Editoriales y Opiniones

“Hay cultivos que están cerquita, a unos 100 metros del río, pero no nos permiten pasar. La gente necesita ir a ordeñar sus vacas a los corrales pero no los dejan. Las cosechas de café están madurando, ¿qué va a pasar si no se cosecha? Hay familias que quedaron a los dos lados de la frontera pero por la cuarentena no han podido regresar. Gran parte de la gente pobre se va a Honduras a trabajar y viven de estos jornales. Se están perdiendo los cultivos, milpas, frijolares. ¿Qué va a pasar con nosotros?” Los anteriores son extractos de algunos testimonios de personas que viven en algunos municipios del departamento de Chalatenango que son fronterizos con Honduras. Estas personas narran cómo les está afectando la actuación de militares en tiempos de la pandemia. Este clamor es el que quisieron recoger los alcaldes de cuatro municipios (Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando) cuando pidieron a la Asamblea Legislativa emitir un recomendable para que el Ejército respete sus derechos. A esta iniciativa reaccionó el presidente sosteniendo que “es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales” (20 octubre 2020). Y el presidente fue más allá y aseguró que “aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y por supuesto, van adonde quienes los protegen: a la Asamblea”. El presidente, en respuesta a la demanda, ordenó al Ministro de Defensa, redoblar la presencia de los militares. Este lamentable episodio ocurrido en esos rincones de suelo compartidos entre El Salvador y Honduras llamados “bolsones” desde la sentencia de la Haya en 1992, trascendió a nivel nacional. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en apoyo a los pobladores. También se pronunció la Diócesis de Chalatenango en un comunicado del 26 de octubre firmado por su obispo, Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar. Entre otras cosas, el comunicado afirma que “la Diócesis está hablando en nombre de estas comunidades limítrofes, para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito, tal como sucedía antes de la pandemia. En estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad. Ellos no son narcotraficantes”. El incidente, aunque muy localizado, ilustra de buena manera la tónica de la actuación gubernamental y lo que debemos esperar en los meses siguientes. En primer lugar, el presidente y todo su gabinete están funcionando en “modo” electoral. Todo lo que en este tiempo hacen y no hacen, lo que dicen y lo que callan, debe analizarse con lentes electorales. Es decir, todo lo que granjee votos al Gobierno será sobredimensionado y toda oportunidad que le haga daño a sus opositores será aprovechada. Muchos municipios fronterizos viven la misma situación que los cuatro municipios en cuestión, pero el presidente y sus asesores vieron en el hecho de que los cuatro municipios están en manos del FMLN la ocasión para seguir hundiendo al partido de izquierda. Pero los cálculos les fallaron. Porque en los mismos términos se han pronunciado los pobladores de la zona y la Iglesia Católica que les acompaña. Además, el trato degradante brindado desde el Gobierno dejó claro el desconocimiento de la realidad que vive la gente, mucha de la cual mostró, hasta estos días, simpatía con el Ejecutivo. En segundo lugar, otra característica de la coyuntura electoral de parte del Gobierno es que el presidente y su equipo es capaz de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones en febrero próximo. En ese “cualquier cosa”, cabe la mentira, la calumnia, la manipulación de medios y, en este caso, el sufrimiento de poblaciones enteras que pasa a ser un efecto colateral secundario ante el fin mayor de conseguir más réditos electorales. Probablemente a lo mismo se deba el atraso en el pago de salarios a las dependencias del Estado que incomodan al Gobierno, el atraso en el Fodes a las municipalidades, la gran mayoría en manos de la oposición y también el atraso en las pensiones a los veteranos. El gobierno pondrá toda la maquinaria del Estado al servicio de sus fines electorales. En este caso es el Ejército el que, contrario a su fin constitucional, se pone al servicio de las ambiciones personales del presidente, como ya quedó demostrado el pasado 9 de febrero. En tercer lugar, tanto los pobladores que han dado testimonio, como los alcaldes y la diócesis chalateca que han recogido sus clamores, han dejado bien claro que no se oponen a que se persiga el narcotráfico y el contrabando. La protesta se debe al maltrato de soldados y policías a los pobladores. Reclaman un trato digno. Que en las zonas fronterizas –no solo en estas- ha existido contrabando, ha sido denunciado por las mismas poblaciones. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las autoridades que deben combatirlo, son las que lo f

Nuestro Estado es débil desde hace muchos años. Y en ese contexto escuchamos muchas veces decir que se está violando el Estado de Derecho. Incluso en ocasiones distintos grupos del país han tenido que acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos, precisamente porque el Estado de Derecho en El Salvador no cumplía con sus propias obligaciones. El tema es antiguo. En el pasado solía ser la sociedad civil solidaria con los derechos de los pobres la que acusaba al Estado de violar derechos básicos de la ciudadanía. Hoy, la situación ha cambiado con la pugna que se ha establecido en el país entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo y por la desobediencia del Ejecutivo al poder judicial. Aunque resulta muy claro que una buena parte de las confrontaciones y enfrentamientos tiene un fondo netamente político, lo cierto es que el conflicto actual pone en evidencia que en muchos aspectos la Constitución de la República es solamente papel mojado. En la situación actual predomina la queja por las violaciones de la normativa constitucional en lo que se refiere al equilibrio de poderes y al sistema de controles, pesos y contra pesos, que especifica nuestra Constitución. Sin embargo, las violaciones a los lineamientos constitucionales que nos califican como Estado personalista, social y democrático de derecho, son mucho más amplias. En efecto, el artículo uno de la Constitución, que define los fines del Estado, afirma que la persona humana y su dignidad son el origen y el fin del Estado. Y extrae de esta afirmación la siguiente consecuencia: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. De hecho, la división de poderes, los controles mutuos entre poderes, los famosos pesos y contrapesos que con tanto gusto mencionan los políticos cuando hablan de nuestra democracia, no son tan absolutos en la Constitución como el primer artículo enunciado. Al contrario, los tres poderes están al servicio de los fines prioritarios del Estado que menciona dicho artículo. Respetar los derechos de cada poder del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno es indispensable en el Estado de Derecho. Pero es más indispensable todavía que los tres poderes estén al servicio de los fines expresados en el primer artículo de la Constitución. Y ahí es donde los tres poderes tienen graves carencias e incluso errores. Pues en los casi 40 años que tenemos de la actual Constitución, se han mostrado incapaces de hacer un plan operativo conjunto para lograr el cumplimiento de esas cinco exigencias constitucionales. La libertad de los más fuertes, léase los empresarios y funcionarios, ha sido normalmente la más protegida. Pero la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social no son valores que el estado haya logrado universalizar y hacer partícipes de ellos a todos los salvadoreños. Cuando hoy se defiende sobre todo el respeto a la independencia de los poderes y a la importancia de los sistemas de control se tiene razón, pero se corre un serio peligro. Quienes carecen de bienestar económico o padecen la injusticia social de una educación o de una salud con muy baja calidad, o incluso quienes han sido detenidos en centros de contención durante la pandemia, pueden pensar, y con razón, que el Estado se defiende más así mismo y a los intereses de quienes lo administran y de sus poderosos, que a la población en general. Los demócratas tradicionales hablan con frecuencia del soberano al referirse al conjunto de personas de un país, y utilizan muy bien el término. Pero el problema es que quienes viven en pobreza no se sienten soberanos del país. Nuestra Constitución es ciertamente valiosa en sus principios fundamentales, que ponen siempre como primera prioridad a las personas y su dignidad. De ahí surgen los grandes fines de la Constitución. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, las instituciones son los medios para lograr ese fin. Dañar los medios para el fin constitucional que se pretende es grave. Pero olvidar los fines establecidos y marginar a una parte de la población condenándola a carencias de salud y educativas, pobreza e inseguridad, es más grave todavía. Tenemos que defender los medios que hacen posibles los fines, pero nunca olvidarnos de los fines, como se ha venido haciendo y se sigue haciendo todavía. Sin respeto por los fines y sin lucha por alcanzarlos, los medios terminan siendo odiosos. José María Tojeira

El Hospital El Salvador augura el futuro que parece aguardar al Gobierno de Bukele. La obra fue anunciada como el hospital más grande y mejor equipado de América Latina y, naturalmente, fue recibida con entusiasmo por los seguidores del presidente. Era prueba indiscutible de la diferencia con lo hasta entonces conocido. Los trabajos comenzaron con celeridad. Se habilitaron las dependencias de la antigua Feria Internacional para atender a los contagiados por la covid-19 y se empezó a levantar un nuevo edificio de varias plantas. En los primeros meses, Casa Presidencial informó periódicamente del avance de las obras. El presidente inauguró las dependencias habilitadas para atender a los contagiados por el virus, mientras los trabajos en la nueva edificación perdían ritmo hasta detenerse. El ministro de Salud ni siquiera conoce el costo total de la obra. La grandiosa idea inicial ha quedado reducida a un centro para atender pacientes infectados, remitidos por los otros hospitales. Un centro bien provisto, sin duda, pero nada más. El proyecto resultó demasiado ambicioso para las disponibilidades y ha sido abandonado discretamente. Hubiera sido más práctico, ciertamente, mucho más económico, establecer hospitales de campaña bien provistos para atender la crisis como han hecho otros países. Pero eso se antojó demasiado poco a un Bukele que había llegado a la Presidencia aupado por expectativas grandiosas y planes deslumbrantes. El tiempo se ha encargado de desvanecer las pretensiones presidenciales, mientras la propaganda oficial proyecta como actividad intensa lo que no es más que agitación superficial. La edición de esta semana de The Economist asocia El Salvador de Bukele con la Nicaragua de los Ortega por la repugnancia a la crítica y a la libertad de pensamiento y opinión. En su momento, la revista saludó como novedad promisoria al joven presidente salvadoreño. En su última encíclica, Fratelli tutti, el papa Francisco cuestiona esa forma de hacer política. Pareciera que el papa piensa en el país cuando reprueba la política mercantilizada, porque “lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común”. El papa emplaza a estos comerciantes de la política al cuestionarles “para qué” y “hacia dónde estoy apuntando realmente”. Les advierte que cuando ya hayan dejado el poder, poca satisfacción encontrarán en recordar, “¿cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Entonces, las preguntas oportunas, probablemente dolorosas, serán estas: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré?”. La grandeza de la política se muestra en tiempos difíciles como los actuales. En las crisis, la política sana actúa guiada “por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. En tiempos seguros, se empeña en “reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas”. Desdichadamente, advierte el papa, al poder político “le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”, y todavía más en un proyecto común para la humanidad de hoy y de mañana, porque “pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica”. La encíclica avisa también de que los logros espectaculares, como los pretendidos por el presidente Bukele, “a veces no son posibles” o solo “se logran parcialmente”. Los que no entienden la política como simple búsqueda del poder no se angustian. Saben bien que sus esfuerzos no caen en el vacío, pues “no se pierde nunca ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás”. Por eso, lo encomiable es “desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra”. La “buena política”, confiada en “las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo”, se funda “en el derecho y en un diálogo leal”, y se renueva con la convicción de que cada generación encierra “una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”. La política sana y buena no es la de los líderes mesiánicos, sino la de quienes cultivan lo que el papa llama “la amistad social”, que “no excluye a nadie”, que cultiva “una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de sus apariencias físicas o morales” y que “mueve a buscar lo mejor para su vida”. Por el contrario, quien mira “con desprecio […] niega que haya lugar para todos” en la sociedad, porque divide entre personas de primera y segunda clase, “con más o menos dignidad y derechos”. La “amistad social” exige “la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cada 26 de octubre se celebra en El Salvador el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. La fecha es importante para que la ciudadanía tome conciencia del asunto. De hecho, surgen cada vez más grupos que, desde diferentes ópticas e intereses, defienden los derechos que garantiza la Constitución. Ecologistas; defensores de juventud en riesgo, de indígenas, de los derechos de la mujer o de víctimas de abusos estatales; y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otros, se asocian, cada uno desde su campo y experticia, para proteger los derechos de la población. Después de tantos y tan numerosos casos de violaciones a derechos básicos, especialmente durante la guerra civil, el tema de los derechos humanos, que parecía patrimonio de instituciones, es asumido por diversos sectores sociales. Ello resulta esperanzador, porque los derechos humanos son una moral externa al poder, que crea cultura de paz. La tarea de defenderlos no es fácil, y por eso la celebración del 26 de octubre debe mover a la reflexión. En el pasado, el Ejército fue el mayor violador de derechos humanos. Una petición de perdón al pueblo salvadoreño frente al mural de víctimas del parque Cuscatlán, realizada por la Fuerza Armada como institución, sigue siendo una deuda pendiente. La actual negativa a la orden judicial de abrir los archivos militares y las ridículas razones dadas para no hacerlo muestran que la Fuerza Armada sigue poniéndose al margen del respeto a los derechos humanos, y con ello está jugando contra la historia. Tal vez algunos de sus líderes piensan que la frase del general Manuel José Arce “El Ejército vivirá mientras viva la República” les protege eternamente. Pero si entendemos “república” como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y partimos de la persona como el valor fundamental al que debe servir el Estado, los militares que dificultan o impiden que se haga justicia a las víctimas están destrozando y atentando contra la República. Si es cierta la frase de Arce, el Ejército puede dejar de existir si daña a la República. No faltan jóvenes que piensan de esa manera. Por lo general, quienes definen los derechos humanos son muy pragmáticos. No les interesa tanto la política cuanto el respeto a los derechos de la gente, más aún de los más débiles. Los jóvenes de hoy, aunque apoyan la justicia contra los crímenes del pasado, suelen criticar con más facilidad los abusos que cometen agentes de la PNC o soldados. Evidentemente, si no se desarrolla en los tres poderes del Estado una cultura seria de derechos humanos, esa moral externa al poder buscará cambios y propuestas que las viejas generaciones dominantes no parecen entender. El Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos nos invita al diálogo. En un Estado laico, los derechos humanos son siempre la moral a seguir. El hecho de que la juventud se interese por esta moralidad, que tiende a hacerse cada día más universal, es un buen signo. El primer artículo de la Constitución les da la razón en su esfuerzo y trabajo. Militares, jueces, diputados y funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, deben estar abiertos no solo a respetar los derechos humanos, sino a impulsarlos y tenerlos como objetivo de convivencia nacional. De lo contrario, la capacidad de alcanzar acuerdos y la amistad social, necesarios para el desarrollo, serán devorados por la marea de insultos, trampas, desconfianzas y desprestigios que está poniendo en peligro nuestra convivencia democrática. Lo más visitado OpiniónNoticiasMultimedia Ignorancia e inhumanidad El papa ante la política mercantilizada En honor de los defensores de derechos humanos Acto de bajeza Pobreza, reto prioritario

El presidente se equivoca al acusar sin fundamento a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando, todos municipios de Chalatenango, de colaborar con el narcotráfico y el contrabando, y al cercar militarmente esos territorios. Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país. Desconoce que en 1992, por un fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador. Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados “bolsones”. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre. Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades. En el contexto de la pandemia, los hondureños que viven en nuestro suelo no recibieron ayuda de su Gobierno porque habitan en territorio salvadoreño, pero tampoco han sido beneficiarios de las ayudas salvadoreñas porque no tienen documento único de identidad. Similar situación viven las familias salvadoreñas en los bolsones del vecino país. Ellas trabajan de este lado de la frontera y asisten a escuelas y centros de salud salvadoreños. Esta población y los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando no se oponen al cuido de fronteras, sino a la violación de sus derechos. En San Fernando, unas 25 familias tienen sus siembras en el lado hondureño y los militares no las dejan pasar. No pueden ir o venir a ordeñar su ganado. Los soldados han ocupado varias escuelas y hay denuncias de maltrato a la población. Se han perdido cultivos y la crisis que se vaticina es aún más cierta para estos pobladores. Los que acostumbran expresar su fe en las parroquias salvadoreñas, ahora no pueden hacerlo. A esta situación obedece la denuncia de los alcaldes, porque, antes que salvadoreños u hondureños, los pobladores de los bolsones tienen derechos que se deben respetar. Interrumpir el flujo normal de su vida mediante la fuerza de las armas es desconocer esta realidad y una muestra de inhumanidad. Con su acusación, el presidente desconoce también los logros policiales en los municipios en cuestión, donde agentes de la PNC, autoridades y diversos actores sociales trabajan coordinadamente. A ello se debe que estos municipios no compartan el nivel de violencia de otras zonas del país; Chalatenango ha sido y sigue siendo una de las menos violentas. Según datos oficiales de la Policía, de los 262 municipios del país, 57 no registraron homicidios entre enero y noviembre de 2019; 18 de ellos son de Chalatenango, y entre estos están los cuatro señalados por el presidente. Es obvio que la paz no necesariamente significa ausencia de narcotráfico, pero la experiencia y la evidencia científica señalan que el tráfico de drogas y su comercio casi siempre están ligados a la violencia. Por otro lado, en materia de covid-19, según datos del mismo Gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos detectados. Arcatao solo presenta 17; San Ignacio, 27; Nueva Trinidad, 3; y San Fernando, 1. Si algo heredaron del conflicto armado estas comunidades fue su cultura organizativa, que incluye, como ya se dijo, a los diversos actores sociales, Policía incluida. El asunto no es maniqueo ni simple, como lo quiere hacer ver el presidente. Que las cuatro municipalidades estén en manos del FMLN no es razón suficiente para acusar sin fundamento. Otros ediles de otros partidos las apoyan, pero no lo expresan por temor. El afán electoral hace que el mandatario se equivoque de nuevo, esta vez imponiendo sufrimiento y penurias a comunidades pobres que han debido salir adelante por su cuenta ante el abandono del Gobierno.

El presidente Nayib Bukele confirmó, a través de sus medios de comunicación habituales, un rebrote de los contagios de covid-19. Y así, con una información muy breve, sin detalles ni certezas, la sociedad salvadoreña reconfirma que el virus sigue su marcha y que por ahora, no hay vuelta a la vieja normalidad conocida. En las últimas dos semanas la curva de contagios mostró una tendencia al alza, y el 14 de octubre alcanzó un punto máximo con 295 contagios. La discusión entre especialistas y personas comunes sobre qué es lo que posibilitó esta subida en las estadísticas no parece fundamentada en información fiable. La revista Factum ha documentado que este pasado 8 de octubre, el Ministerio de Salud “incluyó en el Índice de Información Reservada todos los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Por una orden del despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí, ningún ciudadano podrá tener acceso a la información sobre las pruebas de PCR hechas durante la pandemia hasta el 11 de junio de 2022” (Loida Avelar, revista Factum), esto implica menos acceso a datos que permitan tomar decisiones informadas. Ante la falta de información muchos ciudadanos parecen estar tomando la decisión de permanecer en casa y buscan remedios caseros que les permitan superar la enfermedad o, en todo caso, terminar sus días junto a sus seres queridos y sin la angustia de ser atendidos por un sistema hospitalario que en cualquier momento puede colapsar de nuevo. Para el 18 de octubre de 2020, la página del Gobierno de El Salvador señaló que existían hasta ese momento 31,666 casos confirmados y 926 fallecidos. Esta información contrasta con los datos proporcionados por las alcaldías y por otras instituciones que contabilizan cifras mucho más altas. ¿De quién se puede fiar la sociedad salvadoreña? Tampoco tenemos información que permita contrarrestar con otros datos. Si tomamos estos datos, tendremos que señalar que el índice de mortalidad es de 15 fallecidos por cada cien mil habitantes. No se está divulgando información sobre lo que sucede con otras enfermedades ni parecen tomarse medidas al respecto. Por ejemplo, frente a los casi treinta y dos mil casos de covid-19, sabemos que el año pasado, El Salvador confirmó 27,470 casos de dengue, una de las enfermedades infecciosas que más ha afectado América Latina en los últimos tiempos. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el dengue? El dengue es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas, mientras que en años anteriores el gobierno ha buscado replicar la información necesaria, a lo largo de esta pandemia, la información que circula ha sido poca y con casi ninguna visibilidad. Uno de los mayores problemas de la falta de información cuando se trata sobre situaciones de salud es la imposibilidad de tomar decisiones adecuadas. La información, bien dicen, es poder. El problema de centralizar la información es que llega a los territorios sin hacer diferencias de cada lugar y esto quiere decir, sin la mediación de los líderes locales, los alcaldes, los integrantes de los consejos, las iglesias, que busquen analizar la información y tomar decisiones desde las particularidades de una zona específica. Si bien nuestro territorio es pequeño, no quiere decir esto que no exista una riqueza y una diversidad importante. Quizá una de las tragedias más grandes en esta situación de urgencia global que se vive haya sido que coincidiera con un período electoral. Los distintos actores políticos más que informar desinforman, y más que tomar decisiones en función de un beneficio colectivo (la definición más antigua sobre la polis) lo que se busca es un beneficio coyuntural. Ha habido tiempo para los repartos tradicionales que todos los partidos políticos han hecho, por ejemplo, repartir propaganda pagada con los impuestos de todos. Sin embargo, no hubo tiempo ni recursos para una campaña educativa que permitiera a la población tomar decisiones para prevenir la covid-19. El problema de la información es que no necesariamente genera adeptos, sino pensamiento crítico que posteriormente pueda cuestionar la forma en que se ofrecen ciertas soluciones fáciles y maniqueas. De eso se sabe mucho en el país, sin embargo, lamentablemente, no ha sido esa la apuesta política en un momento en que la información es quizá, el bien más urgente para salvaguardar nuestro tesoro más preciado, nuestra salud, nuestra vida, la posibilidad de continuar nuestros proyectos más amados. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 19.

Celebramos la semana pasada dos días internacionales propuestos desde hace ya algún tiempo por organizaciones de las Naciones Unidas; ambos están profundamente interrelacionados: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El planeta produce suficientes alimentos para toda la humanidad, pero casi un tercio de ellos se tira, mientras en torno a 700 millones de personas pasan hambre. En El Salvador, el 14% de la población está desnutrida. Desnutrición que afecta especialmente a los niños de las familias pobres. Se dice que cerca del 30% de nuestros niños pequeños pasan hambre. Y por otra parte, se ha establecido que una tercera parte de los salvadoreños padece obesidad, en buena medida por consumir una comida con exceso de grasa y de azúcar. Aunque ya se están haciendo algunos esfuerzos, resulta necesario universalizar un programa de atención a la primera infancia (los dos primeros años del niño o niña) que asegure la buena nutrición en esa etapa de la vida tan fundamental para el desarrollo del cerebro, y por supuesto otros aspectos del cuido. Las deficiencias alimentarias en esa etapa vital reducen las capacidades productivas del hombre y la mujer del mañana. Está demostrado desde la ciencia económica que universalizar una adecuada inversión en la primera infancia mejora enormemente la capacidad de desarrollo y bienestar de un país. Cuando la pandemia de covid-19 ha creado mayores niveles de hambre, pobreza y desempleo, se vuelve más urgente preocuparse por nuestros niños. Lo contrario constituiría una perversión de valores, trágica para nuestro futuro. La erradicación de la pobreza sería el reto prioritario para nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos tienen su raíz en la pobreza. Pobreza que, con la pandemia, y según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha elevado en El Salvador hasta afectar a un 40% de la población. Desde el punto de vista religioso, mantener niveles altos de pobreza es pecado social; y desde el punto de vista sociológico, injusticia social. Desde la economía solamente puede entenderse como un abuso de los ricos. Y desde la política, como terrible irresponsabilidad, y con frecuencia hipocresía, que en nuestro caso se multiplica cuando tenemos una Constitución que desde hace 37 años tiene entre los cinco fines fundamentales del Estado “asegurar a los habitantes de la República [...] el bienestar económico y la justicia social”. La falta de diálogo y el desinterés real sobre estos temas, la polarización política y la incapacidad de los diferentes liderazgos estatales a la hora de reconocer sus fallos de cara al cumplimiento de este primer artículo clave de nuestra Constitución nos pueden conducir a la repetición trágica y recurrente de enfrentamientos entre hermanos y a la perpetuación de la cultura de la violencia. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales la facilidad con que se manifiesta verdadero odio hacia los derechos humanos. Esto, en definitiva, es no conocer nuestra Constitución, despreciarla. Aunque formalmente no se pronuncien palabras de odio contra ella, odiar sus valores, tan vinculados a los derechos humanos, es un odio real a nuestra Carta Magna. Dialogar, consensuar, solucionar problemas alimentarios al tiempo que se trabaje unánime y sistemáticamente en la erradicación de la pobreza son tareas tan necesarias como obligatorias y pendientes en El Salvador. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde su fundación en 1986, y a lo largo de tres décadas de dar seguimiento sistemático a la opinión de las y los salvadoreños, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) ha investigado la realidad social salvadoreña y centroamericana a través de estudios académicos, objetivos e independientes encaminados a la transformación de la sociedad. Durante ese tiempo, el Iudop ha sido blanco de ataques de distintos grupos de poder, en particular de aquellos que se ven señalados o cuestionados de forma directa por el sentir y pensar de la población. Sin embargo, los períodos preelectorales han sido particularmente intensos en lo que respecta a acciones que han intentado erosionar la confianza de la ciudadanía en el Iudop. Es útil hacer remembranza de lo frecuentes que han sido las críticas contra el Instituto en períodos electorales y hacer notar el reciclaje de argumentos tendenciosos utilizados por aquellos que en realidad no saben cómo reaccionar ante la voz de la población. De hecho, quienes intentan desprestigiar los datos generados por el Iudop en el fondo están intentando opacar y silenciar las opiniones de los ciudadanos que se expresan a través de nuestras encuestas; aquellos cuya realidad cotidiana es adversa y, por tanto, tienen una perspectiva cruda sobre el rumbo del país. La incomodidad generada por nuestro trabajo radica en la mística que caracteriza nuestra labor. La imparcialidad, el rigor técnico, el atender a los principios éticos de la investigación, el profundo respeto por cada una de las personas que accede a participar en nuestros estudios de opinión y el procesamiento totalmente transparente de los resultados son estándares de trabajo no negociables para el Iudop. Figuras públicas, candidatos y funcionarios, entre otros, se encuentran en el registro histórico de quienes han intentado desprestigiar al Instituto. Aunque lidiar con esas acciones es inherente a nuestra labor, preocupa el uso de estrategias cada vez más perniciosas contra las entidades que le brindan a la población una vía para expresar sus opiniones y darlas a conocer públicamente. Este tipo de artimañas ya empiezan a evidenciarse en este período preelectoral: recientemente se divulgó una encuesta falsa en la que se utilizó distintivos e información del Iudop. De este modo, personas inescrupulosas intentan engañar la buena voluntad de las y los salvadoreños, en un momento en que el país debería unirse para atender la pandemia. Suplantar la identidad del Iudop con tal de obtener información personal de la población de cara a las elecciones de 2021 es un acto de bajeza. La inversión de fondos públicos en publicidad oficial para posicionar insistentemente una imagen determinada de las acciones gubernamentales, la ausencia de espacios de diálogo y el rechazo a la evidencia científica para la toma de decisiones son elementos que delinean un escenario complicado para la investigación académica, cuyo fin último es realizar un servicio a favor de la verdad. Pero los momentos más adversos son una oportunidad, y en este caso el Iudop echará mano de la creatividad, compromiso y entrega de su equipo para seguir cumpliendo la misión que proyectó su fundador, el padre Ignacio Martín-Baró: ser un instituto académico que se constituya como un canal válido de expresión de la voz de las mayorías salvadoreñas. * Laura Andrade, directora del Iudop.

Aunque en El Salvador se suele presumir de una institucionalidad más desarrollada que otros países de Centroamérica, las instituciones democráticas nacionales son muy débiles. Por ejemplo, tomó 30 años hacer efectivo el derecho constitucional a la indemnización universal, legislado desde 1983. Solo se logró hacer real el derecho hasta que hubo una denuncia de inconstitucionalidad por omisión y la Sala de lo Constitucional le fijó un plazo a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema. Así, el derecho constitucional fue real hasta el año 2014. También desde 1983 existe el derecho constitucional a indemnización por retardo judicial, pero aún no hay ley secundaria que lo materialice, a pesar de que el retardo judicial es un mal endémico en la judicatura, y más intenso cuanto más arriba se asciende hacia cámaras y salas. La ley general de aguas lleva debatiéndose 14 años. Los convenios de derechos humanos, que tienen fuerza de ley en el país, son con frecuencia ignorados incluso por los jueces. En un contexto en que instituciones internacionales serias advierten que la pobreza aumentará 8 puntos porcentuales, llegando al 40% de los salvadoreños, el Estado no tiene capacidad de dar una respuesta estructural al problema. A lo más que se llega es a repartir bolsas de comida, con un claro interés electoral. Se podrá decir que esto es mejor que nada, pero El Salvador tiene la capacidad de erradicar el hambre, y por eso no hay que conformarse con poco. Se apuesta por soluciones inmediatistas y temporales a los problemas, sin establecer un diálogo serio de cara al largo plazo. Se prefiere pactar con las pandillas en vez de tratar la delincuencia como un problema social derivado de la desigualdad, la ausencia de trabajo decente, la poca calidad educativa y la pobreza. La Presidencia de la República cita mal la Constitución y a la Asamblea no le importa olvidarla o interpretarla a su capricho. El sistema judicial, además de su lentitud y corrupción, emite sentencias con razonamientos equivocados sin preocuparse lo más mínimo por los errores. La Sala de lo Penal, por citar un solo caso, confunde en una sentencia reciente el daño inmaterial o moral con el material, negando a causa de esa confusión una indemnización a la familia de un sordomudo asesinado por un policía. Si aparte de los tres poderes del Estado se examinaran los sistemas educativo, de pensiones y de salud, tendrían que constatarse lo desiguales y reproductores de pobreza o de violencia que son. En el país existe un elitismo muy semejante al racismo. Fortalecer la institucionalidad del país requiere de una voluntad clara de reforma y de afrontar a fondo los problemas económicos, sociales y culturales. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que no basta con la democracia puramente formal. No solo porque ni siquiera está bien institucionalizada, sino porque la misma democracia no funciona bien si no va acompañada de una mayor participación de la población en la toma de decisiones y de un mayor respeto y promoción de los derechos humanos. Por supuesto, tampoco es suficiente el mercado para volver al desarrollo; hace falta corregir la tendencia a maximizar ganancia, combatir de verdad la corrupción y la evasión de impuestos, y reconocer la responsabilidad social de la propiedad. Dadas las insuficiencias institucionales observadas en todo el mundo y los fallos cometidos en la gestión de la enfermedad, la pandemia de covid-19, insisten las agencias internacionales, puede ayudar a reformar los sistemas de convivencia. La pandemia ha afectado más duramente a los más pobres. Toca ahora plantearse un cambio serio, desde el dolor y la solidaridad, en esta sociedad que estaba ya enferma antes del coronavirus y que ha quedado más débil, produciendo más pobreza y desigualdad.

En medio de la encarnizada polarización que vive el país, pocos temas gozan de consenso generalizado. Sin duda, uno de ellos es la necesidad de reconocer en la Constitución al agua y al saneamiento como un derecho humano. La pandemia de covid-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Y los diputados y diputadas por fin lo entendieron. El 15 de octubre, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano, un paso que podría constituirse en un hito en la historia del país si se da la ratificación en la próxima legislatura y se aprueba una ley general de aguas coherente con ese derecho. Este logro es mérito de las comunidades, organizaciones, instituciones, iglesias y personas que por años han puesto todas sus energías al servicio de esta causa. ¿Qué implicaciones tendrá en la vida práctica la ratificación? En primer lugar, que cada persona, sin importar su condición, tendrá derecho a demandar acceso al agua potable y al saneamiento. En segundo lugar, que el uso prioritario del líquido deberá ser el doméstico, y este primará en caso de conflicto con otro tipo de usos. En el país, la ganadería, los cultivos intensivos y la industria suelen tener privilegios en el acceso al agua. El reconocimiento del derecho al agua haría posible que las personas estuvieran primero. En tercer lugar, que una de las principales inversiones del Estado deberá ser llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares. Se señala que el texto de la reforma constitucional no es el ideal. Hay razón en ello. Pero constituye un gran avance que por fin se haya atendido una necesidad humana tan esencial. En general, los cambios más significativos no se dan de una vez; son fruto de un proceso que los va incubando gradualmente. Lo importante es que se den en la dirección correcta. Y este es el caso. Toda regla es perfectible, y el reconocimiento de este derecho no debe ser visto como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir el proceso de hacer realidad el derecho humano al agua. También es cierto que este reconocimiento no cambia automáticamente la realidad. Para revertir la falta de equidad en el acceso al agua y al saneamiento, es condición necesaria el marco jurídico que lo respalde. La regla está dada, ahora hay que darle cuerpo, llevarla a la práctica. Si el agua es un derecho humano, ello debe repercutir en las leyes secundarias y, como bien público, traducirse en la obligación del Estado de garantizarlo a toda la población como uso prioritario. Asimismo, no hay que asumir que el reconocimiento de este derecho libra al agua de un uso comercial intensivo y sin regulación, tal como ya sucede. Por eso es indispensable que en la ley general de aguas, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, se garantice la autoridad pública estatal sobre el recurso, se asegure la participación de los usuarios en las decisiones y se impida que el agua para uso doméstico pueda ser gestionada con fines de lucro.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021. El contexto inmediato era de tensión entre Zelaya y la Asamblea Legislativa por la reiterada negativa del primero para comparecer ante la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos durante la gestión de la pandemia. La tensión aumentó todavía más porque el Ministerio de Hacienda no había depositado todavía en esa fecha los fondos para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, aduciendo la falta de liquidez. Algo similar a lo que había ocurrido unos días antes con los empleados del Órgano Judicial, con la diferencia que ante el reclamo de las autoridades de dicho Órgano, el Ministerio de Hacienda hizo el depósito correspondiente para el pago de esos salarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entendía, entonces, que se trataba de una acción de presión y de revancha contra los diputados. La disputa continuó con una denuncia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables del trámite correspondiente para poder pagar a los empleados de la Asamblea, incluyendo al mismo presidente de la República. Se les acusaba de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes. La evolución de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá en buena medida del comportamiento de la Fiscalía, que no parece estar a la altura que requiere la defensa del Estado de Derecho en el país, al menos desde que comenzó la pandemia del covid-19. En medio de esa tensión institucional ha comenzado el debate sobre los ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto 2021. Diputados y analistas económicos han comenzado a desfilar por distintos medios de comunicación para expresar sus opiniones al respecto. El consenso general entre los diputados de la oposición y los analistas económicos es que se trata de un presupuesto inflado (en los gastos) e irrealista (en los ingresos). Cuando el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto expresó que se trataba del presupuesto ideal para el “milagro salvadoreño”. Con ello quiso decir que con ese presupuesto se lograría que la economía salvadoreña saliera del hoyo en que se encuentra y comenzará a crecer como no lo ha hecho, al menos, desde la crisis de 2008. Además, según el ministro, este presupuesto muestra las prioridades del gobierno para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad. Tres carteras ministeriales que llevan un incremento importante en su asignación presupuestaria para 2021. El mensaje es claro: quien rechace este presupuesto está en contra del pueblo. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 ya se podía prever que la gestión del nuevo gobierno sería difícil, en parte por no contar con una fuerza partidaria propia y suficiente para que respaldara sus iniciativas en la Asamblea Legislativa. En parte, porque El Salvador tiene un presidente institucionalmente débil, desde una perspectiva comparada, tomando como base las facultades constitucionales con las que cuenta y los controles institucionales a los que está sometido. Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo presidencial debiera conocer esta limitante institucional previamente. Sin embargo, pareciera que el actual ocupante del cargo desconocía esta condición y ahora lo vive con la frustración que le genera el no poder hacer todo lo que él quiere hacer, en la forma como lo quiere hacer. Como todo buen psicólogo lo sabe, esa frustración puede conducir a comportamientos agresivos. Para ocultar su frustración y sacar ventaja política, el presidente Nayib Bukele ha seguido jugando al papel de víctima de un sistema corrupto, cuyos defensores son “los mismos de siempre”. Como en un juego de ajedrez, el presidente ha puesto en jaque varias veces a la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diputados de los partidos que, en su discurso de toma de posesión, identificó como obstáculos o piedras que hay que quitar. Desde entonces, la apuesta es esa: sacar de la Asamblea los obstáculos que le impidan gobernar como él quiere. Unos obstáculos que pareciera que se han multiplicado fuera de la Asamblea y a quienes el presidente considera empleados de los diputados, en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y aliados de los mismos de siempre, en el caso de centros de investigación y universidades que tienen una posición crítica frente al comportamiento, con tintes autoritarios, del presidente. Siguiendo la metáfora del juego de ajedrez, a finales de 2019, el presidente movió su “alfil blanco” para poner en jaque a la Asamblea Legislativa, al hacer que esta apareciera ante la opinión pública como contraria a la seguridad del pueblo, al no aprobar un préstamo millonario para financiar el supuesto plan de control territorial del gobierno. La Asambl

Aprobada en la Asamblea en febrero de este año y vetada por la presidencia de la república, la Ley de Reconciliación cayó en una especie de letargo debido a la pandemia de Covid-19 y la paralización generalizada que supuso para el país durante varios meses. A principios del presente mes, la Sala de lo Constitucional ha convocado para el 30 de Octubre una Audiencia de seguimiento de la Sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1983. El paso es necesario para encontrar un camino decente y común en la realización de la justicia frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante nuestra guerra civil, para proporcionar verdad y reparación a las víctimas y para sentar precedentes y normas que impidan la repetición de tan terrible y cruel pasado. Todo ello desde el empeño de lograr una reconciliación en la que la verdad y la justicia construyan paz y amistad social. El camino hacia la justicia ha sido largo en El Salvador, lo mismo que ha sido y sigue siendo difícil el camino hacia una convivencia democrática marcada por la referida amistad social. Lograr un acuerdo reparador con las víctimas y para las víctimas de una de las etapas más crueles y oscuras de nuestra historia es una oportunidad para avanzar no solo hacia la justicia, sino hacia la democracia. Pues nuestra democracia ha estado sistemáticamente lastrada por la marginación del campesino, el menosprecio del débil suburbano y el abuso del pobre, cuando no por golpes de Estado. Si algo quiere garantizar nuestra golpeada Constitución es el respeto a la igual dignidad de la persona humana. Pero es evidente que ni el liderazgo político ni el poder económico lo han logrado. Hacer justicia a las víctimas, mayoritariamente pobres y débiles de nuestra guerra civil, es un paso que puede marcar un nuevo horizonte en el respeto a la igual dignidad humana de todos los salvadoreños. Tanto la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía como la Sala actual son muy claras insistiendo en que los procesos de justicia en los crímenes mencionados deben realizarse en el marco de la justicia transicional. Ban Ki Moon, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, hablando sobre esta justicia decía que “los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”. Todo ello convierte a esta justicia en un verdadero proceso de reconciliación y desarrollo humano. En el actual ambiente polarizado y agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016 se convertirá sin duda en un paso importante hacia la construcción de acuerdos nacionales y hacia una mayor humanización del sistema de justicia salvadoreño. Todavía hay demasiadas personas que agobiadas por la impunidad tanto de ayer como de hoy, aspiran a una justicia desde un espíritu de resarcimiento muy parecido a la venganza contra el criminal, olvidando tanto la obligación de poner en el centro a las víctimas y su reparación, como la obligación del Estado de trabajar en la rehabilitación del delincuente. La justicia transicional, muy atenta a ambos aspectos, facilita la reconciliación, promueve la justicia no solo legal, sino también social y reparadora, y construye cultura de paz. Revisar la ley aprobada en Febrero, el veto del Presidente y llegar a acuerdos aceptados por las víctimas, mejorando lo realizado hasta ahora, es clave para el desarrollo y el entendimiento nacional. Por José M. Tojeira

Por lo general, los principales documentos doctrinales de los papas son las cartas encíclicas, que señalan aspectos del pensamiento de la Iglesia que los cristianos deben seguir. El papa Francisco acaba de publicar una de esas cartas, la Fratelli tutti (Todos hermanos), que reflexiona sobre un valor básico y fundamental: la hermandad. Este tema nos afecta e incumbe a todos, pues un país sin capacidad de crear fraternidad creciente a través de las personas y de las instituciones está destinado al fracaso. En El Salvador hay una fuerte tendencia a ensalzar la patria, pero no hay patria sin fraternidad. Patria viene de padre, y la maternidad y la paternidad son incomprensibles sin hijos unidos en hermandad. El papa Francisco desde su carta invita a vivir la fraternidad, que, además de ser un mandato religioso, es uno de los valores humanos que dieron origen a la democracia. Para vivir con espíritu fraterno, dice, es indispensable poner el amor al prójimo como objetivo preferencial de la propia vida. El papa es consciente de que “hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza”. Por ello, invita a reconocer que “lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar”. Pero el amor no es un sentimiento vago o reducido al pequeño grupo de quienes se llevan bien. El verdadero amor lleva siempre hacia lo que el papa llama “amistad social”; es decir, una forma benevolente de mirar y tratar a todos desde la convicción de la hermandad universal. Somos seres con dignidad personal inviolable, pero también con profundas raíces comunitarias. Por eso estamos llamados a la solidaridad y a servir “a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”. Una solidaridad que se extiende a cualquier necesidad del prójimo, especialmente las más perentorias. En este sentido, el papa menciona la doctrina tradicional cristiana del destino universal de los bienes. Frente a un neoliberalismo individualista y consumista, Francisco deja claro el pensamiento de la Iglesia. Estas son sus palabras: “Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida: ‘Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno’. En esta línea recuerdo que ‘la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada’. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-social’, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, ‘no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización’”. Unir fraternidad con caridad política y con justicia social resulta indispensable para la construcción de una sociedad pacífica. Leer esta carta con el corazón abierto, dispuestos a la autocrítica y al análisis de la realidad, es una exigencia cristiana y ciudadana que se vuelve sumamente importante dado que en nuestra Constitución tenemos a la justicia social como una tarea obligatoria para el Estado. Justicia que ha sido sustituida, desde hace demasiados años, por la división, el enfrentamiento incendiario, la desigualdad y la injusticia. Décadas después del fin de la guerra, no hemos sido capaces de convertir nuestra sociedad en una comunidad fraterna y con verdadera amistad social ni se ha avanzado gran cosa hacia la justicia social. Superar los odios fomentados en las redes, cambiar de actitud ante el prójimo, unirnos en valores generosos y solidarios es esencial para no convertirnos en un Estado fracasado y en una nación incapaz de encontrar un camino de desarrollo equitativo.

Pretender que solo la propia perspectiva es la verdadera obedece a una profunda ignorancia o a mala intención. Esa actitud es más grave cuando se pasa al plano institucional y de los medios de comunicación. El empeño periodístico de informar con la verdad entronca con la búsqueda de objetividad, pero que un medio diga poseer la verdad absoluta no es otra cosa que una mentira. Nayib Bukele ha apostado por ganar en la arena mediática las próximas elecciones. Si ya su estrategia de fabricar imágenes y eslóganes lo llevó a la silla presidencial, ¿por qué no hacer lo mismo en los comicios de 2021, a fin de librarse de la oposición en la Asamblea y consolidar su poder? El estilo confrontativo y descalificador del presidente tiene todas las características de una guerra mediática, de una lucha comunicacional e informativa por el control de las ideas. Según parece, para Bukele, gobernar es ganar la batalla de la información. Y como los medios de comunicación son el escenario de esa guerra, desde el Gobierno y con recursos del Estado ha decidido tener los suyos. Poco importa que se contradiga al afirmar que no tiene recursos para pagar empleados públicos cuando sí tiene para contratar a un batallón de comunicadores para que pinten la realidad a su gusto. La punta de lanza ha sido un espacio noticioso televisivo. Luego, anunció la creación de un periódico, tanto en versión digital como impresa. En palabras del presidente, estos medios se caracterizarán porque hablarán con la verdad. Si las políticas estatales sirven para ganar votos, el actual Gobierno las fabrica para obtener réditos electorales, y se convierte en un productor de información para elaborar fantasías sobre el éxito de esas políticas. Además, usa recursos del Estado para amedrentar a toda institución o persona que no le es afín. No responde a las críticas con argumentos, sino con descalificaciones. Usa la publicidad oficial para premiar, castigar o cooptar a periodistas e instituciones. Con su estrategia, el presidente apunta a establecer una dictadura mediática, a controlar la libertad de información. Cuando ese poder se consolide, los medios de comunicación que ahora buscan complacerlo serán innecesarios. A lo anterior se suma una altísima inversión en publicidad y en blogs, páginas digitales, youtubers y troles al servicio de la verdad presidencial y del amedrentamiento de sus opositores. A nivel comunicacional, el presidente batalla por imponer su relato nacional. Pero en la realidad está en juego el modelo de país. Unos medios que no responden a los hechos, sino a lo que quiere el poder auguran la imposición de la misma lógica en todas las otras dinámicas de nuestra sociedad.

O el presidente no está familiarizado con el sistema de salud del primer mundo o no ha visitado ningún hospital público nacional ni la consulta externa del Seguro Social. Lo primero es improbable, lo segundo indudable, excepto el nuevo hospital. Solo desde el desconocimiento pudo afirmar en la Asamblea General de Naciones Unidas que, “en cuestión de meses”, ha transformado el sistema público de salud en uno del “primer mundo”. En la actualidad, no existe la infraestructura, el personal, la tecnología y la inversión que ese nivel requiere. La mejora de algunas instalaciones y la apertura de un nuevo hospital no dan pie para hacer semejante afirmación. La actualización de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana requiere de políticas de Estado, que ni siquiera se han planteado. Este año, el presidente salvadoreño volvió a reclamar la reforma del sistema de Naciones Unidas en general y de la Asamblea General en particular. Pidió que la organización “cambie para que como humanidad podamos usar esta gran herramienta […] en el destino conjunto de la humanidad”. Sin embargo, pasó por alto que uno de los obstáculos para ello es el veto de la potencias que conforman el Consejo de Seguridad. Tampoco dio pistas sobre cómo hacer relevante la asamblea anual, excepto la conocida mención a Internet y al celular. Más aún, no se conoce ninguna propuesta formal reformadora de El Salvador. La crítica se queda corta y sus palabras no “pueden sonar fuertes” como quisiera. Criticar el veto de las potencias es criticar a Estados Unidos, algo a lo que Bukele no se atreve. Al contrario, su posición es similar a la de Trump. Los dos han echado en cara a Naciones Unidas la falta de liderazgo para enfrentar la pandemia. No obstante, el presidente tiene razón al afirmar que el hambre, la falta de vivienda y muchas enfermedades son “problemas relativamente fáciles de resolver como humanidad” si esta “decidiera resolverlos”. Ahora bien, contraponer la falta de voluntad de los líderes mundiales con “la capacidad de transformación” de El Salvador es presuntuoso. El presidente extrapola el esfuerzo hecho en el área de salud, forzado por la crisis de la pandemia, a la realidad nacional. La pobreza, según la Cepal, en lugar de disminuir, ha aumentado en más de siete puntos este año y aumentará más. No toda la población tiene “una supercomputadora en el bolsillo”, como él aseguró. Muchos ni siquiera tienen acceso a Internet, tal como lo muestra la dificultad para implementar la educación a distancia en amplios sectores sociales y el elevado índice de deserción escolar. Por el momento, el país no experimenta ninguna “regeneración” ni es ejemplo de cambio. La gran habilidad de Bukele y sus asesores es vender humo. Han explotado diestramente las décadas de descontento y frustración de la gente con los Gobiernos anteriores y los partidos tradicionales. Los anhelos de algo diferente han llevado a aceptar como real los que no son más que deseos. La recién nominada embajadora en Washington lo ha expresado lúcidamente, al declarar que hablará “del desarrollo que vendrá a El Salvador a través de proyectos”. La alienación expresa tanto la profundidad del desengaño con la política tradicional como la habilidad de Bukele y sus asesores para explotarlo a su favor. El sueño adquiere realidad por el poder de la desilusión. Paradójicamente, los residentes en Estados Unidos han mostrado la limitación de esta política del funambulismo. Mientras la citada embajadora asegura que Bukele prepara las condiciones para el regreso de los inmigrantes, estos han rechazado tajantemente esa posibilidad. Esas condiciones son irreales. La visión alternativa de la realidad les descubre el engaño. No confían en la promesas de la diplomática ni comparten los sueños de los seguidores locales del presidente. Presumiendo de apertura en la Asamblea General, el presidente se permitió invitar a “pensadores y hacedores” de fuera a contribuir con la construcción del “milagro salvadoreño”. La invitación es cínica, pues Bukele desprecia la inteligencia. Solo acepta la colaboración de los sumisos. Ni siquiera sus ministros, supuestamente funcionarios de confianza, tienen espacio para desplegar sus conocimientos y sus habilidades. Ocupan cargos para cumplir las órdenes presidenciales, incluso las ilegales. De ahí que los planes de salud, educación y seguridad no aparezcan. Son innecesarios, ya que el presidente no solo provee, sino que exige un acto de fe en su providencia, algo totalmente inaceptable, porque solo en Dios se puede creer. Lo demás es idolatría. El “milagro salvadoreño” no existe. Si algún milagro hay es cómo se las arregla la mayoría de la población para sobrevivir en condiciones adversas, cómo se arma de valor y emprende la arriesgada travesía hacia Estados Unidos, y cómo se sacrifica para enviar dinero a la familia que dejó atrás. El elevado volumen de las remesas evidencia lo poco que ha cambiado la situación y lo lejos que están las condiciones para su eve

Se ha publicado la tercera encíclica del papa Francisco, titulada Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. Se trata de un texto inspirado en el testimonio de san Francisco de Asís, que “se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne”: los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos”. Esta carta está dirigida a la humanidad y el papa la entiende como “un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”. El texto tiene ocho capítulos: “Las sombras de un mundo cerrado”; “Un extraño en el camino”; “Pensar y gestar un mundo abierto”; “Un corazón abierto al mundo entero”; “La mejor política”; “Diálogo y amistad social”; “Caminos de reencuentro”; y “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”. El hilo conductor es que, a partir del reconocimiento de la igual dignidad de la persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y el espíritu que anima ese deseo se pone de manifiesto en las siguientes palabras del papa: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. Es un nuevo sueño que busca darle actualidad histórica a la utopía, posible y deseable, de constituirnos en familia humana. Porque nadie debe pelear la vida aisladamente. Ahora bien, la propuesta de Francisco va más allá de las buenas intenciones y busca, ante todo, posibilitar transformaciones sociales que nos acerquen a una mayor solidaridad y subsidiaridad. De ahí que su primera actitud es echar una mirada crítica ante algunas de las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Algunas de las realidades históricas que rompen la fraternidad son los conflictos anacrónicos que se consideraban superados: nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Es la persistencia de numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Imperan reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad y nuevas pobrezas. Ruptura de fraternidad es también el hecho de que una parte de la humanidad vive en opulencia mientras otra ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Es el mundo donde los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Asimismo, a las sombras de un mundo cerrado, pertenece la comunicación digital. Sobre todo “cuando esta se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante”. Cada individuo es “objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos”. Por ello se afirma que la actual comunicación digital “no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad”. Con respecto a la crisis sanitaria mundial, el papa expresa sus preocupaciones por lo que puede ocurrir pasada la crisis. Expresa que la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Y enseguida pone de manifiesto cuatro hondos deseos para contrarrestar esas tendencias: Ojalá que al final ya no estén los “otros”, sino solo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Con la encíclica Fratelli tutti, el papa vuelve con ahínco sobre uno de los temas centrales de su ministerio pastoral: la necesidad de cultivar una cultura o civilización del encuentro. Está convencido de que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro”. Y como una exigencia del presente y del futro, proclama: “El aislamiento, no; cercanía, sí.

La semana pasada se celebró el día dedicado a la niñez y el de la no violencia, dos efemérides que tratan temas de una importancia sustancial para el desarrollo de El Salvador y que, además, están profundamente relacionadas. En efecto, si en el país se continúa propagando la cultura de la violencia, la niñez heredará actitudes y modos de entender la vida que llevan siempre al fracaso. Porque la violencia, del tipo que sea, no prepara para el desarrollo humano. Al contrario, lo frena y dificulta. Un compromiso activo con la no violencia, tan ligada a la cultura de paz, es el único camino para garantizar un proceso exitoso hacia la construcción de una sociedad y un futuro en los que todas las personas puedan desarrollar libre y solidariamente sus capacidades. El tema es importante porque en El Salvador continúa vigente la cultura de la violencia. La pobreza y la desigualdad económica y social son manifestaciones claras de la violencia estructural. Los altos niveles de delincuencia responden a la violencia física. El maltrato a la mujer, el castigo físico, los grupos de exterminio, el espíritu vengativo, manifestado muchas veces en tratos crueles y degradantes a personas privadas de libertad, son muestras claras de esa cultura violenta de larga data. Y a ello se suma la violencia verbal, con el agravante de que hoy más que nunca es alentada y promovida desde las más altas esferas de la política. Ver a un presidente acuerpado por militares llamando delincuentes, corruptos y asesinos a los diputados no solo es inédito en el país, sino totalmente repudiable. La respuesta en términos parecidos de algunos diputados nos muestra una clase política que, aunque han renunciado a la violencia física, sigue promoviendo una cultura violenta y de pésima educación cívica. Construir una cultura de paz es una responsabilidad de todos. Los adultos tienen en la educación de los jóvenes una responsabilidad semejante a la de los padres o las escuelas. Aunque los valores recibidos en la familia suelen quedar fuertemente arraigados y protegen a muchas personas de la corrupción y la tendencia a la agresión, los adultos echan a perder con facilidad los esfuerzos de padres y maestros. Porque el niño y el adolescente es siempre sensible a lo que observa como constante social: si convive con un exceso de violencia física, si se ve rodeado del grito agresivo convertido en cultura coloquial, si escucha a funcionarios del Estado insultando con el fin de generar odio o desprecio, la garantía de desterrar la cultura de la violencia desaparece. Y aún más si a esta cultura de la agresividad lo acompaña una situación económica y social que es de por sí violenta, marginando de un desarrollo digno a las grandes mayorías salvadoreñas. En la Constitución de la Unesco, la institución de la ONU encargada de alentar mundialmente la educación y la interculturalidad, se dice lo siguiente: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Ello implica, en primer lugar, transformar el lenguaje cuando es fuente de agresividad, desprecio u odio. Y exige un claro respeto a los derechos humanos y buscar soluciones racionales, humanistas y del mayor consenso posible a los problemas. En este tiempo de pandemia en el que el país se ha empobrecido y se abren enormes desafíos económicos y sociales, se necesita más que nunca un diálogo racional, educado, solidario y generoso para enfrentar el futuro. Lo contrario significará retroceder y hundirnos en más conflictos amargos que sufriremos todos. Sufrimiento que se transmitirá a las nuevas generaciones, que además de solucionar sus propios problemas tendrán que corregir los errores actuales, convertidos por el paso del tiempo en heridas sociales purulentas.

El país se está acostumbrando a que en los conflictos más publicitados, el Gobierno, con el presidente a la cabeza, sea protagonista y promotor. Ya sea un escándalo que revela irregularidades gubernamentales o bien cortinas de humo para taparlo, el Ejecutivo siempre está en el centro de la escena. La última polémica es el retraso en el pago de los salarios de septiembre a empleados de los órganos judicial y legislativo. Ya se hizo efectivo el pago a los primeros, pero los segundos siguen en vilo. El Gobierno dice no tener fondos y que mientras no se aprueben más préstamos, no les podrá pagar. Ante esta explicación, hay dos posibilidades. La primera, que sea verdad que no tiene recursos; y la segunda, que se trata de una venganza o un chantaje contra el primer órgano del Estado. En todo caso, la situación no habla nada bien de la actual administración. Si es cierto que no tiene fondos, entonces el país está mucho peor de lo que se dice y las finanzas públicas han colapsado. Si el asunto en el fondo es una venganza o chantaje, la acción es grave porque no solo viola la ley, sino que toma a un grupo de trabajadores del Estado como rehenes de la guerra política y electoral que libra el Ejecutivo. Por los antecedentes, es difícil creer que el Gobierno no tenga dinero. Hay varias razones para pensar que esta es una maniobra más. Primero, porque el chantaje es una de las estrategias preferidas de Nayib Bukele para lograr sus objetivos. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero se debió a que los diputados no le aprobaban un préstamo por $109 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Segundo, porque el mismo presidente amenazó en mayo pasado con no pagar los salarios a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no le aprobaban una cuarentena estricta de 15 días. Tercero, porque es difícil creer que el Gobierno se ha quedado sin fondos cuando, con dinero público, ha contratado a decenas de periodistas y comprado equipos para montar sus propios medios de comunicación. Cuarto, los afectados por la acción son los miembros de los otros dos poderes del Estado, encargados de hacer los contrapesos propios de una república democrática. Si hubiese falta de liquidez en las finanzas públicas, el Gobierno debería dar ejemplo rebajando o reteniendo los salarios de sus funcionarios de más alto nivel. Quinto, porque el Ejecutivo se ha rehusado a rendir cuentas de los cientos de millones de dólares que ha gastado en la pandemia, y al condicionar el pago de salarios a la aprobación de más préstamos seguiría en el camino de la opacidad y del secretismo que lo caracterizan. En el hipotético caso de que el Gobierno se hubiese quedado sin dinero, ello sería fruto de la falta de planificación y priorización de los gastos. Algunos seguro argumentarán que el exceso de gastos y la disminución de ingresos se debe a la pandemia, lo cual no es falso. Sin embargo, otros países han pasado por lo mismo y no han llegado al impago de los empleados del Estado. La decisión de emprender obras millonarias con fines publicitarios, haber contrapuesto maniqueamente la salud a la economía, exacerbar el conflicto entre los poderes del Estado y gastar a manos llenas sin tener ningún plan de gobierno está metiendo al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Haya o no verdad en la razón esgrimida por el Ejecutivo para echar adelante su nueva polémica, El Salvador se hunde entre memes y aplausos de barras bravas.

Cuando uno está enfermo difícilmente puede hacer la guerra. Pero lo que es evidente para el individuo no es tan claro en las relaciones sociales. El Salvador está enfrentando una pandemia grave que no solo ha afectado la salud de muchos salvadoreños. Ha causado estragos también en la economía, el trabajo, el bienestar y la educación. En otras palabras, podríamos decir que El Salvador está realmente enfermo. En realidad, nunca había salido del todo de una etapa convaleciente, tras la grave enfermedad de la guerra civil y la incapacidad de superar la violencia social y estructural. Pero ahora se recrudece una nueva fase de tensión y de enfrentamiento social y político enfermizo, que aumenta el malestar. Estamos enfermos y nos hacemos la guerra. O más bien, la guerra sigue siendo nuestra enfermedad, aunque de momento, violencia estructural a parte, más inmersa en la virtualidad, aunque algunos griten que de lo virtual se pase a lo real. Nuestros políticos parecen más interesados en el insulto que en la salud, tanto ciudadana como del Estado. ¿Podremos desde el insulto y el grito labrar un futuro mejor? Hasta ahora lo que se conoce es todo lo contrario. Solamente cuando el grito agresivo desaparezca se iniciarán perspectivas de bienestar en el futuro. Frente a la cultura de paz, definida y propugnada por la ONU, en muchos aspectos apoyándose en amplias tradiciones religiosas mundiales, en nuestro país se ha preferido privilegiar una cultura de guerra, al menos virtual. El gobierno actual mantiene una especie de visión apocalíptica de la historia salvadoreña. Se ve el pasado como una suma absoluta de males y se presenta al nuevo liderazgo gubernamental como el destructor de la maldad del pasado y el iniciador de una nueva era de aspectos redentores y salvadores. El bien y el mal están en lucha frontal y absoluta, y todo el que manifiesta cualquier tipo de crítica que sea diferente de la gubernamental no es más que un aliado de los malos. Frente a la cultura de paz que privilegia la no violencia activa y rechaza todo tipo de violencia, se está imponiendo la agresión sicológica, la tergiversación y manipulación de la realidad, la mentira total o parcial como estrategia. En la cultura de paz, además de impulsar los valores de la generosidad creativa y el respeto al medio ambiente, se insiste en la necesidad de escuchar para comprender. La dinámica gubernamental parece más dedicada a insultar para imponer. La persecución y ataques al periodismo de investigación, el privilegio de la propaganda sobre la verdad, la incapacidad de planificar el futuro desde un diálogo inclusivo reflejan esta mentalidad apocalíptica simplona que ve como malignos enemigos a todos los que tienen una opinión divergente, por pequeña que sea. Enemigos malignamente aliados contra la verdad y el esplendor de un nuevo gobierno, caracterizado por el apoyo de una mayoría, supuestamente indestructible, aunque ya se perciban síntomas claros de decepción y cansancio incluso en sus propias filas. Violencia estructural y violencia cultural han sido desde la independencia problemas graves y nunca plenamente superados de El Salvador. La violencia física se manifestó brutalmente en varios momentos de nuestra historia, muchas veces unida a la violencia cultural. Las guerras de exterminio contra indígenas e incluso contra su cultura y su lengua, cuando estos reclamaban sus derechos, no fue solamente un problema de la conquista colonial. La masacre del 32 permanece como una herida histórica en nuestra patria al no ser nunca aceptada por el Estado como un verdadero delito de lesa humanidad. El machismo continúa como una expresión deleznable de la violencia cultural contra la mujer, fomentada todavía descaradamente por algunos individuos. Aunque la violencia física ha sido superada relativamente tras la guerra, hoy ha aumentado la violencia verbal. Este último tipo de violencia agrava siempre las otras violencias, especialmente la cultural y la estructural, porque estas últimas solo pueden vencerse a través de la escucha, el diálogo y la planificación económica y social derivada desde el análisis serio de los problemas. Quedarse casi exclusivamente en la apocalíptica violencia del lenguaje no lleva más que a acrecentar, en el mediano o largo plazo, las otras violencias. Y con ellas, al fracaso político, económico y social. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 16.

A partir de la Revolución Francesa se ha asumido, especialmente en Occidente, que las bases de la democracia se enmarcan en las tres palabras consagradas como lema revolucionario hace ya casi 250 años: libertad, igualdad y fraternidad. En El Salvador, para avanzar en democracia, es fundamental realizar un examen colectivo sobre el funcionamiento de los valores que subyacen a esas tres palabras. Es esta una tarea pendiente en muchos aspectos, porque en general los políticos y gobernantes han optado por la búsqueda de poder antes que por la ética. Habiendo entrado ya en el tiempo preparatorio para el 200.° aniversario de la independencia patria, sería oportuno abrir debates sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad en el país, y así diagnosticar la salud de nuestra democracia. La libertad es el valor en el que más se ha insistido en el país desde la independencia. Sin embargo, la tendencia ha sido a privilegiar una libertad individual e individualista que al final beneficia al más fuerte ante la ausencia o debilidad de las instituciones estatales. Ocupados en las tareas de subsistencia, los salvadoreños más pobres y desfavorecidos quedan desprotegidos a la hora de desarrollar sus propias capacidades, y así es muy difícil disfrutar de las posibilidades que la libertad ofrece. Algunas libertades concretas, como la de religión, libre asentamiento de domicilio, libertad de expresión y de prensa han sido con frecuencia perjudicadas y dañadas por quienes ejercen el poder, en parte a causa de conflictos internos políticos o sociales, pero también porque el poder desarrolla en su propia estructura la organización de grupos de delincuentes dedicados a combatir a los opositores. Frente a ello es indispensable abrir la libertad para todos, controlar el mal uso de la misma por los fuertes y garantizar el respeto del Estado a las libertades ciudadanas concretas. Por otra parte, la Constitución afirma que todos somos iguales ante la ley, pero la desigualdad campea y los poderosos tienden a verla como natural. La desigualdad en el campo del conocimiento, de los servicios estatales y del dinero hace que todos terminemos siendo desiguales ante la ley. Combatir la desigualdad desde un compromiso serio del Estado con el desarrollo de las capacidades humanas de toda la población resulta indispensable. Tanto en la libertad como en la igualdad hay graves déficits seculares que deben enfrentarse con mayor determinación. Si bien es cierto que durante el período colonial no había libertad en muchos campos y la desigualdad estaba consagrada por el sistema de castas, los 200 años de independencia deben recordarnos que es necesario caminar mucho mejor y más aprisa para la vigencia de estos valores. Y finalmente la fraternidad. Aunque a lo largo de la historia el pueblo salvadoreño ha dado profundas pruebas de fraternidad en circunstancias difíciles, el Estado y una buena parte del liderazgo social y político tienen en este campo unas pésimas credenciales. Basta recordar las numerosas masacres de la guerra civil y la incapacidad de los diversos Gobiernos de hacer justicia. Cualquiera que sea el contenido que hoy le demos a la fraternidad, sea solidaridad, amistad social, benevolencia o tolerancia, el déficit es grave. Además, si en la dinámica política se impone el insulto y la agresión verbal como forma de relación, la cultura de la fraternidad sufre un verdadero descalabro. No es este el único momento en la historia en que se insulta sin piedad, pero dado el sufrimiento de tanta gente a raíz de la pandemia, debería primar un diálogo permanente y cordial. Ello sería bueno para la democracia, para la recuperación y el desarrollo, y para ofrecer un mejor horizonte a las nuevas generaciones.

José Saramago decía que si había que darle un título al tiempo actual, ninguno calzaba mejor que “la época de la mentira”; una mentira, decía, que se impone masivamente en la mente de las personas gracias a la gran industria de la comunicación y la cultura. Y no se equivocaba: las mentiras se usan a diario como estrategia política, repitiéndose con descaro. Sin embargo, construir sobre mentiras es hacer castillos de arena. Sin duda, puede ser más impactante y espectacular el hacer desde la falsedad, pero cuando la verdad resplandece, las máscaras se caen. En los últimos días, tres de los pilares con los que el Gobierno construyó su discurso han colapsado o están tambaleándose. El primero, que la drástica reducción de homicidios se debe al Plan de Control Territorial. Este pilar se fue socavando poco a poco. En parte porque del Plan no se sabe nada y en parte porque las pandillas pasaron de ser el enemigo número uno a desaparecer en el contexto de la pandemia. Muy pronto, diversos expertos en el fenómeno alertaron de la posibilidad de que existiera un nuevo pacto gubernamental con las pandillas para reducir los homicidios. Un reportaje de El Faro, con documentos oficiales como prueba, lo confirmó. La credibilidad de la investigación trascendió las fronteras, mientras los esfuerzos por mantener la mentira no ha tenido éxito fuera de los más ciegos seguidores del presidente. El segundo pilar, que este Gobierno “no ha recibido ni un centavo partido por la mitad” de parte de la Asamblea Legislativa. Este discurso también contrastaba con la realidad y con las denuncias de numerosas irregularidades en el uso de los recursos. La mentira se desmontó cuando el hoy expresidente del Banco Central de Reserva afirmó en la Asamblea que más de 3 mil millones de dólares han ingresado al erario público en concepto de deuda y donaciones. Y por decir la verdad, el funcionario fue castigado. En tercer lugar, la negativa del Ministerio de Defensa a abrir los archivos sobre la masacre en El Mozote mostró la falsedad del discurso presidencial a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La negativa militar a obedecer una orden judicial, además, echó abajo la narrativa de una nueva Fuerza Armada. Este esfuerzo en pro de la impunidad y de la defensa de los verdugos hermana a Bukele con aquellos a los que él llama “los mismos de siempre”. Tanto se han tambaleado estos pilares que el mandatario impuso una cadena nacional para atrincherarse en sus mentiras, recurriendo a su ya distintivo estilo confrontativo y tóxico. Tanta es su desesperación que hizo los arreglos necesarios para que tres medios de comunicación le formularan preguntas acordadas de antemano, de modo que él pudiera contestarlas exhibiendo videos. En la noche del 24 de septiembre, el presidente alcanzó un nuevo hito en su triste carrera hacia la ignominia. Nayib Bukele se equivoca al pensar que denigrando personas e instituciones logrará ocultar la verdad. El que miente todo el tiempo termina ahogándose en sus propios embustes. Y al parecer, ese será el único legado de quien prometió renovar la política: insultos, mentiras y decepciones.

Al mismo tiempo que celebramos la independencia de Centroamérica han aparecido noticias sobre una posible reforma de la Constitución salvadoreña, la ley fundamental que rige la convivencia entre todas las personas que viven en El Salvador y que por tanto debe ser trasparente y adecuadamente conocida por todos. Conocida no sólo en sus artículos, sino especialmente en los valores que los sustentan. Y en esto encontramos ya un problema. Los valores y conceptos de fondo que sustentan la Constitución salvadoreña son poco conocidos incluso por algunos políticos de diversos partidos. Que el Estado esté al servicio de la persona humana, y por supuesto de toda persona que habita en El Salvador no ha sido entendido por demasiados políticos: si lo entendieran, hubieran luchado con mucho mayor denuedo contra la pobreza, todavía demasiado extendida en nuestro país. Los conceptos de justicia social, bien común, bienestar que aparecen en los primeros artículos, tampoco han tenido mayor impacto en el liderazgo político o económico que ha ido marcando el rumbo del país. Nuestra propia gente se ha acostumbrado a tratar de salir adelante a partir de la iniciativa individual, porque del Estado se espera muy poco, a pesar de los bellos conceptos constitucionales. ¿Debe ser esto así? De ninguna manera. La iniciativa personal y privada es importante, pero el Estado debe aportar siempre los medios para que las personas desarrollen al máximo sus propias capacidades. Cuando se redactó la primera Constitución de la Centroamérica independiente, el mundo universitario puso los primeros cimientos de los valores que deben regir una Constitución. El sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la guatemalteca Universidad de San Carlos y diputado de la Asamblea Constituyente, presentó la propuesta de la abolición de la esclavitud basándola en la igual dignidad de la persona humana. Este sentido socialmente responsable se fue abandonando después, en favor de un liberalismo demasiado dependiente de las nuevas élites económicas que propugnaban internamente, en la práctica, un desarrollo desigual. En El Salvador se puede decir que volvió a recuperarse el sentido social a partir de la constitución de 1950, que recogió muchos aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la larga tradición de desprecio de los pobres, mantuvo en la práctica una situación de profundas e injustas desigualdades. Se impuso así la tendencia a dejar como papel mojado los textos y los mecanismos que conducen a la concreción de la igual dignidad de la persona humana y al apoyo del desarrollo de sus capacidades. Ahora se habla de hacer reformas constitucionales. Está bien, pero tal vez es importante primero reformar la conciencia ciudadana de lo que es una constitución. Aunque la Constitución actual reconoce el derecho a indemnización por retardo judicial desde hace 37 años, por poner un ejemplo, ni los abogados que redactaron estos artículos, ni los diputados que juran ser fieles a la Constitución, ni el Ejecutivo con su capacidad de propuesta de ley, se atrevieron a impulsar una legislación secundaria que hiciera efectivo el texto constitucional. Y el retardo judicial continúa endémico, y no precisamente al servicio de la persona humana. Tener un sistema público único y universal de salud no cabe todavía en la mente de nuestro liderazgo político, a pesar de ser lo más coherente con la justicia social que defiende la Constitución. Está bien hacerle reformas a la Constitución en algunos aspectos, pero antes tiene que ponerse de acuerdo la ciudadanía en algo tan sencillo como el bien común, que tantas veces invocamos, y probablemente seguiremos invocando, dada la escasez de vocabulario en el léxico político. Entender el bien común como el cumplimiento pleno de derechos tanto civiles y políticos, como económicos y sociales, no parece que quepa en la cabeza de algunos diputados presentes y futuros. Por eso, aunque el desarrollo técnico de algunas reformas constitucionales se realice en privado, la discusión pública y ciudadana es indispensable para que la Constitución no siga siendo un juguete de papel y la Independencia sea algo más que el lujo privado de los poderosos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La conexión casi natural entre política y mentira es milenaria. Sin espacio para realizar una reseña de la laberíntica relación entre ambas nociones, podemos afirmar que en nuestros días vivimos una nueva metamorfosis de la utilización de la mentira con propósitos políticos diversos (por ejemplo, desacreditar al opositor, inflar un presunto logro de gobierno, manipular la opinión pública, etcétera); maquillada dichas mentiras, eso sí, como verdades auténticas e inobjetables. Es a lo que llamamos posverdad o verdades alternativas. Muchos de nuestros actuales gobernantes en el poder imprimen este sello característico a su gestión. Nuevamente, de Donald Trump a Nayib Bukele, pasando por el mexicano Andrés Manuel López Obrador podemos citarlos como ejemplos extremos y cercanos de la perversa relación que en la actualidad se establece entre posverdad y política en nuestros países. Sustentaré esta afirmación haciendo una breve referencia a viñetas periodísticas recientes. Hace un par de semanas, el rector de la UCA, Andreu Oliva, afirmó: "La mentira es una estrategia del Gobierno actual para hacer creer a la población cosas que no son verdad, eso ha sido en múltiples niveles", (La Prensa Gráfica, 25 de agosto, 2020, edición digital). Otro ejemplo es el del gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador quien gobierna haciendo ostentación de un excesivo, aunque sin duda eficaz, ejercicio diario de comunicación. Es un estilo de comunicación que dice mucho y hace poco, pero sobre todo muchísimo de lo que ahí se afirma son, en efecto, dichos sin comprobación posible, medias verdades o claramente mentiras duras y burdas. “Según SPIN, Taller de comunicación política, hasta el 15 de julio, en 409 (conferencias) mañaneras realizadas a esa fecha, había hecho 4 mil 827 promesas, 2 mil 598 compromisos y 20 mil 715 afirmaciones incomprobables. Además, había pronunciado mil 563 mentiras” (Guillermo Valdés Castellanos, “La evasión”, 2 de septiembre de 2020, Milenio Diario, edición digital). Respecto a Donald Trump, existen montañas de ejemplos de la utilización artera de mentiras para apuntalar su abusiva, y con frecuencia ilegal, forma de gobernar. Ahora bien, ¿Cómo se puede definir este fenómeno de la posverdad? ¿Cómo se relaciona con el otro fenómeno de las noticias falsas o fake news? ¿Cuáles son sus rasgos característicos en el contexto del desarrollo tecnológico del presente? Empezaré por la definición. Según el Diccionario de Oxford, se entiende por posverdad lo “relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales” (https://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/artículo/1479308638_931299.html). De acuerdo con esta definición, la posverdad es un fenómeno de la actualidad política que se caracteriza por imponer estrategias argumentativas en el debate político basadas en el principio de que lo importante no es la verdad de los hechos o argumentos en disputa, sino simplemente ganar la discusión entre adversarios. Es decir, la verdad ha perdido importancia a tal grado que ya no constituye el ideal central del debate, sino que ha sido orillada a un lugar carente de relevancia e importancia. Por supuesto, una noticia falsa es eso, una afirmación que, aunque se presente como verdadera, es evidente y ostensiblemente una mentira. Sin embargo, se convierte en una posverdad cuando se le acepta como una verdad efectiva pues concuerda con los valores y emociones de quién la valida como tal. Volveré en el siguiente párrafo sobre la importancia de reivindicar las emociones frente a la razón argumentativa al exponer los aspectos novedosos sobre la posverdad. Antes haré una breve recapitulación de lo antiguo y permanente de este fenómeno político. A través de las distintas épocas de la historia de la humanidad puede sostenerse que siempre hemos vivido rodeados de mentiras en el ámbito de la política (aunque no solo en este ámbito). Los actos de propaganda y desinformación no son nada nuevo. Siempre ha habido justificaciones para mentir en nombre de una verdad o causa superior. Pensemos como en el siglo XIX cada nación fue creando su propia mitología nacional u otros casos extremos y ahora ya bien conocidos y documentados, como la aplicación de los principios de la propaganda nazi o el funcionamiento de la maquinaria de propaganda soviética. Ni qué decir que no podemos obviar el desarrollo complejo y espectacular de la publicidad comercial, tan eficaz para seducirnos y persuadirnos a consumir a partir de, en efecto, noticias falsas y atractivas ficciones narrativas que integramos en nuestro ser, sin dejo de crítica alguna. Un dato que debemos aceptar, en consecuencia, es que las historias falsas que nos inundan tienen una ventaja intrínseca frente a la verdad cuando se trata de unir a las personas, especialmente en contextos de grandes problemas o desafíos sociales. Entonces, ¿Qué es lo novedoso de la posverdad? Ya se ha dicho. La capaci

Para el presidente Bukele, el ministro de defensa actual es el mejor que ha tenido el país. La Asamblea Legislativa pide su destitución y promete enviar copia de su posición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. El vicepresidente de la República quiere hacer cambios en la Constitución relativos a los derechos políticos y civiles. Algunos sectores se oponen a ello presuponiendo una maniobra para aumentar el autoritarismo. Buen parte de la discusión se entabla entre quienes manejan la política desde sus propios intereses; los demás salvadoreños quedan al margen, o se les trata de convencer a través de propaganda de que se hagan partidarios y votantes de unos u otros. ¿Son debates hipócritas? La realidad de la gran mayoría, pobre o vulnerable, va por un lado y el de la minoría que maneja y gestiona el mundo de la política va por otro. La verdad es que no ha habido ningún buen ministro de defensa en los últimos 50 años. Todos fueron militares militaristas, autoritarios, encubridores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La necesidad de un ministro de defensa civil y civilista es de suma importancia, pero eso parece no preocupar ni al Gobierno ni a la Asamblea Legislativa, mucho menos a los “prohombres” que analizan los cambios constitucionales. La pugna más bien consiste en ver quién puede poner de su parte a la Fuerza Armada como peso político, a pesar de que la Constitución dice que es una fuerza apolítica. Por otra parte, los cambios constitucionales de los que habla el vicepresidente se refieren mayoritariamente a los mecanismos que controlan los derechos civiles y políticos, dejando de lado los derechos económicos y sociales. De nuevo, la pugna es sobre aquellos aspectos que son de interés para la minoría de la población que tiene acceso o incidencia real en la política. Los derechos económicos y sociales no les interesan o los ven como algo secundario, importantes solo cuando les reporta beneficios. La gran mayoría queda al margen de la discusión y sujeta a ser manipulada por el sector de quienes viven bien y desean mantener el desarrollo desigual e injusto que caracteriza a El Salvador. Ahora los diputados acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando esta recomendó en el año 2000 reabrir los casos de monseñor Romero y de la masacre en la UCA, un buen número de ellos aplaudieron al entonces presidente de la República, que declaró que no seguiría las recomendaciones de la Comisión mientras se embolsaba dinero de Taiwán para beneficio de su partido. Cuando los defendidos por la Comisión o por el Alto Comisionado son reos, los diputados se vuelven sordos. En esto están unidos con Nayib Bukele y sus funcionarios. Al fin de cuentas, todos ellos pertenecen al sector privilegiado del país. Los grandes problemas nacionales (desigualdad, bajos salarios, economía informal, poca eficiencia del Estado en la gestión de los derechos económicos y sociales) no se abordan más que en la propaganda y en discursos demagógicos. Se insiste, por ejemplo, en que la gente se lave las manos en este tiempo de pandemia, pero más de la mitad de los hogares no tiene servicio continuo de agua para consumo y saneamiento. Se recetan recomendaciones de un mundo civilizado e ilustrado como si todos pudieran cumplirlas. No faltan quienes dicen que, al menos de momento, hay lluvia suficiente para que quienes no tienen agua la recojan de sus techos. Así, el cinismo se suma a la hipocresía. La hipocresía proviene de una palabra griega que literalmente alude a lo que está por debajo, oculto, en decisiones y juicios. Los griegos la referían a la representación de un papel teatral, tal como acá funciona la política: una forma de hacer teatro. Con el agravante de que se hace teatro en favor de intereses particulares. El interés general no aparece más que en declaraciones generales, pero sin ánimo real de serle fiel. Mientras las élites políticas, económicas y sociales de El Salvador no se liberen de su hipocresía y miren con mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, muchos de sus debates serán estériles y el país seguirá cargando con su injusticia, su violencia y el desamparo de los pobres y vulnerables.

El silenciamiento de la memoria y las tentaciones autoritarias La memoria, los estudios sobre memoria, las políticas de memoria son uno de esos campos apenas conocidos por algunos especialistas, militantes y familiares que han decidido dedicar su vida y su militancia a un tema ausente. Se habla poco. Se actúa menos. Casi todas las instituciones sociales y políticas de El Salvador tienen una deuda enorme con la memoria. Algunos dicen que la memoria se diferencia de la historia, porque esta última se basa en la narración de hechos, mientras que la primera trabaja con los recuerdos. Y los recuerdos no son fiables. Se construyen desde los afectos y estos pueden desordenarnos nuestro sentido de la realidad. Por eso, quizá, muchos le han temido a la memoria y desde 1992 decidieron desterrarla de las apuestas necesarias en la fundación del país de la postguerra. La memoria se limitó a unos cuantos monumentos tangibles, en general impulsados por la sociedad civil, lugares de memoria que convoquen, pero de manera discreta. Que reivindiquen sin ruido. Pequeños altares dispuestos para el ritual, pero dispersos en un territorio sin mapas de memoria. La memoria tampoco ha tenido un lugar central en el currículo educativo nacional, en los debates de la política, o en los productos culturales, salvo algunas excepciones como en el cine más reciente de directores como Julio López (con La batalla del volcán) y Marcela Zamora (con Los ofendidos). Esta semana, El Salvador volvió a ser noticia internacional por un acontecimiento vinculado directamente a la memoria. El juicio del coronel Inocente Montano terminó en 133 años y cuatro meses de cárcel por su participación en el asesinato de seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Este juicio inédito y celebrado en España debería implicar una reflexión importante para el país. Lo que debe ponerse en discusión es la fragilidad institucional, el papel de la fuerza armada y los usos discrecionales de la violencia que permitieron una acción tan lamentable. Como señaló el comunicado de nuestra universidad, "Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacia el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la Universidad: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón". Cuando no hay lugar para la memoria, los proyectos autoritarios pueden fácilmente instalarse. Se puede tener la ilusión que ahora es otra fuerza armada, así sea una institución cuyos representantes insisten en señalar que no se rigen por la Constitución sino por su comandante en jefe y que esto justifica sus acciones. Si no somos capaces de recordar el pasado este puede repetirse. También se puede crear la ilusión que toda la nación se está refundando por un liderazgo, cuando en realidad lo único que se está consiguiendo es construir una narrativa de país y de nación que tiene como base en el olvido. Los filósofos del siglo XX nombraron este tipo de olvido con varios nombres: reificación, alienación, fantasmagoría. El pensamiento del siglo pasado siempre se encontró preocupado ante la ligereza que podía borrar con un gesto ingenuo las lecciones que la humanidad no debía olvidar. Si cedemos a la tentación del olvido, construimos una sociedad con el centro por fuera, enajenada, que transita entonces de la esperanza a la locura. El presidente pudo usar esta semana su liderazgo para reconocer y visibilizar los procesos de memoria que dan paso a la práctica de la justicia y el perdón. En lugar de eso, prefirió instrumentalizar el fallo histórico al coronel Montano para su vendettas electorales. El ejecutivo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de desmilitarizar nuestra sociedad y hacer honor a los acuerdos de paz que refundaron nuestro país luego de una larguísima herida de la que no hemos terminado de sanar. Pero ha preferido recordar que esa institución que ha sido reconocida internacionalmente por sus graves violaciones a los derechos humanos es “la institución llena de héroes”. Este mandatario salvadoreño actual ha sido el mismo que decidió que como sociedad mantendríamos la práctica de negociar con las pandillas por debajo de la mesa y sin contraloría social. Y que cuando cualquier institución le señale sus errores debe ser perseguida, ignorada, silenciada con la mayor rapidez. No es esta una práctica nueva. Más bien, en todo caso, es, como nos dice el evangelio, “vino nuevo en odres viejos”. No existe en este momento una acción más revolucionaria que la memoria. Y un gesto más digno para celebrar nuestro 199 aniversario de independencia que el de cuestionar al poder, hacerle contraloría e insistir que todo su aparato debe estar al servicio de toda la sociedad. Solo así nos libraremos de las tentaciones autoritarias que, como en cada época electoral, parecen rondar las propuestas de nuestro

El discurso presidencial del 15 de septiembre tiene mucho de discurso del 1 de junio, uno que Bukele no pronunció este año. Enlista algunos logros y muchos proyectos, los mismos de la campaña electoral. Y como ya es usual, sus enemigos, ahora llamados “poderes invisibles” y “amenaza interna”, están muy presentes. No puede ser de otra manera, porque la identidad presidencial de Bukele se nutre de ellos. Pretende no ser lo que ellos han sido y son, sino todo lo contrario. Un discurso negativo y a la defensiva. Hasta no alcanzar el poder total en las elecciones de febrero próximo, esos poderes ocultos son su némesis. Ellos explican sus retrasos y fracasos. Aparte de concluir su discurso con la clásica invocación de la bendición divina de los presidentes estadounidenses, Bukele imita a Trump. Según su discurso —en la misma línea que el del mandatario estadounidense—, nadie lo iguala en genialidad y grandeza; sus obras y promesas son incomparablemente excelsas; al país lo aguarda un “grandioso destino” con él al frente. De ahí que equipare los hechos del 15 de septiembre de 1821 con “la gesta del pueblo” del 4 de febrero de 2019, cuando “los salvadoreños luchamos por nuestra independencia y convertimos el miedo en esperanza” al darle el triunfo presidencial. Sin embargo, esa independencia no está consumada. Aguarda el “veredicto final” de febrero próximo, cuando “cumplimos 200 años de independencia”. Entonces, “los poderes de siempre”, la amenaza interna, serán derrotados definitivamente. La independencia, según Bukele, consiste en que, bajo su mando, el país “ha comenzado a girar en la dirección correcta”. Sus obras son increíbles, afirma. Ha renovado la red hospitalaria y construido un hospital, dice, rellena cárcavas y lleva a cabo obras de mitigación, construye dos baipases y ha reducido drásticamente la inseguridad, un descenso que “nunca nadie lo imaginó”. Construirá una Surf City, carreteras de primer mundo, un viaducto y varios campos universitarios; remodelará la terminal de pasajeros y de carga del aeropuerto; reactivará la agricultura y la zona oriental, incluidos el puerto, el ferri, otro aeropuerto y el tren del Pacífico; recuperará la red de escuelas y la escuela de agricultura; relanzará la orquesta sinfónica y el ballet nacional. Finalmente, “¿quién iba a decir que El Salvador es un referente” en salud pública para la región y el continente? Ningún país del mundo ha observado las medidas sanitarias como él. Esta clase de construcción ideológica suele tener fisuras. La exaltación de la singularidad patriótica es contradictoria. Los poderes invisibles son reales. Es sabido que los grandes capitales han puesto al Estado al servicio de sus intereses. Pero entre ellos se encuentra el grupo familiar del presidente y otros grupos que, aunque los considera amigos, no han renunciado a engrosar sus ya abultados capitales al amparo estatal. La cuidada selectividad con la que proceden las investigaciones de la corrupción no es casual. No se puede olvidar que uno de los instrumentos más eficaces de la oligarquía ha sido la Fuerza Armada, la misma que Bukele colocó delante de su podio y a la que saludó como heroica. El Ejército sostuvo represivamente el régimen oligárquico, fue a la guerra por él y cometió innumerables crímenes de lesa humanidad en su nombre. Es la misma Fuerza Armada condenada en España por crímenes de guerra y la misma que se encuentra sentada ante el juez de El Mozote. Tampoco se puede olvidar que, no hace mucho, Casa Presidencial no solo arremetió contra la indisciplina ciudadana, sino que la esgrimió como argumento para exigir la prolongación del estado de emergencia. Y las sombras desde las cuales han operado los grandes capitales no se disipan; al contrario, el Gobierno de Bukele las vuelve todavía más densas por las mismas razones. El presidente se cura en salud. Consciente de las contradicciones, adelanta que en quince meses “hemos comenzado a cambiar nuestra forma de pensar”. Aquellos que se atreven a opinar que sus proyectos son fantasiosos “no pueden estar más equivocados, este país está cambiando porque es una nación de héroes”. La retórica de la heroicidad alimenta el sentimiento patriótico, oculta las incoherencias y confirma las expectativas en el Gobierno de Bukele, pero no reduce la deuda nacional. Ningún acreedor aceptará como pago la heroicidad del pueblo salvadoreño. En la lista de obras extraordinarias, el presidente no incluye la amortización de la deuda. Si el Estado tiene cada vez menos crédito internacional y disponibilidad para el gasto ordinario, menos tendrá para invertir en los grandes proyectos presidenciales. El optimismo del discurso presidencial es engañoso. Juega con el sentimiento nacional, mientras promete un “feliz porvenir”, en un escenario ocupado por el Ejército. Un espectáculo acorde con su deriva autoritaria. Sin embargo, en una cosa no le falta razón: la independencia es un proceso abierto y falta mucho por hacer… * Rodolfo Cardenal, director del Cen

Los simples desmentidos, acompañados de visitas a las cárceles, no invalidan la información de El Faro sobre la negociación de altos funcionarios de Bukele con una de las pandillas más poderosas. No se trata de cuestiones opinables, sino de hechos registrados. La documentación es abrumadora e incontrovertible, y no puede desestimarse como “ridícula” y “falsa”. Los funcionarios negociaron la disminución de homicidios y el acopio de votos a cambio de buen trato penitenciario y la promesa de beneficios no especificados si el partido oficial gana las elecciones de febrero. La supuesta invalidez judicial de la documentación, alegada por uno de los funcionarios, no desvanece los hechos. El embajador de Estados Unidos acepta implícitamente la existencia de la negociación. Y agrega, pragmáticamente, que lo importante es la reducción de los homicidios. Más aún, el diplomático aprovecha la ocasión para señalar que Washington ha contribuido a dicho descenso. Todo ello a pesar de que las pandillas figuran en su lista de organizaciones terroristas. Negociar homicidios y votos por dinero y privilegios con las pandillas no es nuevo. El mismo Bukele negoció con ellas en la alcaldía de la capital. Los actores son los mismos: funcionarios y políticos impotentes para contrarrestar su poder. Lo negociado tampoco ha cambiado. Las descalifican como terroristas y dicen aborrecer pactar con ellas, pero eso no ha sido impedimento para volver a las andadas. Los hechos muestran que la negociación es inevitable, porque el poder detentado por las pandillas es superior al del Estado. Las capturas masivas y las decenas de miles de detenidos no las han debilitado. A pesar del Plan de Control Territorial, su presencia eficaz en los sectores populares en estos meses de pandemia es indiscutible. Las pandillas suben y bajan la tasa de homicidios a su antojo —esta es incluso menor en los municipios sin Plan de Control Territorial—. La revelación de El Faro ha puesto en aprietos a Casa Presidencial. No solo “Arena y el FMLN son una basura”, pues no solo ellos “negociaron con la sangre de nuestro pueblo”. Mientras el tuit presidencial los maldecía “mil veces”, altos funcionarios del Gobierno actual, acompañados de encapuchados, ingresaban en las cárceles sin identificarse ni pasar por los controles de seguridad para negociar con los líderes detenidos. Esta negociación demuestra, una vez más, que el fenómeno de las pandillas es tan extenso y está tan arraigado en la estructura social que solo queda dialogar y negociar acuerdos. Los empecinados en la represión violenta se resisten a aceptar que las pandillas detentan un poder militar, político y económico superior al del Estado. El embajador estadounidense, más práctico, así lo reconoce, al destacar que lo importante no es el cómo, sino la disminución de los homicidios. Aceptada la inevitabilidad de la negociación, lo que cabe es plantear con claridad sus términos y sus objetivos. El diálogo y la negociación deben ser abiertos, así como lo fueron los que condujeron al final de la guerra, y deben evitar que el Estado se convierta en rehén de las pandillas. La agenda de negociación debe abordar el desarme de estas, su integración pacífica en la sociedad y las fuentes económicas, sociales y políticas que alimentan la violencia social. En un segundo momento es menester dilucidar las responsabilidades penales y civiles, así como también la superación de los agravios personales en orden a la reconciliación comunitaria. Aparentemente, el Estado tiene la ventaja de ser más eficaz que las pandillas en estas materias. Hasta ahora, ninguna negociación ha buscado entendimientos para salvaguardar el bienestar general, sino perniciosos intereses particulares. Precisamente por eso, todas han sido clandestinas. La Casa Presidencial de Bukele, al igual que antes las de Arena y del FMLN, solo está interesada en reducir los homicidios como muestra de eficacia y para obtener votos. Un objetivo oportunista y muy parcial. Además de los homicidios, la población sufre la extorsión y el desplazamiento forzado. No todo está perdido, Casa Presidencial puede transformar su vergüenza y la humillación en una oportunidad si el bien general de mediano y largo plazo prevalece sobre el interés particular y partidista de corto plazo. Orientar la negociación hacia el bien común requiere de mucha audacia. Con todo, el momento parece propicio. Por un lado, el presidente Bukele dice gozar de un elevado índice de popularidad. Por otro lado, las pandillas han reducido los homicidios y han colaborado con las autoridades en el control de la pandemia. Si Bukele tuviera voluntad política y valor, podría cambiar el rumbo de la negociación, conseguir la colaboración de las comunidades y vencer la resistencia de los intransigentes. Un presidente que tiende a sorprender con sus atrevimientos no debiera tener reparos para aprovechar su posición única y negociar con las pandillas la pacificación y la convivencia social. La efeméride de septiembre

El 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, conmemora también la fiesta de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por su evangélica defensa de víctimas de graves abusos y empobrecidos. La Asamblea General de la ONU declaró el día de su muerte como día internacional porque Romero, un convertido al prójimo oprimido, puso la verdad de los pobres y de las víctimas por encima de cualquier compromiso o presión. Muchos años después de su muerte, la verdad que predicó este obispo, se va abriendo paso con dificultad en El Salvador. La sentencia que la Audiencia Nacional de España ha dado ante uno de los acusados de ser autor intelectual del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras, es un paso más, solidariamente trabajado, para acceder a la verdad. Que los militares salvadoreños, dirigidos desde el Estado Mayor del Ejército, habían sido los ejecutores del crimen lo sabíamos desde el primer momento. Las propias circunstancias y testigos visuales nos lo dijeron ya de madrugada el mismo día de los hechos. Los nombres de los ejecutores tardamos casi dos meses en conocerlos. Se llevaron a juicio gracias a una fuerte presión internacional. De los acusados como autores intelectuales, el coronel Montano es el primero en ser condenado, casi 31 años después de la masacre. Acceder a la verdad de los delitos cometidos desde el poder cuesta en todos los países. Pero en nuestros países en vías de desarrollo cuesta mucho más. La verdad se manipula, se negocia, se encubre o se usa políticamente en beneficio de intereses ajenos a la misma verdad. Por eso son indispensables personas como Mons. Romero o como los mismos jesuitas, asesinados también por defender la verdad de los pobres. Y por eso mismo la solidaridad con ellos es un acto de humanidad básico para la convivencia fraterna. Los antiguos Padres de la Iglesia solían decir que “la Verdad está desnuda”, refiriéndose a Cristo clavado en la cruz. Esa misma verdad continúa desnuda, con demasiada poca ropa y protección, en los pobres de este mundo, y en todos los que se identifican con los pobres. Los jesuitas se unieron en su muerte a los más pobres y víctimas de este mundo, quedando tan destrozados como ellos, y generando en muchas partes indignación, solidaridad y deseo de justicia. Precisamente porque su verdad no tenía más intereses que servir a las víctimas de una guerra civil enloquecida y devolverles su dignidad, muy pronto, además de indignación, generaron en muchos de nosotros un espíritu festivo de alegría. Ellos son ya parte de la dimensión más profunda de la humanidad y así los festejamos muchos, año con año. El juicio en España es un paso más en esa lucha sin más armas que la palabra, que trata de establecer la dignidad humana como elemento fundamental de nuestro querer, sentir y actuar. La verdad judicial debe siempre hacer justicia a la víctima y refrendar su verdad. El castigo es siempre secundario, manejable incluso desde la misericordia, y hay que verlo como una más de las garantías de no repetición de hechos inhumanos. Pero la verdad de las víctimas y de todos los empobrecidos del mundo, la verdad de quienes luchan en favor de la dignidad humana, es siempre la tarea moral de la justicia en el campo de la democracia. Don Quijote decía que “puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido”. Agradecer hoy a quienes han trabajado y luchado en el caso de los jesuitas por la verdad y la justicia, es deber también de humanidad. Pero es necesario recordar al mismo tiempo que la lucha por estos valores básicos de humanidad no ha terminado. En El Salvador está abierto el caso contra el resto de los que creemos autores intelectuales. Está avanzando el caso judicial referido a la masacre de El Mozote, la más grande de América Latina en el siglo XX, donde fueron asesinados en torno a mil campesinos, muchos de ellos mujeres, ancianos y niños. No cerrar los ojos a la propia carne continúa siendo una labor indispensable en la construcción de un mundo más humano. Desde España o desde El Salvador, desde los países ricos o los pobres, la tarea continúa como una labor común. Si el caso jesuitas, con su victoria parcial en España, logra unirnos más en defensa de una dignidad humana muchas veces aplastada y desnuda, podremos afirmar con alegría que la justicia está dando sus frutos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Iglesia e independencia José M. Tojeira El 15 de septiembre se celebra la Independencia de Centroamérica y, por supuesto, la nuestra. Nuestras posteriores divisiones e incluso guerras nos han hecho olvidar, con frecuencia, la fuerte corriente humanista y religiosa que inundó aquellos años de construcción de la independencia. Centroamérica tenía un clero ilustrado, estudioso e inquieto que estuvo no solo en el corazón de los movimientos independentistas, sino también en la generación de un humanismo cristiano de mucha hondura. Es impactante releer hoy el discurso en el que proponía la abolición de la esclavitud el sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la Universidad San Carlos de Guatemala y diputado de la Asamblea Constituyente de Centroamérica. Nuestros países, mucho antes que otras naciones que ahora calificamos del primer mundo, liberaron a los esclavos desde la conciencia de la igual dignidad de todos los seres humanos. Como en muchos procesos independentistas, nuestros países heredaron dependencias económicas y sociales. Y las élites políticas con frecuencia se plegaron a las dependencias del pasado, ocupadas por nuevos contratos y países, y no supieron aprovechar los valores iniciales de la independencia e incluso formas tradicionales, muy presentes en los pueblos indígenas que tenían un gran sentido comunitario y muy diversas formas de solidaridad social. Hoy, a punto de celebrar los 200 años de independencia (exactamente dentro de un año), debemos hacer un serio examen de conciencia sobre los valores que heredamos, su negación, que solo atraso nos ha traído, y su permanencia, manifestada en comunidades y personas. Muchos de los fundadores de la patria grande centroamericana, a la que debemos retornar en muchos aspectos, consideraban desde sus valores cristianos a la libertad, la cultura y el bienestar de personas y comunidades, como los grandes objetivos de la independencia. Ésta no era solamente un acto político, sino sobre todo un proyecto de realización común. Los intereses particulares nos dividieron y limitaron los ideales poniéndolos al servicio de grupos más reducidos. Hoy necesitamos volver a considerar El Salvador y la misma Centroamérica, como proyectos de realización común. Por supuesto en democracia y aceptando “la legítima pluralidad de opiniones discrepantes” de los diversos partidos políticos. Pero con una claridad enraizada en nuestros valores que no permite anteponer intereses particulares al bien común. Como miembros de una Iglesia seguidora del Señor corresponde sobre todo a los laicos impulsar, desde sus propias posiciones políticas, la integridad moral y la honestidad frente a las tendencias que con frecuencia nos llevan hacia la corrupción. La injusticia, el autoritarismo y la intolerancia, se oponen a los valores cristianos que tratan de construir la paz desde la fraternidad y la justicia social. El Concilio Vaticano II animaba y sigue animando a quienes entran en la política a consagrarse “con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política, al servicio de todos” (LG 75). Afortunadamente en Centroamérica, y en El Salvador en particular, siempre hemos tenido personas que en medio de problemáticas muy intensas, incluso en guerras civiles y conflictos armados, han sabido dar testimonio de valores cristianos. En El Salvador, desde una posición explícitamente cristiana, hemos tenido la gracia de contar con Mons. Romero, cuyo pensamiento político, enmarcado en el bien común y en la Doctrina Social de la Iglesia, no solamente tuvo un efecto reparador y resistente frente a la locura de la guerra y de la violación de derechos humanos, sino que ha merecido, por la hondura y calidad de su mensaje cristiano, que haya sido nominado para ser declarado como Doctor de la Iglesia. Un hombre santo que sigue diciéndonos hoy que la independencia, como esfuerzo de la libertad en favor de un proyecto de realización común fraterno, no puede construirse desde las idolatrías del dinero, del poder o de la organización. En demasiadas ocasiones cantamos a la independencia como libertad frente a una tiranía externa. Pero la libertad, para ser vivida humana y racionalmente, necesita ponerse al servicio de ideales que, en el campo político, necesariamente deben ser solidarios y llevar al bien común. Como cristianos y como ciudadanos, celebremos la independencia una vez más, hoy con menos desfiles, pero con ideales más potentes, que destierren la injusticia y las desigualdades ofensivas, y nos conduzcan hacia la fraternidad, la justicia y el bien común.

La reciente publicación de una investigación periodística sobre negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas pone, de nuevo, sobre el tapete de la discusión pública la necesidad del desempeño eficaz de las instituciones de control político. Eso que los especialistas denominan la rendición de cuentas horizontal. En esta ocasión la atención recae sobre la actuación de la Fiscalía General de la República pues, a esta le compete investigar si hay delito que perseguir y, si es el caso, ser la parte acusadora en los respectivos tribunales. Sin embargo, otras investigaciones periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación han señalado hacia otros funcionarios del Ejecutivo implicados en presuntos actos de corrupción. Además de la Fiscalía, otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental tienen facultades de control político institucional para los casos publicados. En otra clase de casos como las controversias que se suscitan en relación a la legalidad de los actos de la administración pública o procesos especiales de impugnación es la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tiene las facultades para ejercer el control. Por su parte, la Asamblea Legislativa también ha activado los mecanismos de control sobre el Ejecutivo que tiene a su disposición, por ejemplo, la Comisión de antejuicio, las Comisiones Especiales, la elección de funcionarios (magistrados de la Corte de Cuentas), la aprobación o desaprobación de los informes de labores presentados por funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones. De igual manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República también ha tenido que ejercer su función de control constitucional ante demandas de inconstitucionalidad presentadas desde la ciudadanía, así como la resolución de Amparos y el conocimiento y resolución de controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Adicionalmente, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han declarado estar dispuestos a controlar el respeto a la legislación electoral en materia de propaganda. Aunque las elecciones se llevarán a cabo hasta el 28 de febrero del próximo año, algunos partidos y candidatos ya han comenzado a promocionarse pese a que solo lo tienen permitido dos meses antes de las elecciones, para el caso de los diputados, y un mes antes para el caso de los concejos municipales. En este breve recuento de instituciones que tienen competencias constitucionales para ejercer el control político o rendición de cuentas horizontal hay que agregar, por supuesto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también fue activada por denuncias ciudadanas en el marco de la pandemia de covid-19. Por su parte, están pendientes los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de anteriores gobiernos. A todo el entramado institucional mencionado hay que agregar, finalmente, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la entidad de control político más reciente. Dado que la transparencia y la publicidad de los actos gubernamentales no forma parte de la cultura política salvadoreña, el IAIP ha tenido que enfrentar intentos por parte del Ejecutivo de controlarlo o neutralizarlo, desde su creación, o bien intentando modificar su reglamento, o bien nombrando comisionados sumisos. Los gobiernos municipales tampoco practican la cultura de la transparencia y, en su mayoría, se oponen a brindar información sensible a la ciudadanía que la solicita. No se niega que haya habido algún avance en esta materia en el país. Pero no se puede afirmar honradamente que la transparencia es una virtud de los gobernantes, funcionarios e instituciones públicas. Un requisito indispensable para poder llevar a cabo de manera eficaz la rendición de cuentas horizontal es la existencia de una adecuada producción y gestión de la información pública. Tanto por parte de las instituciones que se ven sometidas al control político institucional como por las instituciones responsables de llevarlo a cabo. La información pública también puede resultar crucial para el ejercicio de la rendición de cuentas vertical, es decir, aquella que lleva a cabo la ciudadanía sobre sus gobernantes. A los cuales tiene ocasión de premiar o castigar cada vez que hay elecciones. La información es un recurso de poder y el acceso a ella es una manera de empoderar a la ciudadanía. En parte, quizá por ello los que han de ser controlados no se preocupan por producir información de calidad sobre su gestión. O dicho de otra forma, en parte quizá por ello la información que recibe la ciudadanía por parte de sus gobernantes y funcionarios públicos es publicidad o propaganda. El control político horizontal no se agota en el control sobre el comportamiento de los gobernantes, funcionarios y empleados públicos. Así que la utilidad de la producc

En Abril, tras un grave repunte de homicidios acontecido durante varios días, el Presidente de la República dio órdenes por Twiter de que se aplicaran en las cárceles en las que estaba detenidos miembros de maras diciendo lo siguiente: no verán ni un rayo de sol ni tendrán entrada de aire natural; no tendrán ningún tipo de comunicación con el exterior; las celdas estarán selladas; estarán en aislamiento de forma indefinida; no podrán salir de sus celdas; no tendrán derecho a utilizar la tienda institucional y los miembros de maras, que estaban separados por grupo de pertenencia, estarían de nuevo mezclados. Inmediatamente el director general de Centros Penales dijo públicamente que estaba obedeciendo la orden e incluso publicó fotografías de personas clavando paneles que impedían la entrada de aire natural y acentuaban el aislamiento, así como fotografías humillantes de privados de libertad hacinados, sentados en el suelo, pegados unos con otros, semidesnudos. Las medidas, según la información de personas internadas en las cárceles designadas, se aplicaban a 16.000 privados de libertad, algunos de ellos todavía no sentenciados y por tanto, aunque acusados, inocentes mientras no fueran condenados. Ante esta situación, además de hacer una serie de críticas a las medidas implementadas, publicadas en la pg web del Idhuca y en otros medios, el Rector de la UCA y el Director del Idhuca, con el apoyo del Idhuca, presentaron un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional alegando que las medidas tenían un impacto directo en contra del derecho a la vida e integridad personal de las personas y que podían constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. El 8 de Julio de este año la Sala de lo Constitucional admitió el habeas corpus y dictó medidas cautelares en favor de los privados de libertad anulando las medidas especiales ordenadas por el Presidente y ejecutadas por el Director General de Centro Penales. Exigió a las autoridades demandadas que presenten su posible defensa frente a la acusación de actuar inconstitucionalmente, y les ordenó informar la situación de los favorecidos (los privados de libertad), al tiempo que nombra un juez ejecutor del habeas corpus. Ordena la aplicación inmediata de medidas cautelares en favor de los privados de libertad, suprimiendo el aislamiento absoluto, pide a la Presidencia y a la Dirección de Centros Penales que informen de cómo aplicarán las medidas cautelares y envía la resolución a los jueces de vigilancia penitenciaria. En este contexto, en los primeros días del mes de Septiembre y sin que tengamos de momento noticias del cumplimiento de las medidas cautelares o de la información que haya dado el juez ejecutor, se produce una especie de conmoción gubernamental ante la acusación del periódico digital El Faro de que el Gobierno actual ha tenido conversaciones y pactos con las maras. El Gobierno reaccionó rápidamente, centrándose especialmente en que la noticia dada por el medio digital mencionado afirmaba que en las conversaciones se había acordado separar de nuevo a los miembros de las diferentes maras. El Director General de Centros Penales convocó a una serie de periodistas para que le acompañaran a visitar tres centros penales. En su Twiter, así como en otros de instancias gubernamentales, se publicaban fotos de privados de libertad, siempre sin camiseta, para que se les vieran los tatuajes en el pecho o la espalda y se pudiera comprobar que todavía estaban mezclados los miembros de diferentes maras. A esas fotos acompañaban las fotos antiguas, humillantes y degradantes, que el Gobierno había exhibido anteriormente, cuando tomó las medidas especiales, con los privados de libertad. Varios de los twits publicados, especialmente por el Director General de Centros Penitenciarios, muestran un total irrespeto a la Sala de lo Constitucional y una franca desobediencia a la misma. En uno de esos mensajes, dirigido al Presidente de la República, se le dice: “hemos concluido el recorrido en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco III y Ciudad Barrios, donde medios nacionales e internacionales corroboraron que las medidas restrictivas en el sistema penitenciario se siguen ejecutando”. En otro de los twits se insiste en que “desde un inicio actuamos contundentemente contra los grupos terroristas, quitamos el control a los criminales, decretamos estados de emergencia, están incomunicados en las rejas y cumpliendo sus condenas. NO hay privilegios”. El mismo Director parece, según sus twits, considerar privilegios el tener un tiempo, aunque sea breve, de sol, o el recibir visitas. Frente a estas posiciones oficiales tenemos la Constitución de El Salvador que prohíbe los tratos crueles y degradantes. Y también la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, que en el artículo 5 consagra la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica y moral. En el apartado dos de este artículo insiste en que no se pueden aplicar “penas o tratos crue

El diálogo y las maras Dialogar y negociar son dos cosas distintas. Se dialoga para buscar la solución de problemas comunes. Se negocia para obtener beneficios. Negociar con criminales no es legítimo, aunque no falta quien lo haga. Dialogar es otra cosa. Cuando la situación social y económica de un país es fuente de violencia, el diálogo es siempre necesario, si se pretende solucionar adecuadamente el problema. En el diálogo sobre violencia debe haber expertos, autoridades, políticos de diversas líneas ideológica y también delincuentes arrepentidos o incluso encarcelados. El diálogo es para buscar soluciones, no beneficios, y por eso, cuando se trata de solucionar un problema social, debe ser trasparente y abierto a la observación pública. Todo lo contrario de las negociaciones secretas de políticos. La negociación para obtener ventajas acaba siempre fortaleciendo a las dos partes que negocian y prolongando y agravando el conflicto. Incluso el ejemplo del Estado termina por incidir en la vida ciudadana, forzando a empresas, especialmente a algunas de las grandes, aunque lo nieguen, a pagar cantidades mensuales a las maras para obtener el permiso de distribuir sus productos en determinadas colonias. En El Salvador el diálogo con las maras produce automáticamente aversión. En algunos porque tienen un concepto erróneo tanto de los problemas sociales como de los derechos básicos de la persona. En otros simplemente, y con toda razón, porque se sienten engañados por las negociaciones secretas de los políticos. Se emplea dinero público, se suavizan algunos de los conflictos o delitos existentes, pero permanecen otros. Y al final terminan fortalecidos quienes pactaron: Unos con votos o prestigio político, otros con impunidad y con fortalecimiento de sus propias estructuras. Con demasiada frecuencia la delincuencia organizada tiene más astucia que los negociadores gubernamentales. Éstos pretenden objetivos de corto plazo, mientras que la delincuencia organizada disfruta de un tiempo tranquilo para organizarse en el largo plazo. Más allá de los conceptos erróneos de quienes son partidarios de tratar a los delincuentes como cosas y pretenden simplemente exterminarlos brutalmente, las negociaciones tramposas y parciales, que han sido frecuentes entre nosotros, indignan profundamente al ciudadano democrático. El Estado está para garantizar la paz social. Y si dialoga sobre un tema de violencia, lo que tiene que buscar es en primer lugar la erradicación de las causas de la violencia, al tiempo que la persigue en el día a día a todo nivel. Negociar a oscuras, sin diálogo y participación de otros sectores de la sociedad civil y política, conduce siempre al establecimiento de formas de proceder contrarias a la ética. El diálogo no puede nunca significar que se deja de perseguir el crimen. Es una oferta de paz condicionada a la no violación de las leyes y a la reforma de estructuras y situaciones sociales que producen o reproducen violencia. Lo contrario, una paz ficticia que solo hace disminuir un aspecto de la violencia, no puede ser tolerado. Es evidente que los políticos de ARENA y el FMLN tuvieron conversaciones con las maras. Fueron secretas y no resolvieron el problema, por eso es lógico que se investiguen. Algunos de los actuales funcionarios de Nuevas Ideas también se reunieron con miembros de maras en algún momento. También ellos deben ser investigados. No los podemos condenar, anticipadamente, a ninguno de ellos. Pero la investigación es imprescindible, porque no faltan las interpretaciones e incluso datos o testimonios, que insisten en el tema de favores mutuos y formas ilegales de proceder. Salir de la tendencia a la negociación del beneficio inmediato, y construir diálogos de largo plazo, orientados a la solución de nuestros múltiples problemas económicos y sociales, es el único camino democrático. El resto es, simple y llanamente, corrupción.

A un año de conmemorar el bicentenario de la independencia centroamericana, más allá de los festejos que seguramente ocuparán buena parte de la atención, es también un buen momento para hacer un balance de cuánto hemos avanzado en el camino por construir una República independiente y una ciudadanía empoderada. El período que va desde la crisis de la monarquía española hasta la fundación de la República Federal (1808-1824) trajo consigo cambios en la condición de sus habitantes. Los derechos políticos emanados en Europa con la Revolución Francesa llegan a la América Hispana con la Constitución de Cádiz de 1812 y son reafirmados por la legislación federal de 1824. Conviene reflexionar brevemente cuál ha sido el camino para hacer efectivos esos derechos a lo largo de casi 200 años. El derecho al voto, a la representación política y la igualdad jurídica significó el tránsito del absolutismo monárquico a un gobierno representativo y constitucional, pero con limitaciones. La constitución Federal reconoció el derecho generalizado de ciudadanía a todos los varones del territorio centroamericano, excluyendo a las mujeres. Hacia 1841 la constitución del Estado salvadoreño impuso restricciones censitarias a este derecho: para ser ciudadano se tenía que ser mayor a veintiún años, padre de familia o cabeza de casa, saber leer y escribir y contar con la propiedad que designara la ley. Diversas prerrogativas limitaron la ciudadanía durante todo el siglo XIX. Esto aseguraba que en última instancia el poder continuara en manos de una élite propietaria. Fue hasta la constitución salvadoreña de 1950 que se otorga la ciudadanía universal sin distinción de sexo o condición económica, a todos los salvadoreños mayores de 18 años y por primera vez fue reconocido el derecho de sufragio de las mujeres. Posterior a ello se han realizado reformas al sistema electoral con miras a fortalecer la representación de todos los sectores y dar garantías democráticas. Por ejemplo la Ley de representación proporcional del poder legislativo de 1963 y las reformas al sistema electoral en 1992. Aunque en la actualidad se puede discutir la transparencia de los procesos, no se puede negar que el sistema electoral del siglo XXI permite la representación de todas las formas de pensamiento y la alternabilidad en el poder. Pero la ciudadanía también puede entenderse desde la conquista de la libertad de expresión. La opinión pública como la libertad de un individuo a expresar su postura o pensamiento frente a determinado hecho de interés social fue también un derecho ganado con la constitución de 1812; pero fue hasta 1820 que aparecen los primeros periódicos no gubernamentales en Centroamérica: El Editor constitucional y El amigo de la Patria. Desde entonces se discutirán problemáticas económicas y la posibilidad de nuevas formas de gobierno desde los diversos medios impresos. No obstante, este derecho ciudadano era limitado por el poder de la iglesia, la cual, a través del Concordato con el poder civil (1862), podía censurar publicaciones que atentaran contra la moral y la fe cristiana. Es hasta 1886 que el decreto de libertad de imprenta permitió la publicación de textos y opiniones laicas. En el campo político, los gobiernos del siglo XX censuraron el derecho a la libertad de expresión hacia aquellos sectores considerados enemigos políticos. En efecto, durante los regímenes militares y el conflicto armado de la década de 1980 el principal sector que fue objeto de censura fue la oposición (sindicatos, asociaciones universitarias, magisteriales y campesinas, comunidades eclesiales de base, partidos de izquierda, etc.). Se tuvo que esperar hasta los Acuerdos de Paz de 1992, para hacer efectivo el libre ejercicio de todas las ideologías y el derecho a manifestar posturas y opiniones políticas sin miedo a la censura o a la represión del Estado. En el siglo XXI la ciudadanía ha ganado mucho terreno con las nuevas tecnologías de la información que facilitan el acceso a diversos contenidos; sin embargo, el poder político aún ejerce ciertas prácticas de violencia contra el ejercicio libre de la expresión. Esto se evidencia en la descalificación de la opinión disidente y en el uso a conveniencia de la desinformación. Para algunos todavía no queda clara la importancia que tuvo el proceso de independencia en las sociedades centroamericanas. Pero uno de los cambios de mayor trascendencia fue el paso de ser vasallos de un rey absoluto a ser ciudadanos de una república. Ello puede sonar a simple retórica; no obstante, significaba dejar de seguir la voluntad de un soberano, que se creía que gobernaba por derecho divino, a basarse en un gobierno de leyes, es decir, en un régimen constitucional que garantiza derechos a sus ciudadanos. Es claro que aún falta mucho camino por recorrer, pero no podemos renunciar a derechos y principios sustentados hace doscientos años, como el derecho de elegir libremente a nuestros representantes o de plantear libre y críticamente nuestro

La UCA ha opinado de un modo constante y sistemático sobre los problemas del país. Y siempre ha dicho que la solución a dichos problemas debe venir por la vía del diálogo informado, la racionalidad, el pleno acceso a la información pública y la búsqueda del bien común y de la verdad. Aunque haya divergencias y diferencias en las decisiones finales, que son normales, un diálogo sincero y bien estructurado abona al buen desarrollo de la democracia y al bienestar social. En la búsqueda de solución a los problemas suelen jugar un papel importante los periodistas. Están en contacto con la realidad, la indagan, contrastan la información con diferentes fuentes y, cuando hay profesionalismo, método y ética, proceden con la seguridad de que la verdad ayuda a construir democracia y valores morales. Los yerros del periodismo nacional han sido a causa de la agenda política e intereses sectoriales de los dueños de ciertos medios de comunicación, o de la falta de profesionalismo y ética de algunos periodistas. Del otro lado de la moneda, flaco favor ha hecho el poder político al sano ejercicio del periodismo cuando en vez de responder a los reportajes sobre irregularidades con diálogo e información, lo hace descalificando a sus autores o, en el peor de los casos, con insultos o agresiones. En El Salvador la información veraz ha sido entendida con frecuencia como ataque al poder político o económico. Los largos tiempos de dictadura militar y de guerra civil crearon ese hábito. La tergiversación de la realidad ha sido frecuente no solo en el Estado, sino también en otras instancias particulares investidas de poder. Los escuadrones de la muerte tuvieron financistas que, a pesar de que sus nombres circularon incluso en informes internacionales, han conseguido conservar la apariencia de demócratas. Diputados o funcionarios de alto nivel que han cometido delitos acaban saliendo libres a base de mentir, cambiar los hechos y servirse de negociaciones espurias para conservar sus puestos. Quienes insisten en la verdad y en la necesidad de deducir responsabilidades sueles ser tratados como malos, inmisericordes o vengativos. En la actualidad, tanto personas como instituciones ven con preocupación la tendencia gubernamental a impedir el acceso a la información pública Abundan las mentiras y se bloquea e insulta a periodistas y medios que buscan con honestidad la verdad y realizan una función crítica de positivo influjo para la democracia. De forma muy poco racional, algunos funcionarios de alto nivel tienden a enfrentar los derechos humanos de las víctimas con los derechos humanos de los victimarios, como si los derechos de los primeros anularán los derechos de los segundos. Acusan de mentirosos a quienes no piensan como ellos y tratan de quitar credibilidad a quienes ofrecen noticias en base a documentos. Utilizan las redes sociales para denigrar y, lo que es más grave, algunos medios controlados por el Estado a través del Conab para mentir y atacar sistemáticamente a opositores. Las baterías se enfilan contra ciertos periodistas en particular, tratando de desprestigiarlos. No se investigan hurtos sospechosos cometidos contra periodistas y al mismo tiempo la Fiscalía abre investigaciones contra medios a partir de denuncias anónimas, ni siquiera aceptadas por las presuntas víctimas. Medios administrados por el Conab lanzan acusaciones falsas contra abogados que defienden a periodistas mientras aumenta la tensión entre el Gobierno y una buena proporción de profesionales de la información. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que “hay indicios y acciones del Gobierno que afectan el ejercicio de libertad de expresión y el trabajo del periodismo en El Salvador”. Denuncia también “el uso de las redes sociales para acosar periodistas, sobre todo aquellos que investigan o presentan temas que involucran rendición de cuentas o cuestionan al Gobierno”. Y menciona como antecedentes de este tipo de abusos a los expresidentes Hugo Chávez y Alberto Fujimori. Quizás el Gobierno de Nayib Bukele no pretende emular a Chávez o a Fujimori de un modo sistemático, pero para que no se pueda sugerir esa tendencia es necesario que cambie de estilo, reaccione más con datos que con insultos y esté abierto a la crítica.

El presidente Bukele saludó triunfalistamente la captura del representante de una maquiladora acusada de evasión de impuestos con un “así es como empezamos a cumplir la promesa, de que iban a devolver lo robado”. La persecución de este delito y la recuperación del dinero evadido son prioridad en un país con una agobiante crisis fiscal. Cabe dudar, sin embargo, de la determinación presidencial. El presunto evasor fue capturado y exhibido ante los medios no tanto por haber evadido impuestos como porque la empresa que representa está asociada a un connotado adversario político del presidente Bukele. El rencor es tan enconado que traicionó a los acusadores. Entusiasmados, anunciaron que habían recobrado casi 400 millones de dólares, confundiendo la cantidad imponible con la evadida, que representa poco más de cinco millones de dólares. Incluso el fiscal general, ocupado ya en la reelección, se unió al coro presidencial de la recuperación de los 400 millones. Luego rectificó y atribuyó su desafortunada intervención a un “problema de comunicación”. La evasión fiscal no solo debe ser perseguida siempre, sino que la persecución debe empezar por los grandes contribuyentes, los que más evaden y los que, amparados en su poder, gozan de impunidad. Contrario a este sano principio, la lucha contra la evasión fiscal es muy selectiva. Solo persigue a los denigrados por el presidente Bukele como enemigos, más personales que fiscales. En cambio, los funcionarios señalados por gestión arbitraria del dinero público, excepto uno, continúan en sus puestos y malandanzas. Y no solo eso, la idea es que puedan hacerlo sin las molestias de los señalamientos, para lo cual Casa Presidencial ha reformado la ley de adquisiciones y contrataciones, con la excusa de la modernización. Esta forma de gestionar la cosa pública no sorprende. Así ha sido siempre. Los fiscales persiguen a los enemigos políticos del régimen de turno y también a los desamparados y los pobres, mientras condescienden con los amigos y los allegados. Por eso, el fiscal general no encuentra delito alguno en la toma militar del recinto legislativo. La corrupción y la defraudación fiscal prosperan en los círculos del régimen de turno. El doble rasero se observa en la captura del ex comandante del FMLN responsable del asesinato de tres asesores estadounidenses, un hecho ocurrido casi al final de la guerra. En sí misma, la captura es inobjetable. Pero semejante diligencia no se observa en masacres como la de El Mozote y la UCA. La diferencia estriba en la nacionalidad de las víctimas. Las del excomandante eran estadounidenses, mientras que las otras eran salvadoreñas. Las víctimas, como los evasores y los corruptos, no son iguales ante la ley. En su incoherencia, los círculos presidenciales se ensañan con el diputado democratacristiano que alteró las declaraciones de los soldados que participaron en la masacre de la UCA, pero silencian la culpabilidad de los oficiales militares que la ordenaron y la encubrieron. La abundancia de pruebas no perturba a las redes sociales presidenciales. A diferencia de los militares de “la tandona”, el diputado es uno de los pocos opositores lúcidos. A los socios y aliados no se los acusa de crímenes de lesa humanidad, corrupción o evasión. De nuevo, la redes presidenciales condenan al diputado no haber encubierto un crimen horrendo, sino por revancha política. Si defendieran a las víctimas, Casa Presidencial y sus seguidores no descansarían hasta que todos, diputados y oficiales militares, respondieran ante la justicia. El protagonista de un accidente de tráfico el fin de semana pasado, con un saldo de dos muertos, ha sido tratado indulgentemente por la Policía. Forzada por la presión de las redes sociales, esta reconoció los hechos en una declaración vaga. La actuación policial es tan torpe que no deja duda de la intención de eliminar las pruebas incriminatorias para que el diputado, incondicional del presidente Bukele, sea exonerado de responsabilidad. El mismo lo adelantó justo después del accidente, según lo registra uno de los videos. La fidelidad al presidente Bukele lo ha librado del trato duro, e ilegal, que la policía reserva en estos casos. La costumbre ha normalizado la protección y el encubrimiento de los amigos y allegados, aun cuando hayan cometido delito. Garantizar la impunidad a los incondicionales no solo es normal, sino también un acto de nobleza. En este sentido, la práctica no sorprende, lo asombroso es su continuidad, en un Gobierno que se dice totalmente diferente. Es todo menos evidente el “no somos iguales a ellos”, tal como el presidente Bukele proclama. En su gestión gubernamental hay mucho de ellos y lo mucho que hay, para quien quiere ver, es demasiado importante como para descartarlo como irrelevante. Su concepto de la política, del poder y del para qué de ambos son idénticos a los de Arena y el FMLN. Si en realidad fueran diferentes, como insiste el mandatario, mostraría la misma aversión a Gana, al PCN y a Camb

Gobernar, dice el diccionario, es mandar, dirigir, guiar, regirse según una norma, regla o idea. En comunicación política se dice que no basta con gobernar, hay que hacer parecer que se gobierna. Para El Salvador, resulta que el ejecutivo actual parece haber decidido hacer un ejercicio matizado de esto: no es necesario gobernar, basta con parecer que se gobierna. Y para ello, lo más importante es construir un enemigo. Para parecer que se gobierna, pero en realidad no guiar, sino sacar beneficio privado de algo, es importante confeccionar un enemigo que canalice todas las culpas. Queremos gobernar, pero el enemigo no nos deja. Edificar el enemigo es un ejercicio que no puede ser tomado a la ligera. Se debe obrar con mucho tino, mejor aún si se respeta la tradición. También es posible reinventar un poco. En El Salvador, la tradición del enemigo ha sido utilizada por todos los gobiernos de turno, al menos a partir del 4 de diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez encontró la ventaja de confeccionar uno a la medida de los miedos del país: el otro es indígena, comunista. En realidad, Hernández Martínez no tuvo que inventar mucho. Ya estaban ahí, a la vuelta del siglo que recién se iniciaba, las declaraciones del intelectual David J. Guzmán (1843-1927) que había señalado de los peligros de nuestra sociedad, de acercarse al indio y al negro y la necesidad de volcarse a lo blanco, prístino y moralmente superior. No hubo que hacer demasiado esfuerzo para construir un enemigo que impedía que El Salvador brillara en su esplendor. Y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlo. Los gobiernos que siguieron buscaron cimentar mejor esa figura, aunque los rasgos del indígena empezaron a difuminarse, pues cada vez la población era menor y debía esconder su vestimenta, su lenguaje y su cultura toda para no ser blanco de ataques, quedaban siempre los comunistas. Quedaban los comunistas y jóvenes. Los rebeldes. Los hippies. Los estudiantes. Los gobiernos continuaron confeccionando con cuidado sus características. Ese pensamiento que venía de fuera, que no debíamos permitir. Esa necesidad de defender la patria. Y al arribar la década de 1980 fue aún mejor. Esos jóvenes comunistas en realidad eran unos guerrilleros terroristas y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos. Pero firmamos la paz, eso trajo algunos inconvenientes. Firmamos la paz con el enemigo. ¿Cómo continuar con su elaboración? ¿Quién podrá hacerse cargo de que este país tenga una situación de desigualdad tan grande? Por suerte, las deportaciones estaban ahí, y los jóvenes también. Ahora usaban tatuajes, rifaban el barrio, parecían unos nuevos guerreros listos para robarnos esa maravillosa promesa de paz. Gracias a una observación atenta y los buenos consejos de preocupados asesores internacionales los nuevos gobiernos reedificaron al enemigo. Era un nuevo terrorista, mataba sin piedad, había aprendido del mal en las cárceles del norte. Se ensañaba con los pobres y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos. Dos décadas después y ya entrados en el siglo XXI había que recomponer al enemigo. Pero afianzarse en la tradición parecía complejo. Entonces vino a la luz, como un golpe de suerte, una realidad que imaginábamos pero que ahora el periodismo de investigación había probado. Los gobernantes, los políticos todos habían negociado con los jóvenes, pandilleros, terroristas. Habían jugado con el país entero por sus pequeños y mezquinos intereses. Así se dispuso el nuevo enemigo: los mismos de siempre. Los mismos de siempre tienen una gran ventaja frente a las construcciones anteriores. No tiene demasiadas características y puede ser llenado por nombres y rostros según la demanda. Por supuesto son los políticos que negociaron con el enemigo previo. Pero también son, según se requiera, todos los políticos, o enemigos anteriores como los pandilleros. El enemigo se puede reconfigurar a demanda: hoy es un académico, mañana la iglesia católica, varias universidades, todos los periodistas, los ignorantes abogados; eso sí, tiene que ser transparente, no hay lugar para matices o escalas de grises. El bien está aquí, el mal está allá. Por eso hay que hacer lo que se hace con los enemigos. Por eso los enemigos son mil veces malditos, por eso debemos hacer patria y matarlos. Y si la construcción del enemigo funciona, no hay necesidad de gobernar. Ya sabemos que en nombre de la patria, esa invención de hace casi doscientos años, se ha exterminado, se ha asesinado, se ha muerto. Y la culpa es siempre del enemigo. Pero el enemigo no va a derrotarnos. Debemos ser guerreros, después de derrotar la constitución, los jueces, los periodistas, los fiscales, las feministas, los profesores, los empresarios, los mismos de siempre, los malos, los que no piensan como yo, quizá entonces sea necesario hacer gobierno, concertar, guiar, regirse según la norma. Por hoy, lo importante, es seguir las instrucciones. *

Todas las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas están advirtiendo de la posibilidad de que, a causa de la pandemia, aumente la desigualdad en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo y con altos niveles de pobreza. La pérdida de empleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento, la ineficiencia de los aparatos estatales para promover el desarrollo, la baja inversión en la gente, la carencia de planes de desarrollo bien estructurados y evaluables son algunos de los factores que inciden en el crecimiento de la desigualdad, la cual estanca el desarrollo humano, aumenta el conflicto social y despierta tendencias autoritarias en los partidos políticos, dañando la institucionalidad democrática. En particular, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU, presentó recientemente un estudio sobre la conectividad a Internet en 13 países de la región. La investigación se publicó en el marco de la pandemia, partiendo de que la conectividad es un medio tanto para salir de la crisis causada por el covid-19 como un mecanismo para prevenir el contagio y mantener la productividad de un país. De hecho, las soluciones digitales han tenido un desarrollo muy importante en la lucha contra la enfermedad, en especial en las áreas de salud, educación, comercio y trabajo. Si durante los primeros meses de cuarentena se dio un enorme descenso en las actividades físicas, en las virtuales el crecimiento fue acelerado en toda Latinoamérica, aunque con claras diferencias entre las naciones que ya disponían de un acceso generalizado y las que tenían un acceso relativamente escaso, además de un mal servicio técnico de las operadoras de Internet. El Salvador está entre estos últimos países por su mala, desigual y escasa conectividad. En el caso de nuestro país, los datos que da la Cepal muestran una enorme desigualdad. El quintil de hogares con menores ingresos tiene una conectividad de aproximadamente el 3%, mientras que el quintil con mayores ingresos tiene una de cerca del 50%. Incluso los tres quintiles de los hogares con menos recursos no alcanzan, juntos, la conectividad del quintil más privilegiado. Aunque en comparación con otros países latinoamericanos incluso el quintil privilegiado está en desventaja, se puede decir que cerca de un 60% de los salvadoreños tiene una nula, escasa o deficiente conectividad, a pesar de que en el estudio se incluye el Internet móvil. De los 12 países latinoamericanos estudiados, El Salvador es de los que tienen más niños sin acceso a Internet. En el quintil de menos ingresos la exclusión de los niños respecto a servicios de Internet es aproximadamente del 95%. Según la Cepal, además, solo la conexión de más de 25 megas permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente. Y en El Salvador, por la deficiencia de las empresas suministradoras de servicios, incluso algunos profesores en cuya casa hay un suministro de más de 25 megas han tenido dificultades ocasionales para dar clase en línea. La educación virtual alcanza con calidad, a lo sumo, al 40% de la población. Esta situación, ciertamente, coloca al país no solo en el terreno general de la desigualdad grave, sino en una posición desventajosa para avanzar hacia el desarrollo, con el agravante de que no existen medidas ni planes para cambiar rápidamente la situación. A este respecto, la Cepal hace algunas recomendaciones generales. Destaca la necesidad de que la señal de Internet cubra todo el país, se norme y potencie el comercio electrónico evitando abusos del mercado, se facilite la consulta médica virtual en los servicios públicos de salud y se dote a los niños de hogares en pobreza de recursos electrónicos que les permitan acceder a Internet. El Gobierno y la Asamblea Legislativa deben, pues, establecer, por ley, servicios de Internet de bajo costo, incluso gratuitos en algunos casos. La Red debe estar abierta para las pequeñas empresas y los sectores más vulnerables. El Estado tiene que supervisar las tendencias monopólicas de algunas de las empresas que brindan servicios de Internet y regular sus aportes a la fiscalidad del Estado. Si se quiere que la desigualdad no se profundice en El Salvador, es urgente revisar a fondo y normar la conectividad, el teletrabajo, la mercadotecnia y la educación. Y en este último caso, en particular, universalizar la cobertura en todo el país y facilitar a los niños el instrumental necesario para poder formarse en igualdad de condiciones. No hacer nada es solo cultivar y aumentar la desigualdad económica y social, con todas las dificultades que ello crea en la convivencia democrática y ciudadana.

En el marco de la pandemia, no hay país en el mundo en el que diversos sectores sociales no hayan exigido la intervención del Estado en su auxilio. Los que defendían que el Estado era un obstáculo para el desarrollo, ahora, si no se han retractado, guardan un obsequioso silencio. La crisis sanitaria mundial ha mostrado que se necesitan Estados fuertes y solidarios, y ha desnudado las debilidades estructurales de las naciones. Ha dejado claro que el sistema de salud es demasiado importante como para dejarlo en manos de la oferta y la demanda, así como la educación y otros servicios sociales, y que a la población no se le puede excluir de ellos. El Estado debe invertir más en la economía. Sin embargo, en El Salvador no se ha tomado nota de nada de esto. No lo han entendido tanto quienes argumentan que lo privado es mejor que lo público para justificar una privatización como los que exaltan lo público por simple estrategia electoral. La salud, el agua y la educación son derechos humanos y no deben privatizarse. Reclamarlo no implica ignorar las múltiples deficiencias a superar en la calidad y la eficiencia de estos servicios, ni negar la necesaria fiscalización de los recursos públicos. Por ejemplo, no hay duda de que el ISSS debe mejorar para bien de sus afiliados. Nombrar directores inexpertos y sin capacidad, utilizarlo como caja chica, permitir la corrupción son lozas que le han hecho mucho daño a la institución y que refuerzan el argumento de la necesidad de privatizarlo. Fiel a su estilo, Nayib Bukele reaccionó acremente ante la reciente propuesta de Arena de cambiar las competencias de la Junta Directiva del Seguro Social de modo que la elección del director del ISSS ya no esté en manos del presidente de la República, sino de la Junta. Denunció tal pretensión calificándola de “neoliberalismo puro y duro”. Pero la reacción parece obedecer más al afán de desprestigiar a sus opositores de cara a la próxima elección, pues su Gobierno ha dado sobrados signos de alinearse al neoliberalismo. Bukele defiende una causa noble solo por conveniencia. En el primero de los dos discursos que ha dado desde su elección como presidente, en la Fundación Heritage el 13 de marzo del año pasado, se declaró fiel seguidor de los principios del neoliberalismo: “la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad de expresión y la democracia”. El actual Gobierno camina hacia los asocios público-privado, que para muchos economistas son el principal mecanismo para la privatización de servicios públicos vía concesiones. En este esquema, el Estado abandona su rol de productor para ser solo un “garante de calidad”. Estos asocios se puede utilizar de manera corrupta: asignar infraestructura y servicios públicos, permitir sobrecostos y limitar beneficios a los usuarios. En octubre de 2019 se anunció el desarrollo de cinco proyectos de infraestructura bajo ese modelo, con una inversión aproximada de $545 millones. La iluminación de carreteras y la construcción de una terminal de carga y un centro administrativo, entre otros, se anunció en el formato de asocio público-privados. La pandemia los detuvo. Pero se acaba de anunciar nuevamente la ampliación de la terminal de carga en el aeropuerto, para lo cual, según cifras de los funcionarios, ya hay 33 empresas ofertando. Condenar algo haciendo lo mismo es contradictorio. Desterrar el nepotismo con más nepotismo, criticar la corrupción sin rendir cuentas de lo gastado, hablar de libertad de expresión acosando a los críticos del Gobierno es tan incoherente como rechazar un intento de privatización anunciando la privatización de otros servicios.

Dos sucesos han acaparado los reflectores en los últimos días. Por un lado, la interpelación por la Asamblea Legislativa al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, por la participación del ejército en los sucesos del pasado 9 de febrero en el hemiciclo legislativo y, por otro, la reapertura de la economía desde el 24 de agosto. La interpelación al ministro fue un formalismo. Lo evidente no requiere explicación. El país y el mundo fueron testigos de lo que sucedió el 9 de febrero. Quizá la satisfacción inconfesa de los diputados de oposición fue tener en el banquillo, en una maratónica rueda de caballitos, a un funcionario que sabe perfectamente lo que sucedió porque participó del hecho, pero que demostró una aparente incondicionalidad al presidente. La desaparición del sentido de la responsabilidad es probablemente la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad. Aristóteles planteó el principio de contradicción que sostiene que es imposible que un objeto tenga y no tenga la misma característica al mismo tiempo. El estagirita quedaría perplejo con la realidad salvadoreña. Un mismo suceso ha sido a la vez un atentado a la democracia o un simple procedimiento al que no saben exactamente qué nombre ponerle. El país conoció los llamados a la insurrección del presidente en los días previos al 9 de febrero. También escuchó un día antes de la boca del ministro Merino estar dispuesto a dar la vida por el mandatario. Igualmente, la arenga presidencial fuera del Salón Azul, prolija de expresiones de odio, insultos y ataques contra los diputados, fue transmitida por los medios de comunicación nacionales e internacionales. La irrupción de los militares con armas de guerra en el hemiciclo, la usurpación por parte del mandatario del lugar del presidente del Congreso, abrir una sesión plenaria y declarar en desacato a los diputados que no se hicieron presentes, no se puede ocultar ni olvidar. Y cómo no recordar las palabras “ahora queda bien claro quién tiene el control”. Si acaso queda una duda sobre el 9 de febrero es ¿cuál era la verdadera intención de Bukele? ¿Era presionar a los diputados como le afirmó al cantante puertorriqueño René Pérez (Residente) en una conversación que se hizo pública? ¿o era proteger a los diputados de una masa enardecida (que él mismo encendió) que quería destituirlos como escribió en una carta publicada en el Miami Herald el 15 de febrero? En cualquiera de las dos versiones, contradictorias por cierto (pobre Aristóteles), Merino mintió y contradijo a su Comandante General en la interpelación, porque afirmó que la presencia de los de verde olivo era solo para proteger al presidente. ¿O la intención era dar un golpe de Estado como se podía deducir de los signos que precedieron al nefasto día? Si este fue el caso, Merino también habría mentido. ¿Fue Dios, en línea directa, el que le pidió paciencia? Entonces ¿sobre qué le pidió paciencia? ¿Fue la reacción de sectores nacionales y la comunidad internacional la que lo detuvo? ¿Fue el tímido pero opuesto tuit del embajador estadounidense? En todo caso, cualquiera que haya sido el propósito, lo del 9 de febrero fue el primer gran error político del presidente, que le costó la condena de la comunidad internacional, la reacción contraria de no pocos sectores organizados del país y la primera derrota en las redes sociales donde hasta ese momento estaba invicto. Por todo lo anterior, preguntarle a Merino por lo que pasó el 9 de febrero era pura retórica. El mundo vio lo que pasó, sabe bien quién dio la orden y quiénes la obedecieron sumisamente, aun contrariando la Constitución. Solo los funcionarios y el fiscal general no vieron eso. La masa incondicional respalda sin juicio crítico. Por otro lado, el país volvió abruptamente a la tan ansiada “normalidad” a partir del 24 de agosto. Pero no lo hizo de la forma esperada y recomendada. Esta reapertura no es un punto de llegada después de un proceso escalonado y ordenado de retorno a las actividades, ni tampoco es fruto del estudio de la evolución de la pandemia de covid-19 que aconsejara hacerlo. La lamentable y ya cansina falta de acuerdos entre los poderes del Estado provocó que a partir de ese día no exista ninguna restricción legal para la total apertura de los sectores económicos y otras actividades como las religiosas. De hecho, la economía comenzó a abrirse desordenadamente desde hace semanas por la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada quien aferrado a su propuesta de ley de reapertura económica y rechazando la del otro, aunque tuvieran mucho en común. La Asamblea aprobó “su” proyecto de Ley el pasado 12 de junio, que a juicio de entendidos es una buena ley, muy parecida a la presentada por el Gobierno, pero que exige la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP). El presidente la vetó argumentando inconstitucionalidad. La Asamblea superó el veto generando así una controversia constitucional. Ante esto la Sala de

En El Salvador tenemos la costumbre, al hablar de seguridad, de fijarnos casi exclusivamente en el problema de la delincuencia. Es normal, porque la delincuencia violenta continúa siendo uno de los mayores problemas del país. Algunas veces le añadimos el término “seguridad ciudadana” solamente para quitarle el tinte de violencia que tradicionalmente han tenido los cuerpos de seguridad. Alguna gente inteligente habla de vez en cuando de seguridad alimentaria, previendo un grave problema que puede llegar a darse por políticas económicas neoliberales. También se menciona la seguridad jurídica, para prevenir, al menos en algunos sectores de la convivencia, el capricho e impunidad de los poderosos. Pero si queremos realmente vivir en un país seguro (los estadounidenses usan la expresión sin entender el tema), tendríamos que hablar de seguridad humana. Las otras seguridades vienen después y son fruto de una buena planificación e implementación de políticas de seguridad humana. El concepto de seguridad humana comenzó a extenderse desde que en 1994 el PNUD centró su informe de desarrollo humano en él. El premio Nóbel Amartya Sen y la profesora universitaria japonesa Sadako Ogata, posteriormente directora de ACNUR, trabajaron juntos en la tarea de hacer operativo y práctico el concepto. Para Sadako Ogata, la seguridad humana tiene cuatro ejes: capacidad de resolver pacíficamente los conflictos, goce de todos los derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), inclusión social (participación en toma de decisiones) y gobierno de leyes con independencia judicial. Si tuviéramos que medir la seguridad humana del país desde esos cuatro criterios, tendríamos un serio problema de calificación. La toma militar-gubernamental de la Asamblea viola el primer criterio. Con un 75% de la población en situación vulnerable económica, social y educativamente, es muy difícil afirmar que entre nosotros se respetan los derechos humanos. La participación popular en la toma de decisiones se interpreta únicamente como resultado del éxito que pueda tener la propaganda del Gobierno de turno o la manipulación que este hace de la opinión pública. Y el imperio de la ley se pierde en favoritismos políticos, arbitrariedades del Ejecutivo o corrupción, tanto en el seno de poderes constitucionales como al interior de poderes fácticos. En El Salvador nos fijamos con demasiada frecuencia y empeño en coyunturas particulares, pero rara vez logramos iniciar campañas de largo efecto en el desarrollo nacional. La prohibición de la minería metálica fue parte de esas excepciones. La dificultad de lograr acuerdos nacionales sigue siendo un desafío de una enorme dureza. Ponerse de acuerdo en convertir el derecho al agua, brindado por el Estado y sin fines de lucro, como un derecho constitucional, y emitir en consecuencia una ley de aguas que tenga como prioridad el servicio para consumo y saneamiento a todos los hogares salvadoreños, ha resultado una tarea que parece rozar lo imposible. Ahora, en estos tiempos de pandemia, las discusiones entre los poderes estatales muestran un panorama que se aproxima a la temática del Estado fallido. Y con la sombra de que a este Estado semifallido le pueda suceder un Estado autoritario. Preguntarse qué clase de Estado queremos para superar los desastrosos efectos económicos y sociales de la pandemia parece que no interesa demasiado. Hoy nos movemos en unas pugnas de poder a las que parecen sumarse una buena parte de las instituciones estatales. Quienes desean un Estado social y democrático de derecho casi se ven condenados a repetir aquella frase del siglo XVIII contra el despotismo ilustrado: que nos gobiernen leyes, no personas. Con la diferencia de que el despotismo actual, de quienes ya estuvieron en el poder y de quienes lo están ahora, no parece demasiado ilustrado. Solo saldremos de este relajo, usando la terminología común de nuestro pueblo, cuando comencemos a trabajar con seriedad la seguridad humana. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El lunes 24 aparece en las noticias como fecha de reapertura económica. Algunos hablan de retorno a la normalidad, aunque cada vez con menor énfasis, porque es cada vez más claro que si antes de la pandemia había incumplimiento de los derechos económicos y sociales, después de estos meses de encierro y desorden, el retorno será, en todo caso, a una anormalidad más profunda. Y lo que es peor, con menos instrumentos que antes para avanzar hacia un desarrollo equitativo y justo. De momento, la reapertura está amparada por una ley que está desfasada en fechas, lo cual significa que en realidad sigue el sálvese quien pueda. La Sala de lo Constitucional pidió al Ejecutivo que sancionara y publicara dicha ley, anteriormente vetada, y que lo hiciera cuanto antes. Y al Legislativo le pidió que le hiciera las imprescindibles reformas. Pero, para variar, ninguno de los dos poderes, embarcados en su guerra impopular prolongada, está haciendo gran cosa al respecto. Además, una ley que señale fases no significa mucho; El Salvador necesita algo más que eso. Los largos meses de cuarentena han dejado una serie de problemas que es importante enfrentar. Sin embargo, hasta ahora no da la impresión de que quienes están al frente del Estado tomen en serio esos problemas. Antes de la pandemia, el país ya estaba seriamente endeudado. Los Gobiernos del FMLN incluso tuvieron problemas de caja, viéndose obligados a suspender provisionalmente algunos de sus proyectos estrella, como la pensión no contributiva a los ancianos de ciertos municipios. Hoy la deuda amenaza con llegar al 100% del producto interno bruto. Los desembolsos que deberán hacerse para pagarla reducirán drásticamente los recursos para inversión en desarrollo social si no se planifican ni legislan alternativas. Por otra parte, algunas de las agencias de la ONU comprometidas con el desarrollo calculan que la pobreza en El Salvador puede alcanzar al 40% de la población, lo que significaría que más de 400 mil personas pasarían a sumarse a los más de dos millones que estaban en pobreza antes de la pandemia. Ni el Estado tiene un plan de desarrollo debidamente pensado para enfrentar el problema creciente de la pobreza, ni la empresa privada, incluso antes de estar debilitada por este tiempo de inacción, tenía la capacidad de dar trabajo a tanta gente necesitada. Demasiados quedarán en una situación precaria, o incluso de desnutrición, por largo tiempo. El desarrollo será más difícil mientras los políticos, enredados en sus luchas, sigan interesados solo en las próximas elecciones. No parecen entender que hay desafíos más importantes que los torpes cálculos partidarios. Una vez más hay que repetirlo: un futuro para todos solo podrá construirse sobre la base de un diálogo racional y solidario. Y aunque el camino no ha sido expedito, las experiencias del mal manejo de la pandemia han acercado a diversos sectores de la sociedad civil. Médicos y maestros están más preocupados ahora por el mañana. Muchas personas e instituciones de la sociedad civil se han comprometido con la lucha y el repudio a toda forma de corrupción. Crece la idea de la necesidad de una reforma fiscal. Sectores de la sociedad antes enfrentados pueden dialogar ahora con mayor responsabilidad ante la situación. A una polarización ideológica, muy falseada en su momento por Arena y el FMLN, le ha sucedido el culto a la apariencia prefabricada y a la mentira. Sin embargo, frente al espectáculo y el juego de espejos han surgido voces que ofrecen perspectivas viables de consenso. ¿Hay solución para un futuro que será muy complicado? Los salvadoreños volverán a tener esperanza si la sociedad civil logra crear ámbitos de diálogo, propone caminos de desarrollo racionales y solidarios, y presiona desde su diversidad y amplitud a los políticos y al Gobierno para que avancen en una nueva dirección.

No es lo mismo cometer un error que mentir: el que yerra puede hacerlo sin intención, el que miente lo hace por decisión. Por eso se puede ser comprensivo con quien comete errores, pero no con quien miente, peor aun cuando es funcionario y falta a la verdad para aprovecharse de la calamidad y el dolor de la gente. En Honduras y Guatemala, diversos sectores han manifestado descontento por el manejo de la pandemia, especialmente por el destino de los abundantes recursos de los que han dispuesto las autoridades. Grafitis, pancartas y movilizaciones exigen saber dónde está el dinero. Honduras ha vivido numerosos escándalos por compras sobrevaloradas y se ha indignado ante la pérdida de 250 mil pruebas de covid-19 por manejo inadecuado. El colmo de la corrupción lo representa la adquisición de siete hospitales móviles para atender la emergencia por un monto de $48 millones de dólares. Hasta el momento, solo han llegado dos de esos hospitales; el Gobierno argumenta que fue estafado por una empresa fantasma. En Guatemala, el Ejecutivo también recibió cientos de millones de dólares para atender la emergencia, pero la población no ve los resultados de ese dinero y pide que se rinda cuentas. La situación no ha sido muy diferente en El Salvador. Hay abundantes denuncias de compras a sobreprecio o irregulares para favorecer a familiares y amigos. El Gobierno afirma que ha repartido 3.4 millones de paquetes de alimentos, a igual número de hogares. ¿De dónde sale ese número? Ciertamente, las proyecciones de la Digestyc no son las mejores, pero es muy poco probable que en el país haya 3.4 millones de familias. Además, no se sabe cuánto se ha invertido en la red de salud, ni el costo del servicio de alimentación en los centros de contención, ni quiénes son los concesionarios de ese servicio, ni un largo etcétera. Ninguna mentira tiene sentido si no se considera que la verdad es peligrosa. Tampoco tiene sentido ocultar los gastos si todo se ha hecho bien. La mentira es hoy parte fundamental de la estrategia comunicativa del Gobierno. Se miente tanto por nimiedades como en asuntos importantes, a todo nivel. Por ejemplo, a raíz de la captura del representante legal de Intratex, el presidente publicó que la empresa había evadido fiscalmente $293 millones de dólares. Como autómatas, algunos funcionarios, incluido el ministro de Hacienda, repitieron lo mismo, y en ese juego de ecos también participó la Fiscalía General de República, el ente encargado de la investigación en el país. Luego, el fiscal general tuvo que disculparse, pero para entonces la cifra ya estaba en la mente y en la boca de muchos. Estas acciones, aunque el fiscal lo niegue, tienen motivaciones políticas. Y al decir esta verdad no se busca defender a personas o grupos, sino honrar la realidad y ponerse del lado de la institucionalidad y el Estado de derecho. Los países del Triángulo Norte son víctimas de la misma rapiña. La diferencia en estos momentos es el respaldo popular del que goza el mandatario salvadoreño. Ese es precisamente, hasta hoy, su mayor éxito político. Valiéndose de mentiras, ha hecho creer que es diferente, pero incurre en los mismos vicios que los “los mismos de siempre”.

El prolijo discurso del 9 de agosto deja al presidente Bukele ante tres opciones: dar un golpe de Estado, continuar como hasta ahora o asumir un liderazgo constructivo. El golpe militar es una posibilidad dado que la institucionalidad del Estado democrático es, para él, un impedimento para gobernar. El presidente no encuentra más que obstáculos jurídicos, enemigos y conspiradores. Planteado en estos términos, la alternativa es un golpe de fuerza que acabe de una buena vez con esos estorbos. Tiene el motivo y cuenta con los recursos. Aparentemente, el Ejército y la Policía, sus bases de poder, estarían bien dispuestas. El golpe es tentador para los poseídos de mesianismo. Indudablemente, el país demanda reformas drásticas y urgentes. Algunas incluso radicales, como la reforma fiscal. Otra cosa muy distinta es que el poder absoluto pueda realizarlas. En cualquier caso, esta opción es poco viable. La Casa Blanca de Trump, pese a su “invaluable” apoyo, no iría tan lejos. Tampoco la comunidad internacional, donde el presidente ya es conocido como un dictador latinoamericano más. La segunda opción es mantener el rumbo actual: continuar con la centralización y la desorganización, la incompetencia y la ineficiencia, la administración malsana y el despilfarro. Un ejemplo típico es la gestión de la covid-19. Como Casa Presidencial no se salió con la suya, abre de un portazo la actividad económica y social, sin la gradualidad que aconsejan la ciencia y la prudencia. Otro caso ejemplar es la negación del agua potable a sectores populosos, mientras la propaganda difunde la apertura de nuevos pozos. La tasa insólitamente elevada de personal sanitario fallecido es otro dato que evidencia descuido e ineptitud gubernamental. La prensa independiente descubre cada vez más órdenes sospechosas para adquirir bienes y servicios, y contrataciones de personal vinculado familiar y políticamente con los altos funcionarios. Mientras el presidente eleva la deuda pública a cotas desconocidas y peligrosas, su ministro de Agricultura gasta millones de forma opaca y pretende convertir su dependencia en banco; y el de Salud invierte en su despacho-centro de monitoreo una suma inexplicable. El ataque sistemático a los detractores y adversarios políticos ha sido muy eficaz para disimular el desconcertante curso tomado por el Gobierno de Bukele. Pero cada vez es más difícil esconder la desorganización, la incompetencia y la corrupción. La tercera opción es asumir un liderazgo constructivo que erradique el hambre; que universalice la cobertura del sistema de salud y la seguridad social; que eleve las pensiones; que aumente el salario mínimo hasta cubrir la canasta básica y garantice el ingreso mínimo vital; que establezca un ingreso máximo; que reemplace la tributación regresiva actual por otra que grave progresivamente a la mitad mejor situada de la sociedad, obligándola a devolver lo que ya no es suyo, porque tiene todas las necesidades suficientemente satisfechas; que cierre la brecha abismal entre el 1% que percibe el ingreso más alto y la mitad de la población; que someta el salario de los altos funcionarios al “mercado de trabajo” que aceptan para todos los demás salarios, menos para el suyo; que suprima la inviolabilidad de las transnacionales; y que reduzca la dependencia de los servicios y el consumo, y la sustituya por una economía productiva. Trabajar para introducir estas reformas daría una razón de ser a un Gobierno de novedades como el que pretende el presidente Bukele. Incluso es muy probable que sus seguidores aspiren, inconscientemente, a esa clase de reformas. De lo contrario, la obsesión por romper con el pasado de algunos de los partidos tradicionales es incomprensible. No tiene sentido detentar el poder total del Estado si la mayor parte de la ciudadanía continúa sumida en la miseria, la enfermedad y la muerte temprana, y si la emigración y el crimen organizado son las alternativas. Contrario a la desnortada propaganda de Casa Presidencial, el presidente Bukele no tiene la solución mágica para hacer de El Salvador “un gran país”. Los países no son grandes ni pequeños; más bien pasan por épocas de más grandeza y más miseria. De hecho, llama la atención que el mandatario no problematice el pasado del PCN y GANA. Los políticos de estos partidos, junto con los de Arena y el FMLN, han buscado esa solución mágica sin hallarla. El presidente Bukele tampoco la encontrará, porque no existe. Esa solución hay que construirla con visión, inteligencia, consensos amplios y sensibilidad solidaria. La sabiduría popular dice que algunos nacen estrellas y otros estrellados. Algunos hay, sin embargo, que, en lugar de pasar a la historia como estrellas, prefieren estrellarse ellos mismos.

Gobiernos anteriores sostenían que sus decisiones durante las crisis o problemas ayudaban al pueblo, pero muchas terminaron siendo un fracaso o solo beneficiando a los grupos más privilegiados. Por ejemplo, Calderón Sol tuvo el reto de consolidar la paz y recuperar la economía, para lo que planteó “hacer de El Salvador una gran maquila”. Sin embargo, se enfocó en el interés y las ganancias de las empresas, no en mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores. Por su lado, Francisco Flores, ante el alza de la criminalidad, prometió “un plan de mano dura” que terminó siendo una estrategia punitiva de tipo populista, ineficiente e insostenible, que no logró reducir la violencia. El siguiente en lista fue Antonio Saca, quien heredó el problema de violencia comprometiéndose a terminarlo (“A los malacates se les acabó la fiesta”), pero esto solo acabó siendo parte de una campaña publicitaria para la apropiación ilegal de fondos del Estado. A continuación, Funes ofreció crear “la fábrica de empleos”, pero nunca constituyó una institución como tal ni la tasa correspondiente creció lo suficiente como para dar por satisfecha esa promesa. Por último, Sánchez Cerén, ante el acceso desigual a la tecnología educativa, montó la campaña “Un niño, una computadora”. De este proyecto se conocen pocos resultados, por lo que no es posible saber su verdadero alcance, y pocos lo perciben como una política exitosa. Con tales antecedentes, el nuevo Gobierno, ante la crisis sanitaria y económica, ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de los partidos tradicionales, y se ha apoyado en discursos y políticas populares. Primero, la denuncia a la corrupción de los Gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo, el uso de la Fuerza Armada como defensora de la salud; tercero, la entrega de transferencias monetarias por $300 y de “bolsas solidarias”; y cuarto, la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones en el Hospital El Salvador (“el más grande de Latinoamérica”), entre otras. Sin embargo, tal como ha sucedido en el pasado, el hecho de que estas acciones se publiciten como "cercanas al pueblo" no significa que realmente lo sean o que se puedan sostener, ya que a la larga podrían generar mayor desigualdad social. Primero, aunque los funcionarios denuncian la corrupción de las administraciones anteriores y dicen estar del lado del pueblo, apoyan, por ejemplo, a Walter Araujo, que compite como diputado por el partido Nuevas Ideas. Araujo, cuando era diputado de Arena, firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la dolarización, las cuales incrementaron las desigualdades económicas. Segundo, al hacer uso de la Fuerza Armada para atender problemas políticos y de salud (como con los cercos sanitarios), el Ejecutivo ha mostrado incapacidad para dialogar, y más bien, ha amenazado la institucionalidad democrática, buscando hacer prevalecer su criterio para ampliar su propio poder. La resolución de los problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta y autoritaria. Además, se han destinado grandes recursos para publicidad del ente militar (en el pasado, la propaganda excesiva fue propicia para el saqueo del Estado). Tercero, la entrega de un subsidio de $300 y de bolsas solidarias es un beneficio y un alivio directo para la población que los ha recibido, pero no están correctamente focalizados hacia los más pobres, tampoco es sostenible ni es un regalo. Cada bolsa (con valor estimado de $50), en el largo plazo, terminará costando $924.60 por el préstamo a 32 años a una tasa de interés semestral del 9.5%. Este y los otros préstamos serán pagados por la población, y aquí los grupos más pobres son quienes sufrirán las mayores consecuencias. En cuanto al Hospital El Salvador, se discute la idoneidad del lugar, y aunque el Gobierno dice que ya funciona, se ha impedido a la prensa entrar libremente a las instalaciones. Además, se cuestiona si cuenta con el personal suficiente y con los recursos de bioseguridad necesarios. Por el momento, solo hay dudas. El tiempo determinará si termina ayudando a las grandes mayorías o solo es un ardid propagandístico. Más allá de la palabra del presidente y la publicidad, es necesario cuestionarse continuamente si este Gobierno está implementado políticas que realmente beneficien a las mayorías, ya que los anteriores también dijeron estar del lado del pueblo, pero con el tiempo lo terminaron decepcionando. * Luis Eduardo Aguilar, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

“Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad… Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad”, extracto de la canción La verdad, de Nito Mestre. Es legítimo que un gobierno utilice recursos para la comunicación mediática o publicitaria de las obras que realiza. Lo que no es legítimo es ocultar la verdad con publicidad engañosa, donde lejos de comunicar con transparencia el manejo de fondos públicos o de una pandemia, se quiera vender lo contrario a la realidad. Jamás para un buen gobierno la transparencia será enemiga. Al contrario, es la mejor aliada para la fiscalización de las instituciones y de la ciudadanía en cumplimiento con el derecho a la verdad. No hay mejor campaña publicitaria para el poder público que la capacidad de mostrar a la opinión pública sus criterios de decisión, si de verdad se hacen en favor de los intereses de las mayorías, porque quien nada debe, nada teme. El Ejecutivo actual no es muy amigo de la transparencia, por tanto, tampoco de la verdad. Investigaciones periodísticas de distintos medios han puesto en duda la imagen de un gobierno que “no roba”, que tiene a la cabeza a las mejores personas para tomar las decisiones o que se busca el bienestar del pueblo, sin que pesen intereses particulares en detrimento de la legalidad o el bien común. Durante la pandemia de covid-19, especialmente cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cuarentena amparada en una Ley de Emergencia, funcionarios del gabinete hicieron compras cuestionables, tanto por el precio como por el proveedor. En estas irregularidades, incluso se ha visto envuelto un diputado aliado del presidente Bukele. A eso se suma que el manejo de las cifras de contagios por el virus está en manos de asesores oscuros, el colapso de la red hospitalaria, discurso de odio con miras en las elecciones de 2021, etc. En la narrativa de la publicidad gubernamental cualquier falla es por culpa de la Asamblea Legislativa, de los partidos de oposición, de la Sala de lo Constitucional o de cualquier otro actor que se considere crítico a la actual gestión del Ejecutivo. Ha sido casi nula la actitud de asumir errores, que incluso rayan en delitos, o de aceptar incapacidad para manejar la crisis por la pandemia. Así las cosas, la transparencia se ha vuelto una enemiga más para el gobierno central. ¿Qué tanto impacto en la opinión pública ha tenido esta falta de transparencia maquillada con publicidad gubernamental más emotiva que informativa? El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) presentó hace unas semanas los resultados de la encuesta que realizó entre el 6 y 13 de junio de 2020. En el sondeo, una de las preguntas fue la siguiente: ¿qué tan transparente cree usted que es el gobierno de Nayib Bukele? Cerca de un 30 % de las opiniones mencionaron que es poco o nada transparente. Para un gobierno que hace alarde de tener el 97 % de apoyo popular estas cifras deberían ser inquietantes. En comparación con los datos de la encuesta realizada por el Iudop en agosto-septiembre de 2019, el porcentaje de “nada transparente” fue de 3.6 %. En la encuesta más reciente este porcentaje subió a 16.1 %, lo cual indica que, por más publicidad, está creciendo la percepción del manejo poco transparente que ha caracterizado al gobierno de Nayib Bukele. Estas cifras podrían aumentar si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Corte de Cuentas toman en serio los hallazgos periodísticos que se han hecho sobre casos de corrupción o nepotismo. Las condenas legales o la absolución, la verdad jurídica, tiene un desafío actual impostergable frente a la opinión ciudadana, independientemente de las preferencias electorales que tenga. * Carlos Hernández, docente del Departamento de Filosofía. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 9.

Para todos los cargos importantes dentro del Estado, especialmente aquellos que otorgan la capacidad de tomar decisiones que deben ser acatadas por otros, la Constitución exige “moralidad notoria”. Incluso prevé, en el artículo 67, la posibilidad de prohibir el ejercicio privado de la profesión de la salud a quienes proceden con “manifiesta inmoralidad o incapacidad”. Sin embargo, no aclara qué se debe entender por moralidad. Deja el tema de tal manera impreciso que al final los mismos funcionarios del Estado o los políticos terminan confundiendo moralidad con ausencia de delito comprobado, algo muy distinto de lo que en realidad significa moralidad, que, además de la referencia a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, tiene una clara relación con determinados valores. Si se busca en cualquier cultura una lista de valores morales, se encuentran fácilmente la justicia, la generosidad, el agradecimiento, la compasión y la solidaridad. En general, estos valores se relacionan con la igual dignidad de la persona. Desde estas ideas es importante analizar si la moralidad notoria exigida a nuestros gobernantes está ligada al respeto a la igual dignidad de las personas, y no de palabra, sino con hechos. Por ejemplo, es importante preguntarse por el salario de todos los que supuestamente están dotados de moralidad notoria y trabajan en el Estado. ¿Cobran un salario solidario con el ingreso promedio de los hogares salvadoreños? Todo parece indicar que no. Aunque, según la Dirección General de Estadística y Censos, el ingreso promedio nacional anda en torno a los 600 dólares mensuales y en el gran San Salvador cerca de los $800, los salarios de los funcionarios importantes al menos triplican esas cantidades. Y no solo eso: los hechos indican que no les preocupa luchar contra la desigualdad económica y social, crónica en el país, o contra la pobreza, que prácticamente afecta a una tercera parte de los salvadoreños. ¿Se le puede llamar moralidad notoria a la indiferencia ante la pobreza y la desigualdad? En el terreno de la justicia el problema es semejante. Dedicar escasos recursos para investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad muestra una desigualdad. La Fiscalía prefiere dar prioridad al caso de un supuesto delito contra la mujer negado por la supuesta víctima que atender e investigar casos claros de violación que corren el riesgo de quedar en la impunidad. Además, utiliza ese caso para atacar a un medio de información crítico con el poder político mientras relega u olvida miles de casos de violaciones reales. Si es que tiene, la moralidad de la Fiscalía es cualquier cosa menos notoria. Y cuando conviene a sus intereses, fiscales, jueces, diputados y gobernantes emulan a los fariseos del pasado, que colaban mosquitos y dejaban pasar camellos. Quienes conocen de moral privilegian siempre las actitudes como camino de perfección en el campo del deber. La moralidad no puede ser considerada como una lista de acciones malvadas que no se deben practicar, sino como una actitud general de buscar seria y racionalmente el bien. Quien hace la ley hace la trampa, se dice. Y si no hay actitudes morales, es fácil convertirse en tramposo. Sobre todo si hay leyes, como la Constitución, en las que las palabras significan muy poco. Si moralidad no significa nada más que ausencia de condena por un delito, la corrupción está a la vuelta de la esquina, porque una moralidad sin actitudes y sin mayor contenido siempre la facilita.

El ministro de Agricultura y Ganadería no ha dado cuentas de su gestión millonaria bajo el argumento de estar dedicado a distribuir alimentos y paquetes agrícolas, o porque los empleados de su dependencia han caído enfermos. El ministro de Salud tampoco informa sobre su gestión por estar ocupado en salvar vidas. Además, informar es demasiado complicado, hay que valorar y considerar. Los voceros de Casa Presidencial se niegan a informar a los diputados y la prensa por la misma razón. El presidente Bukele rechaza la interpelación legislativa a su ministro de Defensa aduciendo que es el “que más trabaja por el pueblo”. El mismo Bukele necesitó una hora de video para “zanjar por fin el debate” sobre su acertada gestión de la pandemia con un único y sabido argumento: él salva vida, mientras sus adversarios conspiran para impedirlo. O más recientemente: “Salvás mil vidas a cambio de cinco”, en referencia a los denostados magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y así sucesivamente. Más allá del conflicto de los poderes ejecutivo y legislativo, motivado por intereses electorales, y más allá de la idea de que los altos funcionarios, incluido el presidente, están investidos de una inmunidad que los exonera de cualquier tipo de control democrático, en el trasfondo de las excusas y evasivas subyace el conocido principio de que el fin justifica los medios. Los funcionarios estarían autorizados a actuar al margen, incluso en contra, de la ley, porque, en teoría, velan por el bienestar de la ciudadanía. La tesis es aparentemente convincente, pero jurídica y moralmente inaceptable. El funcionario del régimen democrático está constitucionalmente obligado a hacer aquello que la legislación ordena y no puede ir más allá, ni omitir, aun cuando, en sí mismo, sea provechoso. En consecuencia, los funcionarios no pueden negar la información sobre el estado de la salud nacional ni sobre el destino de centenares de millones de dólares. Argumentar que atender las necesidades de la población vulnerable y salvar sus vidas es impedimento para cumplir con las obligaciones constitucionales es delito. La conducta de los funcionarios de nuevo cuño no difiere de la de los antiguos. Todos violentan la legislación impunemente, amparados por una institucionalidad débil e impotente. Hasta ahora, ningún funcionario obligado a controlar al poder ejecutivo se ha atrevido a poner coto a los desmanes del presidente de turno y sus allegados. Las averiguaciones, cuando las hacen, son política o personalmente selectivas. Es cierto que el ordenamiento jurídico tiene demasiadas lagunas, vacíos que favorecen el ejercicio arbitrario del poder. La debilidad y la impotencia institucional favorecen por igual tanto a los inquilinos de Casa Presidencial como a los magistrados, jueces y diputados. La anarquía que caracteriza la gestión estatal exige comenzar a pensar en una reforma constitucional que cierre los espacios para el ejercicio arbitrario y corrupto del poder, y así reforzar la institucionalidad. Éticamente, el fin no justifica los medios. Sostener lo contrario es convertir el fin penúltimo en último y de esa manera legitimar los medios, aun cuando violenten la ley, atropellen a los demás y causen muerte. Males menores o bajas colaterales por un presunto bien mayor, alegan los amigos de absolutizar sus intereses particulares. Al absolutizar el triunfo total en las elecciones de febrero próximo, el Gobierno de Bukele ha colocado todas sus actividades, incluidas las relacionadas con la salud y la vida ciudadana, al servicio de esa finalidad. La salud y la vida constituyen excusas perfectas para ocultar esa absolutización. Despojadas de su ultimidad, han sido puestas al servicio de una finalidad antepenúltima. Ni siquiera penúltima, porque antes que el triunfo en las urnas hay otras fines mucho más importantes. Tal vez el presidente Bukele piense que el control total del Estado es el remedio eficaz para las décadas de desgobierno de Arena y del FMLN. Ciertamente, sus seguidores están convencidos de ello. Cualquiera que sea la motivación subjetiva, cabe recordar que el ser humano tiene una capacidad infinita de autoengaño. Esa capacidad es tan inagotable que quien la promueve, más pronto que tarde, ni siquiera cae en la cuenta de su propio engaño. Por eso, el mayor enemigo de las novedades son sus mismos promotores. Los Gobiernos del FMLN, para sacar a colación un caso ampliamente aceptado por los seguidores de Bukele, ya han demostrado que el mayor enemigo de la revolución son los mismos revolucionarios. Desde la perspectiva de la tradición cristiana, la Biblia y los maestros de espiritualidad enseñan que la raíz más profunda de esa inmensa capacidad de autoengaño es el amor al dinero y al poder. El rico y poderoso es reconocido, admirado y aplaudido. Ignorar el impulso para satisfacer estos instintos humanos atávicos conduce al autoengaño y al engaño de los demás. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya años, los niveles más brutales de ausencia de valores y amoralidad se daban en el país cuando algunos sectores ultramontanos repetían como consigna: “Haga patria, mate un cura”. Y no porque matar curas fuera más grave que matar campesinos que pedían tierra o trabajo, sino porque al asesinar a un sacerdote se rompía uno de los pocos símbolos de credibilidad que quedaban en El Salvador. No quiere decir eso que los sacerdotes o los pastores de las Iglesias sean perfectos. Por supuesto, hay defectos, incluso en ocasiones muy graves. Pero en el conjunto de nuestras sociedades empobrecidas, es evidente que son ellos de los más cercanos a las necesidades de la gente. Los que consuelan en el dolor, los que se alegran con la gente y comparten la alegría, los que defienden al pobre y los que tratan de socorrer al necesitado de muy diversas maneras. En una sociedad en la que lo político ha estado demasiado marcado por la corrupción y la dependencia de ricos afanosos de enriquecerse más, o por los intereses de grupo y la ambición del poder, el que opta por estar cerca de la gente, más allá del simbolismo religioso y de la fe de nuestro pueblo, se convierten en fuente de esperanza y en muestra de la actitud de servicio que las instituciones debían tener. La semana pasada fue asesinado un sacerdote, el P. Ricardo Cortez. Es el tercero que muere de esa manera desde hace dos años. Del P. Walter, el primero de los asesinados en estos tres años consecutivos, todavía no hay resultados en la investigación del crimen. A pesar de haber suficientes datos para ligar su asesinato con una red de sicariato y ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación. La conclusión de la gente, cuando la investigación no da resultados, es de desconfianza. Y la desconfianza en una Policía a veces implicada en redes de delincuencia o una Fiscalía temerosa y en ocasiones cómplice lleva a convertir en crónicas las situaciones de violencia. Investigar los crímenes que impactan más a la opinión pública y a los valores ciudadanos debería ser una urgencia para las instituciones protectoras de la legalidad. Y, en este caso, no porque sean sacerdotes los asesinados, sino por el hondo sentido de aprecio y respeto de la población hacia ellos. Para nuestra gente, matar impunemente a un cura significa que en este país se puede matar a cualquiera sin que pase nada. La Constitución está llena de alusiones a valores y a derechos. Supuestamente, es el marco de nuestra convivencia. A los funcionarios se les exige honradez, conocimiento y moralidad notoria. Sin embargo, estas cualidades la gente las suele ver con mayor frecuencia en los maestros, en los médicos y enfermeras, y en los sacerdotes y pastores. Como personas, pueden tener y tienen, evidentemente, fallos. Pero como gremio y conjunto, son cada uno de estos grupos el mayor símbolo de los valores que pregona la Constitución. Los diputados, los funcionarios y, en menor cantidad, los jueces no son tenidos por ejemplo y símbolo de valores ni como personas rectas, aunque la Constitución les exige que lo sean, y aunque haya algunos que sí lo son. Pero como grupo no se confía en ellos. En ese sentido, cuando se asesina a un sacerdote, a un médico o a un maestro, se está atentando no solo contra personas, sino contra valores muy profundos, estipulados en nuestras normas de convivencia y, sobre todo, en el sentimiento popular. Dejar estos crímenes en la impunidad es burlarse de los valores del pueblo salvadoreño. La pandemia y algunos esfuerzos gubernamentales han logrado que bajen los homicidios. Pero la cultura de la violencia continúa siendo predominante. Lo vemos en la delincuencia, en la corrupción, en el abuso contra la mujer y en la falta de escrúpulos para matar a cualquiera en el caso de que lo vean necesario los que odian y disfrutan teniendo armas de fuego. Escuchar el clamor del pueblo que quiere paz y convivencia pacífica es indispensable para el desarrollo de El Salvador. Y a partir de la escucha es necesario sanear la política, invertir en salud, trabajo, educación y seguridad, así como apoyar a todos los que desde su labor y posición en la vida son símbolo y ejemplo de solidaridad. El día que entiendan esto los funcionarios y las instituciones estatales y se comprometan a actuar, tendremos esperanza de un desarrollo humano fraterno. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La inconstitucionalidad del último decreto gubernamental (32) sobre el proceso de retorno a la vida productiva señala de nuevo la necesidad de acudir a la vía de la institucionalidad como único procedimiento válido para restringir derechos. El tema es muy claro y la ciudadanía crítica lo entiende perfectamente. La Sala de lo Constitucional ha aceptado, dada la gravedad de la situación, que el decreto inconstitucional continúe vigente hasta el 23 de agosto. Y da de plazo hasta esa fecha para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo en una ley que marque las etapas y condiciones del retorno a la vida social y productiva, así como las restricciones a derechos a lo largo de este período de emergencia sanitaria. El problema es lograr dicho acuerdo dada la cercanía de las elecciones legislativas y municipales. Poco ayuda también la agresividad de las declaraciones de la mayoría de funcionarios del Gobierno, empezando por las del presidente. Los partidos políticos, aunque menos agresivos que el Ejecutivo, tampoco han estado abiertos del todo al diálogo y a la búsqueda de soluciones. En general, las partes en conflicto no han hecho propuestas de consenso ni, mucho menos, han llamado a mediadores y expertos que den lineamientos sobre el proceso de reincorporación a la vida social y productiva. Acudir a la Sala de lo Constitucional ha quedado como el único mecanismo para resolver la falta de acuerdos, especialmente cuando el Ejecutivo ha tomado decisiones más allá de una necesaria ley de la República a la hora de restringir derechos. El Gobierno tiene que reflexionar y aceptar la necesidad de una ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, que dé fundamento a su actividad a la hora de restringir derechos. Y la Asamblea debe tener conciencia de la necesidad de diálogo con el Ejecutivo, al que no puede amarrar con normas que le dificulten dar pasos en la lucha contra la pandemia. Ambas partes tienen que caer en la cuenta de que una ley funcional, aunque no sea perfecta, es más importante que la inexistencia de la misma. Cerrarse en la propia decisión e impedir la legislación adecuada deja en vulnerabilidad a la ciudadanía y puede propiciar un caos sanitario y social. El Salvador urge diálogo, cooperación y solidaridad. Las necesidades son muchas. Y si se tiene en cuenta el crecimiento de la pobreza y la debilitación de la economía, es evidente que surgirán pronto otras crisis de igual gravedad que la actual. Superar las divisiones y lograr consensos poniendo en el centro a los más vulnerables y empobrecidos es la única manera de abonar al bien común. Nuestro pueblo desea cada vez con más fuerza igualdad sociocultural básica y mayor participación en la vida ciudadana y en la orientación del desarrollo. A los políticos les corresponde dar respuesta a esos deseos desde una mayor inversión en desarrollo humano y social, y desde la elaboración de una legislación que frene la desigualdad. En el país, la función pública ha sido entendida como un modo de acceder a una vida de privilegios y mejorar el estatus económico personal. La pandemia, con todas sus repercusiones económicas y sociales, desnuda los fallos de los políticos y su irresponsabilidad social, así como su corrupción y ausencia de moral, que en buena parte son causa de la pobreza de tantos compatriotas. Dialogar a fondo sobre las necesidades de las grandes mayorías, sobre los proyectos de inversión en desarrollo, sobre quiénes pueden y deben aportar más vía impuestos es tarea urgente. Negarse al diálogo o a la acción solo conseguirá profundizar la crisis y aumentar la desconfianza ciudadana en la política. Solo la búsqueda de acuerdos y el buen funcionamiento de las instituciones, como lo han repetido las voces más sensatas y con mayor peso moral, abrirán las puertas a un futuro decente capaz de superar la crisis generada por esta pandemia y por la inadecuada gestión de la misma.

Desde hace algunos días, el Gobierno impulsa una intensa campaña propagandística sobre la Fuerza Amada, en la que se resalta que la de hoy es diferente a la de la guerra civil y se enaltece el papel que ha jugado la institución, en especial su titular, Francis Merino Monroy, durante las recientes emergencias. La campaña tiene, por lo menos, un doble propósito. El primero y más obvio es preparar un ambiente favorable para la interpelación de Merino Monroy por parte de la Asamblea Legislativa, por la participación del Ejército en la toma del hemiciclo legislativo en febrero de este año, un hecho que constituye el mayor error político de la presente administración y una de las acciones puntuales más atentatorias contra el régimen democrático. El segundo propósito es más estratégico y va más allá de la defensa de un ministro al que le faltan luces para representar con dignidad a las mujeres y hombres de uniforme. Nayib Bukele quiere granjearse el apoyo incondicional de los militares en un momento en que hay voces de descontento al interior de las filas castrenses. Además, no existe régimen autoritario que no necesite al Ejército para consolidar y mantener su poder. La historia del país demuestra con claridad que la Fuerza Armada ha sido el principal instrumento para dar sostenibilidad a Gobiernos autoritarios, pero también para hacerlos a un lado cuando no responden a los intereses de los poderosos. De ahí que tenerla de aliada sea fundamental. Los argumentos que esgrimirá el ministro en la interpelación pueden anticiparse con facilidad. Casi seguramente argumentará que la Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante, como reza el artículo 211 de la Constitución, y que está bajo las órdenes directas del presidente de la República (art. 213). El problema es que en nombre de esa obediencia se han cometido atrocidades. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “deliberar” significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos”. Entre los sinónimos de “deliberar” aparecen “debatir”, “discutir”, “examinar”, “decidir”. Es decir, según su naturaleza, el Ejército y sus integrantes no debaten, ni discuten, ni examinan, ni deciden, solo obedecen, sin discernir sobre la moralidad o ética de lo mandado. Así, cumpliendo su misión sin consideraciones de ningún tipo sobre las órdenes recibidas, se cometieron en el pasado muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como las masacres en el Sumpul y El Mozote, o el asesinato de las religiosas norteamericanas y el de los periodistas holandeses, por citar solo unos ejemplos. Con equivalente razonamiento se participó en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, siendo parte de lo que a todas luces fue una arenga partidaria y una violación al orden constitucional. Si en realidad ahora se tiene una nueva Fuerza Armada, ¿por qué esta no abre sus archivos para aclarar de una vez por todas los crímenes en los que participaron elementos y unidades militares? Con ello se cerraría ese vergonzoso capítulo de la historia salvadoreña y se aliviaría el sufrimiento de las víctimas, cuya exigencia de verdad, justicia y reparación nunca ha sido escuchada. Eso sí dignificaría a la institución, mucho más que la onerosa publicidad. La negativa a hacerlo, tanto por parte del presidente como de los altos mandos militares, expresa que los nombres y las personas pueden cambiar, pero la doctrina sigue siendo la misma del pasado. Reconocer y agradecer lo que las mujeres y hombres del Ejército han hecho por el país en estos tiempos no implica cerrar los ojos al rol político que ha jugado la Fuerza Armada y a la necesidad de limpiar su nombre. Por otro lado, mientras el gasto en publicidad sigue creciendo y la inversión en equipamiento para los militares se exhibe sin pudor, los trabajadores de la salud claman por equipos de bioprotección contra el virus y por el bono de $150 mensuales que se les prometió el 18 de marzo. Se invierte en publicidad y armas, no en salud. Ese es también uno de los viejos vicios del pasado.