Editoriales y Opiniones

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) acaba de publicar un informe titulado “Desastres y desigualdad en una crisis prolongada”, en el que se recomiendan acciones para superar en el mediano-largo plazo los efectos de la pandemia de covid-19. Aunque en 2021 El Salvador ha experimentado un crecimiento económico extraordinario en comparación con la fuerte caída del año pasado, nada permite suponer que la tendencia se mantendrá en 2022. La prolongación de la crisis sanitaria, que continúa llenando las salas de cuidados intensivos y limitando las posibilidades laborales, hace prever un estancamiento. Y la crisis podría agudizarse si el Gobierno pierde posibilidades crediticias, no responde a los reclamos sociales y sigue abonando a la inseguridad jurídica. En el informe se señala que Latinoamérica se encamina hacia el aumento de la población en situación de pobreza o de vulnerabilidad (personas que perciben un ingreso medio-bajo o inferior). Esta tendencia afecta especialmente a nuestro país, que hace unos años tenía prácticamente a un 80% de sus habitantes en situación vulnerable o de pobreza. Si a ello se suma el riesgo de desastres naturales propio de Centroamérica, el aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad se vuelve una verdadera amenaza. Frente a este panorama, la Cepal propone establecer sistemas de protección social universales y dignos. Proteger el ingreso familiar, garantizar la seguridad alimentaria, asegurar condiciones laborales y salariales igualitarias para la mujer, y defender el medioambiente son elementos también indispensables. Asumir con seriedad estas tareas para establecer un futuro diferente, más humano, más incluyente y justo, implica reconocer las graves deficiencias del país. Si los Gobiernos anteriores fueron lentos e irresponsables, el actual, tras dos años de ejercicio del poder y con un control casi total de la institucionalidad del Estado, carece de planes y proyectos para enfrentar los factores productores de riesgos. La alianza con algunos sectores del gran capital y proyectos como el del bitcóin, el ferrocarril costero y el aeropuerto en el oriente del país son meros parches si no existe un plan de desarrollo bien establecido, evaluable y que contemple propuestas como las de la Cepal, que en muchos aspectos coinciden con los Objetivos del Milenio. La incapacidad de elaborar planes de desarrollo humano hace más urgente un diálogo nacional. Sin diálogo nacional, no habrá desarrollo humano. Gritar e insultar, discutir quién es peor hace perder un tiempo precioso y agudiza una crisis que no beneficia a nadie.

27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS 27-10-21 EDITORIAL DESAPARECIDAS, DESAPARECIDOS

Una de las frases más recordadas de monseñor Romero es la que dijo refiriéndose a la corrupción del sistema judicial “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos”. En aquel entonces, ese era un problema en toda Centroamérica. En El Salvador, la situación cambió poco durante la posguerra. Vale recordar el caso de un presidente de la Corte Suprema de Justicia que renunció un par de días antes de terminar sus 9 años en el cargo, a fin de conseguir una prestación económica destinada a jueces de carrera que por razones especiales tuvieran que abandonar su puesto. Se trato de un fraude de ley que, aunque tuvo repercusión mediática, quedó en la impunidad. Por supuesto, siempre ha habido jueces decentes en todos los niveles del sistema judicial; jueces a los que no les ha quedado de otra que convivir con colegas corruptos. A pesar de la existencia de esos jueces técnicamente buenos y de moralidad notoria, la lentitud del sistema, la indiferencia ante los derechos de las personas con menos recursos y las prácticas reñidas con estándares internacionales de derechos humanos son una plaga entre los operadores de justicia. Hoy en día, cuando desde ámbitos gubernamentales y legislativos se habla de luchar contra la corrupción judicial, se observa un empeoramiento de la situación. Se impuso una Corte Suprema obediente y dependiente de la presidencia de la República; se emiten leyes de reforma judicial que caen en la discriminación por edad, prohibida por una convención ratificada por el país; se premia a jueces interinos, elevándolos a jueces de cámara de segunda instancia, si favorecen con sus sentencias los deseos del poder político; los funcionarios se dan el lujo de desobedecer sentencias judiciales. Si antes el sistema judicial faltaba flagrantemente a la búsqueda de justicia, ahora además es más dependiente del Ejecutivo, más arbitrario en sus decisiones y más ineficiente a la hora de respetar derechos establecidos por la Constitución y por acuerdos internacionales. El deterioro ha llegado incluso a algo que había desaparecido: justificándolo en acusaciones caprichosas, se lleva a juicio a personas por razones políticas. En otras palabras, después de más de 30 años desde la firma de la paz, de nuevo hay presos políticos en El Salvador. En general, la corrupción de los sistemas judiciales es causa de graves confrontaciones y problemas sociales. La independencia, eficiencia y rectitud de los jueces es base indispensable para una democracia sana. Muchas de las medidas recientes, impulsadas mediante cambios bruscos e ilegales en la Corte Suprema, y a través de una poco reflexionada e injusta ley de reforma judicial, están llevando al país por derroteros inéditos de arbitrariedad y descomposición.

La sana convivencia social está basada en no dañar de ningún modo al prójimo. Nadie debiera quemar basura, incluso estando en su propia casa, si eso afecta a otras personas o familias. Lo mismo aplica a los tratos entre países. Si llega a arrancar, un proyecto de explotación minera en Guatemala podría causar un gravísimo daño a El Salvador. La mina Cerro Blanco en territorio guatemalteco, propiedad de la empresa canadiense Bluestone Resources, está lista para operar a cielo abierto, es decir, en la modalidad más dañina para el medioambiente y el ser humano. De nada serviría que nuestro país haya prohibido la minería en 2017 si este proyecto y otros similares se ponen en marcha. La mina está ubicada en Asunción Mita, a unos 14 kilómetros de El Salvador y a unos 90 de la planta potabilizadora Las Pavas, por lo que los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, nuestra fuente de agua más importante. Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, un importante tributario del lago de Güija, que a la vez es la cabecera de la cuenca del Lempa. El Lempa nace en Chiquimula, Guatemala. En su recorrido pasa por territorio hondureño y entra a El Salvador por el departamento de Chalatenango, bordea los departamentos de Cabañas y San Miguel, y desemboca en el océano Pacífico, entre San Vicente y Usulután. Es, con mucho, el más grande y caudaloso del país. Del río Lempa se riegan hortalizas y verduras, se alimenta a miles de familias que viven en las cercanías de su cuenca, genera la mayor parte de la energía eléctrica que se produce en el país, da agua a casi la mitad de la población de área metropolitana de San Salvador. En pocas palabras, contaminarlo es hipotecar la vida en el país. La mina Cerro Blanco implicaría no solo la destrucción de ecosistemas en territorio guatemalteco, sino la contaminación con cianuro y drenaje ácido de una de las principales fuentes de vida de El Salvador. Un Estado tiene soberanía sobre su territorio, pero esa soberanía está sujeta a la obligación general de no causar daño al medioambiente de otros países o a zonas allende su jurisdicción, como declara la Declaración de Río de 1992. El principio internacional de la buena vecindad coloca en los Estados la responsabilidad de no dañar el medioambiente; el principio de cooperación internacional contempla la obligación estatal de prohibir actividades dentro de su territorio contrarias a los derechos de otras naciones. La situación es aún más preocupante porque parece no haber conciencia oficial ni pública sobre el gran peligro que se cierne sobre El Salvador. Que se sepa, no hay iniciativas para frenar el proyecto. Por supuesto, las controversias internacionales relacionadas con el agua pueden manejarse por la vía diplomática. Los ejemplos abundan. En las riberas del río Nilo viven 160 millones de personas de 10 nacionalidades diferentes. Un tratado entre esos países ha permitido que el agua del Nilo llegue de manera aceptable a todos. Si hay buena voluntad y en el centro de la controversia se pone el derecho humano al agua por sobre el afán de lucro de las empresas mineras extranjeras, saldrá ganando la población y el medio ambiente tanto de Guatemala como de El Salvador.

Se espera que en los próximos días el Gobierno presente a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Hay una razón fundamental que justifica y hace necesaria la reforma: el actual sistema de ahorro privado solo es capaz de otorgar a la mayoría de los trabajadores la pensión mínima, es decir, 304 dólares, independientemente del salario recibido durante la vida laboral. Ello se debe a que al dividir la cantidad ahorrada por cada trabajador entre 240, el número de mensualidades que establece la ley, el resultado es casi siempre menor a la pensión mínima. Sin embargo, hay que señalar que esto beneficia a las personas con los salarios más bajos y perjudica a los que han recibido mejores sueldos. El problema con las pensiones que ofrece el sistema no se debe únicamente al negocio de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ni se solventará con una administradora pública. Debido a los bajos intereses que actualmente ofrece el mercado de capitales, los sistemas de pensiones como el nuestro, basados en el ahorro privado, requieren de más años de trabajo y de mayores aportaciones o cotizaciones para acumular el capital necesario para ofrecer buenas pensiones. En los sistemas de pensiones basados en el ahorro individual, el monto de la pensión depende de lo que cada cotizante logra acumular con sus aportaciones y de la rentabilidad que esas aportaciones obtienen en el mercado; no depende de nada ni de nadie más. Para satisfacer la demanda de mejores pensiones, equivalentes al 70% o 75% del salario previo a la jubilación, tal como están pidiendo algunos representantes sindicales, habría que implementar cambios en el sistema actual que tampoco serían del agrado de los trabajadores: (a) incrementar el número de años a cotizar para pensionarse; (b) aumentar el porcentaje de las cotizaciones mensuales; y (c) elevar la edad mínima para jubilarse. Sin embargo, estos cambios, que tendrían un importante impacto en la economía familiar y nacional, generarían otro problema: dejarían sin derecho a pensión a más personas por no tener estas el número de años de cotización requeridos para pensionarse, debido a la precariedad del mercado laboral salvadoreño. La alternativa es un cambio radical: abandonar el sistema de ahorro privado e implementar un sistema de reparto, basado tanto en los aportes de cada trabajador y su respectivo empleador como en la solidaridad intergeneracional, en la que los trabajadores activos apoyan con sus aportes el pago de las pensiones de los jubilados. Este tipo de sistemas son capaces de ofrecer mejores pensiones y ser sostenibles siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Primero, la persona que recibe pensión debe retirarse, a fin de que su puesto sea ocupado por alguien en edad laboral. Segundo, la edad de jubilación debe estar acorde con la expectativa de vida: a mayor expectativa de vida, mayor edad de jubilación; a menor edad de jubilación, menor la pensión a otorgar. Tercero, el sistema debe ser equitativo para hombres y mujeres, y debe tratar a todos los derechohabientes por igual, sin excepción. Cuarto, los aportes al sistema de pensiones deben ser acordes a las pensiones que se otorguen. Quinto, por cada trabajador pensionado debe haber un número mínimo de trabajadores activos; actualmente, en el caso de El Salvador, se requerirían seis personas trabajando por cada trabajador pensionado. Sexto, el monto de las pensiones debe estar relacionado con los años trabajados. Y séptimo, las pensiones a otorgar deben tener un valor mínimo y uno máximo en función de cálculos actuariales. Es totalmente imprescindible, además, que el nuevo sistema de pensiones esté blindado, es decir, que los fondos que se aporten al sistema no puedan ser utilizados para nada más que para el pago de pensiones. En este sentido, el patrimonio actual del sistema de pensiones debe ser respetado y debe garantizarse que se destinará únicamente al pago de las pensiones. Asimismo, es esencial que las decisiones sobre las pensiones se tomen con base en argumentos y estudios técnicos, nunca por intereses políticos. Por esto último, tanto los trabajadores como los empleadores y el Gobierno deben estar representados en la instancia que administre el nuevo sistema previsional. El sistema de pensiones de El Salvador requiere un cambio de raíz si lo que se pretende es responder al derecho de los adultos mayores a una vida digna y garantizar los aspectos fundamentales de un sistema de protección social universal: participación de toda la población económicamente activa, independientemente de si las personas son empleadas o trabajan por cuenta propia, y del rubro de la economía en el que se desempeñan; pensiones dignas tanto para las actuales como para las futuras generaciones; autosostenibilidad del sistema, de modo que el monto total de los ingresos por las cotizaciones sea al menos igual al del total de egresos por pago de pensiones y cualquier otro beneficio que el sistema otorgue. Estos son

Mentir sobre los demás es una forma tradicional de esconder los errores propios. Cuando representantes del Estado acusan a sus críticos, la ciudadanía puede dar por supuesto que algo quieren ocultar. Cuando se desea ver corrupción donde no la hay, lo usual es que quienes acusan estén buscando disimular su propio techo de vidrio. Los ataques a la UCA por parte de políticos de Nuevas Ideas son un claro ejemplo de ese modo de actuar que confía en que el insulto descarado y burdo tape las propias contradicciones. No son los únicos que atacan o han atacado a la Universidad. En el pasado, los militares llamaban “comunistas” al liderazgo universitario, pensando que de ese modo podía quedar impune el asesinato de Elba y Celina Ramos y los seis jesuitas. Diversos areneros repitieron casi maquinalmente lo mismo durante un buen tiempo. Y no faltaron miembros del FMLN que acusaban a la UCA de un giro conservador cuando se les criticaban sus errores o cuando no se actuaba según sus conveniencias. Pero nada detuvo a la Universidad a la hora de ser fiel a los intereses de las mayorías; ni los veinte años de una Arena injusta, oligarca y ultraconservadora, ni los diez años de un FMLN tibio y muchas veces incapaz de pasar de un hipócrita lenguaje solidario a una acción seriamente comprometida con la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Los actuales acusadores de la Universidad José Simeón Cañas piensan que pueden convencer a la población de que todo el mundo se vende. Y mezclan así la corrupción de unos con los insultos calumniosos a otros, creyendo que su estrategia es genial y que el éxito está asegurado a base del manejo intensivo de redes. Sin embargo, su táctica nos les rinde los resultados esperados. La UCA les contesta en un comunicado ofreciendo la verdad de lo que hay: la institución educativa realizó servicios que los Gobiernos no podían hacer y solamente si esos servicios iban encaminados al bien común, de un modo especial en el campo del saber y de la educación. Los que dicen ser distintos actúan como los mismos de siempre: calumnian y se venden a cambio de un puesto en el Estado, ya sea para sí o para sus familiares. La UCA siempre ha pensado que El Salvador necesita dialogar sobre los problemas que aquejan a las mayorías. Esa actitud le ha costado insultos y ataques, incluso sangre. Pero el diálogo solo se puede entablar sobre el afán de verdad de las partes. La imposición y el gusto por la polarización no permiten establecer la confianza requerida para llegar a acuerdos. Quienes prefieren imponer sus criterios y caprichos rechazan todo lo que no conduce al sometimiento y a la inclinación reverente de la cabeza. En realidad, se acaban haciendo daño a sí mismos, porque, aunque se impongan durante algún tiempo, la mentira nunca es duradera y se revierte contra sus artífices. A diferencia de ellos, y porque cree en el diálogo y en la verdad, la Universidad afirma sin ambages que no tiene nada que esconder.

El arte de conseguir que una sociedad hable de lo que se quiere que se hable es una habilidad estratégica para cualquiera que se encuentra en el poder. Al poder le gusta que la sociedad hable de ciertos temas y que calle otros. Por ejemplo, cuando un periódico digital sacó una publicación que mostró que el viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, vendió más de cuarenta mil sacos de alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) por un valor de $1,609,087.50, el equipo de comunicación del presidente de la República cambió la descripción del perfil del mandatario a la de “Dictador de El Salvador”. Posteriormente, para asegurar el impacto internacional, la frase fue cambiada a “el dictador más cool del mundo mundial”. El equipo de comunicación del presidente ha sido hasta el momento muy exitoso. Y buena parte del poder que concentra el grupo de la oligarquía que se ha aliado con el presidente se debe justamente a ese éxito. Sin embargo, un ejercicio ciudadano básico consiste en no seguir el juego de los grupos de poder que intentan definir de qué hablar (el setting, como se conoce en los estudios sobre opinión pública) y cómo hablaremos sobre ello (el framing, es decir el enfoque, las discusiones que tendremos). Mientras el grupo de poder intenta que sigamos su juego, hay varios elefantes entre nosotros de los que es necesario hablar. ¿Qué tal si discutimos colectivamente sobre el aumento de los casos de covid-19 y sobre la decisión de no solo no volver a una cuarentena estricta, sino también de no implementar medidas para reducir la movilidad y las aglomeraciones? ¿Qué es lo que se pierde y qué se gana al volver a un cierre como han hecho la gran mayoría de países avanzados? Incluso se ha tomado la decisión de no suspender las clases, como señaló la Ministra de Educación, a pesar de que en las últimas semanas “murieron 55 educadores, 8 estudiantes, 39 padres y madres de familia y 3 abuelos”. O por ejemplo, para evitar las aglomeraciones se ha decidido no permitir ventas de comida dentro de un estadio que estará a su máxima capacidad para el partido contra México. También podemos discutir los datos que existen sobre la cantidad de personas vacunadas y lo que falta por hacer, revisar cuántas campañas educativas en torno a la vacunación hemos visto y cuáles son los programas de divulgación de ciencia que el Gobierno está impulsando en este momento. O mejor aun, ¿Por qué no empezamos a debatir sobre el aumento del calentamiento ya no global, sino local y sobre el impacto del uso de combustibles fósiles en el país? ¿Qué planes tenemos para reducir el impacto ambiental en un territorio que, de acuerdo a los expertos, es ya uno de los más afectados por el cambio climático? Podemos hablar entonces de la ley de aguas que fue desechada, del Acuerdo de Escazú que el Gobierno se negó a firmar. De esa noción de progreso que es tan propia de los países subdesarrollados en donde se plantean falsos dilemas: o el progreso que trae el cemento (grandes construcciones, carreteras y viviendas) o el mundo ecológico en donde los seres humanos no tendremos nada. Si nos decidimos por esto podremos discutir sobre cómo el cemento y la noción de progreso es insostenible. Podríamos también discutir sobre cómo El Salvador ha contaminado más del 90% de sus aguas superficiales y cómo en realidad existen formas de convivencia en donde el desarrollo no está reñido con el cuidado de nuestro planeta, de nuestros ríos, de nuestros cielos. Podemos también discutir quiénes son los otros grupos poderosos que se están beneficiando con este Gobierno. Podemos revisar los permisos que se han otorgado para la construcción del megaproyecto Ciudad Valle del Ángel, o al menos las investigaciones que se han hecho tratando de averiguar la información reservada y discutir por qué este gobierno está beneficiando a la familia Dueñas en detrimento de muchos pobladores de la región. Hablemos también de la cifra récord de salvadoreños que han sido detenidos mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos, 88 mil solo en este año (tres veces más que en 2019) y sobre el aumento de remesas que hace que la economía no colapse aún. Hablemos de los miles de empleos que se han perdido y sobre las tres mil nuevas plazas que ha creado el gobierno, y que se pagarán con nuestros impuestos. Hablemos de nuestros niños y niñas que siguen sin recibir computadoras. De lo difícil que se ha vuelto ahora confiar en que estamos aprendiendo nuevas competencias y habilidades en un sistema educativo que se maneja a punta de mensajes de Whatsapp. Hablemos de los desaparecidos, de los asesinados, de los que ya no están por la pandemia. Hablemos de la tristeza que estamos cargando y de la falta de acceso a tratamientos para la salud mental en nuestro país. Hablemos de la falta de medicinas para atender otras enfermedades, de los nuevos peligros que enfrentan nuestros enfermos de cáncer, de problemas renales, de degeneracion

La crisis migratoria en América Latina va en aumento. En México se amontonan cientos de miles de migrantes. Los niños detenidos en recintos prácticamente carcelarios se cuenta por decenas de miles. Los venezolanos salen de su país por millones. A los haitianos los cazan a caballo los gringos. Y decimos “cazar” porque no hay otra palabra para definir la indignidad que nos muestran las fotografías de policías estadounidenses a caballo persiguiendo y capturando haitianos. Si el mundo es de todos, si nos llenamos la boca hablando de la aldea global, los migrantes nos descubren la hipocresía y la falsedad del mundo del bienestar que gusta llamarse a sí mismo “desarrollado”. El mismo mundo de la riqueza que defiende aprovechar las oportunidades y acudir libremente a donde se puede hacer dinero muestra colmillos de perro a los pobres de nuestros países cuando se acercan a sus fronteras, movidos por esas mismas propagandas de la libertad para aprovechar oportunidades. Incluso nosotros, en nuestros países generadores de migración, cuando llegan migrantes de otros países, tenemos la tentación de actuar como los inmorales del norte. Pero si de inmoralidad se trata, también nosotros tenemos que revisar nuestras cuentas pendientes. La desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades generadas por estructuras profundamente injustas; la violencia; las políticas irresponsables, autoritarias y polarizantes son las causas de fondo por las que la mayoría de nuestros hermanos centroamericanos y latinoamericanos huyen de sus países. Nuestra gente deja tierra y amigos, cultura asimilada y tradición festiva para alojarse en un país que nunca los verá como ciudadanos propios, pero que al menos les deja ganar lo suficiente para vivir un poco mejor e incluso ayudar a sus parientes que permanecen en sus pobres patrias rotas. Es impresionante que haya que gastar 11,000 dólares para emprender un viaje de peligros y dificultades con un porcentaje relativamente alto de fracasos. Pero el riesgo de quedarse es todavía mayor para mucha gente, y por eso la sangría poblacional no cesa. Ante la situación hay dos caminos básicos. El primero es el de la solidaridad con los migrantes. Cristianos que creen en las palabras de Jesús de Nazaret, “Era peregrino y me hospedaron”, no pueden ni deben quedarse indiferentes ante el drama actual. Y más sabiendo que Jesús insiste en que “lo que hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. Personas que creen en la igual dignidad de todos los seres humanos no pueden ni deben cerrar los ojos ante la tragedia. No hablar, no denunciar la hipocresía y la dureza de los países ricos es negar la propia humanidad. Solidarizarnos en todas partes con nuestros hermanos migrantes que huyen de la inhumanidad para caer en otras manos igual o más inhumanas, es imprescindible. Acoger, fomentar la virtud de la hospitalidad, apoyar al caminante en sus procesos resulta un deber ético de primer orden. El segundo camino, también necesario, es comprometernos con el desarrollo solidario y equitativo de nuestros países, crear una convivencia social justa, construir instituciones realmente al servicio del desarrollo de las capacidades de las personas. Ese es el reto que muchos tenemos como país. La desigualdad, el autoritarismo, la condena a la pobreza que producen nuestras instituciones deben ser combatidos. Que nadie migre por necesidad o por miedo es una tarea pendiente que debemos enfrentar en El Salvador y en Latinoamérica. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los legisladores están para obedecer, no para pensar, mucho menos para discutir. No discuten los anteproyectos de ley y el trabajo de las comisiones es casi nulo. Aprueban casi toda la legislación con dispensa de trámite, es decir, sin conocimiento ni debate. La comisión del agua se negó a escuchar a la sociedad organizada, que pedía acceso universal a ese bien público vital. Las que dicen investigar la corrupción gubernamental pasada no descubren nada nuevo. Persisten porque sirven bien a la estrategia publicitaria presidencial, que se ensaña con Arena y el FMLN. Los legisladores no representan a quienes los eligieron, sino a Bukele y sus hermanos, que los colocaron en el escaño para dar formalidad jurídica a sus deseos. La aplanadora oficialista legisla desde la ignorancia. En parte, porque la mayoría no tiene la educación y la experiencia mínima necesarias para desempeñar con solvencia una diputación; en parte, porque no le interesa el pensar y el sentir de sus representados, aun cuando asegura servir al pueblo. Uno de los diputados satélites del oficialismo reconoció públicamente sin vergüenza alguna que desconocía el bitcóin. Sus colegas no deben ser más entendidos, ya que Casa Presidencial, una vez aprobada la ley, solicitó una consultoría externa. Los términos de referencia hablan por sí mismos: beneficios de la criptomoneda; utilización por parte de los funcionarios, los empresarios y la ciudadanía; regulación, promoción, inversión en infraestructura y tecnologías emergentes; y brecha digital. Dicho de otra manera, aprobaron una ley sin saber qué aprobaban. Otro tanto se observa en la purga de los jueces y los fiscales. Los considerandos de las leyes reformadas aluden a “la modernización” de la judicatura y a la regulación de la carrera fiscal. Poco después, Bukele dio la nota y diputados y funcionarios entonaron la justificación esperada: los mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio fueron depuestos por corruptos. La relación entre la edad o los años de servicio, y la corrupción no ha sido establecida aún. Tampoco por qué algunos de los comprendidos en la purga continuarán en sus puestos, incluido el padre del fiscal general. La incoherencia y la irracionalidad no representan dificultad alguna para unos legisladores que saben bien a quién deben el escaño y para qué lo ocupan. La práctica de esta legislatura obliga a cuestionar su utilidad. Se podría prescindir de ella, ya que no aporta ni controla. Bastaría con dejar constancia de la mayoría de votos del oficialismo y sus socios, y aplicarla automáticamente a los deseos presidenciales con formato de anteproyecto de ley. Eso supondría un ahorro considerable para la maltrecha economía pública, ya que no habría que pagar salarios y prestaciones por oprimir semanalmente un botón. Pero eso sería contra natura. Los legisladores sirven bien al amo a cambio de las comodidades y los privilegios del funcionario público de alto rango. La práctica legislativa actual no es nueva. Es idéntica a la de los partidos oficiales de los militares, de Arena y del FMLN. En realidad, el autoritarismo no necesita la formalidad institucional. El oficialismo racionaliza con los resultados electorales su manera de proceder. “Si el pueblo […] otorga el poder para hacer cambios y el pueblo exige esos cambios, sería no menos que una traición no hacerlos”, declara Bukele, muy seguro de sí mismo. Pero se equivoca al suponer, sin fundamento, que el voto es una autorización para introducir “cambios” sin más y que puede dictar cuáles son los cambios convenientes para la ciudadanía. Prueba de ello es el creciente rechazo social a sus cambios. Las tres protestas masivas de septiembre son elocuentes. Manifiestan que el oficialismo no representa a una parte cada vez más significativa de la opinión pública. La reacción no se ha hecho esperar. La cuenta presidencial en Twitter es más irascible y la represión se cierne cada vez más amenazadora. El acoso se ha intensificado y ya utilizaron la primera lata de gas pimienta. El régimen tolera mal el contraste entre la calle y el espejismo de las redes sociales. Mientras Bukele y los suyos desacreditan la protesta por considerarla comprada con dólares estadounidenses, por abusar de la tercera edad, por acarrear gente, por la ortografía popular, los descontentos ocupan resueltos el espacio público para gritar su frustración, su rechazo y su cólera. Y serían más si la Policía no entorpeciera concurrir a las convocatorias. El señalamiento a la líder de sus asesores venezolanos en la última protesta indica el nivel de la ira popular. Atribuir la protesta a Arena y al FMLN es reconocerles un poder de movilización que estos partidos perdieron hace ya tiempo. El régimen sobrelleva una perturbadora crisis de representatividad y credibilidad. Su popularidad muestra fracturas que amenazan su estabilidad. Impotente, observa cómo pierde el control de la opinión pública. En el desconcierto, Bukele se ensaña con los chivos expiatorios de siempre y

La ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocida como Fodes, fue aprobada en 1988 como fruto de un proceso de concienciación y lucha de los gobiernos locales por la formulación de una política pública que descentralizara el Estado y desburocratizara sus instituciones. La FAO define la descentralización como el proceso de “transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local”. Es decir, transferir fondos a los municipios es transferir, además de recursos económicos, poder. Por eso, la descentralización también transfiere autonomía y, con ella, una gran responsabilidad en los gobiernos locales. Norman Uphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar, al menos, cuatro objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades; segundo, mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos; tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas de democracia son posibles en lo local; y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad. Lo anterior permite valorar mejor la decisión de Nayib Bukele de reducir drásticamente la partida presupuestaria del Fodes. Es esta una acción más de su estrategia autocrática de concentrar al máximo el poder. Pese a que la mayoría de alcaldías del país está en manos de Nuevas Ideas y a que la falta de fondos las está ahogando y deslegitimando ante sus electores, Bukele ha decidido transferirles la menor cantidad de dinero posible y, con ello, apostar por el control absoluto, por encima del bienestar de las localidades y del futuro político de los ediles. Mientras en la mayoría de países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en sentido contrario. En Bukele, el control del poder está ligado a la supuesta posesión de la verdad: el Gobierno sabe lo que necesita el país, conoce las soluciones a sus grandes problemas; por ende, no necesita consultar a nadie ni darle participación a terceros. Además, el presidente está obsesionado con el dinero. Él y los suyos han endeudado a las presentes y futuras generaciones a niveles insospechados, toman como propios los recursos económicos de las carteras del Estado y no ocultan sus ansias de hacerse con el fondo de pensiones. Un hambre de poder y dinero que se conjuga con un rechazo rotundo a cualquier mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto, el uso de los fondos dirigidos a los municipios puede y debe fiscalizarse de mejor manera. De hecho, dicha fiscalización era una necesidad ante los abusos y el despilfarro en muchas alcaldías. Pero no se soluciona un problema creando otro peor. La salida no era, no es ni lo será quitar fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo, peor aún si a su cabeza está alguien cuyo único proyecto de desarrollo es él mismo

Octubre ha comenzado con dos días internacionales. El 1 celebrábamos el día del adulto mayor y el 2, el de la no violencia; ambos son días internacionales propuestos por la ONU para ayudarnos a reflexionar. Pero con demasiada frecuencia nos gusta más la pelea del momento que la reflexión. Y así hemos celebrado al revés estos días. El del adulto mayor no se ha celebrado; simplemente se ha ofendido y se ha hecho burla desde el poder a los derechos de los ancianos. Una Asamblea de jóvenes ignorantes y una Corte Suprema dirigida por farsantes del derecho han decidido celebrar el día del adulto mayor jubilando por decreto a los jueces de 60 años de edad en adelante. Algunos de los jóvenes diputados, con ese estilo de rebeldes neofascistas, se han dedicado no solo a violar una convención de derechos humanos ratificada y, por tanto, vigente y generadora de obligaciones en El Salvador, sino a insultar a los jueces de la tercera edad generalizando la acusación de corrupción. Los jueces de la Corte, por su parte, parecen haber cambiado las credenciales que la Constitución les otorga. En vez de la calificación que la Constitución les exige de instrucción y moralidad notorias, han preferido las palabras que dicho texto dedica a los militares: obedientes y no deliberantes. Pero no a la ley, sino al mandato del amo. Con este estilo de los diputados, tan lleno de desparpajo e ignorancia, solo falta que el Gobierno destroce las pensiones, a las que más de uno en los ámbitos del poder parecen tenerle hambre. Si en los tiempos fuertes de la pandemia se descuidó a los ancianos de los asilos, parece que ahora se quiere ir por el resto, empezando por los jueces. El día 2 de octubre fue el Día Internacional de la No Violencia, estatuido en recuerdo de Gandhi. Y precisamente en ese día, Amnistía Internacional pidió que en El Salvador cese el abuso policial contra los jóvenes. Seguro que acabarán diciendo que Amnistía Internacional depende de Soros. Pero, ya puestos a celebrar el día, al ministro de Hacienda no se le ha ocurrido nada mejor que presentar un presupuesto nacional dándole a la Fuerza Armada el aumento monetario más grande de estos casi 30 años de paz. Mientras las armas aumentan, continúan las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones de jóvenes, y se estancan en la Fiscalía crímenes de grupos de exterminio, como el cometido contra el P. Walter Vázquez hace ya más de tres años. Más dinero a los militares y menos juicios a los exjefes de Estado Mayor parece el modo de celebrar la paz entre nosotros. Si la no violencia de Gandhi estaba llena de reflexión y de opciones serias de desarrollo humano, algunos de los ideólogos del poder no saben más que destilar acidez en las redes, pensando que el insulto es una forma moderna de libertad de expresión que resulta muy dulce ejercitarla desde el poder, una forma tan moderna como poética de ejercer el servicio público. A los pobres hombres y mujeres que así actúan, Gandhi les debe parecer una pieza de museo. Celebrar las cosas buenas siempre es educativo. Celebrar a las personas que nos mostraron camino de humanidad en el país es necesario para el desarrollo ético de las nuevas generaciones. A los mayores les debemos la memoria y una buena parte de la identidad de nuestro pueblo. La no violencia activa ha tenido mártires en el país, que han hecho más por el prestigio y el respeto a El Salvador que todas las narrativas de los millonarios, de los amantes de las armas y de los tejedores políticos de sueños y promesas. Cuando lo bueno no se celebra, algo falla en los valores morales de una comunidad. Cuando vemos el cariño con que la gente de bien celebra a sus abuelos, no podemos menos que asustarnos cuando vemos la brutalidad irresponsable e ilegal con la que se despoja de su trabajo a gente honesta, discriminándola por edad. * José María Tojeira, director del Idhuca.

La baja calidad de la educación pública salvadoreña es un hecho incuestionable desde hace décadas. Varias son las causas, pero en primer lugar debe señalarse el históricamente ba jo presupuesto dedicado al sector. Esto tiene como consecuencia directa escuelas sin las condiciones mínimas para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje; sin bibliotecas, laboratorios o espacios recreativos; sin las herramientas y materiales pedagógicos que una educación de calidad requiere; sin conectividad a Internet; con jornadas educativas presenciales demasiado cortas; con un elevado número de estudiantes y con docentes que deben atender en una misma aula a niños de distintos grados; con salarios insuficientes y desmotivadores que obligan a muchos docentes a realizar dobles jornadas para conseguir el ingreso necesario para una vida más o menos digna. A la baja inversión hay que sumar la incapacidad de los sucesivos liderazgos que han estado al frente de la educación nacional para ejecutar los planes estratégicos que ellos mismos se han propuesto. Más aún, cada nuevo titular que llega al Ministerio de Educación inicia un nuevo plan, sin contar con nada de lo hecho anteriormente. Otros aspectos nocivos son la incapacidad de organizar adecuadamente y a nivel nacional el proceso educativo, asignar las direcciones de los centros escolares y formarlas, garantizar que las escuelas cuenten con docentes especializados en cada una de las áreas del conocimiento y tener en cuenta la especificidad del contexto en el que se encuentra cada centro educativo. Todas estas dificultades se han puesto más claramente de manifiesto con la pandemia de covid-19. Muchas escuelas no han podido retomar las clases presenciales por no contar con cosas tan elementales como agua potable. El coronavirus también ha revelado la falta de formación para la enseñanza en línea, el bajo conocimiento del personal docente en el uso de las tecnologías digitales, la dificultad de la población estudiantil para acceder a ellas (fundamentalmente por la pobreza en la que vive el 40% de la población) y la enorme brecha entre los sectores rurales y urbanos. Asimismo, ha quedado en evidencia el papel crucial de los docentes para mantener la continuidad del aprendizaje y dar apoyo socioemocional a sus alumnos. En este sentido, no cabe más que respaldar a las voces que claman por una mayor capacitación y mejores condiciones docentes. En este contexto excepcional, es de justicia reconocer la encomiable labor, gran entrega y alta motivación de muchos profesores, que pese a las adversidades y dificultades realizan la misión que se les ha encomendado. Por ello, cobra especial significado el mensaje de Naciones Unidas en el Día Mundial de los Docentes: “Es muy importante reconocer la excepcional dedicación y valor de los docentes, y su capacidad de adaptación e innovación en condiciones muy difíciles e inciertas. Son agentes esenciales en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación y resultan fundamentales para acelerar el progreso hacia una educación inclusiva equitativa y de calidad para todos los alumnos, en cualquier circunstancia”. La pandemia ha perjudicado la formación de millones de niños y niñas en el mundo; en El Salvador, son miles los niños que han abandonado la escuela y probablemente muchos más los que no han alcanzado el nivel de aprendizaje requerido para el grado que cursan. Para tratar de recuperar la educación, un primer paso es reabrir las escuelas lo antes posible. La experiencia de otros países muestra que ello es posible sin poner en riesgo la vida de los educandos. Pero antes, por supuesto, se deben realizar mejoras en todas las escuelas públicas que lo necesiten. La recuperación de la educación solo podrá realizarse si, además, se trabaja en conjunto con los docentes, dándoles voz y voto en las decisiones que se implementen, tomando en cuenta su experiencia y conocimiento. Son los docentes los que mejor conocen las necesidades y realidad educativa del país.

Nuevas mentiras Editorial UCA 04/10/2021 En general, la clase política salvadoreña privilegia la mentira sobre la verdad. No todo lo que dice es falso, pero suele mentir cuando promete bienestar, cuando habla de justicia social haciendo propaganda gubernamental y cuando asegura que en el país se respetan los derechos humanos. En el mundo se ha impuesto la época de la posverdad, en la que se confunde la verdad objetiva con el interés particular y en la que se crean emociones y esperanzas para inhibir el uso de la razón. En este sentido, la mayoría de políticos salvadoreños han resultado avezados, pues por tradición han buscado confundir dictadura con democracia, guerra civil con terrorismo, y corrupción y enriquecimiento ilícito con progreso nacional. Y por ello están aprovechando al máximo este tiempo, donde con facilidad la mentira se mezcla con verdades a medias o se hace pasar por una verdad dogmática a base de una propaganda que falsea la realidad. Asegurar que el bitcóin enriquecerá al país y generará desarrollo para todos es una de esas mentiras con pretensión de verdad. En ninguna parte del mundo una criptomoneda ha conseguido el enriquecimiento general de la ciudadanía de un país. Es un negocio de pocos: en enero de este año, una encuesta realizada de forma virtual revelaba que, a nivel mundial, poco más de 22 millones de direcciones únicas de Internet enviaron o recibieron criptomoneda. Aunque este tipo de transacciones va creciendo, el reducido acceso a Internet en El Salvador y la poca capacidad de seguimiento de las variaciones del valor de las criptomonedas limitan severamente el uso de las mismas. Como en la mayor parte de los negocios, un grupo reducido se enriquecerá con el bitcóin; para la mayoría de la población no significará más que una nueva mentira. Así como también lo es decir que se quiere sanear el sistema judicial mientras se remueve jueces discriminando solo con base en la edad; una mentira que busca hacer pasar el mal como un bien. Si la mentira crece y la noción de verdad desaparece, se terminará por identificar la verdad con la pura conveniencia personal, eliminando en la práctica la ética y la moral. Y en la medida en que la capacidad racional de buscar y encontrar verdad disminuya en el país, disminuirá también la capacidad de diálogo. Ya sabemos a qué tipo de desgracia y represión, brutalidad y desconfianza lleva la falta de diálogo. Quienes desean establecer puentes para el entendimiento saben que algunos miembros del Gobierno están dinamitando todos los mecanismos de diálogo. Ello queda claro en las redes, con un nivel de agresividad que en la vida real llevaría a la violencia física. Y se ve en la falta de voluntad de hablar seriamente con la sociedad civil crítica, a la que se acusa de aliada de los poderes del pasado. Una sociedad civil crítica que se ha distinguido históricamente por trabajar en favor de la paz y por luchar contra la violencia, la corrupción y la ineficacia gubernamental, desde mucho antes de que nacieran algunos de los diputados actuales. Utilizar la mentira contra un sector de la población solo empeorará la crisis actual.

La intervención del presidente en la Asamblea General de Naciones Unidas tiene una interesante novedad. En ella, Bukele esboza su visión del desarrollo. Aspira a construir una sociedad donde cada uno trabaje en lo que le gusta, ya que, al ser de su agrado, trabajará bien; y donde nadie trabaje “un día más” del deseado. Cuando ese momento llegue, desaparecerá el anciano deslomado por el acarreo de pesados fardos, la mujer que empuja un carrito por la calle lleno de cualquier cosa vendible, el comercio informal en calles y plazas, y el trabajo infantil. “Eso es lo que haremos, poco a poco”, ratificó Bukele, “tratando de construir, poco a poco, las oportunidades y cultivando el criterio para utilizarlas”. El futuro prometido es francamente atractivo, pero es igualmente irreal. Si bien Bukele aseguró que avanzará “lo más rápido que podamos”, no indicó cuándo y cómo lo hará. Tampoco los riesgos de esas oportunidades, ni su costo, ni quién pagará. Responder estas preguntas evita crear falsas expectativas. Las primeras piedras de las gigantescas obras que ha prometido colocar el próximo año no conseguirán que cada uno trabaje el tiempo que quiera, en lo que le gusta. Si así fuera, los inmigrantes salvadoreños residentes en Estados Unidos, un país con grandes infraestructuras, ya estarían disfrutando de ese mundo fantástico. Un mundo así requeriría un Estado de bienestar que los países escandinavos, donde los servicios sociales son universales y de excelente calidad, no han alcanzado. Semejante construcción social requiere redistribuir la mayor parte de la riqueza nacional, algo que Bukele no se atreve a intentar, ni siquiera en escala modesta. Prefiere repartir dólares y alimentos, y confiar ciegamente en la tecnología, la globalización y “el potencial infinito de la imaginación de la creatividad humana” para “continuar el progreso de la humanidad”, como una “carrera de relevos” infinita. Por tanto, el progreso se logra con “la mínima voluntad” y con otros “optimistas del futuro y del potencial humano” como él. Bukele está convencido de que la libertad humana no tiene límites y que, por tanto, puede llegar adonde se lo proponga, así como explotar impunemente la naturaleza. El rechazo de los límites conduce a la desmesura y a la creencia de que todo es explotable y utilizable. Sin embargo, solo ha puesto en práctica su ilusa concepción de la libertad en el ámbito estatal, donde ha suprimido los límites y los controles del poder presidencial. La censura de la comunidad internacional le ha provocado tal disgusto que le echó en cara no haber sabido aprovechar las crisis mundiales para “analizar si estamos haciendo lo que en realidad debemos” y por no escuchar sus advertencias sobre cuál es el camino correcto. En cambio, cuando él aprovecha la crisis nacional para “hacer las cosas diferentes”, lo critica, “en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino”. Ante tanta insensibilidad, Bukele no solo anunció desafiante “la intención […] de irnos por ese nuevo camino, el camino de nuestro desarrollo”, sino que también presagió que este es “un camino que el resto de la humanidad pudiera seguir”. Asimismo, avisó que no tolerará intromisiones. Solo aceptará la cooperación de quienes respeten su autoritarismo, el camino que conduce a la prosperidad y la felicidad. El presidente salvadoreño se ha presentado ante la comunidad internacional como el único que conoce cómo superar las crisis de “un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más indigente, un mundo donde nadie sabe hacia dónde vamos”. Pero su presidencia se caracteriza por dividir e improvisar, lo cual genera ansiedad y profundiza la pobreza y la desigualdad. Contradictoriamente, confía en las bondades de la globalización para alcanzar el progreso, pero rechaza cooperar con las otras naciones. Estas deben seguirlo, no indicarle cómo gobernar. Bukele pretende marchar en solitario, como un iluminado, hacia el reino de jauja, acompañado de voluntaristas y optimistas. Mientras las potencias se esfuerzan por hacer a un lado sus diferencias y encontrar acuerdos para enfrentar los desafíos del mundo actual, desde el calentamiento global, el crimen organizado y el terrorismo, pasando por los regímenes autoritarios y represivos de todos los colores, Bukele las desafía, desde una perspectiva miope. No conoce más crisis que las guerras mundiales y la pandemia de la covid. Y su modelo de optimismo es la década de 1920, cuando, según él, “la humanidad pensaba en el futuro que quería y trabajaba para lograrlo”. En realidad, lo que sobrevino fue la gran crisis del capitalismo de 1929 y la Segunda Guerra Mundial con el holocausto y la bomba atómica. No debe extrañar, entonces, que su discurso caiga en el vacío. Su planteamiento carece de fundamento y su propuesta es irreal. El sensato recapacitaría y tomaría otro camino. Pero la consistencia no es virtud del mandatario. Incoherentemente, no sigue los consejos que da a la comunidad internacional sobre la

El editorial para hoy 29 de septiembre. Para la presente semana habla sobre la importancia de vacunarse.

El mensaje del papa Francisco para la 107.ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado tiene como lema y horizonte “Hacia un nosotros cada vez más grande”. Sucintamente podemos decir que el texto recoge uno de los principales desafíos que tiene el mundo actual: el “nosotros” está roto y fragmentado, herido y desfigurado. El papa reitera que “los nacionalismos cerrados y agresivos [...] y el individualismo radical [...] resquebrajan o dividen el nosotros, tanto en el mundo como dentro de la Iglesia”. Asimismo denuncia que el precio más elevado lo pagan quienes más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados. La reconstrucción del “nosotros” tiene para el papa un referente de fe esencial: el Dios de la Biblia quiso salvar a la humanidad, pero no persona a persona, individualmente, aisladas entre sí, sino organizándolas en un pueblo. “Un nosotros destinado a incluir a toda la familia humana, a todos los pueblos: ‘¡Esta es la morada de Dios entre los hombres! Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos’”. Desde esta inspiración, el papa habla de la necesidad de una Iglesia cada vez más católica, de un mundo cada vez más inclusivo y de una posibilidad histórica de soñar juntos un mundo nuevo. Respecto a lo primero (unidad en la diversidad), el papa señala que “los fieles católicos están llamados a comprometerse, cada uno a partir de la comunidad en la que vive, para que la Iglesia sea siempre más inclusiva, siguiendo la misión que Jesucristo encomendó a los apóstoles”. El anuncio de la cercanía del reinado de Dios implicará para la Iglesia salir a las calles de las periferias existenciales para curar a quien está herido y buscar a quien está perdido, sin prejuicios o miedos, sin proselitismo, pero dispuesta a ensanchar el espacio de su tienda para acoger a todos. Entre los habitantes de las periferias, puntualiza Francisco, encontraremos a muchos migrantes y refugiados, desplazados y víctimas de la trata, a quienes el Señor quiere que se les manifieste su amor y que se les anuncie su salvación, mostrándose solidarios con ellos. En cuanto a la construcción de un mundo cada vez más incluyente (donde se derriben muros y construyan puentes), el obispo de Roma hace un llamado a todos los hombres y mujeres del mundo a recomponer la familia humana para construir juntos un futuro de justicia y de paz, asegurando que nadie quede excluido. En esta línea, recuerda que el futuro de nuestras sociedades es uno “lleno de color”, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Por eso debemos aprender hoy a vivir juntos, en armonía y paz. El papa afirma que “las migraciones contemporáneas nos brindan la oportunidad de superar nuestros miedos para dejarnos enriquecer por la diversidad del don de cada uno. Entonces, podemos transformar las fronteras en lugares privilegiados de encuentro, donde puede florecer el milagro de un nosotros cada vez más grande”. Finalmente, exhorta a soñar juntos. A hacerlo “como una sola humanidad, como compañeros del mismo viaje, como hijos e hijas de esta misma tierra que es nuestra casa común, todos hermanos y hermanas”. Este soñar juntos implica, según lo refiere en varios de sus escritos, la búsqueda de economías que permitan a todos el acceso a los frutos de la creación, a las necesidades básicas de la vida: tierra, techo y trabajo. Supone políticas que puedan integrar y dialogar con los pobres, los excluidos, los vulnerables, y les permitan tener voz en las decisiones que afectan sus vidas. Comprende la existencia de un movimiento popular que sepa que nos necesitamos mutuamente, que tenga un sentido de responsabilidad por los demás y por el mundo. Un movimiento, en fin, que proclame que ser compasivos, tener fe y trabajar por el bien común son grandes metas de vida (utopía de la civilización del encuentro y el cuidado). En suma, las siguientes palabras que encontramos en el texto plasman el núcleo de este mensaje: “Todos estamos en la misma barca y estamos llamados a comprometernos para que no haya más muros que nos separen, que no haya más otros, sino sólo un nosotros, grande como toda la humanidad”. * Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La supuesta depuración de jueces corruptos es en realidad un mecanismo de control político: se expulsa a un buen número de jueces independientes y se le da más poder a magistrados corruptos plegados al Ejecutivo. Si en algo podría estar de acuerdo la mayoría de la población con el Gobierno es en que se necesita una depuración tanto en el sistema judicial como en la Fiscalía General de la República. Pero la depuración impulsada va por un camino equivocado que destruye la poca seriedad que había en ambas instituciones. Si honestamente se quisiera depurarlas, la ruta debería ser otra, no en base a despidos masivos, sino evaluando a cada juez o fiscal de manera independiente, legal y con criterios consensuados previamente. De hecho, la Constitución ofrece criterios de evaluación que no se están tomando en cuenta en este desastroso e ilegal proceso de depuración. La moralidad notoria, el respeto a la presunción de inocencia, la transparencia informativa y la capacidad de enjuiciar crímenes de lesa humanidad podrían ser, entre otros, acápites de una buena evaluación. Pero, para los depuradores, este tipo de criterios poco importan. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa impuso como miembro de la Sala de lo Constitucional a un exfiscal que coaccionó a una persona acusada de ser parte del entramado de corrupción de Antonio Saca. La Asamblea Legislativa, muy probablemente por ignorancia irresponsable, y la Corte Suprema de Justicia, simplemente por corrupción, han preferido un sistema de depuración que desprecia la capacidad e historial de los jueces, que no distingue entre buenos y malos profesionales, y que, para colmo de males, viola flagrantemente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscrita y ratificada por el Estado salvadoreño el 18 de abril de 2018. Sin entrar en mucho detalle sobre las múltiples violaciones que se cometen contra una convención internacional que legalmente tiene más importancia que la ley secundaria salvadoreña, baste recordar que la “discriminación por edad” está prohibida por esa normativa, que dice que “la persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad”. Además, la Convención establece que solo “las exigencias propias de la naturaleza del cargo” pueden servir para establecer diferencias en las obligaciones de las personas. Violar la ley para purgar el sistema judicial es un sinsentido que tendrá graves efectos sobre la de por sí escasa probabilidad de conseguir pronta y verdadera justicia en el país.

Que un juez detenga decisiones de las más altas autoridades por considerar que violentan derechos humanos no es nada frecuente en El Salvador, como sí lo es en Estados Unidos. Valgan dos ejemplos. En agosto de este año, un juez federal de Texas declaró nulas las disposiciones para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuviera a migrantes indocumentados. El Gobierno de Joe Biden obedeció el fallo. En octubre de 2018, otro juez federal bloqueó la orden de Donald Trump de suspender los TPS a los nacionales de cinco países. A regañadientes, pero la orden fue acatada. Este tipo de acciones solo pueden darse en un país donde la ley tiene prioridad sobre la voluntad política. En El Salvador, en cambio, vale más la palabra del poderoso. En este sentido, que la Cámara de Familia de la Sección de Oriente le ordene a la Corte Suprema de Justicia, y por extensión a la Asamblea Legislativa y al presidente de la República, suspender la aplicación de la reforma de ley que jubila a 249 jueces es un paso adelante en la defensa de los derechos humanos, la institucionalidad y el decoro. El 31 de agosto, la Asamblea Legislativa, contraviniendo la independencia de poderes, aprobó el decreto 144, que reforma la Ley de la Carrera Judicial para forzar a retiro a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años o con 30 años o más de servicio. Utilizando una narrativa humillante para los letrados, el Gobierno justificó la decisión como una limpieza del sistema judicial. Evidentemente, este urge de cambios profundos, pero asegurar que todos los jueces mayores de 60 años son corruptos es tan injusto y descabellado como afirmar que todos los funcionarios jóvenes son honestos. La Corte Suprema de Justicia no solo bajó la cabeza ante el decreto legislativo, sino que también puso entre la espada y la pared a los afectados. En un comunicado, les planteó la disyuntiva de renunciar a sus cargos antes del 25 de septiembre para recibir una bonificación económica o ser despedidos. De acuerdo a diversos reportes, cuando se conoció la decisión de la Cámara de Familia ya 77 jueces habían renunciado y 80 habían solicitado estar en régimen de disponibilidad. Desde la primacía de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Cámara ha ordenado dejar en suspenso la aplicación de la reforma. Es decir, aplicó el principio de jerarquía normativa, que implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establece una de rango superior. En El Salvador, la ley superior es la Constitución de la República, le siguen los convenios internacionales que el Estado salvadoreño ha suscrito (la Convención es uno de ellos) y después las leyes secundarias. Es decir, la Cámara de Familia de San Miguel ha actuado conforme a la ley. Su acción obliga al presidente, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia a elegir entre cumplir con la legalidad o hacer que la ley diga lo que ellos quieren que diga, como fue el caso de la reelección presidencial. Nada indica que el poder de la ley triunfará sobre la ley del poder.

La oposición al Gobierno de Bukele: ¿qué falta? Álvaro Artiga* En las marchas del pasado 15 de septiembre (15-S), entre las consignas más pegajosas estaba esta: “¡¿Cuál es la ruta?!”. Entre las respuestas había dos muy sonoras. La primera se expresaba mal del presidente; la segunda, “¡Sacar al que recluta!”. La pregunta “¿Cuál es la ruta?” expresa un desafío para los sectores y organizaciones sociales opositoras a varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia: el desafío de dilucidar la estrategia para impedir el establecimiento y consolidación de una dictadura en El Salvador. Antes hubo otras manifestaciones de protesta en espacios públicos, pero no fueron tan numerosas como la del 15-S. En las redes sociales era frecuente encontrar el reclamo para dejar la zona de confort y pasar a la calle. El irrespeto a la Constitución por parte del Gobierno y sus aliados no lograba expresarse masivamente en las calles. Algo faltaba en las convocatorias opositoras para que muchos más se animaran a expresar su descontento en el espacio físico, no solo en el virtual. La aprobación de la ley del bitcóin, las reformas a la ley de la carrera judicial, el aval de la Sala de lo Constitucional para la reelección del actual presidente de la República fueron decisiones gubernamentales que activaron emociones y sentimientos de una parte importante de la ciudadanía opositora al Gobierno. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020, la destitución y nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, la propuesta de una reforma constitucional, la neutralización del Instituto de Acceso a la Información Pública, la opacidad en el manejo de los fondos públicos durante la pandemia, la negativa al traslado de fondos a las municipalidades como lo establece la todavía vigente ley del Fodes, las violaciones a los derechos humanos en los primeros meses de la gestión de la pandemia, el ataque a periodistas etiquetados como “incómodos”, el cierre de operaciones de la Cicies... nada de ello activó la movilización callejera. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? ¿Se ha llegado a un punto de inflexión en la popularidad del presidente? Las encuestas de opinión que se dieron a conocer inmediatamente antes del 15-S mostraron una disminución en la popularidad de aquel. Pero retirarle el apoyo a alguien no implica necesariamente pasar a la oposición. Una alternativa podría ser simplemente pasar a la indiferencia, distanciarse. Dar el paso a la movilización callejera es algo más. En general se dice que las acciones de protesta en la calle son acciones políticas no convencionales. Es decir, se recurre a medios no institucionalizados para expresar una posición sobre asuntos de interés público. Y ello puede obedecer, o bien, a una estrategia política planificada, o bien, a que los espacios y medios institucionales para expresarse no logran canalizar ese descontento. La estrategia política del presidente y sus aliados optó por acabar con la eficacia de esos canales. En otras palabras, es la misma estrategia presidencial la que está provocando la movilización y la protesta callejera. Culpar a la cooperación internacional de financiar a la oposición al Gobierno es anunciar medidas para cerrar más espacios institucionales para que el descontento se exprese. El cierre de canales institucionales para expresar el descontento empujará hacia el uso de canales y métodos no convencionales. Así fue cuando los militares gobernaban el país. Es el mismo régimen el que lleva a los opositores a buscar canales no institucionales para hacerse escuchar. Si el Gobierno de Bukele y sus aliados son necios en seguir por esta ruta, lo que hoy es una expresión espontánea de rechazo a sus políticas mañana será expresión organizada contra el Gobierno y, según evolucione el proceso, contra la dictadura. Una nueva oposición política está naciendo, pero no hay que esperar que su desarrollo sea un proceso lineal de avance sin retrocesos, de éxitos sin fracasos, de pura cooperación sin conflictos, sin sectarismos ni ambiciones de protagonismo. Nada de eso. Así lo muestra la experiencia del desarrollo de la oposición social y política de la década de 1970 de nuestra historia política. Se trata de un proceso dialéctico lleno de acciones y reacciones, tanto desde el polo de Gobierno como desde el polo opositor. Y, sin embargo, no hay recetas, solo experiencias y memoria. ¿Cuál es la ruta? No hay una ruta preestablecida. Como dijo el poeta: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Ello no quiere decir que se ha de caminar a ciegas. Las reivindicaciones particulares y las metas compartidas han de servir de mojones para no dar vueltas en el mismo lugar. Las experiencias pasadas también sirven para orientar el caminar. Entre estas experiencias hay dos que deben estar a flor de piel: una referida a la temporalidad y la otra a la propia constitución de

Criticar es siempre más fácil que proponer. Y en El Salvador se ha ejercido tradicionalmente la crítica con más fuerza que la propuesta. Por eso ahora cuesta oponerse a las propuestas presidenciales, por absurdas que sean. Porque, además, las decisiones presidenciales se dirigen hábilmente contra muchas de las cosas que tanto el liderazgo intelectual y político como la población habían criticado en años anteriores. El problema es que las imposiciones presidenciales, aunque se dirigen a instancias ampliamente criticadas, no cambian las instituciones. Al contrario, si antes eran malas, las vuelven peores. Si había magistrados corruptos en el sistema judicial, ahora se coloca caprichosamente a personas no menos corruptas que las anteriores y, para colmo, más serviles y menos preocupadas por la apariencia democrática. Si había jueces lentos, corruptos o miedosos de otros poderes, ahora se quiere introducir en el sistema a jóvenes abogados tan inexpertos como obedientes al partido en el poder. Y para asustarlos se hace una especie de masacre laboral de jueces en la que no importa ni la capacidad, ni la calidad, ni el trabajo, ni la experiencia adquirida. Basta que tengan 60 años para correrlos a la fuerza. Ya habíamos visto con preocupación el gusto que tiene la Presidencia de la República por los castigos generales y arbitrarios, como los emprendidos en varias ocasiones contra los privados de libertad. Pero la arbitrariedad de someter a los jueces a una “limpia pareja”, como decían los militares antes de masacrar, raya en lo absurdo y somete a un sistema judicial, ya de por sí débil, a un estado de postración y debilidad que sin duda pagaremos caro. Criticamos hace años, y con razón, a los banqueros y a sus bancos nacidos de otra medida plagada de corrupción, como lo fue la privatización del sistema bancario público. Ahora el bitcóin se utiliza para librarnos, supuestamente, de lo que nos quitan los bancos en las transferencias monetarias. Si el sistema bancario salvadoreño nunca fue ejemplo de empresas preocupadas por el desarrollo social del país, ahora se quiere iniciar un proceso de sustitución de moneda que puede llevarnos fácilmente a distintas situaciones de bancarrota o de inseguridad monetaria. Hemos dicho tantas veces que el pasado era malo que ahora se nos vende fácilmente un futuro peor. Por supuesto, siempre adornado con frases grandilocuentes, hoy todavía más rotundas y sonoras que las promesas de antaño. Una muestra: se dice que todos vamos a enriquecernos a un ritmo maravilloso con el bitcóin sin necesidad de hacer una reforma fiscal progresiva que propicie una mayor inversión en los sectores desprotegidos y semi abandonados del país. Pero el abuso y la mentira tienen siempre un límite. Entre las personas que votaron por el actual presidente hay muchas que esperaban algo más que propaganda. Aunque no hay duda de que este Gobierno ha hecho algunas cosas buenas que otros fueron incapaces de hacer, el afán de poder y el exceso de propaganda están comenzando a cansar a la gente, incluido un sector que votó por el mandatario. Se vio en la manifestación del 15 de septiembre, se percibe en la migración que continúa desangrando al país, se advierte en el comunicado de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se echa de ver en una polarización que, impulsada desde el inicio por los sectores gubernamentales, no ha conseguido asustar a la gente, sino que se ha encontrado con cada vez más personas dispuestas a manifestar sus críticas. Falta todavía una capacidad de propuesta que aglutine a los descontentos. Una propuesta democrática, con amplio contenido social, con institucionalidad independiente de los caprichos políticos, con austeridad real para poder así invertir más en quienes más lo necesitan, es imprescindible para que la fuerza real manifestada el 15 de septiembre se convierta en capacidad orgánica que obligue al Gobierno a tenerla en cuenta. Solo entonces se podrá hablar de tú a tú con el Gobierno y refrenar la actual política de decisiones rápidas, poco consultadas y creadoras de situaciones que no pueden ser llamadas justas ni democráticas.

El 12 de septiembre, en el contexto de las fiestas de la independencia y teniendo en cuenta la situación política, la Conferencia Episcopal de El Salvador presentó un comunicado en el que se señalan temas que requieren tanto reflexión como diálogo. Aunque los obispos creen, y con toda razón, que es importante una depuración del sistema judicial, insisten en que esta debe hacerse desde el respeto a la legalidad constitucional. Recuerdan que el fin no justifica los medios y que reformas arbitrarias y anticonstitucionales no traerán paz ni desarrollo democrático al país. Defienden, pues, el imperio de la ley y, por ello, rechazan la reelección presidencial. Insisten en dejar libre el uso del bitcóin y, apoyándose en las palabras del episcopado latinoamericano, advierten que “no puede haber democracia verdadera y estable sin justicia, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho”. Tres días después, el 15 de septiembre, una multitudinaria manifestación se tomó pacífica y cívicamente las calles. Jueces, estudiantes, víctimas de las masacres del pasado, organizaciones feministas, defensores del medioambiente, ciudadanos descontentos con el rumbo autoritario del Gobierno reclamaron juntos temas muy semejantes a los del comunicado de los obispos. Aunque no hubo conexión, sí hubo coincidencia. La reacción presidencial fue la esperada: quitar importancia y descalificar. El mandatario acusó a Gobiernos foráneos de financiar la manifestación y afirmó que un buen número de manifestantes fueron traídos a los lugares de concentración sin saber a dónde y a qué iban. Sin embargo, la realidad se impone sobre la propaganda. Y ese tipo de respuesta no hace más que visibilizar la incapacidad gubernamental de atender la realidad. El hecho es simple y contundente: hay hoy más gente molesta o indignada con las medidas arbitrarias y con la concentración de poder del Ejecutivo que la que el Gobierno calculaba. Además, la Conferencia Episcopal, una de las instituciones con mayor peso moral y ético del país, le está diciendo al presidente que debe ser más respetuoso con el Estado de derecho y abrirse al diálogo. Quizás deban pasar algunos días para que las autoridades digieran racionalmente los acontecimientos recientes. Si antes, amparado en la alta aceptación que marcaban las encuestas, el presidente podía prescindir del diálogo, hoy la situación ha cambiado. No se le están pidiendo cosas extraordinarias. Nadie le pide imposibles, sino actuaciones legales y éticas. El reclamo de que la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no se conviertan en maquilas de leyes o sentencias en favor del Ejecutivo obedece a un deseo hondamente democrático. Un mayor diálogo con la sociedad civil, con defensores y defensoras de derechos humanos y con las Iglesias mejoraría el panorama de El Salvador. La observancia de estándares internacionales democráticos y de derechos humanos no solo beneficiaría al país, sino también al Gobierno, hasta el presente tan poco letrado en hacer cosas con decencia, tino y eficacia.

Sin duda, el Gobierno vive su peor momento desde que inició su gestión, pero no se da cuenta o, lo más seguro, no quiere reconocerlo. Ante la efervescencia en las calles el 15 de septiembre, el mandatario tuvo que conmemorar el bicentenario intramuros, rodeado de militares equipados para el combate y manteniendo de pie, mientras hablaba, a todos los asistentes, incluidos los diplomáticos. El presidente no habló del bitcóin, ni de la reelección, ni del pacto con las pandillas, ni de la Lista Engel, ni de algo importante y real. El Gobierno está en negación y sigue anclado en el discurso grandilocuente de ser la salvación del país; no repara en que el mito del respaldo social se está cayendo porque lo que dice no tiene nada que ver con la cotidianidad de la gente. Hay inconformidad en el gremio médico, los ganaderos, los veteranos de guerra, los excombatientes, los gremios empresariales, los estudiantes, los jueces, el movimiento feminista, la comunidad LGBTI+, los ambientalistas y un largo etcétera. Cada sector tiene razones para estar descontento, pero, además, hay un descontento generalizado en la sociedad por la imposición del bitcóin como moneda de curso legal. El Gobierno logró lo que se veía muy difícil en estos tiempos de dispersión: unificar en una marcha a movimientos y ciudadanos de procedencias e intereses diversos. Por el momento, la más grande amenaza para el Gobierno es el Gobierno, así como el presidente es el mayor enemigo de sí mismo. Sus actuaciones, sus aires de suficiencia, su altanería, sus mentiras desmesuradas y constantes, su desprecio al adversario y la falsa creencia de que saben todo lo que requiere el país —por lo cual sobran el sentir ciudadano y la opinión de los especialistas— han hecho posible que se tambalee el mito del respaldo social. Cada día es más claro que las actuaciones de este Gobierno superan a los vicios y artimañas de sus predecesores. Atribuir la masiva manifestación del 15 de septiembre al financiamiento de países extranjeros o a la ignorancia de la gente es no querer entender nada. El discurso del presidente reveló que las grandes demandas por las que la gente salió a las calles no serán escuchadas ni atendidas. El presidente se quejó porque a su gestión se le califica de dictadura, cuando él entiende que dictadura sería reprimir a los que protestan en las calles. Saludable sería que sus asesores le acercaran textos académicos sobre el tema. Por ejemplo, el de José Fernando Valencia y Mayda Soraya Marín, que afirman que los dictadores latinoamericanos suelen “considerarse salvadores, caudillos y regeneradores de la sociedad, [...] generalmente [son] de carácter conservador, a pesar de que en algunos casos asumen como miembros de partidos de izquierda, tiene grandes alianzas de carácter militar o han sido militares de cuna [...] Pretenden pacificar una nación, crear un solo partido, acabar con los otros [...] controlan la economía, la justicia, el Gobierno e imponen leyes y constituciones”. Que el presidente no se entere de que su deriva dictatorial es tan de manual que resulta caricaturesca solo da un toque grotesco a lo que ya apunta a una nueva tragedia nacional.

El gigantismo en nombre de la modernización es característico de los regímenes autoritarios. El deseo de imprimir una nueva realidad en lo existente es irresistible. Destruyen desconsideradamente las estructuras que encuentran y las reemplazan por otras de nuevo cuño. Las nuevas construcciones no modernizan las sociedades, pero satisfacen los delirios de grandeza. Levantan monumentos formidables, la mayoría de veces con poco gusto y muy poca utilidad. Las obras gigantescas o fabulosas ocultan realidades vitales descuidadas o abandonadas a su suerte. Entre más grande el proyecto, más grande el soborno del contratista. La admiración y los aplausos suscitados por la monumentalidad ocultan la corrupción. El bitcóin ya forma parte de la nueva identidad en la cual el régimen de Bukele está empeñado. Una “pirueta”, dice The Economist, para contentar a dos de sus hermanos, fanáticos de la criptomoneda. Aun así, la reelección es tal vez la invención más extraordinaria de Bukele. Encandilado con tanto ingenio, el oficialismo saluda estos logros como “el camino de las transformaciones”, para “seguir cambiando vidas” y “paso a paso […] construir un mejor futuro”. Así, pues, “la era del futuro y de la nueva historia” ya está aquí. Sin embargo, estas voces, pese a su entusiasmo, no consiguen identificar cuáles son esas transformaciones y cómo han cambiado la vida de las mayorías populares. Nadie debiera llevarse a engaño sobre las pretensiones del autoritarismo. Bukele ha pedido ayuda a varias de las multinacionales más grandes para construir “un modelo de desarrollo y crecimiento”, “basado en la libertad empresarial e individual”. A cambio, les ofreció “la visión, el capital político y la rapidez para hacerlo”, como en el caso del bitcóin. Irresistible, el gigantismo asoma enseguida: se trata de un modelo “que pueda ser replicado en otras partes del mundo”. La Arena de Cristiani y sus sucesores regresa con la “nueva era de libertad económica”, que Bukele anunció en inglés a las multinacionales. Esa libertad, primero de Arena y después del FMLN, ha llevado al país a la postración actual. La libertad anunciada es solo económica, no es aplicable a la información, a la prensa y a la disidencia. Inevitable recordar el Chile de Pinochet, que heredó una crisis social de grandes proporciones. Bukele ofrece a las grandes multinacionales globalizadas capitalismo neoliberal salvaje y autoritarismo. No obstante su avidez de riquezas, esas empresas rehuyen la inestabilidad, la inseguridad y la incertidumbre económica y sociopolítica. En las condiciones actuales, las ofertas presidenciales difícilmente las persuadirán para invertir en el país. Si no vienen, poco se pierde, porque no impulsan el desarrollo, sino el aumento de sus ganancias y capitales. La obsoleta tesis del derrame del progreso hace tiempo mostró ser un fraude disfrazado de ciencia económica. El vaso no se derrama nunca. En el mejor de los casos, se escapan algunas gotas por descuido. La propensión del autoritarismo por el gigantismo es irracional. Levanta pirámides egipcias o zigurats babilónicos en desiertos de hambre, enfermedad y desolación, cuando debiera empeñarse en cambiar las condiciones de vida de las sociedades que gobierna. El ejercicio autoritario del poder enceguece de tal manera que es imposible ver que la salida no está en el gigantismo, sino en la reconfiguración de una estructura social injusta para que las mayorías superen el nivel de sobrevivencia y tengan asegurada la vida. El mismo bitcóin ilustra la importancia de disponer de bases sólidas. La minería de las criptomonedas ha emigrado de China a Estados Unidos, atraída por la solidez de su infraestructura eléctrica. La tecnología de las multinacionales, por muy avanzada que sea, no contribuirá al bienestar general de la sociedad salvadoreña. Así como tampoco ha contribuido el gran capital local. Aun si Bukele pensara sinceramente que ellas tienen la respuesta para elevar el nivel de vida de la gente, el neoliberalismo salvaje y la represión autoritaria lo impedirían. De lo que no cabe duda es del cambio de las vidas, pero solo de las vidas del círculo del poder autoritario, porque se aprestan a permanecer ahí donde se accede a los privilegios y al enriquecimiento fácil, y las de quienes apenas sobreviven, porque así seguirán, si no empeoran. El argumento más categórico contra “la nueva era” de los Bukele es el voluminoso flujo de emigrantes. Es irónico que en el bicentenario de la independencia de 1821, los Bukele se empecinen en imponer autoritariamente el capitalismo neoliberal sin los atenuantes acostumbrados. Esa forma de explotación es tan depredadora que solo es viable si va acompañada por la coacción y la represión. El Chile de Pinochet dinamizó la economía, pero sumió a la mayoría de los chilenos en la miseria y contuvo la protesta con la represión sistemática. Hace dos siglos, Centroamérica se libró de una monarquía absoluta “ilustrada”. Dos siglos después, los Bukele, con la guía de ase

Hay ejercicios profesionales muy perniciosos para su gremio y la sociedad. Una mirada al quehacer de los abogados basta para comprobar que mientras el desempeño de una parte de ellos responde a la ética y a las pautas de legitimidad que la ley establece, otros optan por un ejercicio de la profesión que los lleva a ser calificados despectivamente como “leguleyos”: según la Real Academia Española, personas que hacen gestiones ilícitas en los juzgados. Sinónimos de “leguleyo” son “abogadillo” o “picapleitos”, esto último por el afán de algunos de generar confusión y hacer interminables las discusiones. Los leguleyos en general, pero en especial los que se convierten en tales para disfrutar de las migajas del poder, no solo desprestigian a su gremio, sino que son muy dañinos para su país. Las normas organizan la vida social y orientan a las personas hacia lo que se considera correcto. Por eso, las leyes son un componente esencial para proteger los derechos humanos, defender la vida, hacer justicia y garantizar una convivencia pacífica. Pero cuando la ley es controlada por el poder, la justicia queda en entredicho y los más perjudicados son siempre los derechos de los más pobres, de las víctimas y de los sectores críticos. Cuando se busca dominar sin contrapesos, los agentes del Estado y del partido oficial tuercen la ley para garantizar el monopolio de quien manda. Y en esa dinámica los leguleyos son pieza clave. Por supuesto, no actúan para cumplir la ley, sino para proteger y beneficiar a su patrono. Argumentan con absurdos para hacer que las normas digan sí, donde claramente se lee no; convierten a la justicia en una pasarela donde desfila la impunidad y en la que se contonean los que están envestidos de inmunidad. En el caso de El Salvador, además de lo anterior, los leguleyos entonan un discurso con doble moral: por un lado, acosan a los opositores del régimen, los denigran, los persiguen, los condenan sin seguir el debido proceso; y por otro, aplauden las prácticas del poder, aunque sean iguales o peores que las que condenan. Buscan con lupa cualquier falta en sus adversarios, pero declaran inexistente las declaraciones de patrimonio de los funcionarios del Gobiernos y se hacen de la vista gorda ante cualquier señalamiento de corrupción. Los leguleyos están para que el rigor de la ley se aplique a los excluidos por el modelo económico y a aquellos que cultivan la verdad. Los leguleyos de hoy resultan ser en la práctica igual a los fascistas, para los que la ley deja de ser importante en sí misma, porque lo que vale es la voluntad del grupo que detenta el poder. Los malos abogados salvadoreños están construyendo inseguridad e incertidumbre, no solo para sus críticos, sino para toda la sociedad, desde los que callan hasta los que aplauden al régimen. Y en ese sentido, en ese proceso de desmontar lo poco que en democracia e institucionalidad se había alcanzado, cavan un hueco bajo sus pies; el hueco por el que el porvenir de El Salvador se desliza en caída libre.

Desde hace algún tiempo nos llegan quejas al Idhuca de jóvenes campesinos en Chalatenango, sobre el comportamiento de miembros de la PNC y soldados estacionados en zonas fronterizas. A campesinos que tienen tierra en zona hondureña les confiscan semillas y cosechas si les sorprenden en puntos donde la tierra agrícola o ganadera abarca ambas partes de la imaginaria raya fronteriza. Personas que incluso durante la guerra cosechaban sin problemas en sus tierras binacionales, tienen hoy problemas al respecto. Especialmente a los jóvenes se es trata como sospechosos. Les han decomisado motos, insumos agrícolas, alimentos, o incluso les han acusado de diversos delitos sin pruebas. Recientemente el Comité Promotor de Derechos Humanos de la comunidad El Manzano, en el municipio de Dulce Nombre de María, nos ha hecho llegar copia de una carta respetuosa dirigida al Presidente Bukele en el que le solicitan que tome cartas en la situación que están viviendo y les ayude a tener una vida libre de violencia, en este caso ejercida por funcionarios y empleados del Estado. En la carta, firmada por 46 personas se denuncia la detención de cuatro jóvenes sentenciados a 15 años, acusados de delitos que la comunidad niega. En Enero del presente año las autoridades se llevaron a diez jóvenes más del cantón acusándoles de los mismos delitos que sirvieron para detener a los cuatro anteriores. Uno de los nuevos detenidos, menor de edad, logró ser sobreseído definitivamente, pues el juez de menores manifestó “que no hay prueba para fundamentar dicho delito”. Quienes acusan a los jóvenes lo hacen en un contexto de diferencias ideológicas y políticas, sin dar datos fehacientes del supuesto delito y sin que las autoridades, policía y fiscalía, haya desarrollado una investigación seria de la situación. Los firmantes sienten que están viviendo una situación de verdadera represión que está forzando a muchos jóvenes a plantearse la necesidad de emigrar. De hecho también consta en el Idhuca que en parte por esa situación, en las comunidades cercanas a la frontera se ha acrecentado la migración sin papeles hacia los Estados Unidos. Los 11.000 dólares que cobran los coyotes por colocarle sano y salvo al joven en Estados Unidos no suele ser obstáculo si el migrante tiene los suficientes apoyos de parientes o amigos en el norte que garanticen el pago. En repetidas ocasiones desde el Idhuca hemos insistido en la necesidad de una política de juventud que impida la transmisión intergeneracional de la pobreza y que dé a los jóvenes no solo el respeto que se merecen, sino la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Sin embargo, si miramos el mundo de los jóvenes en pobreza, vemos que son los más acusados de delitos, los más encarcelados, los que tienen los peores salarios, los que sufren serias privaciones tanto en el campo educativo como en el de la salud, los que sufren más agresiones sexuales, especialmente las mujeres jóvenes, los que más se ven obligados a emigrar dada la ausencia de un verdadero interés del Estado de enfrentar con seriedad el problema de la pobreza y la marginación. Las zonas agrícolas y las barriadas marginales de las ciudades grandes carecen en la práctica de la presencia del Estado. Y el Estado parece apostar simplemente por priorizar en todo caso la presencia represiva y violenta, muchas veces ajena a las garantías constitucionales. Es precisamente en las zonas marginales, incluidos los cascos urbano de municipios de fuerte marginalidad, y en zonas rurales, donde se da el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas claramente atribuidas a la PNC. La voz de la comunidad del Manzano debe ser escuchada. Estas zonas rurales cercanas a la frontera han sufrido especialmente la guerra, continúan sufriendo la pobreza más extrema del país. Perseguirlas hoy con brutalidad solo pone las semillas de un Estado y una convivencia nacional organizada no solo desde la ley del más fuerte sino desde el abuso represivo y brutal de quienes las armas y las instituciones. Nuestros campesinos de los lugares más alejados se merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad. La carta de nuestros hermanos de El Manzano es un grito en búsqueda de justicia que debe ser escuchado.

Los acontecimientos de la semana pasada no son más que avances de un proceso que con celeridad conduce al país hacia la instauración de un sistema político dictatorial, diseñado hace algunos años y puesto en escena desde el 1 de junio de 2019 por Nayib Bukele. Dicho proceso exige que el presidente de la República tenga el control de los tres poderes del Estado. Con la victoria en las elecciones presidenciales, Bukele adquirió el control del Ejecutivo. El 1 de mayo de 2021, la contundente victoria en las elecciones legislativas, que le entregó más de dos terceras partes de los curules de la Asamblea, le permitió hacerse del poder legislativo. Quedaba pendiente apoderarse del órgano judicial, y a ello se dedicaron los esfuerzos desde el primer día en que los diputados de Nuevas Ideas tomaron posesión de sus cargos. Primero se destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y en su lugar se nombró a personas afines al oficialismo. También se removió de su puesto al fiscal general para sentar en su lugar a alguien que solo responde a los deseos del presidente. El 30 de junio, la Asamblea Legislativa tuvo una nueva oportunidad con la elección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión, los diputados de Nuevas Ideas siguieron lo establecido en la ley, pero asegurándose de que los elegidos hubieran dado pruebas de su voluntad de cooperar con el proyecto presidencial. No satisfechos con tener el control de dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, decidieron jubilar a todos los jueces mayores de 59 años de edad o con 30 años de carrera judicial. Todo apunta a que sus sustitutos impartirán la justicia que les dicte el Ejecutivo. El 3 de septiembre, la ilegal Sala de lo Constitucional, tergiversando burdamente el texto de la Constitución, dictaminó que la máxima ley nacional permite la reelección consecutiva a la presidencia. Este paso no solo viola el espíritu de la la Constitución, sino que contradice lo que por 37 años han defendido unánimemente todos los expertos en la materia: en El Salvador no hay reelección presidencial inmediata. La resolución de la Sala no es más que una copia con variantes de lo dictaminado por las cortes supremas de justicia de Nicaragua y Honduras para permitir la reelección de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández, también prohibida en aquellos países; cortes que fueron puestas bajo el control y al servicio de los mandatarios. Nada de innovador tiene este proceso hacia la dictadura; es solo una adaptación de los caminos seguidos en Venezuela y Nicaragua. En ese sentido, los pasos que se den para consolidar el proyecto dictatorial no serán una sorpresa, pues basta ver lo que ocurre actualmente en Nicaragua para saber qué le depara a El Salvador. Más temprano que tarde, Bukele buscará controlar el Tribunal Supremo Electoral para garantizar su victoria cuando se presente a reelección y eliminar de la contienda a los partidos y candidatos que puedan hacerle sombra. Además, se impondrán limitaciones a la libertad de expresión y de manifestación, y se perseguirá a los críticos del régimen, de lo cual ya hay precedentes recientes. Aquellos que todavía tienen puestas sus esperanzas en Nayib Bukele harían bien en conocer el sufrimiento que vive el pueblo de Nicaragua, saber del enorme número de personas arrestadas y condenadas por defender la libertad, exigir el respeto a los derechos humanos o criticar al régimen. Para tomar lección, hay que tener claro que en el vecino país no hay un conflicto entre derechas e izquierdas, sino un aplastamiento de la libertad y la democracia por parte de una dictadura opresiva. Si en El Salvador la ciudadanía sigue permitiendo que se viole la Constitución y calla ante los atropellos, el futuro nacional será de corte nicaragüense.

El presidente y sus voceros niegan la autenticidad de las nuevas revelaciones de El Faro sobre la negociación con las pandillas. Sin embargo, el rápido secuestro de los registros de las prisiones después de la primera entrega deja sin fundamento sus descalificaciones. El presidente de la legislatura, uno de los voceros más autorizados del régimen, lo confirma al reconocer, en un descuido, que la información procede “de una investigación […] seria” de la Fiscalía. Y, por si fuera poco, El Faro incluye fotografías, para disgusto de Bukele, que desestimó la primera denuncia como “cortinas de humo […] porque nunca van acompañadas de videos, fotos, audios o acusaciones formales”. La nueva versión reproduce fotografías que muestran al carcelero mayor deambulando por las prisiones al frente de grupos encapuchados. Más allá de los desmentidos y del escándalo, las demandas de las pandillas para contener los homicidios son material valioso para reflexionar sobre cómo poner fin a este fenómeno social. Una serie de exigencias piden al régimen respetar los derechos del prisionero: atender a los enfermos graves y a los discapacitados; prestar asistencia médica; proporcionar alimentación adecuada; ventilar las celdas; establecer una comisión permanente para evitar el abuso de la fuerza y la tortura por parte de policías, soldados y custodios; facilitar educación técnica y superior; crear iglesias y facilitar la presencia de empresas que empleen internos; restablecer la visita familiar e íntima, y el desplazamiento en el interior de la prisión. Asimismo, solicitan mejorar las facilidades para la detención provisional, “un centro de tortura”, las celdas de máxima seguridad y de castigo, y los llamados sectores especiales, y limitar la permanencia en dichas dependencias. Así, pues, no piden privilegios, sino derechos negados por un régimen represivo. Otra serie de demandas tiene como finalidad las familias y los pandilleros en libertad. Solicitan cooperativas y micro y pequeña empresas, becas para la educación superior de sus hijos, cese del hostigamiento policial y militar a sus familias y a los pandilleros libres, y programas de reinserción para quienes salen de la cárcel. Aunque más escuetas, estas peticiones apuntan a algunas de las motivaciones más fuertes para ingresar en la pandilla: el desempleo, la inaccesibilidad a la educación superior y la represión; en pocas palabras, la falta de alternativas. La observancia de los derechos del detenido no debiera ser objeto de transacción, porque es una obligación gubernamental. En segundo lugar, las demandas ponen en entredicho la eficacia del Plan de Control Territorial. El descenso de los homicidios se debe más a concesiones de Bukele, como la no extradición a Estados Unidos y la contención de la persecución contra los pandilleros, que a la represión. Fuentes policiales confirman la orden de contener la represión y los testimonios de diversas comunidades ratifican la presencia operativa de las pandillas en sus vecindarios. Estos hechos convierten el abultado financiamiento del Plan de Control Territorial en un despilfarro. En tercer lugar, las pandillas, a juzgar por sus demandas, no aprecian los publicitados “cubos” gubernamentales como medios para prevenir la violencia social. Estos no solo no son mencionados, sino que los pandilleros hacen otras demandas que consideran más eficaces para combatir la exclusión y la desigualdad —algo que Bukele no puede entregar, porque carece de ideas, de fondos y, sobre todo, de capacidad de ejecución—. De todas formas, los llamados “cubos” sirven bien a los propósitos del mandatario, ya que son relativamente baratos y crean la impresión de que la prevención es asunto serio. En la agenda presidencial no figuran las cooperativas, las empresas, el empleo, los programas de inserción y las becas. Los Bukele y su círculo prefieren utilizar el poco dinero de que disponen en ampliar el Ejército, adquirir tecnología para vigilar, introducir una criptomoneda y divulgar el genio presidencial. Por tanto, las pandillas no desaparecerán. De hecho, evolucionan con determinación y creatividad sorprendentes. Mal que bien, ofrecen un medio de vida y un sentido para una vida sin sentido. En ellas, la juventud encuentra identidad, sentido de pertenencia, acceso a bienes ahora vedados y la prepotencia asociada a la posesión de un arma de fuego. Algo muy grave sucede en una sociedad donde las pandillas utilizan la tasa de homicidios para negociar derechos y sobrevivencia, y donde el negociador gubernamental acepta el juego, en lugar de emplearse en atacar la raíz de la violencia social. A juzgar por los hechos, la existencia de pandillas sirve bien a la ambición de poder de Bukele. Por un lado, alimenta la demanda de represión violenta. Por otro, la negociación crea la falsa impresión de que controla el territorio, mientras preserva intacta la injusta estructura social que levanta barreras y cierra futuros. En definitiva, Bukele tiene poder, pero no sabe, no p

La política salvadoreña está plagada de frases vacías. Se utilizan ciertas palabras para nombrar realidades contrarias a lo que aquellas significan. Los ejemplos son muchos. Se habla de seguridad jurídica y ciudadana cuando es la inseguridad y el riesgo lo que reina. Especialmente en las altas esferas del sistema y según sean los casos, se habla de justicia para referirse a procesos de impunidad o de venganza política. La democracia equivale al autoritarismo del más votado y al uso arbitrario de los bienes comunes. La transparencia administrativa busca la reserva y ocultación de datos estatales. La moralidad notoria, una de las la frases que más se repite en la Constitución para definir los puestos públicos, no tiene nada que ver con la moral ni con la ética. Mentir y manipular es costumbre inveterada. Desde el fin de la guerra y hasta la fecha, cada vez que han dado su voto a un partido político, los salvadoreños han terminado encontrándose con más de lo mismo. Las aparentes buenas intenciones de los líderes políticos desembocan las más de las veces en negociaciones amistosas con la parte más dócil del capital y en el enriquecimiento de los funcionarios, que salen del Estado mejor de como entraron, más allá de lo que diga la Corte de Cuentas. La pobreza y la vulnerabilidad de la gran mayoría conviven con la irresponsabilidad social de los millonarios y la indiferencia consumista de los sectores acomodados, políticos incluidos. A los pobres y excluidos solo les queda escuchar la propaganda de lo mucho que el poder, sea estatal o privado, dice hacer, compartir y regalar. Con todo, no faltan en el país luces de esperanza. Un buen grupo de ciudadanos mantienen su libertad crítica frente al coro de los poderosos y sus aduladores. Muchas personas en las Iglesias trabajan a diario en la solidaridad, la creación de comunidad fraterna y el desarrollo de la conciencia. Asociaciones de jóvenes desean un futuro mejor para todos y se comprometen a objetivos concretos de ayuda a los necesitados. Surgen nuevas organizaciones defensoras de derechos y se crean mesas participativas en las que se analiza la situación del país y se proponen leyes que puedan resolver problemas. El derecho de acceso al agua aglutina muchos esfuerzos, al igual que la lucha contra la minería lo hizo en el pasado. Hay motivo para la esperanza a pesar de los graves retrocesos en el Estado de derecho y la débil o nula moralidad de los altos funcionarios. Las calles y las encuestas empiezan a decir que algo está cambiando. Ante un régimen que ya no oculta sus afanes antidemocráticos y sectarios, es fundamental establecer vínculos y compromisos de acción conjunta, impulsar un liderazgo solidario, democrático y libre que compita con la mentira, el abuso y la manipulación. Enraizarse en las necesidades de las mayorías pobres y vulnerables, acompañarlas en sus luchas y en sus sueños, aportar conocimiento y técnica a sus esfuerzos, es tarea de todos, pero especialmente de las nuevas generaciones. Es tiempo de juntar fuerzas y esperanzas. Tiempo de no perder el ánimo y de que “el pueblo haga oír su voz”, como decía Ignacio Ellacuría. Tiempo de abrirse al diálogo con todos, buscando construir una sociedad solidaria en la que el verdadero respeto a la dignidad humana dé consistencia a la dinámica social. Hay momentos en la historia en los que toca resistir y no venderse; resistir diciendo la verdad, defendiendo y promoviendo el diálogo, y teniendo como objetivo el desarrollo de las capacidades de todas y todos los salvadoreños. Hoy, El Salvador pide eso.

La situación económica es, según la opinión de la gente, el principal problema tanto del país como de las familias. Así lo revela el más reciente estudio de opinión del Iudop. El 54% de los encuestados piensa que los problemas que más le afectan directamente son la economía, el desempleo, la pobreza y el alto costo de la vida. En la actualidad, en lo que más gastan los salvadoreños es en alimentos (60% de los consultados) y en los servicios básicos (24%): agua, energía y teléfono. En sintonía con lo anterior, el 45.1% afirma que lo que más ha subido en este año son los alimentos, seguidos de la gasolina (28.3%) y de los servicios básicos (20.3%). Además, el 65% de los que expresaron deseos de irse del país lo atribuyen a razones de índole económica. Es decir, la economía del país no está bien, y menos aún la familiar. Con el agravante de que la perspectiva de la población (78 de cada 100) de cara al resto del año es que, sean cuales sean las medidas que tome el Gobierno, la situación empeorará. Esta percepción de la población contradice la versión del Gobierno, que afirma que se han recuperado los empleos perdidos por la pandemia, que la economía nacional crecerá a los niveles de la panameña y que el costo de la vida no subirá. En el fondo, la percepción de la población desnuda la falta de voluntad política para aliviar la precariedad económica de las familias. Los precios de los alimentos y de los servicios básicos son dos campos en los que el Estado podría intervenir directamente sin salirse de la política económica liberal. Por ejemplo, reduciendo los impuestos a la canasta básica, o eliminando el IVA a los productos esenciales de la dieta familiar, o quitando impuestos a la gasolina, orevisando la estructura de los subsidios a los servicios básicos de manera que se beneficie a las familias que más lo necesitan. También se podría implementar una política fiscal progresiva por la cual pague más el que tiene más. Un Ejecutivo comprometido de verdad con mejorar las condiciones de vida de la población no regalaría víveres (una medida que más bien potencia el clientelismo político), sino que aplicaría algunas de las medidas anteriores. A este panorama complicado se suma la introducción del bitcóin como moneda de curso legal, hasta ahora la acción más impopular de la actual administración. Casi 4 de cada 10 no se dieron cuenta de la aprobación de la ley y desconocen el valor de la criptomoneda; no saben qué es y cómo se maneja una billetera digital. De lo que sí está al tanto la gente (77.6%) es de la volatilidad del activo, y eso provoca temor. El desconocimiento hace que se rechace el bitcóin: 83 de cada 100 personas le tiene poca o ninguna confianza y el 71.2% dice que prefiere seguir usando solo dólares. El 95.9% cree que su uso debe ser voluntario. Además, solo 6 de cada 100piensan que esta medida beneficiará a toda la gente. 71.3% opina que su situación económica seguirá igual o empeorará con la introducción del bitcóin, y el 54.3% que los precios de los productos de la canasta básica aumentarán. Por todo lo anterior, el 65.2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con los treinta dólares que ha ofrecido el presidente como incentivo para el uso de la billetera digital del Gobierno, el 78.3% está nada o poco interesado en descargarla y el 66.7% piensa que la ley bitcóin debe derogarse. La imposición inconsulta del activo digital ha expuesto la falsedad del discurso oficial. Prácticamente todo lo aprobado por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa y todas las actuaciones de instancias del Ejecutivo se han justificado aduciendo que “es la voluntad del pueblo”. Si es así, ¿por qué se hacen oídos sordos al rechazo masivo al bitcóin? ¿Por qué el empeño de seguir adelante pese al clamor popular?

Este año se cumplen dos siglos desde aquel 15 de septiembre de 1821 en que se firmó el acta de independencia. El bicentenario presenta una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia, sobre las luces y sombras que han condicionado los destinos de El Salvador, los errores y aciertos a lo largo del camino, las fortalezas y debilidades de nuestra sociedad, así como los retos que enfrenta el país para consolidar el sueño libertario y emancipador que dio lugar a la independencia y al surgimiento de las naciones centroamericanas. Este análisis no debe realizarse con un espíritu triunfalista o nacionalista, pues ello dificultaría sacar las lecciones pertinentes para diseñar un mejor futuro. El sueño de un país independiente y soberano implica por necesidad una sociedad verdaderamente inclusiva, fraterna, libre, con seguridad y paz, con igualdad de oportunidades para todos, con respeto a las diferencias y la diversidad, con un alto nivel de desarrollo humano y con plena justicia social. Un país independiente y soberano es aquel que promueve la igual e inalienable dignidad de toda persona a través de la plena vigencia de los derechos humanos en lo político, lo social, lo económico y lo cultural. Por ello, para evaluar estos doscientos años de independencia, las preguntas claves son qué tan capaces han sido el Estado y la sociedad de construir un país para todos, cuánto han contribuido al desarrollo humano del pueblo salvadoreño. Desde esta perspectiva, El Salvador ha fallado, puesto que no ha logrado avanzar en la consolidación del desarrollo humano, la democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos en beneficio de la mayorías. En estos doscientos años hemos sido incapaces de construir un Estado y una sociedad que velen por el bien común, que fomenten la fraternidad y la participación de todos en el progreso y el bienestar del que hoy solo goza una pequeña porción de la población. La comunidad académica y las instituciones educativas tienen una gran responsabilidad en ello. El sector académico y educativo no ha hecho lo suficiente por inculcar en los jóvenes, en los futuros profesionales, un espíritu crítico y los valores de entrega, servicio y solidaridad. No ha insistido lo suficiente en la importancia de preservar la ética y fomentar la cultura de paz; en la necesidad de contribuir a la búsqueda del bien común y al respeto a los derechos humanos; en generar conciencia de que culminar estudios universitarios es un privilegio que obliga a trabajar por una verdadera justicia social. Es importante que el sistema educativo en su conjunto reflexione al respecto y asuma un mayor y más eficaz compromiso con la formación de los líderes que el país requiere para caminar por el camino correcto. Si se quiere un futuro como el que esboza nuestro himno nacional: la libertad como dogma, la paz como dicha suprema, el progreso como camino de un feliz porvenir, el respeto a los derechos extraños y el apoyo en la recta razón como más firma ambición, es necesario que se trabaje arduamente en la siembra de estos valores en las mentes y corazones de la gente, comenzando por aquellos que están en edad de formarse. Sin embargo, iniciamos la celebración del bicentenario con muchos nubarrones en el horizonte, que presagian tormentas, ponen en duda el porvenir nacional y anuncian la repetición de capítulos tristes y dolorosos de nuestro pasado. Estamos siendo testigos de decisiones gubernamentales que niegan los principios de libertad, paz, respeto y uso de la recta razón de los que habla el himno nacional. Ello obliga a los ciudadanos en general, pero especialmente a las instituciones que buscan la verdad y que se identifican con la inteligencia y la razón, a estar alertas y señalar con claridad todo lo que vaya en contra de los principios democráticos, el Estado de derecho y el bienestar nacional. Deben trabajar con responsabilidad y a través de alianzas, desde un diálogo abierto y comprometido con la democracia, la libertad y la paz, para afrontar los retos de nuestro país.

En El Salvador, no siempre el diálogo estuvo bien visto. Los Acuerdos de Paz, aunque no le gusten al actual presidente, marcaron un antes y un después, al menos al impedir que los problemas sociales se arreglaran exclusivamente con la fuerza bruta. Abrieron posibilidades de diálogo, aunque quienes los firmaron quedaron en una situación de privilegio y no siempre hablaron con los pobres y necesitados. Las reformas en el sistema judicial, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, la diversidad del pensamiento político e instituciones con menor peso facilitaron que algunos sectores de la población comenzaran a ser más escuchados. Se empezó a hablar con mayor fuerza de la sociedad civil, aunque una buena parte de ella estuviera sujeta y dependiente del poder económico. Pero lo cierto es que las posibilidades de diálogo aumentaron. En este contexto fueron surgiendo grupos de defensores de derechos concretos, que se fueron sumando a las organizaciones que desde el tiempo de la guerra habían jugado un papel importante en defensa de derechos fundamentales de la población. Los derechos de la mujer, del medioambiente, de la diversidad sexual, de sectores marginados, migrantes, desplazados o personas con discapacidades se fueron añadiendo a temas más clásicos y generando grupos muy diversos de defensa de derechos humanos. Todos ellos, basados en la igual dignidad humana y profundamente unidos en torno a la misma, han visto la necesidad de una ley que los proteja. De hecho, la ley se propuso hace años, pero fue enviada a archivo por la actual Asamblea Legislativa bajo el pretexto de que todo lo tratado anteriormente no servía. Despreciar el trabajo de defensores de derechos humanos es grave: indica un desconocimiento de los mismos y de cómo se avanza en su promoción. Rectificar y dialogar con quienes trabajaron la ley honraría a los actuales diputados. Pero más allá de ese error político, que esperamos se enmiende, lo que se puede constatar es que los defensores de derechos humanos continúan decididos a realizar su tarea. Y cualquier diputado o diputada que tenga conciencia de sus obligaciones debe saber que la defensa de derechos humanos no es para los políticos un tema accidental u optativo. La actual Constitución, aun con todos los cambios que le quieran hacer, tiene como punto de partida la doctrina de los derechos humanos. El Estado salvadoreño ha firmado una muy variada serie de convenios y tratados internacionales en los que se obliga a promover y respetar derechos humanos. No dialogar con quienes han reflexionado, estudiado y entendido este tema es en cierto modo una contradicción con el oficio de cualquier legislador decente. Pensar en una Constitución que no tuviera sus raíces en la doctrina y pensamiento de los derechos humanos no solo sería una opción despótica y dictatorial, sino una completa estupidez política. Los actuales legisladores son en general muy jóvenes. Eso es bueno, porque les tocará cargar con los problemas del futuro y podrán buscar con más facilidad soluciones a la problemática que se nos viene tanto en el campo ecológico como en el social (envejecimiento de la población), o el económico, por la impresionante deuda que cargamos. Pero también es muy posible que estos nuevos diputados, dada su juventud y el hecho de que administraciones anteriores no se preocuparon de propiciar el conocimiento de los derechos humanos, sepan muy poco de estos y no hayan reflexionado sobre los mismos. La mesa de defensores y defensoras de derechos humanos tiene el deseo de conversar y dialogar con los diputados. Responder positivamente a ese deseo de diálogo, reflexionar con los defensores sobre una ley que los proteja, crear con ellos nuevos acuerdos que amplíen los derechos de la población y promuevan el conocimiento de los derechos basados en la igual dignidad humana, sería importante para la propia maduración política del país y para que los diputados aprendan a manejar con mayor capacidad el arte de la construcción del bien común. Ese bien común del que al final depende siempre la buena política y la credibilidad de la Constitución, tanto reformada como sin reformar. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Los funcionarios del oficialismo son de la opinión que pueden hacer lo que les venga en gana, en virtud de la cantidad de votos captados en la elección presidencial y en la legislativa y la municipal. Esos votos los habrían investido de un poder incuestionable para proceder no solo según su saber y entender, muy deficientes, por cierto, sino, sobre todo, para su provecho y beneficio. El hermetismo tras el cual se han atrincherado facilita la actuación impune. El ejercicio autoritario del poder hace verosímil el planteamiento. Si el régimen lo hace, no solo se puede, sino que incluso es un derecho. El poder concedido en las urnas es innegable, pero los elegidos solo tienen competencia para aquello que la ley ordena. El poder delegado, por muy abultado y popular que sea, comporta obligaciones que lo limitan. Cuando ese límite es traspasado, el ejercicio del poder y el sufragio que le da origen se envilecen. Invocar un derecho que, en realidad, es inexistente y lanzar expresiones altisonantes no eximen de la obligación de no ir más allá de lo que la ley dicta. Si ese derecho se aduce para explotar las oportunidades de enriquecimiento que ofrece la gestión pública, el poder se prostituye. Pese a ello, el régimen utiliza ese derecho para intentar preservar la legitimidad de su gestión. Se escuda en él para disimular el ansia de poder, el egoísmo desmedido y la insensibilidad social. Se apropia ilegítimamente de unos recursos escasos que debieran ser invertidos en mejorar la cobertura y la calidad de los servicios sociales. En definitiva, el oficialismo no hace aquello para lo cual está habilitado, sino lo que legalmente no le compete, y encima lo suele ejecutar de manera torpe, ineficaz y deshonesta. Las voces que se quejan de servicios descuidados o inexistentes se escuchan cada vez más y más alto. Esta manera de administrar los bienes públicos menoscaba su poder de convocatoria, tal como lo ha podido experimentar el vicepresidente. Su borrador de Constitución no ha sido recibido por el sector privado y el académico. En parte, por verticalista. En parte, porque su contenido es muy discutible y suscita sospechas fundadas de intenciones aviesas. En parte, porque el vicepresidente y su jefe no han mostrado mayor respeto por la Constitución vigente. Y, sobre todo, porque es un sinsentido convocar para exponer un texto cuya aprobación es un hecho, pero cuyo cumplimiento queda al arbitrio del amo. Desairado, el partero mayor achaca la indiferencia a “un exceso de soberbia y de prepotencia de pequeños grupos”. Ciertamente, son pequeños, pero lo suficientemente relevantes como para buscar su asentimiento pasivo. Su “soberbia” no es más que reacción a la “soberbia” primera del vicepresidente, que se arrogó facultades para elaborar, junto con los suyos —ninguno de ellos constitucionalista renombrado, excepto un extranjero—, un nuevo ordenamiento jurídico. En la reacción negativa de los mercados, el segundo de abordo avista “agendas ocultas, políticas, de querer afectar la imagen del gobierno, sobre todo su imagen internacional”. El funcionario es incapaz de ver cómo su proyecto aumenta la incertidumbre predominante. El único responsable del deterioro de la imagen es el régimen mismo, que pierde credibilidad a ojos vistas. El asilo concedido por México a un exministro del FMLN es más perjudicial que la fuga de un presunto corrupto, porque pone de manifiesto ante la opinión internacional la existencia de persecución política. Asimismo, la confirmación de la negociación con las pandillas para disminuir los homicidios ya ha trascendido a la prensa internacional. El curso tomado por el bitcoin, presentado por Bukele como una de sus ocurrencias más geniales, es otro indicador de la volatilidad que merma su credibilidad. La introducción forzada de la criptomoneda es quizás la apuesta más fuerte de los hermanos Bukele. Pese a ello, la legislación y la normativa son insuficientes, confusas y contradictorias. Ahora pretenden apaciguar la aprensión del mundo financiero con disposiciones propias del lavado de dinero, inaplicables a una criptomoneda. El desenlace de la apuesta queda en manos de una opinión pública recelosa, que decidirá si le conviene la flexibilidad y el ahorro de comisiones prometidos por Bukele. En definitiva, si es beneficioso convertir dólares en bitcoin para luego convertirlos en dólares. El derecho de gobernar conlleva obligaciones para con la ciudadanía, sobre todo con la más desfavorecida. Entenderlo como vía libre para satisfacer caprichos y veleidades es ingenuo, temerario y, en definitiva, egoísta. Ejemplo claro de ello es el abortado proyecto de reforma de la legislación del Seguro Social. La dirección de la institución no busca mejorar una prestación muy deficiente, por su limitada cobertura y por la mala calidad del servicio, sino concentrar aún más el poder para disponer con mayor libertad de las contribuciones de los asegurados. El proceso de decisión deber tener muy presente las consecuencias para l

No solo es pertinente, sino también justo hacer algunas consideraciones sobre la inspiración cristiana, ejemplaridad y compromiso con los pobres del P. Rutilio Grande ahora que se ha fijado fecha para su beatificación oficial, junto a la de los dos laicos que lo acompañaban y que también murieron asesinados. En primer lugar, hay que recordar que era amigo de monseñor Romero y que la Compañía de Jesús (en particular los jesuitas de la UCA) acompañó el trabajo apostólico de Rutilio en Aguilares como un tema de renovación pastoral y opción por los pobres. Después de su asesinato, la Universidad defendió y cultivó su memoria. Muchos jesuitas fueron testigos en su proceso de beatificación o contribuyeron con sus reflexiones y escritos a poner en contexto la santidad de este pastor que entregó la vida al servicio de los más sencillos. A Rutilio le tocó vivir un tiempo difícil. Cuando llegó de párroco a Aguilares , los campesinos de la zona estaban en una situación de aguda pobreza y la protesta y la organización popular comenzaba a crecer mientras el Gobierno daba claros pasos hacia la represión. Los obispos latinoamericanos, reunidos en Medellín, Colombia, habían dicho poco antes: “La originalidad del mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estructuras, sino en la insistencia en la conversión del hombre, que exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables”. Rutilio, al igual que los laicos que trabajaban con él, era capaz de crear estructuras nuevas de fraternidad y amistad. El jesuita era de esa clase de persona renovada a la luz del Evangelio, solidaria con los pobres y en búsqueda, junto con ellos, de una sociedad más justa, encaminada hacia la solidaridad y el cambio social. Hablaba con todos, no despreciaba a nadie y tenía la paciencia del que sabe escuchar y descubrir en los otros los anhelos profundos que llevan a una vida fraterna. Quería justicia y paz al tiempo que predicaba con valentía contra todo tipo de injusticia y violencia cometida contra los pobres. Conocía el lenguaje popular y el del Evangelio, y los unía en su modo de expresarse, buscando que la vida de la gente se uniera a la fuerza del mensaje liberador de Jesús. No tenía miedo, porque sabía que estaba en el camino de la vida y disfrutaba del cariño de quienes lo rodeaban. Eso le hacía libre. Lo suficientemente libre para decirle verdades al poder y para que los poderosos lo quisieran matar. Hoy, cuando la desigualdad domina, cuando la superficialidad y la hipocresía manipulan las responsabilidades del Estado y las ponen al servicio del poder, es esencial recordar y celebrar la existencia de gente como Rutilio Grande. Personas de bien, que hacen de la la solidaridad su opción fundamental en seguimiento a Jesús de Nazaret. Recordar a Rutilio significar hablar de la necesidad de luchar contra la desigualdad, superar todo lenguaje de odio y polarización, e impulsar un desarrollo humano basado en la igual dignidad. Rutilio anima a poner la autenticidad en el servicio, no en la palabrería y la propaganda. Impulsa a enfrentar las estructuras de dominación y exclusión desde la fuerza de la palabra racional y el respeto a las normas básicas de la convivencia fraterna. Rutilio continúa trabajando en la tierra con su ejemplo y su dignidad. La muerte violenta e injusta no lo borró de El Salvador, sino que lo hizo más presente en nuestra historia. A todos nos corresponde continuar con ese trabajo constructor de hermandad y dignidad. Solo así se logrará que el país sea la mesa común de la que él hablaba en sus homilías: una en la que todos participan y donde a nadie le falta el conqué.

Para ocultar la farsa Editorial UCA 27/08/2021 Las últimas revelaciones de El Faro sobre las negociaciones entre las principales pandillas y el Gobierno para la disminución de los homicidios confirman la profunda hipocresía del actual panorama político. Se señala a los otros, se les humilla, se les acusa de usar el Estado para beneficio propio y de los poderes fácticos. Y al mismo tiempo los acusadores se encargan de desmantelar todo atisbo de independencia, autonomía y transparencia en los poderes del Estado. Usan máscara de honestidad para mentir sin pudor. “Yo lucho contra todos los poderes fácticos que no me dejan gobernar, soy el que cambiará 200 años de historia de desprecio a este pueblo”, afirma el presidente, pero en realidad su gestión está practicando y perfeccionando los peores vicios de la vieja política. Clamaron contra el nepotismo; ahora defienden el propio. Exhiben la corrupción ajena mientras se emplean a fondo para ocultar la suya. Maldijeron a quienes antes negociaron con las pandillas, pero han pactado con estas para vender como exitoso un plan de seguridad pública que nadie conoce y que muy probablemente no existe. Cínico es quien miente con descaro y defiende y practica de forma abierta algo que merece desaprobación general. Solo un cínico condena en otros algo que él hace. Para garantizar que no se venga abajo la farsa de honestidad y el cinismo quede crudamente al descubierto, se destituyó al fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se acosa al periodismo investigativo, se denigra a quienes ejercen un pensamiento crítico, se desmanteló el Instituto de Acceso a la Información Pública, se han puesto en reserva por 7 años los gastos de la actual Asamblea Legislativa. Los tropelías del Gobierno se suceden con tal constancia que ya no sorprenden. Cuando se piensa que se ha visto lo peor, se da otra acción que rebasa la anterior. Con las evidencias que se tiene a la vista, es claro que el derrotero del país no será la democracia ni el bienestar de las mayorías, y que las consecuencias de las decisiones que se han tomando y se están tomando serán gravísimas para todos. Solo pueden decir lo contrario quienes están desinformados o aquejados por prejuicios enfermizos, y aquellos que han hecho de la servidumbre política su estrategia para escalar donde sus talentos no les permiten. Sí, la realidad se terminará imponiendo. Sin embargo, cuando ello pase, la degradación cívica y la ruina serán enseñas patrias.

La realidad económica de El Salvador se caracteriza por una enorme desigualdad en la distribución del ingreso, por la exclusión de la mayoría de la ciudadanía de los sistemas de previsión social y por altos niveles de pobreza. El sistema económico salvadoreño ha sido incapaz de generar empleo para toda la población económicamente activa y ha obligado a que cerca del 60% tenga que rebuscarse y trabajar por cuenta propia en negocios informales, la mayoría de ellos muy inestables. Esta exclusión y precariedad económica ha expulsado a millones de compatriotas del territorio nacional y ha convertido a las remesas en una de las principales fuentes de ingresos nacionales. Así, la solidaridad de nuestros migrantes ha sido fundamental para mantener a El Salvador a flote. Esta realidad de pobreza, desempleo y migración que afecta a las mayorías contrasta con las grandes fortunas de un pequeño número de familias, que acaparan la mayor parte de los recursos. Esa tremenda desigualdad conlleva otras muchas desigualdades que excluyen a amplios sectores de los beneficios del desarrollo económico y social. Mientras unos pocos tienen acceso a todas las oportunidades, otros, muchísimos más, son marginados y sobreviven sin trabajo, sin horizontes, sin salidas. En este sentido, el papa Francisco da un importante consejo, que recuerda a monseñor Romero: “Animo a los expertos financieros y a los gobernantes de los países a considerar las palabras de un sabio de la antigüedad: ‘No compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos’”. Con esta sensibilidad social, el papa, que ha renovado en la Iglesia la opción preferencial por los pobres al estilo de Jesús, es claro al afirmar que la economía que impera a nivel mundial, que es también la que impera en El Salvador, es una economía que mata. Como cristianos, nos dice Francisco, estamos en la obligación de transformar esta realidad para que responda al proyecto que Dios tiene para la humanidad, trabajando por una “economía que hace vivir porque comparte, incluye a los pobres y usa las ganancias para crear comunión”. Y al respecto, nos recuerda la profunda vinculación entre una economía excluyente y la violencia social: “Muchos reclaman seguridad, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. (...) Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz”. Pese a su oposición discursiva a todo lo hecho antes de su llegada al poder, Nayib Bukele no ha mostrado ningún interés en transformar el sistema social y económico que mantiene postrado a nuestro país. Sus ideas, varias de ellas muy malas, como hacer del bitcoin una moneda de curso legal, elevar la deuda pública hasta el 100% del producto nacional, despilfarrar millones de dólares en gastos innecesarios y proteger a los corruptos de su Gobierno, no están orientadas a resolver de raíz los problemas estructurales; por el contrario, generarán más pobreza y exclusión social a mediano y largo plazo. Es, pues, necesario construir un modelo económico que sea inclusivo, solidario, que ofrezca verdadera igualdad de oportunidades y permita que todo salvadoreño pueda realizar su proyecto de vida en su propia patria. Esta es la tarea de la sociedad salvadoreña; una tarea que debería ser liderada por quienes nos gobiernan y respaldada por todo ciudadano de buena voluntad. Sin embargo, no se ve interés ni capacidad en los actuales liderazgos, sean políticos, empresariales o sindicales. Y ello nubla aún más el horizonte nacional.

Las comisiones legislativas no son el sitio idóneo para investigar la corrupción. Sus integrantes carecen de los conocimientos, la experiencia y los instrumentos para identificar el delito y deslindar las responsabilidades, de tal manera que los culpables puedan ser sancionados conforme a la ley. Las audiencias realizadas hasta ahora no han revelado nada que la prensa no haya publicado antes. Por tanto, el aporte de los comisionados es nulo. Pierden el tiempo y gastan en naderías un dinero que hace mucha falta. Las comparecencias solo sirven para restregarles públicamente a algunos exfuncionarios la recepción de sobresueldos y de fondos públicos para ciertas organizaciones. No a todos, solo a los que figuran en la lista de Bukele. Por tanto, aunque fuera seria, la investigación es arbitraria. Los comisionados no tienen datos sólidos para acusar, sino un guion que seguir, facilitado por Casa Presidencial. Por tanto, la investigación es extremadamente subjetiva. Los comisionados pretenden que los acusados se inculpen voluntariamente. Desconocen la presunción de inocencia, porque se trata de vejar a algunos adversarios políticos para que no decaiga la popularidad del régimen. Por tanto, intentar aclarar los hechos o demostrar la inocencia es inútil. La mejor opción es poner en evidencia la ridícula posición de los comisionados, tal como hizo un antiguo dirigente de un partido, que los colocó en una situación incómoda al usar sus mismos argumentos. La arbitrariedad subjetiva no hace avanzar la verdad, imposibilita la justicia y no repara el daño causado. Los comisionados no convocan a todos los beneficiados con los sobresueldos; en su lista no figuran los funcionarios actuales que los perciben como nombramiento ad honorem. Ni se interesan en todas las organizaciones subsidiadas por el Estado. GANA, el socio de Bukele, y Alba Petróleos, una de sus fuentes de financiamiento, han sido exoneradas. Los nuevos abanderados de la honradez no hace mucho cerraron la posibilidad de someter a escrutinio público los millonarios fondos asignados a la crisis sanitaria. La aprobación expedita del contrato para ampliar la terminal de carga aérea a favor de una multinacional que donó un millón de dólares a GANA es un dato más de la arbitrariedad legislativa. Si el objetivo fuera erradicar la corrupción, los comisionados, en lugar de jugar a jueces implacables de la integridad, revisarían la estructura salarial del Estado para no recurrir a la partida secreta ni a los nombramientos ad honorem, y regularían mejor los requisitos para asignar fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Asimismo, eliminarían, de una vez por todas, la partida secreta y levantaría el secreto impuesto sobre las finanzas y las operaciones gubernamentales. Nada de esto sucederá. La labor de las comisiones no pretende combatir la corrupción, sino complacer al amo que les dio el escaño. Es indudable que muchos de los exfuncionarios y sus partidos políticos son responsables directos de malversar el dinero público, de evadir impuestos, de tráfico de influencias, de corrupción y de deshonestidad general. Estas han sido, y continúan siendo, prácticas habituales en la gestión gubernamental. Una diferencia importante entre el ayer y el hoy es que ahora el hermetismo es mucho más férreo, porque Bukele presume de rectitud. En cualquier caso, no compete a los diputados investigar estos delitos ni mucho menos acusar; esas son tareas del fiscal general. Sí les compete interpelar a este funcionario para que explique por qué la judicialización de los casos de corrupción, y también de las desapariciones y de los crímenes de guerra, y las condenas son tan pocas. Semanalmente, Hacienda amontona en la oficina del fiscal expedientes sobre evasión de impuestos, sin que hasta ahora haya aumentado de forma sensible el dinero recuperado. Ni siquiera ha podido concluir el peritaje financiero del proceso contra el expresidente Funes y treinta imputados más. Un caso, por otro lado, de sumo interés para el régimen. La evidente ineptitud fiscal obliga a interpelar a su responsable para que explique al país por qué, como ha dicho, no aceptará “entes, comisiones o lo que sea que pretendan suplantar facultades institucionales”. Las comisiones legislativas no pueden llenar el vacío causado por la inoperancia de Hacienda y del fiscal. Mucho menos cuando la incompetencia es deliberada. Si no, cómo se pueden entender el nombramiento de estos funcionarios. El régimen de Bukele no está interesado en la honestidad, sino en la comparecencia de los presuntos culpables para que, en el mejor estilo de la vieja inquisición, se declaren culpables y así someterlos luego, a modo de penitencia, a la humillación pública. La corrupción es, en gran medida, la causa del descalabro de la hacienda nacional, de la infraestructura de los servicios sociales, de la desigualdad, de la violencia social y de la inmigración. Sin embargo, el régimen de los Bukele, por la cuenta que le trae, no la erradicará.

Una buena parte de los valores sociales de la época colonial así como de los fallos y limitaciones de la misma pervivieron luego de la independencia. Algunos de los próceres de tendencia ilustrada eran claramente antiesclavistas, partidarios de la educación y la igualdad basada en la ciudadanía, pero no faltaron entre los independentistas personas con intereses económicos o sociales construidos desde la sociedad de castas colonial, personas que seguían creyendo que la sociedad debía manejarse desde la diferencia y la desigualdad. Una prueba es el acta firmada en Guatemala, en la que que se proclama la independencia “para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. En estas fechas, es deber preguntarse cuánto de bueno y cuánto de malo de aquellas épocas se conserva en la actualidad. Lo primero que es posible constatar es que el ansia de independencia, libertad e igualdad se mantiene en grandes sectores de la población centroamericana. Son sobre todo los pobres y los marginados los que ansían una mayor libertad para desarrollar sus propias capacidades y vivir y convivir en dignidad e igualdad. Esto deseos de desarrollo fuerzan a un alto porcentaje de la población a migrar, para buscar en otros países lo que no encuentran en el propio. Si la sociedad que nació de la independencia continuaba siendo clasista, hoy la desigualdad y la discriminación por motivos económicos se han vuelto más patentes y agresivas. La riqueza convive con la pobreza de un modo ostentoso y escandaloso. Las promesas falsas, el autoritarismo, la irresponsabilidad social de los ricos y poderosos continúan siendo un obstáculo para una democracia social y económica que respete plenamente la igual dignidad humana. La celebración del bicentenario de la independencia no puede ser ocasión para una exaltación gloriosa del pasado ni aprovecharse para multiplicar promesas vacías que solo buscan manipular los deseos de cambio de la gente y reforzar el autoritarismo en beneficio, una vez más, de quienes tienen recursos y poder. José Simeón Cañas proponía en la Asamblea Constituyente de la naciente Centroamérica la abolición de la esclavitud. Hoy existen formas de esclavitud diferentes, expresadas en malos salarios y condiciones laborales de explotación. Y a ello se suma la deficiencia de las instituciones básicas para el desarrollo humano, tanto a nivel personal como social. Los países centroamericanos necesitan transformaciones estructurales que no se agotan en la lucha contra la corrupción. Transformar la cultura clasista y respetar plenamente la igual dignidad de todo salvadoreño y salvadoreña supone impulsar fuertes cambios en los campos educativos, de salud, fiscal, judicial y gubernamental. Garantizar la libre expresión y el acceso a la información pública, abrirse al diálogo, alcanzar la justicia social a la que obliga la Constitución son tareas en las que, después de 200 años de relativa independencia, aún hay muchas deudas. Pensar El Salvador de un modo distinto es indispensable para no convertirlo en un remedo de país independiente y en un Estado fallido.

“Errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios”, reza la conocida frase del poeta británico Alexander Pope, que ofrece un camino claro de comportamiento ético y realista. Reconocer que toda persona puede equivocarse implica entender las limitaciones intrínsecas del ser humano y que nadie es poseedor de la verdad absoluta. Sin embargo, el orgullo, algo también muy propio de la humanidad, lleva a muchos a no aceptar sus errores y a que, por tanto, no rectifiquen sus acciones. Algunos podrán reconocer sus equivocaciones en privado, ante sus círculos más cercanos, pero nunca lo harán públicamente para no dañar la imagen que buscan proyectar. La humildad es la virtud necesaria para rectificar los errores, pero escasea en aquellos que tienen poder o aspiran a tenerlo. A los ojos de analistas y especialistas en diversas materias, el presidente Bukele, con el apoyo de sus adeptos, ha cometido graves errores que tendrán importantes consecuencias negativas para la población y el país en general en el mediano y largo plazo. Irrespetar de forma continua el Estado de derecho, destruir la institucionalidad democrática, apoyar la violación a los derechos humanos, endeudar el país a niveles que ponen en duda y en riesgo la capacidad nacional de pago, asumir el control del órgano judicial, utilizar el poder estatal para destruir a enemigos personales e institucionales, decretar la inmunidad para los corruptos de su Gobierno, alimentar el odio contra todos los que difieren de sus ideas o las critican, aprobar la Ley Bitcoin, promover una reforma constitucional sin garantías ni controles independientes, generar una crisis en la relación con Estados Unidos son algunos de esos errores graves. ¿Las consecuencias? Pérdida de credibilidad ante la comunidad internacional, retiro de los ahorros, inseguridad jurídica, aumento del riesgo país, disminución de la calidad crediticia, caída estrepitosa de los precios de los bonos estatales y dificultad creciente para obtener financiamiento de corto plazo, entre otras. Estas son razones más que suficientes para reconocer que es urgente un cambio de rumbo y rectificar de inmediato los errores cometidos. Un primer y necesario paso en esta dirección sería abolir la Ley Bitcoin, algo que aportaría tranquilidad y seguridad tanto a los ciudadanos como a las organizaciones financieras internacionales, de las cuales El Salvador requiere ayuda para salir de la crisis económica en la que está inmerso. Si para la mayoría de las personas es difícil aceptar sus errores, más lo es para quienes ejercen autoridad y tienen puestos de decisión importantes. El orgullo desmedido, la creencia popular de que la autoridad no puede equivocarse y que reconocer los errores es una muestra de debilidad obstaculizan el camino hacia la rectificación. Sin embargo, un gobernante que en verdad desea servir y buscar el bienestar de la población se caracteriza por su humildad y por su capacidad de rectificar cuando se equivoca. En esto Nayib Bukele podría marcar una verdadera diferencia con todos los presidentes que le han precedido. Si en aras del desarrollo del país y el bienestar de la gente reconociera que se ha equivocado y marcara el cambio de rumbo correspondiente, daría un paso real y evidente para desmarcarse de quienes él denomina “los mismos de siempre”. Pero ¿tiene el presidente la capacidad de rectificar?

Algunos piensan que estamos llenos de malas señales, y no les falta razón. Tal vez se equivocan cuando piensan que antes era mucho mejor y que el presente no tiene nada que ver con ese pasado. Pero más que discutir ese tema, es importante continuar observando las señales que indican si avanzamos, estamos estancados o retrocedemos. Y al observarlas, analizar sus posibles interacciones. En este contexto, creo que es bueno reflexionar sobre el derecho a la vida, porque los datos están comenzando a indicarnos un repunte de homicidios y muertes violentas no casual y momentáneo, sino persistente en el tiempo. En efecto, el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA ha lanzado una alerta al documentar un crecimiento en las violencias homicida, feminicida y sexual, y en la desaparición de personas. Si en el primer trimestre de este año habíamos observado ya un leve aumento, en el segundo la tendencia al alza se consolida. Efectivamente, en 2021, “entre enero y junio se contabilizan un total de 689 víctimas de muertes violentas”, nos dice el Observatorio. Se refleja ahí un aumento de casi cien víctimas mortales sobre el primer semestre de 2020, que registró 596 víctimas mortales. Si además contabilizáramos los cadáveres aparecidos en las fosas de Chalchuapa, la diferencia superaría el centenar. Las autoridades, además, han comenzado a maquillar los datos de homicidios. Sin ninguna razón técnica, los restos de personas asesinadas y encontrados en avanzado estado de descomposición se están catalogando ahora como “osamentas”, no como homicidios. El hecho de que el número de cadáveres enterrados en Chalchuapa haya estado sumido en el silencio oficial o en la negativa a la información durante bastante tiempo refleja ese afán de maquillar los datos. Mientras esto ocurre con los asesinatos del presente, la misma tendencia al maquillaje se ha comenzado a dar con respecto a los crímenes de la guerra. Mientras en el caso de la masacre en El Mozote existen dificultades claramente impulsadas desde el Estado y otros casos, como el de la masacre en la UCA, sufren parálisis causadas por funcionarios judiciales o fiscales corruptos, la Fiscalía presenta la detención de algunos soldados de base por una pequeña masacre de 1981 como un signo evidente de la buena voluntad y el deseo fiscal de hacer justicia. Recientemente, la Fiscalía ha estado tratando de cooperar lo menos posible en el caso de la matanza de estudiantes de la UES, reclamado por diversas instancias, y tiene engavetados más de 70 casos presentados desde hace años, muchos de ellos con suficientes datos como para al menos iniciar interrogatorios, cuando no acusaciones. Al comenzar este artículo iniciábamos hablando de malas señales. Y eso son los datos ofrecidos. Si al principio del actual Gobierno pudimos ver, incluso con sorpresa y agrado, un radical descenso de los homicidios y otros crímenes semejantes, hoy los datos nos hablan de un agotamiento de los planes gubernamentales. La no solución de problemas estructurales del país; el empantanamiento en temas tan clave como la educación; la corrupción en la justicia, aumentada tras las destituciones ilegales de magistrados; y la crisis económica y algunas propuestas como la del bitcoin, que ensombrecen más el futuro, están dejando sin aliento las medidas, sean las que fueran, que habían logrado reducir algunos de los crímenes más graves o dar un poco más de esperanza en la solución de casos tanto del presente como del pasado. Los problemas estructurales y la selección de buenos funcionarios o se abordan como parte de un proyecto común en el que el diálogo y la participación de diversos criterios tiene un alto protagonismo, o simplemente se fracasa a la hora de encontrar soluciones. Y el Gobierno, a pesar de su vasta influencia y peso en la vida nacional, no ha acertado a encontrar caminos eficaces y positivos de diálogo. Y eso repercute en el ánimo de las personas y de los grupos sociales. El odio en las redes, la polarización en la política, la propaganda exagerada y el maquillaje de la realidad producen cansancio, desmoralización y violencia. El aumento de crímenes que creíamos entrarían en un proceso de reducción permanente nos muestra, entre otras cosas, el fracaso gubernamental de lograr acuerdos racionales en muy diversos temas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

Lemus afirma que el actual Gobierno tiene una expansión del gasto más agresiva que los Gobiernos anteriores, pero con deuda pública. Esto trae consecuencias directas para la población, según explica el economista.

El cardenal Rosa Chávez dijo recientemente en una página de noticias del Vaticano que en El Salvador estamos en la actualidad en “una crisis política muy grave porque no tenemos en este momento un Estado de Derecho que funcione” (Vaticannews, 5 de Agosto, 2021). La preocupación por el Estado de Derecho ha sido continua en la Iglesia. Ya en años anteriores nuestro actual arzobispo había hablado de los rasgos de un “estado fallido” que se podía visibilizar en el estado salvadoreño. Y en la primera encíclica social escrita por el Papa León XIII se decía que “los derechos, sean de quien fueren, habrán de respetarse inviolablemente; y para que cada uno disfrute del suyo deberá proveer el poder civil”. En otras palabras, se insiste, como después lo hará más directamente Juan XXIII y el propio Concilio Vaticano II, en que el Estado está unido necesariamente a la defensa y protección de los derechos de todos, sin excluir a nadie. Es en definitiva lo que la Iglesia pone como obligación básica del Estado, el bien común, que “abarca el conjunto de aquellas condiciones de vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” (G.S. 74). En El Salvador hemos tenido una triste tradición de irrespeto a los Derechos Humanos, prácticamente desde la Independencia, heredada de la corrupción y la injusta sociedad de castas impuesta por los 300 años de la colonia. Las esperanzas de desarrollo de nuestro pueblo se ven frustradas con demasiada frecuencia por desigualdades, injusticias, pobreza y violencia, discriminación social y mal funcionamiento de instituciones públicas, desde la educación al sistema judicial, que marginan al más humilde e impiden el desarrollo de las capacidades de las personas. La migración ha sido con frecuencia el resultado de un Estado que, contra su propia Constitución, no ofrece a sus ciudadanos “bienestar económico y justicia social”. En nuestros días nos toca a los cristianos defender el Estado de Derecho democrático, con la separación de poderes y la institucionalidad abierta a todos. Porque efectivamente, en muchas ocasiones se puede constatar que la institucionalidad es favorablemente parcial con unos y negativa o inútil para otros. Los mensajes de odio, las visiones en blanco y negro, la imposición de medidas y normas sin el debido debate público, la cerrazón de algunas instituciones estatales a debatir o incluso a respetar derechos de personas críticas o de diferente pensamiento, la manipulación de la justicia o la restricción sistemática del acceso a la información pública, son realidades que el cristiano debe contribuir a cambiar desde su compromiso pacífico con el bien común. El Salvador es un país en el que los lazos familiares son muy fuertes. Basta ver la solidaridad de los migrantes con quienes permanecemos en el país. Pero los lazos de la convivencia social amplia están demasiado dañados por la desconfianza, por la búsqueda de ventajas individuales y por la cultura de la ley del más fuerte y del desprecio del débil. Los cristianos, que en buena parte somos los que hemos construido los valores que mantienen unida y solidaria a la familia incluso en la lejanía, tenemos, en estos tiempos que corren, la responsabilidad de mejorar estos lazos sociales dañados por tantos años de abuso de quienes debían tener como máxima responsabilidad el bien común. Comprometernos con la ética ciudadana, con la defensa de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, y con la transformación de las estructuras sociales que marginan, descartan o no sirven para el pleno desarrollo de todas las personas y sus capacidades, es hoy una forma también de no entristecer al Espíritu Santo, que decía Pablo en Efesios 4, 30, así como una forma de amor al prójimo, extraordinariamente bien ejemplarizada en la vida de nuestro San Óscar Romero.

Las contradicciones políticas entre lo que se dice y lo que se hace es imperativo ponerlas al descubierto cuando se dan en el ámbito de la legalidad o de la ética democrática. Hacerlo ayuda a desnudar la falsedad del discurso sobre realidades o problemáticas que merecen un abordaje serio, responsable. Y esta tarea cobra más urgencia hoy que muchos funcionarios del Gobierno tienen más interés en reformar la Constitución de la República que en cumplirla. Desde hace 38 años, todo salvadoreño tiene derecho a indemnización por retardo judicial. Pero como no existe la ley secundaria que estipule los montos, el derecho constitucional queda anulado. En otras palabras, aunque en el papel dicho derecho existe, ni el Ejecutivo, ni la Asamblea Legislativa, ni los jueces han buscado hacerlo realidad. E igual sucede con los derechos a la justicia social y al bienestar económico, reconocidos en el primer artículo de la Constitución. El derecho a la presunción de inocencia se vulnera y viola cuando se exhibe a los detenidos y se les trata como culpables antes de ser vencidos en juicio. Además, encarcelarlos hasta que termina el proceso judicial es la norma, pese a que más de un 50% de ellos es finalmente sobreseído o absuelto. La violación de la Constitución es común incluso en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tampoco el Ejecutivo y los diputados tienen reparos en violarla, como quedó de manifiesto en la destitución de la anterior Sala de lo Constitucional. Esta realidad cotidiana debe tenerse en cuenta a la hora de abordar las más de 200 modificaciones constitucionales propuestas por el equipo del vicepresidente de la República. Una de las cosas destacables es que las reformas dejan fuera necesidades urgentes y claras. Por ejemplo, no se elimina el mandato de que la Fiscalía persiga los delitos que se dan en del país y también defienda al Estado en instancias internacionales cuando se le acusa de cometer crímenes, incluidos los de lesa humanidad. Por otra parte, que las 200 reformas hayan sido formuladas por un reducido grupo es poco democrático, además de irresponsable. Máxime cuando algunos de los miembros de ese grupo han legitimado, por acción u omisión, violaciones de derechos constitucionales. Si a eso se añade el hecho de que la Asamblea Legislativa se limita a cumplir los deseos del Ejecutivo, es muy alta la probabilidad de que el asunto acabe en un adefesio constitucional. Por desgracia, la Constitución nunca ha sido tomada en serio por la mayor parte de la clase política, los jueces y los profesionales del derecho. Y ello explica que muchos ciudadanos hayan perdido el respeto a la Carta Magna, nuestro máximo texto legal de convivencia. La prioridad en todo país democrático debe ser siempre el cumplimiento de la Constitución. Las reformas propuestas pueden ser convenientes e incluso necesarias, pero que las mismas personas que permanecen indiferentes ante violaciones sistemáticas a la Constitución elaboren, a base de amontonar reformas, una nueva Constitución solo desacredita nuestra democracia, por mucho que planteen el reconocimiento de algunos derechos. Mientras primen las felicitaciones por unas reformas que carecen de autoridad moral, continuará imperando la cultura de impunidad e irresponsabilidad constitucional, apoyada en la ley del más fuerte.

EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS EDITORIAL 13-08-21 MAS QUE SIMPLES PALABRAS

Por José María Tojeira Cuando las situaciones políticas son complicadas, el ideal es tender puentes que faciliten la salida positiva de los problemas. La polarización, la manipulación de las instituciones en favor del poder, como está pasando en Nicaragua, no llevan a soluciones adecuadas. Pueden dar un respiro durante un tiempo, pero agravan siempre la situación, garantizando mayores problemas en el futuro. Cuando el poder está muy concentrado, el puente tiene siempre que ofrecerlo el más poderoso. Y lo más conveniente, si se actúa desde la buena fe, es que el poderoso reduzca su poder, ciñéndose a las leyes vigentes o incluso cambiando aquellas que fueron fruto del exceso de poder y la falta de diálogo. El diálogo siempre es bueno para comenzar. Pero no basta. En regímenes o gobiernos autoritarios, la única manera real de tender puentes es caminar hacia una mayor democracia y respeto al estado de derecho. En general las democracias modernas y abiertas al diálogo con su propia población hacen eso, más allá de la propia ideología o poder establecido en el gobierno. Chile acaba de dar un ejemplo. Un país en el que se han cometido abusos muy graves de Derechos Humanos en el pasado, sabe ahora responsabilizarse frente a ellos. El gobierno de este país ha tenido conflicto con su gente recientemente. Ha habido abusos policiales y grandes manifestaciones de protesta. Pero los políticos no han reaccionado con leyes más duras. Al contrario, han sabido escuchar a la población y han aprobado una ley de responsabilidad civil del Estado cuando se cometan abusos por parte policial, especialmente cuando haya manifestaciones masivas. Además, la Comisión de Derechos Humanos del Senado chileno aprobó y dejó listo recientemente para pasar a plenario un proyecto de ley que prohíbe el desnudamiento forzado de los detenidos y los tocamientos de contenido sexual en los procesos de detención policial, penalizando a quienes lo hagan o den las órdenes de hacerlo. Y en otro proyecto se prohíbe la utilización de armas letales o que puedan causar graves daños, cuando la policía tenga que supervisar o enfrentar manifestaciones de la población. A eso se le llama tender puentes con una sociedad enfurecida por la dura situación económica y social, y por algunos abusos cometidos desde la policía. En El Salvador nos cuesta avanzar y tender puentes, especialmente por parte del poder. Y en ocasiones eso desata una posición más dura de parte de aquellos que critican o se enfrentan al poder. Para empezar en nuestra Asamblea no ha habido una comisión de DDHH, ni en épocas anteriores ni en la actualidad. Incluso las comisiones de ética, cuando se han elegido, contaban en sus filas con algunos de los diputados con clara falta de ética y en ocasiones verdaderos delincuentes, solo liberados de juzgamiento por la complicidad de sus colegas de diversos partidos. En la actualidad algunos de los diputados y personajes cercanos al poder ejecutivo se han distinguido por su misoginia y agresividad frente a cualquier tipo de crítica. Y por supuesto no tienden puentes, con ofertas concretas de superar situaciones conflictivas. Aun ejemplo muy claro es la negativa a dialogar sobre el bitcoin, frente a posiciones más lógicas y mejor pensadas, que piden la derogación de la ley que autoriza la criptomoneda, por cierto ya muy próxima a entrar en vigor. Abrir el acceso a la información pública, en vez de negarlo, dialogar con apertura sobre el Estado de Derecho, en vez defender cerradamente situaciones legalmente insostenibles, reconocer el derecho a la presunción de inocencia y tratar a los acusados de cualquier delito en conformidad con la legislación nacional o internacional vigente, podrían ser signos de que se quiere tender puentes. No tenderlos, y más en la actual situación de concentración de poder, solo llevará en el mediano plazo a una polarización creciente en el país. Y la polarización, el insulto, la negativa al diálogo, nunca lleva al desarrollo humano. Y menos a un país endeudado como el nuestro, con graves problemas de desigualdad y pobreza en demasiados ámbitos de la vida ciudadana y social. JMT/IDHUCA

En la encíclica Fratelli tutti, publicada en octubre del año pasado, el papa advierte de la agresividad que se ha desarrollado en las redes sociales. En ellas, dice Francisco, se dan “formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro, en un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos”. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha mostrado preocupación tanto por el lenguaje de odio en las redes como por sus consecuencias: “El odio se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios y con cada norma que se rompe, se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz”. En El Salvador, es alarmante cómo crece el odio en las redes sociales, solo ligeramente moderado por algunas demandas contra algunos de sus principales promotores y protagonistas. A la crítica racional se le responde con un lenguaje agresivo y con frecuencia soez que desata una especie de pugna por ver quién es más capaz de despreciar, humillar y burlarse del interlocutor. Se destruye así una de las formas básicas de convivencia, la escucha respetuosa del otro, al tiempo que se desvanecen los valores democráticos de la fraternidad y la igual dignidad de la persona. Ya anteriormente las relaciones sociales se envenenaban por el machismo, la fobia a la diversidad sexual, el desprecio de quien se cree superior a los demás y la violencia en el seno del hogar. Por ello, la multiplicación del lenguaje del odio no solo recoge lo peor de la herencia nacional, sino que la potencia. Puesto que el lenguaje de odio rompe la confianza interpersonal, siembra miedo y destroza los vínculos sociales indispensables para la sana convivencia, resulta impostergable reflexionar sobre la realidad salvadoreña. Nuestro país se caracteriza por su profunda desigualdad, que se manifiesta, entre otras áreas, en la educación, la salud, el ingreso, la fiscalidad, el empleo, el género y el acceso digital. Es muy difícil que una sociedad tan dividida y separada estructuralmente, y en la que impera la agresividad pueda avanzar en la solución de sus problemas. Dialogar con franqueza, poner a disposición del ciudadano la información pública, frenar toda expresión que rompa las posibilidades de sana comunicación son requisitos para planificar un futuro digno para todos.

Hoy hay dos cuestiones principales que afectan a toda la humanidad: el calentamiento global y la creciente escasez de agua potable. Ambas obligan a profundos cambios en nuestro modo de vivir, pues pueden producir un colapso de nuestra civilización y afectar profundamente el sistema-vida. Atengámonos a la cuestión del agua, codiciada por las grandes corporaciones para privatizarla y lucrarse enormemente. Ella puede ser tanto motivo de guerras como de solidaridad social y cooperación entre los pueblos. Ya se ha dicho que las guerras del siglo XX eran por petróleo y las del siglo XXI serán por agua potable. No obstante, ella puede ser referencia central para un nuevo pacto social mundial entre los pueblos y los gobiernos con vistas a la supervivencia de todos. Consideremos los datos básicos acerca del agua. El agua es extremadamente abundante y al mismo tiempo escasa. Hay cerca de 1.360.000.000 km3 cúbicos de agua en la Tierra. Si tomáramos toda esa agua que está en los océanos, lagos, ríos, acuíferos y cascos polares y la distribuyésemos equitativamente sobre una superficie terrestre plana, toda la Tierra quedaría sumergida bajo el agua a tres km de profundidad. El 97% es agua salada y el 3% es agua dulce. Pero solamente el 0,7% de esta es directamente accesible al uso humano. De este 0,7, el 70% va para la agricultura, el 22% para la industria y lo que queda para el uso humano y animal. La renovación de las aguas es del orden de 43.000 km3 al año, mientras que el consumo total está estimado en 6.000 km³ al año. Hay por lo tanto superabundancia de agua, pero desigualmente distribuida: el 60% se encuentra en sólo 9 países, mientras otros 80 enfrentan escasez. El problema no es la escasez de agua sino su mala gestión y distribución para atender las demandas humanas y de los demás seres vivos. Brasil es la potencia natural de las aguas, con el 13% de toda el agua dulce del planeta, con un total de 5,4 billones de metros cúbicos. Por ser escasa, el agua dulce se ha convertido en un bien de alto valor económico. Como hemos pasado de una economía de mercado a una sociedad de mercado, todo se transforma en mercancía. Se ha creado un mercado de las aguas de más de 100.000 millones de dólares. Ahí están fuertemente presentes Nestlé y Coca-Cola, buscando comprar fuentes por todas partes del mundo. El gran debate hoy se presenta en estos términos: ¿el agua es fuente de vida o fuente de lucro? ¿El agua es un bien natural, vital, común e insustituible, o un bien económico a ser tratado como recurso hídrico y como mercancía? Para empezar es importante reconocer que el agua no es un bien económico como cualquier otro. Está tan ligada a la vida que debe ser entendida como algo vital y sagrado. La vida no puede ser transformada en mercancía. Es uno de los bienes más excelentes del proceso evolutivo y unos de los mayores dones divinos. Además, el agua está ligada a otras dimensiones culturales, simbólicas y espirituales que la hacen preciosa y cargada de valores que en sí no tienen precio. Para entender la riqueza del agua que transciende su dimensión económica, necesitamos romper con la dictadura de la razón instrumental-analítica y utilitarista, impuesta a toda la sociedad. Ésta ve el agua como mero recurso hídrico con el cual se puede hacer negocios. Atiende sólo a finalidades y utilidades. Pero el ser humano tiene otros ejercicios de su razón. Existe la razón más ancestral, sensible, emocional, cordial y espiritual. Este tipo de razón va más allá de finalidades y utilidades. Esta razón está ligada al sentido de la vida, a los valores, al carácter simbólico ético y espiritual del agua. En esta perspectiva, el agua se considera un bien común natural, como fuente y nicho donde hace 3.800 millones de años surgió la vida en la Tierra. El agua es un bien común público mundial. Es patrimonio de la biosfera y vital para todas las formas de vida. No existe vida sin agua. Obviamente, las dimensiones del agua como fuente de vida y como recurso hídrico no necesitan excluirse, pero deben ser rectamente relacionadas. Fundamentalmente el agua pertenece al derecho a la vida. La ONU declaró el día 28 de julio de 2010 que el agua limpia y segura, así como el saneamiento básico, constituye un derecho humano fundamental. Pero ella demanda, sí, una compleja estructura de captación, conservación, tratamiento y distribución, lo que implica una innegable dimensión económica. Ésta, sin embargo, no debe prevalecer sobre la otra, la del derecho, sino que debe hacer el agua accesible a todos. Se debe garantizar a todos gratuitamente por lo menos 50 litros de agua potable y sana al día. Corresponde al poder público, junto con la sociedad organizada, crear la financiación pública para cubrir los costos necesarios para garantizar ese derecho de todos. Las tarifas para los servicios deben tener en cuenta los diversos usos del agua, ya sea doméstico, industrial, agrícola o recreativo. Para los usos en la industria y en la agricultura, evidentemente, el ag

En los días previos a la fiesta patronal de El Salvador y, por supuesto, de San Salvador, ha habido multitud de festividades, más extendidas unas, más particulares otras. El 25 de Julio muchos pueblos de nombre y origen indígena celebraron sus fiestas patronales en honor a Santiago (Chalchuapa, Tenancingo, Texacuangos, uno de los Nonualcos, Apastepeque, Santiago de María, La Laguna...). Santa Ana celebró el 26 a su patrona. Los jesuitas y los redentoristas a sus fundadores. Sin embargo, la actual situación de pandemia, aún no controlada y con un severo repunte a pesar del buen manejo de la vacunación, ha forzado a que los aspectos más externos de la celebración se hayan reducido. Especialmente las fiestas patronales han ido acompañadas siempre con procesiones, juegos, encuentros sociales, etc. Hoy la necesidad de cuidarse y de cuidar al prójimo nos impone algunas restricciones. Y precisamente esa especie de pausa, nos puede ayudar a reflexionar sobre el sentido profundo de la alegría que invade nuestras festividades. Nos alegramos muchas veces con la música y la comida y olvidamos las dimensiones más hondas de la celebración. Santiago respondió con un “podemos” cuando Nuestro Señor les preguntó a él y a su hermano Juan si podían beber el cáliz de su Maestro. Fue después el primer apóstol decapitado por su seguimiento del Señor. Santa Ana, con San Joaquín, representan la sabiduría de los ancianos y la capacidad de los mismos de transmitir lo mejor de la espiritualidad a sus descendientes. María, ejemplo de fe para todo cristiano, fue hija de estos santos. Y Jesús de Nazaret, en su dimensión de Salvador del mundo, es para todos nosotros “camino, verdad y vida”, y fuente segura de salvación. Si los cristianos olvidamos estos aspectos, las fiestas, aun con todos sus aspectos positivos, pierden una buena parte de su sentido. La vida cristiana está llena de festividades. La misma Iglesia nos ha animado siempre celebrar con alegría esos días dedicados a los seguidores de Jesús y a nuestro propio Maestro y Señor. El Papa San Gregorio Magno, cuando aconsejaba a los evangelizadores de los pueblos paganos del norte de Europa, les decía que continuaran con los aspectos festivos que éstos tenían en honor a sus dioses. Pero que le dieran un sentido diferente. Si antes sacrificaban toros a sus divinidades, una vez convertidos debían seguir celebrando a los santos matando algún torete para compartir la comida fraternalmente con toda la comunidad. La alegría de vivir compartiendo ideales y caminos debe traducirse siempre en la alegría del banquete compartido, “cada cual con su taburete” como decía nuestro próximo beato Rutilio Grande. La alegría y la fiesta es consustancial al cristianismo. Evangelio significa buena noticia. Y entre las múltiples herencias recibidas de nuestros hermanos judíos está la palabra “aleluya”, símbolo de alegría de quienes alabamos permanentemente al Dios que nos amó primero. Si el dolor, la injusticia y las pruebas nos remiten siempre a la cruz del Señor, las fiestas nos recuerdan el triunfo del resucitado y de todos nuestros hermanos y hermanas que nos precedieron uniéndose a la resurrección del Señor. La fiesta nos da siempre fuerza para seguir en esta vida de peregrinos caminando al encuentro del “Cordero degollado que permanece de pie”, como le llama el Apocalipsis a Jesús, anunciando su cruz y su triunfo en la resurrección. Vivir nuestras fiestas cristianamente, compartiendo la alegría, el amor y la generosidad, es también parte de nuestro testimonio y esperanza. Y es parte fundamental del descanso en el caminar y de la esperanza de llegar a la meta, en la que Dios será todo en todas las cosas. * José María Tojeira, director del Idhuca.

El 20 de julio de 2021, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 73 votos a favor, reformar la Ley de Símbolos Patrios para que la frase “Puesta nuestra fe en Dios”se coloque en espacios visibles de las instalaciones del recinto legislativo. Estas referencias religiosas ya han sido utilizadas por funcionarios del Gobierno en actos oficiales. De ahí que surja la pregunta: ¿Existe algún problema con esta reforma legislativa y con el uso de Dios en el discurso de los funcionarios del actual Gobierno? El presidente y sus funcionarios han recurrido a múltiples referencias religiosas entre las que destacan aquellas utilizadas para justificar el poder y el liderazgo de Bukele y donde se mezclan la confianza en Dios y en el presidente. Por ejemplo, el 20 noviembre de 2020, Mario Durán, entonces candidato a alcalde de San Salvador, dijo: "Señor presidente Nayib Bukele, servir a El Salvador en uno de los momentos más cruciales de su historia ha sido una verdadera bendición que agradezco a Dios". También en la pasada campaña electoral, Henry Flores, candidato a alcalde de Santa Tecla por Nuevas Ideas, en una entrevista declaró: "Después de Dios, Nayib Bukele es el líder al que seguimos. Es la esencia de todo un pueblo". De igual forma, el entonces candidato a diputado, Ernesto Castro, durante una visita al municipio de Soyapango, dijo: "Tenemos un compromiso con Dios, con el pueblo y con el futuro de nuestro país". Otro ejemplo fue cuando el ministro de Trabajo, Rolando Castro, afirmó que solo rendiría cuentas a Dios, a Bukele y al "pueblo", luego de haber sido señalado por socavar la democracia y debilitar el Estado de Derecho en la Lista Engel. Captura de pantalla tomada de la cuenta de Twitter del Ministerio de Trabajo: @TrabajoSV La religión produce esperanzas y orientación en la vida, además de ser un elemento importante para la cohesión en la sociedad. En los ejemplos mencionados anteriormente, hay situaciones que llaman la atención. En primer lugar, las menciones de Dios realizadas por los funcionarios del Gobierno, se hacen en abstracto y sin contextualizar ni aterrizar a qué Dios se refiere. No se mencionan formas, cualidades o acciones concretas de fe. Si el pueblo es la voz de Dios, los funcionarios deberían confiar en hacer transparente su gestión pública a ese pueblo, así como combatir la corrupción dentro del mismo partido de gobierno y sus aliados. Además, existe un contraste entre la fe en Dios que los funcionarios del partido de gobierno dicen tener y la desconfianza en hacer pública la información del Estado. Por ejemplo, el Gobierno del presidente Bukele se niega a transparentar los salarios de los funcionarios que tienen doble cargo. Además, el Gobierno, a través de la Fiscalía, investiga a funcionarios del pasado por actos de corrupción, pero no actúan de la misma manera con aquellos aliados señalados como corruptos en la Lista Engel. Como si la justicia divina fuera selectiva. En segundo lugar, estos políticos buscan crear un monopolio de la verdad y resaltar a una figura política y no a una creencia religiosa. Incluso, esto lo ha hecho el mismo presidente Bukele al autoproclamarse en redes sociales como instrumento de Dios, mientras solicita a los diputados de su partido respaldo político en nombre de Dios, tal como lo hizo un día antes de que los diputados tomaran posesión. Sin embargo, ningún proyecto político puede adjudicarse el monopolio moral de la representación ya que no existe un "mesías" o salvador absoluto en la política. Captura de pantalla tomada de la cuenta del presidente de la República: @nayibbukele En tercer lugar, este lenguaje religioso, utilizado de forma simple, puede convertir a los seguidores de un líder político en fanáticos mesiánicos, ya que utiliza también elementos autoritarios, de tal modo que los simpatizantes podrían llegar a justificar decisiones injustas de autoridad, denigrar o insultar otras formas de pensamiento o incluso ejercer violencia física en contra de personas que disienten con el Gobierno. Debido a ese peligro, en las democracias se prohíbe que miembros de los ejércitos o de organizaciones religiosas (que no se eligen democráticamente) participen en actividades políticas, ya que estos pueden utilizar la fuerza o el sometimiento ideológico para justificar su poder y luego limitar o sustituir el poder de las autoridades civiles en una democracia. En conclusión, el uso político de la religión es más fácil que hacer políticas públicas eficientes y transparentes. En este gobierno, la religión se ha utilizado principalmente para exaltar al líder político de turno, para apelar a la emotividad religiosa de la población y, principalmente, para evitar ser concreto al momento de explicar las obras o acciones del Gobierno. Dentro de los que creen este mensaje religioso, hay personas bien intencionadas, gente sufrida, necesitada, que han sido víctimas de engaños de otros proyectos políticos, pero también hay aduladores, fanáticos y opor

“La política democrática, en cuanto política civilista y civilizada, es la antítesis de la vocación por el conflicto, típica de aquellos que profesionalmente son formados no para tratar con el adversario, sino para eliminar al enemigo” José Rodríguez Iturbe Segismundo, en el libro La vida es sueño de Calderón de la Barca, se “soñó” como un dictador y luego, al “despertar”, recapacitó y gobernó muy bien a su reino. Así termina esta magistral obra de teatro. De manera similar, se esperaba que Bukele, dado el gran apoyo popular con el que ganó la elección presidencial en 2019, usara este capital político para hacer una política democrática orientada al bien común. Sin embargo, después de dos años en el gobierno, no hay señales de que el presidente Bukele “despierte de su mal sueño” (como Segismundo), sino que, más bien, ha terminado por disfrutar del gozo del poder y ha intentado consolidar el pensamiento único y ha destruido la pluralidad política, a través de la militarización de la sociedad y del empoderamiento de los militares. Además, el Gobierno ha ajustado las leyes a su favor, se encuentra redactando una nueva constitución y busca deslegitimar a las personas y grupos que piensan y sueñan con un país diferente al de él. En resumen, Bukele, en lugar de “despertar”, terminó ajustándose muy bien el traje de dictador. Cada día y de manera acelerada en el país, el dilema democracia-autocracia se decantó por la autocracia o, mejor dicho, por la instauración de una dictadura. Bukele ha dejado a un lado las prácticas democráticas y el respeto al Estado de Derecho y ha optado por el conflicto permanente, en donde ya no se dialoga con los adversarios políticos, sino que se les trata como enemigos que deben eliminarse (Iturbe). En esto se parece mucho a otros dictadores que consideraban como enemigos del pueblo a todo aquel que no comulgaba con sus ideas y, también se parece al mayor Roberto d'Aubuisson que consideraba a sus adversarios como “delincuentes terroristas” que debían ser eliminados. La exclusión política de actores que piensan diferente tiene a la larga implicaciones desastrosas para las sociedades. Solo basta recordar el “Pacto de Puntofijo” en Venezuela que -después de un golpe de Estado- tuvo como objetivo crear una pluralidad política, pero que excluyó a actores políticos importantes, principalmente de izquierda y, después de de vivir 40 años en una “democracia de mentira”, Venezuela llevó a Chávez al poder. La historia de lo que vive a diario Venezuela la conoce muy bien Bukele y todo indica que sigue el mismo camino de Maduro. También hay que señalar que las decisiones políticas de Bukele son muy propias de una mentalidad militar y cada vez se aleja más de mostrar algo de racionalidad en su praxis política. Ante el evidente fracaso de su Plan de Control Territorial -como lo demuestran las fosas clandestinas encontradas en Chalchuapa y la masacre de cuatro jóvenes estudiantes en Turín, Ahuachapán, Bukele anunció la fase cuatro del desconocido plan, con el cual pretende duplicar el número de militares en la Fuerza Armada. De igual manera, como reacción a la lista Engel que señaló a funcionarios corruptos y a personas que han minado la institucionalidad democrática del país, la Fiscalía al servicio de Bukele comenzó la persecución de opositores políticos, a quienes ahora acusa de cometer actos de corrupción. Como es bien conocido, Bukele hace una política de guerra: siembra odio y terror, apela a despertar los instintos y emociones más bajas de la población, oculta información que debería ser pública, establece un aparato de propaganda que desinforma diariamente y que impone la mentira como verdad. Asimismo, el presidente ha fanatizado a muchos de sus seguidores, los cuales, de manera irreflexiva, le dan hasta 23 mil “likes” a sus tuits con contenido basura. La retórica agresiva de Bukele parece fascinar a sus seguidores, quienes celebran el irrespeto a las leyes y las muestras excesivas de poder del presidente, ejercidas con la complicidad de la PNC y la FGR. Ahora Bukele manda a encarcelar a sus opositores y los seguidores lo celebran. Luego lo hará con cualquiera que no comulgue con sus ideas. Algo parecido a lo que vivimos en la década de los años 80, cuando los escuadrones de la muerte mataban a bandas de ladrones (y la gente celebraba y aplaudía) y después, estos mismos escuadrones, asesinaron a cientos de opositores políticos. No hay que repetir la historia de guerra del país. El enfoque debería estar en mejorar la economía y en tener una educación y salud de calidad. Lograr un país en el que se sientan bien todos implica inclusión política y participación. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 55.

Todos conocemos la ley de la acción y la reacción, formulada por Newton. Pero, por si acaso, es bueno recordarla. Decía el físico que cuando un objeto aplica una fuerza sobre otro objeto, la reacción del segundo es de la misma intensidad, pero en sentido contrario a la fuerza aplicada por el primero. Desde Max Weber, esa ley se utiliza para analizar los dinamismos sociológicos. Y puede servirnos, al menos parcialmente, para explicar algunas de las situaciones coyunturales por las que estamos pasando. Evidentemente, podríamos recorrer casi toda la historia de El Salvador haciendo arreglos entre la ley de la física y nuestra historia nacional. Pero en este momento nos remitiremos exclusivamente a los últimos 30 años y la situación actual. Durante los tres últimos decenios hubo una fuerte acción por construir un Estado formalmente democrático, pero plagado de corrupción, prepotencia por parte de los económicamente poderosos e impunidad ante crímenes de lesa humanidad. Esa contradicción permanente entre la formalidad democrática, en la que hubo avances, y la permanencia del abuso del poderoso y de la despreocupación real por los pobres fue levantando una indignación social y un cansancio ciudadano que determinó el triunfo electoral del actual presidente, que se presentaba como el único que podía reaccionar contra la corrupción reinante y el abuso de los fuertes. Su partido, apoyado en el nombre y la figura del mandatario, consiguió un triunfo electoral espectacular en las elecciones legislativas. Aunque hasta aquí todo podría parecer claro, el problema surge cuando vemos el tipo de reacción a la acción de los 30 años de abuso. La reacción no se ha dirigido a combatir los males estructurales con los que se había oprimido a los más pobres y vulnerables de la sociedad, sino simplemente a destruir las fuerzas políticas que habían servido de instrumento validador de los abusos. Algunos ejemplos nos ayudan a entender esto último. La pobreza y la desigualdad son parte del abuso sufrido, pero no se las combate con una buena ley progresiva de impuestos. Se toca la riqueza adquirida por los políticos, pero no la de los millonarios a cuyo servicio estaban. La corrupción no solamente fue patrimonio de los políticos de la hoy llamada oposición, pero se les castiga exclusivamente a ellos. Gozan de amnistía de facto quienes abandonaron sus partidos corruptos para sumarse a Nuevas Ideas, no importando que hayan participado en la corrupción. El poder económico amigo de los partidos tradicionales queda ahora impune. Aunque haya sido parte del abuso, si pacta amistosamente con el nuevo poder, puede seguir destruyendo reservas ecológicas o enriqueciéndose inmoderadamente en medio de la pobreza del país. El sistema judicial y fiscal fue, en su condición de sistema, no solo un gran aliado de la corrupción, sino parte de la misma. Aun teniendo personal decente en sus filas, bastaba controlar, muchas veces con dinero, las cúpulas del sistema para convertir en corrupta la institucionalidad. No se persigue a quienes dictaron sentencias injustas o inconstitucionales, a quienes recibían 20 mil o más dólares mensuales para mantener la fidelidad de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente se pone al frente del sistema a personas dóciles ante el Ejecutivo y se mantiene el mismo esquema de control judicial. Se persigue, y con razón, a quienes recibieron sobresueldos mientras mentían descaradamente al pueblo salvadoreño, pero se deja en la impunidad a quienes también se lucraron de la partida secreta si cambiaron el color de su camiseta partidaria por el cian. La reacción a una acción previa es normal. Pero en política lo fundamental es que las reacciones frenen la violencia de los futuros movimientos reactivos. En ese sentido, las reacciones a los abusos del pasado requieren siempre diálogo con las víctimas y garantías de no repetición. Poco de eso se ve en el actual Gobierno reactivo. Para el desarrollo humano es indispensable lograr que las reacciones toquen las causas de los problemas, corrijan estructuralmente las injusticias y eviten ser arbitrarias, violentas, vengativas o furiosas. Si eso no se consigue, el fenómeno acción-reacción puede convertirse en una espiral de subdesarrollo. * José María Tojeira, director del Idhuca.