Editoriales y Opiniones

La deriva autoritaria del Ejecutivo, los ataques entre instituciones del Estado y la falta de respuesta estructural a los problemas económicos y sociales llaman a entablar un diálogo racional con el objetivo de cambiar el país. El empobrecimiento de la población y el aumento de la deuda imponen una reforma fiscal, pero si no hay reflexión colectiva sobre ello se terminará improvisando, lo que provocará que la desigualdad crezca, los poderosos se terminen beneficiando y los más pobres se encuentren con mayores dificultades para sobrevivir. Lo típico sería que se aumentara el IVA, por lo que al final la población vulnerable será la que correrá con el costo de pagar una deuda que no la ha beneficiado. En El Salvador, la improvisación manda. Y no solamente en el Ejecutivo, que intenta ocultar con propaganda sus fracasos y debilidades. Tanto la Fiscalía General de la República como la PNC necesitan reformas serias. En el caso de la Policía, sus principales mandos han estado vinculados a crímenes o han incurrido en graves irresponsabilidades en la persecución del delito. Desde hace muchos años hacen falta una inspectoría interna realmente independiente, una depuración a todo nivel, una formación y selección de agentes más exigente, y una readecuación salarial que dignifique la función policial. Pero nada de eso se hace, sino que más bien se colocan parches y paños tibios. Frente a necesidades estructurales, las respuestas coyunturales no hacen más que agravar la situación. Por otro lado, la corrupción campea en diversas instituciones básicas de la democracia. Elementos corruptos se pueden encontrar fácilmente en el seno de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala de lo Penal hay magistrados que exhiben sin pudor su ausencia de ética y rectitud. En la Corte de Cuentas, la politización de su labor fiscalizadora es parte ya de una tradición de farsa. En el Tribunal Supremo Electoral, el deseo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales ha sido rechazado por décadas debido a los intereses de manipulación y control de los partidos políticos. En el día a día, la hipocresía y el simulacro tienen prioridad sobre la Constitución de la República, cuyos mandatos no se cumplen y buscar ser retocada insustancialmente en beneficio de ambiciones personalistas. Urge salir del grito y de lo coyuntural, y comenzar a conversar en serio sobre las reformas que el país necesita en los campos fiscal, policial y judicial, así como en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los servicios de educación, salud y seguridad social. No se avanzará sin un diálogo nacional que tenga en cuenta los derechos básicos de los pobres y vulnerables, que componen la gran mayoría de la población salvadoreña. Las respuestas coyunturales y poco reflexivas a las crisis solo conducen a permanecer en el subdesarrollo no solo económico, sino también ético y moral.

La coyuntura actual en el país es tan relevante como la que dio como resultado la reforma política conocida como los Acuerdos de Paz de 1992. A poco menos de tres meses de realizarse unas cruciales elecciones de diputados y diputadas al Parlacen, a la Asamblea Legislativa y de Concejos Municipales, los actores que muestran mayor protagonismo son algunos voceros de los partidos políticos, funcionarios del actual gobierno y unos cuantos formadores de opinión pública. Ello contrasta grandemente con el protagonismo de otros grupos sociales que presionaban al principio de la década de 1990 por la salida pacífica al conflicto armado que vivía el país. Una posible explicación de esta notable, aunque silenciada, diferencia es que, en aquel entonces, centros académicos y de investigación, iglesias, organizaciones de trabajadores y empresarios tenían un mayor grado de activismo político. Con posiciones diferentes, grupos de los mencionados sectores sociales consideraban que acabar con el conflicto armado era una condición necesaria para salir del retraso económico y social que el país mostraba en diversos indicadores. Pacificar al país era una condición necesaria para hacer crecer la economía, para detener el flujo de salvadoreños que salían del país huyendo de la violencia y de la falta de oportunidades, para impulsar una democratización de la política más allá de los límites autoritarios que desde su vida independiente mostraba el régimen oligárquico salvadoreño. Independientemente de los resultados posteriores, no puede negarse que había un cierto optimismo social sobre lo que significaría el cese al conflicto armado. Las botas se transformaron en votos con los acuerdos de 1992. La derecha empresarial y su partido Arena no perdieron tiempo para impulsar una reforma económica de corte neoliberal de gran calado. En la izquierda política y en el recién convertido partido político FMLN se postergaba la ilusión de los cambios estructurales porque antes había que consolidar la fuerza política acumulada, ganando escaños legislativos y gobiernos municipales, hasta alcanzar el control del Órgano Ejecutivo. Junto al partido FMLN, centros académicos y de investigación, iglesias y organizaciones de trabajadores más algunas ONG´s continuaron su activismo reformista con la esperanza puesta en que el cambio llegaría con un gobierno de izquierda. Y el momento llegó. Quince años después de las “elecciones del siglo” de 1994, las elecciones presidenciales de 2009 dieron como ganador al partido FMLN, que ya no era simplemente el frente guerrillero convertido en partido. El cambio en el partido de gobierno fue facilitado por una candidatura que no provenía de las filas del partido y que muy pronto le planteó problemas de identidad al partido mismo. Los desencuentros entre miembros del gabinete del primer gobierno de izquierda y líderes del FMLN llevaron a plantearse la cuestión de qué era ese gobierno y ese partido. El FMLN llegó a entenderse como partido en el gobierno, y no como partido de gobierno, por su alianza de gobierno con otros partidos y grupos sociales no efemelenistas. La derecha empresarial mayoritariamente siguió alineada con Arena, solo que en la oposición desde 2009. Esos empresarios siguieron su activismo político acusando al gobierno efemelenista de inepto, de incapaz y de no tener un rumbo claro. Las organizaciones tradicionales de trabajadores y ONG se alinearon con el gobierno del FMLN y perdieron protagonismo y fuerza de cambio. Por su parte, los centros académicos e iglesias tomaron distancia de las políticas gubernamentales, del partido FMLN, sin que eso significara pasar a la oposición junto con Arena y sus empresarios. Más bien se enajenaron del proceso político nacional creyendo que sus aportes técnicos y espirituales tendrían fuerza suficiente, como por arte de magia, para impulsar cambios. Cuando un segundo gobierno del FMLN fue electo en 2014, las fuerzas sociales transformadoras habían sido neutralizadas. El partido FMLN se acomodó y algunos de sus líderes prefirieron los beneficios que su posición les otorgaba antes que mantener una fidelidad a las ilusiones de miles de víctimas que ofrendaron su sangre por un El Salvador mejor. Con el partido se hundían también las organizaciones de trabajadores y ONG que perdieron su identidad al subsumirse en el gobierno. Los centros académicos se “profesionalizaban” cada vez más. Y las iglesias se espiritualizaban más aún convencidas que el reino de Dios corresponde a la otra vida y no a “este valle de lágrimas”. Arena y sus empresarios siguieron activos en la oposición, esperando el turno de la alternancia. Pero esta no llegó. Un hartazgo social con los partidos políticos que habían gobernado por 30 años fue aprovechado por el actual presidente salvadoreño. Su política y discurso antipartidos tradicionales ha sido efectiva y ha logrado domesticar el espíritu de cambio que aquel hartazgo implicaba. Nada está escrito y no hay lugar a determinismos. Si bien el proce

Por Rodolfo Cardenal El secretismo gubernamental se extiende como mancha de aceite hasta incluir información inocua. El Ministerio de Salud ha reservado prácticamente toda la información institucional, incluida la estadística epidemiológica, un instrumento fundamental para controlar las enfermedades endémicas. El secreto militar es un baluarte que protege al Ejército, la Policía y la inteligencia de los curiosos. El Ministerio de Agricultura oculta sus actividades y gastos como cualquier corporación privada. Y así sucesivamente. La información relacionada con el poder ejecutivo es tan sensible que está protegida por el secreto de Estado. Sin embargo, ahí donde se escarba aparece la negligencia, la malversación y la corrupción. Así, pues, el secreto tiene sus razón de ser: oculta tanto la incompetencia como la corrupción del poder ejecutivo. El presidente Bukele administra directamente el acceso a la información sobre su gestión. La ciudadanía solo tiene acceso a lo que se considere oportuno, y la oportunidad la dicta la narrativa publicitaria de Casa Presidencial. La información es dosificada como si la ciudadanía fuera menor de edad. La vuelve dependiente del mandatario y, en esa medida, la infantiliza. Trata de evitar a toda costa que piense por sí misma y dude de la actuación presidencial. Busca la subordinación total para facilitar la manipulación. El secreto es un instrumento útil para condicionar a gran parte de la ciudadanía a no creer en nadie más que en Nayib Bukele. Los argumentos con los que se intenta justificar el secretismo gubernamental son cada vez más extravagantes, hasta el extremo del ridículo. El Ministro de Hacienda es un buen ejemplo del absurdo presidencial. Este curioso funcionario reaccionó airadamente contra la Corte de Cuentas por revelar que él dispone de fondos para cancelar la deuda con las alcaldías. Esa información, a su juicio, desprestigia su ministerio. Y agrega, a modo de explicación, la “situación muy complicada en la caja fiscal”, afirmación que no contradice el hallazgo de la auditoría, ni prueba con balances financieros. La cuestión no es si hay o no fondos en hacienda, sino que se difundió información sin autorización del presidente. Por esa razón se despidió al presidente del Banco Central de Reserva; el anterior ministro de Hacienda renunció antes de ser despedido. Los ministros y los otros altos funcionarios no gozan de libertad para pensar y actuar. Dependen directamente de las órdenes presidenciales. Piensan, dicen y hacen según lo que les es ordenado. Así lo reconocen ingenuamente en las veloces respuestas a los tuits presidenciales. Aparentemente, trabajan 24/7 en el terreno. En realidad, son figuras sobre un escenario mediático, donde el pueblo no es más que el telón de fondo. Todos son descartables. Interesa su lealtad total al presidente, no sus competencias. Aquellos que ahora son candidatos a diputados serán reemplazados rápidamente por otros incondicionales. Ningún otro requisito es exigido, puesto que el presidente determina el qué, el cuándo y el cómo hacer. Aparentemente, esta manera de proceder resulta más eficaz que el trabajo en equipo. La centralización exalta al presidente como proveedor diligente, pero tiene la desventaja de que también carga con los fracasos. Los reveses son muy probables, porque es humanamente imposible que Casa Presidencial pueda dirigir el día a día del poder ejecutivo. El impacto de la publicidad no suple los resultados reales. Distrae un tiempo, hasta que la realidad se impone inexorablemente. Cuando la narrativa no entrega lo que promete, la opinión favorable se revierte y el encanto de la dependencia se rompe. Los estruendosos fracasos electorales de Trump y Bolsonaro son avisos que no pueden despreciarse. La información independiente representa una amenaza para la narrativa presidencial. Por eso es contestada como un ataque directo contra un presidente identificado con su pueblo, aunque no se mezcla con él ni lo escucha. En consecuencia, contradecir al mandatario es atacar al pueblo. El presidente Bukele se escuda en el pueblo para satisfacer sus ambiciones personales. Se sirve del pueblo, pero no sirve al pueblo. Un cartel, exhibido en una de las cada vez más frecuentes protestas callejeras, lo ha captado agudamente: “Nayib ama tanto a los pobres que los multiplica”. Casa Presidencial desestima estos mensajes como electoralmente viciados. El horizonte electoral en el que se mueve desde junio del año pasado le impide captar la advertencia. La información veraz y la prensa independiente ponen en entredicho la narrativa oficial, de la cual depende el éxito de la gestión del mandatario. La irracionalidad y la agresividad de las reacciones presidenciales ponen de manifiesto el poder del pensamiento crítico y de la libertad de opinión. Son reacciones alimentadas por la inseguridad de quien sabe que gobierna desde la ficción mediática. Es miedo a que los vientos de libertad que comienzan a soplar con fuerza derrumben el casti

Utilizar para fines partidarios-particulares un cuerpo policial que se debe a los ciudadanos es una práctica antidemocrática. Utilizar con los mismos fines a nuestra Policía Nacional Civil, señalada desde hace décadas por reiteradas y graves violaciones a derechos humanos, no solo es antidemocrático, sino también un juego peligroso. Este parece ser el camino emprendido por la administración Bukele, o más bien dicho por el presidente, pues cada día es más evidente que el poder ejecutivo se ha convertido en un mero reflejo del humor del mandatario. Como sabemos, la Policía Nacional Civil está lejos de ser aquella institución definida por sus principios orgánicos. Infiltrada por altos mandos que nunca fueron depurados, ha estado sistemáticamente involucrada en asesinatos, detenciones ilegales y desapariciones. Saber esto y utilizarla para fines político-partidarios es como jugar ruleta rusa con un arma casi completamente cargada. El uso arbitrario de la institución policial es evidente desde cualquier perspectiva. Aunque las relaciones entre Policía y Fiscalía General de la República siempre han sido inconexas y descoordinadas, nunca habíamos presenciado lo sucedido el 10 de noviembre de este año, cuando miembros de la corporación policial, bajo las órdenes de sus autoridades, activamente intentaron obstaculizar un allanamiento judicial realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud. Lejos de colaborar en una diligencia investigativa de un potencial acto de corrupción grave, los agentes policiales parecían más interesados en vigilar a los agentes fiscales. Pocos días después, el 20 de noviembre, las mismas autoridades ordenaban la detención de un miembro de la junta electoral de la ciudad de Usulután, bajo el cargo de manchar declaraciones juradas presentadas por miembros del partido en el poder. El supuesto delito no puede ser más absurdo: manchar un texto público no califica como delito de “supresión, destrucción y ocultación” de un documento, pues, como cualquier estudiante de derecho medianamente informado sabe, para ser tal, la supresión u ocultación de caracteres debe ser susceptible de incorporar un contenido específico al tráfico jurídico, lo que no sucede con pequeños manchones. Por supuesto, por esta simple razón, la Policía Nacional Civil nunca ha realizado “detenciones en flagrancia” en casos de falsedades documentales. Nunca. Se trata de comportamientos que siempre han requerido la valoración especializada de un fiscal, para conocer su eventual tratamiento. Hasta que alguien manchó la declaración jurada de un miembro de Nuevas Ideas, siempre fue así. Pero si quedaban dudas de este juego riesgoso, cuatro días después se realizaría una segunda detención en flagrancia, nuevamente sobre un miembro de junta electoral, esta vez de la ciudad de San Salvador por el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”. Como se sabe en cualquier tribunal, el delito antes mencionado apenas tiene pena de “multa” (no hay prisión, aun cuando exista condena), razón por la cual no existe un “peligro de fuga” que justifique ordenar la detención del imputado, tal como se observó en el caso del candidato a diputado Walter Araujo o el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quienes fueron procesados por este delito y no fueron detenidos. Claro, ellos no eran delegados de un partido opositor, circunstancia que decididamente fue remarcada en el caso del miembro de la junta electoral: el 25 de noviembre, la cuenta institucional en Twitter de la Policía Nacional Civil destacó la captura de un “delegado del partido Arena”. En honor a la verdad, Nayib Bukele no hace nada nuevo. Vulgarizar la imagen de la Policía Nacional Civil ha sido una práctica en la que cada administración ha puesto su particular impronta. A pesar de lo anterior, y como parece estar sucediendo con la administración Bukele, existe un particular interés en retomar practicas torcidas, para ver si pueden torcerse aún más. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Que la Fiscalía General de la República necesita reformas, es más que evidente. El nombramiento político de su titular, las deficiencias en la investigación, las relativamente pocas condenas que se consiguen en los tribunales, la impunidad, el centralismo autoritario, la mala relación con la PNC en casos importantes y, a la vez, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos. El nombramiento de fiscal general ha sido siempre un acto politizado en extremo. Para remediarlo, podría incorporarse un proceso ciudadano de calificación de los candidatos y una especie de auditoría de los nombramientos. Por otra parte, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores. En segundo lugar, si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una Policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas. Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación. En tercer lugar, la reforma conserva y añade elementos que chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Fiscalía incapaz de investigar casos en menos de dos años, que tiende siempre a ponerse en contra de la presunción de inocencia y que suele solicitar medidas cautelares privativas de libertad quiere ahora ampliar el plazo de imposición de medidas a tres años. ¿Indemnizará el fiscal general a quienes resulten inocentes en juicio y hayan pasado tres años presos? La pronta justicia como mandato constitucional no parece interesar en absoluto a la Fiscalía. Ojalá la Asamblea Legislativa sea por una vez sensible a los derechos constitucionales y humanos de los salvadoreños, y analice y dialogue con la sociedad civil sobre las disparatadas reformas fiscales que se están proponiendo. El Salvador y su gente requieren de una Fiscalía profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.

Aunque desde la Psicología y la Psiquiatría se aborda el exhibicionismo desde una perspectiva sexual, hay una acepción más extendida que se aplica al comportamiento ordinario. En este sentido, el exhibicionismo es el comportamiento motivado por el placer de llamar la atención y de ser tomado en consideración. Personas exhibicionistas hay en todas partes, de todas las condiciones y ha habido en todas las épocas, pero cobran más realce las que ocupan cargos públicos importantes. El estar frente a los reflectores constantemente potencia o fortalece la personalidad exhibicionista. Además, en la política salvadoreña actual, parece que el exhibicionismo es una especie de consigna, una suerte de estrategia política comunicacional para granjearse simpatías que se traduzcan en votos en el proceso electoral de febrero próximo. Por supuesto, a los que ya padecen de exhibicionismo, esta estrategia les cae de maravilla y les potencia una tendencia que les es natural. Es decir, en el ejercicio actual de la política tradicional -aunque algunos funcionarios no se identifiquen con ella a pesar de que son dignos representantes- vemos un exhibicionismo provocado, inducido. De esta suerte y en plena era de la comunicación, parece que ya no es suficiente con asistir a entrevistas, sino que es necesario andar rodeados de periodistas que siguen los pasos de los funcionarios donde quiera que vayan. En este contexto hay que entender las imágenes del Ministro de Defensa posando en una sesión de fotos frente a varios fotógrafos cuyos lentes lo captaron cuando simulaba trabajar con una herramienta. Parece que los políticos de la actualidad han desplazado el “pienso, luego existo” cartesiano, por el “publico, luego existo”. Hoy parece que a los que tienen algún poder de decisión en la vida nacional, les es indispensable satisfacer su necesidad de elevar la autoestima y llenar vacíos afectivos que ya no son tan profundos sino evidentes. Incluso, el mundo de las redes sociales se ha convertido en un escaparate para hacer realidad sus sueños de ser una especie de superhéroes. Y al exhibicionista, el ego se le infla cuando aparecen, en cuestión de segundos, los “likes”en Twitter, y no se diga cuando sus imágenes se convierten en trending topic, aunque detrás de todo esto estén troles pagados por hacer precisamente eso. Es cierto que los políticos deben dar a conocer lo que hacen para que la ciudadanía lo sepa, pero eso no debería incluir esperar a que lleguen las cámaras para llenarse de lodo la cara o para dar un abrazo aparentemente de respaldo. Difícil es olvidar que, a principios de junio, un equipo de la Presidencia instaló el podio presidencial en el lugar donde se realizaban las labores de rescate de siete personas que murieron soterradas por un deslave en una colonia del municipio de Santo Tomas. Esto fue el mejor ejemplo de cómo la política de hoy, como la de ayer, juega y se aprovecha del sufrimiento de la gente. Al exhibicionista no le importan los demás. Los políticos utilizan a los medios para promoverse, tanto a los medios complacientes que les siguen el juego publicando como noticia lo que es publicidad, como a sus propios medios como órganos de propaganda. Los políticos y sus asesores saben muy bien que la mente humana acepta y recuerda con más facilidad las sensaciones visuales que las palabras. El cerebro de las personas receptoras de la información procesan antes lo que ven que lo que escuchan. Asimilan mejor el contenido de una fotografía o de un video que un conjunto de fonemas. Y no solo es que el cerebro las capte mejor, sino que da más veracidad a una imagen que a una explicación. Aquello de que “una imagen vale más que mil palabras” está siendo sobreexplotado por los políticos actuales aunque esas imágenes y esas palabras, si las hay, no tienen nada que ver con la realidad. De esta manera, los políticos venden cercanía donde siempre hay lejanía, venden mentira como que fuera verdad, compasión cuando hay interés, preocupación por el otro cuando solo hay una estrategia electorera. Qué casualidad que cuando el ahora exministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador, Mario Durán, ayudaba a una persona en el deslave de Nejapa el pasado 29 de octubre, un periodista de su escolta le tomó una fotografía en primer plano, lodo en la cara incluido, para difundirla por las redes sociales. En los sueños de los exhibicionistas está su figura misma y en la de los políticos, las próximas elecciones. Sus motivaciones altruistas empiezan y finalizan en eso. Estos políticos que se están acostumbrando a envalentonarse ante las cámaras e insultan a quienes los cuestionan y descalifican con dichos chocarreros sus argumentos, quieren sustituir la ausencia de experiencia, de conocimiento y de inteligencia, con comportamientos que impacten en las percepciones de la gente. En realidad son personas que no han madurado ni desarrollado capacidades sociopolíticas y quieren llenar esas deficiencias de otras maneras. Estos políticos

La oración es como el fuego: necesaria y útil para calentarse, para comer, para iluminar y para purificar. Pero con el fuego no se juega. El segundo mandamiento advierte con claridad que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. La oración creyente es buena y necesaria, aunque, como cualquier actividad humana, es proclive a la perversión. La oración del soberbio, que da gracias a Dios por no ser pecador como los demás, se pierde en el vacío. La oración puede ser camino de salvación, pero también una de las mayores formas de engaño y perdición. En la actualidad, proliferan expresiones religiosas con dosis muy altas de superstición. Algunas de ellas afirman que todo lo que sucede es enviado directamente por Dios y, por tanto, si Él quisiera, podría evitarlo. Esta forma de pensar surge con fuerza en las catástrofes. Nunca faltan predicadores que interpretan los fenómenos naturales o las epidemias como castigo divino. Este dios castigador es muy injusto, porque la mayoría de las víctimas suelen ser pobres, que así resultan doblemente sancionados: a la penuria en la que sobreviven se agregan las calamidades asociadas a los desastres. Los ricos, en cambio, aunque igualmente pecadores, viven en la abundancia y en sitios seguros, donde difícilmente los alcanzan los embates de la naturaleza y la enfermedad. En cualquier caso, disponen de medios para recuperarse. Las crisis impulsan mecánicamente a dirigirse a Dios para pedirle clemencia, como si fuera responsable directo de ella. El decreto ejecutivo sobre “el día nacional de oración” adopta esa actitud. Atribuye a Dios calamidades cuyo origen es la irresponsabilidad humana. El presidente Bukele invita a rezar para “pedir a Dios que nos proteja” de la pandemia y del huracán Iota, “y [que] nos libre del sufrimiento que ambas situaciones, ajenas a nuestra voluntad, pudieran ocasionar”. En principio, el origen de esas “situaciones” es natural, pero su incidencia es obra de la irresponsabilidad individual y social, y de la desidia e incompetencia de los gobernantes. La prevención, el cuidado mutuo y la responsabilidad reducen drásticamente la devastación. Es falso, pues, que sean situaciones “ajenas a nuestra voluntad”. La pandemia y los huracanes son un llamado de atención para cambiar el estilo de vida. No podemos seguir como hasta ahora, indiferentes al medioambiente y abandonados al consumo desenfrenado. La covid-19 y los desastres provocados por las lluvias son señales claras de que la naturaleza ya no puede cargar con el peso de una sociedad depredadora y que el progreso no es indefinido. Los desastres ponen de manifiesto que la sociedad de consumo ha llegado al límite. Si el presidente Bukele desea proteger la vida y la salud, debe actuar en consecuencia y no trasladar esa tarea a Dios. Este entregó la creación a la humanidad para que se sirviera de ella y la cuidara. La sabiduría popular, con experiencia genuina de Dios, enseña que “a quien madruga, Dios lo ayuda” y recomienda “rogar a Dios y dar con el mazo”. La oración presidencial tiene otras notas falsas. Pide continuar “unidos trabajando para sacar adelante” al país y para “seguir convirtiendo a El Salvador en una nación prospera para todos”. Es imposible dar continuidad a la unidad inexistente. La división no solo prevalece, sino que es cultivada intensamente. Lo mismo ha de decirse de la prosperidad. No se puede pedir prolongar un bienestar ausente para la inmensa mayoría. Estas son peticiones miopes. Mejor dejar a Dios fuera de la política partidista. El Dios de Jesús es padre de todos y todas, no desconoce a nadie y se hace cercano a todos. El Dios cristiano no es causa de ningún tipo de mal, porque es bueno y solo puede ser bueno, incluso con los malos y los pecadores. Dios protege la vida y la salud de sus hijos e hijas, de los buenos y de los malos, porque los ama a todos por igual y porque no puede hacer otra cosa que amarlos. Su amor es desinteresado e incluyente, no discrimina a nadie. No se reza con verdad cuando al mismo tiempo se alimenta la división y el odio. La oración predilecta de Jesús invoca a un “Padre nuestro”, de todos. Por eso, pidió orar por los enemigos y bendecir a quien maldice. La invitación al “día nacional de oración” está viciada desde la raíz. Es políticamente interesada y, en ese sentido, egoísta y, por tanto, anticristiana. Se vale del profundo sentido religioso del pueblo para fines políticos ajenos a la fe. Es una oración dirigida a los consumidores de las redes sociales, no al Dios de Jesús. No busca ser escuchada por Él, sino por los electores potenciales. Es una oración dirigida a un dios fabricado por manos humanas. En fin, es una oración supersticiosa, que brota del miedo a perder la popularidad. La superstición es una forma degradada de idolatría, el pecado más fustigado por la Escritura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los recientes sucesos en ciudad de Guatemala, cuando una movilización popular se manifestó en oposición a la aprobación apresurada del Presupuesto de Estado 2021, son una tremenda escuela política para los países de la región centroamericana, caracterizados en mayor o menor grado por sus problemas endémicos de subdesarrollo. El incendio provocado en el Congreso guatemalteco y las peticiones de renuncia a la administración de Alejandro Giammattei evidencian la facilidad con la que fallan los cálculos políticos y cómo la voluntad popular que en un momento apoya a determinada fracción para que acceda al Gobierno puede rebelarse rápidamente, generando una severa crisis de legitimidad sobre el accionar del Estado. El ataque popular a las instalaciones del Congreso y la consecuente represión policial también encierran un gran significado sociopolítico que es necesario develar. ¿Cuál es la fuerza soberana que se manifiesta en esa crisis, el pueblo o el Estado? Y ¿cuál es el rol que tiene el Estado en el mejoramiento o deterioro experimentado en las condiciones de la vida cotidiana del pueblo? Esta reflexión vuelve importante precisar las nociones de Estado y Gobierno. El Estado es esa abstracción que se manifiesta en el conjunto de estructuras organizativas montadas sobre el pueblo y cuya arquitectura institucional yace predominantemente en la Constitución y las leyes; el Gobierno, por el otro lado, es el timón empleado por personas envestidas de la calidad de funcionarios para mover el poder del Estado sobre el pueblo. Pues bien, las demostraciones del fin de semana en Guatemala nos hacen pensar que un segmento importante de sus ciudadanos repudia la forma maliciosa en que el Estado se alimenta de la gente y el Gobierno, del Estado, mientras el pueblo, formado como sociedad y dividido en clases, pierde aceleradamente su capacidad de reproducción, haciéndose más visible su empobrecimiento. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que se afincó la idea de que el Estado se encontraba demasiado reducido debido a las políticas “neoliberales” y que desde esa posición no podía cumplir los objetivos de desarrollo que se le han atribuido constitucionalmente. Pero parece que ahora la ciudadanía regional es más consciente de que el aumento en el gasto y la deuda pública no es suficiente para alcanzar la efectividad exigidas a los gobernantes. Y las razones de esto son básicamente dos: la corrupción y la incompetencia. El Presupuesto de un Estado no solo nos indica cuál es la proyección de las finanzas públicas, sino también el balance y correlación de las fuerzas que lo aprueban o rechazan, así como la agenda política que un determinado Gobierno pretende echar a andar, basada en determinadas expectativas económicas. La realidad de los hechos nos demuestra cada vez más la distorsión que existe entre lo que un Gobierno proyecta o espera a través de su Presupuesto y lo que logra cumplir. Para el caso, la pandemia de covid-19 ha aumentado a un grado superlativo las partidas presupuestarias de la mayoría de países centroamericanos, mientras que la crisis económica engendrada durante este período ha provocado una disminución significativa de los ingresos gubernamentales. Esto sin contar con los efectos destructores, tanto humanos como económicos, que dejaron las pasadas tormentas y huracanes. En este sentido, la manera en que la gestión de la crisis ha arrastrado a sectores enteros de la sociedad ha hecho que esta se vuelva más inquisidora sobre el manejo de los fondos públicos y cuestione más a su Gobierno sobre el recurso del endeudamiento ante la falta de transparencia. Esta coyuntura recuerda mucho la crisis que le dio paso a uno de los eventos políticos más célebres en la historia, la Revolución Francesa, protagonizada tanto por la clase comerciante como la trabajadora en contra del régimen monárquico y sus planes de incrementar la expoliación a través de más impuestos. Ese movimiento transformó totalmente al Estado; le diseñó un límite. Hoy en día, el hecho que la población se mantenga empobrecida o se empobrezca aún más mientras los Gobiernos se embarcan en proyectos fantasmas que solo lucran a sus funcionarios ha hecho insostenible la situación, encendiendo la mecha de una bomba financiera que abre a la posibilidad de que los Estados queden desfinanciados y, por consiguiente, desarticulados. Comparando la situación de Guatemala con lo sucedido en Costa Rica nos damos cuenta de que este no es un problema focalizado, aunque se puede manejar de una manera distinta. Desde 2018, Costa Rica viene siendo corroída abiertamente por una crisis en sus finanzas públicas, por lo cual el Gobierno tico buscó endeudarse aún más con el Fondo Monetario Internacional. La protesta popular que se generó contra el anuncio de esa medida hace más de un mes llevó a retirar el proyecto y buscar la formación de una mesa nacional de negociación para alcanzar un acuerdo fiscal y de modernización de la administración pública. Pero todo hace prever que accede

Proceso El cambio más radical que propiciaron los Acuerdos de Paz de 1992 fue separar la seguridad pública y la defensa nacional. A la nueva Policía Nacional Civil se le encomendó la primera, a las Fuerzas Armadas la soberanía y la integridad del territorio y estar supeditados al poder civil. De esta manera, el autoritarismo militar que gobernó todas las dimensiones de la vida nacional durante décadas y cuyas consecuencias derivaron en una guerra civil, podría dar paso a un régimen democrático pluralista y respetuoso de los derechos humanos fundamentales. Es cierto que la ley contempla excepciones a esta regla, dejando abierta la posibilidad de que el Presidente disponga de la Fuerza Armada, pero solo en casos excepcionales. Sin embargo, la excepción se ha vuelto regla en El Salvador. Apenas firmados los Acuerdos de Paz, desde 1993, al ejército se le comenzó a utilizar en tareas de seguridad ciudadana. Gradual y progresivamente, la Fuerza Armada ha vuelto a ser un actor político de primera línea. Durante los primeros dos gobiernos de Arena (1989-1999), al ejército se le utilizó de manera discreta. Pero a partir de los planes manoduristas, en los siguientes dos gobiernos de Arena (1999-2,009) y los dos del FMLN (2009-2019), a los efectivos militares se les dio mucha más visibilidad en las calles. ¿Quién no recuerda las tanquetas en las esquinas pretendiendo ser un elemento “disuasivo” para la delincuencia? No obstante, ha sido durante el gobierno de Nayib Bukele que la institución castrense se ha vuelto, otra vez, protagonista de la vida nacional. En una anacrónica y errática lectura de la independencia centroamericana, se les declaró héroes en la conmemoración del 15 de septiembre de 2019, y con el mismo adjetivo se les publicita en televisión, desde el gobierno, por sus labores durante la pandemia de covid-19 y durante las emergencias por las tormentas que han azotado al país. Militares se han visto repartiendo comida, buscando langostas, haciendo cercos “sanitarios” y un largo etcétera. ¿Las Fuerzas Armadas siempre han conservado el poder decisorio sobre la vida nacional? ¿Están realmente supeditados al poder civil? Lo que se ha visto en todos estos años son signos claros que denotan que el estamento militar es una especie de casta superior. La Corte Suprema de Justicia se negó en varias ocasiones a colaborar con los tribunales españoles para aclarar el caso de la masacre de la UCA. Esta es la razón por la que solo uno de los autores mediatos del crimen fuera juzgado recientemente. También la Corte, cobró singularidad en el mundo, al interpretar una difusión roja de la interpol como “aviso de localización” contra los militares señalados por el mismo crimen. El ejecutivo de entonces, presidido por Mauricio Funes, los protegió albergándolos en el cuartel central de la extinta Guardia Nacional, cuna de los escuadrones de la muerte. El gobierno de Bukele ha continuado con la misma práctica de gobiernos anteriores: la seguridad pública es represiva y la Fuerza Armada tiene un lugar privilegiado en ella. Prácticamente todos los puestos estratégicos en la actual Policía Nacional Civil, comenzando por su director, provienen de las filas del Ejército. A esto hay que sumar también que el actual gobierno ha hecho lo mismo de siempre al impedir y bloquear las investigaciones sobre la masacre de El Mozote y que, a pesar de que las Fuerzas Armadas reciben pagos de parte de las Naciones Unidas por la participación de efectivos y equipos en la misiones de paz impulsadas por la instancia supranacional, ningún ente de control interno ni ningún gobierno, incluido el actual, ha exigido cuentas sobre lo que hacen con ese dinero. Finalmente, la más reciente resolución de la Sala de lo Penal sobre la masacre de la UCA es, según los especialistas en la materia, una aberración jurídica que descaradamente tiene el fin de defender a los militares. Mientras esto ocurre, en la Asamblea Legislativa ya ha sido presentada una propuesta de “Ley de Seguridad Nacional” que, según se rumora, daría poder de decisión a la Fuerza Armada sobre temas estratégicos del país. Es decir, hay demasiados signos que evidencian que la institución castrense sigue siendo un estamento que está por encima de la ley. Y hay todavía militares, candidatos a diputados incluidos, que se gozan en afirmar que el poder real del país lo tiene la Fuerza Armada. No reconocen los errores de la guerra y siguen negando las atrocidades cometidas por sus miembros a pesar de la evidencia científica que lo demuestra. Los militares que se oponen a las pretensiones autoritarias de Nayib Bukele, que no son pocos, ven en el papel del actual ministro de Defensa una desviación o, a lo sumo, una traición, pero mantienen intacta su convicción de que sin Ejército la República no existiría. ¿Están realmente bajo el poder civil o el poder civil no les exige nada que ellos no quieran obedecer? ¿El presidente los defiende como héroes porque sabe que sin ellos su estilo de gobernar no es vi

El concepto de dignidad humana aún resulta muy difícil de aplicar de un modo universal a todas las personas. El doctor Salvador Moncada, prominente investigador hondureño, dijo recientemente en la Academia Pontificia de Ciencias que el covid-19 afecta con más fuerza a quienes tienen problemas cardíacos, a los diabéticos y a los pobres. Mientras los dos primeros grupos corresponden a problemas fisiológicos (con cierta frecuencia genéticos), la pobreza es una enfermedad social curable. A pesar de las grandes declaraciones y nobles intenciones —presentes en la mayoría de Constituciones políticas— sobre la igual dignidad de las personas, el trabajo por su respeto suele excluir a amplias capas de la población, dejándolas en la pobreza. En el país, la Constitución reconoce la igual dignidad humana, pero la realidad dice otra cosa. La indiferencia o el paternalismo hipócrita de las élites frente a la pobreza es una señal clara de lo poco que se respeta la dignidad de todos los salvadoreños. Por otra parte, a pesar de la intensa lucha de muchas mujeres para defender sus derechos, continúan presentes conductas y modos de convivencia que ofenden, rebajan o menosprecian la dignidad de ellas. La cifra anual de violaciones contra mujeres y niñas prueba que algo anda muy mal en nuestra sociedad. Además, tanto entre letrados e iletrados, como entre militares y civiles, policías y ciudadanos, pobres y ricos existe la tendencia a establecer diferencias que dañan la igual dignidad de la persona humana. Y esa tendencia se intensifica cuando se trata de personas privadas de libertad. En este caso, a la consideración de inferior dignidad se añade desprecio, odio y espíritu de venganza. Este tipo de cultura ha favorecido el apoyo a un lenguaje partidario populista que no oculta modos de proceder contrarios a la convivencia democrática. Y no es de extrañar que el populismo autoritario tenga éxito cuando los poderes del Estado, institucionales y de facto, han marginado con frecuencia y facilidad el respeto a la dignidad humana de una buena parte de la población. Mucha indignación causó, y con toda razón, la toma de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, respaldado por el Ejército y la Policía. Sin embargo, no genera mayor reacción que los diputados hayan propuesto una ley de seguridad nacional con abundantes resabios del autoritarismo militar del pasado. Si el populismo no es la solución para los problemas sociales, el militarismo tampoco, menos cuando la Fuerza Armada es experta en despreciar la dignidad de las víctimas de la guerra civil. El populismo autoritario que ha caracterizado a casi todos los partidos desde la firma de la paz ha sido superado en el dicho y en el hecho por el Gobierno actual. El país no debe volver a un pasado populista ni labrar su futuro sobre un autoritarismo incapaz de respetar a todas las personas. La conversión tanto de las élites como de la ciudadanía en general a una firme y coherente creencia en la igual dignidad humana es la única ruta hacia un desarrollo equitativo y justo. El esfuerzo de la sociedad civil en este aspecto es determinante, como también reconocer y transformar todas aquellas situaciones lesivas a los derechos humanos.

Cuando asesinaron a los seis jesuitas y a Elba y Celina Ramos, tocaba interpretar el contexto de su muerte y no se nos ocurrió más que encabezar nuestros comentarios con una frase evangélica: “Testigos de la verdad”. Ellacuría en particular solía decir que la tarea universitaria más importante en El Salvador era hacer verdad. Y tanto él como los otros compañeros se empeñaban con una constancia y fortaleza admirable en el sistemático análisis de la realidad que exige hacer verdad. Por eso, ahora que celebramos los 31 años de la masacre en la UCA, resulta clave analizar el estado de la verdad en este país nuestro por el que ellos dieron sus vidas. Para empezar, habría que decir que judicialmente ni siquiera se ha conseguido hacer verdad sobre el crimen cometido contra estos testigos de la verdad. Moralmente se ha llegado a la verdad, ratificada ampliamente tanto en comisiones, estudios y en un juicio en España contra uno de los autores intelectuales. Pero en el sistema judicial salvadoreño queda todavía la suficiente podredumbre como para impedir la verdad judicial, que, en definitiva, es la que debe decir el Estado ante un crimen de la naturaleza que comentamos. Podredumbre que, al menos de momento, está impidiendo que el Estado reconozca la verdad de muchos crímenes del pasado. Esta costumbre de negar la verdad estatalmente lleva a construir historias e interpretaciones falsas de nuestra realidad. Las confrontaciones con periodistas y medios de comunicación críticos, y la tendencia a aprovechar políticamente las coyunturas para deformar los hechos atacando al opositor son un problema grave de la política salvadoreña desde hace mucho tiempo. Tal vez por eso mucha gente se inclina a favor de quienes atacan a los mentirosos de siempre, aunque en ocasiones utilicen mentiras del mismo porte y nivel. La tarea indispensable de hacer verdad, sin embargo, permanece en el esfuerzo de muchos. No obstante, mientras continuemos presentando pequeños y aislados pasos como grandes soluciones, más interesados en las posibles repercusiones electorales que en la construcción de un desarrollo real y de largo plazo, difícilmente llegaremos a un futuro que supere nuestras fuertes limitaciones. El diálogo serio y con responsabilidad sobre la realidad del país es esencial. Lo mismo que una adecuada planificación de las respuestas a una situación donde la pobreza aumenta y el cambio climático es cada día una amenaza mayor. Continuar con la furia de gallos de pelea mientras la casa común se inunda o se quema no tiene sentido. Las elecciones se acercan, y solamente una planificación seria del futuro, que incluya escuchar a la población en sus necesidades, puede devolver la confianza en la política. No sirve decir que de momento el 90% de la gente apoya a uno o a otro. Los apoyos coyunturales son eso, coyunturales. Si la pobreza aumenta, si el trabajo escasea, si los problemas se quieren resolver desde el insulto y la maniobra artera, si la corrupción continúa en los tres poderes del Estado, es muy difícil que un grupo o un líder carismático a solas resuelvan los problemas. Cuando el estancamiento en la marcha atrás sea demasiado patente, todo se volverá más difícil. Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, decía que la verdad puede aplastarse e incluso destruirse, pero quienes la destruyen tienen siempre un grave problema: nunca encuentran un sustituto adecuado para esa verdad. En este tiempo largo de mentiras que con frecuencia triunfan sobre la realidad, hacer verdad continúa siendo un legado clave de los mártires de la UCA. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Las cuentas no le han salido bien al presidente Bukele. Nunca imaginó que el discurso contra los corruptos de Arena y del FMLN se volvería en contra suya y de los suyos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), instituida por él mismo para combatir la corrupción, encontró “irregularidades” notables en la adquisición de bienes por parte de varias dependencias del poder ejecutivo y, según lo acordado, dio aviso a la Fiscalía General, que procedió a requisar la información. La institución insignia contra la corrupción, una de las grandes promesas de la campaña electoral, ha colocado sorpresivamente en aprietos a algunos de los incondicionales del entorno presidencial. Una acción inaudita, porque los corruptos, por definición del mandatario, son Arena, el FMLN y la empresa privada políticamente contraria. Nunca se le pasó por la cabeza al presidente que los ministros de Salud, Hacienda, Agricultura y Ganadería, y Medioambiente, y los presidentes de Anda y del Fondo Ambiental de El Salvador pudieran ser cuestionados institucionalmente por corrupción. Tal vez porque no duda de su integridad. Tal vez porque está convencido de que los suyos no son de la misma pasta que sus enemigos políticos. Tal vez porque es renuente a reconocer que se equivocó al ponerlos al frente de esos despachos. Tal vez porque, en cuanto incondicionales, son intocables, aun cuando hayan cometido actos corruptos o hayan sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones como el director de la Policía, elevado a viceministro para investirlo de impunidad. Sea lo que sea, Casa Presidencial ha salido malparada. La reacción ha sido furibunda. Valiéndose de la Policía, el Ejecutivo entorpeció la incautación de información en el Ministerio de Salud. Protestó porque los fiscales habrían ingresado en las instalaciones en cantidad excesiva, sin credenciales, sin orden judicial y armados. Interpretó la acción fiscal como un ataque contra los logros gubernamentales y contra “la nueva forma de hacer política”. Insultó a los fiscales, a quienes llamó “sinvergüenzas” y arremetió contra doce congresistas estadounidenses porque uno de ellos respaldó los allanamientos. En el afán de librar a los funcionarios de responsabilidad, Casa Presidencial convirtió al pueblo en víctima de los fiscales: anunció el desabastecimiento de medicamentos por la confiscación de los equipos informáticos del Ministerio de Salud. El fiscal general, según el presidente Bukele, tiene necesidad urgente de “atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño”. Las razones de la agresión no fueron reveladas por el mandatario, erigido en defensor del pueblo bajo ataque fiscal. Asombrosamente, el ministro de Salud contradijo la versión de su jefe al dar la razón a la Fiscalía General. Admitió la existencia de “un primer informe” sobre “irregularidades en procesos de compra” y que “no se compró insumos y medicamentos a precio convencional”, sino inflado por el “canibalismo”. A continuación, restó importancia a los reclamos de la Cicies, ya que serían “errores de forma” normales, en “eventos extraordinarios”, cuando es imposible “ser tan minucioso”. Olvidó mencionar que los caníbales son allegados al círculo presidencial. No deja de ser irónico que mientras Casa Presidencial se empeña en disimular la corrupción de sus funcionarios, su ministro de Hacienda anuncie una campaña contra la fuga del capital a los paraísos fiscales. Bien se cuida el ministro de advertir que el objetivo de la cruzada son “los malos empresarios”. En lenguaje gubernamental, los políticamente contrarios. Los seguidores del presidente, “los buenos empresarios”, pueden estar tranquilos. Sus capitales están seguros. En realidad, ningún capital fugado corre peligro. La lucha contra los paraísos fiscales solo puede ser eficaz si la comunidad internacional decide acabar con ellos. Por el momento, no está por la labor. En cualquier caso, la repatriación de esos capitales tomará tiempo. Si regresan, llegarán demasiado tarde para una hacienda desesperada por obtener liquidez. El fiscal general sorprendió a Casa Presidencial al retomar la amenaza del presidente Bukele de “meter preso a todo funcionario o a toda persona que se enriqueciera con fondos públicos de la pandemia”. El asombro y la cólera presidencial revelan que esas frases son para animar a los usuarios de las redes sociales, no para tomarlas en serio. Mucho menos para cuestionar la honradez de los funcionarios del presidente. Los allanamientos de las dependencias del poder ejecutivo y de las empresas proveedoras son solo el primer paso. Muy importante, a juzgar por las reacciones presidenciales. Todavía está por ver cuántas condenas consigue la Fiscalía General. Es un paso modesto, ya que por cuarto año consecutivo el país no alcanza el mínimo control de la corrupción establecido por Estados Unidos. Queda mucho por hacer aún. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que al parecer no han entendido algunos funcionarios públicos es que los derechos fundamentales no son concesiones que ellos pueden otorgar a su arbitrio o anular cada vez que el ciudadano critica sus actuaciones. Los derechos son facultades o poderes de actuación reconocidos como consecuencia de las exigencias ético-jurídicas derivadas de la dignidad de la persona, su libertad y su igualdad. Dignidad, igualdad y libertad plasmadas en la Constitución y que, por ello, fundamentan materialmente todo el ordenamiento jurídico, gozando de la supremacía y la protección reforzada de las que goza la Carta Magna. Sin duda, al actual estado inconstitucional de cosas se agregan los continuos obstáculos los derechos a la información, de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Sin embargo, a pesar de las actuaciones gubernamentales que pretenden obstaculizar estos derechos, tarde o temprano la información saldrá a la luz. La libertad de información, tal como lo apunta la jurisprudencia constitucional, asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su vida, de manera que, debidamente informadas, puedan tomar decisiones libres. Esta libertad se manifiesta a través del derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el derecho de acceso a la información pública. Este último derecho implica el libre acceso a las fuentes que contienen datos de relevancia pública. La protección constitucional a la búsqueda y obtención de información se proyecta frente a los poderes públicos y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado, o que, en general, ejecute actos de la administración, pues existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado y de la gestión de sus recursos. Las pretensiones ciudadanas de conocer el destino y utilización de estos recursos es un ejercicio legítimo, así como también lo es conocer el aumento en el patrimonio de los funcionarios públicos. Por ello es que la Constitución, en el artículo 240, prevé que si estos se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal, estarán obligados a restituir lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que incurren conforme a las leyes. Estas pretensiones ciudadanas no son una afrenta hacia los funcionarios ni una novedad. Durante su período, Mauricio Funes intentó paralizar el nombramiento de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública cuando recién nacía dicha institución. Además, reservó la información relativa a los continuos viajes que realizaba junto a la primera dama, así como la concerniente a los servicios de agencias de publicidad contratadas para el diseño e implementación de campañas. En igual sentido, la entonces Junta Directiva y el Oficial de Información de la Asamblea Legislativa se negaron a entregar información sobre los gastos efectuados en la compra de obras de arte, regalos de navidad y bebidas alcohólicas en 2012, al haberla clasificado como confidencial. Ante la negativa de las autoridades de aquel momento de entregar dicha información y ante la clara intención de mantenerla en la más completa oscuridad, los ciudadanos activaron los mecanismos legales y constitucionales para que fuera conocida por todos. Así, la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Presidencia de la República que implementara una efectiva identificación, sistematización, resguardo y custodia de la información que generaba en su seno, y que instruyera a las instituciones públicas con las que tenía relación directa para que acataran dichas directrices y se evitaran futuras vulneraciones al derecho fundamental al acceso a la información pública. Asimismo, aclaró que la Presidencia tenía la obligación de colaborar para que a otras instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, realizaran las atribuciones que la Constitución les reconoce. En el amparo 155-2013, la Sala le ordenó al Oficial de Información de la Asamblea Legislativa que entregara el listado de obras de arte, regalos y bebidas adquiridos, así como las facturas correspondientes. En dicha resolución judicial se afirmó también que no había impedimento alguno para que la Junta Directiva de la Asamblea publicara en su portal electrónico las versiones públicas de sus acuerdos. Las maniobras utilizadas, tanto en el pasado como hoy en día, para ocultar la información pública terminan cediendo ante el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Como se afirmó en la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de los fondos públicos, y son imprescindibles para fortalecer el Estado c

Con frecuencia escuchamos que tras la pandemia debemos prepararnos para la “nueva normalidad”. Este término es ambiguo porque supone que antes del covid-19 había una situación “normal”. Pero ¿qué es normal? ¿Es normal el sistema económico, social y político de dónde venimos y en el que estamos? ¿Son normales las numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano? ¿Es normal que una parte de la humanidad viva en opulencia, mientras otra ve su dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados? ¿Es normal un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro? Para el papa Francisco, “la normalidad” no será la mera continuación del pasado, como tampoco la cancelación de este duro momento, sino una puesta en juego de todos nuestros recursos y creatividades para transformar el presente en el eslabón de una nueva oportunidad. Para lograr ese cambio, el papa aboga por una organización social basada en el “contribuir, compartir y distribuir con ternura, no en el poseer, excluir y acumular”. Hay que diseñar sistemas de organización social en los que se premie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares. En esta línea, ha recalcado que este “no es el tiempo de la indiferencia”, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. “No es el tiempo del egoísmo”, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. “No es el momento para seguir fabricando y vendiendo armas”, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. “No es el tiempo del olvido”: la crisis que estamos afrontando no nos debe llevar a dejar de lado tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Es la hora, pues, de ponernos a trabajar con urgencia para diseñar y generar sistemas de organización social inclusivos que posibiliten vida abundante. Es lo que Francisco denomina “sociedad solidaria y justa”. Los medios de comunicación social pueden y deben contribuir a ese propósito. Así lo ha manifestado el papa en sus diferentes mensajes para las jornadas mundiales de la comunicación. En ellos expone formas específicas y decisivas de este aporte: opción de comunicar en la proximidad; utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión; comunicar esperanza y confianza; y frente a la proliferación de noticias falsas, cultivar la verdad. En pocas palabras, poner a producir la función social de los medios. Ante lo que el papa llama los “pecados de los medios”, es decir, la desinformación (manipular la noticia), la calumnia (decir mentiras impunemente), la difamación (violentar el derecho a la buena imagen) y la coprofilia (amor al escándalo, a la morbosidad), se proclaman tres exigencias éticas: amar la verdad, poner la comunicación al servicio del encuentro y asegurar el respeto a la dignidad humana. Ese amor a la verdad no tiene un sentido abstracto, sino muy concreto. Verdad, para el papa, “es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. […] Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas”. Utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión significa tomar en serio las necesidades, angustias y esperanzas del otro, situarlo como referente y luz de la comunicación. Y uno de los requisitos fundamentales para que esto sea así es el examen crítico respecto al lenguaje que se usa para comunicar la realidad, que no pocas veces termina encubriéndola o distorsionándola, según favorezca el propio interés o ideología. La tercera exigencia para una comunicación que respete y fomente el valor de la dignidad humana tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Frente a una cultura de fugacidad y olvido, Francisco exhorta a no caer en la tentación de “dar vuelta a la página”. En la encíclica Fratelli tutti, afirma: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”; “necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”; hay que “despertar y preservar el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”; hay que recordar a quienes “en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidarid

Este lunes 16 de noviembre se celebra el recuerdo de los mártires de la UCA. Dos mujeres y seis jesuitas asesinados hace 31 años, y que así pasaron a formar parte del extendido número de personas que dieron la vida en El Salvador tratando de defender pacíficamente a los pobres. La masacre cometida en la UCA ha sido reconocida como delito de lesa humanidad y crimen de guerra tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la impunidad continúa tratando de imponerse. Primero, políticamente y, ahora, contra todo derecho, en el sistema judicial. Los dos jueces que emitieron recientemente una resolución con visos claros de prevaricato dicen que sienten y lamentan lo sucedido en 1989, pero no les tiembla la mano al firmar una resolución a todas luces reñida con la verdad, con el derecho y con la dignidad. Más allá de estos avatares jurídicos, el recuerdo y la memoria de los mártires continúa viva y generando vida entre mucha gente de bien. Los mártires despiertan siempre solidaridad y deseo de justicia y de reconocimiento de la verdad. Desde todo punto de vista, sea religioso o laico, quien es víctima de injusticia y de violencia tiene más dignidad que aquellos que matan o abusan. Y tienen más dignidad también que los triunfadores, los aparentemente piadosos o los que se escudan en cualquier tipo de excusa para seguir glorificando a los verdugos. Nos ayudan a entender que merece la pena vivir fraternal y solidariamente, nos enseñan qué es la compasión y la misericordia, que la humanidad es una, y que solo se puede ser humano reconociendo a los demás como prójimos. Los ocho mártires sacrificados en la UCA fueron constructores de paz e hicieron verdad desde la reflexión y el conocimiento en una sociedad marcada por la violencia, la guerra y los prejuicios ideológicos. Su tarea la continúan hoy muchas personas que, desde diversas posiciones y situaciones, tratan de que el diálogo se imponga sobre el insulto y la polarización; gente empeñada en crear una sociedad de nuevo cuño, en la que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y convivir en paz. La insistencia de los mártires en la necesidad de cambios estructurales está presente en quienes luchan en favor del agua como un derecho humano, sin afanes de lucro que lo entorpezca. Brilla en los médicos y enfermeras que se empeñan en salvar vidas en medio de la pandemia, a veces incluso en contra del propio sistema público de salud. Adquiere fuerza y vigor en los jóvenes que no se conforman con la situación actual y que buscan un país con sentido para todos. Cuando mataron a Elba, Celina y los jesuitas, la expresión que más se repitió en aquel momento como grito de esperanza firme fue “No los han matado”. Hoy podemos decir con evidencia que los mártires y las víctimas están cada día más presentes. Vencieron a la infame ley de amnistía. Se enfrentan con los cínicos y mentirosos que incitan al olvido desde su comodidad. Y continúan trabajando, por sobre el griterío visceral de las redes sociales, por un futuro justo, libre, en el que la igual dignidad de las personas se construya siempre desde los desvalidos y sea mucho más que una frase retórica escrita sobre papel mojado.

El presidente Bukele y sus ministros se ríen como quieren de los diputados de Arena y del FMLN. El irrespeto es motivo suficiente para que estos se sientan ofendidos, incluso victimizados, por el poder ejecutivo. Sin embargo, la violencia institucional que sufren es también su responsabilidad. Incautamente han dejado el espacio libre a las ofensivas del presidente y sus funcionarios. Su actividad legislativa es lenta, improcedente e incompleta. Su actividad política, irrelevante. Hasta ahora, en vísperas de elecciones legislativas y municipales, han sido incapaces de articular una propuesta convincente. Se limitan a reaccionar a las iniciativas presidenciales. Entorpecen su ejecución y provocan la ira del presidente, pero no tienen nada que ofrecer en su lugar. Tampoco los diputados de los otros partidos, sumisos a las directrices del mandatario. El cuestionamiento a los funcionarios que han tenido a bien acudir a las comisiones legislativas no ha conducido a ningún lado. La nulidad de la oposición legislativa ha sido aprovechada hábilmente por Casa Presidencial. Los diputados de Arena y del FMLN y su cohorte de asesores no constituyen una oposición que imponga respeto al poder ejecutivo. Los diputados de Arena y del FMLN descubren hasta ahora el juicio de El Mozote, los archivos militares, la partida secreta presidencial, la democracia, la institucionalidad, la corrupción y la moral pública. Arena tuvo dos décadas y el FMLN una para promover los derechos humanos y la administración de justicia, para fortalecer la institucionalidad democrática e implantar un servicio público basado en el conocimiento, la experiencia y la ética. Ahora que el presidente Bukele sigue sus pasos, levantan sus voces airadas para denunciar lo mismo que ellos descuidaron en tres décadas. Sus protestas tienen mucho de falsas e hipócritas. Si al menos fueran acompañadas por un proyecto sólido, veraz y viable, podrían avanzar en credibilidad. Lo peor es que no han aprendido de su fracaso. La elección en curso de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia adolece de vicios conocidos. El FMLN no solo insiste, por segunda vez, en meter a uno de sus alfiles, sino que tiene el descaro de defenderlo como servidor público ejemplar, pese a que su mediocre desempeño en la academia de policía es bien conocido. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal que temerariamente han fallado en contra de la Sala de lo Constitucional para salvar el pellejo de los militares acusados de la masacre en la UCA fueron elegidos por esos mismos partidos. Ninguno cumple con los requisitos formales para ser magistrado, al igual que el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Hacienda actuales. Arena y el FMLN no tienen solvencia para reclamar por los desaciertos del presidente Bukele, que no hace otra cosa que imitarlos. El discurso es distinto, pero el modo de gobernar es idéntico. El mandatario enfatiza lo mucho que lo separa de los presidentes de Arena y del FMLN, pero, en la práctica, gobierna como ellos. Arena y el FMLN no han caído aún en la cuenta que viven inmersos en un pasado inexistente, muy marcado por una guerra sin sentido e irracional, y por una postguerra caracterizada por la corrupción, el fraude y la violación flagrante de la institucionalidad. Los liderazgos políticos de la oligarquía reaccionaria y de la revolución que no fue han envejecido, aferrados al pasado. Convencidos de estar en posesión de la solución para el país, se han negado a abrir espacio a las nuevas generaciones. No aceptan otra forma de hacer política. La desactualización ha erosionado sus posibilidades sociales y políticas y, por ende, también electorales. Gobernaron sin rivales hasta la llegada de Bukele. No es que este tenga mejores respuestas, sino que su enajenación de la realidad nacional le dejó el campo libre. Bukele es un fenómeno sociopolítico que se encuentra por todos lados, en Europa y en Estados Unidos. Es la protesta de la gente ante la falta de respuesta a sus necesidades más sentidas y ante el miedo frente a un futuro inmediato incierto y amenazador. Bukele ha sabido ofrecer seguridades y ha sugestionado a sus seguidores del poder transformador de su discurso. Eventos como el huracán Eta sirven bien a este propósito. Los funcionarios aparecen al frente de la crisis, aparentan tener la situación bajo control y prometen hacerse cargo de las víctimas. El espectáculo es persuasivo. Otra cosa es que entregue lo prometido. El éxito del presidente Bukele y su partido es la otra cara del fracaso de Arena y del FMLN. Estos cada vez pierden más terreno ante el empuje del partido oficial. Aunque tal vez no por mucho tiempo: el electorado tiende a castigar la política tradicional, pero no agrada ser gobernado por sus reemplazos. Estados Unidos es un buen ejemplo. Se abre así una oportunidad para las nuevas formaciones políticas salvadoreñas que, con el tiempo, pueden convertirse en la némesis de los triunfadores de hoy. * Rodolfo Cardenal, d

Esta primera semana de noviembre ha convocado las noticias y las discusiones en torno a un acontecimiento global que, por un momento, dejó de ser directamente la discusión sobre la pandemia y las nuevas olas de contagio que se viven en distintos puntos del planeta. Esta vez el tema han sido las elecciones de los Estados Unidos en donde se definió no solo la presidencia, sino también la conformación del Senado y de la Cámara de Representantes. El Salvador ha seguido de cerca lo que sucedía en dicho país. En parte, lo han dicho analistas en innumerables ocasiones y lo han repetido los políticos, tiene una larguísima relación con Estados Unidos. Pero no solo eso, la historia de la migración salvadoreña ha tenido también una palabra en este proceso. De acuerdo al Pew Hispanic Center, los salvadoreños son la tercera población más importante de origen hispano, luego de los mexicanos y los cubanos. En esta elección estaba en juego, entre otras cosas, la posibilidad de retorno o permanencia para 200,000 salvadoreños con TPS (Temporal Protection Status) y sus familias. El poeta Roque Dalton dijo en su poema O.E.A. que “el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país” y la discusión sobre estas elecciones fue seguida en el país con cuidado. En una campaña política adelantada que lleva ya un largo recorrido en las redes sociales, los distintos partidos han opinado, celebrado y discutido las implicaciones de estos resultados. Si bien todo indica que el presidente Trump ha perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, nos interesa situar en este espacio las lecciones que se pueden sacar sobre la comunicación y los procesos electorales. Una primera lección, que los políticos locales deberán empezar a digerir es que el discurso de odio, si bien es rentable a corto plazo, parece que su éxito no necesariamente es sostenible electoralmente, aunque permanezca ahí. Lo que sí parece conseguir el discurso de odio es un posicionamiento político y la movilización de distintos movimientos ciudadanos. Estados Unidos ha registrado las elecciones con mayor participación política de los votantes en los últimos cien años. Una segunda lección es que la movilización política no es una batalla que se gane de manera improvisada ni respondiendo a los discursos del odio. Se trata de construir una agenda propia a mediano plazo y trabajar de manera sistemática en los barrios, en las Asambleas, se trata de escuchar las preocupaciones de las personas, sus miedos, de llorar con sus muertos tal y como ha hecho Stacey Abrams en Georgia, o Alexandria Ocasio Cortez en Nueva York. Una tercera lección es que, frente a los movimientos reaccionarios que coquetean con nuevos autoritarismos, que sueñan con una utopía habitada por generales de todos los ejércitos y ciudadanos armados, esto es, frente a una política de guerra, la mejor respuesta es un proyecto del común y del cuido, como ha dicho el nuevo presidente electo de Estados Unidos, se trata de ver en el otro un adversario, no un enemigo. ¿Quién no recuerda aquella frase que se repetía durante la guerra en las comunidades eclesiales de base de: “tenemos que salvarnos juntos, tenemos que llegar juntos a la casa del Padre, ¿qué diría si nos viera llegar a los unos sin los otros?”. El verdadero cambio a largo plazo viene entonces del trabajo en el territorio, de la apuesta por la comunidad y del proyecto de cuidado que muchas veces el talante femenino suele manifestar. Una cuarta lección es que, aunque nos parezca imposible y lejano, las fake news y la construcción del régimen de postverdad al que han apostado presidentes como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele tiene un límite. El límite pasa por un proceso constante de educación, de organización para que las audiencias estén mejor informadas, por el compromiso de medios que apuestan por el periodismo de investigación riguroso y crítico y sobre todo, por la exigencia que todas y todos debemos hacer a las redes sociales para que activen los límites y los filtros necesarios ante las afirmaciones fuera de contexto que muchas veces los políticos llevan a cabo. Eso es lo que hemos visto estos días. Facebook habilitó un espacio para que toda persona pudiera tener acceso a información verificada para conocer sobre las elecciones. Twitter se decidió (por fin) a cerrar la cuenta de Steve Bannon, exasesor de comunicaciones de Donald Trump después que sugiriera “que el Dr. Anthony Fauci y el director del FBI, Christopher Wray, deberían ser decapitados”. También censuró varios tuits de Donald Trump y los marcó como información no verificada. Este límite debe ser aplicado a políticos de todo el mundo que utilizan las redes para enardecer a los ciudadanos, provocar discursos de odio y divulgar versiones no verificadas que normalmente van en beneficio propio. No son estas elecciones el fin de las fake news, pero quizá asistimos al final del principio. Poco a poco, como sucedió una ve

OPINION 11 11 20 PANDEMIA DE COVID 19 Y MIGRANTES TRAS CORNEADOS APALEADOS

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato. Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando. Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto. Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato. Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

La tragedia de Nejapa es un nuevo recordatorio de las condiciones precarias en las que sobrevive la mayoría de la población. Una vez más, un evento de carácter natural, pero ocasionado por la imprudencia y la indolencia humana, deja varios muertos y más de 130 familias sin techo y sin sus escasas pertenencias, adquiridas con mucho esfuerzo. Desdichadamente, esta no es la primera ni será la última calamidad. El huracán Eta amenaza con causar más ruina y pérdidas. La complacencia de unas autoridades que se conforman con alertar, lamentar y prestar auxilio inmediato es escandalosa. El ministro de Gobernación, satisfecho consigo mismo, advirtió que en el caso de Nejapa la alerta había sido oportuna, es decir, él había hecho su parte. Pero si el aviso no llega a quienes están en peligro inminente, no cumple su cometido. Es fácil culpar a las víctimas de las catástrofes naturales o minimizar su desgracia como inevitable, un daño colateral de la indiferencia social y gubernamental ante el creciente deterioro medioambiental. Afirmar la vulnerabilidad del país no justifica la pasividad y la indolencia. La gente no se asienta en sitios de alto riesgo por capricho, sino porque se le ha negado el acceso a una vivienda segura. Ni siquiera las alertas gubernamentales le llegan a tiempo. Los llamados “a tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones” gubernamentales caen en el vacío. Son iguales a la indicación de tomar “vías alternas” para evitar el atasco. Las tales vías no existen, pero el aviso descarga la conciencia del funcionario. Muchas personas están forzadas a convivir con el peligro y a retomar su vida desde la pérdida absoluta cuando aquel se concreta. Son tantas y tan comunes que se desconoce su ubicación y su número exacto. Son las mismas a quienes los políticos aseguran servir y cuyos votos buscan en tiempos electorales como los actuales. La fuerza de la naturaleza es poderosa e inexorable, pero su impacto puede reducirse grandemente con la prevención. Prevenir es mucho más que lanzar alertas cuando la catástrofe está a las puertas. Si las zonas de riesgo hubieran sido intervenidas y las autoridades ejercieran una vigilancia rigurosa, las vidas y los bienes estarían más seguros. Prevenir implica impedir depositar ripio y basura en sitios no aptos, deforestar, construir en sitios no habilitados o desarrollar actividades que amenazan el medioambiente. La prohibición de habitar sitios de alto riesgo debe ir acompañada de alternativas seguras. De lo contrario, la gente se amontona donde puede; por lo general, en sitios inseguros, en los que suelen ocurrir las tragedias que luego se lamentan hipócritamente como inevitables. La vigilancia y la coacción deben ir acompañadas por una intensa campaña educativa. Intervenir, vigilar y educar para la convivencia segura corresponden tanto al gobierno local como al nacional. El primero, dada su proximidad al territorio, debiera estar familiarizado con sus características y sus habitantes, y no debiera permitir la creación de situaciones de riesgo. Ordenar el territorio y la actividad rural y urbana se imponen. Es suicida continuar como si los recursos fueran inagotables. El gobierno nacional necesita del local tanto para prevenir la catástrofe como para auxiliar a sus víctimas. Pero la altanería del ministro de Gobernación y la prepotencia del director de la Policía en Nejapa evidencian la falsa autosuficiencia de la Casa Presidencial de Bukele. Presentarse en el sitio de tragedias como la de Nejapa para lamentar pérdidas y desenterrar cadáveres es cruel, puesto que el deslave pudo evitarse. El despliegue de ministros y fotógrafos oficiales, y el frenesí de tuits de diversos funcionarios, más de 340 en las horas siguientes, con imágenes y mensajes, proyectan la conmoción gubernamental, tan ineficaz como cínica. La mayoría de las imágenes exhiben al candidato a alcalde de la capital y actual ministro de Gobernación abrazado a las víctimas y al mando de socorristas, voluntarios y soldados. Es perverso servirse del dolor y del despojo de la población golpeada doblemente por la precariedad habitual y por la catástrofe. La calculada frialdad gubernamental ante la desgracia es insolente. La tragedia de Nejapa, a la cual se agregará muy probablemente la del huracán Eta, exigen un plan global para intervenir de inmediato las zonas de riesgo. Responsabilizar a los Gobiernos anteriores no alivia el dolor de las víctimas. El descuido no ha sido solo de ellos, el comportamiento del presidente Bukele y sus ministros no es diferente. Todos se contentan con emitir alertas, repartir paquetes para atender necesidades inmediatas y salir en la foto muy posesionados de su papel. Hasta ahora, los Gobiernos han sacrificado el medioambiente en aras de un desarrollo mal entendido. No hace mucho, el mismo presidente Bukele expresó su intención de promover la construcción aun a costa del medioambiente, que considera un estorbo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La sentencia de la Sala de lo Penal ratificando el sobreseimiento definitivo del año 2000 a los acusados de autoría mediata en el asesinato de los seis jesuitas, Elba y Celina Ramos requiere nuestra atención. Es tan irregular que resulta lógico que nos preguntemos si hay alguna relación entre la exigencia constitucional de “moralidad notoria” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y las posibilidades de caer en el delito de prevaricato. La respuesta es evidente: cuanta menos moralidad “notoria”, más fácil será caer en el prevaricato. Pero los diputados no parecen entender bien el término “notoria” aplicado a la moralidad. En el caso del magistrado Juan Manuel Bolaños, da la impresión que los diputados le calificaron “de moralidad notoria” por haber salido bien parado en ocho causas en su contra, incluidas dos acusaciones de estafa. La inocencia decretada en los tribunales siempre es positiva para quien la recibe, pero no es la mejor recomendación para convertirse posteriormente en juez, en especial si tanto las acusaciones como las absoluciones son excesivamente reiterativas. Si “notoria” significa una realidad conocida por todos, debe interpretarse que los diputados que eligieron a este magistrado habían quedado positivamente impresionados por la moralidad de una persona que ocho veces ha sido declarada inocente por la justicia. De todos modos, no conviene escandalizarse. La Constitución pide moralidad notoria también para los diputados, y ya conocemos notoriamente las incursiones desastrosas en el campo de la ética de un buen número de ellos. No es raro que la moralidad de algunos diputados borrachos, narcos, pistoleros o insensibles ante el homicidio determine moralidades dudosas, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Hasta resulta extraño que al magistrado José Roberto Argueta le hayan elegido como tal con una sola manifestación de inocencia ante la justicia. Con esas moralidades notorias, no es raro que se llegue al prevaricato. Y pasamos así a la reciente sentencia de la Sala de lo Penal. Los magistrados Bolaños y Argueta decidieron hacer caso omiso de la sentencia de 2016 sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sentencia en la que se afirma con claridad de que son judicializables todos los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Y que elimina, además, la prescripción, pues no podía esta correr apoyada en una ley inconstitucional que impedía enjuiciar crímenes imprescriptibles. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional impide invocar normas cuya vigencia dependiera de la ley de amnistía y pudieran “entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos en las normas constitucionales e internacionales analizadas”. No tener en cuenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional equivale a violar la Constitución, pues se deja de lado la interpretación normativa de la Carta Magna. Y este tipo de violación en la sentencia de cualquier tribunal convierte en prevaricadores a quienes la firman. Al menos en los últimos meses, continuamente hablamos con preocupación del Estado de derecho en El Salvador. Nos fijamos en el poder ejecutivo como fuente de violación y debilidad de las leyes. Es normal y positivo que lo hagamos. Pero tener jueces en la Corte Suprema de Justicia que caen en el prevaricato es todavía mucho más grave para el Estado de derecho. Es imprescindible que la Sala de lo Constitucional tenga el control de constitucionalidad sobre las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo. Pero también debería tenerlo sobre las sentencias de otras salas de la Corte Suprema. Hace ya unos cuantos años, el entonces presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, hablando en un auditorio de la UCA a estudiantes de derecho, preguntaba y respondía a una pregunta supuestamente jocosa: “¿En qué se parecen los abogados a los tiburones?”. Y respondía: “En que tiburón no come tiburón”. Gracias a Dios, en el país hay muchos abogados decentes, fuera y dentro del sistema judicial. Pero dados los acontecimientos, esperemos que la “sustancia” del chiste no se imponga como realidad al interior de la Corte Suprema de Justicia. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La actividad política requiere de sus practicantes una gran capacidad para sobrellevar con entereza las críticas, la diferencia de opinión y la contradicción. Saber soportarlas y responder de manera inteligente demandan habilidad y tolerancia. Los susceptibles y los irascibles no están capacitados para el liderazgo y, por tanto, carecen de cualidades básicas para practicar la política. Al no tener vocación, lo más sensato es que se retiren y se ocupen de sus intereses particulares. Estarán más tranquilos y, sobre todo, no representarán un obstáculo para la búsqueda del bien general. En el otro extremo están aquellos a quienes la crítica y la opinión contraria los dejan indiferentes. Son líderes insensibles, con frecuencia cínicos, obsesionados con alcanzar sus logros, pese a quien le pese. Los dos tipos de liderazgo están bien representados en la política nacional y ambos debieran abandonarla por carecer de virtudes cívicas y éticas. La honestidad con aquellos a quienes dicen servir y con ellos mismos pide que renuncien a la política, dado que ninguno contribuye positivamente a la búsqueda del bienestar general. La actividad política se desenvuelve en el ámbito de lo público, donde se opina, se debate y se critica. A veces con razones sólidas, a veces desde la ignorancia, los prejuicios y la mala intención. Quienes tienen vocación política no temen la crítica, ni la opinión diferente, ni el ultraje. Lidian con los rumores y los ataques personales. Son conscientes de que el ámbito de lo privado se reduce a su mínima expresión y no descartan el abuso por parte del adversario. Están dispuestos a sufrir la exposición pública en áreas tan sensibles como el patrimonio, los ingresos, las donaciones y las amistades. El buen político no teme el escrutinio de la opinión pública y la prensa ni los reclamos de la población que representa. Más bien, aprecia sus aportes y procura darles respuesta pronta y eficaz. El buen político acepta la opinión contraria y la crítica; las analiza, retiene lo valioso y olvida lo demás. Favorece el debate abierto para esclarecer las ideas, ganar seguidores, identificar malentendidos, corregir errores y poner en evidencia a los provocadores. El buen político es suficientemente inteligente como para saber que no está en posesión de la verdad y, por tanto, busca los aportes de los otros. Es humilde como para saber que las contribuciones de los especialistas y los técnicos, y el sentir de las mayorías populares proporcionan pautas válidas para encontrar lo que es mejor para todos. No desprecia los intereses de los privilegiados y cuenta con la comunidad internacional. Es sabio como para comprender que el bien común descansa en un consenso amplio, que solo se alcanza cuando logra la conciliación de intereses forzosamente contrarios. Es prudente como para saber dialogar, escuchar y negociar. El buen político construye a largo plazo, pero sabe también formular soluciones eficientes de corto y mediano plazo. El liderazgo intolerante y cínico, aparentemente firme, cosecha en abundancia entre la población confundida, amenazada y atemorizada por una realidad incomprensible. El líder promete suprimir la fuente de esas ansiedades y castigar a los responsables de la desorientación. La creciente población hispana en Estados Unidos, los inmigrantes africanos y del Oriente Próximo en Europa, o los partidos de “siempre” en El Salvador… ante ellos, el líder agita la bandera de una identidad fuerte y definida nítidamente: “nosotros” contra “ellos”. Los sectores desorientados y amedrentados sienten que esa es la respuesta adecuada y, en consecuencia, se aferran a la identidad grupal como a una tabla de salvación en un naufragio. Se abandonan completamente a la protección y a las promesas ofrecidas por el líder. Esta clase de liderazgo convierte así a sus seguidores en receptores pasivos de los lineamientos de quien manda y, en esa medida, tiende a infantilizarlos. En él encuentran la interpretación correcta de la realidad, la orden oportuna que endereza lo torcido y, aparentemente, la palabra eficaz que hace lo que dice. Todo estará bien. No hay margen para el error. No es necesario pensar, sino seguir al líder ciegamente. Este, por su parte, espera ese comportamiento. La crítica y la contradicción no están justificadas ni se toleran. Los críticos y los disidentes son fustigados y castigados. Sobre ellos cae el peso de una institucionalidad estatal manipulada. Pero la intolerancia y la agresividad no son muestras de firmeza y claridad, sino de confusión, inseguridad y miedo. Por lo general, estos líderes descubren pronto que la realidad los supera y que su poder para transformarla es más limitado de lo que imaginaban. Prefieren los colaboradores leales y sumisos a los competentes: los primeros no piensan ni cuestionan; los segundos tienen conocimiento, destrezas y opinión. La reacción natural a la propia ineptitud y torpeza es la intransigencia y la agresividad. El mal líder teme el desvanecimiento del enca

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato. Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando. Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto. Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato. Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

“Hay cultivos que están cerquita, a unos 100 metros del río, pero no nos permiten pasar. La gente necesita ir a ordeñar sus vacas a los corrales pero no los dejan. Las cosechas de café están madurando, ¿qué va a pasar si no se cosecha? Hay familias que quedaron a los dos lados de la frontera pero por la cuarentena no han podido regresar. Gran parte de la gente pobre se va a Honduras a trabajar y viven de estos jornales. Se están perdiendo los cultivos, milpas, frijolares. ¿Qué va a pasar con nosotros?” Los anteriores son extractos de algunos testimonios de personas que viven en algunos municipios del departamento de Chalatenango que son fronterizos con Honduras. Estas personas narran cómo les está afectando la actuación de militares en tiempos de la pandemia. Este clamor es el que quisieron recoger los alcaldes de cuatro municipios (Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando) cuando pidieron a la Asamblea Legislativa emitir un recomendable para que el Ejército respete sus derechos. A esta iniciativa reaccionó el presidente sosteniendo que “es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales” (20 octubre 2020). Y el presidente fue más allá y aseguró que “aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y por supuesto, van adonde quienes los protegen: a la Asamblea”. El presidente, en respuesta a la demanda, ordenó al Ministro de Defensa, redoblar la presencia de los militares. Este lamentable episodio ocurrido en esos rincones de suelo compartidos entre El Salvador y Honduras llamados “bolsones” desde la sentencia de la Haya en 1992, trascendió a nivel nacional. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en apoyo a los pobladores. También se pronunció la Diócesis de Chalatenango en un comunicado del 26 de octubre firmado por su obispo, Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar. Entre otras cosas, el comunicado afirma que “la Diócesis está hablando en nombre de estas comunidades limítrofes, para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito, tal como sucedía antes de la pandemia. En estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad. Ellos no son narcotraficantes”. El incidente, aunque muy localizado, ilustra de buena manera la tónica de la actuación gubernamental y lo que debemos esperar en los meses siguientes. En primer lugar, el presidente y todo su gabinete están funcionando en “modo” electoral. Todo lo que en este tiempo hacen y no hacen, lo que dicen y lo que callan, debe analizarse con lentes electorales. Es decir, todo lo que granjee votos al Gobierno será sobredimensionado y toda oportunidad que le haga daño a sus opositores será aprovechada. Muchos municipios fronterizos viven la misma situación que los cuatro municipios en cuestión, pero el presidente y sus asesores vieron en el hecho de que los cuatro municipios están en manos del FMLN la ocasión para seguir hundiendo al partido de izquierda. Pero los cálculos les fallaron. Porque en los mismos términos se han pronunciado los pobladores de la zona y la Iglesia Católica que les acompaña. Además, el trato degradante brindado desde el Gobierno dejó claro el desconocimiento de la realidad que vive la gente, mucha de la cual mostró, hasta estos días, simpatía con el Ejecutivo. En segundo lugar, otra característica de la coyuntura electoral de parte del Gobierno es que el presidente y su equipo es capaz de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones en febrero próximo. En ese “cualquier cosa”, cabe la mentira, la calumnia, la manipulación de medios y, en este caso, el sufrimiento de poblaciones enteras que pasa a ser un efecto colateral secundario ante el fin mayor de conseguir más réditos electorales. Probablemente a lo mismo se deba el atraso en el pago de salarios a las dependencias del Estado que incomodan al Gobierno, el atraso en el Fodes a las municipalidades, la gran mayoría en manos de la oposición y también el atraso en las pensiones a los veteranos. El gobierno pondrá toda la maquinaria del Estado al servicio de sus fines electorales. En este caso es el Ejército el que, contrario a su fin constitucional, se pone al servicio de las ambiciones personales del presidente, como ya quedó demostrado el pasado 9 de febrero. En tercer lugar, tanto los pobladores que han dado testimonio, como los alcaldes y la diócesis chalateca que han recogido sus clamores, han dejado bien claro que no se oponen a que se persiga el narcotráfico y el contrabando. La protesta se debe al maltrato de soldados y policías a los pobladores. Reclaman un trato digno. Que en las zonas fronterizas –no solo en estas- ha existido contrabando, ha sido denunciado por las mismas poblaciones. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las autoridades que deben combatirlo, son las que lo f

Nuestro Estado es débil desde hace muchos años. Y en ese contexto escuchamos muchas veces decir que se está violando el Estado de Derecho. Incluso en ocasiones distintos grupos del país han tenido que acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos, precisamente porque el Estado de Derecho en El Salvador no cumplía con sus propias obligaciones. El tema es antiguo. En el pasado solía ser la sociedad civil solidaria con los derechos de los pobres la que acusaba al Estado de violar derechos básicos de la ciudadanía. Hoy, la situación ha cambiado con la pugna que se ha establecido en el país entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo y por la desobediencia del Ejecutivo al poder judicial. Aunque resulta muy claro que una buena parte de las confrontaciones y enfrentamientos tiene un fondo netamente político, lo cierto es que el conflicto actual pone en evidencia que en muchos aspectos la Constitución de la República es solamente papel mojado. En la situación actual predomina la queja por las violaciones de la normativa constitucional en lo que se refiere al equilibrio de poderes y al sistema de controles, pesos y contra pesos, que especifica nuestra Constitución. Sin embargo, las violaciones a los lineamientos constitucionales que nos califican como Estado personalista, social y democrático de derecho, son mucho más amplias. En efecto, el artículo uno de la Constitución, que define los fines del Estado, afirma que la persona humana y su dignidad son el origen y el fin del Estado. Y extrae de esta afirmación la siguiente consecuencia: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. De hecho, la división de poderes, los controles mutuos entre poderes, los famosos pesos y contrapesos que con tanto gusto mencionan los políticos cuando hablan de nuestra democracia, no son tan absolutos en la Constitución como el primer artículo enunciado. Al contrario, los tres poderes están al servicio de los fines prioritarios del Estado que menciona dicho artículo. Respetar los derechos de cada poder del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno es indispensable en el Estado de Derecho. Pero es más indispensable todavía que los tres poderes estén al servicio de los fines expresados en el primer artículo de la Constitución. Y ahí es donde los tres poderes tienen graves carencias e incluso errores. Pues en los casi 40 años que tenemos de la actual Constitución, se han mostrado incapaces de hacer un plan operativo conjunto para lograr el cumplimiento de esas cinco exigencias constitucionales. La libertad de los más fuertes, léase los empresarios y funcionarios, ha sido normalmente la más protegida. Pero la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social no son valores que el estado haya logrado universalizar y hacer partícipes de ellos a todos los salvadoreños. Cuando hoy se defiende sobre todo el respeto a la independencia de los poderes y a la importancia de los sistemas de control se tiene razón, pero se corre un serio peligro. Quienes carecen de bienestar económico o padecen la injusticia social de una educación o de una salud con muy baja calidad, o incluso quienes han sido detenidos en centros de contención durante la pandemia, pueden pensar, y con razón, que el Estado se defiende más así mismo y a los intereses de quienes lo administran y de sus poderosos, que a la población en general. Los demócratas tradicionales hablan con frecuencia del soberano al referirse al conjunto de personas de un país, y utilizan muy bien el término. Pero el problema es que quienes viven en pobreza no se sienten soberanos del país. Nuestra Constitución es ciertamente valiosa en sus principios fundamentales, que ponen siempre como primera prioridad a las personas y su dignidad. De ahí surgen los grandes fines de la Constitución. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, las instituciones son los medios para lograr ese fin. Dañar los medios para el fin constitucional que se pretende es grave. Pero olvidar los fines establecidos y marginar a una parte de la población condenándola a carencias de salud y educativas, pobreza e inseguridad, es más grave todavía. Tenemos que defender los medios que hacen posibles los fines, pero nunca olvidarnos de los fines, como se ha venido haciendo y se sigue haciendo todavía. Sin respeto por los fines y sin lucha por alcanzarlos, los medios terminan siendo odiosos. José María Tojeira

El Hospital El Salvador augura el futuro que parece aguardar al Gobierno de Bukele. La obra fue anunciada como el hospital más grande y mejor equipado de América Latina y, naturalmente, fue recibida con entusiasmo por los seguidores del presidente. Era prueba indiscutible de la diferencia con lo hasta entonces conocido. Los trabajos comenzaron con celeridad. Se habilitaron las dependencias de la antigua Feria Internacional para atender a los contagiados por la covid-19 y se empezó a levantar un nuevo edificio de varias plantas. En los primeros meses, Casa Presidencial informó periódicamente del avance de las obras. El presidente inauguró las dependencias habilitadas para atender a los contagiados por el virus, mientras los trabajos en la nueva edificación perdían ritmo hasta detenerse. El ministro de Salud ni siquiera conoce el costo total de la obra. La grandiosa idea inicial ha quedado reducida a un centro para atender pacientes infectados, remitidos por los otros hospitales. Un centro bien provisto, sin duda, pero nada más. El proyecto resultó demasiado ambicioso para las disponibilidades y ha sido abandonado discretamente. Hubiera sido más práctico, ciertamente, mucho más económico, establecer hospitales de campaña bien provistos para atender la crisis como han hecho otros países. Pero eso se antojó demasiado poco a un Bukele que había llegado a la Presidencia aupado por expectativas grandiosas y planes deslumbrantes. El tiempo se ha encargado de desvanecer las pretensiones presidenciales, mientras la propaganda oficial proyecta como actividad intensa lo que no es más que agitación superficial. La edición de esta semana de The Economist asocia El Salvador de Bukele con la Nicaragua de los Ortega por la repugnancia a la crítica y a la libertad de pensamiento y opinión. En su momento, la revista saludó como novedad promisoria al joven presidente salvadoreño. En su última encíclica, Fratelli tutti, el papa Francisco cuestiona esa forma de hacer política. Pareciera que el papa piensa en el país cuando reprueba la política mercantilizada, porque “lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común”. El papa emplaza a estos comerciantes de la política al cuestionarles “para qué” y “hacia dónde estoy apuntando realmente”. Les advierte que cuando ya hayan dejado el poder, poca satisfacción encontrarán en recordar, “¿cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Entonces, las preguntas oportunas, probablemente dolorosas, serán estas: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré?”. La grandeza de la política se muestra en tiempos difíciles como los actuales. En las crisis, la política sana actúa guiada “por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. En tiempos seguros, se empeña en “reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas”. Desdichadamente, advierte el papa, al poder político “le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”, y todavía más en un proyecto común para la humanidad de hoy y de mañana, porque “pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica”. La encíclica avisa también de que los logros espectaculares, como los pretendidos por el presidente Bukele, “a veces no son posibles” o solo “se logran parcialmente”. Los que no entienden la política como simple búsqueda del poder no se angustian. Saben bien que sus esfuerzos no caen en el vacío, pues “no se pierde nunca ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás”. Por eso, lo encomiable es “desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra”. La “buena política”, confiada en “las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo”, se funda “en el derecho y en un diálogo leal”, y se renueva con la convicción de que cada generación encierra “una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”. La política sana y buena no es la de los líderes mesiánicos, sino la de quienes cultivan lo que el papa llama “la amistad social”, que “no excluye a nadie”, que cultiva “una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de sus apariencias físicas o morales” y que “mueve a buscar lo mejor para su vida”. Por el contrario, quien mira “con desprecio […] niega que haya lugar para todos” en la sociedad, porque divide entre personas de primera y segunda clase, “con más o menos dignidad y derechos”. La “amistad social” exige “la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cada 26 de octubre se celebra en El Salvador el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. La fecha es importante para que la ciudadanía tome conciencia del asunto. De hecho, surgen cada vez más grupos que, desde diferentes ópticas e intereses, defienden los derechos que garantiza la Constitución. Ecologistas; defensores de juventud en riesgo, de indígenas, de los derechos de la mujer o de víctimas de abusos estatales; y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otros, se asocian, cada uno desde su campo y experticia, para proteger los derechos de la población. Después de tantos y tan numerosos casos de violaciones a derechos básicos, especialmente durante la guerra civil, el tema de los derechos humanos, que parecía patrimonio de instituciones, es asumido por diversos sectores sociales. Ello resulta esperanzador, porque los derechos humanos son una moral externa al poder, que crea cultura de paz. La tarea de defenderlos no es fácil, y por eso la celebración del 26 de octubre debe mover a la reflexión. En el pasado, el Ejército fue el mayor violador de derechos humanos. Una petición de perdón al pueblo salvadoreño frente al mural de víctimas del parque Cuscatlán, realizada por la Fuerza Armada como institución, sigue siendo una deuda pendiente. La actual negativa a la orden judicial de abrir los archivos militares y las ridículas razones dadas para no hacerlo muestran que la Fuerza Armada sigue poniéndose al margen del respeto a los derechos humanos, y con ello está jugando contra la historia. Tal vez algunos de sus líderes piensan que la frase del general Manuel José Arce “El Ejército vivirá mientras viva la República” les protege eternamente. Pero si entendemos “república” como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y partimos de la persona como el valor fundamental al que debe servir el Estado, los militares que dificultan o impiden que se haga justicia a las víctimas están destrozando y atentando contra la República. Si es cierta la frase de Arce, el Ejército puede dejar de existir si daña a la República. No faltan jóvenes que piensan de esa manera. Por lo general, quienes definen los derechos humanos son muy pragmáticos. No les interesa tanto la política cuanto el respeto a los derechos de la gente, más aún de los más débiles. Los jóvenes de hoy, aunque apoyan la justicia contra los crímenes del pasado, suelen criticar con más facilidad los abusos que cometen agentes de la PNC o soldados. Evidentemente, si no se desarrolla en los tres poderes del Estado una cultura seria de derechos humanos, esa moral externa al poder buscará cambios y propuestas que las viejas generaciones dominantes no parecen entender. El Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos nos invita al diálogo. En un Estado laico, los derechos humanos son siempre la moral a seguir. El hecho de que la juventud se interese por esta moralidad, que tiende a hacerse cada día más universal, es un buen signo. El primer artículo de la Constitución les da la razón en su esfuerzo y trabajo. Militares, jueces, diputados y funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, deben estar abiertos no solo a respetar los derechos humanos, sino a impulsarlos y tenerlos como objetivo de convivencia nacional. De lo contrario, la capacidad de alcanzar acuerdos y la amistad social, necesarios para el desarrollo, serán devorados por la marea de insultos, trampas, desconfianzas y desprestigios que está poniendo en peligro nuestra convivencia democrática. Lo más visitado OpiniónNoticiasMultimedia Ignorancia e inhumanidad El papa ante la política mercantilizada En honor de los defensores de derechos humanos Acto de bajeza Pobreza, reto prioritario

El presidente se equivoca al acusar sin fundamento a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando, todos municipios de Chalatenango, de colaborar con el narcotráfico y el contrabando, y al cercar militarmente esos territorios. Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país. Desconoce que en 1992, por un fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador. Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados “bolsones”. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre. Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades. En el contexto de la pandemia, los hondureños que viven en nuestro suelo no recibieron ayuda de su Gobierno porque habitan en territorio salvadoreño, pero tampoco han sido beneficiarios de las ayudas salvadoreñas porque no tienen documento único de identidad. Similar situación viven las familias salvadoreñas en los bolsones del vecino país. Ellas trabajan de este lado de la frontera y asisten a escuelas y centros de salud salvadoreños. Esta población y los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando no se oponen al cuido de fronteras, sino a la violación de sus derechos. En San Fernando, unas 25 familias tienen sus siembras en el lado hondureño y los militares no las dejan pasar. No pueden ir o venir a ordeñar su ganado. Los soldados han ocupado varias escuelas y hay denuncias de maltrato a la población. Se han perdido cultivos y la crisis que se vaticina es aún más cierta para estos pobladores. Los que acostumbran expresar su fe en las parroquias salvadoreñas, ahora no pueden hacerlo. A esta situación obedece la denuncia de los alcaldes, porque, antes que salvadoreños u hondureños, los pobladores de los bolsones tienen derechos que se deben respetar. Interrumpir el flujo normal de su vida mediante la fuerza de las armas es desconocer esta realidad y una muestra de inhumanidad. Con su acusación, el presidente desconoce también los logros policiales en los municipios en cuestión, donde agentes de la PNC, autoridades y diversos actores sociales trabajan coordinadamente. A ello se debe que estos municipios no compartan el nivel de violencia de otras zonas del país; Chalatenango ha sido y sigue siendo una de las menos violentas. Según datos oficiales de la Policía, de los 262 municipios del país, 57 no registraron homicidios entre enero y noviembre de 2019; 18 de ellos son de Chalatenango, y entre estos están los cuatro señalados por el presidente. Es obvio que la paz no necesariamente significa ausencia de narcotráfico, pero la experiencia y la evidencia científica señalan que el tráfico de drogas y su comercio casi siempre están ligados a la violencia. Por otro lado, en materia de covid-19, según datos del mismo Gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos detectados. Arcatao solo presenta 17; San Ignacio, 27; Nueva Trinidad, 3; y San Fernando, 1. Si algo heredaron del conflicto armado estas comunidades fue su cultura organizativa, que incluye, como ya se dijo, a los diversos actores sociales, Policía incluida. El asunto no es maniqueo ni simple, como lo quiere hacer ver el presidente. Que las cuatro municipalidades estén en manos del FMLN no es razón suficiente para acusar sin fundamento. Otros ediles de otros partidos las apoyan, pero no lo expresan por temor. El afán electoral hace que el mandatario se equivoque de nuevo, esta vez imponiendo sufrimiento y penurias a comunidades pobres que han debido salir adelante por su cuenta ante el abandono del Gobierno.

El presidente Nayib Bukele confirmó, a través de sus medios de comunicación habituales, un rebrote de los contagios de covid-19. Y así, con una información muy breve, sin detalles ni certezas, la sociedad salvadoreña reconfirma que el virus sigue su marcha y que por ahora, no hay vuelta a la vieja normalidad conocida. En las últimas dos semanas la curva de contagios mostró una tendencia al alza, y el 14 de octubre alcanzó un punto máximo con 295 contagios. La discusión entre especialistas y personas comunes sobre qué es lo que posibilitó esta subida en las estadísticas no parece fundamentada en información fiable. La revista Factum ha documentado que este pasado 8 de octubre, el Ministerio de Salud “incluyó en el Índice de Información Reservada todos los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Por una orden del despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí, ningún ciudadano podrá tener acceso a la información sobre las pruebas de PCR hechas durante la pandemia hasta el 11 de junio de 2022” (Loida Avelar, revista Factum), esto implica menos acceso a datos que permitan tomar decisiones informadas. Ante la falta de información muchos ciudadanos parecen estar tomando la decisión de permanecer en casa y buscan remedios caseros que les permitan superar la enfermedad o, en todo caso, terminar sus días junto a sus seres queridos y sin la angustia de ser atendidos por un sistema hospitalario que en cualquier momento puede colapsar de nuevo. Para el 18 de octubre de 2020, la página del Gobierno de El Salvador señaló que existían hasta ese momento 31,666 casos confirmados y 926 fallecidos. Esta información contrasta con los datos proporcionados por las alcaldías y por otras instituciones que contabilizan cifras mucho más altas. ¿De quién se puede fiar la sociedad salvadoreña? Tampoco tenemos información que permita contrarrestar con otros datos. Si tomamos estos datos, tendremos que señalar que el índice de mortalidad es de 15 fallecidos por cada cien mil habitantes. No se está divulgando información sobre lo que sucede con otras enfermedades ni parecen tomarse medidas al respecto. Por ejemplo, frente a los casi treinta y dos mil casos de covid-19, sabemos que el año pasado, El Salvador confirmó 27,470 casos de dengue, una de las enfermedades infecciosas que más ha afectado América Latina en los últimos tiempos. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el dengue? El dengue es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas, mientras que en años anteriores el gobierno ha buscado replicar la información necesaria, a lo largo de esta pandemia, la información que circula ha sido poca y con casi ninguna visibilidad. Uno de los mayores problemas de la falta de información cuando se trata sobre situaciones de salud es la imposibilidad de tomar decisiones adecuadas. La información, bien dicen, es poder. El problema de centralizar la información es que llega a los territorios sin hacer diferencias de cada lugar y esto quiere decir, sin la mediación de los líderes locales, los alcaldes, los integrantes de los consejos, las iglesias, que busquen analizar la información y tomar decisiones desde las particularidades de una zona específica. Si bien nuestro territorio es pequeño, no quiere decir esto que no exista una riqueza y una diversidad importante. Quizá una de las tragedias más grandes en esta situación de urgencia global que se vive haya sido que coincidiera con un período electoral. Los distintos actores políticos más que informar desinforman, y más que tomar decisiones en función de un beneficio colectivo (la definición más antigua sobre la polis) lo que se busca es un beneficio coyuntural. Ha habido tiempo para los repartos tradicionales que todos los partidos políticos han hecho, por ejemplo, repartir propaganda pagada con los impuestos de todos. Sin embargo, no hubo tiempo ni recursos para una campaña educativa que permitiera a la población tomar decisiones para prevenir la covid-19. El problema de la información es que no necesariamente genera adeptos, sino pensamiento crítico que posteriormente pueda cuestionar la forma en que se ofrecen ciertas soluciones fáciles y maniqueas. De eso se sabe mucho en el país, sin embargo, lamentablemente, no ha sido esa la apuesta política en un momento en que la información es quizá, el bien más urgente para salvaguardar nuestro tesoro más preciado, nuestra salud, nuestra vida, la posibilidad de continuar nuestros proyectos más amados. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 19.

Celebramos la semana pasada dos días internacionales propuestos desde hace ya algún tiempo por organizaciones de las Naciones Unidas; ambos están profundamente interrelacionados: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El planeta produce suficientes alimentos para toda la humanidad, pero casi un tercio de ellos se tira, mientras en torno a 700 millones de personas pasan hambre. En El Salvador, el 14% de la población está desnutrida. Desnutrición que afecta especialmente a los niños de las familias pobres. Se dice que cerca del 30% de nuestros niños pequeños pasan hambre. Y por otra parte, se ha establecido que una tercera parte de los salvadoreños padece obesidad, en buena medida por consumir una comida con exceso de grasa y de azúcar. Aunque ya se están haciendo algunos esfuerzos, resulta necesario universalizar un programa de atención a la primera infancia (los dos primeros años del niño o niña) que asegure la buena nutrición en esa etapa de la vida tan fundamental para el desarrollo del cerebro, y por supuesto otros aspectos del cuido. Las deficiencias alimentarias en esa etapa vital reducen las capacidades productivas del hombre y la mujer del mañana. Está demostrado desde la ciencia económica que universalizar una adecuada inversión en la primera infancia mejora enormemente la capacidad de desarrollo y bienestar de un país. Cuando la pandemia de covid-19 ha creado mayores niveles de hambre, pobreza y desempleo, se vuelve más urgente preocuparse por nuestros niños. Lo contrario constituiría una perversión de valores, trágica para nuestro futuro. La erradicación de la pobreza sería el reto prioritario para nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos tienen su raíz en la pobreza. Pobreza que, con la pandemia, y según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha elevado en El Salvador hasta afectar a un 40% de la población. Desde el punto de vista religioso, mantener niveles altos de pobreza es pecado social; y desde el punto de vista sociológico, injusticia social. Desde la economía solamente puede entenderse como un abuso de los ricos. Y desde la política, como terrible irresponsabilidad, y con frecuencia hipocresía, que en nuestro caso se multiplica cuando tenemos una Constitución que desde hace 37 años tiene entre los cinco fines fundamentales del Estado “asegurar a los habitantes de la República [...] el bienestar económico y la justicia social”. La falta de diálogo y el desinterés real sobre estos temas, la polarización política y la incapacidad de los diferentes liderazgos estatales a la hora de reconocer sus fallos de cara al cumplimiento de este primer artículo clave de nuestra Constitución nos pueden conducir a la repetición trágica y recurrente de enfrentamientos entre hermanos y a la perpetuación de la cultura de la violencia. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales la facilidad con que se manifiesta verdadero odio hacia los derechos humanos. Esto, en definitiva, es no conocer nuestra Constitución, despreciarla. Aunque formalmente no se pronuncien palabras de odio contra ella, odiar sus valores, tan vinculados a los derechos humanos, es un odio real a nuestra Carta Magna. Dialogar, consensuar, solucionar problemas alimentarios al tiempo que se trabaje unánime y sistemáticamente en la erradicación de la pobreza son tareas tan necesarias como obligatorias y pendientes en El Salvador. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde su fundación en 1986, y a lo largo de tres décadas de dar seguimiento sistemático a la opinión de las y los salvadoreños, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) ha investigado la realidad social salvadoreña y centroamericana a través de estudios académicos, objetivos e independientes encaminados a la transformación de la sociedad. Durante ese tiempo, el Iudop ha sido blanco de ataques de distintos grupos de poder, en particular de aquellos que se ven señalados o cuestionados de forma directa por el sentir y pensar de la población. Sin embargo, los períodos preelectorales han sido particularmente intensos en lo que respecta a acciones que han intentado erosionar la confianza de la ciudadanía en el Iudop. Es útil hacer remembranza de lo frecuentes que han sido las críticas contra el Instituto en períodos electorales y hacer notar el reciclaje de argumentos tendenciosos utilizados por aquellos que en realidad no saben cómo reaccionar ante la voz de la población. De hecho, quienes intentan desprestigiar los datos generados por el Iudop en el fondo están intentando opacar y silenciar las opiniones de los ciudadanos que se expresan a través de nuestras encuestas; aquellos cuya realidad cotidiana es adversa y, por tanto, tienen una perspectiva cruda sobre el rumbo del país. La incomodidad generada por nuestro trabajo radica en la mística que caracteriza nuestra labor. La imparcialidad, el rigor técnico, el atender a los principios éticos de la investigación, el profundo respeto por cada una de las personas que accede a participar en nuestros estudios de opinión y el procesamiento totalmente transparente de los resultados son estándares de trabajo no negociables para el Iudop. Figuras públicas, candidatos y funcionarios, entre otros, se encuentran en el registro histórico de quienes han intentado desprestigiar al Instituto. Aunque lidiar con esas acciones es inherente a nuestra labor, preocupa el uso de estrategias cada vez más perniciosas contra las entidades que le brindan a la población una vía para expresar sus opiniones y darlas a conocer públicamente. Este tipo de artimañas ya empiezan a evidenciarse en este período preelectoral: recientemente se divulgó una encuesta falsa en la que se utilizó distintivos e información del Iudop. De este modo, personas inescrupulosas intentan engañar la buena voluntad de las y los salvadoreños, en un momento en que el país debería unirse para atender la pandemia. Suplantar la identidad del Iudop con tal de obtener información personal de la población de cara a las elecciones de 2021 es un acto de bajeza. La inversión de fondos públicos en publicidad oficial para posicionar insistentemente una imagen determinada de las acciones gubernamentales, la ausencia de espacios de diálogo y el rechazo a la evidencia científica para la toma de decisiones son elementos que delinean un escenario complicado para la investigación académica, cuyo fin último es realizar un servicio a favor de la verdad. Pero los momentos más adversos son una oportunidad, y en este caso el Iudop echará mano de la creatividad, compromiso y entrega de su equipo para seguir cumpliendo la misión que proyectó su fundador, el padre Ignacio Martín-Baró: ser un instituto académico que se constituya como un canal válido de expresión de la voz de las mayorías salvadoreñas. * Laura Andrade, directora del Iudop.

Aunque en El Salvador se suele presumir de una institucionalidad más desarrollada que otros países de Centroamérica, las instituciones democráticas nacionales son muy débiles. Por ejemplo, tomó 30 años hacer efectivo el derecho constitucional a la indemnización universal, legislado desde 1983. Solo se logró hacer real el derecho hasta que hubo una denuncia de inconstitucionalidad por omisión y la Sala de lo Constitucional le fijó un plazo a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema. Así, el derecho constitucional fue real hasta el año 2014. También desde 1983 existe el derecho constitucional a indemnización por retardo judicial, pero aún no hay ley secundaria que lo materialice, a pesar de que el retardo judicial es un mal endémico en la judicatura, y más intenso cuanto más arriba se asciende hacia cámaras y salas. La ley general de aguas lleva debatiéndose 14 años. Los convenios de derechos humanos, que tienen fuerza de ley en el país, son con frecuencia ignorados incluso por los jueces. En un contexto en que instituciones internacionales serias advierten que la pobreza aumentará 8 puntos porcentuales, llegando al 40% de los salvadoreños, el Estado no tiene capacidad de dar una respuesta estructural al problema. A lo más que se llega es a repartir bolsas de comida, con un claro interés electoral. Se podrá decir que esto es mejor que nada, pero El Salvador tiene la capacidad de erradicar el hambre, y por eso no hay que conformarse con poco. Se apuesta por soluciones inmediatistas y temporales a los problemas, sin establecer un diálogo serio de cara al largo plazo. Se prefiere pactar con las pandillas en vez de tratar la delincuencia como un problema social derivado de la desigualdad, la ausencia de trabajo decente, la poca calidad educativa y la pobreza. La Presidencia de la República cita mal la Constitución y a la Asamblea no le importa olvidarla o interpretarla a su capricho. El sistema judicial, además de su lentitud y corrupción, emite sentencias con razonamientos equivocados sin preocuparse lo más mínimo por los errores. La Sala de lo Penal, por citar un solo caso, confunde en una sentencia reciente el daño inmaterial o moral con el material, negando a causa de esa confusión una indemnización a la familia de un sordomudo asesinado por un policía. Si aparte de los tres poderes del Estado se examinaran los sistemas educativo, de pensiones y de salud, tendrían que constatarse lo desiguales y reproductores de pobreza o de violencia que son. En el país existe un elitismo muy semejante al racismo. Fortalecer la institucionalidad del país requiere de una voluntad clara de reforma y de afrontar a fondo los problemas económicos, sociales y culturales. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que no basta con la democracia puramente formal. No solo porque ni siquiera está bien institucionalizada, sino porque la misma democracia no funciona bien si no va acompañada de una mayor participación de la población en la toma de decisiones y de un mayor respeto y promoción de los derechos humanos. Por supuesto, tampoco es suficiente el mercado para volver al desarrollo; hace falta corregir la tendencia a maximizar ganancia, combatir de verdad la corrupción y la evasión de impuestos, y reconocer la responsabilidad social de la propiedad. Dadas las insuficiencias institucionales observadas en todo el mundo y los fallos cometidos en la gestión de la enfermedad, la pandemia de covid-19, insisten las agencias internacionales, puede ayudar a reformar los sistemas de convivencia. La pandemia ha afectado más duramente a los más pobres. Toca ahora plantearse un cambio serio, desde el dolor y la solidaridad, en esta sociedad que estaba ya enferma antes del coronavirus y que ha quedado más débil, produciendo más pobreza y desigualdad.

En medio de la encarnizada polarización que vive el país, pocos temas gozan de consenso generalizado. Sin duda, uno de ellos es la necesidad de reconocer en la Constitución al agua y al saneamiento como un derecho humano. La pandemia de covid-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Y los diputados y diputadas por fin lo entendieron. El 15 de octubre, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano, un paso que podría constituirse en un hito en la historia del país si se da la ratificación en la próxima legislatura y se aprueba una ley general de aguas coherente con ese derecho. Este logro es mérito de las comunidades, organizaciones, instituciones, iglesias y personas que por años han puesto todas sus energías al servicio de esta causa. ¿Qué implicaciones tendrá en la vida práctica la ratificación? En primer lugar, que cada persona, sin importar su condición, tendrá derecho a demandar acceso al agua potable y al saneamiento. En segundo lugar, que el uso prioritario del líquido deberá ser el doméstico, y este primará en caso de conflicto con otro tipo de usos. En el país, la ganadería, los cultivos intensivos y la industria suelen tener privilegios en el acceso al agua. El reconocimiento del derecho al agua haría posible que las personas estuvieran primero. En tercer lugar, que una de las principales inversiones del Estado deberá ser llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares. Se señala que el texto de la reforma constitucional no es el ideal. Hay razón en ello. Pero constituye un gran avance que por fin se haya atendido una necesidad humana tan esencial. En general, los cambios más significativos no se dan de una vez; son fruto de un proceso que los va incubando gradualmente. Lo importante es que se den en la dirección correcta. Y este es el caso. Toda regla es perfectible, y el reconocimiento de este derecho no debe ser visto como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir el proceso de hacer realidad el derecho humano al agua. También es cierto que este reconocimiento no cambia automáticamente la realidad. Para revertir la falta de equidad en el acceso al agua y al saneamiento, es condición necesaria el marco jurídico que lo respalde. La regla está dada, ahora hay que darle cuerpo, llevarla a la práctica. Si el agua es un derecho humano, ello debe repercutir en las leyes secundarias y, como bien público, traducirse en la obligación del Estado de garantizarlo a toda la población como uso prioritario. Asimismo, no hay que asumir que el reconocimiento de este derecho libra al agua de un uso comercial intensivo y sin regulación, tal como ya sucede. Por eso es indispensable que en la ley general de aguas, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, se garantice la autoridad pública estatal sobre el recurso, se asegure la participación de los usuarios en las decisiones y se impida que el agua para uso doméstico pueda ser gestionada con fines de lucro.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021. El contexto inmediato era de tensión entre Zelaya y la Asamblea Legislativa por la reiterada negativa del primero para comparecer ante la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos durante la gestión de la pandemia. La tensión aumentó todavía más porque el Ministerio de Hacienda no había depositado todavía en esa fecha los fondos para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, aduciendo la falta de liquidez. Algo similar a lo que había ocurrido unos días antes con los empleados del Órgano Judicial, con la diferencia que ante el reclamo de las autoridades de dicho Órgano, el Ministerio de Hacienda hizo el depósito correspondiente para el pago de esos salarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entendía, entonces, que se trataba de una acción de presión y de revancha contra los diputados. La disputa continuó con una denuncia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables del trámite correspondiente para poder pagar a los empleados de la Asamblea, incluyendo al mismo presidente de la República. Se les acusaba de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes. La evolución de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá en buena medida del comportamiento de la Fiscalía, que no parece estar a la altura que requiere la defensa del Estado de Derecho en el país, al menos desde que comenzó la pandemia del covid-19. En medio de esa tensión institucional ha comenzado el debate sobre los ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto 2021. Diputados y analistas económicos han comenzado a desfilar por distintos medios de comunicación para expresar sus opiniones al respecto. El consenso general entre los diputados de la oposición y los analistas económicos es que se trata de un presupuesto inflado (en los gastos) e irrealista (en los ingresos). Cuando el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto expresó que se trataba del presupuesto ideal para el “milagro salvadoreño”. Con ello quiso decir que con ese presupuesto se lograría que la economía salvadoreña saliera del hoyo en que se encuentra y comenzará a crecer como no lo ha hecho, al menos, desde la crisis de 2008. Además, según el ministro, este presupuesto muestra las prioridades del gobierno para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad. Tres carteras ministeriales que llevan un incremento importante en su asignación presupuestaria para 2021. El mensaje es claro: quien rechace este presupuesto está en contra del pueblo. Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 ya se podía prever que la gestión del nuevo gobierno sería difícil, en parte por no contar con una fuerza partidaria propia y suficiente para que respaldara sus iniciativas en la Asamblea Legislativa. En parte, porque El Salvador tiene un presidente institucionalmente débil, desde una perspectiva comparada, tomando como base las facultades constitucionales con las que cuenta y los controles institucionales a los que está sometido. Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo presidencial debiera conocer esta limitante institucional previamente. Sin embargo, pareciera que el actual ocupante del cargo desconocía esta condición y ahora lo vive con la frustración que le genera el no poder hacer todo lo que él quiere hacer, en la forma como lo quiere hacer. Como todo buen psicólogo lo sabe, esa frustración puede conducir a comportamientos agresivos. Para ocultar su frustración y sacar ventaja política, el presidente Nayib Bukele ha seguido jugando al papel de víctima de un sistema corrupto, cuyos defensores son “los mismos de siempre”. Como en un juego de ajedrez, el presidente ha puesto en jaque varias veces a la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diputados de los partidos que, en su discurso de toma de posesión, identificó como obstáculos o piedras que hay que quitar. Desde entonces, la apuesta es esa: sacar de la Asamblea los obstáculos que le impidan gobernar como él quiere. Unos obstáculos que pareciera que se han multiplicado fuera de la Asamblea y a quienes el presidente considera empleados de los diputados, en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y aliados de los mismos de siempre, en el caso de centros de investigación y universidades que tienen una posición crítica frente al comportamiento, con tintes autoritarios, del presidente. Siguiendo la metáfora del juego de ajedrez, a finales de 2019, el presidente movió su “alfil blanco” para poner en jaque a la Asamblea Legislativa, al hacer que esta apareciera ante la opinión pública como contraria a la seguridad del pueblo, al no aprobar un préstamo millonario para financiar el supuesto plan de control territorial del gobierno. La Asambl

Aprobada en la Asamblea en febrero de este año y vetada por la presidencia de la república, la Ley de Reconciliación cayó en una especie de letargo debido a la pandemia de Covid-19 y la paralización generalizada que supuso para el país durante varios meses. A principios del presente mes, la Sala de lo Constitucional ha convocado para el 30 de Octubre una Audiencia de seguimiento de la Sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1983. El paso es necesario para encontrar un camino decente y común en la realización de la justicia frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante nuestra guerra civil, para proporcionar verdad y reparación a las víctimas y para sentar precedentes y normas que impidan la repetición de tan terrible y cruel pasado. Todo ello desde el empeño de lograr una reconciliación en la que la verdad y la justicia construyan paz y amistad social. El camino hacia la justicia ha sido largo en El Salvador, lo mismo que ha sido y sigue siendo difícil el camino hacia una convivencia democrática marcada por la referida amistad social. Lograr un acuerdo reparador con las víctimas y para las víctimas de una de las etapas más crueles y oscuras de nuestra historia es una oportunidad para avanzar no solo hacia la justicia, sino hacia la democracia. Pues nuestra democracia ha estado sistemáticamente lastrada por la marginación del campesino, el menosprecio del débil suburbano y el abuso del pobre, cuando no por golpes de Estado. Si algo quiere garantizar nuestra golpeada Constitución es el respeto a la igual dignidad de la persona humana. Pero es evidente que ni el liderazgo político ni el poder económico lo han logrado. Hacer justicia a las víctimas, mayoritariamente pobres y débiles de nuestra guerra civil, es un paso que puede marcar un nuevo horizonte en el respeto a la igual dignidad humana de todos los salvadoreños. Tanto la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía como la Sala actual son muy claras insistiendo en que los procesos de justicia en los crímenes mencionados deben realizarse en el marco de la justicia transicional. Ban Ki Moon, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, hablando sobre esta justicia decía que “los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”. Todo ello convierte a esta justicia en un verdadero proceso de reconciliación y desarrollo humano. En el actual ambiente polarizado y agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016 se convertirá sin duda en un paso importante hacia la construcción de acuerdos nacionales y hacia una mayor humanización del sistema de justicia salvadoreño. Todavía hay demasiadas personas que agobiadas por la impunidad tanto de ayer como de hoy, aspiran a una justicia desde un espíritu de resarcimiento muy parecido a la venganza contra el criminal, olvidando tanto la obligación de poner en el centro a las víctimas y su reparación, como la obligación del Estado de trabajar en la rehabilitación del delincuente. La justicia transicional, muy atenta a ambos aspectos, facilita la reconciliación, promueve la justicia no solo legal, sino también social y reparadora, y construye cultura de paz. Revisar la ley aprobada en Febrero, el veto del Presidente y llegar a acuerdos aceptados por las víctimas, mejorando lo realizado hasta ahora, es clave para el desarrollo y el entendimiento nacional. Por José M. Tojeira

Por lo general, los principales documentos doctrinales de los papas son las cartas encíclicas, que señalan aspectos del pensamiento de la Iglesia que los cristianos deben seguir. El papa Francisco acaba de publicar una de esas cartas, la Fratelli tutti (Todos hermanos), que reflexiona sobre un valor básico y fundamental: la hermandad. Este tema nos afecta e incumbe a todos, pues un país sin capacidad de crear fraternidad creciente a través de las personas y de las instituciones está destinado al fracaso. En El Salvador hay una fuerte tendencia a ensalzar la patria, pero no hay patria sin fraternidad. Patria viene de padre, y la maternidad y la paternidad son incomprensibles sin hijos unidos en hermandad. El papa Francisco desde su carta invita a vivir la fraternidad, que, además de ser un mandato religioso, es uno de los valores humanos que dieron origen a la democracia. Para vivir con espíritu fraterno, dice, es indispensable poner el amor al prójimo como objetivo preferencial de la propia vida. El papa es consciente de que “hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza”. Por ello, invita a reconocer que “lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar”. Pero el amor no es un sentimiento vago o reducido al pequeño grupo de quienes se llevan bien. El verdadero amor lleva siempre hacia lo que el papa llama “amistad social”; es decir, una forma benevolente de mirar y tratar a todos desde la convicción de la hermandad universal. Somos seres con dignidad personal inviolable, pero también con profundas raíces comunitarias. Por eso estamos llamados a la solidaridad y a servir “a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”. Una solidaridad que se extiende a cualquier necesidad del prójimo, especialmente las más perentorias. En este sentido, el papa menciona la doctrina tradicional cristiana del destino universal de los bienes. Frente a un neoliberalismo individualista y consumista, Francisco deja claro el pensamiento de la Iglesia. Estas son sus palabras: “Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida: ‘Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno’. En esta línea recuerdo que ‘la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada’. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-social’, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, ‘no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización’”. Unir fraternidad con caridad política y con justicia social resulta indispensable para la construcción de una sociedad pacífica. Leer esta carta con el corazón abierto, dispuestos a la autocrítica y al análisis de la realidad, es una exigencia cristiana y ciudadana que se vuelve sumamente importante dado que en nuestra Constitución tenemos a la justicia social como una tarea obligatoria para el Estado. Justicia que ha sido sustituida, desde hace demasiados años, por la división, el enfrentamiento incendiario, la desigualdad y la injusticia. Décadas después del fin de la guerra, no hemos sido capaces de convertir nuestra sociedad en una comunidad fraterna y con verdadera amistad social ni se ha avanzado gran cosa hacia la justicia social. Superar los odios fomentados en las redes, cambiar de actitud ante el prójimo, unirnos en valores generosos y solidarios es esencial para no convertirnos en un Estado fracasado y en una nación incapaz de encontrar un camino de desarrollo equitativo.

Pretender que solo la propia perspectiva es la verdadera obedece a una profunda ignorancia o a mala intención. Esa actitud es más grave cuando se pasa al plano institucional y de los medios de comunicación. El empeño periodístico de informar con la verdad entronca con la búsqueda de objetividad, pero que un medio diga poseer la verdad absoluta no es otra cosa que una mentira. Nayib Bukele ha apostado por ganar en la arena mediática las próximas elecciones. Si ya su estrategia de fabricar imágenes y eslóganes lo llevó a la silla presidencial, ¿por qué no hacer lo mismo en los comicios de 2021, a fin de librarse de la oposición en la Asamblea y consolidar su poder? El estilo confrontativo y descalificador del presidente tiene todas las características de una guerra mediática, de una lucha comunicacional e informativa por el control de las ideas. Según parece, para Bukele, gobernar es ganar la batalla de la información. Y como los medios de comunicación son el escenario de esa guerra, desde el Gobierno y con recursos del Estado ha decidido tener los suyos. Poco importa que se contradiga al afirmar que no tiene recursos para pagar empleados públicos cuando sí tiene para contratar a un batallón de comunicadores para que pinten la realidad a su gusto. La punta de lanza ha sido un espacio noticioso televisivo. Luego, anunció la creación de un periódico, tanto en versión digital como impresa. En palabras del presidente, estos medios se caracterizarán porque hablarán con la verdad. Si las políticas estatales sirven para ganar votos, el actual Gobierno las fabrica para obtener réditos electorales, y se convierte en un productor de información para elaborar fantasías sobre el éxito de esas políticas. Además, usa recursos del Estado para amedrentar a toda institución o persona que no le es afín. No responde a las críticas con argumentos, sino con descalificaciones. Usa la publicidad oficial para premiar, castigar o cooptar a periodistas e instituciones. Con su estrategia, el presidente apunta a establecer una dictadura mediática, a controlar la libertad de información. Cuando ese poder se consolide, los medios de comunicación que ahora buscan complacerlo serán innecesarios. A lo anterior se suma una altísima inversión en publicidad y en blogs, páginas digitales, youtubers y troles al servicio de la verdad presidencial y del amedrentamiento de sus opositores. A nivel comunicacional, el presidente batalla por imponer su relato nacional. Pero en la realidad está en juego el modelo de país. Unos medios que no responden a los hechos, sino a lo que quiere el poder auguran la imposición de la misma lógica en todas las otras dinámicas de nuestra sociedad.

O el presidente no está familiarizado con el sistema de salud del primer mundo o no ha visitado ningún hospital público nacional ni la consulta externa del Seguro Social. Lo primero es improbable, lo segundo indudable, excepto el nuevo hospital. Solo desde el desconocimiento pudo afirmar en la Asamblea General de Naciones Unidas que, “en cuestión de meses”, ha transformado el sistema público de salud en uno del “primer mundo”. En la actualidad, no existe la infraestructura, el personal, la tecnología y la inversión que ese nivel requiere. La mejora de algunas instalaciones y la apertura de un nuevo hospital no dan pie para hacer semejante afirmación. La actualización de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana requiere de políticas de Estado, que ni siquiera se han planteado. Este año, el presidente salvadoreño volvió a reclamar la reforma del sistema de Naciones Unidas en general y de la Asamblea General en particular. Pidió que la organización “cambie para que como humanidad podamos usar esta gran herramienta […] en el destino conjunto de la humanidad”. Sin embargo, pasó por alto que uno de los obstáculos para ello es el veto de la potencias que conforman el Consejo de Seguridad. Tampoco dio pistas sobre cómo hacer relevante la asamblea anual, excepto la conocida mención a Internet y al celular. Más aún, no se conoce ninguna propuesta formal reformadora de El Salvador. La crítica se queda corta y sus palabras no “pueden sonar fuertes” como quisiera. Criticar el veto de las potencias es criticar a Estados Unidos, algo a lo que Bukele no se atreve. Al contrario, su posición es similar a la de Trump. Los dos han echado en cara a Naciones Unidas la falta de liderazgo para enfrentar la pandemia. No obstante, el presidente tiene razón al afirmar que el hambre, la falta de vivienda y muchas enfermedades son “problemas relativamente fáciles de resolver como humanidad” si esta “decidiera resolverlos”. Ahora bien, contraponer la falta de voluntad de los líderes mundiales con “la capacidad de transformación” de El Salvador es presuntuoso. El presidente extrapola el esfuerzo hecho en el área de salud, forzado por la crisis de la pandemia, a la realidad nacional. La pobreza, según la Cepal, en lugar de disminuir, ha aumentado en más de siete puntos este año y aumentará más. No toda la población tiene “una supercomputadora en el bolsillo”, como él aseguró. Muchos ni siquiera tienen acceso a Internet, tal como lo muestra la dificultad para implementar la educación a distancia en amplios sectores sociales y el elevado índice de deserción escolar. Por el momento, el país no experimenta ninguna “regeneración” ni es ejemplo de cambio. La gran habilidad de Bukele y sus asesores es vender humo. Han explotado diestramente las décadas de descontento y frustración de la gente con los Gobiernos anteriores y los partidos tradicionales. Los anhelos de algo diferente han llevado a aceptar como real los que no son más que deseos. La recién nominada embajadora en Washington lo ha expresado lúcidamente, al declarar que hablará “del desarrollo que vendrá a El Salvador a través de proyectos”. La alienación expresa tanto la profundidad del desengaño con la política tradicional como la habilidad de Bukele y sus asesores para explotarlo a su favor. El sueño adquiere realidad por el poder de la desilusión. Paradójicamente, los residentes en Estados Unidos han mostrado la limitación de esta política del funambulismo. Mientras la citada embajadora asegura que Bukele prepara las condiciones para el regreso de los inmigrantes, estos han rechazado tajantemente esa posibilidad. Esas condiciones son irreales. La visión alternativa de la realidad les descubre el engaño. No confían en la promesas de la diplomática ni comparten los sueños de los seguidores locales del presidente. Presumiendo de apertura en la Asamblea General, el presidente se permitió invitar a “pensadores y hacedores” de fuera a contribuir con la construcción del “milagro salvadoreño”. La invitación es cínica, pues Bukele desprecia la inteligencia. Solo acepta la colaboración de los sumisos. Ni siquiera sus ministros, supuestamente funcionarios de confianza, tienen espacio para desplegar sus conocimientos y sus habilidades. Ocupan cargos para cumplir las órdenes presidenciales, incluso las ilegales. De ahí que los planes de salud, educación y seguridad no aparezcan. Son innecesarios, ya que el presidente no solo provee, sino que exige un acto de fe en su providencia, algo totalmente inaceptable, porque solo en Dios se puede creer. Lo demás es idolatría. El “milagro salvadoreño” no existe. Si algún milagro hay es cómo se las arregla la mayoría de la población para sobrevivir en condiciones adversas, cómo se arma de valor y emprende la arriesgada travesía hacia Estados Unidos, y cómo se sacrifica para enviar dinero a la familia que dejó atrás. El elevado volumen de las remesas evidencia lo poco que ha cambiado la situación y lo lejos que están las condiciones para su eve

Se ha publicado la tercera encíclica del papa Francisco, titulada Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. Se trata de un texto inspirado en el testimonio de san Francisco de Asís, que “se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne”: los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos”. Esta carta está dirigida a la humanidad y el papa la entiende como “un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”. El texto tiene ocho capítulos: “Las sombras de un mundo cerrado”; “Un extraño en el camino”; “Pensar y gestar un mundo abierto”; “Un corazón abierto al mundo entero”; “La mejor política”; “Diálogo y amistad social”; “Caminos de reencuentro”; y “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”. El hilo conductor es que, a partir del reconocimiento de la igual dignidad de la persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y el espíritu que anima ese deseo se pone de manifiesto en las siguientes palabras del papa: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. Es un nuevo sueño que busca darle actualidad histórica a la utopía, posible y deseable, de constituirnos en familia humana. Porque nadie debe pelear la vida aisladamente. Ahora bien, la propuesta de Francisco va más allá de las buenas intenciones y busca, ante todo, posibilitar transformaciones sociales que nos acerquen a una mayor solidaridad y subsidiaridad. De ahí que su primera actitud es echar una mirada crítica ante algunas de las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Algunas de las realidades históricas que rompen la fraternidad son los conflictos anacrónicos que se consideraban superados: nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Es la persistencia de numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Imperan reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad y nuevas pobrezas. Ruptura de fraternidad es también el hecho de que una parte de la humanidad vive en opulencia mientras otra ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Es el mundo donde los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro. Asimismo, a las sombras de un mundo cerrado, pertenece la comunicación digital. Sobre todo “cuando esta se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante”. Cada individuo es “objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos”. Por ello se afirma que la actual comunicación digital “no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad”. Con respecto a la crisis sanitaria mundial, el papa expresa sus preocupaciones por lo que puede ocurrir pasada la crisis. Expresa que la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Y enseguida pone de manifiesto cuatro hondos deseos para contrarrestar esas tendencias: Ojalá que al final ya no estén los “otros”, sino solo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Con la encíclica Fratelli tutti, el papa vuelve con ahínco sobre uno de los temas centrales de su ministerio pastoral: la necesidad de cultivar una cultura o civilización del encuentro. Está convencido de que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro”. Y como una exigencia del presente y del futro, proclama: “El aislamiento, no; cercanía, sí.

La semana pasada se celebró el día dedicado a la niñez y el de la no violencia, dos efemérides que tratan temas de una importancia sustancial para el desarrollo de El Salvador y que, además, están profundamente relacionadas. En efecto, si en el país se continúa propagando la cultura de la violencia, la niñez heredará actitudes y modos de entender la vida que llevan siempre al fracaso. Porque la violencia, del tipo que sea, no prepara para el desarrollo humano. Al contrario, lo frena y dificulta. Un compromiso activo con la no violencia, tan ligada a la cultura de paz, es el único camino para garantizar un proceso exitoso hacia la construcción de una sociedad y un futuro en los que todas las personas puedan desarrollar libre y solidariamente sus capacidades. El tema es importante porque en El Salvador continúa vigente la cultura de la violencia. La pobreza y la desigualdad económica y social son manifestaciones claras de la violencia estructural. Los altos niveles de delincuencia responden a la violencia física. El maltrato a la mujer, el castigo físico, los grupos de exterminio, el espíritu vengativo, manifestado muchas veces en tratos crueles y degradantes a personas privadas de libertad, son muestras claras de esa cultura violenta de larga data. Y a ello se suma la violencia verbal, con el agravante de que hoy más que nunca es alentada y promovida desde las más altas esferas de la política. Ver a un presidente acuerpado por militares llamando delincuentes, corruptos y asesinos a los diputados no solo es inédito en el país, sino totalmente repudiable. La respuesta en términos parecidos de algunos diputados nos muestra una clase política que, aunque han renunciado a la violencia física, sigue promoviendo una cultura violenta y de pésima educación cívica. Construir una cultura de paz es una responsabilidad de todos. Los adultos tienen en la educación de los jóvenes una responsabilidad semejante a la de los padres o las escuelas. Aunque los valores recibidos en la familia suelen quedar fuertemente arraigados y protegen a muchas personas de la corrupción y la tendencia a la agresión, los adultos echan a perder con facilidad los esfuerzos de padres y maestros. Porque el niño y el adolescente es siempre sensible a lo que observa como constante social: si convive con un exceso de violencia física, si se ve rodeado del grito agresivo convertido en cultura coloquial, si escucha a funcionarios del Estado insultando con el fin de generar odio o desprecio, la garantía de desterrar la cultura de la violencia desaparece. Y aún más si a esta cultura de la agresividad lo acompaña una situación económica y social que es de por sí violenta, marginando de un desarrollo digno a las grandes mayorías salvadoreñas. En la Constitución de la Unesco, la institución de la ONU encargada de alentar mundialmente la educación y la interculturalidad, se dice lo siguiente: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Ello implica, en primer lugar, transformar el lenguaje cuando es fuente de agresividad, desprecio u odio. Y exige un claro respeto a los derechos humanos y buscar soluciones racionales, humanistas y del mayor consenso posible a los problemas. En este tiempo de pandemia en el que el país se ha empobrecido y se abren enormes desafíos económicos y sociales, se necesita más que nunca un diálogo racional, educado, solidario y generoso para enfrentar el futuro. Lo contrario significará retroceder y hundirnos en más conflictos amargos que sufriremos todos. Sufrimiento que se transmitirá a las nuevas generaciones, que además de solucionar sus propios problemas tendrán que corregir los errores actuales, convertidos por el paso del tiempo en heridas sociales purulentas.

El país se está acostumbrando a que en los conflictos más publicitados, el Gobierno, con el presidente a la cabeza, sea protagonista y promotor. Ya sea un escándalo que revela irregularidades gubernamentales o bien cortinas de humo para taparlo, el Ejecutivo siempre está en el centro de la escena. La última polémica es el retraso en el pago de los salarios de septiembre a empleados de los órganos judicial y legislativo. Ya se hizo efectivo el pago a los primeros, pero los segundos siguen en vilo. El Gobierno dice no tener fondos y que mientras no se aprueben más préstamos, no les podrá pagar. Ante esta explicación, hay dos posibilidades. La primera, que sea verdad que no tiene recursos; y la segunda, que se trata de una venganza o un chantaje contra el primer órgano del Estado. En todo caso, la situación no habla nada bien de la actual administración. Si es cierto que no tiene fondos, entonces el país está mucho peor de lo que se dice y las finanzas públicas han colapsado. Si el asunto en el fondo es una venganza o chantaje, la acción es grave porque no solo viola la ley, sino que toma a un grupo de trabajadores del Estado como rehenes de la guerra política y electoral que libra el Ejecutivo. Por los antecedentes, es difícil creer que el Gobierno no tenga dinero. Hay varias razones para pensar que esta es una maniobra más. Primero, porque el chantaje es una de las estrategias preferidas de Nayib Bukele para lograr sus objetivos. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero se debió a que los diputados no le aprobaban un préstamo por $109 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Segundo, porque el mismo presidente amenazó en mayo pasado con no pagar los salarios a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no le aprobaban una cuarentena estricta de 15 días. Tercero, porque es difícil creer que el Gobierno se ha quedado sin fondos cuando, con dinero público, ha contratado a decenas de periodistas y comprado equipos para montar sus propios medios de comunicación. Cuarto, los afectados por la acción son los miembros de los otros dos poderes del Estado, encargados de hacer los contrapesos propios de una república democrática. Si hubiese falta de liquidez en las finanzas públicas, el Gobierno debería dar ejemplo rebajando o reteniendo los salarios de sus funcionarios de más alto nivel. Quinto, porque el Ejecutivo se ha rehusado a rendir cuentas de los cientos de millones de dólares que ha gastado en la pandemia, y al condicionar el pago de salarios a la aprobación de más préstamos seguiría en el camino de la opacidad y del secretismo que lo caracterizan. En el hipotético caso de que el Gobierno se hubiese quedado sin dinero, ello sería fruto de la falta de planificación y priorización de los gastos. Algunos seguro argumentarán que el exceso de gastos y la disminución de ingresos se debe a la pandemia, lo cual no es falso. Sin embargo, otros países han pasado por lo mismo y no han llegado al impago de los empleados del Estado. La decisión de emprender obras millonarias con fines publicitarios, haber contrapuesto maniqueamente la salud a la economía, exacerbar el conflicto entre los poderes del Estado y gastar a manos llenas sin tener ningún plan de gobierno está metiendo al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Haya o no verdad en la razón esgrimida por el Ejecutivo para echar adelante su nueva polémica, El Salvador se hunde entre memes y aplausos de barras bravas.

Cuando uno está enfermo difícilmente puede hacer la guerra. Pero lo que es evidente para el individuo no es tan claro en las relaciones sociales. El Salvador está enfrentando una pandemia grave que no solo ha afectado la salud de muchos salvadoreños. Ha causado estragos también en la economía, el trabajo, el bienestar y la educación. En otras palabras, podríamos decir que El Salvador está realmente enfermo. En realidad, nunca había salido del todo de una etapa convaleciente, tras la grave enfermedad de la guerra civil y la incapacidad de superar la violencia social y estructural. Pero ahora se recrudece una nueva fase de tensión y de enfrentamiento social y político enfermizo, que aumenta el malestar. Estamos enfermos y nos hacemos la guerra. O más bien, la guerra sigue siendo nuestra enfermedad, aunque de momento, violencia estructural a parte, más inmersa en la virtualidad, aunque algunos griten que de lo virtual se pase a lo real. Nuestros políticos parecen más interesados en el insulto que en la salud, tanto ciudadana como del Estado. ¿Podremos desde el insulto y el grito labrar un futuro mejor? Hasta ahora lo que se conoce es todo lo contrario. Solamente cuando el grito agresivo desaparezca se iniciarán perspectivas de bienestar en el futuro. Frente a la cultura de paz, definida y propugnada por la ONU, en muchos aspectos apoyándose en amplias tradiciones religiosas mundiales, en nuestro país se ha preferido privilegiar una cultura de guerra, al menos virtual. El gobierno actual mantiene una especie de visión apocalíptica de la historia salvadoreña. Se ve el pasado como una suma absoluta de males y se presenta al nuevo liderazgo gubernamental como el destructor de la maldad del pasado y el iniciador de una nueva era de aspectos redentores y salvadores. El bien y el mal están en lucha frontal y absoluta, y todo el que manifiesta cualquier tipo de crítica que sea diferente de la gubernamental no es más que un aliado de los malos. Frente a la cultura de paz que privilegia la no violencia activa y rechaza todo tipo de violencia, se está imponiendo la agresión sicológica, la tergiversación y manipulación de la realidad, la mentira total o parcial como estrategia. En la cultura de paz, además de impulsar los valores de la generosidad creativa y el respeto al medio ambiente, se insiste en la necesidad de escuchar para comprender. La dinámica gubernamental parece más dedicada a insultar para imponer. La persecución y ataques al periodismo de investigación, el privilegio de la propaganda sobre la verdad, la incapacidad de planificar el futuro desde un diálogo inclusivo reflejan esta mentalidad apocalíptica simplona que ve como malignos enemigos a todos los que tienen una opinión divergente, por pequeña que sea. Enemigos malignamente aliados contra la verdad y el esplendor de un nuevo gobierno, caracterizado por el apoyo de una mayoría, supuestamente indestructible, aunque ya se perciban síntomas claros de decepción y cansancio incluso en sus propias filas. Violencia estructural y violencia cultural han sido desde la independencia problemas graves y nunca plenamente superados de El Salvador. La violencia física se manifestó brutalmente en varios momentos de nuestra historia, muchas veces unida a la violencia cultural. Las guerras de exterminio contra indígenas e incluso contra su cultura y su lengua, cuando estos reclamaban sus derechos, no fue solamente un problema de la conquista colonial. La masacre del 32 permanece como una herida histórica en nuestra patria al no ser nunca aceptada por el Estado como un verdadero delito de lesa humanidad. El machismo continúa como una expresión deleznable de la violencia cultural contra la mujer, fomentada todavía descaradamente por algunos individuos. Aunque la violencia física ha sido superada relativamente tras la guerra, hoy ha aumentado la violencia verbal. Este último tipo de violencia agrava siempre las otras violencias, especialmente la cultural y la estructural, porque estas últimas solo pueden vencerse a través de la escucha, el diálogo y la planificación económica y social derivada desde el análisis serio de los problemas. Quedarse casi exclusivamente en la apocalíptica violencia del lenguaje no lleva más que a acrecentar, en el mediano o largo plazo, las otras violencias. Y con ellas, al fracaso político, económico y social. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 16.

A partir de la Revolución Francesa se ha asumido, especialmente en Occidente, que las bases de la democracia se enmarcan en las tres palabras consagradas como lema revolucionario hace ya casi 250 años: libertad, igualdad y fraternidad. En El Salvador, para avanzar en democracia, es fundamental realizar un examen colectivo sobre el funcionamiento de los valores que subyacen a esas tres palabras. Es esta una tarea pendiente en muchos aspectos, porque en general los políticos y gobernantes han optado por la búsqueda de poder antes que por la ética. Habiendo entrado ya en el tiempo preparatorio para el 200.° aniversario de la independencia patria, sería oportuno abrir debates sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad en el país, y así diagnosticar la salud de nuestra democracia. La libertad es el valor en el que más se ha insistido en el país desde la independencia. Sin embargo, la tendencia ha sido a privilegiar una libertad individual e individualista que al final beneficia al más fuerte ante la ausencia o debilidad de las instituciones estatales. Ocupados en las tareas de subsistencia, los salvadoreños más pobres y desfavorecidos quedan desprotegidos a la hora de desarrollar sus propias capacidades, y así es muy difícil disfrutar de las posibilidades que la libertad ofrece. Algunas libertades concretas, como la de religión, libre asentamiento de domicilio, libertad de expresión y de prensa han sido con frecuencia perjudicadas y dañadas por quienes ejercen el poder, en parte a causa de conflictos internos políticos o sociales, pero también porque el poder desarrolla en su propia estructura la organización de grupos de delincuentes dedicados a combatir a los opositores. Frente a ello es indispensable abrir la libertad para todos, controlar el mal uso de la misma por los fuertes y garantizar el respeto del Estado a las libertades ciudadanas concretas. Por otra parte, la Constitución afirma que todos somos iguales ante la ley, pero la desigualdad campea y los poderosos tienden a verla como natural. La desigualdad en el campo del conocimiento, de los servicios estatales y del dinero hace que todos terminemos siendo desiguales ante la ley. Combatir la desigualdad desde un compromiso serio del Estado con el desarrollo de las capacidades humanas de toda la población resulta indispensable. Tanto en la libertad como en la igualdad hay graves déficits seculares que deben enfrentarse con mayor determinación. Si bien es cierto que durante el período colonial no había libertad en muchos campos y la desigualdad estaba consagrada por el sistema de castas, los 200 años de independencia deben recordarnos que es necesario caminar mucho mejor y más aprisa para la vigencia de estos valores. Y finalmente la fraternidad. Aunque a lo largo de la historia el pueblo salvadoreño ha dado profundas pruebas de fraternidad en circunstancias difíciles, el Estado y una buena parte del liderazgo social y político tienen en este campo unas pésimas credenciales. Basta recordar las numerosas masacres de la guerra civil y la incapacidad de los diversos Gobiernos de hacer justicia. Cualquiera que sea el contenido que hoy le demos a la fraternidad, sea solidaridad, amistad social, benevolencia o tolerancia, el déficit es grave. Además, si en la dinámica política se impone el insulto y la agresión verbal como forma de relación, la cultura de la fraternidad sufre un verdadero descalabro. No es este el único momento en la historia en que se insulta sin piedad, pero dado el sufrimiento de tanta gente a raíz de la pandemia, debería primar un diálogo permanente y cordial. Ello sería bueno para la democracia, para la recuperación y el desarrollo, y para ofrecer un mejor horizonte a las nuevas generaciones.

José Saramago decía que si había que darle un título al tiempo actual, ninguno calzaba mejor que “la época de la mentira”; una mentira, decía, que se impone masivamente en la mente de las personas gracias a la gran industria de la comunicación y la cultura. Y no se equivocaba: las mentiras se usan a diario como estrategia política, repitiéndose con descaro. Sin embargo, construir sobre mentiras es hacer castillos de arena. Sin duda, puede ser más impactante y espectacular el hacer desde la falsedad, pero cuando la verdad resplandece, las máscaras se caen. En los últimos días, tres de los pilares con los que el Gobierno construyó su discurso han colapsado o están tambaleándose. El primero, que la drástica reducción de homicidios se debe al Plan de Control Territorial. Este pilar se fue socavando poco a poco. En parte porque del Plan no se sabe nada y en parte porque las pandillas pasaron de ser el enemigo número uno a desaparecer en el contexto de la pandemia. Muy pronto, diversos expertos en el fenómeno alertaron de la posibilidad de que existiera un nuevo pacto gubernamental con las pandillas para reducir los homicidios. Un reportaje de El Faro, con documentos oficiales como prueba, lo confirmó. La credibilidad de la investigación trascendió las fronteras, mientras los esfuerzos por mantener la mentira no ha tenido éxito fuera de los más ciegos seguidores del presidente. El segundo pilar, que este Gobierno “no ha recibido ni un centavo partido por la mitad” de parte de la Asamblea Legislativa. Este discurso también contrastaba con la realidad y con las denuncias de numerosas irregularidades en el uso de los recursos. La mentira se desmontó cuando el hoy expresidente del Banco Central de Reserva afirmó en la Asamblea que más de 3 mil millones de dólares han ingresado al erario público en concepto de deuda y donaciones. Y por decir la verdad, el funcionario fue castigado. En tercer lugar, la negativa del Ministerio de Defensa a abrir los archivos sobre la masacre en El Mozote mostró la falsedad del discurso presidencial a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La negativa militar a obedecer una orden judicial, además, echó abajo la narrativa de una nueva Fuerza Armada. Este esfuerzo en pro de la impunidad y de la defensa de los verdugos hermana a Bukele con aquellos a los que él llama “los mismos de siempre”. Tanto se han tambaleado estos pilares que el mandatario impuso una cadena nacional para atrincherarse en sus mentiras, recurriendo a su ya distintivo estilo confrontativo y tóxico. Tanta es su desesperación que hizo los arreglos necesarios para que tres medios de comunicación le formularan preguntas acordadas de antemano, de modo que él pudiera contestarlas exhibiendo videos. En la noche del 24 de septiembre, el presidente alcanzó un nuevo hito en su triste carrera hacia la ignominia. Nayib Bukele se equivoca al pensar que denigrando personas e instituciones logrará ocultar la verdad. El que miente todo el tiempo termina ahogándose en sus propios embustes. Y al parecer, ese será el único legado de quien prometió renovar la política: insultos, mentiras y decepciones.

Al mismo tiempo que celebramos la independencia de Centroamérica han aparecido noticias sobre una posible reforma de la Constitución salvadoreña, la ley fundamental que rige la convivencia entre todas las personas que viven en El Salvador y que por tanto debe ser trasparente y adecuadamente conocida por todos. Conocida no sólo en sus artículos, sino especialmente en los valores que los sustentan. Y en esto encontramos ya un problema. Los valores y conceptos de fondo que sustentan la Constitución salvadoreña son poco conocidos incluso por algunos políticos de diversos partidos. Que el Estado esté al servicio de la persona humana, y por supuesto de toda persona que habita en El Salvador no ha sido entendido por demasiados políticos: si lo entendieran, hubieran luchado con mucho mayor denuedo contra la pobreza, todavía demasiado extendida en nuestro país. Los conceptos de justicia social, bien común, bienestar que aparecen en los primeros artículos, tampoco han tenido mayor impacto en el liderazgo político o económico que ha ido marcando el rumbo del país. Nuestra propia gente se ha acostumbrado a tratar de salir adelante a partir de la iniciativa individual, porque del Estado se espera muy poco, a pesar de los bellos conceptos constitucionales. ¿Debe ser esto así? De ninguna manera. La iniciativa personal y privada es importante, pero el Estado debe aportar siempre los medios para que las personas desarrollen al máximo sus propias capacidades. Cuando se redactó la primera Constitución de la Centroamérica independiente, el mundo universitario puso los primeros cimientos de los valores que deben regir una Constitución. El sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la guatemalteca Universidad de San Carlos y diputado de la Asamblea Constituyente, presentó la propuesta de la abolición de la esclavitud basándola en la igual dignidad de la persona humana. Este sentido socialmente responsable se fue abandonando después, en favor de un liberalismo demasiado dependiente de las nuevas élites económicas que propugnaban internamente, en la práctica, un desarrollo desigual. En El Salvador se puede decir que volvió a recuperarse el sentido social a partir de la constitución de 1950, que recogió muchos aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la larga tradición de desprecio de los pobres, mantuvo en la práctica una situación de profundas e injustas desigualdades. Se impuso así la tendencia a dejar como papel mojado los textos y los mecanismos que conducen a la concreción de la igual dignidad de la persona humana y al apoyo del desarrollo de sus capacidades. Ahora se habla de hacer reformas constitucionales. Está bien, pero tal vez es importante primero reformar la conciencia ciudadana de lo que es una constitución. Aunque la Constitución actual reconoce el derecho a indemnización por retardo judicial desde hace 37 años, por poner un ejemplo, ni los abogados que redactaron estos artículos, ni los diputados que juran ser fieles a la Constitución, ni el Ejecutivo con su capacidad de propuesta de ley, se atrevieron a impulsar una legislación secundaria que hiciera efectivo el texto constitucional. Y el retardo judicial continúa endémico, y no precisamente al servicio de la persona humana. Tener un sistema público único y universal de salud no cabe todavía en la mente de nuestro liderazgo político, a pesar de ser lo más coherente con la justicia social que defiende la Constitución. Está bien hacerle reformas a la Constitución en algunos aspectos, pero antes tiene que ponerse de acuerdo la ciudadanía en algo tan sencillo como el bien común, que tantas veces invocamos, y probablemente seguiremos invocando, dada la escasez de vocabulario en el léxico político. Entender el bien común como el cumplimiento pleno de derechos tanto civiles y políticos, como económicos y sociales, no parece que quepa en la cabeza de algunos diputados presentes y futuros. Por eso, aunque el desarrollo técnico de algunas reformas constitucionales se realice en privado, la discusión pública y ciudadana es indispensable para que la Constitución no siga siendo un juguete de papel y la Independencia sea algo más que el lujo privado de los poderosos. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La conexión casi natural entre política y mentira es milenaria. Sin espacio para realizar una reseña de la laberíntica relación entre ambas nociones, podemos afirmar que en nuestros días vivimos una nueva metamorfosis de la utilización de la mentira con propósitos políticos diversos (por ejemplo, desacreditar al opositor, inflar un presunto logro de gobierno, manipular la opinión pública, etcétera); maquillada dichas mentiras, eso sí, como verdades auténticas e inobjetables. Es a lo que llamamos posverdad o verdades alternativas. Muchos de nuestros actuales gobernantes en el poder imprimen este sello característico a su gestión. Nuevamente, de Donald Trump a Nayib Bukele, pasando por el mexicano Andrés Manuel López Obrador podemos citarlos como ejemplos extremos y cercanos de la perversa relación que en la actualidad se establece entre posverdad y política en nuestros países. Sustentaré esta afirmación haciendo una breve referencia a viñetas periodísticas recientes. Hace un par de semanas, el rector de la UCA, Andreu Oliva, afirmó: "La mentira es una estrategia del Gobierno actual para hacer creer a la población cosas que no son verdad, eso ha sido en múltiples niveles", (La Prensa Gráfica, 25 de agosto, 2020, edición digital). Otro ejemplo es el del gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador quien gobierna haciendo ostentación de un excesivo, aunque sin duda eficaz, ejercicio diario de comunicación. Es un estilo de comunicación que dice mucho y hace poco, pero sobre todo muchísimo de lo que ahí se afirma son, en efecto, dichos sin comprobación posible, medias verdades o claramente mentiras duras y burdas. “Según SPIN, Taller de comunicación política, hasta el 15 de julio, en 409 (conferencias) mañaneras realizadas a esa fecha, había hecho 4 mil 827 promesas, 2 mil 598 compromisos y 20 mil 715 afirmaciones incomprobables. Además, había pronunciado mil 563 mentiras” (Guillermo Valdés Castellanos, “La evasión”, 2 de septiembre de 2020, Milenio Diario, edición digital). Respecto a Donald Trump, existen montañas de ejemplos de la utilización artera de mentiras para apuntalar su abusiva, y con frecuencia ilegal, forma de gobernar. Ahora bien, ¿Cómo se puede definir este fenómeno de la posverdad? ¿Cómo se relaciona con el otro fenómeno de las noticias falsas o fake news? ¿Cuáles son sus rasgos característicos en el contexto del desarrollo tecnológico del presente? Empezaré por la definición. Según el Diccionario de Oxford, se entiende por posverdad lo “relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales” (https://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/artículo/1479308638_931299.html). De acuerdo con esta definición, la posverdad es un fenómeno de la actualidad política que se caracteriza por imponer estrategias argumentativas en el debate político basadas en el principio de que lo importante no es la verdad de los hechos o argumentos en disputa, sino simplemente ganar la discusión entre adversarios. Es decir, la verdad ha perdido importancia a tal grado que ya no constituye el ideal central del debate, sino que ha sido orillada a un lugar carente de relevancia e importancia. Por supuesto, una noticia falsa es eso, una afirmación que, aunque se presente como verdadera, es evidente y ostensiblemente una mentira. Sin embargo, se convierte en una posverdad cuando se le acepta como una verdad efectiva pues concuerda con los valores y emociones de quién la valida como tal. Volveré en el siguiente párrafo sobre la importancia de reivindicar las emociones frente a la razón argumentativa al exponer los aspectos novedosos sobre la posverdad. Antes haré una breve recapitulación de lo antiguo y permanente de este fenómeno político. A través de las distintas épocas de la historia de la humanidad puede sostenerse que siempre hemos vivido rodeados de mentiras en el ámbito de la política (aunque no solo en este ámbito). Los actos de propaganda y desinformación no son nada nuevo. Siempre ha habido justificaciones para mentir en nombre de una verdad o causa superior. Pensemos como en el siglo XIX cada nación fue creando su propia mitología nacional u otros casos extremos y ahora ya bien conocidos y documentados, como la aplicación de los principios de la propaganda nazi o el funcionamiento de la maquinaria de propaganda soviética. Ni qué decir que no podemos obviar el desarrollo complejo y espectacular de la publicidad comercial, tan eficaz para seducirnos y persuadirnos a consumir a partir de, en efecto, noticias falsas y atractivas ficciones narrativas que integramos en nuestro ser, sin dejo de crítica alguna. Un dato que debemos aceptar, en consecuencia, es que las historias falsas que nos inundan tienen una ventaja intrínseca frente a la verdad cuando se trata de unir a las personas, especialmente en contextos de grandes problemas o desafíos sociales. Entonces, ¿Qué es lo novedoso de la posverdad? Ya se ha dicho. La capaci

Para el presidente Bukele, el ministro de defensa actual es el mejor que ha tenido el país. La Asamblea Legislativa pide su destitución y promete enviar copia de su posición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. El vicepresidente de la República quiere hacer cambios en la Constitución relativos a los derechos políticos y civiles. Algunos sectores se oponen a ello presuponiendo una maniobra para aumentar el autoritarismo. Buen parte de la discusión se entabla entre quienes manejan la política desde sus propios intereses; los demás salvadoreños quedan al margen, o se les trata de convencer a través de propaganda de que se hagan partidarios y votantes de unos u otros. ¿Son debates hipócritas? La realidad de la gran mayoría, pobre o vulnerable, va por un lado y el de la minoría que maneja y gestiona el mundo de la política va por otro. La verdad es que no ha habido ningún buen ministro de defensa en los últimos 50 años. Todos fueron militares militaristas, autoritarios, encubridores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La necesidad de un ministro de defensa civil y civilista es de suma importancia, pero eso parece no preocupar ni al Gobierno ni a la Asamblea Legislativa, mucho menos a los “prohombres” que analizan los cambios constitucionales. La pugna más bien consiste en ver quién puede poner de su parte a la Fuerza Armada como peso político, a pesar de que la Constitución dice que es una fuerza apolítica. Por otra parte, los cambios constitucionales de los que habla el vicepresidente se refieren mayoritariamente a los mecanismos que controlan los derechos civiles y políticos, dejando de lado los derechos económicos y sociales. De nuevo, la pugna es sobre aquellos aspectos que son de interés para la minoría de la población que tiene acceso o incidencia real en la política. Los derechos económicos y sociales no les interesan o los ven como algo secundario, importantes solo cuando les reporta beneficios. La gran mayoría queda al margen de la discusión y sujeta a ser manipulada por el sector de quienes viven bien y desean mantener el desarrollo desigual e injusto que caracteriza a El Salvador. Ahora los diputados acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando esta recomendó en el año 2000 reabrir los casos de monseñor Romero y de la masacre en la UCA, un buen número de ellos aplaudieron al entonces presidente de la República, que declaró que no seguiría las recomendaciones de la Comisión mientras se embolsaba dinero de Taiwán para beneficio de su partido. Cuando los defendidos por la Comisión o por el Alto Comisionado son reos, los diputados se vuelven sordos. En esto están unidos con Nayib Bukele y sus funcionarios. Al fin de cuentas, todos ellos pertenecen al sector privilegiado del país. Los grandes problemas nacionales (desigualdad, bajos salarios, economía informal, poca eficiencia del Estado en la gestión de los derechos económicos y sociales) no se abordan más que en la propaganda y en discursos demagógicos. Se insiste, por ejemplo, en que la gente se lave las manos en este tiempo de pandemia, pero más de la mitad de los hogares no tiene servicio continuo de agua para consumo y saneamiento. Se recetan recomendaciones de un mundo civilizado e ilustrado como si todos pudieran cumplirlas. No faltan quienes dicen que, al menos de momento, hay lluvia suficiente para que quienes no tienen agua la recojan de sus techos. Así, el cinismo se suma a la hipocresía. La hipocresía proviene de una palabra griega que literalmente alude a lo que está por debajo, oculto, en decisiones y juicios. Los griegos la referían a la representación de un papel teatral, tal como acá funciona la política: una forma de hacer teatro. Con el agravante de que se hace teatro en favor de intereses particulares. El interés general no aparece más que en declaraciones generales, pero sin ánimo real de serle fiel. Mientras las élites políticas, económicas y sociales de El Salvador no se liberen de su hipocresía y miren con mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, muchos de sus debates serán estériles y el país seguirá cargando con su injusticia, su violencia y el desamparo de los pobres y vulnerables.

El silenciamiento de la memoria y las tentaciones autoritarias La memoria, los estudios sobre memoria, las políticas de memoria son uno de esos campos apenas conocidos por algunos especialistas, militantes y familiares que han decidido dedicar su vida y su militancia a un tema ausente. Se habla poco. Se actúa menos. Casi todas las instituciones sociales y políticas de El Salvador tienen una deuda enorme con la memoria. Algunos dicen que la memoria se diferencia de la historia, porque esta última se basa en la narración de hechos, mientras que la primera trabaja con los recuerdos. Y los recuerdos no son fiables. Se construyen desde los afectos y estos pueden desordenarnos nuestro sentido de la realidad. Por eso, quizá, muchos le han temido a la memoria y desde 1992 decidieron desterrarla de las apuestas necesarias en la fundación del país de la postguerra. La memoria se limitó a unos cuantos monumentos tangibles, en general impulsados por la sociedad civil, lugares de memoria que convoquen, pero de manera discreta. Que reivindiquen sin ruido. Pequeños altares dispuestos para el ritual, pero dispersos en un territorio sin mapas de memoria. La memoria tampoco ha tenido un lugar central en el currículo educativo nacional, en los debates de la política, o en los productos culturales, salvo algunas excepciones como en el cine más reciente de directores como Julio López (con La batalla del volcán) y Marcela Zamora (con Los ofendidos). Esta semana, El Salvador volvió a ser noticia internacional por un acontecimiento vinculado directamente a la memoria. El juicio del coronel Inocente Montano terminó en 133 años y cuatro meses de cárcel por su participación en el asesinato de seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Este juicio inédito y celebrado en España debería implicar una reflexión importante para el país. Lo que debe ponerse en discusión es la fragilidad institucional, el papel de la fuerza armada y los usos discrecionales de la violencia que permitieron una acción tan lamentable. Como señaló el comunicado de nuestra universidad, "Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacia el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la Universidad: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón". Cuando no hay lugar para la memoria, los proyectos autoritarios pueden fácilmente instalarse. Se puede tener la ilusión que ahora es otra fuerza armada, así sea una institución cuyos representantes insisten en señalar que no se rigen por la Constitución sino por su comandante en jefe y que esto justifica sus acciones. Si no somos capaces de recordar el pasado este puede repetirse. También se puede crear la ilusión que toda la nación se está refundando por un liderazgo, cuando en realidad lo único que se está consiguiendo es construir una narrativa de país y de nación que tiene como base en el olvido. Los filósofos del siglo XX nombraron este tipo de olvido con varios nombres: reificación, alienación, fantasmagoría. El pensamiento del siglo pasado siempre se encontró preocupado ante la ligereza que podía borrar con un gesto ingenuo las lecciones que la humanidad no debía olvidar. Si cedemos a la tentación del olvido, construimos una sociedad con el centro por fuera, enajenada, que transita entonces de la esperanza a la locura. El presidente pudo usar esta semana su liderazgo para reconocer y visibilizar los procesos de memoria que dan paso a la práctica de la justicia y el perdón. En lugar de eso, prefirió instrumentalizar el fallo histórico al coronel Montano para su vendettas electorales. El ejecutivo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de desmilitarizar nuestra sociedad y hacer honor a los acuerdos de paz que refundaron nuestro país luego de una larguísima herida de la que no hemos terminado de sanar. Pero ha preferido recordar que esa institución que ha sido reconocida internacionalmente por sus graves violaciones a los derechos humanos es “la institución llena de héroes”. Este mandatario salvadoreño actual ha sido el mismo que decidió que como sociedad mantendríamos la práctica de negociar con las pandillas por debajo de la mesa y sin contraloría social. Y que cuando cualquier institución le señale sus errores debe ser perseguida, ignorada, silenciada con la mayor rapidez. No es esta una práctica nueva. Más bien, en todo caso, es, como nos dice el evangelio, “vino nuevo en odres viejos”. No existe en este momento una acción más revolucionaria que la memoria. Y un gesto más digno para celebrar nuestro 199 aniversario de independencia que el de cuestionar al poder, hacerle contraloría e insistir que todo su aparato debe estar al servicio de toda la sociedad. Solo así nos libraremos de las tentaciones autoritarias que, como en cada época electoral, parecen rondar las propuestas de nuestro

El discurso presidencial del 15 de septiembre tiene mucho de discurso del 1 de junio, uno que Bukele no pronunció este año. Enlista algunos logros y muchos proyectos, los mismos de la campaña electoral. Y como ya es usual, sus enemigos, ahora llamados “poderes invisibles” y “amenaza interna”, están muy presentes. No puede ser de otra manera, porque la identidad presidencial de Bukele se nutre de ellos. Pretende no ser lo que ellos han sido y son, sino todo lo contrario. Un discurso negativo y a la defensiva. Hasta no alcanzar el poder total en las elecciones de febrero próximo, esos poderes ocultos son su némesis. Ellos explican sus retrasos y fracasos. Aparte de concluir su discurso con la clásica invocación de la bendición divina de los presidentes estadounidenses, Bukele imita a Trump. Según su discurso —en la misma línea que el del mandatario estadounidense—, nadie lo iguala en genialidad y grandeza; sus obras y promesas son incomparablemente excelsas; al país lo aguarda un “grandioso destino” con él al frente. De ahí que equipare los hechos del 15 de septiembre de 1821 con “la gesta del pueblo” del 4 de febrero de 2019, cuando “los salvadoreños luchamos por nuestra independencia y convertimos el miedo en esperanza” al darle el triunfo presidencial. Sin embargo, esa independencia no está consumada. Aguarda el “veredicto final” de febrero próximo, cuando “cumplimos 200 años de independencia”. Entonces, “los poderes de siempre”, la amenaza interna, serán derrotados definitivamente. La independencia, según Bukele, consiste en que, bajo su mando, el país “ha comenzado a girar en la dirección correcta”. Sus obras son increíbles, afirma. Ha renovado la red hospitalaria y construido un hospital, dice, rellena cárcavas y lleva a cabo obras de mitigación, construye dos baipases y ha reducido drásticamente la inseguridad, un descenso que “nunca nadie lo imaginó”. Construirá una Surf City, carreteras de primer mundo, un viaducto y varios campos universitarios; remodelará la terminal de pasajeros y de carga del aeropuerto; reactivará la agricultura y la zona oriental, incluidos el puerto, el ferri, otro aeropuerto y el tren del Pacífico; recuperará la red de escuelas y la escuela de agricultura; relanzará la orquesta sinfónica y el ballet nacional. Finalmente, “¿quién iba a decir que El Salvador es un referente” en salud pública para la región y el continente? Ningún país del mundo ha observado las medidas sanitarias como él. Esta clase de construcción ideológica suele tener fisuras. La exaltación de la singularidad patriótica es contradictoria. Los poderes invisibles son reales. Es sabido que los grandes capitales han puesto al Estado al servicio de sus intereses. Pero entre ellos se encuentra el grupo familiar del presidente y otros grupos que, aunque los considera amigos, no han renunciado a engrosar sus ya abultados capitales al amparo estatal. La cuidada selectividad con la que proceden las investigaciones de la corrupción no es casual. No se puede olvidar que uno de los instrumentos más eficaces de la oligarquía ha sido la Fuerza Armada, la misma que Bukele colocó delante de su podio y a la que saludó como heroica. El Ejército sostuvo represivamente el régimen oligárquico, fue a la guerra por él y cometió innumerables crímenes de lesa humanidad en su nombre. Es la misma Fuerza Armada condenada en España por crímenes de guerra y la misma que se encuentra sentada ante el juez de El Mozote. Tampoco se puede olvidar que, no hace mucho, Casa Presidencial no solo arremetió contra la indisciplina ciudadana, sino que la esgrimió como argumento para exigir la prolongación del estado de emergencia. Y las sombras desde las cuales han operado los grandes capitales no se disipan; al contrario, el Gobierno de Bukele las vuelve todavía más densas por las mismas razones. El presidente se cura en salud. Consciente de las contradicciones, adelanta que en quince meses “hemos comenzado a cambiar nuestra forma de pensar”. Aquellos que se atreven a opinar que sus proyectos son fantasiosos “no pueden estar más equivocados, este país está cambiando porque es una nación de héroes”. La retórica de la heroicidad alimenta el sentimiento patriótico, oculta las incoherencias y confirma las expectativas en el Gobierno de Bukele, pero no reduce la deuda nacional. Ningún acreedor aceptará como pago la heroicidad del pueblo salvadoreño. En la lista de obras extraordinarias, el presidente no incluye la amortización de la deuda. Si el Estado tiene cada vez menos crédito internacional y disponibilidad para el gasto ordinario, menos tendrá para invertir en los grandes proyectos presidenciales. El optimismo del discurso presidencial es engañoso. Juega con el sentimiento nacional, mientras promete un “feliz porvenir”, en un escenario ocupado por el Ejército. Un espectáculo acorde con su deriva autoritaria. Sin embargo, en una cosa no le falta razón: la independencia es un proceso abierto y falta mucho por hacer… * Rodolfo Cardenal, director del Cen

Los simples desmentidos, acompañados de visitas a las cárceles, no invalidan la información de El Faro sobre la negociación de altos funcionarios de Bukele con una de las pandillas más poderosas. No se trata de cuestiones opinables, sino de hechos registrados. La documentación es abrumadora e incontrovertible, y no puede desestimarse como “ridícula” y “falsa”. Los funcionarios negociaron la disminución de homicidios y el acopio de votos a cambio de buen trato penitenciario y la promesa de beneficios no especificados si el partido oficial gana las elecciones de febrero. La supuesta invalidez judicial de la documentación, alegada por uno de los funcionarios, no desvanece los hechos. El embajador de Estados Unidos acepta implícitamente la existencia de la negociación. Y agrega, pragmáticamente, que lo importante es la reducción de los homicidios. Más aún, el diplomático aprovecha la ocasión para señalar que Washington ha contribuido a dicho descenso. Todo ello a pesar de que las pandillas figuran en su lista de organizaciones terroristas. Negociar homicidios y votos por dinero y privilegios con las pandillas no es nuevo. El mismo Bukele negoció con ellas en la alcaldía de la capital. Los actores son los mismos: funcionarios y políticos impotentes para contrarrestar su poder. Lo negociado tampoco ha cambiado. Las descalifican como terroristas y dicen aborrecer pactar con ellas, pero eso no ha sido impedimento para volver a las andadas. Los hechos muestran que la negociación es inevitable, porque el poder detentado por las pandillas es superior al del Estado. Las capturas masivas y las decenas de miles de detenidos no las han debilitado. A pesar del Plan de Control Territorial, su presencia eficaz en los sectores populares en estos meses de pandemia es indiscutible. Las pandillas suben y bajan la tasa de homicidios a su antojo —esta es incluso menor en los municipios sin Plan de Control Territorial—. La revelación de El Faro ha puesto en aprietos a Casa Presidencial. No solo “Arena y el FMLN son una basura”, pues no solo ellos “negociaron con la sangre de nuestro pueblo”. Mientras el tuit presidencial los maldecía “mil veces”, altos funcionarios del Gobierno actual, acompañados de encapuchados, ingresaban en las cárceles sin identificarse ni pasar por los controles de seguridad para negociar con los líderes detenidos. Esta negociación demuestra, una vez más, que el fenómeno de las pandillas es tan extenso y está tan arraigado en la estructura social que solo queda dialogar y negociar acuerdos. Los empecinados en la represión violenta se resisten a aceptar que las pandillas detentan un poder militar, político y económico superior al del Estado. El embajador estadounidense, más práctico, así lo reconoce, al destacar que lo importante no es el cómo, sino la disminución de los homicidios. Aceptada la inevitabilidad de la negociación, lo que cabe es plantear con claridad sus términos y sus objetivos. El diálogo y la negociación deben ser abiertos, así como lo fueron los que condujeron al final de la guerra, y deben evitar que el Estado se convierta en rehén de las pandillas. La agenda de negociación debe abordar el desarme de estas, su integración pacífica en la sociedad y las fuentes económicas, sociales y políticas que alimentan la violencia social. En un segundo momento es menester dilucidar las responsabilidades penales y civiles, así como también la superación de los agravios personales en orden a la reconciliación comunitaria. Aparentemente, el Estado tiene la ventaja de ser más eficaz que las pandillas en estas materias. Hasta ahora, ninguna negociación ha buscado entendimientos para salvaguardar el bienestar general, sino perniciosos intereses particulares. Precisamente por eso, todas han sido clandestinas. La Casa Presidencial de Bukele, al igual que antes las de Arena y del FMLN, solo está interesada en reducir los homicidios como muestra de eficacia y para obtener votos. Un objetivo oportunista y muy parcial. Además de los homicidios, la población sufre la extorsión y el desplazamiento forzado. No todo está perdido, Casa Presidencial puede transformar su vergüenza y la humillación en una oportunidad si el bien general de mediano y largo plazo prevalece sobre el interés particular y partidista de corto plazo. Orientar la negociación hacia el bien común requiere de mucha audacia. Con todo, el momento parece propicio. Por un lado, el presidente Bukele dice gozar de un elevado índice de popularidad. Por otro lado, las pandillas han reducido los homicidios y han colaborado con las autoridades en el control de la pandemia. Si Bukele tuviera voluntad política y valor, podría cambiar el rumbo de la negociación, conseguir la colaboración de las comunidades y vencer la resistencia de los intransigentes. Un presidente que tiende a sorprender con sus atrevimientos no debiera tener reparos para aprovechar su posición única y negociar con las pandillas la pacificación y la convivencia social. La efeméride de septiembre