Editoriales y Opiniones

El 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, conmemora también la fiesta de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por su evangélica defensa de víctimas de graves abusos y empobrecidos. La Asamblea General de la ONU declaró el día de su muerte como día internacional porque Romero, un convertido al prójimo oprimido, puso la verdad de los pobres y de las víctimas por encima de cualquier compromiso o presión. Muchos años después de su muerte, la verdad que predicó este obispo, se va abriendo paso con dificultad en El Salvador. La sentencia que la Audiencia Nacional de España ha dado ante uno de los acusados de ser autor intelectual del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras, es un paso más, solidariamente trabajado, para acceder a la verdad. Que los militares salvadoreños, dirigidos desde el Estado Mayor del Ejército, habían sido los ejecutores del crimen lo sabíamos desde el primer momento. Las propias circunstancias y testigos visuales nos lo dijeron ya de madrugada el mismo día de los hechos. Los nombres de los ejecutores tardamos casi dos meses en conocerlos. Se llevaron a juicio gracias a una fuerte presión internacional. De los acusados como autores intelectuales, el coronel Montano es el primero en ser condenado, casi 31 años después de la masacre. Acceder a la verdad de los delitos cometidos desde el poder cuesta en todos los países. Pero en nuestros países en vías de desarrollo cuesta mucho más. La verdad se manipula, se negocia, se encubre o se usa políticamente en beneficio de intereses ajenos a la misma verdad. Por eso son indispensables personas como Mons. Romero o como los mismos jesuitas, asesinados también por defender la verdad de los pobres. Y por eso mismo la solidaridad con ellos es un acto de humanidad básico para la convivencia fraterna. Los antiguos Padres de la Iglesia solían decir que “la Verdad está desnuda”, refiriéndose a Cristo clavado en la cruz. Esa misma verdad continúa desnuda, con demasiada poca ropa y protección, en los pobres de este mundo, y en todos los que se identifican con los pobres. Los jesuitas se unieron en su muerte a los más pobres y víctimas de este mundo, quedando tan destrozados como ellos, y generando en muchas partes indignación, solidaridad y deseo de justicia. Precisamente porque su verdad no tenía más intereses que servir a las víctimas de una guerra civil enloquecida y devolverles su dignidad, muy pronto, además de indignación, generaron en muchos de nosotros un espíritu festivo de alegría. Ellos son ya parte de la dimensión más profunda de la humanidad y así los festejamos muchos, año con año. El juicio en España es un paso más en esa lucha sin más armas que la palabra, que trata de establecer la dignidad humana como elemento fundamental de nuestro querer, sentir y actuar. La verdad judicial debe siempre hacer justicia a la víctima y refrendar su verdad. El castigo es siempre secundario, manejable incluso desde la misericordia, y hay que verlo como una más de las garantías de no repetición de hechos inhumanos. Pero la verdad de las víctimas y de todos los empobrecidos del mundo, la verdad de quienes luchan en favor de la dignidad humana, es siempre la tarea moral de la justicia en el campo de la democracia. Don Quijote decía que “puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido”. Agradecer hoy a quienes han trabajado y luchado en el caso de los jesuitas por la verdad y la justicia, es deber también de humanidad. Pero es necesario recordar al mismo tiempo que la lucha por estos valores básicos de humanidad no ha terminado. En El Salvador está abierto el caso contra el resto de los que creemos autores intelectuales. Está avanzando el caso judicial referido a la masacre de El Mozote, la más grande de América Latina en el siglo XX, donde fueron asesinados en torno a mil campesinos, muchos de ellos mujeres, ancianos y niños. No cerrar los ojos a la propia carne continúa siendo una labor indispensable en la construcción de un mundo más humano. Desde España o desde El Salvador, desde los países ricos o los pobres, la tarea continúa como una labor común. Si el caso jesuitas, con su victoria parcial en España, logra unirnos más en defensa de una dignidad humana muchas veces aplastada y desnuda, podremos afirmar con alegría que la justicia está dando sus frutos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Iglesia e independencia José M. Tojeira El 15 de septiembre se celebra la Independencia de Centroamérica y, por supuesto, la nuestra. Nuestras posteriores divisiones e incluso guerras nos han hecho olvidar, con frecuencia, la fuerte corriente humanista y religiosa que inundó aquellos años de construcción de la independencia. Centroamérica tenía un clero ilustrado, estudioso e inquieto que estuvo no solo en el corazón de los movimientos independentistas, sino también en la generación de un humanismo cristiano de mucha hondura. Es impactante releer hoy el discurso en el que proponía la abolición de la esclavitud el sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la Universidad San Carlos de Guatemala y diputado de la Asamblea Constituyente de Centroamérica. Nuestros países, mucho antes que otras naciones que ahora calificamos del primer mundo, liberaron a los esclavos desde la conciencia de la igual dignidad de todos los seres humanos. Como en muchos procesos independentistas, nuestros países heredaron dependencias económicas y sociales. Y las élites políticas con frecuencia se plegaron a las dependencias del pasado, ocupadas por nuevos contratos y países, y no supieron aprovechar los valores iniciales de la independencia e incluso formas tradicionales, muy presentes en los pueblos indígenas que tenían un gran sentido comunitario y muy diversas formas de solidaridad social. Hoy, a punto de celebrar los 200 años de independencia (exactamente dentro de un año), debemos hacer un serio examen de conciencia sobre los valores que heredamos, su negación, que solo atraso nos ha traído, y su permanencia, manifestada en comunidades y personas. Muchos de los fundadores de la patria grande centroamericana, a la que debemos retornar en muchos aspectos, consideraban desde sus valores cristianos a la libertad, la cultura y el bienestar de personas y comunidades, como los grandes objetivos de la independencia. Ésta no era solamente un acto político, sino sobre todo un proyecto de realización común. Los intereses particulares nos dividieron y limitaron los ideales poniéndolos al servicio de grupos más reducidos. Hoy necesitamos volver a considerar El Salvador y la misma Centroamérica, como proyectos de realización común. Por supuesto en democracia y aceptando “la legítima pluralidad de opiniones discrepantes” de los diversos partidos políticos. Pero con una claridad enraizada en nuestros valores que no permite anteponer intereses particulares al bien común. Como miembros de una Iglesia seguidora del Señor corresponde sobre todo a los laicos impulsar, desde sus propias posiciones políticas, la integridad moral y la honestidad frente a las tendencias que con frecuencia nos llevan hacia la corrupción. La injusticia, el autoritarismo y la intolerancia, se oponen a los valores cristianos que tratan de construir la paz desde la fraternidad y la justicia social. El Concilio Vaticano II animaba y sigue animando a quienes entran en la política a consagrarse “con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política, al servicio de todos” (LG 75). Afortunadamente en Centroamérica, y en El Salvador en particular, siempre hemos tenido personas que en medio de problemáticas muy intensas, incluso en guerras civiles y conflictos armados, han sabido dar testimonio de valores cristianos. En El Salvador, desde una posición explícitamente cristiana, hemos tenido la gracia de contar con Mons. Romero, cuyo pensamiento político, enmarcado en el bien común y en la Doctrina Social de la Iglesia, no solamente tuvo un efecto reparador y resistente frente a la locura de la guerra y de la violación de derechos humanos, sino que ha merecido, por la hondura y calidad de su mensaje cristiano, que haya sido nominado para ser declarado como Doctor de la Iglesia. Un hombre santo que sigue diciéndonos hoy que la independencia, como esfuerzo de la libertad en favor de un proyecto de realización común fraterno, no puede construirse desde las idolatrías del dinero, del poder o de la organización. En demasiadas ocasiones cantamos a la independencia como libertad frente a una tiranía externa. Pero la libertad, para ser vivida humana y racionalmente, necesita ponerse al servicio de ideales que, en el campo político, necesariamente deben ser solidarios y llevar al bien común. Como cristianos y como ciudadanos, celebremos la independencia una vez más, hoy con menos desfiles, pero con ideales más potentes, que destierren la injusticia y las desigualdades ofensivas, y nos conduzcan hacia la fraternidad, la justicia y el bien común.

La reciente publicación de una investigación periodística sobre negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas pone, de nuevo, sobre el tapete de la discusión pública la necesidad del desempeño eficaz de las instituciones de control político. Eso que los especialistas denominan la rendición de cuentas horizontal. En esta ocasión la atención recae sobre la actuación de la Fiscalía General de la República pues, a esta le compete investigar si hay delito que perseguir y, si es el caso, ser la parte acusadora en los respectivos tribunales. Sin embargo, otras investigaciones periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación han señalado hacia otros funcionarios del Ejecutivo implicados en presuntos actos de corrupción. Además de la Fiscalía, otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental tienen facultades de control político institucional para los casos publicados. En otra clase de casos como las controversias que se suscitan en relación a la legalidad de los actos de la administración pública o procesos especiales de impugnación es la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tiene las facultades para ejercer el control. Por su parte, la Asamblea Legislativa también ha activado los mecanismos de control sobre el Ejecutivo que tiene a su disposición, por ejemplo, la Comisión de antejuicio, las Comisiones Especiales, la elección de funcionarios (magistrados de la Corte de Cuentas), la aprobación o desaprobación de los informes de labores presentados por funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones. De igual manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República también ha tenido que ejercer su función de control constitucional ante demandas de inconstitucionalidad presentadas desde la ciudadanía, así como la resolución de Amparos y el conocimiento y resolución de controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Adicionalmente, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han declarado estar dispuestos a controlar el respeto a la legislación electoral en materia de propaganda. Aunque las elecciones se llevarán a cabo hasta el 28 de febrero del próximo año, algunos partidos y candidatos ya han comenzado a promocionarse pese a que solo lo tienen permitido dos meses antes de las elecciones, para el caso de los diputados, y un mes antes para el caso de los concejos municipales. En este breve recuento de instituciones que tienen competencias constitucionales para ejercer el control político o rendición de cuentas horizontal hay que agregar, por supuesto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también fue activada por denuncias ciudadanas en el marco de la pandemia de covid-19. Por su parte, están pendientes los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de anteriores gobiernos. A todo el entramado institucional mencionado hay que agregar, finalmente, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la entidad de control político más reciente. Dado que la transparencia y la publicidad de los actos gubernamentales no forma parte de la cultura política salvadoreña, el IAIP ha tenido que enfrentar intentos por parte del Ejecutivo de controlarlo o neutralizarlo, desde su creación, o bien intentando modificar su reglamento, o bien nombrando comisionados sumisos. Los gobiernos municipales tampoco practican la cultura de la transparencia y, en su mayoría, se oponen a brindar información sensible a la ciudadanía que la solicita. No se niega que haya habido algún avance en esta materia en el país. Pero no se puede afirmar honradamente que la transparencia es una virtud de los gobernantes, funcionarios e instituciones públicas. Un requisito indispensable para poder llevar a cabo de manera eficaz la rendición de cuentas horizontal es la existencia de una adecuada producción y gestión de la información pública. Tanto por parte de las instituciones que se ven sometidas al control político institucional como por las instituciones responsables de llevarlo a cabo. La información pública también puede resultar crucial para el ejercicio de la rendición de cuentas vertical, es decir, aquella que lleva a cabo la ciudadanía sobre sus gobernantes. A los cuales tiene ocasión de premiar o castigar cada vez que hay elecciones. La información es un recurso de poder y el acceso a ella es una manera de empoderar a la ciudadanía. En parte, quizá por ello los que han de ser controlados no se preocupan por producir información de calidad sobre su gestión. O dicho de otra forma, en parte quizá por ello la información que recibe la ciudadanía por parte de sus gobernantes y funcionarios públicos es publicidad o propaganda. El control político horizontal no se agota en el control sobre el comportamiento de los gobernantes, funcionarios y empleados públicos. Así que la utilidad de la producc

En Abril, tras un grave repunte de homicidios acontecido durante varios días, el Presidente de la República dio órdenes por Twiter de que se aplicaran en las cárceles en las que estaba detenidos miembros de maras diciendo lo siguiente: no verán ni un rayo de sol ni tendrán entrada de aire natural; no tendrán ningún tipo de comunicación con el exterior; las celdas estarán selladas; estarán en aislamiento de forma indefinida; no podrán salir de sus celdas; no tendrán derecho a utilizar la tienda institucional y los miembros de maras, que estaban separados por grupo de pertenencia, estarían de nuevo mezclados. Inmediatamente el director general de Centros Penales dijo públicamente que estaba obedeciendo la orden e incluso publicó fotografías de personas clavando paneles que impedían la entrada de aire natural y acentuaban el aislamiento, así como fotografías humillantes de privados de libertad hacinados, sentados en el suelo, pegados unos con otros, semidesnudos. Las medidas, según la información de personas internadas en las cárceles designadas, se aplicaban a 16.000 privados de libertad, algunos de ellos todavía no sentenciados y por tanto, aunque acusados, inocentes mientras no fueran condenados. Ante esta situación, además de hacer una serie de críticas a las medidas implementadas, publicadas en la pg web del Idhuca y en otros medios, el Rector de la UCA y el Director del Idhuca, con el apoyo del Idhuca, presentaron un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional alegando que las medidas tenían un impacto directo en contra del derecho a la vida e integridad personal de las personas y que podían constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 8 de Julio de este año la Sala de lo Constitucional admitió el habeas corpus y dictó medidas cautelares en favor de los privados de libertad anulando las medidas especiales ordenadas por el Presidente y ejecutadas por el Director General de Centro Penales. Exigió a las autoridades demandadas que presenten su posible defensa frente a la acusación de actuar inconstitucionalmente, y les ordenó informar la situación de los favorecidos (los privados de libertad), al tiempo que nombra un juez ejecutor del habeas corpus. Ordena la aplicación inmediata de medidas cautelares en favor de los privados de libertad, suprimiendo el aislamiento absoluto, pide a la Presidencia y a la Dirección de Centros Penales que informen de cómo aplicarán las medidas cautelares y envía la resolución a los jueces de vigilancia penitenciaria. En este contexto, en los primeros días del mes de Septiembre y sin que tengamos de momento noticias del cumplimiento de las medidas cautelares o de la información que haya dado el juez ejecutor, se produce una especie de conmoción gubernamental ante la acusación del periódico digital El Faro de que el Gobierno actual ha tenido conversaciones y pactos con las maras. El Gobierno reaccionó rápidamente, centrándose especialmente en que la noticia dada por el medio digital mencionado afirmaba que en las conversaciones se había acordado separar de nuevo a los miembros de las diferentes maras. El Director General de Centros Penales convocó a una serie de periodistas para que le acompañaran a visitar tres centros penales. En su Twiter, así como en otros de instancias gubernamentales, se publicaban fotos de privados de libertad, siempre sin camiseta, para que se les vieran los tatuajes en el pecho o la espalda y se pudiera comprobar que todavía estaban mezclados los miembros de diferentes maras. A esas fotos acompañaban las fotos antiguas, humillantes y degradantes, que el Gobierno había exhibido anteriormente, cuando tomó las medidas especiales, con los privados de libertad. Varios de los twits publicados, especialmente por el Director General de Centros Penitenciarios, muestran un total irrespeto a la Sala de lo Constitucional y una franca desobediencia a la misma. En uno de esos mensajes, dirigido al Presidente de la República, se le dice: “hemos concluido el recorrido en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco III y Ciudad Barrios, donde medios nacionales e internacionales corroboraron que las medidas restrictivas en el sistema penitenciario se siguen ejecutando”. En otro de los twits se insiste en que “desde un inicio actuamos contundentemente contra los grupos terroristas, quitamos el control a los criminales, decretamos estados de emergencia, están incomunicados en las rejas y cumpliendo sus condenas. NO hay privilegios”. El mismo Director parece, según sus twits, considerar privilegios el tener un tiempo, aunque sea breve, de sol, o el recibir visitas. Frente a estas posiciones oficiales tenemos la Constitución de El Salvador que prohíbe los tratos crueles y degradantes. Y también la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, que en el artículo 5 consagra la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica y moral. En el apartado dos de este artículo insiste en que no se pueden aplicar “penas o tratos crue

El diálogo y las maras Dialogar y negociar son dos cosas distintas. Se dialoga para buscar la solución de problemas comunes. Se negocia para obtener beneficios. Negociar con criminales no es legítimo, aunque no falta quien lo haga. Dialogar es otra cosa. Cuando la situación social y económica de un país es fuente de violencia, el diálogo es siempre necesario, si se pretende solucionar adecuadamente el problema. En el diálogo sobre violencia debe haber expertos, autoridades, políticos de diversas líneas ideológica y también delincuentes arrepentidos o incluso encarcelados. El diálogo es para buscar soluciones, no beneficios, y por eso, cuando se trata de solucionar un problema social, debe ser trasparente y abierto a la observación pública. Todo lo contrario de las negociaciones secretas de políticos. La negociación para obtener ventajas acaba siempre fortaleciendo a las dos partes que negocian y prolongando y agravando el conflicto. Incluso el ejemplo del Estado termina por incidir en la vida ciudadana, forzando a empresas, especialmente a algunas de las grandes, aunque lo nieguen, a pagar cantidades mensuales a las maras para obtener el permiso de distribuir sus productos en determinadas colonias. En El Salvador el diálogo con las maras produce automáticamente aversión. En algunos porque tienen un concepto erróneo tanto de los problemas sociales como de los derechos básicos de la persona. En otros simplemente, y con toda razón, porque se sienten engañados por las negociaciones secretas de los políticos. Se emplea dinero público, se suavizan algunos de los conflictos o delitos existentes, pero permanecen otros. Y al final terminan fortalecidos quienes pactaron: Unos con votos o prestigio político, otros con impunidad y con fortalecimiento de sus propias estructuras. Con demasiada frecuencia la delincuencia organizada tiene más astucia que los negociadores gubernamentales. Éstos pretenden objetivos de corto plazo, mientras que la delincuencia organizada disfruta de un tiempo tranquilo para organizarse en el largo plazo. Más allá de los conceptos erróneos de quienes son partidarios de tratar a los delincuentes como cosas y pretenden simplemente exterminarlos brutalmente, las negociaciones tramposas y parciales, que han sido frecuentes entre nosotros, indignan profundamente al ciudadano democrático. El Estado está para garantizar la paz social. Y si dialoga sobre un tema de violencia, lo que tiene que buscar es en primer lugar la erradicación de las causas de la violencia, al tiempo que la persigue en el día a día a todo nivel. Negociar a oscuras, sin diálogo y participación de otros sectores de la sociedad civil y política, conduce siempre al establecimiento de formas de proceder contrarias a la ética. El diálogo no puede nunca significar que se deja de perseguir el crimen. Es una oferta de paz condicionada a la no violación de las leyes y a la reforma de estructuras y situaciones sociales que producen o reproducen violencia. Lo contrario, una paz ficticia que solo hace disminuir un aspecto de la violencia, no puede ser tolerado. Es evidente que los políticos de ARENA y el FMLN tuvieron conversaciones con las maras. Fueron secretas y no resolvieron el problema, por eso es lógico que se investiguen. Algunos de los actuales funcionarios de Nuevas Ideas también se reunieron con miembros de maras en algún momento. También ellos deben ser investigados. No los podemos condenar, anticipadamente, a ninguno de ellos. Pero la investigación es imprescindible, porque no faltan las interpretaciones e incluso datos o testimonios, que insisten en el tema de favores mutuos y formas ilegales de proceder. Salir de la tendencia a la negociación del beneficio inmediato, y construir diálogos de largo plazo, orientados a la solución de nuestros múltiples problemas económicos y sociales, es el único camino democrático. El resto es, simple y llanamente, corrupción.

A un año de conmemorar el bicentenario de la independencia centroamericana, más allá de los festejos que seguramente ocuparán buena parte de la atención, es también un buen momento para hacer un balance de cuánto hemos avanzado en el camino por construir una República independiente y una ciudadanía empoderada. El período que va desde la crisis de la monarquía española hasta la fundación de la República Federal (1808-1824) trajo consigo cambios en la condición de sus habitantes. Los derechos políticos emanados en Europa con la Revolución Francesa llegan a la América Hispana con la Constitución de Cádiz de 1812 y son reafirmados por la legislación federal de 1824. Conviene reflexionar brevemente cuál ha sido el camino para hacer efectivos esos derechos a lo largo de casi 200 años. El derecho al voto, a la representación política y la igualdad jurídica significó el tránsito del absolutismo monárquico a un gobierno representativo y constitucional, pero con limitaciones. La constitución Federal reconoció el derecho generalizado de ciudadanía a todos los varones del territorio centroamericano, excluyendo a las mujeres. Hacia 1841 la constitución del Estado salvadoreño impuso restricciones censitarias a este derecho: para ser ciudadano se tenía que ser mayor a veintiún años, padre de familia o cabeza de casa, saber leer y escribir y contar con la propiedad que designara la ley. Diversas prerrogativas limitaron la ciudadanía durante todo el siglo XIX. Esto aseguraba que en última instancia el poder continuara en manos de una élite propietaria. Fue hasta la constitución salvadoreña de 1950 que se otorga la ciudadanía universal sin distinción de sexo o condición económica, a todos los salvadoreños mayores de 18 años y por primera vez fue reconocido el derecho de sufragio de las mujeres. Posterior a ello se han realizado reformas al sistema electoral con miras a fortalecer la representación de todos los sectores y dar garantías democráticas. Por ejemplo la Ley de representación proporcional del poder legislativo de 1963 y las reformas al sistema electoral en 1992. Aunque en la actualidad se puede discutir la transparencia de los procesos, no se puede negar que el sistema electoral del siglo XXI permite la representación de todas las formas de pensamiento y la alternabilidad en el poder. Pero la ciudadanía también puede entenderse desde la conquista de la libertad de expresión. La opinión pública como la libertad de un individuo a expresar su postura o pensamiento frente a determinado hecho de interés social fue también un derecho ganado con la constitución de 1812; pero fue hasta 1820 que aparecen los primeros periódicos no gubernamentales en Centroamérica: El Editor constitucional y El amigo de la Patria. Desde entonces se discutirán problemáticas económicas y la posibilidad de nuevas formas de gobierno desde los diversos medios impresos. No obstante, este derecho ciudadano era limitado por el poder de la iglesia, la cual, a través del Concordato con el poder civil (1862), podía censurar publicaciones que atentaran contra la moral y la fe cristiana. Es hasta 1886 que el decreto de libertad de imprenta permitió la publicación de textos y opiniones laicas. En el campo político, los gobiernos del siglo XX censuraron el derecho a la libertad de expresión hacia aquellos sectores considerados enemigos políticos. En efecto, durante los regímenes militares y el conflicto armado de la década de 1980 el principal sector que fue objeto de censura fue la oposición (sindicatos, asociaciones universitarias, magisteriales y campesinas, comunidades eclesiales de base, partidos de izquierda, etc.). Se tuvo que esperar hasta los Acuerdos de Paz de 1992, para hacer efectivo el libre ejercicio de todas las ideologías y el derecho a manifestar posturas y opiniones políticas sin miedo a la censura o a la represión del Estado. En el siglo XXI la ciudadanía ha ganado mucho terreno con las nuevas tecnologías de la información que facilitan el acceso a diversos contenidos; sin embargo, el poder político aún ejerce ciertas prácticas de violencia contra el ejercicio libre de la expresión. Esto se evidencia en la descalificación de la opinión disidente y en el uso a conveniencia de la desinformación. Para algunos todavía no queda clara la importancia que tuvo el proceso de independencia en las sociedades centroamericanas. Pero uno de los cambios de mayor trascendencia fue el paso de ser vasallos de un rey absoluto a ser ciudadanos de una república. Ello puede sonar a simple retórica; no obstante, significaba dejar de seguir la voluntad de un soberano, que se creía que gobernaba por derecho divino, a basarse en un gobierno de leyes, es decir, en un régimen constitucional que garantiza derechos a sus ciudadanos. Es claro que aún falta mucho camino por recorrer, pero no podemos renunciar a derechos y principios sustentados hace doscientos años, como el derecho de elegir libremente a nuestros representantes o de plantear libre y críticamente nuestro

La UCA ha opinado de un modo constante y sistemático sobre los problemas del país. Y siempre ha dicho que la solución a dichos problemas debe venir por la vía del diálogo informado, la racionalidad, el pleno acceso a la información pública y la búsqueda del bien común y de la verdad. Aunque haya divergencias y diferencias en las decisiones finales, que son normales, un diálogo sincero y bien estructurado abona al buen desarrollo de la democracia y al bienestar social. En la búsqueda de solución a los problemas suelen jugar un papel importante los periodistas. Están en contacto con la realidad, la indagan, contrastan la información con diferentes fuentes y, cuando hay profesionalismo, método y ética, proceden con la seguridad de que la verdad ayuda a construir democracia y valores morales. Los yerros del periodismo nacional han sido a causa de la agenda política e intereses sectoriales de los dueños de ciertos medios de comunicación, o de la falta de profesionalismo y ética de algunos periodistas. Del otro lado de la moneda, flaco favor ha hecho el poder político al sano ejercicio del periodismo cuando en vez de responder a los reportajes sobre irregularidades con diálogo e información, lo hace descalificando a sus autores o, en el peor de los casos, con insultos o agresiones. En El Salvador la información veraz ha sido entendida con frecuencia como ataque al poder político o económico. Los largos tiempos de dictadura militar y de guerra civil crearon ese hábito. La tergiversación de la realidad ha sido frecuente no solo en el Estado, sino también en otras instancias particulares investidas de poder. Los escuadrones de la muerte tuvieron financistas que, a pesar de que sus nombres circularon incluso en informes internacionales, han conseguido conservar la apariencia de demócratas. Diputados o funcionarios de alto nivel que han cometido delitos acaban saliendo libres a base de mentir, cambiar los hechos y servirse de negociaciones espurias para conservar sus puestos. Quienes insisten en la verdad y en la necesidad de deducir responsabilidades sueles ser tratados como malos, inmisericordes o vengativos. En la actualidad, tanto personas como instituciones ven con preocupación la tendencia gubernamental a impedir el acceso a la información pública Abundan las mentiras y se bloquea e insulta a periodistas y medios que buscan con honestidad la verdad y realizan una función crítica de positivo influjo para la democracia. De forma muy poco racional, algunos funcionarios de alto nivel tienden a enfrentar los derechos humanos de las víctimas con los derechos humanos de los victimarios, como si los derechos de los primeros anularán los derechos de los segundos. Acusan de mentirosos a quienes no piensan como ellos y tratan de quitar credibilidad a quienes ofrecen noticias en base a documentos. Utilizan las redes sociales para denigrar y, lo que es más grave, algunos medios controlados por el Estado a través del Conab para mentir y atacar sistemáticamente a opositores. Las baterías se enfilan contra ciertos periodistas en particular, tratando de desprestigiarlos. No se investigan hurtos sospechosos cometidos contra periodistas y al mismo tiempo la Fiscalía abre investigaciones contra medios a partir de denuncias anónimas, ni siquiera aceptadas por las presuntas víctimas. Medios administrados por el Conab lanzan acusaciones falsas contra abogados que defienden a periodistas mientras aumenta la tensión entre el Gobierno y una buena proporción de profesionales de la información. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que “hay indicios y acciones del Gobierno que afectan el ejercicio de libertad de expresión y el trabajo del periodismo en El Salvador”. Denuncia también “el uso de las redes sociales para acosar periodistas, sobre todo aquellos que investigan o presentan temas que involucran rendición de cuentas o cuestionan al Gobierno”. Y menciona como antecedentes de este tipo de abusos a los expresidentes Hugo Chávez y Alberto Fujimori. Quizás el Gobierno de Nayib Bukele no pretende emular a Chávez o a Fujimori de un modo sistemático, pero para que no se pueda sugerir esa tendencia es necesario que cambie de estilo, reaccione más con datos que con insultos y esté abierto a la crítica.

El presidente Bukele saludó triunfalistamente la captura del representante de una maquiladora acusada de evasión de impuestos con un “así es como empezamos a cumplir la promesa, de que iban a devolver lo robado”. La persecución de este delito y la recuperación del dinero evadido son prioridad en un país con una agobiante crisis fiscal. Cabe dudar, sin embargo, de la determinación presidencial. El presunto evasor fue capturado y exhibido ante los medios no tanto por haber evadido impuestos como porque la empresa que representa está asociada a un connotado adversario político del presidente Bukele. El rencor es tan enconado que traicionó a los acusadores. Entusiasmados, anunciaron que habían recobrado casi 400 millones de dólares, confundiendo la cantidad imponible con la evadida, que representa poco más de cinco millones de dólares. Incluso el fiscal general, ocupado ya en la reelección, se unió al coro presidencial de la recuperación de los 400 millones. Luego rectificó y atribuyó su desafortunada intervención a un “problema de comunicación”. La evasión fiscal no solo debe ser perseguida siempre, sino que la persecución debe empezar por los grandes contribuyentes, los que más evaden y los que, amparados en su poder, gozan de impunidad. Contrario a este sano principio, la lucha contra la evasión fiscal es muy selectiva. Solo persigue a los denigrados por el presidente Bukele como enemigos, más personales que fiscales. En cambio, los funcionarios señalados por gestión arbitraria del dinero público, excepto uno, continúan en sus puestos y malandanzas. Y no solo eso, la idea es que puedan hacerlo sin las molestias de los señalamientos, para lo cual Casa Presidencial ha reformado la ley de adquisiciones y contrataciones, con la excusa de la modernización. Esta forma de gestionar la cosa pública no sorprende. Así ha sido siempre. Los fiscales persiguen a los enemigos políticos del régimen de turno y también a los desamparados y los pobres, mientras condescienden con los amigos y los allegados. Por eso, el fiscal general no encuentra delito alguno en la toma militar del recinto legislativo. La corrupción y la defraudación fiscal prosperan en los círculos del régimen de turno. El doble rasero se observa en la captura del ex comandante del FMLN responsable del asesinato de tres asesores estadounidenses, un hecho ocurrido casi al final de la guerra. En sí misma, la captura es inobjetable. Pero semejante diligencia no se observa en masacres como la de El Mozote y la UCA. La diferencia estriba en la nacionalidad de las víctimas. Las del excomandante eran estadounidenses, mientras que las otras eran salvadoreñas. Las víctimas, como los evasores y los corruptos, no son iguales ante la ley. En su incoherencia, los círculos presidenciales se ensañan con el diputado democratacristiano que alteró las declaraciones de los soldados que participaron en la masacre de la UCA, pero silencian la culpabilidad de los oficiales militares que la ordenaron y la encubrieron. La abundancia de pruebas no perturba a las redes sociales presidenciales. A diferencia de los militares de “la tandona”, el diputado es uno de los pocos opositores lúcidos. A los socios y aliados no se los acusa de crímenes de lesa humanidad, corrupción o evasión. De nuevo, la redes presidenciales condenan al diputado no haber encubierto un crimen horrendo, sino por revancha política. Si defendieran a las víctimas, Casa Presidencial y sus seguidores no descansarían hasta que todos, diputados y oficiales militares, respondieran ante la justicia. El protagonista de un accidente de tráfico el fin de semana pasado, con un saldo de dos muertos, ha sido tratado indulgentemente por la Policía. Forzada por la presión de las redes sociales, esta reconoció los hechos en una declaración vaga. La actuación policial es tan torpe que no deja duda de la intención de eliminar las pruebas incriminatorias para que el diputado, incondicional del presidente Bukele, sea exonerado de responsabilidad. El mismo lo adelantó justo después del accidente, según lo registra uno de los videos. La fidelidad al presidente Bukele lo ha librado del trato duro, e ilegal, que la policía reserva en estos casos. La costumbre ha normalizado la protección y el encubrimiento de los amigos y allegados, aun cuando hayan cometido delito. Garantizar la impunidad a los incondicionales no solo es normal, sino también un acto de nobleza. En este sentido, la práctica no sorprende, lo asombroso es su continuidad, en un Gobierno que se dice totalmente diferente. Es todo menos evidente el “no somos iguales a ellos”, tal como el presidente Bukele proclama. En su gestión gubernamental hay mucho de ellos y lo mucho que hay, para quien quiere ver, es demasiado importante como para descartarlo como irrelevante. Su concepto de la política, del poder y del para qué de ambos son idénticos a los de Arena y el FMLN. Si en realidad fueran diferentes, como insiste el mandatario, mostraría la misma aversión a Gana, al PCN y a Camb

Gobernar, dice el diccionario, es mandar, dirigir, guiar, regirse según una norma, regla o idea. En comunicación política se dice que no basta con gobernar, hay que hacer parecer que se gobierna. Para El Salvador, resulta que el ejecutivo actual parece haber decidido hacer un ejercicio matizado de esto: no es necesario gobernar, basta con parecer que se gobierna. Y para ello, lo más importante es construir un enemigo. Para parecer que se gobierna, pero en realidad no guiar, sino sacar beneficio privado de algo, es importante confeccionar un enemigo que canalice todas las culpas. Queremos gobernar, pero el enemigo no nos deja. Edificar el enemigo es un ejercicio que no puede ser tomado a la ligera. Se debe obrar con mucho tino, mejor aún si se respeta la tradición. También es posible reinventar un poco. En El Salvador, la tradición del enemigo ha sido utilizada por todos los gobiernos de turno, al menos a partir del 4 de diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez encontró la ventaja de confeccionar uno a la medida de los miedos del país: el otro es indígena, comunista. En realidad, Hernández Martínez no tuvo que inventar mucho. Ya estaban ahí, a la vuelta del siglo que recién se iniciaba, las declaraciones del intelectual David J. Guzmán (1843-1927) que había señalado de los peligros de nuestra sociedad, de acercarse al indio y al negro y la necesidad de volcarse a lo blanco, prístino y moralmente superior. No hubo que hacer demasiado esfuerzo para construir un enemigo que impedía que El Salvador brillara en su esplendor. Y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlo. Los gobiernos que siguieron buscaron cimentar mejor esa figura, aunque los rasgos del indígena empezaron a difuminarse, pues cada vez la población era menor y debía esconder su vestimenta, su lenguaje y su cultura toda para no ser blanco de ataques, quedaban siempre los comunistas. Quedaban los comunistas y jóvenes. Los rebeldes. Los hippies. Los estudiantes. Los gobiernos continuaron confeccionando con cuidado sus características. Ese pensamiento que venía de fuera, que no debíamos permitir. Esa necesidad de defender la patria. Y al arribar la década de 1980 fue aún mejor. Esos jóvenes comunistas en realidad eran unos guerrilleros terroristas y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos. Pero firmamos la paz, eso trajo algunos inconvenientes. Firmamos la paz con el enemigo. ¿Cómo continuar con su elaboración? ¿Quién podrá hacerse cargo de que este país tenga una situación de desigualdad tan grande? Por suerte, las deportaciones estaban ahí, y los jóvenes también. Ahora usaban tatuajes, rifaban el barrio, parecían unos nuevos guerreros listos para robarnos esa maravillosa promesa de paz. Gracias a una observación atenta y los buenos consejos de preocupados asesores internacionales los nuevos gobiernos reedificaron al enemigo. Era un nuevo terrorista, mataba sin piedad, había aprendido del mal en las cárceles del norte. Se ensañaba con los pobres y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos. Dos décadas después y ya entrados en el siglo XXI había que recomponer al enemigo. Pero afianzarse en la tradición parecía complejo. Entonces vino a la luz, como un golpe de suerte, una realidad que imaginábamos pero que ahora el periodismo de investigación había probado. Los gobernantes, los políticos todos habían negociado con los jóvenes, pandilleros, terroristas. Habían jugado con el país entero por sus pequeños y mezquinos intereses. Así se dispuso el nuevo enemigo: los mismos de siempre. Los mismos de siempre tienen una gran ventaja frente a las construcciones anteriores. No tiene demasiadas características y puede ser llenado por nombres y rostros según la demanda. Por supuesto son los políticos que negociaron con el enemigo previo. Pero también son, según se requiera, todos los políticos, o enemigos anteriores como los pandilleros. El enemigo se puede reconfigurar a demanda: hoy es un académico, mañana la iglesia católica, varias universidades, todos los periodistas, los ignorantes abogados; eso sí, tiene que ser transparente, no hay lugar para matices o escalas de grises. El bien está aquí, el mal está allá. Por eso hay que hacer lo que se hace con los enemigos. Por eso los enemigos son mil veces malditos, por eso debemos hacer patria y matarlos. Y si la construcción del enemigo funciona, no hay necesidad de gobernar. Ya sabemos que en nombre de la patria, esa invención de hace casi doscientos años, se ha exterminado, se ha asesinado, se ha muerto. Y la culpa es siempre del enemigo. Pero el enemigo no va a derrotarnos. Debemos ser guerreros, después de derrotar la constitución, los jueces, los periodistas, los fiscales, las feministas, los profesores, los empresarios, los mismos de siempre, los malos, los que no piensan como yo, quizá entonces sea necesario hacer gobierno, concertar, guiar, regirse según la norma. Por hoy, lo importante, es seguir las instrucciones. *

Todas las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas están advirtiendo de la posibilidad de que, a causa de la pandemia, aumente la desigualdad en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo y con altos niveles de pobreza. La pérdida de empleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento, la ineficiencia de los aparatos estatales para promover el desarrollo, la baja inversión en la gente, la carencia de planes de desarrollo bien estructurados y evaluables son algunos de los factores que inciden en el crecimiento de la desigualdad, la cual estanca el desarrollo humano, aumenta el conflicto social y despierta tendencias autoritarias en los partidos políticos, dañando la institucionalidad democrática. En particular, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU, presentó recientemente un estudio sobre la conectividad a Internet en 13 países de la región. La investigación se publicó en el marco de la pandemia, partiendo de que la conectividad es un medio tanto para salir de la crisis causada por el covid-19 como un mecanismo para prevenir el contagio y mantener la productividad de un país. De hecho, las soluciones digitales han tenido un desarrollo muy importante en la lucha contra la enfermedad, en especial en las áreas de salud, educación, comercio y trabajo. Si durante los primeros meses de cuarentena se dio un enorme descenso en las actividades físicas, en las virtuales el crecimiento fue acelerado en toda Latinoamérica, aunque con claras diferencias entre las naciones que ya disponían de un acceso generalizado y las que tenían un acceso relativamente escaso, además de un mal servicio técnico de las operadoras de Internet. El Salvador está entre estos últimos países por su mala, desigual y escasa conectividad. En el caso de nuestro país, los datos que da la Cepal muestran una enorme desigualdad. El quintil de hogares con menores ingresos tiene una conectividad de aproximadamente el 3%, mientras que el quintil con mayores ingresos tiene una de cerca del 50%. Incluso los tres quintiles de los hogares con menos recursos no alcanzan, juntos, la conectividad del quintil más privilegiado. Aunque en comparación con otros países latinoamericanos incluso el quintil privilegiado está en desventaja, se puede decir que cerca de un 60% de los salvadoreños tiene una nula, escasa o deficiente conectividad, a pesar de que en el estudio se incluye el Internet móvil. De los 12 países latinoamericanos estudiados, El Salvador es de los que tienen más niños sin acceso a Internet. En el quintil de menos ingresos la exclusión de los niños respecto a servicios de Internet es aproximadamente del 95%. Según la Cepal, además, solo la conexión de más de 25 megas permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente. Y en El Salvador, por la deficiencia de las empresas suministradoras de servicios, incluso algunos profesores en cuya casa hay un suministro de más de 25 megas han tenido dificultades ocasionales para dar clase en línea. La educación virtual alcanza con calidad, a lo sumo, al 40% de la población. Esta situación, ciertamente, coloca al país no solo en el terreno general de la desigualdad grave, sino en una posición desventajosa para avanzar hacia el desarrollo, con el agravante de que no existen medidas ni planes para cambiar rápidamente la situación. A este respecto, la Cepal hace algunas recomendaciones generales. Destaca la necesidad de que la señal de Internet cubra todo el país, se norme y potencie el comercio electrónico evitando abusos del mercado, se facilite la consulta médica virtual en los servicios públicos de salud y se dote a los niños de hogares en pobreza de recursos electrónicos que les permitan acceder a Internet. El Gobierno y la Asamblea Legislativa deben, pues, establecer, por ley, servicios de Internet de bajo costo, incluso gratuitos en algunos casos. La Red debe estar abierta para las pequeñas empresas y los sectores más vulnerables. El Estado tiene que supervisar las tendencias monopólicas de algunas de las empresas que brindan servicios de Internet y regular sus aportes a la fiscalidad del Estado. Si se quiere que la desigualdad no se profundice en El Salvador, es urgente revisar a fondo y normar la conectividad, el teletrabajo, la mercadotecnia y la educación. Y en este último caso, en particular, universalizar la cobertura en todo el país y facilitar a los niños el instrumental necesario para poder formarse en igualdad de condiciones. No hacer nada es solo cultivar y aumentar la desigualdad económica y social, con todas las dificultades que ello crea en la convivencia democrática y ciudadana.

En el marco de la pandemia, no hay país en el mundo en el que diversos sectores sociales no hayan exigido la intervención del Estado en su auxilio. Los que defendían que el Estado era un obstáculo para el desarrollo, ahora, si no se han retractado, guardan un obsequioso silencio. La crisis sanitaria mundial ha mostrado que se necesitan Estados fuertes y solidarios, y ha desnudado las debilidades estructurales de las naciones. Ha dejado claro que el sistema de salud es demasiado importante como para dejarlo en manos de la oferta y la demanda, así como la educación y otros servicios sociales, y que a la población no se le puede excluir de ellos. El Estado debe invertir más en la economía. Sin embargo, en El Salvador no se ha tomado nota de nada de esto. No lo han entendido tanto quienes argumentan que lo privado es mejor que lo público para justificar una privatización como los que exaltan lo público por simple estrategia electoral. La salud, el agua y la educación son derechos humanos y no deben privatizarse. Reclamarlo no implica ignorar las múltiples deficiencias a superar en la calidad y la eficiencia de estos servicios, ni negar la necesaria fiscalización de los recursos públicos. Por ejemplo, no hay duda de que el ISSS debe mejorar para bien de sus afiliados. Nombrar directores inexpertos y sin capacidad, utilizarlo como caja chica, permitir la corrupción son lozas que le han hecho mucho daño a la institución y que refuerzan el argumento de la necesidad de privatizarlo. Fiel a su estilo, Nayib Bukele reaccionó acremente ante la reciente propuesta de Arena de cambiar las competencias de la Junta Directiva del Seguro Social de modo que la elección del director del ISSS ya no esté en manos del presidente de la República, sino de la Junta. Denunció tal pretensión calificándola de “neoliberalismo puro y duro”. Pero la reacción parece obedecer más al afán de desprestigiar a sus opositores de cara a la próxima elección, pues su Gobierno ha dado sobrados signos de alinearse al neoliberalismo. Bukele defiende una causa noble solo por conveniencia. En el primero de los dos discursos que ha dado desde su elección como presidente, en la Fundación Heritage el 13 de marzo del año pasado, se declaró fiel seguidor de los principios del neoliberalismo: “la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad de expresión y la democracia”. El actual Gobierno camina hacia los asocios público-privado, que para muchos economistas son el principal mecanismo para la privatización de servicios públicos vía concesiones. En este esquema, el Estado abandona su rol de productor para ser solo un “garante de calidad”. Estos asocios se puede utilizar de manera corrupta: asignar infraestructura y servicios públicos, permitir sobrecostos y limitar beneficios a los usuarios. En octubre de 2019 se anunció el desarrollo de cinco proyectos de infraestructura bajo ese modelo, con una inversión aproximada de $545 millones. La iluminación de carreteras y la construcción de una terminal de carga y un centro administrativo, entre otros, se anunció en el formato de asocio público-privados. La pandemia los detuvo. Pero se acaba de anunciar nuevamente la ampliación de la terminal de carga en el aeropuerto, para lo cual, según cifras de los funcionarios, ya hay 33 empresas ofertando. Condenar algo haciendo lo mismo es contradictorio. Desterrar el nepotismo con más nepotismo, criticar la corrupción sin rendir cuentas de lo gastado, hablar de libertad de expresión acosando a los críticos del Gobierno es tan incoherente como rechazar un intento de privatización anunciando la privatización de otros servicios.

Dos sucesos han acaparado los reflectores en los últimos días. Por un lado, la interpelación por la Asamblea Legislativa al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, por la participación del ejército en los sucesos del pasado 9 de febrero en el hemiciclo legislativo y, por otro, la reapertura de la economía desde el 24 de agosto. La interpelación al ministro fue un formalismo. Lo evidente no requiere explicación. El país y el mundo fueron testigos de lo que sucedió el 9 de febrero. Quizá la satisfacción inconfesa de los diputados de oposición fue tener en el banquillo, en una maratónica rueda de caballitos, a un funcionario que sabe perfectamente lo que sucedió porque participó del hecho, pero que demostró una aparente incondicionalidad al presidente. La desaparición del sentido de la responsabilidad es probablemente la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad. Aristóteles planteó el principio de contradicción que sostiene que es imposible que un objeto tenga y no tenga la misma característica al mismo tiempo. El estagirita quedaría perplejo con la realidad salvadoreña. Un mismo suceso ha sido a la vez un atentado a la democracia o un simple procedimiento al que no saben exactamente qué nombre ponerle. El país conoció los llamados a la insurrección del presidente en los días previos al 9 de febrero. También escuchó un día antes de la boca del ministro Merino estar dispuesto a dar la vida por el mandatario. Igualmente, la arenga presidencial fuera del Salón Azul, prolija de expresiones de odio, insultos y ataques contra los diputados, fue transmitida por los medios de comunicación nacionales e internacionales. La irrupción de los militares con armas de guerra en el hemiciclo, la usurpación por parte del mandatario del lugar del presidente del Congreso, abrir una sesión plenaria y declarar en desacato a los diputados que no se hicieron presentes, no se puede ocultar ni olvidar. Y cómo no recordar las palabras “ahora queda bien claro quién tiene el control”. Si acaso queda una duda sobre el 9 de febrero es ¿cuál era la verdadera intención de Bukele? ¿Era presionar a los diputados como le afirmó al cantante puertorriqueño René Pérez (Residente) en una conversación que se hizo pública? ¿o era proteger a los diputados de una masa enardecida (que él mismo encendió) que quería destituirlos como escribió en una carta publicada en el Miami Herald el 15 de febrero? En cualquiera de las dos versiones, contradictorias por cierto (pobre Aristóteles), Merino mintió y contradijo a su Comandante General en la interpelación, porque afirmó que la presencia de los de verde olivo era solo para proteger al presidente. ¿O la intención era dar un golpe de Estado como se podía deducir de los signos que precedieron al nefasto día? Si este fue el caso, Merino también habría mentido. ¿Fue Dios, en línea directa, el que le pidió paciencia? Entonces ¿sobre qué le pidió paciencia? ¿Fue la reacción de sectores nacionales y la comunidad internacional la que lo detuvo? ¿Fue el tímido pero opuesto tuit del embajador estadounidense? En todo caso, cualquiera que haya sido el propósito, lo del 9 de febrero fue el primer gran error político del presidente, que le costó la condena de la comunidad internacional, la reacción contraria de no pocos sectores organizados del país y la primera derrota en las redes sociales donde hasta ese momento estaba invicto. Por todo lo anterior, preguntarle a Merino por lo que pasó el 9 de febrero era pura retórica. El mundo vio lo que pasó, sabe bien quién dio la orden y quiénes la obedecieron sumisamente, aun contrariando la Constitución. Solo los funcionarios y el fiscal general no vieron eso. La masa incondicional respalda sin juicio crítico. Por otro lado, el país volvió abruptamente a la tan ansiada “normalidad” a partir del 24 de agosto. Pero no lo hizo de la forma esperada y recomendada. Esta reapertura no es un punto de llegada después de un proceso escalonado y ordenado de retorno a las actividades, ni tampoco es fruto del estudio de la evolución de la pandemia de covid-19 que aconsejara hacerlo. La lamentable y ya cansina falta de acuerdos entre los poderes del Estado provocó que a partir de ese día no exista ninguna restricción legal para la total apertura de los sectores económicos y otras actividades como las religiosas. De hecho, la economía comenzó a abrirse desordenadamente desde hace semanas por la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada quien aferrado a su propuesta de ley de reapertura económica y rechazando la del otro, aunque tuvieran mucho en común. La Asamblea aprobó “su” proyecto de Ley el pasado 12 de junio, que a juicio de entendidos es una buena ley, muy parecida a la presentada por el Gobierno, pero que exige la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El presidente la vetó argumentando inconstitucionalidad. La Asamblea superó el veto generando así una controversia constitucional. Ante esto la Sala de

En El Salvador tenemos la costumbre, al hablar de seguridad, de fijarnos casi exclusivamente en el problema de la delincuencia. Es normal, porque la delincuencia violenta continúa siendo uno de los mayores problemas del país. Algunas veces le añadimos el término “seguridad ciudadana” solamente para quitarle el tinte de violencia que tradicionalmente han tenido los cuerpos de seguridad. Alguna gente inteligente habla de vez en cuando de seguridad alimentaria, previendo un grave problema que puede llegar a darse por políticas económicas neoliberales. También se menciona la seguridad jurídica, para prevenir, al menos en algunos sectores de la convivencia, el capricho e impunidad de los poderosos. Pero si queremos realmente vivir en un país seguro (los estadounidenses usan la expresión sin entender el tema), tendríamos que hablar de seguridad humana. Las otras seguridades vienen después y son fruto de una buena planificación e implementación de políticas de seguridad humana. El concepto de seguridad humana comenzó a extenderse desde que en 1994 el PNUD centró su informe de desarrollo humano en él. El premio Nóbel Amartya Sen y la profesora universitaria japonesa Sadako Ogata, posteriormente directora de ACNUR, trabajaron juntos en la tarea de hacer operativo y práctico el concepto. Para Sadako Ogata, la seguridad humana tiene cuatro ejes: capacidad de resolver pacíficamente los conflictos, goce de todos los derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), inclusión social (participación en toma de decisiones) y gobierno de leyes con independencia judicial. Si tuviéramos que medir la seguridad humana del país desde esos cuatro criterios, tendríamos un serio problema de calificación. La toma militar-gubernamental de la Asamblea viola el primer criterio. Con un 75% de la población en situación vulnerable económica, social y educativamente, es muy difícil afirmar que entre nosotros se respetan los derechos humanos. La participación popular en la toma de decisiones se interpreta únicamente como resultado del éxito que pueda tener la propaganda del Gobierno de turno o la manipulación que este hace de la opinión pública. Y el imperio de la ley se pierde en favoritismos políticos, arbitrariedades del Ejecutivo o corrupción, tanto en el seno de poderes constitucionales como al interior de poderes fácticos. En El Salvador nos fijamos con demasiada frecuencia y empeño en coyunturas particulares, pero rara vez logramos iniciar campañas de largo efecto en el desarrollo nacional. La prohibición de la minería metálica fue parte de esas excepciones. La dificultad de lograr acuerdos nacionales sigue siendo un desafío de una enorme dureza. Ponerse de acuerdo en convertir el derecho al agua, brindado por el Estado y sin fines de lucro, como un derecho constitucional, y emitir en consecuencia una ley de aguas que tenga como prioridad el servicio para consumo y saneamiento a todos los hogares salvadoreños, ha resultado una tarea que parece rozar lo imposible. Ahora, en estos tiempos de pandemia, las discusiones entre los poderes estatales muestran un panorama que se aproxima a la temática del Estado fallido. Y con la sombra de que a este Estado semifallido le pueda suceder un Estado autoritario. Preguntarse qué clase de Estado queremos para superar los desastrosos efectos económicos y sociales de la pandemia parece que no interesa demasiado. Hoy nos movemos en unas pugnas de poder a las que parecen sumarse una buena parte de las instituciones estatales. Quienes desean un Estado social y democrático de derecho casi se ven condenados a repetir aquella frase del siglo XVIII contra el despotismo ilustrado: que nos gobiernen leyes, no personas. Con la diferencia de que el despotismo actual, de quienes ya estuvieron en el poder y de quienes lo están ahora, no parece demasiado ilustrado. Solo saldremos de este relajo, usando la terminología común de nuestro pueblo, cuando comencemos a trabajar con seriedad la seguridad humana. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El lunes 24 aparece en las noticias como fecha de reapertura económica. Algunos hablan de retorno a la normalidad, aunque cada vez con menor énfasis, porque es cada vez más claro que si antes de la pandemia había incumplimiento de los derechos económicos y sociales, después de estos meses de encierro y desorden, el retorno será, en todo caso, a una anormalidad más profunda. Y lo que es peor, con menos instrumentos que antes para avanzar hacia un desarrollo equitativo y justo. De momento, la reapertura está amparada por una ley que está desfasada en fechas, lo cual significa que en realidad sigue el sálvese quien pueda. La Sala de lo Constitucional pidió al Ejecutivo que sancionara y publicara dicha ley, anteriormente vetada, y que lo hiciera cuanto antes. Y al Legislativo le pidió que le hiciera las imprescindibles reformas. Pero, para variar, ninguno de los dos poderes, embarcados en su guerra impopular prolongada, está haciendo gran cosa al respecto. Además, una ley que señale fases no significa mucho; El Salvador necesita algo más que eso. Los largos meses de cuarentena han dejado una serie de problemas que es importante enfrentar. Sin embargo, hasta ahora no da la impresión de que quienes están al frente del Estado tomen en serio esos problemas. Antes de la pandemia, el país ya estaba seriamente endeudado. Los Gobiernos del FMLN incluso tuvieron problemas de caja, viéndose obligados a suspender provisionalmente algunos de sus proyectos estrella, como la pensión no contributiva a los ancianos de ciertos municipios. Hoy la deuda amenaza con llegar al 100% del producto interno bruto. Los desembolsos que deberán hacerse para pagarla reducirán drásticamente los recursos para inversión en desarrollo social si no se planifican ni legislan alternativas. Por otra parte, algunas de las agencias de la ONU comprometidas con el desarrollo calculan que la pobreza en El Salvador puede alcanzar al 40% de la población, lo que significaría que más de 400 mil personas pasarían a sumarse a los más de dos millones que estaban en pobreza antes de la pandemia. Ni el Estado tiene un plan de desarrollo debidamente pensado para enfrentar el problema creciente de la pobreza, ni la empresa privada, incluso antes de estar debilitada por este tiempo de inacción, tenía la capacidad de dar trabajo a tanta gente necesitada. Demasiados quedarán en una situación precaria, o incluso de desnutrición, por largo tiempo. El desarrollo será más difícil mientras los políticos, enredados en sus luchas, sigan interesados solo en las próximas elecciones. No parecen entender que hay desafíos más importantes que los torpes cálculos partidarios. Una vez más hay que repetirlo: un futuro para todos solo podrá construirse sobre la base de un diálogo racional y solidario. Y aunque el camino no ha sido expedito, las experiencias del mal manejo de la pandemia han acercado a diversos sectores de la sociedad civil. Médicos y maestros están más preocupados ahora por el mañana. Muchas personas e instituciones de la sociedad civil se han comprometido con la lucha y el repudio a toda forma de corrupción. Crece la idea de la necesidad de una reforma fiscal. Sectores de la sociedad antes enfrentados pueden dialogar ahora con mayor responsabilidad ante la situación. A una polarización ideológica, muy falseada en su momento por Arena y el FMLN, le ha sucedido el culto a la apariencia prefabricada y a la mentira. Sin embargo, frente al espectáculo y el juego de espejos han surgido voces que ofrecen perspectivas viables de consenso. ¿Hay solución para un futuro que será muy complicado? Los salvadoreños volverán a tener esperanza si la sociedad civil logra crear ámbitos de diálogo, propone caminos de desarrollo racionales y solidarios, y presiona desde su diversidad y amplitud a los políticos y al Gobierno para que avancen en una nueva dirección.

No es lo mismo cometer un error que mentir: el que yerra puede hacerlo sin intención, el que miente lo hace por decisión. Por eso se puede ser comprensivo con quien comete errores, pero no con quien miente, peor aun cuando es funcionario y falta a la verdad para aprovecharse de la calamidad y el dolor de la gente. En Honduras y Guatemala, diversos sectores han manifestado descontento por el manejo de la pandemia, especialmente por el destino de los abundantes recursos de los que han dispuesto las autoridades. Grafitis, pancartas y movilizaciones exigen saber dónde está el dinero. Honduras ha vivido numerosos escándalos por compras sobrevaloradas y se ha indignado ante la pérdida de 250 mil pruebas de covid-19 por manejo inadecuado. El colmo de la corrupción lo representa la adquisición de siete hospitales móviles para atender la emergencia por un monto de $48 millones de dólares. Hasta el momento, solo han llegado dos de esos hospitales; el Gobierno argumenta que fue estafado por una empresa fantasma. En Guatemala, el Ejecutivo también recibió cientos de millones de dólares para atender la emergencia, pero la población no ve los resultados de ese dinero y pide que se rinda cuentas. La situación no ha sido muy diferente en El Salvador. Hay abundantes denuncias de compras a sobreprecio o irregulares para favorecer a familiares y amigos. El Gobierno afirma que ha repartido 3.4 millones de paquetes de alimentos, a igual número de hogares. ¿De dónde sale ese número? Ciertamente, las proyecciones de la Digestyc no son las mejores, pero es muy poco probable que en el país haya 3.4 millones de familias. Además, no se sabe cuánto se ha invertido en la red de salud, ni el costo del servicio de alimentación en los centros de contención, ni quiénes son los concesionarios de ese servicio, ni un largo etcétera. Ninguna mentira tiene sentido si no se considera que la verdad es peligrosa. Tampoco tiene sentido ocultar los gastos si todo se ha hecho bien. La mentira es hoy parte fundamental de la estrategia comunicativa del Gobierno. Se miente tanto por nimiedades como en asuntos importantes, a todo nivel. Por ejemplo, a raíz de la captura del representante legal de Intratex, el presidente publicó que la empresa había evadido fiscalmente $293 millones de dólares. Como autómatas, algunos funcionarios, incluido el ministro de Hacienda, repitieron lo mismo, y en ese juego de ecos también participó la Fiscalía General de República, el ente encargado de la investigación en el país. Luego, el fiscal general tuvo que disculparse, pero para entonces la cifra ya estaba en la mente y en la boca de muchos. Estas acciones, aunque el fiscal lo niegue, tienen motivaciones políticas. Y al decir esta verdad no se busca defender a personas o grupos, sino honrar la realidad y ponerse del lado de la institucionalidad y el Estado de derecho. Los países del Triángulo Norte son víctimas de la misma rapiña. La diferencia en estos momentos es el respaldo popular del que goza el mandatario salvadoreño. Ese es precisamente, hasta hoy, su mayor éxito político. Valiéndose de mentiras, ha hecho creer que es diferente, pero incurre en los mismos vicios que los “los mismos de siempre”.

El prolijo discurso del 9 de agosto deja al presidente Bukele ante tres opciones: dar un golpe de Estado, continuar como hasta ahora o asumir un liderazgo constructivo. El golpe militar es una posibilidad dado que la institucionalidad del Estado democrático es, para él, un impedimento para gobernar. El presidente no encuentra más que obstáculos jurídicos, enemigos y conspiradores. Planteado en estos términos, la alternativa es un golpe de fuerza que acabe de una buena vez con esos estorbos. Tiene el motivo y cuenta con los recursos. Aparentemente, el Ejército y la Policía, sus bases de poder, estarían bien dispuestas. El golpe es tentador para los poseídos de mesianismo. Indudablemente, el país demanda reformas drásticas y urgentes. Algunas incluso radicales, como la reforma fiscal. Otra cosa muy distinta es que el poder absoluto pueda realizarlas. En cualquier caso, esta opción es poco viable. La Casa Blanca de Trump, pese a su “invaluable” apoyo, no iría tan lejos. Tampoco la comunidad internacional, donde el presidente ya es conocido como un dictador latinoamericano más. La segunda opción es mantener el rumbo actual: continuar con la centralización y la desorganización, la incompetencia y la ineficiencia, la administración malsana y el despilfarro. Un ejemplo típico es la gestión de la covid-19. Como Casa Presidencial no se salió con la suya, abre de un portazo la actividad económica y social, sin la gradualidad que aconsejan la ciencia y la prudencia. Otro caso ejemplar es la negación del agua potable a sectores populosos, mientras la propaganda difunde la apertura de nuevos pozos. La tasa insólitamente elevada de personal sanitario fallecido es otro dato que evidencia descuido e ineptitud gubernamental. La prensa independiente descubre cada vez más órdenes sospechosas para adquirir bienes y servicios, y contrataciones de personal vinculado familiar y políticamente con los altos funcionarios. Mientras el presidente eleva la deuda pública a cotas desconocidas y peligrosas, su ministro de Agricultura gasta millones de forma opaca y pretende convertir su dependencia en banco; y el de Salud invierte en su despacho-centro de monitoreo una suma inexplicable. El ataque sistemático a los detractores y adversarios políticos ha sido muy eficaz para disimular el desconcertante curso tomado por el Gobierno de Bukele. Pero cada vez es más difícil esconder la desorganización, la incompetencia y la corrupción. La tercera opción es asumir un liderazgo constructivo que erradique el hambre; que universalice la cobertura del sistema de salud y la seguridad social; que eleve las pensiones; que aumente el salario mínimo hasta cubrir la canasta básica y garantice el ingreso mínimo vital; que establezca un ingreso máximo; que reemplace la tributación regresiva actual por otra que grave progresivamente a la mitad mejor situada de la sociedad, obligándola a devolver lo que ya no es suyo, porque tiene todas las necesidades suficientemente satisfechas; que cierre la brecha abismal entre el 1% que percibe el ingreso más alto y la mitad de la población; que someta el salario de los altos funcionarios al “mercado de trabajo” que aceptan para todos los demás salarios, menos para el suyo; que suprima la inviolabilidad de las transnacionales; y que reduzca la dependencia de los servicios y el consumo, y la sustituya por una economía productiva. Trabajar para introducir estas reformas daría una razón de ser a un Gobierno de novedades como el que pretende el presidente Bukele. Incluso es muy probable que sus seguidores aspiren, inconscientemente, a esa clase de reformas. De lo contrario, la obsesión por romper con el pasado de algunos de los partidos tradicionales es incomprensible. No tiene sentido detentar el poder total del Estado si la mayor parte de la ciudadanía continúa sumida en la miseria, la enfermedad y la muerte temprana, y si la emigración y el crimen organizado son las alternativas. Contrario a la desnortada propaganda de Casa Presidencial, el presidente Bukele no tiene la solución mágica para hacer de El Salvador “un gran país”. Los países no son grandes ni pequeños; más bien pasan por épocas de más grandeza y más miseria. De hecho, llama la atención que el mandatario no problematice el pasado del PCN y GANA. Los políticos de estos partidos, junto con los de Arena y el FMLN, han buscado esa solución mágica sin hallarla. El presidente Bukele tampoco la encontrará, porque no existe. Esa solución hay que construirla con visión, inteligencia, consensos amplios y sensibilidad solidaria. La sabiduría popular dice que algunos nacen estrellas y otros estrellados. Algunos hay, sin embargo, que, en lugar de pasar a la historia como estrellas, prefieren estrellarse ellos mismos.

Gobiernos anteriores sostenían que sus decisiones durante las crisis o problemas ayudaban al pueblo, pero muchas terminaron siendo un fracaso o solo beneficiando a los grupos más privilegiados. Por ejemplo, Calderón Sol tuvo el reto de consolidar la paz y recuperar la economía, para lo que planteó “hacer de El Salvador una gran maquila”. Sin embargo, se enfocó en el interés y las ganancias de las empresas, no en mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores. Por su lado, Francisco Flores, ante el alza de la criminalidad, prometió “un plan de mano dura” que terminó siendo una estrategia punitiva de tipo populista, ineficiente e insostenible, que no logró reducir la violencia. El siguiente en lista fue Antonio Saca, quien heredó el problema de violencia comprometiéndose a terminarlo (“A los malacates se les acabó la fiesta”), pero esto solo acabó siendo parte de una campaña publicitaria para la apropiación ilegal de fondos del Estado. A continuación, Funes ofreció crear “la fábrica de empleos”, pero nunca constituyó una institución como tal ni la tasa correspondiente creció lo suficiente como para dar por satisfecha esa promesa. Por último, Sánchez Cerén, ante el acceso desigual a la tecnología educativa, montó la campaña “Un niño, una computadora”. De este proyecto se conocen pocos resultados, por lo que no es posible saber su verdadero alcance, y pocos lo perciben como una política exitosa. Con tales antecedentes, el nuevo Gobierno, ante la crisis sanitaria y económica, ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de los partidos tradicionales, y se ha apoyado en discursos y políticas populares. Primero, la denuncia a la corrupción de los Gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo, el uso de la Fuerza Armada como defensora de la salud; tercero, la entrega de transferencias monetarias por $300 y de “bolsas solidarias”; y cuarto, la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones en el Hospital El Salvador (“el más grande de Latinoamérica”), entre otras. Sin embargo, tal como ha sucedido en el pasado, el hecho de que estas acciones se publiciten como "cercanas al pueblo" no significa que realmente lo sean o que se puedan sostener, ya que a la larga podrían generar mayor desigualdad social. Primero, aunque los funcionarios denuncian la corrupción de las administraciones anteriores y dicen estar del lado del pueblo, apoyan, por ejemplo, a Walter Araujo, que compite como diputado por el partido Nuevas Ideas. Araujo, cuando era diputado de Arena, firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la dolarización, las cuales incrementaron las desigualdades económicas. Segundo, al hacer uso de la Fuerza Armada para atender problemas políticos y de salud (como con los cercos sanitarios), el Ejecutivo ha mostrado incapacidad para dialogar, y más bien, ha amenazado la institucionalidad democrática, buscando hacer prevalecer su criterio para ampliar su propio poder. La resolución de los problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta y autoritaria. Además, se han destinado grandes recursos para publicidad del ente militar (en el pasado, la propaganda excesiva fue propicia para el saqueo del Estado). Tercero, la entrega de un subsidio de $300 y de bolsas solidarias es un beneficio y un alivio directo para la población que los ha recibido, pero no están correctamente focalizados hacia los más pobres, tampoco es sostenible ni es un regalo. Cada bolsa (con valor estimado de $50), en el largo plazo, terminará costando $924.60 por el préstamo a 32 años a una tasa de interés semestral del 9.5%. Este y los otros préstamos serán pagados por la población, y aquí los grupos más pobres son quienes sufrirán las mayores consecuencias. En cuanto al Hospital El Salvador, se discute la idoneidad del lugar, y aunque el Gobierno dice que ya funciona, se ha impedido a la prensa entrar libremente a las instalaciones. Además, se cuestiona si cuenta con el personal suficiente y con los recursos de bioseguridad necesarios. Por el momento, solo hay dudas. El tiempo determinará si termina ayudando a las grandes mayorías o solo es un ardid propagandístico. Más allá de la palabra del presidente y la publicidad, es necesario cuestionarse continuamente si este Gobierno está implementado políticas que realmente beneficien a las mayorías, ya que los anteriores también dijeron estar del lado del pueblo, pero con el tiempo lo terminaron decepcionando. * Luis Eduardo Aguilar, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

“Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad… Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad”, extracto de la canción La verdad, de Nito Mestre. Es legítimo que un gobierno utilice recursos para la comunicación mediática o publicitaria de las obras que realiza. Lo que no es legítimo es ocultar la verdad con publicidad engañosa, donde lejos de comunicar con transparencia el manejo de fondos públicos o de una pandemia, se quiera vender lo contrario a la realidad. Jamás para un buen gobierno la transparencia será enemiga. Al contrario, es la mejor aliada para la fiscalización de las instituciones y de la ciudadanía en cumplimiento con el derecho a la verdad. No hay mejor campaña publicitaria para el poder público que la capacidad de mostrar a la opinión pública sus criterios de decisión, si de verdad se hacen en favor de los intereses de las mayorías, porque quien nada debe, nada teme. El Ejecutivo actual no es muy amigo de la transparencia, por tanto, tampoco de la verdad. Investigaciones periodísticas de distintos medios han puesto en duda la imagen de un gobierno que “no roba”, que tiene a la cabeza a las mejores personas para tomar las decisiones o que se busca el bienestar del pueblo, sin que pesen intereses particulares en detrimento de la legalidad o el bien común. Durante la pandemia de covid-19, especialmente cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cuarentena amparada en una Ley de Emergencia, funcionarios del gabinete hicieron compras cuestionables, tanto por el precio como por el proveedor. En estas irregularidades, incluso se ha visto envuelto un diputado aliado del presidente Bukele. A eso se suma que el manejo de las cifras de contagios por el virus está en manos de asesores oscuros, el colapso de la red hospitalaria, discurso de odio con miras en las elecciones de 2021, etc. En la narrativa de la publicidad gubernamental cualquier falla es por culpa de la Asamblea Legislativa, de los partidos de oposición, de la Sala de lo Constitucional o de cualquier otro actor que se considere crítico a la actual gestión del Ejecutivo. Ha sido casi nula la actitud de asumir errores, que incluso rayan en delitos, o de aceptar incapacidad para manejar la crisis por la pandemia. Así las cosas, la transparencia se ha vuelto una enemiga más para el gobierno central. ¿Qué tanto impacto en la opinión pública ha tenido esta falta de transparencia maquillada con publicidad gubernamental más emotiva que informativa? El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) presentó hace unas semanas los resultados de la encuesta que realizó entre el 6 y 13 de junio de 2020. En el sondeo, una de las preguntas fue la siguiente: ¿qué tan transparente cree usted que es el gobierno de Nayib Bukele? Cerca de un 30 % de las opiniones mencionaron que es poco o nada transparente. Para un gobierno que hace alarde de tener el 97 % de apoyo popular estas cifras deberían ser inquietantes. En comparación con los datos de la encuesta realizada por el Iudop en agosto-septiembre de 2019, el porcentaje de “nada transparente” fue de 3.6 %. En la encuesta más reciente este porcentaje subió a 16.1 %, lo cual indica que, por más publicidad, está creciendo la percepción del manejo poco transparente que ha caracterizado al gobierno de Nayib Bukele. Estas cifras podrían aumentar si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Corte de Cuentas toman en serio los hallazgos periodísticos que se han hecho sobre casos de corrupción o nepotismo. Las condenas legales o la absolución, la verdad jurídica, tiene un desafío actual impostergable frente a la opinión ciudadana, independientemente de las preferencias electorales que tenga. * Carlos Hernández, docente del Departamento de Filosofía. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 9.

Para todos los cargos importantes dentro del Estado, especialmente aquellos que otorgan la capacidad de tomar decisiones que deben ser acatadas por otros, la Constitución exige “moralidad notoria”. Incluso prevé, en el artículo 67, la posibilidad de prohibir el ejercicio privado de la profesión de la salud a quienes proceden con “manifiesta inmoralidad o incapacidad”. Sin embargo, no aclara qué se debe entender por moralidad. Deja el tema de tal manera impreciso que al final los mismos funcionarios del Estado o los políticos terminan confundiendo moralidad con ausencia de delito comprobado, algo muy distinto de lo que en realidad significa moralidad, que, además de la referencia a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, tiene una clara relación con determinados valores. Si se busca en cualquier cultura una lista de valores morales, se encuentran fácilmente la justicia, la generosidad, el agradecimiento, la compasión y la solidaridad. En general, estos valores se relacionan con la igual dignidad de la persona. Desde estas ideas es importante analizar si la moralidad notoria exigida a nuestros gobernantes está ligada al respeto a la igual dignidad de las personas, y no de palabra, sino con hechos. Por ejemplo, es importante preguntarse por el salario de todos los que supuestamente están dotados de moralidad notoria y trabajan en el Estado. ¿Cobran un salario solidario con el ingreso promedio de los hogares salvadoreños? Todo parece indicar que no. Aunque, según la Dirección General de Estadística y Censos, el ingreso promedio nacional anda en torno a los 600 dólares mensuales y en el gran San Salvador cerca de los $800, los salarios de los funcionarios importantes al menos triplican esas cantidades. Y no solo eso: los hechos indican que no les preocupa luchar contra la desigualdad económica y social, crónica en el país, o contra la pobreza, que prácticamente afecta a una tercera parte de los salvadoreños. ¿Se le puede llamar moralidad notoria a la indiferencia ante la pobreza y la desigualdad? En el terreno de la justicia el problema es semejante. Dedicar escasos recursos para investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad muestra una desigualdad. La Fiscalía prefiere dar prioridad al caso de un supuesto delito contra la mujer negado por la supuesta víctima que atender e investigar casos claros de violación que corren el riesgo de quedar en la impunidad. Además, utiliza ese caso para atacar a un medio de información crítico con el poder político mientras relega u olvida miles de casos de violaciones reales. Si es que tiene, la moralidad de la Fiscalía es cualquier cosa menos notoria. Y cuando conviene a sus intereses, fiscales, jueces, diputados y gobernantes emulan a los fariseos del pasado, que colaban mosquitos y dejaban pasar camellos. Quienes conocen de moral privilegian siempre las actitudes como camino de perfección en el campo del deber. La moralidad no puede ser considerada como una lista de acciones malvadas que no se deben practicar, sino como una actitud general de buscar seria y racionalmente el bien. Quien hace la ley hace la trampa, se dice. Y si no hay actitudes morales, es fácil convertirse en tramposo. Sobre todo si hay leyes, como la Constitución, en las que las palabras significan muy poco. Si moralidad no significa nada más que ausencia de condena por un delito, la corrupción está a la vuelta de la esquina, porque una moralidad sin actitudes y sin mayor contenido siempre la facilita.

El ministro de Agricultura y Ganadería no ha dado cuentas de su gestión millonaria bajo el argumento de estar dedicado a distribuir alimentos y paquetes agrícolas, o porque los empleados de su dependencia han caído enfermos. El ministro de Salud tampoco informa sobre su gestión por estar ocupado en salvar vidas. Además, informar es demasiado complicado, hay que valorar y considerar. Los voceros de Casa Presidencial se niegan a informar a los diputados y la prensa por la misma razón. El presidente Bukele rechaza la interpelación legislativa a su ministro de Defensa aduciendo que es el “que más trabaja por el pueblo”. El mismo Bukele necesitó una hora de video para “zanjar por fin el debate” sobre su acertada gestión de la pandemia con un único y sabido argumento: él salva vida, mientras sus adversarios conspiran para impedirlo. O más recientemente: “Salvás mil vidas a cambio de cinco”, en referencia a los denostados magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y así sucesivamente. Más allá del conflicto de los poderes ejecutivo y legislativo, motivado por intereses electorales, y más allá de la idea de que los altos funcionarios, incluido el presidente, están investidos de una inmunidad que los exonera de cualquier tipo de control democrático, en el trasfondo de las excusas y evasivas subyace el conocido principio de que el fin justifica los medios. Los funcionarios estarían autorizados a actuar al margen, incluso en contra, de la ley, porque, en teoría, velan por el bienestar de la ciudadanía. La tesis es aparentemente convincente, pero jurídica y moralmente inaceptable. El funcionario del régimen democrático está constitucionalmente obligado a hacer aquello que la legislación ordena y no puede ir más allá, ni omitir, aun cuando, en sí mismo, sea provechoso. En consecuencia, los funcionarios no pueden negar la información sobre el estado de la salud nacional ni sobre el destino de centenares de millones de dólares. Argumentar que atender las necesidades de la población vulnerable y salvar sus vidas es impedimento para cumplir con las obligaciones constitucionales es delito. La conducta de los funcionarios de nuevo cuño no difiere de la de los antiguos. Todos violentan la legislación impunemente, amparados por una institucionalidad débil e impotente. Hasta ahora, ningún funcionario obligado a controlar al poder ejecutivo se ha atrevido a poner coto a los desmanes del presidente de turno y sus allegados. Las averiguaciones, cuando las hacen, son política o personalmente selectivas. Es cierto que el ordenamiento jurídico tiene demasiadas lagunas, vacíos que favorecen el ejercicio arbitrario del poder. La debilidad y la impotencia institucional favorecen por igual tanto a los inquilinos de Casa Presidencial como a los magistrados, jueces y diputados. La anarquía que caracteriza la gestión estatal exige comenzar a pensar en una reforma constitucional que cierre los espacios para el ejercicio arbitrario y corrupto del poder, y así reforzar la institucionalidad. Éticamente, el fin no justifica los medios. Sostener lo contrario es convertir el fin penúltimo en último y de esa manera legitimar los medios, aun cuando violenten la ley, atropellen a los demás y causen muerte. Males menores o bajas colaterales por un presunto bien mayor, alegan los amigos de absolutizar sus intereses particulares. Al absolutizar el triunfo total en las elecciones de febrero próximo, el Gobierno de Bukele ha colocado todas sus actividades, incluidas las relacionadas con la salud y la vida ciudadana, al servicio de esa finalidad. La salud y la vida constituyen excusas perfectas para ocultar esa absolutización. Despojadas de su ultimidad, han sido puestas al servicio de una finalidad antepenúltima. Ni siquiera penúltima, porque antes que el triunfo en las urnas hay otras fines mucho más importantes. Tal vez el presidente Bukele piense que el control total del Estado es el remedio eficaz para las décadas de desgobierno de Arena y del FMLN. Ciertamente, sus seguidores están convencidos de ello. Cualquiera que sea la motivación subjetiva, cabe recordar que el ser humano tiene una capacidad infinita de autoengaño. Esa capacidad es tan inagotable que quien la promueve, más pronto que tarde, ni siquiera cae en la cuenta de su propio engaño. Por eso, el mayor enemigo de las novedades son sus mismos promotores. Los Gobiernos del FMLN, para sacar a colación un caso ampliamente aceptado por los seguidores de Bukele, ya han demostrado que el mayor enemigo de la revolución son los mismos revolucionarios. Desde la perspectiva de la tradición cristiana, la Biblia y los maestros de espiritualidad enseñan que la raíz más profunda de esa inmensa capacidad de autoengaño es el amor al dinero y al poder. El rico y poderoso es reconocido, admirado y aplaudido. Ignorar el impulso para satisfacer estos instintos humanos atávicos conduce al autoengaño y al engaño de los demás. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya años, los niveles más brutales de ausencia de valores y amoralidad se daban en el país cuando algunos sectores ultramontanos repetían como consigna: “Haga patria, mate un cura”. Y no porque matar curas fuera más grave que matar campesinos que pedían tierra o trabajo, sino porque al asesinar a un sacerdote se rompía uno de los pocos símbolos de credibilidad que quedaban en El Salvador. No quiere decir eso que los sacerdotes o los pastores de las Iglesias sean perfectos. Por supuesto, hay defectos, incluso en ocasiones muy graves. Pero en el conjunto de nuestras sociedades empobrecidas, es evidente que son ellos de los más cercanos a las necesidades de la gente. Los que consuelan en el dolor, los que se alegran con la gente y comparten la alegría, los que defienden al pobre y los que tratan de socorrer al necesitado de muy diversas maneras. En una sociedad en la que lo político ha estado demasiado marcado por la corrupción y la dependencia de ricos afanosos de enriquecerse más, o por los intereses de grupo y la ambición del poder, el que opta por estar cerca de la gente, más allá del simbolismo religioso y de la fe de nuestro pueblo, se convierten en fuente de esperanza y en muestra de la actitud de servicio que las instituciones debían tener. La semana pasada fue asesinado un sacerdote, el P. Ricardo Cortez. Es el tercero que muere de esa manera desde hace dos años. Del P. Walter, el primero de los asesinados en estos tres años consecutivos, todavía no hay resultados en la investigación del crimen. A pesar de haber suficientes datos para ligar su asesinato con una red de sicariato y ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación. La conclusión de la gente, cuando la investigación no da resultados, es de desconfianza. Y la desconfianza en una Policía a veces implicada en redes de delincuencia o una Fiscalía temerosa y en ocasiones cómplice lleva a convertir en crónicas las situaciones de violencia. Investigar los crímenes que impactan más a la opinión pública y a los valores ciudadanos debería ser una urgencia para las instituciones protectoras de la legalidad. Y, en este caso, no porque sean sacerdotes los asesinados, sino por el hondo sentido de aprecio y respeto de la población hacia ellos. Para nuestra gente, matar impunemente a un cura significa que en este país se puede matar a cualquiera sin que pase nada. La Constitución está llena de alusiones a valores y a derechos. Supuestamente, es el marco de nuestra convivencia. A los funcionarios se les exige honradez, conocimiento y moralidad notoria. Sin embargo, estas cualidades la gente las suele ver con mayor frecuencia en los maestros, en los médicos y enfermeras, y en los sacerdotes y pastores. Como personas, pueden tener y tienen, evidentemente, fallos. Pero como gremio y conjunto, son cada uno de estos grupos el mayor símbolo de los valores que pregona la Constitución. Los diputados, los funcionarios y, en menor cantidad, los jueces no son tenidos por ejemplo y símbolo de valores ni como personas rectas, aunque la Constitución les exige que lo sean, y aunque haya algunos que sí lo son. Pero como grupo no se confía en ellos. En ese sentido, cuando se asesina a un sacerdote, a un médico o a un maestro, se está atentando no solo contra personas, sino contra valores muy profundos, estipulados en nuestras normas de convivencia y, sobre todo, en el sentimiento popular. Dejar estos crímenes en la impunidad es burlarse de los valores del pueblo salvadoreño. La pandemia y algunos esfuerzos gubernamentales han logrado que bajen los homicidios. Pero la cultura de la violencia continúa siendo predominante. Lo vemos en la delincuencia, en la corrupción, en el abuso contra la mujer y en la falta de escrúpulos para matar a cualquiera en el caso de que lo vean necesario los que odian y disfrutan teniendo armas de fuego. Escuchar el clamor del pueblo que quiere paz y convivencia pacífica es indispensable para el desarrollo de El Salvador. Y a partir de la escucha es necesario sanear la política, invertir en salud, trabajo, educación y seguridad, así como apoyar a todos los que desde su labor y posición en la vida son símbolo y ejemplo de solidaridad. El día que entiendan esto los funcionarios y las instituciones estatales y se comprometan a actuar, tendremos esperanza de un desarrollo humano fraterno. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La inconstitucionalidad del último decreto gubernamental (32) sobre el proceso de retorno a la vida productiva señala de nuevo la necesidad de acudir a la vía de la institucionalidad como único procedimiento válido para restringir derechos. El tema es muy claro y la ciudadanía crítica lo entiende perfectamente. La Sala de lo Constitucional ha aceptado, dada la gravedad de la situación, que el decreto inconstitucional continúe vigente hasta el 23 de agosto. Y da de plazo hasta esa fecha para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo en una ley que marque las etapas y condiciones del retorno a la vida social y productiva, así como las restricciones a derechos a lo largo de este período de emergencia sanitaria. El problema es lograr dicho acuerdo dada la cercanía de las elecciones legislativas y municipales. Poco ayuda también la agresividad de las declaraciones de la mayoría de funcionarios del Gobierno, empezando por las del presidente. Los partidos políticos, aunque menos agresivos que el Ejecutivo, tampoco han estado abiertos del todo al diálogo y a la búsqueda de soluciones. En general, las partes en conflicto no han hecho propuestas de consenso ni, mucho menos, han llamado a mediadores y expertos que den lineamientos sobre el proceso de reincorporación a la vida social y productiva. Acudir a la Sala de lo Constitucional ha quedado como el único mecanismo para resolver la falta de acuerdos, especialmente cuando el Ejecutivo ha tomado decisiones más allá de una necesaria ley de la República a la hora de restringir derechos. El Gobierno tiene que reflexionar y aceptar la necesidad de una ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, que dé fundamento a su actividad a la hora de restringir derechos. Y la Asamblea debe tener conciencia de la necesidad de diálogo con el Ejecutivo, al que no puede amarrar con normas que le dificulten dar pasos en la lucha contra la pandemia. Ambas partes tienen que caer en la cuenta de que una ley funcional, aunque no sea perfecta, es más importante que la inexistencia de la misma. Cerrarse en la propia decisión e impedir la legislación adecuada deja en vulnerabilidad a la ciudadanía y puede propiciar un caos sanitario y social. El Salvador urge diálogo, cooperación y solidaridad. Las necesidades son muchas. Y si se tiene en cuenta el crecimiento de la pobreza y la debilitación de la economía, es evidente que surgirán pronto otras crisis de igual gravedad que la actual. Superar las divisiones y lograr consensos poniendo en el centro a los más vulnerables y empobrecidos es la única manera de abonar al bien común. Nuestro pueblo desea cada vez con más fuerza igualdad sociocultural básica y mayor participación en la vida ciudadana y en la orientación del desarrollo. A los políticos les corresponde dar respuesta a esos deseos desde una mayor inversión en desarrollo humano y social, y desde la elaboración de una legislación que frene la desigualdad. En el país, la función pública ha sido entendida como un modo de acceder a una vida de privilegios y mejorar el estatus económico personal. La pandemia, con todas sus repercusiones económicas y sociales, desnuda los fallos de los políticos y su irresponsabilidad social, así como su corrupción y ausencia de moral, que en buena parte son causa de la pobreza de tantos compatriotas. Dialogar a fondo sobre las necesidades de las grandes mayorías, sobre los proyectos de inversión en desarrollo, sobre quiénes pueden y deben aportar más vía impuestos es tarea urgente. Negarse al diálogo o a la acción solo conseguirá profundizar la crisis y aumentar la desconfianza ciudadana en la política. Solo la búsqueda de acuerdos y el buen funcionamiento de las instituciones, como lo han repetido las voces más sensatas y con mayor peso moral, abrirán las puertas a un futuro decente capaz de superar la crisis generada por esta pandemia y por la inadecuada gestión de la misma.

Desde hace algunos días, el Gobierno impulsa una intensa campaña propagandística sobre la Fuerza Amada, en la que se resalta que la de hoy es diferente a la de la guerra civil y se enaltece el papel que ha jugado la institución, en especial su titular, Francis Merino Monroy, durante las recientes emergencias. La campaña tiene, por lo menos, un doble propósito. El primero y más obvio es preparar un ambiente favorable para la interpelación de Merino Monroy por parte de la Asamblea Legislativa, por la participación del Ejército en la toma del hemiciclo legislativo en febrero de este año, un hecho que constituye el mayor error político de la presente administración y una de las acciones puntuales más atentatorias contra el régimen democrático. El segundo propósito es más estratégico y va más allá de la defensa de un ministro al que le faltan luces para representar con dignidad a las mujeres y hombres de uniforme. Nayib Bukele quiere granjearse el apoyo incondicional de los militares en un momento en que hay voces de descontento al interior de las filas castrenses. Además, no existe régimen autoritario que no necesite al Ejército para consolidar y mantener su poder. La historia del país demuestra con claridad que la Fuerza Armada ha sido el principal instrumento para dar sostenibilidad a Gobiernos autoritarios, pero también para hacerlos a un lado cuando no responden a los intereses de los poderosos. De ahí que tenerla de aliada sea fundamental. Los argumentos que esgrimirá el ministro en la interpelación pueden anticiparse con facilidad. Casi seguramente argumentará que la Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante, como reza el artículo 211 de la Constitución, y que está bajo las órdenes directas del presidente de la República (art. 213). El problema es que en nombre de esa obediencia se han cometido atrocidades. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “deliberar” significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos”. Entre los sinónimos de “deliberar” aparecen “debatir”, “discutir”, “examinar”, “decidir”. Es decir, según su naturaleza, el Ejército y sus integrantes no debaten, ni discuten, ni examinan, ni deciden, solo obedecen, sin discernir sobre la moralidad o ética de lo mandado. Así, cumpliendo su misión sin consideraciones de ningún tipo sobre las órdenes recibidas, se cometieron en el pasado muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como las masacres en el Sumpul y El Mozote, o el asesinato de las religiosas norteamericanas y el de los periodistas holandeses, por citar solo unos ejemplos. Con equivalente razonamiento se participó en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, siendo parte de lo que a todas luces fue una arenga partidaria y una violación al orden constitucional. Si en realidad ahora se tiene una nueva Fuerza Armada, ¿por qué esta no abre sus archivos para aclarar de una vez por todas los crímenes en los que participaron elementos y unidades militares? Con ello se cerraría ese vergonzoso capítulo de la historia salvadoreña y se aliviaría el sufrimiento de las víctimas, cuya exigencia de verdad, justicia y reparación nunca ha sido escuchada. Eso sí dignificaría a la institución, mucho más que la onerosa publicidad. La negativa a hacerlo, tanto por parte del presidente como de los altos mandos militares, expresa que los nombres y las personas pueden cambiar, pero la doctrina sigue siendo la misma del pasado. Reconocer y agradecer lo que las mujeres y hombres del Ejército han hecho por el país en estos tiempos no implica cerrar los ojos al rol político que ha jugado la Fuerza Armada y a la necesidad de limpiar su nombre. Por otro lado, mientras el gasto en publicidad sigue creciendo y la inversión en equipamiento para los militares se exhibe sin pudor, los trabajadores de la salud claman por equipos de bioprotección contra el virus y por el bono de $150 mensuales que se les prometió el 18 de marzo. Se invierte en publicidad y armas, no en salud. Ese es también uno de los viejos vicios del pasado.

Nuevos retos en Derechos Humanos El Salvador tiene muchas deudas pendientes en el terreno de los Derechos Humanos. Hacer justicia, verdad, reparación a las víctimas de la guerra es una de ellas. Y muestra la facilidad con la que el tema de Derechos Humanos desaparece de la agenda política si todo se deja en manos de los políticos o de las instituciones. Solo la persistencia de las víctimas en sus justos reclamos mantiene la esperanza de que las deudas se paguen. Muchas cosas parecidas podríamos decir del derecho a la vida digna y sin pobreza, a la educación, a la salud o a la vivienda que permanecen pendientes. Pero el problema se agrava si miramos hacia el futuro. La pandemia de covid-19 ha dado un golpe tan fuerte a nuestro caminar hacia el desarrollo, que el futuro se ha vuelto a la vez más oscuro y más desafiante. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas ha calculado un grave crecimiento de la pobreza en todo nuestro continente. En El Salvador calculan que habrá un 7% más de población en pobreza, sobre el aproximadamente 33% que había en 2019. En otras palabras, que a los más de dos millones de pobres existentes en El Salvador se sumarán 462.000 nuevas personas en pobreza. La mayoría de ellas serán mujeres, niños y ancianos; los sectores más vulnerables del país. Ya la gestión de la pandemia mostró una grave indiferencia ante la violación clara de Derechos Humanos (DDHH). En los llamados “Centros de Contención” gubernamentales se presentaron casos de detención ilegal, malos tratos e incluso contagios de Covid-19 por falta de prevención estatal. El derecho a la salud ha sido vulnerado en diversos aspectos en asilos de ancianos, centros de menores y cárceles. Las advertencias al respecto hechas por diversas instituciones han sido contestadas agresivamente con demasiada frecuencia por parte de funcionarios gubernamentales. El miedo, la necesidad de luchar por la propia supervivencia, el aislamiento y algunos servicios gubernamentales brindando ayuda económica y canastas familiares, dejaron en un lugar muy lejano la preocupación por los Derechos Humanos. Sólo sectores preocupados por perder privilegios, el sector profesional y grupos más comprometidos con los DDHH reclamaron ante la situación. La mezcla insólita de instituciones empresariales y Ong´s defensoras de derechos dieron pábulo a partidarios del Gobierno actual, incluidos funcionarios, a responder con insultos y calificar las coincidencias entre tan diversos grupos como manipulación de unos y traición de otros a los intereses populares, supuestamente protegidos en exclusiva por el actual liderazgo gubernamental. Pero la problemática en DDHH no queda en la breve narración de lo acontecido. El aumento de la pobreza irá sin duda acompañado por el crecimiento de la desigualdad. A quienes perdieron el trabajo, a las pequeñas empresas, a quienes trabajan en el ejercicio libre de la profesión, les costará mucho más recuperarse que a quienes conservan capital e infraestructura. El fuerte endeudamiento del país, la baja en la recolección de impuestos e incluso algunos casos de corrupción o mala administración, ponen un lastre pesado a todo esfuerzo de desarrollo. Si ya con la situación precedente de pobreza y exclusión un fuerte sector de nuestra juventud se veía en la triple alternativa de resignarse a la pobreza, emigrar hacia otros países o caer en la delincuencia, en el futuro las cosas podrán ponerse más difíciles. Resulta indispensable un plan de recuperación bien estructurado, teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables y abriendo nuevas posibilidades de trabajo decente. Y aunque se escuchan voces con propuestas interesantes, como la de la Reforma Fiscal, que sería solamente una parte de un plan de recuperación, la percepción ciudadana es que los políticos, de dentro y de fuera del gobierno, no han dado pasos hacia la elaboración de un plan racional para recuperar y acelerar nuestro camino hacia el desarrollo equitativo. La pandemia dejará también como herencia un debilitamiento de las instituciones estatales. Durante estos meses, en efecto, hemos asistido al abandono de temáticas clave para el desarrollo humano y social de El Salvador. La ley de Reconciliación, la Ley de Aguas quedaron dormidas. La pandemia pasó a ocupar la mayor parte del tiempo legislativo sin que en realidad saliera nada de la Asamblea que realmente fuera de utilidad especial para solucionar los problemas sanitarios. El Ejecutivo actuó con arbitrariedad y nos acostumbró a que no pasara nada cuando determinados funcionarios faltaban a la ética. El grito y el insulto se convirtió en la forma preferida de “diálogo” gubernamental. El Sistema Judicial en su conjunto entró en una especie de letargo mientras la Sala de lo Constitucional se mostraba incapaz de obligar al cumplimiento de algunas de sus sentencias. La Fiscalía se dedicó a hacer equilibrios para no enfrentarse con el Ejecutivo y parecer que funcionaba imparcialmente, mientras mantenía formas ar

La discusión del préstamo del BID, que parecía absolutamente rota a base de discusiones en las que se entreveían muy diversos intereses políticos, se ha reanudado. Al final una lección para todos de la importancia del diálogo y de la institucionalidad. Porque hubo errores de ambas partes, que gracias al diálogo parece se van subsanando mientras se escriben estas líneas. Empezar a caminar con diálogo resulta indispensable en esta pandemia. Nos lo recuerda nuestro Arzobispo, Mons. José Luis Escobar, y nos lo recuerda también la realidad que estamos viviendo, tan fracturada y tan vulnerable mientras nos tiramos los trastos a la cabeza unos y otros. Y no es solo la Asamblea y la Presidencia de la República quienes están llamados a funcionar institucionalmente, sino muchas otras dependencias estatales. Por: José María Tojeira, director del Idhuca

Editorial UCA 13/07/2020 En medio de las intensas preocupaciones de la ciudadanía en torno a las implicaciones políticas y económicas del covid-19, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas que son básicos para el futuro de El Salvador. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la familia. Generalmente se asume con facilidad que esta es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por ello se reconoce la prioridad social de la familia. La Constitución salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Sin embargo, en situaciones de desastre, sean sanitarias, telúricas o climáticas, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a la familia. Por poner un ejemplo, cuando en el país se habla de la recuperación económica pospandemia, se insiste en la generación de trabajo, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar, o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo sicológico se tiende a dar individualmente; muy rara vez se desarrollan procesos de asistencia que incluyan al grupo familiar. Es evidente que durante la actual situación ha habido daños familiares. Sin duda, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, comprensión, diálogo y mayor unión. Pero también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones sicológicas ante el miedo al contagio, dificultades económicas, agresividad generada por el encierro, cansancio por el aumento de responsabilidades de cuido, especialmente de niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Estos daños permanecerán perjudicando la interioridad y sicología de las personas si no se dan formas de ayuda y apoyo. La economía proviene en su origen y en su etimología de la administración de los bienes del hogar, que no está orientada por la lógica del mercado, sino por la solidaridad y la unión intergeneracional. La sicología, como ciencia, nos dice que en la familia se estructuran, para bien o para mal, muchos de los comportamientos, valores y capacidades del futuro adulto. Y por la sociología sabemos que la familia es el primer paso de la socialización, abriéndonos a la empatía y a la dimensión comunitaria. En ese sentido, invertir económica, sicológica y socioculturalmente en la familia es una necesidad imperiosa para el desarrollo de los países, en especial después de una crisis que golpea esas dimensiones. Una necesidad aún más urgente en El Salvador, donde la familia tradicional ha evolucionado en buena medida hacia una familia monoparental como resultado de la migración, dejando en mayor debilidad a sus miembros. El Estado debe desarrollar, pues, una política familiar amplia en el entorno de la actual pandemia. Es cierto que lo más inmediato es curar y salvar vidas, pero la inmediatez no debe aplazar la planificación del largo plazo. En el proceso de discusión de esa política tiene que sopesarse el establecimiento de un salario familiar que permita una vida digna e incluso un margen de ahorro que dé estabilidad al grupo. El apoyo sicológico a las familias que han sufrido desgracias graves o conflictos internos durante la pandemia es también indispensable para un desarrollo digno en el país, al igual que el acompañamiento a las familias en pobreza, el acceso a un servicio médico de primer nivel y el apoyo a la primera infancia. Porque va mucho más allá de una simple crisis sanitaria, la pandemia de covid-19 impone enormes desafíos para los años venideros. Apoyar a la familia no solo será clave para prevenir futuras crisis, sino también para salir con bien de la actual.

La estrategia militar con posibilidades de éxito se esfuerza por conocer las fortalezas y debilidades del enemigo; de lo contrario, está comprometida anticipadamente. El Gobierno de Bukele reprime a los pandilleros convencido de que puede acabar con ellos. El planteamiento implica encerrar, acaso matar, a los 60 mil que se estima existen. Encarcelar y asesinar a la mitad de ese total ya es cuantitativamente inviable. Ni las cárceles tienen capacidad para albergar tantos huéspedes, ni el país tiene dinero para ampliarlas. Tampoco parece viable deshacerse de varias decenas de miles de personas en enfrentamientos y ejecuciones sumarias. La oligarquía ya lo intentó en dos ocasiones, en 1932 y en las décadas de 1970-1980. Desde la perspectiva de los números, las posibilidades de éxito de la guerra contra las pandillas son exiguas. El constante anuncio de capturas y muertes debe ser contrastado con el de los que aún faltan. La guerra contra las pandillas enfrenta otro obstáculo de envergadura social y religiosa. Los pandilleros no actúan en el vacío social (ver S. Offutt, Evangelizal and Gang Relationschips in El Salvador. Entangled: Evangelicals and Gangs in El Salvador, Social Forces, 19 de diciembre de 2019). Viven y operan en vinculación estrecha con las comunidades y se comunican a través de sus redes familiares y religiosas. Las conexiones son complejas y dinámicas. La comunicación entre pandilleros, familiares y grupos religiosos, en concreto, evangélicos, fluye transversalmente, lo cual cohesiona socialmente y facilita el entendimiento entre todos ellos. Esas conexiones crean también vulnerabilidades. El pandillero suele pedir colaboración a sus parientes y no todos pueden o aceptan rechazar esa presión. Asimismo, el pandillero anima a sus parientes a asistir al templo evangélico. De esa manera, influye y controla las familias y la comunidad religiosa. La profusa presencia de evangélicos y pandilleros en los barrios populares hace inevitable la interacción continua. Las familias evangélicas acuden al templo y participan en sus ministerios. Los pandilleros asisten también al mismo culto, aunque de forma eventual. Pero sus hijos participan en los ministerios evangélicos. Las familias y los pastores dependen de la pandilla para resolver los problemas internos y comunitarios, y están convencidos de que su gestión es más eficaz que la de Bukele. De ahí que muchos pastores participen en el gobierno comunitario junto con la pandilla y protejan a los pandilleros de su comunidad de la violencia estatal. Una buena proporción de pandilleros, cuatro de diez, proviene de un hogar evangélico. Algunos estimados son aún más elevados. Se trata de unidades familiares fracturadas y marginadas, cuyos integrantes asisten al templo evangélico y cuyos hijos, incluidos los de los pastores, se unen a la pandilla, por lo general, a los quince años, incluso con menos edad. Muchos de estos adolescentes tienen padres ausentes por razones diversas. La posibilidad de empleo es escasa. El sitio de residencia los descarta automáticamente. Los servicios públicos son disfuncionales. A menudo, huyen de la violencia intrafamiliar y buscan respeto, identidad y pertenencia. Pero, por otro lado, estos adolescentes se victimizan mutuamente, ya sea dentro de la pandilla o a causa de la rivalidad entre las diversas pandillas. Las fuerzas de seguridad son percibidas por la comunidad como extrañas y hostiles, mientras que las pandillas y las iglesias son reconocidas no solo como parte de ella, sino también como autoridad. La enajenación de las fuerzas de seguridad, la amenaza que representan y la ineficiencia con la que, por lo general, defienden al Estado empujan a pandilleros y evangélicos al gobierno compartido. No es extraño, entonces, que comunidades y pastores interfieran en las redadas de policías y soldados. Ambos advierten a los pandilleros de estas y de cualquier movimiento sospechoso. Incluso niños de nueve años colaboran en esta tarea. A veces, los pastores defienden u ocultan a los pandilleros, jóvenes que han visto crecer en su comunidad, algunos de los cuales han asistido a sus iglesias o son compañeros de sus propios hijos pandilleros. La exterminación de los pandilleros es quimérica. Proponérselo significaría arrasar con comunidades, familias e iglesias evangélicas. En una palabra, sería un genocidio. Pretender eliminar las pandillas es militarmente temerario y socialmente imposible. La estrategia gubernamental yerra al menospreciar la vinculación de los pandilleros con las comunidades, las familias y su religiosidad. Extrañamente, las comunidades no se identifican ni colaboran con unas fuerzas de seguridad que dicen defenderlas. Tampoco protegen a sus agentes y familiares de la violencia de las pandillas. Hay víctimas en ambos bandos, en una espiral de violencia interminable. Sin la colaboración de las comunidades, ninguna estrategia es realista. En el mejor de los casos, el Plan de Control Territorial contiene el accionar de las p

Porque los principales focos de covid-19 están en las ciudades y en los barrios de mayor densidad poblacional, apenas se habla de los campesinos. Sin embargo, sería grave olvidarlos. Ellos constituyen un poco más del 15% del total de trabajadores del país, por lo general tienen un tipo de trabajo muy cooperativo a nivel familiar y son los que pueden proveer seguridad alimentaria a nivel nacional, a pesar de ser, en conjunto, el sector más afectado por la pobreza. Por ello, las familias, las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al servicio agroalimentario deben ser beneficiarias de un plan de estímulo productivo, al igual que los pescadores artesanales. El crecimiento de la pobreza previsto para América Latina a causa de la pandemia, que afectará también con fuerza a El Salvador, obliga a planificar el futuro alimentario. Invertir en quienes producen alimentos, favorecer y facilitar sus redes de suministro, y garantizar la producción interna es clave para enfrentar y frenar el aumento de la pobreza que nos acecha. En un país tan volcado a la importación, la pandemia nos recuerda la importancia de la seguridad alimentaria. Si no se invierte en quienes producen los alimentos y se les mantiene en la pobreza, forzándolos a la migración hacia la ciudad o hacia los países desarrollados, el futuro, ya hipotecado por este tiempo de enfermedad, podría volverse terriblemente duro. La tasa de empleo informal agrícola ronda en el país el 80%. Aunque la producción de alimentos es una tarea esencial para mantener la vida y, en ese sentido, no tendría que estar sujeta a restricciones, el confinamiento y la dificultad de movilización impiden en muchos casos el acceso a implementos básicos como abonos y herramientas, al tiempo que dañan la capacidad de suministro. La informalidad, la pobreza y la falta de seguridad social y de servicios de salud dificultan aún más el trabajo de los campesinos. La juventud que vive en el agro sufrirá un aumento de su marginación, dado que los jóvenes son los que tienen tasas más altas de trabajo informal en el área rural. Y la escolaridad de los niños, pese a algunos esfuerzos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, resultará severamente afectada, y podrían ser obligados a trabajar en labores agrícolas para apoyar a la familia. Las campesinas verán aumentar sus tareas de cuido, al permanecer más personas recluidas en el hogar. Es indispensable implementar medidas que garanticen la cadena de suministros de productos agrícolas y apoyar con transferencias de alimentos o monetarias a los trabajadores informales del sector en momentos estacionales de escasez de trabajo, así como ofrecerles microseguros y financiamiento para la producción de alimentos. El apoyo con donación de semilla y materiales para la siembra debe sistematizarse todavía más. Favorecer medidas de protección frente a la pandemia dedicadas especialmente al sector agrícola; disponer de planes de apoyo específicos para los sectores más vulnerables del campo (mujeres, jóvenes y niños); apoyar sistemas de venta directa del productor al consumidor; y favorecer el trabajo con salario decente en el campo son medidas concretas que el Gobierno debería tomar ante la emergencia actual, sin esperar a que la crisis social y económica estalle como fruto de la crisis sanitaria. El Salvador es un país de origen y tradición campesina. Una buena parte de las costumbres se generaron en el campo. Todavía es muy difícil encontrar a alguien de veinte años que no haya tenido algún abuelo o abuela vinculado al mundo rural. Sin embargo, los Gobiernos y los empresarios agrícolas se han caracterizado por lo general por despreocuparse por la situación del trabajador del campo. Cuando la pandemia nos muestra la importancia de la seguridad alimentaria, cuando el calentamiento global nos indica la necesidad de prevenir y cuidar la naturaleza, así como la importancia de garantizar el aporte alimentario, es tiempo de volver los ojos hacia el campo, reparar injusticias e invertir en el campesinado.

Una de las novedades más llamativas del Gobierno actual es que ha forzado a una buena parte de la población a enterarse de la coyuntura del país por medio de Twitter. Nayib no es el único gobernante que lo hace, pero podríamos pensar que junto con Trump, cada uno en un extremo del poder político mundial y de la extensión territorial, se han convertido en los dos exponentes más claros no tanto de gobernar por Twitter, sino de forzar a que asuntos coyunturales, e incluso estructurales, sean tratados preferentemente por este medio digital. Ambos presidentes, ligados al mundo de la publicidad, muestran así su tendencia al mensaje breve, cargado de propaganda y con alto impacto verbal. Sin embargo también muestran su debilidad y poca eficiencia a la hora de gobernar con base en proyectos nacionales claros, afincados en la legalidad, y con estructuras adecuadas de diálogo y debate democrático. Decisiones que requieren estudio, debate serio y reflexión colectiva han sido manejadas desde el poder Ejecutivo con un grado alto de personalismo y una negativa intensa a dialogar frente a la crítica, por muy apoyada que esta estuviera en razones, leyes, o experiencias. Ya antes de que la pandemia incidiera con una trágica fuerza en el país, las decisiones se tomaban en Twitter, probablemente para producir la ilusión del cambio con la publicidad e inmediatez de la orden. El ejemplo clásico fue el tuit que ordenó borrar el nombre de Domingo Monterrosa del muro de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Aunque el nombre se borró y despertó emociones positivas, la realidad posterior dejó muy clara la falta de disposición para abrir los archivos militares y contribuir así al establecimiento de la verdad en casos como la masacre del Mozote y otros, fundamentales para abrir un verdadero proceso de justicia y reconciliación en la historia salvadoreña. Hasta el presente, el Twitter y la coyuntura salvadoreña no han logrado caminar a un ritmo al menos semejante. La amenaza de la covid-19 y el creciente peso y presencia de la pandemia en El Salvador aumentaron el personalismo en el campo de las decisiones políticas y multiplicó la presencia del presidente en Twitter a la hora de dar explicaciones o atacar a quienes mostraban desacuerdos con decisiones o modos de actuar gubernamentales. Un ejército de troles y de funcionarios se sumaron rápidamente a esa especie de mercado de la opinión en la que se ha convertido esa red digital. Quien no cultiva la razón y la ciencia, decía Platón en la República “no seguirá el camino de la convicción por argumentos para llegar a los fines que se proponga”. Al contrario, “empleará en todas las ocasiones la fuerza y la violencia” para alcanzar sus fines. Twitter ofrece la oportunidad de que la fuerza de la propaganda y la violencia verbal se enseñoreen de la coyuntura, al menos momentáneamente. Pero precisamente por su debilidad racional y su dependencia de la clase media, Twitter termina siendo un instrumento débil de Gobierno. En la evaluación de los seis primeros meses del período presidencial de Nayib Bukele, el Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop) había mostrado la muy alta y bien conservada popularidad del mandatario. Seis meses después, en una nueva encuesta que otorga resultados positivos a la gestión del poder ejecutivo, se observa un claro descenso de la popularidad y aceptación del Gobierno en aproximadamente 20 puntos sobre los más de 90 de la encuesta anterior. Los tuits cambiaron inmediatamente de signo y la que anteriormente era una fuente seria y confiable (el Iudop) se convertía ahora en vocera del instrumento político-social de la empresa privada que todos conocemos como ANEP. Este intento de corregir la coyuntura nacional a golpe de tuits ejecutivos es la que conduce a la debilitación del propio Gobierno, aunque en el caso de la encuesta no pueda decirse que es una tragedia, dado el alto grado de aceptación que aún mantiene el Gobierno. Para un pensamiento racional, y después de tanto problema, desorganización y muerte durante la gestión de la pandemia hasta el presente, se podría decir que el costo ha sido relativamente pequeño para el Gobierno. Pero muy probablemente es más grave de lo que parece. El Ejecutivo está perdiendo su guerra en Twitter, por su forma errática, propagandística e insultante. Y perder la guerra en esa red, dominada fundamentalmente por la clase media, significa también un claro alejamiento de este sector respecto a Nuevas Ideas. Y perder a la clase media nunca es bueno electoralmente, pues este sector suele ser el que más influye, en el mediano y largo plazo, en el imaginario político ciudadano. Como la propaganda bien hecha, un tuit puede deslumbrar al ciudadano. Pero con el paso del tiempo la racionalidad se impone. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 8

La otra guerra, la que el Gobierno de Bukele libra contra las pandillas, tampoco marcha tan bien como parece. Los homicidios se han desplomado hasta alcanzar la tasa más baja desde 1992. La misma tendencia se observa en los feminicidios, los desaparecidos y las extorsiones. Según los funcionarios, estos logros se deberían al llamado Plan de Control Territorial, una combinación de represión y prevención en los 22 municipios con mayor incidencia delincuencial, y de endurecimiento del confinamiento en los penales. La iniciativa gubernamental más emblemática es la construcción de centros recreativos y educativos para evitar que las pandillas recluten jóvenes. Aunque ciertos, esos logros no son aún incontrovertibles. Sobre ellos se ciernen algunas sombras. La caída de la tasa de homicidios es más acusada en municipios donde no se ha aplicado el Plan y donde el descenso comenzó en el Gobierno anterior del FMLN. Probablemente, dicho plan, cuyos detalles son desconocidos, no es la única causa. La reducción del uso de la violencia letal por parte de las pandillas, la disminución de la rivalidad mutua y el liderazgo local cada vez más independiente del de las cárceles dan mejor cuenta de la reducción de la violencia social que el plan gubernamental. Otro factor verosímil es un entendimiento informal con las pandillas. El Gobierno lo niega tajantemente, pero encaja bien con la disminución de la violencia letal por parte de aquellas y con la orden girada, según una fuente acreditada, a las fuerzas de seguridad de reducir los enfrentamientos armados. La experiencia reciente demuestra que en esta materia, las negativas de Gobiernos y políticos son inverosímiles. La obsesión de Casa Presidencial con la imagen de su inquilino inclina a pensar que el entendimiento con las pandillas es factible. Más aún si está en pie de guerra contra sus enemigos políticos y judiciales. La estrategia de guerra no tiene reparos en negociar con quien haga falta para conseguir la victoria. La pandemia, por otro lado, corrobora la fragilidad de los logros gubernamentales. El control de las pandillas en las comunidades y colonias está intacto. Han restringido la circulación, han impuesto toque de queda y uso obligatorio de mascarillas, han repartido provisiones, han asistido a los vecinos necesitados y han reducido el monto de la extorsión o han postergado su pago. El incremento súbito de los homicidios en abril, 80 asesinados en cinco días, evidencia la precariedad del control estatal. El poder territorial de las pandillas sigue inalterado. Por tanto, pueden, si así lo desean, revertir con relativa facilitad los avances gubernamentales. La iniciativa no la tiene el Gobierno de Bukele, sino las pandillas. No obstante, el Gobierno puede avanzar con mayor seguridad y solidez en el control del territorio y la violencia social. Pero para ello debe cambiar el enfoque, al igual que en el caso de la covid-19. La aproximación a las comunidades golpeadas por la violencia social tiene más posibilidades para interrumpir su reproducción. Escuchar, comprender y abordar con eficacia sus necesidades más sentidas crearía confianza, seguridad y futuro. Garantizar la satisfacción de esas necesidades es una alternativa difícil de desconocer, estimularía la construcción de relaciones comunitarias no-violentas e integradoras, mejoraría la comunicación con la Policía y las autoridades, desincentivaría la militancia en las pandillas y brindaría una salida atractiva a quienes deseen abandonarlas. El Estado debe mostrar prácticamente que ofrece más posibilidades que las pandillas. La represión, en sí misma un mal, debe ser el último recurso, no la única opción. El cambio de enfoque requiere renunciar a convertir la seguridad y la salud pública en arma arrojadiza contra los adversarios políticos. La beligerancia y la humillación minan el terreno para introducir reformas eficaces y sostenibles, que requieren de amplio apoyo sociopolítico. Casa Presidencial apuesta por un triunfo electoral legislativo arrollador que elimine temas polémicos como los préstamos y su supervisión, y la cuarentena total renovable. Pero si ese triunfo se materializa, solo será efectivo dentro de diez meses. Antes tendrá que buscar cómo contener la recesión económica y el deterioro de la vida de la población que dice defender. Aguardar hasta el 1 de mayo del año que viene, puede ser demasiado tarde. La situación de las comunidades es desesperada. El hambre y la enfermedad, el abandono y la inseguridad son realidades cotidianas. La inminente recesión económica agudizará la angustia existente. Reprimir para contener la zozobra social es tentador y fácil, pero también contraproducente. La experiencia de los denostados Gobiernos anteriores no deja duda al respecto. La administración de Bukele está urgida de creatividad más allá de la imagen, de visión política de mediano y largo plazo, y de eficacia irreprochable. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador sufre con impotencia el avance de la pandemia ante la resistencia de las autoridades a buscar acuerdos para enfrentarla y la incapacidad manifiesta del Gobierno. El sufrimiento de tantas familias por sus parientes contagiados o fallecidos obliga a pronunciarse, así como la abnegación del personal de salud que lucha contra la enfermedad pese a no contar con todos los recursos de infraestructura y protección necesarios. Es fundamental pronunciarse en solidaridad con los trabajadores que no pueden ganarse la vida y aquellos que lo hacen a costa de su salud, los que han pasado a engrosar las estadísticas del desempleo y los que están en riesgo de perder el suyo. Esta crítica situación se agrava por la ausencia de un rumbo claro para hacerle frente a la emergencia. Además de todos los efectos del covid-19 en la economía y en el sistema de salud, también deben atenderse inmediatamente los efectos subjetivos en la población. La sensación de inseguridad, desesperación, angustia y abandono, y la depresión son cada vez más frecuentes, tanto a nivel personal como familiar. En escenarios difíciles, ver una luz al final del túnel contribuye a la disposición interior de resiliencia y resistencia para seguir adelante. Pero en el caso de nuestro país, la irresponsabilidad en el manejo de la crisis, el choque permanente entre los tomadores de decisión y su oportunismo sumen en una oscuridad más profunda a la población. Las acciones de la mayoría de actores políticos, oficialistas o de oposición, dejan claro que para ellos los intereses electorales están antes que la emergencia sanitaria. La luchas intestinas intrapartidarias en el contexto de las elecciones internas y el uso de recursos estatales para hacer proselitismo son actos vergonzantes y denotan que los peores vicios de la vieja política siguen haciendo daño al país. La relación entre los órganos del Estado está seriamente golpeada. Se descalifica al otro sin discutir razones. No querer implementar las medidas que, tal como aconsejan los expertos, deben acompañar a una cuarentena es tan irracional como reabrir la economía sin un plan que brinde seguridad y tranquilidad a la población. Es alarmante que a la opacidad en el manejo de los recursos públicos y al exorbitante endeudamiento del país se sumen los cada vez más numerosos casos de corrupción, revelados gracias al esfuerzo del periodismo de investigación. Reaccionar con represalias contra medios o periodistas, o a través de la desacreditación, solo robustece los señalamientos de la prensa. Es indignante que en una situación tan crítica se utilice el Estado para beneficio propio, de familiares o allegados. Queda claro que estas acciones no son cosa del pasado en el ejercicio del poder. La epidemia de la corrupción es el mal que más daño ha causado históricamente a El Salvador y que lo mantiene postrado, porque ha llevado al descuido de la educación y la salud, y a perpetuar las deficientes condiciones de vida de la población. Como universidad de inspiración cristiana y en el espíritu de Jesús de Nazaret, la UCA se solidariza con todas las familias de los hermanos y hermanas salvadoreñas fallecidas, con los trabajadores de salud que han ofrendado sus vidas y con aquellos otros que sigue luchando en las condiciones más adversas. Y por ello anima al gremio médico a seguir exigiendo que se cumplan todas las medidas de bioseguridad y que se les faciliten los equipos requeridos para combatir el virus. Además, exhorta al pueblo salvadoreño a respetar disciplinadamente las medidas de protección y a estar atento a lo que recomienda la ciencia. En este momento tan acuciante, la fe en el Hijo de Dios, quien siempre supo estar al lado de los humildes, los pobres y los enfermos, es la luz y la esperanza que debe animarnos a seguir adelante y reclamar lo que es justo. A los gobernantes de nuestro país, Jesús también les habla: “Aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. […] Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor […] y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos”. Con monseñor Romero, les exigimos, “en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo”, que cesen la confrontación y que construyan acuerdos que tenga en el centro la vida de todos los salvadoreños. Antiguo Cuscatlán, 27 de julio de 2020

El más reciente sondeo de opinión del Iudop sobre el primer año de gobierno de Nayib Bukele1, arroja luces muy interesantes sobre lo que está caracterizando al país. Los resultados no son ni muy buenos como le gustan y los quisiera siempre el presidente, pero tampoco son tan malos como lo desean sus detractores. En honor a la verdad, la opinión de la mayoría de la gente encuestada sigue siendo buena. La población le adjudica una nota promedio de 7.69 en una escala de 0 a 10. Pero la verdad también es que la valoración de la población es menos buena que hace unos meses. A los 100 días de gobierno2 la población encuestada le dio un 8.37 de calificación y a los 6 meses3 un 7.8. Además, mientras que a los 100 días de gobierno el 93.6% de la población lo aprobaba (con una nota de 6 o mayor), ahora, al cumplir sus primeros 12 meses, ese porcentaje cayó en más de 13 puntos hasta llegar al 80%, porcentaje alto, sí, pero menor que hace unos meses. La pregunta de fondo es ¿a qué se debe esta caída en el apoyo al presidente y su gobierno? La caída del respaldo popular a un gobierno se considera “normal” por la erosión que va teniendo con el paso del tiempo y la inherente dificultad de un gobierno para quedar bien con todos los sectores nacionales. Pero en el caso de Bukele, la pérdida de apoyo tiene que ver con factores que van más allá del desgaste normal a causa del tiempo. Del sondeo de opinión, puede extraerse una triada de elementos que pueden iluminar lo que está pasando en el país y pueden ayudar a entender la suerte que está corriendo el actual gobierno. Los dos primeros elementos de esta triada responden al presente y el tercero apunta al futuro. El primer elemento es que, como era de esperarse, para la población encuestada el principal problema del país en estos momentos es la pandemia de covid-19 (43.3%), dejando en un segundo plano a los problemas de carácter económico (12.8%) y en un lejano lugar a los problemas relacionados con la violencia e inseguridad, que desde hace mucho tiempo habían ocupado el primer lugar. Un segundo elemento es que para la población consultada el principal logro del gobierno en este primer año tiene que ver con el combate a la delincuencia. Si agrupamos las variables que tienen que ver con esta dimensión, 56.3%4 de la gente piensa que el mayor logro está ahí. El tercer elemento es que cuando se le preguntó a la población por la principal tarea en la que debe enfocarse el gobierno en los próximos años, la población consultada se decantó por los temas económicos. 42.4% piensa que debe enfocarse en mejorar la economía nacional y 27.1% cree que debe focalizar sus esfuerzos en la creación de fuentes de empleo (69.5% en total). Un 16.2% cree que debe centrarse en el acceso a una mejor educación para toda la población. Resumiendo, a la gente le preocupa en estos momentos, sobre todo, la pandemia, pero reconoce en el gobierno un gran papel en la reducción de la violencia e inseguridad, y su preocupación para el futuro es la situación económica. Una hipótesis explicativa de los resultados de la encuesta indicaría que el gobierno de Bukele sigue siendo muy bien evaluado por lo que la población percibe que ha hecho hasta ahora en la lucha contra las pandillas a pesar de las dudas y la nebulosa que se cierne sobre el plan implementado; sin embargo está perdiendo apoyo por la manera en que ha gestionado la pandemia de covid-19 y por la situación económica del país y de las familias. Es cierto que en la encuesta, el manejo de la pandemia ocupa un segundo lugar, después de la reducción de homicidios, como el mayor logro del gobierno con un 25.8% de opiniones. Pero también es cierto que si solo una cuarta parte de la población le reconoce ese logro, significa que, para los encuestados, el gobierno ha quedado a deber en esta materia. Lo que más le achaca la población al gobierno es su falta de entendimiento con otras instancias del Estado para trabajar conjuntamente. Tanto es así, que cuando se le preguntó a la población sobre el principal fracaso del primer año del gobierno de Bukele, el primer lugar lo ocupó la mala relación con otros poderes e instancias del Estado con un 36.7%. Además, en la lista de los principales problemas del país, la población ubicó a la confrontación con los poderes en el segundo lugar con un 24.1% de opiniones, solo por detrás de la pandemia. El primer clamor del pueblo salvadoreño en este momento, es enfrentar la pandemia de la mejor manera posible y ese clamor no está siendo escuchado. La población ve como cada día suben exponencialmente los contagiados, que más familias se llenan de luto y dolor, que la red hospitalaria está colapsada y que los trabajadores de la salud se están quedando en el camino en proporciones que se consideran demasiado altas según los parámetros internacionales. Pero lo peor es que en medio de este crítico momento que pone en peligro la vida de la población, no hay capacidad en el gobierno para encontrar, civilizadamente y en consenso, un ca

El perdón cristiano La vista pública del caso jesuitas en España ha despertado en algunos cristianos la inquietud sobre cómo combinar la necesidad de la justicia con el perdón al enemigo mandado por Jesús, nuestro Señor. Generalmente no se suele tener este conflicto frente a los crímenes comunes. La gente sabe que ante cualquier crimen común que le afecte el cristiano debe pedir justicia y al mismo tiempo perdonar al ofensor. Pero resulta más difícil congeniar justicia y perdón en los crímenes provenientes de una guerra civil, donde los odios se han acrecentado por la propia sistematización de delitos que se da por parte de ambos bandos en este tipo de guerras. Por esa misma razón el Papa Juan Pablo II dedicó a este tema el mensaje trigésimo para la Celebración de la Jornada Mundial de la Paz en 1997. En general todos los cristianos sabemos que tenemos que dar el perdón al enemigo y al que nos ofende. Como todo pecado es simultáneamente una ofensa a Dios y una ofensa al prójimo y a la Iglesia, esta última tiene instituido el sacramento de la reconciliación. Y para que ésta se logre y haya perdón de los pecados se pide que haya examen de conciencia, reconocimiento y confesión del pecado, propósito de la enmienda y cumplimiento de una penitencia. En caso de que se haya hecho un daño grave al honor o a los bienes de una persona, la reparación y restitución es también condición para el perdón eclesial. Es de hecho un sistema de justicia religioso en el que el reconocimiento de la verdad, el deseo de no repetición del mal y la confesión del mismo lleva a la imposición de una especie de castigo, que diríamos pedagógico, y al perdón del delito-pecado cometido. La comprensión de este sacramento debería llevarnos a todos a no considerar que haya contradicción entre justicia (imposición de una penitencia que hay que cumplir) y perdón del mal cometido. Desde esta misma perspectiva Juan Pablo II dice enfáticame nte en el mensaje que hemos citado que el perdón, como dinamismo profundo e interior, es indispensable para la reconciliación. Pero que el perdón “lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige”. Y justo después de decir lo que hemos citado añade: “Otro presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia”. Y redondea este aspecto diciendo: “no hay contradicción alguna entre perdón y justicia. En efecto, el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia”. Todo esto, por supuesto, lo dice el Papa precisamente dentro de la opción cristiana a considerar el perdón como la obligación cristiana fundamental para que pueda haber una verdadera reconciliación. Y su mensaje es para todos, ofendidos y ofensores: “todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón”. Aunque lamentablemente es mucho más frecuente que la víctima perdone que el victimario pida perdón. En El Salvador en estos momentos, en los que hay varios casos de violaciones graves de Derechos Humanos pendientes, debemos tener muy en cuenta los dicho por Juan Pablo II. Hay que purificar la memoria y el corazón de todo odio, resentimiento o deseo de venganza para no permanecer “prisioneros del pasado”. Pero al mismo tiempo debemos exigir justicia sin renunciar a la misericordia. Y la misericordia incluye, según Juan Pablo II, que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal. La puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”. El Papa menciona también formas legales que contribuyan a la reconciliación. Hoy podemos mencionar las leyes de justicia transicional, que deben cumplir con los cinco compromisos de verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantía de no repetición y mecanismos de reducción de penas que recomiendan las Naciones Unidas. Un ejemplo contemporáneo a nosotros nos puede iluminar sobre cómo debemos proceder con los crímenes de la guerra civil. Tenemos entre nosotros los crímenes de las maras o pandillas. Es lógico que exijamos verdad, tanto en la comisión de los crímenes como en las complicidades que puede haber habido en conversaciones de sectores políticos con estos grupos. Es totalmente natural que pidamos e insistamos en que haya justicia frente a los crímenes cometidos. Pero ¿podemos odiar a los pandilleros? La respuesta cristiana es muy simple. No les podemos odiar, ni a ellos ni a nadie. Otra cosa es que no nos agraden. Pero incluso aunque no nos agraden debemos rezar por ellos para que se conviertan, dejen su mal camino y logren su rehabilitación durante el tiempo de su justa condena. Y por supuesto, como dice San Juan PabloII, incluso debemos oponernos a castigos (por ejemplo la tortura o tratos degradantes) que ofrendan “la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal”. Ese es el camino cristiano del perdón cristiano. Verdad, justicia, reparación y perdón son, todas ellas, tareas indispensables para los seguidores de Jesús. Estudiar, reflexionar, debatir y proponer sobre cómo esas responsabil

El Salvador no es el único país en el que ha habido críticas a la gestión gubernamental del covid-19. Tampoco el único que tendrá elecciones en el marco de la enfermedad que hoy aflige al mundo entero. Pero sí es uno sumamente vulnerable en el terreno médico-hospitalario, en la dimensión ambiental y en el campo socioeconómico. La pobreza total alcanzará pronto el 40% de la población. Y otro 40% permanecerá en una situación que los economistas catalogan como no-pobres vulnerables. El hecho de que antes y a lo largo de la pandemia haya descendido sistemática y radicalmente el número de homicidios y de otros delitos graves da un poco de esperanza. Pese a ello, no cabe duda que la situación del próximo año será difícil, y podría volverse trágica si no se alcanzan acuerdos básicos sustanciales en favor de la población más vulnerable. La campaña política, que ya ha empezado de hecho, aunque no de derecho, en vez de centrarse en los desafíos de futuro y plantear posibles soluciones, está generando más división que unión en torno a un ideario, incluso al interior de los partidos. La ambición personal parece imponerse sobre el diálogo y la consolidación de un proyecto común. Y mientras los políticos pelean entre sí, los salvadoreños luchan a diario por trabajo, comida y salud. Las campañas políticas deberían atender los problemas de esa lucha. En un tiempo en que los problemas se han agravado, el diálogo, la reflexión y la propuesta deberían primar de manera pública. Es llamativo que no se hable de cómo solucionar las dificultades que nos esperan, entre ellas la agudización de la desigualdad, tal como advierte la Cepal. Por ejemplo, ningún partido se atreve a hablar de una reforma fiscal que, independientemente de sus contenidos concretos, será indispensable para una recuperación adecuada. La doctrina social de la Iglesia católica afirma que ante cualquier tipo de injusticia los responsables de la vida pública (los partidos, por lo general) deben implementar “las reformas sustanciales de las estructuras económicas, políticas, culturales y tecnológicas, y los cambios necesarios en las instituciones”. El pensamiento de las Iglesias evangélicas es semejante. En este período de elecciones, y en medio de la constatación de la gran vulnerabilidad del país en muy diversos aspectos, es preocupante que muy poca gente en el mundillo político plantee reformas tanto de estructuras como de instituciones, como si no existieran graves injusticias. No discutir reformas económicas y sociales nos condena a un subdesarrollo permanente y aún más grave que el actual. El Salvador tiene los recursos humanos suficientes para emprender un camino de desarrollo digno y equitativo. Sin embargo, las rencillas políticas, la desconfianza infundada, el amparo que se le da a los aprovechados y cínicos con tal que ayuden a quien está en el poder, y la corrupción o evasión de impuestos de muchos de los económicamente fuertes mantienen al país estancado. Y en estos tiempos, estancarse es retroceder. Los partidos políticos, todos, tienen la obligación de reflexionar sobre la situación, dialogar serenamente y presentar proyectos de convivencia en justicia y solidaridad. La Iglesia nos dice que “el porvenir de la humanidad están en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar”. Pero en nuestra historia con demasiada frecuencia se le ha dado a una buena parte de la población razones para desesperarse y marcharse a vivir a otra parte. Hoy que la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad y pobreza del país, queda en manos de todos, especialmente de los partidos, el desafío de buscar un futuro digno. ¿Están haciendo eso las instituciones políticas? Tanto los partidos como la ciudadanía deben hacerse esa pregunta.

Las tradicionales preocupaciones por la inseguridad, la violencia y la economía, sin dejar de ser importantes, han pasado a un segundo plano por la pandemia. El número de contagiados y fallecidos calan profundo en la población. Las familias de los que se van se sumen en un profundo dolor por no poder despedir a sus seres queridos apropiadamente. Los trabajadores de la salud combaten el virus sin contar con todo el equipamiento necesario y cargando a sus espaldas el agobio de enfrentar la muerte a diario y ver partir en el camino a compañeros y compañeras. El estrés, la ansiedad, la depresión y diversos problemas psicológicos están haciendo mella en cada vez más personas. Y a ello se añade la crisis económica, con la consecuente pérdida de empleos y el aumento de hogares en situación de pobreza. Y en este momento crítico, los que dirigen el país le fallan a la gente. Cuando más unidad y cooperación urge entre las autoridades, sus pasos van en sentido contrario. Lo visto esta semana evidencia que a demasiados de ellos solo les importa la campaña electoral. Sus actitudes revelan profunda insensibilidad ante el sufrimiento. GANA desnuda en público sus miserias y su perverso modo de hacer política, que incluye el uso de armas. En Arena, las denuncias de un posible fraude en las internas y el comportamiento de los diputados cercanos a Nayib Bukele muestran la preeminencia de las urgencias electorales por sobre las de salud, tal como también sucede en el caso de los funcionarios del Gobierno que se valen de sus cargos para publicitar sus candidaturas. Aunque por el momento el FMLN se cuida de guardar las formas, no escapa a algunos de estos vicios. Esta priorización de la política electoral añade tinieblas a un panorama de por sí gris. Los llamados a que los poderes del Estado se pongan de acuerdo para garantizar la salud de la población no encuentran eco. La necesaria coordinación entre ellos está prácticamente rota. La pretensión de centralizar las facultades y decisiones ha dado la pauta para fundados reclamos e iniciativas por parte de alcaldías, que ven cómo la situación se agrava en sus municipios mientras el Gobierno se enrosca en caprichos. Algunos ediles han planteado propuestas alternativas para ayudar a su gente e intentar mejorar el desastroso escenario que vivimos. Sin embargo, esas iniciativas han sido bloqueadas por los turbios intereses de los poderes superiores. Tanto el presidente y su gabinete como los partidos políticos mayoritarios no solo evaden la responsabilidad que deberían asumir en esta crisis, sino que fomentan actitudes que abonan a la polarización social, que ya ha tomado dimensiones alarmantes. No se ve luz al final del túnel. Por el momento, la única y verdadera esperanza está en la población que lucha y echa el hombro día a día, que cuida con esmero de los suyos y se preocupa por los demás. Esos salvadoreños buenos y generosos a los que los políticos electoreros han dejado en el abandono.

Nayib Bukele ha formalizado que se encuentra en guerra abierta contra sus “enemigos”. En realidad, está en pie de guerra desde hace meses. Así, pues, esta ha vuelto de la mano de un mandatario que no experimentó la irracionalidad y la brutalidad de la guerra civil. E igual que entonces, el objetivo es el poder total y no parece dispuesto a escatimar medios para conseguirlo. La lógica guerrera somete la vida ciudadana, la economía y la política a la finalidad militar. El presidente ya ha demostrado que quienes obstaculizan la realización de sus deseos se exponen a la furia de sus redes sociales y, en cualquier momento, también a la agresión física. A diferencia de la guerra librada por interés económico o material, a la cual se puede poner fin con dinero —a veces una cantidad desorbitada— o con la concesión del bien deseado, la movida por ambición de poder es insaciable, siempre quiere más. No repara en la destrucción y la muerte que deja en su avance hacia una meta, en sí misma, inalcanzable. El apetito de poder, en su enajenación, al final, aniquila también a los ambiciosos. Los pandilleros lo saben bien y lo asumen libremente. Libran una guerra que combina la apropiación económica, la práctica del terror y la ambición de poder. La omnipotencia derivada de la posesión de un arma de fuego es una experiencia inconmensurable. También pasajera, porque el pandillero sabe que si no termina en la cárcel, acaba en el cementerio. Aun así, pese a su fugacidad, es una experiencia única de totalidad e infinitud. La guerra presidencial se libra en varios niveles. En las redes sociales, los incondicionales dedican tiempo y energía a la causa. En teoría, están también dispuestos a entregar sus vidas. GANA y Nuevas Ideas reproducen las órdenes de Casa Presidencial y movilizan a sus afiliados para impulsar su cumplimiento. Sin embargo, la base de poder más eficaz del presidente la constituyen el Ejército y la Policía. Ya se tomaron el recinto legislativo y el ministro de Defensa lo ha corroborado, cuando, en la juramentación de 49 mujeres, declaró que estas se habían alistado con “el único propósito de apoyar todos los planes del presidente”. La tergiversación de la finalidad constitucional de la Fuerza Armada es escandalosa, pero no novedosa. Expresa una tradición inveterada. La institución fue creada para respaldar al jefe de Estado de turno. Y así sigue, fiel a sus orígenes. No es extraño, entonces, que el director de una Policía que quiso ser “civil” se disfrace de militar. Irónicamente, el presidente de lo nuevo se apoya en una Fuerza Armada cuyas interioridades han sido expuestas en la Audiencia Nacional de Madrid. Los testigos han demostrado que el Alto Mando es responsable directo de la masacre en la UCA y del encubrimiento institucional. La responsabilidad no es solo de los oficiales de entonces, sino también de los actuales, incluidos los comandantes en jefe, los presidentes de la República, quienes no solo se han negado a colaborar con la investigación, sino que también la han entorpecido, han protegido a los asesinos y han pagado su defensa. Muy a pesar de estos esfuerzos, los hechos ventilados en el tribunal español han encontrado amplio eco en la prensa internacional, que ha difundido la deshonra de la Fuerza Armada. Mientras los testigos hablaban, la cuenta presidencial en Twitter guardó silencio. Curioso, porque sus seguidores exigen responsabilidades al jefe de la fracción legislativa democratacristiana, pieza clave del encubrimiento institucional como abogado del Ejército, pero se olvidan de los asesinos. Ante una declaración de guerra tan clara, cabe preguntar quiénes son los enemigos del presidente Bukele. No son fuerzas extranjeras, ni organizaciones criminales, ni siquiera los corruptos, sino Arena y el FMLN, la prensa crítica, la Sala de lo Constitucional y, en una palabra, el pensamiento libre. Si bien Hacienda ha denunciado a algunos evasores de impuestos grandes, la persecución no es general. Los acusa no tanto por evasores como por enemistad con el presidente. El adversario real no está fuera del ámbito presidencial, sino en su interior. Y muy a su pesar, puede prevalecer. Hasta ahora, el peor enemigo del presidente Bukele ha sido la improvisación, la desorganización y el afán centralizador. Muestra evidente de ello es la discusión sobre si existe o no planta de tratamiento de aguas servidas en el nuevo hospital, el desorden en el sistema de salud, las compras amañadas, la estadística imprecisa de la pandemia y la ausencia de planificación. Pero eso no es todo. Existe otro enemigo, este externo: el hambre, el desempleo, la vivienda precaria, el salario bajo, la desprotección social de la ciudadanía y el descuido de sus enfermedades crónicas, y la acumulación desmedida de riqueza en el uno por ciento de la población. Si el presidente no logra controlar la ambición de poder, tampoco podrá vencer a este otro enemigo. En definitiva, la guerra declarada es una forma, más o menos inconsciente, de defen

El Salvador continúa viviendo el crecimiento de la pandemia del COVID-19. Cada día más casos y más muertos. Hospitales saturados y poca información ponen de manifiesto dos grandes deudas estructurales que el Estado salvadoreño no ha saldado y que han posibilitado esta tormenta perfecta: el acceso desigual a la salud y a la educación. Mientras durante los últimos treinta años la discusión ha girado en torno a los problemas de seguridad, la violencia de las pandillas y las urgencias de la economía cotidiana, la salud y la educación han continuado un lento, pero continuo deterioro. Con una población que ha tenido poco acceso a la educación es difícil sentar las bases para combatir una pandemia de forma integral. La pandemia implica movilizar lo que pensamos de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra salud, de la higiene personal y colectiva. Esta pandemia que enfrentamos implica además tener la capacidad de discutir, analizar y cuestionar la información que nos llega y ponerla a la luz de las discusiones científicas actuales. Combatir y encontrar soluciones a la pandemia requiere de un colectivo de profesionales de la salud y de investigadores que puedan planificar y proponer soluciones acordes a cada región. Nada de esto tenemos. La mirada y los análisis cortoplacistas han intentado que la sociedad salvadoreña responda reactivamente a un reduccionismo que funciona muy bien en cualquier melodrama: hay un grupo de personas malvadas y con mucho dinero que nos han robado desde hace mucho y quieren que todos muramos. Para ello, lo más importante es que la sociedad salvadoreña no tenga memoria. La memoria política nos permite poner en perspectiva el análisis. No hay un grupo de personas malvadas, pero sí, durante larguísimos años, hemos sido un país sistemáticamente saqueado y con muy pocas soluciones a largo plazo. Las únicas propuestas que suelen aparecer son las que tienen rédito electoral o, en efecto, beneficio económico. La memoria política nos debe ayudar a entender el pasado pero sobre todo por sus efectos en el presente actual y en los posibles futuros. Esta semana, a pesar de que el ruido de la pandemia y el concierto mediático que ahora se ha colocado ya, casi descaradamente, en función de las próximas elecciones municipales y legislativas, la sociedad salvadoreña ha vivido un acontecimiento central para entenderse y entender los posibles futuros que vienen. El juicio al Coronel Inocente Montano, implicado en la masacre de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras que se está llevando a cabo en Madrid, ha permitido que algunos coloquen la mirada social en perspectiva de larga duración. Un día tras otro, los testigos han declarado con detalle qué fue lo que sucedió durante esos largos días y noches de noviembre de 1989. En México, después del asesinato de los 43 estudiantes normalistas una consigna empezó a circular por las redes sociales, como un grito de denuncia que incendiaba los caminos de la red: #FueElEstado. Esa frase hoy día puede decirse en El Salvador, durante esta semana, en el contexto que vivimos: fue el Estado. Fue el Estado salvadoreño el que asesinó a los seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Y fue el Estado salvadoreño quien encubrió los hechos. Nos queda claro. Fue el Estado, este que construyeron Arena, el FMLN y los distintos grupos que han gobernado el país quienes, con sus decisiones, empoderaron y fortalecieron a las pandillas, quienes privaron a buena parte de la población del acceso a la salud y a la educación que hoy podrían salvarnos la vida y la economía, no con una cuarentena estricta, sino a pesar de ella, pues ya muchos países están mostrando que las cuarentenas no resultan funcionales. Fue el Estado. El Estado es, pues, culpable. Pero la frase puede tener también un segundo sentido, el del pasado en este presente sin memoria. El estado ya fue, el Estado no es más. Se ha terminado. Somos una sociedad sin Estado en donde la ley no se respeta. Un Estado en donde se ha negociado con criminales y se han incumplido los debidos procesos para contratar personal o comprar material para combatir la pandemia. No somos ya un Estado. ¿Es posible todavía encontrar esperanza de manera colectiva? Más que nunca es urgente que los movimientos sociales se fortalezcan. Los movimientos ecologistas, feministas, de inclusión racial, sexual, política tienen hoy la posibilidad de construir una historia diferente y una memoria en donde nuestros muertos, todos, los de 1989 y los de hoy puedan encontrar justicia, descanso y memoria. Que las políticas de la memoria nos permitan mirar al pasado para construir el futuro.

La pandemia de Covid-19 marginó casi absolutamente el tema del enjuiciamiento de los casos muy graves de violaciones de Derechos Humanos durante nuestra guerra civil. Con dificultad el caso más importante y más avanzado, el de la masacre del Mozote, generó en estos meses algunas noticias. El enjuiciamiento del coronel Montano en España, precisamente por su carácter internacional y por estar en su fase final, puso de nuevo el tema en los medios y en las redes. La vista pública final, con una larga lista de testimonios, muchos de ellos sustanciales, impresionó a una buena cantidad de salvadoreños. Mencionar algunas conclusiones que pueden extraerse de lo que hemos visto resulta interesante para el desarrollo de la justicia al interior de nuestro país. En primer lugar el caso nos deja ver la terrible presión que existe dentro del país, especialmente a los posibles testigos militares. Los ex-oficiales de la Fuerza Armada que declararon, Luis Parada y Yusshi Mendoza viven en el exterior y declararon desde sus lugares de residencia. Como ellos, hay militares salvadoreños, buenas personas, que piensan lo mismo y que saben de la brutalidad cometida en el Mozote, el Sumpul, la Quesera y tantos otros lugares y personas de El Salvador. Pero el miedo a ser asesinados, a quedar relegados económica y socialmente, a ser considerados traidores, les impide hablar. Cambiar ese pensamiento, más digno de una mafia que de un ejército profesional, es imprescindible para que la Fuerza Armada pueda cumplir una función democrática en El Salvador. Mientras la consigna sea mentir, ocultar crímenes, impedir el acceso a archivos, la Fuerza Armada no da garantía de ser una institución digna de la democracia. En el caso de los jesuitas todos en la sociedad civil sabíamos que no se podía cometer el crimen y encubrirlo posteriormente sin la colaboración y la aprobación del Estado Mayor y del Alto Mando militar. El poder y la capacidad de presión antidemocrática de la “Tandona” era también evidente. Decir en defensa propia que se cumplían órdenes cuando el propio ordenamiento legal de la Fuerza Armada prohibía taxativamente el cumplimiento de órdenes ilegales es absurdo. Los pobres soldados cumplían órdenes para evitar que los mataran. Y precisamente por recordarle a los soldados el ordenamiento militar desde un punto de vista religioso, fue que mataron a Monseñor Romero. El segundo aspecto que dejó vislumbrar el caso jesuitas es que la sociedad civil salvadoreña está cada vez más abierta a reconocer la realidad del pasado y favorecer la justicia. No podemos construir el futuro a base de mentiras de grupos al estilo mafioso, sean militares o civiles. El impacto de lo sucedido y visto en España, aunque es pronto para decirlo, tendrá sin duda un efecto en las instituciones de justicia salvadoreñas. El respaldo de la sociedad civil, perder el miedo en la búsqueda de la verdad, es importante como respaldo al sistema judicial. Y por último, el Gobierno de El Salvador, que en parte ha utilizado el caso jesuitas para fustigar a sus supuestos o reales enemigos, debe dar un claro paso hacia la verdad y la justicia. Es absurdo que el ejército continúe pagando abogados de militares acusados, transportándoles en vehículos de la Fuerza Armada, cerrando o destruyendo archivos, negándose a la colaboración con el sistema judicial o con el Instituto de Acceso a la Información Pública. El actual Gobierno debe cambiar esa dinámica. Mantener una posición de apoyo a la verdad ha sido un déficit de todos los Gobiernos anteriores, incluidos los del FMLN. Y no se puede hablar de “los mismos de siempre” si se sigue con la costumbre de siempre de proteger crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La realidad no se ha doblegado a la victimización que Casa Presidencial hace de sí misma. Para el mandatario, el incremento de contagios y muertes, y la paralización de la apertura son responsabilidad exclusiva de “la oposición”. Sin embargo, la terquedad de la realidad lo ha forzado a echar mano de recursos mediáticos cada vez menos sofisticados para ocultarla. Pese a que la devastación de la pandemia cuestiona la eficacia de la larga cuarentena y pese a no existir razón epidemiológica, Casa Presidencial insiste en más encierro. Inconsistentemente, unos voceros piden dos semanas, otros un mes. La ineficacia de esa postura y la falta de liderazgo del presidente han hecho que algunas alcaldías tomen la iniciativa para combatir un mal fundamentalmente local. Los alcaldes intentan combinar su liderazgo, la información comunitaria y el rastreo de contagios. La estadística epidemiológica oficial, un instrumento básico para combatir las epidemias, no es fiable. Los expertos señalan que registra contagios y muertes a la baja. El Ministerio de Salud habla de dos mil pruebas diarias, sin especificar dónde ni a quién, y no ha utilizado los instrumentos informáticos a su disposición. El colapso de la red de hospitales públicos, de los centros de salud y las morgues confirma la devastación. Diversas municipalidades hablan de más inhumaciones que las registradas por la estadística presidencial. Hasta el 22 de junio, los expertos calculan más de 700 muertes, es decir, una diferencia notable. Poco más de un tercio de ellas de personal sanitario. Una tasa demasiado elevada, que indica falta de equipo de bioseguridad o una estadística errada. El Asilo Sara y las dependencias del ISNA han sido víctimas de la ineficiencia del celo centralizador de Casa Presidencial. El nuevo Hospital El Salvador fue saludado como solución ideal para aliviar la carga de la red hospitalaria; la “reserva” del sistema, según la comisionada presidencial. Dos semanas después de la inauguración, a duras penas opera por falta de personal. Solo admite pacientes leves y moderados. El Gobierno esperó hasta la inauguración para contratar un personal especializado escaso. Apremiado, ahora lo busca en el extranjero. El hospital tampoco cuenta con centro de esterilización, planta de tratamiento de aguas servidas, lavandería y morgue. Mientras tanto, los pacientes aguardan, en pasillos y áreas de recepción, incluso en aparcamientos, en sillas o tirados en el suelo sobre colchonetas, conectados a tanques de oxígeno, a que se libere una cama en algún nosocomio. Las otras patologías han sido desatendidas. Y el personal sanitario, saludado como “héroe” por Casa Presidencial, está reducido por las bajas causadas por el virus, sufre cansancio físico y emocional, y no dispone del equipo y material indispensable. Las imágenes difundidas son tan elocuentes que la propaganda presidencial optó por divulgar fotografías editadas con salas de espera vacías. Asimismo, rebajó las expectativas que ella misma alimentó sobre el nuevo hospital. El Ministro de Salud huye hacia delante y sueña con lo que será, mientras deja entrever que el hospital no está habilitado. La comisionada presidencial agrega que los pacientes no son trasladados para evitar los riesgos del desplazamiento. Casa Presidencial asume que el encierro contiene mecánicamente el contagio. Los especialistas advierten que eso no sucederá. El contagio persistirá mientras no haya inmunidad. De ahí que recomienden acompañar la cuarentena con pruebas masivas, modificar la conducta con campaña educativa (distancia social, mascarillas y lavado de manos) y aislamiento focalizado, ahí donde surgen brotes. Esto es precisamente lo que algunas alcaldías se disponen a poner en práctica, mientras Casa Presidencial, contrariada, lo descarta. Probablemente, porque desvía la atención del presidente Bukele a los gobiernos locales. Los Gobiernos de Arena y del FMLN se desentendieron de la salud pública y de otras áreas sociales. El neoliberalismo declaró superfluo el gasto social e impuso severos recortes para evadir aumentar la carga fiscal de los más ricos. El Gobierno de Bukele no fue diferente hasta que llegó el virus. Entonces prestó atención a la salud pública. Al comienzo, el presidente actuó rápida y audazmente. Luego, al no disponer de un plan nacional de salud, improvisó. Lo anunció en septiembre del año pasado, pero en vísperas de la pandemia, el plan aún no estaba listo. La presentación fue otro acto mediático. Algunas actuaciones de su Gobierno han sido acertadas, pero no se puede decir lo mismo de lo hecho frente a la pandemia, el desafío más grande que ha enfrentado hasta ahora. El presidente ha ido de una improvisación a otra, sin dirección, en el intento de preservar su popularidad. Sin embargo, la realidad amenaza con hacer naufragar su proyecto electoral. Tal vez por eso ya se ha puesto abiertamente en pie de guerra. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En medio de las intensas preocupaciones de la ciudadanía en torno a las implicaciones políticas y económicas del covid-19, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas que son básicos para el futuro de El Salvador. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la familia. Generalmente se asume con facilidad que esta es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por ello se reconoce la prioridad social de la familia. La Constitución salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”. Sin embargo, en situaciones de desastre, sean sanitarias, telúricas o climáticas, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a la familia. Por poner un ejemplo, cuando en el país se habla de la recuperación económica pospandemia, se insiste en la generación de trabajo, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar, o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo sicológico se tiende a dar individualmente; muy rara vez se desarrollan procesos de asistencia que incluyan al grupo familiar. Es evidente que durante la actual situación ha habido daños familiares. Sin duda, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, comprensión, diálogo y mayor unión. Pero también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones sicológicas ante el miedo al contagio, dificultades económicas, agresividad generada por el encierro, cansancio por el aumento de responsabilidades de cuido, especialmente de niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Estos daños permanecerán perjudicando la interioridad y sicología de las personas si no se dan formas de ayuda y apoyo. La economía proviene en su origen y en su etimología de la administración de los bienes del hogar, que no está orientada por la lógica del mercado, sino por la solidaridad y la unión intergeneracional. La sicología, como ciencia, nos dice que en la familia se estructuran, para bien o para mal, muchos de los comportamientos, valores y capacidades del futuro adulto. Y por la sociología sabemos que la familia es el primer paso de la socialización, abriéndonos a la empatía y a la dimensión comunitaria. En ese sentido, invertir económica, sicológica y socioculturalmente en la familia es una necesidad imperiosa para el desarrollo de los países, en especial después de una crisis que golpea esas dimensiones. Una necesidad aún más urgente en El Salvador, donde la familia tradicional ha evolucionado en buena medida hacia una familia monoparental como resultado de la migración, dejando en mayor debilidad a sus miembros. El Estado debe desarrollar, pues, una política familiar amplia en el entorno de la actual pandemia. Es cierto que lo más inmediato es curar y salvar vidas, pero la inmediatez no debe aplazar la planificación del largo plazo. En el proceso de discusión de esa política tiene que sopesarse el establecimiento de un salario familiar que permita una vida digna e incluso un margen de ahorro que dé estabilidad al grupo. El apoyo sicológico a las familias que han sufrido desgracias graves o conflictos internos durante la pandemia es también indispensable para un desarrollo digno en el país, al igual que el acompañamiento a las familias en pobreza, el acceso a un servicio médico de primer nivel y el apoyo a la primera infancia. Porque va mucho más allá de una simple crisis sanitaria, la pandemia de covid-19 impone enormes desafíos para los años venideros. Apoyar a la familia no solo será clave para prevenir futuras crisis, sino también para salir con bien de la actual.

De alguna manera, todos los sectores del país tienen alguna responsabilidad en la preocupante situación que vive el país. Unos por no escuchar las posturas de los demás, otros por guardar un silencio obsequioso o aplaudir a todo sin criterio. Unos por criticar destructivamente, otros por no hacer nada. Unos por salir a la calle sin motivo, otros por condenar a los que lo hacen por necesidad apremiante. Sin embargo, quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en el desborde de la pandemia y en sus consecuencias en la economía familiar y nacional, y en la salud mental de la población son los que rigen los destinos del país. Pretender culpar de todos los males al adversario político sin asumir las propias responsabilidades, no es más que un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Pretender que cada quien ha actuado acertadamente y el equivocado es el otro, es mentir. La situación demanda un alto al enfrentamiento entre los poderes del Estado. El creciente número de contagiados y las vidas que a diario se apagan exigen un cambio radical de actitud. El sufrimiento de cada vez más familias y el clamor de los trabajadores de salud que se ven impotentes obliga a hacer algo ya. No es hora de buscar culpables. No es hora de señalar al otro para salir mejor parado en las elecciones. Mucho menos es tiempo de una guerra, del tipo que sea. Precisamente esa mentalidad perversa y trasnochada es la que tiene a los salvadoreños entre la espada y la pared. Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse. Pero para más del 70% de la población económicamente activa que se gana la vida en el sector informal eso significa no comer y no poder honrar las obligaciones familiares. También lo es para el obrero que depende de un salario. ¿Cómo subsisten? Centrar las esperanzas en nuevas ayudas gubernamentales no parece ser una alternativa realista. Sin embargo, si salen para ganarse el sustento, entonces se exponen a la enfermedad. La frase “prefiero morir del virus que morir de hambre”, dicha en la calle por una persona que agitaba una bandera blanca, refleja a la perfección este dilema. La única salida duradera es una vacuna que aún no existe. ¿Qué queda? Aprender a convivir inteligentemente con el virus. Iniciar el camino para construir esa convivencia depende de los tomadores de decisión, y mantenerse en él, de una ciudadanía crítica, informada y consciente de su derecho a exigir lo mejor de los gobernantes, con independencia del color partidario. Es hora de ponerse de acuerdo y consensuar ya un plan que brinde confianza a la población y que se tome con base en argumentos científicos. Eso es posible, como lo han demostrado otros países. Es impostergable que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa dialoguen y se entiendan. No es necesario que lo hagan por nobleza, o por respeto al adversario, o para atender las críticas, ni siquiera por solidaridad con el dolor de las familias golpeadas por el covid-19. Eso sería pedirles demasiado. Tal como están las cosas y la irracionalidad mostrada, deberían hacerlo por una razón instrumental que sí entienden: difícilmente ganarán las elecciones a costa del bienestar de toda la población.

Estamos sufriendo una triple crisis. La primera, sanitaria, a la que debemos darle prioridad. La segunda, económica, que no podemos olvidar, porque este tipo de crisis acaba siempre produciendo hambre y llevando a la muerte en una proporción parecida a una pandemia, solo que a más largo plazo. Y la tercera, que no podemos dejar al margen, es una crisis social que se manifiesta en la pérdida de calidad educativa, agotamiento mental y psíquico, miedo y otros factores de violencia y abuso que pueden acompañar al deterioro humano. Frente a esta triple crisis en la que se acumulan demasiados problemas, debemos plantearnos un proyecto de salida y superación. Pensar en los recursos que tenemos, especificarlos y planificar su aprovechamiento constituye una parte indispensable para la superación de las crisis. Despreocuparse de los propios recursos y pensar que basta con que estén ahí para podernos recuperar, es una locura. En realidad, los recursos siempre han estado ahí, y no hemos sido capaces de aprovecharlos para enfrentar adecuadamente las crisis que estamos padeciendo. Cuidarlos, invertir en ellos, es la única manera de enfrentar el futuro con dignidad Entre los recursos, el más importante es el humano. Hemos oído muchas veces decir que lo más valioso de El Salvador es su gente. Lo vemos en su constancia, en su laboriosidad, en su resiliencia frente a las desgracias. La despreocupación por las personas, la violencia y la falta de oportunidades obligaron a muchos de nuestros hermanos y hermanas a emigrar. Pero han continuado siendo solidarios con el país que les vio nacer, a pesar de que el liderazgo salvadoreño les negó oportunidades que tuvieron que buscar en otro lugar. Cuidar la salud física, emocional y ético-espiritual del recurso humano es tarea de todos. Pero el Estado tiene una enorme responsabilidad en ello desde su trabajo en educación y salud, que ha sido crónicamente deficitario y de baja calidad, a pesar de no carecer de capacidad quienes se dedican a estas labores. Comenzar ya a planificar un futuro diferente es indispensable Además del humano, tenemos otros recursos importantes. A pesar de ser un país pequeño, el más pequeño de Centroamérica, tenemos una tierra fértil. Hace casi 300 años, cuando la mayor exportación centroamericana era el añil, El Salvador producía para exportación anualmente más que el resto de los países del istmo juntos. La producción cafetalera fue también impresionante. Sin embargo, la agricultura nunca fue prioridad nacional. La posesión de la tierra se convirtió muy pronto en una forma escandalosa y traumática de dividir a la población entre pobres y ricos. Con tierras fértiles en cantidad suficiente ni siquiera hemos podido garantizar la seguridad alimentaria del país. El agua es otro de nuestros grandes recursos. Por nuestra posición geográfica, tenemos una cantidad de lluvia anual que nos garantiza la posibilidad de abastecernos más que de sobra en nuestras necesidades de consumo y saneamiento. ¿La hemos aprovechado para satisfacer las necesidades de todos? La realidad nos dice que no. Y seguimos viendo, además de las fuertes carencias en el servicio del agua, la incapacidad política de determinar criterios para su distribución adecuada. El mar es otro de nuestros grandes patrimonios. Tenemos más mar que tierra. Pero casi se puede decir que consumimos más pescado de agua dulce, en cuenta la tilapia, que pescado de mar. Salvo los pescadores artesanales, muy desprotegidos estatalmente, el resto de inversión relativa al mar territorial está en manos no salvadoreñas sin prácticamente dejar beneficios. Son ejemplos, no los únicos, de los recursos que desaprovechamos. La solidaridad externa, la capacidad de llegar a acuerdos dialogando y teniendo mediadores, la pericia técnica y científica de muchos profesionales, la generosidad de mucha gente en tiempos de desastre o emergencia son recursos que están pendientes de aprovechamiento. Empezar a pensar en ellos, así como en nuestras carencias y problemas, reflexionar sobre cómo superamos unas y aprovechamos las otras, es todavía una labor muy a medias. La triple crisis que sufrimos debe hacernos reflexionar, cambiar las actitudes del pasado y planificar un futuro más abierto a la justicia social. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó recientemente el resultado de una investigación sobre la situación del empleo en la región. Aunque las conclusiones son generales, la mayoría de ellas nos atañen directamente o nos sirven de advertencia. Algo es claro: cuidar el empleo y mejorarlo después del deterioro causado por la pandemia son claves para la recuperación y el desarrollo. Tanto el Estado como la empresa tienen una seria responsabilidad en la protección y promoción del empleo y el salario digno. Aunque el trabajo y el capital deben tener una relación complementaria, el primero es siempre prioritario sobre el segundo, porque el trabajo es una realidad profundamente humana, no instrumental. Por esa razón, la empresa debe tener una valoración y visión ética del trabajo, y el Estado una regulación que obligue, de diversos modos, a la retribución digna del trabajo e impida cualquier tipo de explotación o abuso. Lo primero que la Cepal advierte es que el débil crecimiento económico de 2019 y la escasa generación de empleo hicieron que América Latina entrará en el año 2020 con una clara debilidad. La irrupción de la pandemia golpeó severamente el empleo, especialmente en la pequeña empresa y en el sector informal. El aislamiento y el distanciamiento social, indispensables para la protección de la vida, impusieron nuevas formas de trabajo que no en todas las áreas se han podido desarrollar adecuadamente. El teletrabajo, el trabajo con horario escalonado y las garantías de salario completo en casos de enfermedad o de inactividad forzada se han implementado en algunas empresas grandes o medianas estables. Pero la pequeña empresa y el trabajo informal han entrado en una severa crisis. A esto se añade el hecho de que en El Salvador prácticamente dos terceras partes de los trabajadores carecen de prestaciones de protección social y no existen ayudas por desempleo. Además, si bien las empresas grandes salvadoreñas tienen mayor facilidad para implementar el teletrabajo y escalonar la presencia de sus empleados, la mayoría de pequeños negocios y empresas carecen de capacidad para cumplir adecuadamente los protocolos de retorno a las labores. El teletrabajo puede realizarlo, en el mejor de los casos, solo un 25% del sector formal. Por otra parte, el crecimiento de los contagios y la saturación de los hospitales, así como el enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, aumentan la dificultad de retornar al trabajo de un modo seguro. Pero el covid-19 ha venido para quedarse y el regreso al trabajo no puede posponerse demasiado. En ese sentido, el Estado debe tener una propuesta más clara que la habida hasta el presente. En primer lugar, debe haber una ley de apoyo al trabajo clara y adecuadamente financiada, que incluya algunas normas especiales. Ante el hecho de que algunas empresas estarán tentadas a despedir personal, es mejor garantizar la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo, al menos temporalmente, siempre que el costo salarial de dicha reducción no sea asumido solo por el trabajador. El trabajador, la empresa y el Estado deben cargar en conjunto con ese costo. En segundo lugar, debe avanzarse hacia la formalidad laboral y establecer un seguro de desempleo universal. El diálogo social y la negociación colectiva deben ser parte de este proceso. En tercer lugar, debe implementarse una reforma fiscal que permita avanzar en la construcción de un Estado con mayor dimensión social, capaz de dar subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa para la reactivación del trabajo. Finalmente, para vencer la amenaza de una multiplicación de la pobreza y el hambre, se tiene que implementar un sistema de prestaciones no contributivas para desempleados o trabajadores informales, y apoyar la producción agrícola y al campesinado Empleo, trabajo y salario decente son bases ineludibles para el desarrollo en justicia y paz, al igual que la colaboración entre Estado, empresa y sociedad civil. Ningún Gobierno puede sacar adelante un país si no se dan condiciones dignas de trabajo, fruto de la cooperación y el diálogo. Históricamente, El Salvador ha tenido serios déficits en el campo laboral. Por ello, volver a lo que había antes no es solución. Es tiempo de cooperación, no de pleito político. Toca repetirlo una vez más: ante las crisis sanitaria y económica, no hay más camino que el diálogo y la búsqueda de consensos.

La UCA no ha olvidado a sus mártires, tal como acusan las redes sociales del presidente Bukele. Prueba de ello es el juicio contra los autores intelectuales de la masacre que tiene lugar en España, algo que aquí no ha sido posible por la protección que el Ejército brinda a los asesinos. De hecho, sería oportuno conocer cuánto cuesta al Estado salvadoreño la defensa del excoronel sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional de España. Por su lado, una sala de la Corte Suprema tiene detenido el proceso. La UCA guarda la memoria de sus mártires, la de los de la Iglesia salvadoreña y la de las víctimas de los crímenes de guerra. Quienes afirman lo contrario no saben lo que dicen, se expresan sin reflexionar. Hablan o escriben más para ofender que para contribuir al debate sobre la realidad nacional. Esas voces pecan de excesiva emotividad y poca racionalidad. Mientras tanto, el Gobierno al que intentan defender lidia con varios señalamientos de corrupción. Los primeros indicios cobran cada vez más fuerza gracias a la prensa. La vocera principal de Casa Presidencial tiene dos hermanos en dependencias estatales, una hermana en un consulado y otra ha sido favorecida con un contrato en el Ministerio de Hacienda y con un préstamo del banco donde uno de sus hermanos es gerente. El préstamo fue concedido pese a ser calificado de alto riesgo. A ninguna mujer sin una conexión similar le hubieran concedido el préstamo y el contrato. El marido de la vocera se libró de la purga de los parientes de la dirigencia del FMLN y conservó la embajada en Moscú. El viceministro de Hacienda, un exdiputado de Arena y ahora del partido oficial, y otro alto funcionario han sido beneficiados con el negocio de los protectores faciales y las mascarillas. El ministro de Salud adquirió 200 servicios funerarios privados por más de mil dólares cada uno, pese a sepultar en cementerios municipales; y mascarillas valoradas en 3 millones de dólares a un proveedor de cerámica y porcelana. El ministro de Obras Públicas adjudicó a una empresa de publicidad un contrato para transportar personal y Casa Presidencial compra alimentos a una empresa vinculada al régimen de Caracas e investigada por corrupción en México y Estados Unidos. En una palabra, el nepotismo y la corrupción de siempre. Sin embargo, el presidente no ha procedido con la radicalidad y la celeridad con la que fulminó a los parientes de la dirigencia del FMLN. Ni ha tenido coraje para impedir unos contratos, al menos, extravagantes. En cualquier caso, esa extravagancia tiene sentido si los beneficiarios son leales a Bukele. Un candidato y un presidente que prometió romper con el pasado de Arena y del FMLN no puede permitirse la más leve sospecha de nepotismo y corrupción. Menos aún cuando la hacienda pública está arruinada. Lamentablemente, el Gobierno de Bukele no ha pasado la prueba de la realidad. Se ha decantado por los antiguos mecanismos y se vale del secreto para esconder sus operaciones. Funcionarios y allegados no solo asaltan la hacienda pública en tiempos de escasez, tanta que ha habido que endeudar al Estado por décadas, sino que se aprovechan de la crisis para enriquecerse ilícitamente. Sorprendida por la prensa, Casa Presidencial resta importancia a sus descubrimientos y alega justificaciones inadmisibles. Insultar y negar los hechos como ataque perverso no desvanece los señalamientos. Invocar el interés electoral es falaz, porque todos, incluido el presidente, apuntan a las elecciones de febrero próximo. Alegar la defensa de la vida es mejor argumento, aunque esta no se defiende con prácticas irracionales e inmorales. Otra justificación interesante es el trabajo intenso. Los funcionarios emplean y contratan para preservar la vida, se afirma. Pero no es su dedicación la que está puesta en duda. Alegar el trabajo es desenfocar la cuestión. El narcotraficante, el contrabandista y el pandillero también trabajan. Trabajar no da licencia para violar la legislación y la ética, y mucho menos para desvalijar una hacienda pública arruinada. Aparte que los resultados no parecen estar a la altura de sus supuestos esfuerzos. Las voces que insultan para defender al Gobierno libran una batalla inútil contra la perplejidad. Cansadas de Arena y del FMLN, se ilusionaron de tal manera con la alternativa Bukele que ahora, confrontadas con los hechos, se resisten a aceptar la realidad. Se aferran irreflexivamente a lo que quisieran que hubiera sido, porque lo que hay es demasiado duro. La conclusión obligada es la inexistencia de salida. La antigua forma de hacer política ya es pasado, pero la nueva tiene demasiado de aquella. La izquierda democratacristiana fracasó, la lucha revolucionaria y la guerra no llevaron a ninguna parte, el neoliberalismo tampoco. La opción Bukele surgió entonces como alternativa, pero, al cabo de un año, la realidad es desalentadora. Las crisis sanitaria, medioambiental y económica se han encargado de desvelar la verdadera naturaleza del Gobierno

Frente a los desastres que estamos viviendo es de suma importancia que nos aboquemos al pensamiento evangélico y eclesial. El Evangelio nos invita siempre a volcarnos en ayuda de nuestros hermanos, incluso en aspectos que en cierto modo contradicen valores de nuestra cultura centroamericana. La distancia social, por ejemplo, es ahora parte de la forma de amar a nuestros prójimos en estos tiempos de pandemia, al revés de nuestra costumbre de abrazar y compartir más sensiblemente el cariño y la amistad. Incluso el amor de la madre trabajadora, que tiene que salir para ganar el sustento de la casa, y que en tiempos ordinarios se expresa en el beso y el abrazo, se refrena ahora o por sequedad o falta de cariño sino por amor. El amor es siempre acción, y acción en la historia que nos toca vivir. Ahora toca proteger y luchar por la vida, con todo el nivel de sacrificio que ello conlleva. Y ahora además, cuando a la pandemia se unen inundaciones y desastres climáticos, salir de nosotros mismos, combatir el hambre, procurar techo y abrigo para quienes carecen de él, se vuelve una exigencia inmediata. Hoy toca combinar distanciamiento social con cercanía solidaria, dos formas de amar necesarias, aunque la combinación de ambas entrañe cierta dificultad. Pero en la tarea de amar y servir a nuestros prójimos, el cristiano tiene que asumir riesgos y buscar formas creativas para que el amor se vuelva efectivo. Ayudar al pobre, al que está en situación de peligro y vulnerabilidad es siempre tarea prioritaria. Pero la Iglesia nos pide además que tengamos una mirada abierta a los problemas de fondo que contribuyen a que durante el desastre aumenten tan considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad. La Iglesia nos invita así a fijarnos en las estructuras económicas, sociales y culturales que dificultan o no tienen adecuadamente en cuenta las legítimas exigencias de un auténtico desarrollo. Los salarios deficientes, la educación escasa y con problemas, los sistemas públicos de salud con pocos recursos, las pensiones débiles y que dejan por fuera a la mayor parte de los ancianos, la vivienda pequeña con materiales de poca calidad y creando hacinamiento de personas, el agua potable sin instalación al interior de la vivienda para consumo y saneamiento, son parte de esas estructuras que cuando sobreviene una situación de desastre multiplican el sufrimiento de los más pobres y aumentan la pobreza en los países. Las palpamos hoy claramente y sería una irresponsabilidad cristiana olvidarlas mañana, cuando todo haya pasado Frente a este tipo de problemas la Iglesia nos pide concretar nuestra capacidad de amar en la reflexión y en la acción. Y sobre todo recordándonos que frente a problemas comunes solamente la solidaridad que se concreta en formas de cooperación da resultados adecuados. Cooperar es responsabilidad de todos si queremos avanzar hacia el desarrollo, o si queremos superar cualquier tipo de problema social. Y en ese sentido la Iglesia nos anima a convertirnos en sociedad civil, es decir en personas que participan en asociaciones que busquen de diversas maneras el bien común. A veces pueden ser asociaciones que atienden problemas concretos de la sociedad, como la vivienda, el medio ambiente, etc., o también asociaciones profesionales. Toda forma de asociación en cooperación multiplica las posibilidades de resolver problemas. Y la sociedad civil está orientada básicamente a establecer formas de cooperación, aunque en ocasiones algunas asociaciones miren exclusivamente al bienestar o la adquisición de ventajas de sus asociados. La Iglesia recomienda esa participación porque entiende a la sociedad civil como una asociación intermedia entre la familia y el estado que mira, o debe mirar, hacia el bien común. La diversidad de asociaciones, sus diversos puntos de vista y preocupaciones garantizan al mismo tiempo el pluralismo y el diálogo, al tiempo que se complementan en la búsqueda del bien común. Además, la sociedad civil, precisamente por el ámbito de libertad interna que tiene, contribuye de un modo excelente a acrecentar la dimensión social de la persona. Y por eso la Iglesia le da prioridad a la sociedad civil incluso sobre la sociedad política que, aunque es indispensable, debe tener un papel subsidiario, una vez llega al poder del Estado, frente a lo que las instituciones civiles más pequeñas no puedan realizar o garantizar. En la medida en que los cristianos estemos organizados, colaborando con Cáritas, con la organización parroquial o con otras instituciones que atienden a las múltiples necesidades del amplio mundo de los pobres en nuestro país, más fácilmente podremos enfrentar los desastres que se vayan dando en este nuestro El Salvador tan vulnerable. Y, por supuesto, podremos también colaborar con mayor eficacia en el cambio de estructuras que nuestro país necesita para acceder al desarrollo digno. Toda desgracia, desastre o emergencia social, es desafío para nuestro amor cristiano y también para la creatividad

OPINION 30-06-20 CORRUPCION Y PODER EN TIEMPOS DE PANDEMIA Por P. José María Tojeira, S.J. Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA

EDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOSEDITORIAL 29-06-20 MENSAJES PUBLICOS

Mientras el presidente inauguraba el Hospital El Salvador, una plataforma periodística reveló la adquisición fraudulenta de protectores faciales. A pesar del cerco informativo, la prensa descubrió que el Gobierno compró dichos protectores a dos empresas propiedad de dos altos funcionarios por más del doble de su valor en el mercado, sumando en total más de medio millón de dólares. Uno de los beneficiados es un funcionario que circula en el entorno presidencial. El otro se desempeña como viceministro de Hacienda, y curiosamente también posee una empresa que asesora en materia impositiva. Además de los protectores, el Gobierno adquirió otros bienes cuyo detalle aún se desconoce. El presidente suspendió al primer favorecido, anuló su candidatura a la alcaldía de Santa Tecla y ordenó dos auditorías. Sin embargo, el ministro de Salud, que autorizó las compras, es también responsable, tanto si sabía como si no, porque debiera haber sabido. Contradictoriamente, ese ministro defiende la transparencia gubernamental, pero diluye la responsabilidad en la burocracia ministerial. Estos hechos son muy reveladores. Por un lado, confirman la sospecha de que en la gestión de los fondos públicos y las donaciones existe corrupción, y que en el círculo presidencial hay oportunistas. El funcionario suspendido también está relacionado con la materia prima de los protectores de plástico reciclado. Al parecer, esta proviene de las botellas repartidas, y luego recolectadas con dinero público, por el Gobierno durante la crisis del agua. Por otro lado, estos hechos ponen de manifiesto la importancia del cerco informativo levantado por Casa Presidencial, así como también la razón de la presión para disponer incontroladamente de los fondos públicos. No son casos aislados, como tal vez algunos quisieran. Basta recordar los ya olvidados viajes del director de los centros penales. Los voluminosos contratos concedidos por ANDA para perforar y equipar pozos, y la relación del Seguro Social con Casa Presidencial tampoco están libres de sospechas de fraude. Muy probablemente, hay otros casos que se han aprovechado y encubierto con la emergencia. Es plausible que el presidente Bukele pueda haber sido engañado por algunos de sus colaboradores más cercanos, entre los cuales hay oportunistas, pero el silencio informativo, que favorece su proliferación y bonanza, es responsabilidad directa suya. Asimismo, es comprensible que la envergadura de la crisis demande flexibilidad para atender rápida y eficazmente unas necesidades apremiantes. Pero justamente por eso, la información detallada y clara es la mejor garantía para el buen uso de unos fondos escasos. Si Casa Presidencial no tiene tiempo ni energías para controlar el gasto y mantener a raya a los oportunistas que deambulan por sus dependencias, y si la Corte de Cuentas, la gran ausente, no tiene capacidad ni voluntad política para auditar, la sociedad civil, en concreto, la prensa y algunas organizaciones privadas, ya ha demostrado interés y capacidad para descubrir las operaciones fraudulentas. La insistencia veraz en la preservación de la vida y la salud del pueblo se traduce en colaboración estrecha con la sociedad. Esta no solo debe cuidar de sí misma, sino también proteger los medios que preservan su vida. Los incondicionales que con tanto celo velan por el éxito del Gobierno de Bukele debieran adoptar una postura beligerante ante la corrupción y los corruptos. Estos no tienen color político, pero poseen buen olfato para el dinero. Penetran hábilmente los círculos de poder, se disfrazan de incondicionales y medran donde se los tolera. En una Casa Presidencial afanada en la desinformación y la oscuridad, encuentran condiciones ideales para enriquecerse a costa de la miseria de la gente. Estos son los auténticos enemigos del pueblo, no los fantasmas que los incondicionales agitan ofuscada y ciegamente. Aquellos se embolsan el dinero de la ciudadanía, mientras que estos son simples construcciones fantásticas. Mientras se ensañan con ellos, aquellos otros prosperan al amparo del Gobierno. Bien harían, pues, en vigilar el gasto público y la conducta de los funcionarios; y si encuentran indicios suficientes, deberían denunciar la corrupción y a los corruptos. Prestarían así un invaluable servicio al Gobierno que tanto estiman. La pasividad y la autocomplacencia ponen en entredicho su fidelidad al presidente Bukele. Los miles de millones en juego, la necesidad apremiante y la poca disponibilidad de dinero exigen auditar, interna y externamente, la actividad de Casa Presidencial y sus dependencias. No se trata de desprestigiarla ni de boicotearla, sino de ayudarla a cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y honesta. No se trata de hacer fracasar al Gobierno de Bukele, sino de contribuir a liberarlo de dos de los demonios que lo habitan: la ambición y la codicia. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el anuncio en Twiter del nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina de la ONU se lee lo siguiente: “Las actuales crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible, vinculado a una elevada desigualdad con el predominio de las élites, es decir, con la cultura del privilegio, revela nueva publicación de la CEPAL”. Si la desigualdad es un fenómeno generalizado en América Latina, en este mismo libro se nos muestra la extrema vulnerabilidad de los cuatro países más norteños de Centroamérica. En otras palabras, que si el modelo de desarrollo latinoamericano es insostenible, el modelo centroamericano lo es más. Estamos peor en desarrollo económico, tenemos más pobreza y endeudamiento (nosotros), la desigualdad es mayor, la violencia también, la migración es sistemática y nuestra leyes, que debían proteger más a los pobres que a los ricos, hacen exactamente lo contrario. Basta ver las insuficiencias de la legislación dedicada a la seguridad social y compararla con la legislación protectora con la libertad. Y no es que estemos en contra de la libertad, que es necesaria para la vida personal y social. Pero cuando no hay protección del débil, la libertad termina siempre convirtiéndose en una ventaja para el fuerte. Hoy, las discusiones políticas coyunturales, que son importantes en tiempo de crisis, apenas nos dejan ver la crisis estructural de nuestro país que sin duda se agravará en los próximos meses. En el periódico digital El Faro se anuncia una entrevista con el presidente de ANEP, Javier Simán y se entrecomilla también una de sus frases. En concreto la siguiente: “Cada empresa es libre para decidir de qué manera seguirá las fases de apertura”. Aunque por una frase no se puede juzgar a una persona, sería mucho más agradable al oído de las mayorías el escuchar algo así como que cada empresa debe seguir las fases de apertura incluso con mayor responsabilidad de lo que establecen los protocolos estatales, vigentes o no. Y añadir que en esta fase de apertura debe aumentarse el salario mínimo y ampliarse las prestaciones sociales del trabajador, incluidos los del sector informal. La ley es, o debe ser siempre, la defensa del débil. La libertad, cuando no hay ley que defienda al vulnerable, puede convertirse muy fácilmente en un arma y privilegio del fuerte para su propio beneficio. Montesquieu, gran enemigo del despotismo autoritario y uno de los padres del moderno liberalismo político y de la democracia (lástima que no lo suelan leer nuestros políticos y diputados), decía en “El Espíritu de la Leyes” lo siguiente: “Desde siempre hemos visto que todo hombre con poder tiende abusar de él”. El mismo autor decía que un deseo es legítimo solamente si se puede convertir en el deseo de todos. En ese sentido moderar los deseos de los fuertes, sean económicos, políticos o intelectuales, y poner los recursos, de un modo equitativo, al servicio de todos, y especialmente de quienes carecen de ellos, es papel fundamental de las leyes. Cuando el Presidente de El Salvador dice, más o menos, que quiere refundar el Estado salvadoreño tiene cierta razón. Porque este Estado nuestro elitista, que fomenta la desigualdad, que se desinteresa por el débil y vulnerable, y que vive de un discurso democrático bastante hueco y vacío, es necesario cambiarlo de orientación. El problema del Presidente y de Nuevas Ideas es que no se sabe qué significa refundación para ellos. No hay un proyecto claro y hay una lucha por almacenar poder que no se sabe a dónde nos puede llevar. La refundación del Estado salvadoreño, en todo caso, es tarea común. Y con polarización, insultos y ataques personales es difícil crear una democracia social, respetuosa de los Derechos Humanos. Tampoco ARENA y el FMLN, que jugaron juntos en el pasado el mismo juego que ahora juega Nuevas Ideas con ellos, dan garantías de poder refundar el Estado. Por ello, lo mejor sería comenzar una etapa de diálogo en torno a los Derechos Humanos y a la Constitución de la República. Si empezáramos a lograr acuerdos sobre cómo avanzar con seriedad hacia la justicia social y hacia la universalización del bienestar, que son obligaciones constitucionales, estaríamos avanzando hacia una refundación del estado salvadoreño, incluso sin necesidad de cambiar la Constitución. Por José María Tojeira Director del IDHUCA.

Acorralado y sin salida razonable —pues dialogar al parecer no lo era—, Nayib Bukele decidió perder con sonoridad y estruendo en su cadena nacional del sábado 13 de junio, llevándose de encuentro a muchos a quienes considera los causantes de una significativa derrota política, aquella que implica ceder un poco. Supuestamente atrapado, el presidente relató, con los detalles que le parecieron convenientes, la realización de una reunión secreta, en la que participaron dirigentes de la ANEP, magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, un representante del partido Arena y el embajador de Estados Unidos, y en la que decidieron de forma conjunta la ley y hoja de ruta para transitar por el tosco camino de la emergencia nacional causada por el covid-19. La historia de la reunión secreta, en caso de ser cierta, nos demuestra que en nuestra endeble democracia el problema más acuciante sigue siendo el mismo de siempre: el pueblo, que estorba. La reunión secreta fue secreta precisamente para eso, para no ser vista u oída por la gente que opina, por la gente que piensa, por la gente que habla; y que por hablar, opinar y pensar, estorba. Se trata de ocultar la toma de decisión de los ojos curiosos de personas menos importantes que los figurones que participaron en ella, protagonistas con auténtico y demostrable poder político y económico, aquello de lo que carece el insustancial y humilde ciudadano promedio. La reunión secreta nos habla de poder, del verdadero poder, el económico de la ANEP y el político del presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de un representante de un partido político, Arena, que no representaba a nadie porque nadie votó por él, pero igual ordenó qué hacer a los diputados de su bancada. Este poder desplegado en la reunión secreta no se rige por leyes o formas democráticas; es un poder que permite a jueces ser asesores del Ejecutivo, que no tiene objeción en que un presidente que constantemente fustiga diputados y empresarios se reúna alegremente con ellos para transar en las sombras de un cuarto lujoso, todo supervisado por la complacencia y beneplácito del país más pudiente de todos. El poder exhibido por los integrantes de la reunión secreta es uno que no se comparte con el pueblo. Por eso la reunión rehúyo del pueblo, aunque en ella se decide en nombre del ciudadano común y todos sus intereses, o al menos eso se espera. Ahora bien, esto último es apenas un atisbo de esperanza, pues no puede decirse nada más de la reunión. ¡Precisamente por eso fue secreta! Para que no sepamos lo acordado por los poderosos. Aquello que lleguemos a conocer de la misma, de sus intenciones, dificultades, motivaciones, de su desarrollo o sus conclusiones, incluso de sus participantes, depende enteramente de la información que graciosamente nos quieran regalar quienes ostentan el poder real, ese que no tiene la gente. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.