Editoriales y Opiniones

Antes de comenzar a desarrollar mi artículo de opinión, considero importante traer a cuenta sabias palabras del Padre Tojeira S.J. expresadas días atrás: “No son ganas de criticar. Es hablar por los que no pueden hablar y contribuir con crítica a que se mejore la gestión de las medidas necesarias”. Dicho esto, paso a desarrollar mi opinión sobre el manejo gubernamental de la Pandemia de COVID-19 en nuestro país. Creo que nadie pone en duda que las medidas tomadas en la fase de contención, por nuestro Gabinete de Salud Ampliado, han sido adecuadas, oportunas, y nos han permitido ganar tiempo para retrasar la llegada de la enfermedad; sin embargo, también es cierto que la implementación de los centros de cuarentena y el manejo de éstos, así como la atención de los primeros casos de COVID-19 está lleno de muchos errores, y no se siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tomando de referencia principal un editorial publicado el 1 de Abril en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, -titulado 10 SEMANAS PARA APLASTAR LA CURVA- donde se exponen las recomendaciones que el autor (Harvey Fineberg M.D.) brinda al presidente Donald Trump, me tomo la libertad de adecuarlo a nuestra realidad y brindarle las siguientes recomendaciones al Presidente Bukele y su Gabinete de Salud Ampliado para que puedan ser implementadas para APLASTAR LA CURVA del COVID-19 en nuestro país. El primer paso que debe tomar nuestro presidente es formar un COMITÉ TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO solicitando el apoyo del Colegio Médico, que junto con los técnicos del Ministerio de Salud, puedan diseñar las estrategias de contención y de manejo de los pacientes infectados siguiendo los diferentes protocolos dictados por la OMS. En lenguaje militar, usted presidente debe seleccionar sus “mejores Generales para ganar la Guerra”; además, debe entender que esta es una CRISIS SANITARIA, NO UNA CRISIS POLÍTICA, por lo que usted debe dejarse ayudar y hacer cumplir las recomendaciones brindadas por este comité. El segundo paso es que las pruebas diagnósticas de COVID-19 estén disponibles para el 100% de personas que se encuentran en cuarentena, tengan síntomas o no; además, dichos resultados deben proporcionárselos por escritos a nuestros compatriotas, ya que, sino se está violentando el artículo 13, literal C, de la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y de los Prestadores de Salud, que los ampara a éstos. Muchos estudios clínicos a la fecha han demostrado que las personas asintomáticas son un foco importante de diseminación de la infección, de allí la importancia de que nuestros compatriotas que están en cuarentena deben practicárseles para la detección temprana de casos y evitar que más personas se estén infectando y que el virus pueda salir de estos centros de contención a la comunidad. Se vuelve importante que se mejore la capacidad instalada para la realización de pruebas diagnósticas en el laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Salud y si es necesario, establecer alianzas estratégicas con laboratorios clínicos privados que tienen la tecnología ya instalada y personal capacitado para poder procesar muestras en éstos. No quiero dejar de decir que somos el país en Centroamérica que menos pruebas diarias estamos realizando. El tercer paso recomendado es asegurarnos que los trabajadores de salud estén adecuadamente protegidos con los equipos de protección personal para la atención de pacientes infectados; que no se vaya a presentar desabastecimiento de estos. Debemos recordar que hay muchos trabajadores de salud que han sido infectados y muerto a causa de esta enfermedad, adquirida en la atención sanitaria. No podemos darnos el lujo de “enviar a nuestros soldados a la guerra sin chalecos antibalas”. Además asegurarnos que todo el equipo logístico de apoyo, como son los ventiladores mecánicos, medicamentos, sueros, etc. estén disponibles para poder dar los tratamientos adecuados. Finalmente, deseo manifestarle que esta es una propuesta inicial de hoja de ruta que podemos seguir y que por supuesto puede ser mejorada, con la participación del equipo técnico que se conforme, pero debemos COMENZAR YA para poder APLASTAR LA CURVA. Estamos a tiempo señor presidente, no podemos seguir tolerando mas muertes dentro de los centros de cuarentena que son responsabilidad del Estado salvadoreño. Nuestro país requiere que se tomen BUENAS DECISIONES TÉCNICAS Y NO MEDIDAS QUE TENGAN SOLAMENTE BUENAS INTENCIONES POLÍTICAS. Por Iván Solano Leiva, médico infectólogo

Esta Semana Santa será, con seguridad, la más pacífica en décadas. Habrá muchos menos accidentes de tráfico, ahogados y asesinatos que en otros tiempos. Pero muchos tendrán más miedo en sus corazones, más tensiones derivadas del encierro, más preocupación por las consecuencias de la pandemia en el empleo y en la subsistencia. Incluso en algunos hogares, lamentablemente, mayor violencia intrafamiliar. Esta vez no disfrutaremos de actividades religiosas comunitarias, pero habrá más tiempo para reflexionar. Frente a la imaginación, la loca de la casa, como la llamaba santa Teresa, que se puede disparar hacia ensoñaciones terroríficas, deberemos recurrir al razonamiento serio y a la planificación de los meses próximos. Solo así pondremos paz en nuestras vidas y en nuestras perspectivas de futuro. Sin embargo, la paz en nuestras vidas debe ir acompañada por la paz social. Y esta exige condiciones previas para realizarse. Distribución equitativa de los recursos y riquezas, nivel educativo alto, aceptación de los derecho humanos como derechos de todos, lucha constante contra la corrupción, respeto a la libertad de información y de acceso a la misma son algunas de las bases imprescindibles para una verdadera paz social. En otras palabras, si los ciudadanos no nos comprometemos con estas tareas, la paz social no existirá entre nosotros. Pasará la paz del covid-19, paz del miedo y del encerramiento, y volveremos a ser un país de violencia, corrupción, enfrentamiento social, pobreza y desigualdad. En ese sentido, esta Semana Santa nos da la oportunidad no solo de reflexionar sobre nuestras vidas, sino también sobre el país. Las realidades sociales y personales están profundamente unidas. La paz individual no se logra si no trabajamos al mismo tiempo nuestro propio corazón y la realidad en la que nos desenvolvemos como personas. Más allá de cualquier tipo de propaganda, cambiar las estructuras de impuestos, de educación, salud y seguridad social y ciudadana es indispensable para vivir en paz. A cada uno nos toca, desde nuestras distintas responsabilidades, aportar para ello. La Semana Santa narra cómo el amor, el servicio, la entrega y el hambre y sed de justicia caminan indefectiblemente hacia el triunfo, aunque haya que pasar por el sacrificio de la cruz, el fracaso y el dolor. Nos señala a Jesús de Nazaret como el único que puede marcar el rumbo de nuestras vidas hacia la verdadera felicidad. Nos enseña a ser personas para los demás en seguimiento del Hijo de Dios. Nos ofrece fortaleza para construir el bien, resistencia frente al mal y la injusticia, claridad para entender el camino de la vida desde el amor y la solidaridad. El Señor muerto y resucitado que recordamos y hacemos actual en esta semana nos ofrece, desde su caminar, esa paz que el mundo del poder, del individualismo, del consumo, del olvido del pobre no puede dar. Aprovechar esta Semana Santa en cuarentena cuaresmal, en solidaridad familiar, en este particular entorno de paz social, preocupación y miedo, es un desafío humano. Pero para quienes se consideran cristianos, de la denominación que sea, esta semana es una llamada clara a la conversión, al compromiso con una vida justa y solidaria, a ser discípulos y misioneros del Señor Jesús que anuncian la paz con justicia como adelanto y camino hacia ese Reino de la vida plena en la que Dios será todo en todas las cosas.

Ciertas emergencias son, por su naturaleza, impredecibles y pueden comprometer la estabilidad financiera de un país. En esos casos, la situación demanda la máxima racionalidad en el uso de los recursos, asesorarse por especialistas y valorar todos los escenarios posibles a fin de reducir al mínimo los errores de ejecución. Estos deberían ser los principios de actuación del Gobierno salvadoreño ante la pandemia de covid-19. La Asamblea Legislativa le ha autorizado adquirir deuda por dos mil millones de dólares para enfrentar la emergencia y proteger la economía nacional. De ese dinero, 600 millones ya están comprometidos para las municipalidades y 450 millones para las transferencias monetarias a las familias. Restan, pues, 950 millones de dólares, los cuales deben manejarse con inteligencia, honradez y la máxima transparencia posible. Pero ya hay signos que mueven a la preocupación. A un costo de 70 millones de dólares, el Gobierno ha decidido construir el hospital más grande de Latinoamérica para atender casos de contagio de covid-19. Por supuesto, El Salvador debe estar preparado para enfrentar la fase más crítica de la enfermedad, cuando los casos se multipliquen. Sin embargo, Costa Rica, con un mayor número de contagiados identificados que acá, habilitó un hospital en 11 días y aprovisionó el resto de la red nacional con equipo moderno a un costo de 16 millones de dólares. El Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 tiene capacidad de brindar cuidado especial a casi 90 enfermos graves de forma simultánea. En México, el estado de Hidalgo montó en 3 días un hospital inflable con el que ya contaba para este tipo de emergencias. Con un área de 1,800 metros cuadrados, tiene capacidad para 50 camas, de las cuales 10 son de terapia intensiva. También contará, entre otras facilidades, con módulos de consulta externa y áreas de observación y urgencias para atender únicamente a las personas con infecciones respiratorias agudas, y con ello evitar la contaminación de la red hospitalaria del estado. En Reino Unido, a principios de esta semana, inició la conversión del centro Excel de Londres en un hospital temporal para pacientes con coronavirus; se espera que esté operando este fin de semana. El hospital tiene ya instaladas 500 camas y hay espacio para otras 3,500, por si fuera necesario. Y el caso más conocido en lo referente a la construcción de hospitales para atender la enfermedad es el de Wuhan, China, donde comenzó la pandemia. Wuhan, con una población de 11 millones de habitantes y más de 8,500 kilómetros cuadrados de extensión, edificó, en menos de un mes, dos hospitales, uno de 1,000 camas y otro de 1,500, ambos con ambientes aislados. Según el Gobierno chino, el presupuesto para la construcción y equipamiento de los dos hospitales fue de 43 millones de dólares. En cuestiones de emergencia, cuando se decide por un país, hay que valorar bien lo que hace y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Es mejor demorar unos cuantos días la toma de una decisión que decidir abruptamente y equivocarse. En ese marco, es irrelevante que lo que se construya sea más pequeño o más grande que lo que otros han hecho; lo único importante es responder apropiadamente a las necesidades de la población. Las comparaciones con otros deben servir solo para tomar buen ejemplo, no para establecer inútiles competencias imaginarias.

La pandemia del coronavirus nos revela que el modo como habitamos la Casa Común es pernicioso para su naturaleza. La lección que nos transmite reza así: es imperativo reformatear nuestro estilo de vida en ella, como un planeta vivo que es. Ella nos viene avisando de que, así como nos estamos comportando, no podemos continuar. En caso contrario, la propia Tierra se tendrá que librar de nosotros, seres excesivamente agresivos y maléficos para el conjunto del sistema-vida. En este momento, ante el hecho de estar en medio de una guerra mundial, es importante que seamos conscientes de nuestra relación hacia ella y de la responsabilidad que tenemos en el destino común Tierra viva-humanidad. Acompáñenme en este razonamiento, veamos: El Universo existe desde hace ya 13,7 mil millones de años, desde que ocurrió el big bang. La Tierra, hace 4,4 mil millones. La Vida, hace 3,8 mil millones. El ser humano hace 7-8 millones. Nosotros, el homo sapiens/demens actual, hace 100 mil años. Todos, el Universo, la Tierra y nosotros mismos, estamos formados con los mismos elementos físico-químicos (cerca de 100) que se forjaron, como en un horno, en el interior de las grandes estrellas rojas durante 2-3 mil millones de años (por lo tanto hace 10-12 mil millones años). La Vida, probablemente, comenzó a partir de una bacteria originaria, madre de todos los vivientes. La acompañaron un número inimaginable de microorganismos. Nos dice Edward O. Wilson, tal vez el mayor biólogo vivo: sólo en un gramo de tierra viven cerca de 10 mil millones de bacterias de hasta 6mil especies diferentes (La creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008, p. 26). Imaginemos la cantidad incontable de esos microorganismos en toda la Tierra, siendo que solamente el 5% de la vida es visible, y el 95%, invisible: el reino de las bacterias, de los hongos, y de los virus... Sigan acompañándome en mi razonamiento: hoy es considerado un dato científico, desde 2002, cuando James Lovelock y su equipo demostraron ante una comunidad científica de miles de especialistas en Holanda que la Tierra no sólo tiene vida sobre ella, ella misma está viva. Emerge como un «ente vivo»; no como un animal, sino como un sistema que regula los elementos físico-químicos y ecológicos, como hacen los demás organismos vivos, de tal forma que se mantiene vivo y continúa produciendo una miríada de formas de vida. La llamaron Gaia. Otro dato que cambia nuestra percepción de la realidad: En la perspectiva de los astronautas, ya sea desde la Luna o desde las naves espaciales, así lo testimoniaron muchos de ellos: no existe distinción entre Tierra y Humanidad... Ambas forman una entidad única y compleja. Se consiguió hacer una foto de la Tierra antes de penetrar en el espacio sideral, fuera del sistema solar: en ella aparece, en palabras del cosmólogo Carl Sagan, como “un pálido punto azul”. Nosotros estamos, pues, dentro de ese pálido punto azul, como aquella porción de la Tierra que, en un momento de alta complejidad, empezó a sentir, a pensar, a amar y a percibirse a sí misma como parte de un Todo mayor. Por lo tanto, nosotros, hombres y mujeres, somos Tierra, que se deriva de humus (tierra fértil), o del Adam bíblico (tierra arable). Sucede que nosotros, olvidando que somos esa porción de la Tierra misma, comenzamos a saquear sus riquezas en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en el mar, y en todos los niveles. Buscábamos realizar un arriesgado proyecto de acumular lo más posible bienes materiales para el disfrute humano –en realidad para el de un pequeño sector poderoso y ya rico de la humanidad–. El desarrollo de la ciencia y de la técnica de hecho se ha orientado de cara a ese propósito. Pero, atacando a la Tierra, nos atacamos a nosotros mismos, que somos Tierra pensante. Y tan lejos ha llegado la codicia de este pequeño grupo voraz, que, actualmente, la Tierra se siente agotada, hasta el punto de haber sido afectados sus límites infranqueables. Es lo que técnicamente llamamos la Sobrecarga de la Tierra (the Earth overshoot): sacamos de ella más de lo que puede dar. Actualmente ya no consigue reponer lo que le quitamos. Entonces, da señales de que está enferma, de que ha perdido su equilibrio dinámico, recalentándose, formando huracanes y terremotos, nevadas antes nunca vistas, sequías prolongadas e inundaciones devastadoras. Y más aún: ha liberado microorganismos como el sars, el ébola, el dengue, la chikungunya y ahora el coronavirus. Son formas de vida de las más primitivas, casi al nivel de nanopartículas, sólo detectables bajo potentes microscopios electrónicos. Y pueden diezmar al ser más complejo que la Tierra ha producido y que es parte de ella misma, el ser humano, hombre y mujer, poco importa su nivel social. Hasta ahora el coronavirus no puede ser destruido, sólo podemos impedirle propagarse. Pero ahí está, produciendo una desestabilización general en la sociedad, en la economía, en la política, en la salud, en las costumbres, en la escala de valores establecidos... D

El viernes pasado, el presidente avisó en cadena nacional que el lunes 30 de marzo iniciaría la entrega de los 300 dólares de ayuda a las cientos de miles de familias que sufren la merma o ausencia de ingresos debido a la cuarentena nacional, y detalló el mecanismo: los ciudadanos debían abrir una página web e introducir su número de DUI para saber si habían sido favorecidos con la ayuda y dónde y cuándo podrían retirar el dinero. Sin embargo, la página en cuestión colapsó casi de inmediato, incapaz de procesar el gran número de consultas. Pero no se trató de un ataque cibernético contra la página, como afirmó en Twitter el presidente, sino de algo que cabía esperar en estas circunstancias: la urgente necesidad de una gran mayoría de la población. De hecho, el colapso de la página fue el anuncio de lo que sucedería en los días siguientes. El sábado 28 ya algunos Cenade estaban abarrotados de gente, pese a que el fin de semana no brindan atención. Se les dijo que regresaran el lunes para ser atendidos. Y el lunes, desde muy temprano, se desató el caos. La gente acudió en masa a las sucursales bancarias para retirar su dinero y a los Cenade para recibir la información que no habían podido obtener por Internet o para reclamar porque su DUI no salía entre los beneficiados. Sin hacer consideraciones sobre la validez de la ayuda, es necesario señalar la irresponsabilidad con la que ha actuado el Gobierno en este tema. Como ya lo ha reconocido el presidente, aunque sin asumir ninguna responsabilidad, la caótica situación y la salida de miles de personas de sus hogares en pos de conseguir la ayuda echaron en saco roto los nueve días de cuarentena nacional. Se formaron inmensas aglomeraciones, no se respetó ninguna medida de prevención, se rompió la cuarentena masivamente. Todo ello a causa de la improvisación, la falta de planificación y la ausencia de previsión presidencial. Fiel a su guion comunicacional, el presidente ha culpado a los anteriores Gobiernos de este gran fracaso, cuando lo responsable y decente sería admitir que este es un fallo suyo y solo suyo. Afirmar que el sistema fracasó por culpa de terceros, porque la página web fue saboteada, porque la gente es pobre, porque no hay cultura, porque la mayoría de las familias no están bancarizadas, es negarse a reconocer que se utilizó una vía inadecuada para entregar la ayuda. Parece que ni Nayib Bukele ni su equipo conocían el país; parece que se enteraron de cómo es la realidad diaria en El Salvador solo hasta que fracasó el mecanismo que implementaron para la entrega de los fondos. Un Gobierno que afirma ser el mejor de la historia nacional debería conocer a profundidad esa realidad y tenerla en cuenta al implementar acciones. Pero se procedió como si viviéramos todos en uno de los países más desarrollados del mundo y con un alto índice de alfabetización y acceso digital. Si el presidente supiera que este es un país pobre, que gran parte de la gente vive de lo que consigue a diario, que la mayoría de las familias no cuentan con un ahorro para hacer frente a las emergencias, habría previsto la ansiedad que generaría en miles de salvadoreñas y salvadoreños la posibilidad de recibir una ayuda de 300 dólares luego de estar ocho días sin ingresos; sabría que frente al hambre no hay paciencia. Este fracaso nació de la precipitación de anunciar la entrega de la ayuda sin que hubiera planificación previa, sin que el Gobierno estuviera de verdad listo y preparado para entregar el dinero sin dinamitar la cuarentena domiciliar. El fracaso estuvo en no medir lo que pasaría si la gente no se encontraba en la base de datos, en no dejar claro que la ayuda no se entregaría a todos a la vez, en no saber cómo segmentar a la población. Un esfuerzo de esta magnitud no se puede emprender de forma centralizada; requiere la colaboración de las distintas instancias de gobierno, especialmente las alcaldías, por su cercanía con la gente y el mejor conocimiento de los territorios. Nayib Bukele ha repetido mecánicamente que El Salvador es el país que mejor está enfrentando la pandemia y que prefiere tomar decisiones rápidas, aun con el riesgo de cometer errores, que no tomarlas. Pero los últimos errores son demasiados abultados y no pueden justificarse, pues irrespetan la dignidad de los necesitados y ponen en riesgo la vida al posibilitar contagios en masa. Se ha perdido lo logrado a lo largo de nueve duros días de sacrificios y privación. Demasiada gente está ya de nuevo en la calle.

La pandemia actual de coronavirus representa una oportunidad única para repensar la forma en que habitamos la Casa Común, la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ha llegado el momento de cuestionar las virtudes del orden del capital: acumulación ilimitada, competencia, individualismo, indiferencia ante la miseria de millones, la reducción del Estado y la exaltación del lema de Wallstreet: "la codicia es buena" (greed is good). Todo esto ahora está en jaque. Tiene los días contados. Lo que puede salvarnos ahora no son las empresas privadas, sino el Estado, con sus políticas generales de salud, siempre atacadas por el sistema de "mercado libre" y serán las virtudes del nuevo paradigma –defendido por muchos, y por mí–, del cuidado, de la atención, de la solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión. El primero en ver la urgencia de este cambio fue el presidente francés, neoliberal y del mundo financiero, Emmanuel Macron. Habló claramente: “Queridos compatriotas, necesitamos sacar lecciones del momento en que estamos pasando, cuestionar el modelo de desarrollo que nuestro mundo eligió hace décadas, que muestra sus fallas a la luz del día, y cuestionar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela esta pandemia es que la salud gratuita sin condiciones de ingresos, historial personal o profesión, y nuestro Estado de Bienestar Social, no son costos, ni cargas, sino bienes preciosos, ventajas indispensables cuando el destino llama a la puerta. Lo que revela esta pandemia es que hay bienes y servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado”. Aquí muestra su plena conciencia de que una economía de mercado, que todo lo comercializa, y su expresión política, el neoliberalismo, son perjudiciales para la sociedad y para el futuro de la vida. Aún más sorprendente fue la periodista Naomi Klein, una de las críticas más perspicaces del sistema mundial, y que sirvió como título de mi artículo: "El coronavirus es el desastre perfecto para el capitalismo de desastre". Esta pandemia produjo el colapso del mercado de valores (intercambios), el corazón de este sistema especulativo, individualista y anti-vida, como lo llama el Papa Francisco. Este sistema viola la ley más universal del cosmos, de la naturaleza y el ser humano: la interdependencia de todos con todos; que no hay ser, mucho menos nosotros los humanos, como una isla desconectada de todo lo demás. Además, no reconoce que somos parte de la naturaleza y que la Tierra no nos pertenece para explotarla a voluntad, sino que pertenecemos a la Tierra. En opinión de los mejores cosmólogos y astronautas, que ven la unidad de la Tierra y la Humanidad, somos esa parte de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida y adora. Sobreexplotando la naturaleza y la Tierra, como lo estamos haciendo en todo el mundo, nos estamos dañando, y nos estamos exponiendo a sus reacciones, incluso a los castigos que nos impone. Es una madre generosa, pero puede enfadarse y enviarnos un virus devastador. Apoyo la tesis de que esta pandemia no puede combatirse sólo por medios económicos y sanitarios –que siempre serán indispensables–. Lo que nos exige es cambiar el tipo de reacción que tenemos con la naturaleza y la Tierra. Si, después de que la crisis ha pasado y no hacemos los cambios necesarios, la próxima vez, puede ser que sea la última, ya que nos convertimos en enemigos de la Tierra, y puede que ya no nos quiera aquí. El informe del profesor Neil Ferguson en el Imperial College de Londres declaró: "este es el virus más peligroso desde la gripe H1N1 de 1918. Si no hay una respuesta inmediata, habría 2’2 millones de muertos en Estados Unidos y 510.000 en Reino Unido". Esta declaración fue suficiente para que Trump y Johnson cambiaran de posición de inmediato, comprometiendo tardíamente grandes sumas para fortalecer a la población. Mientras, en Brasil, al Presidente no le importa, trata el asunto como una "histeria" colectiva, y en palabras de un periodista alemán de la Deutsche Welle: "Actúa criminalmente. Brasil está dirigido por un psicópata, y el país haría bien en deponerlo tan pronto como sea posible. Habría muchas razones para ello”. Esto es lo que el Parlamento y el STF, por amor a la población, deberían hacer sin demora. La hiper-información y las apelaciones en los medios no son suficientes. Eso no nos mueve a cambiar el comportamiento requerido. Tenemos que despertar nuestra razón sensible y cordial. Superar la indiferencia y sentir el dolor de los demás con el corazón. Nadie es inmune al virus. Ricos y pobres, tenemos que mostrar solidaridad entre nosotros, cuidarnos personalmente y cuidar a los demás, y asumir la responsabilidad colectiva. No hay puerto de salvación. O nos sentimos humanos, co-iguales, en la misma Casa Común, o nos hundiremos todos. Las mujeres, como nunca antes en la historia, tienen una misión especial: ellas saben sobre la vida y los cuidados necesarios; pueden ayudarnos a despertar nuestra sensibilidad, h

Nunca se insiste demasiado en el valor de la persona. Desde sus primeros artículos, la Constitución afirma que el Estado está al servicio de la persona humana. La religión, la filosofía, las grandes instituciones internacionales la ponen como centro de su interés, ocupación y preocupación. La misma pandemia del covid-19 ha puesto de relieve la preocupación mundial por la vida humana en general y por las personas concretas en particular. En El Salvador, frente a este desafío, se han tomado una serie de medidas preventivas tan importantes como necesarias. También se han planificado acciones que no solo atiendan adecuadamente a los afectados por la pandemia, sino que perduren posteriormente al servicio del deteriorado sistema de salud nacional. Todo eso es bueno y debe ser apoyado. Pero ello no obsta para prestar atención a las quejas sobre el modo de implementar las medidas. Y aquí es donde entra un tema fundamental: el respeto a la dignidad de las personas. En algunos centros de cuarentena hay hacinamiento, problemas de higiene, no se les permite a los confinados salir de sus cuartos a tomar sol, no les visita ningún médico y solo una enfermera llega mañana y tarde a tomar la temperatura. Se les mantiene en esa situación de encierro durante 30 días, a pesar de que 21 serían más que suficientes. Cuando son trasladados a otros sitios, no reciben ningún tipo de información. Da así la impresión de que la única manera de retener gente que conoce el Estado es la del sistema carcelario. Por otra parte, las quejas de personas internadas en el hospital Saldaña exponen lo que solamente puede calificarse de maltrato hospitalario. Y a todo lo anterior se suma la detención arbitraria de ciudadanos por supuestamente violar la cuarentena domiciliar y el sinsentido de recluirlos en los centros de cuarentena; una situación que ha tenido que corregir la Sala de lo Constitucional. Las cuarentenas son necesarias, así como también los albergues oficiales, y siempre han sido claras las deficiencias del sistema de salud. Pero la lucha contra el covid-19 no justifica maltratar a las personas. Ni los enfermos, ni los que deben guardar cuarentena son delincuentes. El trato humano resulta indispensable en medio del miedo, cuando no terror, que la epidemia ha generado. La OMS define la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino también como un estado de completo bienestar físico, mental y social. En este sentido, las cuarentenas deben cuidar no solo la salud física, sino también la mental y la social. Evitar el lenguaje amenazador o generador de miedo, apoyar la salud sicológica de quienes pasan cuarentena y animar y promover la cooperación social es tarea de todos, pero especialmente del Estado, que tiene a la persona como fundamento de su ser y actuar. El camino emprendido por El Salvador para prevenir y combatir el covid-19 es bueno a nivel estructural. Sin embargo, resulta necesario revisar los modos concretos de llevar a la práctica las decisiones a fin de que la población reciba en todo momento un trato humano por parte de las autoridades. Sería trágico que buenas decisiones y planes queden desvirtuados por el maltrato a las personas.

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección. Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes. La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia. El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

El covid-19 ha cambiado la realidad mundial en pocos días. La atención y las medidas de política pública están centradas en la capacidad de los sistemas de salud para dar respuesta al rápido contagio del virus. Aunque ese foco de atención es totalmente justificado, es importante empezar a diseñar medidas de mediano plazo para atenuar las implicaciones económicas de las decisiones internas de El Salvador, así como de los posibles impactos macroeconómicos por las implicaciones del virus en el resto del planeta. De dejar estas medidas para después, los costos económicos —que de cualquier forma no se pueden evitar— podrían impactar incluso más que la misma crisis de salud. Dada la rápida evolución de la pandemia, existe poca información y proyecciones del impacto económico a nivel global. Sin embargo, ya se han publicado algunos ensayos que nos brindan información. Michael Nikiforos señala que, debido a la reducción de la producción en China, la economía de Estados Unidos podría caer en 4% del PIB. A esto habrá que sumarle la caída de la producción por las dinámicas internas del país norteamericano. Lo anterior tiene dos implicaciones directas para la economía salvadoreña: la caída de las exportaciones y la de las remesas. El dinero que entra en un país debe ser igual al que sale, por simple identidad de cuentas nacionales. En El Salvador, por ejemplo, lo que importamos es mucho mayor a lo que exportamos. Esto únicamente es posible porque contamos con las remesas, que cubren la brecha entre ambos. Otra forma de adquirir dinero proveniente del exterior es por medio de financiamiento público o privado. Por lo anterior, la caída de exportaciones y remesas disminuye la capacidad de importación del país en su conjunto. A nivel microeconómico, esto puede verse reflejado de la siguiente manera: los mercados y los supermercados cuentan con bienes, pero la gente no tiene dinero para acceder a ellos, por lo que esto obliga a dejar de importarlos. La adquisición de deuda externa de parte del Estado y las transferencias de $300 permitirán que las importaciones se mantengan. Como medida de corto plazo, esto es importante, pero no sostenible. Como se sabe, las finanzas del Estado se encuentran en una situación delicada. Las transferencias de $300 implican una carga de $450 millones, equivalente al 1.7% del PIB de 2018. Por lo que se ha mencionado anteriormente, el PIB del país seguramente presentará una tasa de crecimiento negativa. Esto implica una menor recaudación fiscal de la prevista. Todo lo anterior, sumado a la necesidad de un mayor gasto público, implica un mayor nivel de deuda como porcentaje del PIB. Esto comprometerá nuestra capacidad de adquirir deuda en el mediano plazo, especialmente porque la economía a nivel global estará en crisis: muchos países buscarán adquirir dólares y serán pocos los interesados en prestar. Para disminuir este impacto y también reducir la necesidad de transferencias y deuda pública externa, la economía de El Salvador deberá producir el próximo año algunos de los bienes que nuestro mercado interno importa, entre los cuales destacan los alimentos. En este punto, únicamente puedo hablar de las implicaciones económicas, pero se necesita a alguien que conozca a fondo el sector agrícola nacional. La producción toma tiempo. Mientras más nos tardemos en empezar a producir lo que necesitamos, mayor será la importación y el endeudamiento. La productividad de nuestros pequeños agricultores es baja, por lo que el Estado debería liderar esta actividad para realizarla a gran escala, buscando garantizar, en la medida de lo posible, las mejores condiciones para los trabajadores. Las transferencias de $300 podrían utilizarse para salarios de los trabajadores agrícolas, dinamizando la economía no solo por el lado de la demanda, sino también de la oferta. Otros servicios, como transporte y venta, también podrían estar a cargo del Estado para garantizar la mayor cantidad de salarios, en lugar de transferencias. De ser posible, el Estado debe fijar precios que otorguen un margen de excedente para financiar su funcionamiento, dada la caída de los ingresos fiscales señalados anteriormente. En Estados Unidos, por ejemplo, importantes economistas, como Matias Vernengo y James K. Galbraith, han propuesto considerar la producción directa de medicina por parte del Gobierno. De existir las capacidades humanas y materiales, esto debería considerarse también en El Salvador, estudiando las particulares del sector. Reforzando el argumento desarrollado hasta este punto, es primordial la disponibilidad de divisas para la adquisición de bienes y equipo médico que no se produce acá. Dada la delicada situación de nuestro país, la medida de otorgar un bono de $150 a los funcionarios públicos involucrados en la crisis es, a mi consideración, justa, pero poco eficiente. Los trabajadores públicos se encuentran en una mejor posición que la gran mayoría de trabajadores informales. Adicionalmente, muchos de los primeros intentará

La cuarentena domiciliar a nivel nacional es una medida clave para reducir el número de contagios. Sin embargo, y como cabía esperar de un esfuerzo de esta magnitud y sin precedentes, su implementación ha sido problemática. Para la correcta ejecución de las medidas preventivas y, sobre todo, para minimizar la propagación del virus, es necesario que el Gobierno reflexione sobre algunas cuestiones. Ante la medida de permitir que solo un miembro de cada familia salga a realizar compras y diligencias, es preciso tener claro cómo se acredita a ese delegado para que no sea detenido por las autoridades. En ese sentido, debe definirse y socializarse de forma amplia un protocolo de actuación, que sirva de referencia tanto para la población como para los agentes del orden, de manera que la decisión de penalizar a un ciudadano por circular por las calles no quede a criterio del policía de turno. Conviene también encontrar una solución para el creciente número de personas que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, son “retenidas” por no cumplir con la cuarentena. De hecho, la expresión “personas retenidas” es un eufemismo para designar la privación de libertad. En lugar de “retenerlas”, sería mejor tomarles los datos y enviarlas a sus casas, para establecer sanciones a cumplir al finalizar la cuarentena. Además, la retención masiva de gente que no cumple la cuarentena está creando un problema mayor: hacinamiento en los lugares de detención, que podrían convertirse en focos de infección. Si bien es necesario pensar en un apoyo para las familias más afectadas por la crisis, la ayuda de 300 dólares para aquellas que consumen menos de 250 kw por hora de energía eléctrica excluye a miles de hogares que no tienen electricidad o cuyo recibo de la luz está a nombre de otra persona. Según el portal del Consejo Nacional de Energía, de las 84,130 familias que no tienen acceso a la electricidad, 59,332 de ellas viven en las áreas rurales. Y añade: “Estas familias […] son también las más pobres, las más aisladas y con menos acceso a servicios básicos, como agua potable, salud, educación y oportunidades económicas que les permitan salir de esa situación”. Por otra parte, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estima el déficit habitacional de acuerdo a los censos de población realizados en el país (el último fue en 2007), determinó que la cantidad de hogares que necesitan vivienda (déficit cuantitativo) es de 44,383. Es decir, miles de familias alquilan casa y, por tanto, no tienen recibos de energía a su nombre. ¿Qué pasará con estos sectores? Finalmente, comerciantes informales han denunciado que la Policía Nacional Civil ha impuesto restricciones de movilidad a partir de las 6 de la tarde. Con ello, la PNC está entendiendo mal las excepciones dictadas por la Presidencia de la República y sometiendo a la población a un toque de queda de facto, extralimitando sus funciones constitucionales. Es urgente que el Gobierno revise todas estas medidas pensando en los problemas de la gente, especialmente de aquellos económicamente más vulnerables, los que tienen más dificultad para cumplir la cuarentena y los que pueden quedar excluidos de las ayudas gubernamentales. Solo así se evitará agregar nuevas penalidades a la población.

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección. Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes. La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia. El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

En los momentos de crisis, el protocolo más efectivo es el de la solidaridad. En momentos en que la vida está en juego, suele brotar espontáneamente en nosotros el instinto de sobrevivencia, que es siempre egoísta y antisocial. Por ello, tenemos que estar atentos a no perder el sentido y la búsqueda del bien común, actuando aun contra natura, para dar lo mejor de cada persona, de cada familia y de cada colectivo, a fin de que nadie se quede fuera en esta lucha por el bienestar general. En ese sentido, hacemos un vehemente llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir todas las medidas de prevención emanadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las disposiciones de las autoridades nacionales. Cada salvadoreño y salvadoreña debe constituirse en protagonista activo evitando la propagación del virus. En medio de esta delicada situación, a pesar de la zozobra y la incertidumbre, debemos mantener la tranquilidad, para nuestro bien, el de nuestras familias y el de la sociedad. Solo la tranquilidad nos permitirá tomar decisiones acertadas y realistas para hacer frente con racionalidad y sabiduría a la situación de emergencia. Invitamos a hacer de este tiempo una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares; para disfrutar de la cercanía con los seres queridos; para transformar, a través de la creatividad, esta situación no deseada en espacios y momentos entrañables que el trajín diario no nos permite vivir. En la actuación gubernamental es imperativo distinguir entre las medidas implementadas (el qué) y la gestión de las mismas (el cómo). Las medidas de prevención, como las cuarentenas, la suspensión de algunas actividades y el cierre de fronteras, establecimientos y accesos a ciudades, son difíciles, pero acertadas ante la vulnerabilidad de la población y los sistemas de salud nacionales. Sin embargo, la gestión de alguna de estas medidas ha sido deficiente, lo que es comprensible por la premura que impone la pandemia. Con el único afán de colaborar en la implementación de estrategias efectivas, hacemos algunas reflexiones. En toda emergencia debe tenerse siempre presente el respeto a los derechos humanos de todas las personas y en todos los territorios. La suspensión de un derecho fundamental solo puede justificarse si ello tiene como único fin garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la vida y la salud, comprometidos en esta situación. Antes de anunciar e implementar medidas, es necesario analizarlas a profundidad. Y para ello hay que contar con la opinión de expertos y dialogar previamente con los sectores directamente afectados por las medidas, así como buscar previamente todos los apoyos necesarios para su mejor gestión. Hoy más que nunca las acciones que se implementen deben tener una base científica y la certeza de que contribuirá a evitar la propagación del virus, sin ir más allá de lo estrictamente necesario. En este sentido, organismos como la OMS y el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta consideran que el período de cuarentena necesario para el covid-19 es de 14 días. A la luz de la ciencia médica, es innecesario alargar la cuarentena a 30 días. Una cuarentena tan larga dificulta la atención a las personas recluidas, pudiendo ocasionar otro tipo de padecimientos físicos y psicológicos, que complejizan la situación. Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar en los centros de cuarentena condiciones adecuadas de alimentación, vestuario, higiene personal y espacio personal, que permitan el mayor bienestar posible. Igualmente es perentorio que la cuarentena se cumpla a cabalidad. El ejemplo de Corea del Sur, de realizar pruebas de manera generalizada para detectar tempranamente las infecciones del covid-19, ha mostrado ser muy eficaz para evitar el contagio y la propagación del virus. Esta estrategia debería implementarse en El Salvador lo antes posible, como prioridad en la lucha contra la pandemia. Se debe valorar la posibilidad de implementar la cuarentena domiciliar. Esta es una medida fundamental para personas que están bajo observación o confirmadas con el virus, pero que no requieren atención médica urgente. Como dijo el presidente de la República en la cadena nacional del 18 de marzo, la población salvadoreña ya sabe qué es el coronavirus, cómo se transmite y qué medidas de protección deben implementarse. Por tanto, la cuarentena domiciliar para algunos casos sería una alternativa que permitiría liberar espacios para otros, ahorraría recursos y daría mayor tranquilidad a las personas recluidas y a sus familiares. No se debe perder de vista que estamos ante una emergencia de salud, aunque, por supuesto, tenga efectos en otras ramas de la vida nacional, como la economía. De acuerdo a la experiencia histórica, para garantizar la continuidad y funcionalidad del Estado después de una pandemia, es necesaria la protección especial del personal dedicado a cuidar la salud, la seguridad y los derechos humanos. Particular mención merece la decisión de

EDITORIAL 20-03-20 ACTUEMOS DE MANERA RESPONSABLE EDITORIAL 20-03-20 ACTUEMOS DE MANERA RESPONSABLE EDITORIAL 20-03-20 ACTUEMOS DE MANERA RESPONSABLE EDITORIAL 20-03-20 ACTUEMOS DE MANERA RESPONSABLE

La semana pasada, el presidente Bukele saludó a 1,400 nuevos soldados, en plan de combate y en una escenografía elaboradamente militar, con lanchas de la marina y aviones de la fuerza aérea incluidos. En ese escenario, prometió “proteger a la gente, con fondos o sin fondos”. Ningún presidente después de 1992 ha gustado tanto de lo militar como Bukele. Concentra energías y recursos en la represión de la violencia social y en las fuerzas represivas. El enorme peso específico de la opción militar oculta, con su gran aceptación popular, otras demandas urgentes de la ciudadanía. Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua permanece abierta. El mal servicio y la mala calidad también ponen en peligro la salud de los habitantes del gran San Salvador. Una buena parte de la población rural no tiene acceso al agua potable. No permitió que la ministra de Salud y el presidente de ANDA dieran explicaciones a los diputados por causa de la guerra que libra contra estos. Los legisladores respondieron con una interpelación, que expuso las limitaciones de los dos funcionarios y del Gobierno. La comparecencia fue lamentable. La ministra aseguró que el agua es potable, el presidente de ANDA recomendó no beberla. La ministra afirmó que no le corresponde garantizar su potabilidad, pero ANDA dijo lo contrario. En medio de la disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea, el problema del agua sigue sin solución y ya ha motivado el regreso de la protesta callejera. El Gobierno publicita cómo se prepara para un eventual brote de Covid-19, pero pasa por alto la epidemia de dengue y de enfermedades respiratorias agudas. Las gastrointestinales y la insuficiencia renal tienen también una elevada incidencia desde hace ya tiempo. Estas enfermedades se ensañan con la población de menores ingresos y con menos acceso al agua y a condiciones sanitarias aceptables. El Gobierno se ocupa de lo eventual y posterga lo real. Proyecta la impresión de que satisface las demandas ciudadanas, pero, en realidad, huye hacia adelante. Los fieles aplauden, mientras lo contagiados de dengue y de otras enfermedades epidémicas sufren penurias. Los millones destinados a represión estarían mejor empleados en combatir las epidemias crónicas, cuya prevención pasa por el acceso al agua y el saneamiento ambiental. La corrupción, también crónica, está estrechamente relacionada con la proliferación de las epidemias, pero también con la ineptitud y la baja inversión social. Contradictoriamente, mientras esta última no cubre las necesidades de la población, el gasto militar experimenta un aumento del 18 por ciento en el Presupuesto de este año. Las áreas sociales, en cambio, incluido el medio ambiente, experimentan recortes en unos presupuestos de por sí insuficientes. Indiscutiblemente es perentorio acabar con la corrupción, pero no serán los militares ni los antimotines quienes lo hagan. No solo carecen de competencias, sino que ellos también contribuyen con ella, amparados en un mal entendido secreto militar. Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo han sacado a la luz el rechazo, si no desprecio, que suscitan el Ejército y la política militarizada en un sector importante de la opinión pública. El operativo militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel entonces, sino también en que, hasta ahora, la institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con las investigaciones para atribuir las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad. La censura internacional ha obligado al presidente a echar mano de la creatividad. La última producción asegura que el Ejército estaba desplegado para impedir los desmanes de la multitud, que el mismo presidente había movilizado. Bukele pensó, por ingenuidad, imprudencia o envanecimiento, que su gesta contaría con la aprobación unánime de la opinión pública. Craso error de cálculo político del presidente y desconocimiento del sentir popular. Su sueño de encabezar al pueblo, protegido por militares y antimotines, para disponer de la legislatura, tal como lo anunció en 2018, es una quimera antidemocrática. No se le ocurrió que si bien la Asamblea Legislativa y los partidos políticos son las instituciones menos apreciadas por la opinión pública, también lo es el Ejército y la policía militarizada, por su pasado y su presente represivo, cruel e inhumano. Los hogares populares experimentan constantes invasiones de soldados enviados a cazar jóvenes indiscriminadamente. El insulto, la maldición, el odio y la invitación a quemar al adversario no darán “frutos en el futuro”, tal como augura el presidente. Crean inestabilidad, división social, represión y violencia. De esa siembra no puede salir nada nuevo, sino el mismo fruto viejo y amargo del sufrimiento y la muerte. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La existencia y persistencia de la esclavitud o de condiciones análogas a la esclavitud constituye un desafío humanístico, filosófico, ético y teológico hasta los días actuales. ¿Por qué hay humanos que esclavizan a otros humanos, sus co-iguales?

Después de la aprobación del proyecto de ley de justicia transicional y del veto del Presidente, le toca a la Sala de lo Constitucional apropiarse de la situación con una audiencia de seguimiento. Si no lo hace, y pronto, las víctimas y los defensores de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de El Salvador, tendrán motivos para pensar que los magistrados juegan a eludir sus responsabilidades y a dar facilidades a la posibilidad de impunidad. Esto sería trágico, pues la anterior Sala de lo Constitucional le mostró al país que la Constitución es importante, marca la institucionalidad y da seguridad jurídica a todos. Distraerse del deber sería una ofensa a la ciudadanía, una ruptura con los compromisos constitucionales y de derechos humanos, y un nuevo ridículo internacional. La Sala debe honrar sus propias palabras, que prometieron una audiencia de seguimiento de la sentencia de 2016 cuando la Asamblea Legislativa terminara de redactar el proyecto de ley. Varias y diversas instituciones se han dirigido ya a la Sala pidiendo dicho seguimiento y el análisis del proyecto de ley vetado, así como del veto presidencial. Esperar para ver si la Asamblea supera o no el veto es simple y sencillamente perder tiempo. Los jueces en general están obligados por la Constitución a brindarle a la ciudadanía una pronta y cumplida justicia; más aún los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como esta lo ha afirmado en repetidas ocasiones en su propia jurisprudencia. Aunque es cierto que la antigua ley de amnistía impidió durante más de dos décadas hacer pronta y debida justicia, han pasado ya casi cuatro años desde julio de 2016, cuando se declaró inconstitucional esa ley a todas luces injusta. Sería lamentable que la Sala cayera en retardación de justicia. Una irresponsabilidad grave sancionada por la Constitución De los 75 artículos del proyecto de ley de justicia transicional, cerca de 19 requieren ser estudiados con detenimiento por la Sala, para verificar que cumplen con la sentencia y las recomendaciones de seguimiento. Otras instituciones del Estado no han acatado los mandatos de la Sala. La Fiscalía no ha establecido un número de fiscales suficiente para enfrentar los casos que podrán darse una vez sea promulgada la ley. La coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, ordenada por la Sala para hacer los cálculos adecuados de reparaciones y otros costos, tampoco se ha dado. Es urgente revisar todo el proceso. La Sala no puede tirar balones fuera ante los desacuerdos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Al contrario, la causa del atraso, si se da, será ahora responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Una ley de justicia transicional norma siempre, como su nombre lo indica, la transición de una situación de violencia y enfrentamiento a otra de diálogo, paz y mecanismos de reconciliación. La reparación a las víctimas, la penalidad por los delitos y la preocupación especial por los territorios donde los enfrentamientos causaron mayores daños contribuyen a que no se repitan los terribles daños del pasado. Cuando hoy se habla de la violencia de las pandillas, no faltan quienes piensan que en parte ella es resultado de la creación de la cultura de impunidad tras la guerra civil y de haber mantenido unos índices de pobreza y desigualdad todavía demasiado altos. La ley de justicia transicional, tal y como la pidió la Sala de lo Constitucional, debe hacer verdad sobre los graves crímenes del pasado. No aceptar que nuestra sociedad quedó desgarrada por los abusos cometidos lleva a la repetición de los mismos. A pesar de su inicial falta de voluntad política, la Asamblea Legislativa ha ido acercándose a una ley de justicia transicional válida. Ordenar la mejora del proyecto de ley recientemente aprobado, para así cumplir la sentencia de 2016, es tarea obligatoria de la Sala. Si no lo hace, habrá que acusarla de falta de voluntad política y carencia de independencia. Y peor aún, se erosionará la de por sí escasa confianza ciudadana en la justicia. De este modo, la Sala terminará contribuyendo a generar más simpatía por las medidas de facto, en vez de apego a la legalidad y al buen orden.

Los hechos del 9 de febrero han mostrado los límites de la institución democrática para superar el conflicto político. El presidente Bukele ha acudido al cuartel como alternativa a la negociación democrática. Así, lo que parecía inverosímil después de los acuerdos de 1992 es real, porque el Ejército existe y porque está a disposición de quien acuda a él. El presidente desprecia el compromiso político y entre sus prioridades no figura la consolidación de la institucionalidad democrática, una tarea pendiente y trascendental para el futuro del país. Si no hubiera opción militar, es decir, si el Ejército no existiera, los políticos estarían forzados a buscar soluciones democráticas. La existencia del Ejército ha hecho posible que el presidente apueste fuerte por los militares como una base de su poder personal. Por eso no destituirá a su ministro de Defensa. Al contrario, lo felicita por su actuación política y antidemocrática. También es cierto que el elevado prestigio del Ejército, el enorme desprestigio de los políticos y la confianza ciega de la opinión pública en el autoritarismo han hecho posible la opción militar. En Costa Rica y en Panamá esa opción no existe, porque no hay Ejército. El golpe militar no es solución. La experiencia muestra que, en una sociedad polarizada como la salvadoreña, el Ejército suele agudizar aún más el conflicto político que pretende superar. El golpe alimenta el enfrentamiento, desata la represión, genera mayor inestabilidad política e instala líderes que utilizan su poder para el desquite. La persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores divide más la sociedad, y si estos se radicalizan y se movilizan contra las nuevas autoridades, tal como es usual, se desata la espiral de violencia, la cual difícilmente crea condiciones para implantar una democracia estable. El compromiso político, en cambio, reduce el nivel de violencia y señala el camino para consolidar una institucionalidad debilitada por la corrupción de las estructuras de poder. La ausencia de opción militar no evita las crisis, pero obliga a encontrar soluciones negociadas. La posibilidad real del golpe y la creciente polarización han abierto la puerta para el regreso de los militares a la política. Así lo pone de manifiesto la actuación presidencial del 9 de febrero, que ignoró la perversidad de la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980. El Ejército no ha perdido la capacidad de intervenir en la política como árbitro después de 1992, tal como algunos pensaron ingenuamente. El anterior ministro de Defensa se atribuyó públicamente la tregua con las pandillas, opinó sobre asuntos políticos y exhibió amenazadoramente el poderío militar en ámbitos políticos como la legislatura. La oposición a la política tradicional de Arena y del FMLN aplaude la intervención militar, llevada por su deseo, en principio legítimo, de acabar de una buena vez con la ineptitud y la corrupción. Incluso interpreta la actuación presidencial del 9 de febrero como un acto democrático con beneficios inmediatos para el pueblo. Las bondades que esa interpretación proclama son un espejismo. La consolidación democrática implica subordinar el poder militar al civil, y mejor aún, eliminar de manera definitivamente la opción militar. Más aún, la supresión del Ejército redundaría en un ahorro considerable para la hacienda pública. Neutralizar la opción militar exige transformar la mentalidad social. Si la opinión pública confía más en el Ejército que en el legislador, el incentivo para recurrir a los militares es muy fuerte. Si la opinión pública constata la incapacidad para preservar el orden, las fuerzas de seguridad militarizadas, que prometen “orden”, se vuelven cada vez más atractivas. Si el gobierno democrático no satisface las demandas ciudadanas, el descontento de la opinión pública con los políticos se traduce en desprecio y la tentación militar se vuelve irresistible. A pesar de los desatinos, reales o imaginados, es indispensable resistir la tentación militar, en aras de la construcción de instituciones más estables, aun cuando las crisis sean recurrentes. La opción militar es una trampa. Las promesas de cumplimiento inmediato deslumbran, pero comprometen el futuro democrático. El golpe militar no resuelve la crisis vital de las mayorías, ni la polarización sociopolítica, ni la escasez de recursos públicos, ni la impunidad, ni la corrupción. Al contrario, la superación de estos males acentúa la necesidad y la urgencia del consenso. Es perentorio cerrar la opción militar para no generar mayor inestabilidad institucional, para fortalecer el sistema político y para forzar a los políticos a que aprendan a superar las diferencias mediante la negociación y el compromiso democrático. El conflicto sociopolítico no se resuelve sin un consenso sobre cómo superarlo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El domingo 9 de febrero de 2020 será una fecha que quedará escrita en la historia del país debido a la intervención militar de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, avalada por el presidente de la República. Este despliegue se constituirá en una de las manifestaciones más claras de la maquinaria de creación y control de ideas de este Gobierno.

Si el presidente Nayib Bukele se tomara en serio sus diatribas contra el nepotismo y se decidiera a despedir a familiares y allegados de funcionarios de su Gobierno, como lo hizo al asumir el poder para barrer de las dependencias del Estado a personas supuestamente vinculadas al FMLN, se encontraría en serios apuros. La Real Academia de la Lengua Española define el nepotismo como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. El Diccionario del español jurídico va más allá y lo define como la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio del mérito y capacidad”. Ciertamente, el nepotismo es un elemento característico de la política salvadoreña, como ha dicho el mismo Bukele, pero esa constatación solo puede entenderse como justificación para darle continuidad al vicio en un contexto de absoluta falta de ética y decencia. Los tíos, hermanos, primos, cuñadas, concuñas, esposos, amigos, exempleados, compadres y comadres que forman parte de la actual administración son tema de dominio popular, como lo es que el presidente de Nuevas Ideas es primo del mandatario. El nepotismo hace de la vinculación familiar o de la fidelidad a una persona o al partido el máximo, cuando no el único, criterio para acceder a un puesto. El nepotismo es éticamente inadmisible y viola normas jurídicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su artículo 21, inciso 2, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En el Salvador, la Ley de Ética Gubernamental, en su artículo 6, dice que son prohibiciones éticas “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”. La historia demuestra que el nepotismo se emparenta con la corrupción. Quien recurre al nepotismo no busca idoneidad ni productividad, sino protección y ciega fidelidad, cuando no pleitesía y adulación. En el país, el problema es grave, pues grandes sectores de la población ven natural que quien detenta el poder coloque a sus amigos y familiares en el Gobierno. En la encuesta del Iudop sobre los 100 primeros días de gestión de Nayib Bukele, el 48.6% de los encuestados dijo estar algo o muy en desacuerdo con que el presidente nombre en cargos públicos a sus familiares, pero un 49.5% expresó que está algo o muy de acuerdo. Al pensar que hay nepotismos buenos, se acepta tácitamente una conducta que es ilegal o al menos antiética. Por esta razón, es necesario que el país cuente con una ley de la función pública. Paraguay tiene la ley 2777, que prohíbe la designación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos) y segundo de afinidad (cuñados) por elección directa y sin concurso público. En México, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que los funcionarios intervengan en el trámite o resolución de asuntos en los que estén interesados, y participen en la elección o remoción de personas con las que tengan un vínculo que les reporte algún beneficio. En contraste, en El Salvador, mientras se hace lo de siempre, el nepotismo se combate solo cuando sirve para desprestigiar a los adversarios.

EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO EDITORIAL 04-03-20 EL AGUA GENERA CONSENSO

En un país como el nuestro, en el que tan fácilmente nos desacreditamos mutuamente y algunos pasan de las palabras a la violencia, es necesario analizar las palabras que destruyen. Porque no son solo los epítetos y calificativos insultantes los que rompen la confianza, la concordia y el buen trato. La mentira, aunque se disfrace de buenas palabras, siempre daña, destruye e imposibilita relaciones positivas. Unos cuantos siglos antes de Cristo, el profeta Isaías, viendo cómo funcionaba la sociedad de su tiempo, se lamentaba de la actitud de la dirigencia del reino de Judá y de que hubiera líderes “que llaman al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas”.

OPINION 27-02-20 QUIEN SIEMBRA VIENTOS COSECHA TEMPESTADES

El 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, el Idhuca presentó su informe de derechos humanos relativo al año 2019. En marzo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA presentará un informe mucho más exhaustivo de 2019, así como informes trimestrales a partir de este año 2020. Otras ONG de derechos humanos presentarán también sus informes, generales o parciales. La idea es que nos acostumbremos todos a considerar los derechos humanos como objetivos para delinear políticas públicas. No podemos convivir con la muerte propiciada por nuestros odios, brutalidad o indiferencia. No podremos ser el país que queremos si el bienestar es un bien escaso o limitado a pocos. Y eso es lo que nos dicen los informes de derechos humanos: qué nos falta en múltiples niveles básicos para alcanzar el bienestar. Considerar los derechos humanos como ideas o políticas de izquierda, como hacían hace no mucho militares y latifundistas, es reírse de una humanidad que quiere vivir en paz y en concordia sobre los pilares de la libertad y la justicia.

Cuando observamos El Salvador desde la perspectiva de los derechos humanos, brota inmediatamente la preocupación por la juventud, pues los homicidios y la violencia sexual se ceban especialmente en este sector de la población (entre la adolescencia y los treinta años). Además, las víctimas de desapariciones, según datos de la Fiscalía General de la República, son en su mayoría jóvenes, como también los son los recluidos en las cárceles. Los suicidios se dan con más frecuencia entre los 20 y los 24 años. De los detenidos identificados como pandilleros, la mayor parte son jóvenes. El bachillerato, estudio básico para poder funcionar adecuadamente en la vida, lo termina menos de la mitad de los jóvenes. La mayoría de los desempleados son jóvenes. ¿Qué nos pasa con ellos? ¿Los odiamos? ¿No repetimos siempre que son el futuro de la patria?

El presidente Bukele ha explicado su actuación del 9 de febrero a la opinión pública estadounidense. El texto, reproducido en un periódico de Miami, es el intento más sistemático por dar cuenta de lo ocurrido. Pero no hay novedad. Aquí no ha pasado nada. Lo normal es anormal. La palabra presidencial es incuestionable. La interpretación es maniquea: los buenos, Bukele y su Gobierno, se enfrentan a los malos, los diputados de Arena y del FMLN y la prensa que difunde información falsa. Los buenos resisten la arremetida de los malos, que boicotean la exitosa política gubernamental. El paralelismo con la visión que Trump tiene de la realidad estadounidense es inevitable. El razonamiento presidencial es tan contradictorio, inconsistente y prejuiciado como el de Trump.

En un artículo de opinión publicado el 15 de febrero en el Miami Herald, Nayib Bukele hace afirmaciones relacionadas a los sucesos del domingo 9 de febrero que están lejos de la realidad. En el escrito, el presidente explica su visión de la problemática de inseguridad, el respaldo que le brinda el 90% de la ciudadanía y el éxito de su Plan de Control Territorial, al cual, según él, se oponen la clase dominante y los políticos tradicionales, cuyos dirigentes estarían vinculados a “grupos terroristas”. En resumen, el mandatario plantea que la crítica situación del país se debe a los 30 años de Gobiernos de Arena y el FMLN, partidos que estuvieron y están vinculados a las pandillas, y que por eso no apoyan las políticas de la actual administración, porque afectan sus intereses. Muchas de estas afirmaciones son parte del manual de comunicación del presidente; afirmaciones tajantes que son muy discutibles, cuando no falsas.

OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS OPINION 20-02-20 CUATRO GRANDES SUEÑOS

EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES EDITORIAL 19-02-2020 DESIGUALDADES

EDITORIAL 18-02-20 ANTE LA POLARIZACION Y EL ENFRENTAMIENTO MAS DEMOCRACIA

OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES' OPINION 17-02-20 CHOQUE DE PODERES'

La toma militar de la legislatura está en continuidad con la militarización de la seguridad pública y la exaltación del Ejército y la Policía. No es casualidad que el aparente motivo sea la autorización para negociar un préstamo de 109 millones destinado a financiar esa actividad.

EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO EDITORIAL 12-02-20 DELIRIO ANTIDEMOCRATICO

OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE OPINION 11-02-20 WASHINGTON POCO Y TARDE

En el país, el diálogo en la política ha sido difícil, cuando no imposible. Y dado el estilo de utilizar el poder en primera instancia para beneficio particular y después, solo en segundo lugar, al servicio de la gente, no extrañaba que surgieran conflictos. La preocupación por esta dinámica se ahondó cuando, hace algunos años, varios partidos políticos, desde sus puestos en el Estado, la emprendieron contra la Sala de lo Constitucional, tratando de expulsar de ella a unos magistrados que actuaban con libertad y se salían de la tendencia a obedecer tanto a los poderes políticos como a los de facto. Hoy la preocupación es mayor al contemplar el enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en especial por las actitudes de la Presidencia de la República, que amagan con el uso de la fuerza para resolver el conflicto.

PRONUNCIAMIENTO 080220 de la UCA frente al conflicto entre el Órgano Ejecutivo y el Legislativo, en El Salvador.

Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua Ante ataques a la UCA de Managua

EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EDITORIAL (05-02-2020) SELECTIVA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Opinión 04-02-2020 CULTO A LA BUROCRACIA Opinión 04-02-2020 CULTO A LA BUROCRACIA

EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES EDITORIAL (03-02-2020) ANTE LAS CONTRADICCIONES

Rodolfo Cardenal 16/01/2020 La reacción de los diputados a las revelaciones de la prensa sobre sus empleados es timorata. Miran hacia otro lado. Algunos hablan de legislar prohibiciones, otros de endurecer penas, un recurso muy del gusto político nacional, pero ineficaz, porque no hay quién aplique leyes y sanciones. Otros se cruzan acusaciones y desmentidos, pero ninguno asume la responsabilidad de los hechos. Hay quien invoca los derechos adquiridos por los empleados para mantener la situación actual. Otros escurren el bulto arguyendo que es práctica común del Estado. Sin duda, es así. Pero la corrupción de unos no justifica la de los demás. En cualquier caso, la podredumbre que ha salido a luz es la legislativa. Hay quienes piden un inventario independiente, como si fuera tan difícil identificar los contratos mal habidos. Dado que los beneficiados son parientes, militantes y protegidos, el contratista bien puede solicitarles la renuncia inmediata a la plaza. Pero esto no sucederá. Los intereses en juego son demasiado sustanciosos. La plaza legislativa es un medio eficaz, y aceptado, para medrar sin trabajar. Los grandes ausentes en los pareceres de los diputados son la ética y el sentido de la decencia.

Editorial UCA 20/01/2020 Este año se celebra el 75.° aniversario del descubrimiento pleno de los campos nazis de concentración y exterminio, poco antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. El hecho forzó, en buena parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el surgimiento ininterrumpido de los consiguientes pactos, oficinas, acuerdos regionales dedicados a su salvaguarda y protección. Asimismo, se recordarán los 75 años del bombardeo nuclear contra Hiroshima y Nagasaki. Por lejana y ajena que nos pueda parecer aquella política de exterminio sistemático de judíos, gitanos, homosexuales y opositores políticos, o la indiferencia cínica de sacrificar civiles en masa para acelerar la rendición de un país enemigo, debemos aprovechar esos aniversarios para reflexionar seriamente sobre nuestra propia cultura e historia de violencia y brutalidad.

Frente a los fenómenos acaecidos recientemente en San Salvador en torno a la calidad de agua que llega a los hogares, es propicio preguntarnos: ¿qué hemos hecho con la belleza natural de este país’?, ¿qué es lo que hicimos de nuestros “ríos majestuosos”? La desconexión con nuestro entorno lleva a que la mayoría de salvadoreños que habitan en centros urbanos den por sentado que, al abrir la llave del grifo de sus casas, obtendrán agua de calidad y en cantidad suficiente para suplir todas sus necesidades. Una presunción que no siempre es correcta. * Luis Ortez, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

Editorial UCA 17/01/2020 Si hay un tema que en los últimos tiempos ha unido ánimos y apoyos diversos es el del agua. No es para menos. En El Salvador está a la vista la crisis ambiental, especialmente en materia de recursos hídricos. Más de 130 organizaciones sociales de diversa índole han apoyado la lucha social por incluir en la Constitución el agua como derecho humano y por una Ley General de Aguas que sea consecuente con ello. El derecho humano al agua ha unido a Iglesias cristianas históricas, a universidades, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a colegios, estudiantes, fundaciones y a una larga lista de actores. Se han presentado cientos de miles de firmas de apoyo, se han suscrito decenas de comunicados, se han realizado movilizaciones, se han publicado estudios con evidencia científica y empírica, pero nada ha hecho que los que ven al agua como mercancía renuncien a hacer negocio con ella.

Este 16 de enero se cumple un aniversario más de la firma en 1992 de los Acuerdos de Paz. 28 años han pasado desde entonces, y ciertamente aquel hecho supuso muchos cambios importantes para El Salvador. Lo primordial fue poner fin a la guerra fratricida, dar espacio a la participación política de las partes en conflicto y enrumbar al país hacia un sistema democrático con base en un Estado de derecho. Los Acuerdos de Paz abrieron una oportunidad única para nuestra sociedad, que en su mayor parte deseaba el fin de la violencia y del enorme sufrimiento que esta causaba. Una paz conquistada por los miles de salvadoreños que clamaron por la paz y ofrendaron su vida por ella. A ellos se les debe un constante agradecimiento.

Un año y 7 meses han transcurrido desde que la Sala de lo Constitucional le ordenara al Estado reconocer a las víctimas de desplazamiento forzado, y a los diputados legislar para garantizar la protección y derechos de ellas. El 9 de enero, luego de un largo rezago injustificado e irresponsable, la Asamblea Legislativa por fin saldó su deuda aprobando la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, una realidad que golpea a diario a muchos salvadoreños y que por demasiados años fue oficialmente ignorada.

Wilson Sandoval 09/01/2020 Hoy día, cabe cuestionarse si la cárcel y lo penal son las respuestas más adecuadas al fenómeno de la corrupción. Pareciera que en El Salvador la prisión no es un disuasivo que logre calar en los funcionarios, sin importar su jerarquía. Para el caso, el Ejecutivo evidencia registros de corrupción desde 1989, según el estudio de ICEFI “La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano”. En ese sentido, la corrupción no es un mal reciente, y la población exige “leyes más duras” o “penas más severas” contra quienes cometen ilícitos en función de su cargo público. Sin embargo, parece que los corruptos y corruptores tienen la capacidad de sortear las consecuencias de sus actos al disponer de recursos legales que les favorecen —como los juicios abreviados— y al aprovecharse de la debilidad de instituciones que componen el sistema de rendición de cuentas del país, como el Tribunal de Ética Gubernamental o la Sección de Probidad.

Editorial UCA 03/01/2020 Durante 2020, un año preelectoral, cuatro temas pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de actuar en función de los intereses de las mayorías, no de las élites. En materia medio ambiental, no pueden demorar más el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y la aprobación de una ley general de aguas. Por supuesto, aprobar leyes no es potestad del Ejecutivo, pero ya que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo el año pasado que los legisladores esperarían la llegada del nuevo Gobierno para discutir la ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene abierta la puerta para hacer uso de su iniciativa de ley. Una primera señal importante a este respecto será la actuación del Ejecutivo ante el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, al que se oponen comunidades, organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales.

Por Leronardo Boff En tiempos de peligro para nuestra libertad es importante que pensemos en su relevancia. Nacemos completos pero imperfectos. No tenemos ningún órgano especializado, como la mayoría de los animales. Para sobrevivir, tenemos que trabajar e intervenir en la naturaleza. Los mitos iluminan esta situación. Los indígenas guaicuru, del Mato Grosso del Sur, se preguntaban el por qué de la imperfección y del alto significado de la libertad. Tardaron mucho tiempo en llegar a una respuesta. La explicación vino a través del siguiente mito, portador de verdad.

Editorial UCA 03/01/2020 Durante 2020, un año preelectoral, cuatro temas pondrán a prueba la voluntad del Gobierno de actuar en función de los intereses de las mayorías, no de las élites. En materia medio ambiental, no pueden demorar más el reconocimiento constitucional del agua como derecho humano y la aprobación de una ley general de aguas. Por supuesto, aprobar leyes no es potestad del Ejecutivo, pero ya que la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático dijo el año pasado que los legisladores esperarían la llegada del nuevo Gobierno para discutir la ley, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene abierta la puerta para hacer uso de su iniciativa de ley. Una primera señal importante a este respecto será la actuación del Ejecutivo ante el proyecto urbanístico Ciudad Valle El Ángel, al que se oponen comunidades, organizaciones sociales, comunitarias y eclesiales.

Por Carlos Ayala Ramírez es profesor de la Escuela de Pastoral Hispana de la Arquidiócesis de San Francisco, CA. Profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología, Santa Clara University. Docente jubilado de la UCA.