Editoriales y Opiniones

El régimen insiste cansinamente en atribuir sus tropiezos a los “poderes fácticos”, a sus “financistas” y a los partidos de la guerra, Arena y el FMLN. La trilogía se ha convertido en una especie de mantra, que explicaría las tribulaciones de Bukele. Parece abarcarlo todo, pero, en la práctica, carece de contenido. A juzgar por su intenso bombardeo, la identificación y la neutralización de esos “poderes fácticos” es imperiosa. Pero eso no ha ocurrido, pese a su perversidad y su nocividad. Por consiguiente, su actividad destructiva continúa imparable. ¿Tolerancia, negligencia o incompetencia? Las decenas de miles de detenidos no han alcanzado a esos poderes, que aún gozan de libertad. Poco uso ha dado el ministro de defensa a la tecnología recién adquirida, con la cual librará “lo mejor de la guerra contra las pandillas”, pero no contra “los poderes fácticos”, que gozan de buena salud. La contradicción solo tiene sentido si estos son una simple creación de la retórica presidencial. La construcción es muy útil, porque excusa la incompetencia gubernamental. Si esos poderes no operaran, la prosperidad sería realidad. Ellos impiden a Bukele cumplir sus promesas. Sin embargo, en la medida en que la retórica oficial les atribuye una fuerza y una maldad muy superiores a las de este, lo disminuye, debilitado por la impotencia y la torpeza. “Los financistas”, también desconocidos y tenebrosos, hacen posible la operatividad de esos poderes. Ahora bien, si saben, tal como aseguran desde el gabinete de seguridad, de dónde proviene el financiamiento, ¿por qué no lo han cortado? ¿Por qué no han perseguido a los financistas por traición al pueblo, tal como los acusa el vicepresidente? Si los conocen y no actúan, ellos también son cómplices. Si no los conocen, mienten y han dejado al régimen a merced de sus enemigos más feroces. Un adversario fuerte, oscuro y funesto esconde creíblemente la incompetencia. Uno de los miembros del gabinete de seguridad lo ha expresado con sorprendente claridad, al desechar las crecientes denuncias de las detenciones arbitrarias. “Quieren seguir generando el cuento que hay capturas arbitrarias. Sabemos de dónde viene el financiamiento. Pero nos debemos a la población. No tenemos tiempo para poner atención a los opositores”. Además de contradecir al vicepresidente, que sí acepta esa clase de detenciones, el funcionario admite que no tienen tiempo para identificar y neutralizar a la fuente de financiamiento de “los poderes fácticos”. Dicho de otra manera, se ensañan con las pandillas y sus familiares, y dejan en la impunidad al poder que supuestamente entorpece el desarrollo de sus planes. Si Arena y el FMLN aún retienen capacidad operativa como para desestabilizar al régimen de Bukele, también pueden disputarle el poder en las próximas elecciones. En realidad, los dos están agotados, pero son muy necesarios para cargar sobre ellos la responsabilidad de los desatinos gubernamentales. Gobernaron tan mal, robaron tanto y fueron tan libertinos y corruptos que, ahora, Bukele a duras penas puede enderezar el país. Sin embargo, no hay que confundir a estos partidos con “los poderes fácticos” y sus financistas. No tienen fuerza ni dinero. Están tan debilitados que ni siquiera han explotado el potencial que Bukele les atribuye para hacer una oposición eficaz. Su contribución es de otro tipo. Su simple mención provoca el rechazo visceral de los seguidores de Bukele. Y eso es suficiente para librarlo de todo mal. Este es el verdadero “cuento”. Bukele necesita el cuento y vive del cuento, hasta ahora bastante cómodamente. Ha fabulado un enemigo poderoso, temible y creíble, al cual le atribuye los desaciertos, las torpezas y la incapacidad de su gestión. Incluso el alcance de la excepción, su última gran ocurrencia, después del plan de control territorial, se queda corta por culpa de ese enemigo. Al menos eso dicen los ministros del gabinete de seguridad. El almirante da por hecho que “lo que estamos haciendo ha dado resultados enormes”, pero al mismo tiempo ha observado que “estos delincuentes se están enfrentado militarmente a las autoridades”. En conclusión, en sus planes no figura poner fin a la excepción, porque “propiciaría un retroceso de los avances y permitiría la reorganización de los terroristas”. Entonces, las posiciones militares conquistadas no están todavía aseguradas ni los avances son tan significativos. Calificar las escaramuzas como enfrentamientos es incorrecto. Quizás al almirante se le escapan los detalles del ejército de tierra. Si fueran enfrentamientos, las bajas de ambos lados serían mucho más elevadas. No pueden esperar otra cosa en la “guerra de gran magnitud” del vicepresidente. La excepción es parte del “cuento”. Esconde la ausencia de inteligencia e investigación policial y de acción fiscal; la opción militar y la carencia de políticas de bienestar social. El desafío no es militar, sino social, aunque con una brutal componente violenta. El régimen no ha encontrado mejor respue

Los verdaderos sistemas democráticos se caracterizan por el pleno respeto a los derechos humanos y por proveer a toda la población de los bienes y servicios necesarios para una vida digna. La democracia es mucho más que el derecho al voto; según el politólogo francés Georges Couffignal, es una cultura que implica la aceptación del pluralismo de ideas y opiniones, el ejercicio de la libertad y el respeto a la diversidad. En una cultura democrática, la alternabilidad se da por sentada: la gestión del Estado pasa a otras manos si así lo decide la población. En la democracia no se utiliza la violencia ni para acceder al poder, ni para mantenerse en él; y se exige las libertades de expresión y de información como elementos fundamentales. Por más de 80 años, El Salvador vivió bajo dictaduras militares auspiciadas y controladas por la oligarquía de la época; no se reconocía ningún derecho ciudadano y se ejercía un férreo control sobre las mayorías populares, las cuales vivían en condiciones de extrema pobreza. En ese contexto, la democracia se convirtió en un gran anhelo para acabar con los abusos del poder y las violaciones a los derechos humanos, y resolver los problemas de pobreza, educación y salud, para la mejora significativa de las condiciones de vida de la población. Luego del fin de la guerra, a causa de la falta de una cultura democrática y de un verdadero interés en el bienestar de las mayorías, los líderes políticos salvadoreños entendieron la democracia únicamente como el ejercicio del voto y dejaron de lado los derechos sociales y económicos de la población. Y así nació la decepción con la democracia; una decepción que se fue profundizando con cada elección, hasta llegar al abismo en el que nos encontramos. Hoy, el voto premia a personas y grupos de clara tendencia autoritaria y antidemocrática. Esta es la realidad actual de El Salvador. En este contexto, es fundamental recordar que la libertad de prensa y el acceso a la información pública son dos derechos fundamentales en todo sistema democrático, necesarios para que los ciudadanos reciban una información objetiva y veraz. El acceso a la información pública le permite a la ciudadanía exigir la rendición de cuentas del Estado sobre diferentes temas de interés nacional, como el uso de fondos, la gestión de las políticas públicas y las actuaciones de los funcionarios. Un reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA evidencia el grave deterioro de los derechos de acceso a la información pública y de la libertad de prensa. Ambos derechos son obstáculos para el proyecto oficialista de poder y control absoluto, y por eso busca anularlos. En esto, como en otras cosas, el régimen de Bukele se acerca cada vez más a la forma de gobierno de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su única novedad es hacerlo con un celular en la mano.

Winston Churchill dijo “esfuérzate por mantener las apariencias que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás”, frase que calza al pelo con lo que aparentemente pretende hacer el Gobierno de El Salvador, según algunos economistas, al anunciar la compra anticipada de deuda en bonos por vencer en 2023 y 2025. Al respecto, el presidente de la República afirmó: "El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado", lo que contradice las versiones que auguran que el país entrará en default por falta de capacidad para honrar sus compromisos. Sin embargo, el dato objetivo es que el riesgo de que el país caiga en impago ha aumentado. En mayo, Moody´s ubicó a El Salvador como el peor calificado de Centroamérica con una nota de Caa3. Por su parte, el 1 de junio pasado, la agencia Standard and Poor´s bajó la calificación crediticia del país de B- a CCC+ que es una de las peores calificaciones de crédito que pueda tener un país ya que indica que hay una alta probabilidad de que no pueda pagar sus deudas. En términos similares ha calificado al país Fitch Ratings. La intención del Gobierno de comprar la propia deuda del país a precio de mercado puede ser buena, pero esto dependerá de que quienes tengan los bonos los quieran vender. Los pagaderos para 2023, por la situación que atravesamos, solo valen en el mercado el 73.79% del precio al que fueron vendidos y los que vencen en el 2025 se cotizaban hasta el martes de esta semana solo al 34.72% de su valor original. Es decir, la compra de los bonos por parte del Gobierno a precios menores de los que se vendieron, depende de quienes los tienen. La decisión está abierta. Quienes teman que el país vaya a peor y que los precios de los bonos puedan caer todavía más, podrían animarse a venderlos, mientras los que no quieran perder sus inversiones probablemente esperen su vencimiento. En cualquier caso, El Salvador quedará como un país que vende bonos a un precio, prometiendo ganancias a quienes los compren, mientras compra los mismos bonos a una fracción del precio al que los vendió. Así, la precaria administración económica quedará en evidencia, lo que no le hará ningún favor a la ya deteriorada imagen que proyecta el país. De acuerdo a los especialistas en el tema, el país estaría incumpliendo una promesa más, esta vez con quienes le han ayudado a conseguir recursos. Aparte de esto, objetivamente hablando, si el Gobierno piensa recurrir a $200 millones de un préstamo y a más de $300 millones de reservas internacionales bajo custodia del Banco Central de Reserva para comprar sus propios bonos, el monto obtenido no le alcanzaría para comprar ni siquiera los bonos del 2023 que suman alrededor de $800 millones. Es decir, el Gobierno adquiere deuda para pagar otra deuda pero todavía no le alcanza. También es objetivo que, hasta la fecha, al Gobierno todavía le falta desembolsar fondos para la Universidad de El Salvador y que ni los montos de lo que sobrevivió del Fodes se transfieren puntualmente a las municipalidades. Un informe de la Gestión Financiera del Estado 2021, conocido el pasado 4 de abril, indicaba que el saldo de los acreedores financieros era de $1,827.4 millones, equivalentes al 9.4% de los pasivos totales del Gobierno central. Si en realidad hay tanta abundancia, como dice el presidente, ¿Por qué suceden estos atrasos? En realidad, de acuerdo a los entendidos, la intención de la maniobra del Gobierno es aparentar capacidad sobrada de pago para que le disminuyan el riesgo de impago al país y así abrir puertas para el financiamiento. Pero, en realidad, la movida refleja el grado de desesperación en el que ha caído el régimen. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 98.

En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho eco de los llamados a la reelección presidencial realizados por diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Con el paso del tiempo, cada vez hay más señales de que el presidente Bukele buscará la reelección en 2024, aunque ello implique una clara violación a la Constitución de la República. Pero mientras este tema comienza a posicionarse nuevamente en la agenda mediática y electoral, la situación del país y, en específico, la vida de la población salvadoreña continúa experimentando un acelerado deterioro. Para ejemplificar lo anterior, haremos alusión a algunas graves problemáticas que han sido deliberadamente ignoradas o tergiversadas por el Gobierno y su maquinaria propagandística. El pasado 12 de julio entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021. De acuerdo con distintas organizaciones sociales, académicas y comunitarias, esta ley no cumple con los parámetros que garantizarían el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Por el contrario, esta ley autoriza explotaciones hasta por 15 años renovables automáticamente para el uso y aprovechamiento del agua con fines industriales, comerciales, agropecuarios, etc. Desde la aprobación de la ley, las distintas organizaciones sociales y comunitarias que promovieron durante más de una década una ley de aguas con enfoque de derechos humanos demandaron al Ejecutivo la creación del reglamento y de mecanismos que pudieran solventar los vacíos e irregularidades que contiene la Ley General de Recursos Hídricos. Pese a estas demandas, la ley entró en vigencia sin que la población conozca el reglamento de la ley, su presupuesto y, mucho menos, las autoridades que conformarán la institucionalidad creada para la gestión de los bienes hídricos del país. Desconocer los aspectos anteriormente mencionados no es un detalle menor. En reiteradas ocasiones, el Gobierno salvadoreño ha demostrado poco compromiso con la preservación de los bienes naturales y, con ello, ha puesto en peligro el abastecimiento de agua para la población, por lo que es urgente que se involucre a la ciudadanía en la gestión de los bienes hídricos del país. En relación con lo anterior, las lluvias de las últimas semanas han puesto en evidencia nuevamente la alta vulnerabilidad del territorio salvadoreño. Otra vez también hemos visto que las familias más pobres siempre son las que se llevan la peor parte de la tragedia. Sin embargo, tras tres años en el poder, lo que ha quedado a la vista es que el Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollar e implementar una política de prevención y gestión de desastres ni tampoco ha sido capaz de implementar un Sistema Nacional de Protección Civil eficiente que involucre e integre a las comunidades. Por el contrario, los avances que se habían alcanzado en esta materia fueron desmantelados por la actual administración y esto ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y ha tenido grandes costos ambientales, económicos y sociales. Finalmente, tras tres meses y medio de la implementación del régimen de excepción y luego de la captura de alrededor de 44 mil personas, los fallecidos en los centros penales (es decir, bajo custodia y responsabilidad del Estado) se pueden contar por decenas. De acuerdo con datos de organizaciones de Derechos Humanos retomados por algunos medios de comunicación, hasta el 4 de julio, se registraban al menos 59 muertes al interior de las cárceles. A su vez, cientos de personas permanecen detenidas de manera arbitraria pues las autoridades no han podido comprobar que tienen vínculos con pandillas. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la institución que, por mandato constitucional, está obligada a verificar e investigar de manera independiente todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Lastimosamente, en las últimas semanas también ha quedado claro que la PDDH no solo es un actor pasivo y poco beligerante en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, sino que es una institución que se ha prestado de manera activa a legitimar el discurso gubernamental que sostiene que al interior de los cárceles no ocurre nada de lo que haya que preocuparse, aunque hasta el Instituto de Medicina Legal reconozca que un privado de libertad fue asfixiado por custodios al interior del Centro Penal La Esperanza. En suma, el panorama no es alentador para el sostenimiento de la vida de la mayoría de la población. Ante la gravedad de la crisis que enfrentamos, es urgente que el Gobierno y otras instituciones estatales se ocupen de estas problemáticas por medio de políticas y programas que permitan la participación y el involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Tristemente, a estas alturas, parece que eso es ya mucho pedir. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 96.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. En la agenda de la legislatura no figura la reforma de la Constitución, pero el vicepresidente lanzó una campaña para difundir el nuevo texto con la ayuda de algunas universidades y de fondos estadounidenses. Si la reforma no figura en la agenda legislativa es porque a Bukele no le interesa, al menos por ahora. Si no cambia de opinión, lo cual puede ocurrir intempestivamente, el vicepresidente trabaja en vano. De todas maneras, tanto la Constitución actual como una nueva son irrelevantes. El régimen no se rige por ella, sino por los caprichos presidenciales. El mismo vicepresidente, el padre de la criatura, no es un ejemplo de observancia constitucional. En el mismo acto donde presentó la campaña de difusión de la reforma, sacó a relucir su pensamiento anticonstitucional y antidemocrático. Este funcionario, como todos los de su especie, es un manojo de contradicciones y de superficialidades. El “reformador” justificó la que dio en llamar “guerra de gran magnitud” por sus fines; “el bien supremo […] la vida, la propiedad y el trabajo del pueblo honrado”. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos le tiene sin cuidado, aunque no la ignora. Simplemente la relativiza como “fallas” y “errores, que pudieran haberse cometido”. En definitiva, “el balance es altamente positivo”. En pocas palabras, el fin justifica los medios y “las víctimas inocentes” de la excepción y sus familiares, a quienes también desestima como “daños colaterales”, tienen razones para sentirse orgullosas, pues con su sacrificio y sus sufrimientos contribuyen al éxito de Bukele. El buen jurista sabe que las opiniones del vicepresidente están reñidas con el derecho constitucional. La guerra está sujeta al derecho internacional humanitario, que limita los efectos del conflicto armado. Ni el fin justifica los medios, ni la proporcionalidad es aplicable. Pero el estado de excepción no es una guerra, sino simple represión estatal. El régimen no tiene otro recurso para controlar la criminalidad interna que la violencia y el terror, pese a que el fenómeno de las pandillas tiene un componente social determinante. Si Bukele y su gabinete de seguridad tuvieran como prioridad la vida y el trabajo honrado, otras serían sus políticas. La vida y el trabajo no se promueven reprimiendo indiscriminadamente. En esto, el régimen no es diferente del orden impuesto por las pandillas en sus territorios. No satisfecho con estas ocurrencias, el vicepresidente citó a san Ignacio de Loyola para declarar traidores a los defensores de los derechos humanos y a la prensa independiente. El “reformador” hace decir al santo que “en una ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición” para condenar a los disidentes del régimen, que “están haciendo el juego al crimen organizado, a las pandillas y es una actitud de traición al pueblo”. Pero la frase no es de Ignacio de Loyola, sino de Fidel Castro. Aunque la voz “disidencia” es posterior al siglo XVI, su uso aquí es muy pertinente, porque el régimen castrista, al igual que el de los Bukele, no tolera a los disidentes. Bukele reclama la sumisión incondicional. No hay más ideas que las suyas y todo lo suyo es indiscutiblemente beneficioso para el país, incluidas las víctimas de sus desvaríos. En otro giro sorprendente, el vicepresidente acudió a Naciones Unidas a solicitar una misión para “estudiar y sistematizar” el plan de control territorial y para verificar “el estado situacional de esta […] guerra de gran magnitud”. La petición es atrevida. Muy desesperado debe estar el régimen para acudir a “un disidente” y a “un traidor” como Naciones Unidas en busca de legitimidad. O el vicepresidente actuó por cuenta propia, lo cual sería asombroso. Tal vez el régimen confía en que los diplomáticos actuarán con la misma indolencia que el procurador local, angustiado por la reelección. Por muy aguado que sea el informe de la misión, el régimen no obtendrá la aprobación que busca. Quizás la presión internacional es tanta y la situación interna tan apremiante, en términos de popularidad a la baja, que el régimen se dispone a moderar sus impulsos más criminales y a suavizar las condiciones de sus cárceles para obtener el reconocimiento de Naciones Unidas. Es ingenuo pensar que esta lo felicitará por el éxito de su plan de control territorial y por la ejecución del régimen de excepción. Si busca aprobación y reconocimiento, tiene que dar un golpe de timón antes de la visita de la misión. Por las dudas, “el reformador” ya le adelantó que cuentan con “el respaldo del pueblo salvadoreño”. En la Unión Europea, el vicepresidente atribuyó la responsabilidad última de los asesinatos de finales de marzo a “los poderes fácticos y a los políticos del pasado”, que buscan “desacreditar la imagen del Gobierno”. Si esos poderes fueran reales, ya habrían experimentado la brutalidad de la excepción. Los únicos que desacreditan y desprestigian al régimen son sus propios funcionarios, en sentido estricto, poderes fáctic

Proceso 21/07/2022 El martes 19 de julio de 2022, el mismo día que cientos de familiares de detenidos durante el régimen de excepción salieron a las calles para pedir su liberación, la Asamblea Legislativa, con 67 votos de la bancada oficial y sus aliados, aprobó la cuarta prórroga del régimen vigente desde el 27 de marzo. Para los marchantes, la mayoría mujeres, sus familiares fueron capturados injustamente y el amor y el sufrimiento por ellos y ellas los hicieron salir a las calles, a algunos, según relataron, por primera vez en sus vidas. La solicitud de la prórroga la hizo el Gobierno a través de los titulares del gabinete de seguridad. El argumento es el mismo de hace casi 4 meses: seguir capturando a pandilleros. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, que recientemente engrosó la retahíla de funcionarios en la Lista Engel, solicitó dispensa de trámite para que la iniciativa ingresara en la agenda y la aprobaran de manera exprés, sin pasar por el estudio de la Comisión respectiva. En la petición, los funcionarios detallaron que después de 100 días de Estado de Excepción han capturado a más de 46 mil personas, se han decomisado más de mil armas de fuego, se incautaron más de 1,300 vehículos, decomisado más de 1 millón de dólares en efectivo y casi 50 mil porciones de droga. A los funcionarios y a los diputados que dieron sus votos para la prórroga se les olvidó decir que la mayoría de los y las detenidas viven en el umbral de la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos del Ejecutivo. Mucho menos reconocieron que, según las estadísticas, más de la mitad de los detenidos son menores de 30 años, lo que refleja una persecución contra la población joven y pobre. Tampoco mencionaron ellos –sí lo hicieron legisladores de la oposición- a los miles de casos que han sido denunciados como detenciones injustas, arbitrarias y que algunas reúnen las características de desaparición forzada. Y por supuesto, no hicieron mención de los más de 60 asesinatos que han ocurrido en los centros penales cuando estaban ya bajo la tutela del Estado. Para los funcionarios del Gobierno estos son solo daños colaterales, como lo resumió el mismo Vicepresidente de la República, y como también han afirmado algunos académicos que han dejado a un lado la razón y la dignidad. Ciertamente el pueblo salvadoreño está harto del daño infligido por las pandillas y de estar esclavizados en sus propias colonias. Precisamente por eso, ha aumentado la tolerancia a medidas desesperadas que se llevan de encuentro a inocentes. En la actual administración presidida por Bukele no valen las razones ni las evidencias. Está a la vista que las medidas extraordinarias que se vuelven ordinarias, como el Estado de Excepción, abren las puertas a que se cometan graves injusticias y abusos por parte de las autoridades. Pero el gobierno extiende y extenderá el régimen de excepción porque tiene un alto respaldo social y porque el presidente no tiene otra medida exitosa de la cual agarrarse. Además, como sucedió también durante la pandemia, la medida le permite al Gobierno seguir evadiendo los procedimientos legales para el uso del dinero, la rendición de cuentas y la transparencia, ausentes en toda su administración. Es decir, el régimen de excepción, además de ser popular, se presta para la corrupción. Lo de Bukele no es nuevo como la mayoría de cosas que hace, aunque las presente como novedades históricas. En los gobiernos de Arena, una política estrella en materia de seguridad fueron los Estados de Emergencia. En las políticas de Mano Dura fueron comunes los Estados de Emergencia que se extendían indefinidamente mediante decretos legislativos o ejecutivos. Las medidas se implementaron cuando el país vivía una “emergencia” en materia de seguridad, pero se extendieron hasta convertirse en casi permanentes. Por ejemplo, la Constitución avala el uso de efectivos del Ejército en labores de seguridad pública durante situaciones extraordinarias. La historia reciente nos revela que la Fuerza Armada ha sido parte fundamental de las medidas de seguridad pública de manera ininterrumpida desde las políticas manoduristas, llegando a ser la protagonista de la seguridad pública en este gobierno de Bukele. Como se sabe, el régimen de excepción suspende los derechos de asociación, a la intimidad en las comunicaciones, el derecho a la defensa, conocer las razones de la detención y extiende el periodo de detención preventiva de 72 horas a 15 días. Desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que la medida revela es la incapacidad gubernamental de combatir la criminalidad dentro del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Y cuando cualquier medida que se implemente lleve intrínseca la violación a cualquier derecho humano, esa medida está mal planteada. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.

En general, la lógica de actuación del Gobierno de Bukele suele seguir los mismos tres pasos. En primer lugar, se selecciona una temática, actividad o instancia que genera descontento o insatisfacción entre la población. Ese descontento se exacerba para que la gente acepte cualquier medida con tal de librarse de la situación o problema. Luego, en segundo lugar, se promete crear un nuevo escenario que traerá grandes beneficios. Finalmente, el Gobierno implementa unas acciones que, pese a ser presentadas como históricas y novedosas, en realidad causan tantos o mayores problemas que lo que se pretendía superar. Bajo esta lógica se abordó el nepotismo de las administraciones anteriores. Mientras con escarnio público eran despedidos del Gobierno familiares de dirigentes del FMLN, hermanos, primos, tíos, compadres y empleados de las empresas del presidente comenzaron a ocupar cargos importantes, arrastrando a la vez a sus propios familiares. Los nuevos funcionarios no fueron nombrados por sus competencias profesionales y principios éticos, sino por su lealtad personal al mandatario. El resultado está a la vista: un gabinete incapaz de gestionar la cosa pública y que en muchas facetas supera los vicios de sus antecesores. Con esa lógica también se destituyó a magistrados, jueces y fiscales para nombrar a otros dóciles a Casa Presidencial. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia dejó de ser la máxima administradora de la justicia del país para convertirse en ejecutora de las decisiones del Ejecutivo, sumándose a una Asamblea Legislativa convertida en simple tramitadora de las iniciativas presidenciales y una Fiscalía que persigue a opositores y protege a los miembros del oficialismo. Sobre el Tribunal Supremo Electoral se cierne ya el peligro de dejar de ser el administrador de los procesos electorales para transformarse en mero legitimador del ansia de continuidad de Bukele. El mismo libreto se siguió para suprimir el Fodes, argumentando que las municipalidades no lo usaban bien o, peor aún, lo malversaban, y crear, como una especie de sustituto, la Dirección de Obras Municipales. Esto supuso un retroceso de décadas en el camino de la descentralización. Ahora las municipalidades dependen de las decisiones de una instancia al servicio del presidente. El mandatario ha logrado que la gente pase de decir: “La alcaldía arregló esta calle”, a expresar agradecida: “Nayib mandó a repararla”. Ahora es el turno del deporte más popular del país. Ante las acciones del Indes contra la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos periodistas y cronistas deportivos opinan que lo único importante es que se den cambios en una estructura deportiva caracterizada por la arbitrariedad, la opacidad y la mediocridad. Sin embargo, es pura ingenuidad pensar que estos vicios serán subsanados por un Gobierno que padece de lo mismo. Lo que está pasando con el fútbol hay que contextualizarlo en la enfermiza obsesión del Ejecutivo por controlar todo el poder. Se aprovecha el descrédito de los dirigentes del futbol profesional; se prometen cambios de raíz para mejorarlo y convertirlo en exitoso. Si sucede lo ya acostumbrado, el resultado será más arbitrariedad, más opacidad y más mediocridad, pero sufragados con los impuestos de la ciudadanía.

Por José M. Tojeira, S.J. A todos los seres humanos la conciencia nos pide buscar la verdad y a decirla. Y, sin duda, en estos tiempos de propaganda, fabricación artificial de imagen, relativismo y “posverdad”, la búsqueda de la verdad, que debe ser simultáneamente personal y colectiva, se vuelve mucho más necesaria que en otras épocas. Ya hace sesenta y un años, en la Encíclica Pacem in Terris, el Papa S. Juan XXIII decía que todos estamos llamados a “establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad”. Resuenan en este mensaje las palabras de Jesús en el evangelio de Juan anunciando que “la verdad nos hará libres”. La verdad que no excluye valores humanos básicos y que invita siempre al amor y la fraternidad, al contrario de las técnicas de la posverdad que tratan de repetir consignas y afirmaciones hasta que resultan creíbles, aunque sean falsedades carentes de valores. En ese sentido la verdad nos resulta hoy más desafiante cuando escuchamos al Papa Francisco, en la “Fratelli tutti” diciéndonos que en la actualidad, y con frecuencia, “la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. En El Salvador los grandes testigos de la verdad, han sido los mártires, seguidores del Señor Jesús que de nuevo en el evangelio de Juan nos decía que “para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad”. Ellos insistieron en la necesidad de que los salvadoreños viviéramos como hermanos en un momento en el que la violencia y el odio, la injusticia y la represión, se cebaba en los más débiles. Y les tocó por ello asumir la cruz que ya el Señor había anunciado a sus discípulos cuando les decía que “el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”. Hoy nos toca a todos los cristianos poner la verdad en la solidaridad con los que sufren, desterrar las mentiras y cambiar la polarización y las llamadas al odio. Debemos esforzarnos por entendernos, dialogar y buscar juntos ese bien común que está en la Constitución de la República, además de en la Doctrina Social de la Iglesia, y que hay que entender como “el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. Dicho esto por el Concilio Vaticano II hace casi sesenta años, hoy los expertos en desarrollo le dan totalmente la razón cuando dicen que el desarrollo humano pasa necesariamente por el pleno desarrollo de las capacidades humanas de cada persona y por la aportación a todos de capacidades adquiridas que son de conocimiento y propiedad común. Al final, la verdad más importante que debemos tener en cuenta los cristianos tiene una doble cara complementaria. La cara del principio básico y concreto que hay que cumplir, y el rostro de las víctimas que soportan y reclaman la privación de sus derechos . Sobre el agua, un derecho de todos, hay que tener claro el principio universal de agua accesible y sana en el hogar. Y hay que escuchar a quienes no la tienen y a quienes defienden el derecho a ella. La verdad del bien común se centra siempre en el cambio social que nos exige la fe y la caridad cuando vemos hermanos nuestros careciendo de derechos de humanidad. Nada justifica la marginación, la violencia, la venganza o el odio en sociedades que están llamadas a la fraternidad y a construir un proyecto común de colaboración y solidaridad. Cuando los Padres de la Iglesia decían que “la verdad está desnuda” se referían a Jesús crucificado. Es la verdad del amor que carga con la cruz para superar las cruces que cargan los oprimidos por el pecado y la injusticia. Como decían los obispos en Puebla, los rostros de nuestros hermanos sufrientes, víctimas de la pobreza injusta y de estructuras sociales insolidarias.

Uno de los elementos distintivos del Gobierno de Nayib Bukele es el establecimiento de nuevas narrativas respecto a situaciones y problemas sociales. Frente a la tendencia de las pasadas administraciones a dialogar con los organismos internacionales, exponer análisis y discutir con alguna racionalidad posibilidades de futuro, el Gobierno actual ha optado por el pensamiento simple. Las nuevas ideas se convierten así en eslóganes publicitarios puros. Ciertamente, el pensamiento complejo de las administraciones anteriores tenía una buena dosis de hipocresía: aunque prometían la superación de vulnerabilidades y gobernar para los pobres, no solo no respondieron a las exigencias sociales de las mayorías, sino que avalaron prácticas corruptas. El oficialismo tampoco es ejemplo de coherencia, pero su discurso simple resulta más inteligible para la gente y toca fibras emocionales largo tiempo reprimidas. En la sociedad salvadoreña, los vínculos familiares se viven con intensidad, la solidaridad frente a las catástrofes es fuerte y hay un amplio sentimiento de compasión ante el que sufre. Pero a raíz de diversas y añejas injusticias, y de aspiraciones de ascenso social frustradas, abundan los resentimientos y complejos, a lo que se suma el machismo y sus diversas violencias. Las nuevas narrativas apuntan a ese bajo mundo de sentimientos frustrados. La culpa de todo lo que pasa, afirma el oficialismo, está en el pasado, y por ello solo hay dos opciones: o el futuro presidido y dirigido por Nuevas Ideas, o el pasado de los corruptos de siempre. Las instituciones solo sirven si obedecen al que manda y se ciñen sin discusión a los lineamientos de la propaganda. El plan establecido consiste en tocar las emociones, generar odio contra todo disenso y hablar de un futuro maravilloso cuya realización depende de la reelección del presidente. De este modo se ha creado una especie de nacionalismo gubernamental, y desde ahí se llama traidor a cualquier persona o institución crítica, amenazándola incluso con confundirla con criminales y delincuentes. El ojo por ojo, la mentira desvergonzada y la estigmatización son propios de estas nuevas narrativas. La forma atinada de responder a este pensamiento simple es la coherencia personal a, y defensa de, los valores expresados en los derechos humanos. El pensamiento complejo no tiene que ser abstracto o indescifrable, pero sí proponer proyectos de realización común comprensibles para la población. Alguna gente se ha cansado de los derechos humanos debido a la manipulación gubernamental pasada y actual de los mismos. Sin embargo, los derechos humanos son la base del humanismo democrático y del desarrollo basado en la solidaridad y en la igual dignidad. La coherencia, la resistencia y la perseverancia son virtudes necesarias cuando el cinismo, la manipulación de la verdad y el culto a la apariencia se alzan como si fueran valores. Frente a quienes llaman bien al mal y mal al bien, y se imponen desde la propaganda y la fuerza, solo queda el camino de la fidelidad a la verdad de la realidad y a las necesidades de una convivencia justa y humana. Tarde o temprano, ese andar termina derrotando a quienes abusan del poder y buscan sustituir la verdad con sus mentiras.

Editorial UCA Mientras los voceros y propagandistas del régimen aseguran que han transformado el país, que hoy El Salvador es mucho mejor que hace tres años, la realidad dice otra cosa. Para mantener su espejismo, el oficialismo cuenta con sus propios medios de comunicación y realiza enormes gastos en propaganda, ha reclutado un ejército de replicadores de falsas noticias y un grupo de ilusionistas que a diario vende lo que no existe, lo que ellos llaman “la otra cara”. Ciertamente, el régimen dice la verdad cuando afirma que en sus tres años de gobierno ha transformado el país, pero miente cuando afirma que este se encamina hacia un futuro de prosperidad y bienestar. En este trienio se ha retrocedido en aspectos clave para el desarrollo nacional y el bienestar de la gente. Se ha debilitado la economía, se ha comprometido las finanzas públicas por el incremento del endeudamiento a niveles inéditos, se ha fragmentado más el tejido social atizando el odio entre hermanos y la polarización, se ha perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, se ha destruido el Estado de derecho y se han desactivado los controles al ejercicio del poder propios de un sistema democrático. El cambio más trascendental que ha logrado el oficialismo en estos tres años es la transformación del sistema político democrático en uno autocrático. Todo el poder lo concentra ahora el presidente de la República. Él decide lo que legisla la Asamblea Legislativa y a quién juzga o libera el órgano judicial. Bukele acabó con la independencia de poderes, que es lo propio de un sistema republicano y una de las principales bases de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, el Ejecutivo ha extendido su poder hasta las municipalidades, al quitarles los fondos que recibían del presupuesto nacional y pasarlos a la Dirección de Obras Municipales. De ese modo, el Gobierno decide en qué obras y en qué municipios se utiliza el dinero que antes administraban las alcaldías. Hoy todo el mundo sabe que nada se hace en el país si no está ordenado o aprobado por Casa Presidencial. Con esta concentración de poder en una sola persona, la población ha quedado totalmente desprotegida, no cuenta con ningún apoyo estatal para hacer valer la ley y defender sus derechos. Fácil fue para el régimen aprobar un estado de excepción por 120 días; fácil aprobar las modificaciones legales para que sin necesidad de estado de excepción se pueda continuar violando los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Hoy los jueces decretan prisión para cientos de personas de las que no tienen ninguna evidencia de que hayan cometido un delito; lo hacen simplemente por agradar al presidente o por temor a represalias. Cada vez más salvadoreños viven la pesadilla de ser capturados sin justificación alguna o por haber sido acusados anónima y falsamente de pertenecer a una pandilla. Ante la pérdida del Estado de derecho y la instauración de este orden perverso, las familias no tienen modo de demostrar que su pariente es honesto y trabajador, que no debe nada, y que, por tanto, debe ser puestos en libertad de inmediato. Así, la pesadilla pasa a ser colectiva, atormentando tanto a unos como a otros, y no limitándose al tiempo de detención: cuando los injustamente capturados recuperen su libertad, cargarán el estigma de haber estado presos bajo la acusación de ser pandilleros, lo que les afectará de por vida, aunque no sea verdad. De este modo, el régimen de Bukele está destruyendo la vida de miles de jóvenes y sus familias.

No solo la seguridad se encuentra a la deriva. El discurso presidencial también desvaría entre la desmemoria y la incapacidad operativa. Ocho funcionarios, seis de ellos ministros, no pudieron dar cuenta del mal estado de la infraestructura nacional. En su comparecencia, una vez rendida la pleitesía debida a su jefe, los ministros atribuyeron los daños causados por la tormenta tropical Bonnie a los regímenes anteriores, a la población mal educada y al cambio climático. Las inundaciones, los derrumbes y las vías de comunicación intransitables, los techos colapsados de los hospitales, la inhabitabilidad de las escuelas y los muertos, todo ello es “herencia de 30 años de mala administración” de Arena y del FMLN, “resultado de un desorden urbanístico […] que nunca se corrigió”, el “alcantarillado es viejo, obsoleto”, “los techos datan de décadas”, “nos heredaron un sistema hospitalario paupérrimo” y “un país completamente destruido”. La población tiene también, según los funcionarios, mucha culpa en lo ocurrido, porque tira la basura incivilizadamente en cualquier sitio y bloquea los desagües, y porque “durante décadas se dejó vivir a cientos de miles de familias sobre o bajo un talud y en todas las quebradas”, con lo cual “muchas casas a la orilla del río fueron minadas y se fueron al río”. Y, por último, el cambio climático, pues “el agua creció de manera tan fuerte que incluso los puentes se doblaron y no era por escombros, era por la simple fuerza del agua”. Pero, en su momento, Bukele anunció triunfante: “Estamos remodelando toda la red hospitalaria” y, subrayó, “no son reparaciones cosméticas”. Al parecer, olvidaron los techos. Y, en esa misma línea, el ministro responsable de las obras públicas saludó orgulloso como un éxito de Bukele la reparación de la cárcava que se volvió a abrir. Por eso, borró el tuit y aclaró que la reparación fue otra. Los ministros han olvidado que el mismo Bukele desautorizó sus excusas hace tiempo. En “los primeros seis meses o el primer año de un gobierno, pues, tendrá los problemas heredados, pero ya después de varios años, llega el momento en que tienes que asumir que la responsabilidad es tuya”. Atrapados, los ministros atribuyeron el desastre al cambio climático y al calentamiento global, dos cuestiones que no figuran en la agenda de Bukele. No firmó el Acuerdo de Escazú sobre la protección del medioambiente, porque “no se puede dejar de construir viviendas”, y descartó el cuidado del planeta como “tramitología” contraria a la expansión del capitalismo depredador. Muy consternados debieron sentirse los ministros para recurrir a un argumento ignorado por su jefe. En cualquier caso, en tres años no se han ocupado de las zonas protegidas ni del riesgo ambiental. Todo lo contrario, han autorizado proyectos que han aumentado la vulnerabilidad del país a los fenómenos climatológicos. Es cierto que heredaron una infraestructura deteriorada, pero han tenido tres años para comenzar a reconstruirla y a mejorarla. En lugar de asumir el desafío, optaron por la comodidad y se han conformado con hacer promesas fantásticas. Ningún tren, aeropuerto o ciudad, ni siquiera la turística, es viable sin una infraestructura sólida. Bukele se contenta con repartir dispositivos electrónicos en el sistema educativo mientras las escuelas se caen a pedazos. Ofrece “nacer con cariño”, pero sin financiamiento. Invierte en una cárcel gigantesca o en un hospital para mascotas, mientras muchos de sus seguidores viven en sitios de alto riesgo no voluntariamente, sino porque no tienen donde vivir digna y seguramente. La tormenta tropical puso en evidencia el abandono en el que se encuentran el territorio y sus habitantes. Los datos disponibles muestran que la capacidad de ejecución de los ministros que dieron la cara es muy baja y su comparecencia no fue la más feliz. Conscientes de su fracaso, alegaron que “cerrar las heridas de décadas […] no es fácil” y volvieron a prometer, sin plazo de cumplimiento, trabajar “para una solución integral”, de tal manera que los damnificados “ya no vivan en una zona vulnerable”. Nadie se atreva a dudar que “se mantiene esa promesa del presidente”. Un gobernante sensato ya habría despedido a estos ministros por inútiles. Pero Bukele está atrapado. No los puede despedir sin asumir la responsabilidad de lo ocurrido, ya que toda la actividad gubernamental depende directamente de él. Sus ministros solo cumplen órdenes. En tres años no han avanzado en la reducción de los riesgos medioambientales, en la prevención de los desastres y en la capacidad para responder pronta y eficazmente a los fenómenos naturales. Dinero no les ha faltado, sino ejecución eficaz. Rápidos en el tuit, pero lentos en el hacer. De palabrería fácil, pero cortos en las obras. “Nosotros no estamos para dar excusas”, dijo Bukele en su momento, “sino para trabajar al máximo por los salvadoreños”. Eso es, precisamente, lo que hicieron sus ministros: acusar a otros. Si ya alcanzaron su máximo rendimiento, su c

Por los interés en juego y todas las señales al respecto, era solo cuestión de tiempo para que la reelección presidencial fuera impuesta por el oficialismo como tema de la agenda política y pública. Ante los argumentos y falacias que al respecto se ventilan a diario, conviene volver la mirada al texto de la Constitución para dilucidar si el asunto en verdad ameritaba una interpretación constitucional o ya estaba claramente abordado en la máxima ley de la República. En su primer ordinal, el artículo 152 dice que no puede ser candidato a mandatario “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154, que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Por otra parte, el artículo 75, ordinal cuarto, manda que pierdan los derechos de ciudadano “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según el artículo 131, ordinal décimo sexto, la Asamblea Legislativa debe “desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional”. Finalmente, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. ¿Son claros los artículos anteriores o dan lugar a confusión? Independientemente de la conclusión racional a la que se llegue, las posturas ya han sido tomadas. Es sintomático que quienes se oponen a la reelección citan casi siempre los textos constitucionales y que quienes la apoyan suelen aludir más bien a la voluntad popular, antes que a la ley. Lo que vive El Salvador no es nuevo. En Nicaragua, la Constitución establecía que los presidentes podían ser reelectos una vez, pero no para períodos consecutivos. En 2009, la Corte Suprema avaló la reelección de Ortega y dejó abierta la puerta para una reelección indefinida. Ortega fue el último en pronunciarse sobre su propia reelección, hasta que el pueblo supuestamente se lo pidió. Después de 2006, se reeligió en 2011, 2016 y 2021 en unos comicios amañados. En total, contando su primer mandato (1985-1990) y sus años como coordinador de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1981-1984), Ortega lleva aproximadamente 25 años en la presidencia nicaragüense. El otro caso es el de Honduras, con Juan Orlando Hernández. Allí también la Constitución prohibía la reelección. En 2016, Hernández, como presidente en funciones, recurrió a la sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner a los suyos, que manipularon la Constitución y avalaron su reelección para un segundo período (2018-2022). El mandatario dijo entonces que la mayoría del pueblo hondureño apoyaba su reelección y que, por tanto, era el pueblo quien tenía que decidir. Se afirma que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La máxima cabe extenderla para el pueblo que no toma lecciones de los desaciertos de sus vecinos. El presidente Nayib Bukele ha recorrido el mismo camino que Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. En consecuencia, cabe suponer que su destino será o bien el del mandatario de Nicaragua, que resiste en su trono bañado en desprestigio y aislamiento internacional, o el del expresidente hondureño, que enfrenta la justicia en un sistema al que no podrá comprar ni del cual podrá escapar.

Rodolfo Cardenal 07/07/2022 La construcción idílica más reciente de Casa Presidencial, el “salto más grande […] en educación” gracias al reparto de dispositivos electrónicos y el padre amoroso con su hija, se hizo añicos de la mano del asesinato de tres agentes de la PNC. Un serio revés en una guerra supuestamente exitosa. La obsesión presidencial con llevar cuenta de los días con “cero homicidios” quedó mal parada. El día siguiente, un militar retirado fue asesinado. Poco después hubo otro homicidio en oriente, más varios pandilleros muertos en presuntos enfrentamientos con la Policía. Los homicidios no han desaparecido. Estos hechos sangrientos evidencian de nuevo que Bukele no controla el territorio y, por tanto, tampoco puede proteger a sus agentes. Los ha convertido en “héroes” para evadir la indefensión con la que los despliega en un territorio no controlado. La desorganización es tal que ni siquiera ha podido explicar con claridad lo ocurrido. La respuesta al asesinato de los agentes (las otras víctimas no interesan) ha sido la usual: despliegue militar y mediático “con mayor penetración” y, sobre todo, “visible para la población”; arremetida contra los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y promesa de mayor represión. El monólogo presidencial que siguió a los hechos está plagado de expresiones que traslucen el desconcierto del amor propio herido: “los pandilleros son tontos”, “las pandillas van a pagar”, “no vamos a retroceder”, “ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, “estamos combatiendo al mismo demonio”, “vamos a arreciar la lucha […] sin importar quién se queje”. Es desconcertante que un mandatario que apuesta fuerte por la violencia armada haya pensado que podía librar una guerra sin bajas en sus filas. La rabia que el monólogo trasluce evidencia la insensatez con la que decide, sin medir las consecuencias. Las bajas están directamente relacionadas con la opción por la violencia. El llamado gabinete de seguridad ha calculado mal sus fuerzas y sus capacidades. Si tanto aprecia la vida de sus agentes, parece que ha llegado el momento de replantear la opción guerrerista y buscar alternativas que no los hagan correr riesgos innecesarios. Asombrosamente, los directores del control territorial no advirtieron el peligro que corrían los agentes asesinados, pero, en cuestión de horas, identificaron y capturaron a sus asesinos. Si la persecución y la detención han sido tan eficaces, cómo explican que su inteligencia no haya detectado el peligro e impedido los asesinatos. Si los capturados son los asesinos, dicha inteligencia los conoce bien y pudo anticipar el ataque. O no son los asesinos ni existe inteligencia alguna. No sería la primera vez que el régimen presenta a inocentes como asesinos. El gabinete de seguridad debe una explicación a los familiares de los agentes y a la opinión pública. La falta de claridad y la manipulación mediática de los hechos trivializan la tragedia de los agentes y constituyen una burla cruel al dolor de sus familiares y sus amistades. El gabinete de seguridad oculta su torpeza en la desinformación. Contrario a lo que asegura Bukele, el régimen de excepción no “ha sido vital para alcanzar múltiples resultados en la guerra contra las pandillas”. El desconocimiento del plan y sus objetivos impide apreciar esos “múltiples resultados”. Los únicos constatables son los tres agentes asesinados, la transformación de las cárceles en campos de concentración y la presencia activa de las pandillas en el territorio. De hecho, así lo reconoce él mismo, en su monólogo, al afirmar, a la defensiva, que estas “siguen afuera con la capacidad de causar mucho daño, dolor y muerte”. Un desliz iluminador que desmiente el éxito del plan de control territorial y de la excepción. Es temerario sostener que a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos “no les importa” el asesinato de los agentes. Sí les importan y no es “motivo de celebración”, ni para ellos, ni para los medios de comunicación. El malogro de la seguridad lleva a desbarrar para escabullir las responsabilidades presidenciales. Precisamente, esa es la razón por la cual esos organismos sostienen que la guerra no es la solución. La contradicción disgusta mucho a Bukele, más que el fracaso de sus proyectos. En cualquier caso, dichos organismos no son las responsables de la violencia social. Desde hace ya tres años, el único responsable de la seguridad ciudadana es Bukele y su gabinete. Su gran desacierto consiste en la incapacidad para captar la complejidad de la violencia social, en ordenar medidas simplistas y en no medir las consecuencias de decisiones arrebatadas. Ejemplo típico de ello es la orden de desplegar operativos en “zonas aledañas y otras partes relacionadas del país”, es decir, en cualquier lado, para “castigar a los responsables, sean autores materiales, intelectuales y financistas”, es decir, no sabe quiénes son en realidad. Dicho de otra manera, la seguridad ciudadana está

Recientemente, el estado de excepción fue abordado de dos maneras radicalmente diferentes entre sí por dos figuras públicas del país, el cardenal Rosa Chávez y el vicepresidente de la República. El cardenal dijo con claridad que la persecución del crimen debe hacerse de una manera diferente a la actual; es decir, investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. El vicepresidente llamó “guerra” al estado de excepción, invocó el derecho humanitario para justificarla, afirmó que en todo conflicto bélico hay “daños colaterales” y que, al final, los errores son pocos, y aunque se deben corregir, no le quitan el mérito a las acciones. Frente a la posición humanista del cardenal, partidario de que la lucha contra el crimen se lleve a cabo desde la civilidad, el vicepresidente resta importancia a los errores e injusticias que se están cometiendo. ¿Los 45 mil privados de libertad son presos de guerra? ¿Se les aplicarán los Convenios de Ginebra, que protegen a los combatientes capturados? ¿Hay en el país una guerra civil? Frente al “balance altamente positivo” y la “operación correcta” de los que habla el vicepresidente, está la frase pensada, cristiana y pacifista del cardenal: “Todo ser humano merece un trato digno. Ha habido muchos excesos [durante el estado de excepción] y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente”. Frente a la indiferencia ante el dolor de las personas y sus familias que han sufrido injusticias, está la razón cordial que habla de seres humanos. Mientras el cardenal pide reflexión, el vicepresidente amenaza: “Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del Gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos". Esa afirmación despierta nuevas preguntas: ¿la peculiar guerra de la que habla el vicepresidente permite la violación de derechos humanos?,¿defender la dignidad humana, incluso de los malvados, es delito de guerra? Por su lado, el cardenal recuerda que los detenidos son seres humanos, que entre ellos hay un buen número de inocentes y que la persecución del crimen no implica tratos crueles y degradantes. Las palabras del vicepresidente, dividiendo al país en buenos y malos, y estableciendo la guerra de unos contra otros, no son prudentes ni dignas de un profesional. Que un abogado y docente universitario se exprese de ese modo es incomprensible, trágico. El país necesita racionalidad y sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de por la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el lenguaje guerrerista abre la puerta a que, tarde o temprano, se justifiquen crímenes. En la historia del país abundan ejemplos al respecto. ¿Para combatir la delincuencia es necesario repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la guerra civil? ¿No hay más opción que regresar al pasado?

La tormenta Bonnie mostró con claridad y evidencia que el Gobierno de El Salvador carece de planes para casi todo, incluyendo la gestión de riesgo ante eventos naturales; su forma común de actuar es la improvisación. La tormenta fue detectada días antes de que pasara frente a la costa del país. Se conocía perfectamente su procedencia, ruta, potencial de viento y lluvia, tiempo y zonas de impacto. A pesar de ello, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Como ya es habitual, en lugar de actuar con anticipación (desalojar a los habitantes de las zonas con peligro de inundación o de deslaves, y colocarlos en albergues, por ejemplo), se optó por hacer a posteriori. En esencia, Bonnie no fue distinta a otras tormentas de gran intensidad que han caído sobre el área metropolitana de San Salvador. Las localidades más afectadas fueron las de siempre, aquellas cuya vulnerabilidad es de sobra conocida porque resultan dañadas evento tras evento, como la colonia Santa Lucía y las comunidades aledañas al río Acelhuate en la zona de La Chacra. A pesar de esta pública vulnerabilidad, en los tres años de gestión de Nayib Bukele no se han revisado ni reformulado los mapas de riesgo, ni se ha trabajado en un plan nacional o departamental de reducción de riesgos, como la ley lo establece. Sin ellos no es posible tomar las acciones de prevención y mitigación requeridas para proteger eficazmente a la población que vive en zonas vulnerables. A falta de prevención, la acción reactiva se improvisa y es desproporcionada. En el caso de Bonnie, se declaró una emergencia nacional y se suspendió en el país toda actividad de los centros educativos (incluso las administrativas) a pesar de que la tormenta no había afectado a la mayoría del territorio nacional ni se avizoraban nuevos eventos climáticos peligrosos. La suspensión debió aplicarse solo en las zonas que habían sido afectadas por las lluvias torrenciales del sábado 2 de julio y en las que era riesgoso que la niñez y la juventud se desplazará a sus lugares de estudio. Tan desproporcionada fue la medida que incluyó la suspensión de las actividades educativas virtuales. La suspensión por tres días, cuya prolongación se anunciaba cada día en la noche, no solo privó a todos los niños y jóvenes salvadoreños de su educación (ya muy afectada por la pandemia), sino que creó incertidumbre y ansiedad. Además, perjudicó el desempeño organizativo de las instituciones educativas. Así es difícil que la educación mejore y adquiera los niveles de calidad que el desarrollo del país requiere. El ministro de educación, consciente de lo injustificado y absurdo de la medida, se apoyó en el poder del miedo: amenazó con sanciones y desplegó a funcionarios que verificaron in situ el cumplimiento de la suspensión, ignorando la libertad de la que gozan por ley las instituciones educativas privadas. Atemorizar es ya una práctica de rigor del Gobierno de Bukele. Se utilizó para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria; se utiliza para acallar las voces críticas y para que la población no reclame sus derechos. Los cambios en el código penal y los abusos que el estado de excepción permite son útiles para controlar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Un Gobierno de esta naturaleza, tan amigo de la improvisación y el miedo, no tiene la capacidad para resolver los problemas nacionales. Sin interés en llegar a soluciones atinadas, planificadas y consensuadas, atemoriza a la población para que acate sin rechistar sus órdenes, por absurdas que sean.

Por Rodolfo Cardenal La cantinela del régimen contra las organizaciones de derechos humanos es una muestra de debilidad y de pobreza intelectual. Si está tan seguro de su posición política y de su popularidad, por qué presta tanta atención a unas cuantas organizaciones que lo señalan por violar sistemáticamente los derechos humanos. Si está tan convencido de la eficacia de la soberanía nacional, por qué pierde el tiempo y gasta energías en los organismos internacionales. Si está persuadido de estar habilitado para ejercer el poder absoluto, las diatribas contra las instituciones nacionales independientes es un desvarío. Tal vez el origen del malestar sea el temor de que ese discurso acabe por penetrar en la opinión pública y encienda la chispa de una movilización popular masiva. Si una porción significativa de los actuales seguidores locales del régimen toma conciencia de la contradicción entre sus derechos civiles, políticos, sociales y humanos, y la realidad que experimenta diariamente, la popularidad presidencial puede comenzar a resquebrajarse. Otra posibilidad, sin excluir la anterior, es la susceptibilidad frente a la crítica y la disidencia, propia de figuras inseguras y con poco bagaje intelectual para defender sus ideas y sus decisiones. Son personalidades acostumbradas a ordenar y a ser obedecidas automáticamente, tal como revelan los tuits de los funcionarios. Sea lo que sea, el hecho incontrovertible es que el Bukele autoritario, antidemocrático y violador de los derechos de la ciudadanía ya es un referente obligado de la prensa internacional. Bukele figura en compañía de los Bolsonaro, los Maduro, los Díaz-Canel y los Ortega latinoamericanos. Un artículo de The Economist del 18 de junio, dedicado a la criptocracia, concluye que “una moneda volátil y un líder volátil sugieren un futuro volátil para El Salvador”. Ningún otro mandatario nacional, ni siquiera los coroneles de la dictadura, había recibido semejante distinción. El sarcasmo contra la prensa internacional y la institucionalidad internacional contribuye a confirmar ese juicio negativo sobre el presidente que quiso ser cool. De ahí que sea un desgaste innecesario insistir en la descalificación y el insulto. La forma más eficaz para modificar esa imagen negativa es cambiar el rumbo de la gestión gubernamental. Pero, por ahora, eso no es posible. La vanidad y el orgullo, combinados con la inseguridad y la impaciencia, son obstáculos insalvables. Además de las limitaciones personales, las circunstancias lo desaconsejan. En Washington, la posición de Bukele está muy comprometida. Sobre él se cierne, amenazadora, la sombra del expresidente de Honduras, extraditado y sentado ante un tribunal estadounidense, acusado de varios crímenes. Según fuentes gubernamentales estadounidenses, algunos de los colaboradores más cercanos de Bukele podrían ser inculpados, en un tribunal de Nueva York, por “actividades criminales transnacionales graves”; en concreto, tráfico de drogas, secuestro, tráfico y trata de personas, asesinato, extorsión y chantaje. La acusación se fundamenta en las declaraciones de varios testigos salvadoreños, recabadas en los últimos meses por una fuerza de tarea. Los testimonios de los líderes de la MS-13, cuya extradición Bukele niega, podrían ampliar la acusación hasta alcanzar la cima del poder presidencial. Por eso, a uno lo envió a Guatemala y a otro lo resguarda en una casa de seguridad. Estos líderes son la excepción del régimen de excepción. Washington ha dejado entrever también que no duda de la relación de la tregua con el descenso de los homicidios ni de la participación directa de Bukele. La filtración no es un descuido de funcionarios inexpertos, sino un mensaje para él y los suyos. Washington tiene claro que el plan de control territorial es una patraña y que la represión es insostenible. Y deja claro el futuro que aguarda a Bukele y los suyos si se mantienen en sus trece. Estos tienen las de perder, al igual que el expresidente hondureño y su hermano. Es cuestión de tiempo. Las fuentes aseguran que Washington valora el momento oportuno para iniciar la acción judicial. Sin embargo, no todo está perdido. La negociación con Washington es una salida. Si Bukele aceptara extraditar a los criminales reclamados por la justicia estadounidense, respetar la institucionalidad democrática y sacrificar a los corruptos más connotados de su entorno entregándolos a la justicia, Washington tal vez mire hacia otro lado y haga borrón y cuenta nueva. No sería la primera vez, y lo suele hacer sin asco. Bukele, en cambio, obtendría la legitimidad derivada de Washington, el refinanciamiento que necesita desesperadamente y quizás, incluso, hasta le toleraría la reelección. El dilema de Bukele es la ruina nacional y personal, o la negociación. No rectificar implica fracasar a corto plazo y, probablemente, enfrentar a un juez estadounidense a mediano plazo. Negociar exige una buena dosis de modestia y de oportunismo político, cualidades que ya

Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, murió dentro del penal. Según el informe de Medicina Legal entregado a la familia, la muerte fue por asfixia mecánica por estrangulación. El joven fue capturado arbitrariamente por autoridades de la Policía Nacional Civil, en el marco del Régimen de Excepción, la noche del 18 de abril en su vivienda ubicada en Jucuapa, departamento de Usulután. Solórzano Hernández fue llevado a las bartolinas de Jucuapa y luego se trasladó al penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona. Al joven, que era taxista, le decretaron detención provisional en la audiencia inicial por el delito de organizaciones terroristas. La familia asegura que sin pruebas lo mantuvieron en la cárcel, esperando la programación de una segunda audiencia que nunca llegó. El jueves 7 de julio, por la tarde, las calles de Jucuapa se llenaron de amigos y familiares para dar el último adiós a Adrián. Lágrimas y tristeza inundaron a la decenas de personas que acompañaron el féretro. Según su familia, el joven era una persona muy querida en la zona, incluso ayudaba a muchos miembros de su familia y amigos.

Quizá los daños causados por las últimas tormentas convenzan de una vez de que el 88% del territorio nacional es altamente vulnerable y que el 95% de la población vive expuesta a algún tipo de riesgo. La mezcla de vulnerabilidad y fenómenos naturales intensos es explosiva, pues causa desastres sociales, económicos y humanos. La reciente tormenta Bonnie dejó dos muertos, decenas de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales. Hace 15 días, las lluvias de junio, de acuerdo a los reportes de Protección Civil, provocaron la muertes de ocho personas. Las de junio de 2020, hace dos años, en plena pandemia, se saldaron con 30 personas muertas, una desaparecida y 12 mil 651 refugiadas. Ese mismo año, a finales de octubre, un deslave dejó nueve muertos y arrasó las viviendas de la comunidad Los Angelitos, en el municipio de Nejapa. Por la falta de planificación del desarrollo urbano, las grandes ciudades del país han crecido de manera desordenada, solo respondiendo al afán de lucro de las empresas inmobiliarias. Esto ha provocado que se usen los suelos con vocación forestal para levantar complejos habitacionales, las zonas de recarga hídrica para construir carreteras o diversas infraestructuras. Con el mismo propósito se ha desviado los cauces de ríos y quebradas. Todo esto le está pasando factura al país, afectando en mayor medida a los más pobres. La ciencia y la experiencia demuestran que los desbordamientos se incrementan cuando se altera o interviene la circulación natural de los cursos de agua; que los desbordamientos ocurren sobre todo en zonas altamente desforestadas y en barrios y colonias que no cuentan con sistemas efectivos de alcantarillado o canales de desagüe. Si, como se pretende, se impermeabiliza el valle El Ángel,la ingente cantidad de agua que hoy en día se infiltra en el terreno buscará salida sobre lo construido, abriéndose así la posibilidad permanente de una tragedia. El problema del progresivo deterioro ambiental del territorio salvadoreño no es una cuestión de los últimos años, sino de décadas. Sin embargo, pese a esta situación límite, no parece que vaya a haber cambios. La administración actual no ha mostrado ningún interés en distanciarse del modelo depredador y explotador de los bienes naturales. Al contrario, ha acelerado el otorgamiento de permisos ambientales para grandes construcciones sin tomar en cuenta el daño ecológico que puedan causar; ha aprobado una Ley General de Recursos Hídricos que beneficiará a los grandes inversores privados; ha mostrado inclinación por la minería metálica industrial. Si no se hace nada para contrarrestar la destrucción del medioambiente, cada vez serán más frecuentes las escenas de destrucción, dolor y luto. Si nada cambia, el país seguirá de emergencia en emergencia, ahogándose en su falta de capacidad de planificación y prevención.

Por José María Tojeira, S.J. Cada vez que el presidente habla en contra de quienes trabajan en los derechos humanos, un coro de voces gubernamentales repiten sus frases. Ante el asesinato de tres policías en una emboscada, el discurso oficial repite la misma consigna: “Los organismos de derechos humanos y las ONG no van a decir nada, porque no les importa”. En primer lugar, decir eso es mentir, porque a toda persona con sentido del deber y de los derechos ciudadanos le indigna el asesinato del prójimo, tenga el oficio que tenga. Y en segundo lugar, ese discurso es la misma cantinela que los militares utilizaban durante la guerra civil para acusar a los organismos de derechos humanos de solo defender a los terroristas. Tal vez por eso el partido Nuevas Ideas rechaza los Acuerdos de Paz, para que no se note la semejanza de algunos de sus discursos con el militarismo retrógrado del pasado. Aunque no se cumplieran plenamente por parte de los partidos firmantes, los Acuerdos de Paz implican un rechazo a ese tipo de discurso y una apoyo real a la democracia y al respeto de los derechos. Sin embargo, la sensibilidad gubernamental antiderechos ya no critica a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, fruto de aquellos Acuerdos. El gusto del oficialismo por las instituciones controladas debe estar satisfecho con la actitud de un procurador incapaz de decir una palabra seria respecto a los abusos cometidos durante el régimen de excepción y en los recintos carcelarios. Ello no es extraño dado los asesores de los que se está rodeando, expertos en disimular violaciones a derechos humanos. La repetición de este discurso se desenmascara solo. Las instituciones defensoras de derechos humanos no suelen llamar violadores de derechos a los criminales; simplemente saben que son delincuentes y que deben pagar el precio de sus fechorías. En cambio, acusan a los Gobiernos o a sus instituciones de violadores de derechos humanos cuando agreden a personas inocentes y cuando defienden a los perpetradores de esos abusos. De eso es de lo que se acusa hoy al Gobierno de Nayib Bukele: de meter presas a personas que después tiene que soltarlas porque no han hecho nada y de manejar a jueces corruptos que condenan sin pruebas fehacientes. Todas las personas están obligadas a cumplir las leyes que exigen respeto a los derechos humanos. Los criminales son los que violan esas leyes. Los funcionarios del Estado tienen la obligación de defender esos derechos estipulados por las leyes. Cuando no lo hacen, violan derechos humanos. Al Estado le corresponde investigar si sus funcionarios violan derechos o no. A la ciudadanía consciente le corresponde denunciar cualquier violación de derechos. Cuando las cosas no están claras y cuando los abusos se quieren ocultar, permitir o incluso alentar, la tendencia es atacar a las instituciones defensoras de derechos humanos. En todos los países se tiende a violar derechos humanos, especialmente de personas pertenecientes a sectores desprotegidos. Basta ver la situación de nuestros migrantes o de los migrantes africanos para darnos cuenta de que incluso las democracias desarrolladas violan los derechos humanos. Pero hay una diferencia entre las democracias y los regímenes autoritarios: en una democracia desarrollada no se ataca a quienes denuncian violaciones de derechos llamándoles defensores de criminales; en los regímenes autoritarios se acude siempre a ese discurso. Un discurso peligroso, porque en la medida en que se repite en una sociedad de cultura violenta, puede desatar la agresión física y termina destruyendo algo básico para la convivencia pacífica y fraterna: el respeto a las leyes y a las normas que rigen la vida social y que garantizan los derechos y deberes de todos. No hay democracia plena sin respeto a los derechos humanos. Quien defiende la violación de esos derechos termina por hacer desaparecer tanto la democracia como la paz y la amistad social que todos necesitamos para convivir. A los organismos de derechos humanos y a las ONG sí les importan las personas y sus derechos, así como la democracia. Por eso hablan y por eso son atacados.

La situación en Nicaragua es indignante. Y por ello resulta necesario que quienes en Centroamérica aman la democracia, la concordia y la amistad social no la pierdan de vista. El homicidio, la detención ilegal, los juicios fraudulentos, quitarle el pan de la boca a los pobres… todo está permitido para perpetuarse en el poder. El dueto Ortega-Murillo se ha convertido en un régimen autoritario que repite los abusos contra la dignidad de las personas cometidos por dictadores del pasado. Hablan de socialismo mientras enriquecen desde el Estado a sus parientes y niegan derechos básicos a muchos ciudadanos. Definen a Nicaragua como un país cristiano mientras persiguen a quienes defienden desde la fe los derechos de la gente. Hablan de grandes proyectos, incluido un canal transoceánico, mientras desposeen a los campesinos de sus tierras. Los legados más importantes del gobierno sandinista los revierten ahora quienes antes decían ser revolucionarios y desde el poder aprendieron a defender sus beneficios valiéndose de la manipulación y la fuerza. El último de los pasos del régimen nicaragüense ha sido la cancelación de la personería jurídica de las hermanas Misioneras de la Caridad, dedicadas exclusivamente a la ayuda y socorro de la población más pobre y marginada. Ellas administran comedores y asilos orientados a atender ancianos, enfermos de sida, niños de la calle, exprostitutas, etc. La eliminación de su personería e inmediata expulsión del país solo puede explicarse a partir del odio oficial a quienes desde la sociedad civil trabajan en favor de los más necesitados. Al Gobierno nicaragüense, el hambre, el abandono familiar, la carencia de medicinas y de otros servicios básicos no le importan. El control de las comunicaciones busca que la única voz sea la de la dupla gubernamental. La conquista del poder total es el camino emprendido por el régimen Ortega-Murillo. Ni siquiera el derecho religioso de dar pan al hambriento es permitido en esta “Nicaragua socialista, cristiana y solidaria”, como la nombra hipócritamente el oficialismo. La superstición y la dictadura se han dado la mano para hundir al vecino país en el atraso y la insolidaridad. Al leer el debate sobre la abolición de la esclavitud en la Asamblea Nacional Constituyente tras la independencia de Centroamérica, queda claro que los ideales democráticos e igualitarios estaban detrás del proceso independentista. Pero los intereses particulares, localistas y autoritarios no tardaron en imponerse. La codicia de las élites económicas, la corrupción del liderazgo y el militarismo convirtieron pronto a los países del istmo en parte del grupo de naciones más atrasadas de América. En la actualidad, nuevos autoritarismos violentos y corruptos, aliados a un militarismo nunca debidamente desactivado, impiden caminar hacia el desarrollo humano sostenible. En Nicaragua impacta el hecho de que precisamente quienes lucharon contra el somocismo sean ahora los que revivan las dinámicas dictatoriales, incluso con mayor dogmatismo y crueldad. Ojalá que las fuerzas democráticas que siguen vivas en Centroamérica sean lo suficiente solidarias y eficaces para detener el abuso en Nicaragua y revivir los ideales de una federación fraterna, democrática y justa.

Es tanto un deber como una necesidad condenar con determinación el reciente asesinato de tres miembros de la PNC en Santa Ana, ofrecer condolencias a la corporación policial y a las familias de los agentes, y agradecer a los miembros de la Policía por su trabajo al servicio de la población y por su disposición de combatir el crimen respetando la ley, pese a los riesgos. Justo es que estas tres nuevas víctimas de la dinámica homicida del país reciban un reconocimiento institucional. Esta tragedia debe contribuir a que se tome conciencia del riesgo que asumen a diario los policías, quienes con frecuencia cumplen su labor a pecho descubierto, sin la protección (cascos y chalecos antibalas) de la que gozan los miembros de la Fuerza Armada asignados a tareas de seguridad. También debe animar a fortalecer su capacidad de investigación y persecución del crimen con los medios técnicos y científicos disponibles hoy en día, para que así no tengan que arriesgar innecesariamente su vida. El apoyo que la PNC requiere es la apuesta decidida por una formación de calidad para aspirantes y agentes, más y mejores recursos técnicos y científicos para la inteligencia, de modo que sea posible presentar pruebas contundentes sobre la culpabilidad de delincuentes y criminales. Contar con una policía profesional, técnica y humana fue el ideal detrás de la creación de la PNC, a la que debían pertenecer hombres y mujeres no solo uniformados, sino sobre todo bien formados, capaces de realizar su trabajo con vocación de servicio y cercanía a la población, con responsabilidad, inteligencia y pleno respeto a los derechos humanos. Una Policía que, de acuerdo a la ley que le dio origen y la sigue rigiendo, “tendrá por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos”. Para desgracia del país y sus ciudadanos, la historia de la PNC ha sido otra: no ha contado con los recursos necesarios para un buen trabajo; muy pronto se rebajaron los requisitos para ingresar a ella o no fueron exigidos ni comprobados como corresponde; no se paga una remuneración adecuada y congruente con la responsabilidad y el riesgo de ser policía en un país con altos índices de criminalidad. Tampoco se la dotó de un sistema de previsión que respaldará a los policías y sus familias en caso de sufrir daños físicos o mentales a causa de los riesgos que implica su trabajo o perder la vida en acto de servicio. Se permitió la corrupción, debilitando primero y luego anulando la labor de la Inspectoría General de Seguridad Pública, que tiene un rol fundamental para el apego a las normas propias de policías democráticas, que realizan su trabajo con pleno respeto a los derechos humanos. Por ello, junto a excelentes policías también hay en la corporación personas que no cumplen con los requisitos mínimos para ser agente, incluso algunos de ellos han llegado a los más altos puestos sin contar con los méritos necesarios. La lucha contra el crimen, la garantía de la seguridad pública y la efectiva protección de la vida de los policías pasa por fortalecer a la PNC, dotándola de los medios y recursos necesarios; reconocer la importancia de su labor al servicio de toda la sociedad; y hacer de ella una policía modélica por su capacidad técnica y por su respeto a la ley, a la Constitución y a los derechos humanos. A ello debe apostarle El Salvador para tener éxito en la lucha contra el crimen y rendir honesto homenaje a los agentes que fallecen o resultan heridos en el cumplimiento del deber.

Por José M. Tojeira, S.J. En estos tiempos de promesas, populismo y propaganda masiva, la sociedad civil ha mostrado mayor capacidad de oposición que la sociedad política. Y ello tiene su lógica. La sociedad civil se interesa por sus intereses particulares (aunque sean parte del interés común de todos). Y cuando los gobiernos no cumplen o no se interesan en sus propuestas, la capacidad de movilización de la sociedad civil aumenta. Hasta ahora las grandes manifestaciones de protesta contra el régimen actual las han organizado y llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil. Los grupos LGBTIQ, como lo manifestaron el día del orgullo gay, los veteranos, el movimiento feminista, los defensores de la ecología o de los DDHH, grupos religiosos comprometidos con el bien común y otros, son hoy los sectores que critican los defectos, muchos de ellos graves, de nuestra democracia, al tiempo que manifiestan públicamente sus propias reivindicaciones. Sin embargo, las peticiones y reclamos de estos grupos funcionan relativamente aisladas. Y de ese relativo aislamiento proviene una real debilidad. Porque los políticos autoritarios pueden fácilmente lidiar con reivindicaciones concretas. Lo único que realmente les inquieta son los proyectos políticos que puedan convertirse en alternativa al poder que detentan. Sin embargo, la sociedad civil, aunque busque fines particulares, tiene con frecuencia un concepto de universalidad de derechos del que carecen regímenes autoritarios, corruptos o falsamente democráticos. Y es esa universalidad de derechos la que tiene que impulsar cuando quiere incidir en política. En ese sentido resulta necesario que las distintas fuerzas de la sociedad civil logren elaborar una plataforma de reivindicaciones que sirvan tanto de reclamo como de inspiración para posibles fuerzas políticas que deseen realmente convertirse en alternativa al poder. No se trata de construir un programa político, pero sí una agenda básica de reivindicaciones en las que todos los grupos y organizaciones estén de acuerdo. Una especie de plataforma que pueda ganar adeptos progresivamente y con la que tenga que dialogar cualquier tendencia política o ideológica que quiera llegar al poder. Ni siquiera se trata de llegar a acuerdos con un partido político concreto, sino de tener tal fuerza, por lo concreto y necesario de sus planteamientos, que todos los grupos políticos se vean obligados a dialogar y a incorporar, con los matices que sean, parte del proyecto de la sociedad civil dentro de sus programas. Aunque la gestión de lo público le corresponde a quienes gobiernan, la sociedad civil no puede dejar lo público exclusivamente en las manos y voluntades de los políticos. La democracia nos corresponde a todos y la sociedad civil, aunque se enfoque en algunos aspectos parciales de lo público, no puede renunciar al bien común general. Y particularmente en la situación salvadoreña, urge la preocupación por el bien común. Mantener un diálogo permanente entre los diversos grupos es buscar un entendimiento común de lo que es El Salvador actual y de lo que necesita como país y como comunidad de personas con igual dignidad, derechos y obligaciones. Las manifestaciones multitudinarias irritan al poder y animan a quienes son críticos con el mismo, porque muestran las fisuras y grietas que existen en los poderes que se consideran absolutos. Pero mientras no pongan en cuestión las comodidades, ventajas, mentiras y falsas promesas del poder, difícilmente conseguirán que los derechos que reclaman se conviertan en una realidad sólida, adecuadamente aceptada por la misma sociedad en la que se mueven. Solo una agenda sustancialmente democrática, inspirada en los Derechos Humanos y capaz de unificar reivindicaciones y de entender el poder de otra manera puede lograr un cambio. Los partidos políticos han sido hasta el presente incapaces de plantear una propuesta democrática seria. El afán de mantenerse en el poder fue para ellos siempre más importante que la fidelidad a principios básicos de democracia. A la sociedad civil le corresponde, en esta coyuntura histórica, impulsar las bases de una democracia social y de derecho que ofrezca esperanza a todos los salvadoreños.

En la cultura popular se dice que para comprender a otra persona hay que ponerse en sus zapatos. Quizá esa máxima sea útil para analizar las acciones presidenciales. Por sus declaraciones, cabe entender que para el presidente la democracia se reduce a las elecciones y el voto ciudadano es un cheque en blanco. Eso le da licencia para administrar el Estado como su patrimonio, lo exime de rendir cuentas, le faculta para especular con el dinero público y justifica que su palabra valga más que cualquier ley, incluso la Constitución. Para el mandatario, liderazgo equivale a autoritarismo. El líder firme es aquel al que todos los poderes del Estado le obedecen y al que se somete toda la institucionalidad pública. El verdadero líder, para el presidente, es aquel que no tolera la disidencia; todo el que no lo respalda es oposición y, por tanto, enemigo del pueblo al que él encarna. No tiene necesidad de dialogar con nadie porque él sabe lo que el pueblo necesita. En la mentalidad de Bukele, una conferencia de prensa es un monólogo, aunque decorado con algunas preguntas retóricas que le sirven para hablar de algunos temas que le interesan o para extenderse en algo que quiere recalcar. Su experticia es la comunicación unidireccional y por ello no tiene capacidad de hablar sin perder la compostura sobre asuntos que no han sido pactados previamente. El presidente entiende la soberanía como la libertad de hacer cualquier cosa sin que ninguna instancia del ámbito global tenga derecho a opinar. Para él, la normativa universal sobre los DDHH o los convenios internacionales suscritos por el Estado son papel mojado. Si una persona o instancia denuncian violaciones a derechos humanos es un injerencista y amigo de las pandillas. Para él, la verdadera realidad es la virtual. Por eso la gente debe entender que el país ya es otro en tan solo tres años de gobierno. Si la propaganda oficial dice que el sistema de salud ya es mejor que antes o que la educación pública supera en calidad a la privada es porque así es. Asimismo, el aeropuerto en La Unión, la ciudad del bitcóin y el plan control territorial existen porque así lo dice la publicidad gubernamental. Y desde esta misma base hay que entender la frase repetida hasta el cansancio: “Los cambios están a la vista”; a la vista de las pantallas gracias a la maquinaria propagandística. En la visión presidencial, el mundo se divide en dos: los que lo aplauden y vitorean, y los que no. Así, los que lo respaldan son los suyos y los que critican alguna de sus medidas son oposición. Quienes denuncian abusos y delitos son marionetas de algún titiritero, nacional o extranjero; los que señalan las transgresiones a los derechos humanos, amigos de las pandillas. Por su obediencia, los miembros del Ejército y de la Policía son los verdaderos héroes de la patria; el personal de salud que denuncia el abandono en el que se encuentra, no. Los pobladores de barrios y colonias populares donde operan pandillas merecen toda la furia del aparato represivo; la juventud de barrios exclusivos, no se toca. En una sociedad de por sí polarizada y corroída por una cultura machista y violenta, la mentalidad maniquea, oportunista y destructiva del mandatario cosecha éxitos rotundos para él y los suyos. Mientras, el país retrocede día a día hacia los años ochenta.

Editorial UCA Escuche aquí: El 26 de junio se celebró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Unos días antes, en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un nutrido grupo de instituciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, denunció la intolerable situación que actualmente se vive en el sistema penitenciario. El número de fallecidos con signos de violencia, la detención arbitraria, el hacinamiento y el maltrato son prácticas en continuo crecimiento desde que comenzó el régimen de excepción. A pesar de haber sido invitado a la audiencia, el Gobierno no asistió ni envió representación. Dados los testimonios y datos documentados por la sociedad civil, va tomando cada vez más cuerpo la sospecha de que en las prisiones y en los procesos de encarcelamiento se tortura. En este contexto, la indiferencia de diversas instituciones estatales se convierte en complicidad. En su artículo 27, la Constitución prohíbe “toda especie de tormento”. Además, El Salvador es signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. En los cuatro documentos, que son ley de la República y de mayor importancia que la ley secundaria generada por la Asamblea Legislativa, se prohíbe taxativamente la tortura. Por ello, todos los funcionarios vinculados a los encarcelamientos masivos deberían atender el llamado que el secretario general de la ONU hizo en el día dedicado a las víctimas de tortura: “Bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”. Desde hace años, el Idhuca viene solicitando a cada Gobierno de turno que ratifique el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Eso permitiría luchar eficazmente contra la tortura. Sin embargo, al igual que los Gobiernos del FMLN, la administración de Bukele no ha hecho ni el más mínimo esfuerzo por sobreponerse a los señalamientos de que en el país se maltrata a los detenidos. Actualmente, la exhibición degradante ante los medios de comunicación, la reducción de la cantidad de comida y la entrega de cadáveres con señales de golpes son indicios suficientes de tortura. La tortura es un crimen de lesa humanidad cuando se aplica a grupos particulares desde instancias estatales. Y se entiende por tortura “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin [...] de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido [...] cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”. Las autoridades del Gobierno deben reflexionar con seriedad, si no por humanidad, al menos por conveniencia propia: llegará un día en el que el sistema judicial y la Fiscalía serán independientes del Ejecutivo. Y en este momento muy probablemente revivirá el interés de investigar los crímenes de lesa humanidad y sancionar a los responsables.

La mayoría de responsables de la cosa pública, desde el presidente de la República hasta los funcionarios públicos de base, presentan un país que va por buen camino, en el que todo está mejorando, que se dirige aceleradamente a un futuro de prosperidad y de bienestar. Por supuesto,la realidad es otra. El régimen de Bukele ha logrado que gran parte de la población crea en sus promesas y deseé que la ilusión de un país de maravillas se haga realidad. Ello explica su alto nivel de apoyo después de tres años de gestión, así como el respaldo ciudadano a las políticas que se está implementando, a pesar de que algunas de ellas han sido un fracaso, como la apuesta por el bitcóin, que solo ha supuesto pérdidas millonarias; y de que otras, como la pretensión de capturar a todos los miembros de las pandillas, violen los derechos humanos, causen zozobra y sufrimiento entre las familias más pobres y excluidas. Vender un sueño y hacer creer que se materializa le está siendo relativamente fácil al presidente. Pero en lo que fracasa es en efectivamente convertir el sueño en realidad. Para ello no solo requeriría de recursos de los que no dispone, sino también, y sobre todo, de un cambio cultural y educativo en la población, y de un plan de nación bien pensado, aspectos de los que el Gobierno adolece por completo. Los magos de la imagen y la propaganda, muy capaces de fabricar y ofrecer ilusiones, no se caracterizan por ser expertos en planes y estrategias para convertir las ideas en realidad. El Salvador, más bien, se aleja cada vez más del sueño que abandera su mandatario. Que más de 60 mil compatriotas hayan sido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos en el último año es un buen indicador de que el país de Bukele no se corresponde con el país de la gente. Los salvadoreños siguen buscando afuera alternativas de vida que no encuentra acá, y en esa gesta están dispuestos a correr riesgos cada vez mayores. En el Salvador de la gente, el incremento acelerado del costo de la vida ha llevado a que la mayoría de las familias se hayan estrechado el cinturón. La mayor parte de los adultos mayores vive con limitaciones de todo tipo y depende de la ayuda de sus familiares, pues no recibe ningún tipo de ayuda del Estado (el sistema de salud ni siquiera cuenta con especialistas en geriatría). Los policías y maestros reclaman por un retiro digno que el actual sistema de pensiones no es capaz de ofrecer. Han fallecido decenas de personas en los centros penitenciarios sin que se investiguen las causas y muchas otras han sido detenida sin que nadie pueda probar su participación en actividades delictivas. La realidad también habla de las dificultades en las finanzas públicas, que resultan insuficientes para cubrir los gastos y siembran dudas de si el Estado tendrá la capacidad para pagar sus deudas en el corto y mediano plazo. A todo ello se añade la ausencia total de información sobre la gestión gubernamental y el uso de los fondos públicos. Ello no es un descuido, sino parte de la estrategia de la ilusión: no se rinden cuentas a fin de ocultar lo mal que están las cosas. Esta opacidad que caracteriza a la administración Bukele confirma que se está gobernando de espaldas a la población. Aunque la mayoría de la población vive encandilada con la ilusión presidencial, si no se logra al menos avanzar significativamente en la consecución de ese sueño que se promete y que se presenta como que ya fuera una realidad en algunos aspectos, el desencanto ciudadano se reanimará. Vendrán entonces los ayes a puerta cerrada o la represión de un pueblo indignado por haber sido estafado una vez más.

Proceso “Quien engañe, encontrará siempre quien se deje engañar, todos verán lo que aparenta y pocos lo que es, y estos pocos no se atreverán a ponerse en contra de la mayoría.” [Que no sea así entre nosotros] Nicolás Maquiavelo Lo más usual en la gestión de este Gobierno ha sido el establecimiento de la mentira como política pública, es decir, se intenta representar lo irreal con supuestas acciones concretas. Los ejemplos de esto sobran, como la existencia de un ciudad llamada “Surf City” o la “Bitcoin City” y el reiterado discurso de que somos un ejemplo para el mundo en el manejo de la pandemia. La mentira y la creación de ilusiones y/o fantasías no son más que una estrategia de propaganda política que busca que la población evada o escape de la realidad que la golpea. Esta estrategia de escapismo -que usa la propaganda a diario- nos la mostró el mismo presidente en un tuit reciente en el que se pronunció sobre la caída del precio del bitcóin: "Veo que algunas personas están preocupadas o ansiosas por el precio de mercado del bitcóin [la cruda realidad]. Mi consejo: deja de mirar el gráfico y disfruta de la vida [el escape de la realidad]. Si invirtió en BTC, su inversión es segura y su valor crecerá enormemente después del mercado bajista" [el refuerzo de la Ilusión]. La forma más común de escapar de la realidad, cuando esta sale a flote y no se puede ocultar, es trasladar a la población a una situación ilusoria mediante la propaganda gubernamental. La realidad es que el bitcóin es un fracaso en el país, ya que no cumplió con sus objetivos principales: no fue adoptada como moneda de curso legal, el mecanismo de envío de las remesas no cambió y sigue haciéndose de la manera tradicional (sin usar la Chivo Wallet, a través de bancos y otros servicios de envíos de remesas). Además, se estima que, a causa de la devaluación del bitcóin, el país ha perdido alrededor de $60 millones de la inversión que el Gobierno realizó para comprar las criptomonedas. Tampoco nadie rinde cuentas de los millones gastados en implementar el proyecto de la billetera gubernamental, Chivo Wallet, ni de los millones trasladados a la población en concepto de incentivos para que utilizaran la Chivo Wallet. El mecanismo del Gobierno de Bukele para “escapar” de la realidad ha sido el de ocultar la información importante a la población e ignorar los hechos, por eso Bukele insiste en el “deja de mirar el gráfico”. De esta manera, el presidente escapa de la realidad y presenta luego un mundo irreal “su inversión es segura y su valor crecerá“. La alta popularidad de Bukele se basa precisamente en hacer que la gente “viva” en un mundo de fantasía. Lo peligroso de escapar de la realidad es que conduce a un autoengaño ya que los problemas siguen estando presentes en la realidad y se agudizan con el paso del tiempo. Esto sucede, por ejemplo, con el problema de la migración irregular de salvadoreños hacia los Estados Unidos, que ha crecido desproporcionadamente: los salvadoreños detenidos por la Patrulla Fronteriza de ese país se incrementaron en un año de 50,744 a 67,006. También la muerte, en el mes de mayo, de un migrante salvadoreño y de su hijo de 7 años, al intentar cruzar el río Suchiate (entre Guatemala y México) fueron ignorados por los medios de propaganda de este Gobierno. La realidad es que durante la gestión del presidente Bukele la migración irregular de salvadoreños ha crecido, lo que estaría indicando que la situación económica y la inseguridad en el país siguen expulsando salvadoreños, aunque el gobierno oculte la información. De igual forma, es habitual en este Gobierno que se busquen justificaciones ficticias para ocultar la realidad. Este ha sido el caso del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien dijo recientemente que "la inflación no es un fenómeno matemático. Es más bien un fenómeno psicológico”. La realidad es que hay una preocupación de la población por el alza de precios de todas las materias primas, especialmente de los precios de la canasta básica de alimentos y se trata de ocultar con una justificación mentirosa. Presentar lo irreal como verdad es una constante en este Gobierno, por lo que la lucha contra el autoengaño y el escapismo debe ser constante. Aquí es importante que la población busque información confiable para tomar sus propias decisiones y no dejarse llevar por la mentira y el discurso propagandístico. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 94.

Por José M. Tojeira, S.J. El sábado pasado, 18 de junio, celebramos el Día Internacional de la Lucha contra el Discurso de Odio. Un día cuyos principios, dada nuestra situación como país, deberíamos convertirlos en motivo permanente de reflexión. Porque el odio está presente de muchas maneras en nuestra historia. Está en las redes con una violencia verbal inusitada, está en las formas machistas de tratar a la mujer, está en la violencia y está en muchas de nuestras actitudes, en las que el odio se mezcla con la envidia, con los resentimientos y con diferentes modos de egolatría que nos llevan a creernos superiores a los demás y a romper la dimensión dialogal del ser humano. Preguntarnos sobre los efectos del odio en cada uno de nosotros y en la sociedad resulta necesario tanto para el desarrollo personal como para lograr una convivencia ciudadana en la que el diálogo y la buena voluntad sustituyan a la agresividad estéril. Despreciar, insultar a quien piensa diferente, creerse superior a los demás conduce humanamente al fracaso. El amor y la benevolencia son actitudes positivas, tanto a nivel personal como social; el odio, en cambio, degenera siempre en actitudes destructivas. A veces es el miedo y la baja autoestima lo que hacen odiar a lo diferente. La envidia es como la salsa en la que el odio se cocina. La soberbia y el orgullo de quienes se sienten satisfechos de sí mismos, como los fariseos del tiempo de Jesús de Nazaret, es también fuente de un odio que tiende a ser de ida y vuelta. Y existe también el odio instrumental, lleno del cinismo de quienes piensan que el insulto y la agresión verbal destruye al enemigo. El odio como parte de un plan político para desacreditar al contrario, sin atender razones ni bajar a un diálogo constructivo entre la diversidad de las ideas, puede en algún momento dar resultados, al igual que la propaganda mentirosa. Pero lleva a la larga al fracaso. Incluso en el campo legal se ha tenido en cuenta el odio como agravante de algunos crímenes. Porque el odio, aunque busque fundamentalmente la destrucción moral de aquel a quien considera enemigo, muchas veces también desemboca en violencia homicida. En El Salvador, las campañas políticas se han caracterizado por utilizar el odio para desacreditar a los demás competidores. En la actualidad, el odio se ha trasladado a la vida cotidiana de las redes y se ha convertido en un artículo habitual de propaganda política. A la crítica racional se le contesta con insultos, ironías y desprecios, tratando de llevar la discusión al terreno personal. En el fondo, se tiene la confianza puesta en que resultará fácil desacreditar a aquel que después de hacer una crítica racional responde al insulto con otro insulto. Entre dos que se insultan, la debilidad propia del ser humano suele terminar inclinando las simpatías hacia el que tiene más fuerza o mayor poder. Al final, la provocación del poderoso no es más que una estratagema para llevar al débil al campo en el que puede ganar. No al campo de la racionalidad y del diálogo, sino al campo del grito, donde impera siempre quienes tienen más galillo. Y prepara la situación social para que el crimen del fuerte contra el débil, asesinato incluido, pueda parecer normal. Luchar contra el discurso de odio es una forma de combatir la violencia. Porque la violencia física suele tener su inicio en la violencia verbal. Frenar la violencia en sus comienzos es mucho más eficaz que reprimirla con brutalidad cuando se manifiesta en el terreno de la criminalidad. Enfrentar el discurso de odio en el campo político es recordarnos la realidad básica de la fraternidad universal y de la necesaria solidaridad derivada de ella. Es también construir paz y amistad social. “El odio es peligroso para todos, por lo que combatirlo también debe ser una tarea de todos”, son palabras para esta fecha del secretario general de la ONU. Escucharlas es bueno para El Salvador.

Según noticias periodísticas, el fiscal general, Rodolfo Delgado, afirmó recientemente que están tratando de garantizar “en la medida de [sus] posibilidades, los derechos humanos de cada detenido, no obstante que tenemos un régimen que suspende algunas garantías constitucionales". Al igual que las personas, las instituciones tienen posibilidades. Por ello, en principio, la frase podría pasar por cierta. Sin embargo, dado que, por un lado, las posibilidades institucionales son realidades creadas por quienes gestionan el Estado y que, por otro, no toda disposición legal es moral, el ciudadano tiene derecho a evaluar si esas posibilidades son coherentes con la Constitución y los convenios internacionales, y con principios éticos. Es sabido que el servicio de defensa pública que ofrece la Procuraduría General de la República se caracteriza por su falta de calidad e insuficiencia. Este no es un problema reciente, sino uno que viene arrastrándose desde hace muchos años. La defensa pública de la gente pobre acusada de algún delito nunca ha sido un asunto importante para los políticos. Hoy la situación se torna más grave con la detención de miles de personas. Si antes del estado de excepción la Procuraduría no cumplía con las necesidades de defensa de los ciudadanos sin recursos, la contratación de 60 o 70 nuevos defensores no resolverá la situación de más de 30 mil personas detenidas. En este sentido, decir que se garantizan los derechos según las posibilidades institucionales es una frase vacía. La realidad nos dice que se están violando derechos básicos de forma masiva. Aludir al régimen legal que suspende algunas garantías tampoco aclara nada. Suspender el inciso segundo del artículo 12 de la Constitución no anula la presunción de inocencia ni la garantía fundamental de acceso a la defensa. Sin embargo, en la práctica se condena a las personas, sin escucharlas ni darles oportunidad de una mínima defensa, a quedar privadas de libertad durante un tiempo largo. Se presume la culpabilidad sin una investigación previa y se arrojan por la borda diversos tratados internacionales ratificados por El Salvador. Los derechos humanos, además, no dependen de las posibilidades estatales. En sus aspectos fundamentales, son obligatorios, toda persona debe gozar de ellos. Suspender algunas garantías constitucionales no puede convertirse en fundamento de la arbitrariedad, el abuso o la violación sistemática de los derechos humanos. De la mayoría de diputados no cabe esperar mayor conocimiento sobre el sistema internacional de los derechos humanos. Pero el fiscal general debería saber con claridad que la ausencia de la garantía de la defensa está considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una de las excepciones para el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. La consideración sobre la situación concreta del país no excluye de responsabilidad. Si las posibilidades institucionales son escasas, la responsabilidad tanto del legislador como del juzgador es crearlas. Anular el respeto a los derechos fundamentales siempre será, además de inmoral, algo censurable y digno de persecución legal.

Editorial UCA Uno de los efectos de la pandemia fue la paralización de la cadena logística mundial, lo que provocó escasez de productos y un incremento de los precios a nivel planetario. Con el fin de la época de los confinamientos que obligó a disminuir la actividad económica, en el cuarto trimestre de 2020 inició la recuperación económica, la cual incrementó la demanda de materias primas y de energía. Ello también impulsó al alza los precios del petróleo y sus derivados. La guerra de Rusia contra Ucrania, y la consecuente desestabilización global, así como la previsión de que el conflicto será largo y generará escasez de cereales, metales y petróleo —de los que ambos países son importantes productores— han provocado un nuevo incremento en los precios de los alimentos y de las materias primas. Uno de los productos que ha incrementado significativamente su valor es el petróleo, volviendo a sus precios históricos más elevados: por encima de los cien dólares por barril, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008. La conjunción de todos estos factores está impulsando un aumento acelerado de la inflación. Por supuesto, de este escenario no escapa El Salvador, sobre todo por su gran dependencia de la importación de productos (según la Cepal, el país importa el 80% de lo que consume) y por su gran vulnerabilidad ante dinámicas económicas externas. Es así como después de más de una década de estabilidad en los precios, en el último año y medio se ha dado un incremento que golpea con dureza a la economía familiar, especialmente a los hogares con menores ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva al mes de mayo, la inflación en el último año es superior al 7%. Por su parte, la Digestyc señala que en marzo de este año la canasta básica alimentaria había incrementado su precio un 10% con respecto a marzo de 2021. La Cepal señala que esta crisis mundial supondrá un aumento y profundización de la pobreza en todos los países de América Latina; para el nuestro, prevé que la población en situación de pobreza crezca entre 1% y 2%, lo que significa que entre 6 mil 500 y 13 mil personas pasarán a formar parte de la población pobre. Por las características de su economía, a El Salvador le es muy difícil combatir las consecuencias de esta crisis. Durante muchos años se ha privilegiado e impulsados los sectores comercio y servicios, en detrimento de la producción. La producción agrícola más industrializada se ha concentrado en el azúcar, descuidando la generación de alimentos y su diversificación. Por otro lado, la mayor fuente de divisas, las remesas, también está siendo afectada: su crecimiento es menor en relación al año pasado. Con todo, esta crisis representa una oportunidad para reconducir la maltrecha economía nacional, dejar a un lado las aventuras de alto riesgo, que hasta la fecha solamente han traído mayor vulnerabilidad, y poner en marcha las estrategias que recomienda la Cepal para las economías de los países latinoamericanos. Para el organismo, lo primero y más inmediato es atender a los más vulnerables y asegurar su alimentación. En segundo lugar, se debe impulsar políticas que fomenten la producción agrícola e industrial, apoyando especialmente a la producción agropecuaria y de fertilizantes. También es imprescindible una política fiscal progresiva que promueva el desarrollo al dotar al Estado de los recursos necesarios para ofrecer servicios de calidad. Recursos que deben ser utilizados de forma eficaz y con transparencia, lejos de la actual opacidad y despilfarro que desincentiva a los contribuyentes. A juicio de la Cepal, es urgente que América Latina enfrente unida la crisis. Este llamado debe hacer reflexionar al Gobierno de El Salvador, tan dado a aislarse. Hasta la fecha, no se ha visto ningún interés en la actual administración por fortalecer los lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos, a excepción de los tibios apretones de mano con México. Negar la crisis no ayuda a salir bien parados de ella; reconocerla y ponerse a trabajar para superarla es la única apuesta razonable.

“Quien nada debe, nada teme” reza un mantra de los devotos del oficialismo para convencerse de que no caerán víctimas de la excepción y para justificarla. Pero hay razones para temer, y mucho, porque la excepción no persigue criminales, sino lo que al soldado o al policía de turno se le antoja. Capturan por las apariencias, para llenar una cuota impuesta o por una denuncia anónima que ajusta cuentas. Una vez ingresado en las cárceles de Bukele, es extremadamente difícil salir con vida de ellas. La liberación es tan errática como el ingreso. Residir en una zona controlada por la pandilla convierte automáticamente, sobre todo a los jóvenes, en terrorista o en cómplice de terrorista. Los criterios para detener, torturar y humillar son exhibir un tatuaje de las pandillas o parecer pandillero, y colaborar con ellas, bien como “colaborador necesario” o como “colaborador con la intención de serlo”. Según estos criterios, enunciados por el responsable de la seguridad, cualquiera, en cualquier lugar, por cualquier motivo puede ser capturado por el régimen. La vaguedad de los criterios deja a la ciudadanía a merced del capricho de soldados y policías. La ligereza con la que el ministro se desentiende de la creciente cantidad de fallecidos en las cárceles es también pasmosa y alarmante. Esas muertes, que frivoliza como “evento trágico”, son, según él, normales: “siempre hay muertes dentro de los penales, en cualquier sistema penitenciario”, debido a una “desnutrición o deshidratación anterior” a la detención. En definitiva, el ministro apela crípticamente a “ese andamiaje con el gabinete de seguridad”. En los portones de las cárceles de los Bukele se adivina la amenazadora inscripción que Dante leyó al entrar en el infierno: “Oh, los que entran, dejen toda esperanza”. Los jueces rechazan sin mayor consideración las pruebas de descargo de los detenidos. Solo validan las actas policiales con las declaraciones de los captores, que relacionan a los capturados con actividades sospechosas o criminales, y de testigos de oídas. Los jueces prevarican por miedo a la destitución o al traslado a un juzgado remoto. Los retorcidos argumentos con los que sentencian de un plumazo a seis meses de cárcel a decenas de acusados dejan entrever su mala conciencia. Los defensores, públicos y privados, son impotentes ante “las órdenes superiores”. La posibilidad de salir con vida de estas cárceles es muy remota. Hasta ahora, el régimen habría liberado a unos 170 detenidos de un total superior a los treinta mil. Unos cuantos han salido gracias a la intervención de un alto funcionario del régimen o por la presión de las redes sociales. No hay amparo judicial que valga, sino la voluntad soberana de Bukele y sus carceleros. Así, pues, la esperanza de quienes entran en sus prisiones, muchos sin deber nada, queda fuera. Si hace dos meses el régimen de los Bukele necesitaba de una tasa baja de homicidios para proyectar la imagen de una seguridad ciudadana confiable, ahora aduce la cantidad de detenidos. El régimen instrumentaliza a los detenidos de la misma manera que antes lo hizo con los homicidios. Las dos fases tienen en común la violación sistemática de los derechos humanos y la mentira consuetudinaria. La seguridad de la ciudadanía no es la prioridad, sino la necesidad apremiante de pasar cuanto antes la página de la tregua fallida con las pandillas. La represión y el terror no son más que una artimaña bien urdida para olvidarla. Primero es la seguridad presidencial y luego, a mucha distancia, el bienestar social y el bien común. La revelación del pacto con las pandillas y de su fracaso puso en entredicho la credibilidad del régimen. La posesión y el ejercicio del poder absoluto no son tan sólidos como quisiera. La posibilidad del colapso es real. Por lo general, los Gobiernos experimentan crisis, pero sus jefes las suelen superar con habilidad política y concesiones, cualidades gubernativas que le han sido negadas a Bukele. Al igual que las pandillas, optó por la violencia y el terror. La “guerra contra las pandillas” no es más que un pulso entre dos fuerzas violentas y destructivas. La violencia y sus enormes costos humanos y materiales desautorizan las lindezas expresadas por la ministra del exterior en la Cumbre de las Américas. Sin inmutarse, la funcionaria dijo que Bukele impulsa “un proceso de transformación en cuanto al enfoque de gobernanza a partir de un Estado de bienestar, que privilegia al más vulnerable y a la persona humana y al bien común sobre todo”. La desfachatez con la que los funcionarios de Bukele mienten es pavorosa. Confiar ciegamente en la buena conciencia y en la propia inocencia es temerario. Nadie está libre de los caprichos del soberano, presto a mentir para disimular sus atrocidades. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Si se compara lo que se vive en la actualidad con lo que acaecía en los tiempos de la guerra civil, no queda más que concluir que muchas lecciones del conflicto fratricida, demasiadas, han caído en saco roto. Durante la guerra, el país se polarizó; la neutralidad era casi imposible. Y la polarización condujo a la barbarie. Diversos estudios revelan que las guerras civiles, por su naturaleza, suelen ser más cruentas que los conflictos entre países y tienen un contenido ideológico más fuerte. La polarización de la guerra se cobró muchas vidas humanas. Hoy en día, la polarización se atiza desde las más altas esferas del Gobierno, dividiendo a la sociedad salvadoreña en dos bandos: los que apoyan al Ejecutivo y los que no. Quien es crítico o se abstiene de adular al poder queda incluido en la lista de los que quieren el mal para el país. El discurso de odio se utiliza como estrategia política para construir un imaginado enemigo común. No hay alternativa, no hay lugar para el pensamiento independiente. Al principio de la guerra se implementó la política de tierra arrasada, una táctica militar cuyo objetivo era destruir todo lo que podía ser de utilidad al bando contrario, bajo la lógica de quitarle el agua al pez. El pez era la insurgencia; el agua, la población civil y sus medios de vida. En nombre del combate al enemigo se perpetraron en esa época horrendos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la masacre en El Mozote. Hoy, al igual que entonces, se aplica una especie de tierra arrasada. Ante la aparente ruptura del acuerdo con las maras y ante la imposibilidad de aplicar inteligencia e investigación para la persecución y captura de los pandilleros, se ha optado por sacrificar poblaciones estigmatizadas. Durante el estado de excepción se ha capturado a cientos de personas inocentes. Como hace 40 años, madres, esposas, esposos, hijos e hijas preguntan por el paradero de sus familiares. Los operadores de justicia solo escuchan los designios de Casa Presidencial; la tendencia es no dejar salir a nadie. El Ejecutivo ha hecho del combate a las pandillas la fuente principal de su discurso y de su popularidad; todo lo demás es solo un medio para ese fin. Como en los tiempos de la guerra, una llamada anónima o un señalamiento infundado son suficientes para proceder a la detención sin investigación y sin derecho a la defensa. También durante la guerra civil, como en todo conflicto bélico, se manipulaba la información y se implementaba una guerra psicológica. El tiempo ha desvelado cómo trabajaba la maquinaria de fabricar mentiras en aquellos tiempos. En la actualidad, se implementa una estrategia mediática que manipula los datos y desinforma, creando con éxito un relato que solo responde a la versión del presidente sobre la realidad; una versión reduccionista, simplista, maniquea. Ignacio Ellacuría decía que “mientras la guerra dure, la única manera de salvar vidas es defender los derechos humanos”. Y hacer eso en aquel contexto era difícil y peligroso, pero las barbaries que en ese momento se cometieron con total impunidad hoy se entienden como crímenes de lesa humanidad. Aunque no sea popular, aunque implique sufrir represalias, acusaciones y calumnias, se debe seguir defendiendo los derechos humanos, todos los derechos, de toda persona.

Por José M. Tojeira, S.J. Con frecuencia, especialmente a la hora de evaluar un Gobierno, solemos hablar de desarrollo. Se le da un peso de primera magnitud a la economía, al desarrollo social y a valores democráticos. Pero se olvidan o marginan valores más individuales o que tienen algún matiz religioso. La actitud pacífica y dialogante ante el conflicto no se valora con tanta intensidad como la agresividad y el contenido incisivo de los ataques. La misericordia tampoco es de los valores más frecuentados. Y aunque es común hablar de solidaridad, la generosidad tampoco está en la cima de las actitudes más promocionadas. El cuidado de la individualidad suele sustituir a la preocupación por el prójimo. El triunfo personal, el éxito y la competitividad se aprecian más que la constancia y la fidelidad a las obligaciones simples del cada día. Se cultiva la imagen más que el servicio. Se busca más parecer bueno que serlo. ¿Sirven estas actitudes y modos de vida para el desarrollo? Solo en parte. Sirven, en efecto, para el desarrollo individual. Sin embargo, en una sociedad donde las oportunidades son desiguales, las actitudes mencionadas suelen provocar una desarrollo desigual, e incluso en ocasiones ponen a grupos contra minorías. Es increíble ver cómo el éxito de algunos líderes tuvo la capacidad de trastocar las actitudes éticas de grandes multitudes. El éxito de Hitler o de Mussolini con sus discursos radicales, sus puestas en escena adornadas hasta decir basta con signos y banderas, despertaba entusiasmo no solo en sus propios países, sino en sectores importantes de la burguesía latinoamericana y, especialmente, en los militares. Las payasadas del expresidente Trump encandilaron y enseñaron numerosos trucos políticos a algunos líderes de nuestros países. Pero estas fascinaciones nunca terminan produciendo un desarrollo armónico. Al contrario, con frecuencia terminan en tragedia. Desde los escritos de Maquiavelo, la política ha tendido a prescindir de la ética para asegurar la permanencia en el poder. La verdad sucumbe, al menos durante un tiempo, ante la imagen de dictadores, autócratas o líderes expertos en prometer rapidez y soluciones inmediatas. La mezcla de autoritarismo con individualismo, de riqueza de unos con pobreza de otros, de consumismo con apariencia y de imagen con falsedad, conduce siempre hacia el fracaso humano. Nuestra condición de seres sociales y empáticos no puede sustituirse por simples características gregarias dirigidas por los “machos alfa” de la economía o de la política. El desarrollo humano debe incluir siempre, además de la razón y la verdad, el crecimiento y afianzamiento de sentimientos profundos de humanidad. Las artes, la literatura y la religión nos ayudan a ser más humanos. Si destruimos los sentimientos de confianza, amistad social y cercanía humana frente al sufrimiento, lo que cosecharemos será inhumanidad. Una de las personas que impulsa el desarrollo humano a partir del desarrollo de las capacidades innatas de las personas insistía recientemente en que “nos equivocamos muy a menudo cuando permitimos que los pensamientos negativos que tenemos genéticamente arraigados en nuestra mente se apoderen de nuestra voluntad y nos hagan creer que el dolor del culpable erradicará nuestro dolor, o que la muerte compensará el asesinato”. La tendencia a querer superar el conflicto con la derrota o, al menos, el daño del adversario rompe las posibilidades de la amistad social y genera ciclos de violencia. Solamente la opción por crecer en humanidad produce realmente desarrollo humano. El sabio respeto a los derechos humanos de parte del Estado no solo crea confianza en la institucionalidad, sino que refuerza la capacidad de establecer lazos de amistad y de confianza en la sociedad. Lo contrario lleva inevitablemente a convertirnos en lobos para las otras personas.

Editorial UCA Las reformas legales que permiten el establecimiento de jueces sin rostro y que el juicio se lleve a cabo en ausencia del acusado deterioran aún más un sistema judicial que nunca fue decente, pero que había dado algunos pasos importantes hacia la independencia y la calidad profesional. El deterioro comenzó con el control inconstitucional de la Sala de lo Constitucional y continuó con una ley de la carrera judicial claramente irregular e incoherente con convenios internacionales debidamente ratificados; una ley que discriminó por edad y retiró a los jueces de 60 o más años de edad. A esto se sumó la potestad de la Corte Suprema de Justicia de trasladar, de un modo caprichoso y arbitrario, a los jueces de segunda instancia, e incluso rebajar sus funciones. En estos tiempos de estado de excepción, la presión y el miedo hace que los jueces pasen a instrucción a grupos de hasta 300 personas, desprovistas de defensa real y sin más indicios de culpabilidad que la existencia de tatuajes o la simple sospecha policial. Aunque hay jueces decentes y honorables, la presión mediática, la indefensión de los acusados y la contratación masiva de nuevos jueces obedientes al Ejecutivo están arrasando con la independencia judicial y con estándares elementales de justicia y de derechos humanos. La mayoría de veces, los procedimientos tanto de detención como de enjuiciamiento son irregulares e incumplen la normativa vigente. La impunidad de los jueces, mientras le den gusto a Casa Presidencial, se ha vuelto absoluta. En la práctica, el prevaricato y otras formas de violar la legislación vigente han dejado de existir como delito. Los derechos de los acusados quedan casi siempre severamente dañados. Las instituciones internacionales a las que el país les debe respeto y obediencia, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, carecen de relevancia ante jueces partidarios del poder arbitrario de las autoridades nacionales. No importa que la Corte Interamericana haya dicho en una sentencia que “los juicios ante jueces sin rostro o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de la Convención Americana [sobre Derechos Humanos] pues impiden a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”. El hecho de que dicha Convención haya sido ratificada por El Salvador y forme parte de la legislación nacional, incluso por encima de las leyes secundarias del país, les tiene sin cuidado a quienes han decidido convertir al poder judicial en uno de los brazos opresivos del Ejecutivo. Para colmo de males, el Gobierno desarrolla una campaña que anima a denunciar anónimamente a presuntos “terroristas”. El denunciante no es necesario que se identifique ni, por supuesto, es llamado posteriormente como testigo. Basta denunciar para que la Policía detenga y la Fiscalía acuse del delito de asociaciones ilícitas. Si el caso pasa a fase de instrucción, como es hoy lo común, el acusado puede pasar en torno a dos años encarcelado para ser puesto después en libertad, si es que hay suerte. La venganza calumniosa, la mentira envidiosa o el simple afán de hacer daño a otros cobra cuerpo gracias a este mecanismo de denuncia anónima. La figura de jueces sin rostro facilita la arbitrariedad, la injusticia y la impunidad. Defender los derechos humanos es hoy una tarea urgente. No se trata de no perseguir el crimen, sino de garantizar el respeto a los derechos de todos.

Proceso 10/06/2022 Al cabo de tres años de gobierno de Nayib Bukele, han salido a luz una amplia cantidad de análisis y comentarios críticos de un proceso político que, iniciado desde el voto democrático, ha ido evolucionando hacia la negación e incluso destrucción de algunos principios democráticos básicos. La guerra contra las maras y el régimen de excepción se pueden ver como símbolo de este proceso iniciado hace tres años, en el que el Estado de Derecho ha sido sustituido por una tendencia al control estatal del Poder Ejecutivo y a la arbitrariedad. Se establecen diálogos, pactos y preferencias en favor del gran capital, al que no se toca de ninguna manera, a cambio de dejar la política en manos del líder y su grupo. Se implementan medidas autoritarias que simultáneamente faciliten el control del Estado por parte del Ejecutivo para dar la apariencia de eficacia social. Se prescinde de garantías y convenios ratificados de Derechos Humanos, sin mayor preocupación por los golpes que puedan sufrir los más débiles, mientras se procura no golpear a quienes tienen la capacidad de incidir en las redes sociales o convertirse en símbolos de represión gubernamental. Por supuesto eso no quiere decir que a opositores incómodos no se les ataque o que no se trate de silenciarlos a través de un lenguaje de odio ampliamente distribuido en las redes. Se cuidan de no convertir en mártires a nadie, pero tratan de destruirlos moralmente desde la inmoralidad del insulto. Se aprovechan los errores de los gobiernos anteriores para detener ilegalmente a personalidades del pasado inmediato, buscando más que hacer justicia, destrozar sus posibilidades de liderazgo social, humillarlos y vencerlos. Se les acusa de corrupción y, cuando la permanencia en la cárcel comienza a sonar a persecución política y existencia de presos políticos, se condiciona su salida de prisión a aceptar su culpabilidad en un juicio abreviado. Destruir a los partidos tradicionales, aunque muchos de sus antiguos militantes engorden ahora con su servicio al nuevo régimen, se convierte en un objetivo sin duda ligado a ansias de permanencia en el poder. Se cometen errores graves que en vez de ser aceptados y corregidos se mantienen como si hubieran sido medidas inteligentes. En economía se mantiene como buena la oscura y ruinosa adopción del bitcoin como moneda, así como la tan rápida como poco transparente gestión del endeudamiento. En el sistema judicial se golpea duramente la independencia de los jueces con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, y se establece una tendencia a instaurar formas de arbitrariedad en las decisiones judiciales. Se impone a magistrados dependientes políticamente y se humilla y se establece como norma la discriminación por edad de jueces decentes, con frecuencia sustituidos por personas paniaguadas y obedientes al Ejecutivo. Los sectores críticos de la sociedad civil, defensores del Estado de Derecho o de los Derechos Humanos son menospreciados, insultados y se empeoran las relaciones internacionales con países democráticamente avanzados, tradicionalmente socios del desarrollo salvadoreño. La soberanía se confunde con la arbitrariedad y la elección democrática con un cheque en blanco. La propaganda resalta las medidas positivas del actual Ejecutivo, en cierto modo, nuevas dentro del asistencialismo tradicional de los gobiernos salvadoreños, pero no se tocan los problemas estructurales. La problemática del medio ambiente, agravado por la absurda actitud de rechazar el Acuerdo de Escazú, o la fiscalidad deficiente e inequitativa, junto con el sistema de pensiones y la desigualdad y vulnerabilidad social, continúan sin soluciones inteligentes. La situación y las tendencias políticas y sociales nos obligan a preguntarnos hacia dónde vamos. Y la respuesta es evidente: se están poniendo todos los medios para lograr un control del poder estatal parecido al que logró imponerse en México con el PRI por más de 50 años. Los esfuerzos por destruir a los partidos tradicionales de oposición, por otra parte ya muy desprestigiados y desgastados, y el hecho de que no surjan nuevas alternativas políticas claramente ancladas en las necesidades estructurales y culturales de El Salvador, hacen pensar a mucha gente que la existencia de Nuevas Ideas va para largo. Sin embargo, la debilidad de la economía, la ausencia de políticas de reforma estructural, las deficiencias en los servicios básicos, el personalismo, el abuso de poder y el irrespeto a derechos fundamentales, así como la falta de proyecto intelectual y la ausencia de hechos y experiencias históricas que otorguen al gobierno respaldo cultural, no permiten pensar que el sistema pueda durar tanto como el mexicano o tener semejante estabilidad. Aunque hay indicios más que suficientes como para pensar que se está fraguando un intento de reelección, el proyecto continuista y autoritario tiene demasiadas debilidades estructurales como para pensar en plazos de poder demasiado largos. Los tres añ

No podía hablar de otro tema que no fuera su guerra contra las pandillas. El tema es muy popular, refuerza el imaginario colectivo de seguridad y evita tocar cuestiones espinosas como la inflación, las pensiones o la deuda. De esa manera, Bukele redujo el tercer año a los dos últimos meses. Aunque anunció estar “muy cerca de ganar” dicha guerra, la inconsistencia de su discurso aconseja desconfiar. Bukele aseguró que la derrota de las pandillas “la empezamos a preparar y a planificar antes de asumir la Presidencia”. El primer paso habría sido el lanzamiento del plan de control territorial, en cuyas cuatro fases “tuvimos éxito”. Pero su vicepresidente tiene otra versión: hasta la implantación de la excepción, las pandillas “mandaban y controlaban más de un tercio de todo el territorio”; pero, desde entonces, ya no se ejecutan “operaciones aisladas de ir a alborotar el panal”, sino que están “limpiando las comunidades”. Las dos versiones son incompatibles. Uno de los dos está equivocado. No sobre un detalle, sino sobre una acción gubernamental de primera magnitud. La contradicción revela que la dirección de la Presidencia no sabe lo que hace o engaña y confunde deliberadamente. En cualquier caso, no es confiable. La guerra contra las pandillas no es, tal como dijo Bukele, “el resultado de actuar rápido para salvar vidas, poner primero a la gente”. Esa gente ha pasado tres años a merced de los pandilleros, hasta que empezó “la limpieza”, tal como dice el vicepresidente. Lo único que hicieron fue incomodarlos. De todas maneras, “la limpieza de la casa” es incompleta, porque se concentra en una de las dos pandillas grandes, porque algunos pandilleros gozan de la protección de Bukele y porque esos no son los únicos criminales. Están también los de cuello blanco, los corruptos, los narcotraficantes y los que trafican con influencias, con personas y armas. Además, la seguridad consiste en “cero homicidios” perpetrados por los pandilleros, es decir, Bukele no incluye a los pandilleros muertos en supuestos enfrentamientos con las fuerzas represivas ni a los asesinados en las cárceles. Tampoco considera a los desaparecidos. Su concepción de la seguridad es extremadamente estrecha. No es extraño, entonces, que el flujo migratorio tienda a aumentar, ya no solo por causa de las pandillas, sino también por la brutalidad de los soldados y los policías. Y los que emigran no tienen planes de “regresar y vivir […] o incluso invertir”, tal como asegura Bukele. Es cierto que Arena y el FMLN “tuvieron el poder para [transformar la realidad,] pero decidieron robar, mentir y asesinar al pueblo que les dio la confianza”. También es cierto que el régimen de los Bukele no es diferente. Quizás la única diferencia sea el hermetismo casi total que ahora rodea al ejercicio del poder. Es cierto que “teníamos marginación, desigualdad y falta de oportunidades […] la receta perfecta para que las pandillas se volvieran lo que ahora son”. Pero es igualmente verdad que la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades no solo persisten, sino también tienden a agravarse con la inflación. El caldo de cultivo de las pandillas sigue cocinándose, ahora más lentamente por causa de la represión. Por tanto, Bukele no tiene argumentos válidos para sostener que El Salvador “está muy cerca de vivir una nueva realidad, que por décadas nos fue negada: un país sin pandillas”. La afirmación es simplemente falsa. Si es cierto, como dijo, que la inversión extranjera aumentará de forma notable ahora que el país es seguro, por qué no retomó las nuevas de su embajadora en Washington, que anuncia abultadas inversiones, mientras hace de guía turística de presuntos inversionistas estadounidenses. O bien Bukele no está al tanto del éxito diplomático de su embajadora, o esta anuncia en falso un mensaje que no es de su competencia, o simplemente no hay tales inversiones. La diáspora, incluida la oficialista, no arriesgará sus ahorros en el país. Se limita a enviar dólares para mantener a flote las economías familiares. Sea lo que sea, los inversionistas extranjeros representan siempre una amenaza para la soberanía nacional, tan ensalzada por Bukele como justificación del aislamiento de la comunidad internacional. Es cierto también que Bukele está “transformando nuestro país desde los cimientos”. Pero no porque cierre las fuentes que alimentan el caldo de cultivo de las pandillas, sino por haber suprimido la separación de los poderes estatales y por haber desmantelado la institucionalidad democrática. Abandonó el camino hacia la democratización, emprendido trabajosamente en 1992, para tomar el de la dictadura personal. Sin duda, su liderazgo es real, pero es uno dictatorial. En ese sentido, “este es un momento único”, en el cual Bukele ha conseguido implantar su orden y su seguridad. Las pandillas, sin pretenderlo, le proporcionaron el pretexto para establecer su paz. Una paz que descansa en la militarización, en la violencia pendenciera, en la corrupción y el d

Editorial UCA Es muy distinto cómo dice el Gobierno que está el país y su gente, y cómo lo perciben observadores independientes y la comunidad internacional. Mientras la ingente propaganda oficial afirma que El Salvador ya es otro país, uno de los lugares más seguros del mundo, que va camino a la prosperidad gracias al bitcóin, etc., los datos afirman otra cosa. Para comenzar, si El Salvador es el lugar donde se cumplirán los sueños de todos sus habitantes, no se explica por qué la migración, lejos de reducirse, ha aumentado. Entre octubre de 2021 y marzo de 2022 se contabilizaron casi 50 mil compatriotas detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. 30 de cada 100 personas dicen que quisieran migrar y, en promedio, 300 salen cada día buscando oportunidades que en su propia tierra se les niegan. Por otro lado, un país seguro es aquel donde se respetan los derechos humanos. Pero Amnistía Internacional y otros organismos han denunciado que el Gobierno está violando masivamente los derechos humanos con el estado de excepción. Destacan las detenciones arbitrarias, las torturas, los malos tratos, así como la muerte de más de 30 personas capturadas. Aunque a muchos esto les es indiferente y otros tantos más bien lo aplauden, lo cierto es que la barbarie impera. Tampoco es seguro un país en el que se persigue a las voces críticas. Reporteros sin Fronteras denunció el 2 de junio que el Gobierno multiplicó los ataques y amenazas contra los periodistas críticos, creando así en la población la imagen de una prensa enemiga. Y sigue abierto el tema de la intervención de las comunicaciones a opositores y críticos de la administración Bukele a través del programa Pegasus. Otro dato: gracias al estado de excepción, el país ocupa el primer lugar en el mundo en número de presos por cada 100 mil habitantes. Es decir, ninguna otra nación en el planeta encierra a tan alta proporción de su gente como El Salvador. Un buen país garantiza un nivel de vida digno para toda su gente. Hasta el momento, la apuesta por el bitcóin ha fracasado y las agencias calificadoras de riesgo han rebajado la calificación de El Salvador a un nivel que indica que hay una alta probabilidad de que no pague sus deudas. Además, en la región centroamericana, El Salvador será el país que menos crecerá, tal y como ha sucedido desde los años noventa. Finalmente, un país democrático es aquel que rinde cuentas a su población, pero El Salvador es el país peor evaluado de Centroamérica por falta de transparencia presupuestaria. El país tiene la nota más baja de la zona; está 24 puntos abajo de Guatemala, a 22 de Costa Rica, a 16 de Honduras y un punto abajo de la sufrida Nicaragua. Por el momento, pese a los embates de la realidad, cada vez más contundentes y abundantes, la burbuja del país publicitado se mantiene firme. Y sobre la firmeza de esa ilusión es de lo poco que hay certidumbre en El Salvador.

Proceso 03/06/2022 Hace tres años, Nayib Bukele llegó al Gobierno. Prometió liberar al país de la corrupción y de los vicios de “los mismos de siempre”. En su discurso de toma de posesión el 1 de junio de 2019, Bukele dijo “nos comprometimos a ser un mejor El Salvador; nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño”. El grueso de las acciones de su gobierno, por el contrario, han seguido un camino diferente al de sus discursos. Durante tres años, el Gobierno de Bukele ha desmantelado los pocos avances en materia de institucionalidad democrática logrados desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ha demostrado que su Gobierno carece de planificación y propuestas de políticas públicas que brinden soluciones estructurales y sostenibles a los graves problemas del país. Sobre todo, estos tres años han demostrado que la transparencia, los derechos humanos y el Estado de Derecho son prescindibles si obstaculizan la voluntad del presidente. A lo largo de su gestión, Bukele ha focalizado esfuerzo y recursos en la cooptación de casi todas las instituciones del Estado. Desde que los diputados oficialistas destituyeron ilegalmente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, el pasado 1 de mayo de 2021, ya no se puede hablar de separación de poderes. Asimismo, la ciudadanía ha perdido la posibilidad de acceder a información pública básica, como el costo de los viajes del presidente, los planes de salud o de vacunación, el costo de las computadoras y laptops para el sistema educativo público, el costo total de la implementación del bitcóin, etc. Las posibilidades de ejercer algún tipo de control ciudadano sobre las acciones del Ejecutivo son nulas. Pese a ello, y gracias al trabajo del periodismo independiente, se han conocido graves casos de corrupción, especialmente relacionados con las compras de insumos médicos durante la emergencia causada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, más allá de la cooptación del Estado, de la concentración de poder en el presidente y de la corrupción, los tres años del actual Gobierno han visto el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Como prueba de lo anterior, haremos alusión a algunos temas. Por ejemplo, el Gobierno de Bukele se ha caracterizado por otorgar, con enorme facilidad, permisos ambientales para grandes proyectos urbanísticos que limitarán aún más el acceso al agua en comunidades pobres del país. En otros casos, los proyectos de inversión pública del Ejecutivo, como el Aeropuerto del Pacífico, desplazarán a comunidades y pondrán en riesgo la biodiversidad de la zona. Hasta el día de hoy, es imposible saber qué acciones está tomando el Ejecutivo para mitigar los riesgos y daños que este tipo de inversiones conllevan, si es que se está tomando alguna. De igual forma, en tres años de gobierno, los programas dirigidos hacia las mujeres salvadoreñas han sufrido enormes retrocesos. Para 2022, el presupuesto otorgado para el desarrollo de estos programas sufrió un recorte de $563,185, según reportes periodísticos. Programas como el de Agricultura Familiar y Amanecer Rural, que tenían un enfoque de género, perdieron sus asignaciones presupuestarias por completo, mientras que el programa de Ciudad Mujer ha sufrido también drásticas reducciones presupuestarias. Las poblaciones de los municipios más pobres del país también están viendo una afectación en los servicios y proyectos desarrollados por las alcaldías, luego de que la Asamblea Legislativa, por petición del Gobierno, les redujera significativamente la asignación del Fodes (Fondo para el Desarrollo de los Municipios de El Salvador) y centralizara los fondos en la Dirección de Obras Municipales (DOM). En los últimos días, incluso alcaldes pertenecientes al partido del presidente han señalado que no han podido cumplir con las obras que la población demanda, ya que no cuentan con los recursos para ello. En materia de seguridad pública, aunque la disminución en las cifras de homicidios es innegable, existen pruebas suficientes de que dicha disminución no es atribuible a la ejecución del Plan Control Territorial, sino a negociaciones entre el Gobierno y las principales pandillas del país. Como en administraciones anteriores, dichas negociaciones han ocurrido en total secretismo. Cuando estos pactos fracasan, comienza nuevamente el derramamiento de sangre y las víctimas resultan ser casi siempre personas trabajadoras sin vinculaciones con pandillas, como ocurrió entre los días 25 y 27 de marzo, cuando fueron asesinadas 87 personas. En tres años, pues, ha quedado más que demostrada la poca estima que el Gobierno de Bukele tiene para con los derechos humanos de la población cuando de proteger su imagen se trata. Luego de que el pacto entre las pandillas y el Gobierno se rompiera, a petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción que se ha prorrogado en dos ocasiones y en el que han tenido lugar prácticas p

Editorial UCA En el discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa al cumplirse los tres años del actual Gobierno, algunos asistentes exhibieron carteles pidiendo la reelección del mandatario. Llama la atención que eso sucediera precisamente en la casa de quienes están obligados bajo juramento a defender la Constitución, que prohíbe taxativamente la reelección en el período inmediato posterior a la finalización de un ejercicio presidencial. Los textos no dejan ninguna duda. El Artículo 152 dice que “no podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154 afirma que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Y con dedicatoria a quienes puedan hacer propaganda de la reelección, el artículo 75, en el apartado cuarto, sentencia que “pierden los derechos de ciudadano [...] los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Además, la Constitución niega la posibilidad de ser presidente en el siguiente período al “cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia”. Tampoco puede “el que haya sido presidente de la Asamblea Legislativa o presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial”. Y lo mismo dice de los ministros, los militares e incluso del director de la PNC. En otras palabras, ninguno de los que han acompañado al presidente en el ejercicio del poder puede ser candidato a la Presidencia en el período siguiente. Pese a todo lo anterior, los magistrados impuestos de la Sala de lo Constitucional dicen que el presidente de la República puede reelegirse al final su período. La imaginación y la creatividad de estos magistrados es grande. Especialistas en interpretaciones caprichosas, pretenden cambiar el significado de las palabras con resoluciones artificiosas, interpretando lo blanco como negro y viceversa, según las conveniencias del momento. La sentencia que emitieron para avalar la reelección inmediata es tan exigua, limitada y falta de razones como la ley del bitcóin. La interpretación de los magistrados va en contra del contexto y la literalidad constitucional, y esto puede deberse a ignorancia manifiesta, incapacidad racional, falta de independencia o voluntad de servir a un poder distinto al propio. Saltarse el significado de las palabras y sustituirlo por intereses personales no conduce a la democracia. La fidelidad a la intención del legislador constitucional y a la misma Constitución es esencial para el desarrollo armónico de una sociedad como la nuestra, tan necesitada de fortaleza institucional y tan sujeta a los caprichos de quienes consideran al poder político y judicial como instrumentos a su servicio. Por de pronto, la reelección del actual mandatario se consolida a bases de trampas, gritos destemplados y desfachatado desprecio a la democracia.

Editorial UCA Poco después de la publicación de la última encuesta del Iudop, un funcionario del Gobierno publicó este tuit: “Tuvieron que repetir la encuesta, pero les salió peor”. La intención era obvia: mostrar un dato del sondeo de opinión que beneficia a la actual administración. Cuestionar la ética de trabajo del Iudop le resultó obligado para no poner en entredicho la narrativa gubernamental sobre la UCA. Al respecto, lo primero a aclarar es que no hay tal encuesta repetida, sino que se trata de dos encuestas diferentes. La primera, presentada el 25 de mayo, se enfocó en exclusiva en la percepción ciudadana sobre el estado de excepción. La segunda, publicada el 2 de junio, versa sobre la evaluación ciudadana del Gobierno, que el Iudop realiza todos los años desde hace décadas. En la primera se preguntó a la población su opinión sobre el estado de la delincuencia a partir del 27 de marzo, fecha en que se aprobó el estado de excepción; el 78.7% de los y las encuestadas respondió que había disminuido. En la encuesta de evaluación de gobierno, la pregunta sobre la delincuencia fue de carácter general, sin relacionarla a una medida o acción gubernamental en concreto; un 88.2% de los encuestados respondió que había disminuido. Aunque la respuesta sea coincidente, se trató de dos preguntas distintas, de dos encuestas también distintas. Por otra parte, hay que hacer notar que en el primer sondeo, del 78.7% que dijo que la delincuencia había disminuido, una cuarta parte (24.8%) piensa que las capturas masivas se hacen para mejorar la imagen del presidente. Las encuestas de la UCA buscan dar voz a la población, especialmente para que los tomadores de decisión la escuchen y la atiendan. La credibilidad y el reconocimiento, nacional e internacional, del Iudop es producto del profesionalismo y ética mostrados en sus 35 años de vida; fruto de su trabajo independiente, ajeno a las presiones e intereses de cualquier grupo de poder. La percepción favorable de la población sobre el presidente y su gestión es mayoritaria y, como siempre, fiel a su profesionalismo, el Iudop la comunicó tal cual. De igual manera, si la opinión de la población llegara a cambiar, los datos se publicarán tal cual. Ahora bien, convendría para la buena marcha del país que, en medio de su regocijo por el mayoritario respaldo social obtenido, el Ejecutivo repare en que, en la encuesta sobre el estado de excepción, el 16.7% piensa que los 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo obedecieron a la ruptura del pacto entre el Gobierno y las pandillas, y que 20.8% de la gente en el área urbana conoce a personas que han sido capturadas de forma injustificada. En la encuesta de evaluación, ciertamente, la mayoría aprueba la gestión del Ejecutivo, pero las opiniones favorables han decrecido en el último año, lo menos valorado es la situación económica y 84 de cada 100 personas no se sienten beneficiadas por el bitcóin. La gente no vive de sueños ni de tuits que pretenden ser ingeniosos; necesita oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.

Por Rodolfo Cardenal, S. J. El presidente guarda silencios sonoros sobre los temas que ponen en riesgo su popularidad y destaca aquellos que la alimentan, para así presentarse como el mejor gobernante de todos los tiempos. El clamor de las madres y de las esposas a las puertas de las cárceles, donde ha encerrado a sus hijos y parejas, desafía esa astuta estrategia. Si por acaso, algún día, Bukele se vuelve a presentar ante ellas para pedirles su confianza, qué les dirá. Quizás se atreva a decirles que sus hijos o sus parejas son criminales. Eso ya lo saben muchas de ellas. Lo que suplican es información sobre su estado de salud, su estatuto judicial, visitarlos y proveerlos de los bienes indispensables que el carcelero mayor les niega. Quizás les diga que no los educaron bien. Ellas le responderán que les negaron esa oportunidad. La necesidad las obligó a trabajar fuera del hogar todo el día y sus hijos quedaron abandonados, sin quién viera por ellos. La escuela no les ofreció mayor cosa, la comunidad tampoco y las iglesias estaban ausentes. Y a las madres que saben que sus hijos no son pandilleros, qué les dirá. Esas mujeres no quieren disculpas hipócritas, sino la liberación inmediata de sus hijos y sus parejas, o al menos, tener noticias de ellos. Qué podría decir a las madres abandonadas con hijos que mantener y deudas que pagar. Qué les dirá a los menores que han quedado abandonados a su suerte, porque a sus progenitores se los llevó la redada. ¿Que su esposa se ocupará de ellos cuando “nacer con cariño” logre incluirlos? Muchos detenidos son pandilleros y criminales, y sus familiares no lo niegan. Pero otros muchos no lo son. Y bastantes andan sueltos, porque no son objetivo de la vendetta presidencial. Si alguna vez Bukele se atreve a visitar sus colonias, cómo les explicará la represión a aquellas que colaboraron en sus campañas electorales, en la distribución de los paquetes de alimentos durante la pandemia y en la promoción de las candidaturas de sus diputados y alcaldes. ¿Que olviden lo ocurrido para comenzar de nuevo? Sus diputados, que dicen acercarse a la población para contarle cómo su labor legislativa coloca al país en el rumbo correcto, no tienen valor para sentarse y escuchar el drama de estas mujeres, a quienes sin vergüenza llaman “madres luchadoras e incansables” y “mujeres bellas que dedican tiempo y amor a sus hijos”. Se desdicen en elogios a la madre irreal, mientras desprecian y maltratan a las madres reales. A una alcaldesa del partido oficial la dejaron con la palabra en la boca cuando comenzó a relatar las necesidades de la juventud de su municipio para solicitarles ayuda. El jefe de estos diputados dice sentirse muy seguro en el Soyapango actual, pero omite que se desplaza rodeado de guardaespaldas. Bukele ignora el clamor de las mujeres en vela permanente delante de sus cárceles. Se sirvió de ellas para llegar al poder y ahora las utiliza de nuevo para consolidar su popularidad sin importarle sus congojas. Atribuir la seguridad y el orden actual en las comunidades al terrorismo de Estado es un engaño. Más que orden, Bukele ha instaurado un desorden institucionalizado, cuya sensación de seguridad descansa en la injusticia y la violencia. Los entusiastas no debieran olvidar que los pandilleros capturados han campado por sus respetos durante tres años, amparados en la tregua. Y que muchos otros no son perseguidos. Las madres y las esposas le dicen clara y valientemente a Bukele que no abandonarán a sus hijos y sus parejas, sean o no criminales. Las primeras noticias sobre las torturas, el hambre, la sed y las enfermedades a las que están sometidos han aumentado la angustia de estas mujeres. Los más de veinte homicidios ocurridos dentro de los muros de las prisiones estatales las mantienen atemorizadas. Pero ni la zozobra, ni el miedo las han doblegado. Al contrario, han fortalecido su decisión de mantener la guardia, a pesar de pernoctar en la intemperie, de estrujar sus maltrechas economías y del trato grosero y cruel de los guardianes. Bukele intentó dispersarlas. Les envió sus fuerzas represivas y una tanqueta para amedrentarlas. Sus verdugos desmantelaron sus campamentos improvisados y las alejaron aún más de los portones de las prisiones. Todo en vano. Esas mujeres no han cedido y se mantienen en pie de lucha contra el régimen militar. No pueden retornar a sus hogares sin saber de sus hijos y sus parejas. Las mujeres en vigilia delante de las cárceles son una protesta clamorosa contra la dictadura de los Bukele y un llamado desesperado a la sensatez y la humanidad. La injusticia y la violencia las han convocado desde los rincones más diversos del país, las han unido y las han hermanado para plantar cara a la opresión del autoritarismo. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Proceso Desde hace un par de meses el centro de la atención nacional lo ocupa el régimen de excepción, lo que en sí mismo ya es un signo de la eficacia mediática del gobierno. La población, en general, aprueba el estado de excepción, en parte, por la labor de la propaganda oficial. El “capturómetro” fue la noticia del día durante las primeras semanas, posteriormente los “efectos colaterales” del régimen se han ido abriendo camino en la agenda nacional. Los casos de capturas de personas no vinculadas con las pandillas desfilan diariamente por los medios de comunicación, el sufrimiento de madres, padres, esposas y demás familiares de los detenidos pernoctando en las afueras de los penales, esperando que se les haga el milagro de la liberación de sus parientes, ha llegado a límites con signos de una crisis humanitaria. Pero el gobierno, aprovechando que los y las detenidas acaparan los reflectores, sigue adelante con otras medidas para avanzar en el rumbo que el presidente y el grupo al que representa les ha trazado. Recordemos que en septiembre de 2021, un decreto aprobado por las y los diputados que tramitan las peticiones del Ejecutivo obligó al retiro a magistrados de cámara, jueces de primera instancia, jueces de paz y a fiscales que tuvieran 30 años de carrera o 60 años de edad o más. El decreto retiró a un tercio de los 690 jueces de los que contaba el país en ese momento. El argumento del presidente del primer órgano del Estado fue “no más jueces corruptos ni justicia a la medida de los grupos de poder”. Ser juez mayor de 60 años se convirtió entonces en sinónimo de corrupción en el juicio inmisericorde de los troles y de los partidarios incondicionales del presidente. En diciembre de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Transitoria de Compensación Económica por servicios prestados por Empleados y Empleadas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Salvo algunas excepciones como la de Romeo Auerbach, que se acogió al decreto a principios de 2022, siendo diputado desde mayo de 2021, según testimonios de personas que se acogieron a la ley, el retiro no fue propiamente voluntario sino coaccionado. Más de un ciento de empleados y empleados se “acogieron” al retiro y casi 40 de ellos pertenecían al área de capacitación del TSE, una de las más grandes del tribunal y la que cuenta con el personal con más experiencia y más conocedor del sistema electoral. Mientras tanto, puestos importantes de dirección han sido cambiados y ocupados por personas seleccionadas por la fidelidad partidaria a quien domina el TSE y no por sus capacidades y méritos profesionales. La consecuencia más visible es que los procesos y las decisiones dentro del TSE han pasado, de hecho, ha engrosar la interminable lista de información reservada que ya ni el mismo sindicato de empleados del TSE puede conocer y frente a lo cual guarda un silencio que solo puede explicarse porque sus afiliados no quieren engrosar la también cada vez más larga lista de despedidos. De esta manera, de modo silencioso, el árbitro de las elecciones en El Salvador, está promoviendo cambios que deberían encender las alarmas. La cereza en el pastel de la cooptación de toda la institucionalidad democrática por parte del Ejecutivo puede ser la también cooptación de la institución encargada de garantizar la integridad del sistema electoral, de tal suerte que, como las otras instancias públicas, respondan a las órdenes de Casa Presidencial y no al cumplimiento de la ley. Por otra parte, el 11 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Retiro y otorgamiento de compensación económica al personal de la Policía Nacional Civil y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) mayor de 60 años. Se estima que unos 3,000 policías y miembros de la ANSP deberán someterse al retiro. Esta medida llega después de que trascendió una supuesta posición crítica creciente de miembros de la institución policial que se resistían al sometimiento a los militares y a realizar capturas, en el marco del régimen de excepción, de personas que no llenaban los requisitos para ser considerados pandilleros. Fuentes internas de la policía confirmaron la ausencia generalizada de enfrentamientos durante las capturas y consideran que la PNC es capaz de llevar adelante esta lucha en el marco del respeto a la ley. En una lectura un tanto superficial, los retiros “voluntarios” de jueces, personal del TSE y policías, puede leerse como una oportunidad para dar paso a nuevas generaciones. Pero yendo un poco más al fondo, también pueden leerse como deshacerse de las personas que, por su experiencia, han desarrollado un pensamiento propio dentro del marco legal, inadmisible en el funcionariado del bukelismo. Además de lo anterior, los rumores sobre la eventual aprobación de leyes con dedicatoria para anular a la prensa independiente y a organizaciones de la sociedad civil, más el refuerzo presupuestario a la Fiscalía General de la República para el espionaje telefónico, son indicios evidentes

Siete audios de un alto funcionario confirman la tregua con las pandillas y su ruptura, que costó la vida a 87 personas. Carlos Marroquín (“Lente”) se presenta como el enlace entre ellas y Bukele (“Batman”), y asegura que este les concedió privilegios, incluso permitió la salida del país de uno de sus líderes, buscado por la justicia nacional y la estadounidense. De acuerdo con este testimonio, no ha habido más plan de seguridad que la tregua. Las extorsiones, los desplazamientos forzados, las desapariciones y los asesinatos, ocurridos durante los dos años y medio que duró, fueron consentidos por Bukele. El Estado de terror que no pocos le agradecen ahora no lo impuso porque la seguridad le importe, sino porque la MS lo desafió. Inesperadamente, cuando el régimen parecía marchar sobre ruedas, contradicciones en la cúpula presidencial dieron al traste con la tregua y Bukele se quedó sin su plan de control territorial. “Torero”, responsable de la seguridad, y “Lobo”, el carcelero de la dictadura, se confabularon para capturar a varios líderes de la MS, que, como ha sido usual, se desplazaban con un salvoconducto en un vehículo oficial, conducido por un empleado público de confianza. Según la recapitulación de Lente, la MS dio 72 horas para liberarlos, pero Batman “se lo tomó a mal […] ‘a mí no me anden amenazando’”. En lugar de disciplinar a sus colaboradores, optó por escarmentar a la MS con la devastación de los vecindarios donde la pandilla opera. Los audios permiten asomarse a la relación de Batman con las pandillas. Lente, un operador con amplia experiencia en esos trances desde la época de la alcaldía, creó “condiciones a los [pandilleros] de adentro y también a la gente de aquí de la calle, que son las comunidades, la gente más pobre”, y sacó del país al líder prófugo de la justicia. “Yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a dejar a Guatemala”, dijo, para “ayudarles a todos y […] demostrarles mi lealtad y confianza”. Todo eso mientras levanta “cubos” para reconstruir “el tejido social”. Cuando la tregua naufragaba, pidió a los pandilleros “que paren, que ahorita paren, que me den chance para ver si logramos retomar”. No lo consiguió. Pero les adelantó que la situación “se va a poner peor en las comunidades […] pongan en alerta a la gente”, ya que “ahí dentro están torturando a la gente […] están sufriendo y los están humillando, los están tratando como animales”. Decepcionado, agregó, “no es para eso para lo que hemos luchado”. Se escapa a la imaginación cómo dos altos funcionarios de Bukele, Torero y Lobo, sabotearon la tregua con las pandillas, desautorizaron a su arquitecto y colocaron a Batman ante los hechos consumados. La centralización del poder no es tan sólida como parece. Todavía más sorprendente es que, en lugar de poner orden en las filas de sus colaboradores más cercanos, descargue su cólera contra la población de menores ingresos y menos oportunidades. Un despropósito con unos costos humanos inaceptables. Batman no ha sido engañado por la MS, sino víctima de las luchas internas de poder de su entorno más cercano. Ha caído en una trampa de la cual es difícil escapar sin daño, porque las consecuencias del terror desatado son impredecibles. Muy seguro de sí mismo, el régimen de los Bukele ha sido boicoteado desde dentro. Sus enemigos no están fuera, tal como suele quejarse, sino en los laberintos del poder presidencial. Ni siquiera Lente, el hombre de confianza de Batman en la relación con las pandillas, es muy de fiar. Juiciosamente, ha tomado distancia de su jefe. “Yo no quiero jugar con ustedes [los pandilleros] pero siento que él sí está ahorita, está jugando, él piensa que ya los topó al cerco […] y yo no quiero pues caer ahí en ese juego”. Lente no solo los puso sobre aviso sobre de la amenaza que se cernía sobre ellos, sino también cuestiona la eficacia de la represión estatal. Termina su comunicación con protestas de devoción a los pandilleros: “Yo, como les digo, ahí estoy para cualquier cosa, ya saben, a la orden”. Al encargado del “tejido social” solo le interesa la seguridad y el bienestar de los pandilleros. La violencia de las pandillas y la ruptura social causada por la venganza de Bukele le tienen sin cuidado. Tampoco a Batman le importa la tragedia humana causada por su insensatez. Las fuerzas detrás del naufragio de la tregua han comprometido gravemente el futuro de su régimen, al exponer, ante quien quiera ver, sus contradicciones, su impotencia y, en último término, su inhumanidad. En una palabra, Batman no es confiable. Los Jokers lo desacreditaron y lo dejaron enfrentado a una crisis carcelaria, jurídica y humanitaria de grandes proporciones. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Editorial UCA 30/05/2022 Más allá de su problemática legalidad y de la aceptación que haya podido tener, la ampliación del régimen de excepción deja un mal sabor en tanto que abre la puerta a que se cometan graves injusticias y abusos. Diversas instituciones defensoras de derechos humanos han informado sobre abundantes casos de detención arbitraria durante este tiempo; una de ellas es el Idhuca, que publicó recientemente un informe sobre setenta casos. En el documento destaca que la mayoría de los detenidos está en el umbral de la pobreza o de la vulnerabilidad económica y social, no tiene acceso a defensa y sufre la arbitrariedad y dependencia de los jueces respecto a presiones del Ejecutivo. Además, más de la mitad son menores de 30 años. En otras palabras, los datos indican que, en esencia, se está persiguiendo a la población joven y pobre, golpeando así el desarrollo humano y equitativo de El Salvador. Maltratar a la juventud de un país es sentar las bases de fuertes conflictos sociales en el futuro. La información que se le brinda a los detenidos es escasa. Del supuesto delito del que se les acusa se van enterando por parte; les dicen una cosa al detenerlos y otra en la audiencia inicial. Muchos son cabeza de hogar y tienen hijos pequeños. Algunos están detenidos por haber sido juzgados antes, a pesar de que en su momento se les declaró inocentes. Ciertos modos de las autoridades para llevarse a las personas tienen todos los aspectos de los delitos de detención ilegal y de privación de libertad. En un caso hubo suficientes agresiones como para calificar de tortura el trato dado al detenido. En otros, el allanamiento de morada de parte de los agentes de policía fue evidente. Los datos de los setenta casos presentados en el Idhuca coinciden con los recabados por otras instituciones defensoras de derechos humanos. La arbitrariedad, la falta de pruebas, el juicio anticipado son parte del abuso existente que afecta a centenares de personas. Si fuera cierto que, como dijo el presidente, hay un 1% de error en las detenciones realizadas durante el régimen de excepción, habría 300 privaciones de libertad injustas. Quienes se han movido en los tribunales afirman que el número de detenciones ilegales es muy superior al 1%. Nadie duda de la inmoralidad de los delitos cometidos por miembros de las maras, como tampoco de la inmoralidad de diferentes formas de corrupción del pasado y del presente. Sin embargo, tanto los pandilleros como los corruptos deben ser juzgados con todas las garantías judiciales que dan la ley salvadoreña y los convenios y tratados ratificados por el país. Que los agentes de los cuerpos de seguridad tengan carta blanca para comportarse de espaldas a la moral, la ética y los derechos humanos solo conducirá a la consolidación de la cultura de la fuerza y del desprecio a las leyes de convivencia. La prolongación del estado de excepción por tercer mes entraña el peligro de convertir al sistema judicial en una especie de brazo no de la ley, sino de la arbitrariedad y el abuso.

El miércoles 25 de mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la segunda prórroga por treinta días del estado de excepción, de modo que al final de la misma el país habrá pasado 90 días bajo dicho régimen. La decisión se justificó desde la necesidad de seguir capturando pandilleros a lo largo y ancho del país. Esta es la actual política gubernamental: limpiar las calles de delincuentes, privando de libertad al mayor número posible de ellos, sin importar si en el proceso se captura a gente honrada y trabajadora; a juicio de las autoridades, esto último es solo un efecto colateral. De paso, se aprovecha el estado de excepción para seguir evadiendo la rendición de cuentas, la transparencia y el control sobre el uso de los fondos públicos y las contrataciones del Ejecutivo. Ese mismo miércoles se dieron a conocer dos estudios de opinión pública, uno de la Universidad Francisco Gavidia y otro de la UCA, en los que se recoge la percepción de la población sobre esta temática. Los resultados de ambos dejan claro que el Gobierno de Nayib Bukele mantiene el estado de excepción basado en el amplio respaldo que este encuentra entre la población. Una vez más, el presidente se apalanca en la popularidad para impulsar acciones de escaso beneficio para el país. La medida se considera un éxito en la medida que ha logrado disminuir considerablemente la delincuencia. Pero no podría esperarse otro resultado: aquí o en cualquier parte del mundo, cuando se decreta un estado de excepción y se realizan detenciones masivas, la delincuencia disminuye de inmediato. El incremento de la presencia de las fuerzas de seguridad y de las posibilidades de ser detenido es razón más que suficiente para desincentivar el accionar delincuencial. Por esa razón, la delincuencia es mucho menor bajo regímenes dictatoriales en los que la fuerza bruta manda o en sociedades donde la investigación y la eficiencia policial son muy altas, pues las posibilidades de que los delitos queden impunes es baja. También la delincuencia es menor en aquellos países con altos niveles de desarrollo y bienestar, con mayor justicia social e igualdad de oportunidades. El Salvador ha elegido el camino del autoritarismo en lugar de construir las condiciones para que haya oportunidades de vida para todos sus habitantes. Las pérdidas derivadas del estado de excepción son grandes. Muy pocos reparan en el hecho de que el deseo de migrar se ha incrementado y que efectivamente el número de personas saliendo del país es cada vez mayor. Una sangría constante de talento que nos empobrece. Además, la idea que en el exterior se tiene del estado de excepción empuja a muchos a no viajar a El Salvador. Es poca atractiva la imagen de una fuerza policial y militar cada vez menos respetuosa de los derechos humanos y más propicia a cometer abusos con total impunidad. A la mayoría de la población parecen importarle poco los efectos negativos del estado de excepción, por mucho que hoy la gran mayoría esté más expuesta a las arbitrariedades y abusos de las autoridades. Menos aún preocupa la situación en los centros penales, que día a día se vuelve más inhumana: el hacinamiento y la insalubridad crecen exponencialmente, la alimentación es insuficiente, no se garantiza ni el mínimo acceso al agua, los maltratos se multiplican, se niega la medicina… Estas condiciones solo pueden ser calificadas como graves violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad. Violaciones que sufren tanto los responsables de delitos como los que han sido detenidos de forma arbitraria, sin ninguna prueba fehaciente en su contra de haber cometido un ilícito. Mientras todo esto pasa y la maquinaria de propaganda oficial se afana en hacer creer a la población que se está luchando contra el crimen, una investigación periodística confirmó que funcionarios de alto nivel, muy cercanos al presidente, han negociado con las pandillas, y que incluso uno de ellos sacó del país a una de sus líderes, sobre el cual pesaba una solicitud de extradición de la justicia estadounidense. El silencio presidencial ante la noticia ha sido elocuente y confirma el fariseísmo de este régimen: por un lado, protege a criminales de altos vuelos y los oculta de la justicia; por otro, suspende derechos constitucionales y reprime sin compasión ni distingos bajo la bandera de una supuesta guerra contra la delincuencia. La insensibilidad generalizada ante esta situación encuentra su explicación en el hastío de la población después de tantos años de inseguridad y en la cultura racista, excluyente y aporofóbica. Esa insensibilidad es muestra clara de la pérdida de los valores cristianos de la solidaridad y la amistad social, que han sido sustituidos por la sed de venganza y la polarización social. Ante ello, vale citar el llamado del papa Francisco a “reencontrarnos (...) con los más pobres y vulnerables, que están en las periferias, alejarnos de los populismos, que explotan la angustia del pueblo, sin dar soluciones, proponiendo una mística que no

Por José M. Tojeira, S.J. No se puede dudar que la futura fuerza y vitalidad de la Iglesia dependerá de la incorporación de los que hoy son jóvenes a una fe eclesial profundamente enraizada en Cristo, con su libertad evangelizadora y su amor profético a todos, y especialmente a los pobres. En esta Iglesia nuestra que quiere estar siempre “en conversión pastoral y en salida”, de corazón abierto y martirial y que quiere transformar la realidad “para testimoniar el Reino de Dios”, la preocupación por los jóvenes es permanente. Ya al principio de nuestro Plan Pastoral 2019-2024, en el primer objetivo específico, que trata de mantener la coherencia entre fe y vida se hace una referencia a la importancia del “acercamiento entre jóvenes y adultos para superar la ruptura intergeneracional”. Por ello resulta indispensable fijarnos en la situación de los jóvenes. En diferentes apartados, los documentos de Aparecida recalcan la problemática de los jóvenes latinoamericanos, no muy diferente de la situación de nuestros jóvenes y adolescentes salvadoreños. Se nos invita a conocer su situación para poder hablar su lenguaje y ayudarles a encontrarse en la fe con Cristo como amigo y compañero de camino hacia la maduración personal y hacia el amor cristiano fraterno y solidario. Los obispos en Aparecida eran muy conscientes de la difícil situación de nuestros jóvenes, con sistemas educativos poco competentes, con orientaciones educativas más preocupadas por la competitividad y el mercado que por los valores humanos, con una globalización que fomenta la búsqueda individual del éxito y el placer al tiempo que desecha, olvida y, a veces, incluso persigue a los no triunfadores. Todo ello en sociedades marcadas por la desigualdad y la pobreza. No es diferente la situación en El Salvador. Nuestros jóvenes son los que reciben los peores salarios, los que se ven más obligados a migrar, la mayoría de los que pueblan nuestras cárceles, los que más han sufrido el dolor de familias disfuncionales o separadas, los más asediados por el consumo, por la violencia, por la droga y por todo tipo de propaganda. En estos meses de estado de excepción han sido los más hostigados y perseguidos. De hecho, de los un poco más de 26.000 detenidos en el último mes y medio, más de dos terceras partes son jóvenes entre 18 y 30 años. La necesidad de llegar a los jóvenes resulta imperiosa en medio de estas situaciones. De hecho en nuestras iglesias encontramos jóvenes que son profundamente generosos, una vez convertidos y entregados al Evangelio, sirven con alegría y vibran con mayor emoción ante nuestros mártires. Nuestra situación no es mala, pero resulta indispensable dedicarles tiempo, trabajar con ellos y formarles adecuadamente en la fe y en la Doctrina Social de la Iglesia. Es un reto para los padres y servidores, muchos de ellos también necesitados de formación en el pensamiento social de la Iglesia, y un desafío para nosotros sacerdotes, necesitados de un lenguaje y una pedagogía, como dice Aparecida, que además de impulsar la fe, conduzca a una formación “gradual para la acción social y política y el cambio de estructuras conforme a la Doctrina Social de la Iglesia, haciendo propia la opción preferencial y evangélica por los pobres y los necesitados”. La juventud y dinamismo de un alto porcentaje de nuestro clero es siempre promesa de una Iglesia en crecimiento. Pero viendo los problemas de nuestros jóvenes es necesario multiplicar esfuerzos. En la última reunión del clero, uno de los participantes insistía en que si bien la Iglesia ha crecido hacia dentro y ha profundizado en la fe y en el crecimiento espiritual, debemos redoblar esfuerzos para convertirnos en una Iglesia en salida y evangelizadora, ir más allá de nuestros templos e incidir en la historia de nuestro país. El trabajo con los jóvenes nos toca a todos, sacerdotes y laicos formados. Esta sociedad nuestra, con cambios tan acelerados en todos los aspectos, necesita nuevas generaciones de cristianos capaces de amar, servir y construir una sociedad más fraterna, justa y pacífica. O como dice el Concilio Vaticano II, personas que convertidos a Cristo como nuestra cabeza y gozando de la libertad de los hijos de Dios y la fuerza de su Espíritu, tengan “como fin el dilatar más y más el Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra” (Lumen Gentium 9)

En general, la población aprueba el estado de excepción. Así lo refleja la última encuesta del Iudop, realizada entre el 22 de abril y el 7 de mayo, es decir, cuando la medida rondaba el mes de aplicación. A nivel nacional, el 78.7% de la población percibe que desde que el estado de excepción entró en vigencia, la delincuencia ha disminuido; un 14% cree que sigue igual. En la zona rural, el porcentaje se eleva (81.5%) mientras disminuye en el área urbana (76.8%). La valoración positiva se expresa también en que 58 de cada 100 personas encuestadas creen que la medida es muy efectiva para recuperar los territorios y en que el 66.6% piensa que el país estará mejor si se extiende el estado de excepción. Sin duda, la mayor parte de la gente lo aprueba, como lo refleja la calificación de 7.99 que a nivel de nacional se le da a la medida de imponer el régimen. Sin embargo, en los resultados de la encuesta hay matices que ponen reparos a una lectura maniquea y simplista de la percepción de la población. Cuando se pregunta a la gente por la delincuencia en su lugar de residencia, las respuestas cambian significativamente. Como se apuntó, el 78.7% considera que el estado de excepción ha disminuido la delincuencia en el país, pero solo el 52.5% afirma lo mismo con respecto a su colonia y el 43.6% cree que la delincuencia sigue igual que antes. Además, es significativo que si bien el 84.4% de las personas afirmó conocer que se aprobó el estado de excepción, más del 40% desconoce las garantías constitucionales que han sido suspendidas. Es gente, pues, que desconoce que hoy ya no se necesita una orden judicial para capturar a alguien, que ningún capturado o capturada tiene derecho a un defensor, que las 72 horas de detención administrativa se han extendido a 15 días y que están anulados el derecho a reunión y la prohibición de escuchar comunicaciones privadas. Tampoco la calificación que se le da al régimen de excepción es homogénea. Quienes mejor lo valoran viven en el área rural, tienen menor nivel de escolaridad, se informan menos o no conocen a nadie inocente que haya sido capturado. Los que peor lo califican son del área urbana, tienen mayor nivel educativo, se informan más o conocen a alguna persona que fue capturada y creen que es inocente. A nivel nacional, 17 de cada 100 personas (16.8%) dijeron conocer a una persona capturada sin que aparentemente tenga vínculos con las pandillas. Esta relación sube a 23 por cada 100 (22.8%) en el área metropolitana de San Salvador. Casi la mitad de la población, el 48.6%, está en desacuerdo con que las capturas se hagan sin orden judicial; el 46.4% está de acuerdo. En la zona urbana, la gente tiende a ser más crítica que en el área rural. Por ejemplo, en el campo, el 17.9% de los encuestados cree que la delincuencia bajó porque así lo dicen los anuncios del Gobierno y porque es lo que publican los medios de comunicación. En la zona urbana, el 13.2% piensa así. Por otro lado, dos terceras parte de la población (66%) creen que el estado de excepción es una estrategia de seguridad gubernamental; para una cuarta parte (24.8%), el Gobierno lanzó la medida para mantener una buena imagen. En el área metropolitana de San Salvador, ese porcentaje sube al 26.5%. A nivel nacional, son tres las principales razones que según la gente estuvieron detrás de la ola de homicidios de marzo: una respuesta de los pandilleros al plan de control territorial (33.8%), una demostración de que las pandillas siguen teniendo el control de las localidades (29.2%) y la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las pandillas (16.7%). La investigación del Iudop se desarrolló antes de que el régimen de excepción causara las muchas reacciones de los familiares de los capturados, antes de que afuera de los centros penales se viviera una crisis humanitaria y antes de que se reconfirmara que el Gobierno ha tenido estos años un pacto con las pandillas. Aún queda tela por cortar.

Roland Freisler, abogado, militar, político y presidente de la Corte del Pueblo de la Alemania nazi, podría ser descrito como un hombrecillo de mediana edad y enclenque apariencia. Una imagen que contrastaba con los atronadores gritos con los que llenaban la Corte, desde la cual dictaba sus furiosas condenas contra los enemigos y blancos de la dictadura nacionalsocialista. Freisler estuvo lejos de ser el arquitecto de la locura y muerte desarrolladas por la maquinara nazi y su popular líder, Adolf Hitler, pero sin el leguleyo la peste autoritaria no se hubiese extendido y contaminado a tantas personas inocentes, muchas de ellas humilladas por el mismo Freisler, quien las insultaba durante las audiencias, privándolas del cinturón que ataba sus pantalones para hacer más completa la burla y degradación. Al final, Freisler moriría aplastado por la locura que contribuyó a crear, bajo un alud de escombros causado por las bombas aliadas que llovían sobre Berlín el 3 de febrero de 1945. “Nadie lamentó su muerte”, fueron las palabras de un corresponsal extranjero. Y era natural: nadie suele recordar la carrera de un juez vendido a una dictadura, salvo quizás para sentir vergüenza. Cuando el filósofo del derecho español Javier Hervada se pregunta por el fundamento axiológico del derecho, no puede evitar partir de la raíz etimológica de la palabra, que se remonta a ius, de origen romano, y que se traduce en la lengua española como “derecho”. Esta raíz fue vinculada por el famoso jurista romano Ulpiano, en el siglo III después de Cristo, con la voz iustitia o “justicia”. De ahí que, para Hervada, no se pueda hablar de derecho sin partir, razonar o buscar aunque sea un mínimo de justicia: “Dar a cada quien lo que en verdad le corresponde, según su ser, sus habilidades o capacidades”, o bien resolver un caso según el mérito de la causa, los arraigos, la prueba presentada o los argumentos disponibles, no según la directriz de un funcionario, por ejemplo Kant, finalmente, cuando reflexiona sobre la cuestión en sus Principios metafísicos del derecho, asemeja al derecho sin justicia con la cabeza de madera en la fábula de Fedro: “Una cabeza que puede ser muy hermosa, pero no tiene seso”. Lo mismo sucede con un juez que ignora el derecho y sus más elementales valores de justicia para resolver únicamente lo que le favorece a su carrera o exige un dictador. Este tipo de juez abandona la naturaleza esencial de la judicatura, renuncia a la calidad de abogado, se convierte en menos que un estudiante de derecho, no alcanza la estatura de una persona mínimamente moral y es factor coadyuvante de un cáncer social. Así, la toga solo adorna a un hombre vacío de sentido profesional y ético. * Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

En octubre del año pasado, el Foro del Agua presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo entre ANDA y una empresa de la familia Dueñas que permitía a esta última extraer 240 litros de agua por segundo dentro del proyecto urbanístico Valle El Ángel. Siete meses más tarde, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente la demanda argumentando que si bien las aguas subterráneas pertenecen al Estado, la concesión de su uso puede ser otorgada por ANDA, sin pasar por la Asamblea Legislativa, si dichas aguas están debajo de propiedad privada. Este vergonzoso y servil modo de administrar justicia atenta contra una reserva acuífera para satisfacer las ansias de negocio y ganancias de un grupo de capitalistas carente de escrúpulos. El abuso del agua y la tendencia a privatizarla como si fuera un simple bien de mercado hacen estragos en el país. En realidad, 240 litros por segundo es el equivalente a más de 800 metros cúbicos de agua por hora. Y esa cantidad, extraída en solo 60 minutos, sería suficiente para atender las necesidades de más de 130 hogares durante un mes. Se trata, pues, de una concesión abusiva que se da sin mayor estudio ni reflexión sobre la problemática ambiental nacional, los efectos del calentamiento global y las necesidades de la población. Según el sexto informe del Estado de la Región, El Salvador es el país centroamericano con la menor disponibilidad de agua por habitante. Y dado el aumento de las temperaturas, pronto experimentará aún mayores problemas. En ese contexto, el país debería examinar a fondo la cuestión y tomar ya todas las medidas requeridas para garantizar un futuro viable. Dada su pluviosidad, nuestro territorio debería tener los recursos hídricos para satisfacer las necesidades de todos los hogares; es decir, disponer de entre 5 y 10 metros cúbicos de agua al mes para cada hogar. Sin embargo, el afán de proteger a los sectores pudientes, abandonando al resto a su suerte, ha ido creando una situación límite en torno al agua. El mal servicio de ANDA, en particular en las zonas marginales o de pobreza, agrava esta realidad. En la Laudato si, el papa Francisco señala que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres”. E insiste en el destino universal de los bienes creados. En esa línea, cuando la Constitución salvadoreña dice que las aguas subterráneas son propiedad del Estado, lo que afirma es que pertenecen a todos. Privatizar el agua, por tanto, constituye un robo. El Estado, lo dice la Carta Magna, está al servicio de todos los salvadoreños, no solo de los ricos y la clase media acomodada, quienes pueden pagar por un servicio esencial para la vida. El texto constitucional es muy claro: “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”. Poner en peligro la distribución del agua para todos los habitantes de El Salvador es atentar contra la justicia, el derecho de los pobres y el bien común.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. El deseo de venganza es, en principio, insaciable, pero los objetivos sobre los cuales descarga su furia son efímeros. Una vez destruidos, la insatisfacción que pueda quedar ya no tiene en quién ensañarse. Bukele ha vuelto a la cima de la popularidad con la represión indiscriminada e implacable. Cuando ya no quede a quién encerrar ni torturar, tendrá que buscar otros enemigos contra quienes descargar el rencor que lo posee o algún otro proyecto excitante. Agotado el filón de las capturas masivas, se encontrará en el mismo lugar donde estaba antes. La inflación, la falta de liquidez, la deuda, los servicios sociales y la emigración aún aguardan un tratamiento eficaz y sostenible. La venganza puede satisfacer instintos primarios, pero no transformar la realidad. Confundir la justicia con la venganza es un error grave. La humanidad se decantó por la justicia para evitar el linchamiento. La legislación impide que las emociones desbordadas impongan las sanciones y, en teoría, busca rehabilitar al acusado encontrado culpable. El dilema no consiste en dejar impune los crímenes de los pandilleros o en descargar contra ellos la impotencia y la frustración reprimidas durante mucho tiempo, sino en sancionar donde hay responsabilidad, de acuerdo con la ley, no según los dictados de la irracionalidad y la emotividad arrebatada. Bukele no está interesado en la justicia, sino en la popularidad que legitima su poder dictatorial. La sociedad sana y fuerte no descansa en el odio y la venganza. Oponer la violencia de los buenos a la violencia de los malos solo genera más violencia, con el agravante de que el criterio para identificar a unos y otros es subjetivo. El régimen es tan parcial que no puede decir “hasta cuándo vamos a llegar”, porque “son cosas que se analizan día con día […] naturalmente vamos a llegar hasta que tengamos un buen número de estos integrantes tras las rejas”. Uno de los ministros responsables directos de la represión ni siquiera sabe cuántos son los terroristas. Evidentemente, la ola de terror estatal no se ajusta a ningún plan, sino a la voluntad suprema de Bukele. Ya se escuchan voces que advierten no acudir a los funcionarios, sino al mismo presidente, porque solo de él depende la vida de las decenas de miles de personas capturadas. Bukele ha tenido la gran habilidad de dividir y de enfrentar al pueblo consigo mismo. Tanto las víctimas de los pandilleros como estos pertenecen a los estratos sociales con los ingresos más bajos y con menos acceso a los servicios públicos. Ambos luchan por sobrevivir en condiciones muy adversas y excluyentes, aunque cada uno lo hace de manera distinta. Los pandilleros lo hacen a costa de la explotación, del despojo y del sufrimiento de sus víctimas. Y muchas de estas, igualmente desesperadas, se aprovechan con frecuencia de la debilidad y la vulnerabilidad de sus vecinos. Los soldados y los policías, que con tanta rabia capturan y catean viviendas similares a las suyas, llevan una vida tan precaria como sus víctimas. Están tan irritados que saquean las viviendas de sus prisioneros. Mientras los pobres y los excluidos se destruyen entre ellos, para sobrevivir o vengarse, Bukele y los suyos disfrutan a sus anchas de las oportunidades que brinda el poder absoluto para medrar. Más sorprendente aún, Bukele no solo ha dividido y enfrentado a los pobres con los pobres, sino que también ha conseguido que estos lo aplaudan entusiasmados. Encandilados con promesas brillantes, cada vez más inalcanzables, y deslumbrados por la brillantez del poder absoluto, han aceptado de buena gana sus miserias. Miran hacia arriba para no mirar hacia abajo. Las mayorías han caído rendidas ante un poder que les niega la vida digna, el empleo, la salud y la educación, la vivienda y la seguridad, y han consentido en que los hermanos Bukele y sus socios aumenten sus fortunas. La dignidad, negada a las mayorías, es privilegio de unos cuantos. La normalización del odio y del terror deshumaniza. Es un sálvese quien pueda, a costa de quien sea, con la aprobación ciudadana y del Estado. La violencia y el despojo tienen carta de ciudadanía. La sociedad que acepta esta aberración es un fracaso humano y ético. La sociedad organizada según la ley del más fuerte imposibilita la ciudadanía y la convivencia. La sociedad que recompensa el abuso, la mentira y el terror está reñida con los valores fundamentales y, ciertamente, con el cristianismo, que muchos de sus promotores profesan. Se dan golpes de pecho y claman “¡Señor, Señor!”, mientras explotan y oprimen a los débiles. La apuesta actual de los Bukele es dividir y enfrentar a las mayorías consigo mismas para que, distraídas y diezmadas, no se organicen y así ellos puedan prevalecer no solo sin oposición, sino también con su complacencia. La alienación es total. La prensa independiente es una excepción molesta. La ironía de la contradicción indica el nivel de la perversión social. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor R

Recientemente, el 13 de Mayo y en la Misa celebrada en honor a la Virgen de Fátima, el cardenal Gregorio Rosa Chávez advertía que hoy estamos en un país “con demasiado odio, muchísima sed de venganza, muchísimo resentimiento". Todo lo contrario a lo que nos pide la fe cristiana que habla del amor como el imperativo fundamental de la acción y que exige que, sin renunciar a la justicia, se trate a toda persona como a un ser humano con dignidad. Incluso a aquellos que se comportan inhumanamente. Y por supuesto todo lo contrario también a un espíritu humanista que poniendo el interés mayor en la restitución de la dignidad a la víctima, es al mismo tiempo consciente de la necesidad estatal de preocuparse por la rehabilitación del victimario. Centrarse en el castigo del delincuente y pensar que el dolor del delincuente compensa a la víctima o produce consuelo en los parientes de la misma, solo puede ser visto como parte de un pensamiento poco humano. Alegrarse con el sufrimiento tanto del delincuente como de su familia no es más que un acto vulgar de nula calidad humana y un modo de expresar una conciencia cruel. La inhumanidad del delincuente no se corrige tratándolo inhumanamente. Requiere castigo, es evidente, pero no venganza. Si además el ansia de venganza justifica la arbitrariedad de la justicia y el abuso contra inocentes, la situación se vuelve de total rompimiento de valores sociales. Ante el delito el primer paso es mirar a la víctima, facilitar su reintegración positiva a la vida, darle los apoyos que necesite y ayudarla a recuperar la dignidad, la seguridad y la confianza en la sociedad que el delincuente le había arrebatado. El segundo paso es imponer una sanción al delincuente que le fuerce a reflexionar sobre su conducta, sobre el fracaso de actitudes violentas o antisociales y que le posibilite un cambio de actitud ante la vida y ante las personas. Solo así tenemos la posibilidad de ir creando una sociedad donde florezca y se desarrolle lo que el Papa Francisco llama la “amistad social”. Asociarse para vivir y disfrutar juntos la vida es una de las mayores satisfacciones que puede tener el ser humano y una de las más importantes fuentes de felicidad. El odio divide, y al mismo tiempo que separa a los seres humanos produce desconfianza, inseguridad y tendencia a buscar enemigos entre aquellos que le rodean a uno. El odio destruye; la solidaridad con la víctima y el demostrar al delincuente que más allá del castigo impuesto se le sigue considerando un ser humano, crea comunidades estables y con seguridad humana. En El Salvador, con demasiada frecuencia, a la víctima se la olvida pronto. Y no digamos si es víctima del propio Estado, que ha sido y sigue siendo el gran patrón de la impunidad de los poderosos. Al victimario común se busca humillarle, castigarle y, en la medida de lo posible, despersonalizarle. Para demasiadas personas la venganza es la mejor forma de justicia. Y piden que el Estado la lleve a cabo. Lo lamentable es que el Estado dé pábulo a ese tipo de posición imponiendo castigos generales, tratando de la misma manera a posibles delincuentes y a personas que no podrían ser llevadas a juicio en circunstancias normales. Todo sistema de investigación, por bueno que sea, puede cometer errores al perseguir a delincuentes o al enjuiciarlos. Pero perseguir sin investigar y juzgar sin garantías procesales ni es digno de una democracia, ni de una sociedad humana que necesariamente debe construirse sobre la solidaridad, la amistad social y sobre la justicia unida a la verdad. Ya hace muchos siglos decía Aristóteles que “la ciudad es la asociación civil con miras a obtener el bienestar y la virtud para beneficio de las familias y de las diversas clases de habitantes... La fuente de todas estas instituciones es la amistad y este sentimiento es el que mueve al hombre a preferir la vida en común”. Por supuesto que a demasiados de nuestros compatriotas no les importa lo que decía Aristóteles, ni le interesa la opinión de quien no le va a satisfacer su sed de venganza y su idolatría de la violencia y arbitrariedad estatal. Pero el Estado, que debe regirse por la racionalidad y por sentimientos de humanidad; no debe bajo ningún punto abandonar sus responsabilidades de respetar la dignidad humana de todos los ciudadanos. Si no lo hace, termina conduciendo al caos y a la infelicidad a todos aquellos a los que engaña prometiéndoles un futuro mejor.