Editoriales y Opiniones

Un principio básico de la gobernanza es la subsidiariedad. Así como lo que puede hacer el individuo o la familia no debe ser sustituido por el Estado, tampoco el Estado debe sustituir lo que pueden hacer las instancias sociales más pequeñas. El caso de las alcaldías es típico. Lo que ellas pueden hace no debe ser sustituido por el Estado. Y lo mismo podríamos decir de asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro tipo de institución que ayude a crear vínculos sociales o persiga el buen funcionamiento de la convivencia ciudadana. Organizaciones locales que defienden sus derechos, asociaciones defensoras de derechos humanos, juntas de administración de aguas o bosques comunales prestan un servicio importante a la vida social de un país. Por supuesto, tienen que ser respetuosas con el marco legal y constitucional nacional. Pero sus aportes no deben ser menospreciados por el Estado. Al contrario, el buen gobierno debe siempre apoyar y facilitar el trabajo de las instituciones y organizaciones intermedias. El mayor enemigo de este principio de subsidiariedad, fundamental para la amistad social y el funcionamiento fraterno y ágil de nuestras sociedades, suele ser el Estado autoritario. A este le gusta ver como a menores e inferiores a todo tipo de organizaciones secundarias. Y tiende siempre a desarrollar un paternalismo y una dependencia que no solo impiden crecer a las instancias sociales pequeñas, sino que reproducen las pautas autoritarias del propio Estado. Se puede decir que sin subsidiariedad no puede haber democracia, porque las personas no solo desean que el Estado regule la convivencia ciudadana en beneficio de todos, sino que permita la creatividad y el desarrollo de los distintos grupos que surgen de modo espontáneo ante las necesidades de la vida social. En El Salvador se está viendo con preocupación una tendencia al centralismo estatal autoritario que no solo daña la subsidiariedad, sino que incluso agrede a toda institución que critica las deficiencias del Estado y a sus poderes constituidos. Una muestra de este deseo de control es la reducción del Fodes a las municipalidades y la constitución de un organismo estatal central de desarrollo municipal que determine y controle el uso de los fondos dedicados a las alcaldías. La ley de agentes extranjeros es otra muestra de la incapacidad del Estado de dialogar con instituciones intermedias y buscar el bien común junto a ellas. Con el agravante de que es una ley orientada a severos controles ideológicos y punitiva para quien disienta de los gustos arbitrarios del Estado. La subsidiariedad no funciona así. Históricamente, los políticos salvadoreños han tratado de funcionar uniendo de un modo autoritario el poder y el capital. Cuando se ha intentado aumentar la participación ciudadana y los poderes establecidos perciben en ello una reducción de sus capacidades de control social, las respuestas suelen ser agresivas. En la situación actual, el Gobierno ha pactado con un serie de personas o grupos económicamente poderosos, al tiempo que busca imponerse en todos los demás campos, olvidándose del papel importante de las organizaciones intermedias y, por supuesto, del principio de subsidiariedad. Produce con ello una severa limitación a la riqueza social del país. Y no conviene engañarse: sin riqueza social no habrá riqueza económica. Además, al cambiar el diálogo por la ofensa y la mentira contra quienes piensan diferente, el propio Gobierno comienza a cavar la fosa de su desprestigio y fracaso. Algo lamentable dado que tiene capacidad de hacer bien algunas cosas. Si dialogara, en vez de imponerse con la amenaza y el insulto, tendría muchas más posibilidades de reconocimiento. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La salud es uno de los temas que más preocupan a la población salvadoreña, no solo debido al covid-19, sino también por otras enfermedades de larga data e incidencia: insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, distintos tipos de cáncer. Enfermedades que se conjugan con las enormes dificultades que enfrentan las mayorías para recibir adecuada atención y tratamientos médicos, tanto en la red de salud pública como en el Instituto del Seguro Social. El cierre de facto de las escuelas debido a la voluntariedad de la asistencia a clase y la implementación de la educación a distancia está impactando en el aprendizaje de los niños, generando un mayor rezago educativo y obstaculizando el desarrollo de habilidades sociales, lo que tendrá graves consecuencias para estas generaciones. La entrega de equipos tecnológicos, la formación en educación en línea para los maestros, los programas educativos televisivos y la elaboración de guías de aprendizaje no han logrado mantener el proceso de enseñanza y aprendizaje al nivel prepandemia. En general, el costo de la vida se ha disparado considerablemente en lo que va de este año, golpeando de manera clara la economía familiar. Han subido los precios de los alimentos, la gasolina, los servicios básicos, con lo que el aumento al salario mínimo ha quedado neutralizado. Decenas de miles de salvadoreños no tienen otra alternativa que viajar hacinados en el transporte público, especialmente en las horas pico; viajes que se eternizan por el creciente caos vehicular y los congestionamientos. Por su lado, los empresarios del sector vuelven a reclamar un incremento en las tarifas, asegurando que la disminución de la demanda, el alza del precio de los combustibles y los costos de operación hacen inviables a sus empresas. La criminalidad campa a sus anchas. Las extorsiones están a la orden del día; sus montos se han incrementado, así como la presión para pagarlos. Se ha incrementando también el número de personas reportadas como desaparecidas; una situación que parece no preocupar a las autoridades. Estas no solo han ignorado el hecho, sino que han tenido la desfachatez de culpabilizar del delito a las propias víctimas. El encuentro de diversas fosas clandestinas evidencia con crudeza que el control de los territorios y la baja de homicidios son solo un mito, un recursos publicitario. Pese a su gravedad y ubicuidad, estas realidades de las familias salvadoreñas no encuentran eco en las autoridades. Sus intereses y prioridades parecen estar puestos en otros grupos: los surfistas, los dueños de mascotas o los fanáticos del bitcóin; y en otros temas: acabar con las ONG que han suplido los déficits del Estado en la atención a la población más vulnerable, ahogar a los municipios disminuyendo sustancialmente su financiamiento, apropiarse de los fondos de cooperación internacional, expropiar con facilidad, acusar falsamente, acosar a quienes defienden los derechos humanos y el sistema democrático. Ya lo decía un refrán castellano muy antiguo: “Cosas veredes, amigo Sancho, que harán hablar a las piedras”.

23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN 23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN 23-11-21 OPINION LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La violencia contra la mujer es un problema mundial. En El Salvador, el hecho de que la mayor parte de las víctimas de violaciones o desapariciones sean niñas y adolescentes muestra una fuerte tradición de abuso que no se ha podido frenar y que en la mayoría de los casos queda en la impunidad. Es muy común, además, el acoso, tanto presencial como virtual; se encuentran ejemplos en la calle, el transporte público, la empresa y las oficinas gubernamentales. No faltan los funcionarios que exhiben un machismo insultante y desvergonzado en las redes sociales. Enfrentar con claridad las diversas formas de violencia contra la mujer no solo es signo de civilización y decencia humana, sino una de las maneras más eficaces de romper con la tendencia del fuerte a abusar del débil. Superar en el país esta enfermedad social pasa, en primer lugar, por reconocer el pésimo estado de la cuestión. Aunque a nivel legal ha habido indudables avances en los últimos años y organizativamente la experiencia de Ciudad Mujer ha sido positiva, los homicidios de mujeres no disminuyen de forma significativa y las denuncias de violencia sexual en la Fiscalía oscilan en torno a los 6 mil casos al año. Si las alarmas se encendían cuando los homicidios en general alcanzaban o superaban la cifra de 80 por cada 100 mil habitantes, la violencia sexual llega a esa misma proporción sin causar mayor reacción. Esto a pesar de que estudios realizados en diversos países señalan que por cada denuncia de agresión sexual contra la mujer hay al menos cuatro que no se denuncian. El machismo expresado en bromas, comentarios y frases de doble sentido goza de excesiva tolerancia en la sociedad salvadoreña, lo que propicia un ambiente que le resta importancia a la igual dignidad de la persona y favorece el irrespeto. La impunidad dominante frente a los delitos de violencia sexual muestra un sistema fiscal y judicial incapaz de enfrentar esta plaga. La formación escolar no aborda en serio el problema; peor aún, la propia escuela suele ser lugar donde se inician los abusos. La presencia de mujeres en los cargos de decisión estatal es muy escasa. Y no faltan los hombres que tratan de relegar a las mujeres, especialmente a las bien preparadas, a puestos secundarios. Cambiar esta cultura machista es uno de los desafíos que todas las instituciones en el país, públicas o privadas, deben enfrentar. Sin transformar esta cultura deformante y atentatoria de la dignidad humana no habrá auténtico desarrollo humano, ni coherencia con la democracia, ni respeto a los valores constitucionales de bien común y justicia social.

Los servicios de inteligencia han dejado al régimen de los Bukele a merced de “fuerzas oscuras” y “agentes externos”. Unos agentes que, según el vicepresidente, “siguen lineamientos estructurados con recursos bélicos y financieros” y, según el oficialismo, ejecutan acciones “misteriosas” que responden a “intereses oscuros o mezquinos”. El fiscal, tan perdido como sus colegas, solo acierta a advertir “una serie de amenazas, principalmente de gente anarquista que en un determinado momento puede afectar la seguridad […] gente que está siendo influenciada o puede ser influenciada para atentar contra las autoridades”. El jefe del Estado Mayor, que debiera estar al tanto de la situación, tampoco sabe identificar a esas fuerzas, que “estarían contando con financiamiento externo”. La inteligencia del régimen es tan incompetente que, pese a ser tan peligrosas, desconoce la identidad, los planes y las fuentes de financiamiento de esas fuerzas. La ignorancia costó la vida a más de 40 personas en 72 horas. ¿O será más bien que esas fuerzas son tan poderosas que están fuera del alcance de cualquier servicio de inteligencia medianamente competente? Según la narrativa presidencial, el país habría caído en sus garras y ellas serían las responsables de los 47 asesinatos perpetrados en tres días. Unas fuerzas de esa índole solo podrían ser contrarrestadas por otra de igual naturaleza, pero de signo contrario. Y eso es, precisamente, lo que ha ocurrido, según la interpretación presidencial. Los homicidios desaparecieron tan oscura y misteriosamente como comenzaron, 24 horas después del despliegue del Ejército y la Policía. Esos instrumentos de la luz habrían realizado “múltiples capturas” y habrían hallado “maletas con grandes cantidades de dinero”. Al frente de estas fuerzas de la luz se encuentra el mismo Bukele. “Dios está con nosotros y nos lo volvió a demostrar, permitiéndonos recuperar el orden”, dijo. Así, pues, el país es escenario de una nueva versión de La guerra de las galaxias, donde las fuerzas de la oscuridad, caracterizadas por la perversidad, la destrucción y el miedo, confrontan a las fuerzas de la luz, creadoras de valor, de tranquilidad y de rectitud. La narrativa presidencial es tan fantástica como incoherente. Las innominadas “fuerzas oscuras” no son otras que los “enemigos antiguos, pero con nuevos aliados y financiamiento”, que “quieren que nuestro país regrese al pasado. De hecho, estos tres días de violencia fueron iguales a los tres días normales de los Gobiernos anteriores”. Claramente, se trata de Arena y del FMLN, el sumo de la maldad y la perfidia, ahora aliados con Washington. Ellos serían los responsables de los homicidios. Pero estas fuerzas de la perdición se dieron de bruces con un Bukele imbuido de sabiduría, de nobleza y de bondad irrebatibles, que las habría derrotado. En realidad, Arena y el FMLN están arruinados y sin rumbo desde hace tiempo. En la actualidad, no tienen capacidad para cometer semejante crimen. El misterio que rodea las capturas y la discrepancia sobre el destino de “las grandes cantidades de dinero” halladas ensombrecen el portento de las fuerzas de la luz. Según la Policía, es el rescate de un secuestro; según Bukele, es de las fuerzas del mal. La narrativa embrolla lo extraterrestre con lo terrenal. La fugacidad de la curva de homicidios sugiere la existencia de una veda para matar, que así como se levanta, se implanta de nuevo. Las pandillas utilizan los asesinatos para presionar el cumplimiento de lo pactado o para exigir nuevos privilegios. La elevación de los homicidios a la esfera cósmica oculta la crisis de Bukele con las pandillas al mismo tiempo que lo proyecta nacional e internacionalmente como un mandatario que controla con mano firme a las fuerzas de averno. Si esto último fuera cierto, pudo haber evitado el derramamiento de sangre. En cualquier caso, sacrificar vidas humanas es deleznable y patibulario. Si algo queda claro es que el régimen no controla el territorio. Las pandillas deciden cuándo subir o disminuir los homicidios, mientras la extorsión y las desapariciones continúan inalteradas su curso. La verdadera lucha de Bukele no es contra Arena y el FMLN, ni contra sus críticos y los descontentos, sino contra las pandillas. Más aún, está en desventaja, porque aquellas tienen la iniciativa, a pesar de la millonaria inversión en el Ejército y la Policía. De ahí que esté en lo cierto al reconocer la necesidad de “mejorar nuestros equipos de inteligencia y rastreo para que esto no vuelva a pasar”. La interpretación presidencial del precario estado de la seguridad ciudadana en términos similares a los de La guerra de las galaxias oculta el conflicto verdadero e inviste a Bukele de poderes prodigiosos. Y de paso, alimenta el odio contra unos enemigos ya vencidos e intenta atemorizar al creciente descontento popular, el caldo de cultivo de la oposición política. Irónicamente, las pandillas se mueven en la misma oscuridad que los Bukele. Ambos ocultan el rost

Si por acaso el oficialismo perdiera diputados, el régimen de los Bukele quedaría muy debilitado. Si perdiera la mayoría, sería inviable. La defección de una cantidad significativa de diputados lo despojaría de la aplanadora legislativa. La presidencia, que hasta ahora parecía granítica, muestra fracturas. La deserción alerta sobre la inviabilidad del ejercicio autoritario del poder de los Bukele. Los diputados no han salido tan dóciles como el gabinete. En los escaños oficialistas de la legislatura circulan corrientes subterráneas de descontento. Algunos de sus dueños exploran la posibilidad de declararse independientes. Al menos tres han sondeado las condiciones de la deserción. Aparentemente, no serían los únicos. Las fuentes de la prensa hablan de entre 15 y 25 diputados, y de varios intermediarios en competencia por la cantidad de descontentos que pueden arrastrar. Prescindiendo de la exactitud de los datos, la oferta de desertores indica la extensión y la profundidad de la insatisfacción en los escaños oficialistas. Al parecer, habrían pensado rechazar el proyecto de presupuesto para protestar por el trato que reciben. Una fuente anónima del oficialismo asegura que desde hace un mes los suplentes votan en el pleno debido al malestar de los propietarios. No se trata, por tanto, de una provocación externa. Y aunque lo fuera, esta es eficaz en la medida en que hay quienes se dejan provocar. Los motivos del descontento, recogidos por la prensa, son reveladores. Muchos llegaron a la legislatura con la idea de aprovechar el escaño para comenzar su carrera política, pero el autoritarismo de Casa Presidencial no se los permite. Solo pueden asentir, aplaudir y salir en la foto. Ni siquiera les han facilitado recursos económicos para saldar las deudas de la campaña electoral. La mayor parte de la asignación se la queda el partido. En esas condiciones, temen ser diputados de una legislatura, pues seguirán siendo tan desconocidos como antes. Si llegaran a continuar, sería por aquiescencia de los Bukele, no por méritos propios. Es comprensible que la frustración de sus ambiciones los empuje a buscar otras opciones. El oficialismo es ingrato. Les concedió un escaño y sus privilegios, pero les ha anulado la individualidad. No le interesan ni sus opiniones, ni sus sentires, solo su voto. Ciertamente, todos deben la curul a la popularidad de Bukele, ya que eran unos perfectos desconocidos, tal como les echó en cara el testaferro del régimen en la legislatura. Aun así, accedieron al escaño con la ilusión de figurar en la política nacional. Se equivocaron totalmente. Han descubierto con amargura que se vendieron por un plato de frijoles que les sabe a poco. La gratitud por el escaño otorgado ya no contrarresta la desazón. Están dispuestos a abandonar al benefactor, a pesar de la deuda contraída. La reacción de este ha sido fulminante y arbitraria. Dos de los diputados identificados, gracias a la filtración de la grabación de una las conversaciones, han sido reemplazados por suplentes. Las intenciones de los posibles desertores no son tan limpias, tal como insinúan sus motivaciones. Se subieron al carro del Estado para medrar y vivir mejor a costa de los impuestos de la ciudadanía. También ellos llegaron para quedarse. Así, el malestar legítimo se mezcla con ambiciones inconfesables. Cerrada la puerta del oficialismo, buscan pescar en otros mares. “No me voy a meter al agua sin saber nadar, que me mande un salvavidas” dice uno de ellos. La deserción no está motivada por razones éticas, sino que tiene un precio: “¿Qué quieren y qué número piden y qué es lo que ofrecen?”. Las preguntas están dirigidas a quien puede pagarlo. A juzgar por lo que solicitan a cambio, el interlocutor es la embajada de Estados Unidos. La diatriba de Bukele contra ella no se hizo esperar. Las potencias imperiales no se caracterizan por la ética política. Washington tiene una larga y vergonzosa historia de intervención en la región. Sin embargo, todas sus intervenciones fueron solicitadas por sectores internos o contaron con su connivencia. Los diputados descontentos no son la excepción. La embajada provoca, porque hay quienes están en disposición de ser provocados. Así lo prueba el precio de la deserción: exclusión de la lista Engel, residencia o ciudadanía estadounidense, y asistencia económica para las municipalidades. Un precio alto, por cierto. Los descontentos también quieren emigrar, eso sí, de forma segura. No están muy convencidos de la nación que construyen con sus votos. Por otro lado, sus ambiciones revelan la clase de diputados del oficialismo. En nada difieren de sus antecesores. En lugar de emprenderla contra la embajada, Bukele debiera prestar atención al impacto de sus acciones en sus propias filas. A primera vista, la disidencia del oficialismo legislativo está en desventaja frente a los Bukele. Sin embargo, posee más poder del que parece, pues puede despojarlos de la mayoría legislativa, una pérdida muy costosa y con consecuenci

La historia de la UCA evidencia que es una institución que no critica por criticar, sino para defender al pueblo salvadoreño de los abusos del poder y promover un modelo de sociedad democrática, en la que primen la verdad, la justicia, la equidad, la solidaridad con los empobrecidos, el bien común, los derechos humanos y la defensa de la Casa Común. Principios y valores coherentes con la visión cristiana de la vida y a los que la UCA no puede renunciar sin dejar de ser fiel a su misión. La Universidad critica ante el mal que causarán a la población ciertas políticas y acciones gubernamentales concretas. Critica para señalar errores que deben ser enmendados. Todo régimen autoritario y sin vocación democrática da por supuesto que está en posesión de la verdad y dice actuar por el bien del pueblo que gobierna. Por ello, siempre rechaza la crítica, por muy bien fundamentada y razonable que sea, considerándola como parte de una conspiración en su contra. Un régimen dictatorial o autocrático necesita el poder absoluto y el control de la ciudadanía y de las instituciones para que acepten, aun a regañadientes o a la fuerza, su proyecto de Estado totalitario. Si no tiene más remedio, las hará desaparecer a fin de sostenerse y realizar sus planes. El ejemplo más cercano es el régimen de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el FSLN en Nicaragua, que ha encarcelado a más de 200 personas por sus opiniones, incluyendo a los principales líderes políticos; ha eliminado la persona jurídica de los partidos que no ha podido alinear a su proyecto dictatorial; y ha organizado una farsa electoral rechazada masivamente por la población y la comunidad internacional democrática. Frente a un régimen de este tipo, que conculca las libertades, irrespeta los derechos fundamentales y no se somete a ningún control, las personas e instituciones que tienen en su razón de ser la libertad y la democracia, y que por tanto asumen la defensa de los derechos humanos, el respeto a la ley, la búsqueda de la justicia social y el bien común, no pueden callar, y por eso resultan molestas. Para garantizar la libertad y el respeto a los derechos humanos, son imprescindibles la crítica, la libertad de expresión, el poder decir lo que se sabe y piensa sobre cualquier tema sin temor a ser castigado. La defensa de estos principios y valores, y la fidelidad a la verdad llevan a señalar las mentiras y engaños de los poderosos y las autoridades; a denunciar cuando los fines del poder político y económico no son los que se dicen perseguir, sino otros; a pronunciarse sobre la bondad o la perversidad de las acciones del Estado. Ante ello, la respuesta de un régimen dictatorial es siempre que los críticos están equivocados, que tienen objetivos aviesos, que mienten o que no son capaces de darse cuenta de las bondades de su trabajo. Para sortear la crítica, lo más propio de un régimen autoritario es amordazarla, impedir que se investigue, que se desenmascare la mentira. Y esto es precisamente lo que pretende el anteproyecto de ley de agentes extranjeros que se discute en la Asamblea Legislativa: poniendo obstáculos a la cooperación internacional, impedir el trabajo de las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos, la libertad y la democracia. Pero la ceguera del poder les impide darse cuenta de que las personas e instituciones que tienen convicciones profundas no callan nunca, y que están dispuestas a seguir luchando en defensa de sus principios, hasta dar la vida si es necesario, como lo hizo san Óscar Arnulfo Romero, Rutilio Grande y los jesuitas de la UCA.

Hace 32 años, seis jesuitas y Celina y Elba Ramos fueron asesinados por miembros del Ejército por órdenes del Alto Mando y del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ignacio Martín-Baró, Ignacio Ellacuría, Juan Ramón Moreno, Amando López, Segundo Montes y Joaquín López y López trabajaban en la construcción de la paz, promovían el diálogo entre las partes en conflicto, defendían los derechos de los pobres y ponían racionalidad en la locura de una guerra en la que se derramaba sangre fraterna. Tres décadas después, ¿nos dicen algo para el hoy que vivimos? Quizás a la gente dedicada a la vida fácil del dinero, el consumo o el poder no les digan gran cosa. A los cristianos conscientes de lo que significa Jesús de Nazaret y su Evangelio, sin duda les dicen mucho, porque quienes entregan la vida en defensa de la paz y la fraternidad tienen en la Iglesia un significado permanente. Sin duda, los que ansían imponerse sobre los demás y aman al dinero más que al prójimo no tienen mayor palabra al respecto. A lo sumo, mencionan a los mártires para usarlos contra aquellos que son críticos con el poder. Pero si entramos en el ámbito del estudio y la racionalidad, las víctimas del pasado siempre enseñan el camino para construir un mundo mejor, sin abusos, sin odios y, en la medida de lo posible, sin víctimas. Un mundo capaz de enfrentar a los victimarios, sean quienes sean. Ante las enormes deudas con los graves crímenes del pasado, las víctimas siguen clamando contra una justicia inexistente o plagada de trampas e impunidad. Los jesuitas y Elba y Celina, víctimas repetidas veces de un sistema judicial cobarde e ineficiente, muestran que ese sistema es hoy más corrupto, dependiente de la política y ajeno a la obligación de cumplir con sus responsabilidades. Además de clamar en favor de la justicia, los mártires nos dicen que no es posible vivir ni desarrollarse humanamente en una sociedad que promueve el odio y el grito. Nos recuerdan que todos debemos tener la valentía de construir una convivencia pacífica y defender principios democráticos básicos como la independencia judicial, el acceso a la información pública y la defensa de los derechos humanos. Como algunos de ellos eran pensadores y amantes de la filosofía, nos recordarían que Aristóteles hace dos mil trescientos años decía que “los atractivos del deseo y de las pasiones del alma corrompen a los hombres cuando estos llegan al poder. Y muchos de ellos sin perjuicio de sus virtudes, porque el poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Los mártires de la UCA, pues, hablarían con verdad y con libertad, al tiempo que propondrían, desde el estudio y la racionalidad, caminos de diálogo y solución para los problemas nacionales. Por eso siguen siendo un estímulo para todos en la construcción de una sociedad más justa.

El octavo mandamiento de la ley de Dios de la tradición judeocristiana afirma: “No darás falso testimonio ni mentirás”. La norma busca regular las relaciones humanas para que estén fundamentadas en la verdad, lo que constituye la base para una sociedad en la que hay confianza y justicia. El falso testimonio puede conllevar graves consecuencias, como desprestigiar a una persona o un grupo, generar conflictos, condenar a personas inocentes. No en vano es obligatorio que todo testigo se comprometa a decir la verdad antes de testificar ante un juez: sin esa premisa, los testimonios no tienen ningún valor y no pueden ser tomados en cuenta. La mentira hace daño tanto al que la dice como al que la recibe. A la persona que la recibe porque la información falsa le impide tomar decisiones atinadas y oportunas. A la persona que la emite porque a la larga acaba sin credibilidad ante los demás. El daño es mayor en la medida que mayor es la autoridad o cargo de la persona que miente, pues esa posición facilita que sus afirmaciones sean aceptadas como verdades. Ese potencial dañino se ha incrementado exponencialmente gracias a las redes sociales. Por ellas circula gran cantidad de mentiras y falsos testimonios que mucha gente, demasiada, da por ciertas sin ningún atisbo de duda. En El Salvador, mentir se ha convertido en norma común de comportamiento de gran parte de las autoridades. Mienten con ahínco, a diario, a fin de hacer creer a la población que la realidad es distinta a como se percibe. Y como parte de esa estrategia, para evitar que las mentiras sean descubiertas, se oculta la verdad. De ahí la larga lista de temas y materias que han sido declarados como “información reservada”. Uno de ellos es el bitcóin. En diversas ocasiones y por diversos medios las autoridades han afirmado que la subida del precio del bitcóin ha generado varios millones de ganancia en el fideicomiso creado para su implementación como moneda de curso legal. Sin embargo, porque ha declarado reservada toda la información sobre los movimientos de dicho fideicomiso, no hay posibilidad alguna de averiguar si es cierto o no que hay ganancias. Si fuera verdad, se mostrarían las cuentas que lo evidencian. ¿Por qué un Gobierno tan afecto en exhibir logros ocultaría las pruebas de uno de ellos? La única respuesta plausible: está mintiendo. Dar a conocer la verdad es una tarea que le corresponde por oficio al sistema judicial, pero también a algunas instituciones de la sociedad civil, como los medios de comunicación social y los centros de pensamiento. Por ello resultan tan incómodos para el poder abusivo y autoritario. Toda dictadura busca eliminar la independencia del poder judicial y silenciar a cualquier voz independiente y crítica, pues son obstáculos para mantener un estado de mentira y de ocultamiento de la verdad. A este respecto, el Gobierno salvadoreño se está retratando con crudeza.

Desde que se conoció que el gobierno de Bukele tiene contratados a asesores venezolanos, lo que fue noticia pasó a ser parte de la cotidianidad y no ha dejado de aparecer constantemente en la coyuntura nacional. Una muestra de ello fue la referencia directa a la supuesta líder de los asesores que se hizo en carteles en las multitudinarias marchas de septiembre y octubre. El tema también ha pasado a formar parte de las conversaciones coloquiales que llegan a asegurar que ellos y ellas-los asesores- tienen poder de decisión sobre temas de país. Lo cierto, de acuerdo a las investigaciones de El Faro y de lo que se ha ido conociendo desde las diferentes áreas del gobierno en las que actúan los asesores, es que estos personajes no están por encima del presidente ni del círculo de sus hermanos, pero sí de los miembros del gabinete. Los asesores venezolanos serían ejecutores de las decisiones del presidente y de ese círculo. La lideresa del grupo sería el máximo enlace entre el presidente y los asesores que, a su vez, transmiten las decisiones a los miembros del gabinete. Sin embargo, si los asesores venezolanos no toman decisiones, sino que solo ejecutan lo mandado por el presidente, ¿Por qué no encomendar esa ejecución a los funcionarios salvadoreños? La respuesta puede estar en un profundo desprecio a lo nacional y en la desconfianza del presidente en los funcionarios de su gabinete. Un personaje que solo se encargue de ejecutar las órdenes recibidas, una especie de mercenario de la política, es mejor si es extranjero. El no nacional no tiene compromisos con el país, no aspira a candidaturas de elección popular, no teme que cuando deje de ser funcionario la ciudadanía o el mismo Estado le pase factura. Termina su contrato y se va. Por eso su lealtad no depende más que de una buena paga por la que se vende y que, además, es costeada con dinero de todos los salvadoreños. Si además de esto, su paga y condiciones de trabajo son secretas, no corren el riesgo de salir trasquilados. Esta también sería la razón del porqué el presidente no es aficionado a rodearse de gente capaz y con criterio propio en su gabinete, para que nadie pueda llegar a opacar su liderazgo. Pero la no valoración de lo nacional no se remite solo al tema de los asesores. Esto no es solo porque el presidente no es una persona popular, que no le gusta la calle, ni pisar los mercados, ni tocar a la gente de a pie, ni cargar niños. Es porque en el fondo parece no tener un compromiso real con la población salvadoreña. En lo que va de su mandato, casi dos años y medio, no ha dado una entrevista a ningún medio nacional que no repita lo que su gobierno quiere. Tampoco ha dado entrevistas a periodistas internacionales caracterizados por la acuciosidad de sus preguntas. El presidente prefiere pagar influencers, youtubers, que tienen muchos más seguidores que cualquier medio nacional, traerlos de fuera del país, hacerlos acompañar con su escolta y que le pregunten lo que sus comunicadores les dictan. Al único entrevistador de una cadena internacional que le concedió una entrevista fue a un aliado del expresidente Donald Trump, antiinmigrante como él, y que en un juego de palabras apoyó la frase del exmandatario norteamericano cuando aseguró que El Salvador, junto a Haití y a naciones africanas, eran países de mierda. Con esto, queda claro que al Gobierno no tiene respeto ni le interesa rendir cuentas a su propia gente. Aparte de buscar los votos y obsesionarse con que la diáspora siga apoyándolo, el gobierno de Bukele no ha dicho ninguna palabra en defensa de los migrantes, ni siquiera cuando sus derechos fueron violados flagrantemente en la frontera sur de los Estados Unidos en julio del 2019. De hecho, fueron voces al interior de los Estados Unidos, incluyendo la de la congresista Ocasio Cortez, las que denunciaron el trato inhumano a los migrantes detenidos por el gobierno de su país. Al contrario, Bukele aceptó, sin objetar absolutamente nada, las medidas migratorias draconianas de Trump -piénsese solo en el acuerdo de tercer país seguro- a cambio del respaldo político del magnate norteamericano, con quien el presidente salvadoreño sentía gran afinidad. Su inclinación por valorar más lo no nacional se extiende también a pretender solucionar los problemas de fiscalidad del país con una criptomoneda extranjera que ha impuesto como moneda de curso legal en contra del sentir de la mayoría de la población. En fin, las palabras hay que cotejarlas con las medidas que se toman de hecho. En ellas descubrimos que el amor que se dice profesar por el país no pasa el examen de realidad. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 68.

La ministra de turismo dice trabajar para proporcionar al turista una experiencia de primer nivel. Aun cuando así fuera, el objetivo es inalcanzable, excepto en enclaves pequeños y exclusivos. En cualquier caso, los turistas tendrían que ser trasladados por vía aérea para ahorrarles la experiencia de circular en el caos del transporte terrestre, de recorrer calles agujereadas e irregulares, y de observar el bullir de la miseria. Mientras la funcionaria construye la experiencia de primer nivel, sus colegas no solo se desentienden de unos recursos naturales bastante devastados, sino que facilitan la profundización de la depredación en aras del progreso. Algunos proyectos de infraestructura como vías de comunicación o escenarios deportivos, o como el bitcóin y la Chivo, son también enclaves, que conviven con servicios públicos descuidados o en ruinas, un medioambiente insalubre, el desempleo, las desapariciones, las extorsiones y la emigración. El entorno hace de la declaración ministerial simple propaganda para entusiasmar a unos creyentes que toman la parte por el todo; extrapolan los enclaves de primer nivel al país. El dictador de Corea del Norte juega con misiles balísticos hipersónicos mientras pide a su gente comer menos para enfrentar la crisis alimentaria. Bukele sueña con un satélite. Una fantasía más, ya que el nivel educativo y tecnológico del país no está preparado para esa clase de empresas. Más asequible es el Chivo Pets, un centro asistencial público para animales, financiado con las supuestas ganancias del bitcóin. La aberración es muy similar a la norcoreana, que apuesta fuerte en geopolítica mientras la mayoría de su gente padece hambre. Las experiencias de primer nivel de Bukele están rodeadas de precariedad, miseria y violencia. Puede objetarse que el turismo trae divisas, muy necesarias para mantener en circulación el dólar, pero esa no es la cuestión, sino la sabiduría de crear espacios privilegiados que excluyen a la mayoría de la población. El primer nivel debe ser para esa mayoría, y su construcción puede comenzar por la educación, la salud y el empleo. Son proyectos de mediano y largo plazo. Por tanto, proyectos de Estado, no de un mandatario. Las metas de primer nivel requieren amplitud de miras y compromiso con la gente. Pero Bukele ha reservado ese nivel al Ejército, que se lleva el mayor incremento del presupuesto del próximo año, aun cuando el país no está en guerra. Otro sector igualmente privilegiado, según revela la información periodística, es el de la familia Bukele, sus socios y sus allegados. La información que se filtra con dificultad delata que ellos monopolizan la inversión pública, las concesiones y la corrupción. El ascenso del oficialismo actual muestra la gran habilidad de los oportunistas para medrar. Se dan maña para alinearse en el bando ganador. El alineamiento no es ideológico. De hecho, no hay ideas. De ahí que un diputado pregunte, muy seguro de sí mismo, si “los pagos en efectivo realmente se hicieron en efectivo”. Los parásitos proliferan donde vislumbran oportunidades para hacer dinero fácil. Por tanto, el oficialismo no debiera sorprenderse de que algunos de sus diputados se ofrezcan a otro que pague más que Bukele. Y este no debe culpabilizar a terceros, sino subir su oferta si desea conservar la aplanadora legislativa. La debilidad está en sus propias filas, no en el exterior. El no tener ideas, una supuesta virtud que sirvió de carta de presentación, ahora resulta un vacío peligroso. Es la misma “democracia” de siempre. No es necesario retornar a ningún pasado, porque este es todavía presente. El nuevo comienzo, el primer nivel y la democracia son expresiones sin contenido ni compromiso. El oficialismo no representa ni sirve otros intereses que no sean los suyos. El error garrafal de los diputados cyan no ha sido salir al mercado, sino intentar ingresar en un nivel que los Bukele se han reservado. Olvidaron que no tienen más competencias que las que estos les asignan. La ambición pudo más que la cláusula de exclusividad del contrato firmado con ellos. En cualquier caso, el conato de deserción evidencia la enorme debilidad interna del régimen. Sus diputados, sus magistrados y jueces no militan en sus filas por convicción, sino por dinero y por privilegios, como los vehículos que el presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia repartió entre los leales. La ambición no conoce la ética ni la circunspección. En una palabra, los peones del régimen no son de fiar. Desertarán si alguien ofrece más. El régimen lo sabe y por eso los espía. Así descubrió las conversaciones delatoras. Hacer pasar la parte como el todo oculta la realidad y proyecta la falsa sensación de que el país avanza en la dirección deseada. Pero los únicos que avanzan y prosperan son los asociados a la parte. Los demás, la mayoría, se hunden en sus desventuras. Aquellos que piensan que avanzan con la parte descubrirán su equivocación si miran con honestidad a su alrededor. * Rodolfo C

Como se sabe, el pasado 17 de octubre se realizó una numerosa manifestación en contra de los tres poderes estatales. Ciertamente, el número de asistentes fue menor a la sucedida el 15 de septiembre. Sin embargo, a juzgar por las imágenes y videos que circularon por medios de comunicación y por redes sociales, la protesta, pese a retenes policiales que obstaculizaron la afluencia desde el interior del país,1 logró convocar a una multitud. Al igual que las acciones de septiembre, la de aquel domingo congregó a una multiforme oposición. Feministas, víctimas del conflicto armado, representantes de iglesias evangélicas, activistas LGTBI, sindicalistas, jueces, residentes en Estados Unidos, entre otros. Del mismo modo ocurrió con las causas y reivindicaciones abanderadas por las personas manifestantes: descontento frente a la privatización del agua, preocupación y repudio ante las desapariciones, exigencias de justicia para las víctimas de Chalchuapa y las del conflicto armado, rechazo a la imposición del bitcóin como moneda de curso legal, rechazo al irrespeto de la Constitución, así como a la opacidad en el manejo de los fondos públicos. Esas y otras causas más. Una de las primeras dudas que emergen tras estos hechos políticos, tal como ya se ha sugerido en este semanario y en otros espacios, es el rumbo y el talante de la oposición. En otras palabras, plantea un desafío para la población organizada en las diversas expresiones de resistencia. Dicho desafío se manifiesta en dos direcciones. La primera, discernir la estrategia y, fundamentalmente, la discusión del país que se busca construir. Es decir, más allá de señalar los errores, negligencias y abusos del gobierno, que es necesario, requerirá de un esfuerzo por proponer un proyecto colectivo, inclusivo y que atienda las verdaderas necesidades de las mayorías. Un esfuerzo político que garantice el respeto a la Constitución. Esto sugiere el segundo desafío: trascender de las demandas sectoriales, específicas y pasar a una unidad que busque el bien común. ¿Cuál es o será ese punto de encuentro? ¿Bajo cuáles criterios? ¿Qué capacidad de diálogo existe entre estos sectores? Evidentemente, son dudas e interrogantes que quedan tras la muestra del descontento y que, probablemente, no tendrán respuesta en el corto plazo. Por su parte, la reacción del oficialismo también evoca una serie de preguntas. Algunos indicios, además de constatar el semblante autoritario, despiertan otras dudas y, en consecuencia, provoca pensar o conjeturar posibles escenarios. Una de esas reacciones que más llama la atención es el decreto de “Disposiciones especiales y transitorias de suspensión de concentraciones y eventos públicos o privados”, promovido por diputados del partido Nuevas Ideas. La disposición, aprobada el pasado 20 de octubre, tiene como objetivo prohibir toda concentración masiva ya sea de carácter público o privada. Asimismo, faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para actuar de oficio ante el incumplimiento del decreto y, a su vez, sancionar e incluso procesar penalmente a quienes convoquen a tales actos. Sin duda, es normal que un país, en medio del contexto global pandémico, busque proteger a sus habitantes. Ahora bien, ¿La disposición aprobada el 20 de octubre está centrada en controlar la propagación del virus? ¿Existe un trasfondo en ese decreto? Y es que la narrativa oficial (y voces afines) lleva a sospechar, y cuestionar, que las motivaciones de ese decreto no radican, únicamente, en asuntos relacionados a la salud pública. De ser así, hace tiempo hubiesen regulado, con medidas más drásticas y efectivas (aunque poco populares), eventos deportivos de gran convocatoria; por citar solo el mayor de los ejemplos. Como ya han apuntado algunas voces críticas, el decreto busca silenciar, e incluso, criminalizar el descontento social. Si bien es cierto, representantes de la bancada oficialista señalaron que no persiguen prohibir marchas, dada la correlación institucional de la actualidad, construida a la medida, no es arriesgado sospechar que las motivaciones del decreto son otras y que las consecuencias pueden atentar contra derechos esenciales. Toda esta reacción lleva a especular acerca de la lectura que ha realizado tanto el gobierno y sus apéndices. Sugiere pensar que la popularidad del presidente y de su partido están a la baja. Hace pensar que existe temor a la crítica, al diálogo transparente y a los reclamos de la población. En fin, al descontento social que crece y que cada vez se hace más evidente en los distintos canales de expresión. Reiteradamente, las autoridades y sectores afines han demostrado que estas acciones políticas han impactado. En definitiva, la coyuntura sugiere dudas y reclama desafíos a la oposición y al sector oficial. A la primera, le anuncia la necesidad de crear, a base de mínimos acuerdos, un proyecto político que denuncie, proponga y represente. A los poderes del Estado, en cambio, les demanda una actitud de respeto y escucha

Los nicaragüenses han sido convocados a asistir a las urnas el 7 de noviembre para una elección sin contrincantes. Daniel Ortega y su régimen se han encargado de anular a todos los candidatos relevantes provenientes de movimientos ciudadanos y partidos políticos democráticos, quitándoles sus derechos políticos, metiéndolos en la cárcel o sometiéndolos a arresto domiciliario. Por ello, lo que tendrá lugar en Nicaragua el próximo domingo es una verdadera farsa electoral en la que ya todo está decidido y en la que, una vez más, Daniel Ortega y Rosario Murillo se proclamarán vencedores. Cuando Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua, a principios de 2007, ya lo hizo sin contar con el voto de la mayoría de la población. En aquel momento, volvió al Ejecutivo con apenas el 38% de los votos, sin necesidad de una segunda vuelta gracias al pacto corrupto con Arnoldo Alemán. Un pacto que estableció que ganaría la presidencia el partido más votado, aun cuando no alcanzara la mitad más uno de los votos; bastaría con que en primera vuelta lograra alcanzar el 35% de los sufragios y que la diferencia con el segundo partido más votado fuera de 5 puntos. Según el acuerdo, Ortega y Alemán se repartirían el poder: el primero controlaría el Ejecutivo y el segundo, el legislativo. Pero una vez en la presidencia, Ortega acusó a Alemán de corrupción y lo metió en la cárcel, aniquilándolo políticamente y haciéndose con el control absoluto del poder. Desde entonces, las elecciones nicaragüenses han sido una farsa organizada por el régimen a través de un Consejo Supremo Electoral que solo defiende los intereses del FSLN, bajo control de Ortega y su grupo. Desde 2007, el Consejo ha organizado cinco elecciones presidenciales —contando la del próximo domingo—, y en todas ellas, sin excepción, ha cometido o permitido fraudes evidentes y bien documentados, e imposibilitado cualquier tipo de observación electoral independiente. Además, Ortega logró que la Corte Suprema de Justicia lo avalara para presentarse a reelección, a pesar de la prohibición constitucional correspondiente. De este modo, lleva ya 15 años como presidente ilegítimo, y va por 5 más. La evidencia más cruda de que en Nicaragua gobierna una dictadura se dio en abril de 2018, cuando los jóvenes se tomaron las calles para exigir que Ortega abandonara el poder. La respuesta fue una brutal represión que se saldó con cientos de muertos. Muchos de los que sobrevivieron fueron acusados de conspiración y traición a la patria en juicios amañados, sin defensa y sin garantías. Desde entonces, la persecución a los opositores no ha cesado, la libertad de expresión ha sido conculcada y los presos políticos sufren maltratos y torturas en las cárceles. Vana resultó la esperanza de que en las próximas elecciones el pueblo nicaragüense pudiera recuperar la libertad y la democracia. Frente a todo este proceso, los países centroamericanos han permanecido impasibles; en particular, los demócratas salvadoreños han mostrado poca solidaridad con el pueblo nicaragüense y sus sufrimientos. “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”, dice el saber popular. En El Salvador, el tiempo del remojo ya pasó; nuestra de por sí débil democracia está siendo recortada a diario por el ansia del poder total. Qué tan lejos se llegará es hoy la cuestión.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar un informe titulado “Desastres y desigualdad en una crisis prolongada”, en el que se recomiendan acciones para superar en el mediano-largo plazo los efectos de la pandemia de covid-19. Aunque en 2021 El Salvador ha experimentado un crecimiento económico extraordinario en comparación con la fuerte caída del año pasado, nada permite suponer que la tendencia se mantendrá en 2022. La prolongación de la crisis sanitaria, que continúa llenando las salas de cuidados intensivos y limitando las posibilidades laborales, hace prever un estancamiento. Y la crisis podría agudizarse si el Gobierno pierde posibilidades crediticias, no responde a los reclamos sociales y sigue abonando a la inseguridad jurídica. En el informe se señala que Latinoamérica se encamina hacia el aumento de la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad (personas que perciben un ingreso medio-bajo o inferior). Esta tendencia afecta especialmente a nuestro país, que hace unos años tenía prácticamente a un 80% de sus habitantes en situación vulnerable o de pobreza. Si a ello se suma el riesgo de desastres naturales propio de Centroamérica, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad se vuelve una verdadera amenaza. Frente a este panorama, la Cepal propone establecer sistemas de protección social universales y dignos. Proteger el ingreso familiar, garantizar la seguridad alimentaria, asegurar condiciones laborales y salariales igualitarias para la mujer, y defender el medioambiente son elementos también indispensables. Asumir con seriedad estas tareas para establecer un futuro diferente, más humano, más incluyente y justo, implica reconocer las graves deficiencias del país. Si los Gobiernos anteriores fueron lentos e irresponsables, el actual, tras dos años de ejercicio del poder y con un control casi total de la institucionalidad del Estado, carece de planes y proyectos para enfrentar los factores productores de riesgos. La alianza con algunos sectores del gran capital y proyectos como el del bitcóin, el ferrocarril costero y el aeropuerto en el oriente del país son meros parches si no existe un plan de desarrollo bien establecido, evaluable y que contemple propuestas como las de la Cepal, que en muchos aspectos coinciden con los Objetivos del Milenio. La incapacidad de elaborar planes de desarrollo humano hace más urgente un diálogo nacional. Sin diálogo nacional, no habrá desarrollo humano. Gritar e insultar, discutir quién es peor hace perder un tiempo precioso y agudiza una crisis que no beneficia a nadie.

27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS

Una de las frases más recordadas de monseñor Romero es la que dijo refiriéndose a la corrupción del sistema judicial “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. En aquel entonces, ese era un problema en toda Centroamérica. En El Salvador, la situación cambió poco durante la posguerra. Vale recordar el caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que renunció un par de días antes de terminar sus 9 años en el cargo, a fin de conseguir una prestación económica destinada a jueces de carrera que por razones especiales tuvieran que abandonar su puesto. Se trato de un fraude de ley que, aunque tuvo repercusión mediática, quedó en la impunidad. Por supuesto, siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema judicial; jueces a los que no les ha quedado de otra que convivir con colegas corruptos. A pesar de la existencia de esos jueces técnicamente buenos y de moralidad notoria, la lentitud del sistema, la indiferencia ante los derechos de las personas con menos recursos y las prácticas reñidas con estándares internacionales de derechos humanos son una plaga entre los operadores de justicia. Hoy en día, cuando desde ámbitos gubernamentales y legislativos se habla de luchar contra la corrupción judicial, se observa un empeoramiento de la situación. Se impuso una Corte Suprema obediente y dependiente de la presidencia de la República; se emiten leyes de reforma judicial que caen en la discriminación por edad, prohibida por una convención ratificada por el país; se premia a jueces interinos, elevándolos a jueces de cámara de segunda instancia, si favorecen con sus sentencias los deseos del poder político; los funcionarios se dan el lujo de desobedecer sentencias judiciales. Si antes el sistema judicial faltaba flagrantemente a la búsqueda de justicia, ahora además es más dependiente del Ejecutivo, más arbitrario en sus decisiones y más ineficiente a la hora de respetar derechos establecidos por la Constitución y por acuerdos internacionales. El deterioro ha llegado incluso a algo que había desaparecido: justificándolo en acusaciones caprichosas, se lleva a juicio a personas por razones políticas. En otras palabras, después de más de 30 años desde la firma de la paz, de nuevo hay presos políticos en El Salvador. En general, la corrupción de los sistemas judiciales es causa de graves confrontaciones y problemas sociales. La independencia, eficiencia y rectitud de los jueces es base indispensable para una democracia sana. Muchas de las medidas recientes, impulsadas mediante cambios bruscos e ilegales en la Corte Suprema, y a través de una poco reflexionada e injusta ley de reforma judicial, están llevando al país por derroteros inéditos de arbitrariedad y descomposición.

La sana convivencia social está basada en no dañar de ningún modo al prójimo. Nadie debiera quemar basura, incluso estando en su propia casa, si eso afecta a otras personas o familias. Lo mismo aplica a los tratos entre países. Si llega a arrancar, un proyecto de explotación minera en Guatemala podría causar un gravísimo daño a El Salvador. La mina Cerro Blanco en territorio guatemalteco, propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources, está lista para operar a cielo abierto, es decir, en la modalidad más dañina para el medioambiente y el ser humano. De nada serviría que nuestro país haya prohibido la minería en 2017 si este proyecto y otros similares se ponen en marcha. La mina está ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros de El Salvador y a unos 90 de la planta potabilizadora Las Pavas, por lo que los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, nuestra fuente de agua más importante. Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, un importante tributario del lago de Güija, que a la vez es la cabecera de la cuenca del Lempa. El Lempa nace en Chiquimula, Guatemala. En su recorrido pasa por territorio hondureño y entra a El Salvador por el departamento de Chalatenango, bordea los departamentos de Cabañas y San Miguel, y desemboca en el océano Pacífico, entre San Vicente y Usulután. Es, con mucho, el más grande y caudaloso del país. Del río Lempa se riegan hortalizas y verduras, se alimenta a miles de familias que viven en las cercanías de su cuenca, genera la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en el país, da agua a casi la mitad de la población de área metropolitana de San Salvador. En pocas palabras, contaminarlo es hipotecar la vida en el país. La mina Cerro Blanco implicaría no solo la destrucción de ecosistemas en territorio guatemalteco, sino la contaminación con cianuro y drenaje ácido de una de las principales fuentes de vida de El Salvador. Un Estado tiene soberanía sobre su territorio, pero esa soberanía está sujeta a la obligación general de no causar daño al medioambiente de otros países o a zonas allende su jurisdicción, como declara la Declaración de Río de 1992. El principio internacional de la buena vecindad coloca en los Estados la responsabilidad de no dañar el medioambiente; el principio de cooperación internacional contempla la obligación estatal de prohibir actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otras naciones. La situación es aún más preocupante porque parece no haber conciencia oficial ni pública sobre el gran peligro que se cierne sobre El Salvador. Que se sepa, no hay iniciativas para frenar el proyecto. Por supuesto, las controversias internacionales relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía diplomática. Los ejemplos abundan. En las riberas del río Nilo viven 160 millones de personas de 10 nacionalidades diferentes. Un tratado entre esos países ha permitido que el agua del Nilo llegue de manera aceptable a todos. Si hay buena voluntad y en el centro de la controversia se pone el derecho humano al agua por sobre el afán de lucro de las empresas mineras extranjeras, saldrá ganando la población y el medio ambiente tanto de Guatemala como de El Salvador.

Se espera que en los próximos días el Gobierno presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hay una razón fundamental que justifica y hace necesaria la reforma: el actual sistema de ahorro privado solo es capaz de otorgar a la mayoría de los trabajadores la pensión mínima, es decir, 304 dólares, independientemente del salario recibido durante la vida laboral. Ello se debe a que al dividir la cantidad ahorrada por cada trabajador entre 240, el número de mensualidades que establece la ley, el resultado es casi siempre menor a la pensión mínima. Sin embargo, hay que señalar que esto beneficia a las personas con los salarios más bajos y perjudica a los que han recibido mejores sueldos. El problema con las pensiones que ofrece el sistema no se debe únicamente al negocio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ni se solventará con una administradora pública. Debido a los bajos intereses que actualmente ofrece el mercado de capitales, los sistemas de pensiones como el nuestro, basados en el ahorro privado, requieren de más años de trabajo y de mayores aportaciones o cotizaciones para acumular el capital necesario para ofrecer buenas pensiones. En los sistemas de pensiones basados en el ahorro individual, el monto de la pensión depende de lo que cada cotizante logra acumular con sus aportaciones y de la rentabilidad que esas aportaciones obtienen en el mercado; no depende de nada ni de nadie más. Para satisfacer la demanda de mejores pensiones, equivalentes al 70% o 75% del salario previo a la jubilación, tal como están pidiendo algunos representantes sindicales, habría que implementar cambios en el sistema actual que tampoco serían del agrado de los trabajadores: (a) incrementar el número de años a cotizar para pensionarse; (b) aumentar el porcentaje de las cotizaciones mensuales; y (c) elevar la edad mínima para jubilarse. Sin embargo, estos cambios, que tendrían un importante impacto en la economía familiar y nacional, generarían otro problema: dejarían sin derecho a pensión a más personas por no tener estas el número de años de cotización requeridos para pensionarse, debido a la precariedad del mercado laboral salvadoreño. La alternativa es un cambio radical: abandonar el sistema de ahorro privado e implementar un sistema de reparto, basado tanto en los aportes de cada trabajador y su respectivo empleador como en la solidaridad intergeneracional, en la que los trabajadores activos apoyan con sus aportes el pago de las pensiones de los jubilados. Este tipo de sistemas son capaces de ofrecer mejores pensiones y ser sostenibles siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Primero, la persona que recibe pensión debe retirarse, a fin de que su puesto sea ocupado por alguien en edad laboral. Segundo, la edad de jubilación debe estar acorde con la expectativa de vida: a mayor expectativa de vida, mayor edad de jubilación; a menor edad de jubilación, menor la pensión a otorgar. Tercero, el sistema debe ser equitativo para hombres y mujeres, y debe tratar a todos los derechohabientes por igual, sin excepción. Cuarto, los aportes al sistema de pensiones deben ser acordes a las pensiones que se otorguen. Quinto, por cada trabajador pensionado debe haber un número mínimo de trabajadores activos; actualmente, en el caso de El Salvador, se requerirían seis personas trabajando por cada trabajador pensionado. Sexto, el monto de las pensiones debe estar relacionado con los años trabajados. Y séptimo, las pensiones a otorgar deben tener un valor mínimo y uno máximo en función de cálculos actuariales. Es totalmente imprescindible, además, que el nuevo sistema de pensiones esté blindado, es decir, que los fondos que se aporten al sistema no puedan ser utilizados para nada más que para el pago de pensiones. En este sentido, el patrimonio actual del sistema de pensiones debe ser respetado y debe garantizarse que se destinará únicamente al pago de las pensiones. Asimismo, es esencial que las decisiones sobre las pensiones se tomen con base en argumentos y estudios técnicos, nunca por intereses políticos. Por esto último, tanto los trabajadores como los empleadores y el Gobierno deben estar representados en la instancia que administre el nuevo sistema previsional. El sistema de pensiones de El Salvador requiere un cambio de raíz si lo que se pretende es responder al derecho de los adultos mayores a una vida digna y garantizar los aspectos fundamentales de un sistema de protección social universal: participación de toda la población económicamente activa, independientemente de si las personas son empleadas o trabajan por cuenta propia, y del rubro de la economía en el que se desempeñan; pensiones dignas tanto para las actuales como para las futuras generaciones; autosostenibilidad del sistema, de modo que el monto total de los ingresos por las cotizaciones sea al menos igual al del total de egresos por pago de pensiones y cualquier otro beneficio que el sistema otorgue. Estos son

Mentir sobre los demás es una forma tradicional de esconder los errores propios. Cuando representantes del Estado acusan a sus críticos, la ciudadanía puede dar por supuesto que algo quieren ocultar. Cuando se desea ver corrupción donde no la hay, lo usual es que quienes acusan estén buscando disimular su propio techo de vidrio. Los ataques a la UCA por parte de políticos de Nuevas Ideas son un claro ejemplo de ese modo de actuar que confía en que el insulto descarado y burdo tape las propias contradicciones. No son los únicos que atacan o han atacado a la Universidad. En el pasado, los militares llamaban “comunistas” al liderazgo universitario, pensando que de ese modo podía quedar impune el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas. Diversos areneros repitieron casi maquinalmente lo mismo durante un buen tiempo. Y no faltaron miembros del FMLN que acusaban a la UCA de un giro conservador cuando se les criticaban sus errores o cuando no se actuaba según sus conveniencias. Pero nada detuvo a la Universidad a la hora de ser fiel a los intereses de las mayorías; ni los veinte años de una Arena injusta, oligarca y ultraconservadora, ni los diez años de un FMLN tibio y muchas veces incapaz de pasar de un hipócrita lenguaje solidario a una acción seriamente comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Los actuales acusadores de la Universidad José Simeón Cañas piensan que pueden convencer a la población de que todo el mundo se vende. Y mezclan así la corrupción de unos con los insultos calumniosos a otros, creyendo que su estrategia es genial y que el éxito está asegurado a base del manejo intensivo de redes. Sin embargo, su táctica nos les rinde los resultados esperados. La UCA les contesta en un comunicado ofreciendo la verdad de lo que hay: la institución educativa realizó servicios que los Gobiernos no podían hacer y solamente si esos servicios iban encaminados al bien común, de un modo especial en el campo del saber y de la educación. Los que dicen ser distintos actúan como los mismos de siempre: calumnian y se venden a cambio de un puesto en el Estado, ya sea para sí o para sus familiares. La UCA siempre ha pensado que El Salvador necesita dialogar sobre los problemas que aquejan a las mayorías. Esa actitud le ha costado insultos y ataques, incluso sangre. Pero el diálogo solo se puede entablar sobre el afán de verdad de las partes. La imposición y el gusto por la polarización no permiten establecer la confianza requerida para llegar a acuerdos. Quienes prefieren imponer sus criterios y caprichos rechazan todo lo que no conduce al sometimiento y a la inclinación reverente de la cabeza. En realidad, se acaban haciendo daño a sí mismos, porque, aunque se impongan durante algún tiempo, la mentira nunca es duradera y se revierte contra sus artífices. A diferencia de ellos, y porque cree en el diálogo y en la verdad, la Universidad afirma sin ambages que no tiene nada que esconder.

El arte de conseguir que una sociedad hable de lo que se quiere que se hable es una habilidad estratégica para cualquiera que se encuentra en el poder. Al poder le gusta que la sociedad hable de ciertos temas y que calle otros. Por ejemplo, cuando un periódico digital sacó una publicación que mostró que el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió más de cuarenta mil sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) por un valor de $1,609,087.50, el equipo de comunicación del presidente de la República cambió la descripción del perfil del mandatario a la de “Dictador de El Salvador”. Posteriormente, para asegurar el impacto internacional, la frase fue cambiada a “el dictador más cool del mundo mundial”. El equipo de comunicación del presidente ha sido hasta el momento muy exitoso. Y buena parte del poder que concentra el grupo de la oligarquía que se ha aliado con el presidente se debe justamente a ese éxito. Sin embargo, un ejercicio ciudadano básico consiste en no seguir el juego de los grupos de poder que intentan definir de qué hablar (el setting, como se conoce en los estudios sobre opinión pública) y cómo hablaremos sobre ello (el framing, es decir el enfoque, las discusiones que tendremos). Mientras el grupo de poder intenta que sigamos su juego, hay varios elefantes entre nosotros de los que es necesario hablar. ¿Qué tal si discutimos colectivamente sobre el aumento de los casos de covid-19 y sobre la decisión de no solo no volver a una cuarentena estricta, sino también de no implementar medidas para reducir la movilidad y las aglomeraciones? ¿Qué es lo que se pierde y qué se gana al volver a un cierre como han hecho la gran mayoría de países avanzados? Incluso se ha tomado la decisión de no suspender las clases, como señaló la Ministra de Educación, a pesar de que en las últimas semanas “murieron 55 educadores, 8 estudiantes, 39 padres y madres de familia y 3 abuelos”. O por ejemplo, para evitar las aglomeraciones se ha decidido no permitir ventas de comida dentro de un estadio que estará a su máxima capacidad para el partido contra México. También podemos discutir los datos que existen sobre la cantidad de personas vacunadas y lo que falta por hacer, revisar cuántas campañas educativas en torno a la vacunación hemos visto y cuáles son los programas de divulgación de ciencia que el Gobierno está impulsando en este momento. O mejor aun, ¿Por qué no empezamos a debatir sobre el aumento del calentamiento ya no global, sino local y sobre el impacto del uso de combustibles fósiles en el país? ¿Qué planes tenemos para reducir el impacto ambiental en un territorio que, de acuerdo a los expertos, es ya uno de los más afectados por el cambio climático? Podemos hablar entonces de la ley de aguas que fue desechada, del Acuerdo de Escazú que el Gobierno se negó a firmar. De esa noción de progreso que es tan propia de los países subdesarrollados en donde se plantean falsos dilemas: o el progreso que trae el cemento (grandes construcciones, carreteras y viviendas) o el mundo ecológico en donde los seres humanos no tendremos nada. Si nos decidimos por esto podremos discutir sobre cómo el cemento y la noción de progreso es insostenible. Podríamos también discutir sobre cómo El Salvador ha contaminado más del 90% de sus aguas superficiales y cómo en realidad existen formas de convivencia en donde el desarrollo no está reñido con el cuidado de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros cielos. Podemos también discutir quiénes son los otros grupos poderosos que se están beneficiando con este Gobierno. Podemos revisar los permisos que se han otorgado para la construcción del megaproyecto Ciudad Valle del Ángel, o al menos las investigaciones que se han hecho tratando de averiguar la información reservada y discutir por qué este gobierno está beneficiando a la familia Dueñas en detrimento de muchos pobladores de la región. Hablemos también de la cifra récord de salvadoreños que han sido detenidos mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos, 88 mil solo en este año (tres veces más que en 2019) y sobre el aumento de remesas que hace que la economía no colapse aún. Hablemos de los miles de empleos que se han perdido y sobre las tres mil nuevas plazas que ha creado el gobierno, y que se pagarán con nuestros impuestos. Hablemos de nuestros niños y niñas que siguen sin recibir computadoras. De lo difícil que se ha vuelto ahora confiar en que estamos aprendiendo nuevas competencias y habilidades en un sistema educativo que se maneja a punta de mensajes de Whatsapp. Hablemos de los desaparecidos, de los asesinados, de los que ya no están por la pandemia. Hablemos de la tristeza que estamos cargando y de la falta de acceso a tratamientos para la salud mental en nuestro país. Hablemos de la falta de medicinas para atender otras enfermedades, de los nuevos peligros que enfrentan nuestros enfermos de cáncer, de problemas renales, de degeneracion

La crisis migratoria en América Latina va en aumento. En México se amontonan cientos de miles de migrantes. Los niños detenidos en recintos prácticamente carcelarios se cuenta por decenas de miles. Los venezolanos salen de su país por millones. A los haitianos los cazan a caballo los gringos. Y decimos “cazar” porque no hay otra palabra para definir la indignidad que nos muestran las fotografías de policías estadounidenses a caballo persiguiendo y capturando haitianos. Si el mundo es de todos, si nos llenamos la boca hablando de la aldea global, los migrantes nos descubren la hipocresía y la falsedad del mundo del bienestar que gusta llamarse a sí mismo “desarrollado”. El mismo mundo de la riqueza que defiende aprovechar las oportunidades y acudir libremente a donde se puede hacer dinero muestra colmillos de perro a los pobres de nuestros países cuando se acercan a sus fronteras, movidos por esas mismas propagandas de la libertad para aprovechar oportunidades. Incluso nosotros, en nuestros países generadores de migración, cuando llegan migrantes de otros países, tenemos la tentación de actuar como los inmorales del norte. Pero si de inmoralidad se trata, también nosotros tenemos que revisar nuestras cuentas pendientes. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades generadas por estructuras profundamente injustas; la violencia; las políticas irresponsables, autoritarias y polarizantes son las causas de fondo por las que la mayoría de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos huyen de sus países. Nuestra gente deja tierra y amigos, cultura asimilada y tradición festiva para alojarse en un país que nunca los verá como ciudadanos propios, pero que al menos les deja ganar lo suficiente para vivir un poco mejor e incluso ayudar a sus parientes que permanecen en sus pobres patrias rotas. Es impresionante que haya que gastar 11,000 dólares para emprender un viaje de peligros y dificultades con un porcentaje relativamente alto de fracasos. Pero el riesgo de quedarse es todavía mayor para mucha gente, y por eso la sangría poblacional no cesa. Ante la situación hay dos caminos básicos. El primero es el de la solidaridad con los migrantes. Cristianos que creen en las palabras de Jesús de Nazaret, “Era peregrino y me hospedaron”, no pueden ni deben quedarse indiferentes ante el drama actual. Y más sabiendo que Jesús insiste en que “lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. Personas que creen en la igual dignidad de todos los seres humanos no pueden ni deben cerrar los ojos ante la tragedia. No hablar, no denunciar la hipocresía y la dureza de los países ricos es negar la propia humanidad. Solidarizarnos en todas partes con nuestros hermanos migrantes que huyen de la inhumanidad para caer en otras manos igual o más inhumanas, es imprescindible. Acoger, fomentar la virtud de la hospitalidad, apoyar al caminante en sus procesos resulta un deber ético de primer orden. El segundo camino, también necesario, es comprometernos con el desarrollo solidario y equitativo de nuestros países, crear una convivencia social justa, construir instituciones realmente al servicio del desarrollo de las capacidades de las personas. Ese es el reto que muchos tenemos como país. La desigualdad, el autoritarismo, la condena a la pobreza que producen nuestras instituciones deben ser combatidos. Que nadie migre por necesidad o por miedo es una tarea pendiente que debemos enfrentar en El Salvador y en Latinoamérica. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los legisladores están para obedecer, no para pensar, mucho menos para discutir. No discuten los anteproyectos de ley y el trabajo de las comisiones es casi nulo. Aprueban casi toda la legislación con dispensa de trámite, es decir, sin conocimiento ni debate. La comisión del agua se negó a escuchar a la sociedad organizada, que pedía acceso universal a ese bien público vital. Las que dicen investigar la corrupción gubernamental pasada no descubren nada nuevo. Persisten porque sirven bien a la estrategia publicitaria presidencial, que se ensaña con Arena y el FMLN. Los legisladores no representan a quienes los eligieron, sino a Bukele y sus hermanos, que los colocaron en el escaño para dar formalidad jurídica a sus deseos. La aplanadora oficialista legisla desde la ignorancia. En parte, porque la mayoría no tiene la educación y la experiencia mínima necesarias para desempeñar con solvencia una diputación; en parte, porque no le interesa el pensar y el sentir de sus representados, aun cuando asegura servir al pueblo. Uno de los diputados satélites del oficialismo reconoció públicamente sin vergüenza alguna que desconocía el bitcóin. Sus colegas no deben ser más entendidos, ya que Casa Presidencial, una vez aprobada la ley, solicitó una consultoría externa. Los términos de referencia hablan por sí mismos: beneficios de la criptomoneda; utilización por parte de los funcionarios, los empresarios y la ciudadanía; regulación, promoción, inversión en infraestructura y tecnologías emergentes; y brecha digital. Dicho de otra manera, aprobaron una ley sin saber qué aprobaban. Otro tanto se observa en la purga de los jueces y los fiscales. Los considerandos de las leyes reformadas aluden a “la modernización” de la judicatura y a la regulación de la carrera fiscal. Poco después, Bukele dio la nota y diputados y funcionarios entonaron la justificación esperada: los mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio fueron depuestos por corruptos. La relación entre la edad o los años de servicio, y la corrupción no ha sido establecida aún. Tampoco por qué algunos de los comprendidos en la purga continuarán en sus puestos, incluido el padre del fiscal general. La incoherencia y la irracionalidad no representan dificultad alguna para unos legisladores que saben bien a quién deben el escaño y para qué lo ocupan. La práctica de esta legislatura obliga a cuestionar su utilidad. Se podría prescindir de ella, ya que no aporta ni controla. Bastaría con dejar constancia de la mayoría de votos del oficialismo y sus socios, y aplicarla automáticamente a los deseos presidenciales con formato de anteproyecto de ley. Eso supondría un ahorro considerable para la maltrecha economía pública, ya que no habría que pagar salarios y prestaciones por oprimir semanalmente un botón. Pero eso sería contra natura. Los legisladores sirven bien al amo a cambio de las comodidades y los privilegios del funcionario público de alto rango. La práctica legislativa actual no es nueva. Es idéntica a la de los partidos oficiales de los militares, de Arena y del FMLN. En realidad, el autoritarismo no necesita la formalidad institucional. El oficialismo racionaliza con los resultados electorales su manera de proceder. “Si el pueblo […] otorga el poder para hacer cambios y el pueblo exige esos cambios, sería no menos que una traición no hacerlos”, declara Bukele, muy seguro de sí mismo. Pero se equivoca al suponer, sin fundamento, que el voto es una autorización para introducir “cambios” sin más y que puede dictar cuáles son los cambios convenientes para la ciudadanía. Prueba de ello es el creciente rechazo social a sus cambios. Las tres protestas masivas de septiembre son elocuentes. Manifiestan que el oficialismo no representa a una parte cada vez más significativa de la opinión pública. La reacción no se ha hecho esperar. La cuenta presidencial en Twitter es más irascible y la represión se cierne cada vez más amenazadora. El acoso se ha intensificado y ya utilizaron la primera lata de gas pimienta. El régimen tolera mal el contraste entre la calle y el espejismo de las redes sociales. Mientras Bukele y los suyos desacreditan la protesta por considerarla comprada con dólares estadounidenses, por abusar de la tercera edad, por acarrear gente, por la ortografía popular, los descontentos ocupan resueltos el espacio público para gritar su frustración, su rechazo y su cólera. Y serían más si la Policía no entorpeciera concurrir a las convocatorias. El señalamiento a la líder de sus asesores venezolanos en la última protesta indica el nivel de la ira popular. Atribuir la protesta a Arena y al FMLN es reconocerles un poder de movilización que estos partidos perdieron hace ya tiempo. El régimen sobrelleva una perturbadora crisis de representatividad y credibilidad. Su popularidad muestra fracturas que amenazan su estabilidad. Impotente, observa cómo pierde el control de la opinión pública. En el desconcierto, Bukele se ensaña con los chivos expiatorios de siempre y

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales. Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad. Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario. En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo

Octubre ha comenzado con dos días internacionales. El 1 celebrábamos el día del adulto mayor y el 2, el de la no violencia; ambos son días internacionales propuestos por la ONU para ayudarnos a reflexionar. Pero con demasiada frecuencia nos gusta más la pelea del momento que la reflexión. Y así hemos celebrado al revés estos días. El del adulto mayor no se ha celebrado; simplemente se ha ofendido y se ha hecho burla desde el poder a los derechos de los ancianos. Una Asamblea de jóvenes ignorantes y una Corte Suprema dirigida por farsantes del derecho han decidido celebrar el día del adulto mayor jubilando por decreto a los jueces de 60 años de edad en adelante. Algunos de los jóvenes diputados, con ese estilo de rebeldes neofascistas, se han dedicado no solo a violar una convención de derechos humanos ratificada y, por tanto, vigente y generadora de obligaciones en El Salvador, sino a insultar a los jueces de la tercera edad generalizando la acusación de corrupción. Los jueces de la Corte, por su parte, parecen haber cambiado las credenciales que la Constitución les otorga. En vez de la calificación que la Constitución les exige de instrucción y moralidad notorias, han preferido las palabras que dicho texto dedica a los militares: obedientes y no deliberantes. Pero no a la ley, sino al mandato del amo. Con este estilo de los diputados, tan lleno de desparpajo e ignorancia, solo falta que el Gobierno destroce las pensiones, a las que más de uno en los ámbitos del poder parecen tenerle hambre. Si en los tiempos fuertes de la pandemia se descuidó a los ancianos de los asilos, parece que ahora se quiere ir por el resto, empezando por los jueces. El día 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia, estatuido en recuerdo de Gandhi. Y precisamente en ese día, Amnistía Internacional pidió que en El Salvador cese el abuso policial contra los jóvenes. Seguro que acabarán diciendo que Amnistía Internacional depende de Soros. Pero, ya puestos a celebrar el día, al ministro de Hacienda no se le ha ocurrido nada mejor que presentar un presupuesto nacional dándole a la Fuerza Armada el aumento monetario más grande de estos casi 30 años de paz. Mientras las armas aumentan, continúan las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de jóvenes, y se estancan en la Fiscalía crímenes de grupos de exterminio, como el cometido contra el P. Walter Vázquez hace ya más de tres años. Más dinero a los militares y menos juicios a los exjefes de Estado Mayor parece el modo de celebrar la paz entre nosotros. Si la no violencia de Gandhi estaba llena de reflexión y de opciones serias de desarrollo humano, algunos de los ideólogos del poder no saben más que destilar acidez en las redes, pensando que el insulto es una forma moderna de libertad de expresión que resulta muy dulce ejercitarla desde el poder, una forma tan moderna como poética de ejercer el servicio público. A los pobres hombres y mujeres que así actúan, Gandhi les debe parecer una pieza de museo. Celebrar las cosas buenas siempre es educativo. Celebrar a las personas que nos mostraron camino de humanidad en el país es necesario para el desarrollo ético de las nuevas generaciones. A los mayores les debemos la memoria y una buena parte de la identidad de nuestro pueblo. La no violencia activa ha tenido mártires en el país, que han hecho más por el prestigio y el respeto a El Salvador que todas las narrativas de los millonarios, de los amantes de las armas y de los tejedores políticos de sueños y promesas. Cuando lo bueno no se celebra, algo falla en los valores morales de una comunidad. Cuando vemos el cariño con que la gente de bien celebra a sus abuelos, no podemos menos que asustarnos cuando vemos la brutalidad irresponsable e ilegal con la que se despoja de su trabajo a gente honesta, discriminándola por edad. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La baja calidad de la educación pública salvadoreña es un hecho incuestionable desde hace décadas. Varias son las causas, pero en primer lugar debe señalarse el históricamente ba jo presupuesto dedicado al sector. Esto tiene como consecuencia directa escuelas sin las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje; sin bibliotecas, laboratorios o espacios recreativos; sin las herramientas y materiales pedagógicos que una educación de calidad requiere; sin conectividad a Internet; con jornadas educativas presenciales demasiado cortas; con un elevado número de estudiantes y con docentes que deben atender en una misma aula a niños de distintos grados; con salarios insuficientes y desmotivadores que obligan a muchos docentes a realizar dobles jornadas para conseguir el ingreso necesario para una vida más o menos digna. A la baja inversión hay que sumar la incapacidad de los sucesivos liderazgos que han estado al frente de la educación nacional para ejecutar los planes estratégicos que ellos mismos se han propuesto. Más aún, cada nuevo titular que llega al Ministerio de Educación inicia un nuevo plan, sin contar con nada de lo hecho anteriormente. Otros aspectos nocivos son la incapacidad de organizar adecuadamente y a nivel nacional el proceso educativo, asignar las direcciones de los centros escolares y formarlas, garantizar que las escuelas cuenten con docentes especializados en cada una de las áreas del conocimiento y tener en cuenta la especificidad del contexto en el que se encuentra cada centro educativo. Todas estas dificultades se han puesto más claramente de manifiesto con la pandemia de covid-19. Muchas escuelas no han podido retomar las clases presenciales por no contar con cosas tan elementales como agua potable. El coronavirus también ha revelado la falta de formación para la enseñanza en línea, el bajo conocimiento del personal docente en el uso de las tecnologías digitales, la dificultad de la población estudiantil para acceder a ellas (fundamentalmente por la pobreza en la que vive el 40% de la población) y la enorme brecha entre los sectores rurales y urbanos. Asimismo, ha quedado en evidencia el papel crucial de los docentes para mantener la continuidad del aprendizaje y dar apoyo socioemocional a sus alumnos. En este sentido, no cabe más que respaldar a las voces que claman por una mayor capacitación y mejores condiciones docentes. En este contexto excepcional, es de justicia reconocer la encomiable labor, gran entrega y alta motivación de muchos profesores, que pese a las adversidades y dificultades realizan la misión que se les ha encomendado. Por ello, cobra especial significado el mensaje de Naciones Unidas en el Día Mundial de los Docentes: “Es muy importante reconocer la excepcional dedicación y valor de los docentes, y su capacidad de adaptación e innovación en condiciones muy difíciles e inciertas. Son agentes esenciales en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación y resultan fundamentales para acelerar el progreso hacia una educación inclusiva equitativa y de calidad para todos los alumnos, en cualquier circunstancia”. La pandemia ha perjudicado la formación de millones de niños y niñas en el mundo; en El Salvador, son miles los niños que han abandonado la escuela y probablemente muchos más los que no han alcanzado el nivel de aprendizaje requerido para el grado que cursan. Para tratar de recuperar la educación, un primer paso es reabrir las escuelas lo antes posible. La experiencia de otros países muestra que ello es posible sin poner en riesgo la vida de los educandos. Pero antes, por supuesto, se deben realizar mejoras en todas las escuelas públicas que lo necesiten. La recuperación de la educación solo podrá realizarse si, además, se trabaja en conjunto con los docentes, dándoles voz y voto en las decisiones que se implementen, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento. Son los docentes los que mejor conocen las necesidades y realidad educativa del país.

Nuevas mentiras Editorial UCA 04/10/2021 En general, la clase política salvadoreña privilegia la mentira sobre la verdad. No todo lo que dice es falso, pero suele mentir cuando promete bienestar, cuando habla de justicia social haciendo propaganda gubernamental y cuando asegura que en el país se respetan los derechos humanos. En el mundo se ha impuesto la época de la posverdad, en la que se confunde la verdad objetiva con el interés particular y en la que se crean emociones y esperanzas para inhibir el uso de la razón. En este sentido, la mayoría de políticos salvadoreños han resultado avezados, pues por tradición han buscado confundir dictadura con democracia, guerra civil con terrorismo, y corrupción y enriquecimiento ilícito con progreso nacional. Y por ello están aprovechando al máximo este tiempo, donde con facilidad la mentira se mezcla con verdades a medias o se hace pasar por una verdad dogmática a base de una propaganda que falsea la realidad. Asegurar que el bitcóin enriquecerá al país y generará desarrollo para todos es una de esas mentiras con pretensión de verdad. En ninguna parte del mundo una criptomoneda ha conseguido el enriquecimiento general de la ciudadanía de un país. Es un negocio de pocos: en enero de este año, una encuesta realizada de forma virtual revelaba que, a nivel mundial, poco más de 22 millones de direcciones únicas de Internet enviaron o recibieron criptomoneda. Aunque este tipo de transacciones va creciendo, el reducido acceso a Internet en El Salvador y la poca capacidad de seguimiento de las variaciones del valor de las criptomonedas limitan severamente el uso de las mismas. Como en la mayor parte de los negocios, un grupo reducido se enriquecerá con el bitcóin; para la mayoría de la población no significará más que una nueva mentira. Así como también lo es decir que se quiere sanear el sistema judicial mientras se remueve jueces discriminando solo con base en la edad; una mentira que busca hacer pasar el mal como un bien. Si la mentira crece y la noción de verdad desaparece, se terminará por identificar la verdad con la pura conveniencia personal, eliminando en la práctica la ética y la moral. Y en la medida en que la capacidad racional de buscar y encontrar verdad disminuya en el país, disminuirá también la capacidad de diálogo. Ya sabemos a qué tipo de desgracia y represión, brutalidad y desconfianza lleva la falta de diálogo. Quienes desean establecer puentes para el entendimiento saben que algunos miembros del Gobierno están dinamitando todos los mecanismos de diálogo. Ello queda claro en las redes, con un nivel de agresividad que en la vida real llevaría a la violencia física. Y se ve en la falta de voluntad de hablar seriamente con la sociedad civil crítica, a la que se acusa de aliada de los poderes del pasado. Una sociedad civil crítica que se ha distinguido históricamente por trabajar en favor de la paz y por luchar contra la violencia, la corrupción y la ineficacia gubernamental, desde mucho antes de que nacieran algunos de los diputados actuales. Utilizar la mentira contra un sector de la población solo empeorará la crisis actual.

La intervención del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene una interesante novedad. En ella, Bukele esboza su visión del desarrollo. Aspira a construir una sociedad donde cada uno trabaje en lo que le gusta, ya que, al ser de su agrado, trabajará bien; y donde nadie trabaje “un día más” del deseado. Cuando ese momento llegue, desaparecerá el anciano deslomado por el acarreo de pesados fardos, la mujer que empuja un carrito por la calle lleno de cualquier cosa vendible, el comercio informal en calles y plazas, y el trabajo infantil. “Eso es lo que haremos, poco a poco”, ratificó Bukele, “tratando de construir, poco a poco, las oportunidades y cultivando el criterio para utilizarlas”. El futuro prometido es francamente atractivo, pero es igualmente irreal. Si bien Bukele aseguró que avanzará “lo más rápido que podamos”, no indicó cuándo y cómo lo hará. Tampoco los riesgos de esas oportunidades, ni su costo, ni quién pagará. Responder estas preguntas evita crear falsas expectativas. Las primeras piedras de las gigantescas obras que ha prometido colocar el próximo año no conseguirán que cada uno trabaje el tiempo que quiera, en lo que le gusta. Si así fuera, los inmigrantes salvadoreños residentes en Estados Unidos, un país con grandes infraestructuras, ya estarían disfrutando de ese mundo fantástico. Un mundo así requeriría un Estado de bienestar que los países escandinavos, donde los servicios sociales son universales y de excelente calidad, no han alcanzado. Semejante construcción social requiere redistribuir la mayor parte de la riqueza nacional, algo que Bukele no se atreve a intentar, ni siquiera en escala modesta. Prefiere repartir dólares y alimentos, y confiar ciegamente en la tecnología, la globalización y “el potencial infinito de la imaginación de la creatividad humana” para “continuar el progreso de la humanidad”, como una “carrera de relevos” infinita. Por tanto, el progreso se logra con “la mínima voluntad” y con otros “optimistas del futuro y del potencial humano” como él. Bukele está convencido de que la libertad humana no tiene límites y que, por tanto, puede llegar adonde se lo proponga, así como explotar impunemente la naturaleza. El rechazo de los límites conduce a la desmesura y a la creencia de que todo es explotable y utilizable. Sin embargo, solo ha puesto en práctica su ilusa concepción de la libertad en el ámbito estatal, donde ha suprimido los límites y los controles del poder presidencial. La censura de la comunidad internacional le ha provocado tal disgusto que le echó en cara no haber sabido aprovechar las crisis mundiales para “analizar si estamos haciendo lo que en realidad debemos” y por no escuchar sus advertencias sobre cuál es el camino correcto. En cambio, cuando él aprovecha la crisis nacional para “hacer las cosas diferentes”, lo critica, “en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino”. Ante tanta insensibilidad, Bukele no solo anunció desafiante “la intención […] de irnos por ese nuevo camino, el camino de nuestro desarrollo”, sino que también presagió que este es “un camino que el resto de la humanidad pudiera seguir”. Asimismo, avisó que no tolerará intromisiones. Solo aceptará la cooperación de quienes respeten su autoritarismo, el camino que conduce a la prosperidad y la felicidad. El presidente salvadoreño se ha presentado ante la comunidad internacional como el único que conoce cómo superar las crisis de “un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más indigente, un mundo donde nadie sabe hacia dónde vamos”. Pero su presidencia se caracteriza por dividir e improvisar, lo cual genera ansiedad y profundiza la pobreza y la desigualdad. Contradictoriamente, confía en las bondades de la globalización para alcanzar el progreso, pero rechaza cooperar con las otras naciones. Estas deben seguirlo, no indicarle cómo gobernar. Bukele pretende marchar en solitario, como un iluminado, hacia el reino de jauja, acompañado de voluntaristas y optimistas. Mientras las potencias se esfuerzan por hacer a un lado sus diferencias y encontrar acuerdos para enfrentar los desafíos del mundo actual, desde el calentamiento global, el crimen organizado y el terrorismo, pasando por los regímenes autoritarios y represivos de todos los colores, Bukele las desafía, desde una perspectiva miope. No conoce más crisis que las guerras mundiales y la pandemia de la covid. Y su modelo de optimismo es la década de 1920, cuando, según él, “la humanidad pensaba en el futuro que quería y trabajaba para lograrlo”. En realidad, lo que sobrevino fue la gran crisis del capitalismo de 1929 y la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y la bomba atómica. No debe extrañar, entonces, que su discurso caiga en el vacío. Su planteamiento carece de fundamento y su propuesta es irreal. El sensato recapacitaría y tomaría otro camino. Pero la consistencia no es virtud del mandatario. Incoherentemente, no sigue los consejos que da a la comunidad internacional sobre la

El editorial para hoy 29 de septiembre. Para la presente semana habla sobre la importancia de vacunarse.

El mensaje del papa Francisco para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado tiene como lema y horizonte “Hacia un nosotros cada vez más grande”. Sucintamente podemos decir que el texto recoge uno de los principales desafíos que tiene el mundo actual: el “nosotros” está roto y fragmentado, herido y desfigurado. El papa reitera que “los nacionalismos cerrados y agresivos [...] y el individualismo radical [...] resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia”. Asimismo denuncia que el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados. La reconstrucción del “nosotros” tiene para el papa un referente de fe esencial: el Dios de la Biblia quiso salvar a la humanidad, pero no persona a persona, individualmente, aisladas entre sí, sino organizándolas en un pueblo. “Un nosotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: ‘¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos’”. Desde esta inspiración, el papa habla de la necesidad de una Iglesia cada vez más católica, de un mundo cada vez más inclusivo y de una posibilidad histórica de soñar juntos un mundo nuevo. Respecto a lo primero (unidad en la diversidad), el papa señala que “los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los apóstoles”. El anuncio de la cercanía del reinado de Dios implicará para la Iglesia salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias, puntualiza Francisco, encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación, mostrándose solidarios con ellos. En cuanto a la construcción de un mundo cada vez más incluyente (donde se derriben muros y construyan puentes), el obispo de Roma hace un llamado a todos los hombres y mujeres del mundo a recomponer la familia humana para construir juntos un futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. En esta línea, recuerda que el futuro de nuestras sociedades es uno “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. El papa afirma que “las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande”. Finalmente, exhorta a soñar juntos. A hacerlo “como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas”. Este soñar juntos implica, según lo refiere en varios de sus escritos, la búsqueda de economías que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, techo y trabajo. Supone políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. Comprende la existencia de un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Un movimiento, en fin, que proclame que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida (utopía de la civilización del encuentro y el cuidado). En suma, las siguientes palabras que encontramos en el texto plasman el núcleo de este mensaje: “Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad”. * Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La supuesta depuración de jueces corruptos es en realidad un mecanismo de control político: se expulsa a un buen número de jueces independientes y se le da más poder a magistrados corruptos plegados al Ejecutivo. Si en algo podría estar de acuerdo la mayoría de la población con el Gobierno es en que se necesita una depuración tanto en el sistema judicial como en la Fiscalía General de la República. Pero la depuración impulsada va por un camino equivocado que destruye la poca seriedad que había en ambas instituciones. Si honestamente se quisiera depurarlas, la ruta debería ser otra, no en base a despidos masivos, sino evaluando a cada juez o fiscal de manera independiente, legal y con criterios consensuados previamente. De hecho, la Constitución ofrece criterios de evaluación que no se están tomando en cuenta en este desastroso e ilegal proceso de depuración. La moralidad notoria, el respeto a la presunción de inocencia, la transparencia informativa y la capacidad de enjuiciar crímenes de lesa humanidad podrían ser, entre otros, acápites de una buena evaluación. Pero, para los depuradores, este tipo de criterios poco importan. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa impuso como miembro de la Sala de lo Constitucional a un exfiscal que coaccionó a una persona acusada de ser parte del entramado de corrupción de Antonio Saca. La Asamblea Legislativa, muy probablemente por ignorancia irresponsable, y la Corte Suprema de Justicia, simplemente por corrupción, han preferido un sistema de depuración que desprecia la capacidad e historial de los jueces, que no distingue entre buenos y malos profesionales, y que, para colmo de males, viola flagrantemente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por el Estado salvadoreño el 18 de abril de 2018. Sin entrar en mucho detalle sobre las múltiples violaciones que se cometen contra una convención internacional que legalmente tiene más importancia que la ley secundaria salvadoreña, baste recordar que la “discriminación por edad” está prohibida por esa normativa, que dice que “la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”. Además, la Convención establece que solo “las exigencias propias de la naturaleza del cargo” pueden servir para establecer diferencias en las obligaciones de las personas. Violar la ley para purgar el sistema judicial es un sinsentido que tendrá graves efectos sobre la de por sí escasa probabilidad de conseguir pronta y verdadera justicia en el país.

Que un juez detenga decisiones de las más altas autoridades por considerar que violentan derechos humanos no es nada frecuente en El Salvador, como sí lo es en Estados Unidos. Valgan dos ejemplos. En agosto de este año, un juez federal de Texas declaró nulas las disposiciones para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuviera a migrantes indocumentados. El Gobierno de Joe Biden obedeció el fallo. En octubre de 2018, otro juez federal bloqueó la orden de Donald Trump de suspender los TPS a los nacionales de cinco países. A regañadientes, pero la orden fue acatada. Este tipo de acciones solo pueden darse en un país donde la ley tiene prioridad sobre la voluntad política. En El Salvador, en cambio, vale más la palabra del poderoso. En este sentido, que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente le ordene a la Corte Suprema de Justicia, y por extensión a la Asamblea Legislativa y al presidente de la República, suspender la aplicación de la reforma de ley que jubila a 249 jueces es un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad y el decoro. El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa, contraviniendo la independencia de poderes, aprobó el decreto 144, que reforma la Ley de la Carrera Judicial para forzar a retiro a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años o más de servicio. Utilizando una narrativa humillante para los letrados, el Gobierno justificó la decisión como una limpieza del sistema judicial. Evidentemente, este urge de cambios profundos, pero asegurar que todos los jueces mayores de 60 años son corruptos es tan injusto y descabellado como afirmar que todos los funcionarios jóvenes son honestos. La Corte Suprema de Justicia no solo bajó la cabeza ante el decreto legislativo, sino que también puso entre la espada y la pared a los afectados. En un comunicado, les planteó la disyuntiva de renunciar a sus cargos antes del 25 de septiembre para recibir una bonificación económica o ser despedidos. De acuerdo a diversos reportes, cuando se conoció la decisión de la Cámara de Familia ya 77 jueces habían renunciado y 80 habían solicitado estar en régimen de disponibilidad. Desde la primacía de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Cámara ha ordenado dejar en suspenso la aplicación de la reforma. Es decir, aplicó el principio de jerarquía normativa, que implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior. En El Salvador, la ley superior es la Constitución de la República, le siguen los convenios internacionales que el Estado salvadoreño ha suscrito (la Convención es uno de ellos) y después las leyes secundarias. Es decir, la Cámara de Familia de San Miguel ha actuado conforme a la ley. Su acción obliga al presidente, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia a elegir entre cumplir con la legalidad o hacer que la ley diga lo que ellos quieren que diga, como fue el caso de la reelección presidencial. Nada indica que el poder de la ley triunfará sobre la ley del poder.

La oposición al Gobierno de Bukele: ¿qué falta? Álvaro Artiga* En las marchas del pasado 15 de septiembre (15-S), entre las consignas más pegajosas estaba esta: “¡¿Cuál es la ruta?!”. Entre las respuestas había dos muy sonoras. La primera se expresaba mal del presidente; la segunda, “¡Sacar al que recluta!”. La pregunta “¿Cuál es la ruta?” expresa un desafío para los sectores y organizaciones sociales opositoras a varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia: el desafío de dilucidar la estrategia para impedir el establecimiento y consolidación de una dictadura en El Salvador. Antes hubo otras manifestaciones de protesta en espacios públicos, pero no fueron tan numerosas como la del 15-S. En las redes sociales era frecuente encontrar el reclamo para dejar la zona de confort y pasar a la calle. El irrespeto a la Constitución por parte del Gobierno y sus aliados no lograba expresarse masivamente en las calles. Algo faltaba en las convocatorias opositoras para que muchos más se animaran a expresar su descontento en el espacio físico, no solo en el virtual. La aprobación de la ley del bitcóin, las reformas a la ley de la carrera judicial, el aval de la Sala de lo Constitucional para la reelección del actual presidente de la República fueron decisiones gubernamentales que activaron emociones y sentimientos de una parte importante de la ciudadanía opositora al Gobierno. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, la destitución y nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, la propuesta de una reforma constitucional, la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la opacidad en el manejo de los fondos públicos durante la pandemia, la negativa al traslado de fondos a las municipalidades como lo establece la todavía vigente ley del Fodes, las violaciones a los derechos humanos en los primeros meses de la gestión de la pandemia, el ataque a periodistas etiquetados como “incómodos”, el cierre de operaciones de la Cicies... nada de ello activó la movilización callejera. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Se ha llegado a un punto de inflexión en la popularidad del presidente? Las encuestas de opinión que se dieron a conocer inmediatamente antes del 15-S mostraron una disminución en la popularidad de aquel. Pero retirarle el apoyo a alguien no implica necesariamente pasar a la oposición. Una alternativa podría ser simplemente pasar a la indiferencia, distanciarse. Dar el paso a la movilización callejera es algo más. En general se dice que las acciones de protesta en la calle son acciones políticas no convencionales. Es decir, se recurre a medios no institucionalizados para expresar una posición sobre asuntos de interés público. Y ello puede obedecer, o bien, a una estrategia política planificada, o bien, a que los espacios y medios institucionales para expresarse no logran canalizar ese descontento. La estrategia política del presidente y sus aliados optó por acabar con la eficacia de esos canales. En otras palabras, es la misma estrategia presidencial la que está provocando la movilización y la protesta callejera. Culpar a la cooperación internacional de financiar a la oposición al Gobierno es anunciar medidas para cerrar más espacios institucionales para que el descontento se exprese. El cierre de canales institucionales para expresar el descontento empujará hacia el uso de canales y métodos no convencionales. Así fue cuando los militares gobernaban el país. Es el mismo régimen el que lleva a los opositores a buscar canales no institucionales para hacerse escuchar. Si el Gobierno de Bukele y sus aliados son necios en seguir por esta ruta, lo que hoy es una expresión espontánea de rechazo a sus políticas mañana será expresión organizada contra el Gobierno y, según evolucione el proceso, contra la dictadura. Una nueva oposición política está naciendo, pero no hay que esperar que su desarrollo sea un proceso lineal de avance sin retrocesos, de éxitos sin fracasos, de pura cooperación sin conflictos, sin sectarismos ni ambiciones de protagonismo. Nada de eso. Así lo muestra la experiencia del desarrollo de la oposición social y política de la década de 1970 de nuestra historia política. Se trata de un proceso dialéctico lleno de acciones y reacciones, tanto desde el polo de Gobierno como desde el polo opositor. Y, sin embargo, no hay recetas, solo experiencias y memoria. ¿Cuál es la ruta? No hay una ruta preestablecida. Como dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Ello no quiere decir que se ha de caminar a ciegas. Las reivindicaciones particulares y las metas compartidas han de servir de mojones para no dar vueltas en el mismo lugar. Las experiencias pasadas también sirven para orientar el caminar. Entre estas experiencias hay dos que deben estar a flor de piel: una referida a la temporalidad y la otra a la propia constitución de

Criticar es siempre más fácil que proponer. Y en El Salvador se ha ejercido tradicionalmente la crítica con más fuerza que la propuesta. Por eso ahora cuesta oponerse a las propuestas presidenciales, por absurdas que sean. Porque, además, las decisiones presidenciales se dirigen hábilmente contra muchas de las cosas que tanto el liderazgo intelectual y político como la población habían criticado en años anteriores. El problema es que las imposiciones presidenciales, aunque se dirigen a instancias ampliamente criticadas, no cambian las instituciones. Al contrario, si antes eran malas, las vuelven peores. Si había magistrados corruptos en el sistema judicial, ahora se coloca caprichosamente a personas no menos corruptas que las anteriores y, para colmo, más serviles y menos preocupadas por la apariencia democrática. Si había jueces lentos, corruptos o miedosos de otros poderes, ahora se quiere introducir en el sistema a jóvenes abogados tan inexpertos como obedientes al partido en el poder. Y para asustarlos se hace una especie de masacre laboral de jueces en la que no importa ni la capacidad, ni la calidad, ni el trabajo, ni la experiencia adquirida. Basta que tengan 60 años para correrlos a la fuerza. Ya habíamos visto con preocupación el gusto que tiene la Presidencia de la República por los castigos generales y arbitrarios, como los emprendidos en varias ocasiones contra los privados de libertad. Pero la arbitrariedad de someter a los jueces a una “limpia pareja”, como decían los militares antes de masacrar, raya en lo absurdo y somete a un sistema judicial, ya de por sí débil, a un estado de postración y debilidad que sin duda pagaremos caro. Criticamos hace años, y con razón, a los banqueros y a sus bancos nacidos de otra medida plagada de corrupción, como lo fue la privatización del sistema bancario público. Ahora el bitcóin se utiliza para librarnos, supuestamente, de lo que nos quitan los bancos en las transferencias monetarias. Si el sistema bancario salvadoreño nunca fue ejemplo de empresas preocupadas por el desarrollo social del país, ahora se quiere iniciar un proceso de sustitución de moneda que puede llevarnos fácilmente a distintas situaciones de bancarrota o de inseguridad monetaria. Hemos dicho tantas veces que el pasado era malo que ahora se nos vende fácilmente un futuro peor. Por supuesto, siempre adornado con frases grandilocuentes, hoy todavía más rotundas y sonoras que las promesas de antaño. Una muestra: se dice que todos vamos a enriquecernos a un ritmo maravilloso con el bitcóin sin necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva que propicie una mayor inversión en los sectores desprotegidos y semi abandonados del país. Pero el abuso y la mentira tienen siempre un límite. Entre las personas que votaron por el actual presidente hay muchas que esperaban algo más que propaganda. Aunque no hay duda de que este Gobierno ha hecho algunas cosas buenas que otros fueron incapaces de hacer, el afán de poder y el exceso de propaganda están comenzando a cansar a la gente, incluido un sector que votó por el mandatario. Se vio en la manifestación del 15 de septiembre, se percibe en la migración que continúa desangrando al país, se advierte en el comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se echa de ver en una polarización que, impulsada desde el inicio por los sectores gubernamentales, no ha conseguido asustar a la gente, sino que se ha encontrado con cada vez más personas dispuestas a manifestar sus críticas. Falta todavía una capacidad de propuesta que aglutine a los descontentos. Una propuesta democrática, con amplio contenido social, con institucionalidad independiente de los caprichos políticos, con austeridad real para poder así invertir más en quienes más lo necesitan, es imprescindible para que la fuerza real manifestada el 15 de septiembre se convierta en capacidad orgánica que obligue al Gobierno a tenerla en cuenta. Solo entonces se podrá hablar de tú a tú con el Gobierno y refrenar la actual política de decisiones rápidas, poco consultadas y creadoras de situaciones que no pueden ser llamadas justas ni democráticas.

El 12 de septiembre, en el contexto de las fiestas de la independencia y teniendo en cuenta la situación política, la Conferencia Episcopal de El Salvador presentó un comunicado en el que se señalan temas que requieren tanto reflexión como diálogo. Aunque los obispos creen, y con toda razón, que es importante una depuración del sistema judicial, insisten en que esta debe hacerse desde el respeto a la legalidad constitucional. Recuerdan que el fin no justifica los medios y que reformas arbitrarias y anticonstitucionales no traerán paz ni desarrollo democrático al país. Defienden, pues, el imperio de la ley y, por ello, rechazan la reelección presidencial. Insisten en dejar libre el uso del bitcóin y, apoyándose en las palabras del episcopado latinoamericano, advierten que “no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho”. Tres días después, el 15 de septiembre, una multitudinaria manifestación se tomó pacífica y cívicamente las calles. Jueces, estudiantes, víctimas de las masacres del pasado, organizaciones feministas, defensores del medioambiente, ciudadanos descontentos con el rumbo autoritario del Gobierno reclamaron juntos temas muy semejantes a los del comunicado de los obispos. Aunque no hubo conexión, sí hubo coincidencia. La reacción presidencial fue la esperada: quitar importancia y descalificar. El mandatario acusó a Gobiernos foráneos de financiar la manifestación y afirmó que un buen número de manifestantes fueron traídos a los lugares de concentración sin saber a dónde y a qué iban. Sin embargo, la realidad se impone sobre la propaganda. Y ese tipo de respuesta no hace más que visibilizar la incapacidad gubernamental de atender la realidad. El hecho es simple y contundente: hay hoy más gente molesta o indignada con las medidas arbitrarias y con la concentración de poder del Ejecutivo que la que el Gobierno calculaba. Además, la Conferencia Episcopal, una de las instituciones con mayor peso moral y ético del país, le está diciendo al presidente que debe ser más respetuoso con el Estado de derecho y abrirse al diálogo. Quizás deban pasar algunos días para que las autoridades digieran racionalmente los acontecimientos recientes. Si antes, amparado en la alta aceptación que marcaban las encuestas, el presidente podía prescindir del diálogo, hoy la situación ha cambiado. No se le están pidiendo cosas extraordinarias. Nadie le pide imposibles, sino actuaciones legales y éticas. El reclamo de que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no se conviertan en maquilas de leyes o sentencias en favor del Ejecutivo obedece a un deseo hondamente democrático. Un mayor diálogo con la sociedad civil, con defensores y defensoras de derechos humanos y con las Iglesias mejoraría el panorama de El Salvador. La observancia de estándares internacionales democráticos y de derechos humanos no solo beneficiaría al país, sino también al Gobierno, hasta el presente tan poco letrado en hacer cosas con decencia, tino y eficacia.

Sin duda, el Gobierno vive su peor momento desde que inició su gestión, pero no se da cuenta o, lo más seguro, no quiere reconocerlo. Ante la efervescencia en las calles el 15 de septiembre, el mandatario tuvo que conmemorar el bicentenario intramuros, rodeado de militares equipados para el combate y manteniendo de pie, mientras hablaba, a todos los asistentes, incluidos los diplomáticos. El presidente no habló del bitcóin, ni de la reelección, ni del pacto con las pandillas, ni de la Lista Engel, ni de algo importante y real. El Gobierno está en negación y sigue anclado en el discurso grandilocuente de ser la salvación del país; no repara en que el mito del respaldo social se está cayendo porque lo que dice no tiene nada que ver con la cotidianidad de la gente. Hay inconformidad en el gremio médico, los ganaderos, los veteranos de guerra, los excombatientes, los gremios empresariales, los estudiantes, los jueces, el movimiento feminista, la comunidad LGBTI+, los ambientalistas y un largo etcétera. Cada sector tiene razones para estar descontento, pero, además, hay un descontento generalizado en la sociedad por la imposición del bitcóin como moneda de curso legal. El Gobierno logró lo que se veía muy difícil en estos tiempos de dispersión: unificar en una marcha a movimientos y ciudadanos de procedencias e intereses diversos. Por el momento, la más grande amenaza para el Gobierno es el Gobierno, así como el presidente es el mayor enemigo de sí mismo. Sus actuaciones, sus aires de suficiencia, su altanería, sus mentiras desmesuradas y constantes, su desprecio al adversario y la falsa creencia de que saben todo lo que requiere el país —por lo cual sobran el sentir ciudadano y la opinión de los especialistas— han hecho posible que se tambalee el mito del respaldo social. Cada día es más claro que las actuaciones de este Gobierno superan a los vicios y artimañas de sus predecesores. Atribuir la masiva manifestación del 15 de septiembre al financiamiento de países extranjeros o a la ignorancia de la gente es no querer entender nada. El discurso del presidente reveló que las grandes demandas por las que la gente salió a las calles no serán escuchadas ni atendidas. El presidente se quejó porque a su gestión se le califica de dictadura, cuando él entiende que dictadura sería reprimir a los que protestan en las calles. Saludable sería que sus asesores le acercaran textos académicos sobre el tema. Por ejemplo, el de José Fernando Valencia y Mayda Soraya Marín, que afirman que los dictadores latinoamericanos suelen “considerarse salvadores, caudillos y regeneradores de la sociedad, [...] generalmente [son] de carácter conservador, a pesar de que en algunos casos asumen como miembros de partidos de izquierda, tiene grandes alianzas de carácter militar o han sido militares de cuna [...] Pretenden pacificar una nación, crear un solo partido, acabar con los otros [...] controlan la economía, la justicia, el Gobierno e imponen leyes y constituciones”. Que el presidente no se entere de que su deriva dictatorial es tan de manual que resulta caricaturesca solo da un toque grotesco a lo que ya apunta a una nueva tragedia nacional.

El gigantismo en nombre de la modernización es característico de los regímenes autoritarios. El deseo de imprimir una nueva realidad en lo existente es irresistible. Destruyen desconsideradamente las estructuras que encuentran y las reemplazan por otras de nuevo cuño. Las nuevas construcciones no modernizan las sociedades, pero satisfacen los delirios de grandeza. Levantan monumentos formidables, la mayoría de veces con poco gusto y muy poca utilidad. Las obras gigantescas o fabulosas ocultan realidades vitales descuidadas o abandonadas a su suerte. Entre más grande el proyecto, más grande el soborno del contratista. La admiración y los aplausos suscitados por la monumentalidad ocultan la corrupción. El bitcóin ya forma parte de la nueva identidad en la cual el régimen de Bukele está empeñado. Una “pirueta”, dice The Economist, para contentar a dos de sus hermanos, fanáticos de la criptomoneda. Aun así, la reelección es tal vez la invención más extraordinaria de Bukele. Encandilado con tanto ingenio, el oficialismo saluda estos logros como “el camino de las transformaciones”, para “seguir cambiando vidas” y “paso a paso […] construir un mejor futuro”. Así, pues, “la era del futuro y de la nueva historia” ya está aquí. Sin embargo, estas voces, pese a su entusiasmo, no consiguen identificar cuáles son esas transformaciones y cómo han cambiado la vida de las mayorías populares. Nadie debiera llevarse a engaño sobre las pretensiones del autoritarismo. Bukele ha pedido ayuda a varias de las multinacionales más grandes para construir “un modelo de desarrollo y crecimiento”, “basado en la libertad empresarial e individual”. A cambio, les ofreció “la visión, el capital político y la rapidez para hacerlo”, como en el caso del bitcóin. Irresistible, el gigantismo asoma enseguida: se trata de un modelo “que pueda ser replicado en otras partes del mundo”. La Arena de Cristiani y sus sucesores regresa con la “nueva era de libertad económica”, que Bukele anunció en inglés a las multinacionales. Esa libertad, primero de Arena y después del FMLN, ha llevado al país a la postración actual. La libertad anunciada es solo económica, no es aplicable a la información, a la prensa y a la disidencia. Inevitable recordar el Chile de Pinochet, que heredó una crisis social de grandes proporciones. Bukele ofrece a las grandes multinacionales globalizadas capitalismo neoliberal salvaje y autoritarismo. No obstante su avidez de riquezas, esas empresas rehuyen la inestabilidad, la inseguridad y la incertidumbre económica y sociopolítica. En las condiciones actuales, las ofertas presidenciales difícilmente las persuadirán para invertir en el país. Si no vienen, poco se pierde, porque no impulsan el desarrollo, sino el aumento de sus ganancias y capitales. La obsoleta tesis del derrame del progreso hace tiempo mostró ser un fraude disfrazado de ciencia económica. El vaso no se derrama nunca. En el mejor de los casos, se escapan algunas gotas por descuido. La propensión del autoritarismo por el gigantismo es irracional. Levanta pirámides egipcias o zigurats babilónicos en desiertos de hambre, enfermedad y desolación, cuando debiera empeñarse en cambiar las condiciones de vida de las sociedades que gobierna. El ejercicio autoritario del poder enceguece de tal manera que es imposible ver que la salida no está en el gigantismo, sino en la reconfiguración de una estructura social injusta para que las mayorías superen el nivel de sobrevivencia y tengan asegurada la vida. El mismo bitcóin ilustra la importancia de disponer de bases sólidas. La minería de las criptomonedas ha emigrado de China a Estados Unidos, atraída por la solidez de su infraestructura eléctrica. La tecnología de las multinacionales, por muy avanzada que sea, no contribuirá al bienestar general de la sociedad salvadoreña. Así como tampoco ha contribuido el gran capital local. Aun si Bukele pensara sinceramente que ellas tienen la respuesta para elevar el nivel de vida de la gente, el neoliberalismo salvaje y la represión autoritaria lo impedirían. De lo que no cabe duda es del cambio de las vidas, pero solo de las vidas del círculo del poder autoritario, porque se aprestan a permanecer ahí donde se accede a los privilegios y al enriquecimiento fácil, y las de quienes apenas sobreviven, porque así seguirán, si no empeoran. El argumento más categórico contra “la nueva era” de los Bukele es el voluminoso flujo de emigrantes. Es irónico que en el bicentenario de la independencia de 1821, los Bukele se empecinen en imponer autoritariamente el capitalismo neoliberal sin los atenuantes acostumbrados. Esa forma de explotación es tan depredadora que solo es viable si va acompañada por la coacción y la represión. El Chile de Pinochet dinamizó la economía, pero sumió a la mayoría de los chilenos en la miseria y contuvo la protesta con la represión sistemática. Hace dos siglos, Centroamérica se libró de una monarquía absoluta “ilustrada”. Dos siglos después, los Bukele, con la guía de ase

Hay ejercicios profesionales muy perniciosos para su gremio y la sociedad. Una mirada al quehacer de los abogados basta para comprobar que mientras el desempeño de una parte de ellos responde a la ética y a las pautas de legitimidad que la ley establece, otros optan por un ejercicio de la profesión que los lleva a ser calificados despectivamente como “leguleyos”: según la Real Academia Española, personas que hacen gestiones ilícitas en los juzgados. Sinónimos de “leguleyo” son “abogadillo” o “picapleitos”, esto último por el afán de algunos de generar confusión y hacer interminables las discusiones. Los leguleyos en general, pero en especial los que se convierten en tales para disfrutar de las migajas del poder, no solo desprestigian a su gremio, sino que son muy dañinos para su país. Las normas organizan la vida social y orientan a las personas hacia lo que se considera correcto. Por eso, las leyes son un componente esencial para proteger los derechos humanos, defender la vida, hacer justicia y garantizar una convivencia pacífica. Pero cuando la ley es controlada por el poder, la justicia queda en entredicho y los más perjudicados son siempre los derechos de los más pobres, de las víctimas y de los sectores críticos. Cuando se busca dominar sin contrapesos, los agentes del Estado y del partido oficial tuercen la ley para garantizar el monopolio de quien manda. Y en esa dinámica los leguleyos son pieza clave. Por supuesto, no actúan para cumplir la ley, sino para proteger y beneficiar a su patrono. Argumentan con absurdos para hacer que las normas digan sí, donde claramente se lee no; convierten a la justicia en una pasarela donde desfila la impunidad y en la que se contonean los que están envestidos de inmunidad. En el caso de El Salvador, además de lo anterior, los leguleyos entonan un discurso con doble moral: por un lado, acosan a los opositores del régimen, los denigran, los persiguen, los condenan sin seguir el debido proceso; y por otro, aplauden las prácticas del poder, aunque sean iguales o peores que las que condenan. Buscan con lupa cualquier falta en sus adversarios, pero declaran inexistente las declaraciones de patrimonio de los funcionarios del Gobiernos y se hacen de la vista gorda ante cualquier señalamiento de corrupción. Los leguleyos están para que el rigor de la ley se aplique a los excluidos por el modelo económico y a aquellos que cultivan la verdad. Los leguleyos de hoy resultan ser en la práctica igual a los fascistas, para los que la ley deja de ser importante en sí misma, porque lo que vale es la voluntad del grupo que detenta el poder. Los malos abogados salvadoreños están construyendo inseguridad e incertidumbre, no solo para sus críticos, sino para toda la sociedad, desde los que callan hasta los que aplauden al régimen. Y en ese sentido, en ese proceso de desmontar lo poco que en democracia e institucionalidad se había alcanzado, cavan un hueco bajo sus pies; el hueco por el que el porvenir de El Salvador se desliza en caída libre.

Desde hace algún tiempo nos llegan quejas al Idhuca de jóvenes campesinos en Chalatenango, sobre el comportamiento de miembros de la PNC y soldados estacionados en zonas fronterizas. A campesinos que tienen tierra en zona hondureña les confiscan semillas y cosechas si les sorprenden en puntos donde la tierra agrícola o ganadera abarca ambas partes de la imaginaria raya fronteriza. Personas que incluso durante la guerra cosechaban sin problemas en sus tierras binacionales, tienen hoy problemas al respecto. Especialmente a los jóvenes se es trata como sospechosos. Les han decomisado motos, insumos agrícolas, alimentos, o incluso les han acusado de diversos delitos sin pruebas. Recientemente el Comité Promotor de Derechos Humanos de la comunidad El Manzano, en el municipio de Dulce Nombre de María, nos ha hecho llegar copia de una carta respetuosa dirigida al Presidente Bukele en el que le solicitan que tome cartas en la situación que están viviendo y les ayude a tener una vida libre de violencia, en este caso ejercida por funcionarios y empleados del Estado. En la carta, firmada por 46 personas se denuncia la detención de cuatro jóvenes sentenciados a 15 años, acusados de delitos que la comunidad niega. En Enero del presente año las autoridades se llevaron a diez jóvenes más del cantón acusándoles de los mismos delitos que sirvieron para detener a los cuatro anteriores. Uno de los nuevos detenidos, menor de edad, logró ser sobreseído definitivamente, pues el juez de menores manifestó “que no hay prueba para fundamentar dicho delito”. Quienes acusan a los jóvenes lo hacen en un contexto de diferencias ideológicas y políticas, sin dar datos fehacientes del supuesto delito y sin que las autoridades, policía y fiscalía, haya desarrollado una investigación seria de la situación. Los firmantes sienten que están viviendo una situación de verdadera represión que está forzando a muchos jóvenes a plantearse la necesidad de emigrar. De hecho también consta en el Idhuca que en parte por esa situación, en las comunidades cercanas a la frontera se ha acrecentado la migración sin papeles hacia los Estados Unidos. Los 11.000 dólares que cobran los coyotes por colocarle sano y salvo al joven en Estados Unidos no suele ser obstáculo si el migrante tiene los suficientes apoyos de parientes o amigos en el norte que garanticen el pago. En repetidas ocasiones desde el Idhuca hemos insistido en la necesidad de una política de juventud que impida la transmisión intergeneracional de la pobreza y que dé a los jóvenes no solo el respeto que se merecen, sino la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Sin embargo, si miramos el mundo de los jóvenes en pobreza, vemos que son los más acusados de delitos, los más encarcelados, los que tienen los peores salarios, los que sufren serias privaciones tanto en el campo educativo como en el de la salud, los que sufren más agresiones sexuales, especialmente las mujeres jóvenes, los que más se ven obligados a emigrar dada la ausencia de un verdadero interés del Estado de enfrentar con seriedad el problema de la pobreza y la marginación. Las zonas agrícolas y las barriadas marginales de las ciudades grandes carecen en la práctica de la presencia del Estado. Y el Estado parece apostar simplemente por priorizar en todo caso la presencia represiva y violenta, muchas veces ajena a las garantías constitucionales. Es precisamente en las zonas marginales, incluidos los cascos urbano de municipios de fuerte marginalidad, y en zonas rurales, donde se da el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas claramente atribuidas a la PNC. La voz de la comunidad del Manzano debe ser escuchada. Estas zonas rurales cercanas a la frontera han sufrido especialmente la guerra, continúan sufriendo la pobreza más extrema del país. Perseguirlas hoy con brutalidad solo pone las semillas de un Estado y una convivencia nacional organizada no solo desde la ley del más fuerte sino desde el abuso represivo y brutal de quienes las armas y las instituciones. Nuestros campesinos de los lugares más alejados se merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad. La carta de nuestros hermanos de El Manzano es un grito en búsqueda de justicia que debe ser escuchado.

Los acontecimientos de la semana pasada no son más que avances de un proceso que con celeridad conduce al país hacia la instauración de un sistema político dictatorial, diseñado hace algunos años y puesto en escena desde el 1 de junio de 2019 por Nayib Bukele. Dicho proceso exige que el presidente de la República tenga el control de los tres poderes del Estado. Con la victoria en las elecciones presidenciales, Bukele adquirió el control del Ejecutivo. El 1 de mayo de 2021, la contundente victoria en las elecciones legislativas, que le entregó más de dos terceras partes de los curules de la Asamblea, le permitió hacerse del poder legislativo. Quedaba pendiente apoderarse del órgano judicial, y a ello se dedicaron los esfuerzos desde el primer día en que los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión de sus cargos. Primero se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar se nombró a personas afines al oficialismo. También se removió de su puesto al fiscal general para sentar en su lugar a alguien que solo responde a los deseos del presidente. El 30 de junio, la Asamblea Legislativa tuvo una nueva oportunidad con la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, los diputados de Nuevas Ideas siguieron lo establecido en la ley, pero asegurándose de que los elegidos hubieran dado pruebas de su voluntad de cooperar con el proyecto presidencial. No satisfechos con tener el control de dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidieron jubilar a todos los jueces mayores de 59 años de edad o con 30 años de carrera judicial. Todo apunta a que sus sustitutos impartirán la justicia que les dicte el Ejecutivo. El 3 de septiembre, la ilegal Sala de lo Constitucional, tergiversando burdamente el texto de la Constitución, dictaminó que la máxima ley nacional permite la reelección consecutiva a la presidencia. Este paso no solo viola el espíritu de la la Constitución, sino que contradice lo que por 37 años han defendido unánimemente todos los expertos en la materia: en El Salvador no hay reelección presidencial inmediata. La resolución de la Sala no es más que una copia con variantes de lo dictaminado por las cortes supremas de justicia de Nicaragua y Honduras para permitir la reelección de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández, también prohibida en aquellos países; cortes que fueron puestas bajo el control y al servicio de los mandatarios. Nada de innovador tiene este proceso hacia la dictadura; es solo una adaptación de los caminos seguidos en Venezuela y Nicaragua. En ese sentido, los pasos que se den para consolidar el proyecto dictatorial no serán una sorpresa, pues basta ver lo que ocurre actualmente en Nicaragua para saber qué le depara a El Salvador. Más temprano que tarde, Bukele buscará controlar el Tribunal Supremo Electoral para garantizar su victoria cuando se presente a reelección y eliminar de la contienda a los partidos y candidatos que puedan hacerle sombra. Además, se impondrán limitaciones a la libertad de expresión y de manifestación, y se perseguirá a los críticos del régimen, de lo cual ya hay precedentes recientes. Aquellos que todavía tienen puestas sus esperanzas en Nayib Bukele harían bien en conocer el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua, saber del enorme número de personas arrestadas y condenadas por defender la libertad, exigir el respeto a los derechos humanos o criticar al régimen. Para tomar lección, hay que tener claro que en el vecino país no hay un conflicto entre derechas e izquierdas, sino un aplastamiento de la libertad y la democracia por parte de una dictadura opresiva. Si en El Salvador la ciudadanía sigue permitiendo que se viole la Constitución y calla ante los atropellos, el futuro nacional será de corte nicaragüense.

El presidente y sus voceros niegan la autenticidad de las nuevas revelaciones de El Faro sobre la negociación con las pandillas. Sin embargo, el rápido secuestro de los registros de las prisiones después de la primera entrega deja sin fundamento sus descalificaciones. El presidente de la legislatura, uno de los voceros más autorizados del régimen, lo confirma al reconocer, en un descuido, que la información procede “de una investigación […] seria” de la Fiscalía. Y, por si fuera poco, El Faro incluye fotografías, para disgusto de Bukele, que desestimó la primera denuncia como “cortinas de humo […] porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales”. La nueva versión reproduce fotografías que muestran al carcelero mayor deambulando por las prisiones al frente de grupos encapuchados. Más allá de los desmentidos y del escándalo, las demandas de las pandillas para contener los homicidios son material valioso para reflexionar sobre cómo poner fin a este fenómeno social. Una serie de exigencias piden al régimen respetar los derechos del prisionero: atender a los enfermos graves y a los discapacitados; prestar asistencia médica; proporcionar alimentación adecuada; ventilar las celdas; establecer una comisión permanente para evitar el abuso de la fuerza y la tortura por parte de policías, soldados y custodios; facilitar educación técnica y superior; crear iglesias y facilitar la presencia de empresas que empleen internos; restablecer la visita familiar e íntima, y el desplazamiento en el interior de la prisión. Asimismo, solicitan mejorar las facilidades para la detención provisional, “un centro de tortura”, las celdas de máxima seguridad y de castigo, y los llamados sectores especiales, y limitar la permanencia en dichas dependencias. Así, pues, no piden privilegios, sino derechos negados por un régimen represivo. Otra serie de demandas tiene como finalidad las familias y los pandilleros en libertad. Solicitan cooperativas y micro y pequeña empresas, becas para la educación superior de sus hijos, cese del hostigamiento policial y militar a sus familias y a los pandilleros libres, y programas de reinserción para quienes salen de la cárcel. Aunque más escuetas, estas peticiones apuntan a algunas de las motivaciones más fuertes para ingresar en la pandilla: el desempleo, la inaccesibilidad a la educación superior y la represión; en pocas palabras, la falta de alternativas. La observancia de los derechos del detenido no debiera ser objeto de transacción, porque es una obligación gubernamental. En segundo lugar, las demandas ponen en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El descenso de los homicidios se debe más a concesiones de Bukele, como la no extradición a Estados Unidos y la contención de la persecución contra los pandilleros, que a la represión. Fuentes policiales confirman la orden de contener la represión y los testimonios de diversas comunidades ratifican la presencia operativa de las pandillas en sus vecindarios. Estos hechos convierten el abultado financiamiento del Plan de Control Territorial en un despilfarro. En tercer lugar, las pandillas, a juzgar por sus demandas, no aprecian los publicitados “cubos” gubernamentales como medios para prevenir la violencia social. Estos no solo no son mencionados, sino que los pandilleros hacen otras demandas que consideran más eficaces para combatir la exclusión y la desigualdad —algo que Bukele no puede entregar, porque carece de ideas, de fondos y, sobre todo, de capacidad de ejecución—. De todas formas, los llamados “cubos” sirven bien a los propósitos del mandatario, ya que son relativamente baratos y crean la impresión de que la prevención es asunto serio. En la agenda presidencial no figuran las cooperativas, las empresas, el empleo, los programas de inserción y las becas. Los Bukele y su círculo prefieren utilizar el poco dinero de que disponen en ampliar el Ejército, adquirir tecnología para vigilar, introducir una criptomoneda y divulgar el genio presidencial. Por tanto, las pandillas no desaparecerán. De hecho, evolucionan con determinación y creatividad sorprendentes. Mal que bien, ofrecen un medio de vida y un sentido para una vida sin sentido. En ellas, la juventud encuentra identidad, sentido de pertenencia, acceso a bienes ahora vedados y la prepotencia asociada a la posesión de un arma de fuego. Algo muy grave sucede en una sociedad donde las pandillas utilizan la tasa de homicidios para negociar derechos y sobrevivencia, y donde el negociador gubernamental acepta el juego, en lugar de emplearse en atacar la raíz de la violencia social. A juzgar por los hechos, la existencia de pandillas sirve bien a la ambición de poder de Bukele. Por un lado, alimenta la demanda de represión violenta. Por otro, la negociación crea la falsa impresión de que controla el territorio, mientras preserva intacta la injusta estructura social que levanta barreras y cierra futuros. En definitiva, Bukele tiene poder, pero no sabe, no p

La política salvadoreña está plagada de frases vacías. Se utilizan ciertas palabras para nombrar realidades contrarias a lo que aquellas significan. Los ejemplos son muchos. Se habla de seguridad jurídica y ciudadana cuando es la inseguridad y el riesgo lo que reina. Especialmente en las altas esferas del sistema y según sean los casos, se habla de justicia para referirse a procesos de impunidad o de venganza política. La democracia equivale al autoritarismo del más votado y al uso arbitrario de los bienes comunes. La transparencia administrativa busca la reserva y ocultación de datos estatales. La moralidad notoria, una de las la frases que más se repite en la Constitución para definir los puestos públicos, no tiene nada que ver con la moral ni con la ética. Mentir y manipular es costumbre inveterada. Desde el fin de la guerra y hasta la fecha, cada vez que han dado su voto a un partido político, los salvadoreños han terminado encontrándose con más de lo mismo. Las aparentes buenas intenciones de los líderes políticos desembocan las más de las veces en negociaciones amistosas con la parte más dócil del capital y en el enriquecimiento de los funcionarios, que salen del Estado mejor de como entraron, más allá de lo que diga la Corte de Cuentas. La pobreza y la vulnerabilidad de la gran mayoría conviven con la irresponsabilidad social de los millonarios y la indiferencia consumista de los sectores acomodados, políticos incluidos. A los pobres y excluidos solo les queda escuchar la propaganda de lo mucho que el poder, sea estatal o privado, dice hacer, compartir y regalar. Con todo, no faltan en el país luces de esperanza. Un buen grupo de ciudadanos mantienen su libertad crítica frente al coro de los poderosos y sus aduladores. Muchas personas en las Iglesias trabajan a diario en la solidaridad, la creación de comunidad fraterna y el desarrollo de la conciencia. Asociaciones de jóvenes desean un futuro mejor para todos y se comprometen a objetivos concretos de ayuda a los necesitados. Surgen nuevas organizaciones defensoras de derechos y se crean mesas participativas en las que se analiza la situación del país y se proponen leyes que puedan resolver problemas. El derecho de acceso al agua aglutina muchos esfuerzos, al igual que la lucha contra la minería lo hizo en el pasado. Hay motivo para la esperanza a pesar de los graves retrocesos en el Estado de derecho y la débil o nula moralidad de los altos funcionarios. Las calles y las encuestas empiezan a decir que algo está cambiando. Ante un régimen que ya no oculta sus afanes antidemocráticos y sectarios, es fundamental establecer vínculos y compromisos de acción conjunta, impulsar un liderazgo solidario, democrático y libre que compita con la mentira, el abuso y la manipulación. Enraizarse en las necesidades de las mayorías pobres y vulnerables, acompañarlas en sus luchas y en sus sueños, aportar conocimiento y técnica a sus esfuerzos, es tarea de todos, pero especialmente de las nuevas generaciones. Es tiempo de juntar fuerzas y esperanzas. Tiempo de no perder el ánimo y de que “el pueblo haga oír su voz”, como decía Ignacio Ellacuría. Tiempo de abrirse al diálogo con todos, buscando construir una sociedad solidaria en la que el verdadero respeto a la dignidad humana dé consistencia a la dinámica social. Hay momentos en la historia en los que toca resistir y no venderse; resistir diciendo la verdad, defendiendo y promoviendo el diálogo, y teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades de todas y todos los salvadoreños. Hoy, El Salvador pide eso.

La situación económica es, según la opinión de la gente, el principal problema tanto del país como de las familias. Así lo revela el más reciente estudio de opinión del Iudop. El 54% de los encuestados piensa que los problemas que más le afectan directamente son la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida. En la actualidad, en lo que más gastan los salvadoreños es en alimentos (60% de los consultados) y en los servicios básicos (24%): agua, energía y teléfono. En sintonía con lo anterior, el 45.1% afirma que lo que más ha subido en este año son los alimentos, seguidos de la gasolina (28.3%) y de los servicios básicos (20.3%). Además, el 65% de los que expresaron deseos de irse del país lo atribuyen a razones de índole económica. Es decir, la economía del país no está bien, y menos aún la familiar. Con el agravante de que la perspectiva de la población (78 de cada 100) de cara al resto del año es que, sean cuales sean las medidas que tome el Gobierno, la situación empeorará. Esta percepción de la población contradice la versión del Gobierno, que afirma que se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia, que la economía nacional crecerá a los niveles de la panameña y que el costo de la vida no subirá. En el fondo, la percepción de la población desnuda la falta de voluntad política para aliviar la precariedad económica de las familias. Los precios de los alimentos y de los servicios básicos son dos campos en los que el Estado podría intervenir directamente sin salirse de la política económica liberal. Por ejemplo, reduciendo los impuestos a la canasta básica, o eliminando el IVA a los productos esenciales de la dieta familiar, o quitando impuestos a la gasolina, orevisando la estructura de los subsidios a los servicios básicos de manera que se beneficie a las familias que más lo necesitan. También se podría implementar una política fiscal progresiva por la cual pague más el que tiene más. Un Ejecutivo comprometido de verdad con mejorar las condiciones de vida de la población no regalaría víveres (una medida que más bien potencia el clientelismo político), sino que aplicaría algunas de las medidas anteriores. A este panorama complicado se suma la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, hasta ahora la acción más impopular de la actual administración. Casi 4 de cada 10 no se dieron cuenta de la aprobación de la ley y desconocen el valor de la criptomoneda; no saben qué es y cómo se maneja una billetera digital. De lo que sí está al tanto la gente (77.6%) es de la volatilidad del activo, y eso provoca temor. El desconocimiento hace que se rechace el bitcóin: 83 de cada 100 personas le tiene poca o ninguna confianza y el 71.2% dice que prefiere seguir usando solo dólares. El 95.9% cree que su uso debe ser voluntario. Además, solo 6 de cada 100piensan que esta medida beneficiará a toda la gente. 71.3% opina que su situación económica seguirá igual o empeorará con la introducción del bitcóin, y el 54.3% que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán. Por todo lo anterior, el 65.2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los treinta dólares que ha ofrecido el presidente como incentivo para el uso de la billetera digital del Gobierno, el 78.3% está nada o poco interesado en descargarla y el 66.7% piensa que la ley bitcóin debe derogarse. La imposición inconsulta del activo digital ha expuesto la falsedad del discurso oficial. Prácticamente todo lo aprobado por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa y todas las actuaciones de instancias del Ejecutivo se han justificado aduciendo que “es la voluntad del pueblo”. Si es así, ¿por qué se hacen oídos sordos al rechazo masivo al bitcóin? ¿Por qué el empeño de seguir adelante pese al clamor popular?

Este año se cumplen dos siglos desde aquel 15 de septiembre de 1821 en que se firmó el acta de independencia. El bicentenario presenta una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, sobre las luces y sombras que han condicionado los destinos de El Salvador, los errores y aciertos a lo largo del camino, las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad, así como los retos que enfrenta el país para consolidar el sueño libertario y emancipador que dio lugar a la independencia y al surgimiento de las naciones centroamericanas. Este análisis no debe realizarse con un espíritu triunfalista o nacionalista, pues ello dificultaría sacar las lecciones pertinentes para diseñar un mejor futuro. El sueño de un país independiente y soberano implica por necesidad una sociedad verdaderamente inclusiva, fraterna, libre, con seguridad y paz, con igualdad de oportunidades para todos, con respeto a las diferencias y la diversidad, con un alto nivel de desarrollo humano y con plena justicia social. Un país independiente y soberano es aquel que promueve la igual e inalienable dignidad de toda persona a través de la plena vigencia de los derechos humanos en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Por ello, para evaluar estos doscientos años de independencia, las preguntas claves son qué tan capaces han sido el Estado y la sociedad de construir un país para todos, cuánto han contribuido al desarrollo humano del pueblo salvadoreño. Desde esta perspectiva, El Salvador ha fallado, puesto que no ha logrado avanzar en la consolidación del desarrollo humano, la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos en beneficio de la mayorías. En estos doscientos años hemos sido incapaces de construir un Estado y una sociedad que velen por el bien común, que fomenten la fraternidad y la participación de todos en el progreso y el bienestar del que hoy solo goza una pequeña porción de la población. La comunidad académica y las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en ello. El sector académico y educativo no ha hecho lo suficiente por inculcar en los jóvenes, en los futuros profesionales, un espíritu crítico y los valores de entrega, servicio y solidaridad. No ha insistido lo suficiente en la importancia de preservar la ética y fomentar la cultura de paz; en la necesidad de contribuir a la búsqueda del bien común y al respeto a los derechos humanos; en generar conciencia de que culminar estudios universitarios es un privilegio que obliga a trabajar por una verdadera justicia social. Es importante que el sistema educativo en su conjunto reflexione al respecto y asuma un mayor y más eficaz compromiso con la formación de los líderes que el país requiere para caminar por el camino correcto. Si se quiere un futuro como el que esboza nuestro himno nacional: la libertad como dogma, la paz como dicha suprema, el progreso como camino de un feliz porvenir, el respeto a los derechos extraños y el apoyo en la recta razón como más firma ambición, es necesario que se trabaje arduamente en la siembra de estos valores en las mentes y corazones de la gente, comenzando por aquellos que están en edad de formarse. Sin embargo, iniciamos la celebración del bicentenario con muchos nubarrones en el horizonte, que presagian tormentas, ponen en duda el porvenir nacional y anuncian la repetición de capítulos tristes y dolorosos de nuestro pasado. Estamos siendo testigos de decisiones gubernamentales que niegan los principios de libertad, paz, respeto y uso de la recta razón de los que habla el himno nacional. Ello obliga a los ciudadanos en general, pero especialmente a las instituciones que buscan la verdad y que se identifican con la inteligencia y la razón, a estar alertas y señalar con claridad todo lo que vaya en contra de los principios democráticos, el Estado de derecho y el bienestar nacional. Deben trabajar con responsabilidad y a través de alianzas, desde un diálogo abierto y comprometido con la democracia, la libertad y la paz, para afrontar los retos de nuestro país.

En El Salvador, no siempre el diálogo estuvo bien visto. Los Acuerdos de Paz, aunque no le gusten al actual presidente, marcaron un antes y un después, al menos al impedir que los problemas sociales se arreglaran exclusivamente con la fuerza bruta. Abrieron posibilidades de diálogo, aunque quienes los firmaron quedaron en una situación de privilegio y no siempre hablaron con los pobres y necesitados. Las reformas en el sistema judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la diversidad del pensamiento político e instituciones con menor peso facilitaron que algunos sectores de la población comenzaran a ser más escuchados. Se empezó a hablar con mayor fuerza de la sociedad civil, aunque una buena parte de ella estuviera sujeta y dependiente del poder económico. Pero lo cierto es que las posibilidades de diálogo aumentaron. En este contexto fueron surgiendo grupos de defensores de derechos concretos, que se fueron sumando a las organizaciones que desde el tiempo de la guerra habían jugado un papel importante en defensa de derechos fundamentales de la población. Los derechos de la mujer, del medioambiente, de la diversidad sexual, de sectores marginados, migrantes, desplazados o personas con discapacidades se fueron añadiendo a temas más clásicos y generando grupos muy diversos de defensa de derechos humanos. Todos ellos, basados en la igual dignidad humana y profundamente unidos en torno a la misma, han visto la necesidad de una ley que los proteja. De hecho, la ley se propuso hace años, pero fue enviada a archivo por la actual Asamblea Legislativa bajo el pretexto de que todo lo tratado anteriormente no servía. Despreciar el trabajo de defensores de derechos humanos es grave: indica un desconocimiento de los mismos y de cómo se avanza en su promoción. Rectificar y dialogar con quienes trabajaron la ley honraría a los actuales diputados. Pero más allá de ese error político, que esperamos se enmiende, lo que se puede constatar es que los defensores de derechos humanos continúan decididos a realizar su tarea. Y cualquier diputado o diputada que tenga conciencia de sus obligaciones debe saber que la defensa de derechos humanos no es para los políticos un tema accidental u optativo. La actual Constitución, aun con todos los cambios que le quieran hacer, tiene como punto de partida la doctrina de los derechos humanos. El Estado salvadoreño ha firmado una muy variada serie de convenios y tratados internacionales en los que se obliga a promover y respetar derechos humanos. No dialogar con quienes han reflexionado, estudiado y entendido este tema es en cierto modo una contradicción con el oficio de cualquier legislador decente. Pensar en una Constitución que no tuviera sus raíces en la doctrina y pensamiento de los derechos humanos no solo sería una opción despótica y dictatorial, sino una completa estupidez política. Los actuales legisladores son en general muy jóvenes. Eso es bueno, porque les tocará cargar con los problemas del futuro y podrán buscar con más facilidad soluciones a la problemática que se nos viene tanto en el campo ecológico como en el social (envejecimiento de la población), o el económico, por la impresionante deuda que cargamos. Pero también es muy posible que estos nuevos diputados, dada su juventud y el hecho de que administraciones anteriores no se preocuparon de propiciar el conocimiento de los derechos humanos, sepan muy poco de estos y no hayan reflexionado sobre los mismos. La mesa de defensores y defensoras de derechos humanos tiene el deseo de conversar y dialogar con los diputados. Responder positivamente a ese deseo de diálogo, reflexionar con los defensores sobre una ley que los proteja, crear con ellos nuevos acuerdos que amplíen los derechos de la población y promuevan el conocimiento de los derechos basados en la igual dignidad humana, sería importante para la propia maduración política del país y para que los diputados aprendan a manejar con mayor capacidad el arte de la construcción del bien común. Ese bien común del que al final depende siempre la buena política y la credibilidad de la Constitución, tanto reformada como sin reformar. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los funcionarios del oficialismo son de la opinión que pueden hacer lo que les venga en gana, en virtud de la cantidad de votos captados en la elección presidencial y en la legislativa y la municipal. Esos votos los habrían investido de un poder incuestionable para proceder no solo según su saber y entender, muy deficientes, por cierto, sino, sobre todo, para su provecho y beneficio. El hermetismo tras el cual se han atrincherado facilita la actuación impune. El ejercicio autoritario del poder hace verosímil el planteamiento. Si el régimen lo hace, no solo se puede, sino que incluso es un derecho. El poder concedido en las urnas es innegable, pero los elegidos solo tienen competencia para aquello que la ley ordena. El poder delegado, por muy abultado y popular que sea, comporta obligaciones que lo limitan. Cuando ese límite es traspasado, el ejercicio del poder y el sufragio que le da origen se envilecen. Invocar un derecho que, en realidad, es inexistente y lanzar expresiones altisonantes no eximen de la obligación de no ir más allá de lo que la ley dicta. Si ese derecho se aduce para explotar las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la gestión pública, el poder se prostituye. Pese a ello, el régimen utiliza ese derecho para intentar preservar la legitimidad de su gestión. Se escuda en él para disimular el ansia de poder, el egoísmo desmedido y la insensibilidad social. Se apropia ilegítimamente de unos recursos escasos que debieran ser invertidos en mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sociales. En definitiva, el oficialismo no hace aquello para lo cual está habilitado, sino lo que legalmente no le compete, y encima lo suele ejecutar de manera torpe, ineficaz y deshonesta. Las voces que se quejan de servicios descuidados o inexistentes se escuchan cada vez más y más alto. Esta manera de administrar los bienes públicos menoscaba su poder de convocatoria, tal como lo ha podido experimentar el vicepresidente. Su borrador de Constitución no ha sido recibido por el sector privado y el académico. En parte, por verticalista. En parte, porque su contenido es muy discutible y suscita sospechas fundadas de intenciones aviesas. En parte, porque el vicepresidente y su jefe no han mostrado mayor respeto por la Constitución vigente. Y, sobre todo, porque es un sinsentido convocar para exponer un texto cuya aprobación es un hecho, pero cuyo cumplimiento queda al arbitrio del amo. Desairado, el partero mayor achaca la indiferencia a “un exceso de soberbia y de prepotencia de pequeños grupos”. Ciertamente, son pequeños, pero lo suficientemente relevantes como para buscar su asentimiento pasivo. Su “soberbia” no es más que reacción a la “soberbia” primera del vicepresidente, que se arrogó facultades para elaborar, junto con los suyos —ninguno de ellos constitucionalista renombrado, excepto un extranjero—, un nuevo ordenamiento jurídico. En la reacción negativa de los mercados, el segundo de abordo avista “agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional”. El funcionario es incapaz de ver cómo su proyecto aumenta la incertidumbre predominante. El único responsable del deterioro de la imagen es el régimen mismo, que pierde credibilidad a ojos vistas. El asilo concedido por México a un exministro del FMLN es más perjudicial que la fuga de un presunto corrupto, porque pone de manifiesto ante la opinión internacional la existencia de persecución política. Asimismo, la confirmación de la negociación con las pandillas para disminuir los homicidios ya ha trascendido a la prensa internacional. El curso tomado por el bitcoin, presentado por Bukele como una de sus ocurrencias más geniales, es otro indicador de la volatilidad que merma su credibilidad. La introducción forzada de la criptomoneda es quizás la apuesta más fuerte de los hermanos Bukele. Pese a ello, la legislación y la normativa son insuficientes, confusas y contradictorias. Ahora pretenden apaciguar la aprensión del mundo financiero con disposiciones propias del lavado de dinero, inaplicables a una criptomoneda. El desenlace de la apuesta queda en manos de una opinión pública recelosa, que decidirá si le conviene la flexibilidad y el ahorro de comisiones prometidos por Bukele. En definitiva, si es beneficioso convertir dólares en bitcoin para luego convertirlos en dólares. El derecho de gobernar conlleva obligaciones para con la ciudadanía, sobre todo con la más desfavorecida. Entenderlo como vía libre para satisfacer caprichos y veleidades es ingenuo, temerario y, en definitiva, egoísta. Ejemplo claro de ello es el abortado proyecto de reforma de la legislación del Seguro Social. La dirección de la institución no busca mejorar una prestación muy deficiente, por su limitada cobertura y por la mala calidad del servicio, sino concentrar aún más el poder para disponer con mayor libertad de las contribuciones de los asegurados. El proceso de decisión deber tener muy presente las consecuencias para l

No solo es pertinente, sino también justo hacer algunas consideraciones sobre la inspiración cristiana, ejemplaridad y compromiso con los pobres del P. Rutilio Grande ahora que se ha fijado fecha para su beatificación oficial, junto a la de los dos laicos que lo acompañaban y que también murieron asesinados. En primer lugar, hay que recordar que era amigo de monseñor Romero y que la Compañía de Jesús (en particular los jesuitas de la UCA) acompañó el trabajo apostólico de Rutilio en Aguilares como un tema de renovación pastoral y opción por los pobres. Después de su asesinato, la Universidad defendió y cultivó su memoria. Muchos jesuitas fueron testigos en su proceso de beatificación o contribuyeron con sus reflexiones y escritos a poner en contexto la santidad de este pastor que entregó la vida al servicio de los más sencillos. A Rutilio le tocó vivir un tiempo difícil. Cuando llegó de párroco a Aguilares , los campesinos de la zona estaban en una situación de aguda pobreza y la protesta y la organización popular comenzaba a crecer mientras el Gobierno daba claros pasos hacia la represión. Los obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, Colombia, habían dicho poco antes: “La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables”. Rutilio, al igual que los laicos que trabajaban con él, era capaz de crear estructuras nuevas de fraternidad y amistad. El jesuita era de esa clase de persona renovada a la luz del Evangelio, solidaria con los pobres y en búsqueda, junto con ellos, de una sociedad más justa, encaminada hacia la solidaridad y el cambio social. Hablaba con todos, no despreciaba a nadie y tenía la paciencia del que sabe escuchar y descubrir en los otros los anhelos profundos que llevan a una vida fraterna. Quería justicia y paz al tiempo que predicaba con valentía contra todo tipo de injusticia y violencia cometida contra los pobres. Conocía el lenguaje popular y el del Evangelio, y los unía en su modo de expresarse, buscando que la vida de la gente se uniera a la fuerza del mensaje liberador de Jesús. No tenía miedo, porque sabía que estaba en el camino de la vida y disfrutaba del cariño de quienes lo rodeaban. Eso le hacía libre. Lo suficientemente libre para decirle verdades al poder y para que los poderosos lo quisieran matar. Hoy, cuando la desigualdad domina, cuando la superficialidad y la hipocresía manipulan las responsabilidades del Estado y las ponen al servicio del poder, es esencial recordar y celebrar la existencia de gente como Rutilio Grande. Personas de bien, que hacen de la la solidaridad su opción fundamental en seguimiento a Jesús de Nazaret. Recordar a Rutilio significar hablar de la necesidad de luchar contra la desigualdad, superar todo lenguaje de odio y polarización, e impulsar un desarrollo humano basado en la igual dignidad. Rutilio anima a poner la autenticidad en el servicio, no en la palabrería y la propaganda. Impulsa a enfrentar las estructuras de dominación y exclusión desde la fuerza de la palabra racional y el respeto a las normas básicas de la convivencia fraterna. Rutilio continúa trabajando en la tierra con su ejemplo y su dignidad. La muerte violenta e injusta no lo borró de El Salvador, sino que lo hizo más presente en nuestra historia. A todos nos corresponde continuar con ese trabajo constructor de hermandad y dignidad. Solo así se logrará que el país sea la mesa común de la que él hablaba en sus homilías: una en la que todos participan y donde a nadie le falta el conqué.

Para ocultar la farsa Editorial UCA 27/08/2021 Las últimas revelaciones de El Faro sobre las negociaciones entre las principales pandillas y el Gobierno para la disminución de los homicidios confirman la profunda hipocresía del actual panorama político. Se señala a los otros, se les humilla, se les acusa de usar el Estado para beneficio propio y de los poderes fácticos. Y al mismo tiempo los acusadores se encargan de desmantelar todo atisbo de independencia, autonomía y transparencia en los poderes del Estado. Usan máscara de honestidad para mentir sin pudor. “Yo lucho contra todos los poderes fácticos que no me dejan gobernar, soy el que cambiará 200 años de historia de desprecio a este pueblo”, afirma el presidente, pero en realidad su gestión está practicando y perfeccionando los peores vicios de la vieja política. Clamaron contra el nepotismo; ahora defienden el propio. Exhiben la corrupción ajena mientras se emplean a fondo para ocultar la suya. Maldijeron a quienes antes negociaron con las pandillas, pero han pactado con estas para vender como exitoso un plan de seguridad pública que nadie conoce y que muy probablemente no existe. Cínico es quien miente con descaro y defiende y practica de forma abierta algo que merece desaprobación general. Solo un cínico condena en otros algo que él hace. Para garantizar que no se venga abajo la farsa de honestidad y el cinismo quede crudamente al descubierto, se destituyó al fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se acosa al periodismo investigativo, se denigra a quienes ejercen un pensamiento crítico, se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública, se han puesto en reserva por 7 años los gastos de la actual Asamblea Legislativa. Los tropelías del Gobierno se suceden con tal constancia que ya no sorprenden. Cuando se piensa que se ha visto lo peor, se da otra acción que rebasa la anterior. Con las evidencias que se tiene a la vista, es claro que el derrotero del país no será la democracia ni el bienestar de las mayorías, y que las consecuencias de las decisiones que se han tomando y se están tomando serán gravísimas para todos. Solo pueden decir lo contrario quienes están desinformados o aquejados por prejuicios enfermizos, y aquellos que han hecho de la servidumbre política su estrategia para escalar donde sus talentos no les permiten. Sí, la realidad se terminará imponiendo. Sin embargo, cuando ello pase, la degradación cívica y la ruina serán enseñas patrias.

La realidad económica de El Salvador se caracteriza por una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, por la exclusión de la mayoría de la ciudadanía de los sistemas de previsión social y por altos niveles de pobreza. El sistema económico salvadoreño ha sido incapaz de generar empleo para toda la población económicamente activa y ha obligado a que cerca del 60% tenga que rebuscarse y trabajar por cuenta propia en negocios informales, la mayoría de ellos muy inestables. Esta exclusión y precariedad económica ha expulsado a millones de compatriotas del territorio nacional y ha convertido a las remesas en una de las principales fuentes de ingresos nacionales. Así, la solidaridad de nuestros migrantes ha sido fundamental para mantener a El Salvador a flote. Esta realidad de pobreza, desempleo y migración que afecta a las mayorías contrasta con las grandes fortunas de un pequeño número de familias, que acaparan la mayor parte de los recursos. Esa tremenda desigualdad conlleva otras muchas desigualdades que excluyen a amplios sectores de los beneficios del desarrollo económico y social. Mientras unos pocos tienen acceso a todas las oportunidades, otros, muchísimos más, son marginados y sobreviven sin trabajo, sin horizontes, sin salidas. En este sentido, el papa Francisco da un importante consejo, que recuerda a monseñor Romero: “Animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ‘No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos’”. Con esta sensibilidad social, el papa, que ha renovado en la Iglesia la opción preferencial por los pobres al estilo de Jesús, es claro al afirmar que la economía que impera a nivel mundial, que es también la que impera en El Salvador, es una economía que mata. Como cristianos, nos dice Francisco, estamos en la obligación de transformar esta realidad para que responda al proyecto que Dios tiene para la humanidad, trabajando por una “economía que hace vivir porque comparte, incluye a los pobres y usa las ganancias para crear comunión”. Y al respecto, nos recuerda la profunda vinculación entre una economía excluyente y la violencia social: “Muchos reclaman seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (...) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”. Pese a su oposición discursiva a todo lo hecho antes de su llegada al poder, Nayib Bukele no ha mostrado ningún interés en transformar el sistema social y económico que mantiene postrado a nuestro país. Sus ideas, varias de ellas muy malas, como hacer del bitcoin una moneda de curso legal, elevar la deuda pública hasta el 100% del producto nacional, despilfarrar millones de dólares en gastos innecesarios y proteger a los corruptos de su Gobierno, no están orientadas a resolver de raíz los problemas estructurales; por el contrario, generarán más pobreza y exclusión social a mediano y largo plazo. Es, pues, necesario construir un modelo económico que sea inclusivo, solidario, que ofrezca verdadera igualdad de oportunidades y permita que todo salvadoreño pueda realizar su proyecto de vida en su propia patria. Esta es la tarea de la sociedad salvadoreña; una tarea que debería ser liderada por quienes nos gobiernan y respaldada por todo ciudadano de buena voluntad. Sin embargo, no se ve interés ni capacidad en los actuales liderazgos, sean políticos, empresariales o sindicales. Y ello nubla aún más el horizonte nacional.

Las comisiones legislativas no son el sitio idóneo para investigar la corrupción. Sus integrantes carecen de los conocimientos, la experiencia y los instrumentos para identificar el delito y deslindar las responsabilidades, de tal manera que los culpables puedan ser sancionados conforme a la ley. Las audiencias realizadas hasta ahora no han revelado nada que la prensa no haya publicado antes. Por tanto, el aporte de los comisionados es nulo. Pierden el tiempo y gastan en naderías un dinero que hace mucha falta. Las comparecencias solo sirven para restregarles públicamente a algunos exfuncionarios la recepción de sobresueldos y de fondos públicos para ciertas organizaciones. No a todos, solo a los que figuran en la lista de Bukele. Por tanto, aunque fuera seria, la investigación es arbitraria. Los comisionados no tienen datos sólidos para acusar, sino un guion que seguir, facilitado por Casa Presidencial. Por tanto, la investigación es extremadamente subjetiva. Los comisionados pretenden que los acusados se inculpen voluntariamente. Desconocen la presunción de inocencia, porque se trata de vejar a algunos adversarios políticos para que no decaiga la popularidad del régimen. Por tanto, intentar aclarar los hechos o demostrar la inocencia es inútil. La mejor opción es poner en evidencia la ridícula posición de los comisionados, tal como hizo un antiguo dirigente de un partido, que los colocó en una situación incómoda al usar sus mismos argumentos. La arbitrariedad subjetiva no hace avanzar la verdad, imposibilita la justicia y no repara el daño causado. Los comisionados no convocan a todos los beneficiados con los sobresueldos; en su lista no figuran los funcionarios actuales que los perciben como nombramiento ad honorem. Ni se interesan en todas las organizaciones subsidiadas por el Estado. GANA, el socio de Bukele, y Alba Petróleos, una de sus fuentes de financiamiento, han sido exoneradas. Los nuevos abanderados de la honradez no hace mucho cerraron la posibilidad de someter a escrutinio público los millonarios fondos asignados a la crisis sanitaria. La aprobación expedita del contrato para ampliar la terminal de carga aérea a favor de una multinacional que donó un millón de dólares a GANA es un dato más de la arbitrariedad legislativa. Si el objetivo fuera erradicar la corrupción, los comisionados, en lugar de jugar a jueces implacables de la integridad, revisarían la estructura salarial del Estado para no recurrir a la partida secreta ni a los nombramientos ad honorem, y regularían mejor los requisitos para asignar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Asimismo, eliminarían, de una vez por todas, la partida secreta y levantaría el secreto impuesto sobre las finanzas y las operaciones gubernamentales. Nada de esto sucederá. La labor de las comisiones no pretende combatir la corrupción, sino complacer al amo que les dio el escaño. Es indudable que muchos de los exfuncionarios y sus partidos políticos son responsables directos de malversar el dinero público, de evadir impuestos, de tráfico de influencias, de corrupción y de deshonestidad general. Estas han sido, y continúan siendo, prácticas habituales en la gestión gubernamental. Una diferencia importante entre el ayer y el hoy es que ahora el hermetismo es mucho más férreo, porque Bukele presume de rectitud. En cualquier caso, no compete a los diputados investigar estos delitos ni mucho menos acusar; esas son tareas del fiscal general. Sí les compete interpelar a este funcionario para que explique por qué la judicialización de los casos de corrupción, y también de las desapariciones y de los crímenes de guerra, y las condenas son tan pocas. Semanalmente, Hacienda amontona en la oficina del fiscal expedientes sobre evasión de impuestos, sin que hasta ahora haya aumentado de forma sensible el dinero recuperado. Ni siquiera ha podido concluir el peritaje financiero del proceso contra el expresidente Funes y treinta imputados más. Un caso, por otro lado, de sumo interés para el régimen. La evidente ineptitud fiscal obliga a interpelar a su responsable para que explique al país por qué, como ha dicho, no aceptará “entes, comisiones o lo que sea que pretendan suplantar facultades institucionales”. Las comisiones legislativas no pueden llenar el vacío causado por la inoperancia de Hacienda y del fiscal. Mucho menos cuando la incompetencia es deliberada. Si no, cómo se pueden entender el nombramiento de estos funcionarios. El régimen de Bukele no está interesado en la honestidad, sino en la comparecencia de los presuntos culpables para que, en el mejor estilo de la vieja inquisición, se declaren culpables y así someterlos luego, a modo de penitencia, a la humillación pública. La corrupción es, en gran medida, la causa del descalabro de la hacienda nacional, de la infraestructura de los servicios sociales, de la desigualdad, de la violencia social y de la inmigración. Sin embargo, el régimen de los Bukele, por la cuenta que le trae, no la erradicará.

Una buena parte de los valores sociales de la época colonial así como de los fallos y limitaciones de la misma pervivieron luego de la independencia. Algunos de los próceres de tendencia ilustrada eran claramente antiesclavistas, partidarios de la educación y la igualdad basada en la ciudadanía, pero no faltaron entre los independentistas personas con intereses económicos o sociales construidos desde la sociedad de castas colonial, personas que seguían creyendo que la sociedad debía manejarse desde la diferencia y la desigualdad. Una prueba es el acta firmada en Guatemala, en la que que se proclama la independencia “para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. En estas fechas, es deber preguntarse cuánto de bueno y cuánto de malo de aquellas épocas se conserva en la actualidad. Lo primero que es posible constatar es que el ansia de independencia, libertad e igualdad se mantiene en grandes sectores de la población centroamericana. Son sobre todo los pobres y los marginados los que ansían una mayor libertad para desarrollar sus propias capacidades y vivir y convivir en dignidad e igualdad. Esto deseos de desarrollo fuerzan a un alto porcentaje de la población a migrar, para buscar en otros países lo que no encuentran en el propio. Si la sociedad que nació de la independencia continuaba siendo clasista, hoy la desigualdad y la discriminación por motivos económicos se han vuelto más patentes y agresivas. La riqueza convive con la pobreza de un modo ostentoso y escandaloso. Las promesas falsas, el autoritarismo, la irresponsabilidad social de los ricos y poderosos continúan siendo un obstáculo para una democracia social y económica que respete plenamente la igual dignidad humana. La celebración del bicentenario de la independencia no puede ser ocasión para una exaltación gloriosa del pasado ni aprovecharse para multiplicar promesas vacías que solo buscan manipular los deseos de cambio de la gente y reforzar el autoritarismo en beneficio, una vez más, de quienes tienen recursos y poder. José Simeón Cañas proponía en la Asamblea Constituyente de la naciente Centroamérica la abolición de la esclavitud. Hoy existen formas de esclavitud diferentes, expresadas en malos salarios y condiciones laborales de explotación. Y a ello se suma la deficiencia de las instituciones básicas para el desarrollo humano, tanto a nivel personal como social. Los países centroamericanos necesitan transformaciones estructurales que no se agotan en la lucha contra la corrupción. Transformar la cultura clasista y respetar plenamente la igual dignidad de todo salvadoreño y salvadoreña supone impulsar fuertes cambios en los campos educativos, de salud, fiscal, judicial y gubernamental. Garantizar la libre expresión y el acceso a la información pública, abrirse al diálogo, alcanzar la justicia social a la que obliga la Constitución son tareas en las que, después de 200 años de relativa independencia, aún hay muchas deudas. Pensar El Salvador de un modo distinto es indispensable para no convertirlo en un remedo de país independiente y en un Estado fallido.