Editoriales y Opiniones

Recientemente, el estado de excepción fue abordado de dos maneras radicalmente diferentes entre sí por dos figuras públicas del país, el cardenal Rosa Chávez y el vicepresidente de la República. El cardenal dijo con claridad que la persecución del crimen debe hacerse de una manera diferente a la actual; es decir, investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. El vicepresidente llamó “guerra” al estado de excepción, invocó el derecho humanitario para justificarla, afirmó que en todo conflicto bélico hay “daños colaterales” y que, al final, los errores son pocos, y aunque se deben corregir, no le quitan el mérito a las acciones. Frente a la posición humanista del cardenal, partidario de que la lucha contra el crimen se lleve a cabo desde la civilidad, el vicepresidente resta importancia a los errores e injusticias que se están cometiendo. ¿Los 45 mil privados de libertad son presos de guerra? ¿Se les aplicarán los Convenios de Ginebra, que protegen a los combatientes capturados? ¿Hay en el país una guerra civil? Frente al “balance altamente positivo” y la “operación correcta” de los que habla el vicepresidente, está la frase pensada, cristiana y pacifista del cardenal: “Todo ser humano merece un trato digno. Ha habido muchos excesos [durante el estado de excepción] y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente”. Frente a la indiferencia ante el dolor de las personas y sus familias que han sufrido injusticias, está la razón cordial que habla de seres humanos. Mientras el cardenal pide reflexión, el vicepresidente amenaza: “Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del Gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos". Esa afirmación despierta nuevas preguntas: ¿la peculiar guerra de la que habla el vicepresidente permite la violación de derechos humanos?,¿defender la dignidad humana, incluso de los malvados, es delito de guerra? Por su lado, el cardenal recuerda que los detenidos son seres humanos, que entre ellos hay un buen número de inocentes y que la persecución del crimen no implica tratos crueles y degradantes. Las palabras del vicepresidente, dividiendo al país en buenos y malos, y estableciendo la guerra de unos contra otros, no son prudentes ni dignas de un profesional. Que un abogado y docente universitario se exprese de ese modo es incomprensible, trágico. El país necesita racionalidad y sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de por la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el lenguaje guerrerista abre la puerta a que, tarde o temprano, se justifiquen crímenes. En la historia del país abundan ejemplos al respecto. ¿Para combatir la delincuencia es necesario repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la guerra civil? ¿No hay más opción que regresar al pasado?

La tormenta Bonnie mostró con claridad y evidencia que el Gobierno de El Salvador carece de planes para casi todo, incluyendo la gestión de riesgo ante eventos naturales; su forma común de actuar es la improvisación. La tormenta fue detectada días antes de que pasara frente a la costa del país. Se conocía perfectamente su procedencia, ruta, potencial de viento y lluvia, tiempo y zonas de impacto. A pesar de ello, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Como ya es habitual, en lugar de actuar con anticipación (desalojar a los habitantes de las zonas con peligro de inundación o de deslaves, y colocarlos en albergues, por ejemplo), se optó por hacer a posteriori. En esencia, Bonnie no fue distinta a otras tormentas de gran intensidad que han caído sobre el área metropolitana de San Salvador. Las localidades más afectadas fueron las de siempre, aquellas cuya vulnerabilidad es de sobra conocida porque resultan dañadas evento tras evento, como la colonia Santa Lucía y las comunidades aledañas al río Acelhuate en la zona de La Chacra. A pesar de esta pública vulnerabilidad, en los tres años de gestión de Nayib Bukele no se han revisado ni reformulado los mapas de riesgo, ni se ha trabajado en un plan nacional o departamental de reducción de riesgos, como la ley lo establece. Sin ellos no es posible tomar las acciones de prevención y mitigación requeridas para proteger eficazmente a la población que vive en zonas vulnerables. A falta de prevención, la acción reactiva se improvisa y es desproporcionada. En el caso de Bonnie, se declaró una emergencia nacional y se suspendió en el país toda actividad de los centros educativos (incluso las administrativas) a pesar de que la tormenta no había afectado a la mayoría del territorio nacional ni se avizoraban nuevos eventos climáticos peligrosos. La suspensión debió aplicarse solo en las zonas que habían sido afectadas por las lluvias torrenciales del sábado 2 de julio y en las que era riesgoso que la niñez y la juventud se desplazará a sus lugares de estudio. Tan desproporcionada fue la medida que incluyó la suspensión de las actividades educativas virtuales. La suspensión por tres días, cuya prolongación se anunciaba cada día en la noche, no solo privó a todos los niños y jóvenes salvadoreños de su educación (ya muy afectada por la pandemia), sino que creó incertidumbre y ansiedad. Además, perjudicó el desempeño organizativo de las instituciones educativas. Así es difícil que la educación mejore y adquiera los niveles de calidad que el desarrollo del país requiere. El ministro de educación, consciente de lo injustificado y absurdo de la medida, se apoyó en el poder del miedo: amenazó con sanciones y desplegó a funcionarios que verificaron in situ el cumplimiento de la suspensión, ignorando la libertad de la que gozan por ley las instituciones educativas privadas. Atemorizar es ya una práctica de rigor del Gobierno de Bukele. Se utilizó para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria; se utiliza para acallar las voces críticas y para que la población no reclame sus derechos. Los cambios en el código penal y los abusos que el estado de excepción permite son útiles para controlar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Un Gobierno de esta naturaleza, tan amigo de la improvisación y el miedo, no tiene la capacidad para resolver los problemas nacionales. Sin interés en llegar a soluciones atinadas, planificadas y consensuadas, atemoriza a la población para que acate sin rechistar sus órdenes, por absurdas que sean.

Por Rodolfo Cardenal La cantinela del régimen contra las organizaciones de derechos humanos es una muestra de debilidad y de pobreza intelectual. Si está tan seguro de su posición política y de su popularidad, por qué presta tanta atención a unas cuantas organizaciones que lo señalan por violar sistemáticamente los derechos humanos. Si está tan convencido de la eficacia de la soberanía nacional, por qué pierde el tiempo y gasta energías en los organismos internacionales. Si está persuadido de estar habilitado para ejercer el poder absoluto, las diatribas contra las instituciones nacionales independientes es un desvarío. Tal vez el origen del malestar sea el temor de que ese discurso acabe por penetrar en la opinión pública y encienda la chispa de una movilización popular masiva. Si una porción significativa de los actuales seguidores locales del régimen toma conciencia de la contradicción entre sus derechos civiles, políticos, sociales y humanos, y la realidad que experimenta diariamente, la popularidad presidencial puede comenzar a resquebrajarse. Otra posibilidad, sin excluir la anterior, es la susceptibilidad frente a la crítica y la disidencia, propia de figuras inseguras y con poco bagaje intelectual para defender sus ideas y sus decisiones. Son personalidades acostumbradas a ordenar y a ser obedecidas automáticamente, tal como revelan los tuits de los funcionarios. Sea lo que sea, el hecho incontrovertible es que el Bukele autoritario, antidemocrático y violador de los derechos de la ciudadanía ya es un referente obligado de la prensa internacional. Bukele figura en compañía de los Bolsonaro, los Maduro, los Díaz-Canel y los Ortega latinoamericanos. Un artículo de The Economist del 18 de junio, dedicado a la criptocracia, concluye que “una moneda volátil y un líder volátil sugieren un futuro volátil para El Salvador”. Ningún otro mandatario nacional, ni siquiera los coroneles de la dictadura, había recibido semejante distinción. El sarcasmo contra la prensa internacional y la institucionalidad internacional contribuye a confirmar ese juicio negativo sobre el presidente que quiso ser cool. De ahí que sea un desgaste innecesario insistir en la descalificación y el insulto. La forma más eficaz para modificar esa imagen negativa es cambiar el rumbo de la gestión gubernamental. Pero, por ahora, eso no es posible. La vanidad y el orgullo, combinados con la inseguridad y la impaciencia, son obstáculos insalvables. Además de las limitaciones personales, las circunstancias lo desaconsejan. En Washington, la posición de Bukele está muy comprometida. Sobre él se cierne, amenazadora, la sombra del expresidente de Honduras, extraditado y sentado ante un tribunal estadounidense, acusado de varios crímenes. Según fuentes gubernamentales estadounidenses, algunos de los colaboradores más cercanos de Bukele podrían ser inculpados, en un tribunal de Nueva York, por “actividades criminales transnacionales graves”; en concreto, tráfico de drogas, secuestro, tráfico y trata de personas, asesinato, extorsión y chantaje. La acusación se fundamenta en las declaraciones de varios testigos salvadoreños, recabadas en los últimos meses por una fuerza de tarea. Los testimonios de los líderes de la MS-13, cuya extradición Bukele niega, podrían ampliar la acusación hasta alcanzar la cima del poder presidencial. Por eso, a uno lo envió a Guatemala y a otro lo resguarda en una casa de seguridad. Estos líderes son la excepción del régimen de excepción. Washington ha dejado entrever también que no duda de la relación de la tregua con el descenso de los homicidios ni de la participación directa de Bukele. La filtración no es un descuido de funcionarios inexpertos, sino un mensaje para él y los suyos. Washington tiene claro que el plan de control territorial es una patraña y que la represión es insostenible. Y deja claro el futuro que aguarda a Bukele y los suyos si se mantienen en sus trece. Estos tienen las de perder, al igual que el expresidente hondureño y su hermano. Es cuestión de tiempo. Las fuentes aseguran que Washington valora el momento oportuno para iniciar la acción judicial. Sin embargo, no todo está perdido. La negociación con Washington es una salida. Si Bukele aceptara extraditar a los criminales reclamados por la justicia estadounidense, respetar la institucionalidad democrática y sacrificar a los corruptos más connotados de su entorno entregándolos a la justicia, Washington tal vez mire hacia otro lado y haga borrón y cuenta nueva. No sería la primera vez, y lo suele hacer sin asco. Bukele, en cambio, obtendría la legitimidad derivada de Washington, el refinanciamiento que necesita desesperadamente y quizás, incluso, hasta le toleraría la reelección. El dilema de Bukele es la ruina nacional y personal, o la negociación. No rectificar implica fracasar a corto plazo y, probablemente, enfrentar a un juez estadounidense a mediano plazo. Negociar exige una buena dosis de modestia y de oportunismo político, cualidades que ya

Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, murió dentro del penal. Según el informe de Medicina Legal entregado a la familia, la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulación. El joven fue capturado arbitrariamente por autoridades de la Policía Nacional Civil, en el marco del Régimen de Excepción, la noche del 18 de abril en su vivienda ubicada en Jucuapa, departamento de Usulután. Solórzano Hernández fue llevado a las bartolinas de Jucuapa y luego se trasladó al penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Al joven, que era taxista, le decretaron detención provisional en la audiencia inicial por el delito de organizaciones terroristas. La familia asegura que sin pruebas lo mantuvieron en la cárcel, esperando la programación de una segunda audiencia que nunca llegó. El jueves 7 de julio, por la tarde, las calles de Jucuapa se llenaron de amigos y familiares para dar el último adiós a Adrián. Lágrimas y tristeza inundaron a la decenas de personas que acompañaron el féretro. Según su familia, el joven era una persona muy querida en la zona, incluso ayudaba a muchos miembros de su familia y amigos.

Quizá los daños causados por las últimas tormentas convenzan de una vez de que el 88% del territorio nacional es altamente vulnerable y que el 95% de la población vive expuesta a algún tipo de riesgo. La mezcla de vulnerabilidad y fenómenos naturales intensos es explosiva, pues causa desastres sociales, económicos y humanos. La reciente tormenta Bonnie dejó dos muertos, decenas de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales. Hace 15 días, las lluvias de junio, de acuerdo a los reportes de Protección Civil, provocaron la muertes de ocho personas. Las de junio de 2020, hace dos años, en plena pandemia, se saldaron con 30 personas muertas, una desaparecida y 12 mil 651 refugiadas. Ese mismo año, a finales de octubre, un deslave dejó nueve muertos y arrasó las viviendas de la comunidad Los Angelitos, en el municipio de Nejapa. Por la falta de planificación del desarrollo urbano, las grandes ciudades del país han crecido de manera desordenada, solo respondiendo al afán de lucro de las empresas inmobiliarias. Esto ha provocado que se usen los suelos con vocación forestal para levantar complejos habitacionales, las zonas de recarga hídrica para construir carreteras o diversas infraestructuras. Con el mismo propósito se ha desviado los cauces de ríos y quebradas. Todo esto le está pasando factura al país, afectando en mayor medida a los más pobres. La ciencia y la experiencia demuestran que los desbordamientos se incrementan cuando se altera o interviene la circulación natural de los cursos de agua; que los desbordamientos ocurren sobre todo en zonas altamente desforestadas y en barrios y colonias que no cuentan con sistemas efectivos de alcantarillado o canales de desagüe. Si, como se pretende, se impermeabiliza el valle El Ángel,la ingente cantidad de agua que hoy en día se infiltra en el terreno buscará salida sobre lo construido, abriéndose así la posibilidad permanente de una tragedia. El problema del progresivo deterioro ambiental del territorio salvadoreño no es una cuestión de los últimos años, sino de décadas. Sin embargo, pese a esta situación límite, no parece que vaya a haber cambios. La administración actual no ha mostrado ningún interés en distanciarse del modelo depredador y explotador de los bienes naturales. Al contrario, ha acelerado el otorgamiento de permisos ambientales para grandes construcciones sin tomar en cuenta el daño ecológico que puedan causar; ha aprobado una Ley General de Recursos Hídricos que beneficiará a los grandes inversores privados; ha mostrado inclinación por la minería metálica industrial. Si no se hace nada para contrarrestar la destrucción del medioambiente, cada vez serán más frecuentes las escenas de destrucción, dolor y luto. Si nada cambia, el país seguirá de emergencia en emergencia, ahogándose en su falta de capacidad de planificación y prevención.

Por José María Tojeira, S.J. Cada vez que el presidente habla en contra de quienes trabajan en los derechos humanos, un coro de voces gubernamentales repiten sus frases. Ante el asesinato de tres policías en una emboscada, el discurso oficial repite la misma consigna: “Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa”. En primer lugar, decir eso es mentir, porque a toda persona con sentido del deber y de los derechos ciudadanos le indigna el asesinato del prójimo, tenga el oficio que tenga. Y en segundo lugar, ese discurso es la misma cantinela que los militares utilizaban durante la guerra civil para acusar a los organismos de derechos humanos de solo defender a los terroristas. Tal vez por eso el partido Nuevas Ideas rechaza los Acuerdos de Paz, para que no se note la semejanza de algunos de sus discursos con el militarismo retrógrado del pasado. Aunque no se cumplieran plenamente por parte de los partidos firmantes, los Acuerdos de Paz implican un rechazo a ese tipo de discurso y una apoyo real a la democracia y al respeto de los derechos. Sin embargo, la sensibilidad gubernamental antiderechos ya no critica a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fruto de aquellos Acuerdos. El gusto del oficialismo por las instituciones controladas debe estar satisfecho con la actitud de un procurador incapaz de decir una palabra seria respecto a los abusos cometidos durante el régimen de excepción y en los recintos carcelarios. Ello no es extraño dado los asesores de los que se está rodeando, expertos en disimular violaciones a derechos humanos. La repetición de este discurso se desenmascara solo. Las instituciones defensoras de derechos humanos no suelen llamar violadores de derechos a los criminales; simplemente saben que son delincuentes y que deben pagar el precio de sus fechorías. En cambio, acusan a los Gobiernos o a sus instituciones de violadores de derechos humanos cuando agreden a personas inocentes y cuando defienden a los perpetradores de esos abusos. De eso es de lo que se acusa hoy al Gobierno de Nayib Bukele: de meter presas a personas que después tiene que soltarlas porque no han hecho nada y de manejar a jueces corruptos que condenan sin pruebas fehacientes. Todas las personas están obligadas a cumplir las leyes que exigen respeto a los derechos humanos. Los criminales son los que violan esas leyes. Los funcionarios del Estado tienen la obligación de defender esos derechos estipulados por las leyes. Cuando no lo hacen, violan derechos humanos. Al Estado le corresponde investigar si sus funcionarios violan derechos o no. A la ciudadanía consciente le corresponde denunciar cualquier violación de derechos. Cuando las cosas no están claras y cuando los abusos se quieren ocultar, permitir o incluso alentar, la tendencia es atacar a las instituciones defensoras de derechos humanos. En todos los países se tiende a violar derechos humanos, especialmente de personas pertenecientes a sectores desprotegidos. Basta ver la situación de nuestros migrantes o de los migrantes africanos para darnos cuenta de que incluso las democracias desarrolladas violan los derechos humanos. Pero hay una diferencia entre las democracias y los regímenes autoritarios: en una democracia desarrollada no se ataca a quienes denuncian violaciones de derechos llamándoles defensores de criminales; en los regímenes autoritarios se acude siempre a ese discurso. Un discurso peligroso, porque en la medida en que se repite en una sociedad de cultura violenta, puede desatar la agresión física y termina destruyendo algo básico para la convivencia pacífica y fraterna: el respeto a las leyes y a las normas que rigen la vida social y que garantizan los derechos y deberes de todos. No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos. Quien defiende la violación de esos derechos termina por hacer desaparecer tanto la democracia como la paz y la amistad social que todos necesitamos para convivir. A los organismos de derechos humanos y a las ONG sí les importan las personas y sus derechos, así como la democracia. Por eso hablan y por eso son atacados.

La situación en Nicaragua es indignante. Y por ello resulta necesario que quienes en Centroamérica aman la democracia, la concordia y la amistad social no la pierdan de vista. El homicidio, la detención ilegal, los juicios fraudulentos, quitarle el pan de la boca a los pobres… todo está permitido para perpetuarse en el poder. El dueto Ortega-Murillo se ha convertido en un régimen autoritario que repite los abusos contra la dignidad de las personas cometidos por dictadores del pasado. Hablan de socialismo mientras enriquecen desde el Estado a sus parientes y niegan derechos básicos a muchos ciudadanos. Definen a Nicaragua como un país cristiano mientras persiguen a quienes defienden desde la fe los derechos de la gente. Hablan de grandes proyectos, incluido un canal transoceánico, mientras desposeen a los campesinos de sus tierras. Los legados más importantes del gobierno sandinista los revierten ahora quienes antes decían ser revolucionarios y desde el poder aprendieron a defender sus beneficios valiéndose de la manipulación y la fuerza. El último de los pasos del régimen nicaragüense ha sido la cancelación de la personería jurídica de las hermanas Misioneras de la Caridad, dedicadas exclusivamente a la ayuda y socorro de la población más pobre y marginada. Ellas administran comedores y asilos orientados a atender ancianos, enfermos de sida, niños de la calle, exprostitutas, etc. La eliminación de su personería e inmediata expulsión del país solo puede explicarse a partir del odio oficial a quienes desde la sociedad civil trabajan en favor de los más necesitados. Al Gobierno nicaragüense, el hambre, el abandono familiar, la carencia de medicinas y de otros servicios básicos no le importan. El control de las comunicaciones busca que la única voz sea la de la dupla gubernamental. La conquista del poder total es el camino emprendido por el régimen Ortega-Murillo. Ni siquiera el derecho religioso de dar pan al hambriento es permitido en esta “Nicaragua socialista, cristiana y solidaria”, como la nombra hipócritamente el oficialismo. La superstición y la dictadura se han dado la mano para hundir al vecino país en el atraso y la insolidaridad. Al leer el debate sobre la abolición de la esclavitud en la Asamblea Nacional Constituyente tras la independencia de Centroamérica, queda claro que los ideales democráticos e igualitarios estaban detrás del proceso independentista. Pero los intereses particulares, localistas y autoritarios no tardaron en imponerse. La codicia de las élites económicas, la corrupción del liderazgo y el militarismo convirtieron pronto a los países del istmo en parte del grupo de naciones más atrasadas de América. En la actualidad, nuevos autoritarismos violentos y corruptos, aliados a un militarismo nunca debidamente desactivado, impiden caminar hacia el desarrollo humano sostenible. En Nicaragua impacta el hecho de que precisamente quienes lucharon contra el somocismo sean ahora los que revivan las dinámicas dictatoriales, incluso con mayor dogmatismo y crueldad. Ojalá que las fuerzas democráticas que siguen vivas en Centroamérica sean lo suficiente solidarias y eficaces para detener el abuso en Nicaragua y revivir los ideales de una federación fraterna, democrática y justa.

Es tanto un deber como una necesidad condenar con determinación el reciente asesinato de tres miembros de la PNC en Santa Ana, ofrecer condolencias a la corporación policial y a las familias de los agentes, y agradecer a los miembros de la Policía por su trabajo al servicio de la población y por su disposición de combatir el crimen respetando la ley, pese a los riesgos. Justo es que estas tres nuevas víctimas de la dinámica homicida del país reciban un reconocimiento institucional. Esta tragedia debe contribuir a que se tome conciencia del riesgo que asumen a diario los policías, quienes con frecuencia cumplen su labor a pecho descubierto, sin la protección (cascos y chalecos antibalas) de la que gozan los miembros de la Fuerza Armada asignados a tareas de seguridad. También debe animar a fortalecer su capacidad de investigación y persecución del crimen con los medios técnicos y científicos disponibles hoy en día, para que así no tengan que arriesgar innecesariamente su vida. El apoyo que la PNC requiere es la apuesta decidida por una formación de calidad para aspirantes y agentes, más y mejores recursos técnicos y científicos para la inteligencia, de modo que sea posible presentar pruebas contundentes sobre la culpabilidad de delincuentes y criminales. Contar con una policía profesional, técnica y humana fue el ideal detrás de la creación de la PNC, a la que debían pertenecer hombres y mujeres no solo uniformados, sino sobre todo bien formados, capaces de realizar su trabajo con vocación de servicio y cercanía a la población, con responsabilidad, inteligencia y pleno respeto a los derechos humanos. Una Policía que, de acuerdo a la ley que le dio origen y la sigue rigiendo, “tendrá por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos”. Para desgracia del país y sus ciudadanos, la historia de la PNC ha sido otra: no ha contado con los recursos necesarios para un buen trabajo; muy pronto se rebajaron los requisitos para ingresar a ella o no fueron exigidos ni comprobados como corresponde; no se paga una remuneración adecuada y congruente con la responsabilidad y el riesgo de ser policía en un país con altos índices de criminalidad. Tampoco se la dotó de un sistema de previsión que respaldará a los policías y sus familias en caso de sufrir daños físicos o mentales a causa de los riesgos que implica su trabajo o perder la vida en acto de servicio. Se permitió la corrupción, debilitando primero y luego anulando la labor de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que tiene un rol fundamental para el apego a las normas propias de policías democráticas, que realizan su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, junto a excelentes policías también hay en la corporación personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser agente, incluso algunos de ellos han llegado a los más altos puestos sin contar con los méritos necesarios. La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad pública y la efectiva protección de la vida de los policías pasa por fortalecer a la PNC, dotándola de los medios y recursos necesarios; reconocer la importancia de su labor al servicio de toda la sociedad; y hacer de ella una policía modélica por su capacidad técnica y por su respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. A ello debe apostarle El Salvador para tener éxito en la lucha contra el crimen y rendir honesto homenaje a los agentes que fallecen o resultan heridos en el cumplimiento del deber.

Por José M. Tojeira, S.J. En estos tiempos de promesas, populismo y propaganda masiva, la sociedad civil ha mostrado mayor capacidad de oposición que la sociedad política. Y ello tiene su lógica. La sociedad civil se interesa por sus intereses particulares (aunque sean parte del interés común de todos). Y cuando los gobiernos no cumplen o no se interesan en sus propuestas, la capacidad de movilización de la sociedad civil aumenta. Hasta ahora las grandes manifestaciones de protesta contra el régimen actual las han organizado y llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil. Los grupos LGBTIQ, como lo manifestaron el día del orgullo gay, los veteranos, el movimiento feminista, los defensores de la ecología o de los DDHH, grupos religiosos comprometidos con el bien común y otros, son hoy los sectores que critican los defectos, muchos de ellos graves, de nuestra democracia, al tiempo que manifiestan públicamente sus propias reivindicaciones. Sin embargo, las peticiones y reclamos de estos grupos funcionan relativamente aisladas. Y de ese relativo aislamiento proviene una real debilidad. Porque los políticos autoritarios pueden fácilmente lidiar con reivindicaciones concretas. Lo único que realmente les inquieta son los proyectos políticos que puedan convertirse en alternativa al poder que detentan. Sin embargo, la sociedad civil, aunque busque fines particulares, tiene con frecuencia un concepto de universalidad de derechos del que carecen regímenes autoritarios, corruptos o falsamente democráticos. Y es esa universalidad de derechos la que tiene que impulsar cuando quiere incidir en política. En ese sentido resulta necesario que las distintas fuerzas de la sociedad civil logren elaborar una plataforma de reivindicaciones que sirvan tanto de reclamo como de inspiración para posibles fuerzas políticas que deseen realmente convertirse en alternativa al poder. No se trata de construir un programa político, pero sí una agenda básica de reivindicaciones en las que todos los grupos y organizaciones estén de acuerdo. Una especie de plataforma que pueda ganar adeptos progresivamente y con la que tenga que dialogar cualquier tendencia política o ideológica que quiera llegar al poder. Ni siquiera se trata de llegar a acuerdos con un partido político concreto, sino de tener tal fuerza, por lo concreto y necesario de sus planteamientos, que todos los grupos políticos se vean obligados a dialogar y a incorporar, con los matices que sean, parte del proyecto de la sociedad civil dentro de sus programas. Aunque la gestión de lo público le corresponde a quienes gobiernan, la sociedad civil no puede dejar lo público exclusivamente en las manos y voluntades de los políticos. La democracia nos corresponde a todos y la sociedad civil, aunque se enfoque en algunos aspectos parciales de lo público, no puede renunciar al bien común general. Y particularmente en la situación salvadoreña, urge la preocupación por el bien común. Mantener un diálogo permanente entre los diversos grupos es buscar un entendimiento común de lo que es El Salvador actual y de lo que necesita como país y como comunidad de personas con igual dignidad, derechos y obligaciones. Las manifestaciones multitudinarias irritan al poder y animan a quienes son críticos con el mismo, porque muestran las fisuras y grietas que existen en los poderes que se consideran absolutos. Pero mientras no pongan en cuestión las comodidades, ventajas, mentiras y falsas promesas del poder, difícilmente conseguirán que los derechos que reclaman se conviertan en una realidad sólida, adecuadamente aceptada por la misma sociedad en la que se mueven. Solo una agenda sustancialmente democrática, inspirada en los Derechos Humanos y capaz de unificar reivindicaciones y de entender el poder de otra manera puede lograr un cambio. Los partidos políticos han sido hasta el presente incapaces de plantear una propuesta democrática seria. El afán de mantenerse en el poder fue para ellos siempre más importante que la fidelidad a principios básicos de democracia. A la sociedad civil le corresponde, en esta coyuntura histórica, impulsar las bases de una democracia social y de derecho que ofrezca esperanza a todos los salvadoreños.

En la cultura popular se dice que para comprender a otra persona hay que ponerse en sus zapatos. Quizá esa máxima sea útil para analizar las acciones presidenciales. Por sus declaraciones, cabe entender que para el presidente la democracia se reduce a las elecciones y el voto ciudadano es un cheque en blanco. Eso le da licencia para administrar el Estado como su patrimonio, lo exime de rendir cuentas, le faculta para especular con el dinero público y justifica que su palabra valga más que cualquier ley, incluso la Constitución. Para el mandatario, liderazgo equivale a autoritarismo. El líder firme es aquel al que todos los poderes del Estado le obedecen y al que se somete toda la institucionalidad pública. El verdadero líder, para el presidente, es aquel que no tolera la disidencia; todo el que no lo respalda es oposición y, por tanto, enemigo del pueblo al que él encarna. No tiene necesidad de dialogar con nadie porque él sabe lo que el pueblo necesita. En la mentalidad de Bukele, una conferencia de prensa es un monólogo, aunque decorado con algunas preguntas retóricas que le sirven para hablar de algunos temas que le interesan o para extenderse en algo que quiere recalcar. Su experticia es la comunicación unidireccional y por ello no tiene capacidad de hablar sin perder la compostura sobre asuntos que no han sido pactados previamente. El presidente entiende la soberanía como la libertad de hacer cualquier cosa sin que ninguna instancia del ámbito global tenga derecho a opinar. Para él, la normativa universal sobre los DDHH o los convenios internacionales suscritos por el Estado son papel mojado. Si una persona o instancia denuncian violaciones a derechos humanos es un injerencista y amigo de las pandillas. Para él, la verdadera realidad es la virtual. Por eso la gente debe entender que el país ya es otro en tan solo tres años de gobierno. Si la propaganda oficial dice que el sistema de salud ya es mejor que antes o que la educación pública supera en calidad a la privada es porque así es. Asimismo, el aeropuerto en La Unión, la ciudad del bitcóin y el plan control territorial existen porque así lo dice la publicidad gubernamental. Y desde esta misma base hay que entender la frase repetida hasta el cansancio: “Los cambios están a la vista”; a la vista de las pantallas gracias a la maquinaria propagandística. En la visión presidencial, el mundo se divide en dos: los que lo aplauden y vitorean, y los que no. Así, los que lo respaldan son los suyos y los que critican alguna de sus medidas son oposición. Quienes denuncian abusos y delitos son marionetas de algún titiritero, nacional o extranjero; los que señalan las transgresiones a los derechos humanos, amigos de las pandillas. Por su obediencia, los miembros del Ejército y de la Policía son los verdaderos héroes de la patria; el personal de salud que denuncia el abandono en el que se encuentra, no. Los pobladores de barrios y colonias populares donde operan pandillas merecen toda la furia del aparato represivo; la juventud de barrios exclusivos, no se toca. En una sociedad de por sí polarizada y corroída por una cultura machista y violenta, la mentalidad maniquea, oportunista y destructiva del mandatario cosecha éxitos rotundos para él y los suyos. Mientras, el país retrocede día a día hacia los años ochenta.

Editorial UCA Escuche aquí: El 26 de junio se celebró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Unos días antes, en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un nutrido grupo de instituciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, denunció la intolerable situación que actualmente se vive en el sistema penitenciario. El número de fallecidos con signos de violencia, la detención arbitraria, el hacinamiento y el maltrato son prácticas en continuo crecimiento desde que comenzó el régimen de excepción. A pesar de haber sido invitado a la audiencia, el Gobierno no asistió ni envió representación. Dados los testimonios y datos documentados por la sociedad civil, va tomando cada vez más cuerpo la sospecha de que en las prisiones y en los procesos de encarcelamiento se tortura. En este contexto, la indiferencia de diversas instituciones estatales se convierte en complicidad. En su artículo 27, la Constitución prohíbe “toda especie de tormento”. Además, El Salvador es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En los cuatro documentos, que son ley de la República y de mayor importancia que la ley secundaria generada por la Asamblea Legislativa, se prohíbe taxativamente la tortura. Por ello, todos los funcionarios vinculados a los encarcelamientos masivos deberían atender el llamado que el secretario general de la ONU hizo en el día dedicado a las víctimas de tortura: “Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”. Desde hace años, el Idhuca viene solicitando a cada Gobierno de turno que ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Eso permitiría luchar eficazmente contra la tortura. Sin embargo, al igual que los Gobiernos del FMLN, la administración de Bukele no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por sobreponerse a los señalamientos de que en el país se maltrata a los detenidos. Actualmente, la exhibición degradante ante los medios de comunicación, la reducción de la cantidad de comida y la entrega de cadáveres con señales de golpes son indicios suficientes de tortura. La tortura es un crimen de lesa humanidad cuando se aplica a grupos particulares desde instancias estatales. Y se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin [...] de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido [...] cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Las autoridades del Gobierno deben reflexionar con seriedad, si no por humanidad, al menos por conveniencia propia: llegará un día en el que el sistema judicial y la Fiscalía serán independientes del Ejecutivo. Y en este momento muy probablemente revivirá el interés de investigar los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.

La mayoría de responsables de la cosa pública, desde el presidente de la República hasta los funcionarios públicos de base, presentan un país que va por buen camino, en el que todo está mejorando, que se dirige aceleradamente a un futuro de prosperidad y de bienestar. Por supuesto,la realidad es otra. El régimen de Bukele ha logrado que gran parte de la población crea en sus promesas y deseé que la ilusión de un país de maravillas se haga realidad. Ello explica su alto nivel de apoyo después de tres años de gestión, así como el respaldo ciudadano a las políticas que se está implementando, a pesar de que algunas de ellas han sido un fracaso, como la apuesta por el bitcóin, que solo ha supuesto pérdidas millonarias; y de que otras, como la pretensión de capturar a todos los miembros de las pandillas, violen los derechos humanos, causen zozobra y sufrimiento entre las familias más pobres y excluidas. Vender un sueño y hacer creer que se materializa le está siendo relativamente fácil al presidente. Pero en lo que fracasa es en efectivamente convertir el sueño en realidad. Para ello no solo requeriría de recursos de los que no dispone, sino también, y sobre todo, de un cambio cultural y educativo en la población, y de un plan de nación bien pensado, aspectos de los que el Gobierno adolece por completo. Los magos de la imagen y la propaganda, muy capaces de fabricar y ofrecer ilusiones, no se caracterizan por ser expertos en planes y estrategias para convertir las ideas en realidad. El Salvador, más bien, se aleja cada vez más del sueño que abandera su mandatario. Que más de 60 mil compatriotas hayan sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el último año es un buen indicador de que el país de Bukele no se corresponde con el país de la gente. Los salvadoreños siguen buscando afuera alternativas de vida que no encuentra acá, y en esa gesta están dispuestos a correr riesgos cada vez mayores. En el Salvador de la gente, el incremento acelerado del costo de la vida ha llevado a que la mayoría de las familias se hayan estrechado el cinturón. La mayor parte de los adultos mayores vive con limitaciones de todo tipo y depende de la ayuda de sus familiares, pues no recibe ningún tipo de ayuda del Estado (el sistema de salud ni siquiera cuenta con especialistas en geriatría). Los policías y maestros reclaman por un retiro digno que el actual sistema de pensiones no es capaz de ofrecer. Han fallecido decenas de personas en los centros penitenciarios sin que se investiguen las causas y muchas otras han sido detenida sin que nadie pueda probar su participación en actividades delictivas. La realidad también habla de las dificultades en las finanzas públicas, que resultan insuficientes para cubrir los gastos y siembran dudas de si el Estado tendrá la capacidad para pagar sus deudas en el corto y mediano plazo. A todo ello se añade la ausencia total de información sobre la gestión gubernamental y el uso de los fondos públicos. Ello no es un descuido, sino parte de la estrategia de la ilusión: no se rinden cuentas a fin de ocultar lo mal que están las cosas. Esta opacidad que caracteriza a la administración Bukele confirma que se está gobernando de espaldas a la población. Aunque la mayoría de la población vive encandilada con la ilusión presidencial, si no se logra al menos avanzar significativamente en la consecución de ese sueño que se promete y que se presenta como que ya fuera una realidad en algunos aspectos, el desencanto ciudadano se reanimará. Vendrán entonces los ayes a puerta cerrada o la represión de un pueblo indignado por haber sido estafado una vez más.

Proceso “Quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría.” [Que no sea así entre nosotros] Nicolás Maquiavelo Lo más usual en la gestión de este Gobierno ha sido el establecimiento de la mentira como política pública, es decir, se intenta representar lo irreal con supuestas acciones concretas. Los ejemplos de esto sobran, como la existencia de un ciudad llamada “Surf City” o la “Bitcoin City” y el reiterado discurso de que somos un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. La mentira y la creación de ilusiones y/o fantasías no son más que una estrategia de propaganda política que busca que la población evada o escape de la realidad que la golpea. Esta estrategia de escapismo -que usa la propaganda a diario- nos la mostró el mismo presidente en un tuit reciente en el que se pronunció sobre la caída del precio del bitcóin: "Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio de mercado del bitcóin [la cruda realidad]. Mi consejo: deja de mirar el gráfico y disfruta de la vida [el escape de la realidad]. Si invirtió en BTC, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista" [el refuerzo de la Ilusión]. La forma más común de escapar de la realidad, cuando esta sale a flote y no se puede ocultar, es trasladar a la población a una situación ilusoria mediante la propaganda gubernamental. La realidad es que el bitcóin es un fracaso en el país, ya que no cumplió con sus objetivos principales: no fue adoptada como moneda de curso legal, el mecanismo de envío de las remesas no cambió y sigue haciéndose de la manera tradicional (sin usar la Chivo Wallet, a través de bancos y otros servicios de envíos de remesas). Además, se estima que, a causa de la devaluación del bitcóin, el país ha perdido alrededor de $60 millones de la inversión que el Gobierno realizó para comprar las criptomonedas. Tampoco nadie rinde cuentas de los millones gastados en implementar el proyecto de la billetera gubernamental, Chivo Wallet, ni de los millones trasladados a la población en concepto de incentivos para que utilizaran la Chivo Wallet. El mecanismo del Gobierno de Bukele para “escapar” de la realidad ha sido el de ocultar la información importante a la población e ignorar los hechos, por eso Bukele insiste en el “deja de mirar el gráfico”. De esta manera, el presidente escapa de la realidad y presenta luego un mundo irreal “su inversión es segura y su valor crecerá“. La alta popularidad de Bukele se basa precisamente en hacer que la gente “viva” en un mundo de fantasía. Lo peligroso de escapar de la realidad es que conduce a un autoengaño ya que los problemas siguen estando presentes en la realidad y se agudizan con el paso del tiempo. Esto sucede, por ejemplo, con el problema de la migración irregular de salvadoreños hacia los Estados Unidos, que ha crecido desproporcionadamente: los salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza de ese país se incrementaron en un año de 50,744 a 67,006. También la muerte, en el mes de mayo, de un migrante salvadoreño y de su hijo de 7 años, al intentar cruzar el río Suchiate (entre Guatemala y México) fueron ignorados por los medios de propaganda de este Gobierno. La realidad es que durante la gestión del presidente Bukele la migración irregular de salvadoreños ha crecido, lo que estaría indicando que la situación económica y la inseguridad en el país siguen expulsando salvadoreños, aunque el gobierno oculte la información. De igual forma, es habitual en este Gobierno que se busquen justificaciones ficticias para ocultar la realidad. Este ha sido el caso del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo recientemente que "la inflación no es un fenómeno matemático. Es más bien un fenómeno psicológico”. La realidad es que hay una preocupación de la población por el alza de precios de todas las materias primas, especialmente de los precios de la canasta básica de alimentos y se trata de ocultar con una justificación mentirosa. Presentar lo irreal como verdad es una constante en este Gobierno, por lo que la lucha contra el autoengaño y el escapismo debe ser constante. Aquí es importante que la población busque información confiable para tomar sus propias decisiones y no dejarse llevar por la mentira y el discurso propagandístico. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 94.

Por José M. Tojeira, S.J. El sábado pasado, 18 de junio, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Discurso de Odio. Un día cuyos principios, dada nuestra situación como país, deberíamos convertirlos en motivo permanente de reflexión. Porque el odio está presente de muchas maneras en nuestra historia. Está en las redes con una violencia verbal inusitada, está en las formas machistas de tratar a la mujer, está en la violencia y está en muchas de nuestras actitudes, en las que el odio se mezcla con la envidia, con los resentimientos y con diferentes modos de egolatría que nos llevan a creernos superiores a los demás y a romper la dimensión dialogal del ser humano. Preguntarnos sobre los efectos del odio en cada uno de nosotros y en la sociedad resulta necesario tanto para el desarrollo personal como para lograr una convivencia ciudadana en la que el diálogo y la buena voluntad sustituyan a la agresividad estéril. Despreciar, insultar a quien piensa diferente, creerse superior a los demás conduce humanamente al fracaso. El amor y la benevolencia son actitudes positivas, tanto a nivel personal como social; el odio, en cambio, degenera siempre en actitudes destructivas. A veces es el miedo y la baja autoestima lo que hacen odiar a lo diferente. La envidia es como la salsa en la que el odio se cocina. La soberbia y el orgullo de quienes se sienten satisfechos de sí mismos, como los fariseos del tiempo de Jesús de Nazaret, es también fuente de un odio que tiende a ser de ida y vuelta. Y existe también el odio instrumental, lleno del cinismo de quienes piensan que el insulto y la agresión verbal destruye al enemigo. El odio como parte de un plan político para desacreditar al contrario, sin atender razones ni bajar a un diálogo constructivo entre la diversidad de las ideas, puede en algún momento dar resultados, al igual que la propaganda mentirosa. Pero lleva a la larga al fracaso. Incluso en el campo legal se ha tenido en cuenta el odio como agravante de algunos crímenes. Porque el odio, aunque busque fundamentalmente la destrucción moral de aquel a quien considera enemigo, muchas veces también desemboca en violencia homicida. En El Salvador, las campañas políticas se han caracterizado por utilizar el odio para desacreditar a los demás competidores. En la actualidad, el odio se ha trasladado a la vida cotidiana de las redes y se ha convertido en un artículo habitual de propaganda política. A la crítica racional se le contesta con insultos, ironías y desprecios, tratando de llevar la discusión al terreno personal. En el fondo, se tiene la confianza puesta en que resultará fácil desacreditar a aquel que después de hacer una crítica racional responde al insulto con otro insulto. Entre dos que se insultan, la debilidad propia del ser humano suele terminar inclinando las simpatías hacia el que tiene más fuerza o mayor poder. Al final, la provocación del poderoso no es más que una estratagema para llevar al débil al campo en el que puede ganar. No al campo de la racionalidad y del diálogo, sino al campo del grito, donde impera siempre quienes tienen más galillo. Y prepara la situación social para que el crimen del fuerte contra el débil, asesinato incluido, pueda parecer normal. Luchar contra el discurso de odio es una forma de combatir la violencia. Porque la violencia física suele tener su inicio en la violencia verbal. Frenar la violencia en sus comienzos es mucho más eficaz que reprimirla con brutalidad cuando se manifiesta en el terreno de la criminalidad. Enfrentar el discurso de odio en el campo político es recordarnos la realidad básica de la fraternidad universal y de la necesaria solidaridad derivada de ella. Es también construir paz y amistad social. “El odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe ser una tarea de todos”, son palabras para esta fecha del secretario general de la ONU. Escucharlas es bueno para El Salvador.

Según noticias periodísticas, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó recientemente que están tratando de garantizar “en la medida de [sus] posibilidades, los derechos humanos de cada detenido, no obstante que tenemos un régimen que suspende algunas garantías constitucionales". Al igual que las personas, las instituciones tienen posibilidades. Por ello, en principio, la frase podría pasar por cierta. Sin embargo, dado que, por un lado, las posibilidades institucionales son realidades creadas por quienes gestionan el Estado y que, por otro, no toda disposición legal es moral, el ciudadano tiene derecho a evaluar si esas posibilidades son coherentes con la Constitución y los convenios internacionales, y con principios éticos. Es sabido que el servicio de defensa pública que ofrece la Procuraduría General de la República se caracteriza por su falta de calidad e insuficiencia. Este no es un problema reciente, sino uno que viene arrastrándose desde hace muchos años. La defensa pública de la gente pobre acusada de algún delito nunca ha sido un asunto importante para los políticos. Hoy la situación se torna más grave con la detención de miles de personas. Si antes del estado de excepción la Procuraduría no cumplía con las necesidades de defensa de los ciudadanos sin recursos, la contratación de 60 o 70 nuevos defensores no resolverá la situación de más de 30 mil personas detenidas. En este sentido, decir que se garantizan los derechos según las posibilidades institucionales es una frase vacía. La realidad nos dice que se están violando derechos básicos de forma masiva. Aludir al régimen legal que suspende algunas garantías tampoco aclara nada. Suspender el inciso segundo del artículo 12 de la Constitución no anula la presunción de inocencia ni la garantía fundamental de acceso a la defensa. Sin embargo, en la práctica se condena a las personas, sin escucharlas ni darles oportunidad de una mínima defensa, a quedar privadas de libertad durante un tiempo largo. Se presume la culpabilidad sin una investigación previa y se arrojan por la borda diversos tratados internacionales ratificados por El Salvador. Los derechos humanos, además, no dependen de las posibilidades estatales. En sus aspectos fundamentales, son obligatorios, toda persona debe gozar de ellos. Suspender algunas garantías constitucionales no puede convertirse en fundamento de la arbitrariedad, el abuso o la violación sistemática de los derechos humanos. De la mayoría de diputados no cabe esperar mayor conocimiento sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Pero el fiscal general debería saber con claridad que la ausencia de la garantía de la defensa está considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las excepciones para el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La consideración sobre la situación concreta del país no excluye de responsabilidad. Si las posibilidades institucionales son escasas, la responsabilidad tanto del legislador como del juzgador es crearlas. Anular el respeto a los derechos fundamentales siempre será, además de inmoral, algo censurable y digno de persecución legal.

Editorial UCA Uno de los efectos de la pandemia fue la paralización de la cadena logística mundial, lo que provocó escasez de productos y un incremento de los precios a nivel planetario. Con el fin de la época de los confinamientos que obligó a disminuir la actividad económica, en el cuarto trimestre de 2020 inició la recuperación económica, la cual incrementó la demanda de materias primas y de energía. Ello también impulsó al alza los precios del petróleo y sus derivados. La guerra de Rusia contra Ucrania, y la consecuente desestabilización global, así como la previsión de que el conflicto será largo y generará escasez de cereales, metales y petróleo —de los que ambos países son importantes productores— han provocado un nuevo incremento en los precios de los alimentos y de las materias primas. Uno de los productos que ha incrementado significativamente su valor es el petróleo, volviendo a sus precios históricos más elevados: por encima de los cien dólares por barril, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008. La conjunción de todos estos factores está impulsando un aumento acelerado de la inflación. Por supuesto, de este escenario no escapa El Salvador, sobre todo por su gran dependencia de la importación de productos (según la Cepal, el país importa el 80% de lo que consume) y por su gran vulnerabilidad ante dinámicas económicas externas. Es así como después de más de una década de estabilidad en los precios, en el último año y medio se ha dado un incremento que golpea con dureza a la economía familiar, especialmente a los hogares con menores ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva al mes de mayo, la inflación en el último año es superior al 7%. Por su parte, la Digestyc señala que en marzo de este año la canasta básica alimentaria había incrementado su precio un 10% con respecto a marzo de 2021. La Cepal señala que esta crisis mundial supondrá un aumento y profundización de la pobreza en todos los países de América Latina; para el nuestro, prevé que la población en situación de pobreza crezca entre 1% y 2%, lo que significa que entre 6 mil 500 y 13 mil personas pasarán a formar parte de la población pobre. Por las características de su economía, a El Salvador le es muy difícil combatir las consecuencias de esta crisis. Durante muchos años se ha privilegiado e impulsados los sectores comercio y servicios, en detrimento de la producción. La producción agrícola más industrializada se ha concentrado en el azúcar, descuidando la generación de alimentos y su diversificación. Por otro lado, la mayor fuente de divisas, las remesas, también está siendo afectada: su crecimiento es menor en relación al año pasado. Con todo, esta crisis representa una oportunidad para reconducir la maltrecha economía nacional, dejar a un lado las aventuras de alto riesgo, que hasta la fecha solamente han traído mayor vulnerabilidad, y poner en marcha las estrategias que recomienda la Cepal para las economías de los países latinoamericanos. Para el organismo, lo primero y más inmediato es atender a los más vulnerables y asegurar su alimentación. En segundo lugar, se debe impulsar políticas que fomenten la producción agrícola e industrial, apoyando especialmente a la producción agropecuaria y de fertilizantes. También es imprescindible una política fiscal progresiva que promueva el desarrollo al dotar al Estado de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Recursos que deben ser utilizados de forma eficaz y con transparencia, lejos de la actual opacidad y despilfarro que desincentiva a los contribuyentes. A juicio de la Cepal, es urgente que América Latina enfrente unida la crisis. Este llamado debe hacer reflexionar al Gobierno de El Salvador, tan dado a aislarse. Hasta la fecha, no se ha visto ningún interés en la actual administración por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos, a excepción de los tibios apretones de mano con México. Negar la crisis no ayuda a salir bien parados de ella; reconocerla y ponerse a trabajar para superarla es la única apuesta razonable.

“Quien nada debe, nada teme” reza un mantra de los devotos del oficialismo para convencerse de que no caerán víctimas de la excepción y para justificarla. Pero hay razones para temer, y mucho, porque la excepción no persigue criminales, sino lo que al soldado o al policía de turno se le antoja. Capturan por las apariencias, para llenar una cuota impuesta o por una denuncia anónima que ajusta cuentas. Una vez ingresado en las cárceles de Bukele, es extremadamente difícil salir con vida de ellas. La liberación es tan errática como el ingreso. Residir en una zona controlada por la pandilla convierte automáticamente, sobre todo a los jóvenes, en terrorista o en cómplice de terrorista. Los criterios para detener, torturar y humillar son exhibir un tatuaje de las pandillas o parecer pandillero, y colaborar con ellas, bien como “colaborador necesario” o como “colaborador con la intención de serlo”. Según estos criterios, enunciados por el responsable de la seguridad, cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier motivo puede ser capturado por el régimen. La vaguedad de los criterios deja a la ciudadanía a merced del capricho de soldados y policías. La ligereza con la que el ministro se desentiende de la creciente cantidad de fallecidos en las cárceles es también pasmosa y alarmante. Esas muertes, que frivoliza como “evento trágico”, son, según él, normales: “siempre hay muertes dentro de los penales, en cualquier sistema penitenciario”, debido a una “desnutrición o deshidratación anterior” a la detención. En definitiva, el ministro apela crípticamente a “ese andamiaje con el gabinete de seguridad”. En los portones de las cárceles de los Bukele se adivina la amenazadora inscripción que Dante leyó al entrar en el infierno: “Oh, los que entran, dejen toda esperanza”. Los jueces rechazan sin mayor consideración las pruebas de descargo de los detenidos. Solo validan las actas policiales con las declaraciones de los captores, que relacionan a los capturados con actividades sospechosas o criminales, y de testigos de oídas. Los jueces prevarican por miedo a la destitución o al traslado a un juzgado remoto. Los retorcidos argumentos con los que sentencian de un plumazo a seis meses de cárcel a decenas de acusados dejan entrever su mala conciencia. Los defensores, públicos y privados, son impotentes ante “las órdenes superiores”. La posibilidad de salir con vida de estas cárceles es muy remota. Hasta ahora, el régimen habría liberado a unos 170 detenidos de un total superior a los treinta mil. Unos cuantos han salido gracias a la intervención de un alto funcionario del régimen o por la presión de las redes sociales. No hay amparo judicial que valga, sino la voluntad soberana de Bukele y sus carceleros. Así, pues, la esperanza de quienes entran en sus prisiones, muchos sin deber nada, queda fuera. Si hace dos meses el régimen de los Bukele necesitaba de una tasa baja de homicidios para proyectar la imagen de una seguridad ciudadana confiable, ahora aduce la cantidad de detenidos. El régimen instrumentaliza a los detenidos de la misma manera que antes lo hizo con los homicidios. Las dos fases tienen en común la violación sistemática de los derechos humanos y la mentira consuetudinaria. La seguridad de la ciudadanía no es la prioridad, sino la necesidad apremiante de pasar cuanto antes la página de la tregua fallida con las pandillas. La represión y el terror no son más que una artimaña bien urdida para olvidarla. Primero es la seguridad presidencial y luego, a mucha distancia, el bienestar social y el bien común. La revelación del pacto con las pandillas y de su fracaso puso en entredicho la credibilidad del régimen. La posesión y el ejercicio del poder absoluto no son tan sólidos como quisiera. La posibilidad del colapso es real. Por lo general, los Gobiernos experimentan crisis, pero sus jefes las suelen superar con habilidad política y concesiones, cualidades gubernativas que le han sido negadas a Bukele. Al igual que las pandillas, optó por la violencia y el terror. La “guerra contra las pandillas” no es más que un pulso entre dos fuerzas violentas y destructivas. La violencia y sus enormes costos humanos y materiales desautorizan las lindezas expresadas por la ministra del exterior en la Cumbre de las Américas. Sin inmutarse, la funcionaria dijo que Bukele impulsa “un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un Estado de bienestar, que privilegia al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo”. La desfachatez con la que los funcionarios de Bukele mienten es pavorosa. Confiar ciegamente en la buena conciencia y en la propia inocencia es temerario. Nadie está libre de los caprichos del soberano, presto a mentir para disimular sus atrocidades. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Si se compara lo que se vive en la actualidad con lo que acaecía en los tiempos de la guerra civil, no queda más que concluir que muchas lecciones del conflicto fratricida, demasiadas, han caído en saco roto. Durante la guerra, el país se polarizó; la neutralidad era casi imposible. Y la polarización condujo a la barbarie. Diversos estudios revelan que las guerras civiles, por su naturaleza, suelen ser más cruentas que los conflictos entre países y tienen un contenido ideológico más fuerte. La polarización de la guerra se cobró muchas vidas humanas. Hoy en día, la polarización se atiza desde las más altas esferas del Gobierno, dividiendo a la sociedad salvadoreña en dos bandos: los que apoyan al Ejecutivo y los que no. Quien es crítico o se abstiene de adular al poder queda incluido en la lista de los que quieren el mal para el país. El discurso de odio se utiliza como estrategia política para construir un imaginado enemigo común. No hay alternativa, no hay lugar para el pensamiento independiente. Al principio de la guerra se implementó la política de tierra arrasada, una táctica militar cuyo objetivo era destruir todo lo que podía ser de utilidad al bando contrario, bajo la lógica de quitarle el agua al pez. El pez era la insurgencia; el agua, la población civil y sus medios de vida. En nombre del combate al enemigo se perpetraron en esa época horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la masacre en El Mozote. Hoy, al igual que entonces, se aplica una especie de tierra arrasada. Ante la aparente ruptura del acuerdo con las maras y ante la imposibilidad de aplicar inteligencia e investigación para la persecución y captura de los pandilleros, se ha optado por sacrificar poblaciones estigmatizadas. Durante el estado de excepción se ha capturado a cientos de personas inocentes. Como hace 40 años, madres, esposas, esposos, hijos e hijas preguntan por el paradero de sus familiares. Los operadores de justicia solo escuchan los designios de Casa Presidencial; la tendencia es no dejar salir a nadie. El Ejecutivo ha hecho del combate a las pandillas la fuente principal de su discurso y de su popularidad; todo lo demás es solo un medio para ese fin. Como en los tiempos de la guerra, una llamada anónima o un señalamiento infundado son suficientes para proceder a la detención sin investigación y sin derecho a la defensa. También durante la guerra civil, como en todo conflicto bélico, se manipulaba la información y se implementaba una guerra psicológica. El tiempo ha desvelado cómo trabajaba la maquinaria de fabricar mentiras en aquellos tiempos. En la actualidad, se implementa una estrategia mediática que manipula los datos y desinforma, creando con éxito un relato que solo responde a la versión del presidente sobre la realidad; una versión reduccionista, simplista, maniquea. Ignacio Ellacuría decía que “mientras la guerra dure, la única manera de salvar vidas es defender los derechos humanos”. Y hacer eso en aquel contexto era difícil y peligroso, pero las barbaries que en ese momento se cometieron con total impunidad hoy se entienden como crímenes de lesa humanidad. Aunque no sea popular, aunque implique sufrir represalias, acusaciones y calumnias, se debe seguir defendiendo los derechos humanos, todos los derechos, de toda persona.

Por José M. Tojeira, S.J. Con frecuencia, especialmente a la hora de evaluar un Gobierno, solemos hablar de desarrollo. Se le da un peso de primera magnitud a la economía, al desarrollo social y a valores democráticos. Pero se olvidan o marginan valores más individuales o que tienen algún matiz religioso. La actitud pacífica y dialogante ante el conflicto no se valora con tanta intensidad como la agresividad y el contenido incisivo de los ataques. La misericordia tampoco es de los valores más frecuentados. Y aunque es común hablar de solidaridad, la generosidad tampoco está en la cima de las actitudes más promocionadas. El cuidado de la individualidad suele sustituir a la preocupación por el prójimo. El triunfo personal, el éxito y la competitividad se aprecian más que la constancia y la fidelidad a las obligaciones simples del cada día. Se cultiva la imagen más que el servicio. Se busca más parecer bueno que serlo. ¿Sirven estas actitudes y modos de vida para el desarrollo? Solo en parte. Sirven, en efecto, para el desarrollo individual. Sin embargo, en una sociedad donde las oportunidades son desiguales, las actitudes mencionadas suelen provocar una desarrollo desigual, e incluso en ocasiones ponen a grupos contra minorías. Es increíble ver cómo el éxito de algunos líderes tuvo la capacidad de trastocar las actitudes éticas de grandes multitudes. El éxito de Hitler o de Mussolini con sus discursos radicales, sus puestas en escena adornadas hasta decir basta con signos y banderas, despertaba entusiasmo no solo en sus propios países, sino en sectores importantes de la burguesía latinoamericana y, especialmente, en los militares. Las payasadas del expresidente Trump encandilaron y enseñaron numerosos trucos políticos a algunos líderes de nuestros países. Pero estas fascinaciones nunca terminan produciendo un desarrollo armónico. Al contrario, con frecuencia terminan en tragedia. Desde los escritos de Maquiavelo, la política ha tendido a prescindir de la ética para asegurar la permanencia en el poder. La verdad sucumbe, al menos durante un tiempo, ante la imagen de dictadores, autócratas o líderes expertos en prometer rapidez y soluciones inmediatas. La mezcla de autoritarismo con individualismo, de riqueza de unos con pobreza de otros, de consumismo con apariencia y de imagen con falsedad, conduce siempre hacia el fracaso humano. Nuestra condición de seres sociales y empáticos no puede sustituirse por simples características gregarias dirigidas por los “machos alfa” de la economía o de la política. El desarrollo humano debe incluir siempre, además de la razón y la verdad, el crecimiento y afianzamiento de sentimientos profundos de humanidad. Las artes, la literatura y la religión nos ayudan a ser más humanos. Si destruimos los sentimientos de confianza, amistad social y cercanía humana frente al sufrimiento, lo que cosecharemos será inhumanidad. Una de las personas que impulsa el desarrollo humano a partir del desarrollo de las capacidades innatas de las personas insistía recientemente en que “nos equivocamos muy a menudo cuando permitimos que los pensamientos negativos que tenemos genéticamente arraigados en nuestra mente se apoderen de nuestra voluntad y nos hagan creer que el dolor del culpable erradicará nuestro dolor, o que la muerte compensará el asesinato”. La tendencia a querer superar el conflicto con la derrota o, al menos, el daño del adversario rompe las posibilidades de la amistad social y genera ciclos de violencia. Solamente la opción por crecer en humanidad produce realmente desarrollo humano. El sabio respeto a los derechos humanos de parte del Estado no solo crea confianza en la institucionalidad, sino que refuerza la capacidad de establecer lazos de amistad y de confianza en la sociedad. Lo contrario lleva inevitablemente a convertirnos en lobos para las otras personas.

Editorial UCA Las reformas legales que permiten el establecimiento de jueces sin rostro y que el juicio se lleve a cabo en ausencia del acusado deterioran aún más un sistema judicial que nunca fue decente, pero que había dado algunos pasos importantes hacia la independencia y la calidad profesional. El deterioro comenzó con el control inconstitucional de la Sala de lo Constitucional y continuó con una ley de la carrera judicial claramente irregular e incoherente con convenios internacionales debidamente ratificados; una ley que discriminó por edad y retiró a los jueces de 60 o más años de edad. A esto se sumó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de trasladar, de un modo caprichoso y arbitrario, a los jueces de segunda instancia, e incluso rebajar sus funciones. En estos tiempos de estado de excepción, la presión y el miedo hace que los jueces pasen a instrucción a grupos de hasta 300 personas, desprovistas de defensa real y sin más indicios de culpabilidad que la existencia de tatuajes o la simple sospecha policial. Aunque hay jueces decentes y honorables, la presión mediática, la indefensión de los acusados y la contratación masiva de nuevos jueces obedientes al Ejecutivo están arrasando con la independencia judicial y con estándares elementales de justicia y de derechos humanos. La mayoría de veces, los procedimientos tanto de detención como de enjuiciamiento son irregulares e incumplen la normativa vigente. La impunidad de los jueces, mientras le den gusto a Casa Presidencial, se ha vuelto absoluta. En la práctica, el prevaricato y otras formas de violar la legislación vigente han dejado de existir como delito. Los derechos de los acusados quedan casi siempre severamente dañados. Las instituciones internacionales a las que el país les debe respeto y obediencia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de relevancia ante jueces partidarios del poder arbitrario de las autoridades nacionales. No importa que la Corte Interamericana haya dicho en una sentencia que “los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”. El hecho de que dicha Convención haya sido ratificada por El Salvador y forme parte de la legislación nacional, incluso por encima de las leyes secundarias del país, les tiene sin cuidado a quienes han decidido convertir al poder judicial en uno de los brazos opresivos del Ejecutivo. Para colmo de males, el Gobierno desarrolla una campaña que anima a denunciar anónimamente a presuntos “terroristas”. El denunciante no es necesario que se identifique ni, por supuesto, es llamado posteriormente como testigo. Basta denunciar para que la Policía detenga y la Fiscalía acuse del delito de asociaciones ilícitas. Si el caso pasa a fase de instrucción, como es hoy lo común, el acusado puede pasar en torno a dos años encarcelado para ser puesto después en libertad, si es que hay suerte. La venganza calumniosa, la mentira envidiosa o el simple afán de hacer daño a otros cobra cuerpo gracias a este mecanismo de denuncia anónima. La figura de jueces sin rostro facilita la arbitrariedad, la injusticia y la impunidad. Defender los derechos humanos es hoy una tarea urgente. No se trata de no perseguir el crimen, sino de garantizar el respeto a los derechos de todos.

Proceso 10/06/2022 Al cabo de tres años de gobierno de Nayib Bukele, han salido a luz una amplia cantidad de análisis y comentarios críticos de un proceso político que, iniciado desde el voto democrático, ha ido evolucionando hacia la negación e incluso destrucción de algunos principios democráticos básicos. La guerra contra las maras y el régimen de excepción se pueden ver como símbolo de este proceso iniciado hace tres años, en el que el Estado de Derecho ha sido sustituido por una tendencia al control estatal del Poder Ejecutivo y a la arbitrariedad. Se establecen diálogos, pactos y preferencias en favor del gran capital, al que no se toca de ninguna manera, a cambio de dejar la política en manos del líder y su grupo. Se implementan medidas autoritarias que simultáneamente faciliten el control del Estado por parte del Ejecutivo para dar la apariencia de eficacia social. Se prescinde de garantías y convenios ratificados de Derechos Humanos, sin mayor preocupación por los golpes que puedan sufrir los más débiles, mientras se procura no golpear a quienes tienen la capacidad de incidir en las redes sociales o convertirse en símbolos de represión gubernamental. Por supuesto eso no quiere decir que a opositores incómodos no se les ataque o que no se trate de silenciarlos a través de un lenguaje de odio ampliamente distribuido en las redes. Se cuidan de no convertir en mártires a nadie, pero tratan de destruirlos moralmente desde la inmoralidad del insulto. Se aprovechan los errores de los gobiernos anteriores para detener ilegalmente a personalidades del pasado inmediato, buscando más que hacer justicia, destrozar sus posibilidades de liderazgo social, humillarlos y vencerlos. Se les acusa de corrupción y, cuando la permanencia en la cárcel comienza a sonar a persecución política y existencia de presos políticos, se condiciona su salida de prisión a aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Destruir a los partidos tradicionales, aunque muchos de sus antiguos militantes engorden ahora con su servicio al nuevo régimen, se convierte en un objetivo sin duda ligado a ansias de permanencia en el poder. Se cometen errores graves que en vez de ser aceptados y corregidos se mantienen como si hubieran sido medidas inteligentes. En economía se mantiene como buena la oscura y ruinosa adopción del bitcoin como moneda, así como la tan rápida como poco transparente gestión del endeudamiento. En el sistema judicial se golpea duramente la independencia de los jueces con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, y se establece una tendencia a instaurar formas de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Se impone a magistrados dependientes políticamente y se humilla y se establece como norma la discriminación por edad de jueces decentes, con frecuencia sustituidos por personas paniaguadas y obedientes al Ejecutivo. Los sectores críticos de la sociedad civil, defensores del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos son menospreciados, insultados y se empeoran las relaciones internacionales con países democráticamente avanzados, tradicionalmente socios del desarrollo salvadoreño. La soberanía se confunde con la arbitrariedad y la elección democrática con un cheque en blanco. La propaganda resalta las medidas positivas del actual Ejecutivo, en cierto modo, nuevas dentro del asistencialismo tradicional de los gobiernos salvadoreños, pero no se tocan los problemas estructurales. La problemática del medio ambiente, agravado por la absurda actitud de rechazar el Acuerdo de Escazú, o la fiscalidad deficiente e inequitativa, junto con el sistema de pensiones y la desigualdad y vulnerabilidad social, continúan sin soluciones inteligentes. La situación y las tendencias políticas y sociales nos obligan a preguntarnos hacia dónde vamos. Y la respuesta es evidente: se están poniendo todos los medios para lograr un control del poder estatal parecido al que logró imponerse en México con el PRI por más de 50 años. Los esfuerzos por destruir a los partidos tradicionales de oposición, por otra parte ya muy desprestigiados y desgastados, y el hecho de que no surjan nuevas alternativas políticas claramente ancladas en las necesidades estructurales y culturales de El Salvador, hacen pensar a mucha gente que la existencia de Nuevas Ideas va para largo. Sin embargo, la debilidad de la economía, la ausencia de políticas de reforma estructural, las deficiencias en los servicios básicos, el personalismo, el abuso de poder y el irrespeto a derechos fundamentales, así como la falta de proyecto intelectual y la ausencia de hechos y experiencias históricas que otorguen al gobierno respaldo cultural, no permiten pensar que el sistema pueda durar tanto como el mexicano o tener semejante estabilidad. Aunque hay indicios más que suficientes como para pensar que se está fraguando un intento de reelección, el proyecto continuista y autoritario tiene demasiadas debilidades estructurales como para pensar en plazos de poder demasiado largos. Los tres añ

No podía hablar de otro tema que no fuera su guerra contra las pandillas. El tema es muy popular, refuerza el imaginario colectivo de seguridad y evita tocar cuestiones espinosas como la inflación, las pensiones o la deuda. De esa manera, Bukele redujo el tercer año a los dos últimos meses. Aunque anunció estar “muy cerca de ganar” dicha guerra, la inconsistencia de su discurso aconseja desconfiar. Bukele aseguró que la derrota de las pandillas “la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la Presidencia”. El primer paso habría sido el lanzamiento del plan de control territorial, en cuyas cuatro fases “tuvimos éxito”. Pero su vicepresidente tiene otra versión: hasta la implantación de la excepción, las pandillas “mandaban y controlaban más de un tercio de todo el territorio”; pero, desde entonces, ya no se ejecutan “operaciones aisladas de ir a alborotar el panal”, sino que están “limpiando las comunidades”. Las dos versiones son incompatibles. Uno de los dos está equivocado. No sobre un detalle, sino sobre una acción gubernamental de primera magnitud. La contradicción revela que la dirección de la Presidencia no sabe lo que hace o engaña y confunde deliberadamente. En cualquier caso, no es confiable. La guerra contra las pandillas no es, tal como dijo Bukele, “el resultado de actuar rápido para salvar vidas, poner primero a la gente”. Esa gente ha pasado tres años a merced de los pandilleros, hasta que empezó “la limpieza”, tal como dice el vicepresidente. Lo único que hicieron fue incomodarlos. De todas maneras, “la limpieza de la casa” es incompleta, porque se concentra en una de las dos pandillas grandes, porque algunos pandilleros gozan de la protección de Bukele y porque esos no son los únicos criminales. Están también los de cuello blanco, los corruptos, los narcotraficantes y los que trafican con influencias, con personas y armas. Además, la seguridad consiste en “cero homicidios” perpetrados por los pandilleros, es decir, Bukele no incluye a los pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas represivas ni a los asesinados en las cárceles. Tampoco considera a los desaparecidos. Su concepción de la seguridad es extremadamente estrecha. No es extraño, entonces, que el flujo migratorio tienda a aumentar, ya no solo por causa de las pandillas, sino también por la brutalidad de los soldados y los policías. Y los que emigran no tienen planes de “regresar y vivir […] o incluso invertir”, tal como asegura Bukele. Es cierto que Arena y el FMLN “tuvieron el poder para [transformar la realidad,] pero decidieron robar, mentir y asesinar al pueblo que les dio la confianza”. También es cierto que el régimen de los Bukele no es diferente. Quizás la única diferencia sea el hermetismo casi total que ahora rodea al ejercicio del poder. Es cierto que “teníamos marginación, desigualdad y falta de oportunidades […] la receta perfecta para que las pandillas se volvieran lo que ahora son”. Pero es igualmente verdad que la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades no solo persisten, sino también tienden a agravarse con la inflación. El caldo de cultivo de las pandillas sigue cocinándose, ahora más lentamente por causa de la represión. Por tanto, Bukele no tiene argumentos válidos para sostener que El Salvador “está muy cerca de vivir una nueva realidad, que por décadas nos fue negada: un país sin pandillas”. La afirmación es simplemente falsa. Si es cierto, como dijo, que la inversión extranjera aumentará de forma notable ahora que el país es seguro, por qué no retomó las nuevas de su embajadora en Washington, que anuncia abultadas inversiones, mientras hace de guía turística de presuntos inversionistas estadounidenses. O bien Bukele no está al tanto del éxito diplomático de su embajadora, o esta anuncia en falso un mensaje que no es de su competencia, o simplemente no hay tales inversiones. La diáspora, incluida la oficialista, no arriesgará sus ahorros en el país. Se limita a enviar dólares para mantener a flote las economías familiares. Sea lo que sea, los inversionistas extranjeros representan siempre una amenaza para la soberanía nacional, tan ensalzada por Bukele como justificación del aislamiento de la comunidad internacional. Es cierto también que Bukele está “transformando nuestro país desde los cimientos”. Pero no porque cierre las fuentes que alimentan el caldo de cultivo de las pandillas, sino por haber suprimido la separación de los poderes estatales y por haber desmantelado la institucionalidad democrática. Abandonó el camino hacia la democratización, emprendido trabajosamente en 1992, para tomar el de la dictadura personal. Sin duda, su liderazgo es real, pero es uno dictatorial. En ese sentido, “este es un momento único”, en el cual Bukele ha conseguido implantar su orden y su seguridad. Las pandillas, sin pretenderlo, le proporcionaron el pretexto para establecer su paz. Una paz que descansa en la militarización, en la violencia pendenciera, en la corrupción y el d

Editorial UCA Es muy distinto cómo dice el Gobierno que está el país y su gente, y cómo lo perciben observadores independientes y la comunidad internacional. Mientras la ingente propaganda oficial afirma que El Salvador ya es otro país, uno de los lugares más seguros del mundo, que va camino a la prosperidad gracias al bitcóin, etc., los datos afirman otra cosa. Para comenzar, si El Salvador es el lugar donde se cumplirán los sueños de todos sus habitantes, no se explica por qué la migración, lejos de reducirse, ha aumentado. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 se contabilizaron casi 50 mil compatriotas detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. 30 de cada 100 personas dicen que quisieran migrar y, en promedio, 300 salen cada día buscando oportunidades que en su propia tierra se les niegan. Por otro lado, un país seguro es aquel donde se respetan los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado que el Gobierno está violando masivamente los derechos humanos con el estado de excepción. Destacan las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos, así como la muerte de más de 30 personas capturadas. Aunque a muchos esto les es indiferente y otros tantos más bien lo aplauden, lo cierto es que la barbarie impera. Tampoco es seguro un país en el que se persigue a las voces críticas. Reporteros sin Fronteras denunció el 2 de junio que el Gobierno multiplicó los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así en la población la imagen de una prensa enemiga. Y sigue abierto el tema de la intervención de las comunicaciones a opositores y críticos de la administración Bukele a través del programa Pegasus. Otro dato: gracias al estado de excepción, el país ocupa el primer lugar en el mundo en número de presos por cada 100 mil habitantes. Es decir, ninguna otra nación en el planeta encierra a tan alta proporción de su gente como El Salvador. Un buen país garantiza un nivel de vida digno para toda su gente. Hasta el momento, la apuesta por el bitcóin ha fracasado y las agencias calificadoras de riesgo han rebajado la calificación de El Salvador a un nivel que indica que hay una alta probabilidad de que no pague sus deudas. Además, en la región centroamericana, El Salvador será el país que menos crecerá, tal y como ha sucedido desde los años noventa. Finalmente, un país democrático es aquel que rinde cuentas a su población, pero El Salvador es el país peor evaluado de Centroamérica por falta de transparencia presupuestaria. El país tiene la nota más baja de la zona; está 24 puntos abajo de Guatemala, a 22 de Costa Rica, a 16 de Honduras y un punto abajo de la sufrida Nicaragua. Por el momento, pese a los embates de la realidad, cada vez más contundentes y abundantes, la burbuja del país publicitado se mantiene firme. Y sobre la firmeza de esa ilusión es de lo poco que hay certidumbre en El Salvador.

Proceso 03/06/2022 Hace tres años, Nayib Bukele llegó al Gobierno. Prometió liberar al país de la corrupción y de los vicios de “los mismos de siempre”. En su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2019, Bukele dijo “nos comprometimos a ser un mejor El Salvador; nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño”. El grueso de las acciones de su gobierno, por el contrario, han seguido un camino diferente al de sus discursos. Durante tres años, el Gobierno de Bukele ha desmantelado los pocos avances en materia de institucionalidad democrática logrados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ha demostrado que su Gobierno carece de planificación y propuestas de políticas públicas que brinden soluciones estructurales y sostenibles a los graves problemas del país. Sobre todo, estos tres años han demostrado que la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son prescindibles si obstaculizan la voluntad del presidente. A lo largo de su gestión, Bukele ha focalizado esfuerzo y recursos en la cooptación de casi todas las instituciones del Estado. Desde que los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, el pasado 1 de mayo de 2021, ya no se puede hablar de separación de poderes. Asimismo, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de acceder a información pública básica, como el costo de los viajes del presidente, los planes de salud o de vacunación, el costo de las computadoras y laptops para el sistema educativo público, el costo total de la implementación del bitcóin, etc. Las posibilidades de ejercer algún tipo de control ciudadano sobre las acciones del Ejecutivo son nulas. Pese a ello, y gracias al trabajo del periodismo independiente, se han conocido graves casos de corrupción, especialmente relacionados con las compras de insumos médicos durante la emergencia causada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, más allá de la cooptación del Estado, de la concentración de poder en el presidente y de la corrupción, los tres años del actual Gobierno han visto el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como prueba de lo anterior, haremos alusión a algunos temas. Por ejemplo, el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por otorgar, con enorme facilidad, permisos ambientales para grandes proyectos urbanísticos que limitarán aún más el acceso al agua en comunidades pobres del país. En otros casos, los proyectos de inversión pública del Ejecutivo, como el Aeropuerto del Pacífico, desplazarán a comunidades y pondrán en riesgo la biodiversidad de la zona. Hasta el día de hoy, es imposible saber qué acciones está tomando el Ejecutivo para mitigar los riesgos y daños que este tipo de inversiones conllevan, si es que se está tomando alguna. De igual forma, en tres años de gobierno, los programas dirigidos hacia las mujeres salvadoreñas han sufrido enormes retrocesos. Para 2022, el presupuesto otorgado para el desarrollo de estos programas sufrió un recorte de $563,185, según reportes periodísticos. Programas como el de Agricultura Familiar y Amanecer Rural, que tenían un enfoque de género, perdieron sus asignaciones presupuestarias por completo, mientras que el programa de Ciudad Mujer ha sufrido también drásticas reducciones presupuestarias. Las poblaciones de los municipios más pobres del país también están viendo una afectación en los servicios y proyectos desarrollados por las alcaldías, luego de que la Asamblea Legislativa, por petición del Gobierno, les redujera significativamente la asignación del Fodes (Fondo para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador) y centralizara los fondos en la Dirección de Obras Municipales (DOM). En los últimos días, incluso alcaldes pertenecientes al partido del presidente han señalado que no han podido cumplir con las obras que la población demanda, ya que no cuentan con los recursos para ello. En materia de seguridad pública, aunque la disminución en las cifras de homicidios es innegable, existen pruebas suficientes de que dicha disminución no es atribuible a la ejecución del Plan Control Territorial, sino a negociaciones entre el Gobierno y las principales pandillas del país. Como en administraciones anteriores, dichas negociaciones han ocurrido en total secretismo. Cuando estos pactos fracasan, comienza nuevamente el derramamiento de sangre y las víctimas resultan ser casi siempre personas trabajadoras sin vinculaciones con pandillas, como ocurrió entre los días 25 y 27 de marzo, cuando fueron asesinadas 87 personas. En tres años, pues, ha quedado más que demostrada la poca estima que el Gobierno de Bukele tiene para con los derechos humanos de la población cuando de proteger su imagen se trata. Luego de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno se rompiera, a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado en dos ocasiones y en el que han tenido lugar prácticas p

Editorial UCA En el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa al cumplirse los tres años del actual Gobierno, algunos asistentes exhibieron carteles pidiendo la reelección del mandatario. Llama la atención que eso sucediera precisamente en la casa de quienes están obligados bajo juramento a defender la Constitución, que prohíbe taxativamente la reelección en el período inmediato posterior a la finalización de un ejercicio presidencial. Los textos no dejan ninguna duda. El Artículo 152 dice que “no podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154 afirma que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Y con dedicatoria a quienes puedan hacer propaganda de la reelección, el artículo 75, en el apartado cuarto, sentencia que “pierden los derechos de ciudadano [...] los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Además, la Constitución niega la posibilidad de ser presidente en el siguiente período al “cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia”. Tampoco puede “el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial”. Y lo mismo dice de los ministros, los militares e incluso del director de la PNC. En otras palabras, ninguno de los que han acompañado al presidente en el ejercicio del poder puede ser candidato a la Presidencia en el período siguiente. Pese a todo lo anterior, los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional dicen que el presidente de la República puede reelegirse al final su período. La imaginación y la creatividad de estos magistrados es grande. Especialistas en interpretaciones caprichosas, pretenden cambiar el significado de las palabras con resoluciones artificiosas, interpretando lo blanco como negro y viceversa, según las conveniencias del momento. La sentencia que emitieron para avalar la reelección inmediata es tan exigua, limitada y falta de razones como la ley del bitcóin. La interpretación de los magistrados va en contra del contexto y la literalidad constitucional, y esto puede deberse a ignorancia manifiesta, incapacidad racional, falta de independencia o voluntad de servir a un poder distinto al propio. Saltarse el significado de las palabras y sustituirlo por intereses personales no conduce a la democracia. La fidelidad a la intención del legislador constitucional y a la misma Constitución es esencial para el desarrollo armónico de una sociedad como la nuestra, tan necesitada de fortaleza institucional y tan sujeta a los caprichos de quienes consideran al poder político y judicial como instrumentos a su servicio. Por de pronto, la reelección del actual mandatario se consolida a bases de trampas, gritos destemplados y desfachatado desprecio a la democracia.

Editorial UCA Poco después de la publicación de la última encuesta del Iudop, un funcionario del Gobierno publicó este tuit: “Tuvieron que repetir la encuesta, pero les salió peor”. La intención era obvia: mostrar un dato del sondeo de opinión que beneficia a la actual administración. Cuestionar la ética de trabajo del Iudop le resultó obligado para no poner en entredicho la narrativa gubernamental sobre la UCA. Al respecto, lo primero a aclarar es que no hay tal encuesta repetida, sino que se trata de dos encuestas diferentes. La primera, presentada el 25 de mayo, se enfocó en exclusiva en la percepción ciudadana sobre el estado de excepción. La segunda, publicada el 2 de junio, versa sobre la evaluación ciudadana del Gobierno, que el Iudop realiza todos los años desde hace décadas. En la primera se preguntó a la población su opinión sobre el estado de la delincuencia a partir del 27 de marzo, fecha en que se aprobó el estado de excepción; el 78.7% de los y las encuestadas respondió que había disminuido. En la encuesta de evaluación de gobierno, la pregunta sobre la delincuencia fue de carácter general, sin relacionarla a una medida o acción gubernamental en concreto; un 88.2% de los encuestados respondió que había disminuido. Aunque la respuesta sea coincidente, se trató de dos preguntas distintas, de dos encuestas también distintas. Por otra parte, hay que hacer notar que en el primer sondeo, del 78.7% que dijo que la delincuencia había disminuido, una cuarta parte (24.8%) piensa que las capturas masivas se hacen para mejorar la imagen del presidente. Las encuestas de la UCA buscan dar voz a la población, especialmente para que los tomadores de decisión la escuchen y la atiendan. La credibilidad y el reconocimiento, nacional e internacional, del Iudop es producto del profesionalismo y ética mostrados en sus 35 años de vida; fruto de su trabajo independiente, ajeno a las presiones e intereses de cualquier grupo de poder. La percepción favorable de la población sobre el presidente y su gestión es mayoritaria y, como siempre, fiel a su profesionalismo, el Iudop la comunicó tal cual. De igual manera, si la opinión de la población llegara a cambiar, los datos se publicarán tal cual. Ahora bien, convendría para la buena marcha del país que, en medio de su regocijo por el mayoritario respaldo social obtenido, el Ejecutivo repare en que, en la encuesta sobre el estado de excepción, el 16.7% piensa que los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo obedecieron a la ruptura del pacto entre el Gobierno y las pandillas, y que 20.8% de la gente en el área urbana conoce a personas que han sido capturadas de forma injustificada. En la encuesta de evaluación, ciertamente, la mayoría aprueba la gestión del Ejecutivo, pero las opiniones favorables han decrecido en el último año, lo menos valorado es la situación económica y 84 de cada 100 personas no se sienten beneficiadas por el bitcóin. La gente no vive de sueños ni de tuits que pretenden ser ingeniosos; necesita oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por Rodolfo Cardenal, S. J. El presidente guarda silencios sonoros sobre los temas que ponen en riesgo su popularidad y destaca aquellos que la alimentan, para así presentarse como el mejor gobernante de todos los tiempos. El clamor de las madres y de las esposas a las puertas de las cárceles, donde ha encerrado a sus hijos y parejas, desafía esa astuta estrategia. Si por acaso, algún día, Bukele se vuelve a presentar ante ellas para pedirles su confianza, qué les dirá. Quizás se atreva a decirles que sus hijos o sus parejas son criminales. Eso ya lo saben muchas de ellas. Lo que suplican es información sobre su estado de salud, su estatuto judicial, visitarlos y proveerlos de los bienes indispensables que el carcelero mayor les niega. Quizás les diga que no los educaron bien. Ellas le responderán que les negaron esa oportunidad. La necesidad las obligó a trabajar fuera del hogar todo el día y sus hijos quedaron abandonados, sin quién viera por ellos. La escuela no les ofreció mayor cosa, la comunidad tampoco y las iglesias estaban ausentes. Y a las madres que saben que sus hijos no son pandilleros, qué les dirá. Esas mujeres no quieren disculpas hipócritas, sino la liberación inmediata de sus hijos y sus parejas, o al menos, tener noticias de ellos. Qué podría decir a las madres abandonadas con hijos que mantener y deudas que pagar. Qué les dirá a los menores que han quedado abandonados a su suerte, porque a sus progenitores se los llevó la redada. ¿Que su esposa se ocupará de ellos cuando “nacer con cariño” logre incluirlos? Muchos detenidos son pandilleros y criminales, y sus familiares no lo niegan. Pero otros muchos no lo son. Y bastantes andan sueltos, porque no son objetivo de la vendetta presidencial. Si alguna vez Bukele se atreve a visitar sus colonias, cómo les explicará la represión a aquellas que colaboraron en sus campañas electorales, en la distribución de los paquetes de alimentos durante la pandemia y en la promoción de las candidaturas de sus diputados y alcaldes. ¿Que olviden lo ocurrido para comenzar de nuevo? Sus diputados, que dicen acercarse a la población para contarle cómo su labor legislativa coloca al país en el rumbo correcto, no tienen valor para sentarse y escuchar el drama de estas mujeres, a quienes sin vergüenza llaman “madres luchadoras e incansables” y “mujeres bellas que dedican tiempo y amor a sus hijos”. Se desdicen en elogios a la madre irreal, mientras desprecian y maltratan a las madres reales. A una alcaldesa del partido oficial la dejaron con la palabra en la boca cuando comenzó a relatar las necesidades de la juventud de su municipio para solicitarles ayuda. El jefe de estos diputados dice sentirse muy seguro en el Soyapango actual, pero omite que se desplaza rodeado de guardaespaldas. Bukele ignora el clamor de las mujeres en vela permanente delante de sus cárceles. Se sirvió de ellas para llegar al poder y ahora las utiliza de nuevo para consolidar su popularidad sin importarle sus congojas. Atribuir la seguridad y el orden actual en las comunidades al terrorismo de Estado es un engaño. Más que orden, Bukele ha instaurado un desorden institucionalizado, cuya sensación de seguridad descansa en la injusticia y la violencia. Los entusiastas no debieran olvidar que los pandilleros capturados han campado por sus respetos durante tres años, amparados en la tregua. Y que muchos otros no son perseguidos. Las madres y las esposas le dicen clara y valientemente a Bukele que no abandonarán a sus hijos y sus parejas, sean o no criminales. Las primeras noticias sobre las torturas, el hambre, la sed y las enfermedades a las que están sometidos han aumentado la angustia de estas mujeres. Los más de veinte homicidios ocurridos dentro de los muros de las prisiones estatales las mantienen atemorizadas. Pero ni la zozobra, ni el miedo las han doblegado. Al contrario, han fortalecido su decisión de mantener la guardia, a pesar de pernoctar en la intemperie, de estrujar sus maltrechas economías y del trato grosero y cruel de los guardianes. Bukele intentó dispersarlas. Les envió sus fuerzas represivas y una tanqueta para amedrentarlas. Sus verdugos desmantelaron sus campamentos improvisados y las alejaron aún más de los portones de las prisiones. Todo en vano. Esas mujeres no han cedido y se mantienen en pie de lucha contra el régimen militar. No pueden retornar a sus hogares sin saber de sus hijos y sus parejas. Las mujeres en vigilia delante de las cárceles son una protesta clamorosa contra la dictadura de los Bukele y un llamado desesperado a la sensatez y la humanidad. La injusticia y la violencia las han convocado desde los rincones más diversos del país, las han unido y las han hermanado para plantar cara a la opresión del autoritarismo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso Desde hace un par de meses el centro de la atención nacional lo ocupa el régimen de excepción, lo que en sí mismo ya es un signo de la eficacia mediática del gobierno. La población, en general, aprueba el estado de excepción, en parte, por la labor de la propaganda oficial. El “capturómetro” fue la noticia del día durante las primeras semanas, posteriormente los “efectos colaterales” del régimen se han ido abriendo camino en la agenda nacional. Los casos de capturas de personas no vinculadas con las pandillas desfilan diariamente por los medios de comunicación, el sufrimiento de madres, padres, esposas y demás familiares de los detenidos pernoctando en las afueras de los penales, esperando que se les haga el milagro de la liberación de sus parientes, ha llegado a límites con signos de una crisis humanitaria. Pero el gobierno, aprovechando que los y las detenidas acaparan los reflectores, sigue adelante con otras medidas para avanzar en el rumbo que el presidente y el grupo al que representa les ha trazado. Recordemos que en septiembre de 2021, un decreto aprobado por las y los diputados que tramitan las peticiones del Ejecutivo obligó al retiro a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz y a fiscales que tuvieran 30 años de carrera o 60 años de edad o más. El decreto retiró a un tercio de los 690 jueces de los que contaba el país en ese momento. El argumento del presidente del primer órgano del Estado fue “no más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder”. Ser juez mayor de 60 años se convirtió entonces en sinónimo de corrupción en el juicio inmisericorde de los troles y de los partidarios incondicionales del presidente. En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por servicios prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Salvo algunas excepciones como la de Romeo Auerbach, que se acogió al decreto a principios de 2022, siendo diputado desde mayo de 2021, según testimonios de personas que se acogieron a la ley, el retiro no fue propiamente voluntario sino coaccionado. Más de un ciento de empleados y empleados se “acogieron” al retiro y casi 40 de ellos pertenecían al área de capacitación del TSE, una de las más grandes del tribunal y la que cuenta con el personal con más experiencia y más conocedor del sistema electoral. Mientras tanto, puestos importantes de dirección han sido cambiados y ocupados por personas seleccionadas por la fidelidad partidaria a quien domina el TSE y no por sus capacidades y méritos profesionales. La consecuencia más visible es que los procesos y las decisiones dentro del TSE han pasado, de hecho, ha engrosar la interminable lista de información reservada que ya ni el mismo sindicato de empleados del TSE puede conocer y frente a lo cual guarda un silencio que solo puede explicarse porque sus afiliados no quieren engrosar la también cada vez más larga lista de despedidos. De esta manera, de modo silencioso, el árbitro de las elecciones en El Salvador, está promoviendo cambios que deberían encender las alarmas. La cereza en el pastel de la cooptación de toda la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo puede ser la también cooptación de la institución encargada de garantizar la integridad del sistema electoral, de tal suerte que, como las otras instancias públicas, respondan a las órdenes de Casa Presidencial y no al cumplimiento de la ley. Por otra parte, el 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Retiro y otorgamiento de compensación económica al personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayor de 60 años. Se estima que unos 3,000 policías y miembros de la ANSP deberán someterse al retiro. Esta medida llega después de que trascendió una supuesta posición crítica creciente de miembros de la institución policial que se resistían al sometimiento a los militares y a realizar capturas, en el marco del régimen de excepción, de personas que no llenaban los requisitos para ser considerados pandilleros. Fuentes internas de la policía confirmaron la ausencia generalizada de enfrentamientos durante las capturas y consideran que la PNC es capaz de llevar adelante esta lucha en el marco del respeto a la ley. En una lectura un tanto superficial, los retiros “voluntarios” de jueces, personal del TSE y policías, puede leerse como una oportunidad para dar paso a nuevas generaciones. Pero yendo un poco más al fondo, también pueden leerse como deshacerse de las personas que, por su experiencia, han desarrollado un pensamiento propio dentro del marco legal, inadmisible en el funcionariado del bukelismo. Además de lo anterior, los rumores sobre la eventual aprobación de leyes con dedicatoria para anular a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil, más el refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República para el espionaje telefónico, son indicios evidentes

Siete audios de un alto funcionario confirman la tregua con las pandillas y su ruptura, que costó la vida a 87 personas. Carlos Marroquín (“Lente”) se presenta como el enlace entre ellas y Bukele (“Batman”), y asegura que este les concedió privilegios, incluso permitió la salida del país de uno de sus líderes, buscado por la justicia nacional y la estadounidense. De acuerdo con este testimonio, no ha habido más plan de seguridad que la tregua. Las extorsiones, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos, ocurridos durante los dos años y medio que duró, fueron consentidos por Bukele. El Estado de terror que no pocos le agradecen ahora no lo impuso porque la seguridad le importe, sino porque la MS lo desafió. Inesperadamente, cuando el régimen parecía marchar sobre ruedas, contradicciones en la cúpula presidencial dieron al traste con la tregua y Bukele se quedó sin su plan de control territorial. “Torero”, responsable de la seguridad, y “Lobo”, el carcelero de la dictadura, se confabularon para capturar a varios líderes de la MS, que, como ha sido usual, se desplazaban con un salvoconducto en un vehículo oficial, conducido por un empleado público de confianza. Según la recapitulación de Lente, la MS dio 72 horas para liberarlos, pero Batman “se lo tomó a mal […] ‘a mí no me anden amenazando’”. En lugar de disciplinar a sus colaboradores, optó por escarmentar a la MS con la devastación de los vecindarios donde la pandilla opera. Los audios permiten asomarse a la relación de Batman con las pandillas. Lente, un operador con amplia experiencia en esos trances desde la época de la alcaldía, creó “condiciones a los [pandilleros] de adentro y también a la gente de aquí de la calle, que son las comunidades, la gente más pobre”, y sacó del país al líder prófugo de la justicia. “Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala”, dijo, para “ayudarles a todos y […] demostrarles mi lealtad y confianza”. Todo eso mientras levanta “cubos” para reconstruir “el tejido social”. Cuando la tregua naufragaba, pidió a los pandilleros “que paren, que ahorita paren, que me den chance para ver si logramos retomar”. No lo consiguió. Pero les adelantó que la situación “se va a poner peor en las comunidades […] pongan en alerta a la gente”, ya que “ahí dentro están torturando a la gente […] están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales”. Decepcionado, agregó, “no es para eso para lo que hemos luchado”. Se escapa a la imaginación cómo dos altos funcionarios de Bukele, Torero y Lobo, sabotearon la tregua con las pandillas, desautorizaron a su arquitecto y colocaron a Batman ante los hechos consumados. La centralización del poder no es tan sólida como parece. Todavía más sorprendente es que, en lugar de poner orden en las filas de sus colaboradores más cercanos, descargue su cólera contra la población de menores ingresos y menos oportunidades. Un despropósito con unos costos humanos inaceptables. Batman no ha sido engañado por la MS, sino víctima de las luchas internas de poder de su entorno más cercano. Ha caído en una trampa de la cual es difícil escapar sin daño, porque las consecuencias del terror desatado son impredecibles. Muy seguro de sí mismo, el régimen de los Bukele ha sido boicoteado desde dentro. Sus enemigos no están fuera, tal como suele quejarse, sino en los laberintos del poder presidencial. Ni siquiera Lente, el hombre de confianza de Batman en la relación con las pandillas, es muy de fiar. Juiciosamente, ha tomado distancia de su jefe. “Yo no quiero jugar con ustedes [los pandilleros] pero siento que él sí está ahorita, está jugando, él piensa que ya los topó al cerco […] y yo no quiero pues caer ahí en ese juego”. Lente no solo los puso sobre aviso sobre de la amenaza que se cernía sobre ellos, sino también cuestiona la eficacia de la represión estatal. Termina su comunicación con protestas de devoción a los pandilleros: “Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden”. Al encargado del “tejido social” solo le interesa la seguridad y el bienestar de los pandilleros. La violencia de las pandillas y la ruptura social causada por la venganza de Bukele le tienen sin cuidado. Tampoco a Batman le importa la tragedia humana causada por su insensatez. Las fuerzas detrás del naufragio de la tregua han comprometido gravemente el futuro de su régimen, al exponer, ante quien quiera ver, sus contradicciones, su impotencia y, en último término, su inhumanidad. En una palabra, Batman no es confiable. Los Jokers lo desacreditaron y lo dejaron enfrentado a una crisis carcelaria, jurídica y humanitaria de grandes proporciones. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 30/05/2022 Más allá de su problemática legalidad y de la aceptación que haya podido tener, la ampliación del régimen de excepción deja un mal sabor en tanto que abre la puerta a que se cometan graves injusticias y abusos. Diversas instituciones defensoras de derechos humanos han informado sobre abundantes casos de detención arbitraria durante este tiempo; una de ellas es el Idhuca, que publicó recientemente un informe sobre setenta casos. En el documento destaca que la mayoría de los detenidos está en el umbral de la pobreza o de la vulnerabilidad económica y social, no tiene acceso a defensa y sufre la arbitrariedad y dependencia de los jueces respecto a presiones del Ejecutivo. Además, más de la mitad son menores de 30 años. En otras palabras, los datos indican que, en esencia, se está persiguiendo a la población joven y pobre, golpeando así el desarrollo humano y equitativo de El Salvador. Maltratar a la juventud de un país es sentar las bases de fuertes conflictos sociales en el futuro. La información que se le brinda a los detenidos es escasa. Del supuesto delito del que se les acusa se van enterando por parte; les dicen una cosa al detenerlos y otra en la audiencia inicial. Muchos son cabeza de hogar y tienen hijos pequeños. Algunos están detenidos por haber sido juzgados antes, a pesar de que en su momento se les declaró inocentes. Ciertos modos de las autoridades para llevarse a las personas tienen todos los aspectos de los delitos de detención ilegal y de privación de libertad. En un caso hubo suficientes agresiones como para calificar de tortura el trato dado al detenido. En otros, el allanamiento de morada de parte de los agentes de policía fue evidente. Los datos de los setenta casos presentados en el Idhuca coinciden con los recabados por otras instituciones defensoras de derechos humanos. La arbitrariedad, la falta de pruebas, el juicio anticipado son parte del abuso existente que afecta a centenares de personas. Si fuera cierto que, como dijo el presidente, hay un 1% de error en las detenciones realizadas durante el régimen de excepción, habría 300 privaciones de libertad injustas. Quienes se han movido en los tribunales afirman que el número de detenciones ilegales es muy superior al 1%. Nadie duda de la inmoralidad de los delitos cometidos por miembros de las maras, como tampoco de la inmoralidad de diferentes formas de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, tanto los pandilleros como los corruptos deben ser juzgados con todas las garantías judiciales que dan la ley salvadoreña y los convenios y tratados ratificados por el país. Que los agentes de los cuerpos de seguridad tengan carta blanca para comportarse de espaldas a la moral, la ética y los derechos humanos solo conducirá a la consolidación de la cultura de la fuerza y del desprecio a las leyes de convivencia. La prolongación del estado de excepción por tercer mes entraña el peligro de convertir al sistema judicial en una especie de brazo no de la ley, sino de la arbitrariedad y el abuso.

El miércoles 25 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la segunda prórroga por treinta días del estado de excepción, de modo que al final de la misma el país habrá pasado 90 días bajo dicho régimen. La decisión se justificó desde la necesidad de seguir capturando pandilleros a lo largo y ancho del país. Esta es la actual política gubernamental: limpiar las calles de delincuentes, privando de libertad al mayor número posible de ellos, sin importar si en el proceso se captura a gente honrada y trabajadora; a juicio de las autoridades, esto último es solo un efecto colateral. De paso, se aprovecha el estado de excepción para seguir evadiendo la rendición de cuentas, la transparencia y el control sobre el uso de los fondos públicos y las contrataciones del Ejecutivo. Ese mismo miércoles se dieron a conocer dos estudios de opinión pública, uno de la Universidad Francisco Gavidia y otro de la UCA, en los que se recoge la percepción de la población sobre esta temática. Los resultados de ambos dejan claro que el Gobierno de Nayib Bukele mantiene el estado de excepción basado en el amplio respaldo que este encuentra entre la población. Una vez más, el presidente se apalanca en la popularidad para impulsar acciones de escaso beneficio para el país. La medida se considera un éxito en la medida que ha logrado disminuir considerablemente la delincuencia. Pero no podría esperarse otro resultado: aquí o en cualquier parte del mundo, cuando se decreta un estado de excepción y se realizan detenciones masivas, la delincuencia disminuye de inmediato. El incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de ser detenido es razón más que suficiente para desincentivar el accionar delincuencial. Por esa razón, la delincuencia es mucho menor bajo regímenes dictatoriales en los que la fuerza bruta manda o en sociedades donde la investigación y la eficiencia policial son muy altas, pues las posibilidades de que los delitos queden impunes es baja. También la delincuencia es menor en aquellos países con altos niveles de desarrollo y bienestar, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades. El Salvador ha elegido el camino del autoritarismo en lugar de construir las condiciones para que haya oportunidades de vida para todos sus habitantes. Las pérdidas derivadas del estado de excepción son grandes. Muy pocos reparan en el hecho de que el deseo de migrar se ha incrementado y que efectivamente el número de personas saliendo del país es cada vez mayor. Una sangría constante de talento que nos empobrece. Además, la idea que en el exterior se tiene del estado de excepción empuja a muchos a no viajar a El Salvador. Es poca atractiva la imagen de una fuerza policial y militar cada vez menos respetuosa de los derechos humanos y más propicia a cometer abusos con total impunidad. A la mayoría de la población parecen importarle poco los efectos negativos del estado de excepción, por mucho que hoy la gran mayoría esté más expuesta a las arbitrariedades y abusos de las autoridades. Menos aún preocupa la situación en los centros penales, que día a día se vuelve más inhumana: el hacinamiento y la insalubridad crecen exponencialmente, la alimentación es insuficiente, no se garantiza ni el mínimo acceso al agua, los maltratos se multiplican, se niega la medicina… Estas condiciones solo pueden ser calificadas como graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Violaciones que sufren tanto los responsables de delitos como los que han sido detenidos de forma arbitraria, sin ninguna prueba fehaciente en su contra de haber cometido un ilícito. Mientras todo esto pasa y la maquinaria de propaganda oficial se afana en hacer creer a la población que se está luchando contra el crimen, una investigación periodística confirmó que funcionarios de alto nivel, muy cercanos al presidente, han negociado con las pandillas, y que incluso uno de ellos sacó del país a una de sus líderes, sobre el cual pesaba una solicitud de extradición de la justicia estadounidense. El silencio presidencial ante la noticia ha sido elocuente y confirma el fariseísmo de este régimen: por un lado, protege a criminales de altos vuelos y los oculta de la justicia; por otro, suspende derechos constitucionales y reprime sin compasión ni distingos bajo la bandera de una supuesta guerra contra la delincuencia. La insensibilidad generalizada ante esta situación encuentra su explicación en el hastío de la población después de tantos años de inseguridad y en la cultura racista, excluyente y aporofóbica. Esa insensibilidad es muestra clara de la pérdida de los valores cristianos de la solidaridad y la amistad social, que han sido sustituidos por la sed de venganza y la polarización social. Ante ello, vale citar el llamado del papa Francisco a “reencontrarnos (...) con los más pobres y vulnerables, que están en las periferias, alejarnos de los populismos, que explotan la angustia del pueblo, sin dar soluciones, proponiendo una mística que no

Por José M. Tojeira, S.J. No se puede dudar que la futura fuerza y vitalidad de la Iglesia dependerá de la incorporación de los que hoy son jóvenes a una fe eclesial profundamente enraizada en Cristo, con su libertad evangelizadora y su amor profético a todos, y especialmente a los pobres. En esta Iglesia nuestra que quiere estar siempre “en conversión pastoral y en salida”, de corazón abierto y martirial y que quiere transformar la realidad “para testimoniar el Reino de Dios”, la preocupación por los jóvenes es permanente. Ya al principio de nuestro Plan Pastoral 2019-2024, en el primer objetivo específico, que trata de mantener la coherencia entre fe y vida se hace una referencia a la importancia del “acercamiento entre jóvenes y adultos para superar la ruptura intergeneracional”. Por ello resulta indispensable fijarnos en la situación de los jóvenes. En diferentes apartados, los documentos de Aparecida recalcan la problemática de los jóvenes latinoamericanos, no muy diferente de la situación de nuestros jóvenes y adolescentes salvadoreños. Se nos invita a conocer su situación para poder hablar su lenguaje y ayudarles a encontrarse en la fe con Cristo como amigo y compañero de camino hacia la maduración personal y hacia el amor cristiano fraterno y solidario. Los obispos en Aparecida eran muy conscientes de la difícil situación de nuestros jóvenes, con sistemas educativos poco competentes, con orientaciones educativas más preocupadas por la competitividad y el mercado que por los valores humanos, con una globalización que fomenta la búsqueda individual del éxito y el placer al tiempo que desecha, olvida y, a veces, incluso persigue a los no triunfadores. Todo ello en sociedades marcadas por la desigualdad y la pobreza. No es diferente la situación en El Salvador. Nuestros jóvenes son los que reciben los peores salarios, los que se ven más obligados a migrar, la mayoría de los que pueblan nuestras cárceles, los que más han sufrido el dolor de familias disfuncionales o separadas, los más asediados por el consumo, por la violencia, por la droga y por todo tipo de propaganda. En estos meses de estado de excepción han sido los más hostigados y perseguidos. De hecho, de los un poco más de 26.000 detenidos en el último mes y medio, más de dos terceras partes son jóvenes entre 18 y 30 años. La necesidad de llegar a los jóvenes resulta imperiosa en medio de estas situaciones. De hecho en nuestras iglesias encontramos jóvenes que son profundamente generosos, una vez convertidos y entregados al Evangelio, sirven con alegría y vibran con mayor emoción ante nuestros mártires. Nuestra situación no es mala, pero resulta indispensable dedicarles tiempo, trabajar con ellos y formarles adecuadamente en la fe y en la Doctrina Social de la Iglesia. Es un reto para los padres y servidores, muchos de ellos también necesitados de formación en el pensamiento social de la Iglesia, y un desafío para nosotros sacerdotes, necesitados de un lenguaje y una pedagogía, como dice Aparecida, que además de impulsar la fe, conduzca a una formación “gradual para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y los necesitados”. La juventud y dinamismo de un alto porcentaje de nuestro clero es siempre promesa de una Iglesia en crecimiento. Pero viendo los problemas de nuestros jóvenes es necesario multiplicar esfuerzos. En la última reunión del clero, uno de los participantes insistía en que si bien la Iglesia ha crecido hacia dentro y ha profundizado en la fe y en el crecimiento espiritual, debemos redoblar esfuerzos para convertirnos en una Iglesia en salida y evangelizadora, ir más allá de nuestros templos e incidir en la historia de nuestro país. El trabajo con los jóvenes nos toca a todos, sacerdotes y laicos formados. Esta sociedad nuestra, con cambios tan acelerados en todos los aspectos, necesita nuevas generaciones de cristianos capaces de amar, servir y construir una sociedad más fraterna, justa y pacífica. O como dice el Concilio Vaticano II, personas que convertidos a Cristo como nuestra cabeza y gozando de la libertad de los hijos de Dios y la fuerza de su Espíritu, tengan “como fin el dilatar más y más el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra” (Lumen Gentium 9)

En general, la población aprueba el estado de excepción. Así lo refleja la última encuesta del Iudop, realizada entre el 22 de abril y el 7 de mayo, es decir, cuando la medida rondaba el mes de aplicación. A nivel nacional, el 78.7% de la población percibe que desde que el estado de excepción entró en vigencia, la delincuencia ha disminuido; un 14% cree que sigue igual. En la zona rural, el porcentaje se eleva (81.5%) mientras disminuye en el área urbana (76.8%). La valoración positiva se expresa también en que 58 de cada 100 personas encuestadas creen que la medida es muy efectiva para recuperar los territorios y en que el 66.6% piensa que el país estará mejor si se extiende el estado de excepción. Sin duda, la mayor parte de la gente lo aprueba, como lo refleja la calificación de 7.99 que a nivel de nacional se le da a la medida de imponer el régimen. Sin embargo, en los resultados de la encuesta hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población. Cuando se pregunta a la gente por la delincuencia en su lugar de residencia, las respuestas cambian significativamente. Como se apuntó, el 78.7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43.6% cree que la delincuencia sigue igual que antes. Además, es significativo que si bien el 84.4% de las personas afirmó conocer que se aprobó el estado de excepción, más del 40% desconoce las garantías constitucionales que han sido suspendidas. Es gente, pues, que desconoce que hoy ya no se necesita una orden judicial para capturar a alguien, que ningún capturado o capturada tiene derecho a un defensor, que las 72 horas de detención administrativa se han extendido a 15 días y que están anulados el derecho a reunión y la prohibición de escuchar comunicaciones privadas. Tampoco la calificación que se le da al régimen de excepción es homogénea. Quienes mejor lo valoran viven en el área rural, tienen menor nivel de escolaridad, se informan menos o no conocen a nadie inocente que haya sido capturado. Los que peor lo califican son del área urbana, tienen mayor nivel educativo, se informan más o conocen a alguna persona que fue capturada y creen que es inocente. A nivel nacional, 17 de cada 100 personas (16.8%) dijeron conocer a una persona capturada sin que aparentemente tenga vínculos con las pandillas. Esta relación sube a 23 por cada 100 (22.8%) en el área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de la población, el 48.6%, está en desacuerdo con que las capturas se hagan sin orden judicial; el 46.4% está de acuerdo. En la zona urbana, la gente tiende a ser más crítica que en el área rural. Por ejemplo, en el campo, el 17.9% de los encuestados cree que la delincuencia bajó porque así lo dicen los anuncios del Gobierno y porque es lo que publican los medios de comunicación. En la zona urbana, el 13.2% piensa así. Por otro lado, dos terceras parte de la población (66%) creen que el estado de excepción es una estrategia de seguridad gubernamental; para una cuarta parte (24.8%), el Gobierno lanzó la medida para mantener una buena imagen. En el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje sube al 26.5%. A nivel nacional, son tres las principales razones que según la gente estuvieron detrás de la ola de homicidios de marzo: una respuesta de los pandilleros al plan de control territorial (33.8%), una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de las localidades (29.2%) y la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas (16.7%). La investigación del Iudop se desarrolló antes de que el régimen de excepción causara las muchas reacciones de los familiares de los capturados, antes de que afuera de los centros penales se viviera una crisis humanitaria y antes de que se reconfirmara que el Gobierno ha tenido estos años un pacto con las pandillas. Aún queda tela por cortar.

Roland Freisler, abogado, militar, político y presidente de la Corte del Pueblo de la Alemania nazi, podría ser descrito como un hombrecillo de mediana edad y enclenque apariencia. Una imagen que contrastaba con los atronadores gritos con los que llenaban la Corte, desde la cual dictaba sus furiosas condenas contra los enemigos y blancos de la dictadura nacionalsocialista. Freisler estuvo lejos de ser el arquitecto de la locura y muerte desarrolladas por la maquinara nazi y su popular líder, Adolf Hitler, pero sin el leguleyo la peste autoritaria no se hubiese extendido y contaminado a tantas personas inocentes, muchas de ellas humilladas por el mismo Freisler, quien las insultaba durante las audiencias, privándolas del cinturón que ataba sus pantalones para hacer más completa la burla y degradación. Al final, Freisler moriría aplastado por la locura que contribuyó a crear, bajo un alud de escombros causado por las bombas aliadas que llovían sobre Berlín el 3 de febrero de 1945. “Nadie lamentó su muerte”, fueron las palabras de un corresponsal extranjero. Y era natural: nadie suele recordar la carrera de un juez vendido a una dictadura, salvo quizás para sentir vergüenza. Cuando el filósofo del derecho español Javier Hervada se pregunta por el fundamento axiológico del derecho, no puede evitar partir de la raíz etimológica de la palabra, que se remonta a ius, de origen romano, y que se traduce en la lengua española como “derecho”. Esta raíz fue vinculada por el famoso jurista romano Ulpiano, en el siglo III después de Cristo, con la voz iustitia o “justicia”. De ahí que, para Hervada, no se pueda hablar de derecho sin partir, razonar o buscar aunque sea un mínimo de justicia: “Dar a cada quien lo que en verdad le corresponde, según su ser, sus habilidades o capacidades”, o bien resolver un caso según el mérito de la causa, los arraigos, la prueba presentada o los argumentos disponibles, no según la directriz de un funcionario, por ejemplo Kant, finalmente, cuando reflexiona sobre la cuestión en sus Principios metafísicos del derecho, asemeja al derecho sin justicia con la cabeza de madera en la fábula de Fedro: “Una cabeza que puede ser muy hermosa, pero no tiene seso”. Lo mismo sucede con un juez que ignora el derecho y sus más elementales valores de justicia para resolver únicamente lo que le favorece a su carrera o exige un dictador. Este tipo de juez abandona la naturaleza esencial de la judicatura, renuncia a la calidad de abogado, se convierte en menos que un estudiante de derecho, no alcanza la estatura de una persona mínimamente moral y es factor coadyuvante de un cáncer social. Así, la toga solo adorna a un hombre vacío de sentido profesional y ético. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En octubre del año pasado, el Foro del Agua presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo entre ANDA y una empresa de la familia Dueñas que permitía a esta última extraer 240 litros de agua por segundo dentro del proyecto urbanístico Valle El Ángel. Siete meses más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda argumentando que si bien las aguas subterráneas pertenecen al Estado, la concesión de su uso puede ser otorgada por ANDA, sin pasar por la Asamblea Legislativa, si dichas aguas están debajo de propiedad privada. Este vergonzoso y servil modo de administrar justicia atenta contra una reserva acuífera para satisfacer las ansias de negocio y ganancias de un grupo de capitalistas carente de escrúpulos. El abuso del agua y la tendencia a privatizarla como si fuera un simple bien de mercado hacen estragos en el país. En realidad, 240 litros por segundo es el equivalente a más de 800 metros cúbicos de agua por hora. Y esa cantidad, extraída en solo 60 minutos, sería suficiente para atender las necesidades de más de 130 hogares durante un mes. Se trata, pues, de una concesión abusiva que se da sin mayor estudio ni reflexión sobre la problemática ambiental nacional, los efectos del calentamiento global y las necesidades de la población. Según el sexto informe del Estado de la Región, El Salvador es el país centroamericano con la menor disponibilidad de agua por habitante. Y dado el aumento de las temperaturas, pronto experimentará aún mayores problemas. En ese contexto, el país debería examinar a fondo la cuestión y tomar ya todas las medidas requeridas para garantizar un futuro viable. Dada su pluviosidad, nuestro territorio debería tener los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de todos los hogares; es decir, disponer de entre 5 y 10 metros cúbicos de agua al mes para cada hogar. Sin embargo, el afán de proteger a los sectores pudientes, abandonando al resto a su suerte, ha ido creando una situación límite en torno al agua. El mal servicio de ANDA, en particular en las zonas marginales o de pobreza, agrava esta realidad. En la Laudato si, el papa Francisco señala que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres”. E insiste en el destino universal de los bienes creados. En esa línea, cuando la Constitución salvadoreña dice que las aguas subterráneas son propiedad del Estado, lo que afirma es que pertenecen a todos. Privatizar el agua, por tanto, constituye un robo. El Estado, lo dice la Carta Magna, está al servicio de todos los salvadoreños, no solo de los ricos y la clase media acomodada, quienes pueden pagar por un servicio esencial para la vida. El texto constitucional es muy claro: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Poner en peligro la distribución del agua para todos los habitantes de El Salvador es atentar contra la justicia, el derecho de los pobres y el bien común.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. El deseo de venganza es, en principio, insaciable, pero los objetivos sobre los cuales descarga su furia son efímeros. Una vez destruidos, la insatisfacción que pueda quedar ya no tiene en quién ensañarse. Bukele ha vuelto a la cima de la popularidad con la represión indiscriminada e implacable. Cuando ya no quede a quién encerrar ni torturar, tendrá que buscar otros enemigos contra quienes descargar el rencor que lo posee o algún otro proyecto excitante. Agotado el filón de las capturas masivas, se encontrará en el mismo lugar donde estaba antes. La inflación, la falta de liquidez, la deuda, los servicios sociales y la emigración aún aguardan un tratamiento eficaz y sostenible. La venganza puede satisfacer instintos primarios, pero no transformar la realidad. Confundir la justicia con la venganza es un error grave. La humanidad se decantó por la justicia para evitar el linchamiento. La legislación impide que las emociones desbordadas impongan las sanciones y, en teoría, busca rehabilitar al acusado encontrado culpable. El dilema no consiste en dejar impune los crímenes de los pandilleros o en descargar contra ellos la impotencia y la frustración reprimidas durante mucho tiempo, sino en sancionar donde hay responsabilidad, de acuerdo con la ley, no según los dictados de la irracionalidad y la emotividad arrebatada. Bukele no está interesado en la justicia, sino en la popularidad que legitima su poder dictatorial. La sociedad sana y fuerte no descansa en el odio y la venganza. Oponer la violencia de los buenos a la violencia de los malos solo genera más violencia, con el agravante de que el criterio para identificar a unos y otros es subjetivo. El régimen es tan parcial que no puede decir “hasta cuándo vamos a llegar”, porque “son cosas que se analizan día con día […] naturalmente vamos a llegar hasta que tengamos un buen número de estos integrantes tras las rejas”. Uno de los ministros responsables directos de la represión ni siquiera sabe cuántos son los terroristas. Evidentemente, la ola de terror estatal no se ajusta a ningún plan, sino a la voluntad suprema de Bukele. Ya se escuchan voces que advierten no acudir a los funcionarios, sino al mismo presidente, porque solo de él depende la vida de las decenas de miles de personas capturadas. Bukele ha tenido la gran habilidad de dividir y de enfrentar al pueblo consigo mismo. Tanto las víctimas de los pandilleros como estos pertenecen a los estratos sociales con los ingresos más bajos y con menos acceso a los servicios públicos. Ambos luchan por sobrevivir en condiciones muy adversas y excluyentes, aunque cada uno lo hace de manera distinta. Los pandilleros lo hacen a costa de la explotación, del despojo y del sufrimiento de sus víctimas. Y muchas de estas, igualmente desesperadas, se aprovechan con frecuencia de la debilidad y la vulnerabilidad de sus vecinos. Los soldados y los policías, que con tanta rabia capturan y catean viviendas similares a las suyas, llevan una vida tan precaria como sus víctimas. Están tan irritados que saquean las viviendas de sus prisioneros. Mientras los pobres y los excluidos se destruyen entre ellos, para sobrevivir o vengarse, Bukele y los suyos disfrutan a sus anchas de las oportunidades que brinda el poder absoluto para medrar. Más sorprendente aún, Bukele no solo ha dividido y enfrentado a los pobres con los pobres, sino que también ha conseguido que estos lo aplaudan entusiasmados. Encandilados con promesas brillantes, cada vez más inalcanzables, y deslumbrados por la brillantez del poder absoluto, han aceptado de buena gana sus miserias. Miran hacia arriba para no mirar hacia abajo. Las mayorías han caído rendidas ante un poder que les niega la vida digna, el empleo, la salud y la educación, la vivienda y la seguridad, y han consentido en que los hermanos Bukele y sus socios aumenten sus fortunas. La dignidad, negada a las mayorías, es privilegio de unos cuantos. La normalización del odio y del terror deshumaniza. Es un sálvese quien pueda, a costa de quien sea, con la aprobación ciudadana y del Estado. La violencia y el despojo tienen carta de ciudadanía. La sociedad que acepta esta aberración es un fracaso humano y ético. La sociedad organizada según la ley del más fuerte imposibilita la ciudadanía y la convivencia. La sociedad que recompensa el abuso, la mentira y el terror está reñida con los valores fundamentales y, ciertamente, con el cristianismo, que muchos de sus promotores profesan. Se dan golpes de pecho y claman “¡Señor, Señor!”, mientras explotan y oprimen a los débiles. La apuesta actual de los Bukele es dividir y enfrentar a las mayorías consigo mismas para que, distraídas y diezmadas, no se organicen y así ellos puedan prevalecer no solo sin oposición, sino también con su complacencia. La alienación es total. La prensa independiente es una excepción molesta. La ironía de la contradicción indica el nivel de la perversión social. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor R

Recientemente, el 13 de Mayo y en la Misa celebrada en honor a la Virgen de Fátima, el cardenal Gregorio Rosa Chávez advertía que hoy estamos en un país “con demasiado odio, muchísima sed de venganza, muchísimo resentimiento". Todo lo contrario a lo que nos pide la fe cristiana que habla del amor como el imperativo fundamental de la acción y que exige que, sin renunciar a la justicia, se trate a toda persona como a un ser humano con dignidad. Incluso a aquellos que se comportan inhumanamente. Y por supuesto todo lo contrario también a un espíritu humanista que poniendo el interés mayor en la restitución de la dignidad a la víctima, es al mismo tiempo consciente de la necesidad estatal de preocuparse por la rehabilitación del victimario. Centrarse en el castigo del delincuente y pensar que el dolor del delincuente compensa a la víctima o produce consuelo en los parientes de la misma, solo puede ser visto como parte de un pensamiento poco humano. Alegrarse con el sufrimiento tanto del delincuente como de su familia no es más que un acto vulgar de nula calidad humana y un modo de expresar una conciencia cruel. La inhumanidad del delincuente no se corrige tratándolo inhumanamente. Requiere castigo, es evidente, pero no venganza. Si además el ansia de venganza justifica la arbitrariedad de la justicia y el abuso contra inocentes, la situación se vuelve de total rompimiento de valores sociales. Ante el delito el primer paso es mirar a la víctima, facilitar su reintegración positiva a la vida, darle los apoyos que necesite y ayudarla a recuperar la dignidad, la seguridad y la confianza en la sociedad que el delincuente le había arrebatado. El segundo paso es imponer una sanción al delincuente que le fuerce a reflexionar sobre su conducta, sobre el fracaso de actitudes violentas o antisociales y que le posibilite un cambio de actitud ante la vida y ante las personas. Solo así tenemos la posibilidad de ir creando una sociedad donde florezca y se desarrolle lo que el Papa Francisco llama la “amistad social”. Asociarse para vivir y disfrutar juntos la vida es una de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano y una de las más importantes fuentes de felicidad. El odio divide, y al mismo tiempo que separa a los seres humanos produce desconfianza, inseguridad y tendencia a buscar enemigos entre aquellos que le rodean a uno. El odio destruye; la solidaridad con la víctima y el demostrar al delincuente que más allá del castigo impuesto se le sigue considerando un ser humano, crea comunidades estables y con seguridad humana. En El Salvador, con demasiada frecuencia, a la víctima se la olvida pronto. Y no digamos si es víctima del propio Estado, que ha sido y sigue siendo el gran patrón de la impunidad de los poderosos. Al victimario común se busca humillarle, castigarle y, en la medida de lo posible, despersonalizarle. Para demasiadas personas la venganza es la mejor forma de justicia. Y piden que el Estado la lleve a cabo. Lo lamentable es que el Estado dé pábulo a ese tipo de posición imponiendo castigos generales, tratando de la misma manera a posibles delincuentes y a personas que no podrían ser llevadas a juicio en circunstancias normales. Todo sistema de investigación, por bueno que sea, puede cometer errores al perseguir a delincuentes o al enjuiciarlos. Pero perseguir sin investigar y juzgar sin garantías procesales ni es digno de una democracia, ni de una sociedad humana que necesariamente debe construirse sobre la solidaridad, la amistad social y sobre la justicia unida a la verdad. Ya hace muchos siglos decía Aristóteles que “la ciudad es la asociación civil con miras a obtener el bienestar y la virtud para beneficio de las familias y de las diversas clases de habitantes... La fuente de todas estas instituciones es la amistad y este sentimiento es el que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Por supuesto que a demasiados de nuestros compatriotas no les importa lo que decía Aristóteles, ni le interesa la opinión de quien no le va a satisfacer su sed de venganza y su idolatría de la violencia y arbitrariedad estatal. Pero el Estado, que debe regirse por la racionalidad y por sentimientos de humanidad; no debe bajo ningún punto abandonar sus responsabilidades de respetar la dignidad humana de todos los ciudadanos. Si no lo hace, termina conduciendo al caos y a la infelicidad a todos aquellos a los que engaña prometiéndoles un futuro mejor.

“El mundo quiere ser engañado; por tanto, que se le engañe”, reza una vieja locución latina. La sentencia calza con lo que sucede en El Salvador desde hace algunos años. Pero más allá de caer en la tentación fácil de responsabilizar a la gente por creer en mentiras, hay que centrarse antes en quienes con premeditación y alevosía se aprovechan de las necesidades y buena voluntad de las personas para engañarlas. En campaña electoral, muchos ciudadanos bajan la guardia y creen en promesas irrealizables. El problema se agrava cuando la confianza se mantiene en quienes ya en el Estado hacen lo contrario a lo que como candidatos ofrecieron y a lo que hoy predican. Este cinismo que se ha apoderado de la política nacional va más allá de la simple hipocresía; se expresa como obscenidad descarada y falta total de vergüenza a la hora de mentir o defender acciones condenables. Se engaña sin remordimiento ni pudor. Se condena los vicios de otros aunque estos se practiquen con creces. Se usa cualquier recurso dramático, retórico y mediático para construir puestas en escena que benefician los intereses del grupo en el poder. La grandeza, el honor, la decencia y el afecto son solo piezas de utilería en la farsa que se ha montado. Se usa la violencia y se violan derechos humanos argumentando que se lleva a cabo una obra de salvación. Con firmeza y convicción se condena el nepotismo mientras este crece en los puestos de gobierno. La bandera de la anticorrupción sigue enarbolada mientras se oculta toda información sobre el uso de los recursos públicos y no se rinde cuentas. Se despotrica por la falta de democracia en tiempos pasados mientras se camina sin disimulo hacia el autoritarismo. Se llamó “mil veces malditos” a aquellos que antes pactaron con las pandillas mientras en las sombras se consolidaba un nuevo contubernio con ellas. Un cinismo de esta naturaleza no merece la confianza de nadie, salvo de aquellos que resultan beneficiados por la corrupción y el autoritarismo. La situación de engaño es responsabilidad de quienes lo traman y lo escenifican, sí. Sin embargo, los engañados tienen parte de responsabilidad. Ante las evidencias contundentes, el que no ve es porque prefiere estar ciego. Como dice un proverbio árabe: “La primera vez que me engañes, será culpa tuya. La segunda será culpa mía”. Cuando despierte, esa segunda culpa abrirá los ojos a un país en ruinas.

“No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo” Albert Camus Hace un año, cuando se desmanteló la poca democracia del país, el poder de Bukele parecía avasallador: usurpó la Sala de lo Constitucional, impuso un fiscal general a su medida, descabezó al Órgano Judicial y lo puso a su servicio. Ese poder parece ahora agotado. Para resurgir y demostrar poder, Bukele tuvo que recurrir a la violencia terrorista (a través del régimen de excepción) para intentar rescatar la imagen deteriorada de su Plan Control Territorial con el que sigue alimentando la ilusión -principalmente de los compatriotas en la diáspora- de que se vive en un país renovado y libre de homicidios causados por las pandillas. Sin embargo, al buscar bajo la alfombra, el país da cuenta del aparecimiento de 51 fosas clandestinas descubiertas desde el año 2019, según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) consignados en una nota periodística. Además, ahora hay un incremento excesivo de la migración irregular de salvadoreños, principalmente de niños, hacia los Estados Unidos; el gobierno de Bukele ha impedido la extradición de líderes de pandillas reclamados por la justicia estadounidense, y cada día hay más evidencia de las negociaciones ocultas del Gobierno con algunas pandillas, lo que le permitió mostrar una disminución significativa de homicidios y el respaldo en votos para ganar las elecciones legislativas y municipales de 2021. Por eso es bueno no creer ciegamente en los relatos de los organismos de comunicación y propaganda del presidente y preguntarse a cada momento: ¿Dónde está la basura cuando la mesa luce limpia? En resumen, el otrora poder avasallador de Bukele se desvanece más rápido de lo esperado y la actual muestra excesiva de violencia en comunidades pobres por parte de la Fuerza Armada y la PNC es una clara muestra de lo frágil que es su poder. La marcha exitosa de los trabajadores y trabajadoras el 1 de mayo, a pesar de los retenes en las vías de acceso a San Salvador y la criminalización de los marchistas al señalarlos de defender y de estar del lado de las pandillas, nos indica que ahora son más lo que le dicen no al autoritarismo de Bukele. El ministro de trabajo, Rolando Castro, quiso boicotear la marcha del 1 de mayo con una reunión de grupos sindicales afines al gobierno en un hotel. Sin embargo, varios grupos de organizaciones sociales y sindicales parecen haber adquirido expresión política al aglutinarse en el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, etc. Parece que la única forma de resistir a una dictadura es la organización social fuerte que haga sentir su descontento y se enfrente al poder colonizador de Bukele, basado en la manipulación sistemática de las mentes y los sentimientos, el ocultamiento de la información, la propaganda política y la instauración de la mentira como política pública. La mentira crea falsas ilusiones de desarrollo económico, como la implementación del bitcóin, que cada vez más muestra su fracaso, mientras la economía familiar y del país se hunde. Como bien dice Nietzche “la consecuencia natural de un poder excesivo es la conquista, [...] la incorporación de su imagen propia [el Yo] a una materia ajena [los Otros]”. Bukele ha logrado colonizar a sus diputados y a muchos de sus funcionarios públicos de tal forma que actúan como masa (materia pasiva y material) sin criterio y sin personalidad propia: aprietan solo el botón para aprobar los dictados del presidente y los otros ejecutan sus mandatos en las distintas carteras del gobierno sin cuestionar sus decisiones. Algunos funcionarios hasta imitan al presidente en su forma de vestir, de hablar y parece que, con cambios estéticos, quisieran ser pequeños Bukele. Convertir a la población en masa es el deseo máximo de un dictador, por eso es importante la resistencia y rebeldía del no y buscar como frente de lucha la organización solidaria. Albert Camus criticaba siempre al poder jerárquico con su famosa frase: “No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo”. Siempre hay que cuestionar al poder y más aún si muestra rasgos dictatoriales y fascistas como el de Bukele. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 88.

Cualquier país que aspira al desarrollo invierte en los niños y los jóvenes. Es un tema de justicia intergeneracional. Lo contrario es suicida. En El Salvador, si bien se ha notado una mayor preocupación estatal por la inversión en la primera infancia, continúa el desinterés por la juventud, en especial por los jóvenes del campo y de los barrios marginales (los otros, los de la clase media, se arreglan solos). Son algunos sectores de la población civil, sobre todo las Iglesias, los que hacen verdaderos esfuerzos por construir en la juventud valores que son indispensables para una vida social pacífica, solidaria y productiva. El problema es serio, porque si no se invierte adecuadamente en ese sector de la población, no habrá desarrollo económico y social. Más aún cuando las tendencias poblacionales indican que muchos niños y jóvenes tendrán que sostener a una población adulta tres veces más numerosa que la actual. El panorama da poco pie a la esperanza. La mayoría de jóvenes salvadoreños recibe una educación deficiente, no consigue trabajo, emigra, sufre la violencia con mayor intensidad y puebla las prisiones. Es difícil pensar en un país próspero y pacífico cuando se maltrata a la juventud de esta manera. De los casi 30 mil detenidos en este tiempo de estado de excepción, al menos dos terceras partes tienen menos de 30 años de edad. A este ritmo, es muy probable que El Salvador bata el récord mundial de privados de libertad por cada 100 mil habitantes. Algo de lo cabe presumir, mucho menos enorgullecerse. El lenguaje dominante, además, es agresivo y confrontativo contra quienes señalan temas o situaciones que implican una crítica a la realidad que vive la gente. Que los jóvenes vivan en este ambiente de pleito político y de rechazo al diálogo no es bueno para ellos ni augura bienestar para el país. Da la impresión que se buscar educar para el fanatismo, no para la convivencia. En cualquier sistema educativo se valora siempre la capacidad del maestro de conversar francamente con sus estudiantes. Antes que enseñar cosas concretas, los docentes deben enseñar a pensar críticamente y a dialogar. Si en la escuela no abunda ese modo de proceder, si en el país se prefiere el grito, el insulto y la mentira, no hay que esperar milagros en el porvenir de nuestros jóvenes. En el conjunto de nuestra juventud hay gente muy buena y muy abierta al diálogo. Personas que no solo se plantean con seriedad los problemas, sino que están dispuestas a colaborar en las soluciones. Pero cuando una buena parte de los adultos y de los gobernantes funciona de otra manera, el peso de la realidad lleva a los jóvenes a adaptarse a lo que hay. La soberbia del poder nunca ha sido promotora eficiente del desarrollo humano, así como la corrupción de las instituciones nunca ha actuado en favor del bien común. Aunque algunos lo ponen en duda, aún se está a tiempo de abandonar este camino hacia tensiones cada vez más profundas y comenzar a dialogar en serio sobre los problemas nacionales. Aún se está a tiempo de invertir en los jóvenes. Y no es que no se haya hecho nada; la cuestión es que hay que planificar la inversión y sus resultados en el largo plazo. Es descorazonador que el 70% de la población no tenga el nivel educativo de bachillerato y el promedio de educación formal sea de 8 años en los mayores de 25 años de edad. Invertir más en educación, mejorar su calidad y convertir el bachillerato en parte de la educación obligatoria a nivel nacional son acciones básicas para la construcción del futuro de El Salvador. Sin al menos esas acciones, decir que los jóvenes son el futuro de la patria es pura hipocresía.

Editorial UCA 13/05/2022 En un documento reciente, Naciones Unidas constata que, al igual que el mundo, las familias cambian. La realidad actual de estas es muy distinta a la de hace algunos años. Las familias son cada vez más diversas. Ya no se puede hablar de un modelo de “familia normal”; un modelo que a juicio de algunos especialistas nunca ha existido. Ante ello, la ONU propone una serie de medidas para el bien de la familia y para que esta cumpla con su función. La primera y fundamental, aceptar y apoyar la diversidad familiar, de modo que todos sus miembros puedan desarrollarse a plenitud. La funcionalidad o disfuncionalidad de una familia no depende del modelo que esta siga, sino de si constituye o no un espacio de amor y aceptación, de si permite o no el desarrollo y pleno ejercicio de los derechos humanos de cada uno de sus integrantes. Por supuesto, no todas las familias cumplen con esta condición. Con más frecuencia de lo admitido y deseado, muchas son más bien un espacio de dominación, violencia y discriminación, en el que se vulneran los derechos de algunos de sus miembros. Quienes más sufren esta situación tanto en la familia como en la sociedad son las niñas y las mujeres. De esta realidad innegable surge la necesidad de apoyar a la familia para que logre el fin que le corresponde. No se debe aceptar como inevitable que algunas familias se conviertan en impedimento del pleno desarrollo de sus integrantes; la sociedad debe asumir el desafío de promover las acciones y los cambios culturales necesarios para que ello no suceda, para que toda familia sea lugar de igualdad, justicia y empoderamiento. En el Salvador, el primer cambio a promover debe ser a nivel cultural, erradicando la cultura machista y patriarcal que otorga todo el poder a los hombres y margina a las mujeres y a las niñas. Una cultura que normaliza el sometimiento de ellas a la voluntad de ellos. En esta línea, para la ONU, es también una exigencia impostergable eliminar la violencia de género y todas práctica familiar discriminatoria contra mujeres y niñas. Se requiere asegurar el acceso de las mujeres a recursos económicos, fomentar la igualdad en las leyes familiares y promover la responsabilidad compartida del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, que actualmente recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Trabajar por las familias es apostar por una sociedad sana y armoniosa.

En el Evangelio de Mateo se encuentra una parábola cuya enseñanza es muy actual e iluminadora. La parábola en cuestión relata que un hombre sembró buena semilla en su campo, pero, mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces, los jornaleros preguntaron al propietario si arrancaban la cizaña. Él les dijo que no lo hicieran para no arrancar el trigo con ella. Cuando llegue el momento, el propietario del campo dirá a los segadores que recojan primero la cizaña, la aten en manojos y la quemen, y que el trigo lo guarden en el granero. Los soldados y los policías de Bukele hacen precisamente lo que los jornaleros de la parábola pretendían: arrancan la cizaña con violencia pendenciera, pero con ella arrebatan también el trigo. Aterrorizan los vecindarios populares y destrozan las relaciones familiares, laborales y sociales de sus habitantes, pandilleros o no. La parábola es una advertencia contra la impaciencia mesiánica. Movido por una mezcla de cólera y de mesianismo político, Bukele ha ordenado arrancar la cizaña y el trigo. El apremio presidencial es enigmático, pues ha tenido casi tres años para investigar a las pandillas y para proceder contra ellas de forma sistemática y eficaz. La ola de terror desatada evidencia el fracaso político de un régimen que, agotado, no tiene otro recurso que violentar para retener el poder y la popularidad. El Plan Control Territorial, que supuestamente avanzaba con una eficacia sorprendente, se esfumó de un día para otro y la tecnología de última generación en la que descansaba resultó poco útil, o la abultada inversión fue a parar a otro lado. La dictadura militar del siglo pasado experimentó el fracaso de esa opción. A pesar de su presunta originalidad, Bukele no dispone de medios mejores que los militares para enfrentar el crimen organizado. Tampoco posee la paciencia del gobernante sensato. En su círculo tiene más aceptación la represión. Atesora popularidad con el terror. Históricamente, las cruzadas nunca consiguen sus objetivos. En gran medida, porque las mueve la emoción desbordada y la pasión irracional. La cruzada promete mucho, pero solo deja muerte, destrucción y dolor. La cruzada presidencial no tiene trazas de ser diferente. No persigue a los malos, sino solo a algunos, a aquellos que se atrevieron a desafiar al presidente. El terror está dirigido solo contra una de las pandillas más grandes. Las demás campean por sus respetos en sus territorios y la extorsión es tan eficiente como antes. Asimismo, se niega a extraditar a los líderes pedidos por Estados Unidos por tener cuentas pendientes. Si la guerra es contra los terroristas, es una guerra muy poco convencional. Los militares de antaño, que también decían guerrear contra delincuentes terroristas, eran más coherentes. Bukele y los suyos no entienden de consistencia. Lo que comenzó como una operación contra las pandillas ha derivado en una carrera para encerrar a la mayor cantidad de personas de extracción popular y, en esa medida, se ha convertido en una lucha de clases. El régimen se ha esmerado en alcanzar su meta. Por poco, El Salvador ya ocupa el segundo lugar, después de Estados Unidos, en la lista de países con más presos por cien mil habitantes. Si se lo propone, puede alcanzar el primer puesto. La cantidad de detenidos se ha convertido en un fetiche más de los varios coleccionados por Bukele. Entre ellos no figuran la reducción de la pobreza y la desigualdad, servicios públicos de calidad, empleo y vivienda. La cantidad de presos no significa más seguridad ni mayor actividad económica, sino el fracaso de una sociedad que confía en la violencia represiva, que gusta del autoritarismo y la militarización, y que ansía venganza. Estas inclinaciones son propias de una sociedad inhumana y poco cristiana. La ira y la rabia mal contenidas ponen en evidencia lo que hay en el fondo de los corazones. Es cínico e hipócrita felicitar a las madres en su día, tal como tuitea Bukele, cuando centenares de ellas permanecen en vigilia a la intemperie, en las afueras de las cárceles, a la espera de alguna noticia sobre sus hijos y sus parejas. La ausencia de información tortura cruelmente a estas mujeres, cuyo delito son sus hijos y sus cónyuges. No satisfecho con humillar, maltratar y encerrar a estos, el régimen de Bukele atormenta también a sus madres, después de acusarlas de maleducarlos. Las madres tienen derecho a estar debidamente informadas sobre la situación de sus seres queridos. Bukele difícilmente domeñará la determinación de estas mujeres que, movidas por su maternidad, desafían los elementos y su juicio. En estas mujeres, a quienes tiene el desatino y la insensibilidad de felicitar el Día de la Madre, cuando en ellas prevalecen la angustia y el dolor por no saber de sus hijos, Bukele ha encontrado una contestación contundente. La resistencia, hasta ahora pacífica, puede tornarse inmanejable. * Rodolfo Cardenal, director del Ce

El Gobierno actual difícilmente abandonará las elecciones; cómo las implementará es otro tema. Su tendencia a erosionar la democracia parece seguir una especie de manual. Sin embargo, eso no le impide seguirse autodenominando como democrático. Hasta hace unos años, el sistema de gobierno salvadoreño siempre había sido catalogado como democracia imperfecta. Diferentes países del mundo habían apoyado o liderado una variedad de procesos y proyectos para mejorar el sistema judicial, aumentar la conciencia democrática de la ciudadanía e ilustrar sobre la gobernanza. Ello con la finalidad de contribuir a que El Salvador pasara de una democracia imperfecta a una moderna y desarrollada, en la que gobiernan las leyes, no las personas. La administración de Bukele ha preferido seguir un camino diferente, acrecentando el autoritarismo y la sujeción de prácticamente toda la institucionalidad del Estado al Ejecutivo. Por tanto, no extraña que analistas y estudiosos de la democracia ya no nos califiquen como democracia imperfecta, sino como un régimen de gobierno híbrido que mantiene algunos rasgos democráticos mientras destruye o daña aspectos clave como la separación de poderes. Los pasos en este proceso de erosión democrática han sido claros. El primero, crear expectativas de cambio (algunos miembros del partido en el poder hablan de “nueva era”) y agudizar la polarización del país. El segundo, interpretar la ley de modo arbitrario y mostrar autoridad y fuerza, apoyándose en el Ejército y la Policía, para acto seguido aprovechar la debilidad de la cultura democrática y de las instituciones para apoderarse de estas. Una vez conquistada electoralmente la Asamblea Legislativa, la destitución de funcionarios de órganos de control democrático se llevó a cabo con facilidad. El tercer paso fue girar orden de captura contra algunas personas que podrían tener liderazgo en una posible oposición partidaria, encarcelándolos mediante un proceso turbio y sin respetar la presunción de inocencia. Comenzó así a haber presos políticos y una cantidad considerable de gente con criterio e influencia democrática abandonó el país. Hasta el momento, la búsqueda de controlar el pensamiento constituye el último paso. Los medios de comunicación independientes están sometidos a distintas formas de presión y acoso. Cualquier idea que diverge de las del poder es atacada en las redes, llegando incluso a las amenazas de muerte. La propaganda y los insultos son hoy asunto diario. Se arremete contra la sociedad civil crítica, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Se aboga por el autoritarismo y por la imposición de castigos arbitrarios aprovechándose de la sed de venganza causada por la historia de impunidad, escaso desarrollo y corrupción de los últimos 30 años. Impresiona el contraste entre la suavidad con la que se trata a militares acusados de crímenes de lesa humanidad y la dureza que se dispensa a opositores políticos o a ciudadanos estigmatizados por su condición socioeconómica. Al menos de momento, este camino ha culminado en un estado de excepción que se está utilizando para demostrar poder y hacer un ejercicio de autoridad e impunidad que sirva de aviso a los opositores. Si se invoca el derecho de guerra para justificar detenciones masivas, no parece lejano el día en el que se criminalice la libertad de expresión frente a la situación política y social. Volver al respeto a los derechos humanos es el único camino razonable para salir de esta erosión sistemática de la democracia.

Por José María Tojeira, SJ En este tiempo en el que vivimos un “estado de Excepción” que limita derechos ciudadanos, ha habido, de hecho, una fuerte polémica sobre los Derechos Humanos. Ha habido personalidades que se han burlado de quienes trabajan esos temas, o incluso han acusado a instituciones defensoras de derechos de dedicarse a hacer negocio con el tema. En ocasiones algunos líderes políticos han dado a entender que solo el Estado es el fiel cumplidor de los Derechos Humanos. En ese contexto resulta necesario reflexionar y recordar lo que la Iglesia nos dice sobre los Derechos Humanos. Recordemos el discurso del Papa Juan Pablo II, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1979, en la que tocó específicamente ese tema. En ese discurso afirmaba el Papa que el documento fundamental de las Naciones Unidas era “la Declaración universal de los Derechos del Hombre, del hombre como individuo concreto y del hombre en su valor universal. Este documento es una piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano” hacia su progreso de la vida moral. Los derechos humanos son así, en la mentalidad y pensamiento de Juan Pablo II, una moralidad externa al poder político, que sirve a los ciudadanos y al propio Estado para medir su desarrollo humano. De modo que el camino fundamental, que conduce social y políticamente al desarrollo humano “pasa a través de cada hombre, a través de la definición, el reconocimiento y el respeto de los derechos inalienables de las personas y de las comunidades de los pueblos”. En ese sentido los Derechos Humanos deben ser siempre garantía de paz. El no a la guerra y al armamentismo está vinculado a ellos. Porque como dice el Papa, “el espíritu de guerra, en su significado primitivo y fundamental, brota y madura allí donde son violados los derechos inalienables del hombre”. Al contrario, su plena vigencia nos ayuda a saber respetar la igual dignidad de todo ser humano, a aceptar la responsabilidad solidaria de “satisfacer las necesidades esenciales del hombre” y el ejercicio de sus libertades, y conducirle así “a su plena dimensión humana”. Los derechos humanos son en este sentido parte de los valores espirituales de la humanidad, que deben ser prioritarios frente a los valores materiales, que tienen su importancia pero que no pueden sustituir a los valores básicos morales. Entre las amenazas a los valores espirituales el Papa nos dice los siguiente: “el abismo entre la minoría de los excesivamente ricos y la multitud de los miserables es un síntoma muy grave en la vida de toda sociedad”. Para vencer esta amenaza el Papa insiste en la libertad religiosa como vínculo moral con el bien común y los Derechos Humanos, así como el respeto a todos los valores que surgen del espíritu humano. El Papa termina su alocución a la Asamblea general de la ONU expresando su deseo de un futuro mejor para los que entonces eran niños, y para que todos los seres humanos “puedan vivir y fortificarse con la fuerza moral” de los derechos humanos. Ellos son la mayor garantía de la paz entre los pueblos y dentro de las mismas naciones. La defensa de los Derechos Humanos es, pues, para quienes seguimos al Señor Jesús, una responsabilidad cristiana, pues es un instrumento indispensable tanto para la convivencia en paz y respeto y amistad social, como para el desarrollo de los valores ciudadanos y éticos.

Al servicio de la persona José María Tojeira 03/05/2022 La Constitución de El Salvador afirma desde el inicio de su texto que el Estado está al servicio de la persona humana. Así, sin distinciones ni matices. Y por eso mismo asegura para todos la salud, la educación, la seguridad, el bienestar económico y la justicia social. Sin embargo, quienes nos han gobernado en el pasado y nos gobiernan ahora han sido incapaces de cumplir con las afirmaciones constitucionales. Al fin, y después de mucho trabajo de la sociedad civil, el Estado ha entregado los restos de seis campesinos asesinados en mayo de 1980 en la masacre en el río Sumpul y Las Aradas. En algo tan sencillo e indispensable humanamente como devolver los restos mortales de víctimas inocentes y seres queridos, el Estado ha tardado 42 años. Y solamente lo ha hecho con las familias de muy pocas víctimas. A nivel judicial, el caso de El Sumpul continúa estancado. Los jueces y la Fiscalía tienden a dejar el trabajo de investigación en manos de la sociedad civil, despreocupándose de cumplir con sus obligaciones. La entrega de cadáveres de personas asesinadas injustamente debería de ir acompañado de una petición de perdón estatal y de otras formas de reparación. Muy poco de eso hubo. Los parientes de las víctimas celebraron una misa en la parroquia de la UCA y se volvieron con sus pequeños féretros para su original Chalate. En el país conservamos una idea del Estado errónea. Tendemos a pensar que es el gran patrón que da de beneficios a sus amigos y a quienes le respetan. E incluso pensamos que algunos funcionarios con cargos importantes, civiles o militares, tienen más derechos que cualquier ciudadano. Por eso el autoritarismo y la violencia estatal han sido verdaderas plagas en el funcionamiento estatal. Las actuales capturas de jóvenes, con frecuencia indiscriminadas, son una muestra más de que esa concepción del Estado todopoderoso y gran patrón no solo sigue presente, sino que trata de permanecer sin crítica. La persecución del delito no puede hacerse prescindiendo de la ley. Detener a inocentes solo porque son jóvenes, viven en zonas marginales o caminan cerca de soldados que tienen la orden de llenar una cuota de detenidos es incompatible con una Constitución como la nuestra, apoyada en los derechos humanos y que pretende establecer un Estado de derecho. Los delincuentes continúan siendo personas a pesar de sus delitos; generan, por tanto, obligaciones al Estado cuando este se ocupa de ellos, como por ejemplo en las cárceles. Pero el Estado-patrón tiende siempre a olvidarlo. Así lo demuestra el hecho de la prolongación del estado de excepción por la simple razón del caos creado en los tribunales por el excesivo flujo de personas y por la dificultad e incluso incapacidad de la Fiscalía de dar trámite a tanto caso. Definitivamente, el Estado tiene que poner un alto a este modo de tratar a la ciudadanía. Debe investigar el delito, mejorar la capacidad de la Fiscalía —infradotada para la función estatal que tiene— y aumentar la capacidad de investigación de la Policía, así como corregir con mayor energía a los agentes que incumplan normas y procedimientos. A la ciudadanía se la debe tratar con respeto. Detener para llenar cuotas, además de ilegal e inconstitucional, es una total falta de respeto a las personas. Como lo es también el grito intemperante de un ministro que se atrevió a decir que cualquiera que se manifestara el 1 de mayo, como tantos sindicalistas y gente de bien lo han hecho desde hace tantos años, sería tenido como un defensor de las pandillas. Acusar de defensores de criminales, de terroristas y de pandilleros a todos aquellos que piden respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos es una ofensa a la Constitución y a todas las personas que quieren vivir en coherencia con las leyes. Las acusaciones del ministro parecen más las amenazas de un capataz de finca que la de alguien que debe defender la Constitución. Aumentar la capacidad de diálogo y escucha de los funcionarios se ha vuelto una de las necesidades más urgentes de El Salvador.

Editorial UCA El estudio de opinión realizado por el Iudop a finales de 2021 mostró que el 93% de la población percibía un significativo aumento en el costo de los alimentos. Esa percepción tenía una base real: según la Digestyc, el costo de la canasta básica alimentaria tuvo un significativo incremento en los últimos meses del año pasado. El mismo comportamiento se observa en el primer trimestre de 2022. Y el valor de la canasta básica alimentaria ha seguido creciendo. Su precio en marzo de 2022 fue un 5.8% superior a un año antes. También el índice de precios al consumidor muestra un incremento del 6.7% entre marzo de 2022 y el mismo mes del año pasado. Estamos, por tanto, ante un incremento del costo de la vida mucho más elevado que en los años recientes; esta dinámica no se había observado en El Salvador desde 2011. Sin duda, ello está golpeando la economía familiar. De hecho, la población ya lo afirmaba en diciembre: el 60% consideraba que el costo de la vida había aumentado mucho y el 46.6% señalaba que se había visto obligado a dejar de adquirir algunos alimentos porque no le alcanzaban los ingresos. Otros manifestaron que habían tenido que prestar para llegar a fin de mes. Incluso en algunos hogares alguno de los miembros tuvieron que dejar de estudiar debido a la falta de recursos económicos. Esta situación es preocupante, pues, entre otras cosas, afecta la ya deteriorada situación nutricional de muchas familias. Los hábitos alimenticios del 50% de las familias reflejan un déficit calórico del 25% y déficits en minerales y vitaminas. Y los alimentos que la población afirma estar dejando de consumir por su mayor costo son los que proporcionan mayor cantidad de calorías y nutrientes. Dada la limitación del mercado laboral, que apenas ofrece empleo formal a un millón de salvadoreños, la situación no se resolvería incrementando el salario mínimo, pues la gran mayoría de la población trabaja por cuenta propia, no depende de un sueldo. En la encuesta del Iudop, el 56.2% de la población afirmaba que el incremento del salario mínimo que tuvo lugar en agosto de 2021 ayudó poco o en nada a aliviar la economía familiar. No son pocas las familias salvadoreñas que ni siquiera logran juntar ingresos equivalentes a un salario mínimo. Considerando la situación económica a nivel mundial, las ramificaciones del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la dependencia de El Salvador de la importación de una gran variedad de productos y la fragilidad de la economía nacional, no hace falta ser pesimista para afirmar que vienen tiempos muy difíciles para el país. Un panorama que se ensombrece aún más por la incapacidad del Gobierno de buscar entendimientos para resolver los problemas nacionales y elaborar un verdadero plan de desarrollo económico. Incapacidad a la que se suman las erróneas decisiones que en materia económica se han tomado, entre las que destaca la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. A la fecha, esta medida solo ha servido para incrementar el nivel de riesgo del país y ahuyentar la inversión. Una acción necesaria para reducir los efectos negativos de este contexto es incrementar la producción nacional, tanto de alimentos como de cualquier otro producto de consumo. Esto disminuiría la dependencia del exterior. Asimismo, mucho ayudaría aumentar la producción de los artículos de exportación, dado los mejores precios del mercado internacional. Producir más y mejor es, pues, una de las muy pocas opciones que tiene El Salvador para salir adelante en la coyuntura actual.

Si el hechizo de Bukele se esfumara una medianoche cualquiera, tal vez no lejana, ¿podría gobernar con niveles mínimos de aceptación? Esto no tanto porque la opinión pública le preocupe en demasía, sino porque el deseo de reconocimiento general, típica del narcisismo, quedaría insatisfecho. Si Bukele se las arreglara para ganar las próximas elecciones, le resultaría cuesta arriba dirigir el país con el ego por los suelos. La cuestión no es ociosa, aun cuando el terrorismo ha elevado su popularidad. Diversos análisis financieros coinciden en señalar el grave riesgo de la suspensión del pago de la deuda, lo cual se suma a la creciente inflación y a la recesión económica. El bitcóin, la gran apuesta para evadir la crisis financiera, parece estar agotado. Y para colmo de males, una de las pandillas más grandes ha puesto en ridículo el Plan Control Territorial. El terrorismo estatal ha salvado por ahora la situación, al desviar la atención. Cuando pase, el embrujo volverá a estar en peligro. El tiempo sigue su marcha. Bukele ya cruzó el ecuador de su mandato. En esta primera parte, hay más descalificaciones, insultos y condenas que obras, más promesas que cumplimientos. Abunda el anuncio de grandes proyectos, sin detalles, sin alcances ni financiamiento. Hasta hace poco, el auditorio presidencial era entretenido con el desfile de los anarquistas de las criptomonedas. Después vino el escándalo del busero. La última ocurrencia, el régimen de excepción, es señal clara de agotamiento y desesperación. Los gritos desaforados del presidente de la legislatura en sesión plenaria no corresponden a un alto funcionario satisfecho con su posición y seguro de sí mismo. Son gritos de impotencia y miedo. El terror es popularmente muy rentable, pero su impacto es pasajero y, más importante aún, no es solución para el desafío planteado por las pandillas, no solo porque se ensaña con una de ellas, sino también porque se va por las ramas y olvida ir a la raíz. La proyección de Bukele como un líder único sin par y como arquitecto genial de un mundo nuevo, el polo opuesto a sus depravados antecesores, ha traído alivio a los desencantados y frustrados con la política tradicional. Sin embargo, existen indicios de que ese hechizo puede terminar. Si llegara a deshacerse, ¿qué será de sus colaboradores más íntimos? ¿Volverán sus hermanos a cuidar de su capital, acrecentado a su paso por la presidencia? ¿Abandonarán Casa Presidencial los venezolanos y los otros extranjeros? Los ambiciosos que pululan en los pasillos presidenciales y legislativos pelearán por la herencia de los Bukele. O tal vez un general de nuevo cuño se apodere del sillón presidencial y prometa elecciones, según el patrón tradicional. Los ministros, los diputados, el fiscal y los magistrados judiciales, acostumbrados a ser mandados en lo que hacen y dicen, se perderán desorientados. Quizás se animen a regresar por donde vinieron, mientras aguardan, agazapados, una nueva oportunidad para medrar. Ese líder brillante y aclamado puede perder el control. No es tan genial ni tan poderoso como parece. Adolece de la inseguridad del narcisista en un grado sumo. Por eso se revuelve contra la crítica, la disidencia y la oposición. Ansía el reconocimiento universal y nunca tiene suficiente. Gobernar con mínimos de popularidad, después de haber estado donde ningún presidente ha estado, sería insufrible. Las demostraciones de fuerza no deben confundir. Los narcisistas hacen alardes de poder para ocultar su fragilidad y su inseguridad. El miedo a la debilidad los atormenta. Ellos mismos son su peor enemigo. Anhelan seguridad psíquica, pero actúan de manera autodestructiva, con lo cual siempre creen encontrarse asediados por las fuerzas del mal, mientras culpan a los demás de sus fracasos y frustraciones. Por su lado, los incondicionales confunden las cualidades personales de Bukele con la identidad nacional. Para ellos, Bukele es El Salvador. Una reducción atroz. Se han despojado voluntariamente de su historia, su memoria, su identidad y su dignidad. Han renunciado a su razón, a su voluntad, a sus valores y a sus sentires. Algunos han aceptado incluso que sus familiares guarden prisión por días sin término sin acusación formal. Han sacrificado lo mejor de sí mismos al ídolo que han erigido en su luz y su todo. Creen ingenuamente que responderá por ellos y los salvará. Ignoran que si el encanto se deshace, el ídolo desaparecerá, así como apareció. La desaparición del hechizo es una posibilidad real. El régimen de Bukele ha perdido fuerza, su imaginario da señales de agotamiento y su liderazgo pierde lustre. En un esfuerzo supremo, ha soltado a los policías y los soldados para que aterroricen las zonas populares, con el aplauso de quienes piensan que la represión y la venganza resolverán la violencia. Si el Estado terrorista se consolida, el embrujo puede prolongarse. Pero en ningún caso es eterno. Ese es el gran error de los fascinados con un presidente que juega con un capirucho de pla

Editorial UCA Organizaciones sociales, periodistas, académicos y personas interesadas en el rumbo del país dedican tiempo y esfuerzo a analizar la lógica de actuación del Gobierno de Bukele, pero muy poco a la comprensión de la lógica de la población. Por su naturaleza, cualquier Gobierno está sometido al escrutinio tanto de la institucionalidad pública de control como de las organizaciones que ejercen esa función desde la sociedad. En un contexto en que se ha cooptado la institucionalidad oficial que controla el ejercicio del poder, las instancias ciudadanas han redoblado sus esfuerzos de contraloría, dando cuenta del guion que sigue el Gobierno. Un guion que ha resultado ser clásico. Primero, lo importante para el populismo autoritario es llegar al poder, valiéndose de marketing, discursos, sondeos de opinión y promesas que no se plantean para ser cumplidas, sino para ilusionar a los electores. Mientras se denigra y desacredita al adversario, la propaganda se encarga de enaltecer las bondades del líder y crear el espejismo de un país feliz si se vota por él. Segundo, el populista autoritario justifica con argumentos dicotómicos (“nosotros contra ellos”, “el bien contra el mal”) la urgente necesidad de su presencia, de su rol que supera la legalidad, a fin de que todos entiendan la obligación de obedecerle. Tercero, llegado al poder, la meta es quedarse indefinidamente, alargar el mandato todo lo que se pueda. Para ello se reforma la Constitución, se la lee a conveniencia o se recurre a un plebiscito. La continuidad en el poder es requerida para finalizar proyectos inconclusos, limpiar al país de enemigos, alcanzar el paraíso prometido, etc. La legitimidad, además, viene de la aprobación popular, no de la ley. Cuarto, se cambian las reglas y se domestica a las instituciones, de modo que la nueva institucionalidad trabaje toda en función del líder, sin cortapisas ni controles de ningún tipo. Con el tiempo llega la concentración y personalización del poder. La actual administración no ha hecho más que seguir la ruta de otros populismos autoritarios. Eso no significa que no alarme. Por supuesto, corroborar que el camino andado en Venezuela o Nicaragua es similar al que, de manera mucho más acelerada, se sigue El Salvador, genera temor. Lo que falta explicar es el porqué del respaldo social al presidente. A pesar de las reiteradas advertencias de que el país marcha al despeñadero, una gran mayoría sigue creyendo en quien ofreció una nueva historia de bonanza y verdadera democracia. A las familias de las zonas marginales parece no importarles que los trescientos dólares repartidos durante la pandemia hayan sido parte de un mecanismo populista y propicio para la corrupción. Los señalamientos y alertas de la sociedad civil crítica no han llegado a quienes han recibido las dádivas gubernamentales con los brazos abiertos después de años de olvido, las personas que están hartas de la violencia y del miedo a las pandillas, aquellos a los que la institucionalidad democrática o el Estado de Derecho nunca les fue útil en su lucha diaria para sobrevivir en medio de un modelo excluyente. En el país se ha entendido bien la lógica del poder, pero no la de la gente. Y en ello radica gran parte del problema para vislumbrar una estrategia alternativa a la del fracaso que se avecina.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La represión del régimen de Bukele ha dejado en evidencia que el fenómeno de las pandillas tiene más envergadura que los mismos pandilleros. El pandillero caído en las redadas pertenece a un grupo familiar, inserto en las zonas más deprimidas del país. Los reclamos de ese grupo —en particular, de las mujeres— patentizan la existencia de lazos de mutua dependencia. El grupo familiar vive del salario, más bien bajo, de los miembros con empleo y de la rentabilidad criminal. Puede objetarse que de haber llevado una vida honrada habrían evitado la cárcel y sus consecuencias afectivas y económicas. Cabe preguntar también si esos pandilleros, muchos de ellos criminales, algunos mentalmente enfermos, tenían alternativa. Dicho de otra manera, si las condiciones de vida hubieran sido más igualitarias, humanas y dignas, ¿la pandilla habría sido una alternativa? La otra cara de la represión es la de los detenidos que no son pandilleros o que lo fueron. Su núcleo familiar sufre las mismas consecuencias que las del pandillero. El castigo implacable del régimen contra los “terroristas” se ensaña también con los inocentes, por el simple hecho de residir en una zona de bajos ingresos y sin servicios básicos aceptables, por ser joven, obrero o estudiante, por parecer pandillero o por capricho de los policías y los soldados. Las víctimas de esta represión tienen conciencia clara de padecer una tremenda injusticia. La incapacidad y la falta de voluntad del régimen para verificar su culpabilidad agregan injuria a la injusticia. La represión se ceba en las zonas abandonadas por el Estado desde la época de Arena. Al igual que entonces, cuando por fin el Estado se hace presente, es para aterrorizar. Bukele aterroriza para acabar con los terroristas, con lo cual hace de su guerra un enfrentamiento entre terroristas. El terror de Bukele es masivo por la cantidad de víctimas e indiscriminado porque castiga de manera antojadiza. Es extremadamente salvaje, porque tortura, e incluso mata a golpes, a los capturados, pandilleros o no, y porque los somete a tratos crueles y degradantes. Sin embargo, la guerra es desigual y tiene mucho de ficción, porque los terroristas contra los que lucha Bukele no oponen resistencia. El Estado negó sistemáticamente una vida digna y humana a los habitantes de las zonas que ahora castiga con terror implacable, por convivir con pandilleros y otros criminales. Al parecer, la idea es romper la red de relaciones sociales donde aquellos se mueven. No es verdad que “quien nada debe, nada teme”, porque la gente está a merced de la arbitrariedad y la brutalidad de los soldados y los policías. Hay mucho que temer, porque ellos deciden quién desaparece en las cárceles de Bukele. Tampoco es cierto que “abril ha sido el mes más seguro de la historia”, porque la seguridad del terror es parcial y pasajera. Ha traído seguridad a las clases privilegiadas, pero no a las mayorías, que sobreviven malamente. Entre las voces que protestan, algunas han increpado a Bukele por pagarles tan mal su contribución para llegar al poder y para mantener su popularidad. La injusticia del capitalismo neoliberal se consuma con la barbarie de los policías y los soldados del régimen, similar a la de la época de los coroneles y los generales de la otra guerra. Al igual que entonces, la “orden superior” es razón suficiente para que los funcionarios, los fiscales y los jueces ejecuten una “limpieza” que, a juzgar por los hechos, no solo encierra a pandilleros, sino también castiga la desigualdad y la pobreza. Los habitantes de los territorios reprimidos son sospechosos, peligrosos y, por tanto, objetivo legítimo del terror estatal. No se trata de condonar los crímenes de la pandilla, sino de arrojar luz sobre la complejidad de este fenómeno social violento. Aunque puestos a condonar, no hay razón aparente para ser implacable con los pandilleros y tolerante con los corruptos. Tan terroristas son unos como otros. Pero ya se sabe, el terrorista es el de abajo, el de arriba siempre es paladín del orden y de la libertad. La acción violenta terrorista como último y único medio eficaz no transforma la sociedad, sino la hace más violenta e inhumana de lo que ya era; la polariza aún más y reafirma las fronteras entre las clases sociales; crea tensiones explosivas incontrolables e impide la búsqueda de soluciones racionales y consensuadas a graves problemas estructurales. Aparte de ser éticamente inaceptable que un fin bueno permita cualquier utilización de medios malos, el terror estatal solo es exitoso a corto plazo. A mediano y largo plazo, ¿qué hará Bukele con las decenas de miles de capturados? ¿Dejarlos morir de hambre, de enfermedad, de maltrato y de abandono, en una versión nacional de los campos de concentración? No puede retenerlos mucho tiempo sin que la situación se vuelva inmanejable. La opción es atractiva, pero, entonces, solo podrá gobernar con la represión y el terror. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Mon

Hace ya una buena cantidad de años, el papa Juan XXIII, fijándose en las necesidades de los trabajadores, defendía la necesidad de socializar bienes básicos para todo el mundo. Algunos años después, otro papa santo, Juan Pablo II, enfatizaba la prioridad del trabajo sobre el capital. En nuestros días, el papa Francisco ha insistido permanentemente en la justicia social y en la distribución justa de los beneficios del trabajo. El trabajo, nos dice Francisco, debe ser “una instancia de humanización y de futuro”, “un espacio para construir sociedad y ciudadanía”. En El Salvador, donde el trabajo suele estar desprotegido y mucha gente recibe una paga que no alcanza para satisfacer las necesidades básicas familiares, es de rigor que los trabajadores exijan justicia social. La concentración del ingreso en pocas manos, el enriquecimiento de algunos y la marginación de muchos, hace brotar un sentimiento de protesta que debe ser, por un lado, expresado con civismo y, por otro, escuchado con atención por parte del Estado. Cuando algunos funcionarios, amparados en el estado de excepción recientemente prolongado, amenazaron a quienes deseaban manifestarse el 1 de mayo, olvidaron que la situación de exclusión y explotación en la que se hallan muchos trabajadores es una de las causas de la delincuencia. En este sentido, reclamarle al Estado y exigirle tener en cuenta los derechos del trabajo, superiores en muchos aspectos a los derechos del capital, es promover la paz y la justicia. Lo contrario, amenazar con detención a quienes desean manifestarse no solo es una negación de un derecho humano básico, sino verdadera complicidad con la violencia. Buena parte de la deshumanización existente en el país comienza con la deshumanización del trabajo, con la explotación y los salarios insuficientes para llevar una vida digna. Pensar que la injusticia estructural no tiene nada que ver con la violencia delictiva es una ingenuidad. Los trabajadores que se manifiestan para reclamar mejores condiciones de vida son enemigos de la violencia; quienes los acosan o insultan son promotores de violencia, impunidad e injusticia. La insistencia de diversos funcionarios en desacreditar los reclamos de los trabajadores, la revisión de buses con clara dedicatoria a los posibles manifestantes, la tendencia a apoyar y apoyarse en dirigentes sindicales domesticados para despreciar a los que salen a las calles son muestras de un Gobierno incapaz de diálogo social. Además, cuando a pesar de la crisis económica que sacude al país se gasta en espectáculo y propaganda para presentar al público a los “verdaderos sindicalistas”, lo hecho logra lo contrario de lo que se pretende. Creer que con una política tan negativa al diálogo se construirá un “nuevo El Salvador” equivale a regar fuera del tiesto no solo de la democracia, sino de una política racional y legítima. Juan Pablo II entendía la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un paso fundamental “en el camino del progreso moral de la humanidad”. El artículo 23 de la Declaración insiste en el derecho al trabajo con salario digno tanto para quien lo realiza como para su familia. Y añade que el derecho de toda persona a sindicalizarse y defender sus intereses como trabajador es siempre legítimo. Oponerse a la manifestación de ciertos sindicatos solo porque se mantienen fuera de la órbita de influencia del Gobierno es oponerse al desarrollo social, al desarrollo económico con justicia y al desarrollo moral del país.