Editoriales y Opiniones

“Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”, reza la conocida frase del poeta británico Alexander Pope, que ofrece un camino claro de comportamiento ético y realista. Reconocer que toda persona puede equivocarse implica entender las limitaciones intrínsecas del ser humano y que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Sin embargo, el orgullo, algo también muy propio de la humanidad, lleva a muchos a no aceptar sus errores y a que, por tanto, no rectifiquen sus acciones. Algunos podrán reconocer sus equivocaciones en privado, ante sus círculos más cercanos, pero nunca lo harán públicamente para no dañar la imagen que buscan proyectar. La humildad es la virtud necesaria para rectificar los errores, pero escasea en aquellos que tienen poder o aspiran a tenerlo. A los ojos de analistas y especialistas en diversas materias, el presidente Bukele, con el apoyo de sus adeptos, ha cometido graves errores que tendrán importantes consecuencias negativas para la población y el país en general en el mediano y largo plazo. Irrespetar de forma continua el Estado de derecho, destruir la institucionalidad democrática, apoyar la violación a los derechos humanos, endeudar el país a niveles que ponen en duda y en riesgo la capacidad nacional de pago, asumir el control del órgano judicial, utilizar el poder estatal para destruir a enemigos personales e institucionales, decretar la inmunidad para los corruptos de su Gobierno, alimentar el odio contra todos los que difieren de sus ideas o las critican, aprobar la Ley Bitcoin, promover una reforma constitucional sin garantías ni controles independientes, generar una crisis en la relación con Estados Unidos son algunos de esos errores graves. ¿Las consecuencias? Pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional, retiro de los ahorros, inseguridad jurídica, aumento del riesgo país, disminución de la calidad crediticia, caída estrepitosa de los precios de los bonos estatales y dificultad creciente para obtener financiamiento de corto plazo, entre otras. Estas son razones más que suficientes para reconocer que es urgente un cambio de rumbo y rectificar de inmediato los errores cometidos. Un primer y necesario paso en esta dirección sería abolir la Ley Bitcoin, algo que aportaría tranquilidad y seguridad tanto a los ciudadanos como a las organizaciones financieras internacionales, de las cuales El Salvador requiere ayuda para salir de la crisis económica en la que está inmerso. Si para la mayoría de las personas es difícil aceptar sus errores, más lo es para quienes ejercen autoridad y tienen puestos de decisión importantes. El orgullo desmedido, la creencia popular de que la autoridad no puede equivocarse y que reconocer los errores es una muestra de debilidad obstaculizan el camino hacia la rectificación. Sin embargo, un gobernante que en verdad desea servir y buscar el bienestar de la población se caracteriza por su humildad y por su capacidad de rectificar cuando se equivoca. En esto Nayib Bukele podría marcar una verdadera diferencia con todos los presidentes que le han precedido. Si en aras del desarrollo del país y el bienestar de la gente reconociera que se ha equivocado y marcara el cambio de rumbo correspondiente, daría un paso real y evidente para desmarcarse de quienes él denomina “los mismos de siempre”. Pero ¿tiene el presidente la capacidad de rectificar?

Algunos piensan que estamos llenos de malas señales, y no les falta razón. Tal vez se equivocan cuando piensan que antes era mucho mejor y que el presente no tiene nada que ver con ese pasado. Pero más que discutir ese tema, es importante continuar observando las señales que indican si avanzamos, estamos estancados o retrocedemos. Y al observarlas, analizar sus posibles interacciones. En este contexto, creo que es bueno reflexionar sobre el derecho a la vida, porque los datos están comenzando a indicarnos un repunte de homicidios y muertes violentas no casual y momentáneo, sino persistente en el tiempo. En efecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA ha lanzado una alerta al documentar un crecimiento en las violencias homicida, feminicida y sexual, y en la desaparición de personas. Si en el primer trimestre de este año habíamos observado ya un leve aumento, en el segundo la tendencia al alza se consolida. Efectivamente, en 2021, “entre enero y junio se contabilizan un total de 689 víctimas de muertes violentas”, nos dice el Observatorio. Se refleja ahí un aumento de casi cien víctimas mortales sobre el primer semestre de 2020, que registró 596 víctimas mortales. Si además contabilizáramos los cadáveres aparecidos en las fosas de Chalchuapa, la diferencia superaría el centenar. Las autoridades, además, han comenzado a maquillar los datos de homicidios. Sin ninguna razón técnica, los restos de personas asesinadas y encontrados en avanzado estado de descomposición se están catalogando ahora como “osamentas”, no como homicidios. El hecho de que el número de cadáveres enterrados en Chalchuapa haya estado sumido en el silencio oficial o en la negativa a la información durante bastante tiempo refleja ese afán de maquillar los datos. Mientras esto ocurre con los asesinatos del presente, la misma tendencia al maquillaje se ha comenzado a dar con respecto a los crímenes de la guerra. Mientras en el caso de la masacre en El Mozote existen dificultades claramente impulsadas desde el Estado y otros casos, como el de la masacre en la UCA, sufren parálisis causadas por funcionarios judiciales o fiscales corruptos, la Fiscalía presenta la detención de algunos soldados de base por una pequeña masacre de 1981 como un signo evidente de la buena voluntad y el deseo fiscal de hacer justicia. Recientemente, la Fiscalía ha estado tratando de cooperar lo menos posible en el caso de la matanza de estudiantes de la UES, reclamado por diversas instancias, y tiene engavetados más de 70 casos presentados desde hace años, muchos de ellos con suficientes datos como para al menos iniciar interrogatorios, cuando no acusaciones. Al comenzar este artículo iniciábamos hablando de malas señales. Y eso son los datos ofrecidos. Si al principio del actual Gobierno pudimos ver, incluso con sorpresa y agrado, un radical descenso de los homicidios y otros crímenes semejantes, hoy los datos nos hablan de un agotamiento de los planes gubernamentales. La no solución de problemas estructurales del país; el empantanamiento en temas tan clave como la educación; la corrupción en la justicia, aumentada tras las destituciones ilegales de magistrados; y la crisis económica y algunas propuestas como la del bitcoin, que ensombrecen más el futuro, están dejando sin aliento las medidas, sean las que fueran, que habían logrado reducir algunos de los crímenes más graves o dar un poco más de esperanza en la solución de casos tanto del presente como del pasado. Los problemas estructurales y la selección de buenos funcionarios o se abordan como parte de un proyecto común en el que el diálogo y la participación de diversos criterios tiene un alto protagonismo, o simplemente se fracasa a la hora de encontrar soluciones. Y el Gobierno, a pesar de su vasta influencia y peso en la vida nacional, no ha acertado a encontrar caminos eficaces y positivos de diálogo. Y eso repercute en el ánimo de las personas y de los grupos sociales. El odio en las redes, la polarización en la política, la propaganda exagerada y el maquillaje de la realidad producen cansancio, desmoralización y violencia. El aumento de crímenes que creíamos entrarían en un proceso de reducción permanente nos muestra, entre otras cosas, el fracaso gubernamental de lograr acuerdos racionales en muy diversos temas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Lemus afirma que el actual Gobierno tiene una expansión del gasto más agresiva que los Gobiernos anteriores, pero con deuda pública. Esto trae consecuencias directas para la población, según explica el economista.

El cardenal Rosa Chávez dijo recientemente en una página de noticias del Vaticano que en El Salvador estamos en la actualidad en “una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione” (Vaticannews, 5 de Agosto, 2021). La preocupación por el Estado de Derecho ha sido continua en la Iglesia. Ya en años anteriores nuestro actual arzobispo había hablado de los rasgos de un “estado fallido” que se podía visibilizar en el estado salvadoreño. Y en la primera encíclica social escrita por el Papa León XIII se decía que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil”. En otras palabras, se insiste, como después lo hará más directamente Juan XXIII y el propio Concilio Vaticano II, en que el Estado está unido necesariamente a la defensa y protección de los derechos de todos, sin excluir a nadie. Es en definitiva lo que la Iglesia pone como obligación básica del Estado, el bien común, que “abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (G.S. 74). En El Salvador hemos tenido una triste tradición de irrespeto a los Derechos Humanos, prácticamente desde la Independencia, heredada de la corrupción y la injusta sociedad de castas impuesta por los 300 años de la colonia. Las esperanzas de desarrollo de nuestro pueblo se ven frustradas con demasiada frecuencia por desigualdades, injusticias, pobreza y violencia, discriminación social y mal funcionamiento de instituciones públicas, desde la educación al sistema judicial, que marginan al más humilde e impiden el desarrollo de las capacidades de las personas. La migración ha sido con frecuencia el resultado de un Estado que, contra su propia Constitución, no ofrece a sus ciudadanos “bienestar económico y justicia social”. En nuestros días nos toca a los cristianos defender el Estado de Derecho democrático, con la separación de poderes y la institucionalidad abierta a todos. Porque efectivamente, en muchas ocasiones se puede constatar que la institucionalidad es favorablemente parcial con unos y negativa o inútil para otros. Los mensajes de odio, las visiones en blanco y negro, la imposición de medidas y normas sin el debido debate público, la cerrazón de algunas instituciones estatales a debatir o incluso a respetar derechos de personas críticas o de diferente pensamiento, la manipulación de la justicia o la restricción sistemática del acceso a la información pública, son realidades que el cristiano debe contribuir a cambiar desde su compromiso pacífico con el bien común. El Salvador es un país en el que los lazos familiares son muy fuertes. Basta ver la solidaridad de los migrantes con quienes permanecemos en el país. Pero los lazos de la convivencia social amplia están demasiado dañados por la desconfianza, por la búsqueda de ventajas individuales y por la cultura de la ley del más fuerte y del desprecio del débil. Los cristianos, que en buena parte somos los que hemos construido los valores que mantienen unida y solidaria a la familia incluso en la lejanía, tenemos, en estos tiempos que corren, la responsabilidad de mejorar estos lazos sociales dañados por tantos años de abuso de quienes debían tener como máxima responsabilidad el bien común. Comprometernos con la ética ciudadana, con la defensa de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, y con la transformación de las estructuras sociales que marginan, descartan o no sirven para el pleno desarrollo de todas las personas y sus capacidades, es hoy una forma también de no entristecer al Espíritu Santo, que decía Pablo en Efesios 4, 30, así como una forma de amor al prójimo, extraordinariamente bien ejemplarizada en la vida de nuestro San Óscar Romero.

Las contradicciones políticas entre lo que se dice y lo que se hace es imperativo ponerlas al descubierto cuando se dan en el ámbito de la legalidad o de la ética democrática. Hacerlo ayuda a desnudar la falsedad del discurso sobre realidades o problemáticas que merecen un abordaje serio, responsable. Y esta tarea cobra más urgencia hoy que muchos funcionarios del Gobierno tienen más interés en reformar la Constitución de la República que en cumplirla. Desde hace 38 años, todo salvadoreño tiene derecho a indemnización por retardo judicial. Pero como no existe la ley secundaria que estipule los montos, el derecho constitucional queda anulado. En otras palabras, aunque en el papel dicho derecho existe, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa, ni los jueces han buscado hacerlo realidad. E igual sucede con los derechos a la justicia social y al bienestar económico, reconocidos en el primer artículo de la Constitución. El derecho a la presunción de inocencia se vulnera y viola cuando se exhibe a los detenidos y se les trata como culpables antes de ser vencidos en juicio. Además, encarcelarlos hasta que termina el proceso judicial es la norma, pese a que más de un 50% de ellos es finalmente sobreseído o absuelto. La violación de la Constitución es común incluso en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco el Ejecutivo y los diputados tienen reparos en violarla, como quedó de manifiesto en la destitución de la anterior Sala de lo Constitucional. Esta realidad cotidiana debe tenerse en cuenta a la hora de abordar las más de 200 modificaciones constitucionales propuestas por el equipo del vicepresidente de la República. Una de las cosas destacables es que las reformas dejan fuera necesidades urgentes y claras. Por ejemplo, no se elimina el mandato de que la Fiscalía persiga los delitos que se dan en del país y también defienda al Estado en instancias internacionales cuando se le acusa de cometer crímenes, incluidos los de lesa humanidad. Por otra parte, que las 200 reformas hayan sido formuladas por un reducido grupo es poco democrático, además de irresponsable. Máxime cuando algunos de los miembros de ese grupo han legitimado, por acción u omisión, violaciones de derechos constitucionales. Si a eso se añade el hecho de que la Asamblea Legislativa se limita a cumplir los deseos del Ejecutivo, es muy alta la probabilidad de que el asunto acabe en un adefesio constitucional. Por desgracia, la Constitución nunca ha sido tomada en serio por la mayor parte de la clase política, los jueces y los profesionales del derecho. Y ello explica que muchos ciudadanos hayan perdido el respeto a la Carta Magna, nuestro máximo texto legal de convivencia. La prioridad en todo país democrático debe ser siempre el cumplimiento de la Constitución. Las reformas propuestas pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero que las mismas personas que permanecen indiferentes ante violaciones sistemáticas a la Constitución elaboren, a base de amontonar reformas, una nueva Constitución solo desacredita nuestra democracia, por mucho que planteen el reconocimiento de algunos derechos. Mientras primen las felicitaciones por unas reformas que carecen de autoridad moral, continuará imperando la cultura de impunidad e irresponsabilidad constitucional, apoyada en la ley del más fuerte.

EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS

Por José María Tojeira Cuando las situaciones políticas son complicadas, el ideal es tender puentes que faciliten la salida positiva de los problemas. La polarización, la manipulación de las instituciones en favor del poder, como está pasando en Nicaragua, no llevan a soluciones adecuadas. Pueden dar un respiro durante un tiempo, pero agravan siempre la situación, garantizando mayores problemas en el futuro. Cuando el poder está muy concentrado, el puente tiene siempre que ofrecerlo el más poderoso. Y lo más conveniente, si se actúa desde la buena fe, es que el poderoso reduzca su poder, ciñéndose a las leyes vigentes o incluso cambiando aquellas que fueron fruto del exceso de poder y la falta de diálogo. El diálogo siempre es bueno para comenzar. Pero no basta. En regímenes o gobiernos autoritarios, la única manera real de tender puentes es caminar hacia una mayor democracia y respeto al estado de derecho. En general las democracias modernas y abiertas al diálogo con su propia población hacen eso, más allá de la propia ideología o poder establecido en el gobierno. Chile acaba de dar un ejemplo. Un país en el que se han cometido abusos muy graves de Derechos Humanos en el pasado, sabe ahora responsabilizarse frente a ellos. El gobierno de este país ha tenido conflicto con su gente recientemente. Ha habido abusos policiales y grandes manifestaciones de protesta. Pero los políticos no han reaccionado con leyes más duras. Al contrario, han sabido escuchar a la población y han aprobado una ley de responsabilidad civil del Estado cuando se cometan abusos por parte policial, especialmente cuando haya manifestaciones masivas. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó y dejó listo recientemente para pasar a plenario un proyecto de ley que prohíbe el desnudamiento forzado de los detenidos y los tocamientos de contenido sexual en los procesos de detención policial, penalizando a quienes lo hagan o den las órdenes de hacerlo. Y en otro proyecto se prohíbe la utilización de armas letales o que puedan causar graves daños, cuando la policía tenga que supervisar o enfrentar manifestaciones de la población. A eso se le llama tender puentes con una sociedad enfurecida por la dura situación económica y social, y por algunos abusos cometidos desde la policía. En El Salvador nos cuesta avanzar y tender puentes, especialmente por parte del poder. Y en ocasiones eso desata una posición más dura de parte de aquellos que critican o se enfrentan al poder. Para empezar en nuestra Asamblea no ha habido una comisión de DDHH, ni en épocas anteriores ni en la actualidad. Incluso las comisiones de ética, cuando se han elegido, contaban en sus filas con algunos de los diputados con clara falta de ética y en ocasiones verdaderos delincuentes, solo liberados de juzgamiento por la complicidad de sus colegas de diversos partidos. En la actualidad algunos de los diputados y personajes cercanos al poder ejecutivo se han distinguido por su misoginia y agresividad frente a cualquier tipo de crítica. Y por supuesto no tienden puentes, con ofertas concretas de superar situaciones conflictivas. Aun ejemplo muy claro es la negativa a dialogar sobre el bitcoin, frente a posiciones más lógicas y mejor pensadas, que piden la derogación de la ley que autoriza la criptomoneda, por cierto ya muy próxima a entrar en vigor. Abrir el acceso a la información pública, en vez de negarlo, dialogar con apertura sobre el Estado de Derecho, en vez defender cerradamente situaciones legalmente insostenibles, reconocer el derecho a la presunción de inocencia y tratar a los acusados de cualquier delito en conformidad con la legislación nacional o internacional vigente, podrían ser signos de que se quiere tender puentes. No tenderlos, y más en la actual situación de concentración de poder, solo llevará en el mediano plazo a una polarización creciente en el país. Y la polarización, el insulto, la negativa al diálogo, nunca lleva al desarrollo humano. Y menos a un país endeudado como el nuestro, con graves problemas de desigualdad y pobreza en demasiados ámbitos de la vida ciudadana y social. JMT/IDHUCA

En la encíclica Fratelli tutti, publicada en octubre del año pasado, el papa advierte de la agresividad que se ha desarrollado en las redes sociales. En ellas, dice Francisco, se dan “formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos”. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado preocupación tanto por el lenguaje de odio en las redes como por sus consecuencias: “El odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y con cada norma que se rompe, se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz”. En El Salvador, es alarmante cómo crece el odio en las redes sociales, solo ligeramente moderado por algunas demandas contra algunos de sus principales promotores y protagonistas. A la crítica racional se le responde con un lenguaje agresivo y con frecuencia soez que desata una especie de pugna por ver quién es más capaz de despreciar, humillar y burlarse del interlocutor. Se destruye así una de las formas básicas de convivencia, la escucha respetuosa del otro, al tiempo que se desvanecen los valores democráticos de la fraternidad y la igual dignidad de la persona. Ya anteriormente las relaciones sociales se envenenaban por el machismo, la fobia a la diversidad sexual, el desprecio de quien se cree superior a los demás y la violencia en el seno del hogar. Por ello, la multiplicación del lenguaje del odio no solo recoge lo peor de la herencia nacional, sino que la potencia. Puesto que el lenguaje de odio rompe la confianza interpersonal, siembra miedo y destroza los vínculos sociales indispensables para la sana convivencia, resulta impostergable reflexionar sobre la realidad salvadoreña. Nuestro país se caracteriza por su profunda desigualdad, que se manifiesta, entre otras áreas, en la educación, la salud, el ingreso, la fiscalidad, el empleo, el género y el acceso digital. Es muy difícil que una sociedad tan dividida y separada estructuralmente, y en la que impera la agresividad pueda avanzar en la solución de sus problemas. Dialogar con franqueza, poner a disposición del ciudadano la información pública, frenar toda expresión que rompa las posibilidades de sana comunicación son requisitos para planificar un futuro digno para todos.

Hoy hay dos cuestiones principales que afectan a toda la humanidad: el calentamiento global y la creciente escasez de agua potable. Ambas obligan a profundos cambios en nuestro modo de vivir, pues pueden producir un colapso de nuestra civilización y afectar profundamente el sistema-vida. Atengámonos a la cuestión del agua, codiciada por las grandes corporaciones para privatizarla y lucrarse enormemente. Ella puede ser tanto motivo de guerras como de solidaridad social y cooperación entre los pueblos. Ya se ha dicho que las guerras del siglo XX eran por petróleo y las del siglo XXI serán por agua potable. No obstante, ella puede ser referencia central para un nuevo pacto social mundial entre los pueblos y los gobiernos con vistas a la supervivencia de todos. Consideremos los datos básicos acerca del agua. El agua es extremadamente abundante y al mismo tiempo escasa. Hay cerca de 1.360.000.000 km3 cúbicos de agua en la Tierra. Si tomáramos toda esa agua que está en los océanos, lagos, ríos, acuíferos y cascos polares y la distribuyésemos equitativamente sobre una superficie terrestre plana, toda la Tierra quedaría sumergida bajo el agua a tres km de profundidad. El 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. Pero solamente el 0,7% de esta es directamente accesible al uso humano. De este 0,7, el 70% va para la agricultura, el 22% para la industria y lo que queda para el uso humano y animal. La renovación de las aguas es del orden de 43.000 km3 al año, mientras que el consumo total está estimado en 6.000 km³ al año. Hay por lo tanto superabundancia de agua, pero desigualmente distribuida: el 60% se encuentra en sólo 9 países, mientras otros 80 enfrentan escasez. El problema no es la escasez de agua sino su mala gestión y distribución para atender las demandas humanas y de los demás seres vivos. Brasil es la potencia natural de las aguas, con el 13% de toda el agua dulce del planeta, con un total de 5,4 billones de metros cúbicos. Por ser escasa, el agua dulce se ha convertido en un bien de alto valor económico. Como hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, todo se transforma en mercancía. Se ha creado un mercado de las aguas de más de 100.000 millones de dólares. Ahí están fuertemente presentes Nestlé y Coca-Cola, buscando comprar fuentes por todas partes del mundo. El gran debate hoy se presenta en estos términos: ¿el agua es fuente de vida o fuente de lucro? ¿El agua es un bien natural, vital, común e insustituible, o un bien económico a ser tratado como recurso hídrico y como mercancía? Para empezar es importante reconocer que el agua no es un bien económico como cualquier otro. Está tan ligada a la vida que debe ser entendida como algo vital y sagrado. La vida no puede ser transformada en mercancía. Es uno de los bienes más excelentes del proceso evolutivo y unos de los mayores dones divinos. Además, el agua está ligada a otras dimensiones culturales, simbólicas y espirituales que la hacen preciosa y cargada de valores que en sí no tienen precio. Para entender la riqueza del agua que transciende su dimensión económica, necesitamos romper con la dictadura de la razón instrumental-analítica y utilitarista, impuesta a toda la sociedad. Ésta ve el agua como mero recurso hídrico con el cual se puede hacer negocios. Atiende sólo a finalidades y utilidades. Pero el ser humano tiene otros ejercicios de su razón. Existe la razón más ancestral, sensible, emocional, cordial y espiritual. Este tipo de razón va más allá de finalidades y utilidades. Esta razón está ligada al sentido de la vida, a los valores, al carácter simbólico ético y espiritual del agua. En esta perspectiva, el agua se considera un bien común natural, como fuente y nicho donde hace 3.800 millones de años surgió la vida en la Tierra. El agua es un bien común público mundial. Es patrimonio de la biosfera y vital para todas las formas de vida. No existe vida sin agua. Obviamente, las dimensiones del agua como fuente de vida y como recurso hídrico no necesitan excluirse, pero deben ser rectamente relacionadas. Fundamentalmente el agua pertenece al derecho a la vida. La ONU declaró el día 28 de julio de 2010 que el agua limpia y segura, así como el saneamiento básico, constituye un derecho humano fundamental. Pero ella demanda, sí, una compleja estructura de captación, conservación, tratamiento y distribución, lo que implica una innegable dimensión económica. Ésta, sin embargo, no debe prevalecer sobre la otra, la del derecho, sino que debe hacer el agua accesible a todos. Se debe garantizar a todos gratuitamente por lo menos 50 litros de agua potable y sana al día. Corresponde al poder público, junto con la sociedad organizada, crear la financiación pública para cubrir los costos necesarios para garantizar ese derecho de todos. Las tarifas para los servicios deben tener en cuenta los diversos usos del agua, ya sea doméstico, industrial, agrícola o recreativo. Para los usos en la industria y en la agricultura, evidentemente, el ag

En los días previos a la fiesta patronal de El Salvador y, por supuesto, de San Salvador, ha habido multitud de festividades, más extendidas unas, más particulares otras. El 25 de Julio muchos pueblos de nombre y origen indígena celebraron sus fiestas patronales en honor a Santiago (Chalchuapa, Tenancingo, Texacuangos, uno de los Nonualcos, Apastepeque, Santiago de María, La Laguna...). Santa Ana celebró el 26 a su patrona. Los jesuitas y los redentoristas a sus fundadores. Sin embargo, la actual situación de pandemia, aún no controlada y con un severo repunte a pesar del buen manejo de la vacunación, ha forzado a que los aspectos más externos de la celebración se hayan reducido. Especialmente las fiestas patronales han ido acompañadas siempre con procesiones, juegos, encuentros sociales, etc. Hoy la necesidad de cuidarse y de cuidar al prójimo nos impone algunas restricciones. Y precisamente esa especie de pausa, nos puede ayudar a reflexionar sobre el sentido profundo de la alegría que invade nuestras festividades. Nos alegramos muchas veces con la música y la comida y olvidamos las dimensiones más hondas de la celebración. Santiago respondió con un “podemos” cuando Nuestro Señor les preguntó a él y a su hermano Juan si podían beber el cáliz de su Maestro. Fue después el primer apóstol decapitado por su seguimiento del Señor. Santa Ana, con San Joaquín, representan la sabiduría de los ancianos y la capacidad de los mismos de transmitir lo mejor de la espiritualidad a sus descendientes. María, ejemplo de fe para todo cristiano, fue hija de estos santos. Y Jesús de Nazaret, en su dimensión de Salvador del mundo, es para todos nosotros “camino, verdad y vida”, y fuente segura de salvación. Si los cristianos olvidamos estos aspectos, las fiestas, aun con todos sus aspectos positivos, pierden una buena parte de su sentido. La vida cristiana está llena de festividades. La misma Iglesia nos ha animado siempre celebrar con alegría esos días dedicados a los seguidores de Jesús y a nuestro propio Maestro y Señor. El Papa San Gregorio Magno, cuando aconsejaba a los evangelizadores de los pueblos paganos del norte de Europa, les decía que continuaran con los aspectos festivos que éstos tenían en honor a sus dioses. Pero que le dieran un sentido diferente. Si antes sacrificaban toros a sus divinidades, una vez convertidos debían seguir celebrando a los santos matando algún torete para compartir la comida fraternalmente con toda la comunidad. La alegría de vivir compartiendo ideales y caminos debe traducirse siempre en la alegría del banquete compartido, “cada cual con su taburete” como decía nuestro próximo beato Rutilio Grande. La alegría y la fiesta es consustancial al cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Y entre las múltiples herencias recibidas de nuestros hermanos judíos está la palabra “aleluya”, símbolo de alegría de quienes alabamos permanentemente al Dios que nos amó primero. Si el dolor, la injusticia y las pruebas nos remiten siempre a la cruz del Señor, las fiestas nos recuerdan el triunfo del resucitado y de todos nuestros hermanos y hermanas que nos precedieron uniéndose a la resurrección del Señor. La fiesta nos da siempre fuerza para seguir en esta vida de peregrinos caminando al encuentro del “Cordero degollado que permanece de pie”, como le llama el Apocalipsis a Jesús, anunciando su cruz y su triunfo en la resurrección. Vivir nuestras fiestas cristianamente, compartiendo la alegría, el amor y la generosidad, es también parte de nuestro testimonio y esperanza. Y es parte fundamental del descanso en el caminar y de la esperanza de llegar a la meta, en la que Dios será todo en todas las cosas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El 20 de julio de 2021, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 73 votos a favor, reformar la Ley de Símbolos Patrios para que la frase “Puesta nuestra fe en Dios”se coloque en espacios visibles de las instalaciones del recinto legislativo. Estas referencias religiosas ya han sido utilizadas por funcionarios del Gobierno en actos oficiales. De ahí que surja la pregunta: ¿Existe algún problema con esta reforma legislativa y con el uso de Dios en el discurso de los funcionarios del actual Gobierno? El presidente y sus funcionarios han recurrido a múltiples referencias religiosas entre las que destacan aquellas utilizadas para justificar el poder y el liderazgo de Bukele y donde se mezclan la confianza en Dios y en el presidente. Por ejemplo, el 20 noviembre de 2020, Mario Durán, entonces candidato a alcalde de San Salvador, dijo: "Señor presidente Nayib Bukele, servir a El Salvador en uno de los momentos más cruciales de su historia ha sido una verdadera bendición que agradezco a Dios". También en la pasada campaña electoral, Henry Flores, candidato a alcalde de Santa Tecla por Nuevas Ideas, en una entrevista declaró: "Después de Dios, Nayib Bukele es el líder al que seguimos. Es la esencia de todo un pueblo". De igual forma, el entonces candidato a diputado, Ernesto Castro, durante una visita al municipio de Soyapango, dijo: "Tenemos un compromiso con Dios, con el pueblo y con el futuro de nuestro país". Otro ejemplo fue cuando el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que solo rendiría cuentas a Dios, a Bukele y al "pueblo", luego de haber sido señalado por socavar la democracia y debilitar el Estado de Derecho en la Lista Engel. Captura de pantalla tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo: @TrabajoSV La religión produce esperanzas y orientación en la vida, además de ser un elemento importante para la cohesión en la sociedad. En los ejemplos mencionados anteriormente, hay situaciones que llaman la atención. En primer lugar, las menciones de Dios realizadas por los funcionarios del Gobierno, se hacen en abstracto y sin contextualizar ni aterrizar a qué Dios se refiere. No se mencionan formas, cualidades o acciones concretas de fe. Si el pueblo es la voz de Dios, los funcionarios deberían confiar en hacer transparente su gestión pública a ese pueblo, así como combatir la corrupción dentro del mismo partido de gobierno y sus aliados. Además, existe un contraste entre la fe en Dios que los funcionarios del partido de gobierno dicen tener y la desconfianza en hacer pública la información del Estado. Por ejemplo, el Gobierno del presidente Bukele se niega a transparentar los salarios de los funcionarios que tienen doble cargo. Además, el Gobierno, a través de la Fiscalía, investiga a funcionarios del pasado por actos de corrupción, pero no actúan de la misma manera con aquellos aliados señalados como corruptos en la Lista Engel. Como si la justicia divina fuera selectiva. En segundo lugar, estos políticos buscan crear un monopolio de la verdad y resaltar a una figura política y no a una creencia religiosa. Incluso, esto lo ha hecho el mismo presidente Bukele al autoproclamarse en redes sociales como instrumento de Dios, mientras solicita a los diputados de su partido respaldo político en nombre de Dios, tal como lo hizo un día antes de que los diputados tomaran posesión. Sin embargo, ningún proyecto político puede adjudicarse el monopolio moral de la representación ya que no existe un "mesías" o salvador absoluto en la política. Captura de pantalla tomada de la cuenta del presidente de la República: @nayibbukele En tercer lugar, este lenguaje religioso, utilizado de forma simple, puede convertir a los seguidores de un líder político en fanáticos mesiánicos, ya que utiliza también elementos autoritarios, de tal modo que los simpatizantes podrían llegar a justificar decisiones injustas de autoridad, denigrar o insultar otras formas de pensamiento o incluso ejercer violencia física en contra de personas que disienten con el Gobierno. Debido a ese peligro, en las democracias se prohíbe que miembros de los ejércitos o de organizaciones religiosas (que no se eligen democráticamente) participen en actividades políticas, ya que estos pueden utilizar la fuerza o el sometimiento ideológico para justificar su poder y luego limitar o sustituir el poder de las autoridades civiles en una democracia. En conclusión, el uso político de la religión es más fácil que hacer políticas públicas eficientes y transparentes. En este gobierno, la religión se ha utilizado principalmente para exaltar al líder político de turno, para apelar a la emotividad religiosa de la población y, principalmente, para evitar ser concreto al momento de explicar las obras o acciones del Gobierno. Dentro de los que creen este mensaje religioso, hay personas bien intencionadas, gente sufrida, necesitada, que han sido víctimas de engaños de otros proyectos políticos, pero también hay aduladores, fanáticos y opor

“La política democrática, en cuanto política civilista y civilizada, es la antítesis de la vocación por el conflicto, típica de aquellos que profesionalmente son formados no para tratar con el adversario, sino para eliminar al enemigo” José Rodríguez Iturbe Segismundo, en el libro La vida es sueño de Calderón de la Barca, se “soñó” como un dictador y luego, al “despertar”, recapacitó y gobernó muy bien a su reino. Así termina esta magistral obra de teatro. De manera similar, se esperaba que Bukele, dado el gran apoyo popular con el que ganó la elección presidencial en 2019, usara este capital político para hacer una política democrática orientada al bien común. Sin embargo, después de dos años en el gobierno, no hay señales de que el presidente Bukele “despierte de su mal sueño” (como Segismundo), sino que, más bien, ha terminado por disfrutar del gozo del poder y ha intentado consolidar el pensamiento único y ha destruido la pluralidad política, a través de la militarización de la sociedad y del empoderamiento de los militares. Además, el Gobierno ha ajustado las leyes a su favor, se encuentra redactando una nueva constitución y busca deslegitimar a las personas y grupos que piensan y sueñan con un país diferente al de él. En resumen, Bukele, en lugar de “despertar”, terminó ajustándose muy bien el traje de dictador. Cada día y de manera acelerada en el país, el dilema democracia-autocracia se decantó por la autocracia o, mejor dicho, por la instauración de una dictadura. Bukele ha dejado a un lado las prácticas democráticas y el respeto al Estado de Derecho y ha optado por el conflicto permanente, en donde ya no se dialoga con los adversarios políticos, sino que se les trata como enemigos que deben eliminarse (Iturbe). En esto se parece mucho a otros dictadores que consideraban como enemigos del pueblo a todo aquel que no comulgaba con sus ideas y, también se parece al mayor Roberto d'Aubuisson que consideraba a sus adversarios como “delincuentes terroristas” que debían ser eliminados. La exclusión política de actores que piensan diferente tiene a la larga implicaciones desastrosas para las sociedades. Solo basta recordar el “Pacto de Puntofijo” en Venezuela que -después de un golpe de Estado- tuvo como objetivo crear una pluralidad política, pero que excluyó a actores políticos importantes, principalmente de izquierda y, después de de vivir 40 años en una “democracia de mentira”, Venezuela llevó a Chávez al poder. La historia de lo que vive a diario Venezuela la conoce muy bien Bukele y todo indica que sigue el mismo camino de Maduro. También hay que señalar que las decisiones políticas de Bukele son muy propias de una mentalidad militar y cada vez se aleja más de mostrar algo de racionalidad en su praxis política. Ante el evidente fracaso de su Plan de Control Territorial -como lo demuestran las fosas clandestinas encontradas en Chalchuapa y la masacre de cuatro jóvenes estudiantes en Turín, Ahuachapán, Bukele anunció la fase cuatro del desconocido plan, con el cual pretende duplicar el número de militares en la Fuerza Armada. De igual manera, como reacción a la lista Engel que señaló a funcionarios corruptos y a personas que han minado la institucionalidad democrática del país, la Fiscalía al servicio de Bukele comenzó la persecución de opositores políticos, a quienes ahora acusa de cometer actos de corrupción. Como es bien conocido, Bukele hace una política de guerra: siembra odio y terror, apela a despertar los instintos y emociones más bajas de la población, oculta información que debería ser pública, establece un aparato de propaganda que desinforma diariamente y que impone la mentira como verdad. Asimismo, el presidente ha fanatizado a muchos de sus seguidores, los cuales, de manera irreflexiva, le dan hasta 23 mil “likes” a sus tuits con contenido basura. La retórica agresiva de Bukele parece fascinar a sus seguidores, quienes celebran el irrespeto a las leyes y las muestras excesivas de poder del presidente, ejercidas con la complicidad de la PNC y la FGR. Ahora Bukele manda a encarcelar a sus opositores y los seguidores lo celebran. Luego lo hará con cualquiera que no comulgue con sus ideas. Algo parecido a lo que vivimos en la década de los años 80, cuando los escuadrones de la muerte mataban a bandas de ladrones (y la gente celebraba y aplaudía) y después, estos mismos escuadrones, asesinaron a cientos de opositores políticos. No hay que repetir la historia de guerra del país. El enfoque debería estar en mejorar la economía y en tener una educación y salud de calidad. Lograr un país en el que se sientan bien todos implica inclusión política y participación. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 55.

Todos conocemos la ley de la acción y la reacción, formulada por Newton. Pero, por si acaso, es bueno recordarla. Decía el físico que cuando un objeto aplica una fuerza sobre otro objeto, la reacción del segundo es de la misma intensidad, pero en sentido contrario a la fuerza aplicada por el primero. Desde Max Weber, esa ley se utiliza para analizar los dinamismos sociológicos. Y puede servirnos, al menos parcialmente, para explicar algunas de las situaciones coyunturales por las que estamos pasando. Evidentemente, podríamos recorrer casi toda la historia de El Salvador haciendo arreglos entre la ley de la física y nuestra historia nacional. Pero en este momento nos remitiremos exclusivamente a los últimos 30 años y la situación actual. Durante los tres últimos decenios hubo una fuerte acción por construir un Estado formalmente democrático, pero plagado de corrupción, prepotencia por parte de los económicamente poderosos e impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Esa contradicción permanente entre la formalidad democrática, en la que hubo avances, y la permanencia del abuso del poderoso y de la despreocupación real por los pobres fue levantando una indignación social y un cansancio ciudadano que determinó el triunfo electoral del actual presidente, que se presentaba como el único que podía reaccionar contra la corrupción reinante y el abuso de los fuertes. Su partido, apoyado en el nombre y la figura del mandatario, consiguió un triunfo electoral espectacular en las elecciones legislativas. Aunque hasta aquí todo podría parecer claro, el problema surge cuando vemos el tipo de reacción a la acción de los 30 años de abuso. La reacción no se ha dirigido a combatir los males estructurales con los que se había oprimido a los más pobres y vulnerables de la sociedad, sino simplemente a destruir las fuerzas políticas que habían servido de instrumento validador de los abusos. Algunos ejemplos nos ayudan a entender esto último. La pobreza y la desigualdad son parte del abuso sufrido, pero no se las combate con una buena ley progresiva de impuestos. Se toca la riqueza adquirida por los políticos, pero no la de los millonarios a cuyo servicio estaban. La corrupción no solamente fue patrimonio de los políticos de la hoy llamada oposición, pero se les castiga exclusivamente a ellos. Gozan de amnistía de facto quienes abandonaron sus partidos corruptos para sumarse a Nuevas Ideas, no importando que hayan participado en la corrupción. El poder económico amigo de los partidos tradicionales queda ahora impune. Aunque haya sido parte del abuso, si pacta amistosamente con el nuevo poder, puede seguir destruyendo reservas ecológicas o enriqueciéndose inmoderadamente en medio de la pobreza del país. El sistema judicial y fiscal fue, en su condición de sistema, no solo un gran aliado de la corrupción, sino parte de la misma. Aun teniendo personal decente en sus filas, bastaba controlar, muchas veces con dinero, las cúpulas del sistema para convertir en corrupta la institucionalidad. No se persigue a quienes dictaron sentencias injustas o inconstitucionales, a quienes recibían 20 mil o más dólares mensuales para mantener la fidelidad de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente se pone al frente del sistema a personas dóciles ante el Ejecutivo y se mantiene el mismo esquema de control judicial. Se persigue, y con razón, a quienes recibieron sobresueldos mientras mentían descaradamente al pueblo salvadoreño, pero se deja en la impunidad a quienes también se lucraron de la partida secreta si cambiaron el color de su camiseta partidaria por el cian. La reacción a una acción previa es normal. Pero en política lo fundamental es que las reacciones frenen la violencia de los futuros movimientos reactivos. En ese sentido, las reacciones a los abusos del pasado requieren siempre diálogo con las víctimas y garantías de no repetición. Poco de eso se ve en el actual Gobierno reactivo. Para el desarrollo humano es indispensable lograr que las reacciones toquen las causas de los problemas, corrijan estructuralmente las injusticias y eviten ser arbitrarias, violentas, vengativas o furiosas. Si eso no se consigue, el fenómeno acción-reacción puede convertirse en una espiral de subdesarrollo. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Una sociedad que funciona bajo los principios y valores democráticos requiere de un Gobierno abierto, dispuesto a rendir cuentas de sus decisiones y acciones, pues el acceso a la información de la gestión pública es tanto un derecho como un medio para conocer cómo se administra el Estado. En este sentido, el acceso a la información pública divide a los Gobiernos en dos: aquellos que han implementado mecanismos para que los ciudadanos tengan libre acceso a dicha información y aquellos que la mantienen en reserva. Son las sociedades más democráticas las que se encuentran en el primer grupo y las más autoritarias y con menos derechos las que están en el segundo. Estos gobiernos cerrados, opacos en su quehacer, buscan tener control férreo sobre la población, invierten en servicios de inteligencia para lograrlo y abundan en corruptelas. La sociedad civil, esa a la que tanto denigra el presidente Nayib Bukele, después de tres años de intenso trabajo y cabildeo logró en el año 2011, para alegría de quienes creen en la democracia, la aprobación en la Asamblea Legislativa de la ley de Acceso a la Información Pública. Muy poco después se vieron los resultados: gracias a ella, salieron a la luz diversos casos de corrupción y los funcionarios quedaron expuestos al escrutinio ciudadano. Los Gobiernos de Mauricio Funes y de Salvador Sanchez Cerén adversaron la Ley e intentaron limitar la información a disposición de la ciudadanía. El de Bukele no se ha diferenciado de ellos; más bien, los imita y supera: ha logrado reducir los alcances de la Ley y anular el papel contralor que tenía el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué el Gobierno de Bukele está tan interesado en acabar con la poca transparencia que había en el país? ¿Por qué aquel que ha afirmado querer un país sin corrupción está desmontando uno de los mejores instrumentos para luchar contra el flagelo? ¿Por qué el mandatario busca con tanto empeño mantener la opacidad de los asunto públicos y evitar que la población conozca las interioridades del quehacer gubernamental? Estas preguntas tienen una única respuesta: porque, al igual que en Gobiernos anteriores, se está asignando contratos evadiendo la ley a grupos empresariales afines, se está malversando fondos públicos y se está comprando voluntades con dineros del Estado. La razón de la apuesta por la opacidad y por la destrucción de los mecanismos de control no puede ser otra que esconder una estructura corrupta y corruptora. Sería absurdo que un Gobierno en verdad honesto y eficaz no quiera mostrar con claridad sus cuentas, de forma que se evidencie su rectitud. Por lo anterior, la persecución a las tropelías de Gobiernos anteriores emprendida por Bukele es más un acto populista de venganza que la expresión de un genuino compromiso de luchar contra la corrupción. Si existiese ese compromiso, el mandatario tendría que investigar también los actos de malversación, peculado y cohecho , entre otros, que se sospecha se están dando en su administración. Ninguna persona honrada y honesta teme a la transparencia y a la rendición de cuentas; al contrario, la favorece y promueve.

Desde su fundación por decreto ejecutivo durante la presidencia de Alfredo Cristiani, el Órgano de Inteligencia del Estado (OIE) ha sido profundamente opaco. Contra toda normativa, nunca ha aparecido con los gastos desglosados en la ley del presupuesto. No faltan los constitucionalistas que insisten en que si alguien presentara una demanda por esta irregularidad, se tendría que declarar inconstitucional el presupuesto nacional mientras en él no apareciera el OIE con sus gastos desglosados. En los países que respetan la institucionalidad y las reglas de la democracia, las agencias de inteligencia, como la CIA en Estados Unidos, por poner un ejemplo, aparecen en los presupuestos nacionales. En El Salvador, la tendencia autoritaria y el afán de no dar cuenta de los gastos ha mantenido en la opacidad al Organismo, desde el primer Gobierno de Arena hasta el actual de Nuevas Ideas. Es claro que el país no necesita un organismo de inteligencia con las características del actual, pues no tiene enemigos externos y para combatir a aquellos que traman o cometen delitos basta con una buena Policía. De hecho, hasta ahora, el OIE se ha dedicado, al menos en parte, a espiar a políticos, periodistas e incluso a empresarios. Y ha servido para disimular gastos inadecuados o ilícitos, como los sobresueldos. Pero es importante no perderse: la corrupción gubernamental ha sido y es más amplia y dañina. En obras públicas, en bancas estatales, en contratos con empresas privadas, siempre se ha favorecido a los amigos, ha circulado dinero ilícito y los fondos públicos se han utilizado a conveniencia y discreción. La bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, si deseara ser coherente con lo que dice, tendría que emitir una ley que declare imprescriptibles los casos de corrupción que afecten al Estado. No hacerlo solo refleja afán de espectáculo y manipulación política del tema. Para luchar contra los corruptos, hay que darle armas a la justicia. En el país, la mayoría de los políticos y las élites se han caracterizado por un discurso abierto a los valores democráticos y, simultáneamente, por prácticas antidemocráticas. La corrupción expone claramente ese actitud hipócrita. Todos condenan la corrupción, pero, al final, muchas cosas se terminan resolviendo al calor del dinero. La legislación es insuficiente, la moralidad notoria que exige la Constitución para los funcionarios no pasa de ser una frase vacía, la investigación de los delitos económicos se realiza más desde los intereses de los grupos dominantes que desde el amor a la justicia. Hoy, cuando un solo partido político ha adquirido un poder político tan fuerte y dominante, no hay excusa para no proceder con seriedad contra la corrupción. Legislar al respecto y eliminar los términos de la prescripción es un paso; acabar con la confidencialidad en toda partida presupuestaria y devolverle la independencia al Instituto de Acceso a la Información Pública son otros. Refugiarse en la denuncia de un pasado corrupto que la población ya conocía y repudiaba mientras se sigue trabajando de la mano con varios de los que lo protagonizaron, no producirá ningún cambio. Al contrario, continuará creciendo el descrédito moral y la ineficiencia de la cosa pública.

A nivel cultural, la violencia y el sometimiento del otro son atractivos para mucha gente. Los productos mediáticos con altas dosis de violencia suelen ser exitosos. En la cotidianidad, muchas personas disfrutan de la humillación ajena y la exhibición impúdica de la intimidad de terceros. Y en sociedades como la nuestra, ese disfrute perverso se ha institucionalizado. La justicia, por ejemplo, se ensaña con los humildes y con quienes disponen de pocos medios para defenderse, y suele exhibirlos como delincuentes sin haberlos vencido en juicio. Esa exhibición humillante es, en contraparte, una exhibición del poder de quienes manejan el sistema. En ese marco, la justicia se confunde con la venganza. Bajo la lógica de esta, se responde al mal con una acción equivalente; en cambio, la justicia, al menos idealmente, busca responder a un mal con una acción reparadora que causa bien. El objetivo de la venganza es hacer daño a quien lo ha ocasionado; la justicia intenta reparar el mal. La venganza responde a la necesidad de satisfacer un deseo de castigo, encarna la filosofía del “ojo por ojo, diente por diente”, y produce alivio momentáneo a quien la ejerce, pero solo la justicia da paz permanente, genera armonía y trae consuelo y verdad. Hoy en día, en nuestro país se está usando el poder para perseguir a opositores y satisfacer deseos de venganza, ya sean propios o porque se piensa que una buena parte de la población reclama el oprobio de quienes están fuera del oficialismo. Este jueves pasado, en un nuevo paso de su esfuerzo diario por consolidar su narrativa de azote de los corruptos (aunque bajo su sombra operen personas de historial y ética más que cuestionables), y probablemente para desviar la atención de temas como la Lista Engel y el próximo uso del bitcóin, el presidente, a través de su fiscal y la PNC, arrestó y exhibió a exfuncionarios del FMLN, acusándolos de lavado de dinero. Durante las capturas, no se respetó el debido proceso. Obviamente, de ser ciertos los cargos que se les imputan, lo cual deberá ser probado como corresponde, es decir, haciendo que primen los hechos y la legalidad sobre el efectismo y el afán de espectáculo, los acusados deben responder por sus actos ante la justicia. Porque eso es precisamente lo que el país necesita: justicia, una justicia independiente y con todas las garantías legales. No necesita arbitrariedad, sino Estado de derecho. Necesita paz y democracia, no enfrentamiento y dictadura.

Los alegatos de algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para negar la extradición de dos altos jefes pandilleros, solicitada por Estados Unidos, son esperpénticos. Los magistrados del oficialismo aducen dos tipos de argumentos. El primero sostiene que Estados Unidos no ofrece garantías judiciales respecto a las penas, pues puede imponer unas “más gravosas [que] las de acá”. Tampoco garantiza observar la Convención de los Derechos del Niño, presuntamente aplicable a uno de los jefes por ser menor de edad cuando cometió algunos de los delitos imputados. En suma, estos magistrados piden “trascender del enfoque meramente penal para profundizar el control constitucional” y así librarlos de una sentencia severa. Incluso aducen la conveniencia de revisar el tratado de extradición con Estados Unidos y de crear una nueva ley sobre la materia. La otra serie de razonamientos es aún más disparatada. Uno solicita “considerar la situación real [del] país, en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de unas penas” más grandes. Otro llama la atención sobre “las reacciones que puedan ocasionar las situaciones que la legislación norteamericana pueda permitirles a ellos […] no solo nos van a afectar a nosotros como país; sino a la sociedad […] incluso a los habitantes”. Un tercero reitera: “No olvidemos lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como [la extradición]”. El lenguaje cantinflesco no consigue ocultar que estos magistrados se oponen a la extradición de los dos pandilleros por temor a las repercusiones internas. No juzgan conforme a derecho, sino movidos por el miedo a las represalias de las pandillas. Sus alegatos ponen de manifiesto, para asombro de propios y extraños, que estas son más poderosas que el Estado. Muy a pesar del Plan de Control Territorial, las pandillas han secuestrado también a la justicia. En realidad, así ha sido siempre. Ese mismo tribunal tuvo la deferencia de impedir la extradición a España de los militares acusados de la masacre en la UCA. Ahora, sorpresivamente, los magistrados del oficialismo los han colocado en el mismo nivel que los jefes de las pandillas. La justicia tiende a cuidar al poderoso. Por respeto insensato al poder, o por temor a las represalias, o por cohecho, o por todo ello. Por eso, la elección de los magistrados y los jueces es de vital importancia para el poder, ya sea el de los militares, el de los políticos o el de los ricos. Y ahora el de los pandilleros. A estas alturas, no sorprende que el discurso de los magistrados del oficialismo contradiga el discurso presidencial, que exige penas más duras para los que llama “terroristas” y “monstruos”. En la práctica, los magistrados de los Bukele han evidenciado que esa dureza no es aplicable a los jefes de las pandillas. Asimismo, mientras exigen a Washington garantizar los derechos humanos de un pandillero acusado de conspiración para colaborar con el crimen organizado, para asesinar y mutilar personas, para cometer actos de terrorismo y narcoterrorismo, y para distribuir sustancias controladas, aquí toleran impasibles el abuso de autoridad, la condena anticipada de presuntos “terroristas”, aun por delitos no cometidos, y la degradación pública de los capturados. El sinsentido de esta justicia es aparente. El desatino se transforma en acierto si el pacto de Casa Presidencial con las pandillas incluye la no extradición de los pandilleros reclamados por la justicia estadounidense. Así lo dan a entender los magistrados con formulaciones crípticas como “los condicionamientos”, “la proporcionalidad”, “las reacciones [que] nos van a afectar” y “la trascendencia a nivel interno”. En otras palabras, extraditar a los jefes reclamados dispararía de nuevo los homicidios y pondría en entredicho el Plan de Control Territorial, que consume centenares de millones de dólares. La existencia del pacto ha sido confirmada por fuentes policiales, aún no desmentidas por Casa Presidencial. Esas fuentes denuncian la existencia de colonias santuario, donde tienen órdenes superiores de dejar en paz, “tranquilos”, a los pandilleros: “De noche enciendan las luces y sirena policial para que el pandillero se retire[…] si al momento de patrullar se dan cuenta que un grupo de pandilleros están reunidos […], regresen o tomen otra ruta para no toparse con ellos, tienen prohibido matar a un pandillero”. Más aún, investigadores policiales aseguran que Casa Presidencial mantiene contacto con la cúpula de una de las pandillas a través de un funcionario. Los disparates del oficialismo tienen su razón de ser. No son simples despropósitos, sino coartadas. Pero entre mayor es el afán por ocultar, más se filtra la realidad. Los magistrados han desvelado inconscientemente que el Plan de Control Territorial descansa en un pacto con las pandillas. El que Bukele hable ahora de “incursionar” con un Ejército ampliado “para sentar ese pri

En especial a partir de Maquiavelo comenzó a imponerse la idea en el campo político de que el poder debía gestionarse desde sus propias conveniencias. Frente a quienes pensaban que era un instrumento para buscar el bien social, surgían aquellos que trataban de mantener el poder como el fin prioritario y absoluto de la política. Al afán de verdad le sustituía el afán de poder. La apariencia era más importante que la realidad. Hoy, con la apertura comunicativa de las redes, la búsqueda de apariencia y la propaganda, armas siempre de los afanes autoritarios, se han acentuado. La frase de Maquiavelo “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” se ha convertido en el ideal comunicativo de quienes desean tener el poder lo más absoluto posible como herramienta de control social. Sin embargo, en las democracias desarrolladas se ha vuelto, cada vez más, y especialmente en ámbitos académicos, a reflexionar sobre los clásicos de la ciencia política, desde Platón y Aristóteles hasta Montesquieu y los ilustrados del siglo XVIII. Releer las reflexiones de alguno de ellos sobre el poder nos puede hacer bien a quienes nos vemos inmersos en un mundo político dominado por la posverdad, la apariencia y el discurso vacío de la propaganda, incluido el parloteo continuo en las redes. Y una de las primeras cosas que llaman a la reflexión en los clásicos es la advertencias sobre los peligros del poder. Aristóteles, con un hondo sentido moral, recordaba en su libro La política que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Y para que no quedara duda, añadía que “el poder suele corromper a los hombres, y no cualquiera puede mantenerse virtuoso en medio de la prosperidad”. La democracia le parecía a este filósofo el mejor instrumento para la recta administración del poder. Pero sabía de sobra que las oligarquías podían apoderarse de los mecanismos democráticos. Las asambleas legislativas, las instituciones estatales, los tribunales y las armas, unidos a la apariencia, en manos de quienes tienen el poder, pueden convertirse fácilmente en “los ardides y artificios por medio de los cuales las oligarquías engañan al pueblo”. Para evitar esto, proponía, en toda democracia, conjugar libertad e igualdad. Su afirmación era clara al respecto: “Si la libertad y la igualdad son, como se asegura, las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”. En El Salvador, se ha dicho con frecuencia, tenemos un régimen estatal híbrido, que tiene aspectos autoritarios oligárquicos mezclados con elementos democráticos. Si ya veníamos cansados de un régimen que abandonaba la igualdad en favor de la libertad de los poderosos, ahora nos encontramos con otro modo de operar que restringe la libertad de todos al tiempo que ofrece una mayor apariencia de igualdad, repartiendo subsidios en base a deuda y prometiendo el enriquecimiento general a base de bitcoins. Si los regímenes anteriores eran antidemocráticos rompiendo la igualdad, ahora, manteniendo la desigualdad, se quiere restringir la libertad. Si nuestra democracia estaba ya en crisis desde el fin de la guerra hasta hace muy poco, los problemas se agudizan en la actualidad. La democracia decae cuando la libertad se oprime, y más cuando el culto al poder se desborda, se insulta a la crítica racional, se persigue a quien piensa y opina distinto, y se habla más pensando en intereses que tratando de reflexionar seriamente sobre la realidad. Cuando el poder corrompe, se impone recordar la máxima de un sociólogo del siglo XX, que sí leía a los clásicos: “La primera tarea de los intelectuales debería ser la de impedir que el monopolio de la fuerza se convierta en el monopolio también de la verdad”. Tarea esta no solo de los intelectuales, sino de todos los que amamos la democracia como sistema de gobierno. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Editorial UCA Como mostró Ignacio Ellacuría, hacer verdad implica estudiar y entender las realidades y dolores que encorvan las esperanzas de las mayorías. Esa tarea implica construir un pensamiento que toma partido por los que sufren (no puede ser neutral) y que lleva a enfrentar a quienes generan injusticia y coerción. Hoy en día, en el país, el poder quiere silenciar todo tipo de pregunta incómoda e impedir el conocimiento de la realidad, mientras hace alarde de descubrir lo que ya todos saben sobre la corrupción de Gobiernos anteriores. Condena el pasado y critica a los partidos tradicionales, pero hace alianzas con lo más abyecto de la partidocracia salvadoreña. Funcionarios que alababan a los corruptos y que fueron protegidos por ellos regresan ahora, revestidos de un aura angelical, para hablar de decencia. Por su lado, los pobres continúan migrando, empujados por una situación en la que contrastan las promesas y afirmaciones de bienestar con las dificultades y miedos vividos a diario desde la pobreza y la violencia. Si hay que empezar de nuevo, decía el papa recientemente, habrá que hacerlo desde los últimos. La única tarea histórica decente es cargar, encargarse y hacerse cargo de los oprimidos, nos repetiría Ellacuría. Si se reconoce a los muertos su derecho a la justicia, diría en otro contexto un autor contemporáneo, “entenderemos la injusticia sobre la que está construida nuestra felicidad y nos capacitaremos para hacer la historia de otro modo”. En El Salvador, en cambio, existe una negación sistemática a debatir en serio tanto los crímenes de la guerra civil como los problemas estructurales. Las respuestas a estos son reactivas. Se aplican pequeños remiendos sociales que ayudan a sobrevivir, pero que no corrigen la fuente de la pobreza y la violencia. Y ello agravado por la tendencia a la utilización oportunista de la historia El obispo de Roma advertía en su última carta encíclica que en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Frente a esta situación, urge dejar la chabacanería, como la contemplada recientemente en un comisión de la Asamblea Legislativa, y comenzar a dialogar y a buscar verdad en los datos objetivos. Y el dato con mayor objetividad en El Salvador es el sufrimiento de gran parte de la población. Dejar hablar al sufrimiento, decía Theodor Adorno, es la condición de toda verdad. Por ello, a quienes gobiernan les toca escuchar los múltiples sufrimientos del país y buscar soluciones fraternas. El insulto y el grito solo producen división social, la cual abona a una cultura violenta ya insoportable.

La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido. El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6). El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo. El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa. Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos. La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

El ministro de Seguridad y Justicia ha mandado al infierno a quienes lo cuestionan. No satisfecho con insultar y asediar a la crítica y a la prensa independiente, les ha recetado las penas del infierno. Ignora que es muy difícil condenarse. No, en todo caso, por motivos políticos, y mucho menos por llevarle la contraria. Más aún, según algunos entendidos, el infierno estaría vacío. La misericordia de Dios es incompatible con la perdición de sus hijos e hijas. Dios aguarda pacientemente el regreso de los descarriados. Incluso sale en su busca. No los castiga ni los destruye como quisiera este funcionario que, en su sinrazón, lanza condenas eternas. Esta clase de argumentaciones nacen de la impotencia y la torpeza. El ministro arremete contra la prensa independiente, porque no puede dar cuenta del aumento de las desapariciones. Un hecho que pone en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El funcionario atribuye la información sobre las desapariciones a “profetas de la desdicha”, “mentes morbosas que están promoviendo la zozobra”. Por eso, desea que la población “se informe por los canales oficiales”, “los profetas de dichas inconmensurables”. Así, pues, la seguridad estaría mejor servida si la sociedad se refugiara en el mundo maravilloso creado y difundido por el oficialismo. El ministro anhela una opinión pública acrítica, resignada a las desapariciones, a la extorsión, al abandono forzado de su vivienda por el acoso de las pandillas o a la huida del país, y también a la indiferencia y el maltrato de fiscales y policías. Al parecer, solo así se salva el Plan de Control Territorial. El ministro “no [entiende] qué hay detrás de esas mentes morbosas”, que siembran “la zozobra en nuestras comunidades”. Pero eso no le impide identificarlas como “poderes fácticos”, un tópico de Casa Presidencial para esconder sus fracasos. Si esos poderes han conseguido someter a los Bukele y a sus más estrechos colaboradores, como alega este funcionario, su ministerio, la Policía, el Ejército y el resto de la institucionalidad estatal están agotados. Es incomprensible que todo un ministro de Seguridad admita públicamente que esos poderes le han ganado la batalla de la seguridad ciudadana. No son “las mentes morbosas” las responsables del fracaso del Plan de Control Territorial, sino el aumento de las desapariciones. El ministro ha resuelto el caso de una esposa asesinada por su marido y, aparentemente, también el de Chalchuapa, pero le quedan centenares de desapariciones por esclarecer. En lugar de pedir “penas más grandes para estos monstruos”, Bukele y su ministro de Seguridad y Justicia debieran emplearse a fondo en la resolución de las desapariciones que aún permanecen en el limbo. La “zozobra” que tanto inquieta al ministro la generan los fiscales, que no atienden las denuncias de las desapariciones como es debido. Mucha indiferencia y demasiadas denuncias para pocos fiscales. También contribuye con ella su colega de Defensa Nacional, que pide “drones estratégicos” para vigilar la zona norte, “porque la geografía […] no permite que haya presencia física” del Ejército ahí, mientras esta brilla por su ausencia en el territorio urbano, donde las pandillas campean por sus respetos. Otro colega, el de Trabajo y Previsión Social, se jacta de no necesitar “planteamientos técnicos”, razón por la cual Casa Presidencial decide a ciegas. Entretanto, son cada vez más frecuentes los informes acerca de la convivencia de policías y pandilleros, que se divierten y beben juntos. Si alguien vive “un infierno”, ese es el ministro de Seguridad y Justicia. Al aumento de las desapariciones se suma ahora la lista Engel con catorce funcionarios, políticos y empresarios, a quienes Washington acusa de corrupción, de prácticas antidemocráticas y de fraude. En la lista hay de los de siempre, pero también de los nuevos, que son igual que los de siempre y sucederá lo de siempre. El fiscal no se da por enterado. El ministro se desentiende de la justicia que le compete por cargo. Mientras Bukele sentencia que solo cuenta su lista, que no incluye a los suyos ni a los empresarios, solo a Arena y al FMLN. Y como si la lista no bastara, Washington señala al país por no cumplir con “el mínimo de estándares” para eliminar la trata de personas. El único poder fáctico que ha derrotado al ministro es la realidad, que se impone inexorablemente, sin respetar los deseos de los Bukele y sin conmiseración con sus seguidores, afectados directamente por la violencia social. La obstinada negación de la realidad ha conducido a este pintoresco funcionario al infierno. No consigue conciliar los deseos de su patrono con la inseguridad que acecha a la población, ni su impotencia e incapacidad con la humildad necesaria para encargarse de la realidad tal como es. No es cierto que “a nosotros nos tiene sin cuidado”. Si así fuera, no mandaría al infierno a quienes cuestionan la narrativa oficial. La única manera de transformar la realidad es actuar sobre ella. * Ro

José María Tojeira 06/07/2021 Con la Reforma Agraria, la hacienda Normandía fue transferida a una cooperativa, que adoptó el mismo nombre, pagó las tasas del derecho a la tierra y está en plena propiedad de los terrenos. A mediados de los años noventa, un alcalde corrupto de Jiquilisco, miembro del PDC, extendió tres títulos supletorios falsos e ilegales a tres sedicentes derechohabientes. Desde entonces, la cooperativa viene luchando jurídicamente en defensa de sus tierras. La ambición de particulares, junto con sus trampas y mentiras, unido todo ello a la negligencia y lentitud, incapacidad y probable corrupción del sistema judicial mantienen en inseguridad jurídica a un amplio colectivo cooperativista de trabajadores del campo y sus familias. Los tres particulares que reclaman terrenos más parecen testaferros de otros intereses que sujetos particulares dañados en la real posesión de sus tierras. Los testigos que utilizaron para conseguir los títulos supletorios fueron legalmente insuficientes. El alcalde era legalmente incapaz de dar títulos supletorios, puesto que estos los tiene que otorgar un juez. Y en el Registro Nacional de las Personas Naturales no aparece ninguna huella de las personas reclamantes. Analizar un caso como este nos lleva inmediatamente a considerar el tipo de sociedad en la que vivimos. La prepotencia del fuerte se impone con demasiada frecuencia sobre el débil. La justicia cierra los ojos ante las manipulaciones de los poderosos y evade su responsabilidad de defender a las víctimas cuando los victimarios gozan de relaciones, poder o prestigio social. Aunque no se acepte oficialmente, quedan todavía impregnados en las mentes de un buen número de personas acomodadas los resabios de un antiguo racismo propio de la colonia española y su sociedad de castas. Y ello sin diferencias de ideología, partido o conocimiento. Solo que ahora, en vez de mirar el color de la piel, se mira la pobreza de unos y el color del dinero reflejado en la billetera de los poderosos y sus abogados sanguijuelas. Al contemplar las manipulaciones legales a favor de los fuertes, podemos darle la razón al jurista, político, humanista y santo Tomás Moro. En su libro Utopía, en el que pretendía describir una sociedad perfecta, decía que en la isla de Utopía la profesión de abogado estaba prohibida, dadas las mentiras, engaños y venalidad tan consustanciales al gremio. Bastaba, decía él, con elegir a gente sabia y anciana temporalmente para que mediaran en los pleitos y protegieran a las víctimas. En el caso Normandía se han suspendido audiencias preparatorias con excusas inaceptables. El miedo de los jueces a ofender al poderoso declarando inválidos los títulos supletorios mal habidos es más fuerte que el famoso imperio de la ley con el que se suelen llenar la boca quienes exaltan un sistema corrupto, tratando de disimularlo con palabras huecas. La justicia sigue, como decía en su tiempo monseñor Romero, el ejemplo de la serpiente, que solo muerde el pie de quien anda descalzo. Nuestra Constitución tiene como norma la indemnización por retardación de justicia (art. 17), pero nuestros diputados han sido incapaces durante 38 años de emitir una ley secundaria que estipule los tiempos y las responsabilidades concretas de los jueces en los casos de retardación. Todo está listo para desesperar a los débiles en un sistema que se alarga en el tiempo en favor de los poderosos. La seguridad jurídica es un tema de ricos y poderosos, y por los tiempos que corren, va camino de convertirse en patrimonio del poder ejecutivo. Las mujeres pobres y violadas, los campesinos en problemas de tierras, quienes son asesinados en ejecuciones extrajudiciales vinculadas a grupos de exterminio no tienen seguridad jurídica. El caso Normandía es un ejemplo más que debe llamarnos a todos a exigir una reforma legal y judicial que ofrezca garantías a los débiles y marginados de nuestro país. Instalar servilismo en la cúpula del sistema judicial no resuelve problemas; al revés, es un paso más hacia la mayor corrupción del sistema. Esperemos que en el caso Normandía por fin se haga justicia y que no se suspenda una vez más la audiencia preparatoria. Estar atento a este caso es cuestión de ética básica, de agradecimiento y de solidaridad con los más débiles de nuestro país: los campesinos que nos alimentan desde sus labores agrícolas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

En un día común, una persona promedio de El Salvador se levanta temprano para bañarse, desayunar, tomar café e irse a trabajar. Si es una mujer en edad adulta, seguramente también le toca bañar a sus hijos o hijas, preparar el almuerzo, hacer la limpieza, lavar la ropa, regar las plantas y realizar otras actividades domésticas. Si es joven, su rutina es básicamente la misma, pero en lugar de trabajar, posiblemente tiene que desplazarse a un centro de estudios y muy probablemente debe ayudarle a su mamá antes de salir de la casa. Si es un niño, o una niña, aunque no esté en edad de ir a la escuela, no cabe duda de que sigue los mismos patrones de aseo personal y alimentación que su familia. Estos roles responden a una clasificación bastante general, pero pueden diversificarse muy ampliamente al cambiar el enfoque del análisis e incluir otros factores importantes como la capacidad adquisitiva, el estrato social, la etnia, el género, el tipo de vivienda y la educación, entre otros. Sin embargo, hay una característica innegable que todos estos arquetipos salvadoreños tienen en común: no existe ninguno que pueda prescindir del agua. De hecho, si lo pensamos a profundidad, veremos que el agua está presente en casi todo. Es un elemento tan común y ordinario que, como sociedad, muchas veces olvidamos que puede llegar a agotarse y nuestro olvido es reflejado en la inactividad política, la falta de conciencia ambiental y el desinterés por las campañas de protección y recuperación de las reservas hídricas del país. A tal punto llega esta desidia que tampoco nos incomoda permanecer impávidos, mientras las grandes élites económicas se terminan las últimas fuentes de agua del país sin que el gobierno haga algo para detenerlas y sin que podamos dimensionar que la falta de este recurso va a afectarnos a unos más que a otros. Creemos con facilidad cualquier discurso rimbombante o mentira que sale de la boca de los funcionarios y dejamos que se tomen decisiones importantes sin generar una opinión crítica y sin exigir que seamos tomados en cuenta. Para hacernos reaccionar, muchos grupos ambientalistas, iglesias, ONG, organizaciones civiles, universidades, especialistas y activistas -a los cuales el presidente Bukele se refirió como “organizaciones de fachada”- han venido advirtiendonos desde hace varias décadas que el agua se está acabando, que las autoridades quieren hacer negocio con ella y que lo poco que nos queda está severamente contaminado. En el contexto actual, la errada visión de desarrollo que el Gobierno pretende usar para justificar la sobreexplotación del medioambiente y para la aprobación de sus nuevas malas ideas, nos mueve a atender con mayor urgencia esos llamados en defensa de la vida y a repasar la realidad del agua en El Salvador. Desde el 2006, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha publicado informes sobre la calidad del agua de los sitios de muestreo que conforman la red de monitoreo permanente en 55 ríos del país. Estos estudios determinan si el agua analizada cumple con las condiciones para utilizarse en actividades de riego, ser potabilizada por medios tradicionales (filtración, sedimentación o desinfección por cloración o ebullición) o entrar en contacto con humanos, y, además, clasifica su estado en cinco categorías: clasifica su estado en cinco categorías: excelente, buena (ambas facilitan el desarrollo de la vida acuática), regular (limita el desarrollo de la vida acuática), mala (lo restringe) y pésima (lo hace imposible). Al escudriñar esta información, los datos muestran que el agua de la mayoría de los ríos muestreados no es apta para riego, potabilización por medios convencionales o contacto con humanos (ver Figura 1), y que su calidad oscila principalmente entre las categorías de “regular” o “mala” (ver Figura 2). Tomando como base las tasas de consumo diario per cápita de otras regiones y los niveles de producción de agua potable reportados en las memorias de labores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) del 2008 al 2017, también es posible hacernos una idea del déficit que hay en materia de abastecimiento. Por ejemplo, si ajustamos el número de habitantes que había en El Salvador durante los años que ANDA publicó esos documentos a las tasas de consumo de Noruega y Estados Unidos -que siempre se han ubicado en las primeras posiciones del Índice de Desarrollo Humano- y al promedio calculado para la región de Latinoamérica, es posible observar que en ningún escenario El Salvador es capaz de suplir la demanda de agua de sus habitantes con el nivel de volumen producido anualmente (ver Figura 3). En otras palabras, este análisis muestra que si los salvadoreños y salvadoreñas tuviéramos la misma calidad de vida de los noruegos y estadounidenses o si, por lo menos, nos acercáramos al promedio de la región latinoamericana, el agua potable que producimos no nos alcanzaría para vivir. Más allá de esta comparación hipotética, los resultados gene

Después de mucho anunciarse, Estados Unidos publicó la Lista Engel, dedicada a los corruptos del Triángulo Norte. Catorce salvadoreños están en ella, políticos y funcionarios en su mayoría. Aunque el número es pequeño considerando la realidad, la Lista merece ser asumida en serio, pues la lucha contra la corrupción hay que darla acá y debe estar liderada por las instituciones nacionales. De hecho, el Estado debería respaldar la labor de académicos y periodistas que investigan el entramado forjado a lo largo de nuestra historia por políticos, empresarios y militares para beneficio de minorías y que ha causado la profunda desigualdad socioeconómica actual. El conocimiento de esta historia ayudaría a combatir, con mayor claridad y convicción, esa práctica secular. Las instituciones se resisten casi siempre a reconocer sus errores; se animan a pedir perdón públicamente e iniciar un proceso de cambio solo cuando las víctimas o investigadores ponen al descubierto sus delitos. La corrupción, tan cacareada hipócritamente por los políticos como bandera de lucha, es un tema de trabajo y lucha esencial para regenerar la vida pública en El Salvador. Con independencia del nivel y rol que se desempeña, nadie puede servir al mismo tiempo a la corrupción y a la democracia. Los soldados que en las fronteras chalatecas roban a los campesinos salvadoreños cuando traen granos desde tierras que tienen en Honduras son parte del entramado de la corrupción. Lo hacen tranquilamente porque están armados, representan al Estado y están acostumbrados, como una buena parte del país, al predominio de la ley del más fuerte, más allá de las normativas legales. Lo mismo hacen algunos millonarios para conseguir contratos o tratos de favor cuando sobornan a funcionarios o cuando se imponen desde una justicia legal fácilmente convertible en farsa. En los últimos tiempos, ningún partido político ha llegado al poder sin criticar la corrupción ajena. La Democracia Cristiana llamó corruptos a los Gobiernos del PCN; Arena ganó su primer elección criticando la corrupción de la Democracia Cristiana; el FMLN hizo lo propio al desbancar a la derecha; y Nayib Bukele logró un triunfo espectacular insistiendo en que el FMLN y Arena devolvieran lo robado. Pero ¿han cambiado las cosas? Todo apunta a que no, y no solamente en lo que a partidos políticos respecta, incluido Nuevas Ideas, sino también a grupos empresariales que no solo conviven con la corrupción, sino que la alientan. Es obvio: la corrupción no se puede combatir sin órganos de control independientes. Y en muchos de ellos, como el sistema judicial o la Corte de Cuentas, han tenido su nido personas serviles al poder que se han esmerado en proteger los vicios de siempre, aunque protagonizados por diferentes caras y discursos. Solamente un acuerdo político serio entre partidos, instituciones y ciudadanía para mantener los órganos de control con la debida autonomía e independencia librará al país de esta plaga tan antigua como presente.

Si el bitcóin atrae divisas, inversiones y turismo, “genera multiplicación del dinero” y otros “muchos beneficios y será una de las tantas cosas que nos ayudará a sacar adelante al país”, ¿por qué nadie más lo ha adoptado hasta ahora como moneda de curso legal? ¿Será que ningún mandatario es tan visionario como el salvadoreño o que no están interesados en que sus pueblos gocen de sus muchos beneficios? ¿Son tan torpes o egoístas que prefieren mantener a sus pueblos sumidos en la miseria cuando bien podrían aumentar la circulación del dinero? ¿Será que la banca internacional y las bolsas son tan cortas que no alcanzan a ver las innumerables ventajas del bitcóin o será que son tan codiciosas que se las quedan para ellas? Si los beneficios del bitcóin son tantos y tan extraordinarios, es insensato no convertirlo en moneda nacional. El bitcóin, según la narrativa presidencial, es la llave para ingresar en el reino de la abundancia. No solo se satisfarán las necesidades básicas de la población, sino también sus caprichos: la disponibilidad de dinero disparará el consumo y las ganancias del comercio crecerán como espuma. También la recaudación fiscal. “Al final, todos van a ver los beneficios una vez esto empiece a funcionar”. “Millones de salvadoreños van a ser beneficiados”. Así como parece difícil poner resistencia a tanto portento, es también difícil concebir que eso sea posible con la simple adopción del bitcóin. Algo sórdido encierra la criptomoneda. Su principal promotor dice que “no le estamos mintiendo a los salvadoreños”, pero obvia que el capitalismo financiero, en su salvajismo, no contempla la distribución equitativa de la riqueza. Al contrario, la concentra cada vez más. Una criptomoneda especulativa, creada para aumentar la ferocidad capitalista, no puede, por definición, beneficiar a “millones de salvadoreños”. Más bien, como denuncia el papa Francisco, “los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente”. Y agrega, acusadoramente: “Así se manifiesta que la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente unidas”. La información sobre la criptomoneda es fragmentada e incompleta, contradictoria y confusa. Cuando Bukele y su ministro de Hacienda intervienen para aclarar o ampliar, la confusión es mayor. El embuste es mayúsculo. La transferencia de las remesas, “una de las razones por las que hicimos la ley bitcóin”, no será gratuita. En el capitalismo, nada es gratuito. Los datos indican que la remesa será más cara, lo cual tiene más sentido para la lógica de acumulación capitalista. Tampoco será de libre uso, tal como justificaron los diputados oficialistas, mientras su jefe, en inglés y a un auditorio extranjero, anunciaba que sería obligatorio. Así lo aprobaron aquellos, aunque ahora lo niegan. La retórica presidencial anuncia como éxito anticipado la llegada de inversionistas, que “poseen capital en bitcóin”, y de turistas, atraídos “porque somos el único país del mundo que [lo tiene] como moneda de curso legal”. No son más que especuladores y, seguramente, algunos facinerosos, deseosos de aprovechar la oportunidad para hacer dinero. El reino de jauja está reservado a pocos. Bukele ha debido intervenir para intentar apaciguar el revuelo. Ha asegurado que “en ningún momento va a afectar a nadie”, “ningún salvadoreño está obligado a recibir bitcóin”, “nadie recibirá bitcóin si no quiere”, “es una opción”. Y no será utilizado con fines contables. Entonces, si “los comercios están obligados a aceptar bitcóin, pero no a recibirlos”, ¿qué sentido tiene imponer la criptomoneda? Lo más probable es que alguien del círculo de los Bukele haga mucho dinero con el periplo dólares-bitcóin-dólares. La última ocurrencia presidencial afectará negativamente a bastantes, mientras los operadores de las transacciones se enriquecerán. Los silencios, las omisiones y las contradicciones no presagian nada bueno. Bukele y sus funcionarios pasan verdaderos apuros cuando venden la criptomoneda. Eso a pesar de ser, supuestamente, “una ley sencilla, que no tiene nada escondido y es fácil de entender”. Desestiman la “mucha incertidumbre y confusión, algunas dudas” como algo normal, dado que “se quiere aplicar algo nuevo e innovador”. “Esta es una ley que nos abre al mundo; que nos pone en los ojos del mundo por algo bueno e innovador”. Si así fuera, ¿por qué los perturban tanto los cuestionamientos? La promesa de riqueza fácil y abundante es como el canto de las sirenas, que atrae a los navegantes incautos a los rompientes y a la muerte. Ante el ensimismamiento de la humanidad, el papa Francisco avisa que, “así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”. Y agrega: “El dinero es

En el marco del Día del Profesional del Derecho, que se celebra el 30 de junio en El Salvador, condenamos la violación sistemática al Estado de derecho, acentuada con las actuaciones del 1 de mayo de la Asamblea Legislativa, bajo órdenes del presidente de la República. Este día conmemorativo nos hace un llamado a recordar lo aprendido en las aulas; recordar que el principio de legalidad, la defensa de la Constitución, el límite al poder y la protección de los derechos humanos fueron pilares fundamentales de nuestra educación. Estamos viviendo una hora oscura, en la que como estudiantes y profesionales del derecho no podemos quedarnos impávidos y en silencio. El considerando III del decreto 108 que estableció el 30 de junio como Día del Profesional del Derecho nos recuerda que estamos llamados a velar “por la justicia y la legalidad en las actividades públicas y privadas, contribuyendo así a la paz y el progreso del país”. El cuarto y el octavo de los Mandamientos del Abogado, escrito por Eduardo Couture, uno de los procesalistas más influyentes, nos recuerdan el deber de luchar por la justicia, así como la fe en el derecho como el mejor instrumento para la convivencia humana, y la fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. A pesar de los tiempos que corren, es fundamental seguir creyendo en el derecho como uno de los mejores instrumentos para la convivencia humana. Como parte de la ciudadanía, no solo como abogadas y abogados, tenemos el deber de cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República (artículo 73 ordinal 2). Además, nuestra profesión nos demanda a alzar la voz cuando los mismos magistrados y jueces del órgano judicial no solo ignoran, sino que vulneraran los preceptos constitucionales al ejercer sus funciones sin ser independientes, sin ser imparciales y sin someterse a la Constitución y a las leyes, tal como lo prevé el artículo 172. Después de lo ocurrido el 1 de mayo, poco o nada quedará de la función a la que está llamada la Sala de lo Constitucional: ¿cómo será posible afirmar que es un tribunal autónomo, exento de la intervención arbitraria de otros órganos del Estado?, ¿cómo será posible que sus funciones no se vean desnaturalizadas? Y es que los abogados que han participado en los referidos acontecimientos parece que no comprenden —o no quieren comprender— la gravedad de su actuación al levantar la mano y aceptar su supuesto nombramiento como magistrados, sabiendo que no se han respetado las garantías del debido proceso ni los procedimientos establecidos en la Constitución. A partir de la nueva elección de funcionarios, los jueces, abogados/as y notarios/as quedan a merced de la voluntad del Ejecutivo, pues hay que recordar que la Sección de Investigación Profesional, el Departamento de Investigación Judicial y la Sección de Notariado son parte de una Corte Suprema de Justicia de la cual resultaría muy difícil predicar su independencia. Será entonces importante que los profesionales en derecho, hoy más que nunca, seamos los más arduos defensores de nuestra norma fundamental y exijamos que no se cometan actos arbitrarios no solo al interior del órgano judicial, sino también en el resto de órganos y entes estatales, y se respete el ordenamiento jurídico. No debemos adoptar una actitud pasiva o hacer la mirada a un lado; los derechos fundamentales ahora pisoteados son de todas y todos. Este día en particular adquiere una connotación más trascendental. Estamos a casi dos meses desde que la Asamblea Legislativa decidió actuar de forma inconstitucional y arbitraria. También estamos a un mes desde que Manuel Escalante, subdirector del Idhuca y profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas, partió de este mundo. Ese es un llamado para que quienes seguimos acá redoblemos nuestro esfuerzo y compromiso por la defensa del Estado de derecho. Como dijo, san Romero, “Vivimos una hora de lucha entre la verdad y la mentira”.

Uno de los motivos más evocados por el presidente es la originalidad de sus ideas y posturas: lo suyo es totalmente inédito, nunca nadie había hecho como él o él es el primero en dos siglos de historia nacional. El discurso del 1 de junio contiene algunas perlas de esa curiosa conciencia de ser un mandatario inimitable, el primero y el último. El encabezado del twitter presidencial enuncia la autopercepción de esa singularidad: “Escribiendo una nueva historia”. En la arenga del 1 de junio, se destacan dos formulaciones: “Por primera vez en 200 años”, en alusión al bicentenario de la independencia centroamericana, y “Por primera vez en la historia” o, simplemente, “por primera vez”. Esta es la “primera vez en 200 años” que “la oligarquía perdió [la] oportunidad de controlar el poder formal”, que los oligarcas “no tuvieron otra opción que salir y dar la cara”, que la democracia no es “una pantomima”; “llevamos apenas 30 días de haber tomado democráticamente el poder formal […] pero estamos construyendo una verdadera democracia”, un “destino inexorable que tardó 200 años en llegar”. Y es “la primera vez en la historia” que “realmente estamos tomando las riendas de nuestro propio destino”, que “tenemos en nuestras manos la oportunidad de emanciparnos [...] romper las cadenas que nos tuvieron tantos años atados a la injusticia, a la zozobra y al pesimismo”; que varios de los proyectos viales más grandes […] se están realizando”; que “nuestra historia empezó a cambiar para siempre”; que “no hay izquierda ni derecha”; que “9 de cada 10 salvadoreños apoyan una visión, a un gobierno, a un presidente”; que “el pueblo es parte de este movimiento, de estas transformaciones”; que “el pueblo es el único poder fáctico terrenal al que el gobierno obedece”; que “somos sede de un campeonato mundial de surf. El primero en la historia que clasificará atletas a los juegos olímpicos”. Y, más recientemente, el país es “uno de los 14 acontecimientos más importantes en 12,000 años de la ‘Historia del Dinero’”. Estos prodigios, según la heterodoxa interpretación presidencial, se deben a que “es la primera vez que tenemos una providencia que sí nos ampara”. La afirmación roza la herejía. La Providencia divina cuida por igual de todos los seres humanos de todos los tiempos, esto es, no privilegia al mandatario salvadoreño. Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5,45), porque es Padre de todos, no solo de los Bukele, sus socios y sus seguidores. Ese Padre bondadoso no discrimina a nadie, contrario a la práctica presidencial. Por tanto, si, como asegura Bukele, “no nos debemos a nadie, ni debemos quedar bien con nadie, más que con Dios y con la gente”, debe cambiar radicalmente su conducta. Quien cree, en un arranque de insolencia, que el Dios de Jesús solo se complace en él, no camina “con Dios por delante”. Apropiarse de la Providencia divina es una acción tan disparatada como la de los constructores de la torre de Babel, que en su vanagloria quisieron alcanzar el cielo e igualarse a Dios, pero se perdieron en la confusión. Es la desmesura de una naturaleza humana desordenada, que, confiada en una falsa seguridad ilusoria, cree que el futuro es infaliblemente suyo. De ahí la insistencia en su índole única e inimitable. En el fondo de esa creencia hay mucho de superstición. Al igual que Marx, Bukele cree en la existencia de una ley infalible que conduce la historia al paraíso y que él es el partero que acelera el nacimiento del edén salvadoreño. Esa supuesta seguridad obedece, según el papa Francisco, a un voluntarismo autorreferencial y prometeico, que confía fanáticamente en sus propias fuerzas y se siente superior a los demás. Esa engañosa convicción adolece de un elitismo narcisista y autoritario, que siente fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, se vanagloria de su propia gestión, encasilla a los demás y gasta energías en controlar. “Ni Jesucristo, ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico” (EG 94, 95). La superstición de Bukele vuelve perezosos a sus seguidores, encandilados por el disfrute inmediato de las delicias del paraíso. Pero el progreso no es inexorable ni infinito. Los liberales del siglo XIX, que comulgaron con esa superstición, colocaron los fundamentos de la sociedad de la cual Bukele ahora reniega. El progreso se da, pero también el retroceso. En cualquier caso, progreso habrá cuando se dediquen a la educación las mejores energías, entendiendo por educación no una mera capacitación técnica, cerrar la brecha digital; ni parcial, la primera infancia, sino el esfuerzo para que cada persona dé de sí lo mejor. La pereza hace que muchos deseen ser dictados por quienes quieren ser dictadores. Un hecho confirmado por las intervenciones fanáticas y los entusiasmos delirantes de las redes sociales que acompañan al partero del paraíso nacional. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los derechos humanos son no solo una ética que asegura la convivencia pacífica, sino también un camino de desarrollo humanizante y fraterno. Pese a ello, en nuestra caso, la tendencia gubernamental a despreciarlos viene de lejos. A lo largo de los años, El Salvador ha recibido toda una serie de recomendaciones por parte de las agencias de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitan cumplir estándares ratificados vía pacto o convenio internacional. El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA presentó recientemente una investigación sobre el incumplimiento sistemático de dichas recomendaciones. La relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó nuestro país en 2018 y dejó 51 recomendaciones al Estado salvadoreño, de las cuales solamente el 11% se han cumplido parcial o totalmente. De las más de 100 recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal realizado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, solamente se ha cumplido una quinta parte de ellas; una suerte parecida han tenido las más de 40 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo a El Salvador tras su visita a finales de 2019. En un nuevo ciclo del Examen Periódico Universal, ya en los años 2019-2020, el Estado aceptó 159 de las 207 recomendaciones que el Consejo le presentó; entre ellas, mejorar el marco legal salvadoreño tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales. En este marco, el evidente deterioro de la institucionalidad democrática y el retiro de legislación ya avanzada en temas de derechos humanos desnudan la despreocupación oficial ante las recomendaciones internacionales. Este comportamiento conduce al descrédito en la escena global, por más que la maquinaria propagandística del Gobierno se esfuerce en presentar un panorama diferente. El respeto a los derechos humanos es un principio que la comunidad internacional impulsa a todo nivel. El desconocimiento de la normativa sobre el tema y el desdén a la misma no solo muestra una enorme pobreza democrática e intelectual, sino que además ubica al país en inferioridad de condiciones frente a naciones que entienden la importancia fundamental de los derechos humanos y son consecuentes en la práctica con ello. Comprometerse solo de manera propagandística con el respeto a los derechos humanos, incumpliéndolos o desdeñándolos en el día a día, solo llevará en el mediano plazo a una mayor división y deterioro social del que el país ha sufrido en el pasado. Así como un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia se opuso antes a la extradición de los militares acusados de la masacre en la UCA, hoy la Sala de lo Constitucional impuesta ilegalmente se opone a la extradición de un pandillero acusado de asesinato. Ello muestra el deterioro radical del pensamiento y el accionar jurídicos. No por casualidad ha desaparecido de la propaganda oficial la expresión “los mismos de siempre”: los viejos vicios continúan activos, sin que haya ninguna diferencia entre las nuevas caras y las “de siempre”.

“Todo venezolano debe tener su wallet petro, porque en cualquier momento, a partir de ahora, le cae su petro. El petro es la solución para Venezuela”, dijo Nicolás Maduro el 19 de noviembre del año pasado cuando anunció que su Gobierno daría a cada trabajador de la salud medio petro, equivalente a $30 dólares. El petro es la criptmoneda que el presidente venezolano creó el 3 de diciembre de 2017; ante la poca receptividad de la población, se vio obligado a promover su uso regalando dinero a la gente. Más de tres años después de su creación, la divisa digital no tuvo ningún impacto en la recuperación de la devastada economía del país suramericano. Más bien, la criptomoneda ha sido utilizada como un sistema de control social y financiamiento temporal de la deuda interna. El Salvador no es Venezuela ni el petro es el bitcóin, pero las similitudes son llamativas. Las finanzas públicas salvadoreñas están maltrechas; de no ser así, no serían necesarios los cientos de millones de dólares en préstamos aprobados por la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo. Además, no hay señales de avance en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para la obtención de un préstamo de $1,300 millones a través de un acuerdo de servicio ampliado. La capacidad de endeudamiento de El salvador está llegando a su fin. A esto se suma la caída en los precios de los bonos y la baja calificación del riesgo país debido a la inseguridad jurídica nacional y la falta de un plan económico serio. El Gobierno urge de dinero y se está quedando sin opciones razonables. Ante este panorama, el presidente Bukele, a través de sus diputados, aprobó la legalización del bitcóin como moneda de curso legal en el país. La respectiva ley, un texto de no más de tres páginas plagado de vacíos y ambigüedades, ha desatado muchas críticas y dudas. Para intentar disipar la incertidumbre y defender su proyecto, Bukele llamó a cadena nacional. El presidente acusó a la oposición de tergiversar la ley y sembrar temores entre la población. Según esta lógica, serían miembros de la oposición todos los actores externos que han cuestionado el uso del bitcóin como moneda, entre ellos varios premios Nobel de economía y funcionarios de organismos financieros internacionales. El presidente no dijo nada acerca de que el bitcóin es apetecido para lavar dinero mal habido. Tampoco aclaró a quién y a qué precio comprará El Salvador los bitcóin que repartirá entre quienes descarguen la aplicación gubernamental para el manejo de la criptomoneda. No habló de la comisión que se cobrará por convertir los bitcóin en dólares y viceversa. Que el bitcóin y su ley hayan sido motivo de cadena nacional y que se ofrezca un incentivo monetario a cada persona que se sume a la aventura presidencial refleja que el tema es de primer orden para Bukele. Lo que no se entiende, lo que el presidente no sabe o no quiere explicar es por qué tanto interés. Si todas las transacciones son en dólares, ¿para qué se necesita el bitcóin? ¿Cuál es la necesidad de implementarlo desoyendo todas las advertencias de expertos? ¿Quién se quedará con las comisiones que se cobren por el manejo del bitcóin? Si todo el que reciba la criptomoneda la cambiará a efectivo inmediatamente, ¿de dónde saldrán esos dólares? Mientras las preguntas se multiplican sin cesar, el presidente y sus funcionarios se enredan cada vez más en un tema que, a la vista de sus atropelladas e incoherentes declaraciones, no manejan. Hasta el momento, muchas dudas sobre el bitcóin y una única certeza: los problemas del país continúan sin

Nuestra Constitución afirma que la persona humana es el origen y fin de la actividad del Estado, y que este está organizado para la consecución de la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Bajo esta premisa constitucional es que debe evaluarse si el Estado está cumpliendo con su misión. Y cualquier análisis, por superficial que sea, deja en evidencia que no es así. Mientras un pequeño grupo de salvadoreños ha logrado un alto nivel de bienestar, incluso por encima del de países más desarrollados, la mayoría vive con muchas carencias; existen grandes brechas en la satisfacción de las necesidades básicas entre las personas que viven en las zonas rurales y las que habitan en las urbanas, las que tienen un empleo digno y las que no, entre los hombres y las mujeres. A la fecha, ningún Gobierno, del signo que sea, ha logrado mostrar con claridad en la realidad cotidiana que la persona humana es el origen y el fin del Estado, y que este trabaja por la justicia, la seguridad jurídica y el bien común. Aunque este fracaso se debe fundamentalmente a que las élites políticas y económicas que han dirigido y administrado el Estado no han tenido en mente trabajar por el bien común y la justicia social, la incapacidad de la administración pública en el cumplimiento de sus funciones es otro factor que explica el desastre en el que nos encontramos. Si el Estado salvadoreño quiere ser coherente con sus fines constitucionales, necesita, en primer lugar, reformular cómo se entiende a sí mismo y cómo actúa en la práctica, más allá de discursos; y en segundo lugar, trabajar para que la administración pública sea capaz de responder a las necesidades de desarrollo y bienestar de la población salvadoreña en su conjunto. Como afirma Naciones Unidas, “la administración pública es la piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas”. Desde hace algunos años, entre algunos grupos de la sociedad civil hay clara consciencia de la urgente necesidad de transformar la administración pública para que el Estado cumpla con su misión. De estos grupos surgieron las propuestas de reforma a la Ley del Servicio Civil y de una nueva normativa de la función pública. Ambas con el mismo fin: modernizar y profesionalizar la administración pública. Sin embargo, estas iniciativas no lograron reunir el apoyo político necesario para ser implementadas, ni lo lograrán dada la poca importancia que el Gobierno actual le da a la cuestión. A pesar de que Nayib Bukele dice presidir una administración que trabaja las 24 horas del día los 7 días de la semana, muchos de sus funcionarios no tienen la capacidad requerida para ejercer sus cargos ni para resolver los problemas del país; la mayoría han sido elegidos por su relación con la familia Bukele, su identificación con las ideas del presidente y su subordinación al mismo, no por sus cualificaciones profesionales. Además, por el único motivo de no gozar de la confianza del mandatario, de la función pública han sido apartadas muchas personas capacitadas y con amplia experiencia. Este escenario solo da pie al pesimismo. Sin funcionarios profesionales y con vocación de servicio, capaces de adaptarse a los cambios y de actualizarse constantemente, el Estado no podrá responder a las necesidades crecientes de la población ni posibilitar que se alcancen los niveles de desarrollo humano sostenible a los que el país aspira. En el corto plazo y mediano plazo, el estancamiento está asegurado.

En el ambiente político actual, defender derechos de manera independiente, fuera de la órbita gubernamental, está mal visto. Aunque ya en anteriores administraciones se ha criticado o acosado a defensores de derechos humanos, hoy en día se está dando un modo nuevo de hacerlo: se recurre al insulto en redes sociales, a la descalificación en los medios de comunicación del Estado, a las burlas prepotentes de los funcionarios e, incluso, a la amenaza y la manipulación jurídica de acusaciones pagadas. Establecer la verdad sobre el pasado o sobre el presente —intentarlo siquiera— choca con la resistencia de muchos funcionarios y del Instituto de Acceso a la Información Pública. Este último, por ejemplo, no tiene ningún reparo en utilizar caprichosa y maliciosamente el derecho a la privacidad para encubrir el nepotismo. Quienes defienden derechos y acusan al Gobierno de violarlos son considerados residuos politizados de un pasado corrupto. A los periodistas se les obstaculiza su labor cuando buscan la verdad de hechos que podrían evidenciar fallos gubernamentales. Y si insisten, pueden sufrir la agresión de funcionarios, llegándose hasta el extremo de amedrentarlos mediante seguimiento policial. Esta situación está enmarcada en la calentura autoritaria que la Presidencia de la República ha contagiado a sus partidarios y funcionarios. En el fondo, aparte de autoritarismo, lo que hay es ignorancia y mala fe. Quienes atacan a los defensores tienen una idea muy superficial de los derechos humanos; no consideran que estos sean irrenunciables e irrevocables, ni creen que deben inspirar a todas las actividades del Estado. A la vez, actúan de mala fe, porque conociendo la Constitución, como se supone que todo funcionario debe conocerla y tenerla presenta, no les importa que la misma tenga como punto de partida los derechos humanos. Esta actitud se ha mostrado con claridad cuando se ha denostado y despreciado a quienes desean que se conozca la verdad sobre los crímenes del pasado. También en el debate sobre el derecho al agua y al cerrar oídos a las preocupaciones sobre la problemática que para mucha gente entrañará el uso del bitcóin. La verdad, la legalidad y el conocimiento son despreciados si exponen errores, irregularidades o delitos del Gobierno y de las instituciones controladas ilícitamente por el Ejecutivo. Defender derechos es una de las tareas más nobles de los últimos siglos. En el XIX, los trabajadores comenzaron sus luchas por los derechos a la sindicalización y al salario digno. En el siglo XX, las luchas de los pueblos por la autodeterminación y la defensa de la vida cambiaron la historia. Gandhi, Martin Luther King y monseñor Romero son claros exponentes de esas tareas. La lista de quienes en El Salvador dedicaron su vida a los derechos humanos es larga. Por todo ello, oponerse a la promulgación de una ley que proteja con claridad a los defensores de derechos humanos es un acto de ignorancia que evidencia gran desprecio por la democracia. Perseguir, hostigar y amenazar a periodistas y defensores de derechos humanos es renunciar al rumbo democrático de la civilización y confirmar el gusto por el manejo dictatorial del poder.

Es contradictorio que a pesar de la gran cantidad de lluvia que El Salvador recibe cada invierno, no haya, en calidad y cantidad, suficiente agua para toda la población. Una visita a las comunidades de la periferia del gran San Salvador basta para comprobar que mucha gente, sobre todo de las colonias más pobres, no tiene garantizado el servicio. Hay barrios que pasan semanas, incluso meses, sin recibir agua. Lo mismo sucede en muchas zonas del interior del país. Por ello, reconocer el agua y el saneamiento como derechos humanos y aprobar una ley general de aguas son demandas exigidas desde hace lustros. En 2006, hace 15 años, se presentó el primer anteproyecto de ley general de aguas. Ello dio pie a que se iniciaran esfuerzos por aglutinar al movimiento social entorno a una propuesta consensuada de normativa sobre el agua. El trabajo conjunto de comunidades, organizaciones sociales de diverso tipo e Iglesias dio frutos: en enero de 2020 se presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta ciudadana sobre una ley general de aguas. El núcleo de la propuesta tiene cinco características, que para el movimiento social son innegociables. En primer lugar, reconoce el agua como un derecho humano, un bien público, por lo que, en consecuencia, su uso prioritario es satisfacer las necesidades de la población, por encima de los intereses de los sectores agropecuario, industrial y turístico, por ejemplo. En segundo lugar, por ser un bien público, le corresponde al Estado constituir el ente rector del agua; las decisiones estratégicas sobre el líquido no pueden ser potestad del sector privado. Ligado con lo anterior, en tercer lugar, en la toma de esas decisiones debe haber una amplia participación ciudadana. En cuarto lugar, promueve que el agua sea gestionada por un régimen económico justo y equitativo, fuera de la lógica de lucro. Finalmente, estipula que el agua se gestione desde el enfoque de cuenca hidrográfica, ya que la cuenca constituye la unidad natural y social de una gestión que determine las acciones necesarias para la protección, aprovechamiento y recuperación del agua. Hace pocos días, el presidente de la República anunció la presentación de su propuesta de ley general de aguas. Y los diputados oficialistas dijeron que no discutirán ninguna otra que no sea esa. Ya sea que la propuesta del presidente sea un refrito o simple copia de la presentada el año pasado, o en verdad una nueva, lo fundamental es que la ley que se apruebe incluya los cinco puntos reseñados antes. Si se aprueba una legislación que incluya esos puntos, los salvadoreños contarán con una buena herramienta legal para luchar por sus derechos; si no es así, se ignorará un clamor popular y se comprobará que, más allá de promesas y propagandas, al presidente y sus diputados les tiene sin cuidado el bienestar de la población.

Lo que cualquier población espera de sus gobernantes es que tengan como objetivo principal satisfacer sus necesidades y aspiraciones. Usualmente, este es el principal, si no el único, criterio de evaluación de un gobierno y en base a ello se establece el apoyo que recibe por parte de los ciudadanos. En El Salvador, los gobernantes han solido iniciar su andadura con un importante apoyo que se ha ido desgastando conforme pasa el tiempo, precisamente porque no han sido capaces de responder a los intereses y a las necesidades más sentidas de la población ni cumplir con sus expectativas de desarrollo. Además, la falta de honestidad de la mayoría de funcionarios, que con demasiada frecuencia se han enriquecido a costa del erario público, ha sido determinante para que la población, tarde o temprano, les retire su confianza. Así fue como perdieron el apoyo popular la Democracia Cristiana, Arena y el FMLN, y lo mismo sucederá con cualquier partido que gobierne de espaldas a la población y no sea capaz de responder a las expectativas populares. En países con más cultura democrática, es cada vez mayor la demanda de que los gobernantes se mantengan cercanos a la población para que conozcan de primera mano sus problemas, necesidades, deseos y proyectos de vida. En nuestras latitudes, durante las campañas electorales, quienes aspiran a ocupar un puesto en el Estado se mezclan con la gente, en especial con los más sencillos, pero una vez elegidos se integran al grupo de los que creen estar por encima del pueblo. Muchos políticos se consideran ungidos, investidos de un conocimiento y sabiduría infusos, por el hecho de haber recibido más votos que el resto. Así, están convencidos de que saben lo que la población necesita y lo que mejor le conviene. Excepcionales son los representantes del Estado que una vez electos se toman el tiempo de sentarse con la gente para conocer a fondo y de primera mano su realidad, y escuchar y hacer suyas las propuestas que tiene para resolver sus problemas. Desde el fin de la fuerra, las autoridades que El Salvador ha tenido a lo más que han llegado es a gobernar para la gente, pero no han dado el paso a gobernar con la gente, y esa carencia ha sido fundamental en su fracaso. La clave está en no solo escuchar a la población, sino en hacerla partícipe de las acciones encaminadas a resolver los problemas que sufre en carne propia; es decir, optar por la horizontalidad política, no por la verticalidad tradicional. El éxito de una administración pública está ligado a su capacidad de actuar en colaboración con la sociedad y ofrecer espacios para la participación organizada de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el seguimiento y evaluación de los asuntos de interés público; en su capacidad de establecer mecanismos mediante los cuales la población articule sus intereses, ejerza sus derechos, cumpla sus obligaciones y resuelva sus diferencias. La gestión de Nayib Bukele es claramente verticalista; está arraigada a la tradición de gobernar para la gente sin la gente. El suyo es un gobierno elitista convencido de saber lo que los salvadoreños quieren, por lo que no necesita escucharlos ni contar con ellos para la solución de sus problemas; el suyo es un gobierno que excluye a muchos de los que podrían colaborar y participar en la búsqueda de soluciones a las necesidades colectivas. Por tanto, sus posibilidades de éxito a largo plazo son reducidas.

En la tradición cristiana siempre se ha dicho que la conciencia es más importante que la ley. Debemos obedecer las leyes, nadie lo duda. Pero la conciencia, en caso de confrontación con la ley, tiene prioridad. A los Estados, especialmente a los autoritarios, nunca les gustó este tipo de pensamiento. En las democracias, sin embargo, la importancia de la conciencia se ha abierto camino. El caso de los objetores de conciencia que se niegan a prestar servicio militar se respeta cada vez más en los países democráticos. E incluso se legislan diversas formas legales para superar el enfrentamiento entre la conciencia de algunos ciudadanos y las normativas vigentes. En El Salvador, con una tradición militarista y autoritaria en el modo de ejercer el poder político, el tema de la conciencia se suele dejar en el olvido. Todos recordamos la facilidad con que durante la guerra civil se obedecían las órdenes ilegales de matar. Todavía hoy hay gente que no tiene ningún reparo a la hora de matar. El caso del asesino de Chalchuapa y la rapidez con la que se le ofrece criterio de oportunidad muestra lo habitual que es negociar con la vida humana. La tendencia a obedecer al poder va no solo más allá de las leyes, sino también más allá de la conciencia. Salvo contadas excepciones, los legisladores han sido más obedientes a la voluntad del líder político de turno que a la propia conciencia. En la actualidad, la relación entre la obediencia al líder y el seguimiento de la propia conciencia se ha decantado por la obediencia absoluta. Ni siquiera se examinan leyes o incluso deseos que vengan de la cúpula del poder. El asentimiento y los aplausos sustituyen rápidamente al debate. La rapidez con la que aparecen leyes, decretos y novedades contrasta con la complejidad de los problemas existentes, que permanecen presentes y sin mayor transformación. Cambian las imágenes, las promesas, las monedas, los tuits, pero la pobreza, el miedo y las diversas formas de inseguridad continúan idénticas e inalteradas. El ser humano siempre ha buscado el bien y la verdad. Sobre esos dos valores se construye la conciencia moral. Pero cuando el bien y la verdad se confunden con la obediencia ciega o con la imagen o la opinión exaltada del líder, la conciencia se deforma y la moralidad se pierde. Las instituciones del Estado, compensatorias de diversas maneras en una democracia, están llamadas también a buscar el bien y la verdad. Son fuente de moralidad indispensable en un Estado de derecho. Pero cuando esa búsqueda se sustituye, aunque sea parcialmente, por la voluntad del líder, se entra rápidamente en un proceso de deformación de la conciencia que daña tanto a la persona como al Estado. Es cierto que la humanidad ha desarrollado una moralidad laica externa al poder, supervisada por la ONU, que normalmente llamamos “derechos humanos”. Pero El Salvador tiene una larga trayectoria de incumplimiento de esa moralidad. Todavía hoy cargamos con profundas deudas respecto a tanta víctima del pasado. Y todavía hoy seguimos negándonos a ratificar protocolos y convenios con los que la humanidad quiere avanzar en la construcción de una moralidad cívica y estatal. Exaltamos la ley penal, pero dejamos en el olvido, o al menos en cámara lenta, preceptos constitucionales que exigen al Estado educación y salud de calidad, bienestar económico y justicia social. E incluso en la ley penal ponemos más confianza en la dureza del castigo para los pocos que son enjuiciados, que en la lucha y el trabajo en contra de una impunidad demasiado generalizada. El único camino hacia el desarrollo humano y moral se encuentra en la capacidad de mirar críticamente la realidad, conocer nuestras responsabilidades y desarrollar la propia conciencia en armonía con el bien común y la verdad de la igual dignidad humana. La fiesta del aplauso unánime que impide el diálogo racional y el pensamiento crítico nos deja en el mismo sitio, o incluso peor, en que nos dejaron los “mismos de siempre”. * José María Tojeira, director del Idhuca.

¿Verdadera democracia? Las condenas nacionales e internacionales por las decisiones y acciones que en el país atentan contra la democracia han sido respondidas por el presidente Bukele con el argumento de que se está construyendo una verdadera democracia. La afirmación choca de frente con los hechos. Si un principio democrático tradicional es la división de poderes, el mandatario quiere tenerlos a todos a sus órdenes; si en la democracia es fundamental la independencia del órgano judicial, Bukele afirma que tiene derecho a disponer de jueces que le obedezcan; si una característica de la democracia es la libertad de prensa y de pensamiento, para el presidente es necesario acabar con todo aquello que discrepa de su discurso. En su lógica, puesto que la población votó y le dio su respaldo, todo lo que él hace es porque el pueblo así lo quiere; por tanto, no debe informar de nada, dar cuentas de nada, ni tomar en cuenta la opinión de nadie. “Sí, presidente” es la expresión distintiva de lo que Bukele entiende por democracia Pero no está inventando nada. La comunista Alemania Oriental se denominaba República Democrática Alemana; el nombre oficial de Corea del Norte es República Democrática Popular de Corea. Es común que dictaduras y regímenes totalitarios mantengan los poderes clásicos de un Estado democrático (el poder legislativo, por ejemplo), pero otorgándoles un papel decorativo. Por cuestión de legitimidad en la escena internacional, casi todos los Gobiernos quieren ser considerados democráticos. Siria, Venezuela, Nicaragua y Cuba poseen asambleas nacionales, consejos de ministros, tribunales electorales, aunque en la realidad esas instituciones no controlan el ejercicio del poder ni sirven de contrapesos. Y por ello esos cuatro países no son considerados regímenes democráticos. Ciertamente, la democracia formal no ha solucionado los graves problemas que afectan a los salvadoreños. Pero la verdadera democracia no se agota en derechos civiles y políticos como la libertad de votar, asociarse e informarse; incluye derechos sociales y económicos como el derecho a la seguridad, a la alimentación, a la vivienda, al agua y al trabajo digno. Es obvio que la democracia en el país no ha resuelto la vida de las mayorías. Pero de lo que se trata no es de demolerla, sino de hacerla avanzar hacia esos otros derechos indispensables para la vida. Para seguir humanizando nuestra sociedad, es necesario que se cumplan los principios fundamentales de la democracia; entre ellos, la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a la Constitución. La verdadera democracia no se basa en la concentración del poder en una persona o grupo, y en la ausencia de garantía de los derechos humanos. Eso, más bien, es propio de una dictadura.

Fruto de su experiencia científica, basado en la ley de causa y efecto, Albert Einstein dijo que si se desea obtener resultados distintos, no hay que hacer siempre lo mismo. Sin embargo, lo que Einstein no asegura es que operar de forma novedosa suponga per se obtener mejores resultados; esto último sucede solo si las acciones implementadas son las indicadas para alcanzar el logro esperado. Por ejemplo, un alumno que obtiene resultados mediocres en sus materias por dedicar poco tiempo al estudio decide hacer algo nuevo: dejar a un lado sus cuadernos y libros, jugar con sus amigos y presentarse a los exámenes sin estudiar nada. Esta persona habría hecho algo distinto y habría obtenido un resultado también distinto: peores notas que antes. Lo que no logró fue el resultado que él pretendía: mejorar sus notas. Si hubiera decidido estudiar más o buscar un método de estudio más adecuado a su forma de aprendizaje, entonces habría tenido más posibilidades de pasar sus materias. Algo semejante sucede con el Gobierno de un país. Si se quiere construir una mejor nación, no solo basta con gobernar de forma distinta, sino que también, y sobre todo, hay que gobernar bien, hay que tomar las decisiones más adecuadas, aquellas que puedan causar el efecto esperado. Esto requiere tener claridad sobre los cambios que se quieren impulsar e implementar las medidas que dichos cambios requieren. Las nuevas ideas pueden ser buenas o malas, muy buenas o muy malas. No es lo novedoso lo que hace que una sea buena o mala; la novedad no es sinónimo de bondad o de maldad. Una nueva idea puede ser perniciosa y causar grave daño a un país, o, por el contrario, causar mucho bien a la gente. Por ejemplo, comprar vacunas a China para disponer de ellas en el tiempo oportuno y en la cantidad necesaria para aplicarlas a toda la población, organizando, además, la logística necesaria para ello, fue una buena idea que permitirá mitigar los efectos de la pandemia. Pero, hasta ahora, pocas ideas del Gobierno de Nayib Bukele son buenas. La última, quizás la más novedosa de las que ha tenido, es que el Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Luego de una lectura de la ley aprobada en la noche de este martes 8 de junio, queda claro que esta es una idea peligrosa, que puede llevar a la ruina a nuestro país, hundir a muchos salvadoreños en la miseria. El Bitcoin, además de ser una moneda sin ningún tipo de respaldo ni regulación, más que la ley de la oferta y la demanda, es muy volátil, puede cambiar de valor respecto al dólar en pocas horas, incluso minutos; es decir, se devalúa y revalúa constantemente, su valor fluctúa en función de los caprichos del mercado. Adoptar esta criptomoneda no dará estabilidad económica ni generará más empleos; más bien, abonará a la inseguridad financiera y pondrá a El Salvador en la lista de los países donde es fácil lavar dinero. Con el Bitcoin, Nayib Bukele y los suyos se muestran dispuestos a apostar fuerte con recursos que no son los de ellos; una apuesta en la que se pone en juego el futuro del país y su gente. Qué cambio desean para El Salvador, no se sabe. Y poco optimismo despiertan las medidas que de modo irreflexivo están tomando. Con la inseguridad jurídica y económica que están generando, con las constantes violaciones a la Constitución, con la persecución a la sociedad civil, con la anulación de todos los mecanismos de control y rendición de cuentas se está empujando al país al abismo. Aunque sus ideas sean diferentes, Nayib Bukele parece empeñado en lograr lo mismo que Nicolás Maduro y Daniel Ortega: destruir el tejido productivo y la economía, imposibilitar el desarrollo económico y social, aumentar la pobreza, limitar las libertades fundamentales, hacer cada día más difícil la vida a su gente.

Los políticos y la utilización de Dios Utilizar a Dios, tanto en la política como en la guerra, es una costumbre que afortunadamente se va perdiendo. La fe cristiana tuvo en sus inicios una fuerte influencia en la desacralización del poder político, económico y militar. Al convertirse las iglesias, durante muchos siglos, en parte del Estado, una buena parte de esa tradición se abandonó. Pero otra parte permaneció en diversos escritos de teólogos y pensadores cristianos, germinando nuevamente después de la revolución francesa. En la Iglesia católica la verdadera tradición desacralizadora del dinero, el poder y las armas llegó a su plenitud en nuestra época en el Concilio Vaticano II. En la sociedad política la democracia, la separación Iglesia-Estado, y la declaración de laicidad del Estado tuvieron como origen la síntesis de racionalidad griega, esperanza judía y derecho romano que hicieron pensadores católicos durante la Edad Media. Dios se quedó en el seno de las iglesias y los valores éticos de la religión pasaron a ser, con sus formulaciones laicales propias, patrimonio de la convivencia democrática. A pesar de esta evolución positiva para un mundo multipolar y multicultural, algunos Estados y políticos quedaron con remanentes de religiosidad y tendencia a citar manipuladoramente a Dios. Citas a veces dramáticas y, en otras ocasiones, simplemente ridículas nos lo demuestran. Que Dios esté presente mediante una frase en el dólar, no deja de causar risa. El cinismo es demasiado evidente, sobre todo cuando el dinero se utiliza en el desarrollo de armas de destrucción masiva, manipulaciones políticas de toda clase o diversas formas de corrupción. Entre nosotros tampoco faltan las referencias a Dios entre los políticos. No importa la corrupción, la mentira o el autoritarismo. A los políticos les gusta citar a Dios porque piensan que con ello se ganan la confianza de la gente. Y lamentablemente, con frecuencia prefieren ganarse la confianza de la gente antes que la confianza de Dios. El actual Presidente de la República no ha sido ajeno a esa tradición. Al contrario, la ha radicalizado. En ocasiones difíciles, cuando estuvo a punto de dar un golpe de Estado militarizando y amenazando con disolver la Asamblea Legislativa, dio marcha atrás diciendo que Dios le había pedido paciencia. Y más recientemente, después de apoyar la ilegal destitución tanto de magistrados de la Corte Suprema como del Fiscal General, afirmaba con juramento que nadie se “interpondrá entre Dios y su pueblo”. La frase, por más altisonante y retórica que sea, no deja de ser contradictoria con respecto a la realidad salvadoreña. El hambre, la corrupción, el autoritarismo, el insulto, la violencia, la mentira, la desigualdad económica y social, a los ojos de cualquier creyente medianamente instruido, se interponen claramente entre Dios y su pueblo. Como se interponen también los seres humanos que roban, matan, mienten, acaparan riqueza o dañan por comisión u omisión a sus prójimos. Cuando se priva al ser humanos del acceso al agua o a la alimentación, o se envían a archivo propuestas de ley referentes a esos temas, algo se interpone entre Dios y su pueblo Utilizar a Dios en el discurso político es siempre atentar contra Dios. Porque el Dios cristiano lo que nos pide no es que lo pongamos en las frases de los políticos sino en el amor al prójimo. Es mucho mejor poner el derecho al agua para consumo humano y para saneamiento en la Constitución que poner el nombre de Dios en la bandera. El político cristiano, más que alabar a Dios en los discursos o poner su nombre en las instituciones, lo que debe hace es buscar justicia y amistad social, desarrollo equitativo y bienestar básico para todos. La referencia a Dios la debe hacer en su oración privada y en su participación comunitaria en la oración pública de la iglesia a la que pertenezca. Hablar de Dios y amenazar o mentir, o incluso evitar leyes justas, es una terrible contradicción. Como lo es también hablar de Dios y generar simultáneamente actitudes anticristianas: el odio al enemigo y la soberbia de creerse poseedores absolutos de la verdad no tienen nada que ver con Dios.

Nadie puede negar que hay y ha habido corrupción en El Salvador. La desigualdad económica y social es en buena parte fruto de ella, y la mayoría de la población así lo cree. Por eso “Devuelvan lo robado”, el lema propagandístico de hace dos años, tuvo tanta difusión y éxito. Sin embargo, una cosa es exigir con fines electorales la devolución de lo robado y otra dar los pasos necesarios para recuperar lo sustraído no solo al Estado, sino también a la ciudadanía. Es fácil tildar de ladrones a exfuncionarios de administraciones anteriores; lo difícil es investigar internamente la corrupción. Además, hay privaciones de derechos que constituyen, moralmente, perjuicios semejantes al robo; privaciones que pueden ser causadas tanto por el Estado como por empresarios. Un salario de hambre es una forma de sustraerle al trabajador parte de su derecho a una justa retribución. El catecismo de la Iglesia católica define con mucha claridad qué entender cuando se habla de robo: “Toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas”. Y añade a la lista “la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro” e incluso dañar propiedades privadas o públicas. Todo ello exige que se repare a las víctimas. Y por eso el catecismo dice textualmente lo siguiente: “Los que, de manera directa o indirecta, se han apoderado de un bien ajeno están obligados a restituirlo o a devolver el equivalente en naturaleza o en especie si la cosa ha desaparecido, así como los frutos y beneficios que su propietario hubiera obtenido legítimamente de ese bien. Están igualmente obligados a restituir, en proporción a su responsabilidad y al beneficio obtenido, todos los que han participado de alguna manera en el robo o que se han aprovechado de él a sabiendas; por ejemplo, quienes lo hayan ordenado o ayudado o encubierto”. Devolver lo robado no es una consigna política, sino una exigencia moral y, por supuesto, una obligación legal. La ley de extinción de dominio, promulgada hace algunos años en El Salvador, trata de restituir al Estado lo robado. Pero la legislación es insuficiente para garantizar que se devuelva lo robado en todos los casos en los que moralmente hay obligación de restituir bienes a personas. La supresión de la CICIES es, en este sentido, una mala señal. Si se hicieran públicos los hallazgos del organismo y si el fiscal general iniciara las investigaciones respectivas inmediatamente e imputara delitos a los funcionarios involucrados, se podría pensar que las insensateces del secretario general de la OEA son las que han provocado el cierre de la Comisión. Pero si continúa la actitud servil de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y los señalamientos de la CICIES son ignorados y archivados, habrá razón de sobra para sospechar no solo que existe corrupción gubernamental, sino que se está utilizando al Estado para encubrir un esquema organizado de saqueo de los bienes públicos.

El poder, así, en general, es la estructura de relación humana que ofrece a las personas posibilidades enormes de autorrealización o de autodestrucción. Posibilidades de hacer bien las cosas y crear un ambiente de solidaridad, libertad y servicio, o lo contrario: destruir vidas, arrasar culturas, dividir en superiores e inferiores a quienes somos iguales en dignidad y derechos. Un padre o madre de familia tiene poder para ayudar al hijo/a a crecer en libertad y solidaridad, o para inducirle hacia un egoísmo y una dependencia de sentimientos o ideas que le frustren finalmente en sus expectativas de vida o lo conviertan en un ser antisocial. El poder se utiliza para bien y para mal en todos los ámbitos de la vida social. La utilización en favor del bien ha puesto de manifiesto personalidades que se han vuelto universales por sus valores. Nuestro san Romero es una de las muestras más reconocidas universalmente de un hombre que puso toda su capacidad de poder al servicio de la fraternidad, el diálogo y el amor a quienes la sociedad orillaba y despreciaba. Pero también hemos tenido verdaderos déspotas, asesinos y ladrones que han causado muerte, pobreza y subdesarrollo económico y cultural. El autoritarismo, como uso arbitrario y muchas veces inhumano del poder, ha sido una plaga en El Salvador. Enriquecimiento, corrupción, manos manchadas de sangre y dolor, sufrimiento concentrado en las mayorías pobres o vulnerables del país fueron los resultados del ejercicio autoritario del poder. Hoy, al menos en un amplio sector de la población, nos encontramos de nuevo con un peligroso modo de pensar autoritario. Se advierte en las redes sociales, en las que con frecuencia se observan insultos, expresiones despectivas e incluso amenazas. Al hablar de política, no faltan quienes dicen, por supuesto erróneamente, que “el pueblo nos ha dado todo el poder para que hagamos lo que queramos”. O por otro lado, algunos parecen desear castigos más fuertes a El Salvador de parte de países o instancias internacionales, más allá de las consecuencias que eso pueda traer para las mayorías empobrecidas. Frente a este tipo de posturas hay que ser enfático. El pueblo no le ha dado a Nuevas Ideas el poder de hacer lo que le dé la gana. Hay normas, tanto nacionales como internacionales, que debemos cumplir. E incluso algunas de ellas ni siquiera las podemos cambiar, aunque no las queramos cumplir. Y hay valores éticos que están y seguirán estando por encima de cualquier veleidad o capricho de quienes detentan el poder. Es irreal pensar que en un mundo multipolar y multicultural nos podemos aislar o proteger nuestro aislamiento bajo la sombra de algún imperio. Podemos negarnos, como hemos hecho desde hace muchos años, a firmar y ratificar el convenio adicional de Naciones Unidas sobre tortura. Pero eso no aumentará nuestro prestigio, sino nuestro desprestigio. Y más mientras continúe habiendo signos de brutalidad en algunos miembros de la PNC y de las autoridades carcelarias. El poder total nunca lo ha tenido nadie en la historia. Por eso, la mayoría de los dictadores han muerto fuera del poder. E incluso los que han muerto en el poder, si tras la muerte tuvieran conciencia de algo de lo que pasa en la historia humana, habrían visto cómo sus instituciones y sus fieles seguidores se convierten también en polvo vergonzante. La democracia pone el poder en las leyes, no en las personas. Y las leyes se ponen siempre al servicio de todas las personas. Es la ley, si está bien hecha y si se cumple a cabalidad, la que garantiza la igual dignidad de la persona. Poner la dignidad en el control exclusivo del poder o en la manipulación de las leyes en beneficio del poderoso es el camino equivocado de los regímenes autoritarios y las dictaduras. ¿Queremos democracia en El Salvador? Tengamos un gobierno de leyes, no de personas con poder arbitrario que se saltan leyes y las manipulan a su favor. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El Estado sigue sin controlar el territorio, a pesar del ruido que mete Casa Presidencial con su Plan de Control Territorial. La última prueba de ello es el hallazgo fortuito de la fosa colectiva en Chalchuapa, que alberga varias decenas de cuerpos de mujeres abusadas sexualmente, de hombres y de menores de edad. El descubrimiento no fue obra de acuciosidad policial, sino del grito desesperado de una víctima y de la pronta reacción de los vecinos. La PNC ni siquiera se presentó con la presteza del caso. Este hecho horroroso se suma a la constante información sobre familias obligadas a abandonar su vivienda por las pandillas, en diferentes partes del país (las últimas en Panchimalco). En algunas colonias de Soyapango, las pandillas controlan también la distribución del agua. “De qué sirve que ahora vengan policías y soldados y nos digan que nos quedemos, que nos van a dar seguridad”, cuestiona un vecino de Panchimalco, si “se van a quedar mientras pasa la alarma y luego se van a ir como ha pasado en otros caseríos”. El asesino en serie de Chalchuapa ha puesto en aprietos a una Casa Presidencial desconcertada, que no sabe cómo manejar el descubrimiento sin perder la cara. El país no parece ser tan seguro como pregona. Mientras las familias indagan sobre el hallazgo con la esperanza de localizar los restos de seres queridos desaparecidos, los funcionarios evaden las respuestas. No están claros sobre la cantidad de cadáveres encontrados; ni sobre la autoría de los asesinatos, que atribuyen a “un psicópata trastornado [sic]”, aunque hay otros capturados; ni sobre los beneficios concedidos al principal imputado. Los asesinatos en serie en Chalchuapa no serían más que una simple casualidad para estos funcionarios. Atrapados por los hechos, los funcionarios de seguridad pública optan por atacar a la prensa, sin ahorrar epítetos descalificativos. Les incomoda sobremanera que el caso de Chalchuapa y las desapariciones cuestionen la eficacia de su plan de seguridad. “Mejor atáquennos directo”, reclama el ministro del ramo, “pero dejen de estar generando una sensación de que el Plan de Control Territorial es un fracaso”. La necesidad de preservar su vigencia, un pilar del régimen de Bukele, los obliga a negar sistemáticamente el aumento de las desapariciones, en contra de la evidencia empírica. El ministro de seguridad intenta quitar hierro al fenómeno alegando que “tiene demasiadas aristas”, pues “hay desapariciones que están relacionadas con la actividad de grupos irregulares, otras con temas de familia, hay otras con temas incluso personales, de deudas”. Dicho de otra manera, no tiene mayor información sobre el fenómeno, desconoce sus motivaciones, su forma de operar y su impacto. Impotente y torpe, atribuye a la prensa la invención del fenómeno: “Como no hay muertos, hay desaparecidos”; y la amenaza: “No vamos a permitir que ellos sigan mal utilizando eso para generar zozobra”. La política oficial silencia todo aquello que ponga en aprietos al régimen. El silencio presidencial sobre los asesinatos en serie de Chalchuapa y sobre las desapariciones en general es inmoral e inhumano. El régimen es duro con las víctimas de la violencia social. Es incapaz de comprender la angustia y el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos. Casa Presidencial enfatiza el éxito del Plan de Control Territorial. Bukele se congratuló porque “gracias a la rápida acción de nuestros oficiales e investigadores” se identificó al asesino en serie. Mientras tanto, en varios comentarios vulgares, el diputado jefe de su fracción despreció la angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos. Y en el colmo de la insensibilidad, el ministro de seguridad pretende extender a estos el silencio oficial. Les exige no buscarlos por las redes sociales, porque crean “inseguridad” y facilitan “el mal manejo intencionado” y porque “están fregando sicológicamente a sus hijos, porque los niños están apareciendo en las redes sociales”. En vez de ser “profetas de calamidades”, deben acudir a una Policía impotente e indiferente a sus denuncias. La fosa común en Chalchuapa ha sumido al régimen de Bukele en la irracionalidad y la insensatez. La angustia y el dolor de los familiares de los desaparecidos constituyen, en sí mismos, un argumento contundente. Negar las desapariciones, silenciarlas o atribuirlas a una prensa irresponsable no hace más seguro al país. A medida que pasa el tiempo, el muro que resguarda el mundo fantástico de Casa Presidencial muestra cada vez más fracturas por donde se cuela la realidad. Los asesinatos en serie en Chalchuapa son una prueba más de que el régimen, al igual que sus predecesores, tampoco controla el territorio nacional. Los homicidios han descendido, pero aún son demasiados para la norma internacional. El Gobierno no ha podido detener el éxodo de familias aterrorizadas por las pandillas, ni las extorsiones, ni las desapariciones, ni las sepulturas clandestinas. No controla lo que sucede sobre el territorio ni l

Conocí a Manuel Escalante en el año 2007 cuando inicié mis labores como docente a tiempo completo en la Universidad. “El Palo” o “Palo”, como le decían cariñosamente, era conocido por todos, por sus compañeros de carrera como estudiante de derecho, por el personal de la UCA como encargado del área de seguridad y, finalmente, por los colegas del Departamento de Ciencias Jurídicas como docente y doctorante en Derecho Constitucional. En esa etapa coincidí con Manuel. En aquellos años, junto a Manuel éramos cuatro o cinco profesores a tiempo completo en el Departamento de Ciencias Jurídicas, todos jóvenes con la cabeza hinchada de sueños de cambiar la visión de las ciencias jurídicas en nuestro país, volverla más crítica y menos memorística o ideologizada con doctrina inútil o extranjera; un derecho con los pies en la tierra, comprometido con las necesidades sociales del país, “historizado” en los términos que utilizó el padre Ellacuría respecto a los derechos humanos. De alguna manera, todos renunciamos un poco a ese sueño académico de nuestra juventud; pasó lo que sucede siempre y el pragmatismo mató la promesa para todos, menos para Manuel. Él continuó en la UCA hasta encontrar la manera más apropiada y efectiva de cumplir ese ideal trazado, asumiendo la subdirección del Idhuca. Manuel fue un amigo y compañero; fue quien se ofreció a dar las vueltas y trámites cuando me incapacité y lo necesité. Fue un estupendo docente preocupado por perfeccionar los conocimientos de sus estudiantes, hasta el punto de esperar una escrupulosa ortografía. Manuel fue un incansable luchador por los derechos humanos, siempre preparado para la siguiente reunión, el próximo proyecto o artículo que sirviese para cumplir su compromiso con los derechos fundamentales. Manuel fue quien mejor comprendió lo que en verdad representa la labor jurídica desde una visión universitaria. Los derechos humanos, decía Manuel, no basta con conocerlos o citarlos, no son conceptos o doctrinas que adornan los discursos de la manualística o los informes estatales. Los derechos humanos son realidades, deudas que se tienen con las grandes mayorías populares, realidades negadas por una violencia tan enraizada como sistémica. La partida de Manuel Escalante es una pérdida irreparable para nuestra comunidad académica y jurídica, sobre todo en estos tiempos, donde la sombra del autoritarismo se cierne sobre nuestras cabezas. Manuel será extrañado, aunque no tanto como necesitado. Hoy su ejemplo de vida nos dará aliento para buscar un derecho vivo que finalmente se corresponda con la altura de los valores que lo fundamentan, y no con la pobreza y bajeza de su ejecución ideologizada. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

José María Tojeira 29/05/2021 Dicen que dos personas no pueden dialogar si una de ellas no quiere. Pero si uno insiste en su deseo y apertura al diálogo, acaba ganando la apuesta, al menos en el largo plazo. Amparados en una masiva victoria electoral, un buen grupo de diputados prescinden del diálogo, especialmente si la contraparte que intenta dialogar parte de un pensamiento crítico. Lo críticos también con frecuencia se obstinan en solo ver realidades malas en la situación actual y se niegan a reconocer cualquier actividad o situación positiva. En este contexto, no es raro preguntarse si es posible el diálogo entre las partes enfrentadas. Dada la dureza y permanencia de nuestros problemas, es posible que el tiempo irá ayudando a frenar el mesianismo de unos y la cólera crítica de otros. Por eso, aunque de momento las perspectivas de diálogo se puedan ver muy negativas, es importante hablar del tema. De entrada, hay que trabajar por romper la estructura mental de ver todo en blanco y negro. Muchos de lo seguidores del actual régimen fueron miembros de otros partidos y no dan la impresión de estar muy arrepentidos de su historia. O al menos no se acusan a sí mismos de haber sido ladrones y cómplices de la inutilidad casi absoluta que el régimen al que admiran atribuye al pasado inmediato. También los críticos del régimen, por poner un ejemplo, prefieren ver cualquier problema en el proceso de vacunación y no reconocer que, para las posibilidades del país, ha sido sorprendentemente ágil hasta el momento. Un punto de necesaria convergencia en el que hay que insistir es la situación de empobrecimiento en el país. Un país con casi un 40% de la población en pobreza a causa de la pandemia y otro 40% en situación de vulnerabilidad no puede avanzar sin un proyecto común. Y no existe tal proyecto. Reflexionar sobre las necesidades de nuestro pueblo, mayoritariamente pobre y vulnerable, será siempre el objetivo más humano y positivo si se quiere comenzar un diálogo efectivo. Lamentablemente, la soberbia de los triunfos electorales espectaculares conduce a pensar que no se necesita a nadie para resolver problemas. Por otro lado, esa clase media estable que compone el 20% de la población y el mínimo porcentaje de los muy ricos se preocupan más de sus intereses que de las necesidades de los pobres. Mirar con mayor humildad unos las necesidades de nuestro pueblo pobre, y con mayor generosidad y capacidad de sacrificio otros, ayudaría a encontrar un punto indispensable de futuro. Y ya hablando de las necesidades fundamentales, será más fácil avanzar hacia puntos y hechos más difíciles. La verdad se construye en comunidad y diálogo. Las verdades abstractas impuestas, lo mismo que las promesas vacías o irrealizables, solo conducen al agravamiento de los problemas. La razón crítica nunca ha estado ausente de El Salvador. Pero durante treinta años se negoció con ella en un sí pero no, que en el mejor de los casos acababa beneficiando al 20% de la población en situación más cómoda. Hoy la razón crítica constituye un atentado contra la soberbia del presente. O al menos así lo siente el poder. Romper paradigmas, desandar algunos de los caminos recorridos, reconocer que podemos caminar juntos en objetivos estratégicos a pesar de la diferencia de opiniones, es la única actitud positiva para el país. Obstinarnos en doblegar voluntades siempre lleva al fracaso. Si hay que volver a empezar, como dice el papa Francisco, “hay que hacerlo desde los últimos”. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde hace un buen tiempo, los países desarrollados llevan a cabo campañas más o menos sólidas de lucha contra la corrupción. Pese a ello, el problema está lejos de remitir. Con frecuencia se leen noticias sobre bancos internacionales involucrados en actividades ilícitas y de políticos y empresarios que tienen en paraísos fiscales cuentas dudosas o simplemente corruptas. En El Salvador, el debate sobre este tema adolece de un defecto que debe superarse. La tendencia polarizadora del actual régimen en el poder ha polarizado también la discusión sobre la corrupción. Los seguidores de Nuevas Ideas acusan a los Gobiernos de Arena y del FMLN de haber saqueado el erario público. Por otra parte, quienes están justamente preocupados por la falta de transparencia del Gobierno actual lo acusan de corrupción. Han salido a la luz casos de corrupción que involucran a funcionarios actuales. De hecho, el Gobierno estadounidense ha incluido los nombres de algunos de ellos en una lista de corruptos. Al final, este debate polarizado se vuelve más pantomima y teatro vulgar que auténtica discusión sobre el tema. El régimen solo ve corrupción en el pasado, niega su tendencia al manejo oscuro de fondos y utiliza el rechazo ciudadano a la corrupción contra los grupos e instituciones que no son de su agrado. Por su lado, ciertos críticos del Gobierno, entre los que se encuentran personas e instituciones que en algún momento se favorecieron con la corrupción, solo ven prácticas corruptas hoy, sin reconocer las del pasado. Así, salen perjudicados al final quienes tienen verdadero interés en corregir la corrupción en el país y que de manera constante la han denunciado, tanto frente a Arena y el FMLN como ante Nuevas Ideas y el resto de partidos amantes de la corrupción, que acompañan a quienes desde el poder les ofrecen impunidad, protección y oportunidades de enriquecimiento. Convertir el debate contra la corrupción en espectáculo político es un elemento propagandístico efectivo en el corto plazo para disimular la crisis y ajustar cuentas con ciertos grupos y personas. Pero en el mediano-largo plazo solo se conseguirá averiar aún más la capacidad de reflexión y diálogo sobre la coyuntura nacional, y agudizar los problemas de subdesarrollo del país. Si además se blinda la corrupción actual neutralizando o cooptando las instituciones estatales de control democrático y ciudadano, el futuro no pinta nada bien. La corrupción es necesario enfrentarla con seriedad, enjuiciando de manera adecuada y libre de interferencias todo acto corrupto, pasado o presente. Si no, se cae en una palabrería que pasa de largo sin cambiar la realidad.

Cuando era candidato, Joe Biden prometió destinar 4 mil millones de dólares a Guatemala, Honduras y El Salvador; ya en la Casa Blanca, hizo oficial esa promesa. Los recursos se distribuirán entre los tres países a lo largo de cuatro años, es decir, mil millones de dólares para los tres al año. La cifra no es desdeñable, sobre todo para naciones con serios problemas financieros. Sin embargo, es ingenuo e irreal pensar que ese dinero resolverá los graves problemas del Triángulo Norte. Cada año, los migrantes hondureños, guatemaltecos y salvadoreño envían más de 20 mil millones de dólares a sus países. Solo en 2020, el año de la pandemia, enviaron a sus familias casi 23 mil millones de dólares sin que los problemas estructurales que afectan la vida de la mayoría de la población hayan siquiera menguado. Algunos temen, otros celebran que por el deterioro de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos la ayuda prometida por Washington no llegue al Gobierno de Nayib Bukele, sino a organizaciones de la sociedad civil. En realidad, una de las más poderosas razones para no enturbiar esa relación deberían ser los migrantes: la economía nacional, como la de Guatemala y Honduras, depende de las remesas. Según diversos estudios, las remesas fueron en buena medida las que activaron negocios y lograron mantener las condiciones de vida en muchos hogares durante la cuarentena. En El Salvador, las remesas han llegado a representar casi el 20% del PIB. Los aproximadamente tres millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos representan un motivo suficiente para que los ojos de El Salvador no miren en exclusiva hacia China. Pero la volatilidad y estilo de gobernar de Bukele, más movido por impulsos y rabietas que por razones y estrategias, pueden hacer que los actuales problemas con Estados Unidos pasen a convertirse en política de Estado. Porque ¿qué pensar de alguien que como candidato prometió pasar la página del neoliberalismo y que después, siendo ya presidente electo, declaró su adhesión a esa doctrina en la fundación Heritage? Alguien que cuestionó a China por su política exterior intervencionista y no democrática, y hoy coquetea con el gigante asiático. En 2019 y 2020, ya sea por conveniencia o por la afinidad personal entre Donald Trump y Bukele, la política exterior del Gobierno salvadoreño para con Estados Unidos fue satisfacer el ansia del republicano de frenar la migración sin importar los medios. En ese momento, exigir un trato digno para nuestros migrantes hubiese sido una poderosa razón para distanciarse de Estados Unidos. Ahora que la relación con la nueva administración estadounidense es tensa, el Gobierno salvadoreño sostiene que defiende la soberanía y la dignidad nacional. En realidad, lo que le molesta a Nayib Bukele son las prioridades y exigencias democráticas de la presidencia de Joe Biden. Por hoy, esa molestia es más importante que los intereses y la economía nacionales.

La profundización del presidente en los hechos del 1 de mayo no consigue dar con un argumento comprensible. La teoría presidencial sostiene que el país, al igual que todos los países del continente, incluido Estados Unidos, son fincas, dirigidas por gerentes, administradas por capataces y protegidas por “un aparato ideológico que controla los paradigmas, la ‘opinión’ e incluso buena parte del periodismo y la academia”. Ese aparato ideológico es tan poderoso que en las fincas “nada cambia nunca”. Sin embargo, “el cambio” es posible, prueba de ello es El Salvador de Bukele. Según su tesis, “la némesis” de la finca son los conceptos “verdaderos” de democracia, libertad, soberanía e independencia. “Ahí [los gerentes y los capataces] quedan sin argumentos, porque no pueden atacar con coherencia”. Así, pues, la destrucción de la finca y el nacimiento del nuevo orden, liderado por el presidente, constituyen una cuestión conceptual. “Cada pueblo debe luchar por lograr el significado real de cada uno de esos términos”, para lo cual “debe desmontar las ‘fincas’, despedir a los ‘capataces’, quitar la máscara de la hipocresía con la que nos engañan y establecer verdaderas democracias”. En esto consiste el empeño de Bukele. “Suena difícil”, pero no solo “los estamos derrotando”, sino que el éxito ha desconcertado a la comunidad internacional; “no es que teman por El Salvador, a lo que temen es al poder del ejemplo, temen a que pase en sus fincas”. Comparar la realidad actual con la finca de la oligarquía terrateniente de agroexportación es arbitrario y demuestra falta de conocimiento histórico. Esa forma de explotación desapareció con la guerra. El capitalismo neoliberal, introducido por Arena y preservado por el FMLN, implica una forma de explotación diferente, donde predominan las corporaciones transnacionales y el capital financiero. El interés corporativo y financiero prevalece sobre el interés común con la colaboración activa del Estado, que les otorga privilegios y tolera la corrupción. El ritmo de la acumulación capitalista neoliberal solo es posible por la complicidad del Estado. Contrario a las apariencias, la tesis presidencial no es radical, presupone un pasado inexistente, mientras ignora el presente. No obstante, la mayor debilidad de la tesis de la finca es que la contradicción entre los conceptos de democracia y libertad y la realidad es aplicable también al régimen implantado por los Bukele. Los datos no permiten definir su gestión de la cosa pública como democrática y libre. Al contrario, hoy hay menos democracia y menos libertad que en las épocas de Arena y del FMLN. El presidente cae en la misma incoherencia que achaca a sus enemigos. No se trata de definir unos conceptos que, por otro lado, “están en todos los diccionarios”, tal como reconoce el mismo Bukele, sino de realidades. La verdad del concepto no se verifica en su formulación teórica, sino en su actualidad práctica. La verdad de la democracia y la libertad de las que habla Bukele se constata en la confrontación con la realidad. Una prueba que no logran superar. La tesis presidencial contiene una revelación sorprendente y, sin duda, irreflexiva. Bukele atribuye a “la SIP, [a] los conglomerados mediáticos y [a] algunos ‘gobiernos de países amigos’” funciones de “verdadera ‘cancillería’”, porque “controlan lo que emana […] hacia fuera, lo que se lee en los medios internacionales”. El mandatario reconoce así el fracaso de su propia cancillería y de su cuerpo diplomático, de los cabilderos contratados en Washington y de su propio aparato mediático. Sorprendentemente, Bukele admite haber perdido la batalla por controlar la información que circula en el exterior. La enorme inversión en cabilderos, plumas y medios de difusión no ha podido con los tenebrosos poderes maléficos a los que atribuye su derrota. El victimismo presidencial deja mal paradas a la competencia y la dignidad presidencial. En realidad, el desafío no proviene de los medios de comunicación, ni de la comunidad internacional, ni de poderes oscuros, sino de la realidad. En el interior, el mandatario cuenta aún con un apoyo popular significativo; pero fuera de las fronteras nacionales, su discurso no ha sido recibido. El fracaso de su cancillería y de sus agentes es el triunfo de la realidad. Si la tesis de la finca es su mejor argumento para convencer a la comunidad internacional del acierto del orden implantado desde el 1 de mayo, comparar a las naciones ahí representadas con el latifundio oligárquico salvadoreño es muy poco diplomático, incluso insultante. Washington ya ha suspendido la asistencia financiera a las instituciones estatales. En su desasosiego, el mandatario parece pensar que su ejemplo aterra a la comunidad internacional, cuando, en realidad, esta repudia su dictadura. Bukele y sus hermanos han vuelto a cometer un grave error de cálculo político. La ligereza y la superficialidad hacen que el discurso presidencial caiga en contradicciones y en sorprendentes confesiones n

El Salvador vive tiempos que solo puede calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias. Un pueblo que ha sido crítico y que ha luchado por obtener legítimas conquistas sociales, hoy se halla entregado a un mandatario cuya única prioridad es acumular el mayor poder posible. El discurso oficial afirma que ha iniciado una nueva época, en la cual se pondrá fin a la larga historia de corrupción y habrá verdadero progreso y desarrollo para todos. Ciertamente, la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia de la República y de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa son hitos históricos, pero signos reales de progreso y desarrollo no hay; más bien se perfila, cada vez con mayor precisión, la amenaza de más pobreza y más dependencia externa. En los dos primeros años de gestión del presidente Bukele, la deuda externa se ha incrementado en más de tres mil millones de dólares, y sigue creciendo. Solo en el primer mes de su mandato, la actual Asamblea Legislativa ha aprobado nuevos préstamos internacionales por casi mil 500 millones de dólares. Endeudarse no es problema; lo es pagar los intereses de esa deuda y tener que devolver lo prestado sin contar con más ingresos. Ello significa destinar cada año una mayor cantidad de dinero del presupuesto nacional al pago de la deuda y sus intereses, y tener que restar esa cantidad del fondo disponible para inversión nacional, lo que pulveriza cualquier promesa de progreso y desarrollo. Por otra parte, la nueva república que Nayib Bukele afirma estar construyendo no se caracteriza por la separación de poderes, la rendición de cuentas, la transparencia en el uso de los fondos públicos y la participación ciudadana no eleccionaria, todos ellos elementos esenciales de una que de verdad lo es. Entonces, ¿en qué clase de república piensan el presidente y sus seguidores cuando lo que están promoviendo es el hostigamiento de los críticos, el secretismo y el verticalismo autoritario? Lo que está a la vista es más propio de los tiempos en los que se buscaba que el pueblo permaneciera ignorante y apartado de las decisiones políticas para seguir explotándolo e imponiendo intereses sectarios. El presidente afirma querer el bienestar de la población, pero a la fecha, según encuestas serias, la mitad de la población manifiesta que en estos dos años su nivel de vida no ha cambiado. Más allá del proceso de vacunación contra el covid-19, que se está realizándose de forma acelerada y bien organizada, los otros logros de los que el Gobierno se jacta son dudosos o simplemente no existen. Las ayudas de 300 dólares al inicio del confinamiento y las canastas alimenticias no llegaron a todos los que las requerían, engrosaron el monto de la deuda nacional y están manchadas por fuertes indicios de corrupción. La disminución de homicidios, algo bueno en sí mismo, no ha significado mayor seguridad en los territorios (siguen controlados por las pandillas) ni ha detenido la tragedia nacional de las desapariciones, cuyo número va al alza. Hasta ahora, ningún funcionario ha sido capaz de explicar qué beneficios supondrá para la población la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general, y su sustitución por lacayos del presidente. Este último acto, además de inconstitucional, pone fin a la ya menguada independencia judicial, abre puertas a los abusos del poder y deja desprotegida a la ciudadanía. Tampoco se ve qué de positivo hay en haber generado una de las más graves crisis en la relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y donde vive una tercera parte de los salvadoreños. Como no sea una rabieta infantil e irresponsable, no se entiende qué razones puede tener el presidente para preferir una cooperación china de tan solo 62 millones de dólares y ningunear la ayuda estadounidense, que, según declaraciones de la administración Biden, será de 4 mil millones de dólares para los tres países del norte de Centroamérica. Para superar el atraso de El Salvador, para alcanzar más desarrollo y prosperidad, se requieren cambios profundos tanto en el sistema político como en el económico y social. Pero la prueba de que los cambios van en el rumbo correcto es que generen equidad, transparencia, igualdad de oportunidades, justicia social, respeto a los derechos humanos y participación popular. Nada de lo que está haciendo el Gobierno de Nayib Bukele apunta a ello.

A muchas personas les gustaría que la UCA se callara, que se restringiera exclusivamente a la dimensión profesionalizante y se mantuviera intramuros, indiferente a lo que pasa a su alrededor. Así sería una universidad más aceptable para los poderes, tanto fácticos como legales. Así también sería más cómodo ser universidad sin suscitar reacciones de uno u otro signo. Pero si la UCA no estuviera presente en las principales coyunturas del país desde una visión estructural de la realidad, dejaría de ser la UCA, porque parte medular de su misión es tener en el centro a la realidad del pueblo al que quiere servir. También monseñor Romero incomodaba a los poderes de su tiempo. De lo menos que se le acusó al santo salvadoreño fue de no ceñirse a lo estrictamente espiritual. Lo acusaron de estar politizado, de ser terrorista y subversivo1. Situación parecida pasó con Ignacio Ellacuría a quien muchos citan hoy en día. “Si Ellacuría estuviera vivo, le avergonzaría la UCA de hoy” dicen por ejemplo, con la conveniencia que da alguien que ya no está presente físicamente para opinar y defenderse. Ciertamente el rector mártir ya no está con nosotros porque lo asesinaron quienes, siendo incapaces de responder a la racionalidad de los argumentos, recurren a los insultos, a la calumnia y a la violencia criminal para silenciar. Y aunque ya no está físicamente, su palabra perdura entre nosotros; sus escritos sobre la realidad y la misión de la universidad son muy claros y, a pesar del paso del tiempo, sus palabras siguen teniendo gran actualidad. Personalmente estoy convencido de que si Ellacu viviera en este tiempo, también estaría siendo atacado por los mismos que ahora nos atacan, y por las mismas razones. La UCA siempre se ha definido como universidad para el cambio social, porque está consciente de vivir inmersa en una realidad conflictiva, injusta y extremadamente desigual. Hay conciencia y experiencia de que esta opción trae consecuencias. Ellacuría lo anunciaba diciendo que la universidad “se verá sometida a las tensiones sociales no solo de quienes no quieren el cambio, sino también de quienes conciben el cambio de forma simplista.”2. Precisamente, identificarse con la transformación, hace pensar a muchos que la universidad debe apoyar cualquier tipo de cambio, pero la UCA tiene clara la dirección que necesita el país. En general, el ideal utópico que se persigue es ayudar a construir “una sociedad en que reine la justicia, la libertad y la solidaridad y en las que se den las condiciones materiales objetivas que las posibilitan”3. Y más en concreto, dice Ellacuría para su tiempo, “parece que al luchar por una apertura democrática... así como luchar por hacer del país un Estado de derecho, en el que se respeten la Constitución y los derechos fundamentales de la vida y de la persona, parecen ofrecer una tarea adecuada.”4 Claro que la UCA está por el cambio del país, pero por una transformación que profundice la democracia, el respeto de los derechos humanos, tanto los políticos como los económicos y sociales, y por consolidar el Estado de Derecho. Pero lo que está viviendo El Salvador en estos momentos, no apunta en esta dirección. El país necesita transformaciones estructurales, cambios de raíz como les gusta repetir a algunos sin entender bien o quizá queriendo manipular las palabras de monseñor Romero5. Algunos cambios de raíz serían por ejemplo, elegir a los funcionarios de las instituciones de control realmente independientes y capaces, que por primera vez el país cuente con magistrados, fiscales y procuradores que no tengan más compromiso que con la justicia y con la verdad; contar por fin con un gobierno realmente transparente, que rinda cuentas al pueblo; implementar una reforma fiscal progresiva, en la que paguen más los que tienen más y se ponga alto a la evasión y elusión fiscal y que en el centro del quehacer de las autoridades esté la dignificación de la vida de la mayoría de la gente; impulsar una reforma al sistema de pensiones que favorezca de verdad a los pensionados y que no se haga para apropiarse de los fondos de la clase trabajadora ni que signifique hipotecar el futuro de las nuevas generaciones a base de préstamos. Este tipo de cambios necesita el país y este tipo de cambios la UCA los ha propuesto durante años -y los sigue proponiendo- y acompañaría si son genuinos. Sin embargo, lo que se está promoviendo no augura mejores tiempos para este pueblo. La mentira se ha hecho política pública, se miente con descaro; se eligen funcionarios de segundo grado no por su fidelidad e incondicionalidad a la ley y al país sino al presidente y su grupo; se oculta toda la información oficial y los signos de corrupción ya son inocultables; se articula un discurso bonito a través de una poderosa publicidad que anuncia cambios que la gente quiere, pero por el contrario se hace del país un gran negocio para otra cúpula. Y el militarismo es la carta de garantía que el presidente tiene para poder hacer impunemente todo

El caso de los asesinatos en Chalchuapa ha estremecido al país. No faltan interpretaciones psicológicas y sociales, y puntos de vista criminalísticos sobre los crímenes. Sin embargo, poco se reflexiona sobre el hecho de que el acusado, hoy testigo criteriado, es expolicía. Por supuesto, no se puede afirmar que haber sido agente tenga que ver con su actividad criminal, pero la misma Policía afirma que fue expulsado del cuerpo por problemas de agresividad sexual. La PNC también ha dicho que el caso involucra a expolicías, exsoldados, coyotes y vendedores. Desde hace años, las instituciones defensoras de derechos humanos manifiestan una fuerte preocupación por la existencia de grupos de exterminio en los que participan policías en activo. Algunos supuestos enfrentamientos de miembros de la PNC con delincuentes resultaron ser verdaderas masacres. Hace algún tiempo se dio a conocer un grupo de chat entre policías que, con una tranquilidad pasmosa, hablaban de asesinar delincuentes. Ciertamente, en los últimos tres años se ha desarticulado un buen número de estos grupos de exterminio. Aunque la inmensa mayoría de los miembros de la PNC son personas decentes, la permisividad con los delitos internos y la protección cómplice entre jefes han ido creando una cultura de impunidad frente al abuso de fuerza. Por lo anterior, no extraña la composición del grupo acusado de los crímenes en serie en Chalchuapa. Esta situación debería llamar a la reflexión a todos los comisionados, subcomisionados y jefes de la Policía. En primer lugar, resulta necesario y urgente insistir sistemáticamente en el respeto a los derechos humanos y en el uso proporcional de la fuerza y como último recurso, tratando siempre de aminorar los daños a la integridad y la vida de las personas. Actuar de un modo respetuoso con la gente y con el mínimo posible de violencia es un tema enfrentado a la cultura imperante, pero es uno de los mejores caminos para el respeto a la vida. En segundo lugar, la PNC debe mejorar sus mecanismos de control interno. Además, debe dar un seguimiento adecuado a quienes expulse del cuerpo por cometer un delito. La tendencia de los agentes a la violencia se puede convertir fácilmente en costumbre viciosa, alentada por la situación de vulnerabilidad de la población y por la facilidad con que el dinero se une con el crimen. Expulsar del cuerpo policial a todo aquel que abusa de la fuerza es una medida básica de saneamiento institucional. El posterior seguimiento es clave para prevenir casos como el de Chalchuapa.

El presidente y sus funcionarios suelen repetir que el sistema se protege a sí mismo, para referirse a que el sistema político salvadoreño ha solido defender los intereses de los grupos de poder que están detrás de los gobernantes. Y por eso dicen que “hay que limpiar la casa”. Tienen razón. El sistema se protege cuando se pone a las instituciones públicas y a los aplicadores de la ley al servicio de esos grupos de poder y de sus representantes en el Gobierno. Así, por ejemplo, aunque la misión constitucional de la Fiscalía General de la República sea “defender los intereses del Estado y de la sociedad salvadoreña”, esta institución es guardiana de intereses privados y evita que ciertas personas comparezcan ante la ley. Así, aunque la Carta Magna diga que “los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes”, el órgano judicial no es independiente, se somete a la voluntad del Ejecutivo o de quienes este representa. Si alguien comete un delito y no está vinculado a la cúpula gobernante, se le aplica todo el rigor de la ley. En cambio, si es parte del círculo de poder, goza de inmunidad total. Cuando el órgano judicial ha actuado como debe (algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional o el juez del caso de la masacre en El Mozote), los que detentan el poder reaccionan en su contra para que las aguas vuelvan a su cauce y los funcionarios no toquen a sus protegidos. En esto, el presidente está haciendo honor a la frase de Aristóteles: “El verdadero discípulo es el que supera a su maestro”. Bukele ya volvió inservible al Instituto de Acceso a la Información Pública, el ente responsable de que la transparencia comenzara a ser parte de la cultura institucional en el país. Ahora, los nuevos comisionados no responden a la ley, sino a Casa Presidencial. El sistema se protege solo. Violentando el debido proceso y la legislación nacional, los diputados del mandatario destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, y nombraron en su lugar a personas afines al Gobierno. Ahora, estos funcionarios se suman a la colección de marionetas del presidente y de sus aliados. Ante los señalamientos de corrupción de Estados Unidos contra un grupo muy cercano al mandatario, algo que en un país normal daría pie a una investigación, el nuevo fiscal general dice que le tienen sin cuidado esas denuncias. El sistema se protege. La bancada cian aprobó la llamada “Ley Alabí”, que blinda a los funcionarios que durante la pandemia hicieron negocio con el sufrimiento de la gente. Aún falta que los diputados de Bukele lo protejan apropiándose de la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y cualquier institución que tenga por misión controlar el ejercicio del poder. Sí, el sistema se protege a sí mismo y no hay señales de que dejará de hacerlo.

La comunidad internacional no reaccionó al emplazamiento del presidente Bukele, quien exigió le explicaran las condenas por los hechos ocurridos el 1 de mayo. El vacío lo llenó él mismo con un mensaje dirigido a “las voces que nos piden que volvamos al pasado”. La respuesta presidencial reafirma desafiantemente que “los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Bendiciones”. La reacción, en su moderación, es engañosamente lógica. El presidente confunde el pasado de Arena y del FMLN con la institucionalidad democrática, débil y vulnerada, pero institucionalidad democrática, al fin de cuentas. El despiste, deliberado o simple confusión mental, le sirve para subrayar que no regresará a esos regímenes ahora aborrecidos, con sobrada razón. Pero, en realidad, a donde no quiere retornar es a la institucionalidad democrática, un obstáculo que entorpece la realización de sus fantasías. La astuta identificación del ordenamiento democrático con Arena y el FMLN mete de contrabando el cambio de régimen político en el imaginario popular. El mismo embuste utiliza para desvanecer el señalamiento de Washington, que acusa de corrupción a su portavoz principal, a uno de sus aliados políticos más importantes y a otros socios cercanos. La reacción presidencial convierte la denuncia en una competencia entre los más corruptos. “Dicen los ‘amigos’ que ya revisaron bien todos los archivos e información que tienen, y que en Arena no hay corruptos”. Washington no afirma que en Arena no haya corruptos, sino que en el círculo íntimo de Bukele hay corruptos. El señalamiento es altamente peligroso, porque atenta contra la credibilidad del discurso presidencial. El mandatario no se atreve a negar la corrupción de sus colaboradores cercanos, sino que, en descargo, alega que en Arena es mucho mayor. La desmesurada corrupción de este partido vuelve irrelevante cualquier otra corrupción, incluida la de sus colaboradores. Así, Bukele desvía la cólera popular hacia Arena, mientras los suyos salen indemnes. La realidad, dada su estructura dinámica, solo puede ir hacia el futuro. El pasado es inexistente, excepto por la posibilidades abiertas o cerradas que determinan el presente y condicionan el futuro. Por este lado, el mandatario puede descansar tranquilo. No hay más salida que hacia adelante. Lo realmente determinante es qué futuro construye en la actualidad. Qué posibilidades abre y cuáles cierra. La transparencia y la rendición de cuentas están cerradas, la corrupción está abierta. El futuro depende de cómo enfrente el ahora determinado por el pasado y su figura pende de las posibilidades apropiadas en la actualidad. Hasta ahora, todo apunta a un futuro no democrático, autoritario. Al parecer, es lo que mejor se le da a los hermanos Bukele y a mucha gente que piensa, erradamente, que esa forma de dirigir el Estado es la solución para sus necesidades más sentidas. El deseo de encontrar acompañantes en la comunidad internacional no es sincero. Los compañeros se ayudan, pero también se escuchan, discuten y acuerdan. Bukele no desea esa clase de compañías, sino unas que lo auxilien sin ponerle “peros”. Por eso, en lugar de agradecer la lista de corruptos de Washington como una alerta, la ha recibido sarcásticamente. Más que compañeros, Bukele busca incondicionales, como los que lo rodean e integran su aparato burocrático. Ninguno osa tener opinión propia, ninguno se atreve a decir lo que piensa ni actúa por su cuenta. Difícil imaginar qué futuro puede construir una comparsa de esa naturaleza. Por muy talentoso que sea su jefe, es humanamente imposible que tenga las respuestas para enfrentar la actual crisis sanitaria, social, económica y política. Menos mal que dice comprender que lo dejen solo y aislado. Cuestión abierta es cuán lejos pueda llegar con sus ideas y las de sus hermanos. Pretender caminar solo en un mundo tan complejo, pensando que solo él conoce el sendero que conduce a ese futuro no definido, es una temeridad que no puede terminar bien. La cantinela de romper con “los mismos de siempre” ha venido a desembocar en ser menos corrupto que ellos. O como dice la voz popular, “Todos roban, pero este al menos da algo”. Aparentemente, robar un poco menos que “los de siempre” transforma en bien lo que igualmente es delito e inmoralidad pública. Las bendiciones finales están de más. Su sinceridad es dudosa. Expresan la condescendencia de Bukele con “unos amigos” reacios a acatar sus dictados. Bendecir es decir-bien, desear-bien y hacer-bien a todos, amigos y enemigos. Quien mal-dice, esto es, quien insulta, quien desprecia y quien humilla, no tiene capacidad para bendecir. Bendice quien está bendecido y los bendecidos o bienaventurados son los pobres, los que lloran, los hambrientos, los que tienen hambre y sed de justicia, los limpios de corazón y los perseguidos por el poder opresor. * Rodolfo Cardenal, di