente a quienes pensaban que era un instrumento para buscar el bien social, surgían aquellos que trataban de mantener el poder como el fin prioritario y absoluto de la política. Al afán de verdad le sustituía el afán de poder. La apariencia era más importante que la realidad. Hoy, con la apertura comunicativa de las redes, la búsqueda de apariencia y la propaganda, armas siempre de los afanes autoritarios, se han acentuado. La frase de Maquiavelo “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” se ha convertido en el ideal comunicativo de quienes desean tener el poder lo más absoluto posible como herramienta de control social. Sin embargo, en las democracias desarrolladas se ha vuelto, cada vez más, y especialmente en ámbitos académicos, a reflexionar sobre los clásicos de la ciencia política, desde Platón y Aristóteles hasta Montesquieu y los ilustrados del siglo XVIII. Releer las reflexiones de alguno de ellos sobre el poder nos puede hacer bien a quienes nos vemos inmersos en un mundo político dominado por la posverdad, la apariencia y el discurso vacío de la propaganda, incluido el parloteo continuo en las redes. Y una de las primeras cosas que llaman a la reflexión en los clásicos es la advertencias sobre los peligros del poder. Aristóteles, con un hondo sentido moral, recordaba en su libro La política que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Y para que no quedara duda, añadía que “el poder suele corromper a los hombres, y no cualquiera puede mantenerse virtuoso en medio de la prosperidad”. La democracia le parecía a este filósofo el mejor instrumento para la recta administración del poder. Pero sabía de sobra que las oligarquías podían apoderarse de los mecanismos democráticos. Las asambleas legislativas, las instituciones estatales, los tribunales y las armas, unidos a la apariencia, en manos de quienes tienen el poder, pueden convertirse fácilmente en “los ardides y artificios por medio de los cuales las oligarquías engañan al pueblo”. Para evitar esto, proponía, en toda democracia, conjugar libertad e igualdad. Su afirmación era clara al respecto: “Si la libertad y la igualdad son, como se asegura, las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”. En El Salvador, se ha dicho con frecuencia, tenemos un régimen estatal híbrido, que tiene aspectos autoritarios oligárquicos mezclados con elementos democráticos. Si ya veníamos cansados de un régimen que abandonaba la igualdad en favor de la libertad de los poderosos, ahora nos encontramos con otro modo de operar que restringe la libertad de todos al tiempo que ofrece una mayor apariencia de igualdad, repartiendo subsidios en base a deuda y prometiendo el enriquecimiento general a base de bitcoins. Si los regímenes anteriores eran antidemocráticos rompiendo la igualdad, ahora, manteniendo la desigualdad, se quiere restringir la libertad. Si nuestra democracia estaba ya en crisis desde el fin de la guerra hasta hace muy poco, los problemas se agudizan en la actualidad. La democracia decae cuando la libertad se oprime, y más cuando el culto al poder se desborda, se insulta a la crítica racional, se persigue a quien piensa y opina distinto, y se habla más pensando en intereses que tratando de reflexionar seriamente sobre la realidad. Cuando el poder corrompe, se impone recordar la máxima de un sociólogo del siglo XX, que sí leía a los clásicos: “La primera tarea de los intelectuales debería ser la de impedir que el monopolio de la fuerza se convierta en el monopolio también de la verdad”. Tarea esta no solo de los intelectuales, sino de todos los que amamos la democracia como sistema de gobierno. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Editorial UCA Como mostró Ignacio Ellacuría, hacer verdad implica estudiar y entender las realidades y dolores que encorvan las esperanzas de las mayorías. Esa tarea implica construir un pensamiento que toma partido por los que sufren (no puede ser neutral) y que lleva a enfrentar a quienes generan injusticia y coerción. Hoy en día, en el país, el poder quiere silenciar todo tipo de pregunta incómoda e impedir el conocimiento de la realidad, mientras hace alarde de descubrir lo que ya todos saben sobre la corrupción de Gobiernos anteriores. Condena el pasado y critica a los partidos tradicionales, pero hace alianzas con lo más abyecto de la partidocracia salvadoreña. Funcionarios que alababan a los corruptos y que fueron protegidos por ellos regresan ahora, revestidos de un aura angelical, para hablar de decencia. Por su lado, los pobres continúan migrando, empujados por una situación en la que contrastan las promesas y afirmaciones de bienestar con las dificultades y miedos vividos a diario desde la pobreza y la violencia. Si hay que empezar de nuevo, decía el papa recientemente, habrá que hacerlo desde los últimos. La única tarea histórica decente es cargar, encargarse y hacerse cargo de los oprimidos, nos repetiría Ellacuría. Si se reconoce a los muertos su derecho a la justicia, diría en otro contexto un autor contemporáneo, “entenderemos la injusticia sobre la que está construida nuestra felicidad y nos capacitaremos para hacer la historia de otro modo”. En El Salvador, en cambio, existe una negación sistemática a debatir en serio tanto los crímenes de la guerra civil como los problemas estructurales. Las respuestas a estos son reactivas. Se aplican pequeños remiendos sociales que ayudan a sobrevivir, pero que no corrigen la fuente de la pobreza y la violencia. Y ello agravado por la tendencia a la utilización oportunista de la historia El obispo de Roma advertía en su última carta encíclica que en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Frente a esta situación, urge dejar la chabacanería, como la contemplada recientemente en un comisión de la Asamblea Legislativa, y comenzar a dialogar y a buscar verdad en los datos objetivos. Y el dato con mayor objetividad en El Salvador es el sufrimiento de gran parte de la población. Dejar hablar al sufrimiento, decía Theodor Adorno, es la condición de toda verdad. Por ello, a quienes gobiernan les toca escuchar los múltiples sufrimientos del país y buscar soluciones fraternas. El insulto y el grito solo producen división social, la cual abona a una cultura violenta ya insoportable.

La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido. El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6). El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo. El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa. Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos. La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

El ministro de Seguridad y Justicia ha mandado al infierno a quienes lo cuestionan. No satisfecho con insultar y asediar a la crítica y a la prensa independiente, les ha recetado las penas del infierno. Ignora que es muy difícil condenarse. No, en todo caso, por motivos políticos, y mucho menos por llevarle la contraria. Más aún, según algunos entendidos, el infierno estaría vacío. La misericordia de Dios es incompatible con la perdición de sus hijos e hijas. Dios aguarda pacientemente el regreso de los descarriados. Incluso sale en su busca. No los castiga ni los destruye como quisiera este funcionario que, en su sinrazón, lanza condenas eternas. Esta clase de argumentaciones nacen de la impotencia y la torpeza. El ministro arremete contra la prensa independiente, porque no puede dar cuenta del aumento de las desapariciones. Un hecho que pone en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El funcionario atribuye la información sobre las desapariciones a “profetas de la desdicha”, “mentes morbosas que están promoviendo la zozobra”. Por eso, desea que la población “se informe por los canales oficiales”, “los profetas de dichas inconmensurables”. Así, pues, la seguridad estaría mejor servida si la sociedad se refugiara en el mundo maravilloso creado y difundido por el oficialismo. El ministro anhela una opinión pública acrítica, resignada a las desapariciones, a la extorsión, al abandono forzado de su vivienda por el acoso de las pandillas o a la huida del país, y también a la indiferencia y el maltrato de fiscales y policías. Al parecer, solo así se salva el Plan de Control Territorial. El ministro “no [entiende] qué hay detrás de esas mentes morbosas”, que siembran “la zozobra en nuestras comunidades”. Pero eso no le impide identificarlas como “poderes fácticos”, un tópico de Casa Presidencial para esconder sus fracasos. Si esos poderes han conseguido someter a los Bukele y a sus más estrechos colaboradores, como alega este funcionario, su ministerio, la Policía, el Ejército y el resto de la institucionalidad estatal están agotados. Es incomprensible que todo un ministro de Seguridad admita públicamente que esos poderes le han ganado la batalla de la seguridad ciudadana. No son “las mentes morbosas” las responsables del fracaso del Plan de Control Territorial, sino el aumento de las desapariciones. El ministro ha resuelto el caso de una esposa asesinada por su marido y, aparentemente, también el de Chalchuapa, pero le quedan centenares de desapariciones por esclarecer. En lugar de pedir “penas más grandes para estos monstruos”, Bukele y su ministro de Seguridad y Justicia debieran emplearse a fondo en la resolución de las desapariciones que aún permanecen en el limbo. La “zozobra” que tanto inquieta al ministro la generan los fiscales, que no atienden las denuncias de las desapariciones como es debido. Mucha indiferencia y demasiadas denuncias para pocos fiscales. También contribuye con ella su colega de Defensa Nacional, que pide “drones estratégicos” para vigilar la zona norte, “porque la geografía […] no permite que haya presencia física” del Ejército ahí, mientras esta brilla por su ausencia en el territorio urbano, donde las pandillas campean por sus respetos. Otro colega, el de Trabajo y Previsión Social, se jacta de no necesitar “planteamientos técnicos”, razón por la cual Casa Presidencial decide a ciegas. Entretanto, son cada vez más frecuentes los informes acerca de la convivencia de policías y pandilleros, que se divierten y beben juntos. Si alguien vive “un infierno”, ese es el ministro de Seguridad y Justicia. Al aumento de las desapariciones se suma ahora la lista Engel con catorce funcionarios, políticos y empresarios, a quienes Washington acusa de corrupción, de prácticas antidemocráticas y de fraude. En la lista hay de los de siempre, pero también de los nuevos, que son igual que los de siempre y sucederá lo de siempre. El fiscal no se da por enterado. El ministro se desentiende de la justicia que le compete por cargo. Mientras Bukele sentencia que solo cuenta su lista, que no incluye a los suyos ni a los empresarios, solo a Arena y al FMLN. Y como si la lista no bastara, Washington señala al país por no cumplir con “el mínimo de estándares” para eliminar la trata de personas. El único poder fáctico que ha derrotado al ministro es la realidad, que se impone inexorablemente, sin respetar los deseos de los Bukele y sin conmiseración con sus seguidores, afectados directamente por la violencia social. La obstinada negación de la realidad ha conducido a este pintoresco funcionario al infierno. No consigue conciliar los deseos de su patrono con la inseguridad que acecha a la población, ni su impotencia e incapacidad con la humildad necesaria para encargarse de la realidad tal como es. No es cierto que “a nosotros nos tiene sin cuidado”. Si así fuera, no mandaría al infierno a quienes cuestionan la narrativa oficial. La única manera de transformar la realidad es actuar sobre ella. * Ro

José María Tojeira 06/07/2021 Con la Reforma Agraria, la hacienda Normandía fue transferida a una cooperativa, que adoptó el mismo nombre, pagó las tasas del derecho a la tierra y está en plena propiedad de los terrenos. A mediados de los años noventa, un alcalde corrupto de Jiquilisco, miembro del PDC, extendió tres títulos supletorios falsos e ilegales a tres sedicentes derechohabientes. Desde entonces, la cooperativa viene luchando jurídicamente en defensa de sus tierras. La ambición de particulares, junto con sus trampas y mentiras, unido todo ello a la negligencia y lentitud, incapacidad y probable corrupción del sistema judicial mantienen en inseguridad jurídica a un amplio colectivo cooperativista de trabajadores del campo y sus familias. Los tres particulares que reclaman terrenos más parecen testaferros de otros intereses que sujetos particulares dañados en la real posesión de sus tierras. Los testigos que utilizaron para conseguir los títulos supletorios fueron legalmente insuficientes. El alcalde era legalmente incapaz de dar títulos supletorios, puesto que estos los tiene que otorgar un juez. Y en el Registro Nacional de las Personas Naturales no aparece ninguna huella de las personas reclamantes. Analizar un caso como este nos lleva inmediatamente a considerar el tipo de sociedad en la que vivimos. La prepotencia del fuerte se impone con demasiada frecuencia sobre el débil. La justicia cierra los ojos ante las manipulaciones de los poderosos y evade su responsabilidad de defender a las víctimas cuando los victimarios gozan de relaciones, poder o prestigio social. Aunque no se acepte oficialmente, quedan todavía impregnados en las mentes de un buen número de personas acomodadas los resabios de un antiguo racismo propio de la colonia española y su sociedad de castas. Y ello sin diferencias de ideología, partido o conocimiento. Solo que ahora, en vez de mirar el color de la piel, se mira la pobreza de unos y el color del dinero reflejado en la billetera de los poderosos y sus abogados sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones legales a favor de los fuertes, podemos darle la razón al jurista, político, humanista y santo Tomás Moro. En su libro Utopía, en el que pretendía describir una sociedad perfecta, decía que en la isla de Utopía la profesión de abogado estaba prohibida, dadas las mentiras, engaños y venalidad tan consustanciales al gremio. Bastaba, decía él, con elegir a gente sabia y anciana temporalmente para que mediaran en los pleitos y protegieran a las víctimas. En el caso Normandía se han suspendido audiencias preparatorias con excusas inaceptables. El miedo de los jueces a ofender al poderoso declarando inválidos los títulos supletorios mal habidos es más fuerte que el famoso imperio de la ley con el que se suelen llenar la boca quienes exaltan un sistema corrupto, tratando de disimularlo con palabras huecas. La justicia sigue, como decía en su tiempo monseñor Romero, el ejemplo de la serpiente, que solo muerde el pie de quien anda descalzo. Nuestra Constitución tiene como norma la indemnización por retardación de justicia (art. 17), pero nuestros diputados han sido incapaces durante 38 años de emitir una ley secundaria que estipule los tiempos y las responsabilidades concretas de los jueces en los casos de retardación. Todo está listo para desesperar a los débiles en un sistema que se alarga en el tiempo en favor de los poderosos. La seguridad jurídica es un tema de ricos y poderosos, y por los tiempos que corren, va camino de convertirse en patrimonio del poder ejecutivo. Las mujeres pobres y violadas, los campesinos en problemas de tierras, quienes son asesinados en ejecuciones extrajudiciales vinculadas a grupos de exterminio no tienen seguridad jurídica. El caso Normandía es un ejemplo más que debe llamarnos a todos a exigir una reforma legal y judicial que ofrezca garantías a los débiles y marginados de nuestro país. Instalar servilismo en la cúpula del sistema judicial no resuelve problemas; al revés, es un paso más hacia la mayor corrupción del sistema. Esperemos que en el caso Normandía por fin se haga justicia y que no se suspenda una vez más la audiencia preparatoria. Estar atento a este caso es cuestión de ética básica, de agradecimiento y de solidaridad con los más débiles de nuestro país: los campesinos que nos alimentan desde sus labores agrícolas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En un día común, una persona promedio de El Salvador se levanta temprano para bañarse, desayunar, tomar café e irse a trabajar. Si es una mujer en edad adulta, seguramente también le toca bañar a sus hijos o hijas, preparar el almuerzo, hacer la limpieza, lavar la ropa, regar las plantas y realizar otras actividades domésticas. Si es joven, su rutina es básicamente la misma, pero en lugar de trabajar, posiblemente tiene que desplazarse a un centro de estudios y muy probablemente debe ayudarle a su mamá antes de salir de la casa. Si es un niño, o una niña, aunque no esté en edad de ir a la escuela, no cabe duda de que sigue los mismos patrones de aseo personal y alimentación que su familia. Estos roles responden a una clasificación bastante general, pero pueden diversificarse muy ampliamente al cambiar el enfoque del análisis e incluir otros factores importantes como la capacidad adquisitiva, el estrato social, la etnia, el género, el tipo de vivienda y la educación, entre otros. Sin embargo, hay una característica innegable que todos estos arquetipos salvadoreños tienen en común: no existe ninguno que pueda prescindir del agua. De hecho, si lo pensamos a profundidad, veremos que el agua está presente en casi todo. Es un elemento tan común y ordinario que, como sociedad, muchas veces olvidamos que puede llegar a agotarse y nuestro olvido es reflejado en la inactividad política, la falta de conciencia ambiental y el desinterés por las campañas de protección y recuperación de las reservas hídricas del país. A tal punto llega esta desidia que tampoco nos incomoda permanecer impávidos, mientras las grandes élites económicas se terminan las últimas fuentes de agua del país sin que el gobierno haga algo para detenerlas y sin que podamos dimensionar que la falta de este recurso va a afectarnos a unos más que a otros. Creemos con facilidad cualquier discurso rimbombante o mentira que sale de la boca de los funcionarios y dejamos que se tomen decisiones importantes sin generar una opinión crítica y sin exigir que seamos tomados en cuenta. Para hacernos reaccionar, muchos grupos ambientalistas, iglesias, ONG, organizaciones civiles, universidades, especialistas y activistas -a los cuales el presidente Bukele se refirió como “organizaciones de fachada”- han venido advirtiendonos desde hace varias décadas que el agua se está acabando, que las autoridades quieren hacer negocio con ella y que lo poco que nos queda está severamente contaminado. En el contexto actual, la errada visión de desarrollo que el Gobierno pretende usar para justificar la sobreexplotación del medioambiente y para la aprobación de sus nuevas malas ideas, nos mueve a atender con mayor urgencia esos llamados en defensa de la vida y a repasar la realidad del agua en El Salvador. Desde el 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha publicado informes sobre la calidad del agua de los sitios de muestreo que conforman la red de monitoreo permanente en 55 ríos del país. Estos estudios determinan si el agua analizada cumple con las condiciones para utilizarse en actividades de riego, ser potabilizada por medios tradicionales (filtración, sedimentación o desinfección por cloración o ebullición) o entrar en contacto con humanos, y, además, clasifica su estado en cinco categorías: clasifica su estado en cinco categorías: excelente, buena (ambas facilitan el desarrollo de la vida acuática), regular (limita el desarrollo de la vida acuática), mala (lo restringe) y pésima (lo hace imposible). Al escudriñar esta información, los datos muestran que el agua de la mayoría de los ríos muestreados no es apta para riego, potabilización por medios convencionales o contacto con humanos (ver Figura 1), y que su calidad oscila principalmente entre las categorías de “regular” o “mala” (ver Figura 2). Tomando como base las tasas de consumo diario per cápita de otras regiones y los niveles de producción de agua potable reportados en las memorias de labores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) del 2008 al 2017, también es posible hacernos una idea del déficit que hay en materia de abastecimiento. Por ejemplo, si ajustamos el número de habitantes que había en El Salvador durante los años que ANDA publicó esos documentos a las tasas de consumo de Noruega y Estados Unidos -que siempre se han ubicado en las primeras posiciones del Índice de Desarrollo Humano- y al promedio calculado para la región de Latinoamérica, es posible observar que en ningún escenario El Salvador es capaz de suplir la demanda de agua de sus habitantes con el nivel de volumen producido anualmente (ver Figura 3). En otras palabras, este análisis muestra que si los salvadoreños y salvadoreñas tuviéramos la misma calidad de vida de los noruegos y estadounidenses o si, por lo menos, nos acercáramos al promedio de la región latinoamericana, el agua potable que producimos no nos alcanzaría para vivir. Más allá de esta comparación hipotética, los resultados gene

Después de mucho anunciarse, Estados Unidos publicó la Lista Engel, dedicada a los corruptos del Triángulo Norte. Catorce salvadoreños están en ella, políticos y funcionarios en su mayoría. Aunque el número es pequeño considerando la realidad, la Lista merece ser asumida en serio, pues la lucha contra la corrupción hay que darla acá y debe estar liderada por las instituciones nacionales. De hecho, el Estado debería respaldar la labor de académicos y periodistas que investigan el entramado forjado a lo largo de nuestra historia por políticos, empresarios y militares para beneficio de minorías y que ha causado la profunda desigualdad socioeconómica actual. El conocimiento de esta historia ayudaría a combatir, con mayor claridad y convicción, esa práctica secular. Las instituciones se resisten casi siempre a reconocer sus errores; se animan a pedir perdón públicamente e iniciar un proceso de cambio solo cuando las víctimas o investigadores ponen al descubierto sus delitos. La corrupción, tan cacareada hipócritamente por los políticos como bandera de lucha, es un tema de trabajo y lucha esencial para regenerar la vida pública en El Salvador. Con independencia del nivel y rol que se desempeña, nadie puede servir al mismo tiempo a la corrupción y a la democracia. Los soldados que en las fronteras chalatecas roban a los campesinos salvadoreños cuando traen granos desde tierras que tienen en Honduras son parte del entramado de la corrupción. Lo hacen tranquilamente porque están armados, representan al Estado y están acostumbrados, como una buena parte del país, al predominio de la ley del más fuerte, más allá de las normativas legales. Lo mismo hacen algunos millonarios para conseguir contratos o tratos de favor cuando sobornan a funcionarios o cuando se imponen desde una justicia legal fácilmente convertible en farsa. En los últimos tiempos, ningún partido político ha llegado al poder sin criticar la corrupción ajena. La Democracia Cristiana llamó corruptos a los Gobiernos del PCN; Arena ganó su primer elección criticando la corrupción de la Democracia Cristiana; el FMLN hizo lo propio al desbancar a la derecha; y Nayib Bukele logró un triunfo espectacular insistiendo en que el FMLN y Arena devolvieran lo robado. Pero ¿han cambiado las cosas? Todo apunta a que no, y no solamente en lo que a partidos políticos respecta, incluido Nuevas Ideas, sino también a grupos empresariales que no solo conviven con la corrupción, sino que la alientan. Es obvio: la corrupción no se puede combatir sin órganos de control independientes. Y en muchos de ellos, como el sistema judicial o la Corte de Cuentas, han tenido su nido personas serviles al poder que se han esmerado en proteger los vicios de siempre, aunque protagonizados por diferentes caras y discursos. Solamente un acuerdo político serio entre partidos, instituciones y ciudadanía para mantener los órganos de control con la debida autonomía e independencia librará al país de esta plaga tan antigua como presente.

Si el bitcóin atrae divisas, inversiones y turismo, “genera multiplicación del dinero” y otros “muchos beneficios y será una de las tantas cosas que nos ayudará a sacar adelante al país”, ¿por qué nadie más lo ha adoptado hasta ahora como moneda de curso legal? ¿Será que ningún mandatario es tan visionario como el salvadoreño o que no están interesados en que sus pueblos gocen de sus muchos beneficios? ¿Son tan torpes o egoístas que prefieren mantener a sus pueblos sumidos en la miseria cuando bien podrían aumentar la circulación del dinero? ¿Será que la banca internacional y las bolsas son tan cortas que no alcanzan a ver las innumerables ventajas del bitcóin o será que son tan codiciosas que se las quedan para ellas? Si los beneficios del bitcóin son tantos y tan extraordinarios, es insensato no convertirlo en moneda nacional. El bitcóin, según la narrativa presidencial, es la llave para ingresar en el reino de la abundancia. No solo se satisfarán las necesidades básicas de la población, sino también sus caprichos: la disponibilidad de dinero disparará el consumo y las ganancias del comercio crecerán como espuma. También la recaudación fiscal. “Al final, todos van a ver los beneficios una vez esto empiece a funcionar”. “Millones de salvadoreños van a ser beneficiados”. Así como parece difícil poner resistencia a tanto portento, es también difícil concebir que eso sea posible con la simple adopción del bitcóin. Algo sórdido encierra la criptomoneda. Su principal promotor dice que “no le estamos mintiendo a los salvadoreños”, pero obvia que el capitalismo financiero, en su salvajismo, no contempla la distribución equitativa de la riqueza. Al contrario, la concentra cada vez más. Una criptomoneda especulativa, creada para aumentar la ferocidad capitalista, no puede, por definición, beneficiar a “millones de salvadoreños”. Más bien, como denuncia el papa Francisco, “los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente”. Y agrega, acusadoramente: “Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas”. La información sobre la criptomoneda es fragmentada e incompleta, contradictoria y confusa. Cuando Bukele y su ministro de Hacienda intervienen para aclarar o ampliar, la confusión es mayor. El embuste es mayúsculo. La transferencia de las remesas, “una de las razones por las que hicimos la ley bitcóin”, no será gratuita. En el capitalismo, nada es gratuito. Los datos indican que la remesa será más cara, lo cual tiene más sentido para la lógica de acumulación capitalista. Tampoco será de libre uso, tal como justificaron los diputados oficialistas, mientras su jefe, en inglés y a un auditorio extranjero, anunciaba que sería obligatorio. Así lo aprobaron aquellos, aunque ahora lo niegan. La retórica presidencial anuncia como éxito anticipado la llegada de inversionistas, que “poseen capital en bitcóin”, y de turistas, atraídos “porque somos el único país del mundo que [lo tiene] como moneda de curso legal”. No son más que especuladores y, seguramente, algunos facinerosos, deseosos de aprovechar la oportunidad para hacer dinero. El reino de jauja está reservado a pocos. Bukele ha debido intervenir para intentar apaciguar el revuelo. Ha asegurado que “en ningún momento va a afectar a nadie”, “ningún salvadoreño está obligado a recibir bitcóin”, “nadie recibirá bitcóin si no quiere”, “es una opción”. Y no será utilizado con fines contables. Entonces, si “los comercios están obligados a aceptar bitcóin, pero no a recibirlos”, ¿qué sentido tiene imponer la criptomoneda? Lo más probable es que alguien del círculo de los Bukele haga mucho dinero con el periplo dólares-bitcóin-dólares. La última ocurrencia presidencial afectará negativamente a bastantes, mientras los operadores de las transacciones se enriquecerán. Los silencios, las omisiones y las contradicciones no presagian nada bueno. Bukele y sus funcionarios pasan verdaderos apuros cuando venden la criptomoneda. Eso a pesar de ser, supuestamente, “una ley sencilla, que no tiene nada escondido y es fácil de entender”. Desestiman la “mucha incertidumbre y confusión, algunas dudas” como algo normal, dado que “se quiere aplicar algo nuevo e innovador”. “Esta es una ley que nos abre al mundo; que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador”. Si así fuera, ¿por qué los perturban tanto los cuestionamientos? La promesa de riqueza fácil y abundante es como el canto de las sirenas, que atrae a los navegantes incautos a los rompientes y a la muerte. Ante el ensimismamiento de la humanidad, el papa Francisco avisa que, “así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”. Y agrega: “El dinero es

En el marco del Día del Profesional del Derecho, que se celebra el 30 de junio en El Salvador, condenamos la violación sistemática al Estado de derecho, acentuada con las actuaciones del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, bajo órdenes del presidente de la República. Este día conmemorativo nos hace un llamado a recordar lo aprendido en las aulas; recordar que el principio de legalidad, la defensa de la Constitución, el límite al poder y la protección de los derechos humanos fueron pilares fundamentales de nuestra educación. Estamos viviendo una hora oscura, en la que como estudiantes y profesionales del derecho no podemos quedarnos impávidos y en silencio. El considerando III del decreto 108 que estableció el 30 de junio como Día del Profesional del Derecho nos recuerda que estamos llamados a velar “por la justicia y la legalidad en las actividades públicas y privadas, contribuyendo así a la paz y el progreso del país”. El cuarto y el octavo de los Mandamientos del Abogado, escrito por Eduardo Couture, uno de los procesalistas más influyentes, nos recuerdan el deber de luchar por la justicia, así como la fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, y la fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. A pesar de los tiempos que corren, es fundamental seguir creyendo en el derecho como uno de los mejores instrumentos para la convivencia humana. Como parte de la ciudadanía, no solo como abogadas y abogados, tenemos el deber de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República (artículo 73 ordinal 2). Además, nuestra profesión nos demanda a alzar la voz cuando los mismos magistrados y jueces del órgano judicial no solo ignoran, sino que vulneraran los preceptos constitucionales al ejercer sus funciones sin ser independientes, sin ser imparciales y sin someterse a la Constitución y a las leyes, tal como lo prevé el artículo 172. Después de lo ocurrido el 1 de mayo, poco o nada quedará de la función a la que está llamada la Sala de lo Constitucional: ¿cómo será posible afirmar que es un tribunal autónomo, exento de la intervención arbitraria de otros órganos del Estado?, ¿cómo será posible que sus funciones no se vean desnaturalizadas? Y es que los abogados que han participado en los referidos acontecimientos parece que no comprenden —o no quieren comprender— la gravedad de su actuación al levantar la mano y aceptar su supuesto nombramiento como magistrados, sabiendo que no se han respetado las garantías del debido proceso ni los procedimientos establecidos en la Constitución. A partir de la nueva elección de funcionarios, los jueces, abogados/as y notarios/as quedan a merced de la voluntad del Ejecutivo, pues hay que recordar que la Sección de Investigación Profesional, el Departamento de Investigación Judicial y la Sección de Notariado son parte de una Corte Suprema de Justicia de la cual resultaría muy difícil predicar su independencia. Será entonces importante que los profesionales en derecho, hoy más que nunca, seamos los más arduos defensores de nuestra norma fundamental y exijamos que no se cometan actos arbitrarios no solo al interior del órgano judicial, sino también en el resto de órganos y entes estatales, y se respete el ordenamiento jurídico. No debemos adoptar una actitud pasiva o hacer la mirada a un lado; los derechos fundamentales ahora pisoteados son de todas y todos. Este día en particular adquiere una connotación más trascendental. Estamos a casi dos meses desde que la Asamblea Legislativa decidió actuar de forma inconstitucional y arbitraria. También estamos a un mes desde que Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, partió de este mundo. Ese es un llamado para que quienes seguimos acá redoblemos nuestro esfuerzo y compromiso por la defensa del Estado de derecho. Como dijo, san Romero, “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira”.

Uno de los motivos más evocados por el presidente es la originalidad de sus ideas y posturas: lo suyo es totalmente inédito, nunca nadie había hecho como él o él es el primero en dos siglos de historia nacional. El discurso del 1 de junio contiene algunas perlas de esa curiosa conciencia de ser un mandatario inimitable, el primero y el último. El encabezado del twitter presidencial enuncia la autopercepción de esa singularidad: “Escribiendo una nueva historia”. En la arenga del 1 de junio, se destacan dos formulaciones: “Por primera vez en 200 años”, en alusión al bicentenario de la independencia centroamericana, y “Por primera vez en la historia” o, simplemente, “por primera vez”. Esta es la “primera vez en 200 años” que “la oligarquía perdió [la] oportunidad de controlar el poder formal”, que los oligarcas “no tuvieron otra opción que salir y dar la cara”, que la democracia no es “una pantomima”; “llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal […] pero estamos construyendo una verdadera democracia”, un “destino inexorable que tardó 200 años en llegar”. Y es “la primera vez en la historia” que “realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino”, que “tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos [...] romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo”; que varios de los proyectos viales más grandes […] se están realizando”; que “nuestra historia empezó a cambiar para siempre”; que “no hay izquierda ni derecha”; que “9 de cada 10 salvadoreños apoyan una visión, a un gobierno, a un presidente”; que “el pueblo es parte de este movimiento, de estas transformaciones”; que “el pueblo es el único poder fáctico terrenal al que el gobierno obedece”; que “somos sede de un campeonato mundial de surf. El primero en la historia que clasificará atletas a los juegos olímpicos”. Y, más recientemente, el país es “uno de los 14 acontecimientos más importantes en 12,000 años de la ‘Historia del Dinero’”. Estos prodigios, según la heterodoxa interpretación presidencial, se deben a que “es la primera vez que tenemos una providencia que sí nos ampara”. La afirmación roza la herejía. La Providencia divina cuida por igual de todos los seres humanos de todos los tiempos, esto es, no privilegia al mandatario salvadoreño. Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45), porque es Padre de todos, no solo de los Bukele, sus socios y sus seguidores. Ese Padre bondadoso no discrimina a nadie, contrario a la práctica presidencial. Por tanto, si, como asegura Bukele, “no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con la gente”, debe cambiar radicalmente su conducta. Quien cree, en un arranque de insolencia, que el Dios de Jesús solo se complace en él, no camina “con Dios por delante”. Apropiarse de la Providencia divina es una acción tan disparatada como la de los constructores de la torre de Babel, que en su vanagloria quisieron alcanzar el cielo e igualarse a Dios, pero se perdieron en la confusión. Es la desmesura de una naturaleza humana desordenada, que, confiada en una falsa seguridad ilusoria, cree que el futuro es infaliblemente suyo. De ahí la insistencia en su índole única e inimitable. En el fondo de esa creencia hay mucho de superstición. Al igual que Marx, Bukele cree en la existencia de una ley infalible que conduce la historia al paraíso y que él es el partero que acelera el nacimiento del edén salvadoreño. Esa supuesta seguridad obedece, según el papa Francisco, a un voluntarismo autorreferencial y prometeico, que confía fanáticamente en sus propias fuerzas y se siente superior a los demás. Esa engañosa convicción adolece de un elitismo narcisista y autoritario, que siente fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, se vanagloria de su propia gestión, encasilla a los demás y gasta energías en controlar. “Ni Jesucristo, ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico” (EG 94, 95). La superstición de Bukele vuelve perezosos a sus seguidores, encandilados por el disfrute inmediato de las delicias del paraíso. Pero el progreso no es inexorable ni infinito. Los liberales del siglo XIX, que comulgaron con esa superstición, colocaron los fundamentos de la sociedad de la cual Bukele ahora reniega. El progreso se da, pero también el retroceso. En cualquier caso, progreso habrá cuando se dediquen a la educación las mejores energías, entendiendo por educación no una mera capacitación técnica, cerrar la brecha digital; ni parcial, la primera infancia, sino el esfuerzo para que cada persona dé de sí lo mejor. La pereza hace que muchos deseen ser dictados por quienes quieren ser dictadores. Un hecho confirmado por las intervenciones fanáticas y los entusiasmos delirantes de las redes sociales que acompañan al partero del paraíso nacional. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los derechos humanos son no solo una ética que asegura la convivencia pacífica, sino también un camino de desarrollo humanizante y fraterno. Pese a ello, en nuestra caso, la tendencia gubernamental a despreciarlos viene de lejos. A lo largo de los años, El Salvador ha recibido toda una serie de recomendaciones por parte de las agencias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitan cumplir estándares ratificados vía pacto o convenio internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA presentó recientemente una investigación sobre el incumplimiento sistemático de dichas recomendaciones. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó nuestro país en 2018 y dejó 51 recomendaciones al Estado salvadoreño, de las cuales solamente el 11% se han cumplido parcial o totalmente. De las más de 100 recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal realizado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solamente se ha cumplido una quinta parte de ellas; una suerte parecida han tenido las más de 40 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo a El Salvador tras su visita a finales de 2019. En un nuevo ciclo del Examen Periódico Universal, ya en los años 2019-2020, el Estado aceptó 159 de las 207 recomendaciones que el Consejo le presentó; entre ellas, mejorar el marco legal salvadoreño tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. En este marco, el evidente deterioro de la institucionalidad democrática y el retiro de legislación ya avanzada en temas de derechos humanos desnudan la despreocupación oficial ante las recomendaciones internacionales. Este comportamiento conduce al descrédito en la escena global, por más que la maquinaria propagandística del Gobierno se esfuerce en presentar un panorama diferente. El respeto a los derechos humanos es un principio que la comunidad internacional impulsa a todo nivel. El desconocimiento de la normativa sobre el tema y el desdén a la misma no solo muestra una enorme pobreza democrática e intelectual, sino que además ubica al país en inferioridad de condiciones frente a naciones que entienden la importancia fundamental de los derechos humanos y son consecuentes en la práctica con ello. Comprometerse solo de manera propagandística con el respeto a los derechos humanos, incumpliéndolos o desdeñándolos en el día a día, solo llevará en el mediano plazo a una mayor división y deterioro social del que el país ha sufrido en el pasado. Así como un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se opuso antes a la extradición de los militares acusados de la masacre en la UCA, hoy la Sala de lo Constitucional impuesta ilegalmente se opone a la extradición de un pandillero acusado de asesinato. Ello muestra el deterioro radical del pensamiento y el accionar jurídicos. No por casualidad ha desaparecido de la propaganda oficial la expresión “los mismos de siempre”: los viejos vicios continúan activos, sin que haya ninguna diferencia entre las nuevas caras y las “de siempre”.

“Todo venezolano debe tener su wallet petro, porque en cualquier momento, a partir de ahora, le cae su petro. El petro es la solución para Venezuela”, dijo Nicolás Maduro el 19 de noviembre del año pasado cuando anunció que su Gobierno daría a cada trabajador de la salud medio petro, equivalente a $30 dólares. El petro es la criptmoneda que el presidente venezolano creó el 3 de diciembre de 2017; ante la poca receptividad de la población, se vio obligado a promover su uso regalando dinero a la gente. Más de tres años después de su creación, la divisa digital no tuvo ningún impacto en la recuperación de la devastada economía del país suramericano. Más bien, la criptomoneda ha sido utilizada como un sistema de control social y financiamiento temporal de la deuda interna. El Salvador no es Venezuela ni el petro es el bitcóin, pero las similitudes son llamativas. Las finanzas públicas salvadoreñas están maltrechas; de no ser así, no serían necesarios los cientos de millones de dólares en préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo. Además, no hay señales de avance en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un préstamo de $1,300 millones a través de un acuerdo de servicio ampliado. La capacidad de endeudamiento de El salvador está llegando a su fin. A esto se suma la caída en los precios de los bonos y la baja calificación del riesgo país debido a la inseguridad jurídica nacional y la falta de un plan económico serio. El Gobierno urge de dinero y se está quedando sin opciones razonables. Ante este panorama, el presidente Bukele, a través de sus diputados, aprobó la legalización del bitcóin como moneda de curso legal en el país. La respectiva ley, un texto de no más de tres páginas plagado de vacíos y ambigüedades, ha desatado muchas críticas y dudas. Para intentar disipar la incertidumbre y defender su proyecto, Bukele llamó a cadena nacional. El presidente acusó a la oposición de tergiversar la ley y sembrar temores entre la población. Según esta lógica, serían miembros de la oposición todos los actores externos que han cuestionado el uso del bitcóin como moneda, entre ellos varios premios Nobel de economía y funcionarios de organismos financieros internacionales. El presidente no dijo nada acerca de que el bitcóin es apetecido para lavar dinero mal habido. Tampoco aclaró a quién y a qué precio comprará El Salvador los bitcóin que repartirá entre quienes descarguen la aplicación gubernamental para el manejo de la criptomoneda. No habló de la comisión que se cobrará por convertir los bitcóin en dólares y viceversa. Que el bitcóin y su ley hayan sido motivo de cadena nacional y que se ofrezca un incentivo monetario a cada persona que se sume a la aventura presidencial refleja que el tema es de primer orden para Bukele. Lo que no se entiende, lo que el presidente no sabe o no quiere explicar es por qué tanto interés. Si todas las transacciones son en dólares, ¿para qué se necesita el bitcóin? ¿Cuál es la necesidad de implementarlo desoyendo todas las advertencias de expertos? ¿Quién se quedará con las comisiones que se cobren por el manejo del bitcóin? Si todo el que reciba la criptomoneda la cambiará a efectivo inmediatamente, ¿de dónde saldrán esos dólares? Mientras las preguntas se multiplican sin cesar, el presidente y sus funcionarios se enredan cada vez más en un tema que, a la vista de sus atropelladas e incoherentes declaraciones, no manejan. Hasta el momento, muchas dudas sobre el bitcóin y una única certeza: los problemas del país continúan sin

Nuestra Constitución afirma que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, y que este está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Bajo esta premisa constitucional es que debe evaluarse si el Estado está cumpliendo con su misión. Y cualquier análisis, por superficial que sea, deja en evidencia que no es así. Mientras un pequeño grupo de salvadoreños ha logrado un alto nivel de bienestar, incluso por encima del de países más desarrollados, la mayoría vive con muchas carencias; existen grandes brechas en la satisfacción de las necesidades básicas entre las personas que viven en las zonas rurales y las que habitan en las urbanas, las que tienen un empleo digno y las que no, entre los hombres y las mujeres. A la fecha, ningún Gobierno, del signo que sea, ha logrado mostrar con claridad en la realidad cotidiana que la persona humana es el origen y el fin del Estado, y que este trabaja por la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Aunque este fracaso se debe fundamentalmente a que las élites políticas y económicas que han dirigido y administrado el Estado no han tenido en mente trabajar por el bien común y la justicia social, la incapacidad de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones es otro factor que explica el desastre en el que nos encontramos. Si el Estado salvadoreño quiere ser coherente con sus fines constitucionales, necesita, en primer lugar, reformular cómo se entiende a sí mismo y cómo actúa en la práctica, más allá de discursos; y en segundo lugar, trabajar para que la administración pública sea capaz de responder a las necesidades de desarrollo y bienestar de la población salvadoreña en su conjunto. Como afirma Naciones Unidas, “la administración pública es la piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas”. Desde hace algunos años, entre algunos grupos de la sociedad civil hay clara consciencia de la urgente necesidad de transformar la administración pública para que el Estado cumpla con su misión. De estos grupos surgieron las propuestas de reforma a la Ley del Servicio Civil y de una nueva normativa de la función pública. Ambas con el mismo fin: modernizar y profesionalizar la administración pública. Sin embargo, estas iniciativas no lograron reunir el apoyo político necesario para ser implementadas, ni lo lograrán dada la poca importancia que el Gobierno actual le da a la cuestión. A pesar de que Nayib Bukele dice presidir una administración que trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana, muchos de sus funcionarios no tienen la capacidad requerida para ejercer sus cargos ni para resolver los problemas del país; la mayoría han sido elegidos por su relación con la familia Bukele, su identificación con las ideas del presidente y su subordinación al mismo, no por sus cualificaciones profesionales. Además, por el único motivo de no gozar de la confianza del mandatario, de la función pública han sido apartadas muchas personas capacitadas y con amplia experiencia. Este escenario solo da pie al pesimismo. Sin funcionarios profesionales y con vocación de servicio, capaces de adaptarse a los cambios y de actualizarse constantemente, el Estado no podrá responder a las necesidades crecientes de la población ni posibilitar que se alcancen los niveles de desarrollo humano sostenible a los que el país aspira. En el corto plazo y mediano plazo, el estancamiento está asegurado.

En el ambiente político actual, defender derechos de manera independiente, fuera de la órbita gubernamental, está mal visto. Aunque ya en anteriores administraciones se ha criticado o acosado a defensores de derechos humanos, hoy en día se está dando un modo nuevo de hacerlo: se recurre al insulto en redes sociales, a la descalificación en los medios de comunicación del Estado, a las burlas prepotentes de los funcionarios e, incluso, a la amenaza y la manipulación jurídica de acusaciones pagadas. Establecer la verdad sobre el pasado o sobre el presente —intentarlo siquiera— choca con la resistencia de muchos funcionarios y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este último, por ejemplo, no tiene ningún reparo en utilizar caprichosa y maliciosamente el derecho a la privacidad para encubrir el nepotismo. Quienes defienden derechos y acusan al Gobierno de violarlos son considerados residuos politizados de un pasado corrupto. A los periodistas se les obstaculiza su labor cuando buscan la verdad de hechos que podrían evidenciar fallos gubernamentales. Y si insisten, pueden sufrir la agresión de funcionarios, llegándose hasta el extremo de amedrentarlos mediante seguimiento policial. Esta situación está enmarcada en la calentura autoritaria que la Presidencia de la República ha contagiado a sus partidarios y funcionarios. En el fondo, aparte de autoritarismo, lo que hay es ignorancia y mala fe. Quienes atacan a los defensores tienen una idea muy superficial de los derechos humanos; no consideran que estos sean irrenunciables e irrevocables, ni creen que deben inspirar a todas las actividades del Estado. A la vez, actúan de mala fe, porque conociendo la Constitución, como se supone que todo funcionario debe conocerla y tenerla presenta, no les importa que la misma tenga como punto de partida los derechos humanos. Esta actitud se ha mostrado con claridad cuando se ha denostado y despreciado a quienes desean que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado. También en el debate sobre el derecho al agua y al cerrar oídos a las preocupaciones sobre la problemática que para mucha gente entrañará el uso del bitcóin. La verdad, la legalidad y el conocimiento son despreciados si exponen errores, irregularidades o delitos del Gobierno y de las instituciones controladas ilícitamente por el Ejecutivo. Defender derechos es una de las tareas más nobles de los últimos siglos. En el XIX, los trabajadores comenzaron sus luchas por los derechos a la sindicalización y al salario digno. En el siglo XX, las luchas de los pueblos por la autodeterminación y la defensa de la vida cambiaron la historia. Gandhi, Martin Luther King y monseñor Romero son claros exponentes de esas tareas. La lista de quienes en El Salvador dedicaron su vida a los derechos humanos es larga. Por todo ello, oponerse a la promulgación de una ley que proteja con claridad a los defensores de derechos humanos es un acto de ignorancia que evidencia gran desprecio por la democracia. Perseguir, hostigar y amenazar a periodistas y defensores de derechos humanos es renunciar al rumbo democrático de la civilización y confirmar el gusto por el manejo dictatorial del poder.

Es contradictorio que a pesar de la gran cantidad de lluvia que El Salvador recibe cada invierno, no haya, en calidad y cantidad, suficiente agua para toda la población. Una visita a las comunidades de la periferia del gran San Salvador basta para comprobar que mucha gente, sobre todo de las colonias más pobres, no tiene garantizado el servicio. Hay barrios que pasan semanas, incluso meses, sin recibir agua. Lo mismo sucede en muchas zonas del interior del país. Por ello, reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos y aprobar una ley general de aguas son demandas exigidas desde hace lustros. En 2006, hace 15 años, se presentó el primer anteproyecto de ley general de aguas. Ello dio pie a que se iniciaran esfuerzos por aglutinar al movimiento social entorno a una propuesta consensuada de normativa sobre el agua. El trabajo conjunto de comunidades, organizaciones sociales de diverso tipo e Iglesias dio frutos: en enero de 2020 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta ciudadana sobre una ley general de aguas. El núcleo de la propuesta tiene cinco características, que para el movimiento social son innegociables. En primer lugar, reconoce el agua como un derecho humano, un bien público, por lo que, en consecuencia, su uso prioritario es satisfacer las necesidades de la población, por encima de los intereses de los sectores agropecuario, industrial y turístico, por ejemplo. En segundo lugar, por ser un bien público, le corresponde al Estado constituir el ente rector del agua; las decisiones estratégicas sobre el líquido no pueden ser potestad del sector privado. Ligado con lo anterior, en tercer lugar, en la toma de esas decisiones debe haber una amplia participación ciudadana. En cuarto lugar, promueve que el agua sea gestionada por un régimen económico justo y equitativo, fuera de la lógica de lucro. Finalmente, estipula que el agua se gestione desde el enfoque de cuenca hidrográfica, ya que la cuenca constituye la unidad natural y social de una gestión que determine las acciones necesarias para la protección, aprovechamiento y recuperación del agua. Hace pocos días, el presidente de la República anunció la presentación de su propuesta de ley general de aguas. Y los diputados oficialistas dijeron que no discutirán ninguna otra que no sea esa. Ya sea que la propuesta del presidente sea un refrito o simple copia de la presentada el año pasado, o en verdad una nueva, lo fundamental es que la ley que se apruebe incluya los cinco puntos reseñados antes. Si se aprueba una legislación que incluya esos puntos, los salvadoreños contarán con una buena herramienta legal para luchar por sus derechos; si no es así, se ignorará un clamor popular y se comprobará que, más allá de promesas y propagandas, al presidente y sus diputados les tiene sin cuidado el bienestar de la población.

Lo que cualquier población espera de sus gobernantes es que tengan como objetivo principal satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Usualmente, este es el principal, si no el único, criterio de evaluación de un gobierno y en base a ello se establece el apoyo que recibe por parte de los ciudadanos. En El Salvador, los gobernantes han solido iniciar su andadura con un importante apoyo que se ha ido desgastando conforme pasa el tiempo, precisamente porque no han sido capaces de responder a los intereses y a las necesidades más sentidas de la población ni cumplir con sus expectativas de desarrollo. Además, la falta de honestidad de la mayoría de funcionarios, que con demasiada frecuencia se han enriquecido a costa del erario público, ha sido determinante para que la población, tarde o temprano, les retire su confianza. Así fue como perdieron el apoyo popular la Democracia Cristiana, Arena y el FMLN, y lo mismo sucederá con cualquier partido que gobierne de espaldas a la población y no sea capaz de responder a las expectativas populares. En países con más cultura democrática, es cada vez mayor la demanda de que los gobernantes se mantengan cercanos a la población para que conozcan de primera mano sus problemas, necesidades, deseos y proyectos de vida. En nuestras latitudes, durante las campañas electorales, quienes aspiran a ocupar un puesto en el Estado se mezclan con la gente, en especial con los más sencillos, pero una vez elegidos se integran al grupo de los que creen estar por encima del pueblo. Muchos políticos se consideran ungidos, investidos de un conocimiento y sabiduría infusos, por el hecho de haber recibido más votos que el resto. Así, están convencidos de que saben lo que la población necesita y lo que mejor le conviene. Excepcionales son los representantes del Estado que una vez electos se toman el tiempo de sentarse con la gente para conocer a fondo y de primera mano su realidad, y escuchar y hacer suyas las propuestas que tiene para resolver sus problemas. Desde el fin de la fuerra, las autoridades que El Salvador ha tenido a lo más que han llegado es a gobernar para la gente, pero no han dado el paso a gobernar con la gente, y esa carencia ha sido fundamental en su fracaso. La clave está en no solo escuchar a la población, sino en hacerla partícipe de las acciones encaminadas a resolver los problemas que sufre en carne propia; es decir, optar por la horizontalidad política, no por la verticalidad tradicional. El éxito de una administración pública está ligado a su capacidad de actuar en colaboración con la sociedad y ofrecer espacios para la participación organizada de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de los asuntos de interés público; en su capacidad de establecer mecanismos mediante los cuales la población articule sus intereses, ejerza sus derechos, cumpla sus obligaciones y resuelva sus diferencias. La gestión de Nayib Bukele es claramente verticalista; está arraigada a la tradición de gobernar para la gente sin la gente. El suyo es un gobierno elitista convencido de saber lo que los salvadoreños quieren, por lo que no necesita escucharlos ni contar con ellos para la solución de sus problemas; el suyo es un gobierno que excluye a muchos de los que podrían colaborar y participar en la búsqueda de soluciones a las necesidades colectivas. Por tanto, sus posibilidades de éxito a largo plazo son reducidas.

En la tradición cristiana siempre se ha dicho que la conciencia es más importante que la ley. Debemos obedecer las leyes, nadie lo duda. Pero la conciencia, en caso de confrontación con la ley, tiene prioridad. A los Estados, especialmente a los autoritarios, nunca les gustó este tipo de pensamiento. En las democracias, sin embargo, la importancia de la conciencia se ha abierto camino. El caso de los objetores de conciencia que se niegan a prestar servicio militar se respeta cada vez más en los países democráticos. E incluso se legislan diversas formas legales para superar el enfrentamiento entre la conciencia de algunos ciudadanos y las normativas vigentes. En El Salvador, con una tradición militarista y autoritaria en el modo de ejercer el poder político, el tema de la conciencia se suele dejar en el olvido. Todos recordamos la facilidad con que durante la guerra civil se obedecían las órdenes ilegales de matar. Todavía hoy hay gente que no tiene ningún reparo a la hora de matar. El caso del asesino de Chalchuapa y la rapidez con la que se le ofrece criterio de oportunidad muestra lo habitual que es negociar con la vida humana. La tendencia a obedecer al poder va no solo más allá de las leyes, sino también más allá de la conciencia. Salvo contadas excepciones, los legisladores han sido más obedientes a la voluntad del líder político de turno que a la propia conciencia. En la actualidad, la relación entre la obediencia al líder y el seguimiento de la propia conciencia se ha decantado por la obediencia absoluta. Ni siquiera se examinan leyes o incluso deseos que vengan de la cúpula del poder. El asentimiento y los aplausos sustituyen rápidamente al debate. La rapidez con la que aparecen leyes, decretos y novedades contrasta con la complejidad de los problemas existentes, que permanecen presentes y sin mayor transformación. Cambian las imágenes, las promesas, las monedas, los tuits, pero la pobreza, el miedo y las diversas formas de inseguridad continúan idénticas e inalteradas. El ser humano siempre ha buscado el bien y la verdad. Sobre esos dos valores se construye la conciencia moral. Pero cuando el bien y la verdad se confunden con la obediencia ciega o con la imagen o la opinión exaltada del líder, la conciencia se deforma y la moralidad se pierde. Las instituciones del Estado, compensatorias de diversas maneras en una democracia, están llamadas también a buscar el bien y la verdad. Son fuente de moralidad indispensable en un Estado de derecho. Pero cuando esa búsqueda se sustituye, aunque sea parcialmente, por la voluntad del líder, se entra rápidamente en un proceso de deformación de la conciencia que daña tanto a la persona como al Estado. Es cierto que la humanidad ha desarrollado una moralidad laica externa al poder, supervisada por la ONU, que normalmente llamamos “derechos humanos”. Pero El Salvador tiene una larga trayectoria de incumplimiento de esa moralidad. Todavía hoy cargamos con profundas deudas respecto a tanta víctima del pasado. Y todavía hoy seguimos negándonos a ratificar protocolos y convenios con los que la humanidad quiere avanzar en la construcción de una moralidad cívica y estatal. Exaltamos la ley penal, pero dejamos en el olvido, o al menos en cámara lenta, preceptos constitucionales que exigen al Estado educación y salud de calidad, bienestar económico y justicia social. E incluso en la ley penal ponemos más confianza en la dureza del castigo para los pocos que son enjuiciados, que en la lucha y el trabajo en contra de una impunidad demasiado generalizada. El único camino hacia el desarrollo humano y moral se encuentra en la capacidad de mirar críticamente la realidad, conocer nuestras responsabilidades y desarrollar la propia conciencia en armonía con el bien común y la verdad de la igual dignidad humana. La fiesta del aplauso unánime que impide el diálogo racional y el pensamiento crítico nos deja en el mismo sitio, o incluso peor, en que nos dejaron los “mismos de siempre”. * José María Tojeira, director del Idhuca.

¿Verdadera democracia? Las condenas nacionales e internacionales por las decisiones y acciones que en el país atentan contra la democracia han sido respondidas por el presidente Bukele con el argumento de que se está construyendo una verdadera democracia. La afirmación choca de frente con los hechos. Si un principio democrático tradicional es la división de poderes, el mandatario quiere tenerlos a todos a sus órdenes; si en la democracia es fundamental la independencia del órgano judicial, Bukele afirma que tiene derecho a disponer de jueces que le obedezcan; si una característica de la democracia es la libertad de prensa y de pensamiento, para el presidente es necesario acabar con todo aquello que discrepa de su discurso. En su lógica, puesto que la población votó y le dio su respaldo, todo lo que él hace es porque el pueblo así lo quiere; por tanto, no debe informar de nada, dar cuentas de nada, ni tomar en cuenta la opinión de nadie. “Sí, presidente” es la expresión distintiva de lo que Bukele entiende por democracia Pero no está inventando nada. La comunista Alemania Oriental se denominaba República Democrática Alemana; el nombre oficial de Corea del Norte es República Democrática Popular de Corea. Es común que dictaduras y regímenes totalitarios mantengan los poderes clásicos de un Estado democrático (el poder legislativo, por ejemplo), pero otorgándoles un papel decorativo. Por cuestión de legitimidad en la escena internacional, casi todos los Gobiernos quieren ser considerados democráticos. Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba poseen asambleas nacionales, consejos de ministros, tribunales electorales, aunque en la realidad esas instituciones no controlan el ejercicio del poder ni sirven de contrapesos. Y por ello esos cuatro países no son considerados regímenes democráticos. Ciertamente, la democracia formal no ha solucionado los graves problemas que afectan a los salvadoreños. Pero la verdadera democracia no se agota en derechos civiles y políticos como la libertad de votar, asociarse e informarse; incluye derechos sociales y económicos como el derecho a la seguridad, a la alimentación, a la vivienda, al agua y al trabajo digno. Es obvio que la democracia en el país no ha resuelto la vida de las mayorías. Pero de lo que se trata no es de demolerla, sino de hacerla avanzar hacia esos otros derechos indispensables para la vida. Para seguir humanizando nuestra sociedad, es necesario que se cumplan los principios fundamentales de la democracia; entre ellos, la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a la Constitución. La verdadera democracia no se basa en la concentración del poder en una persona o grupo, y en la ausencia de garantía de los derechos humanos. Eso, más bien, es propio de una dictadura.

Fruto de su experiencia científica, basado en la ley de causa y efecto, Albert Einstein dijo que si se desea obtener resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Sin embargo, lo que Einstein no asegura es que operar de forma novedosa suponga per se obtener mejores resultados; esto último sucede solo si las acciones implementadas son las indicadas para alcanzar el logro esperado. Por ejemplo, un alumno que obtiene resultados mediocres en sus materias por dedicar poco tiempo al estudio decide hacer algo nuevo: dejar a un lado sus cuadernos y libros, jugar con sus amigos y presentarse a los exámenes sin estudiar nada. Esta persona habría hecho algo distinto y habría obtenido un resultado también distinto: peores notas que antes. Lo que no logró fue el resultado que él pretendía: mejorar sus notas. Si hubiera decidido estudiar más o buscar un método de estudio más adecuado a su forma de aprendizaje, entonces habría tenido más posibilidades de pasar sus materias. Algo semejante sucede con el Gobierno de un país. Si se quiere construir una mejor nación, no solo basta con gobernar de forma distinta, sino que también, y sobre todo, hay que gobernar bien, hay que tomar las decisiones más adecuadas, aquellas que puedan causar el efecto esperado. Esto requiere tener claridad sobre los cambios que se quieren impulsar e implementar las medidas que dichos cambios requieren. Las nuevas ideas pueden ser buenas o malas, muy buenas o muy malas. No es lo novedoso lo que hace que una sea buena o mala; la novedad no es sinónimo de bondad o de maldad. Una nueva idea puede ser perniciosa y causar grave daño a un país, o, por el contrario, causar mucho bien a la gente. Por ejemplo, comprar vacunas a China para disponer de ellas en el tiempo oportuno y en la cantidad necesaria para aplicarlas a toda la población, organizando, además, la logística necesaria para ello, fue una buena idea que permitirá mitigar los efectos de la pandemia. Pero, hasta ahora, pocas ideas del Gobierno de Nayib Bukele son buenas. La última, quizás la más novedosa de las que ha tenido, es que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Luego de una lectura de la ley aprobada en la noche de este martes 8 de junio, queda claro que esta es una idea peligrosa, que puede llevar a la ruina a nuestro país, hundir a muchos salvadoreños en la miseria. El Bitcoin, además de ser una moneda sin ningún tipo de respaldo ni regulación, más que la ley de la oferta y la demanda, es muy volátil, puede cambiar de valor respecto al dólar en pocas horas, incluso minutos; es decir, se devalúa y revalúa constantemente, su valor fluctúa en función de los caprichos del mercado. Adoptar esta criptomoneda no dará estabilidad económica ni generará más empleos; más bien, abonará a la inseguridad financiera y pondrá a El Salvador en la lista de los países donde es fácil lavar dinero. Con el Bitcoin, Nayib Bukele y los suyos se muestran dispuestos a apostar fuerte con recursos que no son los de ellos; una apuesta en la que se pone en juego el futuro del país y su gente. Qué cambio desean para El Salvador, no se sabe. Y poco optimismo despiertan las medidas que de modo irreflexivo están tomando. Con la inseguridad jurídica y económica que están generando, con las constantes violaciones a la Constitución, con la persecución a la sociedad civil, con la anulación de todos los mecanismos de control y rendición de cuentas se está empujando al país al abismo. Aunque sus ideas sean diferentes, Nayib Bukele parece empeñado en lograr lo mismo que Nicolás Maduro y Daniel Ortega: destruir el tejido productivo y la economía, imposibilitar el desarrollo económico y social, aumentar la pobreza, limitar las libertades fundamentales, hacer cada día más difícil la vida a su gente.

Los políticos y la utilización de Dios Utilizar a Dios, tanto en la política como en la guerra, es una costumbre que afortunadamente se va perdiendo. La fe cristiana tuvo en sus inicios una fuerte influencia en la desacralización del poder político, económico y militar. Al convertirse las iglesias, durante muchos siglos, en parte del Estado, una buena parte de esa tradición se abandonó. Pero otra parte permaneció en diversos escritos de teólogos y pensadores cristianos, germinando nuevamente después de la revolución francesa. En la Iglesia católica la verdadera tradición desacralizadora del dinero, el poder y las armas llegó a su plenitud en nuestra época en el Concilio Vaticano II. En la sociedad política la democracia, la separación Iglesia-Estado, y la declaración de laicidad del Estado tuvieron como origen la síntesis de racionalidad griega, esperanza judía y derecho romano que hicieron pensadores católicos durante la Edad Media. Dios se quedó en el seno de las iglesias y los valores éticos de la religión pasaron a ser, con sus formulaciones laicales propias, patrimonio de la convivencia democrática. A pesar de esta evolución positiva para un mundo multipolar y multicultural, algunos Estados y políticos quedaron con remanentes de religiosidad y tendencia a citar manipuladoramente a Dios. Citas a veces dramáticas y, en otras ocasiones, simplemente ridículas nos lo demuestran. Que Dios esté presente mediante una frase en el dólar, no deja de causar risa. El cinismo es demasiado evidente, sobre todo cuando el dinero se utiliza en el desarrollo de armas de destrucción masiva, manipulaciones políticas de toda clase o diversas formas de corrupción. Entre nosotros tampoco faltan las referencias a Dios entre los políticos. No importa la corrupción, la mentira o el autoritarismo. A los políticos les gusta citar a Dios porque piensan que con ello se ganan la confianza de la gente. Y lamentablemente, con frecuencia prefieren ganarse la confianza de la gente antes que la confianza de Dios. El actual Presidente de la República no ha sido ajeno a esa tradición. Al contrario, la ha radicalizado. En ocasiones difíciles, cuando estuvo a punto de dar un golpe de Estado militarizando y amenazando con disolver la Asamblea Legislativa, dio marcha atrás diciendo que Dios le había pedido paciencia. Y más recientemente, después de apoyar la ilegal destitución tanto de magistrados de la Corte Suprema como del Fiscal General, afirmaba con juramento que nadie se “interpondrá entre Dios y su pueblo”. La frase, por más altisonante y retórica que sea, no deja de ser contradictoria con respecto a la realidad salvadoreña. El hambre, la corrupción, el autoritarismo, el insulto, la violencia, la mentira, la desigualdad económica y social, a los ojos de cualquier creyente medianamente instruido, se interponen claramente entre Dios y su pueblo. Como se interponen también los seres humanos que roban, matan, mienten, acaparan riqueza o dañan por comisión u omisión a sus prójimos. Cuando se priva al ser humanos del acceso al agua o a la alimentación, o se envían a archivo propuestas de ley referentes a esos temas, algo se interpone entre Dios y su pueblo Utilizar a Dios en el discurso político es siempre atentar contra Dios. Porque el Dios cristiano lo que nos pide no es que lo pongamos en las frases de los políticos sino en el amor al prójimo. Es mucho mejor poner el derecho al agua para consumo humano y para saneamiento en la Constitución que poner el nombre de Dios en la bandera. El político cristiano, más que alabar a Dios en los discursos o poner su nombre en las instituciones, lo que debe hace es buscar justicia y amistad social, desarrollo equitativo y bienestar básico para todos. La referencia a Dios la debe hacer en su oración privada y en su participación comunitaria en la oración pública de la iglesia a la que pertenezca. Hablar de Dios y amenazar o mentir, o incluso evitar leyes justas, es una terrible contradicción. Como lo es también hablar de Dios y generar simultáneamente actitudes anticristianas: el odio al enemigo y la soberbia de creerse poseedores absolutos de la verdad no tienen nada que ver con Dios.

Nadie puede negar que hay y ha habido corrupción en El Salvador. La desigualdad económica y social es en buena parte fruto de ella, y la mayoría de la población así lo cree. Por eso “Devuelvan lo robado”, el lema propagandístico de hace dos años, tuvo tanta difusión y éxito. Sin embargo, una cosa es exigir con fines electorales la devolución de lo robado y otra dar los pasos necesarios para recuperar lo sustraído no solo al Estado, sino también a la ciudadanía. Es fácil tildar de ladrones a exfuncionarios de administraciones anteriores; lo difícil es investigar internamente la corrupción. Además, hay privaciones de derechos que constituyen, moralmente, perjuicios semejantes al robo; privaciones que pueden ser causadas tanto por el Estado como por empresarios. Un salario de hambre es una forma de sustraerle al trabajador parte de su derecho a una justa retribución. El catecismo de la Iglesia católica define con mucha claridad qué entender cuando se habla de robo: “Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas”. Y añade a la lista “la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro” e incluso dañar propiedades privadas o públicas. Todo ello exige que se repare a las víctimas. Y por eso el catecismo dice textualmente lo siguiente: “Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto”. Devolver lo robado no es una consigna política, sino una exigencia moral y, por supuesto, una obligación legal. La ley de extinción de dominio, promulgada hace algunos años en El Salvador, trata de restituir al Estado lo robado. Pero la legislación es insuficiente para garantizar que se devuelva lo robado en todos los casos en los que moralmente hay obligación de restituir bienes a personas. La supresión de la CICIES es, en este sentido, una mala señal. Si se hicieran públicos los hallazgos del organismo y si el fiscal general iniciara las investigaciones respectivas inmediatamente e imputara delitos a los funcionarios involucrados, se podría pensar que las insensateces del secretario general de la OEA son las que han provocado el cierre de la Comisión. Pero si continúa la actitud servil de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y los señalamientos de la CICIES son ignorados y archivados, habrá razón de sobra para sospechar no solo que existe corrupción gubernamental, sino que se está utilizando al Estado para encubrir un esquema organizado de saqueo de los bienes públicos.

El poder, así, en general, es la estructura de relación humana que ofrece a las personas posibilidades enormes de autorrealización o de autodestrucción. Posibilidades de hacer bien las cosas y crear un ambiente de solidaridad, libertad y servicio, o lo contrario: destruir vidas, arrasar culturas, dividir en superiores e inferiores a quienes somos iguales en dignidad y derechos. Un padre o madre de familia tiene poder para ayudar al hijo/a a crecer en libertad y solidaridad, o para inducirle hacia un egoísmo y una dependencia de sentimientos o ideas que le frustren finalmente en sus expectativas de vida o lo conviertan en un ser antisocial. El poder se utiliza para bien y para mal en todos los ámbitos de la vida social. La utilización en favor del bien ha puesto de manifiesto personalidades que se han vuelto universales por sus valores. Nuestro san Romero es una de las muestras más reconocidas universalmente de un hombre que puso toda su capacidad de poder al servicio de la fraternidad, el diálogo y el amor a quienes la sociedad orillaba y despreciaba. Pero también hemos tenido verdaderos déspotas, asesinos y ladrones que han causado muerte, pobreza y subdesarrollo económico y cultural. El autoritarismo, como uso arbitrario y muchas veces inhumano del poder, ha sido una plaga en El Salvador. Enriquecimiento, corrupción, manos manchadas de sangre y dolor, sufrimiento concentrado en las mayorías pobres o vulnerables del país fueron los resultados del ejercicio autoritario del poder. Hoy, al menos en un amplio sector de la población, nos encontramos de nuevo con un peligroso modo de pensar autoritario. Se advierte en las redes sociales, en las que con frecuencia se observan insultos, expresiones despectivas e incluso amenazas. Al hablar de política, no faltan quienes dicen, por supuesto erróneamente, que “el pueblo nos ha dado todo el poder para que hagamos lo que queramos”. O por otro lado, algunos parecen desear castigos más fuertes a El Salvador de parte de países o instancias internacionales, más allá de las consecuencias que eso pueda traer para las mayorías empobrecidas. Frente a este tipo de posturas hay que ser enfático. El pueblo no le ha dado a Nuevas Ideas el poder de hacer lo que le dé la gana. Hay normas, tanto nacionales como internacionales, que debemos cumplir. E incluso algunas de ellas ni siquiera las podemos cambiar, aunque no las queramos cumplir. Y hay valores éticos que están y seguirán estando por encima de cualquier veleidad o capricho de quienes detentan el poder. Es irreal pensar que en un mundo multipolar y multicultural nos podemos aislar o proteger nuestro aislamiento bajo la sombra de algún imperio. Podemos negarnos, como hemos hecho desde hace muchos años, a firmar y ratificar el convenio adicional de Naciones Unidas sobre tortura. Pero eso no aumentará nuestro prestigio, sino nuestro desprestigio. Y más mientras continúe habiendo signos de brutalidad en algunos miembros de la PNC y de las autoridades carcelarias. El poder total nunca lo ha tenido nadie en la historia. Por eso, la mayoría de los dictadores han muerto fuera del poder. E incluso los que han muerto en el poder, si tras la muerte tuvieran conciencia de algo de lo que pasa en la historia humana, habrían visto cómo sus instituciones y sus fieles seguidores se convierten también en polvo vergonzante. La democracia pone el poder en las leyes, no en las personas. Y las leyes se ponen siempre al servicio de todas las personas. Es la ley, si está bien hecha y si se cumple a cabalidad, la que garantiza la igual dignidad de la persona. Poner la dignidad en el control exclusivo del poder o en la manipulación de las leyes en beneficio del poderoso es el camino equivocado de los regímenes autoritarios y las dictaduras. ¿Queremos democracia en El Salvador? Tengamos un gobierno de leyes, no de personas con poder arbitrario que se saltan leyes y las manipulan a su favor. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El Estado sigue sin controlar el territorio, a pesar del ruido que mete Casa Presidencial con su Plan de Control Territorial. La última prueba de ello es el hallazgo fortuito de la fosa colectiva en Chalchuapa, que alberga varias decenas de cuerpos de mujeres abusadas sexualmente, de hombres y de menores de edad. El descubrimiento no fue obra de acuciosidad policial, sino del grito desesperado de una víctima y de la pronta reacción de los vecinos. La PNC ni siquiera se presentó con la presteza del caso. Este hecho horroroso se suma a la constante información sobre familias obligadas a abandonar su vivienda por las pandillas, en diferentes partes del país (las últimas en Panchimalco). En algunas colonias de Soyapango, las pandillas controlan también la distribución del agua. “De qué sirve que ahora vengan policías y soldados y nos digan que nos quedemos, que nos van a dar seguridad”, cuestiona un vecino de Panchimalco, si “se van a quedar mientras pasa la alarma y luego se van a ir como ha pasado en otros caseríos”. El asesino en serie de Chalchuapa ha puesto en aprietos a una Casa Presidencial desconcertada, que no sabe cómo manejar el descubrimiento sin perder la cara. El país no parece ser tan seguro como pregona. Mientras las familias indagan sobre el hallazgo con la esperanza de localizar los restos de seres queridos desaparecidos, los funcionarios evaden las respuestas. No están claros sobre la cantidad de cadáveres encontrados; ni sobre la autoría de los asesinatos, que atribuyen a “un psicópata trastornado [sic]”, aunque hay otros capturados; ni sobre los beneficios concedidos al principal imputado. Los asesinatos en serie en Chalchuapa no serían más que una simple casualidad para estos funcionarios. Atrapados por los hechos, los funcionarios de seguridad pública optan por atacar a la prensa, sin ahorrar epítetos descalificativos. Les incomoda sobremanera que el caso de Chalchuapa y las desapariciones cuestionen la eficacia de su plan de seguridad. “Mejor atáquennos directo”, reclama el ministro del ramo, “pero dejen de estar generando una sensación de que el Plan de Control Territorial es un fracaso”. La necesidad de preservar su vigencia, un pilar del régimen de Bukele, los obliga a negar sistemáticamente el aumento de las desapariciones, en contra de la evidencia empírica. El ministro de seguridad intenta quitar hierro al fenómeno alegando que “tiene demasiadas aristas”, pues “hay desapariciones que están relacionadas con la actividad de grupos irregulares, otras con temas de familia, hay otras con temas incluso personales, de deudas”. Dicho de otra manera, no tiene mayor información sobre el fenómeno, desconoce sus motivaciones, su forma de operar y su impacto. Impotente y torpe, atribuye a la prensa la invención del fenómeno: “Como no hay muertos, hay desaparecidos”; y la amenaza: “No vamos a permitir que ellos sigan mal utilizando eso para generar zozobra”. La política oficial silencia todo aquello que ponga en aprietos al régimen. El silencio presidencial sobre los asesinatos en serie de Chalchuapa y sobre las desapariciones en general es inmoral e inhumano. El régimen es duro con las víctimas de la violencia social. Es incapaz de comprender la angustia y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Casa Presidencial enfatiza el éxito del Plan de Control Territorial. Bukele se congratuló porque “gracias a la rápida acción de nuestros oficiales e investigadores” se identificó al asesino en serie. Mientras tanto, en varios comentarios vulgares, el diputado jefe de su fracción despreció la angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos. Y en el colmo de la insensibilidad, el ministro de seguridad pretende extender a estos el silencio oficial. Les exige no buscarlos por las redes sociales, porque crean “inseguridad” y facilitan “el mal manejo intencionado” y porque “están fregando sicológicamente a sus hijos, porque los niños están apareciendo en las redes sociales”. En vez de ser “profetas de calamidades”, deben acudir a una Policía impotente e indiferente a sus denuncias. La fosa común en Chalchuapa ha sumido al régimen de Bukele en la irracionalidad y la insensatez. La angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos constituyen, en sí mismos, un argumento contundente. Negar las desapariciones, silenciarlas o atribuirlas a una prensa irresponsable no hace más seguro al país. A medida que pasa el tiempo, el muro que resguarda el mundo fantástico de Casa Presidencial muestra cada vez más fracturas por donde se cuela la realidad. Los asesinatos en serie en Chalchuapa son una prueba más de que el régimen, al igual que sus predecesores, tampoco controla el territorio nacional. Los homicidios han descendido, pero aún son demasiados para la norma internacional. El Gobierno no ha podido detener el éxodo de familias aterrorizadas por las pandillas, ni las extorsiones, ni las desapariciones, ni las sepulturas clandestinas. No controla lo que sucede sobre el territorio ni l

Conocí a Manuel Escalante en el año 2007 cuando inicié mis labores como docente a tiempo completo en la Universidad. “El Palo” o “Palo”, como le decían cariñosamente, era conocido por todos, por sus compañeros de carrera como estudiante de derecho, por el personal de la UCA como encargado del área de seguridad y, finalmente, por los colegas del Departamento de Ciencias Jurídicas como docente y doctorante en Derecho Constitucional. En esa etapa coincidí con Manuel. En aquellos años, junto a Manuel éramos cuatro o cinco profesores a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Jurídicas, todos jóvenes con la cabeza hinchada de sueños de cambiar la visión de las ciencias jurídicas en nuestro país, volverla más crítica y menos memorística o ideologizada con doctrina inútil o extranjera; un derecho con los pies en la tierra, comprometido con las necesidades sociales del país, “historizado” en los términos que utilizó el padre Ellacuría respecto a los derechos humanos. De alguna manera, todos renunciamos un poco a ese sueño académico de nuestra juventud; pasó lo que sucede siempre y el pragmatismo mató la promesa para todos, menos para Manuel. Él continuó en la UCA hasta encontrar la manera más apropiada y efectiva de cumplir ese ideal trazado, asumiendo la subdirección del Idhuca. Manuel fue un amigo y compañero; fue quien se ofreció a dar las vueltas y trámites cuando me incapacité y lo necesité. Fue un estupendo docente preocupado por perfeccionar los conocimientos de sus estudiantes, hasta el punto de esperar una escrupulosa ortografía. Manuel fue un incansable luchador por los derechos humanos, siempre preparado para la siguiente reunión, el próximo proyecto o artículo que sirviese para cumplir su compromiso con los derechos fundamentales. Manuel fue quien mejor comprendió lo que en verdad representa la labor jurídica desde una visión universitaria. Los derechos humanos, decía Manuel, no basta con conocerlos o citarlos, no son conceptos o doctrinas que adornan los discursos de la manualística o los informes estatales. Los derechos humanos son realidades, deudas que se tienen con las grandes mayorías populares, realidades negadas por una violencia tan enraizada como sistémica. La partida de Manuel Escalante es una pérdida irreparable para nuestra comunidad académica y jurídica, sobre todo en estos tiempos, donde la sombra del autoritarismo se cierne sobre nuestras cabezas. Manuel será extrañado, aunque no tanto como necesitado. Hoy su ejemplo de vida nos dará aliento para buscar un derecho vivo que finalmente se corresponda con la altura de los valores que lo fundamentan, y no con la pobreza y bajeza de su ejecución ideologizada. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

José María Tojeira 29/05/2021 Dicen que dos personas no pueden dialogar si una de ellas no quiere. Pero si uno insiste en su deseo y apertura al diálogo, acaba ganando la apuesta, al menos en el largo plazo. Amparados en una masiva victoria electoral, un buen grupo de diputados prescinden del diálogo, especialmente si la contraparte que intenta dialogar parte de un pensamiento crítico. Lo críticos también con frecuencia se obstinan en solo ver realidades malas en la situación actual y se niegan a reconocer cualquier actividad o situación positiva. En este contexto, no es raro preguntarse si es posible el diálogo entre las partes enfrentadas. Dada la dureza y permanencia de nuestros problemas, es posible que el tiempo irá ayudando a frenar el mesianismo de unos y la cólera crítica de otros. Por eso, aunque de momento las perspectivas de diálogo se puedan ver muy negativas, es importante hablar del tema. De entrada, hay que trabajar por romper la estructura mental de ver todo en blanco y negro. Muchos de lo seguidores del actual régimen fueron miembros de otros partidos y no dan la impresión de estar muy arrepentidos de su historia. O al menos no se acusan a sí mismos de haber sido ladrones y cómplices de la inutilidad casi absoluta que el régimen al que admiran atribuye al pasado inmediato. También los críticos del régimen, por poner un ejemplo, prefieren ver cualquier problema en el proceso de vacunación y no reconocer que, para las posibilidades del país, ha sido sorprendentemente ágil hasta el momento. Un punto de necesaria convergencia en el que hay que insistir es la situación de empobrecimiento en el país. Un país con casi un 40% de la población en pobreza a causa de la pandemia y otro 40% en situación de vulnerabilidad no puede avanzar sin un proyecto común. Y no existe tal proyecto. Reflexionar sobre las necesidades de nuestro pueblo, mayoritariamente pobre y vulnerable, será siempre el objetivo más humano y positivo si se quiere comenzar un diálogo efectivo. Lamentablemente, la soberbia de los triunfos electorales espectaculares conduce a pensar que no se necesita a nadie para resolver problemas. Por otro lado, esa clase media estable que compone el 20% de la población y el mínimo porcentaje de los muy ricos se preocupan más de sus intereses que de las necesidades de los pobres. Mirar con mayor humildad unos las necesidades de nuestro pueblo pobre, y con mayor generosidad y capacidad de sacrificio otros, ayudaría a encontrar un punto indispensable de futuro. Y ya hablando de las necesidades fundamentales, será más fácil avanzar hacia puntos y hechos más difíciles. La verdad se construye en comunidad y diálogo. Las verdades abstractas impuestas, lo mismo que las promesas vacías o irrealizables, solo conducen al agravamiento de los problemas. La razón crítica nunca ha estado ausente de El Salvador. Pero durante treinta años se negoció con ella en un sí pero no, que en el mejor de los casos acababa beneficiando al 20% de la población en situación más cómoda. Hoy la razón crítica constituye un atentado contra la soberbia del presente. O al menos así lo siente el poder. Romper paradigmas, desandar algunos de los caminos recorridos, reconocer que podemos caminar juntos en objetivos estratégicos a pesar de la diferencia de opiniones, es la única actitud positiva para el país. Obstinarnos en doblegar voluntades siempre lleva al fracaso. Si hay que volver a empezar, como dice el papa Francisco, “hay que hacerlo desde los últimos”. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde hace un buen tiempo, los países desarrollados llevan a cabo campañas más o menos sólidas de lucha contra la corrupción. Pese a ello, el problema está lejos de remitir. Con frecuencia se leen noticias sobre bancos internacionales involucrados en actividades ilícitas y de políticos y empresarios que tienen en paraísos fiscales cuentas dudosas o simplemente corruptas. En El Salvador, el debate sobre este tema adolece de un defecto que debe superarse. La tendencia polarizadora del actual régimen en el poder ha polarizado también la discusión sobre la corrupción. Los seguidores de Nuevas Ideas acusan a los Gobiernos de Arena y del FMLN de haber saqueado el erario público. Por otra parte, quienes están justamente preocupados por la falta de transparencia del Gobierno actual lo acusan de corrupción. Han salido a la luz casos de corrupción que involucran a funcionarios actuales. De hecho, el Gobierno estadounidense ha incluido los nombres de algunos de ellos en una lista de corruptos. Al final, este debate polarizado se vuelve más pantomima y teatro vulgar que auténtica discusión sobre el tema. El régimen solo ve corrupción en el pasado, niega su tendencia al manejo oscuro de fondos y utiliza el rechazo ciudadano a la corrupción contra los grupos e instituciones que no son de su agrado. Por su lado, ciertos críticos del Gobierno, entre los que se encuentran personas e instituciones que en algún momento se favorecieron con la corrupción, solo ven prácticas corruptas hoy, sin reconocer las del pasado. Así, salen perjudicados al final quienes tienen verdadero interés en corregir la corrupción en el país y que de manera constante la han denunciado, tanto frente a Arena y el FMLN como ante Nuevas Ideas y el resto de partidos amantes de la corrupción, que acompañan a quienes desde el poder les ofrecen impunidad, protección y oportunidades de enriquecimiento. Convertir el debate contra la corrupción en espectáculo político es un elemento propagandístico efectivo en el corto plazo para disimular la crisis y ajustar cuentas con ciertos grupos y personas. Pero en el mediano-largo plazo solo se conseguirá averiar aún más la capacidad de reflexión y diálogo sobre la coyuntura nacional, y agudizar los problemas de subdesarrollo del país. Si además se blinda la corrupción actual neutralizando o cooptando las instituciones estatales de control democrático y ciudadano, el futuro no pinta nada bien. La corrupción es necesario enfrentarla con seriedad, enjuiciando de manera adecuada y libre de interferencias todo acto corrupto, pasado o presente. Si no, se cae en una palabrería que pasa de largo sin cambiar la realidad.

Cuando era candidato, Joe Biden prometió destinar 4 mil millones de dólares a Guatemala, Honduras y El Salvador; ya en la Casa Blanca, hizo oficial esa promesa. Los recursos se distribuirán entre los tres países a lo largo de cuatro años, es decir, mil millones de dólares para los tres al año. La cifra no es desdeñable, sobre todo para naciones con serios problemas financieros. Sin embargo, es ingenuo e irreal pensar que ese dinero resolverá los graves problemas del Triángulo Norte. Cada año, los migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreño envían más de 20 mil millones de dólares a sus países. Solo en 2020, el año de la pandemia, enviaron a sus familias casi 23 mil millones de dólares sin que los problemas estructurales que afectan la vida de la mayoría de la población hayan siquiera menguado. Algunos temen, otros celebran que por el deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos la ayuda prometida por Washington no llegue al Gobierno de Nayib Bukele, sino a organizaciones de la sociedad civil. En realidad, una de las más poderosas razones para no enturbiar esa relación deberían ser los migrantes: la economía nacional, como la de Guatemala y Honduras, depende de las remesas. Según diversos estudios, las remesas fueron en buena medida las que activaron negocios y lograron mantener las condiciones de vida en muchos hogares durante la cuarentena. En El Salvador, las remesas han llegado a representar casi el 20% del PIB. Los aproximadamente tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos representan un motivo suficiente para que los ojos de El Salvador no miren en exclusiva hacia China. Pero la volatilidad y estilo de gobernar de Bukele, más movido por impulsos y rabietas que por razones y estrategias, pueden hacer que los actuales problemas con Estados Unidos pasen a convertirse en política de Estado. Porque ¿qué pensar de alguien que como candidato prometió pasar la página del neoliberalismo y que después, siendo ya presidente electo, declaró su adhesión a esa doctrina en la fundación Heritage? Alguien que cuestionó a China por su política exterior intervencionista y no democrática, y hoy coquetea con el gigante asiático. En 2019 y 2020, ya sea por conveniencia o por la afinidad personal entre Donald Trump y Bukele, la política exterior del Gobierno salvadoreño para con Estados Unidos fue satisfacer el ansia del republicano de frenar la migración sin importar los medios. En ese momento, exigir un trato digno para nuestros migrantes hubiese sido una poderosa razón para distanciarse de Estados Unidos. Ahora que la relación con la nueva administración estadounidense es tensa, el Gobierno salvadoreño sostiene que defiende la soberanía y la dignidad nacional. En realidad, lo que le molesta a Nayib Bukele son las prioridades y exigencias democráticas de la presidencia de Joe Biden. Por hoy, esa molestia es más importante que los intereses y la economía nacionales.

La profundización del presidente en los hechos del 1 de mayo no consigue dar con un argumento comprensible. La teoría presidencial sostiene que el país, al igual que todos los países del continente, incluido Estados Unidos, son fincas, dirigidas por gerentes, administradas por capataces y protegidas por “un aparato ideológico que controla los paradigmas, la ‘opinión’ e incluso buena parte del periodismo y la academia”. Ese aparato ideológico es tan poderoso que en las fincas “nada cambia nunca”. Sin embargo, “el cambio” es posible, prueba de ello es El Salvador de Bukele. Según su tesis, “la némesis” de la finca son los conceptos “verdaderos” de democracia, libertad, soberanía e independencia. “Ahí [los gerentes y los capataces] quedan sin argumentos, porque no pueden atacar con coherencia”. Así, pues, la destrucción de la finca y el nacimiento del nuevo orden, liderado por el presidente, constituyen una cuestión conceptual. “Cada pueblo debe luchar por lograr el significado real de cada uno de esos términos”, para lo cual “debe desmontar las ‘fincas’, despedir a los ‘capataces’, quitar la máscara de la hipocresía con la que nos engañan y establecer verdaderas democracias”. En esto consiste el empeño de Bukele. “Suena difícil”, pero no solo “los estamos derrotando”, sino que el éxito ha desconcertado a la comunidad internacional; “no es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo, temen a que pase en sus fincas”. Comparar la realidad actual con la finca de la oligarquía terrateniente de agroexportación es arbitrario y demuestra falta de conocimiento histórico. Esa forma de explotación desapareció con la guerra. El capitalismo neoliberal, introducido por Arena y preservado por el FMLN, implica una forma de explotación diferente, donde predominan las corporaciones transnacionales y el capital financiero. El interés corporativo y financiero prevalece sobre el interés común con la colaboración activa del Estado, que les otorga privilegios y tolera la corrupción. El ritmo de la acumulación capitalista neoliberal solo es posible por la complicidad del Estado. Contrario a las apariencias, la tesis presidencial no es radical, presupone un pasado inexistente, mientras ignora el presente. No obstante, la mayor debilidad de la tesis de la finca es que la contradicción entre los conceptos de democracia y libertad y la realidad es aplicable también al régimen implantado por los Bukele. Los datos no permiten definir su gestión de la cosa pública como democrática y libre. Al contrario, hoy hay menos democracia y menos libertad que en las épocas de Arena y del FMLN. El presidente cae en la misma incoherencia que achaca a sus enemigos. No se trata de definir unos conceptos que, por otro lado, “están en todos los diccionarios”, tal como reconoce el mismo Bukele, sino de realidades. La verdad del concepto no se verifica en su formulación teórica, sino en su actualidad práctica. La verdad de la democracia y la libertad de las que habla Bukele se constata en la confrontación con la realidad. Una prueba que no logran superar. La tesis presidencial contiene una revelación sorprendente y, sin duda, irreflexiva. Bukele atribuye a “la SIP, [a] los conglomerados mediáticos y [a] algunos ‘gobiernos de países amigos’” funciones de “verdadera ‘cancillería’”, porque “controlan lo que emana […] hacia fuera, lo que se lee en los medios internacionales”. El mandatario reconoce así el fracaso de su propia cancillería y de su cuerpo diplomático, de los cabilderos contratados en Washington y de su propio aparato mediático. Sorprendentemente, Bukele admite haber perdido la batalla por controlar la información que circula en el exterior. La enorme inversión en cabilderos, plumas y medios de difusión no ha podido con los tenebrosos poderes maléficos a los que atribuye su derrota. El victimismo presidencial deja mal paradas a la competencia y la dignidad presidencial. En realidad, el desafío no proviene de los medios de comunicación, ni de la comunidad internacional, ni de poderes oscuros, sino de la realidad. En el interior, el mandatario cuenta aún con un apoyo popular significativo; pero fuera de las fronteras nacionales, su discurso no ha sido recibido. El fracaso de su cancillería y de sus agentes es el triunfo de la realidad. Si la tesis de la finca es su mejor argumento para convencer a la comunidad internacional del acierto del orden implantado desde el 1 de mayo, comparar a las naciones ahí representadas con el latifundio oligárquico salvadoreño es muy poco diplomático, incluso insultante. Washington ya ha suspendido la asistencia financiera a las instituciones estatales. En su desasosiego, el mandatario parece pensar que su ejemplo aterra a la comunidad internacional, cuando, en realidad, esta repudia su dictadura. Bukele y sus hermanos han vuelto a cometer un grave error de cálculo político. La ligereza y la superficialidad hacen que el discurso presidencial caiga en contradicciones y en sorprendentes confesiones n

El Salvador vive tiempos que solo puede calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se halla entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. El discurso oficial afirma que ha iniciado una nueva época, en la cual se pondrá fin a la larga historia de corrupción y habrá verdadero progreso y desarrollo para todos. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República y de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa son hitos históricos, pero signos reales de progreso y desarrollo no hay; más bien se perfila, cada vez con mayor precisión, la amenaza de más pobreza y más dependencia externa. En los dos primeros años de gestión del presidente Bukele, la deuda externa se ha incrementado en más de tres mil millones de dólares, y sigue creciendo. Solo en el primer mes de su mandato, la actual Asamblea Legislativa ha aprobado nuevos préstamos internacionales por casi mil 500 millones de dólares. Endeudarse no es problema; lo es pagar los intereses de esa deuda y tener que devolver lo prestado sin contar con más ingresos. Ello significa destinar cada año una mayor cantidad de dinero del presupuesto nacional al pago de la deuda y sus intereses, y tener que restar esa cantidad del fondo disponible para inversión nacional, lo que pulveriza cualquier promesa de progreso y desarrollo. Por otra parte, la nueva república que Nayib Bukele afirma estar construyendo no se caracteriza por la separación de poderes, la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la participación ciudadana no eleccionaria, todos ellos elementos esenciales de una que de verdad lo es. Entonces, ¿en qué clase de república piensan el presidente y sus seguidores cuando lo que están promoviendo es el hostigamiento de los críticos, el secretismo y el verticalismo autoritario? Lo que está a la vista es más propio de los tiempos en los que se buscaba que el pueblo permaneciera ignorante y apartado de las decisiones políticas para seguir explotándolo e imponiendo intereses sectarios. El presidente afirma querer el bienestar de la población, pero a la fecha, según encuestas serias, la mitad de la población manifiesta que en estos dos años su nivel de vida no ha cambiado. Más allá del proceso de vacunación contra el covid-19, que se está realizándose de forma acelerada y bien organizada, los otros logros de los que el Gobierno se jacta son dudosos o simplemente no existen. Las ayudas de 300 dólares al inicio del confinamiento y las canastas alimenticias no llegaron a todos los que las requerían, engrosaron el monto de la deuda nacional y están manchadas por fuertes indicios de corrupción. La disminución de homicidios, algo bueno en sí mismo, no ha significado mayor seguridad en los territorios (siguen controlados por las pandillas) ni ha detenido la tragedia nacional de las desapariciones, cuyo número va al alza. Hasta ahora, ningún funcionario ha sido capaz de explicar qué beneficios supondrá para la población la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y su sustitución por lacayos del presidente. Este último acto, además de inconstitucional, pone fin a la ya menguada independencia judicial, abre puertas a los abusos del poder y deja desprotegida a la ciudadanía. Tampoco se ve qué de positivo hay en haber generado una de las más graves crisis en la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y donde vive una tercera parte de los salvadoreños. Como no sea una rabieta infantil e irresponsable, no se entiende qué razones puede tener el presidente para preferir una cooperación china de tan solo 62 millones de dólares y ningunear la ayuda estadounidense, que, según declaraciones de la administración Biden, será de 4 mil millones de dólares para los tres países del norte de Centroamérica. Para superar el atraso de El Salvador, para alcanzar más desarrollo y prosperidad, se requieren cambios profundos tanto en el sistema político como en el económico y social. Pero la prueba de que los cambios van en el rumbo correcto es que generen equidad, transparencia, igualdad de oportunidades, justicia social, respeto a los derechos humanos y participación popular. Nada de lo que está haciendo el Gobierno de Nayib Bukele apunta a ello.

A muchas personas les gustaría que la UCA se callara, que se restringiera exclusivamente a la dimensión profesionalizante y se mantuviera intramuros, indiferente a lo que pasa a su alrededor. Así sería una universidad más aceptable para los poderes, tanto fácticos como legales. Así también sería más cómodo ser universidad sin suscitar reacciones de uno u otro signo. Pero si la UCA no estuviera presente en las principales coyunturas del país desde una visión estructural de la realidad, dejaría de ser la UCA, porque parte medular de su misión es tener en el centro a la realidad del pueblo al que quiere servir. También monseñor Romero incomodaba a los poderes de su tiempo. De lo menos que se le acusó al santo salvadoreño fue de no ceñirse a lo estrictamente espiritual. Lo acusaron de estar politizado, de ser terrorista y subversivo1. Situación parecida pasó con Ignacio Ellacuría a quien muchos citan hoy en día. “Si Ellacuría estuviera vivo, le avergonzaría la UCA de hoy” dicen por ejemplo, con la conveniencia que da alguien que ya no está presente físicamente para opinar y defenderse. Ciertamente el rector mártir ya no está con nosotros porque lo asesinaron quienes, siendo incapaces de responder a la racionalidad de los argumentos, recurren a los insultos, a la calumnia y a la violencia criminal para silenciar. Y aunque ya no está físicamente, su palabra perdura entre nosotros; sus escritos sobre la realidad y la misión de la universidad son muy claros y, a pesar del paso del tiempo, sus palabras siguen teniendo gran actualidad. Personalmente estoy convencido de que si Ellacu viviera en este tiempo, también estaría siendo atacado por los mismos que ahora nos atacan, y por las mismas razones. La UCA siempre se ha definido como universidad para el cambio social, porque está consciente de vivir inmersa en una realidad conflictiva, injusta y extremadamente desigual. Hay conciencia y experiencia de que esta opción trae consecuencias. Ellacuría lo anunciaba diciendo que la universidad “se verá sometida a las tensiones sociales no solo de quienes no quieren el cambio, sino también de quienes conciben el cambio de forma simplista.”2. Precisamente, identificarse con la transformación, hace pensar a muchos que la universidad debe apoyar cualquier tipo de cambio, pero la UCA tiene clara la dirección que necesita el país. En general, el ideal utópico que se persigue es ayudar a construir “una sociedad en que reine la justicia, la libertad y la solidaridad y en las que se den las condiciones materiales objetivas que las posibilitan”3. Y más en concreto, dice Ellacuría para su tiempo, “parece que al luchar por una apertura democrática... así como luchar por hacer del país un Estado de derecho, en el que se respeten la Constitución y los derechos fundamentales de la vida y de la persona, parecen ofrecer una tarea adecuada.”4 Claro que la UCA está por el cambio del país, pero por una transformación que profundice la democracia, el respeto de los derechos humanos, tanto los políticos como los económicos y sociales, y por consolidar el Estado de Derecho. Pero lo que está viviendo El Salvador en estos momentos, no apunta en esta dirección. El país necesita transformaciones estructurales, cambios de raíz como les gusta repetir a algunos sin entender bien o quizá queriendo manipular las palabras de monseñor Romero5. Algunos cambios de raíz serían por ejemplo, elegir a los funcionarios de las instituciones de control realmente independientes y capaces, que por primera vez el país cuente con magistrados, fiscales y procuradores que no tengan más compromiso que con la justicia y con la verdad; contar por fin con un gobierno realmente transparente, que rinda cuentas al pueblo; implementar una reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que tienen más y se ponga alto a la evasión y elusión fiscal y que en el centro del quehacer de las autoridades esté la dignificación de la vida de la mayoría de la gente; impulsar una reforma al sistema de pensiones que favorezca de verdad a los pensionados y que no se haga para apropiarse de los fondos de la clase trabajadora ni que signifique hipotecar el futuro de las nuevas generaciones a base de préstamos. Este tipo de cambios necesita el país y este tipo de cambios la UCA los ha propuesto durante años -y los sigue proponiendo- y acompañaría si son genuinos. Sin embargo, lo que se está promoviendo no augura mejores tiempos para este pueblo. La mentira se ha hecho política pública, se miente con descaro; se eligen funcionarios de segundo grado no por su fidelidad e incondicionalidad a la ley y al país sino al presidente y su grupo; se oculta toda la información oficial y los signos de corrupción ya son inocultables; se articula un discurso bonito a través de una poderosa publicidad que anuncia cambios que la gente quiere, pero por el contrario se hace del país un gran negocio para otra cúpula. Y el militarismo es la carta de garantía que el presidente tiene para poder hacer impunemente todo

El caso de los asesinatos en Chalchuapa ha estremecido al país. No faltan interpretaciones psicológicas y sociales, y puntos de vista criminalísticos sobre los crímenes. Sin embargo, poco se reflexiona sobre el hecho de que el acusado, hoy testigo criteriado, es expolicía. Por supuesto, no se puede afirmar que haber sido agente tenga que ver con su actividad criminal, pero la misma Policía afirma que fue expulsado del cuerpo por problemas de agresividad sexual. La PNC también ha dicho que el caso involucra a expolicías, exsoldados, coyotes y vendedores. Desde hace años, las instituciones defensoras de derechos humanos manifiestan una fuerte preocupación por la existencia de grupos de exterminio en los que participan policías en activo. Algunos supuestos enfrentamientos de miembros de la PNC con delincuentes resultaron ser verdaderas masacres. Hace algún tiempo se dio a conocer un grupo de chat entre policías que, con una tranquilidad pasmosa, hablaban de asesinar delincuentes. Ciertamente, en los últimos tres años se ha desarticulado un buen número de estos grupos de exterminio. Aunque la inmensa mayoría de los miembros de la PNC son personas decentes, la permisividad con los delitos internos y la protección cómplice entre jefes han ido creando una cultura de impunidad frente al abuso de fuerza. Por lo anterior, no extraña la composición del grupo acusado de los crímenes en serie en Chalchuapa. Esta situación debería llamar a la reflexión a todos los comisionados, subcomisionados y jefes de la Policía. En primer lugar, resulta necesario y urgente insistir sistemáticamente en el respeto a los derechos humanos y en el uso proporcional de la fuerza y como último recurso, tratando siempre de aminorar los daños a la integridad y la vida de las personas. Actuar de un modo respetuoso con la gente y con el mínimo posible de violencia es un tema enfrentado a la cultura imperante, pero es uno de los mejores caminos para el respeto a la vida. En segundo lugar, la PNC debe mejorar sus mecanismos de control interno. Además, debe dar un seguimiento adecuado a quienes expulse del cuerpo por cometer un delito. La tendencia de los agentes a la violencia se puede convertir fácilmente en costumbre viciosa, alentada por la situación de vulnerabilidad de la población y por la facilidad con que el dinero se une con el crimen. Expulsar del cuerpo policial a todo aquel que abusa de la fuerza es una medida básica de saneamiento institucional. El posterior seguimiento es clave para prevenir casos como el de Chalchuapa.

El presidente y sus funcionarios suelen repetir que el sistema se protege a sí mismo, para referirse a que el sistema político salvadoreño ha solido defender los intereses de los grupos de poder que están detrás de los gobernantes. Y por eso dicen que “hay que limpiar la casa”. Tienen razón. El sistema se protege cuando se pone a las instituciones públicas y a los aplicadores de la ley al servicio de esos grupos de poder y de sus representantes en el Gobierno. Así, por ejemplo, aunque la misión constitucional de la Fiscalía General de la República sea “defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña”, esta institución es guardiana de intereses privados y evita que ciertas personas comparezcan ante la ley. Así, aunque la Carta Magna diga que “los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”, el órgano judicial no es independiente, se somete a la voluntad del Ejecutivo o de quienes este representa. Si alguien comete un delito y no está vinculado a la cúpula gobernante, se le aplica todo el rigor de la ley. En cambio, si es parte del círculo de poder, goza de inmunidad total. Cuando el órgano judicial ha actuado como debe (algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional o el juez del caso de la masacre en El Mozote), los que detentan el poder reaccionan en su contra para que las aguas vuelvan a su cauce y los funcionarios no toquen a sus protegidos. En esto, el presidente está haciendo honor a la frase de Aristóteles: “El verdadero discípulo es el que supera a su maestro”. Bukele ya volvió inservible al Instituto de Acceso a la Información Pública, el ente responsable de que la transparencia comenzara a ser parte de la cultura institucional en el país. Ahora, los nuevos comisionados no responden a la ley, sino a Casa Presidencial. El sistema se protege solo. Violentando el debido proceso y la legislación nacional, los diputados del mandatario destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron en su lugar a personas afines al Gobierno. Ahora, estos funcionarios se suman a la colección de marionetas del presidente y de sus aliados. Ante los señalamientos de corrupción de Estados Unidos contra un grupo muy cercano al mandatario, algo que en un país normal daría pie a una investigación, el nuevo fiscal general dice que le tienen sin cuidado esas denuncias. El sistema se protege. La bancada cian aprobó la llamada “Ley Alabí”, que blinda a los funcionarios que durante la pandemia hicieron negocio con el sufrimiento de la gente. Aún falta que los diputados de Bukele lo protejan apropiándose de la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cualquier institución que tenga por misión controlar el ejercicio del poder. Sí, el sistema se protege a sí mismo y no hay señales de que dejará de hacerlo.

La comunidad internacional no reaccionó al emplazamiento del presidente Bukele, quien exigió le explicaran las condenas por los hechos ocurridos el 1 de mayo. El vacío lo llenó él mismo con un mensaje dirigido a “las voces que nos piden que volvamos al pasado”. La respuesta presidencial reafirma desafiantemente que “los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”. La reacción, en su moderación, es engañosamente lógica. El presidente confunde el pasado de Arena y del FMLN con la institucionalidad democrática, débil y vulnerada, pero institucionalidad democrática, al fin de cuentas. El despiste, deliberado o simple confusión mental, le sirve para subrayar que no regresará a esos regímenes ahora aborrecidos, con sobrada razón. Pero, en realidad, a donde no quiere retornar es a la institucionalidad democrática, un obstáculo que entorpece la realización de sus fantasías. La astuta identificación del ordenamiento democrático con Arena y el FMLN mete de contrabando el cambio de régimen político en el imaginario popular. El mismo embuste utiliza para desvanecer el señalamiento de Washington, que acusa de corrupción a su portavoz principal, a uno de sus aliados políticos más importantes y a otros socios cercanos. La reacción presidencial convierte la denuncia en una competencia entre los más corruptos. “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen, y que en Arena no hay corruptos”. Washington no afirma que en Arena no haya corruptos, sino que en el círculo íntimo de Bukele hay corruptos. El señalamiento es altamente peligroso, porque atenta contra la credibilidad del discurso presidencial. El mandatario no se atreve a negar la corrupción de sus colaboradores cercanos, sino que, en descargo, alega que en Arena es mucho mayor. La desmesurada corrupción de este partido vuelve irrelevante cualquier otra corrupción, incluida la de sus colaboradores. Así, Bukele desvía la cólera popular hacia Arena, mientras los suyos salen indemnes. La realidad, dada su estructura dinámica, solo puede ir hacia el futuro. El pasado es inexistente, excepto por la posibilidades abiertas o cerradas que determinan el presente y condicionan el futuro. Por este lado, el mandatario puede descansar tranquilo. No hay más salida que hacia adelante. Lo realmente determinante es qué futuro construye en la actualidad. Qué posibilidades abre y cuáles cierra. La transparencia y la rendición de cuentas están cerradas, la corrupción está abierta. El futuro depende de cómo enfrente el ahora determinado por el pasado y su figura pende de las posibilidades apropiadas en la actualidad. Hasta ahora, todo apunta a un futuro no democrático, autoritario. Al parecer, es lo que mejor se le da a los hermanos Bukele y a mucha gente que piensa, erradamente, que esa forma de dirigir el Estado es la solución para sus necesidades más sentidas. El deseo de encontrar acompañantes en la comunidad internacional no es sincero. Los compañeros se ayudan, pero también se escuchan, discuten y acuerdan. Bukele no desea esa clase de compañías, sino unas que lo auxilien sin ponerle “peros”. Por eso, en lugar de agradecer la lista de corruptos de Washington como una alerta, la ha recibido sarcásticamente. Más que compañeros, Bukele busca incondicionales, como los que lo rodean e integran su aparato burocrático. Ninguno osa tener opinión propia, ninguno se atreve a decir lo que piensa ni actúa por su cuenta. Difícil imaginar qué futuro puede construir una comparsa de esa naturaleza. Por muy talentoso que sea su jefe, es humanamente imposible que tenga las respuestas para enfrentar la actual crisis sanitaria, social, económica y política. Menos mal que dice comprender que lo dejen solo y aislado. Cuestión abierta es cuán lejos pueda llegar con sus ideas y las de sus hermanos. Pretender caminar solo en un mundo tan complejo, pensando que solo él conoce el sendero que conduce a ese futuro no definido, es una temeridad que no puede terminar bien. La cantinela de romper con “los mismos de siempre” ha venido a desembocar en ser menos corrupto que ellos. O como dice la voz popular, “Todos roban, pero este al menos da algo”. Aparentemente, robar un poco menos que “los de siempre” transforma en bien lo que igualmente es delito e inmoralidad pública. Las bendiciones finales están de más. Su sinceridad es dudosa. Expresan la condescendencia de Bukele con “unos amigos” reacios a acatar sus dictados. Bendecir es decir-bien, desear-bien y hacer-bien a todos, amigos y enemigos. Quien mal-dice, esto es, quien insulta, quien desprecia y quien humilla, no tiene capacidad para bendecir. Bendice quien está bendecido y los bendecidos o bienaventurados son los pobres, los que lloran, los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón y los perseguidos por el poder opresor. * Rodolfo Cardenal, di

La mayoría de argumentos para defender la cuestionada actuación del Gobierno terminan en un sonsonete: “El pueblo lo quiere”. En una ocasión, cuando se calificó de populista al estilo del presidente, se le pretendió defender recurriendo a Ernesto Laclau, quien sostiene que el populismo es una respuesta política —no necesariamente negativa— ante demandas insatisfechas; una respuesta que divide a la sociedad entre los que quieren ver resueltas esas demandas (“nosotros”) y quienes ya las tienen satisfechas y son privilegiados (“ellos”). Por otra parte, ante el autoritarismo característico de Nayib Bukele, sus apologistas argumentan que la institucionalidad y el ordenamientos jurídico fueron construidos en el país para defender a los poderosos y mantener la situación de injusticia y desigualdad que mantiene postrada a la mayoría de la población. De lo que se trata, entonces, es de demoler lo construido y levantar un nuevo El Salvador. En palabras del presidente, hay que “limpiar la casa”. Según esta lógica, el de Bukele es un populismo bueno porque así lo quiere el pueblo; puede transgredir la Constitución y el Estado de derecho porque no hace nada más que lo que el pueblo quiere. Incluso algunos afirman que el pueblo lleva el control de este proceso histórico y que el mandatario solo es un instrumento de esa voluntad popular. En resumen, “El fin justifica los medios”: con vistas a construir un nuevo El Salvador, con equidad, con justicia, con trabajo, salud y educación universales, todo se vale. Si bien es claro que el Estado ha operado para beneficio de cúpulas poderosas, ello no justifica cerrar los ojos a lo que está sucediendo e ignorar que lo que se está construyendo no es lo que demanda o espera la gente. La actuación del Gobierno está crudamente orientada a tapar todos los señalamientos de corrupción. Hay más de lo mismo de siempre, pero con mayor descaro. Ya se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública y se ha reservado toda la información sobre los gastos durante la pandemia. Es este el Gobierno menos transparente desde la firma de los Acuerdos de Paz. ¿Cerrar los ojos a la corrupción es una exigencia del proceso histórico salvadoreño? ¿En qué beneficia a los ciudadanos la llamada Ley Alabí, aprobada para proteger a los que ya cometieron o cometerán actos de corrupción amparados en la satisfacción de las necesidades de la población? ¿Se votó en las urnas por la construcción de un país sin libertad de pensamiento, de expresión y de prensa, en el que se acosa a todo el discrepa de la historia oficial? Si el Estado de derecho ha sido manoseado en el pasado, ¿esto da licencia para construir otro en el que la cima del ordenamiento jurídico sea la voluntad de una persona? ¿Ese es el nuevo Estado de derecho que quiere y necesita la población?

“Que alguien me explique por qué las condenas”, preguntó el presidente al cuerpo diplomático. Una pregunta redundante, ya que la respuesta la tenía delante. El repudio generalizado de la comunidad internacional occidental, excepto China y países como Nicaragua y Venezuela, que guardaron silencio, lo obligó a convocar al cuerpo diplomático para que escuchara su “versión” de lo acontecido el 1 de mayo. Lo sucedido exigía que quien había girado las órdenes explicara sus razones. De hecho, los reclamos no se dirigieron a los legisladores, simples mandados, sino al presidente, que es quien manda. La convocatoria fue un fiasco diplomático. Los embajadores no aceptaron “su verdad”. El jefe del Estado los trató como adolescentes irresponsables, los emplazó y los acusó de parcialidad y de mal informados. No disimuló el desagrado que le causaron las mesuradas reacciones de los diplomáticos a sus explicaciones. Y la reunión que debía ser privada la difundió luego en cadena nacional. La descortesía, la deslealtad y la falta de tacto muestran que el mandatario no es idóneo para representar el interés nacional; tampoco el suyo propio. Tal vez la pregunta de Bukele era sincera. “No nos esperábamos en ningún momento una condena internacional, porque no había nada que condenar”. A su juicio, la orden de destituir y sustituir magistrados y fiscal se ajustaba a la ley. Si ese fuera el caso, esa orden peca de insensatez e ignorancia tales que inhabilitan para dirigir el poder ejecutivo. Tal vez su pregunta era retórica, en cuyo caso buscaba intimidar a los embajadores. Los emplazó muy poco diplomáticamente: “¿De qué lado están?”. Y los acusó de arbitrariedad: “Parecería que les pasa lo del encargado de negocios de Estados Unidos, que no escucha nuestra versión”, la única válida. El funcionario señalado públicamente, en la misma línea que Washington, deslegitimó esa versión con su ausencia. El despropósito diplomático no terminó ahí. En su defensa, Bukele relativizó las protestas de amistad de los embajadores que comentaron su versión de los hechos. En la práctica, las rechazó con la advertencia de que “a veces, los amigos se equivocan”. El que muchos piensen de la misma manera, no significa que tengan la razón. Y, enseguida, echó mano de una comparación odiosa, la cual, además, contradice su propia lógica. “En Alemania, millones, decenas de millones de personas pensaban que estaba bien quemar judíos en un horno. Es decir, mucha gente puede estar equivocada”. De igual manera, los embajadores y quienes lo condenan están tan equivocados como los alemanes. Sin embargo, así como estos se equivocaron con Hitler, los muchos de los que hablan las encuestas de popularidad presidencial pueden estar igualmente equivocados acerca de las bondades del régimen de los Bukele. Enmarañada en cavilaciones para justificar lo injustificable, la lógica presidencial regresa así al punto de partida. Si la condena internacional es casi unánime, si un sector significativo de la sociedad lo repudia, si la prensa independiente lo denuncia, si intimida y amenaza a los funcionarios destituidos, algo no anda bien. La inteligencia obliga a examinar críticamente las decisiones tomadas. Invocar al pueblo que votó por la “N” no es argumento. En primer lugar, porque el consenso no es general; mayoritario, sí, pero no universal. En segundo lugar, porque ese pueblo al que invoca puede estar muy errado y no sería la primera vez que un pueblo entero yerra, como bien lo sabe Bukele. El afán por convencer de que la intervención de Casa Presidencial en la legislatura es constitucional lleva a la irracionalidad. El presidente Bukele debiera preguntar a los mercados si ellos están también del lado de la oposición, ya que resintieron acusadamente el golpe de Estado. Los sectores empresariales impresionados por la llamada telefónica de Bukele y por las declaraciones de unos ministros, que dicen lo que les ordenan decir, debieran tomar nota del trato dado al cuerpo diplomático. No debieran olvidar la facilidad y la ligereza con la que el discurso presidencial se contradice y miente. La volatilidad presidencial ya es proverbial. La diferencia de opinión es inherente a la naturaleza humana. Las ideas, los valores y los intereses se traducen en juicios distintos, incluso contradictorios. Nadie, ni siquiera Bukele y su círculo, tiene el monopolio de la verdad. Primero, porque nadie, excepto el Absoluto, esto es, Dios, está en posesión actual de ella; y segundo, porque lo que el presidente vende como verdad encubre su ambición de poder. No obstante, la verdad es asequible, pero solo si se escucha a los otros, si se reflexiona individual y comunitariamente, si se contrasta y se discute con los demás para llegar a consensos. Argumentar “el pueblo nos lo pidió” y “el pueblo no nos mandó negociar” es erigirse inverosímilmente en la encarnación del pueblo y del Estado, en el mejor estilo de las monarquías absolutas del siglo XVII. Una construcción paradójica en el bicentenario de la

No son pocas las sospechas de corrupción que arrastra el Gobierno de Nayib Bukele, especialmente por varias de las acciones que tomó para enfrentar la pandemia. Hay datos que muestran que funcionarios, miembros de Nuevas Ideas y familiares de ellos se han beneficiado en diversos procesos del Estado. Para esto han utilizado los métodos tradicionales para lucrarse con fondos públicos: realizar o participar en compras evadiendo los procesos de contratación y licitación pública a los que están obligados, y a precios mucho más elevados que los del mercado. La administración de los centros de cuarentena, la adquisición de equipos de protección y bioseguridad (algunos de ellos inservibles), la entrega repetida de la ayuda de 300 dólares a una misma persona, la compra de alimentos para ser distribuidos entre la población, las remodelaciones en los hospitales y la construcción del Hospital El Salvador son algunos de los casos que más han llamado la atención. Según lo publicado en medios de comunicación, la Cicies, la organización de la OEA conformada a solicitud del Gobierno para combatir la corrupción en el país, investigó y encontró al menos 12 casos de irregularidades en el Ministerio de Salud, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General de la República para llevar a los responsables ante la justicia. La respuesta gubernamental no ha sido la prometida: luchar contra toda corrupción, venga de donde venga. Al contrario, se ha optado por ocultar los hechos, imponiendo reserva de información para impedir que los organismos de control del Estado y la ciudadanía conozcan el uso que se está haciendo de los fondos públicos. En esa línea, el Ejecutivo ha puesto obstáculos a la labor de la Corte de Cuentas, ha neutralizando al Instituto de Acceso a la Información Pública, se negó a dar cuentas a la Asamblea Legislativa y dificultó el trabajo de la Fiscalía. El 4 de mayo, la Asamblea Legislativa fue mucho más lejos y, con dispensa de trámite, aprobó una ley que dejaría impune la corrupción en el Ministerio de Salud. Con ello queda claro hasta dónde es capaz de llegar el Ejecutivo para disponer a gusto de los recursos públicos y proteger tanto a sus funcionarios acusados de hechos ilícitos como a las empresas que han hecho negocio con ellos. Para que la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia COVID-19, mejor conocida como “Ley Alabí”, no tuviera una breve existencia, era urgente apartar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues de lo contrario habría sido declarada inconstitucional. Y con el propósito de tener aún mayores garantías, se destituyó al fiscal general y nombró uno afín al Gobierno. Ahora, el círculo del ministro Alabí y los empresarios que han participado en diversas corruptelas pueden operar en paz. Por decreto legislativo se ha otorgado inmunidad a sospechosos de acciones corruptas, ilegales; entre ellos, funcionarios que llegaron al poder prometiendo probidad y transparencia, y cumplir la Constitución. ¿En qué se diferencia esto de lo sucedido durante las administraciones de Antonio Saca y Mauricio Funes? ¿Para quién serán realmente buenas y nuevas las ideas? En apenas una semana de estar en funciones, la Legislatura 2021-2024 ha emulando ya algunas de las peores prácticas de antaño. De seguir así, no tomará mucho tiempo antes de que los nuevos diputados del presidente, sus fieles sirvientes, caigan en el descrédito y el rechazo ciudadano que por siempre ha caracterizado a la Asamblea Legislativa.

Un grupo de salvadoreñas y salvadoreños que vivimos en el extranjero vemos con mucha preocupación los acontecimientos desencadenados en la primera plenaria de la nueva Asamblea Legislativa, en la que diputados oficialistas destituyeron y reemplazaron arbitrariamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. De esa forma, se ha aniquilado la independencia del poder judicial, condición necesaria para garantizar un Estado de leyes. La democratización política plasmada en los Acuerdos de Paz buscó, precisamente, poner las bases para un sistema judicial independiente, apegado a derecho y con jueces honrados. Un sistema que garantizara los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder. Este equilibrio se ha roto y las consecuencias pueden ser muy graves: autoritarismo, irrespeto a derechos humanos, limitado pluralismo, etc. Ahora bien, este atropello era predecible; venía gestándose con claras y habituales actitudes autoritarias. Recordemos lo ocurrido el 9 de febrero de 2020: el presidente Nayib Bukele llegó a la Asamblea Legislativa apoyado por miembros del Ejército y de la Policía para presionar la aprobación de unos préstamos y acusó a los diputados de entonces de querer bloquearle los fondos para el plan de seguridad. Frente a esta nueva crisis, salvadoreños y salvadoreñas que participamos en el movimiento social de hispanos latinos decidimos apoyar la declaración de Alianza Americas y Latin American Working Group, donde se pronuncia una palabra crítica, solidaria y exhortativa. En la declaración se afirma que las acciones del 1 de mayo son contrarias a la ley y a la Constitución de la República, socavan la democracia y el Estado de derecho, y concentran el poder en manos de la Presidencia. Más todavía: puntualiza que “esto marca un peligroso paso atrás después de que los salvadoreños se han esforzado durante décadas por construir la paz y la democracia, luego de una dolorosa historia de dictadura militar y conflicto armado interno”. Las organizaciones que firman el documento se solidarizan con las organizaciones de la sociedad civil que realizan el difícil trabajo de defender los derechos humanos de todos los salvadoreños y con los periodistas independientes, que, con valentía, mantienen distancia de los intereses partidistas y de las presiones gubernamentales. Y exhortan a la Asamblea y al presidente Bukele a restaurar la independencia judicial (piedra angular del Estado de derecho), volver a la senda democrática y no frenar aún más a las autoridades judiciales e instancias de control del Estado, incluida la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. A esta voz profética y comprometida de las organizaciones sociales, varias de ellas lideradas por inmigrantes salvadoreños, queremos sumar los criterios éticos propuestos por el papa Francisco en su encíclica Fratelli tutti, al referirse a la necesidad de una “mejor política”. El papa no duda en rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia. Advierte el peligro de caer en “insano populismo cuando se convierte en la habilidad […] para instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo […] Cuando se busca sumar popularidad exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de algunos sectores de la población”. Para Francisco, la política puede ser un lugar aptísimo de dedicación a los otros en cuanto tiene como propósito el bien común. En consecuencia, la política no debe ser cautiva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de grupos o centros de poder. Por eso, ante lo que él denomina “formas mezquinas e inmediatistas de política”, contrapone lo que, a su juicio, es la grandeza política que se muestra “cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. Así pues, la política que se necesita para que haya justicia social, económica y ecológica es aquella capaz de reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Es la política que tiene como horizonte el bien común, el respeto irrestricto de los derechos humanos, la atención al clamor de los pobres, la conversión de los liderazgos y el cultivo de la participación ciudadana, entre otros. Esa “mejor política”, según el papa, requiere de buenos políticos que se preocupen “de la fragilidad de los pueblos y de las personas”. En esta línea, sostiene que “las mayores angustias de un político no deberían ser las causadas por una caída en las encuestas, sino por no resolver efectivamente el fenómeno de la exclusión social y económica, con sus tristes consecuencias”. Y pensando en el futuro de la política y de los políticos, Francisco afirma que “algunos días las preguntas tienen que ser: ‘¿Para qué?, ¿hacia dónde estoy apuntando realmente?’. Porque, después de unos años, reflexionando sobre el propio pasado las preguntas no serán: ‘¿Cuántos me aprobaron?, ¿cuántos me votaron?, ¿cuántos tuvieron una imagen positiva de m

La destitución de los miembros de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República ha terminado de retratar a un Gobierno que de forma progresiva ha venido sembrando dudas en la comunidad internacional. Para defender lo hecho, se contrapone a la condena prácticamente unánime en el exterior, la aprobación mayoritaria del pueblo salvadoreño. Pero este argumento es insuficiente, porque la política exterior de un país es inseparable de sus políticas internas. Es más, uno de los objetivos primordiales de la primera es buscar la aceptación de la comunidad internacional a las segundas. El problema radica en que los esfuerzos del Gobierno privilegian mantener y reforzar la popularidad del presidente por sobre las relaciones internacionales de la nación, sin reparar en que lo que se hace adentro tiene repercusiones afuera. La maquinaria propagandística y el discurso mesiánico de Nayib Bukele tienen efectos innegables al interior de El Salvador, pero no en el mundo diplomático. Calificar al presidente como el “más cool”, el mejor evaluado, el que construye el hospital más grande de la región es infructuoso a nivel internacional. Lejos de acertar, el Gobierno se boicotea a sí mismo. En su atropellada reunión con gran parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, que se transmitió por cadena nacional sin el consentimiento de los invitados, Bukele demostró que lo aprobado por los diputados se decidió y construyó en Casa Presidencial. Quedó en evidencia que el concepto de democracia que él aplica no tiene nada que ver con la división e independencia de poderes. El mandatario usó a los diplomáticos para contar a los salvadoreños su versión de lo sucedido. Ciertamente, el electorado le dio la llave a la bancada cian para elegir a los responsables de las instituciones de control del Estado, pero no para que lo hiciera de la manera de siempre: eligiendo solo a personas afines al Gobierno. Distinto hubiese sido que los diputados oficialistas eligieran a los funcionarios con base en capacidad, independencia y trayectoria ética. “Huyan del país donde uno solo ejerce los poderes, porque es un país de esclavos”, dijo Simón Bolívar. Gran parte de la población está tan encandilada con el incendio presidencial que no vislumbra que las llamas, al final, quemarán a todos. Los halagos y aplausos que Nayib Bukele paga para sí mismo no compensarán de ningún modo el aislamiento internacional al que ha llevado a su Gobierno.

El ejercicio de la crítica es siempre positivo si se mantiene dentro de los límites de la racionalidad y abierto al diálogo. Racionalidad y diálogo son los dos elementos básicos de cualquier debate civilizado. Solo desde esos presupuestos la crítica produce democracia, convivencia y confianza ciudadana. El insulto, la descalificación total y agresiva del que piensa diferente solo conduce a la tensión, al fanatismo y a la destrucción de relaciones humanas indispensables para una vida social pacífica. Muchos de los traumas de nuestros jóvenes provienen con demasiada frecuencia de la convivencia con padres autoritarios, que solo mandan y son incapaces de dialogar con sus hijos. La confrontación social también produce traumas y algo todavía peor: modos y actitudes violentas de relacionarse e incapacidad de proponerse fines comunes. Lo que nos parece obvio en la relación interpersonal no nos resulta tan evidente en política. Tenemos en ese campo a un buen número de personas que piensan que el tener poder es más que suficiente para ejercerlo, burlando incluso normas y procedimientos éticos establecidos. En nuestra historia política hay numerosos ejemplos de autoritarismo que casi siempre desembocaron en confrontación violenta con quienes pensaban distinto. Y que contribuyeron a crear una cultura despectiva del débil, machista y agresiva, muchas veces hipócritamente disfrazada con frases moralistas. Hoy tenemos que lamentar, una vez más, el flagelo del autoritarismo. En todos los informes de Derechos Humanos de El Salvador sobre el año 2020, se denuncian violaciones a la libertad, a la integridad personal, a la seguridad y al derecho ciudadano a la información pública. El origen de estas violaciones, más allá de una cultura autoritaria presente en muchas de las personas que detentan algún grado de autoridad, se ha reforzado, desde la presidencia del poder ejecutivo y sus entusiastas seguidores, que con tanta facilidad utilizan un lenguaje agresivo y con frecuencia calumnioso. El procedimiento ilegal y autoritario de destitución tanto de la Sala de lo Constitucional como del Fiscal General ha creado una grave crisis de institucionalidad en el país. La negación al diálogo fue evidente en la decisión de la Asamblea, pues no se permitió un debate sobre el tema. Y además de dañar las posibilidades de diálogo entre salvadoreños, se dañaron también las relaciones internacionales, tanto con las instituciones con las que El Salvador ha firmado convenios que le obligan a respetar los Derechos Humanos, como con países que apoyan la democracia. Llamar limpieza de la casa a procedimientos arbitrarios y autoritarios se acerca demasiado al lenguaje de limpieza social, tantas veces condenado por dar origen a graves violaciones de Derechos Humanos. Un país como El Salvador, que necesita verse a sí mismo como un proyecto de realización común para enfrentar sus graves problemas socioeconómicos, no puede prescindir ni del diálogo ni del control institucional y ciudadano. Intentar la vía autoritaria, tratar de suprimir toda crítica, marginar e incluso insultar a quienes desde la buena voluntad o desde la misma legalidad piensan u opinan distinto, no conduce ni a la democracia ni a la convivencia amistosa y confiada, indispensable para el desarrollo. Justificar el autoritarismo con elecciones en las que se cosecha una votación masiva conduce a una soberbia del poder que suele terminar siempre de forma trágica. La moderación y la racionalidad han sido siempre los principios que han conducido al desarrollo solidario tanto en el campo cultural y social como en el económico. Si algo puede y debe exigir la ciudadanía, es que se la escuche y se le responda no desde el insulto sino desde la racionalidad y la capacidad de entenderse de las personas de bien. Aunque la soberbia del momento actual haya taponado los oídos del poder, persistir y resistir en el intento de ser escuchados es lo mejor que la ciudadanía puede hacer tanto en favor de El Salvador como, incluso, de los miembros de Nuevas Ideas. José María Tojeira, director del IDHUCA

Desmantelando la casa Mario Zetino Duarte y Augusto López 04/05/2021 Los eventos ocurridos en la noche del 1 de mayo y madrugada del 2 de mayo en la Asamblea Legislativa de El Salvador son una muestra metafórica de cómo una casa puede ser desmantelada por bandidos. Los diputados de Nuevas Ideas actuaron con sigilo y en horas en las que la oscuridad y la sorpresa les dio cobertura. El 1 de mayo, temprano en la mañana, hubo una marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, a la que muchas personas se habrían sumado para ir a la Asamblea de haber sabido lo que se estaba tramando. Actuaron cuando la ciudadanía estaba descansando, y amanecimos con la casa, nuestra casa El Salvador, sin techo y sin paredes que brinden protección y garantías. Ahora hay otras estructuras que simulan proteger, pero que están diseñadas para ser opresivas. Todo apunta a que los bandidos no se detendrán; solo pueden esperarse atracos mayores. Están tomando algo que no les pertenece y que no les ha costado construir; por lo tanto, saquearán con oportunismo lo que falta. En adelante, no hay excusas para la inacción ciudadana. Debemos recordar que el poder no reside en los gobernantes, sino en los gobernados. Gobernantes sin gobernados que obedezcan solo serán caricaturas autoritarias. En ellos no se puede confiar, tarde o temprano terminarán afectando a quienes no actúen, y entonces será demasiado tarde. Luego de las “destituciones” o remociones realizadas y las que estén por venir, la famosa refundación anunciada por la bancada de Nuevas Ideas no es una refundación económica que conduzca a la erradicación de la exclusión de los grupos sociales vulnerables, que sería lo esperado con base en el discurso populista que han utilizado. Tampoco tiene el propósito de restituir la institucionalidad supuestamente violada por los antecesores, sino remover los cimientos de la institucionalidad de toda sociedad moderna: el respeto a la separación de poderes, el respeto a los procedimientos de derecho, el respeto al derecho de disentimiento y oposición. La búsqueda del control total del Estado no es un fin en sí mismo, no tiene sentido; es un medio político para destruir toda oposición ante medidas económicas y sociales que continuarán exacerbando la exclusión de la población. Las acciones económicas del Ejecutivo así lo evidencian. Ese es el sentido: una refundación política para continuar haciendo lo mismo con discurso nuevo. La corrupción es parte del ADN del Gobierno y de la legislatura de Nuevas Ideas; ella corre ya por las venas de esa refundación. Pruebas abundan en el manejo de la pandemia. No será sorprendente que encuentren aliados en los partidos corruptos de siempre y en los sectores empresariales nacionales e internacionales que saldrán beneficiados con la exacerbación de la exclusión de la mayoría del pueblo. Es una responsabilidad, científica por parte de los académicos y ciudadana, tomar posiciones claras en la defensa activa de lo que, como dice la UCA, aun siendo débil, ha costado tanto sacrificio construir. Si nos hacemos los desentendidos, nos pasará lo que advirtió Bertrand Russell sobre la condescendencia política ante el avance del nazismo en Europa. Si no lo impedimos, el bukelismo destruirá nuestra casa-país, en la que tenemos derecho a vivir en democracia, y todos los que la habitan. * Mario Zetino Duarte y Augusto López, director y gestor de procesos de la Dirección de Investigación, respectivamente

Washington y su política para el Triángulo Norte figuran en la lista de los incómodos del presidente Bukele. La Casa Blanca de Biden está convencida de que la presión de los inmigrantes centroamericanos en su frontera sur disminuirá si las condiciones de vida en los países de origen mejoran sustancialmente, si se abren oportunidades, si la convivencia es pacífica y si hay estabilidad política. La nueva política no es, por tanto, una simple versión revisada de la política de Trump, como alega un Bukele desdeñoso. Erradicar las causas primarias de la emigración exige voluntad política, una gigantesca inversión y tiempo. Washington está dispuesta a colaborar si se garantiza que el dinero será invertido correctamente, algo que no ha sucedido en el pasado reciente. Aquí es donde perseguir la corrupción adquiere dimensión estratégica. La prioridad de la política de Washington para el Triángulo Norte es contener la inmigración irregular en la frontera sur. En este sentido, no es diferente de la de Trump. La presión de los inmigrantes ha convertido dicha frontera en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Su extensa longitud dificulta la vigilancia, el trámite para solicitar asilo o residencia es obsoleto, y la cantidad de solicitudes lo ha hecho aún más obsoleto y ha creado una crisis humanitaria. Adicionalmente, el tema de la frontera y la inmigración es arma arrojadiza en la política interna estadounidense. Los republicanos la utilizan para ganar votos; los demócratas han prometido apertura, pero no pueden reformar la legislación sin los republicanos, que se resisten para no concederles ese triunfo. Mientras tanto, la tensión crece en la frontera y en las comunidades de irregulares ya residentes. Aunque el bienestar social centroamericano es una mera consecuencia de la nueva aproximación de Washington al fenómeno de la inmigración, no por eso es menos importante. Sin embargo, las implicaciones de ese enfoque incomodan a regímenes como el de Bukele, en cuya agenda no figuran sus elementos esenciales. Mientras la corrupción campee por sus fueros, habrá mayor desigualdad, no se abrirán oportunidades, ni se alcanzará la paz social. El despojo, la indiferencia y el abandono empujan a huir al norte, muy a pesar de los riesgos de la travesía y de la ruptura con los seres queridos. El año pasado, el flujo migratorio disminuyó hasta casi detenerse, no porque las causas hayan desaparecido, como quisiera el presidente Bukele, sino por el cierre de las fronteras. Una vez abiertas, el flujo no solo se ha reanudado, sino que los motivos para emigrar son aún más poderosos. La pandemia acarrea más desempleo, más desencanto y más frustración. El enfoque de Washington es acertado, pero insuficiente. Erradicar las causas primarias de la emigración entraña una reforma estructural que las oligarquías financieras neoliberales de la región no están dispuestas a tolerar. Empeñadas en explotar al máximo los recursos disponibles, no reparan en las consecuencias sociales y ambientales. Más aún, la emigración les resulta muy rentable. El año pasado, las remesas percibidas por el Triángulo Norte ascendieron a 23 mil millones de dólares, lo cuales alimentaron la transacción financiera, el consumo y, en el caso de El Salvador, contribuyeron a mantener el dólar en circulación. Esas oligarquías, que se declaran incondicionales de Estados Unidos, trasladan a su frontera sur a los que su explotación extrema descarta. Si Washington desea realmente contener la crisis fronteriza, debe hacer que sus aliados centroamericanos asuman su responsabilidad e introduzcan la reforma estructural que vuelva innecesario emigrar. No debe hablar solo con los funcionarios y los políticos, sino también emplazar al gran capital corporativo. En concreto, puede exigir la misma tasa impositiva que Biden plantea aplicar a dicho capital en Estados Unidos para atenuar la crisis socioeconómica creada por la pandemia. O, al menos, debiera exigir una reforma fiscal progresiva, no como la que Bukele negocia con el FMI, que castiga a los ingresos más bajos. De lo contrario, su multimillonaria inversión caerá en saco roto. Simultáneamente, Washington ha de negociar un acuerdo bipartidista para reformar drásticamente su legislación migratoria. Asimismo, no debe tolerar que las tendencias antiinmigrantes y racistas boicoteen ese intento. En cualquier caso, no debe caer en la tentación de recurrir a la fuerza militar para contener un fenómeno de naturaleza social. El problema no lo constituyen los inmigrantes, sino las condiciones en las que los obligan a mal sobrevivir. Por tanto, la solución no está en la frontera, sino en los países de origen. De todas maneras, Estados Unidos no debe olvidar que necesita trabajadores y que migrar y solicitar asilo son derechos. En el ámbito regional, Washington no cuenta con la colaboración entusiasta de los gobernantes del Triángulo Norte. No están interesados en suprimir las causas del fenómeno ni están dispuestos a enfrentar a

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas condena el irrespeto a la ley por parte de la nueva Asamblea Legislativa en su acción de destituir y reemplazar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues dinamita la independencia de los poderes del Estado, propia de una democracia. La actuación de los diputados oficialistas confirma el temor de que el respaldo popular expresado en las urnas fuera utilizado para concentrar el poder en el Ejecutivo. Además de atentar contra la democracia, esta acción es ilegal. Según el ordenamiento jurídico nacional, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pueden ser destituidos, pero solo por las causas específicas establecidas en la ley. Las razones esgrimidas en la pieza de correspondencia presentada este día no son coherentes con lo dispuesto en la legislación; por lo tanto, son ilegales e inconstitucionales. La lógica de la pieza de correspondencia se fundamenta, entre otros motivos, en una inconformidad con la interpretación constitucional de la Sala, al no coincidir con la lectura y deseos del Ejecutivo. En el fondo, el mensaje es que el único que puede interpretar la Constitución es el presidente de la República, al que la Sala de lo Constitucional debe sometimiento. El hecho muestra la veracidad de los señalamientos de autoritarismo en el Gobierno del presidente Bukele, quien ahora sigue el guion del Partido Demócrata Cristiano de los años noventa, cuando promovió la destitución de un magistrado sin seguir el procedimiento previamente establecido. En esta hora oscura para nuestra ya de por sí débil democracia, la UCA llama a defender cívicamente lo que con tanto esfuerzo y vidas costó construir luego del fin de la guerra: una sociedad donde decir “no” al poder no sea una quimera. Antiguo Cuscatlán, 1 de mayo de 2021

El 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los ojos estarán más puestos en el inicio de la nueva legislatura que en las expresiones de un movimiento social debilitado y disperso. Por de pronto, las bancadas de Nuevas Ideas y de sus socios están siguiendo el mismo libreto que usó Nayib Bukele cuando ganó las elecciones en 2019. El presidente impulsó una toma de posesión disruptiva, negándose a hacerla en el lugar acostumbrado. Además, no nombró a ningún equipo de transición para un traspaso de mando ordenado y trató con displicencia y desprecio a los funcionarios del Gobierno saliente. La nueva bancada cian sigue los mismos pasos; ha entendido el caudal de votos que obtuvo como un permiso para la ruptura, la agresividad y la soberbia, no como un compromiso de impulsar cambios que profundicen la justicia social. Cabe esperar, pues, que después de tomar posesión, los nuevos diputados del oficialismo promuevan medidas de gran impacto mediático para generar más expectativas y aumentar el respaldo social. Así lo hizo Bukele el día de su toma de posesión, al ordenar que se borrara de una guarnición militar en San Miguel el nombre del militar responsable de la masacre en El Mozote. Esta medida sorprendió a muchos, pero no tuvo ningún tipo de continuidad. Más bien lo contrario: luego el mandatario impulsó la militarización de la seguridad pública y la exaltación del Ejército. Las señales que dan los nuevos diputados no dan pie al optimismo. Cuando recibieron sus credenciales, un alto funcionario de Casa Presidencial intervino ante la prensa para que no dieran declaraciones. Además, fue la Comisionada Presidencial quien anunció que no habrá actos protocolarios en la Asamblea el 1 de mayo, que la bancada de Nuevas Ideas comenzará a trabajar desde muy temprano y que se reducirá el número de integrantes de la Junta Directiva. Los diputados cian serán simples marionetas del Ejecutivo. Aunque esto también pasó en anteriores Gobiernos, parece ser que ahora sucederá sin pudor ni disimulo. Siempre los diputados del partido oficial han entendido su función en términos de incondicionalidad con el Ejecutivo, así como la oposición se ha entendido como una fábrica de “no” ante las iniciativas del Gobierno. Ninguna de las dos lecturas es la correcta; ambas le han causado grave daño al país y a la democracia. El Salvador no solo necesita cambio de formas, sino de fondo. Ese fue el mensaje de los votantes el 28 de febrero. Las estrategias mediáticas no serán suficientes si las transformaciones a favor de la mayoría de la población no llegan. Bien harían los nuevos legisladores en entender que el poder es para servir honestamente a la gente, no para servirse, dominar y avasallar. Sin embargo, de nuevo, hay poco margen para el optimismo.

La intolerancia contra el migrante está creciendo. Pero no solo en el mundo que llaman desarrollado. También en nuestros países latinoamericanos, tan acogedores de la migración en algunos momentos de principios del siglo XX, se está dando el mismo fenómeno. El éxodo de venezolanos a los países limítrofes o cercanos, la llegada de nicaragüenses a Costa Rica, de centroamericanos a México, al tiempo que encuentra gente muy solidaria, sufre también con frecuencia serios rechazos cuando no abusos graves. Quienes piensan que los Derechos Humanos solo se violan en el tercer mundo no se dan cuenta del terrible racismo, xenofobia y violencia, incluso estatal, contra los migrantes, que se mantiene viva y activa en el mundo desarrollado. El Salvador, que recibió migrantes hace un siglo, también desde hace un siglo comenzó a empujar salvadoreños hacia un salario mejor. Primero a las plantaciones bananeras de Honduras y, después de la guerra con el país hermano, hacia los Estados Unidos principalmente. De nosotros se suele decir que una tercera parte de nuestra población ha migrado y vive fuera de las fronteras patrias. El apoyo económico que muchos salvadoreños reciben de sus parientes migrantes se ha convertido en el principal factor de reducción de la pobreza y fuente de alivio para una economía demasiado maltrecha. A lo largo de la posguerra, pocos políticos han dejado de alabar a nuestros hermanos migrantes. Incluso políticamente se desarrolló un sistema de consulados extendidos por diversas ciudades de México y Estados Unidos muy superior en calidad y servicios a otros sistemas consulares de países del área. Por eso llama la atención que en los estertores finales de la actual Asamblea Legislativa se haya intentado sacar una ley que castigando duramente la trata de personas, criminaliza la solidaridad con los migrantes. La ley se llama “Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas” y está vetada (bien vetada esta vez) por el Presidente de la República. Contiene serias ilegalidades como el de no respetar el principio de territorialidad y posibilitar la persecución penal de salvadoreños por cometer acciones que en El Salvador serían delictivas y fuera de El Salvador no lo son. Como ejemplo albergar a un migrante sin papeles en su viaje hacia Estados Unidos. Aunque resulte chocante decirlo, esto es tan absurdo y brutal como lo que hacían en sus años más dictatoriales los regímenes comunistas, que podían meter preso a una persona que recibiera a un sacerdote en su casa. Cuando hace años hemos visto fotos de mujeres mexicanas lanzando agua y alimentos a los migrantes que viajaban en el tren al que llamaban “la bestia”, sentíamos el orgullo de saber que la fraternidad triunfaba sobre los prejuicios racistas y xenófobos. Hoy algunos diputados salientes parecen desear que vaya preso cualquier salvadoreño que se le ocurra dar un pan con café a una mujer o a un adulto mayor que camine en una caravana. Quienes defienden esa ley pueden decir que exageramos, pero esa ley es tan general y tan poco específica en algunos aspectos que puede confundir fácilmente el tráfico ilegal de personas con la solidaridad humanitaria con el migrante. Está bien perseguir a quienes ponen en riesgo a los salvadoreños en su viaje hacia Estados Unidos. Pero no todos son traficantes en cuando albergan, aconsejan o ayudan incluso económicamente a quienes deciden migrar. Decir que para prevenir la migración hay que desarrollar políticas públicas es una generalidad tan amplia que termina no diciendo nada. Y no podemos engañarnos: el Estado salvadoreño ha fallado sistemáticamente a la hora de cumplir con su deber constitucional de brindar al ciudadano “bienestar económico” (Artículo 1 de la Constitución). No es de extrañar que muchos ciudadanos confíen más en los coyotes traficantes que en los coyotes políticos. Y peor todavía si estos últimos le hacen la migración más difícil a los migrantes.

Mucho le costó a la sociedad civil obtener la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, que garantiza el derecho de todo ciudadano y la sociedad en general a conocer los pormenores del quehacer de las instituciones públicas y sus funcionarios. Las dificultades para la aprobación de la Ley —tan importante para el desarrollo y profundización de la democracia, para avanzar hacia un Gobierno abierto, para la transparencia de la función pública y para contribuir a la lucha contra la corrupción— se debieron a la opacidad característica de la mayor parte de la clase política del país. La normativa fue incómoda desde el primer momento y ha sido vista como una amenaza por aquellos que administran el Estado, pues abrió la puerta a que la sociedad civil pudiera controlarlos. Sin embargo, a pesar de sus bondades y aciertos, la Ley tiene una gran limitación: da un excesivo poder al presidente de la República en la elección del presidente y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, y la facultad de determinar aquello que constituye materia reservada y, por tanto, no puede ser ser escrutado por la sociedad. Así, la Ley pone en manos del titular del Ejecutivo la posibilidad de controlar el Instituto e interferir en su trabajo, anulando de facto el control de las instituciones gubernamentales que la propia Ley de Acceso a la Información Pública posibilita. Todos los mandatarios que ha tenido el país desde 2010 (año de aprobación de la Ley) hasta la actualidad han buscado aprovecharse de esa limitación para librarse del escrutinio público. Durante las administraciones del FMLN se intentó controlar al Instituto de Acceso a la Información Pública buscando comisionados afines al partido y redactando reglamentos que restringieran los alcances de la Ley. A pesar de ello, ni Mauricio Funes ni Salvador Sánchez Cerén lograron su cometido; el Instituto dio grandes aportes a la transparencia de la función pública y garantizó en buena medida el derecho ciudadano a recibir información de las instituciones del Estado. Esto gracias a que la mayoría de comisionados elegidos asumieron con independencia y responsabilidad su misión. La situación cambió con la llegada de Nayib Bukele. A través del nombramiento de los comisionados y del presidente del Instituto, Bukele ha logrado cooptar y controlar el organismo, evitando así que se transparente el trabajo de las instituciones y funcionarios públicos. Con el Instituto de Acceso a la Información Pública ya neutralizado, el secretismo se ha vuelto norma y se niega el derecho de todo ciudadano a conocer lo que ocurre en las instituciones públicas. Sin duda, se ha dado un gran paso hacia atrás en temas de transparencia y control ciudadano del Estado, algo que riñe con las promesas de Bukele de luchar contra la corrupción. El Salvador y sus ciudadanos han perdido un instrumento valioso y necesario para un mejor gobierno; peor aún, parece que la mayoría de la población no es consciente de la gravedad de este hecho y de las consecuencias negativas que ello traerá en la administración de la cosa pública y el desarrollo del país.

En El Salvador con facilidad se tiende a dejar de lado lo que es importante en el largo plazo, priorizando lo que es secundario si ello implica obtener réditos en el corto plazo. Un ejemplo claro es que de cara al 1 de mayo se esté pensando más en la toma de posesión de la nueva Asamblea Legislativa que en la situación de los trabajadores. Puesto que el desarrollo nacional descansa en la capacidad y calidad laboral de la gente, eso es lo que debería preocupar en el Día Internacional de los Trabajadores. La Asamblea Legislativa no es un fin en sí misma, sino un medio; en cambio, el trabajo decente y de calidad es un fin en sí mismo, porque se traduce en desarrollo personal y social. Los medios pueden ser indispensables para alcanzar los fines, pero si estos no están claros, aquellos fácilmente se corrompen. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hizo un estudio sobre la productividad promedio de los trabajadores en diversos países del mundo. Como sabemos, en la actualidad, la productividad laboral depende en buena medida de la educación, la especialización, la capacidad técnica y el acceso a medios de producción de última generación. Por lo general, a mayor formación, mayor productividad. Pues bien, fuera de lo que se suele asumir, Estados Unidos no es el país con mayor productividad por trabajador, pero el promedio de productividad de sus trabajadores es de 116 mil dólares al año. En contraste, la de un trabajador costarricense anda por los 36 mil dólares al año; la de un guatemalteco, 18 mil 932 dólares; la de un salvadoreño, 18 mil 191; y la de un nicaragüense o de un hondureño, ronda los 10 mil 500 dólares. Estos datos explican por qué la gente del Triángulo Norte emigra hacia Estados Unidos y los nicaragüenses, hacia Costa Rica. La mayoría de países del istmo no han cuidado ni promovido la calidad del trabajo. Ni el Estado ni la empresa privada han cumplido con su responsabilidad de dotar al trabajador de los medios educativos y técnicos que le permitan ser algo más que mano de obra barata. Costa Rica, gracias a unas reformas muy sencillas tanto en el campo educativo como en la seguridad social, ha logrado en relativamente poco tiempo duplicar la productividad de sus trabajadores con respecto a los de sus vecinos en la región. Aunque el 1 de mayo suele centrarse en El Salvador en el reclamo de mejoras salariales para los trabajadores formales y algunas otras reivindicaciones sociales, rara vez se ha reflexionado seriamente sobre la calidad y productividad del trabajo. Hoy las cosas están peor. En el país, la pandemia ha golpeado severamente el trabajo, pero por la coyuntura preocupa más una Asamblea Legislativa que se prevé de baja calidad. Perder la oportunidad de reflexionar en el Día Internacional de los Trabajadores sobre la problemática apuntada implicaría desatender una tarea clave para la salud y desarrollo de la nación. Si la sociedad civil no reflexiona sobre el trabajo, mucho menos lo hará una Asamblea más interesada en su triunfo y en cumplir al pie de la letra los deseos presidenciales.

El proceso de vacunación contra la covid-19, que inició el 17 de febrero y que ya ha alcanzado más de medio millón de salvadoreños, es uno de los mejores alicientes para enfrentar con esperanza el futuro cercano. Especial mención en este proceso merece el personal de salud que con diligencia y amabilidad atienden a las miles de personas que llegan a diario a aplicarse la primera dosis de la vacuna. Sin embargo, reconocer sin ambages este gran acierto, no da licencia para cerrar los ojos a algunos aspectos que, en el contexto de la pandemia, generan muchas preguntas. Por ejemplo, un primer aspecto se refiere a la decisión de convertir en un gran centro de vacunación lo que se anunció como una de las fases del hospital más grande de América Latina para atender víctimas del coronavirus. ¿Qué impacto tiene esta inesperada decisión en el presupuesto que se había destinado para la construcción? Porque no es lo mismo lo que se invierte en un hospital con más de dos mil camas, mil de ellas equipadas como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en un centro para aplicar vacunas, por grande que este sea. Efectivamente, cuando a mediados de marzo del año pasado el presidente Bukele anunció con altavoces la construcción del hospital en 100 días, dijo que costaría $70 millones de dólares y que tendría 2,300 camas, 300 UCI y el resto para atención general. Tiempo después se dijo que el hospital costaría más dinero, que tendría mil camas UCI, pero nunca se dio un informe con detalles. El 10 de agosto de 2020, el presidente Bukele afirmó en una conferencia de prensa que se tenían 400 camas UCI ya funcionando. Sin embargo, en un artículo publicado1 en la prestigiosa revista científica británica The Lancet en diciembre de 2020 y que algunas fuentes atribuyen a un encargo del gobierno salvadoreño, se afirma que el hospital El Salvador cuenta con 105 camas UCI, 143 camas de cuidados intermedios, 18 médicos intensivistas, 25 de medicina interna, 318 médicos generales y 492 enfermeras. Por muy positivos que sean todos estos datos, que lo son, están lejos del anuncio oficial del presidente. A lo mejor, no se ha invertido todo el dinero y lo que falta se utilizará en el equipamiento del hospital en un futuro, pero esto no pasa de ser especulación mientras el gobierno no revele lo que realmente ha gastado en el hospital. En febrero de este año, en la misma revista The Lancet, se publicó otro artículo titulado “Hospital El Salvador: quedan preguntas más amplias”2, en el que se cuestiona lo dicho en el artículo publicado en diciembre. En este artículo se mencionan las medidas decretadas por el gobierno durante la cuarentena porque resultaron en “abusos cuestionables contra los derechos humanos”, se pregunta por quiénes fueron los que tomaron la decisión de construir el hospital y por el enfoque de género con el que funciona. En el fondo plantean ¿Por qué se tomó la decisión de invertir en el tratamiento de los muy enfermos, en lugar de los esfuerzos para reducir la propagación de la enfermedad? Las intervenciones más efectivas contra COVID-19 son a nivel poblacional. La inversión financiera en el Hospital El Salvador, aunque no pública, debe ser sustancial. Este hecho debe entenderse en un contexto donde millones de salvadoreños viven en extrema pobreza sin acceso a agua para lavarse las manos y donde un gran sector informal depende de un ingreso diario y no puede aislarse”. En esta línea que señala The Lancet, queremos destacar un segundo aspecto alrededor de la construcción del megahospital o megacentro de vacunación. Se ha afirmado a los cuatro vientos que se ha transformado el sistema de salud. Pintar y retocar las fechadas de hospitales y construir uno nuevo, siendo avances importantes, no son suficientes para cambiar un sistema de salud que ha estado en condiciones deplorables desde hace muchos años. Transformar el sistema de salud implica hacer universal el derecho humano a la salud que incluya a toda la población en igualdad de condiciones, independientemente de su situación económica. Costa Rica, para no ir más lejos, incluye en su sistema de seguridad social a toda su población sin excepción, mientras que en El Salvador seguimos teniendo tres sistemas de salud que son un reflejo de la desigualdad que impera en la sociedad. Un derecho que no es de todos es un privilegio, y eso es lo que ha pasado con la salud así como con la educación, el empleo, el agua y la vivienda en el país. Cambiar el sistema de salud implica homologar un reconocimiento digno a todos los trabajadores de la salud, que han sido y siguen siendo los verdaderos héroes de esta pandemia; exige no hacer que la población llegue a mega centros, sino llevar la salud a la población y hacer que en todas las regiones del territorio hayan hospitales escuelas donde se formen las nuevas generaciones de profesionales que no luchen entre sí por encontrar un cupo en la ciudad capital. Transformar el sistema de salud implica hacer cambios mucho más profundos. Al César l

José María Tojeira 20/04/2021 Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo de las Naciones Unidas, publicó un documento sobre el diálogo con la sociedad civil, en el que se insiste en que la participación ciudadana es indispensable para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030). La Asamblea General de la ONU, en este contexto, aprobó la declaración Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Acuerdo de Escazú, que el Gobierno de Bukele no quiso firmar, iba, en el tema medioambiental, en la misma dirección participativa. En este momento, en el que una nueva Asamblea Legislativa está punto de iniciar sus funciones, el tema se vuelve de interés general. ¿Iniciará este Gobierno un diálogo participativo con la sociedad civil en su amplitud y diversidad? El control tan fuerte de las instituciones estatales que le caracterizará a partir del 1 de mayo ofrece una oportunidad de diálogo inclusivo con todos aquellos sectores que se preocupan por el desarrollo humano de El Salvador ¿Aprovechará la oportunidad de convertirse en un Gobierno abierto o se cerrará en su control de las instituciones aislándose de la sociedad civil? La negativa a firmar el Acuerdo de Escazú no ofrece un buen pronóstico, pero en la medida que los problemas se vayan mostrando en su complejidad, el acercamiento a la sociedad civil se vuelve indispensable.

A nivel oficial, Estados Unidos ha sido considerado por El Salvador como su amigo y aliado preferencial desde hace más de 100 años. Muchos recuerdan al presidente Francisco Flores diciendo que el mayor honor que había recibido en su vida era que George Bush le llamara “amigo”. A pesar del paso del tiempo y los cambios en ambos países, la influencia dominante de uno sobre otro ha permanecido. Solo en el actual Gobierno se han comenzado a ver situaciones inesperadas. La coyuntura más reciente ha estado marcado por el viraje en la política de Estados Unidos hacia la región centroamericana, que ha alterado el tradicional respeto y dependencia salvadoreños hacia la nación del norte. Los mensajes de la administración de Joe Biden han insistido en la lucha contra la corrupción, el apoyo al desarrollo, el freno a la migración y la defensa de los derechos humanos. A cambio promete ayuda económica. Así, la actual agenda estadounidense para la región se aleja de la complacencia con el autoritarismo y de la manipulación propagandística y antiinmigrante de la era Trump. En ese marco, una serie de congresistas del partido demócrata entraron en polémica con el presidente Bukele, quien no tardó en responder con su agresividad característica. Aprovechando la coyuntura, China ha comenzado un proceso de acercamiento con el Gobierno salvadoreño. La situación obliga a preguntarse si la actitud de Bukele responde a una estrategia planificada o es una una amarga y espontánea respuesta a la nueva política estadounidense, diferente de los halagos y mieles de la anterior administración. Todavía es temprano para saberlo, pero de lo que no cabe duda es de que los migrantes y sus remesas son claves para El Salvador. Dada la situación económica del país, es un verdadero despropósito enfrentarse con los congresistas que apoyan dar la residencia a quienes tienen el TPS y a otros migrantes sin papeles. Creer que China puede igualar la relación económica y de cooperación con los Estados Unidos sería de ilusos. Endeudados como estamos, dolarizados y dependientes de préstamos, no conviene olvidar la influencia estadounidense en la mayoría de los bancos y agencias internacionales. Por supuesto, Estados Unidos no siempre ha sido un aliado ético. Durante nuestra guerra civil, no tuvo inconvenientes en contribuir a ocultar masacres, apoyar asesinos o corruptos, y dar ayuda militar, haciendo caso omiso de que las causas del conflicto armado eran económicas y sociales. Ciertamente, oponerse a tendencias imperialistas es una actitud ética. Pero eso es una cosa y otra no saber manejar situaciones políticas. Estados Unidos enfrenta un drama humanitario en sus fronteras, dada la fuerte afluencia de migrantes y la incapacidad de atenderlos. El momento es propicio para una negociación en favor de los migrantes salvadoreños y de reducir el éxodo hacia el norte a través de inversiones en el campo productivo. Pelearse con los congresistas más cercanos a nuestro país es políticamente absurdo. Y hacerlo porque insisten en temas vinculados a la libertad, la lucha contra la corrupción, la transparencia y los derechos humanos añade ácido a una situación de por sí insostenible. Un cambio de actitud de parte del Gobierno de Nayib Bukele es necesario si quiere apoyar a los salvadoreños que residen en Estados Unidos y buscar modos de estabilizar económicamente a El Salvador.