Editoriales y Opiniones

En medio de las intensas preocupaciones de la ciudadanía en torno a las implicaciones políticas y económicas del covid-19, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas que son básicos para el futuro de El Salvador. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la familia. Generalmente se asume con facilidad que esta es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por ello se reconoce la prioridad social de la familia. La Constitución salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Sin embargo, en situaciones de desastre, sean sanitarias, telúricas o climáticas, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a la familia. Por poner un ejemplo, cuando en el país se habla de la recuperación económica pospandemia, se insiste en la generación de trabajo, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar, o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo sicológico se tiende a dar individualmente; muy rara vez se desarrollan procesos de asistencia que incluyan al grupo familiar. Es evidente que durante la actual situación ha habido daños familiares. Sin duda, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, comprensión, diálogo y mayor unión. Pero también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones sicológicas ante el miedo al contagio, dificultades económicas, agresividad generada por el encierro, cansancio por el aumento de responsabilidades de cuido, especialmente de niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Estos daños permanecerán perjudicando la interioridad y sicología de las personas si no se dan formas de ayuda y apoyo. La economía proviene en su origen y en su etimología de la administración de los bienes del hogar, que no está orientada por la lógica del mercado, sino por la solidaridad y la unión intergeneracional. La sicología, como ciencia, nos dice que en la familia se estructuran, para bien o para mal, muchos de los comportamientos, valores y capacidades del futuro adulto. Y por la sociología sabemos que la familia es el primer paso de la socialización, abriéndonos a la empatía y a la dimensión comunitaria. En ese sentido, invertir económica, sicológica y socioculturalmente en la familia es una necesidad imperiosa para el desarrollo de los países, en especial después de una crisis que golpea esas dimensiones. Una necesidad aún más urgente en El Salvador, donde la familia tradicional ha evolucionado en buena medida hacia una familia monoparental como resultado de la migración, dejando en mayor debilidad a sus miembros. El Estado debe desarrollar, pues, una política familiar amplia en el entorno de la actual pandemia. Es cierto que lo más inmediato es curar y salvar vidas, pero la inmediatez no debe aplazar la planificación del largo plazo. En el proceso de discusión de esa política tiene que sopesarse el establecimiento de un salario familiar que permita una vida digna e incluso un margen de ahorro que dé estabilidad al grupo. El apoyo sicológico a las familias que han sufrido desgracias graves o conflictos internos durante la pandemia es también indispensable para un desarrollo digno en el país, al igual que el acompañamiento a las familias en pobreza, el acceso a un servicio médico de primer nivel y el apoyo a la primera infancia. Porque va mucho más allá de una simple crisis sanitaria, la pandemia de covid-19 impone enormes desafíos para los años venideros. Apoyar a la familia no solo será clave para prevenir futuras crisis, sino también para salir con bien de la actual.

De alguna manera, todos los sectores del país tienen alguna responsabilidad en la preocupante situación que vive el país. Unos por no escuchar las posturas de los demás, otros por guardar un silencio obsequioso o aplaudir a todo sin criterio. Unos por criticar destructivamente, otros por no hacer nada. Unos por salir a la calle sin motivo, otros por condenar a los que lo hacen por necesidad apremiante. Sin embargo, quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en el desborde de la pandemia y en sus consecuencias en la economía familiar y nacional, y en la salud mental de la población son los que rigen los destinos del país. Pretender culpar de todos los males al adversario político sin asumir las propias responsabilidades, no es más que un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Pretender que cada quien ha actuado acertadamente y el equivocado es el otro, es mentir. La situación demanda un alto al enfrentamiento entre los poderes del Estado. El creciente número de contagiados y las vidas que a diario se apagan exigen un cambio radical de actitud. El sufrimiento de cada vez más familias y el clamor de los trabajadores de salud que se ven impotentes obliga a hacer algo ya. No es hora de buscar culpables. No es hora de señalar al otro para salir mejor parado en las elecciones. Mucho menos es tiempo de una guerra, del tipo que sea. Precisamente esa mentalidad perversa y trasnochada es la que tiene a los salvadoreños entre la espada y la pared. Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse. Pero para más del 70% de la población económicamente activa que se gana la vida en el sector informal eso significa no comer y no poder honrar las obligaciones familiares. También lo es para el obrero que depende de un salario. ¿Cómo subsisten? Centrar las esperanzas en nuevas ayudas gubernamentales no parece ser una alternativa realista. Sin embargo, si salen para ganarse el sustento, entonces se exponen a la enfermedad. La frase “prefiero morir del virus que morir de hambre”, dicha en la calle por una persona que agitaba una bandera blanca, refleja a la perfección este dilema. La única salida duradera es una vacuna que aún no existe. ¿Qué queda? Aprender a convivir inteligentemente con el virus. Iniciar el camino para construir esa convivencia depende de los tomadores de decisión, y mantenerse en él, de una ciudadanía crítica, informada y consciente de su derecho a exigir lo mejor de los gobernantes, con independencia del color partidario. Es hora de ponerse de acuerdo y consensuar ya un plan que brinde confianza a la población y que se tome con base en argumentos científicos. Eso es posible, como lo han demostrado otros países. Es impostergable que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa dialoguen y se entiendan. No es necesario que lo hagan por nobleza, o por respeto al adversario, o para atender las críticas, ni siquiera por solidaridad con el dolor de las familias golpeadas por el covid-19. Eso sería pedirles demasiado. Tal como están las cosas y la irracionalidad mostrada, deberían hacerlo por una razón instrumental que sí entienden: difícilmente ganarán las elecciones a costa del bienestar de toda la población.

Estamos sufriendo una triple crisis. La primera, sanitaria, a la que debemos darle prioridad. La segunda, económica, que no podemos olvidar, porque este tipo de crisis acaba siempre produciendo hambre y llevando a la muerte en una proporción parecida a una pandemia, solo que a más largo plazo. Y la tercera, que no podemos dejar al margen, es una crisis social que se manifiesta en la pérdida de calidad educativa, agotamiento mental y psíquico, miedo y otros factores de violencia y abuso que pueden acompañar al deterioro humano. Frente a esta triple crisis en la que se acumulan demasiados problemas, debemos plantearnos un proyecto de salida y superación. Pensar en los recursos que tenemos, especificarlos y planificar su aprovechamiento constituye una parte indispensable para la superación de las crisis. Despreocuparse de los propios recursos y pensar que basta con que estén ahí para podernos recuperar, es una locura. En realidad, los recursos siempre han estado ahí, y no hemos sido capaces de aprovecharlos para enfrentar adecuadamente las crisis que estamos padeciendo. Cuidarlos, invertir en ellos, es la única manera de enfrentar el futuro con dignidad Entre los recursos, el más importante es el humano. Hemos oído muchas veces decir que lo más valioso de El Salvador es su gente. Lo vemos en su constancia, en su laboriosidad, en su resiliencia frente a las desgracias. La despreocupación por las personas, la violencia y la falta de oportunidades obligaron a muchos de nuestros hermanos y hermanas a emigrar. Pero han continuado siendo solidarios con el país que les vio nacer, a pesar de que el liderazgo salvadoreño les negó oportunidades que tuvieron que buscar en otro lugar. Cuidar la salud física, emocional y ético-espiritual del recurso humano es tarea de todos. Pero el Estado tiene una enorme responsabilidad en ello desde su trabajo en educación y salud, que ha sido crónicamente deficitario y de baja calidad, a pesar de no carecer de capacidad quienes se dedican a estas labores. Comenzar ya a planificar un futuro diferente es indispensable Además del humano, tenemos otros recursos importantes. A pesar de ser un país pequeño, el más pequeño de Centroamérica, tenemos una tierra fértil. Hace casi 300 años, cuando la mayor exportación centroamericana era el añil, El Salvador producía para exportación anualmente más que el resto de los países del istmo juntos. La producción cafetalera fue también impresionante. Sin embargo, la agricultura nunca fue prioridad nacional. La posesión de la tierra se convirtió muy pronto en una forma escandalosa y traumática de dividir a la población entre pobres y ricos. Con tierras fértiles en cantidad suficiente ni siquiera hemos podido garantizar la seguridad alimentaria del país. El agua es otro de nuestros grandes recursos. Por nuestra posición geográfica, tenemos una cantidad de lluvia anual que nos garantiza la posibilidad de abastecernos más que de sobra en nuestras necesidades de consumo y saneamiento. ¿La hemos aprovechado para satisfacer las necesidades de todos? La realidad nos dice que no. Y seguimos viendo, además de las fuertes carencias en el servicio del agua, la incapacidad política de determinar criterios para su distribución adecuada. El mar es otro de nuestros grandes patrimonios. Tenemos más mar que tierra. Pero casi se puede decir que consumimos más pescado de agua dulce, en cuenta la tilapia, que pescado de mar. Salvo los pescadores artesanales, muy desprotegidos estatalmente, el resto de inversión relativa al mar territorial está en manos no salvadoreñas sin prácticamente dejar beneficios. Son ejemplos, no los únicos, de los recursos que desaprovechamos. La solidaridad externa, la capacidad de llegar a acuerdos dialogando y teniendo mediadores, la pericia técnica y científica de muchos profesionales, la generosidad de mucha gente en tiempos de desastre o emergencia son recursos que están pendientes de aprovechamiento. Empezar a pensar en ellos, así como en nuestras carencias y problemas, reflexionar sobre cómo superamos unas y aprovechamos las otras, es todavía una labor muy a medias. La triple crisis que sufrimos debe hacernos reflexionar, cambiar las actitudes del pasado y planificar un futuro más abierto a la justicia social. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó recientemente el resultado de una investigación sobre la situación del empleo en la región. Aunque las conclusiones son generales, la mayoría de ellas nos atañen directamente o nos sirven de advertencia. Algo es claro: cuidar el empleo y mejorarlo después del deterioro causado por la pandemia son claves para la recuperación y el desarrollo. Tanto el Estado como la empresa tienen una seria responsabilidad en la protección y promoción del empleo y el salario digno. Aunque el trabajo y el capital deben tener una relación complementaria, el primero es siempre prioritario sobre el segundo, porque el trabajo es una realidad profundamente humana, no instrumental. Por esa razón, la empresa debe tener una valoración y visión ética del trabajo, y el Estado una regulación que obligue, de diversos modos, a la retribución digna del trabajo e impida cualquier tipo de explotación o abuso. Lo primero que la Cepal advierte es que el débil crecimiento económico de 2019 y la escasa generación de empleo hicieron que América Latina entrará en el año 2020 con una clara debilidad. La irrupción de la pandemia golpeó severamente el empleo, especialmente en la pequeña empresa y en el sector informal. El aislamiento y el distanciamiento social, indispensables para la protección de la vida, impusieron nuevas formas de trabajo que no en todas las áreas se han podido desarrollar adecuadamente. El teletrabajo, el trabajo con horario escalonado y las garantías de salario completo en casos de enfermedad o de inactividad forzada se han implementado en algunas empresas grandes o medianas estables. Pero la pequeña empresa y el trabajo informal han entrado en una severa crisis. A esto se añade el hecho de que en El Salvador prácticamente dos terceras partes de los trabajadores carecen de prestaciones de protección social y no existen ayudas por desempleo. Además, si bien las empresas grandes salvadoreñas tienen mayor facilidad para implementar el teletrabajo y escalonar la presencia de sus empleados, la mayoría de pequeños negocios y empresas carecen de capacidad para cumplir adecuadamente los protocolos de retorno a las labores. El teletrabajo puede realizarlo, en el mejor de los casos, solo un 25% del sector formal. Por otra parte, el crecimiento de los contagios y la saturación de los hospitales, así como el enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, aumentan la dificultad de retornar al trabajo de un modo seguro. Pero el covid-19 ha venido para quedarse y el regreso al trabajo no puede posponerse demasiado. En ese sentido, el Estado debe tener una propuesta más clara que la habida hasta el presente. En primer lugar, debe haber una ley de apoyo al trabajo clara y adecuadamente financiada, que incluya algunas normas especiales. Ante el hecho de que algunas empresas estarán tentadas a despedir personal, es mejor garantizar la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo, al menos temporalmente, siempre que el costo salarial de dicha reducción no sea asumido solo por el trabajador. El trabajador, la empresa y el Estado deben cargar en conjunto con ese costo. En segundo lugar, debe avanzarse hacia la formalidad laboral y establecer un seguro de desempleo universal. El diálogo social y la negociación colectiva deben ser parte de este proceso. En tercer lugar, debe implementarse una reforma fiscal que permita avanzar en la construcción de un Estado con mayor dimensión social, capaz de dar subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa para la reactivación del trabajo. Finalmente, para vencer la amenaza de una multiplicación de la pobreza y el hambre, se tiene que implementar un sistema de prestaciones no contributivas para desempleados o trabajadores informales, y apoyar la producción agrícola y al campesinado Empleo, trabajo y salario decente son bases ineludibles para el desarrollo en justicia y paz, al igual que la colaboración entre Estado, empresa y sociedad civil. Ningún Gobierno puede sacar adelante un país si no se dan condiciones dignas de trabajo, fruto de la cooperación y el diálogo. Históricamente, El Salvador ha tenido serios déficits en el campo laboral. Por ello, volver a lo que había antes no es solución. Es tiempo de cooperación, no de pleito político. Toca repetirlo una vez más: ante las crisis sanitaria y económica, no hay más camino que el diálogo y la búsqueda de consensos.

La UCA no ha olvidado a sus mártires, tal como acusan las redes sociales del presidente Bukele. Prueba de ello es el juicio contra los autores intelectuales de la masacre que tiene lugar en España, algo que aquí no ha sido posible por la protección que el Ejército brinda a los asesinos. De hecho, sería oportuno conocer cuánto cuesta al Estado salvadoreño la defensa del excoronel sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional de España. Por su lado, una sala de la Corte Suprema tiene detenido el proceso. La UCA guarda la memoria de sus mártires, la de los de la Iglesia salvadoreña y la de las víctimas de los crímenes de guerra. Quienes afirman lo contrario no saben lo que dicen, se expresan sin reflexionar. Hablan o escriben más para ofender que para contribuir al debate sobre la realidad nacional. Esas voces pecan de excesiva emotividad y poca racionalidad. Mientras tanto, el Gobierno al que intentan defender lidia con varios señalamientos de corrupción. Los primeros indicios cobran cada vez más fuerza gracias a la prensa. La vocera principal de Casa Presidencial tiene dos hermanos en dependencias estatales, una hermana en un consulado y otra ha sido favorecida con un contrato en el Ministerio de Hacienda y con un préstamo del banco donde uno de sus hermanos es gerente. El préstamo fue concedido pese a ser calificado de alto riesgo. A ninguna mujer sin una conexión similar le hubieran concedido el préstamo y el contrato. El marido de la vocera se libró de la purga de los parientes de la dirigencia del FMLN y conservó la embajada en Moscú. El viceministro de Hacienda, un exdiputado de Arena y ahora del partido oficial, y otro alto funcionario han sido beneficiados con el negocio de los protectores faciales y las mascarillas. El ministro de Salud adquirió 200 servicios funerarios privados por más de mil dólares cada uno, pese a sepultar en cementerios municipales; y mascarillas valoradas en 3 millones de dólares a un proveedor de cerámica y porcelana. El ministro de Obras Públicas adjudicó a una empresa de publicidad un contrato para transportar personal y Casa Presidencial compra alimentos a una empresa vinculada al régimen de Caracas e investigada por corrupción en México y Estados Unidos. En una palabra, el nepotismo y la corrupción de siempre. Sin embargo, el presidente no ha procedido con la radicalidad y la celeridad con la que fulminó a los parientes de la dirigencia del FMLN. Ni ha tenido coraje para impedir unos contratos, al menos, extravagantes. En cualquier caso, esa extravagancia tiene sentido si los beneficiarios son leales a Bukele. Un candidato y un presidente que prometió romper con el pasado de Arena y del FMLN no puede permitirse la más leve sospecha de nepotismo y corrupción. Menos aún cuando la hacienda pública está arruinada. Lamentablemente, el Gobierno de Bukele no ha pasado la prueba de la realidad. Se ha decantado por los antiguos mecanismos y se vale del secreto para esconder sus operaciones. Funcionarios y allegados no solo asaltan la hacienda pública en tiempos de escasez, tanta que ha habido que endeudar al Estado por décadas, sino que se aprovechan de la crisis para enriquecerse ilícitamente. Sorprendida por la prensa, Casa Presidencial resta importancia a sus descubrimientos y alega justificaciones inadmisibles. Insultar y negar los hechos como ataque perverso no desvanece los señalamientos. Invocar el interés electoral es falaz, porque todos, incluido el presidente, apuntan a las elecciones de febrero próximo. Alegar la defensa de la vida es mejor argumento, aunque esta no se defiende con prácticas irracionales e inmorales. Otra justificación interesante es el trabajo intenso. Los funcionarios emplean y contratan para preservar la vida, se afirma. Pero no es su dedicación la que está puesta en duda. Alegar el trabajo es desenfocar la cuestión. El narcotraficante, el contrabandista y el pandillero también trabajan. Trabajar no da licencia para violar la legislación y la ética, y mucho menos para desvalijar una hacienda pública arruinada. Aparte que los resultados no parecen estar a la altura de sus supuestos esfuerzos. Las voces que insultan para defender al Gobierno libran una batalla inútil contra la perplejidad. Cansadas de Arena y del FMLN, se ilusionaron de tal manera con la alternativa Bukele que ahora, confrontadas con los hechos, se resisten a aceptar la realidad. Se aferran irreflexivamente a lo que quisieran que hubiera sido, porque lo que hay es demasiado duro. La conclusión obligada es la inexistencia de salida. La antigua forma de hacer política ya es pasado, pero la nueva tiene demasiado de aquella. La izquierda democratacristiana fracasó, la lucha revolucionaria y la guerra no llevaron a ninguna parte, el neoliberalismo tampoco. La opción Bukele surgió entonces como alternativa, pero, al cabo de un año, la realidad es desalentadora. Las crisis sanitaria, medioambiental y económica se han encargado de desvelar la verdadera naturaleza del Gobierno

Frente a los desastres que estamos viviendo es de suma importancia que nos aboquemos al pensamiento evangélico y eclesial. El Evangelio nos invita siempre a volcarnos en ayuda de nuestros hermanos, incluso en aspectos que en cierto modo contradicen valores de nuestra cultura centroamericana. La distancia social, por ejemplo, es ahora parte de la forma de amar a nuestros prójimos en estos tiempos de pandemia, al revés de nuestra costumbre de abrazar y compartir más sensiblemente el cariño y la amistad. Incluso el amor de la madre trabajadora, que tiene que salir para ganar el sustento de la casa, y que en tiempos ordinarios se expresa en el beso y el abrazo, se refrena ahora o por sequedad o falta de cariño sino por amor. El amor es siempre acción, y acción en la historia que nos toca vivir. Ahora toca proteger y luchar por la vida, con todo el nivel de sacrificio que ello conlleva. Y ahora además, cuando a la pandemia se unen inundaciones y desastres climáticos, salir de nosotros mismos, combatir el hambre, procurar techo y abrigo para quienes carecen de él, se vuelve una exigencia inmediata. Hoy toca combinar distanciamiento social con cercanía solidaria, dos formas de amar necesarias, aunque la combinación de ambas entrañe cierta dificultad. Pero en la tarea de amar y servir a nuestros prójimos, el cristiano tiene que asumir riesgos y buscar formas creativas para que el amor se vuelva efectivo. Ayudar al pobre, al que está en situación de peligro y vulnerabilidad es siempre tarea prioritaria. Pero la Iglesia nos pide además que tengamos una mirada abierta a los problemas de fondo que contribuyen a que durante el desastre aumenten tan considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad. La Iglesia nos invita así a fijarnos en las estructuras económicas, sociales y culturales que dificultan o no tienen adecuadamente en cuenta las legítimas exigencias de un auténtico desarrollo. Los salarios deficientes, la educación escasa y con problemas, los sistemas públicos de salud con pocos recursos, las pensiones débiles y que dejan por fuera a la mayor parte de los ancianos, la vivienda pequeña con materiales de poca calidad y creando hacinamiento de personas, el agua potable sin instalación al interior de la vivienda para consumo y saneamiento, son parte de esas estructuras que cuando sobreviene una situación de desastre multiplican el sufrimiento de los más pobres y aumentan la pobreza en los países. Las palpamos hoy claramente y sería una irresponsabilidad cristiana olvidarlas mañana, cuando todo haya pasado Frente a este tipo de problemas la Iglesia nos pide concretar nuestra capacidad de amar en la reflexión y en la acción. Y sobre todo recordándonos que frente a problemas comunes solamente la solidaridad que se concreta en formas de cooperación da resultados adecuados. Cooperar es responsabilidad de todos si queremos avanzar hacia el desarrollo, o si queremos superar cualquier tipo de problema social. Y en ese sentido la Iglesia nos anima a convertirnos en sociedad civil, es decir en personas que participan en asociaciones que busquen de diversas maneras el bien común. A veces pueden ser asociaciones que atienden problemas concretos de la sociedad, como la vivienda, el medio ambiente, etc., o también asociaciones profesionales. Toda forma de asociación en cooperación multiplica las posibilidades de resolver problemas. Y la sociedad civil está orientada básicamente a establecer formas de cooperación, aunque en ocasiones algunas asociaciones miren exclusivamente al bienestar o la adquisición de ventajas de sus asociados. La Iglesia recomienda esa participación porque entiende a la sociedad civil como una asociación intermedia entre la familia y el estado que mira, o debe mirar, hacia el bien común. La diversidad de asociaciones, sus diversos puntos de vista y preocupaciones garantizan al mismo tiempo el pluralismo y el diálogo, al tiempo que se complementan en la búsqueda del bien común. Además, la sociedad civil, precisamente por el ámbito de libertad interna que tiene, contribuye de un modo excelente a acrecentar la dimensión social de la persona. Y por eso la Iglesia le da prioridad a la sociedad civil incluso sobre la sociedad política que, aunque es indispensable, debe tener un papel subsidiario, una vez llega al poder del Estado, frente a lo que las instituciones civiles más pequeñas no puedan realizar o garantizar. En la medida en que los cristianos estemos organizados, colaborando con Cáritas, con la organización parroquial o con otras instituciones que atienden a las múltiples necesidades del amplio mundo de los pobres en nuestro país, más fácilmente podremos enfrentar los desastres que se vayan dando en este nuestro El Salvador tan vulnerable. Y, por supuesto, podremos también colaborar con mayor eficacia en el cambio de estructuras que nuestro país necesita para acceder al desarrollo digno. Toda desgracia, desastre o emergencia social, es desafío para nuestro amor cristiano y también para la creatividad

OPINION 30-06-20 CORRUPCION Y PODER EN TIEMPOS DE PANDEMIA Por P. José María Tojeira, S.J. Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA

EDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOS

Mientras el presidente inauguraba el Hospital El Salvador, una plataforma periodística reveló la adquisición fraudulenta de protectores faciales. A pesar del cerco informativo, la prensa descubrió que el Gobierno compró dichos protectores a dos empresas propiedad de dos altos funcionarios por más del doble de su valor en el mercado, sumando en total más de medio millón de dólares. Uno de los beneficiados es un funcionario que circula en el entorno presidencial. El otro se desempeña como viceministro de Hacienda, y curiosamente también posee una empresa que asesora en materia impositiva. Además de los protectores, el Gobierno adquirió otros bienes cuyo detalle aún se desconoce. El presidente suspendió al primer favorecido, anuló su candidatura a la alcaldía de Santa Tecla y ordenó dos auditorías. Sin embargo, el ministro de Salud, que autorizó las compras, es también responsable, tanto si sabía como si no, porque debiera haber sabido. Contradictoriamente, ese ministro defiende la transparencia gubernamental, pero diluye la responsabilidad en la burocracia ministerial. Estos hechos son muy reveladores. Por un lado, confirman la sospecha de que en la gestión de los fondos públicos y las donaciones existe corrupción, y que en el círculo presidencial hay oportunistas. El funcionario suspendido también está relacionado con la materia prima de los protectores de plástico reciclado. Al parecer, esta proviene de las botellas repartidas, y luego recolectadas con dinero público, por el Gobierno durante la crisis del agua. Por otro lado, estos hechos ponen de manifiesto la importancia del cerco informativo levantado por Casa Presidencial, así como también la razón de la presión para disponer incontroladamente de los fondos públicos. No son casos aislados, como tal vez algunos quisieran. Basta recordar los ya olvidados viajes del director de los centros penales. Los voluminosos contratos concedidos por ANDA para perforar y equipar pozos, y la relación del Seguro Social con Casa Presidencial tampoco están libres de sospechas de fraude. Muy probablemente, hay otros casos que se han aprovechado y encubierto con la emergencia. Es plausible que el presidente Bukele pueda haber sido engañado por algunos de sus colaboradores más cercanos, entre los cuales hay oportunistas, pero el silencio informativo, que favorece su proliferación y bonanza, es responsabilidad directa suya. Asimismo, es comprensible que la envergadura de la crisis demande flexibilidad para atender rápida y eficazmente unas necesidades apremiantes. Pero justamente por eso, la información detallada y clara es la mejor garantía para el buen uso de unos fondos escasos. Si Casa Presidencial no tiene tiempo ni energías para controlar el gasto y mantener a raya a los oportunistas que deambulan por sus dependencias, y si la Corte de Cuentas, la gran ausente, no tiene capacidad ni voluntad política para auditar, la sociedad civil, en concreto, la prensa y algunas organizaciones privadas, ya ha demostrado interés y capacidad para descubrir las operaciones fraudulentas. La insistencia veraz en la preservación de la vida y la salud del pueblo se traduce en colaboración estrecha con la sociedad. Esta no solo debe cuidar de sí misma, sino también proteger los medios que preservan su vida. Los incondicionales que con tanto celo velan por el éxito del Gobierno de Bukele debieran adoptar una postura beligerante ante la corrupción y los corruptos. Estos no tienen color político, pero poseen buen olfato para el dinero. Penetran hábilmente los círculos de poder, se disfrazan de incondicionales y medran donde se los tolera. En una Casa Presidencial afanada en la desinformación y la oscuridad, encuentran condiciones ideales para enriquecerse a costa de la miseria de la gente. Estos son los auténticos enemigos del pueblo, no los fantasmas que los incondicionales agitan ofuscada y ciegamente. Aquellos se embolsan el dinero de la ciudadanía, mientras que estos son simples construcciones fantásticas. Mientras se ensañan con ellos, aquellos otros prosperan al amparo del Gobierno. Bien harían, pues, en vigilar el gasto público y la conducta de los funcionarios; y si encuentran indicios suficientes, deberían denunciar la corrupción y a los corruptos. Prestarían así un invaluable servicio al Gobierno que tanto estiman. La pasividad y la autocomplacencia ponen en entredicho su fidelidad al presidente Bukele. Los miles de millones en juego, la necesidad apremiante y la poca disponibilidad de dinero exigen auditar, interna y externamente, la actividad de Casa Presidencial y sus dependencias. No se trata de desprestigiarla ni de boicotearla, sino de ayudarla a cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y honesta. No se trata de hacer fracasar al Gobierno de Bukele, sino de contribuir a liberarlo de dos de los demonios que lo habitan: la ambición y la codicia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el anuncio en Twiter del nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina de la ONU se lee lo siguiente: “Las actuales crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible, vinculado a una elevada desigualdad con el predominio de las élites, es decir, con la cultura del privilegio, revela nueva publicación de la CEPAL”. Si la desigualdad es un fenómeno generalizado en América Latina, en este mismo libro se nos muestra la extrema vulnerabilidad de los cuatro países más norteños de Centroamérica. En otras palabras, que si el modelo de desarrollo latinoamericano es insostenible, el modelo centroamericano lo es más. Estamos peor en desarrollo económico, tenemos más pobreza y endeudamiento (nosotros), la desigualdad es mayor, la violencia también, la migración es sistemática y nuestra leyes, que debían proteger más a los pobres que a los ricos, hacen exactamente lo contrario. Basta ver las insuficiencias de la legislación dedicada a la seguridad social y compararla con la legislación protectora con la libertad. Y no es que estemos en contra de la libertad, que es necesaria para la vida personal y social. Pero cuando no hay protección del débil, la libertad termina siempre convirtiéndose en una ventaja para el fuerte. Hoy, las discusiones políticas coyunturales, que son importantes en tiempo de crisis, apenas nos dejan ver la crisis estructural de nuestro país que sin duda se agravará en los próximos meses. En el periódico digital El Faro se anuncia una entrevista con el presidente de ANEP, Javier Simán y se entrecomilla también una de sus frases. En concreto la siguiente: “Cada empresa es libre para decidir de qué manera seguirá las fases de apertura”. Aunque por una frase no se puede juzgar a una persona, sería mucho más agradable al oído de las mayorías el escuchar algo así como que cada empresa debe seguir las fases de apertura incluso con mayor responsabilidad de lo que establecen los protocolos estatales, vigentes o no. Y añadir que en esta fase de apertura debe aumentarse el salario mínimo y ampliarse las prestaciones sociales del trabajador, incluidos los del sector informal. La ley es, o debe ser siempre, la defensa del débil. La libertad, cuando no hay ley que defienda al vulnerable, puede convertirse muy fácilmente en un arma y privilegio del fuerte para su propio beneficio. Montesquieu, gran enemigo del despotismo autoritario y uno de los padres del moderno liberalismo político y de la democracia (lástima que no lo suelan leer nuestros políticos y diputados), decía en “El Espíritu de la Leyes” lo siguiente: “Desde siempre hemos visto que todo hombre con poder tiende abusar de él”. El mismo autor decía que un deseo es legítimo solamente si se puede convertir en el deseo de todos. En ese sentido moderar los deseos de los fuertes, sean económicos, políticos o intelectuales, y poner los recursos, de un modo equitativo, al servicio de todos, y especialmente de quienes carecen de ellos, es papel fundamental de las leyes. Cuando el Presidente de El Salvador dice, más o menos, que quiere refundar el Estado salvadoreño tiene cierta razón. Porque este Estado nuestro elitista, que fomenta la desigualdad, que se desinteresa por el débil y vulnerable, y que vive de un discurso democrático bastante hueco y vacío, es necesario cambiarlo de orientación. El problema del Presidente y de Nuevas Ideas es que no se sabe qué significa refundación para ellos. No hay un proyecto claro y hay una lucha por almacenar poder que no se sabe a dónde nos puede llevar. La refundación del Estado salvadoreño, en todo caso, es tarea común. Y con polarización, insultos y ataques personales es difícil crear una democracia social, respetuosa de los Derechos Humanos. Tampoco ARENA y el FMLN, que jugaron juntos en el pasado el mismo juego que ahora juega Nuevas Ideas con ellos, dan garantías de poder refundar el Estado. Por ello, lo mejor sería comenzar una etapa de diálogo en torno a los Derechos Humanos y a la Constitución de la República. Si empezáramos a lograr acuerdos sobre cómo avanzar con seriedad hacia la justicia social y hacia la universalización del bienestar, que son obligaciones constitucionales, estaríamos avanzando hacia una refundación del estado salvadoreño, incluso sin necesidad de cambiar la Constitución. Por José María Tojeira Director del IDHUCA.

Acorralado y sin salida razonable —pues dialogar al parecer no lo era—, Nayib Bukele decidió perder con sonoridad y estruendo en su cadena nacional del sábado 13 de junio, llevándose de encuentro a muchos a quienes considera los causantes de una significativa derrota política, aquella que implica ceder un poco. Supuestamente atrapado, el presidente relató, con los detalles que le parecieron convenientes, la realización de una reunión secreta, en la que participaron dirigentes de la ANEP, magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, un representante del partido Arena y el embajador de Estados Unidos, y en la que decidieron de forma conjunta la ley y hoja de ruta para transitar por el tosco camino de la emergencia nacional causada por el covid-19. La historia de la reunión secreta, en caso de ser cierta, nos demuestra que en nuestra endeble democracia el problema más acuciante sigue siendo el mismo de siempre: el pueblo, que estorba. La reunión secreta fue secreta precisamente para eso, para no ser vista u oída por la gente que opina, por la gente que piensa, por la gente que habla; y que por hablar, opinar y pensar, estorba. Se trata de ocultar la toma de decisión de los ojos curiosos de personas menos importantes que los figurones que participaron en ella, protagonistas con auténtico y demostrable poder político y económico, aquello de lo que carece el insustancial y humilde ciudadano promedio. La reunión secreta nos habla de poder, del verdadero poder, el económico de la ANEP y el político del presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de un representante de un partido político, Arena, que no representaba a nadie porque nadie votó por él, pero igual ordenó qué hacer a los diputados de su bancada. Este poder desplegado en la reunión secreta no se rige por leyes o formas democráticas; es un poder que permite a jueces ser asesores del Ejecutivo, que no tiene objeción en que un presidente que constantemente fustiga diputados y empresarios se reúna alegremente con ellos para transar en las sombras de un cuarto lujoso, todo supervisado por la complacencia y beneplácito del país más pudiente de todos. El poder exhibido por los integrantes de la reunión secreta es uno que no se comparte con el pueblo. Por eso la reunión rehúyo del pueblo, aunque en ella se decide en nombre del ciudadano común y todos sus intereses, o al menos eso se espera. Ahora bien, esto último es apenas un atisbo de esperanza, pues no puede decirse nada más de la reunión. ¡Precisamente por eso fue secreta! Para que no sepamos lo acordado por los poderosos. Aquello que lleguemos a conocer de la misma, de sus intenciones, dificultades, motivaciones, de su desarrollo o sus conclusiones, incluso de sus participantes, depende enteramente de la información que graciosamente nos quieran regalar quienes ostentan el poder real, ese que no tiene la gente. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

La vulnerabilidad puede entenderse como la incapacidad de una población, comunidad o individuo para hacer frente, resistir y recuperarse de los impactos de un desastre. Es un concepto socioeconómico porque está relacionado con la pobreza, la educación, la voluntad política y el desarrollo sostenible; y es también un concepto ambiental porque los desastres pueden desencadenarse por la falta de prevención y de preparación ante los fenómenos naturales, y porque se ha comprobado que la degradación medioambiental hace más severos sus impactos. Sin embargo, no es una condición permanente. En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer las fases del ciclo del manejo de desastres en el documento “Salud ambiental durante emergencias y desastres: una guía práctica”. Según la OMS, este es un enfoque sistemático e integrado que ha tenido éxito en muchos países y que se basa en la aplicación de una cadena continua de actividades antes y después de que ocurra un evento catastrófico. Entre sus objetivos se encuentran aumentar la preparación de los países ante los desastres naturales, mejorar la capacidad de generar advertencias, reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención durante cada iteración del ciclo. No obstante, el mismo documento menciona que, aunque pueda ingresarse a la cadena en cualquier punto, la aplicación desordenada de las acciones de manejo puede resultar en el aumento de la vulnerabilidad y en la pérdida de preparación para enfrentar situaciones de emergencia. Específicamente, la OMS señala que las acciones que deben realizarse antes de un desastre natural, catalogadas también como de desarrollo sostenible, incluyen la implementación secuencial de la evaluación de riesgos y de vulnerabilidad; la elaboración de planes de prevención y mitigación que respondan efectivamente a los hallazgos de dicha evaluación; la preparación para la emergencia, que consiste en crear un programa de actividades a largo plazo para gestionar eficientemente todos los tipos de emergencia, la transición de la crisis a la recuperación, y el regreso al desarrollo sostenible; y la creación de planes y políticas a nivel comunitario, nacional e internacional para garantizar que se lleven a cabo todos los programas de prevención y mitigación de desastres con objetivos claros, recursos suficientes, estructuras de gestión y asignación de roles para todos los actores involucrados, sin excluir la participación de los sectores que serán potencialmente afectados. Entre las medidas que deben tomarse posteriormente, referidas también como de acción humanitaria, se encuentran la respuesta ante la emergencia, que dependerá de la naturaleza del desastre y de la efectividad con que se elaboró toda la logística previa; y la etapa de rehabilitación, reconstrucción y recuperación, que depende en igual medida de las acciones previas y que solamente puede impulsarse cuando la emergencia se encuentre bajo control. Esta última fase introducirá también la evaluación, en la cual se identificarán los puntos de mejora para dar paso nuevamente al consorcio de acciones previas o de desarrollo sostenible que deben estar siempre listas y correctamente formuladas. Con esto en mano, podría pensarse que reducir la vulnerabilidad depende solamente de mejorar las condiciones materiales de la población, elaborar planes de acción y apegarse a ellos, pero, como se mencionó antes, la degradación ambiental puede agravar cualquier desastre natural, y en la disminución de sus impactos todos tenemos responsabilidad, aunque unos más que otros. A nivel estatal, la priorización histórica del capitalismo por encima de la vida y del medioambiente ha traído consecuencias desastrosas, que difícilmente podrán revertirse. Por poner un ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que, en 2015, El Salvador contaba solo con el 10% de sus bosques. Este alto grado de deforestación, que sigue vigente o que posiblemente ha empeorado en los últimos años, ha hecho que nuestros suelos sean más susceptibles a deslizamientos y que aumenten los riesgos de desbordamiento de ríos y de inundaciones. Además, pone de manifiesto lo que sucede cuando el Estado otorga permisos de construcción a diestra y siniestra para favorecer a élites económicas y empresariales; menosprecia los componentes ambientales, técnicos y sociales que siempre están presentes durante la implementación de cualquier proyecto; y se esfuerza por amarrarnos a un modelo de desarrollo que está totalmente alejado de la realidad del país. Por eso, cuando hayamos superado completamente la crisis por las recientes lluvias y entremos en la etapa de rehabilitación, reconstrucción y recuperación, debemos exigir un cambio radical del sistema y de la forma en que hasta hoy se ha conducido nuestra sociedad, de modo que la justicia y la vida en todas sus formas sean el centro del quehacer político, y no el bienestar desmesurado de unos pocos a costa de la muerte diaria y paulatina de las

En El Salvador, después de la guerra civil, se han manejado dos hipótesis sobre el desarrollo. La primera, generalmente representada por Arena, apuesta por la empresa privada como gran motor de desarrollo. La segunda, defendida por el FMLN al menos teóricamente, da más importancia al protagonismo del Estado. Hoy, con el actual Gobierno, hay poca claridad al respecto. Su liderazgo insiste en la importancia del Estado, representado especialmente en el Ejecutivo, en la gestión del país, pero no se observa animadversión hacia la empresa privada, salvo casos particulares concretos. Que la empresa privada pueda gestionar el desarrollo es falso. Puede colaborar de un modo importante, pero gestionar es otra cosa: implica políticas públicas, planificación nacional, satisfacción de necesidades basada en derechos humanos. A la empresa le interesa la rentabilidad y la ganancia. El resto lo ve como secundario. Los Gobiernos de Arena fueron un buen exponente de ello. Durante su gestión, aumentó la desigualdad; y se legó una pesada herencia de corrupción e irrespeto a los derechos humanos. Por el contrario, y siempre teóricamente, la tendencia estatista prioriza las estructuras de servicio a la persona. Sin embargo, el FMLN, a pesar de hablar de la urgencia de solventar los problemas de pobreza y poner en el centro a los sectores más débiles y vulnerables, apenas honró sus propios principios. La desigualdad y las principales estructuras que la generan, incluidas estatales, permanecieron incólumes durante los Gobierno de dicho partido, así como los efectos de violencia, migración, pobreza y corrupción que esa misma desigualdad produce. Más allá del fracaso del FMLN en sus dos períodos, es claro que el Estado no puede gestionar por sí solo el desarrollo, mucho menos de un modo autoritario. El Estado necesita la colaboración de la empresa y de la sociedad civil. Y para ello es indispensable el diálogo. Política, trabajo, pensamiento y capital deben ponerse metas de construcción de futuro y evaluarlas conjuntamente. El Salvador tiene unos desafíos que superan las posibilidades de sectores o grupos pequeños gestionando el poder. Acaba de publicarse un estudio de la Cepal sobre el cambio climático que coloca a nuestro país como uno de los más vulnerables de América Latina. Además, la pandemia de covid-19, que tanto nos está haciendo sufrir y que puede tener nuevas oleadas, ha puesto al descubierto las profundas debilidades de los servicios públicos. Por el momento, es difícil siquiera hablar de diálogo, pero es indispensable. Ni Arena, lastrada por su cortedad de ideas, su dependencia del poder económico y su corrupción; ni el FMLN, con su estatismo teórico obsoleto y una seria ineficiencia a la hora de gobernar; ni Nuevas Ideas, con su liderazgo autoritario y su falta de un proyecto nacional claro, pueden poner al país en una vía decente de desarrollo y justicia social. El Salvador puede salir adelante y alcanzar niveles de desarrollo digno porque tiene las personas y la capacidad para ello. Pero quienes gestionan la política, la empresa, la sociedad civil y el trabajo tienen que salir de esa tendencia a buscar primero la ventaja personal, gremial o institucional, y alcanzar un nivel de diálogo que lleve a la capacidad de sacrificar intereses personales y grupales, sobre todo de ese 20% que vive en la comodidad. Es absurdo creer que podemos vencer la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad del país ante las enfermedades, el cambio climático y el desastre sin diálogo, sin planificación conjunta del futuro y sin sacrificio. Y en ese diálogo será necesario que participen todos los partidos políticos, la empresa privada, el mundo del trabajo y la sociedad civil. Si cada uno busca su camino, la solución a nuestros problemas será cada vez más difícil y traumática.

Casa Presidencial atribuye la oposición de sus adversarios a la existencia de una agenda política de corte electoral, lo cual es indudable, pero insuficiente. Todos tienen la vista puesta en la elección de febrero. También el presidente. La gestión de la crisis del virus ha sido más política que sanitaria. Las cada vez más atrevidas hipérboles y metáforas presidenciales evidencian ese interés. La carrera electoral ha hecho que el desfase del discurso presidencial con la realidad sea cada vez más temerario, tal como lo muestra la última comparecencia en cadena nacional. Los creadores de imagen proyectan a un presidente víctima de conspiraciones oscuras y malévolas. Una conveniente construcción que desvía la responsabilidad de la crisis nacional hacia los adversarios. Los fracasos en la gestión de la crisis no son tanto obra de estos, sino de las decisiones presidenciales. La realidad se ha filtrado subversivamente, pese al cerco informativo levantado por Casa Presidencial. El personal sanitario es insuficiente, carece de equipo de protección elemental y sufre acoso de asesores extranjeros. Los hospitales están tan abarrotados de pacientes con covid-19 que desatienden a los otros enfermos; falta espacio y equipo especializado, y en algunos la desorganización es desconcertante. Y las estadísticas no registran todos los contagios ni todos los fallecidos por falta de pruebas. El fracaso de “los protocolos” (un eufemismo del Ministerio de Salud) en el asilo Sara Zaldívar, donde ya acepta resignadamente que “por supuesto que tendremos fallecidos”, es obra del descuido y la incapacidad. Incomprensiblemente, Casa Presidencial ha hecho lo contrario a lo indicado por el manual epidemiológico. La epidemiología es una ciencia de posibilidades y persuasión. El epidemiólogo ha de persuadir a la población para que altere sus rutinas de tal manera que estas no favorezcan la expansión del virus. Las alertas y las indicaciones han de ser claras y comprensibles, y su difusión, amplia y oportuna. El manual indica que en una emergencia de salud debe designarse un epidemiólogo como portavoz principal. Este ha de identificarse con los afectados, ha de comprender sus inquietudes y ha de saber colocarse en su lugar, para generar familiaridad y confianza. El objetivo es que el portavoz se convierta en referente obligado de una ciudadanía asustada, insegura o incrédula, cuya desconfianza o indiferencia puede colocarla en riesgo grave. El portavoz ha de esforzarse para explicar lo que se sabe y lo que se desconoce. Más aún, debe aprender a persuadir aun cuando cambie las orientaciones. En la labor de persuadir, la transparencia es esencial. Cuando este espacio es ocupado por el político, lo más probable es que la mitad de la población le lleve la contraria. Si la respuesta se vuelve política, el desastre es casi seguro, porque la gente no sabe si las indicaciones o las órdenes se basan en la ciencia o en el interés político. La incredulidad y la desconfianza hacen que la población se desentienda de los riesgos. En una crisis como la actual, es imperioso persuadir para suscitar la cooperación ciudadana y así salvar vidas. Por eso, el manual invita al político a practicar la moderación y exhorta al portavoz a explicarse de forma detallada y clara. El conocimiento y la experiencia para gestionar una pandemia como la de covid-19 existen. Pero Casa Presidencial los ignoró y optó por el tratamiento político. Encontró en la crisis una oportunidad para consolidar el liderazgo autoritario de su inquilino con vistas a la elección de febrero. La crisis de salud pública y sus implicaciones pasaron a segundo plano. Ayudas como “las canastas”, que llevan el nombre de la primera dama, y el paquete agrícola están marcadas por el interés electoral, aunque están financiadas con dinero público. La estrategia arroja resultados positivos. Todo apunta a que el presidente y Nuevas Ideas controlarán la legislatura y muchas municipalidades. La mayoría legislativa le permitirá legislar y disponer de la hacienda pública sin los inconvenientes actuales. El control de las municipalidades le dará acceso directo a la población. No obstante, poco podrá hacer con tanto poder. En parte, porque todavía no ha podido articular un plan de gobierno consistente y viable. En parte, por falta de liquidez y las pesadas obligaciones de la deuda. En parte, por las secuelas del virus y las lluvias. En parte, por la recesión económica que se avecina y para la cual no parece tener respuesta. Ni siquiera la anunciada reforma del Estado está a su alcance, porque para ello necesita controlar dos legislaturas. No tiene mucho sentido sacrificar tanto para acumular tanto poder y poder hacer tan poco. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

OPINION (18-06-20 ) VIOLENCIA Y SEXO EN CUARENTENA por José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (Idhuca).

En un clima político muy enrarecido, los salvadoreños inician el regreso paulatino a la vida ordinaria. Y en este contexto, tan esencial es la reapertura ordenada y por etapas como la transparencia y el diálogo. Difícil será alcanzar alguna normalidad mientras comentaristas y personas en las redes sigan hablando de supuestos intentos de golpe de Estado. Mientras el Ejecutivo siga amenazando con vetar toda ley que sobre el retorno produzca la Asamblea Legislativa si la normativa no dice automática y textualmente lo que viene de Casa Presidencial. Los insultos y descalificaciones en las redes contribuyen a mantener una tensión y una desunión que no produce nada bueno de cara al esfuerzo común requerido para superar la crisis económica, que amenaza con intensificarse y producir más hambre y pobreza. El tema del golpe de Estado es absurdo, pues en El Salvador la única institución que puede darlo es el Ejército. Y en las actuales circunstancias, es muy difícil que quiera hacerlo. Ciertamente, puede llamarse golpe de Estado al hecho de atentar contra uno de los tres poderes del Estado. Pero, de nuevo, eso solamente se puede hacer en el país con el apoyo del Ejército. Acusar a personas o a instituciones de propiciar un golpe de Estado es una maniobra política para desprestigiar a aquellos con los que no se está de acuerdo. Las condiciones nacionales e internacionales son tan adversas, y el país está en una crisis tan severa que pensar en golpes de Estado es un desatino, un imposible. Es evidente que en muchas de sus acciones el actual Gobierno hace política electoral, incluso en medio de la pandemia, con el deseo de lograr en las elecciones de febrero del próximo una fuerte presencia en la Asamblea Legislativa. También los partidos de oposición, presionados por la difusión de encuestas favorables a la administración de Bukele, hacen sus maniobras. Para colmo de males, esa especie de propaganda electoral larvada está centrada en el insulto, las acusaciones falsas y la ruptura de la necesaria colaboración en estos tiempos de emergencia. Las teorías conspirativas y los bulos no hacen más que enturbiar el presente y anular las posibilidades de diálogo constructivo. El Salvador necesita entrar en la etapa de reconstrucción del desastre por las tormentas y la prevención de la pandemia con los ánimos pacificados. El país está severamente endeudado. Y aunque toda deuda es posible justificarla, lo cierto es que todos los Gobiernos, independiemiente de su signo, han recurrido a ella con demasiada facilidad. El hambre, un problema casi controlado antes de estos tiempos de emergencia, ha vuelto a surgir con fuerza. Los severos problemas de vivienda y trabajo, la caída de las remesas, el calentamiento global, el aumento de la pobreza y los ánimos exaltados y polarizados no dibujan un panorama propicio para el desarrollo nacional. Es urgente poner alto a la confrontación, los insultos y la falta de colaboración como estrategia electoral. Los desafíos son de tal tamaño que no basta un líder individual ni un solo partido, sea del color que sea, para enfrentarlos. Poner calma y sosiego, establecer mecanismos de cooperación y diálogo resulta indispensable si no queremos vivir en un país roto y sin futuro. Si en las encuestas se preguntara si los salvadoreños queremos vivir cuatro años más de gritos, mentiras y polarización constante y sistemática, seguramente la gran mayoría respondería que no. El retorno ordenado a la vida cotidiana solo puede lograrse si se atienden las necesidades de ese casi 80% de la población que vive en hambre, pobreza o vulnerabilidad, y si las instituciones políticas, estatales y sociales detienen la confrontación y llegan a consensos en torno a temas básicos de prevención y desarrollo.

A algunos les habrá llamado la atención el título de este escrito. Pueden pensar que sería más adecuado “La emergencia y la mujer”. Pero la palabra emergencia tiene distintos significados. Por las circunstancias, el que más nos impresiona ahora es, tomándolo de la Real Academia, “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”. Pero también significa surgimiento, “brotar, salir a la superficie”. Y en la actual emergencia ha emergido, salido a la superficie, el indispensable valor de la mujer. En el llamado trabajo reproductivo, tan poco valorado en las sociedades machistas, la mujer se revela como la experta en el cuidado, el ahorro, la compra de lo adecuado para el mantenimiento del hogar, la administración de las necesidades de la casa. En este tiempo de pandemia y de confinamiento hogareño, la mujer ha mostrado, de nuevo, su capacidad de enfrentar crisis y solucionar problemas complicados a la hora de abastecer las necesidades familiares. Las enfermeras y las cuidadoras de ancianos han desarrollado y continúan desarrollando una labor extraordinaria. Aunque hay más hombres que son médicos que mujeres (otra muestra típica de una sociedad machista), en el campo de la enfermería la mayoría son mujeres. Y en el trato humano a los enfermos, ellas suelen tener mucha más sensibilidad, compasión y capacidad de inspirar sentimientos positivos. Los que por alguna razón hemos estado hospitalizados hemos visto al médico una o dos veces al día, y durante un espacio de tiempo limitado. Con las enfermeras se tiene una relación temporal mucho más amplia e incluso más cordial y humana. En estos meses de pandemia, ellas han estado muy cerca de los enfermos y han dado ejemplo de humanidad y espíritu solidario. Sin embargo, aun teniendo tanto que agradecer a las mujeres, nuestra sociedad no se comporta con ellas como debiera. En una sociedad machista como la nuestra, les ha tocado a ellas soportar el maltrato, que aumenta siempre con el encerramiento. Si el abuso era ya una plaga en El Salvador, no hay garantías de que la situación haya sido mejor durante estos largos días de encierro hogareño, especialmente para las mujeres jóvenes y adolescentes. Solamente en el primer semestre de 2019 hubo 3,138 hechos registrados oficialmente de violencia contra la mujer, con el agravante de que el 67% de estos delitos fueron cometidos contra menores de edad. Si además tenemos en cuenta que normalmente nunca se denuncia más del 20% de los delitos de este tipo, la cantidad de abusos puede llegar a cifras escalofriantes. Con un sistema judicial semiparalizado y con una Policía ocupada en tareas más vinculadas a la pandemia, la mujer ha estado desprotegida. El covid-19 sin duda pasará. Pero en el trato de la mujer no podemos volver a lo mismo. De un modo callado, han sido ellas las que con su trabajo nos han hecho soportables estos días tensos y pesados de encerramiento. Desarrollar una política de la mujer inclusiva y tendiente a la paridad es indispensable para el buen funcionamiento de El Salvador. En todas las dependencias estatales, al menos un 30% de los puestos deberían estar ocupados por mujeres. En el mundo de la empresa, del pensamiento y de las profesiones, y sobre todo en el campo de la dirección de las asociaciones y cargos de estos sectores, debe impulsarse una política semejante. Decir que no están preparadas es absolutamente falso. Con frecuencia, en las universidades tienen un mejor rendimiento que los hombres. Pero después, profesionalmente, tienden a tener menos ascensos. La experiencia de la pandemia nos pide a gritos cambiar una estructura política machista a fin de corregir y sancionar todo tipo de abuso, y dar real paridad a las mujeres en todas las responsabilidades sociales, culturales y económicas del país. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La comparecencia del presidente Bukele el 1 de junio en la legislatura fue pospuesta sine die. Si del presidente depende, no habrá comparecencia, ni informe. Cómo comparecer ante quienes ha descalificado sistemáticamente con numerosos epítetos. La mayoría de diputados no son ejemplares, pero la dignidad humana y la del cargo están reñidas con los libertinajes presidenciales. La negativa a informar ya es proverbial y cínica. Hasta ahora no ha habido poder institucional que obligue a Casa Presidencial a observar la rendición de cuentas, ordenada por la legislación. Las posibilidades del régimen presidencialista son explotadas hasta el extremo. Más allá de la tradición y la costumbre, la no comparecencia del presidente ante los diputados es irrelevante. El discurso de los mandatarios, arropado por un elaborado protocolo, no puede ser considerado como rendición de cuentas, en sentido estricto. Los presidentes han utilizado la tribuna legislativa para proclamar la excepcionalidad de su gestión, mediante un listado tedioso de logros y proyectos. La evaluación y la autocrítica son desconocidas. Los diputados, por su lado, reciben pasivamente la perorata. El rito se repite, en tono menor, en la comparecencia de los ministros. Sin embargo, el presidente no rompió radicalmente con esta tradición. Reunió una especie de “gabinete de crisis” en Casa Presidencial, en el cual los participantes enunciaron, una vez más, la indolencia de los Gobiernos anteriores para horror de Bukele. Atónito, este dio instrucciones genéricas para corregir el rumbo. Nada nuevo y tan insustancial como el discurso anual de sus antecesores. Un espectáculo informativo, montado en su propio terreno y estilo. La rendición de cuentas bien podría constituir el primer paso de la anunciada reforma radical del Estado. Pero la opacidad actual es tan densa como la de los Gobiernos anteriores. Y al igual que estos, muy probablemente esconde privilegios y beneficios para proveedores amigos. La ruptura y la innovación son aparentes. En lugar de innovar para el bien general, las comparecencias del presidente se caracterizan por promesas fabulosas y por la exasperación y la diatriba desaforada contra presuntos enemigos. El ataque ha sido hasta ahora un recurso eficaz para ocultar la negligencia, la improvisación y la incompetencia. Bukele fustiga a la fanaticada, incluso irrespetando su propia cuarentena. Prometer, en medio de la devastación, “un plan económico post crisis, en donde no solo sorprendamos a nuestro pueblo, sino también al mundo entero”, deslumbra, pero es irreal. Ni siquiera tiene para pagar los salarios del sector público. Redujo el presupuesto de educación mientras la ministra pide más de cien millones para infraestructura y tecnología. Sorprender a propios y extraños con promesas como la del famoso hospital encandila. El insulto blinda la promesa. El incumplimiento será obra de sus denostados enemigos. Los críticos lo acusan de mentir, mientras sus voceros alegan que hace política. La vulnerabilidad expuesta una vez más por las intensas lluvias es responsabilidad directa de los Gobiernos de Arena y del FMLN. Pero también de Bukele. En los seis primeros meses de su Gobierno no solo no le prestó atención a la vulnerabilidad que caracteriza al país, sino que desarticuló la estructura, ya de por sí frágil, que vinculaba el gobierno central y el local con el argumento de ahorrar salarios. El monto de estos es ahora muy superior, mientras Casa Presidencial carece de una articulación eficaz con las municipalidades. El virus y las lluvias han puesto de manifiesto este error estratégico. A estas alturas, el presidente Bukele ya debiera haber entendido que el ataque, por más iracundo que sea, no tiene respuestas para una crisis nacional de gran envergadura y de consecuencias imprevisibles. Tal vez a eso se deba que sus allegados se quejen de trabajo excesivo y agotamiento. La altisonancia de la retórica no oculta la enfermedad y el hambre. El virus, las lluvias y la recesión económica se ciernen amenazadoramente sobre la imagen presidencial y han mostrado hasta dónde puede llegar la deriva autoritaria de un régimen presidencialista. Cabe preguntar, entonces, si no sería conveniente introducir en la institucionalidad actual un procedimiento para destituir, o al menos censurar, al mandatario que violente la Constitución de forma deliberada y sistemática. Es un último recurso para frenar al régimen presidencialista desbocado. La mayoría de las constituciones democráticas disponen de ese mecanismo. Es injustificable aguardar el final del mandato presidencial para pedir cuentas, tal como el mismo Bukele acaba de señalar desafiante. La intervención oportuna evita el daño irreparable. El peligro de manipulación por parte de la oposición política es real, pero la dictadura es peor. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Según la Real Academia de la Lengua, el fanatismo consiste en el “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”. Cuando esa defensa se realiza de modo tal que se irrespetan las opiniones y derechos de los demás, se pone en riesgo la armonía y cohesión social. Hay varios signos de fanatismo que deben levantar alertas. Las personas tienen ideas; los fanáticos, creencias. Estas son sobrevaloras afectivamente por el fanático, quien las vive con gran intensidad. Por eso se altera si se le contradice. De ahí a la violencia verbal o física hay muy poco trecho. Por ejemplo, se está ante un fanático cuando una persona no responde con argumentos a un planteamiento, sino con ofensas e insultos. Los fanáticos dividen al mundo en dos: nosotros y ellos. Se adhieren incondicionalmente a una causa o ideología, y todo aquel que piensa diferente está en su contra. Frecuentemente, este pensamiento dicotómico también va acompañado de percibirse a sí mismo como víctima, como alguien bondadoso, y al resto como perversos victimarios. Los fanáticos creen tener la verdad y recurren al odio para compensar su falta de racionalidad. En el fondo, el fanatismo supone un ahorro de energía psicológica, pues no requiere de un trabajo intelectual: no se cuestionan las propias ideas, no se duda, se está seguro siempre de aquello en lo que se cree, y eso les proporciona solaz emocional. Una fanática o fanático ni siquiera pone atención a los argumentos e ideas de otros; todo lo que venga de alguien que no piensa igual es rechazado, por acertado que sea. Los fanáticos necesitan de un enemigo externo para culparlo de todo, y a ese enemigo atribuyen todas sus frustraciones. Por lo usual, es este un camino sin retorno. Un fanático difícilmente cambia; es más fácil que pase a fanatizarse con otra cosa que se convierta en tolerante. El que fue fanático de un partido político puede llegar a ser fanático de otro, pero difícilmente abandonará el fanatismo como estructura mental. Por eso Voltaire decía que “cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable”. Es fundamental mantenerse alerta ante signos de fanatismo, porque este mal lleva al extremismo sectario y a la violencia. Si bien el fanatismo es un problema psicológico, no debe perderse de vista sus dimensiones sociales, que en El Salvador se expresan de manera cruda gracias al clima de polarización política y la cultura de la violencia. El Salvador necesita racionalidad, diálogo; no fanatismo.

Cuando Ignacio Ellacuría planteaba la necesidad de un nuevo orden económico que garantizara la satisfacción universal de las necesidades básicas, señalaba que, paralelo a ese orden, debía surgir un ordenamiento social vigoroso y pluripolar, que posibilite que el pueblo sea cada vez más sujeto de su propio destino y tenga mayores posibilidades de libertad creativa y de participación. En un mundo donde lo político partidario predomina sobre lo social, Ellacuría abogaba por una dinámica inversa: que la dimensión social predomine sobre la dimensión política, aunque no la sustituya. Se trata de dar más vida y decisión a las instancias sociales y superar los dinamismos perturbadores del poder político. La dimensión pública de lo social busca, según Ellacuría, “el bien comunitario desde la presión comunitaria y por medios comunitarios sin delegar esta fuerza en instancias políticas, que se autonomizan y nunca pueden representar adecuadamente lo social”. Pues bien, esta perspectiva ellacuriana de darle más peso a lo social que a lo político supone la existencia y desarrollo de una ciudadanía consciente, crítica, comprometida, plural y organizada que busque hacer de lo público un lugar de justicia, inclusión, solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana. Cuando esto ocurre, lo político se enfrenta a un verdadero contrapoder que pone límites, evita abusos y exige transparencia y honradez. La democracia, cuando es ejercicio operativo, empodera a las personas, no busca neutralizarlas, ni manipularlas, ni someterlas a los proyectos e intereses de las cúpulas de poder. Procurará, eso sí, valorarla y potenciarla. En el contexto de la pandemia del coronavirus, podemos hablar de cierta historización de esa fuerza social de la que hablaba Ellacuría. El papa Francisco, por ejemplo, la ha actualizado y ponderado. En su carta del pasado 12 de abril a los movimientos populares, hace una descripción analítica, señalando, entre otros, los siguientes rasgos: “Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad”. Constata que muchas veces no reconoce a los movimientos populares como es debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. Y cuando se les visibiliza, se hace con desconfianza por reclamar sus derechos a través de la organización. Para el obispo de Roma, “los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos o mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad”. De ahí su proclama: “Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”. Por otra parte, invita al movimiento social a pensar en el “después” de la pandemia. A partir de lo que hay (“una civilización competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos”), es imperativo buscar un cambio. Un proyecto de desarrollo humano integral que, centrado en el protagonismo de los pueblos, posibilite el acceso universal a las tres “T” que defiende el movimiento social: tierra, techo y trabajo. Y frente a todos aquellos que viven el día a día sin ningún tipo de garantías, que no tienen un salario estable para resistir la crisis (trabajadores informales, independientes o de la economía popular), el papa considera que tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique sus tareas, que haga realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: “Ningún trabajador sin derechos”. En el mismo contexto de pandemia, pero esta vez a nivel local, se han sentido las voces de la sociedad civil y del movimiento social en El Salvador. Un gran número de ellas (más de 50) han denunciado los mecanismos turbulentos del poder político. Señalan que “es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia”. Asimismo, advierten que “no hay que perder de vista que la emergencia sanitaria se ensaña más en los sectores vulnerables”. Su planteamiento incluye tres llamados fundamentales. En primer lugar, invocan a un diálogo tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. “Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones”. En segundo lugar, exhortan a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, sobre todo porque se está en un contexto de emergencia y con unas instituciones débiles. En tercer lugar, convocan a repensar una agenda nacional que permita construir un país distinto y mejor después de la emergencia: “Con trabajo digno para todos; con un sistema de salud universal de calidad;

Hasta la llegada de la pandemia y de las inundaciones, mucha gente pensaba que El Salvador caminaba bien a pesar de la pobreza, la desigualdad y otras importantes limitaciones. Una serie de instituciones democráticas nuevas contribuían a mejorar la institucionalidad. Y aunque los políticos estaban sumamente desprestigiados, no faltaban quienes creían que la presión de la sociedad civil podía cambiarlos poco a poco. El triunfo de Nayib Bukele alegró también a muchos, ante la perspectiva de que contribuiría a mejorar los dinamismos políticos. Pero la toma presidencial de la Asamblea Legislativa, haciendo uso de soldados fuertemente armados, cambió de un solo golpe la situación. Después llegó la pandemia, el confinamiento, el desorden en los Centros de Contención, el estilo autoritario e impositivo. Y sobre esa realidad larga y angustiante, cayó la tormenta Amanda y la destrucción e inundaciones que creó a su paso. Hoy, endeudados, empobrecidos, con un aumento fuerte del desempleo y un simultáneo incremento del trabajo informal, casi siempre precario, el futuro se mira más complicado y difícil. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan serios problemas y dificultades, y ya ha caído el volumen de remesas provenientes de Estados Unidos. Sin embargo, sigue habiendo personas (e intereses) que piensan en volver a la situación previa a la pandemia, como si ello fuera positivo. Otros están convencidos de que hay que generar una nueva dinámica económica y social. No faltan los que creen que el presidente lo arreglará todo, así como los que creen que ni proponer algo nuevo, ni volver al pasado será posible mientras Nayib Bukele continúe en el Gobierno. Frente a estos modos de pensar, hay una cuarta posición que se presenta como una necesidad: repensar El Salvador. Los 30 años de relativa paz y bipartidismo tuvieron sus avances. Pero nos dejaron una sociedad hastiada del modo tradicional de hacer política y una situación estructural débil, sin preparación adecuada para enfrentar los retos del desarrollo e impotente para atender adecuadamente emergencias y desastres. La empresa privada, como parte de la sociedad civil, debe repensar su papel en el desarrollo más allá de su autocomplacencia. Volver a lo mismo de siempre no sirve. Como tampoco que un líder autoritario trate de imponer el pensamiento de un pequeño grupo, por mucha simpatía popular que pueda tener. Repensar El Salvador es, en este momento de crisis, urgente para encontrar un camino de salida a una situación en la que no hay garantías para el pleno respeto a la dignidad humana de todos. En su reunión general de 2007, los obispos de todo el continente latinoamericano afirmaron: “Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad”. Ahora son millones más. Si en El Salvador había aproximadamente dos millones de personas en pobreza antes de la pandemia y las tormentas, ahora pueden llegar a tres. Revertir esta catástrofe es hoy la tarea más urgente. Y para ello es esencial salirse de las promesas sin fundamento y de las añoranzas de un pasado que tampoco fue bueno ni decente. Repensar El Salvador es introducir dinamismos nuevos en nuestra historia. Es pensar entre todos los sectores qué estructuras socioeconómicas son las más necesarias. Pensar en la igualdad en dignidad de todos los salvadoreños y procurar un bien común en el que estén incluidos los que están en situaciones económicas y sociales más vulnerables o débiles. Apropiarse de una conciencia ética que no tenga miedo a la generosidad estructural —no solo personal— de quienes tienen más en favor de quienes tienen menos. La tarea no será fácil, porque requiere consensos y sacrificios. Romper esquemas mentales, alejarnos de dogmatismos, superar el individualismo egoísta y consumista no son retos sencillos. Pero sin atenderlos no será posible entablar un diálogo abierto y llegar a consensos realistas frente a los problemas de El Salvador. Y ahí deben estar todos. La sociedad civil, tan diversa y a veces tan crispada por la colisión de sus diversos grupos, debe encontrar plataformas comunes de pensamiento si quiere incidir en un cambio indispensable para el bien común y para un futuro mejor y más pacífico. Los políticos, Gobierno incluido, deben estar también presentes en el diálogo, dejando a un lado su negativa tendencia a buscar prioritariamente el ejercicio del poder y cómo mantenerse en él. Negarse a repensar El Salvador es optar por un futuro con muy poca ética ciudadana y democrática. Poner creatividad y pensamiento en el mañana es tarea de todos si queremos evitar los graves problemas del pasado y responder adecuadamente a las necesidades y la dignidad de todos los salvadoreños.

Los principios religiosos permiten orientar las acciones de los creyentes, sobre todo en ambientes llenos de desesperanza e injusticia, y también pueden ser una guía importante para un presidente en un país de mayoría cristiana. Mensajes con elementos religiosos han estado presentes en los discursos de los presidentes de El Salvador durante guerras, terremotos, tormentas, etc. Cristiani, en la firma de la paz, mencionó lo divino: “Por sobre todas las cosas, gracias a Dios que nos ha dado a los salvadoreños el don maravilloso de la paz […], que Dios nos bendiga a todos”. Invocar o mencionar a Dios no vuelve “mala” o “buena” a una persona, ya que es difícil evaluar su autenticidad. Sin embargo, para el caso, hay fuentes verificables de que, entre 1991 y 1993, Cristiani se hizo del control de buena parte de las acciones del banco Cuscatlán luego de privatizar la banca nacional, lo que le permitió aumentar su fortuna a costa del Estado. Del mismo modo, en 1998, Calderón Sol durante el huracán Mitch dijo: “[Estamos] fortalecidos por la fe en el Divino Salvador del Mundo, enfrentamos el destructivo huracán Mitch, y una vez más nuestro pueblo demostró su solidaridad […]”. En su discurso apeló a una figura religiosa, pero en la crisis se dieron manejos oscuros de donativos. Casi al finalizar su período, en 1999, renunciaron cinco funcionarios de alto rango (en un corto lapso de tiempo) aduciendo razones personales, pero el asunto parecía estar más relacionado con la inconformidad por el mal manejo de los fondos. Un caso emblemático fue el de la ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, quien al parecer decidió abandonar su cargo por la extracción de fondos de educación para financiar la campaña presidencial de Arena (http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc836.html). Otro presidente que se refirió a lo divino fue Francisco Flores. En su discurso de toma de posesión expresó: “Depositamos nuestra fe en Dios, a quien pedimos sabiduría y la constancia necesaria para emprender la tarea que nos ha sido encomendada”. Dicha sabiduría se iba a poner a prueba en los terremotos de 2001. Años después, Flores aseguró haber recibido cheques a su nombre del Gobierno de Taiwán para las víctimas de los sismos, sin poder explicar dónde fue a parar ese dinero, por lo que se le acusó de apropiación de fondos públicos. En el caso del presidente Saca, en el contexto del huracán Stan, mandó un mensaje con referencias religiosas durante la crisis: “Como pueblo cristiano, rogamos a Dios que su mano poderosa nos libre de esta nueva prueba y que nos unamos en oración, para que no se incrementen las tormentas”. Mencionar a Dios fue recurrente en varios de sus discursos. A pesar de ello, luego de terminar su mandato, Saca admitió que cometió delitos de peculado y lavado de dinero, por lo que fue condenado y enviado a prisión. Luego está el caso del presidente Mauricio Funes, quien gobernaba cuando aconteció la tormenta E12. Unos meses después de esta dijo: “Quiero ratificar este día mi compromiso por dejar al cabo de mi mandato un país mejor, preparado para enfrentar las crisis, las acechanzas, los desafíos, los desastres de la naturaleza que solo domina Dios”. A esta referencia a Dios se le suma el constante uso de la figura de monseñor Romero, a quien señaló como su guía espiritual en variedad de ocasiones. Sin embargo, después de su mandato, la Fiscalía General de la República lo acusó de una serie de delitos y el exmandatario huyó a Nicaragua, donde se encuentra prófugo de la justicia. Por su parte, Sánchez Cerén utilizó un discurso religioso para intentar mejorar su popularidad. Al comienzo de su tercer discurso de rendición de cuentas, felicitó a monseñor Rosa Chávez por su nombramiento como cardenal, agregando: “Esperamos otras buenas noticias respecto al proceso de canonización del beato Oscar Romero y la beatificación del padre Rutilio Grande […] Que Dios nos bendiga”. En ese momento, su Gobierno estaba muy mal evaluado, había descontento ciudadano por la ineficiencia en seguridad y por acuerpar a funcionarios acusados de corrupción (incluido el expresidente Funes). Como se observa, todos los presidentes de la posguerra han pasado por crisis, todos se han referido a Dios y todos han sido acusados de corrupción o la han asolapado. El presidente Bukele también ha utilizado figuras religiosas para justificar su proceder político. Cuando se le preguntó sobre un plan de financiamiento por la tormenta Amanda, afirmó que puede reconstruir todas las casas que sean necesarias ya que “Dios proveerá”. Esto se suma a la toma con militares de la Asamblea, donde aseguró que Dios le habló pidiéndole paciencia para no sacar a los diputados de sus puestos. Estos son ejemplos de acciones que han sido políticas, pero con justificaciones religiosas poco creíbles. A los presidentes (todos) más les valdría haberse comportado como cristianos sin haber dicho nada, ya que las oraciones o menciones a Dios en la política han sido irrelevantes; lo que s

No es lo mismo un fenómeno natural que un desastre natural. Cuando se emplean como sinónimos, consciente o inconscientemente, se atribuye toda la responsabilidad del daño a la naturaleza, eximiendo al ser humano. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, estos son resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos naturales. Es decir, los desastres se producen por la acción humana en el entorno. La tormenta Amanda, así como la amenaza de más lluvias, han venido a agravar el sufrimiento de los salvadoreños por la pandemia del covid-19. Esta tormenta ha desnudado por lo menos cuatro realidades del país. La primera, las precarias condiciones de vida de miles de familias, con viviendas sin lo necesario para desarrollar una vida digna, levantadas a las orillas de ríos y quebradas, sobre o al pie de barrancos; sin agua potable y sin saneamiento, sin una organización comunitaria para responder en estos casos. La tormenta, pues, muestra algo a lo que se prefiere no poner atención: la vulnerabilidad de hábitat y del entorno ante las inclemencias del tiempo que padece gran parte de la población. La segunda, las consecuencias de la depredación medioambiental. En nombre del progreso se ha cegado bosques, tapiado el curso de quebradas y ríos, construido en zonas de vocación forestal o agrícola. Se ha descuidado el agua y el saneamiento de la población y se ha privilegiado el lujo y el comercio. Esa irresponsabilidad nos pasa factura en términos de destrucción y muerte. La tercera, la plena vigencia de los vicios tradicionales de la política partidista. Como antes, el cinismo y el oportunismo buscan sacar partido del dolor y el sufrimiento de la población. Con vistas a las elecciones legislativas y municipales de 2021, se juega con la necesidad del pueblo para hacer proselitismo con recursos públicos, exhibiendo en los medios cualquier gesto pretendidamente solidario. Afortunadamente, esta emergencia, como muchas anteriores, ha sacado también la bondad de la gente. Organizaciones, iglesias, familias se han volcado a colaborar con campañas institucionales o iniciativas individuales para aliviar las necesidades de las familias damnificadas. En estos momentos es necesario mantener viva esta solidaridad. Una vez concluya la crisis por las lluvias, la sociedad entera debe presionar a quienes conducen el país para que se construya una sociedad distinta, mejor que la que desnudan estas emergencias. Identificar todo aquello que facilita que los fenómenos naturales desemboquen en desastres es el primer paso para evitarlos en el futuro. Los factores de riesgo, la vulnerabilidad de la población y del territorio, y la resiliencia son fundamentales para prevenir desastres como el que vivimos. Es impostergable construir un país donde todos quepamos y vivamos dignamente, igualmente protegidos.

La prioridad del Gobierno de Bukele es la popularidad. La vida, la salud pública y la economía le están supeditadas. Casa Presidencial ha interpretado correctamente la coyuntura de la pandemia. Ha explotado con creces la añoranza del liderazgo autoritario y agresivo, que da seguridad en la incertidumbre. La popularidad proyecta la imagen de conducción segura, disimula incompetencias y errores, y promete réditos electorales. Bukele no es el único mandatario que se ha servido de la crisis para acumular poder y legitimidad. Sin embargo, las circunstancias de las que se ha valido para encumbrarse, entrañan amenazas. La pandemia y la tormenta Amanda están a punto de malograr su Gobierno, a pesar de su elevada popularidad. Prisionero de miedos e inseguridades, el presidente agrede y castiga severamente. La devastación causada por la lluvia, que agudiza el temor al colapso del sistema de salud pública, ha robustecido sus diatribas y sus insultos. Mientras tanto, la maquinaria del poder ejecutivo se atasca en la centralización. El mismo presidente ha reconocido que “fue imposible contener el virus con el aislamiento de nexos epidemiológicos”. En realidad, la finalidad de la cuarentena es ganar tiempo para enfrentar el contagio con pruebas bien planificadas y programas que identifiquen los focos de contagio. La lluvia ha aumentado las presiones y miedos de una Casa Presidencial ya desbordada por falta de inteligencia, tecnología e infraestructura. No dispone de funcionarios, sino de meros voceros, cuyas habilidades, si las tienen, han sido inhibidas. Si algo han mostrado es incompetencia. No es extraño, entonces, que Casa Presidencial actúe erráticamente. Mientras el presidente suscribe la nacionalización de las pensiones ante unos sindicalistas, su vocera asegura que los fondos no serán intervenidos sin “una resolución y una decisión ciudadana”, cualquier cosa que eso signifique. Un día denuncia que “la mayoría de los diputados son unos delincuentes”, pero al día siguiente les solicita “tengan a bien” reprogramar la sesión solemne del 1 de junio y “renuevo mi vocación de trabajar unidos […] convencido que juntos y de la mano de Dios saldremos adelante como país”. En un arrebato, ordena suspender el pago de los salarios de los diputados, pero al día siguiente hace la transferencia de los fondos, según ordena la ley. Uno de sus voceros más autorizados atribuye estas contradicciones a que el presidente Bukele es político. Más allá de los devaneos, Casa Presidencial, entrampada por la falta de fondos y las crecientes demandas, tendrá que centrarse en la sobrevivencia. Grandes proyectos como el aeropuerto, el tren, las tecnologías de la información, etc., ya son pasado, por falta de financiamiento. El virus y la lluvia han llevado a aumentar la deuda prohibitivamente. Superadas las crisis, el presidente gobernará para cubrir el gasto corriente y pagar la deuda. Difícilmente podrá invertir en colocar los cimientos de un sistema de salud pública sólido y en una infraestructura resistente a las inclemencias del tiempo y los terremotos. Casa Presidencial tendrá que enfrentar el desgaste de una reforma fiscal inevitable. El FMI ya condicionó el préstamo millonario recién ratificado a una reforma estructural, es decir, una subida de impuestos. El presidente tendrá que pedir más sacrificios a la población. Si opta por elevar el impuesto al valor agregado, la solución más fácil y socorrida, pero también la más desigual, arriesgará seriamente su popularidad. Si decide que los más ricos asuman el peso de la reforma fiscal, se enfrentará con los grandes capitales. Está por verse si los confrontará con la misma determinación con la que ahora los descalifica y los insulta. De hecho, son ellos los grandes responsables de la crisis sanitaria y de infraestructura. La reducción de impuestos, las privatizaciones y los recortes de los Gobiernos de Arena, y la corrupción han favorecido el crecimiento desproporcionado de su riqueza, al mismo tiempo que han profundizado la desigualdad y la pobreza. Pareciera que ha llegado el momento para que comiencen a devolver lo que legal y moralmente no les pertenece. Si el sistema de salud pública y la infraestructura fueran sólidos, los costos humanos y económicos de las crisis serían menores. Una Casa Presidencial sin recursos financieros y sin crédito solo puede gobernar para subsistir, aun cuando controle la legislatura y la mayoría de municipalidades. El Gobierno de Bukele ya se ha malogrado. Es una oportunidad perdida. Perdida porque, pasadas las crisis biológica y climática, le aguarda una crisis financiera de grandes proporciones. Perdida porque el autoritarismo y su deriva represiva cerraron la posibilidad para fortalecer la institucionalidad, fomentar la educación ciudadana y cultivar la responsabilidad social. ¿Cómo “vamos a reformar el Estado de verdad” sin inversión, sin aportes técnicos y sin consenso social? ¿Solo con popularidad? * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Sin duda, a El Salvador le quedan por delante etapas duras a causa de la pandemia y la tensión innecesaria que alimenta continuamente el Ejecutivo. Pero los países ni mueren ni quiebran del todo. Más allá de deudas, enfermedades y del mal manejo gubernamental de situaciones socioeconómicas, nuestra gente tiene una enorme capacidad de resiliencia. Lamentablemente, buena parte del liderazgo salvadoreño sigue repitiendo los mismos esquemas de convivencia, producción y organización social y económica. Sería desolador que de nuevo una tercera parte de la gente tuviera que migrar para salir adelante. O que un porcentaje importante de nuestra juventud solo encontrara salida para sus vidas afiliándose a pandillas. O que la transmisión intergeneracional de la pobreza aumentara en el país en vez de disminuir. Sería desolador, pero es una posibilidad dada la escasa capacidad de diálogo de los liderazgos frente a problemas que nos afectan a todos. El endeudamiento, en parte justificado, que estamos adquiriendo dificultará el retorno al de por sí escaso ritmo de crecimiento económico y de superación de la pobreza. Si continúan los enfrentamientos y la negativa al diálogo, tardaremos demasiado en volver a la situación anterior a la pandemia, que nunca fue ideal. Se podrá decir que ahora lo importante es combatir el covid-19 y que después ya se verá cómo se enfrenta el futuro. Pero ese tipo de posición no lleva a nada bueno. Porque la improvisación, la falta de planificación y el esperar a ver qué pasa para actuar llevan a la fragmentación social, a la ley del más fuerte y al enfrentamiento entre quienes se sienten marginados y quienes viven en el bienestar. El Salvador tiene los recursos personales, intelectuales y empresariales suficientes para salir adelante. Sin embargo, los políticos, en su gran mayoría, desprecian esos recursos. Tienen puestas sus prioridades en acceder y permanecer en el poder. Han mostrado que si buscan gente independiente y capaz lo hacen no para resolver los problemas existentes, sino para provecho propio y acrecentar su estabilidad en el control del Estado y su éxito propagandístico. Hacen alianzas con intelectuales que venden pensamiento y palabra a quien les pague o con empresarios que entienden la política como un mecanismo para aumentar sus capitales. Las historias de corrupción tanto intelectual como empresarial son abundantes. En el pasado, la sociedad civil ha sido débil ante esa corrupción o fue reprimida cuando su crítica desveló la irracionalidad del poder. Hoy la sociedad civil es más fuerte. Por eso urge su irrupción en la planificación del futuro. La crisis de la pandemia y sus efectos dejarán al país en una situación más catastrófica si quienes tienen el liderazgo de la reconstrucción buscan prioritariamente sus ventajas políticas y económicas. El recurso humano para enfrentar racionalmente el futuro está en la sociedad civil, por lo que resulta indispensable que esta inicie un diálogo amplio sobre lo que queremos para El Salvador. El liderazgo actual oscila entre un pensamiento socialista dogmático y un neoliberalismo elitista y ambicioso, y parece incapaz de dialogar desde el conocimiento y la racionalidad. En cambio, los sectores intelectuales ligados al liberalismo social y al socialismo democrático entienden la necesidad de avanzar hacia el bienestar e implementar reformas tendientes a eliminar la pobreza desde un Estado social y democrático de derecho. Urge que esta sociedad civil elabore agendas de país para reconstruirlo. Debatir ideas, lanzar propuestas a la opinión ciudadana y desde ella forzar a los políticos para que las asuman es lo que se merece el pueblo salvadoreño.

Nosotros y nosotras, organizaciones comunitarias, gremiales, religiosas, artísticas y sociales, instituciones, fundaciones y un amplio abanico de actores de la sociedad civil y del movimiento social, expresamos las siguientes reflexiones al pueblo salvadoreño y a los tres poderes del Estado. Nos preocupa enormemente el constante deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado, al grado de que ello está causando confusión, división y desánimo en muchos compatriotas. Es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia. No hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat, salubridad y empleo, que viven de economías de subsistencia. Son estas personas las que más sufren las consecuencias de este clima de confrontación. En un contexto de emergencia es fundamental garantizar el buen uso de los recursos, más en un país pobre y endeudado como el nuestro. Por ello, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información no pueden ser negociables. La Comisión Anticorrupción de El Salvador (CICIES) es en realidad un proyecto de asistencia técnica presidencial, debido a que carece de autonomía e independencia para ejercer su mandato con credibilidad. Ante esto, por la inobservancia de los mecanismos de control institucionalmente establecidos, urge un acompañamiento internacional para restaurar el orden democrático y fortalecer el Estado de derecho. Los representantes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo de trabajo conjunto, en particular el presidente de la República: él tiene el deber de llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera. No es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar a aquellos con los que debe dialogar, pues con ello dinamita cualquier posibilidad de entendimiento. Que la pandemia haya encontrado al país en una situación de clara indefensión y sin políticas de prevención, subraya la necesidad de impulsar un diálogo respetuoso tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones. El distanciamiento social y el resguardo domiciliario son medidas importantes, pero no las únicas para evitar la propagación del virus. Para ello, cada familia debe disponer de las condiciones, materiales y sanitarias adecuadas, como también son fundamentales las campañas de educación. Creemos que después de más de dos meses de cuarentena es necesario reabrir paulatina y ordenadamente la economía. Por eso, se requiere que las autoridades tengan una voz consensuada que, con claridad y precisión, dé las orientaciones necesarias para proteger la salud y el trabajo. A la hora de pensar en la reapertura de la economía, el criterio fundamental debe ser aquello que sea mejor para los más vulnerables, más allá de los intereses políticos y económicos de otros sectores. En esa línea, es esencial conformar y mantener un equipo coordinador con representación de los tres poderes del Estado, que se reúna periódicamente para evitar o resolver con rapidez toda situación que afecte los derechos básicos de los ciudadanos y genere tensiones inútiles al interior del aparato público. Este equipo debe buscar la asesoría tanto del gremio médico como de economistas y especialistas en desarrollo humano y gestión de riesgo, que con su conocimiento y experiencia puedan orientar las políticas para enfrentar el covid-19 de la forma más pertinente. Por su lado, la PNC y los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de agentes policiales deben proceder con pleno respeto a los derechos humanos. Las decisiones sobre las personas sospechosas de violar la legislación especial que rige este tiempo de pandemia no pueden depender del criterio de agentes y soldados, sino de miembros del sector sanitario, y deben ser prontas y estar sujetas a apelación. Especial atención merece la situación de los Centros de Contención y otros espacios de cuarentena. La permanencia en ellos debe estar limitada a 15 días y sujeta a revisión y evaluación por parte de un grupo multidisciplinar de médicos, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales. Solo así se evitarán las sistemáticas irregularidades reportadas por organizaciones de derechos humanos: elevadas posibilidades de contagio, retención prolongada e injustificada, negativa de dar información a los recluidos, falta de implementos para la higiene y traslados a lugares lejanos como forma de castigo ante las quejas. Mucho de esto aplica a los centros penitenciarios, donde el excesivo hacinamiento creará, tarde o temprano, un grave problema de salud. Po

El covid-19 ha revelado cuán vulnerable es la humanidad ante una enfermedad contagiosa y las grandes debilidades de los Estados para enfrentarla. Este nuevo coronavirus ha mostrado que muchas seguridades son vanas, pues en unas semanas una epidemia es capaz de trastocarlo todo y poner el mundo patas arriba. Con el covid-19 estamos aprendiendo que un virus puede hacer mucho daño y ser más peligroso que un terremoto, un huracán o incluso una guerra. Vemos que esta enfermedad está matando gente no tanto por su letalidad, sino por la incapacidad de los sistemas sanitarios para atender debidamente a todos los contagiados. Este el resultado de más de treinta años de abandono de los sistemas públicos de salud, fruto de la obediencia de muchos Gobiernos al afán neoliberal de privatizar los servicios públicos. Ahora queda al desnudo el grave error cometido. Por otra parte, la lucha contra el covid-19 ha llevado a algo que parecía imposible: impedir que la gran mayoría de la gente acuda a sus lugares de trabajo durante semanas. Y con ello ha dejado clara la importancia social del trabajo. En un país que no goza de un sistema de previsión social amplio y sólido, si no se puede trabajar, el hambre y la pobreza crecen rápidamente. La pandemia nos ha mostrado que las personas que se ganan la vida en los lugares más vulnerables, vendiendo en las calles o en los mercados, y las que realizan las labores más operativas son las primeras y más afectadas cuando se les impide trabajar. Por tanto, es a ellas a quienes hay que cuidar y proteger en primer lugar, no como hasta ahora, que son siempre los últimos y no son tomados en cuenta en los planes de reapertura y rehabilitación económica. El sistema educativo también ha sido puesto a prueba por la enfermedad. En El Salvador, solo 2 de cada 10 hogares con niños tienen acceso a Internet y cuentan con equipos para ello; el 56% solo tienen acceso a radio o televisión; y un 6% de los hogares ni siquiera eso. Ante esos datos, es evidente que demasiados de nuestros niños y niñas no están recibiendo hoy su educación por falta de medios. Los más afectados son los que estudian en las escuelas públicas de las zonas rurales, pues no tienen modo de continuar su proceso formativo. Después de años de la desaparición de la televisión educativa, ha sido necesaria recuperarla para llegar a la mayoría de los niños y niñas en edad escolar. La pandemia ha dejado en evidencia que aunque todos estamos bajo la misma tormenta, no todos tenemos el mismo paraguas. Unos lo tienen muy grande y resistente, y pueden permanecer sin mayor dificultad bajo la tormenta, incluso si se prolonga por meses. Otros se defienden con un paraguas mediano, pero si la tempestad arrecia y se prolonga, acaban empapándose. Mientras que un tercer grupo dispone de un paraguas pequeño y frágil, el cual al primer embate los deja a la intemperie. Y, peor aún, un gran número de familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un plástico para resguardarse. La desigualdad social salta de nuevo a la vista y muestra el resultado de unas políticas públicas que han beneficiado por años a unos pocos, olvidando a la mayoría. La sociedad salvadoreña no se preocupa de los que tienen el paraguas pequeño y frágil ni de los que tratan de resguardarse bajo un plástico. El papa Francisco nos llama a cuidar de ellos en primer lugar, así como una familia se preocupa más por el miembro más débil. No podemos permitir que sigan bajo la tormenta sin protección alguna, y además culparles de no guardar la cuarentena domiciliaria, una medida que solo pueden cumplir los que reciben un salario regular aun quedándose en casa o los que tienen ahorros suficientes para sobrevivir sin ingresos. Difícilmente pueden guardar cuarentena los que viven hacinados en las pequeñas casas, sin patio ni jardín, de los barrios y colonias populares, porque literalmente se asfixian en ellas. Fácil es criticar y proponer castigos para los que supuestamente violan la cuarentena cuando se tiene un ingreso asegurado y el encierro se sobrelleva en un hogar con habitaciones amplias, múltiples baños, sala de estar y jardín espacioso. Ignacio Ellacuría afirma que es necesario conocer la realidad para transformarla. El covid-19 nos ha ayudado a conocer mejor la nuestra y a darnos cuenta de la urgencia de transformarla. La primera lección es que para defendernos mejor de la siguiente tormenta, todos debemos estar bajo el mismo paraguas, uno amplio y resistente. Ello significa que deberá invertirse en salud pública y en su adecuada organización comunitaria, y en crear un robusto sistema universal de previsión social, que asegure el sostenimiento de las familias, especialmente de las más vulnerables, en este tipo de situaciones. Asimismo, habrá que garantizar el acceso a las nuevas tecnologías para todos, llevándolas hasta las más remotas áreas rurales. Habrá que trabajar para tener una sociedad organizada y participativa, capaz de implementar comités de prevención y ayuda a lo largo y ancho de

En la medida en que vamos avanzando hacia los dos meses y medio de cuarentena merece la pena reflexionar sobre actividades y actitudes de los operadores concretos y directos que enfrentan desde su profesión y trabajo estos largos día de preocupación prioritaria por los daños a la salud y la vida que puede causar la pandemia de Covid-19. Recordarles es una forma de agradecerles su labor. Los médicos y personal de enfermería del sistema público han realizado una labor ejemplar, incluso, sobre todo en los primeros días, sin recursos adecuados para protegerse a sí mismos del contagio. Algo queda todavía de ese poco cuidado que el Ministerio de Salud tiene de quienes nos cuidan. Incluso algunas órdenes del Ministerio no parecen legales, dada la tendencia casi automática de los médicos que evalúan a los detenidos a enviarlos a los centros de contención por violar la cuarentena; situación que debería corregirse inmediatamente. Agradecer y felicitar a nuestros médicos y personal de enfermería es un deber ciudadano básico. Cualquier forma de discriminación contra ellos no es más que un atentado suicida contra la salud de todos los salvadoreños. Un segundo nivel importante del servicio médico lo ha desarrollado el Colegio Médico y algunos de sus miembros. Las aportaciones propias y oficiales del Colegio, así como las de especialistas, y en particular infectólogos y epidemiólogos, ha sido positiva, orientadora y provechosa para la ciudadanía. Lamentable ha sido que las instituciones estatales no les hayan prestado la debida atención. La displicencia del Ministro de Salud respecto a las ponderadas y correctas apreciaciones del Colegio Médico sólo pueden entenderse desde una administración de la crisis de salud manejada desde el campo de la política y no desde la ciencia y el conocimiento médico. La apertura hacia el Colegio Médico y hacia sus especialistas será indispensable si la nueva ley que se pretende obtener fruto del consenso quiere tener un mayor éxito en el manejo exitoso de la pandemia. Es interesante también evaluar a la Policía, así como a los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de la Policía. En los retenes se observan policías, que tratan con respeto a quienes circulan a pesar del cansancio que producen jornadas de más de 48 horas. En general se advierte en ellos un nivel educativo mayor que el de los soldados. En casos particulares, y especialmente en la noche, han cometido abusos, en parte por las órdenes estrictas que reciben y por la falta de protocolos adecuados a la hora de manejar a las personas que supuesta o realmente incumplen la cuarentena domiciliar. Llevar personas a las bartolinas y mantenerlas allí un tiempo ni es justo ni contribuye a proteger a la ciudadanía de la pandemia. Los agentes de la PNC deben ser tratados con respeto y agradecimiento en sus funciones de preservar el orden y las medidas necesarias en la actual situación. Los agentes deben proceder con pleno respeto a los Derechos Humanos. Las decisiones sobre personas que se puedan tomar ante infracciones de la legislación especial que rige los tiempos de pandemia, no podrán depender de los miembros de la policía sino del sector sanitario, deben ser prontas, racionales y estar sujetas a apelación.

Desde el inicio de la declaración de emergencia, la multiplicación de normas y decretos, con frecuencia enfrentados, ha sido una causa de inseguridad jurídica. En primer lugar, porque entre tanto cambio y diversidad de normas, mucha gente no entiende bien cuáles son sus derechos, las restricciones vigentes y las penalidades por el incumplimiento de las segundas. La Sala de lo Constitucional ha emitido algunas sentencias de calidad, pero varias de ellas, por buenas o fundamentadas que fueran, no han sido ejecutadas. Las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa oscurecen todavía más la situación para el ciudadano común. En los últimos días, la Sala de lo Constitucional ha tratado de mediar en estas discusiones extendiendo hasta el 29 de mayo el decreto 593, relativo a la emergencia nacional. Da tiempo así a la Asamblea Legislativa para emitir una nueva ley, que supuestamente tendrá elementos de desescalada gradual de las restricciones económicas, laborales y de movilidad existentes. Siendo el decreto 593 de calidad constitucional dudosa, su extensión por parte de la Sala solamente tendrá un efecto positivo si logra el diálogo y el consenso entre la Asamblea y el Ejecutivo para que se emita una nueva ley que mantenga en un mismo cuerpo legal, aceptado por todos, las medidas relativas a la emergencia, la protección civil y la reactivación económica. El marasmo normativo, las omisiones y vacilaciones de la Asamblea, el autoritarismo del Ejecutivo, la lentitud de la Sala de lo Constitucional y el incumplimiento de algunas de sus sentencias han favorecido la violación sistemática de derechos humanos de la ciudadanía. El sector de clase media acomodada se ha centrado más en denunciar y quejarse por las restricciones a la libertad. Las organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos, por su parte, se han fijado más en los efectos de la inseguridad jurídica en los sectores pobres o vulnerables, generalmente sin voz para elevar sus quejas y que han sufrido serias afectaciones a sus derechos. Todavía hoy, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentenas de 15 días, hay personas sanas que, sin saber por qué, llevan más de seis semanas retenidas en Centros de Contención. E incluso algunas han sido trasladadas de un lugar a otro como medida de castigo por sus legítimas protestas. La confusión legal, unida a la larga cuarentena y a los duros enfrentamientos políticos, ha sido una fuente de sufrimiento y ha contribuido al cansancio y deterioro psicológico de muchas personas. Ello ha relegado al olvido a los privados de libertad, cuya situación ya le valió al país severas reprimendas por parte de instancias internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales condenaron hace poco y enérgicamente la situación en algunas de nuestras prisiones. Las nuevas medidas impuestas como castigo generalizado en ciertas cárceles, que escandalizaron a la opinión pública internacional durante la cuarentena, han pasado al olvido a causa de la repetición de procedimientos poco humanos contra supuestos infractores de la cuarentena. Más allá de la nueva ley que se emita, que debe ser coherente con el respeto a los derechos humanos básicos y eliminar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, es importante que se unifiquen y aclaren las normativas, y que se llegue a un diálogo constructivo entre las instituciones estatales. Que las instituciones funcionen coordinada y adecuadamente, y que los ciudadanos tengan protección de sus derechos son dos principios básicos para sostener con eficacia el esfuerzo que se requiere para superar la pandemia. Si continúan las peleas al interior del Estado, aumentarán la tensión y el enfrentamiento ciudadano, dificultando mucho construir un futuro digno para todos.

En el actual contexto de crisis global sanitaria, el papa Francisco ha divulgado al menos tres documentos que recogen aspectos humanos y cristianos que no debemos pasar por alto, pues hacen pensar y replantear realidades fundamentales de la convivencia social, política, económica, cultural y ecológica de nuestro mundo. Una idea fuerza que atraviesa los textos es que una emergencia como la del covid-19 solo puede ser derrotada con los anticuerpos de la solidaridad, justicia y esperanza. Echamos mano de documentos clave: la bendición Urbi et orbi (BUO), oración en tiempos de pandemia, divulgada el 27 de marzo; el mensaje pascual Urbi et orbi (MPUO) del 12 de abril; y la meditación titulada “Un plan para resucitar” (MPR), publicada en revista Vida Nueva el 17 de abril. Enunciamos siete rasgos de esos textos que, ciertamente, sitúan en la realidad, interpelan e inspiran. Primero, el hecho social total y desolador. Hasta el 4 de mayo, las cifras oficiales hablaban de 170 países afectados (de 195 existentes); 4 mil millones de personas en cuarentena; más de 3 millones de contagiados; más de 250 mil muertos; y 1,250 millones en riesgo de perder el empleo a causa de la crisis mundial provocada por el coronavirus. Más allá de las frías cifras, el Papa visualiza el drama humano: “Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos” (BUO). Segundo, la pandemia desenmascara nuestra vulnerabilidad. Francisco lo explica de manera gráfica: “Con [ella] se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos” (BUO). Tercero, ¿dónde está Dios en la pandemia? ¿Qué hace y qué no hace? Desde su mirada de fe, el papa nos comunica una imagen sana de Dios, contraria al Dios del miedo que suele ser difundida frente a este tipo de crisis. Cuando el papa habla de Dios en estas circunstancias, habla de un Dios que es aliado nuestro, no del virus: “En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza: ‘Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?’ (Is 43, 18b). Dios jamás abandona a su pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace más presente” (MPR). Cuarto, los mártires de la pandemia, es decir, las personas que por cuidar a los contaminados por el coronavirus sufren rechazo, agotamiento, contagio y muerte. Frente a ellos, el papa tiene dos palabras: estima y gratitud: Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— […] pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. (BUO.) Quinto, ¿cómo revertir este mal? Mediante el otro “contagio” que se transmite de corazón a corazón: renaciendo la esperanza. Para Francisco, esto tiene implicaciones directas en las actitudes que podamos asumir en la vida personal, social o institucional. Por eso proclama: Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia… Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas… No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas… Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. (MPUO.) Sexto, después del coronavirus será necesario sembrar semillas de nueva civilización. La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Por eso el obispo de Roma propone la implementación de un proyecto alternativo que dé consistencia al cambio buscado. Un proyecto que efectivamente “civilice”, que nos haga mejores seres humanos y mejores sociedades. Que tenga como principio y fundamento que las mayorías alcancen unos niveles de vida aptos para satisfacer dignamente sus necesidades básicas fundamentales. En esa línea, el papa afirma: Ojalá [esa amenaza] nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una civilización de la esperanza”: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desalien

Casa Presidencial comenzó a gestionar la pandemia con el patrón centralizador y autoritario que la caracteriza. Al cabo de más de dos meses, la gestión da muestras de agotamiento. Prueba de ello es la rabieta del presidente porque la Sala de lo Constitucional le desautorizó un decreto fraudulento; una exhibición en cámara de inmadurez, indigna de un presidente de la República. Casa Presidencial se enreda en su propio laberinto, mientras se lleva de encuentro a la población más vulnerable. Qué sentido tiene “encerrar” un mes cuando dos semanas es suficiente, según los especialistas. Las flagrantes contradicciones de los voceros presidenciales evidencian decisiones desafortunadas. Es así como el discurso oficial carece de credibilidad, tal como lamenta el ministro de Salud. El argumento de que trabajan incansablemente (24/7) para salvar vidas tiene cada vez menos aceptación. No porque la vida no se valore, sino porque Casa Presidencial no parece tener otra respuesta que la amenaza, el miedo, el insulto y el castigo. El hastío ciudadano comenzó a manifestarse hace algún tiempo, para irritación de los voceros presidenciales. Las múltiples dimensiones y complejidades de la crisis de la covid-19 han desbordado la obsesión centralizadora de una Casa Presidencial desconfiada e insegura, que no sabe delegar. La crisis incluye la salud y la vida. No solo amenaza el virus, sino también el hambre. Decenas de miles ya padecen más hambre de la habitual. ¿Cómo conjugar el necesario distanciamiento social con la población que se rebusca para comer? El dinero y las canastas básicas no pueden satisfacer esa necesidad vital. En parte, por la centralización proverbial que no tolera la delegación. La complejidad del desafío hace del manejo centralizado una temeridad. La centralización y el sigilo pierden a una gestión presidencial que ha confundido el deseo —legítimo, por cierto— de mostrar al presidente Bukele al “frente de la emergencia” con el monopolio de la gestión. La estadística de la pandemia no es fiable, porque los resultados de los test tienen un retraso de varios días, porque utiliza números absolutos en vez de tasas y porque no dispone de control independiente. Tampoco es fácil ubicar la cadena de contagio, porque no utiliza la dirección actual, sino la del DUI, y porque los test son palmariamente insuficientes. De ahí que los diagnósticos y las decisiones basadas en esos datos sean necesariamente equívocas, sino erradas. En opinión de los especialistas, el colapso del sistema de salud es una fabricación del Ministerio de Salud, ya que la inmensa mayoría de los pacientes son asintomáticos y estables y, en consecuencia, no necesitan hospitalización, sino un seguimiento cuidadoso. Además de la falta de datos precisos, los diletantes asesoran las órdenes emanadas de Casa Presidencial. Los ignorantes ordenan en los hospitales. Una instancia desconocida y ajena a la realidad dirige los centros de “detención” de miles de personas. Y rigiéndolo todo, como mantra infalible, los “protocolos”. Los desatinos y los errores proliferan. Así lo ha debido reconocer en algunas ocasiones el ministro de Salud, aunque sin capacidad o poder para corregir el curso. No debe, pues, extrañarse de la poca credibilidad de su discurso. Casa Presidencial se defiende alegando que está en contacto con expertos extranjeros de lugares lejanos, ajenos a la realidad nacional. Los Gobiernos más exitosos en el control de la covid-19 han sido aquellos que han puesto a personal médico especializado al frente de la gestión de la crisis. Han sometido la decisión política al juicio de los especialistas. Aquí, en cambio, prevalece el criterio político, disfrazado de defensor de la vida, para que el presidente Bukele aparezca “al frente de la emergencia”. Este rumbo es muy peligroso. El descontrol puede tener un costo en vidas humanas más elevado del razonablemente esperado. No solo por la pandemia, sino también por las enfermedades desatendidas, los desarreglos mentales y el hambre. El desempleo y el hambre se ciernen amenazadoramente sobre el futuro inmediato. El aumento descontrolado del gasto público, incluida la tenaz resistencia a rendir cuentas y la corrupción, están hipotecando el futuro de las generaciones jóvenes. Aún es tiempo para rectificar, pero no hay apertura ni voluntad. Los llamados a la unidad y al diálogo, insistentes últimamente, son vacíos y poco creíbles. Hasta ahora, el llamado de Casa Presidencial a la unidad nacional es un emplazamiento para alinearse con su inquilino. El diálogo que ofrece viene acompañado de descalificaciones, algunas cargadas de machismo, e insultos. En el mejor de los casos, permite expresar opiniones, pero sin intención de considerarlas. La negociación ha sido un chantaje. El empecinamiento pareciera indicar una posición muy sólida. Pero no es suficiente para superar las crisis, tal como lo muestra la negociación con los grandes capitales. El primer paso para entablar un diálogo fecundo corresponde a quien dete

En la conferencia de prensa del lunes 18 de mayo, a diferencia de sus anteriores intervenciones, el presidente arrojó algunas luces, aunque tenues, sobre este período de emergencia. Por supuesto, también hubo sombras. Una mirada a ambas permite retratar la situación en la que se encuentra el país. Por primera vez durante esta crisis, el presidente salió de la burbuja de las redes sociales y de Casa Presidencial, y se expuso al escrutinio de los periodistas, como es normal en las democracias. Además, fue propositivo, a su manera: se refirió a los otros poderes del Estado para hacer una propuesta concreta de reapertura, con tiempo y fecha específicos. La propuesta supone una ruptura con la incertidumbre en la que ha estado sumida la población y aporta un poco de tranquilidad y esperanza. Asimismo, el presidente, aunque no se privó de lanzar sus críticas acostumbradas, afirmó que reconoce la última resolución de la Sala de lo Constitucional y que la acatará. Con ello, después de muchos desvaríos totalitaristas, dio una primera señal clara de que acepta que la nuestra es una democracia republicana, donde los contrapesos deben respetarse. Sin embargo, Bukele sigue empeñado en su discurso maniqueo, que divide a los actores en buenos y malos, los que están a favor de la vida y los que están por la muerte; una división que responde a quiénes lo respaldan incondicionalmente y quiénes no. Este radical “conmigo o contra mí” atiza una polarización social nociva, que incita al odio, fomenta la intolerancia a la crítica e imposibilita reconocer méritos en los demás. Por otra parte, dejó claro que seguirá desconociendo al presidente de la principal gremial empresarial y que prefiere entenderse directamente con los representantes del gran capital. Condicionar la propuesta de reapertura a acuerdos con estos potentados refleja dónde están sus prioridades. El presidente repitió que no ha recibido ni un centavo para esta emergencia, lo cual no es cierto. Un día antes, en la cadena nacional del 17 de mayo, enumeró (que no es lo mismo que presentar un informe oficial detallado) una serie de gastos realizados hasta la fecha, por un monto total de 1 mil 163 millones 910 mil dólares. Se argumenta que ese dinero se ha tomado del Presupuesto del año 2020 y que por eso no hay para pagar los salarios de los empleados públicos. Pero hay que saber que para la emergencia el Gobierno recibió una transferencia por 25 millones de dólares provenientes del ISSS, que se emitieron Letes a corto plazo por un monto de $491 millones y Certificados del Tesoro por $483 millones. Además, se contabiliza un préstamo de la Agencia Japonesa de Cooperación por $46 millones y la donación de $1 millón del BCIE. Es decir, el Gobierno sí ha tenido disponibilidad de efectivo para la emergencia, independientemente de que los miles de millones de dólares que le han autorizado estén por gestionarse. Gestión que será más difícil y onerosa si continúa la confrontación entre los poderes del Estado. El discurso del presidente se vuelve en su contra. Acusa a la Asamblea Legislativa de recibir a la ANEP, pero él recibe a los multimillonarios del país. Acusa de irrespeto a las leyes y a la Constitución, de usurpación de poderes, de gobernar por decretos, etc., vicios que con toda propiedad se le pueden achacar a su Gobierno. Con sus actuaciones, revive a diario la imagen del 9 de febrero. El mensaje de “o hacen lo que yo digo, o lo hago por mi cuenta” debe ser revisado. El mandatario debe asesorarse mejor. De poco le servirá ganar votos en las próximas elecciones con su discurso polarizador si con ello profundiza el conflicto social y consolida su imagen autoritaria a nivel internacional. Es lamentable que la ciudadanía esté tan o más preocupada por los conflictos entre los poderes del Estado que por la pandemia. También lo es que se genere confusión entre la población por la falta de acuerdos. Tan irracional es anunciar el veto a un proyecto de ley sin antes conocerlo y examinarlo detenidamente como cerrarse a un diálogo con el Ejecutivo. Después de este primer paso, el presidente debe seguir dando luces y abandonar definitivamente las sombras que oscurecen su gestión. Es urgente abrirse al diálogo, que prive la sensatez y que los intereses electorales, tanto del Gobierno como de la oposición, no se impongan sobre las necesidades de la sociedad.

La actual coyuntura nos obliga a hacer un examen profundo sobre la situación que experimentamos, que se destaca por una enorme incertidumbre acerca del futuro. Aunque a primera vista pueda parecer que la crisis en la que se está sumiendo El Salvador es fortuita, es decir, causada por el inesperado aparecimiento de una pandemia, también puede considerarse que es la pandemia la que nos encuentra sumidos en una crisis, determinada por la trayectoria que traía nuestro sistema social. Así, el hecho de que más del 70% de la fuerza laboral se encuentre en el sector informal y deba luchar por su supervivencia en el día a día no es en realidad una situación novedosa. Así como el alto índice de pobreza y violencia, o la enorme fragilidad ambiental en la que gestamos la vida. Hechos que en el fondo expresan el agotamiento del modo de organización social actual. Ahora, con la pandemia de covid-19, estamos en un momento decisivo en el modo de gestionar la crisis. Siendo el primer responsable de ello el presidente. En ese sentido, lo que se ha visto hasta el momento nos hace pensar que esta gestión es insostenible en el tiempo. Con la paralización de la economía por las medidas de contención no solo se han desconfigurado las cadenas de producción y abastecimiento, sino que también está disminuyendo la capacidad del Estado para obtener ingresos, incrementando el déficit fiscal y haciendo más difícil la implementación de políticas públicas centradas en combatir la enfermedad. La salida de recurrir a un mayor endeudamiento ya ha sido señalada por muchos expertos como excesiva, inviable y hasta peligrosa para la estabilidad financiera y macroeconómica del país. De hecho, la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya creación tenía como objeto evitar precisamente este escenario, ha sido actualmente suspendida. A lo que se le agrega un marco de poca transparencia sobre el modo en que estos abultados préstamos serán empleados. Por tanto, más que los propios gobernantes, que a menudo olvidan que son meros servidores públicos y que los elevados sueldos que muchos de ellos gozan provienen de los mismos impuestos recolectados, es la población la que debe comprender que estas inyecciones de liquidez por medio de nueva deuda se traducirán en un corto plazo en un aumento de la carga tributaria que todos pagamos, empezando por los más pobres. Y que además están conduciendo de forma trepidante a un aumento del riesgo país, que nos puede llevar a una situación de impago y al cierre del financiamiento externo. En este momento es necesario asumir que la precaria situación de las finanzas públicas conducirá a que el Gobierno implemente una reestructuración presupuestaria, que implicará una reorganización de la estructura estatal y de su interacción con la base social de la cual depende para funcionar. De ello se derivaría un significativo recorte en el gasto social y corriente del Estado, así como una probable subida de impuestos. Aunque el Ministro de Hacienda ha señalado que de momento el Gobierno no contempla subir el IVA y a los tributos a los combustibles, estas medidas ya han sido sugeridas como condicionantes de los desembolsos que han hecho instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que le acaba de prestar al país 389 millones de dólares para combatir la pandemia. No se puede gobernar abstraído de los problemas de reproducción de la vida material que actualmente está enfrentando la población. Como ya ha sido señalado, la dicotomía entre salvar la salud pública y salvar la economía es falsa, y es desmentida día a día por los que en este momento se enfrentan no solo al contagio de covid-19, sino al severo problema del hambre y la bancarrota. Si la trayectoria en la gestión de la crisis continúa, no solo se pondrá en riesgo la institucionalidad que tanto ha costado construir, sino también se abrirá la puerta a una mayor inestabilidad social. * Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Después de dos largos meses, estamos llegando al fin de una etapa. El país no puede permanecer indefinidamente cerrado ni subvencionar con deuda la suspensión de la mayoría de actividades económicas. Es indispensable implementar una apertura ordenada y gradual, manteniendo restricciones, lo cual requiere algo que ha estado ausente a lo largo de todo este período: diálogo. La prolongación de la cuarentena domiciliaria es muestra de desorden y falta de diálogo, especialmente en el Gobierno. Aunque es necesario que el estado de emergencia continúe, debe modificarse todo lo referido a movilidad, tiempo de cuarentena, acceso a la información, etc. Eso espera la población que hagan la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo esta semana. El bien común, fin constitucional al que están obligadas todas las instituciones del Estado, no ha sido el factor decisivo a la hora de tomar decisiones. Lo que se ha hecho bien en estos meses no ha procedido tanto del Estado como de la labor sacrificada y abnegada de salvadoreños (enfermeros, doctoras, cajeras de supermercados, voluntarios de diverso tipo, personal de servicios indispensables) dispuestos a servir al resto de la población; ellos han materializado lo que llamamos bien común. A nivel estatal, únicamente la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han tratado de mantenerse de verdad abiertos a los clamores de la población. A esta segunda etapa de la lucha contra el covid-19 llegamos, pues, con el lastre del enfrentamiento y la división. Una apertura ordenada y gradual, no reñida con el estado de emergencia, solamente será posible si los órganos del Estado dialogan entre sí, se abren con honestidad a las necesidades ciudadanas, rinden cuentas y ofrecen información veraz. Los trabajadores de la salud y otra gente sencilla han dado testimonio de que se puede trabajar ordenada y cuidadosamente en circunstancias adversas. La mayoría del pueblo salvadoreño es capaz de disciplina y responsabilidad cuando se le explican las razones de lo que se debe hacer. No se trata de regresar a la dinámica previa a la llegada del coronavirus, sino de reanudar progresivamente la actividad social con una nueva cultura. Educar para la distancia social y regularla en calles, transporte, ocio y trabajo es clave para frenar el contagio. Dotar de agua a todos los hogares, indispensable para la higiene. Ambas medidas serán mucho más provechosas y eficaces que los desesperantes y fracasados Centros de Contención. La experiencia de otros países exitosos en el manejo de la pandemia deja clara la importancia de chequear sistemáticamente la salud de la gente. Ya lo hace el Ministerio de Salud en los mercados, y lo están haciendo por su cuenta los bancos, supermercados y algunas fábricas que permanecen abiertas. Tendrán que hacerlo, en coordinación con el sistema de salud, todas las industrias y oficinas que reanuden su actividad total o parcialmente. A ese respecto, el procedimiento es claro: si hay síntomas, se hacen pruebas. Y la gente que da positivo debe aislarse en su casa si los síntomas no son graves y tiene posibilidad para ello, o en instalaciones públicas adecuadas. E inmediatamente se rastrean y definen sus contactos, y se hacen test entre ese círculo de personas. Si el Gobierno se empeña en seguir con el encierro autoritario, la amenaza de castigo y el manejo político en vez de un accionar coherente con lineamientos epidemiológicos y de salud pública, el país aumentará su sufrimiento y se profundizará la crisis producida por la pandemia.

OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19

Una mujer sabia de mi pueblo decía que no todas las tormentas llegan para perturbar la vida; algunas llegan para limpiar el camino. En la actual coyuntura, hemos recibido, como universidad y como personas, innumerables muestras de apoyo y solidaridad. Mensajes que agradecemos profundamente. Compañeros de trabajo, amigos y amigas, gente que no hemos tratado personalmente, de fuera y dentro del país, desde jerarcas religiosos y defensores internacionales de los derechos humanos hasta nobles pobladores de barrios y colonias nos han expresado su cariño y, también importante, que comparten y comprenden nuestra actuación. Por supuesto, no han faltado las ofensas, insultos y calumnias, que denotan no solo falta de altura moral, sino también carencia de argumentos. Pero hay algunos cuestionamientos hacia la UCA que por transparencia vale la pena atender. Van esencialmente en dos líneas. La primera es que la UCA se equivocó al aceptar ser parte del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. A lo largo de sus 55 años de vida, la Universidad ha cometido errores. Pero lo que nadie puede negar sin mentir es que siempre ha actuado con el propósito de aportar a la dignificación de la existencia de los salvadoreños, especialmente de aquellos, como dice Jon Sobrino, para quienes la vida es un camino cuesta arriba. Por supuesto que nos hemos equivocado, pero no decir que siempre se ha tenido la decencia y honradez de rectificar institucionalmente es no honrar la verdad. Como lo recordó una compañera a través de una publicación en una red social, Ignacio Ellacuría apostó en 1976 por una propuesta de reforma agraria en los tiempos en que el general Arturo Armando Molina era presidente del país. A pesar de las mordaces críticas, la UCA entendió que cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, la principal fuente de riqueza de aquel tiempo, era la vía hacia la justicia social. ¿Un error? Tal vez. Pero la Universidad vio la oportunidad y apostó. Cuando el Gobierno de entonces se echó atrás por presiones de la oligarquía terrateniente, Ellacuría fue uno de los principales críticos de la medida y desde entonces se convirtió en blanco de ataques gubernamentales. En octubre de 1979, el rector de la UCA, Román Mayorga Quirós, dejó su puesto para ser parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Mayorga Quirós dio el paso luego de vislumbrar un camino, a través de militares y jóvenes, para detener tanto las violaciones a los derechos humanos como un derramamiento de sangre que parecía inminente. ¿Se equivocó? Quizá. Como dijo después el antropólogo y jesuita Ricardo Falla, lo que parecía más realista resultó utópico e impracticable. Y cuando la violencia se impuso, la UCA se distanció de la Junta. A raíz de ello, Mayorga y otros miembros de la Universidad tuvieron que exiliarse para no perder la vida. El campus fue blanco de ataques. El 16 de febrero de 1980 la residencia de los jesuitas recibió 100 impactos de bala. La segunda línea de cuestionamiento es que la UCA ha sido manipulada por la empresa privada, ya sea por ingenuidad o como parte un plan orquestado para boicotear al Gobierno. Este cuestionamiento no tiene sustento. De lo mismo se ha acusado a la Universidad a lo largo de su historia, en múltiples ocasiones. Que se diga hoy que la UCA, al criticar la falta de transparencia y las actuaciones autocráticas del Gobierno de Nayib Bukele, le hace el juego a la derecha o es su aliada es cerrar los ojos a lo evidente. Los que así piensan pretenden pintar al Gobierno como víctima de oscuros y malignos planes. Normalmente en la vida tengo más dudas que certezas, pero si de algo estoy seguro en este caso es que la víctima no es el Gobierno. Más bien creo lo contrario, que es victimario, sobre todo de la verdad, de la dignidad humana y de la racionalidad. Creo también que los hechos están a la vista, pero en un mundo de mentiras decir la verdad es causa de linchamiento mediático, de persecución y de expresiones de odio. Las descalificaciones y ataques no aportan nada al debate tan necesario como ausente en estos tiempos. A los miembros del Comité, tanto de la sociedad civil como del Gobierno, les guardo mi consideración y respeto. Ellos lo saben. Y saben que eso no quiere decir que pensemos igual ni que la misión de la universidad para la que tengo la suerte de trabajar haya cambiado, como no cambió antes, aun enfrentando riesgos, amenazas y ataques. Aceptamos entrar al Comité siendo conscientes de los riesgos, pero con la esperanza de incidir para aliviar el sufrimiento de tanta gente. Quizás nuestro pecado fue pensar que podíamos ser escuchados y pretender transparencia en la noche oscura que embarga a nuestro sufrido país.

“Nunca discutas con un necio”, reza la conocida frase, “o te arrastrará a su nivel, y desde ahí te ganará por su experiencia”. Algo similar sucede respecto al combate de las pandillas. Frente a la irracionalidad del delito, la sangre y la violencia, no es posible oponer más locura y sinrazón, pues, aunque se venza al pandillero o al asesino en su terreno, ya se habrá sido derrotado. Durante treinta años, los Gobiernos del FMLN y Arena, así como el resto de sectores que ostentan algún nivel de poder, desoyeron esta elemental lección de sentido común. El presidente Cristiani y Calderón Sol fortalecieron las bases de un sistema desigual, abusivo e injusto dentro del cual las maras o pandillas maduraron en su adolescencia. Francisco Flores, lejos de reparar estos errores, ofreció como principal salida detenciones masivas y una ley antimaras que criminalizaba “ser pandillero”. Finalmente, el último presidente de la derecha en el poder, Antonio Saca, ofreció las mismas cuotas de violencia, con un “super” de prefijo. Nada de esto funcionó. Desde la izquierda, Mauricio Funes ofreció militares, más todavía que Saca, y Sánchez Cerén apostó a superar tal dureza con medidas más extremas, aumentos de pena y la creación de nuevos delitos. La Sala de lo Constitucional no se quedó rezagada y convirtió a los pandilleros en terroristas en el año 2015, tiempo después que la Asamblea Legislativa los declarara “crimen organizado” y desarrollara una jurisdicción especializada para aplicares penas. Nada de esto ha funcionado contra las maras. Nada de lo que viene desde el terreno del engaño o la violencia parece hacerlo, desde los seductores favores penitenciarios, negociaciones ocultas y financiamiento, hasta la severidad del policía, el soldado, el grupo de exterminio, las tanquetas en la plaza pública, e incluso los drones y helicópteros sobre nuestras cabezas. Las pandillas son resistentes a la violencia, lo cual no es extraño: nacen de la violencia social y estructural que les rodea, y sobreviven gracias a ella en un entorno donde rige la ley del más violento. Más allá de lo anterior, cada embate furioso del Estado parece proporcionarles nuevas y peligrosas propiedades: lavar dinero, regentar narcomenudeo, participar en sectores económicos informales, incrementar o reducir estratégicamente su control territorial a conveniencia, e incluso negociar abiertamente, y en posición de paridad, con las cúpulas partidarias de todas las ideologías y tendencias. Con lo anterior, llegamos al presente momento, uno que continúa desoyendo los gritos del pasado. Frente a la sinrazón del pandillero, el Gobierno de Nayib Bukele se propone ser tan o más violento que ellos: un renovado y más comprometido culto al fusil y a las milicias, el anuncio de fuerza letal ante cualquier atisbo de resistencia, la exhibición de supuestos pandilleros en espectáculos dignos de Auschwitz, e incluso la implementación de calabozos diseñados para ser más degradantes que las prisiones anteriores (esto ya era un verdadero reto). ¿Qué promete un plan que busca convertir al Estado y sus ideales en una maquinaria más letal e irracional que un pandillero? Sencillo, muy poco en lo pragmático, nada en lo ético. *Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Las emergencias y crisis en democracias débiles conllevan el peligro de generar formas de autoritarismo que reducen los derechos ciudadanos. El abuso de autoridad se posibilita cuando se da la tendencia a unir opiniones y pareceres detrás del líder fuerte que actúa rápido y con decisión para enfrentar la crisis. Si en tiempos de bonanza la reducción de derechos levanta protestas, las crisis tienden a silenciarlas. Por ello es importante evaluar el estado de la democracia salvadoreña en este momento; una democracia que fue profundamente débil durante el siglo XX y que continúa siéndolo, a pesar de las importantes reformas que se han implementado desde la firma de la paz. La profunda deficiencia de servicios fundamentales es signo evidente de una sociedad desigual, en la que coexisten niveles de vida muy diferentes. En El Salvador hay servicios de salud excelentes y de primer nivel, pero son privados: menos de un 10% de la población tiene acceso a ellos. Algo semejante pasa en educación. En el campo laboral, más del 50% de los salvadoreños tiene un trabajo precario o informal, cercano en una alta proporción al subempleo. En este escenario, la política se convierte no en un mecanismo de cambio, sino en una forma de incorporarse al bienestar de unos pocos y conservarlo en beneficio de esa minoría. Las corporaciones y asociaciones del poder económico cuentan con un poder desproporcionado y mantienen situaciones de privilegio a la vez que se oponen a una democratización de los servicios de calidad. Ensalzan la meritocracia, aun sabiendo que esta en un país desigual perpetúa el inmovilismo social. En esa línea, es simbólico que en los últimos 35 años no haya llegado a la presidencia del país ninguna persona que haya obtenido su bachillerato en un instituto público. Preguntarse el porqué de ese hecho es fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad. La llegada al poder de Nayib Bukele, que supo utilizar en su campaña las desigualdades socioeconómicas y la corrupción de los últimos 30 años, creó una situación inusual. Los partidos tradicionales estaban acostumbrados a repartirse franjas de poder y negociar las ventajas de tener a su gente en las instituciones del Estado. El nuevo Gobierno tiene únicamente el control del Ejecutivo. Y como mecanismo para suplir esa “debilidad”, comenzó a ejercer diversas formas autoritarias de presión, con frecuencia reñidas con la institucionalidad democrática. Entrar en la Asamblea Legislativa con un numeroso grupo de policías y militares armados fue la mayor expresión de ese estilo autoritario. Durante la emergencia por el covid-19, los choques del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no han hecho más que multiplicarse. Otras instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública, están recibiendo presiones indebidas. Los choques autoritarios aumentaron también con organizaciones de la sociedad civil. El periodismo y las organizaciones defensoras de derechos humanos son públicamente menospreciados. Además, se ataca y descalifica a todo aquel que critica la gestión gubernamental de la pandemia. Este ejercicio autoritario del poder por parte del Gobierno está mereciendo páginas en medios de comunicación internacionales, algunos incluso vinculados al liberalismo. La pregunta que flota es si tras la crisis del coronavirus continuará la tendencia del Ejecutivo al autoritarismo. Aunque por el momento es muy difícil pensar en la instalación de una dictadura, lo cierto es que tanto el poder legislativo como la Sala de lo Constitucional deben jugar un papel importante como frenos de esta peligrosa deriva. Y lo mismo la sociedad civil. De continuar, este estilo autoritario de gobernar solo agravará la situación económica, política y social que acompaña al covid-19. Lo que necesitaremos en el futuro inmediato no es autoritarismo, sino diálogo y solidaridad.

Hay comparaciones saludables; otras, enfermizas. Las primeras están enfocadas en la emulación de aquello que funciona bien en otros e impulsa a mejorar. Las segundas, a ensalzarse personalmente a costa de los demás. El Gobierno de Nayib Bukele tiene en estas últimas uno de sus principales recursos discursivos. El Salvador, dice, fue el primer país del mundo en prohibir la entrada de personas provenientes de China, Italia e Irán; el país que construirá el hospital más grande de América Latina para atender casos de coronavirus; se está haciendo la entrega más grande de la historia de semillas para la siembra; se está remodelando el sistema de hospitales como nunca nadie lo hizo… La estrategia parece ser la del pavo real: inflarse para esconder las debilidades. Pero estas afloran cuando se observa la realidad. El Salvador destaca en la región por construir más lentamente y a mayor costo (70 millones de dólares) un hospital para atender la enfermedad. Costa Rica acondicionó una estructura ya existente para crear el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid-19, con capacidad para tratar a 88 personas. Su adecuación demoró 11 días y en ello invirtió 16 millones de dólares. México, además de otros hospitales, levantó en la capital un hospital de campaña en 21días, con capacidad para 854 camas, gracias a la donación de empresas mexicanas con la coordinación del gobierno de la ciudad y la UNAM. Panamá, el país más golpeado por la pandemia en el istmo, construyó el Hospital Integrado Panamá Solidario, con capacidad para 100 camas (80 generales, 20 UCI), en 28 días a un costo de $6.9 millones. Por su parte, Guatemala adecuó en la ciudad capital, en 3 días y por menos de 800 mil dólares, el hospital temporal Parque de la Industria, con capacidad para 319 camas (48 UCI). En cuanto a disponibilidad de recursos económicos para atender la emergencia, a pesar de ser el más pequeño y que otros países estaban en peores condiciones antes de la pandemia, El Salvador ocupa el puesto número uno de Centroamérica. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nuestra nación es la que más ha aumentado el gasto público. Como porcentaje del producto interno bruto, Costa Rica ha incrementado su gasto entre 0.36% y 0.38%; Guatemala, entre 2.26% y 2.30%; Panamá, entre 6.36% y 6.78%; y Honduras, entre 9.64% y 10.16%. El Salvador lo ha hecho en un 11.1% y 11.7%. El endeudamiento de nuestro país alcanzará, de gestionarse todos los fondos autorizados, niveles sin precedentes; endeudamiento que pesará como una losa sobre las espaldas de generaciones de salvadoreños. Por otra parte, El Salvador es el único país de la región que, como medida única, priva de libertad por 30 días a quienes violan la cuarentena domiciliaria. En Guatemala, según la legislación aprobada, se lleva a las personas a un juzgado de paz, que impone las sanciones establecidas en el Código Penal: desde multas que varían según la capacidad económica del retenido hasta el encarcelamiento, como medida extrema. Algo similar sucede en Costa Rica, donde las sanciones son graduales e impuestas por las autoridades de salud: desde multas económicas hasta, en casos de reincidencia, prisión. Honduras y Panamá sancionan con 24 de horas de retención, obligando a realizar servicios comunitarios públicos, como limpiar calles. Quien compara debe estar abierto a la otra cara de la moneda, no solo a la que le beneficia para autocelebrarse. Frente a la epidemia de covid-19, lo realmente importante es que las medidas implementadas respondan a la realidad de nuestra sociedad y de su gente. Las comparaciones megalómanas no curan ni le quitan el hambre a nadie.

Los antiguos hablaban del eterno retorno. Algunas religiones hablaban de reencarnación. Pensaban que la historia se repetía. En general fue la esperanza de Israel la que introdujo en la historia direccionalidad y finalidad. El cristianismo universalizó esa idea de una historia que se perfecciona hasta llegar a su fin, al tiempo que tomaba de griegos y romanos la razón y el derecho como formas históricas de caminar. Hoy sabemos que la historia no tiene por qué repetirse. Y los acontecimientos que vivimos nos indican que las teorías del fin de la historia, que tuvieron cierto eco a finales del siglo pasado, están equivocadas. Sin embargo, cuando el futuro no se trabaja e incluso no se planifica, algunas barbaridades históricas se pueden repetir. En el primer cuarto del siglo XX hubo una gripe que mató a 50 millones de personas y contagió a un tercio de la humanidad. La falta de preparación para el covid-19 recuerda aquella tragedia, aunque dado los adelantos de la ciencia es muy difícil que lleguemos a aquellos extremos. Pero lo que es evidente es que no planificar el futuro y no prepararse para los riesgos existentes lleva con frecuencia a que se repitan tragedias. En los millones de años que lleva existiendo la tierra hubo extinciones de la vida o la vegetación impresionantes. Hoy, con el calentamiento global provocado por nuestros modos de consumo, somos nosotros mismos los que estamos provocando una extinción, por no querer planificar un uso diferente de la energía. Y es que es verdad, la historia puede en cierto modo repetirse. La masacre de 1932 en El Salvador tuvo causas parecidas a las que provocaron 70.000 muertes civiles durante nuestra guerra de los años ochenta. Planificar el futuro corrigiendo errores es indispensable para que las situaciones trágicas o dolorosas no se repitan. Estamos ahora sufriendo una pandemia para la que sanitariamente no estamos preparados. Nunca se ha querido hacer una reforma radical de nuestro débil y mal dotado sistema de salud. Ni siquiera al estilo de Costa Rica, que por cierto es de los países latinoamericanos que mejor se está defendiendo en estos momentos frente a la pandemia. Según los cálculos de algunos médicos, en el país existen unos cien ventiladores mecánicos en el sistema público. Y por supuesto no todos podrían ser utilizados para neumonías provocadas por la Covid-19, puesto que hay otras situaciones de enfermedad que requieren su utilización. Imaginemos que llegamos a los mil enfermos (lo cual es relativamente fácil, pues ya superamos los cuatrocientos. Y que el diez por ciento de esos enfermos necesitaran ventilador mecánico. Nuestro sistema quedaría fácilmente colapsado. En todas las emergencias los Estados suelen recurrir a la deuda para solventar los problemas más urgentes. Nosotros hemos acumulado ya tanta que nos cuesta más conseguirla. Si pensáramos seriamente en una reforma fiscal tendríamos más recursos y más capacidad de pago cuando necesitáramos deuda. La población de tercera edad se va a multiplicar por tres en los próximos 40 años. ¿Podremos seguir con un sistema de pensiones que solo atiende al 24% de los que están en edad de recibir pensión? El salario digno es una de las mejores formas de salir de la pobreza, pero lo mantenemos en un mínimo que difícilmente posibilita salir de la pobreza. Nuestro sistema educativo solo gradúa de bachillerato al 40% de los jóvenes en edad de graduarse. Y de esos, casi la mitad han estudiado unos bachilleratos tan débiles que prácticamente les impide continuar con una formación seria tras su graduación. En esta sociedad de la inteligencia, ¿podremos llegar al desarrollo económico y social con un capital intelectual escaso? O cambiamos, o estaremos repitiendo cíclicamente los mismos males de siempre. Si no planificamos un futuro distinto, si no reformamos con seriedad la sanidad, la fiscalidad, la educación, las pensiones, los salarios, y una serie de temas más, nos veremos abocados al estancamiento y a la repetición de los males que tradicionalmente criticamos.

Hay personas que afirman que el derecho a la vida y la seguridad choca con los derechos humanos. Como si pudieran darse momentos en que la seguridad y la vida, o esta y los derechos fundamentales fueran opuestos y contradictorios. En este contexto es importante comenzar señalando que el derecho a la vida es siempre un derecho a una vida plena. Es cierto que los derechos se pueden restringir cuando se trata de salvar un bien mayor. Y la defensa de la vida, en su plenitud mayor posible, obliga en algunas circunstancias a restringir otro tipo de derechos. Pero eso tiene que hacerse siempre en el marco de las leyes propias de cada país y ciertamente respetando algunos derechos que no están sujetos a restricciones. Por poner un ejemplo grueso, no es posible autorizar que se mate a enfermos contagiosos para preservar la vida de los sanos. El derecho a la vida es de todos y la mejor calidad de vida posible debe defenderse para todos. Sin embargo, cuesta entender que todos tengamos derecho, incluso dentro de restricciones necesarias, a la mejor calidad posible de vida. Cuando los defensores de DDHH abogamos por la calidad de vida básica de los presos suelen llamarnos defensores de criminales. Pero la situación de los presos bien puede servir de ejemplo para entender lo que decimos. Recientemente, con motivo de un aumento repentino de homicidios la semana pasada, el presidente dio orden de encierro total en las celdas durante 24 horas, supresión de tiendas y registros sistemáticos en las prisiones. La Dirección de Centros Penales, para mostrar el cumplimiento del twit presidencial, ofreció a los periódicos sendas fotografías donde se ve a un gran número de privados de libertad sentados en el suelo en fila, hacinados, semidesnudos y prácticamente en contacto físico, teniendo el cuerpo propio entre las piernas del que está sentado detrás, y entre las propias piernas el cuerpo del que está sentado delante. Todo un espectáculo digno de un campo de concentración. ¿Es necesario esto en una democracia? ¿Defienden la vida los castigos generales y humillantes? Fuentes de “inteligencia”, dicen las autoridades, llegaron a la conclusión de que las órdenes de aumentar el número de homicidios vino del interior de algunas cárceles. Démosle credibilidad a estos análisis de inteligencia y digamos que puede ser cierto. Pero es obvio que si hubo una orden desde el interior de una cárcel, no la dio todo el conjunto de presos, sino un grupo muy reducido que ni informa ni pide permiso al resto de los privados de libertad para tomar la decisión. Y un paso más; si lo dicho tiene lógica, castigar a todos los presos puede tener el efecto contrario al que debiera pretenderse, pues crea solidaridad entre ellos. Y cuanta más solidaridad tengan los privados de libertad entre sí, aunque brote del miedo, más difícil será llegar a la presunta célula que da las órdenes de asesinar. La “inteligencia” necesita siempre información para llegar a conclusiones. Y si llegó a deducir que la orden de matar salió del interior de una prisión es porque tuvo algún tipo de información. En un ambiente de normalidad carcelaria, esa misma inteligencia tendría más facilidad para conseguir información y llegar a los autores de la orden de matar, que en una situación de encierro total. Salvar vidas es un objetivo bello, humano y necesario en El Salvador. No solo en tiempos de Covid-19, sino en tiempos de violencia, pobreza y desigualdad. Pero los castigos generales, reñidos con la dignidad humana, poco pensados y confiando en el efecto de la mano dura, no suelen dar buenos resultados. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acaba de publicar dos informes de gran calidad. Uno sobre la gestión de las normas de cuarentena y otro sobre la problemática de las mujeres en este mismo tiempo. En ambos se ve la necesidad de actuar, en estos tiempos difíciles, con exigencia clara, pero también con respeto a los derechos de las personas. No sería raro que el Procurador tuviera en algún momento que tocar de nuevo el problema carcelario. Porque la vida se defiende mejor con Derechos Humanos que con mano dura.

El combate a la pandemia de covid-19 y la crisis económica subsecuente se han convertido en un pozo sin fondo, al que el Gobierno está destinando enormes cantidades de recursos. A la fecha, además del dinero del que dispone a través del Presupuesto General, se han contraído deudas por miles de millones de dólares, que en teoría tienen su justificación en la lucha contra la enfermedad y la reactivación económica. Y es necesario remarcar el “en teoría”, porque una buena parte está sirviendo para suplir el déficit de ingresos del Estado. El Salvador, ya antes de la pandemia, era un país altamente endeudado, pero en los dos meses que llevamos con el covid-19 el endeudamiento ha crecido a un ritmo trepidante, incrementando la deuda pública en un 20% A finales de marzo, el Gobierno anunció que requería dos mil millones de dólares de deuda para hacer frente a la pandemia a través del apoyo a la población económicamente más vulnerable (450 millones de dólares); la entrega de 600 millones de dólares a los municipios; la creación de un fondo especial para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre de las actividades; y el fortalecimiento del Presupuesto. Un mes después, gracias a una negociación a puerta cerrada con la ANEP y los votos de GANA, PCN y Arena, el Gobierno logró la aprobación de otros mil millones de dólares de deuda, aduciendo motivos muy similares a los de marzo: la creación de un fondo de 460 millones para la reactivación económica de las empresas afectadas, 140 millones para los empleados que han quedado desempleados por la crisis y 400 millones para que el Gobierno pague el IVA que les debe a los exportadores y los saldos pendientes que tiene con sus proveedores. Vale aclarar que estos últimos 400 millones ya estaban incluidos en el Presupuesto. De esta forma, más de 1,200 millones se acabarán destinando a fortalecer el Presupuesto General del Estado. El Gobierno está enfrentando esta crisis sanitaria sin reparar en montos, como si El Salvador fuese un país rico cuando, en realidad, los recursos son muy limitados y el futuro viene cargado de gravísimos problemas económicos. Algunos de los gastos que se están haciendo no parecen ser del todo necesarios o podrían reducirse con una mejor gestión. Basten dos ejemplos. En primer lugar, si la cuarentena en los Centros de Contención, en los que hay más de 9 mil personas, fuese de 15 días, tal como recomienda la OPS, en lugar de 30 o más, el dinero que se destina a ellos se reduciría en al menos la mitad. En segundo lugar, continúa la construcción del nuevo hospital en el parqueo del Cifco, en lugar de utilizar infraestructuras ya existentes que solo habría que acondicionar y reforzar para la atención hospitalaria. El dinero para construir un hospital que estará listo dentro de meses está haciendo falta ya para contratar más personal médico y paramédico, mejorar la red nacional de hospitales y centros de salud, y educar a los ciudadanos (no atemorizarlos) para prevenir el contagio. Gracias al covid-19, el Gobierno ha logrado sumar cientos de millones de dólares más para su presupuesto. Además, ha reasignado cerca de 1,000 millones que en el Presupuesto 2020 estaban destinados a inversiones, principalmente en obras públicas. También ha recibido ayudas de la Agencia de Cooperación Japonesa, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, entre los más importantes. En total, el conjunto de recursos de los que dispone para enfrentar esta situación asciende a más de 2,400 millones de dólares, aparte de los 1,600 millones destinados a las transferencias monetarias, a los municipios y a la reactivación empresarial. Si todo este dinero será dedicado a la lucha contra la pandemia o no, es cuestión aparte, pues la opacidad con la que el Gobierno toma decisiones y asigna recursos no permite afirmar nada con seguridad.

Un país construido sobre la solidaridad En el país, durante estos días, el debate público sobre la emergencia por el covid-19 tiene una doble dimensión. Se discute si la cuarentena debe alargarse y endurecerse, o si debe iniciar un retorno escalonado a la normalidad y cómo. La relativa escasez de pruebas realizadas no ofrece datos suficientes para tomar decisiones claras. En este contexto, la gente ha ido abriendo discretamente algunos de sus trabajos o negocios informales, porque las obligaciones son muchas y la ayuda entregada no da para cubrir todas las necesidades familiares. Se ve más gente en lugares públicos, y ello molesta al Gobierno. Pero las más de las veces es una cuestión de necesidad, no de irresponsabilidad. No se puede decir que hayamos llegado a una situación de vida ordinaria: el tráfico continúa siendo escaso y aunque se ve más personas en la calle que en los primeros 15 de cuarentena, no en número suficiente como para afirmar que se haya llegado a una situación de abuso generalizado. La mayoría de las personas cumple racionalmente las medidas de prevención y distanciamiento social. Pero es normal que en un país con casi la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad, una cuarentena no pueda durar dos meses, al menos de manera absoluta. En ese sentido, hay que, por un lado, considerar las necesidades económicas y de mantenimiento de los pequeños negocios; y por otro, elaborar nuevas medidas sanitarias y continuar insistiendo en que la mayor parte del tiempo se debe permanecer en casa. Tomar decisiones y dictar normas teniendo en cuenta ambas realidades se vuelve cada vez más perentorio. Más importante aún es comenzar a planificar un futuro postepidémico. La gran mayoría de países estaban escasamente preparados para enfrentar la pandemia. El sistema económico mundial centrado en la ganancia rápida ha hecho que muchos Estados descuiden los servicios básicos que ofrecen a la población. En el campo de la salud, El Salvador ya era muy frágil antes de esta emergencia, porque la inversión en el rubro ha sido históricamente insuficiente, incluso raquítica. Nuestro país se caracteriza por avanzar hacia el desarrollo de un modo lento y débil, más apoyado en el endeudamiento que en impuestos y aportes ciudadanos. De hecho, somos el tercer país latinoamericano con mayor deuda pública. Y esta realidad debe abordarse de manera seria y responsable, para cambiarla en el futuro próximo. Porque aumentando las deudas no se saldrá de esta crisis ni de ninguna otra. El Salvador, por ubicación geográfica, está en riesgo permanente de emergencias. Los terremotos nos definen. Las inundaciones y sequías serán más fuertes con el calentamiento global. Enfermedades como el dengue y la chikungunya se convierten fácilmente en epidémicas. Las neumonías, sin necesidad de esperar al covid-19, han sido una de las principales causas de mortalidad, especialmente para los niños. La insuficiencia renal crónica y algunos tipos de cáncer se dan con más frecuencia de la normal. La falta de preparación y prevención, así como la débil respuesta sanitaria frente a estos problemas, ha sido tradicional. Pandemias como la del covid-19 podrían repetirse cada vez con más frecuencia. ¿Volveremos tras esta emergencia a lo mismo de siempre? La única manera de abandonar la senda de la improvisación, el enfrentamiento y el cinismo que mira exclusivamente al bien propio y se olvida de los derechos de los demás es cambiar el sistema práctico de funcionamiento del país. Ese sistema ideológico que marca nuestras acciones, hábitos y costumbres, y que nos vuelve indiferentes ante la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Como resultado del pensamiento neoliberal, hemos impregnado a la democracia salvadoreña de un profundo egoísmo individualista, con prácticas socialmente perniciosas en el ámbito personal, empresarial y político. La idea, tantas veces repetida, de que el mercado en solitario nos llevará al desarrollo y al bienestar no es más que una quimera y un engaño. Necesitamos un país construido sobre la solidaridad. Un país con una reforma fiscal eficiente, en el que no haya empresas y capitales que evaden impuestos; con un sistema educativo que garantice oportunidades a las mayorías hasta hoy marginadas; con un sistema de salud único, eficiente y de calidad, que sepa permanecer preparado para los riesgos sanitarios. Construir solidaridad desde el diálogo es condición necesaria para vencer epidemias, calamidades y desastres, y alcanzar un desarrollo digno. Decir que vamos bien sin comenzar a discutir el futuro no es más que una manera de engañarse a sí mismo y al que escucha.

Muchos lo han visto claramente: después del coronavirus, ya no va a ser posible continuar el proyecto del capitalismo como modo de producción, ni del neoliberalismo como su expresión política. El capitalismo sólo es bueno para los ricos; para el resto es un purgatorio o un infierno, y para la naturaleza, una guerra sin tregua. Lo que nos está salvando no es la competencia –su principal motor–, sino la cooperación; ni el individualismo –su expresión cultural–, sino la interdependencia de todos con todos. Pero vayamos al punto central: hemos descubierto que el valor supremo es la vida, no la acumulación de bienes materiales. El aparato bélico montado, capaz de destruir varias veces la vida en la Tierra, ha demostrado ser ridículo, frente a un enemigo microscópico invisible que amenaza a toda la humanidad. ¿Podría ser el Next Big One (NBO), el que los biólogos temen que va a llegar, “el gordo?, “el próximo gran virus” que pueda destruir el futuro de la vida? No lo creemos. Esperamos que la Tierra siga teniendo compasión de nosotros y nos esté dando sólo una especie de ultimátum. Dado que el virus amenazador proviene de la naturaleza, el aislamiento social nos ofrece la oportunidad de preguntarnos: ¿cuál fue y cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza y, más en general, con la Tierra como Casa Común? La medicina y la técnica, aunque muy necesarias, no son suficientes. Su función es atacar al virus hasta exterminarlo. Pero si continuamos atacando a la Tierra viva, “nuestro hogar con una comunidad de vida única”, como dice la Carta de la Tierra (Preámbulo), ella contraatacará de nuevo con más pandemias letales, hasta una que nos exterminará. Sucede que la mayor parte de la humanidad y de los jefes de estado no son conscientes de que estamos dentro de la sexta extinción masiva. Hasta ahora no nos sentíamos parte de la naturaleza ni tampoco como su parte consciente. Nuestra relación no es la relación que se tiene con un ser vivo, Gaia, que tiene valor en sí mismo y debe ser respetado, sino de mero uso según nuestra comodidad y enriquecimiento. Estamos explotando la Tierra violentamente, hasta el punto de que el 60% de los suelos han sido erosionados, en la misma proporción los bosques húmedos, y causamos una asombrosa devastación de especies, entre 70-100 mil al año. Esta es la realidad vigente del antropoceno y del necroceno. De seguir esta ruta vamos al encuentro de nuestra propia desaparición. No tenemos otra alternativa que hacer, en palabras de la encíclica papal “sobre el cuidado de la Casa Común”, una conversión ecológica radical. En este sentido, el coronavirus no es una crisis como otras, sino la exigencia perentoria de una relación amistosa y cuidadosa con la naturaleza. ¿Cómo implementarla en un mundo que se dedica a la explotación de todos los ecosistemas? No hay respuestas listas. Todo el mundo está a la búsqueda. Lo peor que nos podría pasar sería, después de la pandemia, volver a lo de antes: las fábricas produciendo a todo vapor, aunque con cierto cuidado ecológico. Sabemos que las grandes corporaciones se están articulando para recuperar el tiempo perdido y las ganancias. Pero hay que reconocer que esta conversión no puede ser repentina, sino gradual. Cuando el presidente francés Macron dijo que “la lección de la pandemia era que hay bienes y servicios que deben ser sacados del mercado”, provocó la carrera de decenas de grandes organizaciones ecologistas, como Oxfam, Attac y otras, pidiendo que los 750.000 millones de euros del Banco Central Europeo destinados a remediar las pérdidas de las empresas se destinaran a la reconversión social y ecológica del aparato productivo, en aras de un mayor cuidado de la naturaleza, así como de más justicia e igualdad sociales. Lógicamente, esto sólo se hará ampliando el debate, involucrando a todo tipo de grupos, desde la participación popular hasta el conocimiento científico, hasta que surjan una convicción y una responsabilidad colectivas. Debemos ser plenamente conscientes de una cosa: al aumentar el calentamiento global y aumentar la población mundial devastando los hábitats naturales, acercando así los seres humanos a los animales, éstos transmitirán más virus a los que no seremos inmunes, que encontrarán en nosotros nuevos huéspedes. De ahí surgirán las pandemias devastadoras. El punto esencial e irrenunciable es una nueva concepción de la Tierra, ya no como un mercado de negocios que nos coloca como sus señores (dominus), fuera y por encima de ella, sino como una superentidad viviente, un sistema autorregulado y autocreador, del que somos precisamente su parte consciente y responsable, junto con los demás seres como hermanos (fratres). El paso de dominus (dueño) a frater (hermano) requerirá una nueva mente y un nuevo corazón, es decir: ver a la Tierra de manera diferente, y sentir con el corazón nuestra pertenencia a ella y al Gran Todo. Unido a ello, el sentido de inter-retro-relación de todos con todos y una responsabilidad colectiva frente al fu

Este no será un 1 de mayo de marchas y movilizaciones. La pandemia de covid-19 ha logrado lo que las guerras y los desastres ambientales no: que los y las trabajadoras organizadas se queden sin revindicar en las calles sus derechos laborales. Esto cuando el mundo del trabajo está siendo duramente afectado por la crisis. Los efectos económicos y sociales de la pandemia ponen en peligro los medios de vida de millones de personas. Por el momento, en general, las personas con un trabajo formal han logrado mantener su nivel de vida. En muchos países, como en El Salvador, se están planificando o implementando medidas de soporte financiero a empresas para que los efectos de la crisis no sean tan contundentes. En este sentido, quienes tienen un empleo formal son privilegiados, aunque también sobre sus trabajos se ciernen sombras. En el país se están comenzando a construir proyecciones, todas provisionales, sobre los miles de empleos que se podrían perder. Pero la situación apremiante la viven los y las trabajadoras que no tienen un empleo formal. A fines del siglo XX, en pleno auge de la globalización capitalista, Franz Hinkelammert afirmó que en estos tiempos “es un privilegio ser explotado”. Lo que Marx llamó el “ejército de reserva industrial”, la mano de obra desempleada y permanentemente dispuesta a vender su fuerza de trabajo a las empresas, ha pasado a ser, como sostiene el argentino Carlos Vilas, un ejército de sobrantes que no tiene cabida en el sistema. Los desempleados se han convertido en reserva de nada. No extraña, entonces, que la gran mayoría de la población en edad de trabajar se vea obligada a buscarse la vida en el sector de la economía informal, en caminos subterráneos o ilegales de sobrevivencia, o en la migración hacia otros países con mejores condiciones. El sector más vulnerable del mercado laboral lo constituyen los trabajadores de la economía informal, y es a ellos y ellas a quienes la pandemia está golpeando con más fuerza. En El Salvador se estima que el 70% de las personas en edad de trabajar se gana la vida en ese sector. Quienes venden en los mercados, los que deambulan ofreciendo sus productos, los jardineros, paleteros, peluqueros, lavacarros... son los que la están pasando más difícil. Y si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, ellos y sus familias no tendrán medios de vida. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1,600 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa, corre un peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento por esta pandemia. Según la organización, los detonadores son dos: las medidas de confinamiento domiciliar y el hecho de trabajar en alguno de los sectores más afectados. La pandemia ha puesto cruelmente en evidencia las agudas desigualdades mundiales, que condicionan tanto las posibilidades de contraer el virus como la capacidad de enfrentarse a sus consecuencias económicas. El mayor golpe recaerá en el bolsillo, la salud y la vida de los más vulnerables. Para ellos, como ha dicho Guy Ryder, director general de la OIT, “la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro [...] A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable". La respuesta de los Gobiernos, por tanto, debe estar dirigida principalmente a ese sector. De cara al futuro inmediato, en este 1 de mayo, el reclamo debería ser reorganizar la sociedad y la economía de modo que millones no se vean obligados a elegir entre cuidar la salud o llenar el estómago.

OPINIÓN POLÍTICA DE EXTERMINIO Y LIMPIEZA SOCIAL por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA).

Duele profundamente el incremento de homicidios que sufre el país desde el viernes 24 de abril. En tres días se cometieron 69 asesinatos, superando a los 65 de todo marzo y duplicando los registrados en abril antes del último fin de semana. Es comprensible el estupor que ello ha causado en la sociedad salvadoreña. Pero esta violencia no es la única que se ha dado durante el tiempo de cuarentena. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, durante la cuarentena domiciliaria, que inició en la noche del 21 de marzo, se han contabilizado 54 asesinatos, 4 de ellos feminicidios. Además, se han acumulado 290 denuncias por violencia contra la mujer, 814 por amenazas y 323 por lesiones culposas. Estas cifras reflejan la magnitud del problema, pues, como es sabido, muchos de estos delitos no se denuncian, menos aún cuando la emergencia por la pandemia dificulta acercarse a una dependencia de la Fiscalía o la PNC. Una vez más, los datos nos muestran que nuestra sociedad está atravesada por la violencia, una lacra que dificulta la convivencia en armonía. Sin embargo, lejos de combatirla, las autoridades fomentan la cultura de la violencia. La respuesta oficial a los asesinatos del fin de semana (autorizar y promover el uso de la fuerza letal, y castigar a todos los privados de libertad con encierro absoluto por tiempo indefinido) no es más que aplicar la violencia desde el Estado. Así, los defensores de la ley y del orden público se convierten nuevamente en actores de la violencia y violadores de las leyes que han prometido cumplir y respetar. Con estos actos, las autoridades están reivindicando la violencia como la mejor forma de resolver las crisis de seguridad, y con ello se ponen fuera de la ley y violan los derechos humanos, que deben ser respetados universalmente, para toda persona. Por supuesto, la ley debe aplicarse a rajatabla y el crimen, perseguirse con rigor, pero siguiendo los procedimientos establecidos y con base en investigaciones y aportando pruebas. En contraste, las decisiones tomadas por el Ejecutivo parecen responder más a un caprichoso afán de venganza. Son propias de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente; un código superado desde hace siglos en los países civilizados. Fue precisamente para romper con la lógica de la venganza y la justicia por cuenta propia que se crearon los sistemas de justicia y los códigos penales, lo que significó un gran avance en el desarrollo social y en la lucha contra el crimen. Igualmente ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Despreciarlos no solo es un retroceso, sino supone entrar en una espiral de violencia similar a la que consumió al país en los años ochenta. El Ejecutivo se vale de que una parte de la sociedad salvadoreña no ha transitado a una cultura democrática y no comprende la importancia de promover la cultura de paz. Esos compatriotas aplauden las medidas inhumanas que se están aplicando en los centros penales y en las calles. Y no solo las aplauden, sino que atacan con virulencia a quienes para salvaguardar los derechos humanos de todos los salvadoreños se oponen a ellas. Por otra parte, lo que está ocurriendo confirma el fracaso de los planes de seguridad que dice haber implementado el presidente; es decir, que los territorios siguen bajo control de los grupos de crimen organizado y que no se ha podido desarticular o al menos debilitar las estructuras criminales. En menos de un año de gestión se está constatando que la inteligencia para combatir el crimen, prometida en campaña electoral, está ausente. La tónica implementada es la que misma que se ha aplicado y ha fracasado por más de 25 años: el uso de la violencia y la represión estatal. Seguir este camino conlleva graves peligros para todos y la liquidación del Estado de derecho, que ha permitido la paz y la estabilidad desde el fin de la guerra.

La semana pasada, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, presentó el primer informe de derechos humanos solicitado por la Sala de lo Constitucional, después de recibir esta una serie de peticiones de habeas corpus y demandas de inconstitucionalidad. También presentó uno sobre la situación específica de los derechos de la mujer. A pesar del menosprecio a la labor de la Procuraduría mostrado por algunos funcionarios, lo cierto es que estos dos documentos son de gran importancia en el actual contexto de deriva hacia el autoritarismo y a violación a derechos humanos. Incluso desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han hecho observaciones al modo en que el Gobierno salvadoreño está respondiendo a la pandemia. Atender las observaciones de la Procuraduría para corregir errores ayudará sin duda a mejorar la gestión de las medidas de contención del coronavirus. En el informe que el procurador presentó el viernes 24 de abril a la Sala de lo Constitucional, se informa que la Procuraduría registró entre el 21 de marzo y el 22 de abril 778 quejas de ciudadanos. De estos reclamos, el 67% se vincula a violaciones al derecho a la libertad personal, a la salud y a la información, lo cual es una muestra clara de los maltratos, cuando no violaciones a derechos humanos, que afectan a buena parte de nuestra gente, especialmente a los sectores de menos recursos. El informe insiste en que los miembros de la Fuerza Armada y de la PNC no suelen tomar en consideración las profundas desigualdades que sufren los salvadoreños, en particular la falta de acceso a agua potable y alimentos. Considerar las necesidades y problemas de quienes viven en pobreza (el 30% del total de la población, un porcentaje que aumentará en estos tiempos difíciles) es indispensable para una buena gestión de la contención de la pandemia. En el caso de las detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, con frecuencia primero se confina a personas en bartolinas en situación de hacinamiento, con el riesgo de contagio subsiguiente, para luego trasladarlas a instalaciones que carecen de servicios básicos. La Procuraduría advierte que con este modo de proceder se incumple el protocolo de actuación de la Policía Nacional Civil, según el cual los agentes deben pedir que la persona se identifique, establecer las causas de su permanencia fuera de su residencia y en caso de incumplimiento a las normas, conducirla a un centro de evaluación epidemiológico, a fin de que se le realice la prueba del covid-19 y, dependiendo del resultado del examen, sea enviada a su residencia o a un Centro de Contención. En vez de ello, el discurso oficial amenaza con detenciones por tiempo indefinido. Por otra parte, dada la posibilidad de que los abusos contra la mujer aumenten debido a la extensión del tiempo que la familia permanece en el hogar, y frente a la posible desatención de los delitos de violencia de género por la suspensión de plazos judiciales, la Procuraduría señala la necesidad de implementar mecanismos judiciales extraordinarios para recoger tanto las denuncias como la evidencia forense en caso de agresión física, sexual o sicológica. En los hogares conducidos por mujeres solas se da otro tipo de problemática. Se registran quejas de abusos laborales en algunas empresas. Además, las madres solteras que trabajan se ven en apuros al tener que dejar desatendidos a sus hijos en la casa, teniendo que gastar mayor energía en las labores de cuido o contratar la ayuda de alguien. Este es el caso, por poner un ejemplo, de las agentes de la Policía que son madres solteras y tienen turnos de 12 horas, y de las mujeres que trabajan en la informalidad. A lo anterior se suma que ciertos trabajos están ampliamente feminizados y se vuelven más riesgosos al exigir un contacto permanente con público, como es el caso de las empleadas de las farmacias, las cajeras de supermercados, enfermeras, personal de limpieza y otros. Es lógico que en sus esfuerzos por proteger a la población, el Estado imponga medidas enérgicas cuando un buen número de ciudadanos muestran una severa irresponsabilidad. Pero la gran mayoría de las mujeres trabajadoras son muy responsables laboral y familiarmente, y por la pandemia están expuestas a riesgos y problemas más graves. Protegerlas y tener en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelven para que puedan combinar razonablemente su esfuerzo laboral y las labores de cuido en el hogar es fundamental para el bien común.

A partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la mayoría de retenciones de personas en los Centros de Contención por no respetar la cuarentena son detenciones ilegales. A ellas se suma la gente que pasa en los Centros más días de los establecidos por la ley. Tratándose de ciudadanos que no han cometido delito y que permanecen retenidos en contra de su voluntad, más allá de las normativas de la cuarentena y bajo control de la PNC o la Fuerza Armada, hay la suficiente evidencia como para hablar del delito de privación de libertad, regulado en el artículo 148 del Código Penal, que dice textualmente: “El que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de tres a seis años”. En el marco de la prevención del covid-19, este delito tiene una dimensión estremecedora por la dinámica de autoritarismo que subyace en él. En efecto, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya sobre la ilegalidad de retener a personas que, a juicio de miembros de la PNC o del Ejército, no cumplen con la excepcionalidad que faculta salir del domicilio en tiempo de cuarentena. El presidente ha desafiado a la Sala al afirmar públicamente que no cumplirá con algunas de las resoluciones de la Sala. Y ha acusado a todo el que no piensa como él de ser partidario de que muera gente en El Salvador. El número de los retenidos es, además, demasiado numeroso, superando ampliamente los mil. El presidente y otros funcionarios justifican los procedimientos de retención de personas con el argumento de que son necesarios para salvar vidas y que el derecho a la vida es prioritario. ¿Se trata de un choque entre conciencia personal y legalidad jurídica? Desde una óptica racional, no parece que ese sea el caso. No hay conexión médico-científica entre el alargamiento de la cuarentena para personas sin síntomas de covid-19 y el riesgo de muerte o contagio si esas mismas personas están fuera de los Centros de Contención. Como tampoco puede deducirse una mayor mortalidad poblacional si a quienes no tienen justificación para salir de casa se les impone una multa y se les obliga regresar a su vivienda, en lugar de recluirlos en un Centro. La única razón que parece existir para cometer el posible delito de privación de libertad es la cultura autoritaria, desde la cual se tiende a pensar que si los castigos no son duros, nadie obedece. Cultura que no es patrimonio exclusivo del actual Gobierno, sino que está extendida tanto en la gente común como en los ámbitos políticos, tanto de izquierdas como de derechas. Las excelentes medidas preventivas iniciales están quedando muy golpeadas por el modo autoritario de llevarlas a cabo. El mismo autoritarismo está de fondo en el desorden, mal funcionamiento y lentitud de algunos procedimientos sanitarios, además de la comisión de ilegalidades por parte de funcionarios. Escuchar a la sociedad civil, mantener una actitud de diálogo con todos los órganos del Estado y cumplir con lo establecido por la Sala de lo Constitucional son los caminos para resolver adecuadamente los problemas. De lo contrario, continuaremos convirtiendo las leyes que rigen nuestra convivencia en papel mojado, continuaremos enfrentándonos y seguiremos buscando delitos para tomar venganza del que fue autoritario en la anterior administración. Y por supuesto, la próxima pandemia, terremoto o cualquier tipo de desgracia nos encontrará desprevenidos, al igual que ha sucedido con el covid-19.

Más allá de la ficción (películas, libros, series de televisión), el mundo no se planteaba en serio la posibilidad de enfrentar una pandemia. Fuera de los grupos de especialistas, muy pocos pensaban que un virus podría extenderse globalmente y generar el daño que está provocando el covid-19. La humanidad no estaba preparada para enfrentar adecuadamente una emergencia de este tipo; ni los sistemas de salud estaban listos, ni existían planes de acción claros y atinados. Como consecuencia, se están tomando decisiones sobre la marcha, improvisando. Ello está pasando factura. Los contagios se multiplican por todo el planeta y se ha incrementado la letalidad del virus debido a la incapacidad de atender debidamente a las personas enfermas. El derecho fundamental a la salud es hoy papel mojado en muchos países por falta de inversión en la salud pública. Gobernar en una situación como esta, inesperada, desconocida, no es fácil. Aunque en El Salvador se han tomado medidas estrictas con mayor antelación que otros países, con resultados que aparentemente son positivos, también se ha actuado con improvisación y con falta de conocimiento. No ha faltado voluntad de tomar decisiones, pero sí capacidad de ejecutarlas bien. Arropado en el objetivo de salvar vidas, en no pocas ocasiones el Gobierno ha actuado deshumanizadamente, provocando sufrimiento y zozobra. La lista de abusos cometidos por las autoridades a lo largo de estas semanas de cuarentena es demasiado larga. Nada justifica que no se atienda la salud de una persona en cuarentena porque sus padecimientos no tienen relación con el coronavirus. No hay ninguna justificación para no informar de inmediato a las personas del resultado de sus pruebas de covid-19. No hay razón alguna para que la gente en los centros de contención desconozca la fecha en la que podrá reunirse con sus familias. En toda emergencia hay peligro de que se den abusos de autoridad. Pero ese peligro aumenta cuando es el mismo presidente de la República el que anuncia en cadena nacional que se actuará represivamente, utilizando la violencia si es necesario, contra la población que incumpla las medidas decretadas. Que Nayib Bukele afirme que no le importan las quejas por maltrato ni perder popularidad por ello generará sin duda un incremento en los abusos de funcionarios, a todo nivel. Que el presidente dé carta blanca para el uso de la fuerza puede tener consecuencias nefastas y generar graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad debe estar alerta a denunciar cualquier tipo de abuso, y debe hacerlo a través de los medios de comunicación si las autoridades no atienden sus denuncias. Por muy dura que sea la situación generada por la emergencia, no se deben alentar ni permitir acciones que ponga en riesgo el bienestar, las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos.