Editoriales y Opiniones

OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19 OPINION 18-05-20 CONSIDERACIONES SOBRE EL ODIO Y LA COVID19

Una mujer sabia de mi pueblo decía que no todas las tormentas llegan para perturbar la vida; algunas llegan para limpiar el camino. En la actual coyuntura, hemos recibido, como universidad y como personas, innumerables muestras de apoyo y solidaridad. Mensajes que agradecemos profundamente. Compañeros de trabajo, amigos y amigas, gente que no hemos tratado personalmente, de fuera y dentro del país, desde jerarcas religiosos y defensores internacionales de los derechos humanos hasta nobles pobladores de barrios y colonias nos han expresado su cariño y, también importante, que comparten y comprenden nuestra actuación. Por supuesto, no han faltado las ofensas, insultos y calumnias, que denotan no solo falta de altura moral, sino también carencia de argumentos. Pero hay algunos cuestionamientos hacia la UCA que por transparencia vale la pena atender. Van esencialmente en dos líneas. La primera es que la UCA se equivocó al aceptar ser parte del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. A lo largo de sus 55 años de vida, la Universidad ha cometido errores. Pero lo que nadie puede negar sin mentir es que siempre ha actuado con el propósito de aportar a la dignificación de la existencia de los salvadoreños, especialmente de aquellos, como dice Jon Sobrino, para quienes la vida es un camino cuesta arriba. Por supuesto que nos hemos equivocado, pero no decir que siempre se ha tenido la decencia y honradez de rectificar institucionalmente es no honrar la verdad. Como lo recordó una compañera a través de una publicación en una red social, Ignacio Ellacuría apostó en 1976 por una propuesta de reforma agraria en los tiempos en que el general Arturo Armando Molina era presidente del país. A pesar de las mordaces críticas, la UCA entendió que cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, la principal fuente de riqueza de aquel tiempo, era la vía hacia la justicia social. ¿Un error? Tal vez. Pero la Universidad vio la oportunidad y apostó. Cuando el Gobierno de entonces se echó atrás por presiones de la oligarquía terrateniente, Ellacuría fue uno de los principales críticos de la medida y desde entonces se convirtió en blanco de ataques gubernamentales. En octubre de 1979, el rector de la UCA, Román Mayorga Quirós, dejó su puesto para ser parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Mayorga Quirós dio el paso luego de vislumbrar un camino, a través de militares y jóvenes, para detener tanto las violaciones a los derechos humanos como un derramamiento de sangre que parecía inminente. ¿Se equivocó? Quizá. Como dijo después el antropólogo y jesuita Ricardo Falla, lo que parecía más realista resultó utópico e impracticable. Y cuando la violencia se impuso, la UCA se distanció de la Junta. A raíz de ello, Mayorga y otros miembros de la Universidad tuvieron que exiliarse para no perder la vida. El campus fue blanco de ataques. El 16 de febrero de 1980 la residencia de los jesuitas recibió 100 impactos de bala. La segunda línea de cuestionamiento es que la UCA ha sido manipulada por la empresa privada, ya sea por ingenuidad o como parte un plan orquestado para boicotear al Gobierno. Este cuestionamiento no tiene sustento. De lo mismo se ha acusado a la Universidad a lo largo de su historia, en múltiples ocasiones. Que se diga hoy que la UCA, al criticar la falta de transparencia y las actuaciones autocráticas del Gobierno de Nayib Bukele, le hace el juego a la derecha o es su aliada es cerrar los ojos a lo evidente. Los que así piensan pretenden pintar al Gobierno como víctima de oscuros y malignos planes. Normalmente en la vida tengo más dudas que certezas, pero si de algo estoy seguro en este caso es que la víctima no es el Gobierno. Más bien creo lo contrario, que es victimario, sobre todo de la verdad, de la dignidad humana y de la racionalidad. Creo también que los hechos están a la vista, pero en un mundo de mentiras decir la verdad es causa de linchamiento mediático, de persecución y de expresiones de odio. Las descalificaciones y ataques no aportan nada al debate tan necesario como ausente en estos tiempos. A los miembros del Comité, tanto de la sociedad civil como del Gobierno, les guardo mi consideración y respeto. Ellos lo saben. Y saben que eso no quiere decir que pensemos igual ni que la misión de la universidad para la que tengo la suerte de trabajar haya cambiado, como no cambió antes, aun enfrentando riesgos, amenazas y ataques. Aceptamos entrar al Comité siendo conscientes de los riesgos, pero con la esperanza de incidir para aliviar el sufrimiento de tanta gente. Quizás nuestro pecado fue pensar que podíamos ser escuchados y pretender transparencia en la noche oscura que embarga a nuestro sufrido país.

“Nunca discutas con un necio”, reza la conocida frase, “o te arrastrará a su nivel, y desde ahí te ganará por su experiencia”. Algo similar sucede respecto al combate de las pandillas. Frente a la irracionalidad del delito, la sangre y la violencia, no es posible oponer más locura y sinrazón, pues, aunque se venza al pandillero o al asesino en su terreno, ya se habrá sido derrotado. Durante treinta años, los Gobiernos del FMLN y Arena, así como el resto de sectores que ostentan algún nivel de poder, desoyeron esta elemental lección de sentido común. El presidente Cristiani y Calderón Sol fortalecieron las bases de un sistema desigual, abusivo e injusto dentro del cual las maras o pandillas maduraron en su adolescencia. Francisco Flores, lejos de reparar estos errores, ofreció como principal salida detenciones masivas y una ley antimaras que criminalizaba “ser pandillero”. Finalmente, el último presidente de la derecha en el poder, Antonio Saca, ofreció las mismas cuotas de violencia, con un “super” de prefijo. Nada de esto funcionó. Desde la izquierda, Mauricio Funes ofreció militares, más todavía que Saca, y Sánchez Cerén apostó a superar tal dureza con medidas más extremas, aumentos de pena y la creación de nuevos delitos. La Sala de lo Constitucional no se quedó rezagada y convirtió a los pandilleros en terroristas en el año 2015, tiempo después que la Asamblea Legislativa los declarara “crimen organizado” y desarrollara una jurisdicción especializada para aplicares penas. Nada de esto ha funcionado contra las maras. Nada de lo que viene desde el terreno del engaño o la violencia parece hacerlo, desde los seductores favores penitenciarios, negociaciones ocultas y financiamiento, hasta la severidad del policía, el soldado, el grupo de exterminio, las tanquetas en la plaza pública, e incluso los drones y helicópteros sobre nuestras cabezas. Las pandillas son resistentes a la violencia, lo cual no es extraño: nacen de la violencia social y estructural que les rodea, y sobreviven gracias a ella en un entorno donde rige la ley del más violento. Más allá de lo anterior, cada embate furioso del Estado parece proporcionarles nuevas y peligrosas propiedades: lavar dinero, regentar narcomenudeo, participar en sectores económicos informales, incrementar o reducir estratégicamente su control territorial a conveniencia, e incluso negociar abiertamente, y en posición de paridad, con las cúpulas partidarias de todas las ideologías y tendencias. Con lo anterior, llegamos al presente momento, uno que continúa desoyendo los gritos del pasado. Frente a la sinrazón del pandillero, el Gobierno de Nayib Bukele se propone ser tan o más violento que ellos: un renovado y más comprometido culto al fusil y a las milicias, el anuncio de fuerza letal ante cualquier atisbo de resistencia, la exhibición de supuestos pandilleros en espectáculos dignos de Auschwitz, e incluso la implementación de calabozos diseñados para ser más degradantes que las prisiones anteriores (esto ya era un verdadero reto). ¿Qué promete un plan que busca convertir al Estado y sus ideales en una maquinaria más letal e irracional que un pandillero? Sencillo, muy poco en lo pragmático, nada en lo ético. *Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Las emergencias y crisis en democracias débiles conllevan el peligro de generar formas de autoritarismo que reducen los derechos ciudadanos. El abuso de autoridad se posibilita cuando se da la tendencia a unir opiniones y pareceres detrás del líder fuerte que actúa rápido y con decisión para enfrentar la crisis. Si en tiempos de bonanza la reducción de derechos levanta protestas, las crisis tienden a silenciarlas. Por ello es importante evaluar el estado de la democracia salvadoreña en este momento; una democracia que fue profundamente débil durante el siglo XX y que continúa siéndolo, a pesar de las importantes reformas que se han implementado desde la firma de la paz. La profunda deficiencia de servicios fundamentales es signo evidente de una sociedad desigual, en la que coexisten niveles de vida muy diferentes. En El Salvador hay servicios de salud excelentes y de primer nivel, pero son privados: menos de un 10% de la población tiene acceso a ellos. Algo semejante pasa en educación. En el campo laboral, más del 50% de los salvadoreños tiene un trabajo precario o informal, cercano en una alta proporción al subempleo. En este escenario, la política se convierte no en un mecanismo de cambio, sino en una forma de incorporarse al bienestar de unos pocos y conservarlo en beneficio de esa minoría. Las corporaciones y asociaciones del poder económico cuentan con un poder desproporcionado y mantienen situaciones de privilegio a la vez que se oponen a una democratización de los servicios de calidad. Ensalzan la meritocracia, aun sabiendo que esta en un país desigual perpetúa el inmovilismo social. En esa línea, es simbólico que en los últimos 35 años no haya llegado a la presidencia del país ninguna persona que haya obtenido su bachillerato en un instituto público. Preguntarse el porqué de ese hecho es fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad. La llegada al poder de Nayib Bukele, que supo utilizar en su campaña las desigualdades socioeconómicas y la corrupción de los últimos 30 años, creó una situación inusual. Los partidos tradicionales estaban acostumbrados a repartirse franjas de poder y negociar las ventajas de tener a su gente en las instituciones del Estado. El nuevo Gobierno tiene únicamente el control del Ejecutivo. Y como mecanismo para suplir esa “debilidad”, comenzó a ejercer diversas formas autoritarias de presión, con frecuencia reñidas con la institucionalidad democrática. Entrar en la Asamblea Legislativa con un numeroso grupo de policías y militares armados fue la mayor expresión de ese estilo autoritario. Durante la emergencia por el covid-19, los choques del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no han hecho más que multiplicarse. Otras instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública, están recibiendo presiones indebidas. Los choques autoritarios aumentaron también con organizaciones de la sociedad civil. El periodismo y las organizaciones defensoras de derechos humanos son públicamente menospreciados. Además, se ataca y descalifica a todo aquel que critica la gestión gubernamental de la pandemia. Este ejercicio autoritario del poder por parte del Gobierno está mereciendo páginas en medios de comunicación internacionales, algunos incluso vinculados al liberalismo. La pregunta que flota es si tras la crisis del coronavirus continuará la tendencia del Ejecutivo al autoritarismo. Aunque por el momento es muy difícil pensar en la instalación de una dictadura, lo cierto es que tanto el poder legislativo como la Sala de lo Constitucional deben jugar un papel importante como frenos de esta peligrosa deriva. Y lo mismo la sociedad civil. De continuar, este estilo autoritario de gobernar solo agravará la situación económica, política y social que acompaña al covid-19. Lo que necesitaremos en el futuro inmediato no es autoritarismo, sino diálogo y solidaridad.

Hay comparaciones saludables; otras, enfermizas. Las primeras están enfocadas en la emulación de aquello que funciona bien en otros e impulsa a mejorar. Las segundas, a ensalzarse personalmente a costa de los demás. El Gobierno de Nayib Bukele tiene en estas últimas uno de sus principales recursos discursivos. El Salvador, dice, fue el primer país del mundo en prohibir la entrada de personas provenientes de China, Italia e Irán; el país que construirá el hospital más grande de América Latina para atender casos de coronavirus; se está haciendo la entrega más grande de la historia de semillas para la siembra; se está remodelando el sistema de hospitales como nunca nadie lo hizo… La estrategia parece ser la del pavo real: inflarse para esconder las debilidades. Pero estas afloran cuando se observa la realidad. El Salvador destaca en la región por construir más lentamente y a mayor costo (70 millones de dólares) un hospital para atender la enfermedad. Costa Rica acondicionó una estructura ya existente para crear el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid-19, con capacidad para tratar a 88 personas. Su adecuación demoró 11 días y en ello invirtió 16 millones de dólares. México, además de otros hospitales, levantó en la capital un hospital de campaña en 21días, con capacidad para 854 camas, gracias a la donación de empresas mexicanas con la coordinación del gobierno de la ciudad y la UNAM. Panamá, el país más golpeado por la pandemia en el istmo, construyó el Hospital Integrado Panamá Solidario, con capacidad para 100 camas (80 generales, 20 UCI), en 28 días a un costo de $6.9 millones. Por su parte, Guatemala adecuó en la ciudad capital, en 3 días y por menos de 800 mil dólares, el hospital temporal Parque de la Industria, con capacidad para 319 camas (48 UCI). En cuanto a disponibilidad de recursos económicos para atender la emergencia, a pesar de ser el más pequeño y que otros países estaban en peores condiciones antes de la pandemia, El Salvador ocupa el puesto número uno de Centroamérica. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nuestra nación es la que más ha aumentado el gasto público. Como porcentaje del producto interno bruto, Costa Rica ha incrementado su gasto entre 0.36% y 0.38%; Guatemala, entre 2.26% y 2.30%; Panamá, entre 6.36% y 6.78%; y Honduras, entre 9.64% y 10.16%. El Salvador lo ha hecho en un 11.1% y 11.7%. El endeudamiento de nuestro país alcanzará, de gestionarse todos los fondos autorizados, niveles sin precedentes; endeudamiento que pesará como una losa sobre las espaldas de generaciones de salvadoreños. Por otra parte, El Salvador es el único país de la región que, como medida única, priva de libertad por 30 días a quienes violan la cuarentena domiciliaria. En Guatemala, según la legislación aprobada, se lleva a las personas a un juzgado de paz, que impone las sanciones establecidas en el Código Penal: desde multas que varían según la capacidad económica del retenido hasta el encarcelamiento, como medida extrema. Algo similar sucede en Costa Rica, donde las sanciones son graduales e impuestas por las autoridades de salud: desde multas económicas hasta, en casos de reincidencia, prisión. Honduras y Panamá sancionan con 24 de horas de retención, obligando a realizar servicios comunitarios públicos, como limpiar calles. Quien compara debe estar abierto a la otra cara de la moneda, no solo a la que le beneficia para autocelebrarse. Frente a la epidemia de covid-19, lo realmente importante es que las medidas implementadas respondan a la realidad de nuestra sociedad y de su gente. Las comparaciones megalómanas no curan ni le quitan el hambre a nadie.

Los antiguos hablaban del eterno retorno. Algunas religiones hablaban de reencarnación. Pensaban que la historia se repetía. En general fue la esperanza de Israel la que introdujo en la historia direccionalidad y finalidad. El cristianismo universalizó esa idea de una historia que se perfecciona hasta llegar a su fin, al tiempo que tomaba de griegos y romanos la razón y el derecho como formas históricas de caminar. Hoy sabemos que la historia no tiene por qué repetirse. Y los acontecimientos que vivimos nos indican que las teorías del fin de la historia, que tuvieron cierto eco a finales del siglo pasado, están equivocadas. Sin embargo, cuando el futuro no se trabaja e incluso no se planifica, algunas barbaridades históricas se pueden repetir. En el primer cuarto del siglo XX hubo una gripe que mató a 50 millones de personas y contagió a un tercio de la humanidad. La falta de preparación para el covid-19 recuerda aquella tragedia, aunque dado los adelantos de la ciencia es muy difícil que lleguemos a aquellos extremos. Pero lo que es evidente es que no planificar el futuro y no prepararse para los riesgos existentes lleva con frecuencia a que se repitan tragedias. En los millones de años que lleva existiendo la tierra hubo extinciones de la vida o la vegetación impresionantes. Hoy, con el calentamiento global provocado por nuestros modos de consumo, somos nosotros mismos los que estamos provocando una extinción, por no querer planificar un uso diferente de la energía. Y es que es verdad, la historia puede en cierto modo repetirse. La masacre de 1932 en El Salvador tuvo causas parecidas a las que provocaron 70.000 muertes civiles durante nuestra guerra de los años ochenta. Planificar el futuro corrigiendo errores es indispensable para que las situaciones trágicas o dolorosas no se repitan. Estamos ahora sufriendo una pandemia para la que sanitariamente no estamos preparados. Nunca se ha querido hacer una reforma radical de nuestro débil y mal dotado sistema de salud. Ni siquiera al estilo de Costa Rica, que por cierto es de los países latinoamericanos que mejor se está defendiendo en estos momentos frente a la pandemia. Según los cálculos de algunos médicos, en el país existen unos cien ventiladores mecánicos en el sistema público. Y por supuesto no todos podrían ser utilizados para neumonías provocadas por la Covid-19, puesto que hay otras situaciones de enfermedad que requieren su utilización. Imaginemos que llegamos a los mil enfermos (lo cual es relativamente fácil, pues ya superamos los cuatrocientos. Y que el diez por ciento de esos enfermos necesitaran ventilador mecánico. Nuestro sistema quedaría fácilmente colapsado. En todas las emergencias los Estados suelen recurrir a la deuda para solventar los problemas más urgentes. Nosotros hemos acumulado ya tanta que nos cuesta más conseguirla. Si pensáramos seriamente en una reforma fiscal tendríamos más recursos y más capacidad de pago cuando necesitáramos deuda. La población de tercera edad se va a multiplicar por tres en los próximos 40 años. ¿Podremos seguir con un sistema de pensiones que solo atiende al 24% de los que están en edad de recibir pensión? El salario digno es una de las mejores formas de salir de la pobreza, pero lo mantenemos en un mínimo que difícilmente posibilita salir de la pobreza. Nuestro sistema educativo solo gradúa de bachillerato al 40% de los jóvenes en edad de graduarse. Y de esos, casi la mitad han estudiado unos bachilleratos tan débiles que prácticamente les impide continuar con una formación seria tras su graduación. En esta sociedad de la inteligencia, ¿podremos llegar al desarrollo económico y social con un capital intelectual escaso? O cambiamos, o estaremos repitiendo cíclicamente los mismos males de siempre. Si no planificamos un futuro distinto, si no reformamos con seriedad la sanidad, la fiscalidad, la educación, las pensiones, los salarios, y una serie de temas más, nos veremos abocados al estancamiento y a la repetición de los males que tradicionalmente criticamos.

Hay personas que afirman que el derecho a la vida y la seguridad choca con los derechos humanos. Como si pudieran darse momentos en que la seguridad y la vida, o esta y los derechos fundamentales fueran opuestos y contradictorios. En este contexto es importante comenzar señalando que el derecho a la vida es siempre un derecho a una vida plena. Es cierto que los derechos se pueden restringir cuando se trata de salvar un bien mayor. Y la defensa de la vida, en su plenitud mayor posible, obliga en algunas circunstancias a restringir otro tipo de derechos. Pero eso tiene que hacerse siempre en el marco de las leyes propias de cada país y ciertamente respetando algunos derechos que no están sujetos a restricciones. Por poner un ejemplo grueso, no es posible autorizar que se mate a enfermos contagiosos para preservar la vida de los sanos. El derecho a la vida es de todos y la mejor calidad de vida posible debe defenderse para todos. Sin embargo, cuesta entender que todos tengamos derecho, incluso dentro de restricciones necesarias, a la mejor calidad posible de vida. Cuando los defensores de DDHH abogamos por la calidad de vida básica de los presos suelen llamarnos defensores de criminales. Pero la situación de los presos bien puede servir de ejemplo para entender lo que decimos. Recientemente, con motivo de un aumento repentino de homicidios la semana pasada, el presidente dio orden de encierro total en las celdas durante 24 horas, supresión de tiendas y registros sistemáticos en las prisiones. La Dirección de Centros Penales, para mostrar el cumplimiento del twit presidencial, ofreció a los periódicos sendas fotografías donde se ve a un gran número de privados de libertad sentados en el suelo en fila, hacinados, semidesnudos y prácticamente en contacto físico, teniendo el cuerpo propio entre las piernas del que está sentado detrás, y entre las propias piernas el cuerpo del que está sentado delante. Todo un espectáculo digno de un campo de concentración. ¿Es necesario esto en una democracia? ¿Defienden la vida los castigos generales y humillantes? Fuentes de “inteligencia”, dicen las autoridades, llegaron a la conclusión de que las órdenes de aumentar el número de homicidios vino del interior de algunas cárceles. Démosle credibilidad a estos análisis de inteligencia y digamos que puede ser cierto. Pero es obvio que si hubo una orden desde el interior de una cárcel, no la dio todo el conjunto de presos, sino un grupo muy reducido que ni informa ni pide permiso al resto de los privados de libertad para tomar la decisión. Y un paso más; si lo dicho tiene lógica, castigar a todos los presos puede tener el efecto contrario al que debiera pretenderse, pues crea solidaridad entre ellos. Y cuanta más solidaridad tengan los privados de libertad entre sí, aunque brote del miedo, más difícil será llegar a la presunta célula que da las órdenes de asesinar. La “inteligencia” necesita siempre información para llegar a conclusiones. Y si llegó a deducir que la orden de matar salió del interior de una prisión es porque tuvo algún tipo de información. En un ambiente de normalidad carcelaria, esa misma inteligencia tendría más facilidad para conseguir información y llegar a los autores de la orden de matar, que en una situación de encierro total. Salvar vidas es un objetivo bello, humano y necesario en El Salvador. No solo en tiempos de Covid-19, sino en tiempos de violencia, pobreza y desigualdad. Pero los castigos generales, reñidos con la dignidad humana, poco pensados y confiando en el efecto de la mano dura, no suelen dar buenos resultados. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acaba de publicar dos informes de gran calidad. Uno sobre la gestión de las normas de cuarentena y otro sobre la problemática de las mujeres en este mismo tiempo. En ambos se ve la necesidad de actuar, en estos tiempos difíciles, con exigencia clara, pero también con respeto a los derechos de las personas. No sería raro que el Procurador tuviera en algún momento que tocar de nuevo el problema carcelario. Porque la vida se defiende mejor con Derechos Humanos que con mano dura.

El combate a la pandemia de covid-19 y la crisis económica subsecuente se han convertido en un pozo sin fondo, al que el Gobierno está destinando enormes cantidades de recursos. A la fecha, además del dinero del que dispone a través del Presupuesto General, se han contraído deudas por miles de millones de dólares, que en teoría tienen su justificación en la lucha contra la enfermedad y la reactivación económica. Y es necesario remarcar el “en teoría”, porque una buena parte está sirviendo para suplir el déficit de ingresos del Estado. El Salvador, ya antes de la pandemia, era un país altamente endeudado, pero en los dos meses que llevamos con el covid-19 el endeudamiento ha crecido a un ritmo trepidante, incrementando la deuda pública en un 20% A finales de marzo, el Gobierno anunció que requería dos mil millones de dólares de deuda para hacer frente a la pandemia a través del apoyo a la población económicamente más vulnerable (450 millones de dólares); la entrega de 600 millones de dólares a los municipios; la creación de un fondo especial para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre de las actividades; y el fortalecimiento del Presupuesto. Un mes después, gracias a una negociación a puerta cerrada con la ANEP y los votos de GANA, PCN y Arena, el Gobierno logró la aprobación de otros mil millones de dólares de deuda, aduciendo motivos muy similares a los de marzo: la creación de un fondo de 460 millones para la reactivación económica de las empresas afectadas, 140 millones para los empleados que han quedado desempleados por la crisis y 400 millones para que el Gobierno pague el IVA que les debe a los exportadores y los saldos pendientes que tiene con sus proveedores. Vale aclarar que estos últimos 400 millones ya estaban incluidos en el Presupuesto. De esta forma, más de 1,200 millones se acabarán destinando a fortalecer el Presupuesto General del Estado. El Gobierno está enfrentando esta crisis sanitaria sin reparar en montos, como si El Salvador fuese un país rico cuando, en realidad, los recursos son muy limitados y el futuro viene cargado de gravísimos problemas económicos. Algunos de los gastos que se están haciendo no parecen ser del todo necesarios o podrían reducirse con una mejor gestión. Basten dos ejemplos. En primer lugar, si la cuarentena en los Centros de Contención, en los que hay más de 9 mil personas, fuese de 15 días, tal como recomienda la OPS, en lugar de 30 o más, el dinero que se destina a ellos se reduciría en al menos la mitad. En segundo lugar, continúa la construcción del nuevo hospital en el parqueo del Cifco, en lugar de utilizar infraestructuras ya existentes que solo habría que acondicionar y reforzar para la atención hospitalaria. El dinero para construir un hospital que estará listo dentro de meses está haciendo falta ya para contratar más personal médico y paramédico, mejorar la red nacional de hospitales y centros de salud, y educar a los ciudadanos (no atemorizarlos) para prevenir el contagio. Gracias al covid-19, el Gobierno ha logrado sumar cientos de millones de dólares más para su presupuesto. Además, ha reasignado cerca de 1,000 millones que en el Presupuesto 2020 estaban destinados a inversiones, principalmente en obras públicas. También ha recibido ayudas de la Agencia de Cooperación Japonesa, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, entre los más importantes. En total, el conjunto de recursos de los que dispone para enfrentar esta situación asciende a más de 2,400 millones de dólares, aparte de los 1,600 millones destinados a las transferencias monetarias, a los municipios y a la reactivación empresarial. Si todo este dinero será dedicado a la lucha contra la pandemia o no, es cuestión aparte, pues la opacidad con la que el Gobierno toma decisiones y asigna recursos no permite afirmar nada con seguridad.

Un país construido sobre la solidaridad En el país, durante estos días, el debate público sobre la emergencia por el covid-19 tiene una doble dimensión. Se discute si la cuarentena debe alargarse y endurecerse, o si debe iniciar un retorno escalonado a la normalidad y cómo. La relativa escasez de pruebas realizadas no ofrece datos suficientes para tomar decisiones claras. En este contexto, la gente ha ido abriendo discretamente algunos de sus trabajos o negocios informales, porque las obligaciones son muchas y la ayuda entregada no da para cubrir todas las necesidades familiares. Se ve más gente en lugares públicos, y ello molesta al Gobierno. Pero las más de las veces es una cuestión de necesidad, no de irresponsabilidad. No se puede decir que hayamos llegado a una situación de vida ordinaria: el tráfico continúa siendo escaso y aunque se ve más personas en la calle que en los primeros 15 de cuarentena, no en número suficiente como para afirmar que se haya llegado a una situación de abuso generalizado. La mayoría de las personas cumple racionalmente las medidas de prevención y distanciamiento social. Pero es normal que en un país con casi la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad, una cuarentena no pueda durar dos meses, al menos de manera absoluta. En ese sentido, hay que, por un lado, considerar las necesidades económicas y de mantenimiento de los pequeños negocios; y por otro, elaborar nuevas medidas sanitarias y continuar insistiendo en que la mayor parte del tiempo se debe permanecer en casa. Tomar decisiones y dictar normas teniendo en cuenta ambas realidades se vuelve cada vez más perentorio. Más importante aún es comenzar a planificar un futuro postepidémico. La gran mayoría de países estaban escasamente preparados para enfrentar la pandemia. El sistema económico mundial centrado en la ganancia rápida ha hecho que muchos Estados descuiden los servicios básicos que ofrecen a la población. En el campo de la salud, El Salvador ya era muy frágil antes de esta emergencia, porque la inversión en el rubro ha sido históricamente insuficiente, incluso raquítica. Nuestro país se caracteriza por avanzar hacia el desarrollo de un modo lento y débil, más apoyado en el endeudamiento que en impuestos y aportes ciudadanos. De hecho, somos el tercer país latinoamericano con mayor deuda pública. Y esta realidad debe abordarse de manera seria y responsable, para cambiarla en el futuro próximo. Porque aumentando las deudas no se saldrá de esta crisis ni de ninguna otra. El Salvador, por ubicación geográfica, está en riesgo permanente de emergencias. Los terremotos nos definen. Las inundaciones y sequías serán más fuertes con el calentamiento global. Enfermedades como el dengue y la chikungunya se convierten fácilmente en epidémicas. Las neumonías, sin necesidad de esperar al covid-19, han sido una de las principales causas de mortalidad, especialmente para los niños. La insuficiencia renal crónica y algunos tipos de cáncer se dan con más frecuencia de la normal. La falta de preparación y prevención, así como la débil respuesta sanitaria frente a estos problemas, ha sido tradicional. Pandemias como la del covid-19 podrían repetirse cada vez con más frecuencia. ¿Volveremos tras esta emergencia a lo mismo de siempre? La única manera de abandonar la senda de la improvisación, el enfrentamiento y el cinismo que mira exclusivamente al bien propio y se olvida de los derechos de los demás es cambiar el sistema práctico de funcionamiento del país. Ese sistema ideológico que marca nuestras acciones, hábitos y costumbres, y que nos vuelve indiferentes ante la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Como resultado del pensamiento neoliberal, hemos impregnado a la democracia salvadoreña de un profundo egoísmo individualista, con prácticas socialmente perniciosas en el ámbito personal, empresarial y político. La idea, tantas veces repetida, de que el mercado en solitario nos llevará al desarrollo y al bienestar no es más que una quimera y un engaño. Necesitamos un país construido sobre la solidaridad. Un país con una reforma fiscal eficiente, en el que no haya empresas y capitales que evaden impuestos; con un sistema educativo que garantice oportunidades a las mayorías hasta hoy marginadas; con un sistema de salud único, eficiente y de calidad, que sepa permanecer preparado para los riesgos sanitarios. Construir solidaridad desde el diálogo es condición necesaria para vencer epidemias, calamidades y desastres, y alcanzar un desarrollo digno. Decir que vamos bien sin comenzar a discutir el futuro no es más que una manera de engañarse a sí mismo y al que escucha.

Muchos lo han visto claramente: después del coronavirus, ya no va a ser posible continuar el proyecto del capitalismo como modo de producción, ni del neoliberalismo como su expresión política. El capitalismo sólo es bueno para los ricos; para el resto es un purgatorio o un infierno, y para la naturaleza, una guerra sin tregua. Lo que nos está salvando no es la competencia –su principal motor–, sino la cooperación; ni el individualismo –su expresión cultural–, sino la interdependencia de todos con todos. Pero vayamos al punto central: hemos descubierto que el valor supremo es la vida, no la acumulación de bienes materiales. El aparato bélico montado, capaz de destruir varias veces la vida en la Tierra, ha demostrado ser ridículo, frente a un enemigo microscópico invisible que amenaza a toda la humanidad. ¿Podría ser el Next Big One (NBO), el que los biólogos temen que va a llegar, “el gordo?, “el próximo gran virus” que pueda destruir el futuro de la vida? No lo creemos. Esperamos que la Tierra siga teniendo compasión de nosotros y nos esté dando sólo una especie de ultimátum. Dado que el virus amenazador proviene de la naturaleza, el aislamiento social nos ofrece la oportunidad de preguntarnos: ¿cuál fue y cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza y, más en general, con la Tierra como Casa Común? La medicina y la técnica, aunque muy necesarias, no son suficientes. Su función es atacar al virus hasta exterminarlo. Pero si continuamos atacando a la Tierra viva, “nuestro hogar con una comunidad de vida única”, como dice la Carta de la Tierra (Preámbulo), ella contraatacará de nuevo con más pandemias letales, hasta una que nos exterminará. Sucede que la mayor parte de la humanidad y de los jefes de estado no son conscientes de que estamos dentro de la sexta extinción masiva. Hasta ahora no nos sentíamos parte de la naturaleza ni tampoco como su parte consciente. Nuestra relación no es la relación que se tiene con un ser vivo, Gaia, que tiene valor en sí mismo y debe ser respetado, sino de mero uso según nuestra comodidad y enriquecimiento. Estamos explotando la Tierra violentamente, hasta el punto de que el 60% de los suelos han sido erosionados, en la misma proporción los bosques húmedos, y causamos una asombrosa devastación de especies, entre 70-100 mil al año. Esta es la realidad vigente del antropoceno y del necroceno. De seguir esta ruta vamos al encuentro de nuestra propia desaparición. No tenemos otra alternativa que hacer, en palabras de la encíclica papal “sobre el cuidado de la Casa Común”, una conversión ecológica radical. En este sentido, el coronavirus no es una crisis como otras, sino la exigencia perentoria de una relación amistosa y cuidadosa con la naturaleza. ¿Cómo implementarla en un mundo que se dedica a la explotación de todos los ecosistemas? No hay respuestas listas. Todo el mundo está a la búsqueda. Lo peor que nos podría pasar sería, después de la pandemia, volver a lo de antes: las fábricas produciendo a todo vapor, aunque con cierto cuidado ecológico. Sabemos que las grandes corporaciones se están articulando para recuperar el tiempo perdido y las ganancias. Pero hay que reconocer que esta conversión no puede ser repentina, sino gradual. Cuando el presidente francés Macron dijo que “la lección de la pandemia era que hay bienes y servicios que deben ser sacados del mercado”, provocó la carrera de decenas de grandes organizaciones ecologistas, como Oxfam, Attac y otras, pidiendo que los 750.000 millones de euros del Banco Central Europeo destinados a remediar las pérdidas de las empresas se destinaran a la reconversión social y ecológica del aparato productivo, en aras de un mayor cuidado de la naturaleza, así como de más justicia e igualdad sociales. Lógicamente, esto sólo se hará ampliando el debate, involucrando a todo tipo de grupos, desde la participación popular hasta el conocimiento científico, hasta que surjan una convicción y una responsabilidad colectivas. Debemos ser plenamente conscientes de una cosa: al aumentar el calentamiento global y aumentar la población mundial devastando los hábitats naturales, acercando así los seres humanos a los animales, éstos transmitirán más virus a los que no seremos inmunes, que encontrarán en nosotros nuevos huéspedes. De ahí surgirán las pandemias devastadoras. El punto esencial e irrenunciable es una nueva concepción de la Tierra, ya no como un mercado de negocios que nos coloca como sus señores (dominus), fuera y por encima de ella, sino como una superentidad viviente, un sistema autorregulado y autocreador, del que somos precisamente su parte consciente y responsable, junto con los demás seres como hermanos (fratres). El paso de dominus (dueño) a frater (hermano) requerirá una nueva mente y un nuevo corazón, es decir: ver a la Tierra de manera diferente, y sentir con el corazón nuestra pertenencia a ella y al Gran Todo. Unido a ello, el sentido de inter-retro-relación de todos con todos y una responsabilidad colectiva frente al fu

Este no será un 1 de mayo de marchas y movilizaciones. La pandemia de covid-19 ha logrado lo que las guerras y los desastres ambientales no: que los y las trabajadoras organizadas se queden sin revindicar en las calles sus derechos laborales. Esto cuando el mundo del trabajo está siendo duramente afectado por la crisis. Los efectos económicos y sociales de la pandemia ponen en peligro los medios de vida de millones de personas. Por el momento, en general, las personas con un trabajo formal han logrado mantener su nivel de vida. En muchos países, como en El Salvador, se están planificando o implementando medidas de soporte financiero a empresas para que los efectos de la crisis no sean tan contundentes. En este sentido, quienes tienen un empleo formal son privilegiados, aunque también sobre sus trabajos se ciernen sombras. En el país se están comenzando a construir proyecciones, todas provisionales, sobre los miles de empleos que se podrían perder. Pero la situación apremiante la viven los y las trabajadoras que no tienen un empleo formal. A fines del siglo XX, en pleno auge de la globalización capitalista, Franz Hinkelammert afirmó que en estos tiempos “es un privilegio ser explotado”. Lo que Marx llamó el “ejército de reserva industrial”, la mano de obra desempleada y permanentemente dispuesta a vender su fuerza de trabajo a las empresas, ha pasado a ser, como sostiene el argentino Carlos Vilas, un ejército de sobrantes que no tiene cabida en el sistema. Los desempleados se han convertido en reserva de nada. No extraña, entonces, que la gran mayoría de la población en edad de trabajar se vea obligada a buscarse la vida en el sector de la economía informal, en caminos subterráneos o ilegales de sobrevivencia, o en la migración hacia otros países con mejores condiciones. El sector más vulnerable del mercado laboral lo constituyen los trabajadores de la economía informal, y es a ellos y ellas a quienes la pandemia está golpeando con más fuerza. En El Salvador se estima que el 70% de las personas en edad de trabajar se gana la vida en ese sector. Quienes venden en los mercados, los que deambulan ofreciendo sus productos, los jardineros, paleteros, peluqueros, lavacarros... son los que la están pasando más difícil. Y si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, ellos y sus familias no tendrán medios de vida. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1,600 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa, corre un peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento por esta pandemia. Según la organización, los detonadores son dos: las medidas de confinamiento domiciliar y el hecho de trabajar en alguno de los sectores más afectados. La pandemia ha puesto cruelmente en evidencia las agudas desigualdades mundiales, que condicionan tanto las posibilidades de contraer el virus como la capacidad de enfrentarse a sus consecuencias económicas. El mayor golpe recaerá en el bolsillo, la salud y la vida de los más vulnerables. Para ellos, como ha dicho Guy Ryder, director general de la OIT, “la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro [...] A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable". La respuesta de los Gobiernos, por tanto, debe estar dirigida principalmente a ese sector. De cara al futuro inmediato, en este 1 de mayo, el reclamo debería ser reorganizar la sociedad y la economía de modo que millones no se vean obligados a elegir entre cuidar la salud o llenar el estómago.

OPINIÓN POLÍTICA DE EXTERMINIO Y LIMPIEZA SOCIAL por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA).

Duele profundamente el incremento de homicidios que sufre el país desde el viernes 24 de abril. En tres días se cometieron 69 asesinatos, superando a los 65 de todo marzo y duplicando los registrados en abril antes del último fin de semana. Es comprensible el estupor que ello ha causado en la sociedad salvadoreña. Pero esta violencia no es la única que se ha dado durante el tiempo de cuarentena. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, durante la cuarentena domiciliaria, que inició en la noche del 21 de marzo, se han contabilizado 54 asesinatos, 4 de ellos feminicidios. Además, se han acumulado 290 denuncias por violencia contra la mujer, 814 por amenazas y 323 por lesiones culposas. Estas cifras reflejan la magnitud del problema, pues, como es sabido, muchos de estos delitos no se denuncian, menos aún cuando la emergencia por la pandemia dificulta acercarse a una dependencia de la Fiscalía o la PNC. Una vez más, los datos nos muestran que nuestra sociedad está atravesada por la violencia, una lacra que dificulta la convivencia en armonía. Sin embargo, lejos de combatirla, las autoridades fomentan la cultura de la violencia. La respuesta oficial a los asesinatos del fin de semana (autorizar y promover el uso de la fuerza letal, y castigar a todos los privados de libertad con encierro absoluto por tiempo indefinido) no es más que aplicar la violencia desde el Estado. Así, los defensores de la ley y del orden público se convierten nuevamente en actores de la violencia y violadores de las leyes que han prometido cumplir y respetar. Con estos actos, las autoridades están reivindicando la violencia como la mejor forma de resolver las crisis de seguridad, y con ello se ponen fuera de la ley y violan los derechos humanos, que deben ser respetados universalmente, para toda persona. Por supuesto, la ley debe aplicarse a rajatabla y el crimen, perseguirse con rigor, pero siguiendo los procedimientos establecidos y con base en investigaciones y aportando pruebas. En contraste, las decisiones tomadas por el Ejecutivo parecen responder más a un caprichoso afán de venganza. Son propias de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente; un código superado desde hace siglos en los países civilizados. Fue precisamente para romper con la lógica de la venganza y la justicia por cuenta propia que se crearon los sistemas de justicia y los códigos penales, lo que significó un gran avance en el desarrollo social y en la lucha contra el crimen. Igualmente ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Despreciarlos no solo es un retroceso, sino supone entrar en una espiral de violencia similar a la que consumió al país en los años ochenta. El Ejecutivo se vale de que una parte de la sociedad salvadoreña no ha transitado a una cultura democrática y no comprende la importancia de promover la cultura de paz. Esos compatriotas aplauden las medidas inhumanas que se están aplicando en los centros penales y en las calles. Y no solo las aplauden, sino que atacan con virulencia a quienes para salvaguardar los derechos humanos de todos los salvadoreños se oponen a ellas. Por otra parte, lo que está ocurriendo confirma el fracaso de los planes de seguridad que dice haber implementado el presidente; es decir, que los territorios siguen bajo control de los grupos de crimen organizado y que no se ha podido desarticular o al menos debilitar las estructuras criminales. En menos de un año de gestión se está constatando que la inteligencia para combatir el crimen, prometida en campaña electoral, está ausente. La tónica implementada es la que misma que se ha aplicado y ha fracasado por más de 25 años: el uso de la violencia y la represión estatal. Seguir este camino conlleva graves peligros para todos y la liquidación del Estado de derecho, que ha permitido la paz y la estabilidad desde el fin de la guerra.

La semana pasada, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, presentó el primer informe de derechos humanos solicitado por la Sala de lo Constitucional, después de recibir esta una serie de peticiones de habeas corpus y demandas de inconstitucionalidad. También presentó uno sobre la situación específica de los derechos de la mujer. A pesar del menosprecio a la labor de la Procuraduría mostrado por algunos funcionarios, lo cierto es que estos dos documentos son de gran importancia en el actual contexto de deriva hacia el autoritarismo y a violación a derechos humanos. Incluso desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han hecho observaciones al modo en que el Gobierno salvadoreño está respondiendo a la pandemia. Atender las observaciones de la Procuraduría para corregir errores ayudará sin duda a mejorar la gestión de las medidas de contención del coronavirus. En el informe que el procurador presentó el viernes 24 de abril a la Sala de lo Constitucional, se informa que la Procuraduría registró entre el 21 de marzo y el 22 de abril 778 quejas de ciudadanos. De estos reclamos, el 67% se vincula a violaciones al derecho a la libertad personal, a la salud y a la información, lo cual es una muestra clara de los maltratos, cuando no violaciones a derechos humanos, que afectan a buena parte de nuestra gente, especialmente a los sectores de menos recursos. El informe insiste en que los miembros de la Fuerza Armada y de la PNC no suelen tomar en consideración las profundas desigualdades que sufren los salvadoreños, en particular la falta de acceso a agua potable y alimentos. Considerar las necesidades y problemas de quienes viven en pobreza (el 30% del total de la población, un porcentaje que aumentará en estos tiempos difíciles) es indispensable para una buena gestión de la contención de la pandemia. En el caso de las detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, con frecuencia primero se confina a personas en bartolinas en situación de hacinamiento, con el riesgo de contagio subsiguiente, para luego trasladarlas a instalaciones que carecen de servicios básicos. La Procuraduría advierte que con este modo de proceder se incumple el protocolo de actuación de la Policía Nacional Civil, según el cual los agentes deben pedir que la persona se identifique, establecer las causas de su permanencia fuera de su residencia y en caso de incumplimiento a las normas, conducirla a un centro de evaluación epidemiológico, a fin de que se le realice la prueba del covid-19 y, dependiendo del resultado del examen, sea enviada a su residencia o a un Centro de Contención. En vez de ello, el discurso oficial amenaza con detenciones por tiempo indefinido. Por otra parte, dada la posibilidad de que los abusos contra la mujer aumenten debido a la extensión del tiempo que la familia permanece en el hogar, y frente a la posible desatención de los delitos de violencia de género por la suspensión de plazos judiciales, la Procuraduría señala la necesidad de implementar mecanismos judiciales extraordinarios para recoger tanto las denuncias como la evidencia forense en caso de agresión física, sexual o sicológica. En los hogares conducidos por mujeres solas se da otro tipo de problemática. Se registran quejas de abusos laborales en algunas empresas. Además, las madres solteras que trabajan se ven en apuros al tener que dejar desatendidos a sus hijos en la casa, teniendo que gastar mayor energía en las labores de cuido o contratar la ayuda de alguien. Este es el caso, por poner un ejemplo, de las agentes de la Policía que son madres solteras y tienen turnos de 12 horas, y de las mujeres que trabajan en la informalidad. A lo anterior se suma que ciertos trabajos están ampliamente feminizados y se vuelven más riesgosos al exigir un contacto permanente con público, como es el caso de las empleadas de las farmacias, las cajeras de supermercados, enfermeras, personal de limpieza y otros. Es lógico que en sus esfuerzos por proteger a la población, el Estado imponga medidas enérgicas cuando un buen número de ciudadanos muestran una severa irresponsabilidad. Pero la gran mayoría de las mujeres trabajadoras son muy responsables laboral y familiarmente, y por la pandemia están expuestas a riesgos y problemas más graves. Protegerlas y tener en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelven para que puedan combinar razonablemente su esfuerzo laboral y las labores de cuido en el hogar es fundamental para el bien común.

A partir de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la mayoría de retenciones de personas en los Centros de Contención por no respetar la cuarentena son detenciones ilegales. A ellas se suma la gente que pasa en los Centros más días de los establecidos por la ley. Tratándose de ciudadanos que no han cometido delito y que permanecen retenidos en contra de su voluntad, más allá de las normativas de la cuarentena y bajo control de la PNC o la Fuerza Armada, hay la suficiente evidencia como para hablar del delito de privación de libertad, regulado en el artículo 148 del Código Penal, que dice textualmente: “El que privare a otro de su libertad individual será sancionado con prisión de tres a seis años”. En el marco de la prevención del covid-19, este delito tiene una dimensión estremecedora por la dinámica de autoritarismo que subyace en él. En efecto, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya sobre la ilegalidad de retener a personas que, a juicio de miembros de la PNC o del Ejército, no cumplen con la excepcionalidad que faculta salir del domicilio en tiempo de cuarentena. El presidente ha desafiado a la Sala al afirmar públicamente que no cumplirá con algunas de las resoluciones de la Sala. Y ha acusado a todo el que no piensa como él de ser partidario de que muera gente en El Salvador. El número de los retenidos es, además, demasiado numeroso, superando ampliamente los mil. El presidente y otros funcionarios justifican los procedimientos de retención de personas con el argumento de que son necesarios para salvar vidas y que el derecho a la vida es prioritario. ¿Se trata de un choque entre conciencia personal y legalidad jurídica? Desde una óptica racional, no parece que ese sea el caso. No hay conexión médico-científica entre el alargamiento de la cuarentena para personas sin síntomas de covid-19 y el riesgo de muerte o contagio si esas mismas personas están fuera de los Centros de Contención. Como tampoco puede deducirse una mayor mortalidad poblacional si a quienes no tienen justificación para salir de casa se les impone una multa y se les obliga regresar a su vivienda, en lugar de recluirlos en un Centro. La única razón que parece existir para cometer el posible delito de privación de libertad es la cultura autoritaria, desde la cual se tiende a pensar que si los castigos no son duros, nadie obedece. Cultura que no es patrimonio exclusivo del actual Gobierno, sino que está extendida tanto en la gente común como en los ámbitos políticos, tanto de izquierdas como de derechas. Las excelentes medidas preventivas iniciales están quedando muy golpeadas por el modo autoritario de llevarlas a cabo. El mismo autoritarismo está de fondo en el desorden, mal funcionamiento y lentitud de algunos procedimientos sanitarios, además de la comisión de ilegalidades por parte de funcionarios. Escuchar a la sociedad civil, mantener una actitud de diálogo con todos los órganos del Estado y cumplir con lo establecido por la Sala de lo Constitucional son los caminos para resolver adecuadamente los problemas. De lo contrario, continuaremos convirtiendo las leyes que rigen nuestra convivencia en papel mojado, continuaremos enfrentándonos y seguiremos buscando delitos para tomar venganza del que fue autoritario en la anterior administración. Y por supuesto, la próxima pandemia, terremoto o cualquier tipo de desgracia nos encontrará desprevenidos, al igual que ha sucedido con el covid-19.

Más allá de la ficción (películas, libros, series de televisión), el mundo no se planteaba en serio la posibilidad de enfrentar una pandemia. Fuera de los grupos de especialistas, muy pocos pensaban que un virus podría extenderse globalmente y generar el daño que está provocando el covid-19. La humanidad no estaba preparada para enfrentar adecuadamente una emergencia de este tipo; ni los sistemas de salud estaban listos, ni existían planes de acción claros y atinados. Como consecuencia, se están tomando decisiones sobre la marcha, improvisando. Ello está pasando factura. Los contagios se multiplican por todo el planeta y se ha incrementado la letalidad del virus debido a la incapacidad de atender debidamente a las personas enfermas. El derecho fundamental a la salud es hoy papel mojado en muchos países por falta de inversión en la salud pública. Gobernar en una situación como esta, inesperada, desconocida, no es fácil. Aunque en El Salvador se han tomado medidas estrictas con mayor antelación que otros países, con resultados que aparentemente son positivos, también se ha actuado con improvisación y con falta de conocimiento. No ha faltado voluntad de tomar decisiones, pero sí capacidad de ejecutarlas bien. Arropado en el objetivo de salvar vidas, en no pocas ocasiones el Gobierno ha actuado deshumanizadamente, provocando sufrimiento y zozobra. La lista de abusos cometidos por las autoridades a lo largo de estas semanas de cuarentena es demasiado larga. Nada justifica que no se atienda la salud de una persona en cuarentena porque sus padecimientos no tienen relación con el coronavirus. No hay ninguna justificación para no informar de inmediato a las personas del resultado de sus pruebas de covid-19. No hay razón alguna para que la gente en los centros de contención desconozca la fecha en la que podrá reunirse con sus familias. En toda emergencia hay peligro de que se den abusos de autoridad. Pero ese peligro aumenta cuando es el mismo presidente de la República el que anuncia en cadena nacional que se actuará represivamente, utilizando la violencia si es necesario, contra la población que incumpla las medidas decretadas. Que Nayib Bukele afirme que no le importan las quejas por maltrato ni perder popularidad por ello generará sin duda un incremento en los abusos de funcionarios, a todo nivel. Que el presidente dé carta blanca para el uso de la fuerza puede tener consecuencias nefastas y generar graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad debe estar alerta a denunciar cualquier tipo de abuso, y debe hacerlo a través de los medios de comunicación si las autoridades no atienden sus denuncias. Por muy dura que sea la situación generada por la emergencia, no se deben alentar ni permitir acciones que ponga en riesgo el bienestar, las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos.

Con frecuencia se lee en los periódicos y en las redes que la pandemia del coronavirus marcará una nueva fase en la historia de la modernidad. Unos dicen que el capitalismo no podrá continuar funcionando como hasta el presente. Otros, que caminamos hacia una mayor presencia estatal en el funcionamiento de los países. Y no faltan quienes insisten en que la epidemia ha demostrado que el nacionalismo y los Estados no sirven para manejar este tipo de desastres, necesitándose una coordinación mundial mucho mayor. Más allá de la exactitud o el cumplimiento de estas opiniones, lo cierto es que todo desastre debe convertirse en una lección para el futuro. Y hoy es claro que la ciencia médica y las ciencias sociales no pueden ni deben aceptar que contingencias como la actual las sorprendan tan desprevenidas. En nuestro país, urge que la segunda etapa de la respuesta a la emergencia tenga unas características diferentes a la primera, que ya está a punto de expirar. Un mes es un tiempo suficiente para percatarse de aquello que se hace mal. Y se puede suponer que muchos de los errores de la primera etapa se debieron a la inexperiencia de un Gobierno nuevo y a la rapidez con la que se quiere actuar. De hecho, ya se corrigieron algunas situaciones desastrosas de los primeros días, como la exagerada concentración de personas, sin ningún tipo de precaución ni recursos, en el centro de contención de Jiquilisco, así como que en algunos albergues y hospitales se haya mezclado a personas sin atender ningún protocolo de salud. Además, en algunos albergues, la autoridad última parecía estar más en manos de militares que de médicos. El modo agresivo de contestar a la crítica ciudadana, tanto por parte del presidente como de algunos de sus funcionarios, ha alentado un estilo militaroide y autoritario que se va extendiendo y volviendo preocupación pública. En esta segunda etapa de la emergencia, es importante sugerir cómo mejorar. A continuación, algunas ideas. En primer lugar, mientras dure la cuarentena domiciliar, se debe continuar ayudando económicamente a las familias afectadas de menores recursos, aunque afinando el sistema de distribución de las ayudas con el objetivo de evitar aglomeraciones. En segundo lugar, el ministro de Salud debe conformar un comité de médicos especializados en las áreas de infectología, epidemiología, pneumatología y cuidados intensivos, para que aporten opinión e información técnica,y propongan medidas. En tercer lugar, sería importante incluir a las familias no solo en la tarea de evitar el contagio, sino también en el cuidado de los casos leves de la infección, pues separar a las personas de sus familiares por un tiempo prolongado puede ser más perjudicial que sano. Montar una campaña de salud mental con el apoyo de psicólogos es también necesario, así como instruir adecuadamente a los agentes de la Policía en el modo de exigir el respeto a las normas preventivas. Además, delegar en el poder judicial la toma rápida de decisiones en los casos de violación de la cuarentena sería mucho más democrático que dejar todo en manos del Ejecutivo. Finalmente, es fundamental implementar acciones (indultos especiales, por ejemplo) para descongestionar las cárceles y de ese modo al menos aminorar la posibilidad de que se conviertan en centros de contagio masivo. De lo que se trata no es de dar soluciones totales a los problemas existentes. Lo importante es que en esta segunda etapa de medidas especiales contra la epidemia todos los sectores sociales den su opinión sobre cómo mejorar el funcionamiento de las mismas. Y que el Estado, principalmente el Ejecutivo, busque formas de escuchar, dialogar y manejar la emergencia sin perder nunca de vista el pleno respeto de la dignidad humana.

Ya que en esta emergencia sanitaria la lógica y el lenguaje militar parecen imponerse, quizá esa terminología pueda llamar la atención sobre algunos aspectos de primera importancia. El arte de la guerra, el más antiguo y brillante tratado militar, escrito por el pensador, militar y político Sun Tzu en el siglo V a.C. y que ha tenido influencias en la política, en los negocios y hasta en los deportes, nos puede brindar alguna luz también en esta batalla sanitaria contra el covid-19. La primera es que a los soldados que van a los frentes de guerra hay que cuidarlos como a hijos. “Mira por tus soldados como miras por un recién nacido; así estarán dispuestos a seguirte hasta los valles más profundos; cuida de tus soldados como cuidas de tus queridos hijos y morirán gustosamente contigo”. En esta hora crucial de la historia, quienes están en la primera línea de esta batalla son los trabajadores de la salud, desde los médicos hasta los encargados de colaborar en la logística. Las múltiples denuncias sobre falta de equipo de protección y especialmente el incierto número de casos provenientes de este sector con sospecha de haber contraído el virus y enviados a cuarentena evidencian que, a pesar de que el país tomó con anticipación algunas medidas para evitar la propagación del virus, en este campo no se ha hecho lo necesario. El 3 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue tajante en esta materia: “No podemos detener la COVID-19 sin proteger primero a los trabajadores sanitarios”. En el mismo comunicado se constata que “la escasez de suministro (faltan guantes, mascarillas médicas, respiradores, gafas de seguridad, pantallas faciales, batas y delantales) hace que profesionales médicos, de enfermería y otros trabajadores de primera línea estén peligrosamente mal equipados para atender a los pacientes”. Este principio tan elemental no parece estar garantizado en el país. Por otra parte, el Ministerio de Salud acaba de enviar a los establecimientos del ramo los “Lineamientos técnicos para el uso de mascarillas y trajes de protección personal por la emergencia por COVID-19”. En esos lineamientos se indica que “serán asignadas siete mascarillas para ser utilizadas en el trabajo por persona”, para que se use una cada día de la semana, y que las mismas serán reutilizadas, por lo que deben guardarlas después de su uso. Por el contrario, la OMS estipula que “las mascarillas deben cambiarse al dejar las áreas de aislamiento o cuando estén mojadas o visiblemente sucias [...] Otro personal fundamental sin responsabilidades de cuidado directo de un paciente puede usar mascarillas o máscaras filtradoras de partículas, si hay suficientes provisiones. Estas deben cambiarse cada 4 horas o cuando estén mojadas o visiblemente sucias”. En los citados lineamientos del Ministerio se dice algo similar a lo de las mascarillas sobre los trajes de protección personal. Estas orientaciones han aumentado todavía más las preocupaciones en el personal de salud, pues consideran que pueden exponerlos con mayor facilidad al contagio. Por eso, esos lineamientos deben explicar, al menos, qué tipo de mascarillas y trajes de protección se les brinda. La segunda estrategia de Sun Tzu que puede tener aplicación en la emergencia se refiere a los resguardos necesarios en la batalla. “Hay algunos caminos que no deben transitarse; algunos ejércitos que no deben atacarse, algunas ciudades que no deben asaltarse; y algunos terrenos que no deben reclamarse”. En este sentido, gran preocupación ha causado el anuncio de que hospitales como el Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social serán utilizados como nosocomios de segunda línea para personas con covid-19. Todo el personal de salud en este y otros hospitales ha demostrado con creces su disposición a cumplir el juramento hipocrático; por tanto, la preocupación no es sobre su disposición, sino por el papel estratégico que juegan estos establecimientos. En el Médico Quirúrgico se atiende a personas que padecen enfermedades que las hacen más vulnerables a complicaciones en caso de contagiarse con covid-19. Pacientes con enfermedades crónicas renales, cardíacas, pulmonares u oncológicas están ingresados en ese hospital o llegan a recibir tratamientos ambulatorios. Si se decide que este y otros hospitales de tercer nivel reciban pacientes de la actual epidemia, el Ministerio debe garantizar espacios seguros para áreas de donantes y para pruebas inmuno-hematológicas y de tamizaje. También deberían suspenderse los tratamientos de quimioterapia, tanto intensiva como ambulatoria, y la consulta externa. En fin, retomar uno de estos hospitales para atender la pandemia significaría una pérdida importante en la atención nacional de las patologías que estos centros de salud cubren. El Gobierno y el Ministerio deben analizar bien sus movimientos, no vaya a resultar, como dice el adagio popular, que por vestir un santo se desvista otro, lo que en este contexto sería gravísimo. Ademá

Se ama o se odia, pero nunca ambas cosas: esta parece ser la gran síntesis del presidente Bukele en cada lugar donde se menciona su nombre. No hay medias tintas o análisis con atenuantes. Enaltecemos su liderazgo, originalidad o temeridad por atreverse a navegar donde otros líderes no han navegado, o lo condenamos sin vacilación o remordimiento por su arrogancia, imprudencia o desfachatez. En este sentido, el presidente no es muy distinto a otros fenómenos mediáticos o de la farándula a los que estamos acostumbrados, a quienes amamos y justificamos sin importar la falla cometida, o detestamos y execramos ante la más pequeña mácula. En gran parte, el responsable de este amor y odio es el mismo Bukele, quien vive, respira y proyecta toda su existencia política sobre la base maniquea de la pasión y la repulsión. Se debe amar lo que el presidente hace, aunque lo hicieron otros en el pasado, con la misma intensidad que debemos odiar "a los mismos de siempre", aunque hicieron cosas buenas, como también las hace el presidente. Peor aún, en la curiosa lógica del aparato comunicativo gubernamental, Bukele encarna al pueblo, lo bueno, lo decente y lo deseable, mientas que el miserable resto es un campo plagado por políticos corruptos, criticones ególatras y pusilánimes, periodistas que buscan "el pelo en la sopa", e incluso, organizaciones de derechos humanos que se "ponen del lado de un virus" antes que del ser humano. Cualquier acusación es válida, cualquiera que no permita reconocer al otro en mi persona, o mi persona en el otro. En dicho sentido, la retórica presidencial (y por tanto gubernamental) es absoluta y absolutista, inflamatoria, incendiaria y divisoria, diseñada para denigrar lo impropio, con la misma voluntad y fiereza que halaga lo propio. Esta parece ser, en verdad, el principal estandarte ideológico de las nuevas ideas; la maniquea y tristemente retorcida noción que seis millones de salvadoreños pueden dividirse en dos grandes e irreconciliables bandos: los renacidos y los de siempre, los enemigos, los otros. Con esto llegamos al meollo del problema. Nuestro país no necesita más narrativas de pasión/repulsión. De esas hemos tenido suficientemente, en las dictaduras, en la guerra civil y por treinta años con el binomio FMLN/Arena. No necesitamos estrellas pop o de cine hollywoodense, necesitamos estadistas, y un estadista es, por definición, aquel que nos mueve a todos, aunque sea en una pequeña parte de nosotros, aquel que nos une antes de dividir o separar, aquel que saca lo mejor de nosotros, de todos, cediendo y reconociendo antes que humillando o desconociendo. No todos los que critican al presidente tienen razón, ni todos los que lo defienden se equivocan. Algo de positivo tienen todos los sectores, algo de rescatable poseen todos los discursos. El estadista se esfuerza en encontrar estos pequeños resquicios o ladrillos de razón, y desde ahí construir grandes puentes de entendimiento en favor de una narrativa común, provechosa y diferente. Muchos dirán que esperar un estadista es tan iluso como irrealizable, al menos en nuestro país, y quizás tengan razón. Nadie puede negar que construir hermanando a los opuestos no ha sido el modus operandi histórico del gobernante salvadoreño, desde siempre. Ahora bien, la perspectiva contraria tampoco parece provechosa a mediano o largo plazo. ¿Por cuánto tiempo podrá un país mantenerse amando u odiando a una misma persona, en lugar de un proyecto construido por todos? ¿Cuánto tiempo más podrán convencer a millones de personas que toda la culpa es, fue, y será de los otros? ¿Es este un plan sostenible en el tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Más importante que todo lo anterior es la siguiente pregunta: ¿qué país encontraremos luego de cinco, diez o más años con esta fratricida retórica? *Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En estos momentos cruciales que vive el país, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cumpliendo con su deber de iluminar la realidad y promover formas de comportamiento y de convivencia social fundamentadas en el pleno goce de los derechos humanos, la solidaridad y la justicia social, presenta a la opinión pública la siguiente reflexión. La pandemia del covid-19 pone en riesgo la vida humana por ser una enfermedad con un alto nivel de contagio y que aún es desconocida en muchos aspectos, especialmente en lo relativo a su tratamiento. Ello ha llevado a los Gobiernos alrededor del planeta a tomar medidas, en la mayoría de los casos siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las cuales buscan disminuir al máximo la transmisión de la enfermedad y tratar a los enfermos con las limitadas condiciones sanitarias que se tienen, disminuyendo así el número de fallecidos. En ese marco, El Salvador ha tomado medidas que han sido oportunas y eficaces para contener la enfermedad: cierre de fronteras, implementación de centros de cuarentena, distanciamiento social, cese de las actividades económicas no esenciales y adopción de hábitos personales para la prevención. Medidas que exigen el compromiso de todos los ciudadanos y sectores sociales, acatando su cumplimiento, a fin de reducir los contagios y la pérdida de vidas humanas. Decisiones contraproducentes y negativa al diálogo Al Gobierno de la República le corresponde la delicada tarea de liderar la lucha contra la pandemia. Para ello se requiere conformar un equipo capaz, con un alto nivel de organización, conocimiento y experiencia en este tipo de eventos; buscar a los mejores asesores en las áreas de salud pública y epidemiología; tomar en cuenta todos los aspectos de la crisis, tanto sanitarios como económicos. Asimismo, debe tener en cuenta la realidad del país; en particular, la realidad de los hogares de la mayoría de salvadoreños, los cuales no siempre tienen las condiciones necesarias para cumplir con las medidas de distanciamiento social ni acatar el cese de la actividad económica que les garantiza su sobrevivencia. La situación que vivimos exige madurez política y sabiduría para encontrar un sano equilibrio entre el cumplimiento de las medidas definidas y el respeto a la dignidad de las personas. Toda decisión de las autoridades, ya sea la Asamblea Legislativa, las municipalidades, el poder judicial o el Ejecutivo, debe respetar los derechos contemplados en la Constitución. El Gobierno debe actuar con celeridad, pero también con la lucidez y la sensatez que exigen los tiempos de emergencia, sin caer en la tentación de actuar al margen del Estado de derecho. Sin embargo, a medida que han ido pasando los días, hemos observado que el Gobierno de Nayib Bukele, en nombre de defender la salud y la vida de la población, ha tomado decisiones contraproducentes o lesivas de los derechos humanos. Por ejemplo, la ayuda económica, buena en sí misma, se entregó de manera inapropiada, poniendo en peligro la vida de personas al favorecer el contagio. En algunos centros de contención se ha retenido a las personas más allá del tiempo establecido para la cuarentena y no se entregan los resultados de las pruebas. Se ha privado de libertad a más de dos mil personas acusadas de no respetar la cuarentena, sin darles opción de defensa alguna. Se ha abusado de la autoridad al confinar a una ciudad entera, el puerto de La Libertad. Se ha desprotegido a los trabajadores de la salud al no entregarles los implementos de protección necesarios y al organizar deficientemente la atención a los sospechosos de haber contraído el virus. Se ignoran las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y se irrespeta la autoridad del fiscal general y del procurador de derechos humanos. Además, se ha promovido un discurso apocalíptico que genera pánico entre la población, en lugar de orientar y educar a la ciudadanía para que adopte las mejores prácticas para prevenir la transmisión del covid-19. Como demuestra la historia, las crisis pueden ser utilizadas para socavar la democracia. Las emergencias les hacen por lo menos tres favores a los líderes con tentación autoritaria. Primero, les generan el apoyo de la población, sobre todo cuando se infunde pánico; segundo, silencian la oposición, pues la crítica puede ser condenada con facilidad y considerarse hasta antipatriótica; y tercero, flexibilizan los límites constitucionales normales. Por ello, las emergencias pueden brindar una justificación que parece legítima —y a veces popular— para concentrar el poder y suprimir derechos. Acusar de estar en contra de la vida y querer la muerte de nuestros compatriotas a todos los que consideran que la crisis sanitaria debe enfrentarse respetando los derechos fundamentales establecidos en la Constitución es una forma populista y autoritaria de desacreditar al que piensa distinto y querer imponer el pensamiento único. En este contexto, se requiere lo contrario: apertura a

A los militares los educan para obedecer; no se les enseña a discernir y evaluar problemáticas humanas. Por supuesto, algunos son capaces de hacer buenas evaluaciones tanto de los derechos de las personas como de las situaciones en las que hay que saber flexibilizar las órdenes o interpretarlas adecuadamente. Pero, en general, no son educados para la epiqueya. Probablemente ni siquiera saben qué es la epiqueya. Y por eso, y por si acaso, transcribo lo que dice de ella la Real Academia de la Lengua: “Interpretación moderada y prudente de la ley, según las circunstancias de tiempo, lugar y persona”. La tendencia militar a obedecer ciegamente y la falta de capacidad de interpretar la norma con moderación y prudencia han conducido en la historia, tanto a nuestro país como a muchos otros, a cometer verdaderas barbaridades, como las terribles masacres que sufrimos en la guerra civil. A muchos en El Salvador les gusta aquello de “la ley es dura pero es la ley”, y aplicarla con la mayor brutalidad posible, especialmente a los que no son amigos o no pertenecen al mismo grupo o clan. En este tiempo de coronavirus, la tradición militarista se impone en el lenguaje oficial. Y no solamente eso, sino que se le otorga al Ejército un peso y una responsabilidad que no debía tener. La misma PNC, al menos en sus mandos superiores, tiene la tendencia o el riesgo de militarizarse, como prueban algunas de sus acciones en el pasado reciente. Esto no es bueno para la salud. Si de hecho no es bueno que un médico sea autoritario, que les grite a sus pacientes, o que no escuche a los enfermos, peor se pone la cosa cuando los militares tienen un papel importante en el cuidado de la salud popular y tratan autoritariamente a la gente. Las quejas en los barrios populares han sido más frecuentes de lo normal. Amenazas, golpes (especialmente a jóvenes) y toma de decisiones arbitrarias son algunas de ellas. Cuando esta forma de actuar se traslada además al lenguaje de funcionarios o al parloteo político, las cosas se vuelven más complejas. Porque si el liderazgo civil opta por un lenguaje autoritario, con rasgos militaroides (“Aquí mando yo”), no es difícil entender que el maltrato lo ejecuten de un modo más hiriente quienes tienen que aplicar la ley en la calle. Es difícil decir ahora cuál será el desenlace o solución de esta crisis de salud. Cuando esta pase, será importante evaluar todo el proceso vivido con equilibrio y moderación, viendo lo positivo y lo negativo. Pero lo cierto es que si mejora el trato, si disminuyen los abusos de autoridad, si se trata mejor al enfermo o al que está en cuarentena, si se favorecen formas de colaboración (más allá de la de quedarse en casa) que nos hagan sentirnos útiles a todos en la resolución de la crisis, El Salvador adquiriría una dimensión modélica. Hasta ahora hemos tenido un éxito importante en impedir un contagio salvaje y rápido de la enfermedad. La entrega de los 300 dólares ha significado un alivio importante para muchas personas de bajos ingresos. Si logramos mejorar el trato, dar mayor participación a especialistas en medicina en el proceso de información y toma de medidas, y establecer un clima de cooperación y apoyo entre la ciudadanía, no hay duda de que la evaluación final sería positiva. El autoritarismo y el apoyo militarista al mismo pervierten un proceso que debería apoyarse sobre todo en el conocimiento de buenos médicos y especialistas de El Salvador y en las capacidades organizativas de los salvadoreños. Desde el autoritarismo se pueden tener algunos triunfos políticos, pero el poder de pocos tiene siempre los pies de barro. Desde una participación amplia y dialogada se obtienen siempre los frutos más duraderos.

¿Por qué te lamentas? Frei Betto* ¿Por qué lamentas estar aislado dentro de tu casa? ¿Ya te pusiste a pensar en aquellos que ni casa tienen y están obligados a vivir constantemente con el riesgo de infectarse? ¿O será que tu corazón es un cuarto abarrotado de ego, sin lugar para nadie más? ¿Por qué te lamentas, si ahora vives en una prisión de lujo, con libertad para poner tus horarios y elegir la comida que te agrada? Piensa en aquellos que están sufriendo larguísimas colas para recibir un plato de comida caliente de la caridad ajena. ¿Por qué te lamentas al verte obligado a cancelar la fiesta de cumpleaños o de casamiento, y tener que hacerte cargo de la pérdida de gastos que no se te devolverán? ¿Qué es lo preferirías, una fiesta con el coronavirus circulando entre tus invitados o resguardar tu vida y la de los otros para otras fiestas venideras? ¿Por qué te lamentas al no poder realizar, ahora, aquél viaje tan soñado y hace tiempo programado, y tener que verte forzado a quedarte recogido en tu propio espacio doméstico? ¿Acaso sería mejor un boleto solo de ida hacia la muerte? ¿Por qué te lamentas por no poder salir a la calle, a encontrarte con amigos y regresar a tu rutina de trabajo y ocio? Todavía puedes llamar por teléfono, o tal vez trabajar desde casa con teletrabajo e improvisar tus propios métodos de gimnasia. ¿Por qué te lamentas ser una persona mayor y figurar entre los más vulnerables? ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza pensar que lo mejor de la vejez es no haber muerto joven? Ya llegaste a esta edad, por lo tanto, cuida de resguardar tu vida por algunos años más, o quién sabe, décadas. ¿Por qué te lamentas el ser obligado a cerrar tu negocio o tu oficina, sabiendo que vas a tener mermas en tus ganancias? ¿Ya imaginaste si no fueran tomadas estas medidas restrictivas y la pandemia se multiplicase al punto de alcanzar a ti y a tus seres queridos? ¿Por qué lamentas lo que te suena como perdida o privación? ¿Nunca pensaste en las personas en situación de guerra, en los refugiados, en los que no tienen acceso a ningún tipo de sistema de salud? No calcules tus pérdidas, contabiliza mejor tus ganancias, como ser el estar vivo, gozar de buena salud y disfrutar del calor de la familia. ¿Por qué lamentas no soportar la soledad que te obliga a un encuentro más íntimo contigo mismo? ¿No es más bien la hora de hacer un balance de la propia vida, revisar los valores abrazados y reconsiderar las convicciones arraigadas? ¿No es el momento de reinventarte? ¡No te lamentes! Tienes un techo, garantizado la comida y buena salud. Eres un privilegiado. Laméntate, sí, por aquellos y aquellas que nada de esto tienen. No porque lo hayan elegido, sino por ser víctimas de un sistema económico selectivo e excluyente, en el cual los intereses del capital privado están por encima de los derechos colectivos. No te ahogues en tu lamento. Extrae de él fuerzas para cambiar lo que consideras injusto ¡Y cuídate! No te creas inmortal. Tu día y el mío llegarán. Tampoco pretendamos adelantar los designios de Dios. En la vida nada tiene más valor que la propia vida. Guarda tu pesimismo para días mejores. Y repite la “plegaria” de Fernando Pessoa: “Señor, protégeme y ampárame. Dame el que yo me sienta tuyo. Señor, líbrame de mí”. (Traducción de Néstor Raúl Juárez) * Frei Betto es fraile dominico, autor de 60 libros de diversos géneros literarios -novela, ensayo, policíaco, memorias, infantiles y juveniles, y de tema religioso en dos acasiones- en 1985 y en el 2005 fue premiado con el Jabuti, el premio literario más importante del país. En 1986 fue elegido Intelectual del Año por la Unión Brasileña de Escritores. Asesor de movimientos sociales, de las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra, participa activamente en la vida política del Brasil en los últimos 50 años.

La sociedad salvadoreña se caracteriza por su amabilidad, por ser acogedora y hospitalaria con los extranjeros, pero también por marginar y excluir con facilidad a los nacionales. Nuestra sociedad tiende a estigmatizar a las personas por su color de piel, trabajo que se desempeña, orientación sexual, situación socioeconómica. Así, hemos dividido al país en distintas clases y grupos, excluidos unos de otros. Este mal es totalmente contrario a los principios cristianos, que nos dicen que todos somos hermanas y hermanos, iguales ante Dios y los hombres. Esta estigmatización justifica una inequidad que elimina de raíz la igualdad de oportunidades e impide que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños, ya que unos, los que responden al deber ser, los privilegiados, se avergüenzan del resto que no es como ellos. Las reacciones de algunas personas y comunidades ante la pandemia causada por el covid-19 son una muestra más de esta facilidad para marginar y excluir. De hecho, la palabra “contagiado” se utiliza ya de manera peyorativa para referirse a una persona que ha adquirido la enfermedad. Peor aún es que un grupo de enfermeros sean obligados por sus vecinos a abandonar su domicilio. No pocas personas que han estado recluidas en un centro de cuarentena piden que se les entregue por escrito el resultado negativo a la prueba del covid-19 por miedo a sus vecinos, por temor al rechazo, para no ser estigmatizados como “contagiados”, con todo lo que de marginación y exclusión ello conlleva. Igualmente triste es que se acuse de querer contagiar deliberadamente a otros a las personas que no cumplen con la cuarentena domiciliar o que quieren regresar a su propio país luego de quedar atrapados en otro lugar del mundo por las medidas preventivas contra la pandemia. Ante la pandemia, desde la perspectiva humana, y mucho más desde la cristiana, la actitud debe ser muy distinta. En primer lugar, estamos llamados a la solidaridad con los enfermos y con sus familias, sintiendo como propio su sufrimiento. En lugar de apartarnos o marginarlos, debemos ayudarlos en estos momentos difíciles por los que están pasando. Sin necesidad de evadir las medidas de distanciamiento social, podemos apoyar a las personas afectadas por la epidemia, darles ánimo, consuelo, transmitirles confianza y esperanza. En España, un enfermo de covid-19 ya curado cuenta su experiencia en estos términos: “Lo que la vida me pide en esta y en cualquier otra circunstancia es que haga ‘como mejor pueda’. Y me ha sido y es tan hermoso verlo en los cuidados de la gente de la comunidad en la que vivo y que tan cariñosamente me atienden en el aislamiento, como Raúl, el médico que durante esos cinco días que estuve en casa me llamaba por la mañana, por la tarde y por la noche; como todo el equipo del hospital […] donde estuve ingresado cinco días; como toda esa corriente de mensajes de ánimo y oración que he recibido y recibo por el teléfono”. Esta es la actitud que debemos tener ante los enfermos y, en especial, ante los profesionales de la salud, que se juegan a diario la vida por atender a otros: solidaridad y respeto, pues se lo merecen con creces.

Algunos puntos espirituales para la cuarentena. Leonardo Boff Dado que la cuarentena es un retiro forzado, haz como los religiosos y religiosas que deben hacer un retiro todos los años. Algunas sugerencias para la dimensión espiritual de la vida: 1. Toma tiempo para ti y haz revisión de tu vida. 2. ¿Cómo ha sido mi vida hasta ahora? 3. ¿De qué lado estoy? ¿Del de aquellos que están bien en la vida, o del lado de los que tienen alguna necesidad, de los que necesitan una palabra de consuelo, de quien es pobre y sufre? 4. ¿Cuál es mi opción fundamental? ¿Ser feliz por todos los medios? ¿Acumular bienes materiales? ¿Conseguir estatus social? ¿O ser bueno, comprensivo, dispuesto a ayudar y apoyar a quienes están en peor situación? 5. ¿Puedo tolerar los límites de los demás, a los aburridos, controlarme para no responder a las tonterías que escucho? ¿Puedo dejarlo pasar? 6. ¿Puedo perdonar de verdad, pasar página, y no ser rehén de resentimientos y malos juicios? 7. ¿Puedo encontrar las palabras correctas cuando tengo que decir algunas verdades y llamar la atención sobre los errores o equivocaciones de otros que están relacionados conmigo? ¿O van directamente, agresivamente, humillando a la persona? 8. ¿Cuando me levanto por la mañana, digo una oración con el pensamiento, no necesita ser con palabras, pidiéndole a Dios que me proteja a mí, a mi familia y a aquellos con quienes vivo y trabajo? ¿Y por la noche, antes de ir a dormir, elevo mi mente a Dios, incluso sin palabras, para agradecer el día, por todo lo que ha sucedido, y por estar vivo? 9. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Quieres intentar unos minutos de meditación pura, donde sólo Dios y tú estéis presentes, olvidando un poco el mundo? Simplemente levanta la mente y ponte en silencio ante Él. He escrito un pequeño libro: Meditación de la luz: el camino de la simplicidad, un método que une Oriente y Occidente, dejando que un rayo de luz de lo Alto penetre en todo tu cuerpo y en tus puntos de energía (chakras) y transfigure tu vida. Son suficientes unos minutos. 10. ¿Tienes el coraje de fomentar una actitud de entrega total a Dios, sabiendo que siempre estás en la palma de su mano? Todo lo que sucede proviene de su amor. La muerte es como un nacimiento y nadie ha visto su propio nacimiento. En la muerte, sin darnos cuenta, caeremos en los brazos de Dios Padre y Madre de infinita bondad y misericordia. No olvides nunca las palabras reconfortantes de la Primera Epístola de San Juan (3,20): “Si tu corazón te acusa, debes saber que Dios es más grande que tu corazón”. Entonces, parte en paz bajo el manto de la infinita misericordia divina.

Con frecuencia se lee en los periódicos y en las redes que la pandemia del coronavirus marcará una nueva fase en la historia de la modernidad. Unos dicen que el capitalismo no podrá continuar funcionando como hasta el presente. Otros, que caminamos hacia una mayor presencia estatal en el funcionamiento de los países. Y no faltan quienes insisten en que la epidemia ha demostrado que el nacionalismo y los Estados no sirven para manejar este tipo de desastres, necesitándose una coordinación mundial mucho mayor. Más allá de la exactitud o el cumplimiento de estas opiniones, lo cierto es que todo desastre debe convertirse en una lección para el futuro. Y hoy es claro que la ciencia médica y las ciencias sociales no pueden ni deben aceptar que contingencias como la actual las sorprendan tan desprevenidas. En nuestro país, urge que la segunda etapa de la respuesta a la emergencia tenga unas características diferentes a la primera, que ya está a punto de expirar. Un mes es un tiempo suficiente para percatarse de aquello que se hace mal. Y se puede suponer que muchos de los errores de la primera etapa se debieron a la inexperiencia de un Gobierno nuevo y a la rapidez con la que se quiere actuar. De hecho, ya se corrigieron algunas situaciones desastrosas de los primeros días, como la exagerada concentración de personas, sin ningún tipo de precaución ni recursos, en el centro de contención de Jiquilisco, así como que en algunos albergues y hospitales se haya mezclado a personas sin atender ningún protocolo de salud. Además, en algunos albergues, la autoridad última parecía estar más en manos de militares que de médicos. El modo agresivo de contestar a la crítica ciudadana, tanto por parte del presidente como de algunos de sus funcionarios, ha alentado un estilo militaroide y autoritario que se va extendiendo y volviendo preocupación pública. En esta segunda etapa de la emergencia, es importante sugerir cómo mejorar. A continuación, algunas ideas. En primer lugar, mientras dure la cuarentena domiciliar, se debe continuar ayudando económicamente a las familias afectadas de menores recursos, aunque afinando el sistema de distribución de las ayudas con el objetivo de evitar aglomeraciones. En segundo lugar, el ministro de Salud debe conformar un comité de médicos especializados en las áreas de infectología, epidemiología, pneumatología y cuidados intensivos, para que aporten opinión e información técnica,y propongan medidas. En tercer lugar, sería importante incluir a las familias no solo en la tarea de evitar el contagio, sino también en el cuidado de los casos leves de la infección, pues separar a las personas de sus familiares por un tiempo prolongado puede ser más perjudicial que sano. Montar una campaña de salud mental con el apoyo de psicólogos es también necesario, así como instruir adecuadamente a los agentes de la Policía en el modo de exigir el respeto a las normas preventivas. Además, delegar en el poder judicial la toma rápida de decisiones en los casos de violación de la cuarentena sería mucho más democrático que dejar todo en manos del Ejecutivo. Finalmente, es fundamental implementar acciones (indultos especiales, por ejemplo) para descongestionar las cárceles y de ese modo al menos aminorar la posibilidad de que se conviertan en centros de contagio masivo. De lo que se trata no es de dar soluciones totales a los problemas existentes. Lo importante es que en esta segunda etapa de medidas especiales contra la epidemia todos los sectores sociales den su opinión sobre cómo mejorar el funcionamiento de las mismas. Y que el Estado, principalmente el Ejecutivo, busque formas de escuchar, dialogar y manejar la emergencia sin perder nunca de vista el pleno respeto de la dignidad humana.

La pandemia del coronavirus nos obliga a todos a pensar: ¿qué es lo que cuenta verdaderamente, la vida o los bienes materiales? ¿El individualismo de cada uno para sí, de espaldas a los demás, o la solidaridad de los unos con los otros? ¿Podemos seguir explotando, sin ninguna otra consideración, los bienes y servicios naturales para vivir cada vez mejor, o podemos cuidar la naturaleza, la vitalidad de la Madre Tierra, y el «vivir bien», que es la armonía entre todos y con los seres de la naturaleza? ¿Ha servido para algo que los países amantes de la guerra acumulasen cada vez más armas de destrucción masiva, y ahora tengan que ponerse de rodillas ante un virus invisible evidenciando lo ineficaz que es todo ese aparato de muerte? ¿Podemos continuar con nuestro estilo de vida consumista, acumulando riqueza ilimitada en pocas manos, a costa de millones de pobres y miserables? ¿Todavía tiene sentido que cada país afirme su soberanía, oponiéndose a la de los otros, cuando deberíamos tener una gobernanza global para resolver un problema global? ¿Por qué no hemos descubierto todavía la única Casa Común, la Madre Tierra, y nuestro deber de cuidarla para que todos podamos caber en ella, naturaleza incluida? Son preguntas que no pueden ser evitadas. Nadie tiene la respuesta. Una cosa sin embargo –atribuida a Einstein– es cierta: “la visión de mundo que creó la crisis no puede ser la misma que nos saque de la crisis”. Tenemos forzosamente que cambiar. Lo peor sería que todo volviese a ser como antes, con la misma lógica consumista y especulativa, tal vez con más furia aún. Ahí sí, por no haber aprendido nada, la Tierra podría enviarnos otro virus que tal vez pudiera poner fin al desastroso proyecto humano actual. Pero podemos mirar la guerra que el coronavirus está produciendo en todo el planeta, bajo otro ángulo, éste positivo. El virus nos hace descubrir cuál es nuestra más profunda y auténtica naturaleza humana: es ambigua, buena y mala. Aquí veremos la dimensión buena. En primer lugar, somos seres de relación. Somos, como he repetido innumerables veces, un nudo de relaciones totales en todas las direcciones. Por lo tanto, nadie es una isla. Tendemos puentes hacia todos los lados. En segundo lugar, como consecuencia, todos dependemos unos de otros. La comprensión africana “Ubuntu” lo expresa bien: “yo soy yo a través de ti”. Por tanto, todo individualismo, alma de la cultura del capital, es falso y antihumano. El coronavirus lo comprueba. La salud de uno depende de la salud del otro. Esta mutua dependencia asumida conscientemente, se llama solidaridad. En otro tiempo la solidaridad hizo que dejásemos el mundo de los antropoides y nos permitió ser humanos, conviviendo y ayudándonos. En estas semanas hemos visto gestos conmovedores de verdadera solidaridad, no dando solo lo que les sobra sino compartiendo lo que tienen. En tercer lugar, somos seres esencialmente de cuidado. Sin el cuidado, desde nuestra concepción y a lo largo de la vida, nadie podría subsistir. Tenemos que cuidar de todo: de nosotros mismos, de lo contrario podemos enfermar y morir; de los otros, que pueden salvarme o salvarles yo a ellos; de la naturaleza, si no, se vuelve contra nosotros con virus dañinos, con sequías desastrosas, con inundaciones devastadoras, con eventos climáticos extremos; cuidado con la Madre Tierra para que continúe dándonos todo lo que necesitamos para vivir y para que todavía nos quiera sobre su suelo, siendo que, durante siglos, la hemos agredido sin piedad. Especialmente ahora bajo el ataque del coronavirus, todos debemos cuidarnos, cuidar a los más vulnerables, recluirnos en casa, mantener la distancia social y cuidar la infraestructura sanitaria sin la cual presenciaremos una catástrofe humanitaria de proporciones bíblicas. En cuarto lugar, descubrimos que todos debemos ser corresponsables, es decir, ser conscientes de las consecuencias benéficas o maléficas de nuestros actos. La vida y la muerte están en nuestras manos, vidas humanas, vida social, económica y cultural. No basta la responsabilidad del Estado o de algunos, debe ser de todos, porque todos estamos afectados y todos podemos afectar. Todos debemos aceptar el confinamiento. Finalmente, somos seres con espiritualidad. Descubrimos la fuerza del mundo espiritual que constituye nuestro Profundo, donde se elaboran los grandes sueños, se hacen las preguntas últimas sobre el significado de nuestra vida y donde sentimos que debe existir una Energía amorosa y poderosa que impregna todo, sostiene el cielo estrellado y nuestra propia vida, sobre la cual no tenemos todo el control. Podemos abrirnos a Ella, acogerla, como en una apuesta, confiar en que Ella nos sostiene en la palma de su mano y que, a pesar de todas las contradicciones, garantiza un buen final para todo el universo, para nuestra historia sapiente y demente. y para cada uno de nosotros. Cultivando este mundo espiritual nos sentimos más fuertes, más cuidadores, más amorosos, en fin, más humanos. Sobre esto

Más allá de la ficción (películas, libros, series de televisión), el mundo no se planteaba en serio la posibilidad de enfrentar una pandemia. Fuera de los grupos de especialistas, muy pocos pensaban que un virus podría extenderse globalmente y generar el daño que está provocando el covid-19. La humanidad no estaba preparada para enfrentar adecuadamente una emergencia de este tipo; ni los sistemas de salud estaban listos, ni existían planes de acción claros y atinados. Como consecuencia, se están tomando decisiones sobre la marcha, improvisando. Ello está pasando factura. Los contagios se multiplican por todo el planeta y se ha incrementado la letalidad del virus debido a la incapacidad de atender debidamente a las personas enfermas. El derecho fundamental a la salud es hoy papel mojado en muchos países por falta de inversión en la salud pública. Gobernar en una situación como esta, inesperada, desconocida, no es fácil. Aunque en El Salvador se han tomado medidas estrictas con mayor antelación que otros países, con resultados que aparentemente son positivos, también se ha actuado con improvisación y con falta de conocimiento. No ha faltado voluntad de tomar decisiones, pero sí capacidad de ejecutarlas bien. Arropado en el objetivo de salvar vidas, en no pocas ocasiones el Gobierno ha actuado deshumanizadamente, provocando sufrimiento y zozobra. La lista de abusos cometidos por las autoridades a lo largo de estas semanas de cuarentena es demasiado larga. Nada justifica que no se atienda la salud de una persona en cuarentena porque sus padecimientos no tienen relación con el coronavirus. No hay ninguna justificación para no informar de inmediato a las personas del resultado de sus pruebas de covid-19. No hay razón alguna para que la gente en los centros de contención desconozca la fecha en la que podrá reunirse con sus familias. En toda emergencia hay peligro de que se den abusos de autoridad. Pero ese peligro aumenta cuando es el mismo presidente de la República el que anuncia en cadena nacional que se actuará represivamente, utilizando la violencia si es necesario, contra la población que incumpla las medidas decretadas. Que Nayib Bukele afirme que no le importan las quejas por maltrato ni perder popularidad por ello generará sin duda un incremento en los abusos de funcionarios, a todo nivel. Que el presidente dé carta blanca para el uso de la fuerza puede tener consecuencias nefastas y generar graves violaciones a los derechos humanos. La sociedad debe estar alerta a denunciar cualquier tipo de abuso, y debe hacerlo a través de los medios de comunicación si las autoridades no atienden sus denuncias. Por muy dura que sea la situación generada por la emergencia, no se deben alentar ni permitir acciones que ponga en riesgo el bienestar, las libertades y los derechos humanos de los ciudadanos.

Antes de comenzar a desarrollar mi artículo de opinión, considero importante traer a cuenta sabias palabras del Padre Tojeira S.J. expresadas días atrás: “No son ganas de criticar. Es hablar por los que no pueden hablar y contribuir con crítica a que se mejore la gestión de las medidas necesarias”. Dicho esto, paso a desarrollar mi opinión sobre el manejo gubernamental de la Pandemia de COVID-19 en nuestro país. Creo que nadie pone en duda que las medidas tomadas en la fase de contención, por nuestro Gabinete de Salud Ampliado, han sido adecuadas, oportunas, y nos han permitido ganar tiempo para retrasar la llegada de la enfermedad; sin embargo, también es cierto que la implementación de los centros de cuarentena y el manejo de éstos, así como la atención de los primeros casos de COVID-19 está lleno de muchos errores, y no se siguen los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tomando de referencia principal un editorial publicado el 1 de Abril en la prestigiosa revista médica New England Journal of Medicine, -titulado 10 SEMANAS PARA APLASTAR LA CURVA- donde se exponen las recomendaciones que el autor (Harvey Fineberg M.D.) brinda al presidente Donald Trump, me tomo la libertad de adecuarlo a nuestra realidad y brindarle las siguientes recomendaciones al Presidente Bukele y su Gabinete de Salud Ampliado para que puedan ser implementadas para APLASTAR LA CURVA del COVID-19 en nuestro país. El primer paso que debe tomar nuestro presidente es formar un COMITÉ TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO solicitando el apoyo del Colegio Médico, que junto con los técnicos del Ministerio de Salud, puedan diseñar las estrategias de contención y de manejo de los pacientes infectados siguiendo los diferentes protocolos dictados por la OMS. En lenguaje militar, usted presidente debe seleccionar sus “mejores Generales para ganar la Guerra”; además, debe entender que esta es una CRISIS SANITARIA, NO UNA CRISIS POLÍTICA, por lo que usted debe dejarse ayudar y hacer cumplir las recomendaciones brindadas por este comité. El segundo paso es que las pruebas diagnósticas de COVID-19 estén disponibles para el 100% de personas que se encuentran en cuarentena, tengan síntomas o no; además, dichos resultados deben proporcionárselos por escritos a nuestros compatriotas, ya que, sino se está violentando el artículo 13, literal C, de la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes y de los Prestadores de Salud, que los ampara a éstos. Muchos estudios clínicos a la fecha han demostrado que las personas asintomáticas son un foco importante de diseminación de la infección, de allí la importancia de que nuestros compatriotas que están en cuarentena deben practicárseles para la detección temprana de casos y evitar que más personas se estén infectando y que el virus pueda salir de estos centros de contención a la comunidad. Se vuelve importante que se mejore la capacidad instalada para la realización de pruebas diagnósticas en el laboratorio nacional de referencia del Ministerio de Salud y si es necesario, establecer alianzas estratégicas con laboratorios clínicos privados que tienen la tecnología ya instalada y personal capacitado para poder procesar muestras en éstos. No quiero dejar de decir que somos el país en Centroamérica que menos pruebas diarias estamos realizando. El tercer paso recomendado es asegurarnos que los trabajadores de salud estén adecuadamente protegidos con los equipos de protección personal para la atención de pacientes infectados; que no se vaya a presentar desabastecimiento de estos. Debemos recordar que hay muchos trabajadores de salud que han sido infectados y muerto a causa de esta enfermedad, adquirida en la atención sanitaria. No podemos darnos el lujo de “enviar a nuestros soldados a la guerra sin chalecos antibalas”. Además asegurarnos que todo el equipo logístico de apoyo, como son los ventiladores mecánicos, medicamentos, sueros, etc. estén disponibles para poder dar los tratamientos adecuados. Finalmente, deseo manifestarle que esta es una propuesta inicial de hoja de ruta que podemos seguir y que por supuesto puede ser mejorada, con la participación del equipo técnico que se conforme, pero debemos COMENZAR YA para poder APLASTAR LA CURVA. Estamos a tiempo señor presidente, no podemos seguir tolerando mas muertes dentro de los centros de cuarentena que son responsabilidad del Estado salvadoreño. Nuestro país requiere que se tomen BUENAS DECISIONES TÉCNICAS Y NO MEDIDAS QUE TENGAN SOLAMENTE BUENAS INTENCIONES POLÍTICAS. Por Iván Solano Leiva, médico infectólogo

Esta Semana Santa será, con seguridad, la más pacífica en décadas. Habrá muchos menos accidentes de tráfico, ahogados y asesinatos que en otros tiempos. Pero muchos tendrán más miedo en sus corazones, más tensiones derivadas del encierro, más preocupación por las consecuencias de la pandemia en el empleo y en la subsistencia. Incluso en algunos hogares, lamentablemente, mayor violencia intrafamiliar. Esta vez no disfrutaremos de actividades religiosas comunitarias, pero habrá más tiempo para reflexionar. Frente a la imaginación, la loca de la casa, como la llamaba santa Teresa, que se puede disparar hacia ensoñaciones terroríficas, deberemos recurrir al razonamiento serio y a la planificación de los meses próximos. Solo así pondremos paz en nuestras vidas y en nuestras perspectivas de futuro. Sin embargo, la paz en nuestras vidas debe ir acompañada por la paz social. Y esta exige condiciones previas para realizarse. Distribución equitativa de los recursos y riquezas, nivel educativo alto, aceptación de los derecho humanos como derechos de todos, lucha constante contra la corrupción, respeto a la libertad de información y de acceso a la misma son algunas de las bases imprescindibles para una verdadera paz social. En otras palabras, si los ciudadanos no nos comprometemos con estas tareas, la paz social no existirá entre nosotros. Pasará la paz del covid-19, paz del miedo y del encerramiento, y volveremos a ser un país de violencia, corrupción, enfrentamiento social, pobreza y desigualdad. En ese sentido, esta Semana Santa nos da la oportunidad no solo de reflexionar sobre nuestras vidas, sino también sobre el país. Las realidades sociales y personales están profundamente unidas. La paz individual no se logra si no trabajamos al mismo tiempo nuestro propio corazón y la realidad en la que nos desenvolvemos como personas. Más allá de cualquier tipo de propaganda, cambiar las estructuras de impuestos, de educación, salud y seguridad social y ciudadana es indispensable para vivir en paz. A cada uno nos toca, desde nuestras distintas responsabilidades, aportar para ello. La Semana Santa narra cómo el amor, el servicio, la entrega y el hambre y sed de justicia caminan indefectiblemente hacia el triunfo, aunque haya que pasar por el sacrificio de la cruz, el fracaso y el dolor. Nos señala a Jesús de Nazaret como el único que puede marcar el rumbo de nuestras vidas hacia la verdadera felicidad. Nos enseña a ser personas para los demás en seguimiento del Hijo de Dios. Nos ofrece fortaleza para construir el bien, resistencia frente al mal y la injusticia, claridad para entender el camino de la vida desde el amor y la solidaridad. El Señor muerto y resucitado que recordamos y hacemos actual en esta semana nos ofrece, desde su caminar, esa paz que el mundo del poder, del individualismo, del consumo, del olvido del pobre no puede dar. Aprovechar esta Semana Santa en cuarentena cuaresmal, en solidaridad familiar, en este particular entorno de paz social, preocupación y miedo, es un desafío humano. Pero para quienes se consideran cristianos, de la denominación que sea, esta semana es una llamada clara a la conversión, al compromiso con una vida justa y solidaria, a ser discípulos y misioneros del Señor Jesús que anuncian la paz con justicia como adelanto y camino hacia ese Reino de la vida plena en la que Dios será todo en todas las cosas.

Ciertas emergencias son, por su naturaleza, impredecibles y pueden comprometer la estabilidad financiera de un país. En esos casos, la situación demanda la máxima racionalidad en el uso de los recursos, asesorarse por especialistas y valorar todos los escenarios posibles a fin de reducir al mínimo los errores de ejecución. Estos deberían ser los principios de actuación del Gobierno salvadoreño ante la pandemia de covid-19. La Asamblea Legislativa le ha autorizado adquirir deuda por dos mil millones de dólares para enfrentar la emergencia y proteger la economía nacional. De ese dinero, 600 millones ya están comprometidos para las municipalidades y 450 millones para las transferencias monetarias a las familias. Restan, pues, 950 millones de dólares, los cuales deben manejarse con inteligencia, honradez y la máxima transparencia posible. Pero ya hay signos que mueven a la preocupación. A un costo de 70 millones de dólares, el Gobierno ha decidido construir el hospital más grande de Latinoamérica para atender casos de contagio de covid-19. Por supuesto, El Salvador debe estar preparado para enfrentar la fase más crítica de la enfermedad, cuando los casos se multipliquen. Sin embargo, Costa Rica, con un mayor número de contagiados identificados que acá, habilitó un hospital en 11 días y aprovisionó el resto de la red nacional con equipo moderno a un costo de 16 millones de dólares. El Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 tiene capacidad de brindar cuidado especial a casi 90 enfermos graves de forma simultánea. En México, el estado de Hidalgo montó en 3 días un hospital inflable con el que ya contaba para este tipo de emergencias. Con un área de 1,800 metros cuadrados, tiene capacidad para 50 camas, de las cuales 10 son de terapia intensiva. También contará, entre otras facilidades, con módulos de consulta externa y áreas de observación y urgencias para atender únicamente a las personas con infecciones respiratorias agudas, y con ello evitar la contaminación de la red hospitalaria del estado. En Reino Unido, a principios de esta semana, inició la conversión del centro Excel de Londres en un hospital temporal para pacientes con coronavirus; se espera que esté operando este fin de semana. El hospital tiene ya instaladas 500 camas y hay espacio para otras 3,500, por si fuera necesario. Y el caso más conocido en lo referente a la construcción de hospitales para atender la enfermedad es el de Wuhan, China, donde comenzó la pandemia. Wuhan, con una población de 11 millones de habitantes y más de 8,500 kilómetros cuadrados de extensión, edificó, en menos de un mes, dos hospitales, uno de 1,000 camas y otro de 1,500, ambos con ambientes aislados. Según el Gobierno chino, el presupuesto para la construcción y equipamiento de los dos hospitales fue de 43 millones de dólares. En cuestiones de emergencia, cuando se decide por un país, hay que valorar bien lo que hace y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Es mejor demorar unos cuantos días la toma de una decisión que decidir abruptamente y equivocarse. En ese marco, es irrelevante que lo que se construya sea más pequeño o más grande que lo que otros han hecho; lo único importante es responder apropiadamente a las necesidades de la población. Las comparaciones con otros deben servir solo para tomar buen ejemplo, no para establecer inútiles competencias imaginarias.

La pandemia del coronavirus nos revela que el modo como habitamos la Casa Común es pernicioso para su naturaleza. La lección que nos transmite reza así: es imperativo reformatear nuestro estilo de vida en ella, como un planeta vivo que es. Ella nos viene avisando de que, así como nos estamos comportando, no podemos continuar. En caso contrario, la propia Tierra se tendrá que librar de nosotros, seres excesivamente agresivos y maléficos para el conjunto del sistema-vida. En este momento, ante el hecho de estar en medio de una guerra mundial, es importante que seamos conscientes de nuestra relación hacia ella y de la responsabilidad que tenemos en el destino común Tierra viva-humanidad. Acompáñenme en este razonamiento, veamos: El Universo existe desde hace ya 13,7 mil millones de años, desde que ocurrió el big bang. La Tierra, hace 4,4 mil millones. La Vida, hace 3,8 mil millones. El ser humano hace 7-8 millones. Nosotros, el homo sapiens/demens actual, hace 100 mil años. Todos, el Universo, la Tierra y nosotros mismos, estamos formados con los mismos elementos físico-químicos (cerca de 100) que se forjaron, como en un horno, en el interior de las grandes estrellas rojas durante 2-3 mil millones de años (por lo tanto hace 10-12 mil millones años). La Vida, probablemente, comenzó a partir de una bacteria originaria, madre de todos los vivientes. La acompañaron un número inimaginable de microorganismos. Nos dice Edward O. Wilson, tal vez el mayor biólogo vivo: sólo en un gramo de tierra viven cerca de 10 mil millones de bacterias de hasta 6mil especies diferentes (La creación: cómo salvar la vida en la Tierra, 2008, p. 26). Imaginemos la cantidad incontable de esos microorganismos en toda la Tierra, siendo que solamente el 5% de la vida es visible, y el 95%, invisible: el reino de las bacterias, de los hongos, y de los virus... Sigan acompañándome en mi razonamiento: hoy es considerado un dato científico, desde 2002, cuando James Lovelock y su equipo demostraron ante una comunidad científica de miles de especialistas en Holanda que la Tierra no sólo tiene vida sobre ella, ella misma está viva. Emerge como un «ente vivo»; no como un animal, sino como un sistema que regula los elementos físico-químicos y ecológicos, como hacen los demás organismos vivos, de tal forma que se mantiene vivo y continúa produciendo una miríada de formas de vida. La llamaron Gaia. Otro dato que cambia nuestra percepción de la realidad: En la perspectiva de los astronautas, ya sea desde la Luna o desde las naves espaciales, así lo testimoniaron muchos de ellos: no existe distinción entre Tierra y Humanidad... Ambas forman una entidad única y compleja. Se consiguió hacer una foto de la Tierra antes de penetrar en el espacio sideral, fuera del sistema solar: en ella aparece, en palabras del cosmólogo Carl Sagan, como “un pálido punto azul”. Nosotros estamos, pues, dentro de ese pálido punto azul, como aquella porción de la Tierra que, en un momento de alta complejidad, empezó a sentir, a pensar, a amar y a percibirse a sí misma como parte de un Todo mayor. Por lo tanto, nosotros, hombres y mujeres, somos Tierra, que se deriva de humus (tierra fértil), o del Adam bíblico (tierra arable). Sucede que nosotros, olvidando que somos esa porción de la Tierra misma, comenzamos a saquear sus riquezas en el suelo, en el subsuelo, en el aire, en el mar, y en todos los niveles. Buscábamos realizar un arriesgado proyecto de acumular lo más posible bienes materiales para el disfrute humano –en realidad para el de un pequeño sector poderoso y ya rico de la humanidad–. El desarrollo de la ciencia y de la técnica de hecho se ha orientado de cara a ese propósito. Pero, atacando a la Tierra, nos atacamos a nosotros mismos, que somos Tierra pensante. Y tan lejos ha llegado la codicia de este pequeño grupo voraz, que, actualmente, la Tierra se siente agotada, hasta el punto de haber sido afectados sus límites infranqueables. Es lo que técnicamente llamamos la Sobrecarga de la Tierra (the Earth overshoot): sacamos de ella más de lo que puede dar. Actualmente ya no consigue reponer lo que le quitamos. Entonces, da señales de que está enferma, de que ha perdido su equilibrio dinámico, recalentándose, formando huracanes y terremotos, nevadas antes nunca vistas, sequías prolongadas e inundaciones devastadoras. Y más aún: ha liberado microorganismos como el sars, el ébola, el dengue, la chikungunya y ahora el coronavirus. Son formas de vida de las más primitivas, casi al nivel de nanopartículas, sólo detectables bajo potentes microscopios electrónicos. Y pueden diezmar al ser más complejo que la Tierra ha producido y que es parte de ella misma, el ser humano, hombre y mujer, poco importa su nivel social. Hasta ahora el coronavirus no puede ser destruido, sólo podemos impedirle propagarse. Pero ahí está, produciendo una desestabilización general en la sociedad, en la economía, en la política, en la salud, en las costumbres, en la escala de valores establecidos... D

El viernes pasado, el presidente avisó en cadena nacional que el lunes 30 de marzo iniciaría la entrega de los 300 dólares de ayuda a las cientos de miles de familias que sufren la merma o ausencia de ingresos debido a la cuarentena nacional, y detalló el mecanismo: los ciudadanos debían abrir una página web e introducir su número de DUI para saber si habían sido favorecidos con la ayuda y dónde y cuándo podrían retirar el dinero. Sin embargo, la página en cuestión colapsó casi de inmediato, incapaz de procesar el gran número de consultas. Pero no se trató de un ataque cibernético contra la página, como afirmó en Twitter el presidente, sino de algo que cabía esperar en estas circunstancias: la urgente necesidad de una gran mayoría de la población. De hecho, el colapso de la página fue el anuncio de lo que sucedería en los días siguientes. El sábado 28 ya algunos Cenade estaban abarrotados de gente, pese a que el fin de semana no brindan atención. Se les dijo que regresaran el lunes para ser atendidos. Y el lunes, desde muy temprano, se desató el caos. La gente acudió en masa a las sucursales bancarias para retirar su dinero y a los Cenade para recibir la información que no habían podido obtener por Internet o para reclamar porque su DUI no salía entre los beneficiados. Sin hacer consideraciones sobre la validez de la ayuda, es necesario señalar la irresponsabilidad con la que ha actuado el Gobierno en este tema. Como ya lo ha reconocido el presidente, aunque sin asumir ninguna responsabilidad, la caótica situación y la salida de miles de personas de sus hogares en pos de conseguir la ayuda echaron en saco roto los nueve días de cuarentena nacional. Se formaron inmensas aglomeraciones, no se respetó ninguna medida de prevención, se rompió la cuarentena masivamente. Todo ello a causa de la improvisación, la falta de planificación y la ausencia de previsión presidencial. Fiel a su guion comunicacional, el presidente ha culpado a los anteriores Gobiernos de este gran fracaso, cuando lo responsable y decente sería admitir que este es un fallo suyo y solo suyo. Afirmar que el sistema fracasó por culpa de terceros, porque la página web fue saboteada, porque la gente es pobre, porque no hay cultura, porque la mayoría de las familias no están bancarizadas, es negarse a reconocer que se utilizó una vía inadecuada para entregar la ayuda. Parece que ni Nayib Bukele ni su equipo conocían el país; parece que se enteraron de cómo es la realidad diaria en El Salvador solo hasta que fracasó el mecanismo que implementaron para la entrega de los fondos. Un Gobierno que afirma ser el mejor de la historia nacional debería conocer a profundidad esa realidad y tenerla en cuenta al implementar acciones. Pero se procedió como si viviéramos todos en uno de los países más desarrollados del mundo y con un alto índice de alfabetización y acceso digital. Si el presidente supiera que este es un país pobre, que gran parte de la gente vive de lo que consigue a diario, que la mayoría de las familias no cuentan con un ahorro para hacer frente a las emergencias, habría previsto la ansiedad que generaría en miles de salvadoreñas y salvadoreños la posibilidad de recibir una ayuda de 300 dólares luego de estar ocho días sin ingresos; sabría que frente al hambre no hay paciencia. Este fracaso nació de la precipitación de anunciar la entrega de la ayuda sin que hubiera planificación previa, sin que el Gobierno estuviera de verdad listo y preparado para entregar el dinero sin dinamitar la cuarentena domiciliar. El fracaso estuvo en no medir lo que pasaría si la gente no se encontraba en la base de datos, en no dejar claro que la ayuda no se entregaría a todos a la vez, en no saber cómo segmentar a la población. Un esfuerzo de esta magnitud no se puede emprender de forma centralizada; requiere la colaboración de las distintas instancias de gobierno, especialmente las alcaldías, por su cercanía con la gente y el mejor conocimiento de los territorios. Nayib Bukele ha repetido mecánicamente que El Salvador es el país que mejor está enfrentando la pandemia y que prefiere tomar decisiones rápidas, aun con el riesgo de cometer errores, que no tomarlas. Pero los últimos errores son demasiados abultados y no pueden justificarse, pues irrespetan la dignidad de los necesitados y ponen en riesgo la vida al posibilitar contagios en masa. Se ha perdido lo logrado a lo largo de nueve duros días de sacrificios y privación. Demasiada gente está ya de nuevo en la calle.

La pandemia actual de coronavirus representa una oportunidad única para repensar la forma en que habitamos la Casa Común, la forma en que producimos, consumimos y nos relacionamos con la naturaleza. Ha llegado el momento de cuestionar las virtudes del orden del capital: acumulación ilimitada, competencia, individualismo, indiferencia ante la miseria de millones, la reducción del Estado y la exaltación del lema de Wallstreet: "la codicia es buena" (greed is good). Todo esto ahora está en jaque. Tiene los días contados. Lo que puede salvarnos ahora no son las empresas privadas, sino el Estado, con sus políticas generales de salud, siempre atacadas por el sistema de "mercado libre" y serán las virtudes del nuevo paradigma –defendido por muchos, y por mí–, del cuidado, de la atención, de la solidaridad social, la corresponsabilidad y la compasión. El primero en ver la urgencia de este cambio fue el presidente francés, neoliberal y del mundo financiero, Emmanuel Macron. Habló claramente: “Queridos compatriotas, necesitamos sacar lecciones del momento en que estamos pasando, cuestionar el modelo de desarrollo que nuestro mundo eligió hace décadas, que muestra sus fallas a la luz del día, y cuestionar las debilidades de nuestras democracias. Lo que revela esta pandemia es que la salud gratuita sin condiciones de ingresos, historial personal o profesión, y nuestro Estado de Bienestar Social, no son costos, ni cargas, sino bienes preciosos, ventajas indispensables cuando el destino llama a la puerta. Lo que revela esta pandemia es que hay bienes y servicios que deben estar fuera de las leyes del mercado”. Aquí muestra su plena conciencia de que una economía de mercado, que todo lo comercializa, y su expresión política, el neoliberalismo, son perjudiciales para la sociedad y para el futuro de la vida. Aún más sorprendente fue la periodista Naomi Klein, una de las críticas más perspicaces del sistema mundial, y que sirvió como título de mi artículo: "El coronavirus es el desastre perfecto para el capitalismo de desastre". Esta pandemia produjo el colapso del mercado de valores (intercambios), el corazón de este sistema especulativo, individualista y anti-vida, como lo llama el Papa Francisco. Este sistema viola la ley más universal del cosmos, de la naturaleza y el ser humano: la interdependencia de todos con todos; que no hay ser, mucho menos nosotros los humanos, como una isla desconectada de todo lo demás. Además, no reconoce que somos parte de la naturaleza y que la Tierra no nos pertenece para explotarla a voluntad, sino que pertenecemos a la Tierra. En opinión de los mejores cosmólogos y astronautas, que ven la unidad de la Tierra y la Humanidad, somos esa parte de la Tierra que siente, piensa, ama, cuida y adora. Sobreexplotando la naturaleza y la Tierra, como lo estamos haciendo en todo el mundo, nos estamos dañando, y nos estamos exponiendo a sus reacciones, incluso a los castigos que nos impone. Es una madre generosa, pero puede enfadarse y enviarnos un virus devastador. Apoyo la tesis de que esta pandemia no puede combatirse sólo por medios económicos y sanitarios –que siempre serán indispensables–. Lo que nos exige es cambiar el tipo de reacción que tenemos con la naturaleza y la Tierra. Si, después de que la crisis ha pasado y no hacemos los cambios necesarios, la próxima vez, puede ser que sea la última, ya que nos convertimos en enemigos de la Tierra, y puede que ya no nos quiera aquí. El informe del profesor Neil Ferguson en el Imperial College de Londres declaró: "este es el virus más peligroso desde la gripe H1N1 de 1918. Si no hay una respuesta inmediata, habría 2’2 millones de muertos en Estados Unidos y 510.000 en Reino Unido". Esta declaración fue suficiente para que Trump y Johnson cambiaran de posición de inmediato, comprometiendo tardíamente grandes sumas para fortalecer a la población. Mientras, en Brasil, al Presidente no le importa, trata el asunto como una "histeria" colectiva, y en palabras de un periodista alemán de la Deutsche Welle: "Actúa criminalmente. Brasil está dirigido por un psicópata, y el país haría bien en deponerlo tan pronto como sea posible. Habría muchas razones para ello”. Esto es lo que el Parlamento y el STF, por amor a la población, deberían hacer sin demora. La hiper-información y las apelaciones en los medios no son suficientes. Eso no nos mueve a cambiar el comportamiento requerido. Tenemos que despertar nuestra razón sensible y cordial. Superar la indiferencia y sentir el dolor de los demás con el corazón. Nadie es inmune al virus. Ricos y pobres, tenemos que mostrar solidaridad entre nosotros, cuidarnos personalmente y cuidar a los demás, y asumir la responsabilidad colectiva. No hay puerto de salvación. O nos sentimos humanos, co-iguales, en la misma Casa Común, o nos hundiremos todos. Las mujeres, como nunca antes en la historia, tienen una misión especial: ellas saben sobre la vida y los cuidados necesarios; pueden ayudarnos a despertar nuestra sensibilidad, h

Nunca se insiste demasiado en el valor de la persona. Desde sus primeros artículos, la Constitución afirma que el Estado está al servicio de la persona humana. La religión, la filosofía, las grandes instituciones internacionales la ponen como centro de su interés, ocupación y preocupación. La misma pandemia del covid-19 ha puesto de relieve la preocupación mundial por la vida humana en general y por las personas concretas en particular. En El Salvador, frente a este desafío, se han tomado una serie de medidas preventivas tan importantes como necesarias. También se han planificado acciones que no solo atiendan adecuadamente a los afectados por la pandemia, sino que perduren posteriormente al servicio del deteriorado sistema de salud nacional. Todo eso es bueno y debe ser apoyado. Pero ello no obsta para prestar atención a las quejas sobre el modo de implementar las medidas. Y aquí es donde entra un tema fundamental: el respeto a la dignidad de las personas. En algunos centros de cuarentena hay hacinamiento, problemas de higiene, no se les permite a los confinados salir de sus cuartos a tomar sol, no les visita ningún médico y solo una enfermera llega mañana y tarde a tomar la temperatura. Se les mantiene en esa situación de encierro durante 30 días, a pesar de que 21 serían más que suficientes. Cuando son trasladados a otros sitios, no reciben ningún tipo de información. Da así la impresión de que la única manera de retener gente que conoce el Estado es la del sistema carcelario. Por otra parte, las quejas de personas internadas en el hospital Saldaña exponen lo que solamente puede calificarse de maltrato hospitalario. Y a todo lo anterior se suma la detención arbitraria de ciudadanos por supuestamente violar la cuarentena domiciliar y el sinsentido de recluirlos en los centros de cuarentena; una situación que ha tenido que corregir la Sala de lo Constitucional. Las cuarentenas son necesarias, así como también los albergues oficiales, y siempre han sido claras las deficiencias del sistema de salud. Pero la lucha contra el covid-19 no justifica maltratar a las personas. Ni los enfermos, ni los que deben guardar cuarentena son delincuentes. El trato humano resulta indispensable en medio del miedo, cuando no terror, que la epidemia ha generado. La OMS define la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino también como un estado de completo bienestar físico, mental y social. En este sentido, las cuarentenas deben cuidar no solo la salud física, sino también la mental y la social. Evitar el lenguaje amenazador o generador de miedo, apoyar la salud sicológica de quienes pasan cuarentena y animar y promover la cooperación social es tarea de todos, pero especialmente del Estado, que tiene a la persona como fundamento de su ser y actuar. El camino emprendido por El Salvador para prevenir y combatir el covid-19 es bueno a nivel estructural. Sin embargo, resulta necesario revisar los modos concretos de llevar a la práctica las decisiones a fin de que la población reciba en todo momento un trato humano por parte de las autoridades. Sería trágico que buenas decisiones y planes queden desvirtuados por el maltrato a las personas.

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección. Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes. La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia. El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

El covid-19 ha cambiado la realidad mundial en pocos días. La atención y las medidas de política pública están centradas en la capacidad de los sistemas de salud para dar respuesta al rápido contagio del virus. Aunque ese foco de atención es totalmente justificado, es importante empezar a diseñar medidas de mediano plazo para atenuar las implicaciones económicas de las decisiones internas de El Salvador, así como de los posibles impactos macroeconómicos por las implicaciones del virus en el resto del planeta. De dejar estas medidas para después, los costos económicos —que de cualquier forma no se pueden evitar— podrían impactar incluso más que la misma crisis de salud. Dada la rápida evolución de la pandemia, existe poca información y proyecciones del impacto económico a nivel global. Sin embargo, ya se han publicado algunos ensayos que nos brindan información. Michael Nikiforos señala que, debido a la reducción de la producción en China, la economía de Estados Unidos podría caer en 4% del PIB. A esto habrá que sumarle la caída de la producción por las dinámicas internas del país norteamericano. Lo anterior tiene dos implicaciones directas para la economía salvadoreña: la caída de las exportaciones y la de las remesas. El dinero que entra en un país debe ser igual al que sale, por simple identidad de cuentas nacionales. En El Salvador, por ejemplo, lo que importamos es mucho mayor a lo que exportamos. Esto únicamente es posible porque contamos con las remesas, que cubren la brecha entre ambos. Otra forma de adquirir dinero proveniente del exterior es por medio de financiamiento público o privado. Por lo anterior, la caída de exportaciones y remesas disminuye la capacidad de importación del país en su conjunto. A nivel microeconómico, esto puede verse reflejado de la siguiente manera: los mercados y los supermercados cuentan con bienes, pero la gente no tiene dinero para acceder a ellos, por lo que esto obliga a dejar de importarlos. La adquisición de deuda externa de parte del Estado y las transferencias de $300 permitirán que las importaciones se mantengan. Como medida de corto plazo, esto es importante, pero no sostenible. Como se sabe, las finanzas del Estado se encuentran en una situación delicada. Las transferencias de $300 implican una carga de $450 millones, equivalente al 1.7% del PIB de 2018. Por lo que se ha mencionado anteriormente, el PIB del país seguramente presentará una tasa de crecimiento negativa. Esto implica una menor recaudación fiscal de la prevista. Todo lo anterior, sumado a la necesidad de un mayor gasto público, implica un mayor nivel de deuda como porcentaje del PIB. Esto comprometerá nuestra capacidad de adquirir deuda en el mediano plazo, especialmente porque la economía a nivel global estará en crisis: muchos países buscarán adquirir dólares y serán pocos los interesados en prestar. Para disminuir este impacto y también reducir la necesidad de transferencias y deuda pública externa, la economía de El Salvador deberá producir el próximo año algunos de los bienes que nuestro mercado interno importa, entre los cuales destacan los alimentos. En este punto, únicamente puedo hablar de las implicaciones económicas, pero se necesita a alguien que conozca a fondo el sector agrícola nacional. La producción toma tiempo. Mientras más nos tardemos en empezar a producir lo que necesitamos, mayor será la importación y el endeudamiento. La productividad de nuestros pequeños agricultores es baja, por lo que el Estado debería liderar esta actividad para realizarla a gran escala, buscando garantizar, en la medida de lo posible, las mejores condiciones para los trabajadores. Las transferencias de $300 podrían utilizarse para salarios de los trabajadores agrícolas, dinamizando la economía no solo por el lado de la demanda, sino también de la oferta. Otros servicios, como transporte y venta, también podrían estar a cargo del Estado para garantizar la mayor cantidad de salarios, en lugar de transferencias. De ser posible, el Estado debe fijar precios que otorguen un margen de excedente para financiar su funcionamiento, dada la caída de los ingresos fiscales señalados anteriormente. En Estados Unidos, por ejemplo, importantes economistas, como Matias Vernengo y James K. Galbraith, han propuesto considerar la producción directa de medicina por parte del Gobierno. De existir las capacidades humanas y materiales, esto debería considerarse también en El Salvador, estudiando las particulares del sector. Reforzando el argumento desarrollado hasta este punto, es primordial la disponibilidad de divisas para la adquisición de bienes y equipo médico que no se produce acá. Dada la delicada situación de nuestro país, la medida de otorgar un bono de $150 a los funcionarios públicos involucrados en la crisis es, a mi consideración, justa, pero poco eficiente. Los trabajadores públicos se encuentran en una mejor posición que la gran mayoría de trabajadores informales. Adicionalmente, muchos de los primeros intentará

La cuarentena domiciliar a nivel nacional es una medida clave para reducir el número de contagios. Sin embargo, y como cabía esperar de un esfuerzo de esta magnitud y sin precedentes, su implementación ha sido problemática. Para la correcta ejecución de las medidas preventivas y, sobre todo, para minimizar la propagación del virus, es necesario que el Gobierno reflexione sobre algunas cuestiones. Ante la medida de permitir que solo un miembro de cada familia salga a realizar compras y diligencias, es preciso tener claro cómo se acredita a ese delegado para que no sea detenido por las autoridades. En ese sentido, debe definirse y socializarse de forma amplia un protocolo de actuación, que sirva de referencia tanto para la población como para los agentes del orden, de manera que la decisión de penalizar a un ciudadano por circular por las calles no quede a criterio del policía de turno. Conviene también encontrar una solución para el creciente número de personas que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, son “retenidas” por no cumplir con la cuarentena. De hecho, la expresión “personas retenidas” es un eufemismo para designar la privación de libertad. En lugar de “retenerlas”, sería mejor tomarles los datos y enviarlas a sus casas, para establecer sanciones a cumplir al finalizar la cuarentena. Además, la retención masiva de gente que no cumple la cuarentena está creando un problema mayor: hacinamiento en los lugares de detención, que podrían convertirse en focos de infección. Si bien es necesario pensar en un apoyo para las familias más afectadas por la crisis, la ayuda de 300 dólares para aquellas que consumen menos de 250 kw por hora de energía eléctrica excluye a miles de hogares que no tienen electricidad o cuyo recibo de la luz está a nombre de otra persona. Según el portal del Consejo Nacional de Energía, de las 84,130 familias que no tienen acceso a la electricidad, 59,332 de ellas viven en las áreas rurales. Y añade: “Estas familias […] son también las más pobres, las más aisladas y con menos acceso a servicios básicos, como agua potable, salud, educación y oportunidades económicas que les permitan salir de esa situación”. Por otra parte, el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, que estima el déficit habitacional de acuerdo a los censos de población realizados en el país (el último fue en 2007), determinó que la cantidad de hogares que necesitan vivienda (déficit cuantitativo) es de 44,383. Es decir, miles de familias alquilan casa y, por tanto, no tienen recibos de energía a su nombre. ¿Qué pasará con estos sectores? Finalmente, comerciantes informales han denunciado que la Policía Nacional Civil ha impuesto restricciones de movilidad a partir de las 6 de la tarde. Con ello, la PNC está entendiendo mal las excepciones dictadas por la Presidencia de la República y sometiendo a la población a un toque de queda de facto, extralimitando sus funciones constitucionales. Es urgente que el Gobierno revise todas estas medidas pensando en los problemas de la gente, especialmente de aquellos económicamente más vulnerables, los que tienen más dificultad para cumplir la cuarentena y los que pueden quedar excluidos de las ayudas gubernamentales. Solo así se evitará agregar nuevas penalidades a la población.

El estado de calamidad, como le denomina la Constitución a una situación de desastre, nos llama a todos a la colaboración. Una sociedad no puede desarrollarse armónicamente si no hay en ella diferentes formas de cooperación. En terremotos, inundaciones o epidemias, la cooperación es clave para superar angustias y traumas, así como para proteger la vida. Cuando el desastre se puede prevenir, resulta indispensable la acción del Estado organizando y activando mecanismos y estructuras que aminoren los efectos de lo que se avecina. En el caso de una epidemia, a la prevención se le debe sumar tanto la mejora como la ampliación de las estructuras de salud. Si Italia y España, que cuentan con entre tres y cuatro camas hospitalarias por cada mil habitantes, tienen un serio problema para enfrentar el covid-19, en El Salvador, con menos de dos camas de hospital por cada mil habitantes, la crisis será mucho más grave si no nos preparamos. En este sentido, las medidas del Gobierno para retrasar lo más posible la proliferación del virus y el esfuerzo por ampliar el número de camas hospitalarias van en buena dirección. Pero no es solo el Gobierno el que debe actuar. A la ciudadanía le corresponde tomar conciencia de su responsabilidad. Todo lo que hagamos por evitar contagios, manteniendo distancia social, quedándonos en casa en la medida que podamos y guardando normas básicas de higiene claramente preventivas, contribuirá a salvar vidas y a evitar un congestionamiento hospitalario que dificultaría enormemente la lucha contra la enfermedad. La cultura individualista y del sálvese quien pueda no contribuye en nada. Tampoco el pánico o el consumo desesperado en los supermercados. El miedo a naufragar nunca fue una ayuda para los marineros y navegantes. Aprender a controlar situaciones y mejorar técnicamente los barcos evitó muchos más naufragios que el miedo. En las redes sociales encontramos, con más frecuencia de la deseable, noticias falsas y alarmantes, así como discusiones estériles e insultos en un momento en que todos deberíamos estar atentos a la solidaridad y al apoyo de los más débiles. Solidarizarse y apoyar a las personas en cuarentena, desarrollar mecanismos de ayuda mutua en barrios y comunidades es mucho más importante que perder el tiempo insultando y peleando en las redes. La sociedad civil tiene también que cumplir con su papel. A los empresarios les corresponde cuidar a sus trabajadores, compartir ganancias y pérdidas, posibilitar el acceso a bienes básicos de consumo. Las Iglesias han dado ya un ejemplo suprimiendo actividades religiosas y llamando a la reflexión y la esperanza. Las universidades tienen la capacidad de incidir en el pensamiento de la sociedad, ayudando a entender la necesidad de medidas que pueden parecernos duras, pero al mismo al tiempo ofreciendo indicaciones de cómo optimizar procedimientos de prevención. Los medios de comunicación no pueden eludir la responsabilidad de ofrecernos información objetiva y señalar aquello que debe mejorarse en los procesos de lucha contra la epidemia. El Salvador ha enfrentado una guerra civil, terremotos, deslaves, inundaciones, sequías. Pese a graves irresponsabilidades y modos de proceder violentos o corruptos ante los problemas, el país ha salido adelante gracias a la resistencia y resiliencia de su gente. Y por ello es fácil encontrar ejemplos admirables de personas que se entregaron al servicio del bien común. Hoy nos toca a todos responder con generosidad y orden a una nueva amenaza que se cierne sobre la población. Las epidemias se superan, pero es indispensable trabajar juntos para salvar vidas y reducir traumas y tensiones.

En los momentos de crisis, el protocolo más efectivo es el de la solidaridad. En momentos en que la vida está en juego, suele brotar espontáneamente en nosotros el instinto de sobrevivencia, que es siempre egoísta y antisocial. Por ello, tenemos que estar atentos a no perder el sentido y la búsqueda del bien común, actuando aun contra natura, para dar lo mejor de cada persona, de cada familia y de cada colectivo, a fin de que nadie se quede fuera en esta lucha por el bienestar general. En ese sentido, hacemos un vehemente llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir todas las medidas de prevención emanadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las disposiciones de las autoridades nacionales. Cada salvadoreño y salvadoreña debe constituirse en protagonista activo evitando la propagación del virus. En medio de esta delicada situación, a pesar de la zozobra y la incertidumbre, debemos mantener la tranquilidad, para nuestro bien, el de nuestras familias y el de la sociedad. Solo la tranquilidad nos permitirá tomar decisiones acertadas y realistas para hacer frente con racionalidad y sabiduría a la situación de emergencia. Invitamos a hacer de este tiempo una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares; para disfrutar de la cercanía con los seres queridos; para transformar, a través de la creatividad, esta situación no deseada en espacios y momentos entrañables que el trajín diario no nos permite vivir. En la actuación gubernamental es imperativo distinguir entre las medidas implementadas (el qué) y la gestión de las mismas (el cómo). Las medidas de prevención, como las cuarentenas, la suspensión de algunas actividades y el cierre de fronteras, establecimientos y accesos a ciudades, son difíciles, pero acertadas ante la vulnerabilidad de la población y los sistemas de salud nacionales. Sin embargo, la gestión de alguna de estas medidas ha sido deficiente, lo que es comprensible por la premura que impone la pandemia. Con el único afán de colaborar en la implementación de estrategias efectivas, hacemos algunas reflexiones. En toda emergencia debe tenerse siempre presente el respeto a los derechos humanos de todas las personas y en todos los territorios. La suspensión de un derecho fundamental solo puede justificarse si ello tiene como único fin garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la vida y la salud, comprometidos en esta situación. Antes de anunciar e implementar medidas, es necesario analizarlas a profundidad. Y para ello hay que contar con la opinión de expertos y dialogar previamente con los sectores directamente afectados por las medidas, así como buscar previamente todos los apoyos necesarios para su mejor gestión. Hoy más que nunca las acciones que se implementen deben tener una base científica y la certeza de que contribuirá a evitar la propagación del virus, sin ir más allá de lo estrictamente necesario. En este sentido, organismos como la OMS y el Centro de Prevención de Enfermedades de Atlanta consideran que el período de cuarentena necesario para el covid-19 es de 14 días. A la luz de la ciencia médica, es innecesario alargar la cuarentena a 30 días. Una cuarentena tan larga dificulta la atención a las personas recluidas, pudiendo ocasionar otro tipo de padecimientos físicos y psicológicos, que complejizan la situación. Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar en los centros de cuarentena condiciones adecuadas de alimentación, vestuario, higiene personal y espacio personal, que permitan el mayor bienestar posible. Igualmente es perentorio que la cuarentena se cumpla a cabalidad. El ejemplo de Corea del Sur, de realizar pruebas de manera generalizada para detectar tempranamente las infecciones del covid-19, ha mostrado ser muy eficaz para evitar el contagio y la propagación del virus. Esta estrategia debería implementarse en El Salvador lo antes posible, como prioridad en la lucha contra la pandemia. Se debe valorar la posibilidad de implementar la cuarentena domiciliar. Esta es una medida fundamental para personas que están bajo observación o confirmadas con el virus, pero que no requieren atención médica urgente. Como dijo el presidente de la República en la cadena nacional del 18 de marzo, la población salvadoreña ya sabe qué es el coronavirus, cómo se transmite y qué medidas de protección deben implementarse. Por tanto, la cuarentena domiciliar para algunos casos sería una alternativa que permitiría liberar espacios para otros, ahorraría recursos y daría mayor tranquilidad a las personas recluidas y a sus familiares. No se debe perder de vista que estamos ante una emergencia de salud, aunque, por supuesto, tenga efectos en otras ramas de la vida nacional, como la economía. De acuerdo a la experiencia histórica, para garantizar la continuidad y funcionalidad del Estado después de una pandemia, es necesaria la protección especial del personal dedicado a cuidar la salud, la seguridad y los derechos humanos. Particular mención merece la decisión de

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La semana pasada, el presidente Bukele saludó a 1,400 nuevos soldados, en plan de combate y en una escenografía elaboradamente militar, con lanchas de la marina y aviones de la fuerza aérea incluidos. En ese escenario, prometió “proteger a la gente, con fondos o sin fondos”. Ningún presidente después de 1992 ha gustado tanto de lo militar como Bukele. Concentra energías y recursos en la represión de la violencia social y en las fuerzas represivas. El enorme peso específico de la opción militar oculta, con su gran aceptación popular, otras demandas urgentes de la ciudadanía. Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua permanece abierta. El mal servicio y la mala calidad también ponen en peligro la salud de los habitantes del gran San Salvador. Una buena parte de la población rural no tiene acceso al agua potable. No permitió que la ministra de Salud y el presidente de ANDA dieran explicaciones a los diputados por causa de la guerra que libra contra estos. Los legisladores respondieron con una interpelación, que expuso las limitaciones de los dos funcionarios y del Gobierno. La comparecencia fue lamentable. La ministra aseguró que el agua es potable, el presidente de ANDA recomendó no beberla. La ministra afirmó que no le corresponde garantizar su potabilidad, pero ANDA dijo lo contrario. En medio de la disputa entre el Ejecutivo y la Asamblea, el problema del agua sigue sin solución y ya ha motivado el regreso de la protesta callejera. El Gobierno publicita cómo se prepara para un eventual brote de Covid-19, pero pasa por alto la epidemia de dengue y de enfermedades respiratorias agudas. Las gastrointestinales y la insuficiencia renal tienen también una elevada incidencia desde hace ya tiempo. Estas enfermedades se ensañan con la población de menores ingresos y con menos acceso al agua y a condiciones sanitarias aceptables. El Gobierno se ocupa de lo eventual y posterga lo real. Proyecta la impresión de que satisface las demandas ciudadanas, pero, en realidad, huye hacia adelante. Los fieles aplauden, mientras lo contagiados de dengue y de otras enfermedades epidémicas sufren penurias. Los millones destinados a represión estarían mejor empleados en combatir las epidemias crónicas, cuya prevención pasa por el acceso al agua y el saneamiento ambiental. La corrupción, también crónica, está estrechamente relacionada con la proliferación de las epidemias, pero también con la ineptitud y la baja inversión social. Contradictoriamente, mientras esta última no cubre las necesidades de la población, el gasto militar experimenta un aumento del 18 por ciento en el Presupuesto de este año. Las áreas sociales, en cambio, incluido el medio ambiente, experimentan recortes en unos presupuestos de por sí insuficientes. Indiscutiblemente es perentorio acabar con la corrupción, pero no serán los militares ni los antimotines quienes lo hagan. No solo carecen de competencias, sino que ellos también contribuyen con ella, amparados en un mal entendido secreto militar. Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo han sacado a la luz el rechazo, si no desprecio, que suscitan el Ejército y la política militarizada en un sector importante de la opinión pública. El operativo militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en las violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel entonces, sino también en que, hasta ahora, la institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento ni ha colaborado con las investigaciones para atribuir las responsabilidades por los crímenes de lesa humanidad. La censura internacional ha obligado al presidente a echar mano de la creatividad. La última producción asegura que el Ejército estaba desplegado para impedir los desmanes de la multitud, que el mismo presidente había movilizado. Bukele pensó, por ingenuidad, imprudencia o envanecimiento, que su gesta contaría con la aprobación unánime de la opinión pública. Craso error de cálculo político del presidente y desconocimiento del sentir popular. Su sueño de encabezar al pueblo, protegido por militares y antimotines, para disponer de la legislatura, tal como lo anunció en 2018, es una quimera antidemocrática. No se le ocurrió que si bien la Asamblea Legislativa y los partidos políticos son las instituciones menos apreciadas por la opinión pública, también lo es el Ejército y la policía militarizada, por su pasado y su presente represivo, cruel e inhumano. Los hogares populares experimentan constantes invasiones de soldados enviados a cazar jóvenes indiscriminadamente. El insulto, la maldición, el odio y la invitación a quemar al adversario no darán “frutos en el futuro”, tal como augura el presidente. Crean inestabilidad, división social, represión y violencia. De esa siembra no puede salir nada nuevo, sino el mismo fruto viejo y amargo del sufrimiento y la muerte. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La existencia y persistencia de la esclavitud o de condiciones análogas a la esclavitud constituye un desafío humanístico, filosófico, ético y teológico hasta los días actuales. ¿Por qué hay humanos que esclavizan a otros humanos, sus co-iguales?

Después de la aprobación del proyecto de ley de justicia transicional y del veto del Presidente, le toca a la Sala de lo Constitucional apropiarse de la situación con una audiencia de seguimiento. Si no lo hace, y pronto, las víctimas y los defensores de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de El Salvador, tendrán motivos para pensar que los magistrados juegan a eludir sus responsabilidades y a dar facilidades a la posibilidad de impunidad. Esto sería trágico, pues la anterior Sala de lo Constitucional le mostró al país que la Constitución es importante, marca la institucionalidad y da seguridad jurídica a todos. Distraerse del deber sería una ofensa a la ciudadanía, una ruptura con los compromisos constitucionales y de derechos humanos, y un nuevo ridículo internacional. La Sala debe honrar sus propias palabras, que prometieron una audiencia de seguimiento de la sentencia de 2016 cuando la Asamblea Legislativa terminara de redactar el proyecto de ley. Varias y diversas instituciones se han dirigido ya a la Sala pidiendo dicho seguimiento y el análisis del proyecto de ley vetado, así como del veto presidencial. Esperar para ver si la Asamblea supera o no el veto es simple y sencillamente perder tiempo. Los jueces en general están obligados por la Constitución a brindarle a la ciudadanía una pronta y cumplida justicia; más aún los magistrados de la Sala de lo Constitucional, tal como esta lo ha afirmado en repetidas ocasiones en su propia jurisprudencia. Aunque es cierto que la antigua ley de amnistía impidió durante más de dos décadas hacer pronta y debida justicia, han pasado ya casi cuatro años desde julio de 2016, cuando se declaró inconstitucional esa ley a todas luces injusta. Sería lamentable que la Sala cayera en retardación de justicia. Una irresponsabilidad grave sancionada por la Constitución De los 75 artículos del proyecto de ley de justicia transicional, cerca de 19 requieren ser estudiados con detenimiento por la Sala, para verificar que cumplen con la sentencia y las recomendaciones de seguimiento. Otras instituciones del Estado no han acatado los mandatos de la Sala. La Fiscalía no ha establecido un número de fiscales suficiente para enfrentar los casos que podrán darse una vez sea promulgada la ley. La coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Asamblea Legislativa, ordenada por la Sala para hacer los cálculos adecuados de reparaciones y otros costos, tampoco se ha dado. Es urgente revisar todo el proceso. La Sala no puede tirar balones fuera ante los desacuerdos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Al contrario, la causa del atraso, si se da, será ahora responsabilidad de la Sala de lo Constitucional. Una ley de justicia transicional norma siempre, como su nombre lo indica, la transición de una situación de violencia y enfrentamiento a otra de diálogo, paz y mecanismos de reconciliación. La reparación a las víctimas, la penalidad por los delitos y la preocupación especial por los territorios donde los enfrentamientos causaron mayores daños contribuyen a que no se repitan los terribles daños del pasado. Cuando hoy se habla de la violencia de las pandillas, no faltan quienes piensan que en parte ella es resultado de la creación de la cultura de impunidad tras la guerra civil y de haber mantenido unos índices de pobreza y desigualdad todavía demasiado altos. La ley de justicia transicional, tal y como la pidió la Sala de lo Constitucional, debe hacer verdad sobre los graves crímenes del pasado. No aceptar que nuestra sociedad quedó desgarrada por los abusos cometidos lleva a la repetición de los mismos. A pesar de su inicial falta de voluntad política, la Asamblea Legislativa ha ido acercándose a una ley de justicia transicional válida. Ordenar la mejora del proyecto de ley recientemente aprobado, para así cumplir la sentencia de 2016, es tarea obligatoria de la Sala. Si no lo hace, habrá que acusarla de falta de voluntad política y carencia de independencia. Y peor aún, se erosionará la de por sí escasa confianza ciudadana en la justicia. De este modo, la Sala terminará contribuyendo a generar más simpatía por las medidas de facto, en vez de apego a la legalidad y al buen orden.

Los hechos del 9 de febrero han mostrado los límites de la institución democrática para superar el conflicto político. El presidente Bukele ha acudido al cuartel como alternativa a la negociación democrática. Así, lo que parecía inverosímil después de los acuerdos de 1992 es real, porque el Ejército existe y porque está a disposición de quien acuda a él. El presidente desprecia el compromiso político y entre sus prioridades no figura la consolidación de la institucionalidad democrática, una tarea pendiente y trascendental para el futuro del país. Si no hubiera opción militar, es decir, si el Ejército no existiera, los políticos estarían forzados a buscar soluciones democráticas. La existencia del Ejército ha hecho posible que el presidente apueste fuerte por los militares como una base de su poder personal. Por eso no destituirá a su ministro de Defensa. Al contrario, lo felicita por su actuación política y antidemocrática. También es cierto que el elevado prestigio del Ejército, el enorme desprestigio de los políticos y la confianza ciega de la opinión pública en el autoritarismo han hecho posible la opción militar. En Costa Rica y en Panamá esa opción no existe, porque no hay Ejército. El golpe militar no es solución. La experiencia muestra que, en una sociedad polarizada como la salvadoreña, el Ejército suele agudizar aún más el conflicto político que pretende superar. El golpe alimenta el enfrentamiento, desata la represión, genera mayor inestabilidad política e instala líderes que utilizan su poder para el desquite. La persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores divide más la sociedad, y si estos se radicalizan y se movilizan contra las nuevas autoridades, tal como es usual, se desata la espiral de violencia, la cual difícilmente crea condiciones para implantar una democracia estable. El compromiso político, en cambio, reduce el nivel de violencia y señala el camino para consolidar una institucionalidad debilitada por la corrupción de las estructuras de poder. La ausencia de opción militar no evita las crisis, pero obliga a encontrar soluciones negociadas. La posibilidad real del golpe y la creciente polarización han abierto la puerta para el regreso de los militares a la política. Así lo pone de manifiesto la actuación presidencial del 9 de febrero, que ignoró la perversidad de la dictadura militar de las décadas de 1970 y 1980. El Ejército no ha perdido la capacidad de intervenir en la política como árbitro después de 1992, tal como algunos pensaron ingenuamente. El anterior ministro de Defensa se atribuyó públicamente la tregua con las pandillas, opinó sobre asuntos políticos y exhibió amenazadoramente el poderío militar en ámbitos políticos como la legislatura. La oposición a la política tradicional de Arena y del FMLN aplaude la intervención militar, llevada por su deseo, en principio legítimo, de acabar de una buena vez con la ineptitud y la corrupción. Incluso interpreta la actuación presidencial del 9 de febrero como un acto democrático con beneficios inmediatos para el pueblo. Las bondades que esa interpretación proclama son un espejismo. La consolidación democrática implica subordinar el poder militar al civil, y mejor aún, eliminar de manera definitivamente la opción militar. Más aún, la supresión del Ejército redundaría en un ahorro considerable para la hacienda pública. Neutralizar la opción militar exige transformar la mentalidad social. Si la opinión pública confía más en el Ejército que en el legislador, el incentivo para recurrir a los militares es muy fuerte. Si la opinión pública constata la incapacidad para preservar el orden, las fuerzas de seguridad militarizadas, que prometen “orden”, se vuelven cada vez más atractivas. Si el gobierno democrático no satisface las demandas ciudadanas, el descontento de la opinión pública con los políticos se traduce en desprecio y la tentación militar se vuelve irresistible. A pesar de los desatinos, reales o imaginados, es indispensable resistir la tentación militar, en aras de la construcción de instituciones más estables, aun cuando las crisis sean recurrentes. La opción militar es una trampa. Las promesas de cumplimiento inmediato deslumbran, pero comprometen el futuro democrático. El golpe militar no resuelve la crisis vital de las mayorías, ni la polarización sociopolítica, ni la escasez de recursos públicos, ni la impunidad, ni la corrupción. Al contrario, la superación de estos males acentúa la necesidad y la urgencia del consenso. Es perentorio cerrar la opción militar para no generar mayor inestabilidad institucional, para fortalecer el sistema político y para forzar a los políticos a que aprendan a superar las diferencias mediante la negociación y el compromiso democrático. El conflicto sociopolítico no se resuelve sin un consenso sobre cómo superarlo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El domingo 9 de febrero de 2020 será una fecha que quedará escrita en la historia del país debido a la intervención militar de las instalaciones de la Asamblea Legislativa, avalada por el presidente de la República. Este despliegue se constituirá en una de las manifestaciones más claras de la maquinaria de creación y control de ideas de este Gobierno.

Si el presidente Nayib Bukele se tomara en serio sus diatribas contra el nepotismo y se decidiera a despedir a familiares y allegados de funcionarios de su Gobierno, como lo hizo al asumir el poder para barrer de las dependencias del Estado a personas supuestamente vinculadas al FMLN, se encontraría en serios apuros. La Real Academia de la Lengua Española define el nepotismo como “la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos”. El Diccionario del español jurídico va más allá y lo define como la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio del mérito y capacidad”. Ciertamente, el nepotismo es un elemento característico de la política salvadoreña, como ha dicho el mismo Bukele, pero esa constatación solo puede entenderse como justificación para darle continuidad al vicio en un contexto de absoluta falta de ética y decencia. Los tíos, hermanos, primos, cuñadas, concuñas, esposos, amigos, exempleados, compadres y comadres que forman parte de la actual administración son tema de dominio popular, como lo es que el presidente de Nuevas Ideas es primo del mandatario. El nepotismo hace de la vinculación familiar o de la fidelidad a una persona o al partido el máximo, cuando no el único, criterio para acceder a un puesto. El nepotismo es éticamente inadmisible y viola normas jurídicas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama en su artículo 21, inciso 2, el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. En el Salvador, la Ley de Ética Gubernamental, en su artículo 6, dice que son prohibiciones éticas “nombrar, contratar, promover o ascender en la entidad pública que preside o donde ejerce autoridad, a su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, excepto los casos permitidos por la ley”. La historia demuestra que el nepotismo se emparenta con la corrupción. Quien recurre al nepotismo no busca idoneidad ni productividad, sino protección y ciega fidelidad, cuando no pleitesía y adulación. En el país, el problema es grave, pues grandes sectores de la población ven natural que quien detenta el poder coloque a sus amigos y familiares en el Gobierno. En la encuesta del Iudop sobre los 100 primeros días de gestión de Nayib Bukele, el 48.6% de los encuestados dijo estar algo o muy en desacuerdo con que el presidente nombre en cargos públicos a sus familiares, pero un 49.5% expresó que está algo o muy de acuerdo. Al pensar que hay nepotismos buenos, se acepta tácitamente una conducta que es ilegal o al menos antiética. Por esta razón, es necesario que el país cuente con una ley de la función pública. Paraguay tiene la ley 2777, que prohíbe la designación de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (primos) y segundo de afinidad (cuñados) por elección directa y sin concurso público. En México, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos impide que los funcionarios intervengan en el trámite o resolución de asuntos en los que estén interesados, y participen en la elección o remoción de personas con las que tengan un vínculo que les reporte algún beneficio. En contraste, en El Salvador, mientras se hace lo de siempre, el nepotismo se combate solo cuando sirve para desprestigiar a los adversarios.

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En un país como el nuestro, en el que tan fácilmente nos desacreditamos mutuamente y algunos pasan de las palabras a la violencia, es necesario analizar las palabras que destruyen. Porque no son solo los epítetos y calificativos insultantes los que rompen la confianza, la concordia y el buen trato. La mentira, aunque se disfrace de buenas palabras, siempre daña, destruye e imposibilita relaciones positivas. Unos cuantos siglos antes de Cristo, el profeta Isaías, viendo cómo funcionaba la sociedad de su tiempo, se lamentaba de la actitud de la dirigencia del reino de Judá y de que hubiera líderes “que llaman al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas”.

OPINION 27-02-20 QUIEN SIEMBRA VIENTOS COSECHA TEMPESTADES

El 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social, el Idhuca presentó su informe de derechos humanos relativo al año 2019. En marzo, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA presentará un informe mucho más exhaustivo de 2019, así como informes trimestrales a partir de este año 2020. Otras ONG de derechos humanos presentarán también sus informes, generales o parciales. La idea es que nos acostumbremos todos a considerar los derechos humanos como objetivos para delinear políticas públicas. No podemos convivir con la muerte propiciada por nuestros odios, brutalidad o indiferencia. No podremos ser el país que queremos si el bienestar es un bien escaso o limitado a pocos. Y eso es lo que nos dicen los informes de derechos humanos: qué nos falta en múltiples niveles básicos para alcanzar el bienestar. Considerar los derechos humanos como ideas o políticas de izquierda, como hacían hace no mucho militares y latifundistas, es reírse de una humanidad que quiere vivir en paz y en concordia sobre los pilares de la libertad y la justicia.