OPINIÓN 07-08-2020 - Nuevos retos en Derechos Humanos

Nuevos retos en Derechos Humanos El Salvador tiene muchas deudas pendientes en el terreno de los Derechos Humanos. Hacer justicia, verdad, reparación a las víctimas de la guerra es una de ellas. Y muestra la facilidad con la que el tema de Derechos Humanos desaparece de la agenda política si todo se deja en manos de los políticos o de las instituciones. Solo la persistencia de las víctimas en sus justos reclamos mantiene la esperanza de que las deudas se paguen. Muchas cosas parecidas podríamos decir del derecho a la vida digna y sin pobreza, a la educación, a la salud o a la vivienda que permanecen pendientes. Pero el problema se agrava si miramos hacia el futuro. La pandemia de covid-19 ha dado un golpe tan fuerte a nuestro caminar hacia el desarrollo, que el futuro se ha vuelto a la vez más oscuro y más desafiante. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas ha calculado un grave crecimiento de la pobreza en todo nuestro continente. En El Salvador calculan que habrá un 7% más de población en pobreza, sobre el aproximadamente 33% que había en 2019. En otras palabras, que a los más de dos millones de pobres existentes en El Salvador se sumarán 462.000 nuevas personas en pobreza. La mayoría de ellas serán mujeres, niños y ancianos; los sectores más vulnerables del país. Ya la gestión de la pandemia mostró una grave indiferencia ante la violación clara de Derechos Humanos (DDHH). En los llamados “Centros de Contención” gubernamentales se presentaron casos de detención ilegal, malos tratos e incluso contagios de Covid-19 por falta de prevención estatal. El derecho a la salud ha sido vulnerado en diversos aspectos en asilos de ancianos, centros de menores y cárceles. Las advertencias al respecto hechas por diversas instituciones han sido contestadas agresivamente con demasiada frecuencia por parte de funcionarios gubernamentales. El miedo, la necesidad de luchar por la propia supervivencia, el aislamiento y algunos servicios gubernamentales brindando ayuda económica y canastas familiares, dejaron en un lugar muy lejano la preocupación por los Derechos Humanos. Sólo sectores preocupados por perder privilegios, el sector profesional y grupos más comprometidos con los DDHH reclamaron ante la situación. La mezcla insólita de instituciones empresariales y Ong´s defensoras de derechos dieron pábulo a partidarios del Gobierno actual, incluidos funcionarios, a responder con insultos y calificar las coincidencias entre tan diversos grupos como manipulación de unos y traición de otros a los intereses populares, supuestamente protegidos en exclusiva por el actual liderazgo gubernamental. Pero la problemática en DDHH no queda en la breve narración de lo acontecido. El aumento de la pobreza irá sin duda acompañado por el crecimiento de la desigualdad. A quienes perdieron el trabajo, a las pequeñas empresas, a quienes trabajan en el ejercicio libre de la profesión, les costará mucho más recuperarse que a quienes conservan capital e infraestructura. El fuerte endeudamiento del país, la baja en la recolección de impuestos e incluso algunos casos de corrupción o mala administración, ponen un lastre pesado a todo esfuerzo de desarrollo. Si ya con la situación precedente de pobreza y exclusión un fuerte sector de nuestra juventud se veía en la triple alternativa de resignarse a la pobreza, emigrar hacia otros países o caer en la delincuencia, en el futuro las cosas podrán ponerse más difíciles. Resulta indispensable un plan de recuperación bien estructurado, teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables y abriendo nuevas posibilidades de trabajo decente. Y aunque se escuchan voces con propuestas interesantes, como la de la Reforma Fiscal, que sería solamente una parte de un plan de recuperación, la percepción ciudadana es que los políticos, de dentro y de fuera del gobierno, no han dado pasos hacia la elaboración de un plan racional para recuperar y acelerar nuestro camino hacia el desarrollo equitativo. La pandemia dejará también como herencia un debilitamiento de las instituciones estatales. Durante estos meses, en efecto, hemos asistido al abandono de temáticas clave para el desarrollo humano y social de El Salvador. La ley de Reconciliación, la Ley de Aguas quedaron dormidas. La pandemia pasó a ocupar la mayor parte del tiempo legislativo sin que en realidad saliera nada de la Asamblea que realmente fuera de utilidad especial para solucionar los problemas sanitarios. El Ejecutivo actuó con arbitrariedad y nos acostumbró a que no pasara nada cuando determinados funcionarios faltaban a la ética. El grito y el insulto se convirtió en la forma preferida de “diálogo” gubernamental. El Sistema Judicial en su conjunto entró en una especie de letargo mientras la Sala de lo Constitucional se mostraba incapaz de obligar al cumplimiento de algunas de sus sentencias. La Fiscalía se dedicó a hacer equilibrios para no enfrentarse con el Ejecutivo y parecer que funcionaba imparcialmente, mientras mantenía formas arbitrarias de proceder. Este conjunto de actitudes y experiencias de diversas instancias estatales debilitan la institucionalidad y la necesaria coordinación entre ellas al tiempo que anuncian un funcionamiento deficiente del entramado estatal. Y finalmente las elecciones. Si los salvadoreños estábamos acostumbrados a la promesa falsa y la polarización ridícula de los políticos, más construida desde sentimientos que a partir de ideas y programas, la pugna electoral, que ha estado presente durante todo el tiempo de la pandemia, augura un fuerte desgaste de la institucionalidad del país y de la convivencia democrática. Corregir este cúmulo de errores será difícil. Pero es necesario enrumbar al país en una nueva dirección, mucho más cimentada sobre la solidaridad, el apoyo sistemático a los más pobres, y la racionalidad institucional. La falta de proyectos y planes de desarrollo que enfrenten la situación no traerá más que mayor dolor y tensión. Todavía estamos a tiempo de crear caminos de salida. Si estos no se vislumbran en el quehacer de la sociedad política será la sociedad civil la que deba recoger el guante. Una sociedad civil que ha estado tradicionalmente dividida pero que ha encontrado elementos comunes en la defensa de la democracia. Si a la defensa de la democracia le añadiera una preocupación más clara en defensa de los derechos humanos, especialmente de los económicos, sociales, culturales y ecológicos, comenzaríamos a divisar un horizonte más esperanzador. Nuestro pueblo quiere desarrollo y paz, pero no lo conseguiremos en el contexto actual sin proyectos de desarrollo bien pensados y centrados especialmente en la lucha contra la pobreza y el adecuado funcionamiento de las instituciones.