Editoriales y Opiniones

Guerra mediática Editorial UCA Pretender que solo la propia perspectiva es la verdadera obedece a una profunda ignorancia o a mala intención. Esa actitud es más grave cuando se pasa al plano institucional y de los medios de comunicación. El empeño periodístico de informar con la verdad entronca con la búsqueda de objetividad, pero que un medio diga poseer la verdad absoluta no es otra cosa que una mentira. Nayib Bukele ha apostado por ganar en la arena mediática las próximas elecciones. Si ya su estrategia de fabricar imágenes y eslóganes lo llevó a la silla presidencial, ¿por qué no hacer lo mismo en los comicios de 2021, a fin de librarse de la oposición en la Asamblea y consolidar su poder?

Fanatismo Editorial UCA Según la Real Academia de la Lengua, el fanatismo consiste en el “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”. Cuando esa defensa se realiza de modo tal que se irrespetan las opiniones y derechos de los demás, se pone en riesgo la armonía y cohesión social. Hay varios signos de fanatismo que deben levantar alertas.

Navidad y San José Todas las Navidades recordamos a San José. Pero en las de este año el Papa Francisco nos anima a tenerlo especialmente presente. Se acaban de cumplir 150 años de la declaración de San José como patrono de la Iglesia, y el Papa nos ha enviado una Carta Apostólica, titulada “Con corazón de padre”, designando el año que transcurre desde el 8 de Diciembre pasado hasta el 8 del mismo mes del año 2021, como año de San José. En ese sentido, durante estas Navidades será bueno que reflexionemos en particular sobre la presencia y papel de un hombre común, profundamente bueno, en lo que San Juan Crisóstomo, citado por el Papa, llama la “economía de la encarnación”.

Ante las próximas elecciones Cuando se acercan tiempos electorales es importante pensar una vez más en el futuro de nuestra democracia. Es tiempo de pensar en qué y hacia dónde hay que avanzar democráticamente. No podemos conformarnos con votar por el color de nuestra simpatía o por la simple apariencia de la persona que mejor nos caiga. Debemos reflexionar sobre lo que deseamos para nuestro país, sobre cómo queremos que funcione nuestra democracia, y posteriormente pensar qué partidos y qué personas nos pueden llevar a lo que anhelamos para el país. Para ayudar en esta tarea de pensar en nuestra democracia, es necesario reflexionar sobre algunos puntos básicos. Sin tratar de ser exhaustivos, aquí van algunos de ellos. Por José María Tojeira, S.J., Director del Idhuca

El derecho de la justicia de los pobres. Escrito por José María Tojeira, director del Idhuca.

Hace doscientos años nació en Centroamérica la prensa no gubernamental. Se trataba de dos periódicos guatemaltecos que generaron muchas expectativas en los cerrados círculos de líderes e intelectuales de la región, aprovechando la libertad de imprenta que el régimen constitucional español había decretado. En efecto, El Editor constitucional comenzó a publicarse a partir de julio de 1820 y El Amigo de la Patria inició en octubre del mismo año. Ambos periódicos inventaron la opinión pública moderna, es decir, la concepción de una racionalidad ciudadana con derecho y obligación de juzgar las acciones gubernamentales y de proponer las mejores medidas para evitar la continuidad del poder absoluto. Creo que a doscientos años conviene reflexionar sobre esta invención porque desde aquel momento se pensó como un pilar esencial de todo régimen justo basado en la ley pero que, no por ello, escapa de ser objeto de discusión. Hoy como ayer la tentación del poder absoluto es una constante y si no disponemos de mecanismos que garanticen jurídicamente el que esta tentación se convierta en realidad, o si estos no son efectivos, nuestro sistema republicano se convierte en una mascarada. Los periódicos arriba mencionados lucharon contra el absolutismo monárquico de Fernando VII. Las tentaciones actuales son las de un presidencialismo extremo que ansía controlar a los otros dos órganos del Estado, en menoscabo del principio republicano del balance de poderes. Tanto Nayib Bukele en El Salvador como Juan Orlando Hernández en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua son muestras palpables de ello aunque con estilos y en circunstancias históricas diferentes. Y es que no solo la represión policial, paramilitar o militar de las protestas ciudadanas ponen de manifiesto el carácter autoritario de un gobernante, sino también la sutil violación a la libertad de información y el acoso a los medios opositores. La opinión pública, entonces, seguirá siendo asumida como el árbitro ciudadano que buscará controlar, desde la tribuna mediática, toda aspiración de poder ilimitado en nuestros mandatarios. No obstante, esta afirmación no está lejos de ser compleja, sobre todo si pensamos en cómo fue construida históricamente. El clásico estudio de Jürgen Habermas sobre la opinión pública se convirtió desde hace varios años en un referente para el análisis del surgimiento en Europa de este concepto moderno. Sin embargo, su trabajo se enfoca en las experiencias británica, alemana y francesa. El mundo hispano (y dentro de él, el latinoamericano) queda por fuera (Habermas, 1981). De cualquier forma, hay un aspecto compartido por esas culturas políticas. Habermas señala cómo en Locke, Burke o los fisiócratas, entre otros filósofos, se transitó de nociones como “espíritu público” al de la “opinión pública”, cuyo ejercicio quedaba reducido a un minúsculo sector de la población: los hombres sabios e ilustrados. Lo que podemos desprender de aquí es que en el contexto parlamentario moderno, la opinión pública ya no era lo que la tradición filosófica occidental había denominado como la “doxa”, es decir, las simples y vagas afirmaciones o los juicios sin fundamento. Se convertía, más bien, en la voz autorizada de los ilustrados quienes, a través de la prensa y de los parlamentos, orientaban o legislaban en favor de los Estados. Hacia 1820, los primeros dos periódicos no gubernamentales en Centroamérica también plantearon esa relación entre opinión pública y sistema representativo y, por tanto, legitimaron el que un círculo letrado y cerrado fuese el emisor de la voz del pueblo soberano. Se argumentó que la falta de luces (analfabetismo) en la población era lo que hacía que sus “representantes” asumieran su racionalidad crítica; pero este argumento no era más que la ocultación del desinterés histórico de los gobernantes y las elites económicas por el acceso de los habitantes a la educación. Es más, generalmente, los propietarios de aquellos periódicos eran miembros de la clase política y pertenecieron a los grupos económicos de poder, por lo que el resultado de este laboratorio representativo fue la desconexión de la opinión pública con las necesidades ciudadanas. En El Salvador de los siglos XIX y XX ese monopolio de la voz soberana del pueblo se lo continuó arrogando la prensa gubernamental y la prensa afín a los intereses de la oligarquía. Si bien es cierto que rotativos como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se convirtieron en opositores a regímenes militares como el del general Maximiliano Hernández Martínez, no por ello dejaron de responder a una agenda periodística a favor de un sector de la derecha que buscaba la modernización del país a costa de incumplir los derechos laborales, como ocurrió con la no aplicación del salario mínimo a sus propios trabajadores en la década de 1960. No está demás recordar la legitimación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil o la defensa de la privatización a ciertos servicios públicos en la déc

En medio de la parafernalia y la fanfarria electorera que insiste en que la vida de los salvadoreños se juega en las decisiones de los políticos, surgió una noticia que parece haberse colado para despertar la esperanza. La de una vacuna con una alta efectividad para prevenir la covid-19 y que pronto llegará a El Salvador. La noticia de la vacuna representa una esperanza que condensa muchas otras: que esta larga pandemia se termina, que pronto podremos movernos sin problemas, la distancia y la proxémica salvadoreña volvería a su sentido habitual, los espacios tradicionales de ocio y consumo se insinúan como un viejo y conocido paraíso. En cuanto las primeras noticias se confirmaron, el presidente Bukele salió a posicionar un mensaje para la población: la vacuna en El Salvador será universal, gratuita y voluntaria. Se cuidó sin embargo de aclarar que esta gratuidad no tiene que ver con su gobierno. Esta semana, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, señaló que El Salvador forma parte de la lista de los diez países más pobres y con población relativamente pequeña y que serán financiados por la iniciativa del Fondo de Acceso Global para el acceso a las vacunas de COVID-19 (COVAX, por sus siglas en inglés). Este fondo es una iniciativa de colaboración que parte del principio de que la pandemia continuará avanzando de forma rápida y que mientras no estemos todos a salvo, nadie lo estará por completo. No tiene que ver con las gestiones políticas, ni con una buena administración. Estamos en un contexto global que debe ser leído desde ahí. El anuncio de la vacuna trajo alivio y esperanza, y añade dos temas a la agenda y al debate de fondo. El primer tema es la necesidad urgente del acceso universal a la salud, un derecho humano que se ha postergado largamente en El Salvador. Desde los privilegios de clase, muchos no caen en la cuenta que incluso el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) excluye a la gran cantidad de trabajadoras y trabajadores informales. El segundo gran tema tiene que ver con la necesidad urgente de dar su lugar a la educación y a la investigación científica. Este debate no es nuevo, en el siglo XIX, el proyecto que llevó al estado laico peleó para que tanto los hombres como las mujeres recibieran una instrucción intelectual que culminó con la graduación de la salvadoreña Antonia Navarro en ingeniería topográfica. Navarro fue la primera mujer graduada como doctora en ingeniería en toda Iberoamérica. Sin embargo, la educación científica y el desarrollo de la investigación e innovación en dichos ámbitos ha sido relegada por todos los políticos y gobiernos de turno desde entonces hasta nuestros días. Las decisiones políticas suelen tener un fin a corto plazo: la victoria electoral. La educación y el avance científico solo puede conseguirse con políticas educativas de muy largo plazo y con el esfuerzo sistemático por ofrecer mejores condiciones de vida. Sin embargo, nuestra región sigue ocupándose de lo urgente y de esta forma se vuelve difícil apuntalar hacia lo estratégico. Los diez millones adicionales anunciados para el presupuesto de la Universidad de El Salvador se dice que serán designados para mayor infraestructura. Sin duda es muy importante que los nuevos estudiantes tengan acceso a espacios de estudio digno, pero, ¿cuánta de esta inversión será destinada a investigación científica que dé resultados y a programas de ciencia que permitan a la población volverse los protagonistas de su propio proceso de desarrollo? En este espacio hemos señalado la preocupación por la proliferación de las noticias falsas. Muchas de las noticias falsas que han circulado tienen que ver justamente con tratamientos inciertos, vacunas ficticias y una serie de datos falsos asociados a la salud y, en especial, al covid-19. En una sociedad sin educación científica la charlatanería se multiplica. ¿Cómo vamos a poder decidir si queremos afrontar los riesgos que implican las vacunas que no han tenido ni un año de prueba? ¿Conoce la población salvadoreña la posibilidad de que se presenten efectos a largo plazo? ¿Somos capaces de discutir sobre la diferencia entre una vacuna que modifica el ARN y una que contiene un virus genéticamente modificado? ¿Dónde están las instituciones salvadoreñas que regulan las prácticas farmacéuticas y nos protegen de los abusos de un millonario mercado que crece gracias a la pandemia? ¿Entendemos las implicaciones éticas de esta realidad que ya ha llegado? La política, las personas y funcionarios que se dedican a tomar decisiones sobre nuestra comunidad y nuestra vida pueden salvar vidas cuando toman decisiones en diálogo con la comunidad científica y nos permiten formar parte de ese enriquecedor debate. Si no es así, nos arriesgamos, como bien ha señalado Ignacio Losada en un texto que recoge estos debates: “Nos disponemos a entrar en un territorio casi inexplorado, del que no conocemos los peligros y que puede acabar siendo nuestra tumba”.

El libro más reciente del papa Francisco se titula Soñemos juntos. El camino a un futuro mejor. Según el coautor, Austen Ivereigh, el libro nació en el contexto de la primera cuarentena a causa del covid-19, un momento en el que Francisco dejó claro que la humanidad se encontraba en un punto de inflexión, un tiempo de prueba del que podríamos salir mejor o retroceder drásticamente. Frente a ese desafío, el papa nombró una comisión del Vaticano para consultar a expertos de todo el mundo sobre la nueva realidad post covid. Lo hizo con la convicción de que este es el momento para soñar en grande, para repensar nuestras prioridades y para comprometernos en lo pequeño y actuar en función de lo que hemos soñado. Esta perspectiva parece ser el hilo conductor de la nueva publicación. Para Francisco, no podemos volver a la falsa seguridad de las estructuras políticas y económicas que teníamos antes de la crisis. Es el momento para generar procesos de cambio. Necesitamos economías que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, techo y trabajo. Necesitamos políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. Necesitamos un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Necesitamos proclamar que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida. La narrativa del libro, que explica esos procesos de cambio, está estructurada en tres partes que corresponden al método ver-juzgar-actuar. El papa los reformula con otros términos, pero con el mismo aire de familia: contemplar (ver), discernir (juzgar) y proponer (actuar). “Tiempo para ver”, “Tiempo para elegir” (discernir) y “Tiempo para actuar”. En la primera parte (“Tiempo para ver”) se examina la realidad desde un punto de mira: la periferia. Según el papa, el mundo se ve con mayor claridad, en lo que realmente es, desde la periferia. Más todavía: para encontrar un futuro nuevo hay que ir a la periferia, a los lugares de miseria, exclusión y sufrimiento. Esto es fundamental porque lo que vemos depende en gran medida de dónde nos coloquemos. No todos los ángulos son propicios para ver la realidad. Ignacio Ellacuría sostenía un enfoque similar. Planteaba que desde el lugar del pobre se ve más y mejor la realidad, tanto en lo que es (una realidad injusta y excluyente), como en lo que tiene que hacerse con ella (revertirla hacia una nueva civilización donde se asegure la satisfacción universal de las necesidades básicas). Cuando se asume esa perspectiva caen vendas y tenemos la oportunidad de ver con ojos nuevos. En esa línea. el papa señala que la crisis puso al descubierto la cultura del descarte. Las exigencias sanitarias del covid-19 visibilizaron que muchas personas no tenían una vivienda adecuada para cumplir el distanciamiento social obligatorio ni agua limpia con la que higienizarse. También puso en evidencia otra pandemia: la del virus de la indiferencia que nos hace mirar siempre para otro lado. De ahí que, según el papa, uno de los peligros de este “estado de indiferencia” es que puede volverse normal y termina por impregnar silenciosamente nuestros estilos de vida. Para el papa, ir a la periferia permite tocar el sufrimiento y las penurias de un pueblo (empobrecimiento, exclusión y muerte), pero también descubrir las alianzas posibles que se están produciendo para encarar las gravísimas carencias, la depredación de la casa común y la destrucción de la familia humana. Desde la periferia se constata una humanidad gravemente enferma. La causa no deriva solo del covid-19. Para Francisco, existen miles de otras crisis igual de terribles, pero tan lejanas que podemos actuar como si no existieran. Señala, por ejemplo, las guerras diseminadas en distintas partes del mundo; la producción y el tráfico de armas; los cientos de miles de refugiados que huyen de la pobreza, la falta de oportunidades y el hambre. Sobre esto último, el obispo de Roma recuerda un dato que debería afectarnos: en los primeros cuatro meses de este año (2020) murieron 3,7 millones de personas a causa del hambre. Otro de los males históricos que denuncia el papa es lo que denomina la “hiperinflación del individuo”, que suele ir de la mano de la debilidad del Estado. Afirma que una vez que la gente pierde el sentido del bien común, la historia muestra que caemos en la anarquía, el autoritarismo o ambos. Nos volvemos una sociedad violenta e inestable. Estos hechos de crueldad y muerte, entre otros, el papa los califica como “pecado”. Con ello quiere indicar su gravedad y los describe como un no reconocer el valor de la vida; querer poseer y explotar aquello que no valoramos como un don, explotar una cosa que no debe ser explotada; sacar riqueza (o poder o satisfacción) de donde no se debe sacar. Desde los desafíos que plantea la perifer

La semana pasada se celebró el 72.° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 39.° aniversario de la masacre en El Mozote. En estos días previos a la Navidad, nada resulta más parecido a la matanza de inocentes que narra el Evangelio que la masacre en El Mozote, brutal y abundante en el exterminio de menores de edad. El desprecio por la igual dignidad de la persona quedó patente en esa barbarie y se prolongó sistemáticamente en el tiempo, a través de la destrucción y muerte de la guerra civil. A lo largo de ella, el batallón Atlacatl continuó liderando la bandera de la infamia, asesinando, cometiendo masacres y mostrando un terrible desprecio por la vida humana. Ciertamente, en aquellos años, la igual dignidad de la persona no formaba parte de la cultura. Los defensores de derechos humanos se convertían fácilmente en objetivos militares. Ellos dedicaron su vida a la defensa de la dignidad concreta de tanta gente asesinada, torturada y violada. Hoy se les recuerda con aprecio y admiración crecientes. Sin embargo, la cultura de la igual dignidad sigue siendo débil y deficiente. Esto se constata en la persistencia de la pobreza, en los bajos niveles educativos, en la prevalencia del machismo, en la porosidad de la violencia y en la desigualdad socioeconómica. Y se advierte incluso con mayor claridad en la negativa a reconocer oficialmente la brutalidad de la guerra y en la dura resistencia a tomar acciones concretas para honrar los derechos humanos. Vemos una Fuerza Armada incapaz de pedir perdón por los graves crímenes cometidos en el pasado. La negativa del Ejército a obedecer al juez que lleva el caso de El Mozote y abrir los archivos militares de hace 40 años no solo es un acto de prepotencia, sino también de desprecio a nuestra gente. Que ante ello otras instituciones del Estado se limiten a bajar las orejas muestra la honda corrupción del sistema democrático salvadoreño. Porque en una democracia la corrupción más grave no es la económica, por aguda que esta sea, sino la que lleva a traicionar cobardemente la dignidad de los sencillos y de los pobres. A este respecto, no hay que engañarse: la corrupción económica nace precisamente de esa soberbia del poder político y militar que lleva a sus líderes a despreciar los derechos de los humildes. La pandemia de covid-19 ha sumido al país en una intensa crisis. La pobreza, la enfermedad y la violación de derechos humanos afectan más a los que menos recursos tienen. Recomponer una sociedad construida sobre la cultura de la prepotencia, de la ley del más fuerte y del abuso del poderoso requiere tiempo, paciencia y cultivo de la conciencia. Hay testigos del pasado que nos iluminan en este caminar, como monseñor Romero y los niños masacrados de El Mozote. También hay muchas personas hoy que buscan construir una sociedad coherente, reconciliada y respetuosa de todos sus miembros. También celebramos aniversarios y fechas que señalan el rumbo correcto a seguir. La Navidad, ya próxima, es tiempo de “paz en la tierra para los seres humanos de buena voluntad”. El diálogo, la búsqueda de soluciones a nuestra conflictiva realidad y la reflexión seria sobre el valor primordial de todo ser humano son más importantes que el consumo de esta época o las elecciones próximas. Sin compromiso y trabajo en favor de la igual dignidad humana, El Salvador no superará sus graves problemas.

OPINION 10-12-20 LA SITUACION DE LOS DH EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID19

Iniciamos un nuevo año litúrgico cuyo primer período es el tiempo de Adviento. Recordemos que “Adviento” significa venida o llegada del Mesías esperado; venida o llegada que es vista en una triple dimensión: Jesús vino (nacido de María de Nazaret), está viniendo (en los signos de los tiempos) y vendrá (al final de la historia). La Iglesia primitiva usó la palabra adventus para indicar que Dios nos ha visitado en Cristo y se ha quedado a vivir entre nosotros, por lo que podemos encontrarlo en nuestra propia historia. Él es la presencia visible del misterio invisible. En Adviento, por tanto, se unen pasado, presente y futuro. Es un tiempo de alegría anticipatoria y también de preparación arrepentida para un futuro que está por venir. Desde luego, esta alegría anticipatoria y futura no es vaga y genérica, sino muy concreta. Los textos tomados del profeta Isaías para los domingos de Adviento hablan del anhelo de Israel y de la promesa de Dios de una clase diferente de mundo. Isaías 11, 1-10 expresa la esperanza de un rey ideal sobre el cual descansará el espíritu del Señor. Con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad en favor de los humildes. Su reinado significará el final de la violencia: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se tenderá con el cabrito y nadie causará heridas ni destrucción. En el capítulo 2, versos del 1 al 5, se expresa la esperanza de un mundo en paz: las naciones forjarán arados de las espadas y podaderas de las lanzas, y ya no se adiestrarán para la guerra. Y en el capítulo 61 se habla de uno a quien ha ungido el espíritu de Dios y cuya tarea es “dar la Buena Noticia a los pobres, curar los corazones desgarrados y anunciar la liberación a los cautivos”. Los textos bíblicos hablan, sobre todo, de una esperanza contra toda esperanza. Isaías 35, 1-10, proclama que la cercanía de Dios traerá fraternidad, libertad e igualdad, valores fundamentales en un mundo donde parece predominar el fratricidio, la opresión y la inequidad. Ahora bien, situados en un mundo en crisis dominado por la pandemia del covid-19, que sigue causando cientos de miles de muertes y una vulnerabilidad permanente, ¿qué puede significar el Adviento, entendido como un hacer memoria de la cercanía de Dios y su consecuente esperanza? Digamos, ante todo, que, para captar esa presencia esperanzadora es preciso “vivir despiertos”. Esta es la primera llamada que se hace en la liturgia de la palabra. El teólogo José Antonio Pagola da unos significados sobre este modo de estar en la realidad que son a la vez personales y políticos, íntimos y públicos. “Vivir despierto”, afirma, significa no caer en el escepticismo y la indiferencia ante la marcha del mundo. No dejar que nuestro corazón se endurezca. No quedarnos solo en quejas, críticas y condenas. Significa vivir con pasión la pequeña aventura de cada día”. El papa Francisco, hablando de la esperanza en medio del covid-19 y de las sombras densas de la injusticia, el racismo, la depredación ambiental y el hambre, entre otras, ha dicho que esta pandemia “nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida”. Ellos son fuente de esperanza porque fueron testimonio de cercanía y ternura. Nos enseñaron a reconocer “cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas... comprendieron que nadie se salva solo”. Desde ese testimonio, el papa invita a caminar en la esperanza “enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive”. Esperanza entendida como “una sed, una aspiración, un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor”. Esperanza que “sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”. El tiempo de Adviento, pues, está vinculado a la esperanza humana y cristiana. Por eso sus principales llamados son a vivir cada instante de forma consciente y salir del estado de amnesia, apatía e indolencia. Es el tiempo para despertar a la realidad. Estar presto para lo que todavía no es, pero que tiene no solo posibilidades, sino necesidad de realización: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hablamos de garantizar vida digna y justicia para los pobres de hoy. Adviento es tiempo para estar conscientemente en la realidad: la inmediata (el covid-19) y las pandemias ocultas del hamb

La deriva autoritaria del Ejecutivo, los ataques entre instituciones del Estado y la falta de respuesta estructural a los problemas económicos y sociales llaman a entablar un diálogo racional con el objetivo de cambiar el país. El empobrecimiento de la población y el aumento de la deuda imponen una reforma fiscal, pero si no hay reflexión colectiva sobre ello se terminará improvisando, lo que provocará que la desigualdad crezca, los poderosos se terminen beneficiando y los más pobres se encuentren con mayores dificultades para sobrevivir. Lo típico sería que se aumentara el IVA, por lo que al final la población vulnerable será la que correrá con el costo de pagar una deuda que no la ha beneficiado. En El Salvador, la improvisación manda. Y no solamente en el Ejecutivo, que intenta ocultar con propaganda sus fracasos y debilidades. Tanto la Fiscalía General de la República como la PNC necesitan reformas serias. En el caso de la Policía, sus principales mandos han estado vinculados a crímenes o han incurrido en graves irresponsabilidades en la persecución del delito. Desde hace muchos años hacen falta una inspectoría interna realmente independiente, una depuración a todo nivel, una formación y selección de agentes más exigente, y una readecuación salarial que dignifique la función policial. Pero nada de eso se hace, sino que más bien se colocan parches y paños tibios. Frente a necesidades estructurales, las respuestas coyunturales no hacen más que agravar la situación. Por otro lado, la corrupción campea en diversas instituciones básicas de la democracia. Elementos corruptos se pueden encontrar fácilmente en el seno de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala de lo Penal hay magistrados que exhiben sin pudor su ausencia de ética y rectitud. En la Corte de Cuentas, la politización de su labor fiscalizadora es parte ya de una tradición de farsa. En el Tribunal Supremo Electoral, el deseo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales ha sido rechazado por décadas debido a los intereses de manipulación y control de los partidos políticos. En el día a día, la hipocresía y el simulacro tienen prioridad sobre la Constitución de la República, cuyos mandatos no se cumplen y buscar ser retocada insustancialmente en beneficio de ambiciones personalistas. Urge salir del grito y de lo coyuntural, y comenzar a conversar en serio sobre las reformas que el país necesita en los campos fiscal, policial y judicial, así como en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los servicios de educación, salud y seguridad social. No se avanzará sin un diálogo nacional que tenga en cuenta los derechos básicos de los pobres y vulnerables, que componen la gran mayoría de la población salvadoreña. Las respuestas coyunturales y poco reflexivas a las crisis solo conducen a permanecer en el subdesarrollo no solo económico, sino también ético y moral.

La coyuntura actual en el país es tan relevante como la que dio como resultado la reforma política conocida como los Acuerdos de Paz de 1992. A poco menos de tres meses de realizarse unas cruciales elecciones de diputados y diputadas al Parlacen, a la Asamblea Legislativa y de Concejos Municipales, los actores que muestran mayor protagonismo son algunos voceros de los partidos políticos, funcionarios del actual gobierno y unos cuantos formadores de opinión pública. Ello contrasta grandemente con el protagonismo de otros grupos sociales que presionaban al principio de la década de 1990 por la salida pacífica al conflicto armado que vivía el país. Una posible explicación de esta notable, aunque silenciada, diferencia es que, en aquel entonces, centros académicos y de investigación, iglesias, organizaciones de trabajadores y empresarios tenían un mayor grado de activismo político. Con posiciones diferentes, grupos de los mencionados sectores sociales consideraban que acabar con el conflicto armado era una condición necesaria para salir del retraso económico y social que el país mostraba en diversos indicadores. Pacificar al país era una condición necesaria para hacer crecer la economía, para detener el flujo de salvadoreños que salían del país huyendo de la violencia y de la falta de oportunidades, para impulsar una democratización de la política más allá de los límites autoritarios que desde su vida independiente mostraba el régimen oligárquico salvadoreño. Independientemente de los resultados posteriores, no puede negarse que había un cierto optimismo social sobre lo que significaría el cese al conflicto armado. Las botas se transformaron en votos con los acuerdos de 1992. La derecha empresarial y su partido Arena no perdieron tiempo para impulsar una reforma económica de corte neoliberal de gran calado. En la izquierda política y en el recién convertido partido político FMLN se postergaba la ilusión de los cambios estructurales porque antes había que consolidar la fuerza política acumulada, ganando escaños legislativos y gobiernos municipales, hasta alcanzar el control del Órgano Ejecutivo. Junto al partido FMLN, centros académicos y de investigación, iglesias y organizaciones de trabajadores más algunas ONG´s continuaron su activismo reformista con la esperanza puesta en que el cambio llegaría con un gobierno de izquierda. Y el momento llegó. Quince años después de las “elecciones del siglo” de 1994, las elecciones presidenciales de 2009 dieron como ganador al partido FMLN, que ya no era simplemente el frente guerrillero convertido en partido. El cambio en el partido de gobierno fue facilitado por una candidatura que no provenía de las filas del partido y que muy pronto le planteó problemas de identidad al partido mismo. Los desencuentros entre miembros del gabinete del primer gobierno de izquierda y líderes del FMLN llevaron a plantearse la cuestión de qué era ese gobierno y ese partido. El FMLN llegó a entenderse como partido en el gobierno, y no como partido de gobierno, por su alianza de gobierno con otros partidos y grupos sociales no efemelenistas. La derecha empresarial mayoritariamente siguió alineada con Arena, solo que en la oposición desde 2009. Esos empresarios siguieron su activismo político acusando al gobierno efemelenista de inepto, de incapaz y de no tener un rumbo claro. Las organizaciones tradicionales de trabajadores y ONG se alinearon con el gobierno del FMLN y perdieron protagonismo y fuerza de cambio. Por su parte, los centros académicos e iglesias tomaron distancia de las políticas gubernamentales, del partido FMLN, sin que eso significara pasar a la oposición junto con Arena y sus empresarios. Más bien se enajenaron del proceso político nacional creyendo que sus aportes técnicos y espirituales tendrían fuerza suficiente, como por arte de magia, para impulsar cambios. Cuando un segundo gobierno del FMLN fue electo en 2014, las fuerzas sociales transformadoras habían sido neutralizadas. El partido FMLN se acomodó y algunos de sus líderes prefirieron los beneficios que su posición les otorgaba antes que mantener una fidelidad a las ilusiones de miles de víctimas que ofrendaron su sangre por un El Salvador mejor. Con el partido se hundían también las organizaciones de trabajadores y ONG que perdieron su identidad al subsumirse en el gobierno. Los centros académicos se “profesionalizaban” cada vez más. Y las iglesias se espiritualizaban más aún convencidas que el reino de Dios corresponde a la otra vida y no a “este valle de lágrimas”. Arena y sus empresarios siguieron activos en la oposición, esperando el turno de la alternancia. Pero esta no llegó. Un hartazgo social con los partidos políticos que habían gobernado por 30 años fue aprovechado por el actual presidente salvadoreño. Su política y discurso antipartidos tradicionales ha sido efectiva y ha logrado domesticar el espíritu de cambio que aquel hartazgo implicaba. Nada está escrito y no hay lugar a determinismos. Si bien el proce

Por Rodolfo Cardenal El secretismo gubernamental se extiende como mancha de aceite hasta incluir información inocua. El Ministerio de Salud ha reservado prácticamente toda la información institucional, incluida la estadística epidemiológica, un instrumento fundamental para controlar las enfermedades endémicas. El secreto militar es un baluarte que protege al Ejército, la Policía y la inteligencia de los curiosos. El Ministerio de Agricultura oculta sus actividades y gastos como cualquier corporación privada. Y así sucesivamente. La información relacionada con el poder ejecutivo es tan sensible que está protegida por el secreto de Estado. Sin embargo, ahí donde se escarba aparece la negligencia, la malversación y la corrupción. Así, pues, el secreto tiene sus razón de ser: oculta tanto la incompetencia como la corrupción del poder ejecutivo. El presidente Bukele administra directamente el acceso a la información sobre su gestión. La ciudadanía solo tiene acceso a lo que se considere oportuno, y la oportunidad la dicta la narrativa publicitaria de Casa Presidencial. La información es dosificada como si la ciudadanía fuera menor de edad. La vuelve dependiente del mandatario y, en esa medida, la infantiliza. Trata de evitar a toda costa que piense por sí misma y dude de la actuación presidencial. Busca la subordinación total para facilitar la manipulación. El secreto es un instrumento útil para condicionar a gran parte de la ciudadanía a no creer en nadie más que en Nayib Bukele. Los argumentos con los que se intenta justificar el secretismo gubernamental son cada vez más extravagantes, hasta el extremo del ridículo. El Ministro de Hacienda es un buen ejemplo del absurdo presidencial. Este curioso funcionario reaccionó airadamente contra la Corte de Cuentas por revelar que él dispone de fondos para cancelar la deuda con las alcaldías. Esa información, a su juicio, desprestigia su ministerio. Y agrega, a modo de explicación, la “situación muy complicada en la caja fiscal”, afirmación que no contradice el hallazgo de la auditoría, ni prueba con balances financieros. La cuestión no es si hay o no fondos en hacienda, sino que se difundió información sin autorización del presidente. Por esa razón se despidió al presidente del Banco Central de Reserva; el anterior ministro de Hacienda renunció antes de ser despedido. Los ministros y los otros altos funcionarios no gozan de libertad para pensar y actuar. Dependen directamente de las órdenes presidenciales. Piensan, dicen y hacen según lo que les es ordenado. Así lo reconocen ingenuamente en las veloces respuestas a los tuits presidenciales. Aparentemente, trabajan 24/7 en el terreno. En realidad, son figuras sobre un escenario mediático, donde el pueblo no es más que el telón de fondo. Todos son descartables. Interesa su lealtad total al presidente, no sus competencias. Aquellos que ahora son candidatos a diputados serán reemplazados rápidamente por otros incondicionales. Ningún otro requisito es exigido, puesto que el presidente determina el qué, el cuándo y el cómo hacer. Aparentemente, esta manera de proceder resulta más eficaz que el trabajo en equipo. La centralización exalta al presidente como proveedor diligente, pero tiene la desventaja de que también carga con los fracasos. Los reveses son muy probables, porque es humanamente imposible que Casa Presidencial pueda dirigir el día a día del poder ejecutivo. El impacto de la publicidad no suple los resultados reales. Distrae un tiempo, hasta que la realidad se impone inexorablemente. Cuando la narrativa no entrega lo que promete, la opinión favorable se revierte y el encanto de la dependencia se rompe. Los estruendosos fracasos electorales de Trump y Bolsonaro son avisos que no pueden despreciarse. La información independiente representa una amenaza para la narrativa presidencial. Por eso es contestada como un ataque directo contra un presidente identificado con su pueblo, aunque no se mezcla con él ni lo escucha. En consecuencia, contradecir al mandatario es atacar al pueblo. El presidente Bukele se escuda en el pueblo para satisfacer sus ambiciones personales. Se sirve del pueblo, pero no sirve al pueblo. Un cartel, exhibido en una de las cada vez más frecuentes protestas callejeras, lo ha captado agudamente: “Nayib ama tanto a los pobres que los multiplica”. Casa Presidencial desestima estos mensajes como electoralmente viciados. El horizonte electoral en el que se mueve desde junio del año pasado le impide captar la advertencia. La información veraz y la prensa independiente ponen en entredicho la narrativa oficial, de la cual depende el éxito de la gestión del mandatario. La irracionalidad y la agresividad de las reacciones presidenciales ponen de manifiesto el poder del pensamiento crítico y de la libertad de opinión. Son reacciones alimentadas por la inseguridad de quien sabe que gobierna desde la ficción mediática. Es miedo a que los vientos de libertad que comienzan a soplar con fuerza derrumben el casti

Utilizar para fines partidarios-particulares un cuerpo policial que se debe a los ciudadanos es una práctica antidemocrática. Utilizar con los mismos fines a nuestra Policía Nacional Civil, señalada desde hace décadas por reiteradas y graves violaciones a derechos humanos, no solo es antidemocrático, sino también un juego peligroso. Este parece ser el camino emprendido por la administración Bukele, o más bien dicho por el presidente, pues cada día es más evidente que el poder ejecutivo se ha convertido en un mero reflejo del humor del mandatario. Como sabemos, la Policía Nacional Civil está lejos de ser aquella institución definida por sus principios orgánicos. Infiltrada por altos mandos que nunca fueron depurados, ha estado sistemáticamente involucrada en asesinatos, detenciones ilegales y desapariciones. Saber esto y utilizarla para fines político-partidarios es como jugar ruleta rusa con un arma casi completamente cargada. El uso arbitrario de la institución policial es evidente desde cualquier perspectiva. Aunque las relaciones entre Policía y Fiscalía General de la República siempre han sido inconexas y descoordinadas, nunca habíamos presenciado lo sucedido el 10 de noviembre de este año, cuando miembros de la corporación policial, bajo las órdenes de sus autoridades, activamente intentaron obstaculizar un allanamiento judicial realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud. Lejos de colaborar en una diligencia investigativa de un potencial acto de corrupción grave, los agentes policiales parecían más interesados en vigilar a los agentes fiscales. Pocos días después, el 20 de noviembre, las mismas autoridades ordenaban la detención de un miembro de la junta electoral de la ciudad de Usulután, bajo el cargo de manchar declaraciones juradas presentadas por miembros del partido en el poder. El supuesto delito no puede ser más absurdo: manchar un texto público no califica como delito de “supresión, destrucción y ocultación” de un documento, pues, como cualquier estudiante de derecho medianamente informado sabe, para ser tal, la supresión u ocultación de caracteres debe ser susceptible de incorporar un contenido específico al tráfico jurídico, lo que no sucede con pequeños manchones. Por supuesto, por esta simple razón, la Policía Nacional Civil nunca ha realizado “detenciones en flagrancia” en casos de falsedades documentales. Nunca. Se trata de comportamientos que siempre han requerido la valoración especializada de un fiscal, para conocer su eventual tratamiento. Hasta que alguien manchó la declaración jurada de un miembro de Nuevas Ideas, siempre fue así. Pero si quedaban dudas de este juego riesgoso, cuatro días después se realizaría una segunda detención en flagrancia, nuevamente sobre un miembro de junta electoral, esta vez de la ciudad de San Salvador por el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”. Como se sabe en cualquier tribunal, el delito antes mencionado apenas tiene pena de “multa” (no hay prisión, aun cuando exista condena), razón por la cual no existe un “peligro de fuga” que justifique ordenar la detención del imputado, tal como se observó en el caso del candidato a diputado Walter Araujo o el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quienes fueron procesados por este delito y no fueron detenidos. Claro, ellos no eran delegados de un partido opositor, circunstancia que decididamente fue remarcada en el caso del miembro de la junta electoral: el 25 de noviembre, la cuenta institucional en Twitter de la Policía Nacional Civil destacó la captura de un “delegado del partido Arena”. En honor a la verdad, Nayib Bukele no hace nada nuevo. Vulgarizar la imagen de la Policía Nacional Civil ha sido una práctica en la que cada administración ha puesto su particular impronta. A pesar de lo anterior, y como parece estar sucediendo con la administración Bukele, existe un particular interés en retomar practicas torcidas, para ver si pueden torcerse aún más. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Que la Fiscalía General de la República necesita reformas, es más que evidente. El nombramiento político de su titular, las deficiencias en la investigación, las relativamente pocas condenas que se consiguen en los tribunales, la impunidad, el centralismo autoritario, la mala relación con la PNC en casos importantes y, a la vez, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos. El nombramiento de fiscal general ha sido siempre un acto politizado en extremo. Para remediarlo, podría incorporarse un proceso ciudadano de calificación de los candidatos y una especie de auditoría de los nombramientos. Por otra parte, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores. En segundo lugar, si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una Policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas. Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación. En tercer lugar, la reforma conserva y añade elementos que chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Fiscalía incapaz de investigar casos en menos de dos años, que tiende siempre a ponerse en contra de la presunción de inocencia y que suele solicitar medidas cautelares privativas de libertad quiere ahora ampliar el plazo de imposición de medidas a tres años. ¿Indemnizará el fiscal general a quienes resulten inocentes en juicio y hayan pasado tres años presos? La pronta justicia como mandato constitucional no parece interesar en absoluto a la Fiscalía. Ojalá la Asamblea Legislativa sea por una vez sensible a los derechos constitucionales y humanos de los salvadoreños, y analice y dialogue con la sociedad civil sobre las disparatadas reformas fiscales que se están proponiendo. El Salvador y su gente requieren de una Fiscalía profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.

Aunque desde la Psicología y la Psiquiatría se aborda el exhibicionismo desde una perspectiva sexual, hay una acepción más extendida que se aplica al comportamiento ordinario. En este sentido, el exhibicionismo es el comportamiento motivado por el placer de llamar la atención y de ser tomado en consideración. Personas exhibicionistas hay en todas partes, de todas las condiciones y ha habido en todas las épocas, pero cobran más realce las que ocupan cargos públicos importantes. El estar frente a los reflectores constantemente potencia o fortalece la personalidad exhibicionista. Además, en la política salvadoreña actual, parece que el exhibicionismo es una especie de consigna, una suerte de estrategia política comunicacional para granjearse simpatías que se traduzcan en votos en el proceso electoral de febrero próximo. Por supuesto, a los que ya padecen de exhibicionismo, esta estrategia les cae de maravilla y les potencia una tendencia que les es natural. Es decir, en el ejercicio actual de la política tradicional -aunque algunos funcionarios no se identifiquen con ella a pesar de que son dignos representantes- vemos un exhibicionismo provocado, inducido. De esta suerte y en plena era de la comunicación, parece que ya no es suficiente con asistir a entrevistas, sino que es necesario andar rodeados de periodistas que siguen los pasos de los funcionarios donde quiera que vayan. En este contexto hay que entender las imágenes del Ministro de Defensa posando en una sesión de fotos frente a varios fotógrafos cuyos lentes lo captaron cuando simulaba trabajar con una herramienta. Parece que los políticos de la actualidad han desplazado el “pienso, luego existo” cartesiano, por el “publico, luego existo”. Hoy parece que a los que tienen algún poder de decisión en la vida nacional, les es indispensable satisfacer su necesidad de elevar la autoestima y llenar vacíos afectivos que ya no son tan profundos sino evidentes. Incluso, el mundo de las redes sociales se ha convertido en un escaparate para hacer realidad sus sueños de ser una especie de superhéroes. Y al exhibicionista, el ego se le infla cuando aparecen, en cuestión de segundos, los “likes”en Twitter, y no se diga cuando sus imágenes se convierten en trending topic, aunque detrás de todo esto estén troles pagados por hacer precisamente eso. Es cierto que los políticos deben dar a conocer lo que hacen para que la ciudadanía lo sepa, pero eso no debería incluir esperar a que lleguen las cámaras para llenarse de lodo la cara o para dar un abrazo aparentemente de respaldo. Difícil es olvidar que, a principios de junio, un equipo de la Presidencia instaló el podio presidencial en el lugar donde se realizaban las labores de rescate de siete personas que murieron soterradas por un deslave en una colonia del municipio de Santo Tomas. Esto fue el mejor ejemplo de cómo la política de hoy, como la de ayer, juega y se aprovecha del sufrimiento de la gente. Al exhibicionista no le importan los demás. Los políticos utilizan a los medios para promoverse, tanto a los medios complacientes que les siguen el juego publicando como noticia lo que es publicidad, como a sus propios medios como órganos de propaganda. Los políticos y sus asesores saben muy bien que la mente humana acepta y recuerda con más facilidad las sensaciones visuales que las palabras. El cerebro de las personas receptoras de la información procesan antes lo que ven que lo que escuchan. Asimilan mejor el contenido de una fotografía o de un video que un conjunto de fonemas. Y no solo es que el cerebro las capte mejor, sino que da más veracidad a una imagen que a una explicación. Aquello de que “una imagen vale más que mil palabras” está siendo sobreexplotado por los políticos actuales aunque esas imágenes y esas palabras, si las hay, no tienen nada que ver con la realidad. De esta manera, los políticos venden cercanía donde siempre hay lejanía, venden mentira como que fuera verdad, compasión cuando hay interés, preocupación por el otro cuando solo hay una estrategia electorera. Qué casualidad que cuando el ahora exministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador, Mario Durán, ayudaba a una persona en el deslave de Nejapa el pasado 29 de octubre, un periodista de su escolta le tomó una fotografía en primer plano, lodo en la cara incluido, para difundirla por las redes sociales. En los sueños de los exhibicionistas está su figura misma y en la de los políticos, las próximas elecciones. Sus motivaciones altruistas empiezan y finalizan en eso. Estos políticos que se están acostumbrando a envalentonarse ante las cámaras e insultan a quienes los cuestionan y descalifican con dichos chocarreros sus argumentos, quieren sustituir la ausencia de experiencia, de conocimiento y de inteligencia, con comportamientos que impacten en las percepciones de la gente. En realidad son personas que no han madurado ni desarrollado capacidades sociopolíticas y quieren llenar esas deficiencias de otras maneras. Estos políticos

La oración es como el fuego: necesaria y útil para calentarse, para comer, para iluminar y para purificar. Pero con el fuego no se juega. El segundo mandamiento advierte con claridad que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. La oración creyente es buena y necesaria, aunque, como cualquier actividad humana, es proclive a la perversión. La oración del soberbio, que da gracias a Dios por no ser pecador como los demás, se pierde en el vacío. La oración puede ser camino de salvación, pero también una de las mayores formas de engaño y perdición. En la actualidad, proliferan expresiones religiosas con dosis muy altas de superstición. Algunas de ellas afirman que todo lo que sucede es enviado directamente por Dios y, por tanto, si Él quisiera, podría evitarlo. Esta forma de pensar surge con fuerza en las catástrofes. Nunca faltan predicadores que interpretan los fenómenos naturales o las epidemias como castigo divino. Este dios castigador es muy injusto, porque la mayoría de las víctimas suelen ser pobres, que así resultan doblemente sancionados: a la penuria en la que sobreviven se agregan las calamidades asociadas a los desastres. Los ricos, en cambio, aunque igualmente pecadores, viven en la abundancia y en sitios seguros, donde difícilmente los alcanzan los embates de la naturaleza y la enfermedad. En cualquier caso, disponen de medios para recuperarse. Las crisis impulsan mecánicamente a dirigirse a Dios para pedirle clemencia, como si fuera responsable directo de ella. El decreto ejecutivo sobre “el día nacional de oración” adopta esa actitud. Atribuye a Dios calamidades cuyo origen es la irresponsabilidad humana. El presidente Bukele invita a rezar para “pedir a Dios que nos proteja” de la pandemia y del huracán Iota, “y [que] nos libre del sufrimiento que ambas situaciones, ajenas a nuestra voluntad, pudieran ocasionar”. En principio, el origen de esas “situaciones” es natural, pero su incidencia es obra de la irresponsabilidad individual y social, y de la desidia e incompetencia de los gobernantes. La prevención, el cuidado mutuo y la responsabilidad reducen drásticamente la devastación. Es falso, pues, que sean situaciones “ajenas a nuestra voluntad”. La pandemia y los huracanes son un llamado de atención para cambiar el estilo de vida. No podemos seguir como hasta ahora, indiferentes al medioambiente y abandonados al consumo desenfrenado. La covid-19 y los desastres provocados por las lluvias son señales claras de que la naturaleza ya no puede cargar con el peso de una sociedad depredadora y que el progreso no es indefinido. Los desastres ponen de manifiesto que la sociedad de consumo ha llegado al límite. Si el presidente Bukele desea proteger la vida y la salud, debe actuar en consecuencia y no trasladar esa tarea a Dios. Este entregó la creación a la humanidad para que se sirviera de ella y la cuidara. La sabiduría popular, con experiencia genuina de Dios, enseña que “a quien madruga, Dios lo ayuda” y recomienda “rogar a Dios y dar con el mazo”. La oración presidencial tiene otras notas falsas. Pide continuar “unidos trabajando para sacar adelante” al país y para “seguir convirtiendo a El Salvador en una nación prospera para todos”. Es imposible dar continuidad a la unidad inexistente. La división no solo prevalece, sino que es cultivada intensamente. Lo mismo ha de decirse de la prosperidad. No se puede pedir prolongar un bienestar ausente para la inmensa mayoría. Estas son peticiones miopes. Mejor dejar a Dios fuera de la política partidista. El Dios de Jesús es padre de todos y todas, no desconoce a nadie y se hace cercano a todos. El Dios cristiano no es causa de ningún tipo de mal, porque es bueno y solo puede ser bueno, incluso con los malos y los pecadores. Dios protege la vida y la salud de sus hijos e hijas, de los buenos y de los malos, porque los ama a todos por igual y porque no puede hacer otra cosa que amarlos. Su amor es desinteresado e incluyente, no discrimina a nadie. No se reza con verdad cuando al mismo tiempo se alimenta la división y el odio. La oración predilecta de Jesús invoca a un “Padre nuestro”, de todos. Por eso, pidió orar por los enemigos y bendecir a quien maldice. La invitación al “día nacional de oración” está viciada desde la raíz. Es políticamente interesada y, en ese sentido, egoísta y, por tanto, anticristiana. Se vale del profundo sentido religioso del pueblo para fines políticos ajenos a la fe. Es una oración dirigida a los consumidores de las redes sociales, no al Dios de Jesús. No busca ser escuchada por Él, sino por los electores potenciales. Es una oración dirigida a un dios fabricado por manos humanas. En fin, es una oración supersticiosa, que brota del miedo a perder la popularidad. La superstición es una forma degradada de idolatría, el pecado más fustigado por la Escritura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los recientes sucesos en ciudad de Guatemala, cuando una movilización popular se manifestó en oposición a la aprobación apresurada del Presupuesto de Estado 2021, son una tremenda escuela política para los países de la región centroamericana, caracterizados en mayor o menor grado por sus problemas endémicos de subdesarrollo. El incendio provocado en el Congreso guatemalteco y las peticiones de renuncia a la administración de Alejandro Giammattei evidencian la facilidad con la que fallan los cálculos políticos y cómo la voluntad popular que en un momento apoya a determinada fracción para que acceda al Gobierno puede rebelarse rápidamente, generando una severa crisis de legitimidad sobre el accionar del Estado. El ataque popular a las instalaciones del Congreso y la consecuente represión policial también encierran un gran significado sociopolítico que es necesario develar. ¿Cuál es la fuerza soberana que se manifiesta en esa crisis, el pueblo o el Estado? Y ¿cuál es el rol que tiene el Estado en el mejoramiento o deterioro experimentado en las condiciones de la vida cotidiana del pueblo? Esta reflexión vuelve importante precisar las nociones de Estado y Gobierno. El Estado es esa abstracción que se manifiesta en el conjunto de estructuras organizativas montadas sobre el pueblo y cuya arquitectura institucional yace predominantemente en la Constitución y las leyes; el Gobierno, por el otro lado, es el timón empleado por personas envestidas de la calidad de funcionarios para mover el poder del Estado sobre el pueblo. Pues bien, las demostraciones del fin de semana en Guatemala nos hacen pensar que un segmento importante de sus ciudadanos repudia la forma maliciosa en que el Estado se alimenta de la gente y el Gobierno, del Estado, mientras el pueblo, formado como sociedad y dividido en clases, pierde aceleradamente su capacidad de reproducción, haciéndose más visible su empobrecimiento. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que se afincó la idea de que el Estado se encontraba demasiado reducido debido a las políticas “neoliberales” y que desde esa posición no podía cumplir los objetivos de desarrollo que se le han atribuido constitucionalmente. Pero parece que ahora la ciudadanía regional es más consciente de que el aumento en el gasto y la deuda pública no es suficiente para alcanzar la efectividad exigidas a los gobernantes. Y las razones de esto son básicamente dos: la corrupción y la incompetencia. El Presupuesto de un Estado no solo nos indica cuál es la proyección de las finanzas públicas, sino también el balance y correlación de las fuerzas que lo aprueban o rechazan, así como la agenda política que un determinado Gobierno pretende echar a andar, basada en determinadas expectativas económicas. La realidad de los hechos nos demuestra cada vez más la distorsión que existe entre lo que un Gobierno proyecta o espera a través de su Presupuesto y lo que logra cumplir. Para el caso, la pandemia de covid-19 ha aumentado a un grado superlativo las partidas presupuestarias de la mayoría de países centroamericanos, mientras que la crisis económica engendrada durante este período ha provocado una disminución significativa de los ingresos gubernamentales. Esto sin contar con los efectos destructores, tanto humanos como económicos, que dejaron las pasadas tormentas y huracanes. En este sentido, la manera en que la gestión de la crisis ha arrastrado a sectores enteros de la sociedad ha hecho que esta se vuelva más inquisidora sobre el manejo de los fondos públicos y cuestione más a su Gobierno sobre el recurso del endeudamiento ante la falta de transparencia. Esta coyuntura recuerda mucho la crisis que le dio paso a uno de los eventos políticos más célebres en la historia, la Revolución Francesa, protagonizada tanto por la clase comerciante como la trabajadora en contra del régimen monárquico y sus planes de incrementar la expoliación a través de más impuestos. Ese movimiento transformó totalmente al Estado; le diseñó un límite. Hoy en día, el hecho que la población se mantenga empobrecida o se empobrezca aún más mientras los Gobiernos se embarcan en proyectos fantasmas que solo lucran a sus funcionarios ha hecho insostenible la situación, encendiendo la mecha de una bomba financiera que abre a la posibilidad de que los Estados queden desfinanciados y, por consiguiente, desarticulados. Comparando la situación de Guatemala con lo sucedido en Costa Rica nos damos cuenta de que este no es un problema focalizado, aunque se puede manejar de una manera distinta. Desde 2018, Costa Rica viene siendo corroída abiertamente por una crisis en sus finanzas públicas, por lo cual el Gobierno tico buscó endeudarse aún más con el Fondo Monetario Internacional. La protesta popular que se generó contra el anuncio de esa medida hace más de un mes llevó a retirar el proyecto y buscar la formación de una mesa nacional de negociación para alcanzar un acuerdo fiscal y de modernización de la administración pública. Pero todo hace prever que accede

Proceso El cambio más radical que propiciaron los Acuerdos de Paz de 1992 fue separar la seguridad pública y la defensa nacional. A la nueva Policía Nacional Civil se le encomendó la primera, a las Fuerzas Armadas la soberanía y la integridad del territorio y estar supeditados al poder civil. De esta manera, el autoritarismo militar que gobernó todas las dimensiones de la vida nacional durante décadas y cuyas consecuencias derivaron en una guerra civil, podría dar paso a un régimen democrático pluralista y respetuoso de los derechos humanos fundamentales. Es cierto que la ley contempla excepciones a esta regla, dejando abierta la posibilidad de que el Presidente disponga de la Fuerza Armada, pero solo en casos excepcionales. Sin embargo, la excepción se ha vuelto regla en El Salvador. Apenas firmados los Acuerdos de Paz, desde 1993, al ejército se le comenzó a utilizar en tareas de seguridad ciudadana. Gradual y progresivamente, la Fuerza Armada ha vuelto a ser un actor político de primera línea. Durante los primeros dos gobiernos de Arena (1989-1999), al ejército se le utilizó de manera discreta. Pero a partir de los planes manoduristas, en los siguientes dos gobiernos de Arena (1999-2,009) y los dos del FMLN (2009-2019), a los efectivos militares se les dio mucha más visibilidad en las calles. ¿Quién no recuerda las tanquetas en las esquinas pretendiendo ser un elemento “disuasivo” para la delincuencia? No obstante, ha sido durante el gobierno de Nayib Bukele que la institución castrense se ha vuelto, otra vez, protagonista de la vida nacional. En una anacrónica y errática lectura de la independencia centroamericana, se les declaró héroes en la conmemoración del 15 de septiembre de 2019, y con el mismo adjetivo se les publicita en televisión, desde el gobierno, por sus labores durante la pandemia de covid-19 y durante las emergencias por las tormentas que han azotado al país. Militares se han visto repartiendo comida, buscando langostas, haciendo cercos “sanitarios” y un largo etcétera. ¿Las Fuerzas Armadas siempre han conservado el poder decisorio sobre la vida nacional? ¿Están realmente supeditados al poder civil? Lo que se ha visto en todos estos años son signos claros que denotan que el estamento militar es una especie de casta superior. La Corte Suprema de Justicia se negó en varias ocasiones a colaborar con los tribunales españoles para aclarar el caso de la masacre de la UCA. Esta es la razón por la que solo uno de los autores mediatos del crimen fuera juzgado recientemente. También la Corte, cobró singularidad en el mundo, al interpretar una difusión roja de la interpol como “aviso de localización” contra los militares señalados por el mismo crimen. El ejecutivo de entonces, presidido por Mauricio Funes, los protegió albergándolos en el cuartel central de la extinta Guardia Nacional, cuna de los escuadrones de la muerte. El gobierno de Bukele ha continuado con la misma práctica de gobiernos anteriores: la seguridad pública es represiva y la Fuerza Armada tiene un lugar privilegiado en ella. Prácticamente todos los puestos estratégicos en la actual Policía Nacional Civil, comenzando por su director, provienen de las filas del Ejército. A esto hay que sumar también que el actual gobierno ha hecho lo mismo de siempre al impedir y bloquear las investigaciones sobre la masacre de El Mozote y que, a pesar de que las Fuerzas Armadas reciben pagos de parte de las Naciones Unidas por la participación de efectivos y equipos en la misiones de paz impulsadas por la instancia supranacional, ningún ente de control interno ni ningún gobierno, incluido el actual, ha exigido cuentas sobre lo que hacen con ese dinero. Finalmente, la más reciente resolución de la Sala de lo Penal sobre la masacre de la UCA es, según los especialistas en la materia, una aberración jurídica que descaradamente tiene el fin de defender a los militares. Mientras esto ocurre, en la Asamblea Legislativa ya ha sido presentada una propuesta de “Ley de Seguridad Nacional” que, según se rumora, daría poder de decisión a la Fuerza Armada sobre temas estratégicos del país. Es decir, hay demasiados signos que evidencian que la institución castrense sigue siendo un estamento que está por encima de la ley. Y hay todavía militares, candidatos a diputados incluidos, que se gozan en afirmar que el poder real del país lo tiene la Fuerza Armada. No reconocen los errores de la guerra y siguen negando las atrocidades cometidas por sus miembros a pesar de la evidencia científica que lo demuestra. Los militares que se oponen a las pretensiones autoritarias de Nayib Bukele, que no son pocos, ven en el papel del actual ministro de Defensa una desviación o, a lo sumo, una traición, pero mantienen intacta su convicción de que sin Ejército la República no existiría. ¿Están realmente bajo el poder civil o el poder civil no les exige nada que ellos no quieran obedecer? ¿El presidente los defiende como héroes porque sabe que sin ellos su estilo de gobernar no es vi

El concepto de dignidad humana aún resulta muy difícil de aplicar de un modo universal a todas las personas. El doctor Salvador Moncada, prominente investigador hondureño, dijo recientemente en la Academia Pontificia de Ciencias que el covid-19 afecta con más fuerza a quienes tienen problemas cardíacos, a los diabéticos y a los pobres. Mientras los dos primeros grupos corresponden a problemas fisiológicos (con cierta frecuencia genéticos), la pobreza es una enfermedad social curable. A pesar de las grandes declaraciones y nobles intenciones —presentes en la mayoría de Constituciones políticas— sobre la igual dignidad de las personas, el trabajo por su respeto suele excluir a amplias capas de la población, dejándolas en la pobreza. En el país, la Constitución reconoce la igual dignidad humana, pero la realidad dice otra cosa. La indiferencia o el paternalismo hipócrita de las élites frente a la pobreza es una señal clara de lo poco que se respeta la dignidad de todos los salvadoreños. Por otra parte, a pesar de la intensa lucha de muchas mujeres para defender sus derechos, continúan presentes conductas y modos de convivencia que ofenden, rebajan o menosprecian la dignidad de ellas. La cifra anual de violaciones contra mujeres y niñas prueba que algo anda muy mal en nuestra sociedad. Además, tanto entre letrados e iletrados, como entre militares y civiles, policías y ciudadanos, pobres y ricos existe la tendencia a establecer diferencias que dañan la igual dignidad de la persona humana. Y esa tendencia se intensifica cuando se trata de personas privadas de libertad. En este caso, a la consideración de inferior dignidad se añade desprecio, odio y espíritu de venganza. Este tipo de cultura ha favorecido el apoyo a un lenguaje partidario populista que no oculta modos de proceder contrarios a la convivencia democrática. Y no es de extrañar que el populismo autoritario tenga éxito cuando los poderes del Estado, institucionales y de facto, han marginado con frecuencia y facilidad el respeto a la dignidad humana de una buena parte de la población. Mucha indignación causó, y con toda razón, la toma de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, respaldado por el Ejército y la Policía. Sin embargo, no genera mayor reacción que los diputados hayan propuesto una ley de seguridad nacional con abundantes resabios del autoritarismo militar del pasado. Si el populismo no es la solución para los problemas sociales, el militarismo tampoco, menos cuando la Fuerza Armada es experta en despreciar la dignidad de las víctimas de la guerra civil. El populismo autoritario que ha caracterizado a casi todos los partidos desde la firma de la paz ha sido superado en el dicho y en el hecho por el Gobierno actual. El país no debe volver a un pasado populista ni labrar su futuro sobre un autoritarismo incapaz de respetar a todas las personas. La conversión tanto de las élites como de la ciudadanía en general a una firme y coherente creencia en la igual dignidad humana es la única ruta hacia un desarrollo equitativo y justo. El esfuerzo de la sociedad civil en este aspecto es determinante, como también reconocer y transformar todas aquellas situaciones lesivas a los derechos humanos.

Cuando asesinaron a los seis jesuitas y a Elba y Celina Ramos, tocaba interpretar el contexto de su muerte y no se nos ocurrió más que encabezar nuestros comentarios con una frase evangélica: “Testigos de la verdad”. Ellacuría en particular solía decir que la tarea universitaria más importante en El Salvador era hacer verdad. Y tanto él como los otros compañeros se empeñaban con una constancia y fortaleza admirable en el sistemático análisis de la realidad que exige hacer verdad. Por eso, ahora que celebramos los 31 años de la masacre en la UCA, resulta clave analizar el estado de la verdad en este país nuestro por el que ellos dieron sus vidas. Para empezar, habría que decir que judicialmente ni siquiera se ha conseguido hacer verdad sobre el crimen cometido contra estos testigos de la verdad. Moralmente se ha llegado a la verdad, ratificada ampliamente tanto en comisiones, estudios y en un juicio en España contra uno de los autores intelectuales. Pero en el sistema judicial salvadoreño queda todavía la suficiente podredumbre como para impedir la verdad judicial, que, en definitiva, es la que debe decir el Estado ante un crimen de la naturaleza que comentamos. Podredumbre que, al menos de momento, está impidiendo que el Estado reconozca la verdad de muchos crímenes del pasado. Esta costumbre de negar la verdad estatalmente lleva a construir historias e interpretaciones falsas de nuestra realidad. Las confrontaciones con periodistas y medios de comunicación críticos, y la tendencia a aprovechar políticamente las coyunturas para deformar los hechos atacando al opositor son un problema grave de la política salvadoreña desde hace mucho tiempo. Tal vez por eso mucha gente se inclina a favor de quienes atacan a los mentirosos de siempre, aunque en ocasiones utilicen mentiras del mismo porte y nivel. La tarea indispensable de hacer verdad, sin embargo, permanece en el esfuerzo de muchos. No obstante, mientras continuemos presentando pequeños y aislados pasos como grandes soluciones, más interesados en las posibles repercusiones electorales que en la construcción de un desarrollo real y de largo plazo, difícilmente llegaremos a un futuro que supere nuestras fuertes limitaciones. El diálogo serio y con responsabilidad sobre la realidad del país es esencial. Lo mismo que una adecuada planificación de las respuestas a una situación donde la pobreza aumenta y el cambio climático es cada día una amenaza mayor. Continuar con la furia de gallos de pelea mientras la casa común se inunda o se quema no tiene sentido. Las elecciones se acercan, y solamente una planificación seria del futuro, que incluya escuchar a la población en sus necesidades, puede devolver la confianza en la política. No sirve decir que de momento el 90% de la gente apoya a uno o a otro. Los apoyos coyunturales son eso, coyunturales. Si la pobreza aumenta, si el trabajo escasea, si los problemas se quieren resolver desde el insulto y la maniobra artera, si la corrupción continúa en los tres poderes del Estado, es muy difícil que un grupo o un líder carismático a solas resuelvan los problemas. Cuando el estancamiento en la marcha atrás sea demasiado patente, todo se volverá más difícil. Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, decía que la verdad puede aplastarse e incluso destruirse, pero quienes la destruyen tienen siempre un grave problema: nunca encuentran un sustituto adecuado para esa verdad. En este tiempo largo de mentiras que con frecuencia triunfan sobre la realidad, hacer verdad continúa siendo un legado clave de los mártires de la UCA. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Las cuentas no le han salido bien al presidente Bukele. Nunca imaginó que el discurso contra los corruptos de Arena y del FMLN se volvería en contra suya y de los suyos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), instituida por él mismo para combatir la corrupción, encontró “irregularidades” notables en la adquisición de bienes por parte de varias dependencias del poder ejecutivo y, según lo acordado, dio aviso a la Fiscalía General, que procedió a requisar la información. La institución insignia contra la corrupción, una de las grandes promesas de la campaña electoral, ha colocado sorpresivamente en aprietos a algunos de los incondicionales del entorno presidencial. Una acción inaudita, porque los corruptos, por definición del mandatario, son Arena, el FMLN y la empresa privada políticamente contraria. Nunca se le pasó por la cabeza al presidente que los ministros de Salud, Hacienda, Agricultura y Ganadería, y Medioambiente, y los presidentes de Anda y del Fondo Ambiental de El Salvador pudieran ser cuestionados institucionalmente por corrupción. Tal vez porque no duda de su integridad. Tal vez porque está convencido de que los suyos no son de la misma pasta que sus enemigos políticos. Tal vez porque es renuente a reconocer que se equivocó al ponerlos al frente de esos despachos. Tal vez porque, en cuanto incondicionales, son intocables, aun cuando hayan cometido actos corruptos o hayan sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones como el director de la Policía, elevado a viceministro para investirlo de impunidad. Sea lo que sea, Casa Presidencial ha salido malparada. La reacción ha sido furibunda. Valiéndose de la Policía, el Ejecutivo entorpeció la incautación de información en el Ministerio de Salud. Protestó porque los fiscales habrían ingresado en las instalaciones en cantidad excesiva, sin credenciales, sin orden judicial y armados. Interpretó la acción fiscal como un ataque contra los logros gubernamentales y contra “la nueva forma de hacer política”. Insultó a los fiscales, a quienes llamó “sinvergüenzas” y arremetió contra doce congresistas estadounidenses porque uno de ellos respaldó los allanamientos. En el afán de librar a los funcionarios de responsabilidad, Casa Presidencial convirtió al pueblo en víctima de los fiscales: anunció el desabastecimiento de medicamentos por la confiscación de los equipos informáticos del Ministerio de Salud. El fiscal general, según el presidente Bukele, tiene necesidad urgente de “atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño”. Las razones de la agresión no fueron reveladas por el mandatario, erigido en defensor del pueblo bajo ataque fiscal. Asombrosamente, el ministro de Salud contradijo la versión de su jefe al dar la razón a la Fiscalía General. Admitió la existencia de “un primer informe” sobre “irregularidades en procesos de compra” y que “no se compró insumos y medicamentos a precio convencional”, sino inflado por el “canibalismo”. A continuación, restó importancia a los reclamos de la Cicies, ya que serían “errores de forma” normales, en “eventos extraordinarios”, cuando es imposible “ser tan minucioso”. Olvidó mencionar que los caníbales son allegados al círculo presidencial. No deja de ser irónico que mientras Casa Presidencial se empeña en disimular la corrupción de sus funcionarios, su ministro de Hacienda anuncie una campaña contra la fuga del capital a los paraísos fiscales. Bien se cuida el ministro de advertir que el objetivo de la cruzada son “los malos empresarios”. En lenguaje gubernamental, los políticamente contrarios. Los seguidores del presidente, “los buenos empresarios”, pueden estar tranquilos. Sus capitales están seguros. En realidad, ningún capital fugado corre peligro. La lucha contra los paraísos fiscales solo puede ser eficaz si la comunidad internacional decide acabar con ellos. Por el momento, no está por la labor. En cualquier caso, la repatriación de esos capitales tomará tiempo. Si regresan, llegarán demasiado tarde para una hacienda desesperada por obtener liquidez. El fiscal general sorprendió a Casa Presidencial al retomar la amenaza del presidente Bukele de “meter preso a todo funcionario o a toda persona que se enriqueciera con fondos públicos de la pandemia”. El asombro y la cólera presidencial revelan que esas frases son para animar a los usuarios de las redes sociales, no para tomarlas en serio. Mucho menos para cuestionar la honradez de los funcionarios del presidente. Los allanamientos de las dependencias del poder ejecutivo y de las empresas proveedoras son solo el primer paso. Muy importante, a juzgar por las reacciones presidenciales. Todavía está por ver cuántas condenas consigue la Fiscalía General. Es un paso modesto, ya que por cuarto año consecutivo el país no alcanza el mínimo control de la corrupción establecido por Estados Unidos. Queda mucho por hacer aún. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que al parecer no han entendido algunos funcionarios públicos es que los derechos fundamentales no son concesiones que ellos pueden otorgar a su arbitrio o anular cada vez que el ciudadano critica sus actuaciones. Los derechos son facultades o poderes de actuación reconocidos como consecuencia de las exigencias ético-jurídicas derivadas de la dignidad de la persona, su libertad y su igualdad. Dignidad, igualdad y libertad plasmadas en la Constitución y que, por ello, fundamentan materialmente todo el ordenamiento jurídico, gozando de la supremacía y la protección reforzada de las que goza la Carta Magna. Sin duda, al actual estado inconstitucional de cosas se agregan los continuos obstáculos los derechos a la información, de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Sin embargo, a pesar de las actuaciones gubernamentales que pretenden obstaculizar estos derechos, tarde o temprano la información saldrá a la luz. La libertad de información, tal como lo apunta la jurisprudencia constitucional, asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su vida, de manera que, debidamente informadas, puedan tomar decisiones libres. Esta libertad se manifiesta a través del derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el derecho de acceso a la información pública. Este último derecho implica el libre acceso a las fuentes que contienen datos de relevancia pública. La protección constitucional a la búsqueda y obtención de información se proyecta frente a los poderes públicos y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado, o que, en general, ejecute actos de la administración, pues existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado y de la gestión de sus recursos. Las pretensiones ciudadanas de conocer el destino y utilización de estos recursos es un ejercicio legítimo, así como también lo es conocer el aumento en el patrimonio de los funcionarios públicos. Por ello es que la Constitución, en el artículo 240, prevé que si estos se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal, estarán obligados a restituir lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que incurren conforme a las leyes. Estas pretensiones ciudadanas no son una afrenta hacia los funcionarios ni una novedad. Durante su período, Mauricio Funes intentó paralizar el nombramiento de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública cuando recién nacía dicha institución. Además, reservó la información relativa a los continuos viajes que realizaba junto a la primera dama, así como la concerniente a los servicios de agencias de publicidad contratadas para el diseño e implementación de campañas. En igual sentido, la entonces Junta Directiva y el Oficial de Información de la Asamblea Legislativa se negaron a entregar información sobre los gastos efectuados en la compra de obras de arte, regalos de navidad y bebidas alcohólicas en 2012, al haberla clasificado como confidencial. Ante la negativa de las autoridades de aquel momento de entregar dicha información y ante la clara intención de mantenerla en la más completa oscuridad, los ciudadanos activaron los mecanismos legales y constitucionales para que fuera conocida por todos. Así, la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Presidencia de la República que implementara una efectiva identificación, sistematización, resguardo y custodia de la información que generaba en su seno, y que instruyera a las instituciones públicas con las que tenía relación directa para que acataran dichas directrices y se evitaran futuras vulneraciones al derecho fundamental al acceso a la información pública. Asimismo, aclaró que la Presidencia tenía la obligación de colaborar para que a otras instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, realizaran las atribuciones que la Constitución les reconoce. En el amparo 155-2013, la Sala le ordenó al Oficial de Información de la Asamblea Legislativa que entregara el listado de obras de arte, regalos y bebidas adquiridos, así como las facturas correspondientes. En dicha resolución judicial se afirmó también que no había impedimento alguno para que la Junta Directiva de la Asamblea publicara en su portal electrónico las versiones públicas de sus acuerdos. Las maniobras utilizadas, tanto en el pasado como hoy en día, para ocultar la información pública terminan cediendo ante el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Como se afirmó en la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de los fondos públicos, y son imprescindibles para fortalecer el Estado c

Con frecuencia escuchamos que tras la pandemia debemos prepararnos para la “nueva normalidad”. Este término es ambiguo porque supone que antes del covid-19 había una situación “normal”. Pero ¿qué es normal? ¿Es normal el sistema económico, social y político de dónde venimos y en el que estamos? ¿Son normales las numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano? ¿Es normal que una parte de la humanidad viva en opulencia, mientras otra ve su dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados? ¿Es normal un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro? Para el papa Francisco, “la normalidad” no será la mera continuación del pasado, como tampoco la cancelación de este duro momento, sino una puesta en juego de todos nuestros recursos y creatividades para transformar el presente en el eslabón de una nueva oportunidad. Para lograr ese cambio, el papa aboga por una organización social basada en el “contribuir, compartir y distribuir con ternura, no en el poseer, excluir y acumular”. Hay que diseñar sistemas de organización social en los que se premie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. En esta línea, ha recalcado que este “no es el tiempo de la indiferencia”, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. “No es el tiempo del egoísmo”, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. “No es el momento para seguir fabricando y vendiendo armas”, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. “No es el tiempo del olvido”: la crisis que estamos afrontando no nos debe llevar a dejar de lado tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Es la hora, pues, de ponernos a trabajar con urgencia para diseñar y generar sistemas de organización social inclusivos que posibiliten vida abundante. Es lo que Francisco denomina “sociedad solidaria y justa”. Los medios de comunicación social pueden y deben contribuir a ese propósito. Así lo ha manifestado el papa en sus diferentes mensajes para las jornadas mundiales de la comunicación. En ellos expone formas específicas y decisivas de este aporte: opción de comunicar en la proximidad; utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión; comunicar esperanza y confianza; y frente a la proliferación de noticias falsas, cultivar la verdad. En pocas palabras, poner a producir la función social de los medios. Ante lo que el papa llama los “pecados de los medios”, es decir, la desinformación (manipular la noticia), la calumnia (decir mentiras impunemente), la difamación (violentar el derecho a la buena imagen) y la coprofilia (amor al escándalo, a la morbosidad), se proclaman tres exigencias éticas: amar la verdad, poner la comunicación al servicio del encuentro y asegurar el respeto a la dignidad humana. Ese amor a la verdad no tiene un sentido abstracto, sino muy concreto. Verdad, para el papa, “es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. […] Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas”. Utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión significa tomar en serio las necesidades, angustias y esperanzas del otro, situarlo como referente y luz de la comunicación. Y uno de los requisitos fundamentales para que esto sea así es el examen crítico respecto al lenguaje que se usa para comunicar la realidad, que no pocas veces termina encubriéndola o distorsionándola, según favorezca el propio interés o ideología. La tercera exigencia para una comunicación que respete y fomente el valor de la dignidad humana tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Frente a una cultura de fugacidad y olvido, Francisco exhorta a no caer en la tentación de “dar vuelta a la página”. En la encíclica Fratelli tutti, afirma: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”; “necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”; hay que “despertar y preservar el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”; hay que recordar a quienes “en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidarid

Este lunes 16 de noviembre se celebra el recuerdo de los mártires de la UCA. Dos mujeres y seis jesuitas asesinados hace 31 años, y que así pasaron a formar parte del extendido número de personas que dieron la vida en El Salvador tratando de defender pacíficamente a los pobres. La masacre cometida en la UCA ha sido reconocida como delito de lesa humanidad y crimen de guerra tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la impunidad continúa tratando de imponerse. Primero, políticamente y, ahora, contra todo derecho, en el sistema judicial. Los dos jueces que emitieron recientemente una resolución con visos claros de prevaricato dicen que sienten y lamentan lo sucedido en 1989, pero no les tiembla la mano al firmar una resolución a todas luces reñida con la verdad, con el derecho y con la dignidad. Más allá de estos avatares jurídicos, el recuerdo y la memoria de los mártires continúa viva y generando vida entre mucha gente de bien. Los mártires despiertan siempre solidaridad y deseo de justicia y de reconocimiento de la verdad. Desde todo punto de vista, sea religioso o laico, quien es víctima de injusticia y de violencia tiene más dignidad que aquellos que matan o abusan. Y tienen más dignidad también que los triunfadores, los aparentemente piadosos o los que se escudan en cualquier tipo de excusa para seguir glorificando a los verdugos. Nos ayudan a entender que merece la pena vivir fraternal y solidariamente, nos enseñan qué es la compasión y la misericordia, que la humanidad es una, y que solo se puede ser humano reconociendo a los demás como prójimos. Los ocho mártires sacrificados en la UCA fueron constructores de paz e hicieron verdad desde la reflexión y el conocimiento en una sociedad marcada por la violencia, la guerra y los prejuicios ideológicos. Su tarea la continúan hoy muchas personas que, desde diversas posiciones y situaciones, tratan de que el diálogo se imponga sobre el insulto y la polarización; gente empeñada en crear una sociedad de nuevo cuño, en la que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y convivir en paz. La insistencia de los mártires en la necesidad de cambios estructurales está presente en quienes luchan en favor del agua como un derecho humano, sin afanes de lucro que lo entorpezca. Brilla en los médicos y enfermeras que se empeñan en salvar vidas en medio de la pandemia, a veces incluso en contra del propio sistema público de salud. Adquiere fuerza y vigor en los jóvenes que no se conforman con la situación actual y que buscan un país con sentido para todos. Cuando mataron a Elba, Celina y los jesuitas, la expresión que más se repitió en aquel momento como grito de esperanza firme fue “No los han matado”. Hoy podemos decir con evidencia que los mártires y las víctimas están cada día más presentes. Vencieron a la infame ley de amnistía. Se enfrentan con los cínicos y mentirosos que incitan al olvido desde su comodidad. Y continúan trabajando, por sobre el griterío visceral de las redes sociales, por un futuro justo, libre, en el que la igual dignidad de las personas se construya siempre desde los desvalidos y sea mucho más que una frase retórica escrita sobre papel mojado.

El presidente Bukele y sus ministros se ríen como quieren de los diputados de Arena y del FMLN. El irrespeto es motivo suficiente para que estos se sientan ofendidos, incluso victimizados, por el poder ejecutivo. Sin embargo, la violencia institucional que sufren es también su responsabilidad. Incautamente han dejado el espacio libre a las ofensivas del presidente y sus funcionarios. Su actividad legislativa es lenta, improcedente e incompleta. Su actividad política, irrelevante. Hasta ahora, en vísperas de elecciones legislativas y municipales, han sido incapaces de articular una propuesta convincente. Se limitan a reaccionar a las iniciativas presidenciales. Entorpecen su ejecución y provocan la ira del presidente, pero no tienen nada que ofrecer en su lugar. Tampoco los diputados de los otros partidos, sumisos a las directrices del mandatario. El cuestionamiento a los funcionarios que han tenido a bien acudir a las comisiones legislativas no ha conducido a ningún lado. La nulidad de la oposición legislativa ha sido aprovechada hábilmente por Casa Presidencial. Los diputados de Arena y del FMLN y su cohorte de asesores no constituyen una oposición que imponga respeto al poder ejecutivo. Los diputados de Arena y del FMLN descubren hasta ahora el juicio de El Mozote, los archivos militares, la partida secreta presidencial, la democracia, la institucionalidad, la corrupción y la moral pública. Arena tuvo dos décadas y el FMLN una para promover los derechos humanos y la administración de justicia, para fortalecer la institucionalidad democrática e implantar un servicio público basado en el conocimiento, la experiencia y la ética. Ahora que el presidente Bukele sigue sus pasos, levantan sus voces airadas para denunciar lo mismo que ellos descuidaron en tres décadas. Sus protestas tienen mucho de falsas e hipócritas. Si al menos fueran acompañadas por un proyecto sólido, veraz y viable, podrían avanzar en credibilidad. Lo peor es que no han aprendido de su fracaso. La elección en curso de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia adolece de vicios conocidos. El FMLN no solo insiste, por segunda vez, en meter a uno de sus alfiles, sino que tiene el descaro de defenderlo como servidor público ejemplar, pese a que su mediocre desempeño en la academia de policía es bien conocido. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal que temerariamente han fallado en contra de la Sala de lo Constitucional para salvar el pellejo de los militares acusados de la masacre en la UCA fueron elegidos por esos mismos partidos. Ninguno cumple con los requisitos formales para ser magistrado, al igual que el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Hacienda actuales. Arena y el FMLN no tienen solvencia para reclamar por los desaciertos del presidente Bukele, que no hace otra cosa que imitarlos. El discurso es distinto, pero el modo de gobernar es idéntico. El mandatario enfatiza lo mucho que lo separa de los presidentes de Arena y del FMLN, pero, en la práctica, gobierna como ellos. Arena y el FMLN no han caído aún en la cuenta que viven inmersos en un pasado inexistente, muy marcado por una guerra sin sentido e irracional, y por una postguerra caracterizada por la corrupción, el fraude y la violación flagrante de la institucionalidad. Los liderazgos políticos de la oligarquía reaccionaria y de la revolución que no fue han envejecido, aferrados al pasado. Convencidos de estar en posesión de la solución para el país, se han negado a abrir espacio a las nuevas generaciones. No aceptan otra forma de hacer política. La desactualización ha erosionado sus posibilidades sociales y políticas y, por ende, también electorales. Gobernaron sin rivales hasta la llegada de Bukele. No es que este tenga mejores respuestas, sino que su enajenación de la realidad nacional le dejó el campo libre. Bukele es un fenómeno sociopolítico que se encuentra por todos lados, en Europa y en Estados Unidos. Es la protesta de la gente ante la falta de respuesta a sus necesidades más sentidas y ante el miedo frente a un futuro inmediato incierto y amenazador. Bukele ha sabido ofrecer seguridades y ha sugestionado a sus seguidores del poder transformador de su discurso. Eventos como el huracán Eta sirven bien a este propósito. Los funcionarios aparecen al frente de la crisis, aparentan tener la situación bajo control y prometen hacerse cargo de las víctimas. El espectáculo es persuasivo. Otra cosa es que entregue lo prometido. El éxito del presidente Bukele y su partido es la otra cara del fracaso de Arena y del FMLN. Estos cada vez pierden más terreno ante el empuje del partido oficial. Aunque tal vez no por mucho tiempo: el electorado tiende a castigar la política tradicional, pero no agrada ser gobernado por sus reemplazos. Estados Unidos es un buen ejemplo. Se abre así una oportunidad para las nuevas formaciones políticas salvadoreñas que, con el tiempo, pueden convertirse en la némesis de los triunfadores de hoy. * Rodolfo Cardenal, d

Esta primera semana de noviembre ha convocado las noticias y las discusiones en torno a un acontecimiento global que, por un momento, dejó de ser directamente la discusión sobre la pandemia y las nuevas olas de contagio que se viven en distintos puntos del planeta. Esta vez el tema han sido las elecciones de los Estados Unidos en donde se definió no solo la presidencia, sino también la conformación del Senado y de la Cámara de Representantes. El Salvador ha seguido de cerca lo que sucedía en dicho país. En parte, lo han dicho analistas en innumerables ocasiones y lo han repetido los políticos, tiene una larguísima relación con Estados Unidos. Pero no solo eso, la historia de la migración salvadoreña ha tenido también una palabra en este proceso. De acuerdo al Pew Hispanic Center, los salvadoreños son la tercera población más importante de origen hispano, luego de los mexicanos y los cubanos. En esta elección estaba en juego, entre otras cosas, la posibilidad de retorno o permanencia para 200,000 salvadoreños con TPS (Temporal Protection Status) y sus familias. El poeta Roque Dalton dijo en su poema O.E.A. que “el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país” y la discusión sobre estas elecciones fue seguida en el país con cuidado. En una campaña política adelantada que lleva ya un largo recorrido en las redes sociales, los distintos partidos han opinado, celebrado y discutido las implicaciones de estos resultados. Si bien todo indica que el presidente Trump ha perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, nos interesa situar en este espacio las lecciones que se pueden sacar sobre la comunicación y los procesos electorales. Una primera lección, que los políticos locales deberán empezar a digerir es que el discurso de odio, si bien es rentable a corto plazo, parece que su éxito no necesariamente es sostenible electoralmente, aunque permanezca ahí. Lo que sí parece conseguir el discurso de odio es un posicionamiento político y la movilización de distintos movimientos ciudadanos. Estados Unidos ha registrado las elecciones con mayor participación política de los votantes en los últimos cien años. Una segunda lección es que la movilización política no es una batalla que se gane de manera improvisada ni respondiendo a los discursos del odio. Se trata de construir una agenda propia a mediano plazo y trabajar de manera sistemática en los barrios, en las Asambleas, se trata de escuchar las preocupaciones de las personas, sus miedos, de llorar con sus muertos tal y como ha hecho Stacey Abrams en Georgia, o Alexandria Ocasio Cortez en Nueva York. Una tercera lección es que, frente a los movimientos reaccionarios que coquetean con nuevos autoritarismos, que sueñan con una utopía habitada por generales de todos los ejércitos y ciudadanos armados, esto es, frente a una política de guerra, la mejor respuesta es un proyecto del común y del cuido, como ha dicho el nuevo presidente electo de Estados Unidos, se trata de ver en el otro un adversario, no un enemigo. ¿Quién no recuerda aquella frase que se repetía durante la guerra en las comunidades eclesiales de base de: “tenemos que salvarnos juntos, tenemos que llegar juntos a la casa del Padre, ¿qué diría si nos viera llegar a los unos sin los otros?”. El verdadero cambio a largo plazo viene entonces del trabajo en el territorio, de la apuesta por la comunidad y del proyecto de cuidado que muchas veces el talante femenino suele manifestar. Una cuarta lección es que, aunque nos parezca imposible y lejano, las fake news y la construcción del régimen de postverdad al que han apostado presidentes como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele tiene un límite. El límite pasa por un proceso constante de educación, de organización para que las audiencias estén mejor informadas, por el compromiso de medios que apuestan por el periodismo de investigación riguroso y crítico y sobre todo, por la exigencia que todas y todos debemos hacer a las redes sociales para que activen los límites y los filtros necesarios ante las afirmaciones fuera de contexto que muchas veces los políticos llevan a cabo. Eso es lo que hemos visto estos días. Facebook habilitó un espacio para que toda persona pudiera tener acceso a información verificada para conocer sobre las elecciones. Twitter se decidió (por fin) a cerrar la cuenta de Steve Bannon, exasesor de comunicaciones de Donald Trump después que sugiriera “que el Dr. Anthony Fauci y el director del FBI, Christopher Wray, deberían ser decapitados”. También censuró varios tuits de Donald Trump y los marcó como información no verificada. Este límite debe ser aplicado a políticos de todo el mundo que utilizan las redes para enardecer a los ciudadanos, provocar discursos de odio y divulgar versiones no verificadas que normalmente van en beneficio propio. No son estas elecciones el fin de las fake news, pero quizá asistimos al final del principio. Poco a poco, como sucedió una ve

OPINION 11 11 20 PANDEMIA DE COVID 19 Y MIGRANTES TRAS CORNEADOS APALEADOS

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato. Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando. Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto. Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato. Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

La tragedia de Nejapa es un nuevo recordatorio de las condiciones precarias en las que sobrevive la mayoría de la población. Una vez más, un evento de carácter natural, pero ocasionado por la imprudencia y la indolencia humana, deja varios muertos y más de 130 familias sin techo y sin sus escasas pertenencias, adquiridas con mucho esfuerzo. Desdichadamente, esta no es la primera ni será la última calamidad. El huracán Eta amenaza con causar más ruina y pérdidas. La complacencia de unas autoridades que se conforman con alertar, lamentar y prestar auxilio inmediato es escandalosa. El ministro de Gobernación, satisfecho consigo mismo, advirtió que en el caso de Nejapa la alerta había sido oportuna, es decir, él había hecho su parte. Pero si el aviso no llega a quienes están en peligro inminente, no cumple su cometido. Es fácil culpar a las víctimas de las catástrofes naturales o minimizar su desgracia como inevitable, un daño colateral de la indiferencia social y gubernamental ante el creciente deterioro medioambiental. Afirmar la vulnerabilidad del país no justifica la pasividad y la indolencia. La gente no se asienta en sitios de alto riesgo por capricho, sino porque se le ha negado el acceso a una vivienda segura. Ni siquiera las alertas gubernamentales le llegan a tiempo. Los llamados “a tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones” gubernamentales caen en el vacío. Son iguales a la indicación de tomar “vías alternas” para evitar el atasco. Las tales vías no existen, pero el aviso descarga la conciencia del funcionario. Muchas personas están forzadas a convivir con el peligro y a retomar su vida desde la pérdida absoluta cuando aquel se concreta. Son tantas y tan comunes que se desconoce su ubicación y su número exacto. Son las mismas a quienes los políticos aseguran servir y cuyos votos buscan en tiempos electorales como los actuales. La fuerza de la naturaleza es poderosa e inexorable, pero su impacto puede reducirse grandemente con la prevención. Prevenir es mucho más que lanzar alertas cuando la catástrofe está a las puertas. Si las zonas de riesgo hubieran sido intervenidas y las autoridades ejercieran una vigilancia rigurosa, las vidas y los bienes estarían más seguros. Prevenir implica impedir depositar ripio y basura en sitios no aptos, deforestar, construir en sitios no habilitados o desarrollar actividades que amenazan el medioambiente. La prohibición de habitar sitios de alto riesgo debe ir acompañada de alternativas seguras. De lo contrario, la gente se amontona donde puede; por lo general, en sitios inseguros, en los que suelen ocurrir las tragedias que luego se lamentan hipócritamente como inevitables. La vigilancia y la coacción deben ir acompañadas por una intensa campaña educativa. Intervenir, vigilar y educar para la convivencia segura corresponden tanto al gobierno local como al nacional. El primero, dada su proximidad al territorio, debiera estar familiarizado con sus características y sus habitantes, y no debiera permitir la creación de situaciones de riesgo. Ordenar el territorio y la actividad rural y urbana se imponen. Es suicida continuar como si los recursos fueran inagotables. El gobierno nacional necesita del local tanto para prevenir la catástrofe como para auxiliar a sus víctimas. Pero la altanería del ministro de Gobernación y la prepotencia del director de la Policía en Nejapa evidencian la falsa autosuficiencia de la Casa Presidencial de Bukele. Presentarse en el sitio de tragedias como la de Nejapa para lamentar pérdidas y desenterrar cadáveres es cruel, puesto que el deslave pudo evitarse. El despliegue de ministros y fotógrafos oficiales, y el frenesí de tuits de diversos funcionarios, más de 340 en las horas siguientes, con imágenes y mensajes, proyectan la conmoción gubernamental, tan ineficaz como cínica. La mayoría de las imágenes exhiben al candidato a alcalde de la capital y actual ministro de Gobernación abrazado a las víctimas y al mando de socorristas, voluntarios y soldados. Es perverso servirse del dolor y del despojo de la población golpeada doblemente por la precariedad habitual y por la catástrofe. La calculada frialdad gubernamental ante la desgracia es insolente. La tragedia de Nejapa, a la cual se agregará muy probablemente la del huracán Eta, exigen un plan global para intervenir de inmediato las zonas de riesgo. Responsabilizar a los Gobiernos anteriores no alivia el dolor de las víctimas. El descuido no ha sido solo de ellos, el comportamiento del presidente Bukele y sus ministros no es diferente. Todos se contentan con emitir alertas, repartir paquetes para atender necesidades inmediatas y salir en la foto muy posesionados de su papel. Hasta ahora, los Gobiernos han sacrificado el medioambiente en aras de un desarrollo mal entendido. No hace mucho, el mismo presidente Bukele expresó su intención de promover la construcción aun a costa del medioambiente, que considera un estorbo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La sentencia de la Sala de lo Penal ratificando el sobreseimiento definitivo del año 2000 a los acusados de autoría mediata en el asesinato de los seis jesuitas, Elba y Celina Ramos requiere nuestra atención. Es tan irregular que resulta lógico que nos preguntemos si hay alguna relación entre la exigencia constitucional de “moralidad notoria” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y las posibilidades de caer en el delito de prevaricato. La respuesta es evidente: cuanta menos moralidad “notoria”, más fácil será caer en el prevaricato. Pero los diputados no parecen entender bien el término “notoria” aplicado a la moralidad. En el caso del magistrado Juan Manuel Bolaños, da la impresión que los diputados le calificaron “de moralidad notoria” por haber salido bien parado en ocho causas en su contra, incluidas dos acusaciones de estafa. La inocencia decretada en los tribunales siempre es positiva para quien la recibe, pero no es la mejor recomendación para convertirse posteriormente en juez, en especial si tanto las acusaciones como las absoluciones son excesivamente reiterativas. Si “notoria” significa una realidad conocida por todos, debe interpretarse que los diputados que eligieron a este magistrado habían quedado positivamente impresionados por la moralidad de una persona que ocho veces ha sido declarada inocente por la justicia. De todos modos, no conviene escandalizarse. La Constitución pide moralidad notoria también para los diputados, y ya conocemos notoriamente las incursiones desastrosas en el campo de la ética de un buen número de ellos. No es raro que la moralidad de algunos diputados borrachos, narcos, pistoleros o insensibles ante el homicidio determine moralidades dudosas, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Hasta resulta extraño que al magistrado José Roberto Argueta le hayan elegido como tal con una sola manifestación de inocencia ante la justicia. Con esas moralidades notorias, no es raro que se llegue al prevaricato. Y pasamos así a la reciente sentencia de la Sala de lo Penal. Los magistrados Bolaños y Argueta decidieron hacer caso omiso de la sentencia de 2016 sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sentencia en la que se afirma con claridad de que son judicializables todos los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Y que elimina, además, la prescripción, pues no podía esta correr apoyada en una ley inconstitucional que impedía enjuiciar crímenes imprescriptibles. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional impide invocar normas cuya vigencia dependiera de la ley de amnistía y pudieran “entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos en las normas constitucionales e internacionales analizadas”. No tener en cuenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional equivale a violar la Constitución, pues se deja de lado la interpretación normativa de la Carta Magna. Y este tipo de violación en la sentencia de cualquier tribunal convierte en prevaricadores a quienes la firman. Al menos en los últimos meses, continuamente hablamos con preocupación del Estado de derecho en El Salvador. Nos fijamos en el poder ejecutivo como fuente de violación y debilidad de las leyes. Es normal y positivo que lo hagamos. Pero tener jueces en la Corte Suprema de Justicia que caen en el prevaricato es todavía mucho más grave para el Estado de derecho. Es imprescindible que la Sala de lo Constitucional tenga el control de constitucionalidad sobre las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo. Pero también debería tenerlo sobre las sentencias de otras salas de la Corte Suprema. Hace ya unos cuantos años, el entonces presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, hablando en un auditorio de la UCA a estudiantes de derecho, preguntaba y respondía a una pregunta supuestamente jocosa: “¿En qué se parecen los abogados a los tiburones?”. Y respondía: “En que tiburón no come tiburón”. Gracias a Dios, en el país hay muchos abogados decentes, fuera y dentro del sistema judicial. Pero dados los acontecimientos, esperemos que la “sustancia” del chiste no se imponga como realidad al interior de la Corte Suprema de Justicia. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La actividad política requiere de sus practicantes una gran capacidad para sobrellevar con entereza las críticas, la diferencia de opinión y la contradicción. Saber soportarlas y responder de manera inteligente demandan habilidad y tolerancia. Los susceptibles y los irascibles no están capacitados para el liderazgo y, por tanto, carecen de cualidades básicas para practicar la política. Al no tener vocación, lo más sensato es que se retiren y se ocupen de sus intereses particulares. Estarán más tranquilos y, sobre todo, no representarán un obstáculo para la búsqueda del bien general. En el otro extremo están aquellos a quienes la crítica y la opinión contraria los dejan indiferentes. Son líderes insensibles, con frecuencia cínicos, obsesionados con alcanzar sus logros, pese a quien le pese. Los dos tipos de liderazgo están bien representados en la política nacional y ambos debieran abandonarla por carecer de virtudes cívicas y éticas. La honestidad con aquellos a quienes dicen servir y con ellos mismos pide que renuncien a la política, dado que ninguno contribuye positivamente a la búsqueda del bienestar general. La actividad política se desenvuelve en el ámbito de lo público, donde se opina, se debate y se critica. A veces con razones sólidas, a veces desde la ignorancia, los prejuicios y la mala intención. Quienes tienen vocación política no temen la crítica, ni la opinión diferente, ni el ultraje. Lidian con los rumores y los ataques personales. Son conscientes de que el ámbito de lo privado se reduce a su mínima expresión y no descartan el abuso por parte del adversario. Están dispuestos a sufrir la exposición pública en áreas tan sensibles como el patrimonio, los ingresos, las donaciones y las amistades. El buen político no teme el escrutinio de la opinión pública y la prensa ni los reclamos de la población que representa. Más bien, aprecia sus aportes y procura darles respuesta pronta y eficaz. El buen político acepta la opinión contraria y la crítica; las analiza, retiene lo valioso y olvida lo demás. Favorece el debate abierto para esclarecer las ideas, ganar seguidores, identificar malentendidos, corregir errores y poner en evidencia a los provocadores. El buen político es suficientemente inteligente como para saber que no está en posesión de la verdad y, por tanto, busca los aportes de los otros. Es humilde como para saber que las contribuciones de los especialistas y los técnicos, y el sentir de las mayorías populares proporcionan pautas válidas para encontrar lo que es mejor para todos. No desprecia los intereses de los privilegiados y cuenta con la comunidad internacional. Es sabio como para comprender que el bien común descansa en un consenso amplio, que solo se alcanza cuando logra la conciliación de intereses forzosamente contrarios. Es prudente como para saber dialogar, escuchar y negociar. El buen político construye a largo plazo, pero sabe también formular soluciones eficientes de corto y mediano plazo. El liderazgo intolerante y cínico, aparentemente firme, cosecha en abundancia entre la población confundida, amenazada y atemorizada por una realidad incomprensible. El líder promete suprimir la fuente de esas ansiedades y castigar a los responsables de la desorientación. La creciente población hispana en Estados Unidos, los inmigrantes africanos y del Oriente Próximo en Europa, o los partidos de “siempre” en El Salvador… ante ellos, el líder agita la bandera de una identidad fuerte y definida nítidamente: “nosotros” contra “ellos”. Los sectores desorientados y amedrentados sienten que esa es la respuesta adecuada y, en consecuencia, se aferran a la identidad grupal como a una tabla de salvación en un naufragio. Se abandonan completamente a la protección y a las promesas ofrecidas por el líder. Esta clase de liderazgo convierte así a sus seguidores en receptores pasivos de los lineamientos de quien manda y, en esa medida, tiende a infantilizarlos. En él encuentran la interpretación correcta de la realidad, la orden oportuna que endereza lo torcido y, aparentemente, la palabra eficaz que hace lo que dice. Todo estará bien. No hay margen para el error. No es necesario pensar, sino seguir al líder ciegamente. Este, por su parte, espera ese comportamiento. La crítica y la contradicción no están justificadas ni se toleran. Los críticos y los disidentes son fustigados y castigados. Sobre ellos cae el peso de una institucionalidad estatal manipulada. Pero la intolerancia y la agresividad no son muestras de firmeza y claridad, sino de confusión, inseguridad y miedo. Por lo general, estos líderes descubren pronto que la realidad los supera y que su poder para transformarla es más limitado de lo que imaginaban. Prefieren los colaboradores leales y sumisos a los competentes: los primeros no piensan ni cuestionan; los segundos tienen conocimiento, destrezas y opinión. La reacción natural a la propia ineptitud y torpeza es la intransigencia y la agresividad. El mal líder teme el desvanecimiento del enca

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato. Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando. Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto. Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato. Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

“Hay cultivos que están cerquita, a unos 100 metros del río, pero no nos permiten pasar. La gente necesita ir a ordeñar sus vacas a los corrales pero no los dejan. Las cosechas de café están madurando, ¿qué va a pasar si no se cosecha? Hay familias que quedaron a los dos lados de la frontera pero por la cuarentena no han podido regresar. Gran parte de la gente pobre se va a Honduras a trabajar y viven de estos jornales. Se están perdiendo los cultivos, milpas, frijolares. ¿Qué va a pasar con nosotros?” Los anteriores son extractos de algunos testimonios de personas que viven en algunos municipios del departamento de Chalatenango que son fronterizos con Honduras. Estas personas narran cómo les está afectando la actuación de militares en tiempos de la pandemia. Este clamor es el que quisieron recoger los alcaldes de cuatro municipios (Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando) cuando pidieron a la Asamblea Legislativa emitir un recomendable para que el Ejército respete sus derechos. A esta iniciativa reaccionó el presidente sosteniendo que “es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales” (20 octubre 2020). Y el presidente fue más allá y aseguró que “aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y por supuesto, van adonde quienes los protegen: a la Asamblea”. El presidente, en respuesta a la demanda, ordenó al Ministro de Defensa, redoblar la presencia de los militares. Este lamentable episodio ocurrido en esos rincones de suelo compartidos entre El Salvador y Honduras llamados “bolsones” desde la sentencia de la Haya en 1992, trascendió a nivel nacional. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en apoyo a los pobladores. También se pronunció la Diócesis de Chalatenango en un comunicado del 26 de octubre firmado por su obispo, Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar. Entre otras cosas, el comunicado afirma que “la Diócesis está hablando en nombre de estas comunidades limítrofes, para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito, tal como sucedía antes de la pandemia. En estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad. Ellos no son narcotraficantes”. El incidente, aunque muy localizado, ilustra de buena manera la tónica de la actuación gubernamental y lo que debemos esperar en los meses siguientes. En primer lugar, el presidente y todo su gabinete están funcionando en “modo” electoral. Todo lo que en este tiempo hacen y no hacen, lo que dicen y lo que callan, debe analizarse con lentes electorales. Es decir, todo lo que granjee votos al Gobierno será sobredimensionado y toda oportunidad que le haga daño a sus opositores será aprovechada. Muchos municipios fronterizos viven la misma situación que los cuatro municipios en cuestión, pero el presidente y sus asesores vieron en el hecho de que los cuatro municipios están en manos del FMLN la ocasión para seguir hundiendo al partido de izquierda. Pero los cálculos les fallaron. Porque en los mismos términos se han pronunciado los pobladores de la zona y la Iglesia Católica que les acompaña. Además, el trato degradante brindado desde el Gobierno dejó claro el desconocimiento de la realidad que vive la gente, mucha de la cual mostró, hasta estos días, simpatía con el Ejecutivo. En segundo lugar, otra característica de la coyuntura electoral de parte del Gobierno es que el presidente y su equipo es capaz de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones en febrero próximo. En ese “cualquier cosa”, cabe la mentira, la calumnia, la manipulación de medios y, en este caso, el sufrimiento de poblaciones enteras que pasa a ser un efecto colateral secundario ante el fin mayor de conseguir más réditos electorales. Probablemente a lo mismo se deba el atraso en el pago de salarios a las dependencias del Estado que incomodan al Gobierno, el atraso en el Fodes a las municipalidades, la gran mayoría en manos de la oposición y también el atraso en las pensiones a los veteranos. El gobierno pondrá toda la maquinaria del Estado al servicio de sus fines electorales. En este caso es el Ejército el que, contrario a su fin constitucional, se pone al servicio de las ambiciones personales del presidente, como ya quedó demostrado el pasado 9 de febrero. En tercer lugar, tanto los pobladores que han dado testimonio, como los alcaldes y la diócesis chalateca que han recogido sus clamores, han dejado bien claro que no se oponen a que se persiga el narcotráfico y el contrabando. La protesta se debe al maltrato de soldados y policías a los pobladores. Reclaman un trato digno. Que en las zonas fronterizas –no solo en estas- ha existido contrabando, ha sido denunciado por las mismas poblaciones. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las autoridades que deben combatirlo, son las que lo f

Nuestro Estado es débil desde hace muchos años. Y en ese contexto escuchamos muchas veces decir que se está violando el Estado de Derecho. Incluso en ocasiones distintos grupos del país han tenido que acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos, precisamente porque el Estado de Derecho en El Salvador no cumplía con sus propias obligaciones. El tema es antiguo. En el pasado solía ser la sociedad civil solidaria con los derechos de los pobres la que acusaba al Estado de violar derechos básicos de la ciudadanía. Hoy, la situación ha cambiado con la pugna que se ha establecido en el país entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo y por la desobediencia del Ejecutivo al poder judicial. Aunque resulta muy claro que una buena parte de las confrontaciones y enfrentamientos tiene un fondo netamente político, lo cierto es que el conflicto actual pone en evidencia que en muchos aspectos la Constitución de la República es solamente papel mojado. En la situación actual predomina la queja por las violaciones de la normativa constitucional en lo que se refiere al equilibrio de poderes y al sistema de controles, pesos y contra pesos, que especifica nuestra Constitución. Sin embargo, las violaciones a los lineamientos constitucionales que nos califican como Estado personalista, social y democrático de derecho, son mucho más amplias. En efecto, el artículo uno de la Constitución, que define los fines del Estado, afirma que la persona humana y su dignidad son el origen y el fin del Estado. Y extrae de esta afirmación la siguiente consecuencia: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. De hecho, la división de poderes, los controles mutuos entre poderes, los famosos pesos y contrapesos que con tanto gusto mencionan los políticos cuando hablan de nuestra democracia, no son tan absolutos en la Constitución como el primer artículo enunciado. Al contrario, los tres poderes están al servicio de los fines prioritarios del Estado que menciona dicho artículo. Respetar los derechos de cada poder del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno es indispensable en el Estado de Derecho. Pero es más indispensable todavía que los tres poderes estén al servicio de los fines expresados en el primer artículo de la Constitución. Y ahí es donde los tres poderes tienen graves carencias e incluso errores. Pues en los casi 40 años que tenemos de la actual Constitución, se han mostrado incapaces de hacer un plan operativo conjunto para lograr el cumplimiento de esas cinco exigencias constitucionales. La libertad de los más fuertes, léase los empresarios y funcionarios, ha sido normalmente la más protegida. Pero la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social no son valores que el estado haya logrado universalizar y hacer partícipes de ellos a todos los salvadoreños. Cuando hoy se defiende sobre todo el respeto a la independencia de los poderes y a la importancia de los sistemas de control se tiene razón, pero se corre un serio peligro. Quienes carecen de bienestar económico o padecen la injusticia social de una educación o de una salud con muy baja calidad, o incluso quienes han sido detenidos en centros de contención durante la pandemia, pueden pensar, y con razón, que el Estado se defiende más así mismo y a los intereses de quienes lo administran y de sus poderosos, que a la población en general. Los demócratas tradicionales hablan con frecuencia del soberano al referirse al conjunto de personas de un país, y utilizan muy bien el término. Pero el problema es que quienes viven en pobreza no se sienten soberanos del país. Nuestra Constitución es ciertamente valiosa en sus principios fundamentales, que ponen siempre como primera prioridad a las personas y su dignidad. De ahí surgen los grandes fines de la Constitución. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, las instituciones son los medios para lograr ese fin. Dañar los medios para el fin constitucional que se pretende es grave. Pero olvidar los fines establecidos y marginar a una parte de la población condenándola a carencias de salud y educativas, pobreza e inseguridad, es más grave todavía. Tenemos que defender los medios que hacen posibles los fines, pero nunca olvidarnos de los fines, como se ha venido haciendo y se sigue haciendo todavía. Sin respeto por los fines y sin lucha por alcanzarlos, los medios terminan siendo odiosos. José María Tojeira

El Hospital El Salvador augura el futuro que parece aguardar al Gobierno de Bukele. La obra fue anunciada como el hospital más grande y mejor equipado de América Latina y, naturalmente, fue recibida con entusiasmo por los seguidores del presidente. Era prueba indiscutible de la diferencia con lo hasta entonces conocido. Los trabajos comenzaron con celeridad. Se habilitaron las dependencias de la antigua Feria Internacional para atender a los contagiados por la covid-19 y se empezó a levantar un nuevo edificio de varias plantas. En los primeros meses, Casa Presidencial informó periódicamente del avance de las obras. El presidente inauguró las dependencias habilitadas para atender a los contagiados por el virus, mientras los trabajos en la nueva edificación perdían ritmo hasta detenerse. El ministro de Salud ni siquiera conoce el costo total de la obra. La grandiosa idea inicial ha quedado reducida a un centro para atender pacientes infectados, remitidos por los otros hospitales. Un centro bien provisto, sin duda, pero nada más. El proyecto resultó demasiado ambicioso para las disponibilidades y ha sido abandonado discretamente. Hubiera sido más práctico, ciertamente, mucho más económico, establecer hospitales de campaña bien provistos para atender la crisis como han hecho otros países. Pero eso se antojó demasiado poco a un Bukele que había llegado a la Presidencia aupado por expectativas grandiosas y planes deslumbrantes. El tiempo se ha encargado de desvanecer las pretensiones presidenciales, mientras la propaganda oficial proyecta como actividad intensa lo que no es más que agitación superficial. La edición de esta semana de The Economist asocia El Salvador de Bukele con la Nicaragua de los Ortega por la repugnancia a la crítica y a la libertad de pensamiento y opinión. En su momento, la revista saludó como novedad promisoria al joven presidente salvadoreño. En su última encíclica, Fratelli tutti, el papa Francisco cuestiona esa forma de hacer política. Pareciera que el papa piensa en el país cuando reprueba la política mercantilizada, porque “lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común”. El papa emplaza a estos comerciantes de la política al cuestionarles “para qué” y “hacia dónde estoy apuntando realmente”. Les advierte que cuando ya hayan dejado el poder, poca satisfacción encontrarán en recordar, “¿cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Entonces, las preguntas oportunas, probablemente dolorosas, serán estas: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré?”. La grandeza de la política se muestra en tiempos difíciles como los actuales. En las crisis, la política sana actúa guiada “por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. En tiempos seguros, se empeña en “reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas”. Desdichadamente, advierte el papa, al poder político “le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”, y todavía más en un proyecto común para la humanidad de hoy y de mañana, porque “pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica”. La encíclica avisa también de que los logros espectaculares, como los pretendidos por el presidente Bukele, “a veces no son posibles” o solo “se logran parcialmente”. Los que no entienden la política como simple búsqueda del poder no se angustian. Saben bien que sus esfuerzos no caen en el vacío, pues “no se pierde nunca ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás”. Por eso, lo encomiable es “desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra”. La “buena política”, confiada en “las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo”, se funda “en el derecho y en un diálogo leal”, y se renueva con la convicción de que cada generación encierra “una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”. La política sana y buena no es la de los líderes mesiánicos, sino la de quienes cultivan lo que el papa llama “la amistad social”, que “no excluye a nadie”, que cultiva “una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de sus apariencias físicas o morales” y que “mueve a buscar lo mejor para su vida”. Por el contrario, quien mira “con desprecio […] niega que haya lugar para todos” en la sociedad, porque divide entre personas de primera y segunda clase, “con más o menos dignidad y derechos”. La “amistad social” exige “la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cada 26 de octubre se celebra en El Salvador el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. La fecha es importante para que la ciudadanía tome conciencia del asunto. De hecho, surgen cada vez más grupos que, desde diferentes ópticas e intereses, defienden los derechos que garantiza la Constitución. Ecologistas; defensores de juventud en riesgo, de indígenas, de los derechos de la mujer o de víctimas de abusos estatales; y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otros, se asocian, cada uno desde su campo y experticia, para proteger los derechos de la población. Después de tantos y tan numerosos casos de violaciones a derechos básicos, especialmente durante la guerra civil, el tema de los derechos humanos, que parecía patrimonio de instituciones, es asumido por diversos sectores sociales. Ello resulta esperanzador, porque los derechos humanos son una moral externa al poder, que crea cultura de paz. La tarea de defenderlos no es fácil, y por eso la celebración del 26 de octubre debe mover a la reflexión. En el pasado, el Ejército fue el mayor violador de derechos humanos. Una petición de perdón al pueblo salvadoreño frente al mural de víctimas del parque Cuscatlán, realizada por la Fuerza Armada como institución, sigue siendo una deuda pendiente. La actual negativa a la orden judicial de abrir los archivos militares y las ridículas razones dadas para no hacerlo muestran que la Fuerza Armada sigue poniéndose al margen del respeto a los derechos humanos, y con ello está jugando contra la historia. Tal vez algunos de sus líderes piensan que la frase del general Manuel José Arce “El Ejército vivirá mientras viva la República” les protege eternamente. Pero si entendemos “república” como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y partimos de la persona como el valor fundamental al que debe servir el Estado, los militares que dificultan o impiden que se haga justicia a las víctimas están destrozando y atentando contra la República. Si es cierta la frase de Arce, el Ejército puede dejar de existir si daña a la República. No faltan jóvenes que piensan de esa manera. Por lo general, quienes definen los derechos humanos son muy pragmáticos. No les interesa tanto la política cuanto el respeto a los derechos de la gente, más aún de los más débiles. Los jóvenes de hoy, aunque apoyan la justicia contra los crímenes del pasado, suelen criticar con más facilidad los abusos que cometen agentes de la PNC o soldados. Evidentemente, si no se desarrolla en los tres poderes del Estado una cultura seria de derechos humanos, esa moral externa al poder buscará cambios y propuestas que las viejas generaciones dominantes no parecen entender. El Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos nos invita al diálogo. En un Estado laico, los derechos humanos son siempre la moral a seguir. El hecho de que la juventud se interese por esta moralidad, que tiende a hacerse cada día más universal, es un buen signo. El primer artículo de la Constitución les da la razón en su esfuerzo y trabajo. Militares, jueces, diputados y funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, deben estar abiertos no solo a respetar los derechos humanos, sino a impulsarlos y tenerlos como objetivo de convivencia nacional. De lo contrario, la capacidad de alcanzar acuerdos y la amistad social, necesarios para el desarrollo, serán devorados por la marea de insultos, trampas, desconfianzas y desprestigios que está poniendo en peligro nuestra convivencia democrática. Lo más visitado OpiniónNoticiasMultimedia Ignorancia e inhumanidad El papa ante la política mercantilizada En honor de los defensores de derechos humanos Acto de bajeza Pobreza, reto prioritario

El presidente se equivoca al acusar sin fundamento a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando, todos municipios de Chalatenango, de colaborar con el narcotráfico y el contrabando, y al cercar militarmente esos territorios. Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país. Desconoce que en 1992, por un fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador. Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados “bolsones”. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre. Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades. En el contexto de la pandemia, los hondureños que viven en nuestro suelo no recibieron ayuda de su Gobierno porque habitan en territorio salvadoreño, pero tampoco han sido beneficiarios de las ayudas salvadoreñas porque no tienen documento único de identidad. Similar situación viven las familias salvadoreñas en los bolsones del vecino país. Ellas trabajan de este lado de la frontera y asisten a escuelas y centros de salud salvadoreños. Esta población y los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando no se oponen al cuido de fronteras, sino a la violación de sus derechos. En San Fernando, unas 25 familias tienen sus siembras en el lado hondureño y los militares no las dejan pasar. No pueden ir o venir a ordeñar su ganado. Los soldados han ocupado varias escuelas y hay denuncias de maltrato a la población. Se han perdido cultivos y la crisis que se vaticina es aún más cierta para estos pobladores. Los que acostumbran expresar su fe en las parroquias salvadoreñas, ahora no pueden hacerlo. A esta situación obedece la denuncia de los alcaldes, porque, antes que salvadoreños u hondureños, los pobladores de los bolsones tienen derechos que se deben respetar. Interrumpir el flujo normal de su vida mediante la fuerza de las armas es desconocer esta realidad y una muestra de inhumanidad. Con su acusación, el presidente desconoce también los logros policiales en los municipios en cuestión, donde agentes de la PNC, autoridades y diversos actores sociales trabajan coordinadamente. A ello se debe que estos municipios no compartan el nivel de violencia de otras zonas del país; Chalatenango ha sido y sigue siendo una de las menos violentas. Según datos oficiales de la Policía, de los 262 municipios del país, 57 no registraron homicidios entre enero y noviembre de 2019; 18 de ellos son de Chalatenango, y entre estos están los cuatro señalados por el presidente. Es obvio que la paz no necesariamente significa ausencia de narcotráfico, pero la experiencia y la evidencia científica señalan que el tráfico de drogas y su comercio casi siempre están ligados a la violencia. Por otro lado, en materia de covid-19, según datos del mismo Gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos detectados. Arcatao solo presenta 17; San Ignacio, 27; Nueva Trinidad, 3; y San Fernando, 1. Si algo heredaron del conflicto armado estas comunidades fue su cultura organizativa, que incluye, como ya se dijo, a los diversos actores sociales, Policía incluida. El asunto no es maniqueo ni simple, como lo quiere hacer ver el presidente. Que las cuatro municipalidades estén en manos del FMLN no es razón suficiente para acusar sin fundamento. Otros ediles de otros partidos las apoyan, pero no lo expresan por temor. El afán electoral hace que el mandatario se equivoque de nuevo, esta vez imponiendo sufrimiento y penurias a comunidades pobres que han debido salir adelante por su cuenta ante el abandono del Gobierno.

El presidente Nayib Bukele confirmó, a través de sus medios de comunicación habituales, un rebrote de los contagios de covid-19. Y así, con una información muy breve, sin detalles ni certezas, la sociedad salvadoreña reconfirma que el virus sigue su marcha y que por ahora, no hay vuelta a la vieja normalidad conocida. En las últimas dos semanas la curva de contagios mostró una tendencia al alza, y el 14 de octubre alcanzó un punto máximo con 295 contagios. La discusión entre especialistas y personas comunes sobre qué es lo que posibilitó esta subida en las estadísticas no parece fundamentada en información fiable. La revista Factum ha documentado que este pasado 8 de octubre, el Ministerio de Salud “incluyó en el Índice de Información Reservada todos los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Por una orden del despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí, ningún ciudadano podrá tener acceso a la información sobre las pruebas de PCR hechas durante la pandemia hasta el 11 de junio de 2022” (Loida Avelar, revista Factum), esto implica menos acceso a datos que permitan tomar decisiones informadas. Ante la falta de información muchos ciudadanos parecen estar tomando la decisión de permanecer en casa y buscan remedios caseros que les permitan superar la enfermedad o, en todo caso, terminar sus días junto a sus seres queridos y sin la angustia de ser atendidos por un sistema hospitalario que en cualquier momento puede colapsar de nuevo. Para el 18 de octubre de 2020, la página del Gobierno de El Salvador señaló que existían hasta ese momento 31,666 casos confirmados y 926 fallecidos. Esta información contrasta con los datos proporcionados por las alcaldías y por otras instituciones que contabilizan cifras mucho más altas. ¿De quién se puede fiar la sociedad salvadoreña? Tampoco tenemos información que permita contrarrestar con otros datos. Si tomamos estos datos, tendremos que señalar que el índice de mortalidad es de 15 fallecidos por cada cien mil habitantes. No se está divulgando información sobre lo que sucede con otras enfermedades ni parecen tomarse medidas al respecto. Por ejemplo, frente a los casi treinta y dos mil casos de covid-19, sabemos que el año pasado, El Salvador confirmó 27,470 casos de dengue, una de las enfermedades infecciosas que más ha afectado América Latina en los últimos tiempos. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el dengue? El dengue es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas, mientras que en años anteriores el gobierno ha buscado replicar la información necesaria, a lo largo de esta pandemia, la información que circula ha sido poca y con casi ninguna visibilidad. Uno de los mayores problemas de la falta de información cuando se trata sobre situaciones de salud es la imposibilidad de tomar decisiones adecuadas. La información, bien dicen, es poder. El problema de centralizar la información es que llega a los territorios sin hacer diferencias de cada lugar y esto quiere decir, sin la mediación de los líderes locales, los alcaldes, los integrantes de los consejos, las iglesias, que busquen analizar la información y tomar decisiones desde las particularidades de una zona específica. Si bien nuestro territorio es pequeño, no quiere decir esto que no exista una riqueza y una diversidad importante. Quizá una de las tragedias más grandes en esta situación de urgencia global que se vive haya sido que coincidiera con un período electoral. Los distintos actores políticos más que informar desinforman, y más que tomar decisiones en función de un beneficio colectivo (la definición más antigua sobre la polis) lo que se busca es un beneficio coyuntural. Ha habido tiempo para los repartos tradicionales que todos los partidos políticos han hecho, por ejemplo, repartir propaganda pagada con los impuestos de todos. Sin embargo, no hubo tiempo ni recursos para una campaña educativa que permitiera a la población tomar decisiones para prevenir la covid-19. El problema de la información es que no necesariamente genera adeptos, sino pensamiento crítico que posteriormente pueda cuestionar la forma en que se ofrecen ciertas soluciones fáciles y maniqueas. De eso se sabe mucho en el país, sin embargo, lamentablemente, no ha sido esa la apuesta política en un momento en que la información es quizá, el bien más urgente para salvaguardar nuestro tesoro más preciado, nuestra salud, nuestra vida, la posibilidad de continuar nuestros proyectos más amados. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 19.

Celebramos la semana pasada dos días internacionales propuestos desde hace ya algún tiempo por organizaciones de las Naciones Unidas; ambos están profundamente interrelacionados: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El planeta produce suficientes alimentos para toda la humanidad, pero casi un tercio de ellos se tira, mientras en torno a 700 millones de personas pasan hambre. En El Salvador, el 14% de la población está desnutrida. Desnutrición que afecta especialmente a los niños de las familias pobres. Se dice que cerca del 30% de nuestros niños pequeños pasan hambre. Y por otra parte, se ha establecido que una tercera parte de los salvadoreños padece obesidad, en buena medida por consumir una comida con exceso de grasa y de azúcar. Aunque ya se están haciendo algunos esfuerzos, resulta necesario universalizar un programa de atención a la primera infancia (los dos primeros años del niño o niña) que asegure la buena nutrición en esa etapa de la vida tan fundamental para el desarrollo del cerebro, y por supuesto otros aspectos del cuido. Las deficiencias alimentarias en esa etapa vital reducen las capacidades productivas del hombre y la mujer del mañana. Está demostrado desde la ciencia económica que universalizar una adecuada inversión en la primera infancia mejora enormemente la capacidad de desarrollo y bienestar de un país. Cuando la pandemia de covid-19 ha creado mayores niveles de hambre, pobreza y desempleo, se vuelve más urgente preocuparse por nuestros niños. Lo contrario constituiría una perversión de valores, trágica para nuestro futuro. La erradicación de la pobreza sería el reto prioritario para nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos tienen su raíz en la pobreza. Pobreza que, con la pandemia, y según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha elevado en El Salvador hasta afectar a un 40% de la población. Desde el punto de vista religioso, mantener niveles altos de pobreza es pecado social; y desde el punto de vista sociológico, injusticia social. Desde la economía solamente puede entenderse como un abuso de los ricos. Y desde la política, como terrible irresponsabilidad, y con frecuencia hipocresía, que en nuestro caso se multiplica cuando tenemos una Constitución que desde hace 37 años tiene entre los cinco fines fundamentales del Estado “asegurar a los habitantes de la República [...] el bienestar económico y la justicia social”. La falta de diálogo y el desinterés real sobre estos temas, la polarización política y la incapacidad de los diferentes liderazgos estatales a la hora de reconocer sus fallos de cara al cumplimiento de este primer artículo clave de nuestra Constitución nos pueden conducir a la repetición trágica y recurrente de enfrentamientos entre hermanos y a la perpetuación de la cultura de la violencia. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales la facilidad con que se manifiesta verdadero odio hacia los derechos humanos. Esto, en definitiva, es no conocer nuestra Constitución, despreciarla. Aunque formalmente no se pronuncien palabras de odio contra ella, odiar sus valores, tan vinculados a los derechos humanos, es un odio real a nuestra Carta Magna. Dialogar, consensuar, solucionar problemas alimentarios al tiempo que se trabaje unánime y sistemáticamente en la erradicación de la pobreza son tareas tan necesarias como obligatorias y pendientes en El Salvador. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde su fundación en 1986, y a lo largo de tres décadas de dar seguimiento sistemático a la opinión de las y los salvadoreños, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) ha investigado la realidad social salvadoreña y centroamericana a través de estudios académicos, objetivos e independientes encaminados a la transformación de la sociedad. Durante ese tiempo, el Iudop ha sido blanco de ataques de distintos grupos de poder, en particular de aquellos que se ven señalados o cuestionados de forma directa por el sentir y pensar de la población. Sin embargo, los períodos preelectorales han sido particularmente intensos en lo que respecta a acciones que han intentado erosionar la confianza de la ciudadanía en el Iudop. Es útil hacer remembranza de lo frecuentes que han sido las críticas contra el Instituto en períodos electorales y hacer notar el reciclaje de argumentos tendenciosos utilizados por aquellos que en realidad no saben cómo reaccionar ante la voz de la población. De hecho, quienes intentan desprestigiar los datos generados por el Iudop en el fondo están intentando opacar y silenciar las opiniones de los ciudadanos que se expresan a través de nuestras encuestas; aquellos cuya realidad cotidiana es adversa y, por tanto, tienen una perspectiva cruda sobre el rumbo del país. La incomodidad generada por nuestro trabajo radica en la mística que caracteriza nuestra labor. La imparcialidad, el rigor técnico, el atender a los principios éticos de la investigación, el profundo respeto por cada una de las personas que accede a participar en nuestros estudios de opinión y el procesamiento totalmente transparente de los resultados son estándares de trabajo no negociables para el Iudop. Figuras públicas, candidatos y funcionarios, entre otros, se encuentran en el registro histórico de quienes han intentado desprestigiar al Instituto. Aunque lidiar con esas acciones es inherente a nuestra labor, preocupa el uso de estrategias cada vez más perniciosas contra las entidades que le brindan a la población una vía para expresar sus opiniones y darlas a conocer públicamente. Este tipo de artimañas ya empiezan a evidenciarse en este período preelectoral: recientemente se divulgó una encuesta falsa en la que se utilizó distintivos e información del Iudop. De este modo, personas inescrupulosas intentan engañar la buena voluntad de las y los salvadoreños, en un momento en que el país debería unirse para atender la pandemia. Suplantar la identidad del Iudop con tal de obtener información personal de la población de cara a las elecciones de 2021 es un acto de bajeza. La inversión de fondos públicos en publicidad oficial para posicionar insistentemente una imagen determinada de las acciones gubernamentales, la ausencia de espacios de diálogo y el rechazo a la evidencia científica para la toma de decisiones son elementos que delinean un escenario complicado para la investigación académica, cuyo fin último es realizar un servicio a favor de la verdad. Pero los momentos más adversos son una oportunidad, y en este caso el Iudop echará mano de la creatividad, compromiso y entrega de su equipo para seguir cumpliendo la misión que proyectó su fundador, el padre Ignacio Martín-Baró: ser un instituto académico que se constituya como un canal válido de expresión de la voz de las mayorías salvadoreñas. * Laura Andrade, directora del Iudop.

Aunque en El Salvador se suele presumir de una institucionalidad más desarrollada que otros países de Centroamérica, las instituciones democráticas nacionales son muy débiles. Por ejemplo, tomó 30 años hacer efectivo el derecho constitucional a la indemnización universal, legislado desde 1983. Solo se logró hacer real el derecho hasta que hubo una denuncia de inconstitucionalidad por omisión y la Sala de lo Constitucional le fijó un plazo a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema. Así, el derecho constitucional fue real hasta el año 2014. También desde 1983 existe el derecho constitucional a indemnización por retardo judicial, pero aún no hay ley secundaria que lo materialice, a pesar de que el retardo judicial es un mal endémico en la judicatura, y más intenso cuanto más arriba se asciende hacia cámaras y salas. La ley general de aguas lleva debatiéndose 14 años. Los convenios de derechos humanos, que tienen fuerza de ley en el país, son con frecuencia ignorados incluso por los jueces. En un contexto en que instituciones internacionales serias advierten que la pobreza aumentará 8 puntos porcentuales, llegando al 40% de los salvadoreños, el Estado no tiene capacidad de dar una respuesta estructural al problema. A lo más que se llega es a repartir bolsas de comida, con un claro interés electoral. Se podrá decir que esto es mejor que nada, pero El Salvador tiene la capacidad de erradicar el hambre, y por eso no hay que conformarse con poco. Se apuesta por soluciones inmediatistas y temporales a los problemas, sin establecer un diálogo serio de cara al largo plazo. Se prefiere pactar con las pandillas en vez de tratar la delincuencia como un problema social derivado de la desigualdad, la ausencia de trabajo decente, la poca calidad educativa y la pobreza. La Presidencia de la República cita mal la Constitución y a la Asamblea no le importa olvidarla o interpretarla a su capricho. El sistema judicial, además de su lentitud y corrupción, emite sentencias con razonamientos equivocados sin preocuparse lo más mínimo por los errores. La Sala de lo Penal, por citar un solo caso, confunde en una sentencia reciente el daño inmaterial o moral con el material, negando a causa de esa confusión una indemnización a la familia de un sordomudo asesinado por un policía. Si aparte de los tres poderes del Estado se examinaran los sistemas educativo, de pensiones y de salud, tendrían que constatarse lo desiguales y reproductores de pobreza o de violencia que son. En el país existe un elitismo muy semejante al racismo. Fortalecer la institucionalidad del país requiere de una voluntad clara de reforma y de afrontar a fondo los problemas económicos, sociales y culturales. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que no basta con la democracia puramente formal. No solo porque ni siquiera está bien institucionalizada, sino porque la misma democracia no funciona bien si no va acompañada de una mayor participación de la población en la toma de decisiones y de un mayor respeto y promoción de los derechos humanos. Por supuesto, tampoco es suficiente el mercado para volver al desarrollo; hace falta corregir la tendencia a maximizar ganancia, combatir de verdad la corrupción y la evasión de impuestos, y reconocer la responsabilidad social de la propiedad. Dadas las insuficiencias institucionales observadas en todo el mundo y los fallos cometidos en la gestión de la enfermedad, la pandemia de covid-19, insisten las agencias internacionales, puede ayudar a reformar los sistemas de convivencia. La pandemia ha afectado más duramente a los más pobres. Toca ahora plantearse un cambio serio, desde el dolor y la solidaridad, en esta sociedad que estaba ya enferma antes del coronavirus y que ha quedado más débil, produciendo más pobreza y desigualdad.

En medio de la encarnizada polarización que vive el país, pocos temas gozan de consenso generalizado. Sin duda, uno de ellos es la necesidad de reconocer en la Constitución al agua y al saneamiento como un derecho humano. La pandemia de covid-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Y los diputados y diputadas por fin lo entendieron. El 15 de octubre, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano, un paso que podría constituirse en un hito en la historia del país si se da la ratificación en la próxima legislatura y se aprueba una ley general de aguas coherente con ese derecho. Este logro es mérito de las comunidades, organizaciones, instituciones, iglesias y personas que por años han puesto todas sus energías al servicio de esta causa. ¿Qué implicaciones tendrá en la vida práctica la ratificación? En primer lugar, que cada persona, sin importar su condición, tendrá derecho a demandar acceso al agua potable y al saneamiento. En segundo lugar, que el uso prioritario del líquido deberá ser el doméstico, y este primará en caso de conflicto con otro tipo de usos. En el país, la ganadería, los cultivos intensivos y la industria suelen tener privilegios en el acceso al agua. El reconocimiento del derecho al agua haría posible que las personas estuvieran primero. En tercer lugar, que una de las principales inversiones del Estado deberá ser llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares. Se señala que el texto de la reforma constitucional no es el ideal. Hay razón en ello. Pero constituye un gran avance que por fin se haya atendido una necesidad humana tan esencial. En general, los cambios más significativos no se dan de una vez; son fruto de un proceso que los va incubando gradualmente. Lo importante es que se den en la dirección correcta. Y este es el caso. Toda regla es perfectible, y el reconocimiento de este derecho no debe ser visto como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir el proceso de hacer realidad el derecho humano al agua. También es cierto que este reconocimiento no cambia automáticamente la realidad. Para revertir la falta de equidad en el acceso al agua y al saneamiento, es condición necesaria el marco jurídico que lo respalde. La regla está dada, ahora hay que darle cuerpo, llevarla a la práctica. Si el agua es un derecho humano, ello debe repercutir en las leyes secundarias y, como bien público, traducirse en la obligación del Estado de garantizarlo a toda la población como uso prioritario. Asimismo, no hay que asumir que el reconocimiento de este derecho libra al agua de un uso comercial intensivo y sin regulación, tal como ya sucede. Por eso es indispensable que en la ley general de aguas, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, se garantice la autoridad pública estatal sobre el recurso, se asegure la participación de los usuarios en las decisiones y se impida que el agua para uso doméstico pueda ser gestionada con fines de lucro.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021. El contexto inmediato era de tensión entre Zelaya y la Asamblea Legislativa por la reiterada negativa del primero para comparecer ante la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos durante la gestión de la pandemia. La tensión aumentó todavía más porque el Ministerio de Hacienda no había depositado todavía en esa fecha los fondos para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, aduciendo la falta de liquidez. Algo similar a lo que había ocurrido unos días antes con los empleados del Órgano Judicial, con la diferencia que ante el reclamo de las autoridades de dicho Órgano, el Ministerio de Hacienda hizo el depósito correspondiente para el pago de esos salarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entendía, entonces, que se trataba de una acción de presión y de revancha contra los diputados. La disputa continuó con una denuncia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables del trámite correspondiente para poder pagar a los empleados de la Asamblea, incluyendo al mismo presidente de la República. Se les acusaba de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes. La evolución de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá en buena medida del comportamiento de la Fiscalía, que no parece estar a la altura que requiere la defensa del Estado de Derecho en el país, al menos desde que comenzó la pandemia del covid-19. En medio de esa tensión institucional ha comenzado el debate sobre los ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto 2021. Diputados y analistas económicos han comenzado a desfilar por distintos medios de comunicación para expresar sus opiniones al respecto. El consenso general entre los diputados de la oposición y los analistas económicos es que se trata de un presupuesto inflado (en los gastos) e irrealista (en los ingresos). Cuando el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto expresó que se trataba del presupuesto ideal para el “milagro salvadoreño”. Con ello quiso decir que con ese presupuesto se lograría que la economía salvadoreña saliera del hoyo en que se encuentra y comenzará a crecer como no lo ha hecho, al menos, desde la crisis de 2008. Además, según el ministro, este presupuesto muestra las prioridades del gobierno para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad. Tres carteras ministeriales que llevan un incremento importante en su asignación presupuestaria para 2021. El mensaje es claro: quien rechace este presupuesto está en contra del pueblo. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 ya se podía prever que la gestión del nuevo gobierno sería difícil, en parte por no contar con una fuerza partidaria propia y suficiente para que respaldara sus iniciativas en la Asamblea Legislativa. En parte, porque El Salvador tiene un presidente institucionalmente débil, desde una perspectiva comparada, tomando como base las facultades constitucionales con las que cuenta y los controles institucionales a los que está sometido. Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo presidencial debiera conocer esta limitante institucional previamente. Sin embargo, pareciera que el actual ocupante del cargo desconocía esta condición y ahora lo vive con la frustración que le genera el no poder hacer todo lo que él quiere hacer, en la forma como lo quiere hacer. Como todo buen psicólogo lo sabe, esa frustración puede conducir a comportamientos agresivos. Para ocultar su frustración y sacar ventaja política, el presidente Nayib Bukele ha seguido jugando al papel de víctima de un sistema corrupto, cuyos defensores son “los mismos de siempre”. Como en un juego de ajedrez, el presidente ha puesto en jaque varias veces a la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diputados de los partidos que, en su discurso de toma de posesión, identificó como obstáculos o piedras que hay que quitar. Desde entonces, la apuesta es esa: sacar de la Asamblea los obstáculos que le impidan gobernar como él quiere. Unos obstáculos que pareciera que se han multiplicado fuera de la Asamblea y a quienes el presidente considera empleados de los diputados, en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y aliados de los mismos de siempre, en el caso de centros de investigación y universidades que tienen una posición crítica frente al comportamiento, con tintes autoritarios, del presidente. Siguiendo la metáfora del juego de ajedrez, a finales de 2019, el presidente movió su “alfil blanco” para poner en jaque a la Asamblea Legislativa, al hacer que esta apareciera ante la opinión pública como contraria a la seguridad del pueblo, al no aprobar un préstamo millonario para financiar el supuesto plan de control territorial del gobierno. La Asambl

Aprobada en la Asamblea en febrero de este año y vetada por la presidencia de la república, la Ley de Reconciliación cayó en una especie de letargo debido a la pandemia de Covid-19 y la paralización generalizada que supuso para el país durante varios meses. A principios del presente mes, la Sala de lo Constitucional ha convocado para el 30 de Octubre una Audiencia de seguimiento de la Sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1983. El paso es necesario para encontrar un camino decente y común en la realización de la justicia frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante nuestra guerra civil, para proporcionar verdad y reparación a las víctimas y para sentar precedentes y normas que impidan la repetición de tan terrible y cruel pasado. Todo ello desde el empeño de lograr una reconciliación en la que la verdad y la justicia construyan paz y amistad social. El camino hacia la justicia ha sido largo en El Salvador, lo mismo que ha sido y sigue siendo difícil el camino hacia una convivencia democrática marcada por la referida amistad social. Lograr un acuerdo reparador con las víctimas y para las víctimas de una de las etapas más crueles y oscuras de nuestra historia es una oportunidad para avanzar no solo hacia la justicia, sino hacia la democracia. Pues nuestra democracia ha estado sistemáticamente lastrada por la marginación del campesino, el menosprecio del débil suburbano y el abuso del pobre, cuando no por golpes de Estado. Si algo quiere garantizar nuestra golpeada Constitución es el respeto a la igual dignidad de la persona humana. Pero es evidente que ni el liderazgo político ni el poder económico lo han logrado. Hacer justicia a las víctimas, mayoritariamente pobres y débiles de nuestra guerra civil, es un paso que puede marcar un nuevo horizonte en el respeto a la igual dignidad humana de todos los salvadoreños. Tanto la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía como la Sala actual son muy claras insistiendo en que los procesos de justicia en los crímenes mencionados deben realizarse en el marco de la justicia transicional. Ban Ki Moon, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, hablando sobre esta justicia decía que “los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”. Todo ello convierte a esta justicia en un verdadero proceso de reconciliación y desarrollo humano. En el actual ambiente polarizado y agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016 se convertirá sin duda en un paso importante hacia la construcción de acuerdos nacionales y hacia una mayor humanización del sistema de justicia salvadoreño. Todavía hay demasiadas personas que agobiadas por la impunidad tanto de ayer como de hoy, aspiran a una justicia desde un espíritu de resarcimiento muy parecido a la venganza contra el criminal, olvidando tanto la obligación de poner en el centro a las víctimas y su reparación, como la obligación del Estado de trabajar en la rehabilitación del delincuente. La justicia transicional, muy atenta a ambos aspectos, facilita la reconciliación, promueve la justicia no solo legal, sino también social y reparadora, y construye cultura de paz. Revisar la ley aprobada en Febrero, el veto del Presidente y llegar a acuerdos aceptados por las víctimas, mejorando lo realizado hasta ahora, es clave para el desarrollo y el entendimiento nacional. Por José M. Tojeira

Por lo general, los principales documentos doctrinales de los papas son las cartas encíclicas, que señalan aspectos del pensamiento de la Iglesia que los cristianos deben seguir. El papa Francisco acaba de publicar una de esas cartas, la Fratelli tutti (Todos hermanos), que reflexiona sobre un valor básico y fundamental: la hermandad. Este tema nos afecta e incumbe a todos, pues un país sin capacidad de crear fraternidad creciente a través de las personas y de las instituciones está destinado al fracaso. En El Salvador hay una fuerte tendencia a ensalzar la patria, pero no hay patria sin fraternidad. Patria viene de padre, y la maternidad y la paternidad son incomprensibles sin hijos unidos en hermandad. El papa Francisco desde su carta invita a vivir la fraternidad, que, además de ser un mandato religioso, es uno de los valores humanos que dieron origen a la democracia. Para vivir con espíritu fraterno, dice, es indispensable poner el amor al prójimo como objetivo preferencial de la propia vida. El papa es consciente de que “hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza”. Por ello, invita a reconocer que “lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar”. Pero el amor no es un sentimiento vago o reducido al pequeño grupo de quienes se llevan bien. El verdadero amor lleva siempre hacia lo que el papa llama “amistad social”; es decir, una forma benevolente de mirar y tratar a todos desde la convicción de la hermandad universal. Somos seres con dignidad personal inviolable, pero también con profundas raíces comunitarias. Por eso estamos llamados a la solidaridad y a servir “a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”. Una solidaridad que se extiende a cualquier necesidad del prójimo, especialmente las más perentorias. En este sentido, el papa menciona la doctrina tradicional cristiana del destino universal de los bienes. Frente a un neoliberalismo individualista y consumista, Francisco deja claro el pensamiento de la Iglesia. Estas son sus palabras: “Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida: ‘Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno’. En esta línea recuerdo que ‘la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada’. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-social’, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, ‘no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización’”. Unir fraternidad con caridad política y con justicia social resulta indispensable para la construcción de una sociedad pacífica. Leer esta carta con el corazón abierto, dispuestos a la autocrítica y al análisis de la realidad, es una exigencia cristiana y ciudadana que se vuelve sumamente importante dado que en nuestra Constitución tenemos a la justicia social como una tarea obligatoria para el Estado. Justicia que ha sido sustituida, desde hace demasiados años, por la división, el enfrentamiento incendiario, la desigualdad y la injusticia. Décadas después del fin de la guerra, no hemos sido capaces de convertir nuestra sociedad en una comunidad fraterna y con verdadera amistad social ni se ha avanzado gran cosa hacia la justicia social. Superar los odios fomentados en las redes, cambiar de actitud ante el prójimo, unirnos en valores generosos y solidarios es esencial para no convertirnos en un Estado fracasado y en una nación incapaz de encontrar un camino de desarrollo equitativo.

Pretender que solo la propia perspectiva es la verdadera obedece a una profunda ignorancia o a mala intención. Esa actitud es más grave cuando se pasa al plano institucional y de los medios de comunicación. El empeño periodístico de informar con la verdad entronca con la búsqueda de objetividad, pero que un medio diga poseer la verdad absoluta no es otra cosa que una mentira. Nayib Bukele ha apostado por ganar en la arena mediática las próximas elecciones. Si ya su estrategia de fabricar imágenes y eslóganes lo llevó a la silla presidencial, ¿por qué no hacer lo mismo en los comicios de 2021, a fin de librarse de la oposición en la Asamblea y consolidar su poder? El estilo confrontativo y descalificador del presidente tiene todas las características de una guerra mediática, de una lucha comunicacional e informativa por el control de las ideas. Según parece, para Bukele, gobernar es ganar la batalla de la información. Y como los medios de comunicación son el escenario de esa guerra, desde el Gobierno y con recursos del Estado ha decidido tener los suyos. Poco importa que se contradiga al afirmar que no tiene recursos para pagar empleados públicos cuando sí tiene para contratar a un batallón de comunicadores para que pinten la realidad a su gusto. La punta de lanza ha sido un espacio noticioso televisivo. Luego, anunció la creación de un periódico, tanto en versión digital como impresa. En palabras del presidente, estos medios se caracterizarán porque hablarán con la verdad. Si las políticas estatales sirven para ganar votos, el actual Gobierno las fabrica para obtener réditos electorales, y se convierte en un productor de información para elaborar fantasías sobre el éxito de esas políticas. Además, usa recursos del Estado para amedrentar a toda institución o persona que no le es afín. No responde a las críticas con argumentos, sino con descalificaciones. Usa la publicidad oficial para premiar, castigar o cooptar a periodistas e instituciones. Con su estrategia, el presidente apunta a establecer una dictadura mediática, a controlar la libertad de información. Cuando ese poder se consolide, los medios de comunicación que ahora buscan complacerlo serán innecesarios. A lo anterior se suma una altísima inversión en publicidad y en blogs, páginas digitales, youtubers y troles al servicio de la verdad presidencial y del amedrentamiento de sus opositores. A nivel comunicacional, el presidente batalla por imponer su relato nacional. Pero en la realidad está en juego el modelo de país. Unos medios que no responden a los hechos, sino a lo que quiere el poder auguran la imposición de la misma lógica en todas las otras dinámicas de nuestra sociedad.

O el presidente no está familiarizado con el sistema de salud del primer mundo o no ha visitado ningún hospital público nacional ni la consulta externa del Seguro Social. Lo primero es improbable, lo segundo indudable, excepto el nuevo hospital. Solo desde el desconocimiento pudo afirmar en la Asamblea General de Naciones Unidas que, “en cuestión de meses”, ha transformado el sistema público de salud en uno del “primer mundo”. En la actualidad, no existe la infraestructura, el personal, la tecnología y la inversión que ese nivel requiere. La mejora de algunas instalaciones y la apertura de un nuevo hospital no dan pie para hacer semejante afirmación. La actualización de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana requiere de políticas de Estado, que ni siquiera se han planteado. Este año, el presidente salvadoreño volvió a reclamar la reforma del sistema de Naciones Unidas en general y de la Asamblea General en particular. Pidió que la organización “cambie para que como humanidad podamos usar esta gran herramienta […] en el destino conjunto de la humanidad”. Sin embargo, pasó por alto que uno de los obstáculos para ello es el veto de la potencias que conforman el Consejo de Seguridad. Tampoco dio pistas sobre cómo hacer relevante la asamblea anual, excepto la conocida mención a Internet y al celular. Más aún, no se conoce ninguna propuesta formal reformadora de El Salvador. La crítica se queda corta y sus palabras no “pueden sonar fuertes” como quisiera. Criticar el veto de las potencias es criticar a Estados Unidos, algo a lo que Bukele no se atreve. Al contrario, su posición es similar a la de Trump. Los dos han echado en cara a Naciones Unidas la falta de liderazgo para enfrentar la pandemia. No obstante, el presidente tiene razón al afirmar que el hambre, la falta de vivienda y muchas enfermedades son “problemas relativamente fáciles de resolver como humanidad” si esta “decidiera resolverlos”. Ahora bien, contraponer la falta de voluntad de los líderes mundiales con “la capacidad de transformación” de El Salvador es presuntuoso. El presidente extrapola el esfuerzo hecho en el área de salud, forzado por la crisis de la pandemia, a la realidad nacional. La pobreza, según la Cepal, en lugar de disminuir, ha aumentado en más de siete puntos este año y aumentará más. No toda la población tiene “una supercomputadora en el bolsillo”, como él aseguró. Muchos ni siquiera tienen acceso a Internet, tal como lo muestra la dificultad para implementar la educación a distancia en amplios sectores sociales y el elevado índice de deserción escolar. Por el momento, el país no experimenta ninguna “regeneración” ni es ejemplo de cambio. La gran habilidad de Bukele y sus asesores es vender humo. Han explotado diestramente las décadas de descontento y frustración de la gente con los Gobiernos anteriores y los partidos tradicionales. Los anhelos de algo diferente han llevado a aceptar como real los que no son más que deseos. La recién nominada embajadora en Washington lo ha expresado lúcidamente, al declarar que hablará “del desarrollo que vendrá a El Salvador a través de proyectos”. La alienación expresa tanto la profundidad del desengaño con la política tradicional como la habilidad de Bukele y sus asesores para explotarlo a su favor. El sueño adquiere realidad por el poder de la desilusión. Paradójicamente, los residentes en Estados Unidos han mostrado la limitación de esta política del funambulismo. Mientras la citada embajadora asegura que Bukele prepara las condiciones para el regreso de los inmigrantes, estos han rechazado tajantemente esa posibilidad. Esas condiciones son irreales. La visión alternativa de la realidad les descubre el engaño. No confían en la promesas de la diplomática ni comparten los sueños de los seguidores locales del presidente. Presumiendo de apertura en la Asamblea General, el presidente se permitió invitar a “pensadores y hacedores” de fuera a contribuir con la construcción del “milagro salvadoreño”. La invitación es cínica, pues Bukele desprecia la inteligencia. Solo acepta la colaboración de los sumisos. Ni siquiera sus ministros, supuestamente funcionarios de confianza, tienen espacio para desplegar sus conocimientos y sus habilidades. Ocupan cargos para cumplir las órdenes presidenciales, incluso las ilegales. De ahí que los planes de salud, educación y seguridad no aparezcan. Son innecesarios, ya que el presidente no solo provee, sino que exige un acto de fe en su providencia, algo totalmente inaceptable, porque solo en Dios se puede creer. Lo demás es idolatría. El “milagro salvadoreño” no existe. Si algún milagro hay es cómo se las arregla la mayoría de la población para sobrevivir en condiciones adversas, cómo se arma de valor y emprende la arriesgada travesía hacia Estados Unidos, y cómo se sacrifica para enviar dinero a la familia que dejó atrás. El elevado volumen de las remesas evidencia lo poco que ha cambiado la situación y lo lejos que están las condiciones para su eve

Se ha publicado la tercera encíclica del papa Francisco, titulada Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. Se trata de un texto inspirado en el testimonio de san Francisco de Asís, que “se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne”: los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos”. Esta carta está dirigida a la humanidad y el papa la entiende como “un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”. El texto tiene ocho capítulos: “Las sombras de un mundo cerrado”; “Un extraño en el camino”; “Pensar y gestar un mundo abierto”; “Un corazón abierto al mundo entero”; “La mejor política”; “Diálogo y amistad social”; “Caminos de reencuentro”; y “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”. El hilo conductor es que, a partir del reconocimiento de la igual dignidad de la persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y el espíritu que anima ese deseo se pone de manifiesto en las siguientes palabras del papa: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. Es un nuevo sueño que busca darle actualidad histórica a la utopía, posible y deseable, de constituirnos en familia humana. Porque nadie debe pelear la vida aisladamente. Ahora bien, la propuesta de Francisco va más allá de las buenas intenciones y busca, ante todo, posibilitar transformaciones sociales que nos acerquen a una mayor solidaridad y subsidiaridad. De ahí que su primera actitud es echar una mirada crítica ante algunas de las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Algunas de las realidades históricas que rompen la fraternidad son los conflictos anacrónicos que se consideraban superados: nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Es la persistencia de numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Imperan reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad y nuevas pobrezas. Ruptura de fraternidad es también el hecho de que una parte de la humanidad vive en opulencia mientras otra ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Es el mundo donde los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Asimismo, a las sombras de un mundo cerrado, pertenece la comunicación digital. Sobre todo “cuando esta se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante”. Cada individuo es “objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos”. Por ello se afirma que la actual comunicación digital “no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad”. Con respecto a la crisis sanitaria mundial, el papa expresa sus preocupaciones por lo que puede ocurrir pasada la crisis. Expresa que la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Y enseguida pone de manifiesto cuatro hondos deseos para contrarrestar esas tendencias: Ojalá que al final ya no estén los “otros”, sino solo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Con la encíclica Fratelli tutti, el papa vuelve con ahínco sobre uno de los temas centrales de su ministerio pastoral: la necesidad de cultivar una cultura o civilización del encuentro. Está convencido de que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro”. Y como una exigencia del presente y del futro, proclama: “El aislamiento, no; cercanía, sí.