Editoriales y Opiniones

Después de la aprobación del proyecto de ley de justicia transicional y del veto del Presidente, le toca a la Sala de lo Constitucional apropiarse de la situación con una audiencia de seguimiento. Si no lo hace, y pronto, las víctimas y los defensores de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de El Salvador, tendrán motivos para pensar que los magistrados juegan a eludir sus responsabilidades y a dar facilidades a la posibilidad de impunidad. Esto sería trágico, pues la anterior Sala de lo Constitucional le mostró al país que la Constitución es importante, marca la institucionalidad y da seguridad jurídica a todos. Distraerse del deber sería una ofensa a la ciudadanía, una ruptura con los compromisos constitucionales y de derechos humanos, y un nuevo ridículo internacional. La Sala debe honrar sus propias palabras, que prometieron una audiencia de seguimiento de la sentencia de 2016 cuando la Asamblea Legislativa terminara de redactar el proyecto de ley. Varias y diversas instituciones se han dirigido ya a la Sala pidiendo dicho seguimiento y el análisis del proyecto de ley vetado, así como del veto presidencial. Esperar para ver si la Asamblea supera o no el veto es simple y sencillamente perder tiempo. Los jueces en general están obligados por la Constitución a brindarle a la ciudadanía una pronta y cumplida justicia; más aún los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como esta lo ha afirmado en repetidas ocasiones en su propia jurisprudencia. Aunque es cierto que la antigua ley de amnistía impidió durante más de dos décadas hacer pronta y debida justicia, han pasado ya casi cuatro años desde julio de 2016, cuando se declaró inconstitucional esa ley a todas luces injusta. Sería lamentable que la Sala cayera en retardación de justicia. Una irresponsabilidad grave sancionada por la Constitución De los 75 artículos del proyecto de ley de justicia transicional, cerca de 19 requieren ser estudiados con detenimiento por la Sala, para verificar que cumplen con la sentencia y las recomendaciones de seguimiento. Otras instituciones del Estado no han acatado los mandatos de la Sala. La Fiscalía no ha establecido un número de fiscales suficiente para enfrentar los casos que podrán darse una vez sea promulgada la ley. La coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, ordenada por la Sala para hacer los cálculos adecuados de reparaciones y otros costos, tampoco se ha dado. Es urgente revisar todo el proceso. La Sala no puede tirar balones fuera ante los desacuerdos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Al contrario, la causa del atraso, si se da, será ahora responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Una ley de justicia transicional norma siempre, como su nombre lo indica, la transición de una situación de violencia y enfrentamiento a otra de diálogo, paz y mecanismos de reconciliación. La reparación a las víctimas, la penalidad por los delitos y la preocupación especial por los territorios donde los enfrentamientos causaron mayores daños contribuyen a que no se repitan los terribles daños del pasado. Cuando hoy se habla de la violencia de las pandillas, no faltan quienes piensan que en parte ella es resultado de la creación de la cultura de impunidad tras la guerra civil y de haber mantenido unos índices de pobreza y desigualdad todavía demasiado altos. La ley de justicia transicional, tal y como la pidió la Sala de lo Constitucional, debe hacer verdad sobre los graves crímenes del pasado. No aceptar que nuestra sociedad quedó desgarrada por los abusos cometidos lleva a la repetición de los mismos. A pesar de su inicial falta de voluntad política, la Asamblea Legislativa ha ido acercándose a una ley de justicia transicional válida. Ordenar la mejora del proyecto de ley recientemente aprobado, para así cumplir la sentencia de 2016, es tarea obligatoria de la Sala. Si no lo hace, habrá que acusarla de falta de voluntad política y carencia de independencia. Y peor aún, se erosionará la de por sí escasa confianza ciudadana en la justicia. De este modo, la Sala terminará contribuyendo a generar más simpatía por las medidas de facto, en vez de apego a la legalidad y al buen orden.

Los hechos del 9 de febrero han mostrado los límites de la institución democrática para superar el conflicto político. El presidente Bukele ha acudido al cuartel como alternativa a la negociación democrática. Así, lo que parecía inverosímil después de los acuerdos de 1992 es real, porque el Ejército existe y porque está a disposición de quien acuda a él. El presidente desprecia el compromiso político y entre sus prioridades no figura la consolidación de la institucionalidad democrática, una tarea pendiente y trascendental para el futuro del país. Si no hubiera opción militar, es decir, si el Ejército no existiera, los políticos estarían forzados a buscar soluciones democráticas. La existencia del Ejército ha hecho posible que el presidente apueste fuerte por los militares como una base de su poder personal. Por eso no destituirá a su ministro de Defensa. Al contrario, lo felicita por su actuación política y antidemocrática. También es cierto que el elevado prestigio del Ejército, el enorme desprestigio de los políticos y la confianza ciega de la opinión pública en el autoritarismo han hecho posible la opción militar. En Costa Rica y en Panamá esa opción no existe, porque no hay Ejército. El golpe militar no es solución. La experiencia muestra que, en una sociedad polarizada como la salvadoreña, el Ejército suele agudizar aún más el conflicto político que pretende superar. El golpe alimenta el enfrentamiento, desata la represión, genera mayor inestabilidad política e instala líderes que utilizan su poder para el desquite. La persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores divide más la sociedad, y si estos se radicalizan y se movilizan contra las nuevas autoridades, tal como es usual, se desata la espiral de violencia, la cual difícilmente crea condiciones para implantar una democracia estable. El compromiso político, en cambio, reduce el nivel de violencia y señala el camino para consolidar una institucionalidad debilitada por la corrupción de las estructuras de poder. La ausencia de opción militar no evita las crisis, pero obliga a encontrar soluciones negociadas. La posibilidad real del golpe y la creciente polarización han abierto la puerta para el regreso de los militares a la política. Así lo pone de manifiesto la actuación presidencial del 9 de febrero, que ignoró la perversidad de la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980. El Ejército no ha perdido la capacidad de intervenir en la política como árbitro después de 1992, tal como algunos pensaron ingenuamente. El anterior ministro de Defensa se atribuyó públicamente la tregua con las pandillas, opinó sobre asuntos políticos y exhibió amenazadoramente el poderío militar en ámbitos políticos como la legislatura. La oposición a la política tradicional de Arena y del FMLN aplaude la intervención militar, llevada por su deseo, en principio legítimo, de acabar de una buena vez con la ineptitud y la corrupción. Incluso interpreta la actuación presidencial del 9 de febrero como un acto democrático con beneficios inmediatos para el pueblo. Las bondades que esa interpretación proclama son un espejismo. La consolidación democrática implica subordinar el poder militar al civil, y mejor aún, eliminar de manera definitivamente la opción militar. Más aún, la supresión del Ejército redundaría en un ahorro considerable para la hacienda pública. Neutralizar la opción militar exige transformar la mentalidad social. Si la opinión pública confía más en el Ejército que en el legislador, el incentivo para recurrir a los militares es muy fuerte. Si la opinión pública constata la incapacidad para preservar el orden, las fuerzas de seguridad militarizadas, que prometen “orden”, se vuelven cada vez más atractivas. Si el gobierno democrático no satisface las demandas ciudadanas, el descontento de la opinión pública con los políticos se traduce en desprecio y la tentación militar se vuelve irresistible. A pesar de los desatinos, reales o imaginados, es indispensable resistir la tentación militar, en aras de la construcción de instituciones más estables, aun cuando las crisis sean recurrentes. La opción militar es una trampa. Las promesas de cumplimiento inmediato deslumbran, pero comprometen el futuro democrático. El golpe militar no resuelve la crisis vital de las mayorías, ni la polarización sociopolítica, ni la escasez de recursos públicos, ni la impunidad, ni la corrupción. Al contrario, la superación de estos males acentúa la necesidad y la urgencia del consenso. Es perentorio cerrar la opción militar para no generar mayor inestabilidad institucional, para fortalecer el sistema político y para forzar a los políticos a que aprendan a superar las diferencias mediante la negociación y el compromiso democrático. El conflicto sociopolítico no se resuelve sin un consenso sobre cómo superarlo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El domingo 9 de febrero de 2020 será una fecha que quedará escrita en la historia del país debido a la intervención militar de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, avalada por el presidente de la República. Este despliegue se constituirá en una de las manifestaciones más claras de la maquinaria de creación y control de ideas de este Gobierno.

Si el presidente Nayib Bukele se tomara en serio sus diatribas contra el nepotismo y se decidiera a despedir a familiares y allegados de funcionarios de su Gobierno, como lo hizo al asumir el poder para barrer de las dependencias del Estado a personas supuestamente vinculadas al FMLN, se encontraría en serios apuros. La Real Academia de la Lengua Española define el nepotismo como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. El Diccionario del español jurídico va más allá y lo define como la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio del mérito y capacidad”. Ciertamente, el nepotismo es un elemento característico de la política salvadoreña, como ha dicho el mismo Bukele, pero esa constatación solo puede entenderse como justificación para darle continuidad al vicio en un contexto de absoluta falta de ética y decencia. Los tíos, hermanos, primos, cuñadas, concuñas, esposos, amigos, exempleados, compadres y comadres que forman parte de la actual administración son tema de dominio popular, como lo es que el presidente de Nuevas Ideas es primo del mandatario. El nepotismo hace de la vinculación familiar o de la fidelidad a una persona o al partido el máximo, cuando no el único, criterio para acceder a un puesto. El nepotismo es éticamente inadmisible y viola normas jurídicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su artículo 21, inciso 2, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En el Salvador, la Ley de Ética Gubernamental, en su artículo 6, dice que son prohibiciones éticas “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”. La historia demuestra que el nepotismo se emparenta con la corrupción. Quien recurre al nepotismo no busca idoneidad ni productividad, sino protección y ciega fidelidad, cuando no pleitesía y adulación. En el país, el problema es grave, pues grandes sectores de la población ven natural que quien detenta el poder coloque a sus amigos y familiares en el Gobierno. En la encuesta del Iudop sobre los 100 primeros días de gestión de Nayib Bukele, el 48.6% de los encuestados dijo estar algo o muy en desacuerdo con que el presidente nombre en cargos públicos a sus familiares, pero un 49.5% expresó que está algo o muy de acuerdo. Al pensar que hay nepotismos buenos, se acepta tácitamente una conducta que es ilegal o al menos antiética. Por esta razón, es necesario que el país cuente con una ley de la función pública. Paraguay tiene la ley 2777, que prohíbe la designación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos) y segundo de afinidad (cuñados) por elección directa y sin concurso público. En México, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que los funcionarios intervengan en el trámite o resolución de asuntos en los que estén interesados, y participen en la elección o remoción de personas con las que tengan un vínculo que les reporte algún beneficio. En contraste, en El Salvador, mientras se hace lo de siempre, el nepotismo se combate solo cuando sirve para desprestigiar a los adversarios.

EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO

En un país como el nuestro, en el que tan fácilmente nos desacreditamos mutuamente y algunos pasan de las palabras a la violencia, es necesario analizar las palabras que destruyen. Porque no son solo los epítetos y calificativos insultantes los que rompen la confianza, la concordia y el buen trato. La mentira, aunque se disfrace de buenas palabras, siempre daña, destruye e imposibilita relaciones positivas. Unos cuantos siglos antes de Cristo, el profeta Isaías, viendo cómo funcionaba la sociedad de su tiempo, se lamentaba de la actitud de la dirigencia del reino de Judá y de que hubiera líderes “que llaman al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas”.

OPINION 27-02-20 QUIEN SIEMBRA VIENTOS COSECHA TEMPESTADES

El 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, el Idhuca presentó su informe de derechos humanos relativo al año 2019. En marzo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA presentará un informe mucho más exhaustivo de 2019, así como informes trimestrales a partir de este año 2020. Otras ONG de derechos humanos presentarán también sus informes, generales o parciales. La idea es que nos acostumbremos todos a considerar los derechos humanos como objetivos para delinear políticas públicas. No podemos convivir con la muerte propiciada por nuestros odios, brutalidad o indiferencia. No podremos ser el país que queremos si el bienestar es un bien escaso o limitado a pocos. Y eso es lo que nos dicen los informes de derechos humanos: qué nos falta en múltiples niveles básicos para alcanzar el bienestar. Considerar los derechos humanos como ideas o políticas de izquierda, como hacían hace no mucho militares y latifundistas, es reírse de una humanidad que quiere vivir en paz y en concordia sobre los pilares de la libertad y la justicia.

Cuando observamos El Salvador desde la perspectiva de los derechos humanos, brota inmediatamente la preocupación por la juventud, pues los homicidios y la violencia sexual se ceban especialmente en este sector de la población (entre la adolescencia y los treinta años). Además, las víctimas de desapariciones, según datos de la Fiscalía General de la República, son en su mayoría jóvenes, como también los son los recluidos en las cárceles. Los suicidios se dan con más frecuencia entre los 20 y los 24 años. De los detenidos identificados como pandilleros, la mayor parte son jóvenes. El bachillerato, estudio básico para poder funcionar adecuadamente en la vida, lo termina menos de la mitad de los jóvenes. La mayoría de los desempleados son jóvenes. ¿Qué nos pasa con ellos? ¿Los odiamos? ¿No repetimos siempre que son el futuro de la patria?

El presidente Bukele ha explicado su actuación del 9 de febrero a la opinión pública estadounidense. El texto, reproducido en un periódico de Miami, es el intento más sistemático por dar cuenta de lo ocurrido. Pero no hay novedad. Aquí no ha pasado nada. Lo normal es anormal. La palabra presidencial es incuestionable. La interpretación es maniquea: los buenos, Bukele y su Gobierno, se enfrentan a los malos, los diputados de Arena y del FMLN y la prensa que difunde información falsa. Los buenos resisten la arremetida de los malos, que boicotean la exitosa política gubernamental. El paralelismo con la visión que Trump tiene de la realidad estadounidense es inevitable. El razonamiento presidencial es tan contradictorio, inconsistente y prejuiciado como el de Trump.

En un artículo de opinión publicado el 15 de febrero en el Miami Herald, Nayib Bukele hace afirmaciones relacionadas a los sucesos del domingo 9 de febrero que están lejos de la realidad. En el escrito, el presidente explica su visión de la problemática de inseguridad, el respaldo que le brinda el 90% de la ciudadanía y el éxito de su Plan de Control Territorial, al cual, según él, se oponen la clase dominante y los políticos tradicionales, cuyos dirigentes estarían vinculados a “grupos terroristas”. En resumen, el mandatario plantea que la crítica situación del país se debe a los 30 años de Gobiernos de Arena y el FMLN, partidos que estuvieron y están vinculados a las pandillas, y que por eso no apoyan las políticas de la actual administración, porque afectan sus intereses. Muchas de estas afirmaciones son parte del manual de comunicación del presidente; afirmaciones tajantes que son muy discutibles, cuando no falsas.

OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS

EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES

EDITORIAL 18-02-20 ANTE LA POLARIZACION Y EL ENFRENTAMIENTO MAS DEMOCRACIA

OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES'

La toma militar de la legislatura está en continuidad con la militarización de la seguridad pública y la exaltación del Ejército y la Policía. No es casualidad que el aparente motivo sea la autorización para negociar un préstamo de 109 millones destinado a financiar esa actividad.

EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO

OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE

En el país, el diálogo en la política ha sido difícil, cuando no imposible. Y dado el estilo de utilizar el poder en primera instancia para beneficio particular y después, solo en segundo lugar, al servicio de la gente, no extrañaba que surgieran conflictos. La preocupación por esta dinámica se ahondó cuando, hace algunos años, varios partidos políticos, desde sus puestos en el Estado, la emprendieron contra la Sala de lo Constitucional, tratando de expulsar de ella a unos magistrados que actuaban con libertad y se salían de la tendencia a obedecer tanto a los poderes políticos como a los de facto. Hoy la preocupación es mayor al contemplar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en especial por las actitudes de la Presidencia de la República, que amagan con el uso de la fuerza para resolver el conflicto.

PRONUNCIAMIENTO 080220 de la UCA frente al conflicto entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, en El Salvador.

Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua

EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Opinión 04-02-2020 CULTO A LA BUROCRACIA Opinión 04-02-2020 CULTO A LA BUROCRACIA

EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES

Rodolfo Cardenal 16/01/2020 La reacción de los diputados a las revelaciones de la prensa sobre sus empleados es timorata. Miran hacia otro lado. Algunos hablan de legislar prohibiciones, otros de endurecer penas, un recurso muy del gusto político nacional, pero ineficaz, porque no hay quién aplique leyes y sanciones. Otros se cruzan acusaciones y desmentidos, pero ninguno asume la responsabilidad de los hechos. Hay quien invoca los derechos adquiridos por los empleados para mantener la situación actual. Otros escurren el bulto arguyendo que es práctica común del Estado. Sin duda, es así. Pero la corrupción de unos no justifica la de los demás. En cualquier caso, la podredumbre que ha salido a luz es la legislativa. Hay quienes piden un inventario independiente, como si fuera tan difícil identificar los contratos mal habidos. Dado que los beneficiados son parientes, militantes y protegidos, el contratista bien puede solicitarles la renuncia inmediata a la plaza. Pero esto no sucederá. Los intereses en juego son demasiado sustanciosos. La plaza legislativa es un medio eficaz, y aceptado, para medrar sin trabajar. Los grandes ausentes en los pareceres de los diputados son la ética y el sentido de la decencia.

Editorial UCA 20/01/2020 Este año se celebra el 75.° aniversario del descubrimiento pleno de los campos nazis de concentración y exterminio, poco antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. El hecho forzó, en buena parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el surgimiento ininterrumpido de los consiguientes pactos, oficinas, acuerdos regionales dedicados a su salvaguarda y protección. Asimismo, se recordarán los 75 años del bombardeo nuclear contra Hiroshima y Nagasaki. Por lejana y ajena que nos pueda parecer aquella política de exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos, o la indiferencia cínica de sacrificar civiles en masa para acelerar la rendición de un país enemigo, debemos aprovechar esos aniversarios para reflexionar seriamente sobre nuestra propia cultura e historia de violencia y brutalidad.

Frente a los fenómenos acaecidos recientemente en San Salvador en torno a la calidad de agua que llega a los hogares, es propicio preguntarnos: ¿qué hemos hecho con la belleza natural de este país’?, ¿qué es lo que hicimos de nuestros “ríos majestuosos”? La desconexión con nuestro entorno lleva a que la mayoría de salvadoreños que habitan en centros urbanos den por sentado que, al abrir la llave del grifo de sus casas, obtendrán agua de calidad y en cantidad suficiente para suplir todas sus necesidades. Una presunción que no siempre es correcta. * Luis Ortez, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

Editorial UCA 17/01/2020 Si hay un tema que en los últimos tiempos ha unido ánimos y apoyos diversos es el del agua. No es para menos. En El Salvador está a la vista la crisis ambiental, especialmente en materia de recursos hídricos. Más de 130 organizaciones sociales de diversa índole han apoyado la lucha social por incluir en la Constitución el agua como derecho humano y por una Ley General de Aguas que sea consecuente con ello. El derecho humano al agua ha unido a Iglesias cristianas históricas, a universidades, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a colegios, estudiantes, fundaciones y a una larga lista de actores. Se han presentado cientos de miles de firmas de apoyo, se han suscrito decenas de comunicados, se han realizado movilizaciones, se han publicado estudios con evidencia científica y empírica, pero nada ha hecho que los que ven al agua como mercancía renuncien a hacer negocio con ella.

Este 16 de enero se cumple un aniversario más de la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz. 28 años han pasado desde entonces, y ciertamente aquel hecho supuso muchos cambios importantes para El Salvador. Lo primordial fue poner fin a la guerra fratricida, dar espacio a la participación política de las partes en conflicto y enrumbar al país hacia un sistema democrático con base en un Estado de derecho. Los Acuerdos de Paz abrieron una oportunidad única para nuestra sociedad, que en su mayor parte deseaba el fin de la violencia y del enorme sufrimiento que esta causaba. Una paz conquistada por los miles de salvadoreños que clamaron por la paz y ofrendaron su vida por ella. A ellos se les debe un constante agradecimiento.

Un año y 7 meses han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional le ordenara al Estado reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado, y a los diputados legislar para garantizar la protección y derechos de ellas. El 9 de enero, luego de un largo rezago injustificado e irresponsable, la Asamblea Legislativa por fin saldó su deuda aprobando la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, una realidad que golpea a diario a muchos salvadoreños y que por demasiados años fue oficialmente ignorada.

Wilson Sandoval 09/01/2020 Hoy día, cabe cuestionarse si la cárcel y lo penal son las respuestas más adecuadas al fenómeno de la corrupción. Pareciera que en El Salvador la prisión no es un disuasivo que logre calar en los funcionarios, sin importar su jerarquía. Para el caso, el Ejecutivo evidencia registros de corrupción desde 1989, según el estudio de ICEFI “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”. En ese sentido, la corrupción no es un mal reciente, y la población exige “leyes más duras” o “penas más severas” contra quienes cometen ilícitos en función de su cargo público. Sin embargo, parece que los corruptos y corruptores tienen la capacidad de sortear las consecuencias de sus actos al disponer de recursos legales que les favorecen —como los juicios abreviados— y al aprovecharse de la debilidad de instituciones que componen el sistema de rendición de cuentas del país, como el Tribunal de Ética Gubernamental o la Sección de Probidad.

Editorial UCA 03/01/2020 Durante 2020, un año preelectoral, cuatro temas pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de actuar en función de los intereses de las mayorías, no de las élites. En materia medio ambiental, no pueden demorar más el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y la aprobación de una ley general de aguas. Por supuesto, aprobar leyes no es potestad del Ejecutivo, pero ya que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo el año pasado que los legisladores esperarían la llegada del nuevo Gobierno para discutir la ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene abierta la puerta para hacer uso de su iniciativa de ley. Una primera señal importante a este respecto será la actuación del Ejecutivo ante el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, al que se oponen comunidades, organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales.

Por Leronardo Boff En tiempos de peligro para nuestra libertad es importante que pensemos en su relevancia. Nacemos completos pero imperfectos. No tenemos ningún órgano especializado, como la mayoría de los animales. Para sobrevivir, tenemos que trabajar e intervenir en la naturaleza. Los mitos iluminan esta situación. Los indígenas guaicuru, del Mato Grosso del Sur, se preguntaban el por qué de la imperfección y del alto significado de la libertad. Tardaron mucho tiempo en llegar a una respuesta. La explicación vino a través del siguiente mito, portador de verdad.

Editorial UCA 03/01/2020 Durante 2020, un año preelectoral, cuatro temas pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de actuar en función de los intereses de las mayorías, no de las élites. En materia medio ambiental, no pueden demorar más el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y la aprobación de una ley general de aguas. Por supuesto, aprobar leyes no es potestad del Ejecutivo, pero ya que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo el año pasado que los legisladores esperarían la llegada del nuevo Gobierno para discutir la ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene abierta la puerta para hacer uso de su iniciativa de ley. Una primera señal importante a este respecto será la actuación del Ejecutivo ante el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, al que se oponen comunidades, organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales.

Por Carlos Ayala Ramírez es profesor de la Escuela de Pastoral Hispana de la Arquidiócesis de San Francisco, CA. Profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología, Santa Clara University. Docente jubilado de la UCA.

Editorial UCA 03/11/2019 Los políticos son expertos en desarrollar frases agradables al oído pero alejadas de la realidad. En la primera administración de Arena, se decía gobernar para “los más pobres de los pobres”; en su turno, el FMLN habló del “buen vivir”. Mientras, la realidad estaba teñida de violencia, pobreza, vulnerabilidad y debilidad institucional. Hace pocos días, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa inauguró su gestión con un discurso del mismo género. Dijo lo siguiente: “Asumo la presidencia (…) comprometido con los grandes deseos de nuestro pueblo: un El Salvador en paz y prosperidad. Mi gestión descansará en el buen gobierno, la gobernabilidad, la concertación (…) la reconciliación”. Nada malo se puede observar en estas palabras. Sin embargo, cuando se profundiza en alguno de los conceptos, surgen de inmediato preguntas y contradicciones.

Editorial UCA 23/12/2020 Desde 1968, por lo general en diciembre, los papas escriben y publican un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada 1 de enero. El mensaje para 2020 ya ha sido difundido por el papa Francisco, y lleva por título “La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica”. La conciencia de que “la guerra se nutre de la perversión de las relaciones, de las ambiciones hegemónicas, de los abusos de poder, del miedo al otro y la diferencia vista como un obstáculo” lleva a Francisco a insistir en que el trabajo por la paz debe ser permanente. Porque en todos los países hay muestras claras de negación de la fraternidad, desigualdades escandalosas y afanes de poder que sacrifican los intereses y deseos de los más pobres y sencillos.

Editorial UCA 20/12/2019 Muy próximos a la celebración de las fiestas navideñas, es importante tener presente qué es lo esencial en ellas. La sociedad de consumo las ha convertido en un gran mercado, en el que lo más importante es comprar, comprar y comprar, haciéndonos creer que en la adquisición de bienes y servicios se encuentra la felicidad. De ese modo, la Navidad es la época del año en la que más se gasta, en la que los comercios obtienen las mejores ganancias y no pocos quedan endeudados para todo el año siguiente. Nada de esto tiene que ver con el verdadero sentido del 25 de diciembre.

Existe el peligro real de que la familia humana se bifurque en dos. Una, la de aquellos que se benefician de los avances tecnológicos de la biotecnología y nanotecnología y disponen de todos los medios posibles de vida y de bienestar, cerca de mil seiscientos millones de personas, pudiendo prolongar la vida hasta los 120 años, según corresponde a la edad posible de las células. Y la otra humanidad, los más de cinco mil cuatrocientos millones restantes, barbarizados, entregados a su suerte, pudiendo vivir como mucho hasta los 60-70 años con las tecnologías convencionales, en un cuadro perverso de pobreza, miseria y exclusión. Leonardo Boff

Editorial UCA 18/12/2019 El Presupuesto General del Estado para el año 2020 fue aprobado en tiempo, según lo que manda la ley. Pero queda en la opacidad qué negoció y acordó el Gobierno con miembros del partido Arena para que eso fuera posible. La discusión comenzó bien. En el seno de la Comisión de Hacienda parecía ver la luz un nuevo modo de hacer las cosas: se realizaron sesiones abiertas en las que se cruzaban preguntas y argumentos. Después vino el secretismo, las conversaciones privadas, los arreglos debajo de la mesa, es decir, lo mismo de siempre. La actuación de Arena es curiosa, pero no extraña. Luego de que el presidente del partido asegurara que tenía los apoyos legislativos necesarios para desaforar a Nayib Bukele, Arena dio los votos para aprobar un Presupuesto sobre el que se ciernen muchas dudas, sobre todo por la amnistía fiscal para los empresarios que no han pagado impuestos.

Rodolfo Cardenal 12/12/2019 La exitosa gira del presidente Bukele por el oriente y, en particular, los vistosos proyectos que China promete financiar han descolocado a los diputados, que se han puesto a la defensiva. Tal vez por envidia, ya que cuando tuvieron en sus manos el poder ejecutivo, sus Gobiernos fueron incapaces de dar con semejante generosidad. Dudan de la validez de los entendimientos acordados, porque piensan que ponen en peligro la soberanía nacional. Esa inquietud no aparece cuando la otra parte es Estados Unidos, como si este no pusiera en peligro dicha soberanía. Pasan por alto que siempre ha sido una amenaza. Si la embajadora de China emitiera los juicios que continuamente hace el embajador estadounidense, pondrían el grito en el cielo. Pero a él le toleran las opiniones sobre la realidad nacional. Igualmente, les angustia que un salvadoreño de origen chino haya adquirido una isla del golfo de Fonseca, pero si la adquisición la hubiera hecho cualquier otro ciudadano con un origen extranjero diferente, la transacción pasaría inadvertida. En este contexto, el líder de Arena se vale del partido para reclamar el desafuero del presidente, a quien acusa de difamación. El pronóstico de estos despropósitos lo anuncia la última encuesta publicada. La derrota electoral que Nuevas Ideas amenaza con infligirles tiene proporciones inéditas.

Editorial UCA 16/12/2019 La semana pasada, el Idhuca presentó el estudio “Condiciones laborales de la Policía Nacional Civil”, que confirma una serie de limitaciones que sin lugar a dudas aumentan el estrés de los miembros de la corporación policial y dificultan su trabajo. Con frecuencia se señalan los defectos de la PNC, pero es necesario entender las causas. Las condiciones laborales son sin duda una de ellas. En la medida en que se mejoren, se posibilitará la creación de nueva cultura policial, más respetuosa con los derechos humanos.

Editorial UCA 13/11/2019 El diálogo social y político es un recurso que nunca debe despreciarse, y menos en una sociedad como la salvadoreña, con problemas graves que solo serán solucionados con la contribución de todos. Pero en el país, cuando una fuerza política ha contado con el apoyo de la mayoría de la población y ha tenido el músculo necesario para tomar decisiones sin acudir a las demás, el diálogo ha sido dejado de lado. Desde esta lógica, el diálogo solo es necesario cuando se está en una posición minoritaria y se requiere apoyos para sacar adelante los proyectos propios. Esta visión es perniciosa. Supone que el diálogo político es cuestión de debilidad y que lo ideal es imponer sin tomar en cuenta a la oposición. En otras palabras, es una forma de dictadura, un tipo de actuación autoritaria. El diálogo es necesario para conocer, sopesar y, mejor aún, tomar en cuenta diversas posturas, especialmente de aquellos que piensan distinto. A través del diálogo se puede avanzar hacia posiciones de consenso, que suelen ser cualitativamente mejores que las planteadas a solas. El diálogo permite la construcción colectiva de puntos de vista y soluciones que, al ser apoyadas por diversos sectores, tienen mayores posibilidades de éxito.

Después del ascenso de la extrema derecha, ¿qué vendrá? 2019-11-23 Hagamos algunas constataciones: se ha consolidado la aldea global; ocupamos prácticamente todo el espacio terrestre y explotamos el capital natural hasta los confines de la materia y de la vida con la automatización, robotización e inteligencia artificial. Verificamos un ascenso atemorizador de la extrema derecha, bien expresada por el ultraneoliberalismo radical y por el fundamentalismo político y religioso. Estamos inmersos en una angustiosa crisis civilizatoria que adquiere cuerpo en las distintas crisis (climática, alimentaria, energética, económico-financiera, ética y espiritual). Inauguramos, según algunos, una nueva era geológica, el antropoceno, en la cual el ser humano aparece como el Satán de la Tierra. En contraposición, está surgiendo otra era geológica, el ecoceno, en la cual la vida y no el crecimiento ilimitado tiene centralidad.

Editorial UCA 11/12/219 En política, nada es gratis. Taiwán, también llamado “República de China”, inició en 1971 su lucha para ser reconocido como país independiente de China continental en el seno de las Naciones Unidas. En pos de ese objetivo, forjó una historia de sobornos y actos corruptos a fin de conseguir el respaldo de jefes de Estado alrededor del mundo. En Centroamérica, un amplio abanico de funcionarios y expresidentes (Alfonso Portillo en Guatemala, Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica, Mireya Moscoso en Panamá y Francisco Flores en nuestro país) fueron procesados por recibir o desviar ilícitamente dinero taiwanés. En este sentido, el país asiático basó su diplomacia durante muchos años en el uso de la chequera: el reconocimiento como nación independiente lo compró en efectivo.

José María Tojeira 07/12/2019 Recientemente participé en un debate en la ESEN sobre temas de migración. La base del diálogo era un interesante estudio sobre el efecto del fenómeno en la educación salvadoreña. Algunos datos eran claramente preocupantes. No solo por el descenso de esa oportunidad que significa actualmente el bono demográfico, sino también porque se están marchando del país jóvenes con un nivel educativo superior al de los que se quedan. Si en los países de nivel de desarrollo alto la fuga de cerebros se da especialmente a nivel de educación terciaria, en particular vinculada al área de investigación, en los nuestros el deseo de trabajo con salario decente y el miedo a la violencia llevan a esta especial fuga de cerebros.

Editorial UCA 09/12/2019 Este martes 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos; una conmemoración que supone la exigencia de revisar actitudes personales, comportamientos políticos y estructuras sociales. Los derechos fundamentales son inalienables y no pueden ser violados por nadie, incluso en el caso de que se restrinja algunos de ellos a causa de comportamientos ilícitos. Se puede restringir la libertad si se ha cometido un delito, pero no se puede torturar ni tratar de modo cruel y degradante al hechor. La dignidad humana se conserva siempre y siempre debe respetarse. Fácilmente se cae en la tentación de pensar solo en los propios derechos y olvidar los ajenos, perdiendo de vista que los derechos de una persona tienen como límite los de los demás. Salir de ese individualismo y entender y defender los derechos humanos como una realidad social es indispensable para la plena vigencia de los mismos.

Editorial UCA 06/12/2019 La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano de decisión supremo de la convención de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Su vigésima quinta reunión se realiza este año en Madrid, España, organizada y presidida por Chile. Anualmente, la COP reúne a todos los países miembros, durante dos semanas, para reforzar la conciencia pública y la acción sobre los problemas relativos al cambio que se está produciendo en el planeta debido a un estilo de vida no sostenible. La cita de este año tiene especial relevancia porque en 2020 entrará en vigencia el Acuerdo de París, que exige disminuciones sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero a todas las naciones, pero especialmente a las que más los generan: Estados Unidos y China.

Rodolfo Cardenal 05/12/2019 La respuesta de la Fuerza Armada no sorprende. Era la esperada. Su comandante en jefe ha comunicado al juez de instrucción de San Francisco Gotera que en las 42 dependencias militares no existe información alguna sobre los operativos desarrollados entre 1980 y 1982. Lo extraordinario hubiera sido que la hubiera. El presidente Bukele se pliega así a lo mismo de siempre desde 1992. Tan dinámico en otros ámbitos nacionales, en el de la verdad y la justicia es igual a los mismos de siempre. Su indiferencia confirma su desinterés con la suerte de las víctimas de El Mozote y de otras masacres, que durante décadas han aguardado justicia.

Editorial UCA 04/12/2019 Mientras la gira del presidente por Japón, China y Qatar acaparaba la atención de los medios nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más digna y respetable de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó El Salvador. Este tipo de visitas constituyen el método más utilizado por organismos internacionales para observar los estándares nacionales de protección a los derechos humanos. El objetivo principal de una observación en el terreno es aclarar hechos que han sido denunciados individual o colectivamente, investigar las circunstancias que los rodean y consignarlos en un informe objetivo, el que posteriormente se presenta a la OEA y se hace público. Las visitas “in loco” de las Comisión no son frecuentes ni ordinarias.