Editoriales y Opiniones

El paso de la tormenta tropical Julia por nuestro país ha creado un desastre severo para muchas personas. Una vez más se constata la debilidad que tenemos en la prevención del desastre, en unos tiempos en los que el indetenible proceso de calentamiento global augura tanto tormentas como sequías más violentas y duraderas. Después de cada desastre, se habla siempre de prevenir, pero el siguiente acontecimiento destructivo que nos sacude nos encuentra de nuevo mal preparados. No hay un censo efectivo de lugares en riesgo ni una normativa que planifique modos de superación de la vulnerabilidad. No hay planes estatales de vivienda rural que evalúen lugares peligrosos y que ayuden a los campesinos a construir en zonas seguras y con calidad de materiales. En general, el riesgo de los pobres no se tiene en cuenta hasta que el huracán, el terremoto o la sequía afecta. En cambio, se otorgan con facilidad permisos ambientales para construir casas caras, a las que no tiene acceso el sesenta o setenta por ciento de los salvadoreños, pero que afectan humedales, reservorios de agua y el acceso al agua de sectores vulnerables. Las construcciones en ladera acumulan y acrecientan las corrientes de agua hacia las partes bajas en algunas ciudades como San Salvador. Pero parece que los problemas que se generan no importan cuando se trata de beneficiar negocios particulares. La prevención ha estado también ausente en la agricultura. El uso de pesticidas y agroquímicos continúa siendo un problema para el país. El glifosato, el paraquat y los compuestos de 2,4-D se usan en agricultura sin mayor control, a pesar de las evidencias de que han sido, al menos parcialmente, la causa de la insuficiencia renal crónica, verdadera plaga nacional. Por otra parte, si bien la prevención de diversas enfermedades ha avanzado gracias a las vacunas, el Estado no tiene un compromiso serio en prevenir padecimientos de salud relacionados con intereses económicos del gran capital. La diabetes y la ateroesclerosis, causadas con frecuencia por una dieta cargada de grasa y azúcares, y muy comunes en El Salvador, no cuentan con medidas adecuadas para prevenirlas, ni siquiera mediante campañas nutricionales. Los intereses económicos tienen mayor peso que la salud pública. La palabra prevención está escrita con letra pequeña en el diccionario salvadoreño y es difícil encontrarla. El papa Francisco, en su carta encíclica Laudato si, señalaba que hay en el mundo demasiadas personas pobres o vulnerables, cuyos “medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales”. Advierte también de la cada vez más baja calidad del agua de consumo en favor de la privatización y comercialización de la misma, que pone en grave riesgo la salud de los pobres y les niega “el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable”. La situación en El Salvador no es ajena a la denuncia del papa. La necesidad de actuar en la prevención del desastre no solo es una responsabilidad ciudadana coherente con los derechos humanos, sino que además es, para todos los cristianos, una exigencia derivada desde el mandato evangélico del amor. Agravada la situación del país por la enfermedad evitable y por el desastre, así como por la debilidad de los sistemas de protección social, a los pobres y vulnerables no les queda más remedio que emigrar o morir en medio del abandono. Con razón insiste el papa Francisco en que “tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre”. Un tema grave, porque el conjunto de pobres y vulnerables ronda con facilidad el 75% de nuestra población, aunque no todos se vean afectados con gravedad por la crónica irresponsabilidad del Estado en el terreno de la prevención.

La naturaleza humana necesita ídolos para creer, estúpidamente, que la identificación con ellos hace a sus adoradores un poco más grandes y poderosos. La gente encuentra ídolos en el deporte, el ámbito religioso, la farándula y la política. La relación de los adoradores con su ídolo es extremadamente apasionada y, por tanto, no entiende de razones. No obstante, los ídolos suelen desaparecer sin dejar rastro y son reemplazados por otros, con tranquilidad prodigiosa. Los gerifaltes de Arena nunca imaginaron que su fundador y su himno caerían en el olvido. Lo mismo vale para los del FMLN: Farabundo y la revolución socialista ya son cosa del pasado. No es extraño, entonces, que los alcaldes otrora de esos partidos actualicen su idolatría. No se desplazan por principios, si alguna vez los tuvieron, sino por simple conveniencia. Venerados en su día, hasta el extremo de entregarles bienes y vidas, de esos ídolos no queda nada. Otro los ha sustituido. Algunos grandes capitales cambian también de ídolo sin remordimiento. El ídolo se levanta, en parte, por una mezcla de cualidades personales y ambición de poder, a veces con rasgos mesiánicos; y en parte, aupado por las circunstancias. Encuentra seguidores, que se identifican con él convencidos de que su poder, su afluencia económica y su bienestar son también suyos. La identificación hace creer a los adoradores que ellos también son importantes y poderosos. Viven, sienten y actúan a través de su adorado líder. La entrega es tan total que sus hambres y enfermedades, sus humillaciones y sufrimientos se desvanecen en el ídolo. Los idólatras creen a pie juntillas en sus promesas. Su palabra es vida verdadera y duradera. Por eso, agreden ferozmente a quien la cuestiona o la contradice. Desacreditar esa palabra es despojarlos de sus expectativas y lanzarlos al vacío. El idólatra, desengañado o cansado de bregar contra circunstancias adversas, entrega confiadamente su destino al ídolo. No piensa, sino obedece; no conjetura, sino acepta ilusionado. Su finalidad es la vida del ídolo, porque cree que en ella se resuelve la propia. Sobra decir que el ídolo alimenta esa creencia, pues de esta depende su subsistencia. El ídolo vive de los adoradores y su culto. Sin estos, se desmorona. El embrujo idolátrico impide que el creyente adquiera conciencia de que en la incondicionalidad y el servilismo se le escurre la vida. Mientras se desvive para dar vida al ídolo, pierde la suya. El ídolo devora a sus adoradores. Estos no contemplan la finitud del ídolo hasta que este se desmorona. Sus expectativas son tan vitales y están tan arraigadas que aceptar la contingencia de lo adorado es admitir su propia impotencia, fragilidad y, en definitiva, transitoriedad. Lucharán, incluso le entregarán su vida, con tal de conservarlo en el pedestal. La gran equivocación de Arena y del FMLN, y antes de la democracia cristiana de Duarte, fue entregar cuerpo y alma a sus respectivos ídolos. La capitulación les impidió pensar críticamente y desarrollar una praxis política creadora y constructiva. Ahora bien, alejarse del ídolo no es fácil, pues amenaza con castigos severos a quienes osan rebelarse o fugarse. Cuando se cumpla el tiempo del ídolo, el encanto se romperá y aparecerá la realidad en toda su crudeza. Los creyentes se encontrarán no solo en una situación peor que antes, sino también desengañados y frustrados. Entonces, saldrán en busca de otro ídolo, a quien entregar su decepción y sus expectativas, para que las transforme en nuevas ilusiones que les ayuden a sobrellevar la adversidad con renovado aliento. El círculo se repite sin solución de continuidad. La naturaleza humana se rebela contra su poquedad y su pequeñez. Se revuelve contra la impotencia y la fugacidad. Quisiera ser como Dios. Pero como este es insondable, las personas construyen ídolos manejables, de los cuales deriva la grandeza y el poder que añoran. Ese fue el intento de los constructores de la torre de Babel. Se propusieron llegar al cielo, pero, en el camino, la ambición los confundió. Los proyectos idolátricos no se caracterizan por la coherencia, la solidez y la racionalidad. La ambición ofusca de tal manera que la contradicción y la mentira son constantes y desvergonzadas. No puede ser de otra manera, dada la perversidad de su tentativa. Los constructores de estas torres dejan ruinas y muerte a su paso. Las tres religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, prohíben terminantemente la idolatría. La tradición judeocristiana rechaza el culto a cualquier criatura. El islam no tolera la reproducción de la imagen humana, porque usurpa el derecho divino de infundirle vida. Paradójicamente, la inmensa mayoría de los practicantes del culto idolátrico se dicen creyentes en el Dios de Abraham. A ellos cabe recordarles de modo muy particular la orden clara del Deuteronomio: “Escucha, Israel, el Señor, Nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fue

Los gobiernos populistas y autoritarios van en ascenso en el mundo. Desde el control de las instituciones, mantienen políticas agresivas contra las minorías y los opositores. Seducen a la población con su crítica a los partidos y políticos tradicionales, usualmente demasiado cargados de discursos ideológicos y de serias contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Meten velocidad a sus proyectos sin reparar en gastos o en legalidades, y buscan culpables de los problemas en los migrantes, los extranjeros o cualquier sector social que despierte miedo o rechazo a causa de prejuicios existentes. No admiten la crítica y tienden a un nacionalismo fanatizado que se apoya en la fuerza militar o policial. Esa tendencia se da en países desarrollados, generalmente con partidos conservadores y con una clase media asustada por alguna crisis. En América Central, la tendencia se repite, con la diferencia de que en el istmo el autoritarismo populista se aúpa en los sectores empobrecidos, ávidos de cambio, que ven en la autoridad fuerte, una esperanza. En Nicaragua, el régimen de Ortega, ya una dictadura en forma y contenido, reprime con brutalidad a la oposición. Lo siguen, con formas más suaves y más sofisticadas, el resto de los países centroamericanos. En El Salvador, Nuevas Ideas llegó al Ejecutivo montado en un partido taxi y posteriormente arrasó en la elección legislativa. Con los dos poderes bajo su control, la toma de las demás instituciones estatales se llevó a cabo con rapidez, prescindiendo de toda legalidad, procedimiento o principio. La agilidad en la toma de decisiones, la efectividad de algunas de ellas, el lenguaje desinhibido, y la entrega de bienes básicos en momentos de emergencia sedujeron a una buena parte de la población. En un cultura autoritaria y machista, el autoritarismo gusta, porque da la impresión de eficacia. Sin embargo, el modo de gobernar, más allá de la propaganda, no se separa de los vicios del pasado. El endeudamiento tiene un ritmo galopante, la lucha contra la pobreza como fenómeno estructural es escasa o prácticamente nula, la violencia ilegal se combate mediante la violencia legalizada del Estado sin atender a las causas estructurales del delito. Las promesas son muchas y muy grandes, pero el ritmo de cumplimiento es lento. La prevención de desastres continúa inoperante; la corrupción aflora en ciertas dependencias. Se exige fidelidad absoluta tanto a los propios como a los aliados, y la cultura del diálogo se ha sustituido por la burla, el insulto y la intolerancia. El mundo de la política, de los principios, de la búsqueda del bien común se ha cambiado por la propaganda y el espectáculo. Lo que importa es seducir. Pero lo que se produce es una seducción triste, porque no cumple con lo que ofrece y, por ello, está llamada al fracaso. La deuda, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en la medida que se perpetúan, producen decepción. Además, los modos de ejercer el autoritarismo empiezan a a caer en el ridículo. Acciones como detener y exhibir a un médico porque atropelló a un gato, hablar de artículos ocultos de la Constitución y argumentar que los colores azul y blanco en las escuelas tensan a los niños terminarán cansando a la población que no ve los resultados esperados de la teatralidad gubernamental. Al final, la ciudadanía encantada con el régimen autoritario terminará despertando en el viejo y conocido país de siempre, con las esperanzas rotas y con las mismas únicas opciones de hace décadas: o emigrar, o aguantar con la ilusión de que las cosas un día estarán mejor, o jugársela en el delito y la corrupción. Por sí sola, sin encontrar asidero en la realidad, la seducción solo conduce a una tristeza profunda en el espíritu.

Una vez más, una intensa tormenta ha causado graves daños en el territorio nacional, siendo El Salvador el país en el que Julia dejó el mayor número de víctimas humanas a su paso por Centroamérica. Diez vidas que no se habrían perdido de haberse actuado con mayor cuidado y previsión ante la llegada de la tormenta. Como se ha podido observar, estos fenómenos climáticos son cada vez más frecuentes e intensos. La elevación de las temperaturas facilita la generación de eventos ciclónicos. Las miopes decisiones de la humanidad y el modelo de desarrollo depredador han provocado un cambio climático de graves consecuencias para la vida en el planeta, a pesar de que todavía muchos se niegan a aceptarlo. Ha sido sobrecogedor ver cientos de viviendas prácticamente bajo el agua y pensar en las familias que perdieron todo lo que en sus casas habían ido atesorando. Se han quedado sin nada: sin ropa, sin camas, sin electrodomésticos, sin muebles, sin vehículo, sin medios de vida. Causan gran desazón las imágenes de amplios campos de cultivo inundados, con la consecuente pérdida del fruto de meses de trabajo, cientos de miles de quintales de maíz y frijol que eran la esperanza de muchas familias campesinas y que alimentarían a la mayoría de la población salvadoreña. Miles de familias tendrán que volver a empezar de cero. Pero la tormenta Julia, al igual que otras anteriores, no ha causado el mismo daño a todos los salvadoreños. Las damnificadas son siempre las familias pobres, las que viven en las laderas y en las riberas de los ríos, las que habitan en colonias y barrios con sistemas de drenaje mal construidos o simplemente improvisados, las que viven en champas porque sus recursos no alcanzan para más. Familias que no logran salir de la pobreza porque periódicamente, como si de una maldición se tratase, un temporal o un terremoto les arrebata todo. Familias que viven en permanente inseguridad no solo por la criminalidad o la falta de una fuente de ingresos estables, sino por la vulnerabilidad socioambiental de El Salvador. En nuestra sociedad, es una creencia extendida que que no hay nada que hacer ante estos eventos, que los daños son inevitables, porque son voluntad de Dios. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto, no se puede evitar que sucedan tormentas o terremotos, pero sí que ocasionen daños. Si bien el cambio climático es una realidad con la que el mundo debe aprender a vivir y que afecta más a las personas y países más pobres, es posible y necesario prepararse y adaptarse al mismo, lo que demanda nuevos modos de organizar y proteger la vida. En el caso de El Salvador, se requiere de un sólido sistema de protección civil, tanto a nivel local como nacional, que tenga bien mapeado los territorios, que conozca los lugares susceptibles de inundación y deslave, que planifique e invierta en obras de protección y en la reubicación de asentamientos hacia terrenos más seguros, que cuente con comités de emergencia y organizaciones municipales capaces de organizar la evacuación de zonas de alto riesgo y facilitar un hogar temporal mientras dure la amenaza. La dura experiencia de la tormenta debería servir para tomar consciencia de ello e impulsar un proceso que conduzca a la elaboración de un plan integral de protección y prevención ante fenómenos naturales, pensando en primer lugar en los grupos sociales más vulnerables. Sin embargo, eso no sucederá: a diferencia de los desastres, la planificación y la prevención no generan fotos impactantes.

Con frecuencia los políticos usan las encuestas de opinión para favorecerse a sí mismos. Sin embargo, cuando están bien hechas y cuando la reflexión sobre ellas es la adecuada, lo que se advierte es que la opinión popular tiene un grado de discernimiento y reflexión que casi siempre los políticos tratan de ocultar. Hace años, previo a unas elecciones, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA preguntó a los ciudadanos por quién votarían y si creían que con un eventual triunfo de Arena seguirían gobernando los ricos en El Salvador. A mucha gente le extrañó que la mayoría de los encuestados dijera que votaría por Arena y que respondiera simultáneamente que con dicho partido seguirían mandando los ricos. Pero lo que debía deducirse no es que el pueblo fuera contradictorio, sino que tenía una forma de discernimiento que le llevaba a pensar que el gobierno de los ricos, en circunstancias concretas, sería el mal menor para el país. En la actualidad, una encuesta de Fundaungo nos muestra con claridad el discernimiento de la población. Preguntada por el régimen de excepción, casi el 84% da una opinión favorable al mismo. Pero en la medida en que se iban desglosando aspectos que caracterizan el régimen de excepción, la aprobación bajaba, hasta llegar al 8% cuando se preguntó si se estaba de acuerdo con que no se diera información a los parientes de los detenidos. En otras palabras, la gente aprueba el régimen de excepción como un camino de enfrentamiento con las maras, consciente de que su presencia es uno de los problemas de seguridad más graves de El Salvador. Sin embargo, rechaza en niveles cercanos al 90% tanto el silencio informativo como la condena sin presencia de abogados defensores. Otros aspectos del régimen de excepción, como la detención administrativa durante 15 días o el ser capturado por simples sospechas sin orden judicial, tienen un rechazo poblacional de más del 50% de los encuestados. ¿Tiene apoyo popular el presidente Bukele? Es evidente que sí. Pero lo cierto es que en quienes le apoyan hay cada vez un mayor discernimiento entre los resultados y los medios para obtenerlos; y que el exceso de fuerza, el militarismo o la violación de derechos pesa cada día más de un modo negativo en la conciencia. Si se cerca a más municipios como se ha hecho con Comasagua, la incomodidad irá creciendo. Si se continúa enjuiciando personas sin derecho a defensa o se las priva del derecho a tener contacto con los familiares, la insatisfacción se irá ampliando y ahondando. Aunque el exceso de fuerza que se está practicando tenga resultados casi inmediatos, prolongarla aumentará la incomodidad y la crítica. En el país existe una cultura de violencia que se expresa tanto en la brutalidad de la delincuencia como en otros fenómenos. El castigo físico a los niños, el machismo y el maltrato a la mujer, el lenguaje de odio en las redes, el gusto por las armas, la acumulación de guardaespaldas, la prepotencia de algunos funcionarios y empleados públicos alimentan esa cultura, que al final coloca al más fuerte por encima del débil y sus derechos. Casi podemos decir que de ahí aprendieron los miembros de las pandillas, llevando la violencia a extremos inusitados. Maquiavelo, al que con tanto placer leen algunos políticos dados a la “moralidad notoria” y simultáneamente al ventajismo personal y de grupo, terminaba su obra más conocida, El príncipe, diciendo que “no existe hombre lo suficientemente dúctil como para adaptarse a todas las circunstancias”. Por esa misma razón, y más en democracia, el político debe apegarse a la normativa vigente, impulsarla hacia el bien común y no utilizar el poder como una fuente de arbitrariedad, sin respeto a reglas y condicionamientos expresados en la doctrina de los derechos humanos. Hacer lo contrario, aprovechar el poder como fuerza, lleva al enfrentamiento, precisamente por las insuficiencias humanas y por los mismos efectos de un poder sujeto a la dinámica de acción y reacción. Aunque se pueden ganar muchas partidas cuando se juega al poder, tarde o temprano llega el momento de la derrota. Hacer bien las cosas, ser fiel a los principios democráticos y a sus normativas, es lo mejor que puede emprender cualquier persona que se embarca en la empresa de la política, siempre sujeta a tormentas. Los que hoy sufren por no haber pagado la renta de los sobresueldos son un ejemplo, digamos que en pequeño, de lo que pueda generar el no apegarse a normativas. Quienes se las saltan están sujetos a los vaivenes de la política, más allá de los triunfos del momento.

El domingo 9 de octubre, mientras la población se preparaba para recibir a la tormenta tropical Julia, el FMLN celebró su convención extraordinaria nacional número 37. Al evento no tuvo acceso la prensa y no se dieron declaraciones oficiales. Según algunos participantes, asistió aproximadamente un 60% de los convocados; de ese porcentaje, más de la mitad votó a favor de una reforma de los estatutos, uno de los puntos centrales de la actividad. El evento confirmó algo que ya es de conocimiento público: la división del partido. En el contenido de las reformas sobresale la prohibición de más de una reelección en cargos de elección popular. Según sus promotores, se quiere evitar la rueda de caballitos que ha predominado hasta ahora en el partido. Para otros, la reforma más bien va dedicada a dos diputadas que están ya en su segunda legislatura y que no responden al sector que domina el instituto político. Quienes respaldan los cambios señalan que llevarán al partido a un centralismo democrático; quienes los adversan creen que ese es un eufemismo para encubrir el ansia de un control totalitario que elimine las corrientes internas de pensamiento e imposibilite la disidencia. El discurso que alimenta las reformas afirma que el FMLN es el único partido de izquierda en el país y que a su interior existe una corriente conservadora, derechista y financiada por la embajada estadounidense. De hecho, algunos convencionistas celebraron los resultados como una victoria contra esa corriente interna que, dicen, buscaría desvirtuar al partido llevándolo a la socialdemocracia y a entenderse con la derecha política. Estos defensores de la reforma definen al FMLN como no electoralista, cuyo principal cometido es volver a las raíces ideológicas que inspiraron a Hugo Chávez, Fidel Castro y Schafik Hándal. Priva en ellos el lenguaje antiimperialista y antiBukele. Llama poderosamente la atención que, faltando poco para las elecciones de 2024, en la convención no se trató el asunto. Después de estar en el poder sin propiciar los cambios anhelados, después de abundantes señalamientos de corrupción y después de reducir a una fracción su caudal electoral, el FMLN no parece tener un proyecto ni suscitar esperanza en la gente. Aritméticamente, es una fuerza irrelevante; la búsqueda de pureza ideológica podría llevarle también a la insignificancia política. En los tiempos que vive el país y dado el desprestigio social del partido, la fraseología revolucionaria lo avocaría al suicidio político. La intolerancia, el sectarismo mesiánico y el maniqueísmo interno amenazan al Frente con convertirlo en un club dedicado a cultivar la nostalgia por las utopías del pasado, al estilo de los minúsculos partidos comunistas de la Europa occidental, siempre tan radicales como insignificantes para la suerte de sus pueblos. El primer beneficiado del rumbo que está tomando el partido de izquierda es Nayib Bukele, su proyecto político y gobierno. La reivindicación de una pretendida pureza ideológica perjudica los esfuerzos por construir una amplia alianza de oposición que haga frente común a la avanzada autoritaria de un presidente que amenaza con perpetuarse en el poder, tal como en otros países hicieran mandatarios muy cercanos a los actuales dirigentes del FMLN. Dirigentes que precisamente consideran enemigos a los correligionarios que creen que solo una amplia alianza de la oposición puede hacerle frente a la amenaza totalitaria que representa el régimen actual. La búsqueda de pureza ideológica no es realista ni pragmática; en nombre de un ideal, se toma distancia de la idea de construir una alternativa real en el momento histórico que vive el país.

Editorial UCA Escuche aquí: En estos tiempos en los que el capitalismo de consumo impone el marketing como forma de relación tanto económica como social y política, los Gobiernos recurren a la propaganda para evitar el desgaste. Esto no es nuevo, pero ahora esa dinámica se robustece gracias a la tecnología, presente en casi todas las esferas de la actividad humana. En la Roma imperial se decía que para mantenerse cómodamente en el poder había que brindar pan y circo a la población. Con la misma intención, Maquiavelo recomendaba a los príncipes que actuaran de tal manera que generaran temor. En Estados Unidos se puso de moda, a principios del siglo XX, hablar suave, pero, al mismo tiempo, mostrar mano firme. Y de ahí se pasó a la consigna, básicamente imperialista, del garrote y la zanahoria: amenazar al desobediente con la intervención militar y premiar al sumiso con prebendas. En El Salvador, ante el desamparo producido por la ausencia de leyes efectivas de protección social, quienes ejercen el poder recurren a estrategias parecidas. La propaganda de los beneficios otorgados va unida a las amenazas a cualquiera que pueda entorpecer el orden establecido. El Gobierno actual ha seguido esa estrategia. Decir que hace lo que nadie logró anteriormente es uno de los puntos claves de su propaganda. Nadie antes atendió tan bien una pandemia, nadie antes dio 300 dólares a la población necesitada, nadie antes se enfrentó y venció a las pandillas, nadie antes se atrevió a sacarse una selfi en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cosas buenas, algunas de ellas; espectaculares, otras; y fallidas otras tantas, como la apuesta por el bitcóin. Y en paralelo, insultos, amenazas y presiones para quienes critican a las autoridades o descubren algunas de sus insuficiencias, corruptelas o mentiras. Conservar la popularidad es ahora el objetivo del poder político, más allá de cómo se gestiona la cosa pública. Y para alcanzar ese objetivo, cualquier medio vale. En este sentido, el régimen ha vuelto obsoleta la sentencia básica de la moral que dice que el fin no justifica los medios. Sin embargo, cuando la gestión gubernamental no toca problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad, el desgaste termina por reaparecer. Porque la acción novedosa que no provoca cambio social facilita que los problema continúen surgiendo. Solo es una novedad que deslumbra en un primer momento, para caer después en lo ya conocido. Destituir y nombrar jueces con el único criterio de la obediencia al poder es abonar a la pervivencia de la corrupta vieja justicia de siempre. Debilitar a las pandillas con acciones que irrespetan la legalidad y la dignidad humana mantiene vigente la cultura de la violencia. Regalar computadoras a los estudiantes en pobreza sin asegurar la conectividad a Internet vuelve inoperante una medida encaminada a la mejora de un sistema de educación muy deficiente. La novedad de acciones o promesas espectaculares atrae, pero si no se cambia la injusticia estructural que sufre El Salvador, da paso muy pronto al desgaste. Y si este se hace crónico, incluso los mensajes de odio tan queridos por troles y afines se volverán en contra de quienes los promueven, ahondando el ya intenso malestar social y dejando postrado al país en sus males de toda la vida.

Proceso El 30 de septiembre pasado, el Gobierno de El Salvador presentó el anteproyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2023. El presupuesto tiene ahora un monto de $8,902 millones, un incremento de un 11.7% con respecto al año anterior. Como ya es costumbre, el Gobierno todavía no ha publicado el documento que contiene el presupuesto y, por tanto, la ciudadanía aún no puede conocer cuáles son las prioridades de inversión del Ejecutivo. Más allá del tema de la transparencia del presupuesto y del cada vez más difícil acceso a la información pública, hay también otras problemáticas urgentes que siguen sin ser abordadas, pero que ocasionan la pérdida de vidas humanas y el deterioro sistemático de las condiciones de vida de la población, por lo cual requerirían de una mayor inversión y de un abordaje amplio a través de políticas públicas. Por ejemplo, hace unos días, la Dirección Nacional de Protección Civil informó que, durante la estación lluviosa, en El Salvador han fallecido 30 personas: 12 de ellas soterradas, 16 arrastradas por ríos, una arrastrada hacia un tragante y otra impactada por un rayo. Además de las lamentables pérdidas de vidas humanas, Protección Civil registra cientos de viviendas dañadas y otros daños en carreteras o infraestructura pública. Todos los años, El Salvador se ve afectado por fenómenos naturales que exacerban la alta vulnerabilidad en la que vive gran parte de la población salvadoreña y que arrebata, año tras año, la vida de muchas personas. Según el Informe Nacional del Estado de los Riesgos y Vulnerabilidad, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en 2017, “En El Salvador el 88.7 % del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población, lo cual lo hace unos de los países más vulnerables del mundo” (P.8). De igual manera, entre todo el ruido sobre el tema de la reelección presidencial o sobre la obediencia absoluta que se le debe rendir al partido de gobierno, el aumento al costo de la vida ha continuado sin dar tregua, aunque haya combustible o gas subsidiado. De acuerdo con datos del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), la canasta básica, de enero del 2021 al mes de agosto del 2022, ha aumentado en la zona urbana $39.71 y en la zona rural $37.79. La inflación de los 22 productos que conforman la canasta básica es del 17% en la zona urbana y en la zona rural es de un 20%. El CDC también señala que el aumento de la canasta básica ha ocasionado que la población sustituya el consumo de productos como leche, huevos, carne o pollo por otros alimentos altos en carbohidratos, como las pastas, lo que ocasionaría una mayor incidencia de enfermedades. De hecho, para el 53.8% de la población salvadoreña, según la última encuesta de Fundaungo, el problema más grande que enfrenta el país es la economía. Como vemos, estos son solo un par de ejemplos de problemáticas que afectan el día a día de la población salvadoreña y que, por supuesto, no es posible abordarlos ni solucionarlos a través de la propaganda o de la grandilocuencia discursiva. Aunque se desconozcan los detalles del presupuesto para 2023, es posible aventurarse a decir desde ya que las carteras de Seguridad y, especialmente la de Defensa, seguramente han sido tratadas con especial privilegio en la asignación presupuestaria, al igual que las comunicaciones de la Presidencia de la República, pues parece que esto sí es necesario para mantener el proyecto de acumulación de poder y de privilegios que han construido el presidente Bukele y sus aliados. Sin embargo, si de verdad desde el Estado hay conciencia de que es necesario hacer algo para mejorar la vida de las personas, es necesario que esto se refleje con la importancia y la prioridad necesaria en el presupuesto general del Estado. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 106.

De acuerdo a la Organización de Estados Americanos (OEA), el acceso a la información es un derecho fundamental que comprende la obligación del Estado de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder, y es una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Naciones Unidas señala que es parte intrínseca del derecho a la libertad de expresión. La Unesco considera que “solo los ciudadanos informados pueden tomar decisiones informadas”. Y sentencia: “Solo cuando los ciudadanos sepan cómo son gobernados, podrán hacer que sus gobiernos rindan cuentas por sus decisiones y acciones”. Hay, pues, un fuerte consenso a nivel internacional en que el acceso a la información pública promueve la participación ciudadana y, en consecuencia, contribuye a la gobernabilidad democrática. Por ello, es una obligación ineludible de aquellos que gestionan la cosa pública informar a la población de su trabajo, de sus planes presentes y futuros, sin faltar en ningún momento la rendición de cuentas sobre los recursos que en nombre del pueblo administran. Sin embargo, en El Salvador, lo común ha sido que los funcionarios se consideren dueños de las instituciones que dirigen, en las que actúan como señores feudales. Esto ocurre en alcaldías, ministerios, la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. Muchos de ellos, tanto los electos o como los nombrados a dedo, se olvidan de que por encima de todo son servidores públicos, que se deben al pueblo soberano, y que este tiene todo el derecho a saber qué hacen, cómo utilizan los fondos públicos. Frente a esa realidad, en la primera década de este siglo, varias organizaciones sociales, trabajando unidas por una ley de acceso a la información pública, lograron vencer todas las resistencias y obstáculos para que finalmente, en diciembre de 2010, la Asamblea Legislativa aprobara dicha ley, la cual entró en vigor casi un año después. La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue una importante victoria de la sociedad civil y supuso un avance significativo en materia de transparencia. Gracias a la normativa y a sus instituciones y mecanismos, durante unos pocos años fue posible que cualquier ciudadano pudiera acceder a la información de las instituciones públicas de un modo hasta entonces impensable. Sin embargo, muy pronto la tendencia de los servidores públicos al secretismo y a evitar la rendición de cuentas llevó a que se introdujeran reformas legales que limitaron la amplitud del acceso a la información. Además, se eligió comisionados que contribuyeron a que en la actualidad la Ley sea en la práctica papel mojado. Hoy, al igual que antes, los salvadoreños no tienen derecho de acceso a la información pública. En menos de 10 años, el país pasó de tener una de las mejores leyes de acceso a la información pública a una realidad en la que conocer qué hace y en qué gasta el Gobierno depende de la voluntad o descuido de los funcionarios. El retroceso ha sido monumental. El Salvador ha vuelto al oscurantismo del pasado, la cosa pública se gestiona con el mayor de los secretismos. Y constantemente los organismos públicos toman nuevas medidas para impedir que la ciudadanía esté informada de cuestiones tan básicas como los planes nacionales de salud y de seguridad, el uso de los fondos en la Asamblea Legislativa y la hoja de vida de los asesores de los diputados. Igualmente grave es el ocultamiento de los detalles de las adquisiciones públicas y de la asignación de grandes y costosos proyectos de infraestructura. Con la clara y decidida opción de la administración de Nayib Bukele por la opacidad, pierde el país y pierde la ciudadanía, y se sigue avanzando en dirección contraria a los principios democráticos y a una sociedad basada en la ley, no en los caprichos e intereses de sus gobernantes. Se están sembrando las condiciones para que la corrupción y la impunidad, dos de nuestros males históricos, cobren aún mayor fuerza.

La contribución de Bukele con una revista especializada en criptomonedas presenta los lugares comunes de su autor de una manera más articulada de lo habitual. Dada la especialidad de la revista, Bukele ratifica su confianza ciega en el bitcóin y ensalza su decisión de adoptarlo como moneda nacional. Otro tópico. Luego se refiere a la realidad nacional e internacional en términos apocalípticos. Bukele dice librar una lucha a brazo partido contra enemigos muy poderosos por la libertad, la verdad, la prosperidad y “el futuro de la humanidad”. Los enemigos de Bukele son muchos más y más perversos que los de Putin, el dictador ruso. Este se enfrenta militarmente con Ucrania, la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos, pero el sátrapa salvadoreño lucha contra casi todos los Gobiernos y las corporaciones del mundo, los bancos y las organizaciones internacionales, los ejércitos, los préstamos, la clasificación crediticia, la industria, el comercio, el suministro de alimentos, el derecho internacional y la propaganda. Los poderes del mundo se habrían confabulado para derribarlo con la mentira, el desprestigio, la destrucción, la censura, la confiscación y las publicaciones. “Las fuerzas más poderosas del mundo” habrían decidido acabar con él por haberse levantado contra el “sistema mismo”, al colocar en el país “el epicentro de la adopción del bitcóin” y, de esa manera, otorgarle “la libertad económica, la soberanía financiera, la resistencia a la censura, la riqueza no confiscable y el fin de los coronadores de reyes […] y [de] la reasignación de la riqueza de las mayorías hacia los intereses privados, las élites, los oligarcas y los poderes en las sombras detrás de ellos, moviendo los hilos”. Lo único cierto es la adopción de la criptomoneda. La censura es práctica cotidiana y la riqueza nacional es explotada sin contemplaciones por los intereses privados, familiares y oligárquicos. Los censores y los corruptos están protegidos por un tupido velo de silencio, de desinformación y de mentira descarada del Gobierno de Nuevas Ideas. Ni siquiera la invitación a atenerse a los hechos es verídica. Bukele invita a sus detractores bien intencionados del exterior a darse una vuelta para constatar cómo ha transformado el país. Los invita a recorrer las calles engalanadas para ellos —ya que en las otras encontrarán el caos urbano—, a visitar la playa con ruedas —las otras no son atractivas— y los volcanes —que no son obra suya—, a respirar aire puro —que está contaminado, al igual que el agua superficial— y a preguntar por su popularidad —pero solo a sus seguidores, no a los familiares de los desaparecidos ni a los que reclaman justicia y derechos vulnerados—. Bukele invita a recorrer “el país vitrina”, hecho para turistas, no el real, el cotidiano de las mayorías. No hay razones válidas para temer que el ejemplo libertario de El Salvador de los Bukele sea retomado por otros países. En bastantes prevalecen las mismas tendencias autoritarias, fascistas y militaristas, y la corrupción goza de buena salud. Excepto por la adopción del bitcóin, el país no es modelo ninguno. En el mejor de los casos, se inscribe en una tendencia autocrática y totalitaria. La criptomoneda no libera ni da riqueza. La libertad de unos pocos de ingresos medios y altos descansa en la opresión y el terror de los demás. La bonanza es aún más restringida. Es un privilegio reservado a la familia presidencial, sus paniaguados y algunos capitalistas de siempre, expertos en hacer fortuna al amparo del gobernante de turno. En este ámbito de privilegio, ilegalidad y corrupción, el bitcóin es ideal para mover dinero sucio sin impedimentos. En este sentido, restringido y elitista, la criptomoneda es libertad, fundamentalmente económica y financiera. El Armagedón de Bukele se disuelve en palabrería. Se reduce al bitcóin. Desde la vida cotidiana de las mayorías, la criptomoneda es muy poca cosa. La confabulación de los poderes para destruirlo es una construcción mental para mostrarse víctima libertaria de la perversidad de aquellos. El mesianismo en construcción no lo impedirán fuerzas poderosísimas, sino algo mucho más profano: la incompetencia, la iliquidez y la corrupción del régimen mismo. La retórica presidencial eleva la conflagración al plano de lo trascendente. El David salvadoreño lucha contra el Goliat extranjero por la posesión de “la verdad”, uno de los trascendentales de la metafísica y la teología. Es “la verdad” presidencial contra la de sus enemigos, o sea, casi todo el mundo creado. Es insensato pensar que la totalidad está en el error, mientras él, cual nuevo Absoluto aristotélico, está en posesión plena de “la verdad”. Esta peculiar interpretación de la realidad lleva el mesianismo político a límites insospechados. En cualquier caso, la libertad solo es verdadera si es universal. Ahí donde hay injusticia y opresión, no hay libertad. Ahí donde la mayoría de la población lucha para mal sobrevivir en condiciones muy adversas, tampoco. La libertad sol

“El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre pero que no grite cuando lo pisen”. Emiliano Zapata El presidente Bukele en su discurso del Día de la Independencia anunció que buscará la reelección presidencial en las elecciones del año 2024, algo que la Constitución de la República prohíbe en, al menos, seis de sus artículos, pero dicho anuncio ya se esperaba dado el comportamiento autoritario de su gestión de gobierno. En términos políticos el anuncio del presidente se puede interpretar como el inicio formal de su régimen dictatorial, caracterizado por ser no democrático, no constitucional y por el uso desmedido de la fuerza policial y la violencia ejercida en las redes sociales contra los que se consideran opositores por pensar distinto. La gestión del presidente Bukele se considera como no democrática debido a que no respeta el Estado de derecho, concentró y fusionó el poder de los tres órganos de Estado en uno solo y controla la mayoría de instituciones que deberían de hacer contrapeso al ejercicio del poder. Además, ha sido un gobierno no constitucional porque no cumple ni respeta la Constitución y, prácticamente, es el presidente quien actualmente hace y deshace las leyes del país, es decir, que prácticamente el presidente no tiene límites en su ejercicio del poder. Finalmente, el actual gobierno ha utilizado más la fuerza que el diálogo, ya que mantiene en vigencia un régimen de excepción por alrededor de seis meses, viola sistemáticamente los derechos humanos, deja morir a personas inocentes (personas sin vínculos con pandillas) en las cárceles, destruye instituciones gubernamentales, despide a empleados públicos de manera antojadiza y controla totalmente a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada. Son suficientes elementos que caracterizan esta gestión como un régimen dictatorial. Con el discurso del 15 de septiembre, ya no hay duda de que el presidente escogió el camino oscuro de la concentración y abuso del poder que, a su vez, conduce a la corrupción. Y como sucede en todo régimen dictatorial, la incertidumbre política tomará control de su gestión puesto que la sucesión de su poder dictatorial no está garantizada y las “conjuras de palacio”, como se les llama en la historia política, asomarán a su reinado: rebeliones, golpes de Estado, uso desmedido de la fuerza, represión militar, etc. Quizá por eso de las “conjuras”,en su discurso reciente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bukele expresó lo siguiente: "el vecino rico no tiene autoridad de decir al vecino pobre que regrese al pasado, porque no puede pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes del vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo [el vecino pobre] le está funcionando por primera vez". Algo que sí deben tener claro los que aplaudían y gritaban “reelección” mientras levantaban el brazo derecho empuñado (como fanáticos fascistas) es que las dictaduras, como muestra la historia, no tienen garantizada la continuidad ya que se convierten en gobiernos de facto, es decir, que no están reconocidos oficialmente por alguna norma jurídica. Lo que acaparó los reflectores alrededor del esperado anuncio de la reelección, fueron las declaraciones del arzobispo de San Salvador que, en conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre, dijo: "El hecho es que el pueblo quiere que el presidente se reelija. La Corte también ha dictado una sentencia sobre el tema interpretando la Constitución de forma que se pueda elegir. Inmediatamente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que cumpliría la sentencia, que de por sí es una sentencia de obligatorio cumplimiento". Las reacciones no se hicieron esperar, porque las palabras del prelado se entendieron como un apoyo a la pretensión del presidente. Las reacciones, la mayoría, incluyendo la del mismo presidente y sus seguidores, respaldaron al arzobispo, otras, entre las que estuvieron las de feligreses, sacerdotes y obispos, se distanciaron de sus declaraciones. Tanto revuelo generaron sus palabras, que monseñor Escobar Alas emitió una aclaración grabada en video que fue absolutamente infructuosa. La historia enseña que el principal argumento utilizado por las dictaduras, para legitimarse, es que el dictador “representa” la voluntad popular. La postura del arzobispo era innecesaria ya que la propaganda política y la manipulación política -de este gobierno- en la mayoría de medios de comunicación se encarga de reforzar la idea de que es el pueblo el que pide la reelección. El arzobispo pudo dar “voz” a las organizaciones sociales que desfilaron en la calles de San Salvador -el 15 de septiembre-, las cuales exigían justicia y respeto a los derechos humanos; sin embargo, optó por reforzar el principal argumento que utiliza el oficialismo para justificar la reelección. ¿Pero a qué tipo de dictadura se mueve el país? Es complicado en este momento proponer un tipo de

La debilidad de los Gobiernos y su incapacidad de resolver los problemas nacionales ha hecho que en América Latina retornen formas de militarismo. Algunos países más avanzados en el campo del desarrollo, especialmente en el cono sur, han conseguido mantener a los militares en sus cuarteles. Pero en otros, y de un modo muy particular en Centroamérica, los militares han vuelto a tener prestigio después del descrédito a causa de los crímenes cometidos en los años ochenta del siglo pasado y de la corrupción que rodeó a sus altos mandos. El afán de resolver rápido las cosas, el tema de la seguridad y la tendencia al uso de la fuerza cuando las instituciones legales no funcionan contribuyeron a este retorno del militarismo. El Salvador no ha sido la excepción. Ya los Gobiernos previos al actual protegieron a criminales del pasado y, en general, trataron al Ejército con guante de seda. La administración de Nayib Bukele, consciente del creciente rol de la Fuerza Armada en la vida política, ha buscado establecer una alianza más allá de lo que la actual Constitución dispone. “Amor con amor se paga”, afirma el dicho popular. Haciéndolo suyo, la comunicación gubernamental nos dejó ver recientemente al militar ministro de Defensa aplaudiendo con entusiasmo al presidente al este anunciar que se presentará a la reelección. Tras una inicial apariencia de independencia respecto al Ejército, con la eliminación del nombre de Monterrosa de los muros de la brigada de San Miguel y las promesas —fallidas— a las víctimas de El Mozote, todo ha vuelto a la tendencia de antes. Aunque, por supuesto, revestida con las características de la propaganda del Gobierno actual, capaz de convertir en simulacro de bondad lo que en realidad es abuso de la fuerza. El apoyo preferencial a la Fuerza Armada ha sido evidente en hechos ni correctos, ni, mucho menos, ejemplares. El cierre de archivos militares respecto a la masacre de El Mozote y de otros crímenes del pasado no es nuevo, pero en esta ocasión se llevó a cabo impidiendo con gente armada el derecho de un juez a revisar la documentación militar. La presencia amedrentadora de soldados en la Asamblea cuando el presidente se la tomó por la fuerza visibilizó a un Ejército capaz de saltarse las normas básicas de la democracia. El involucramiento en tareas de seguridad con frecuencia abusivas, tanto durante los días duros de la pandemia como en el semestre que llevamos de régimen de excepción, ha puesto a la Fuerza Armada, aunque de forma limitada de momento, en la dirección de los antiguos esquemas de seguridad nacional que tanto daño causaron en América Latina. El aumento considerable en el presupuesto militar, la pretensión de duplicar el número de efectivos e incluso la idea absurda y fallida del servicio militar obligatorio suenan al mismo tiempo a premio para la Fuerza Armada y a amenaza para la ciudadanía. El problema es legal y moral. Desde la legalidad, el Ejército tiene funciones muy concretas. Y ciertamente el cuido de la seguridad ciudadana no es una de ellas. La tendencia militar a funcionar con el dualismo amigo-enemigo y a convertir en guerra cualquier acción encomendada para corregir problemas sociales convierte a los ejércitos en mecanismos de contención social muy peligrosos para seguridad de las personas. Desde la moralidad, un Ejército como el nuestro, con una historia de violencia muy trágica y oscura, no es el mejor instrumento para acumular funciones de seguridad. Y más en la medida en que ha sido incapaz, como institución, de reconocer los crímenes cometidos en la guerra civil. El reconocimiento de los errores resulta siempre indispensable para que las instituciones no los repitan. Y cuando los errores no son tales, sino crímenes de lesa humanidad, la petición institucional de perdón se vuelve indispensable. El hecho de que en buena parte de América Latina se esté utilizando a la Fuerza Armada para reforzar poderes civiles con tendencia autoritaria no es bueno para la historia social de nuestros países. Entre nosotros, la democracia necesita crecer en el campo de la legalidad, fortalecerse más desde el respeto a la ley que desde el cultivo de la fuerza.

Por Omar Serrano* Escuche aquí: En este tiempo está de moda recurrir a la voluntad de las mayorías para justificar cualquier medida, incluso aquellas que contradicen las reglas de convivencia nacional expresadas en la Constitución. La frase en latín “vox populi, vox Dei” ha sido repetida para sostener que la voz de la mayoría tiene la razón y es el argumento de fondo del oficialismo. Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos que revelan que las mayorías también se equivocan. Cuentan que en el siglo XIV, durante la Peste Negra, la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad que se estima que mató a casi la mitad de la población de Europa, una gran mayoría de la gente estaba convencida de que la enfermedad era un castigo divino por sus pecados. La manera de librarse de ese castigo era flagelándose duramente para satisfacer la ira de Dios. Pero al percatarse que los autocastigos no funcionaban, argumentaban que el arrepentimiento no era sincero y que había que flagelarse con más dureza, con mayor brote de sangre a través de latigazos más fuertes. Mucha gente lo hacía en las plazas. Este ejemplo es elocuente, pero hay muchos más que reflejan que la mayoría también yerra. Uno de los más citados es el referendo de Poncio Pilato en el que la mayoría de la población pidió la liberación de Barrabás y no la de Jesús. No por ser mayoría tenían la razón. En el mismo sentido se puede hablar del gran respaldo popular a Hitler. Por otra parte, durante siglos enteros era normal creer que había razas superiores y, por tanto, con el derecho a someter, esclavizar y hasta eliminar a las inferiores. En nombre de esta creencia se sometió a la población negra y a los pueblos originarios de América. Una discriminación muy evidente y lamentablemente vigente hasta nuestros días, es el de la supuesta superioridad natural del hombre sobre la mujer. Además, son incontables los ejemplos en que los pueblos se han equivocado, con mayúscula, al elegir a sus gobernantes. Las mayorías no son infalibles. Y con esto no estamos afirmando que la población decidía algo estando conscientes de que no estaba bien. No, probablemente la mayoría de personas pensaban que estaban actuando bien y que hacían lo correcto. Fue la historia la que demostró después que se equivocaron. Una lección que nos deja la historia de la humanidad es que los grandes cambios frecuentemente están marcados por la protección de las minorías y por líderes o lideresas que se oponen a las ideas establecidas y aceptadas por las mayorías. Ha sido así porque a lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de discriminación contra minorías y contra los más débiles. Así se persiguió, encerró y asesinó a los judíos, así el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, así hoy se sigue discriminando a la mujer, a la población LGBTI+ y a todo aquel o aquella que se atreve a pensar por su cuenta. Afortunadamente, también en la historia hemos tenido a un Nelson Mandela y a un Martin Luther King para luchar por la igualdad de las razas, a un Giordano Bruno, precursor de Galileo Galilei, que descubrió algo que contradecía la creencia de la mayoría. Afortunadamente existen hombres y mujeres valientes y comprometidas que siguen luchando por la equidad de género. Cuando se recurre a un argumento que la historia ha refutado muchas veces, corremos el riesgo de argumentar con algo falso. Una falacia es un argumento incorrecto pero psicológicamente persuasivo. La fuerza de una falacia está en un argumento convincente, el cual parece bien construido, pero al analizarlo detenidamente comprobamos que es mentira. Vox populi vox Dei ha sido, muchas veces, una falacia, es decir, un argumento incorrecto, equivocado en la historia de la humanidad que, lamentablemente, se sigue utilizando. * Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 105.

Rodolfo Cardenal La negligencia de los escribanos presidenciales es evidente. La mala calidad de sus producciones no deja en buen lugar a su patrón. El argumento central de las dos últimas intervenciones de Bukele, con pocos días de diferencia, es inconsistente. El descuido no es, pues, de detalles, sino sustancial. El discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas giró alrededor de la libertad, una libertad añorada, por la cual “un pueblo unido” lucha. Pero según el discurso del 15 de septiembre, esa libertad es un hecho irrefutable: “Por primera vez tenemos libertad de verdad”. Y no satisfecho, Bukele insistió en dos momentos que “las decisiones valientes que hemos tomado junto al pueblo salvadoreño son las que nos han permitido tener seguridad, libertad y paz”. La incongruencia tal vez obedezca a que los auditorios eran diferentes. Ante el nacional, Bukele presentó la libertad como un logro personal ya conseguido: “Ahora El Salvador toma sus propias decisiones [...] eso les ha quedado claro a todos”. Y lo celebró con un gran desfile militar, aun cuando el Ejército no ha librado al país de ninguna potencia extranjera y la “guerra contra las pandillas” es una metáfora, porque no hay enfrentamiento ni intercambio de fuego vivo. Ante el auditorio de Naciones Unidas —desierto, por cierto—, Bukele insistió en que la libertad está por llegar. El cambio de perspectiva le dio pie para arremeter contra unos países ricos y poderosos que no le permitirían “escoger hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos lograr”. Así, pues, la libertad adquiere entidad diferente, según el público. Al adquirir entidad diferente, según el auditorio, la libertad es una excusa para ventilar la animadversión contra los críticos. El discurso recurre a licencias retóricas para dramatizar esa animosidad. El Salvador no es el país más pequeño del continente, ni su pueblo lucha unido lucha contra países ricos y poderosos, ni contra las pandillas. Una simple verificación de la extensión territorial de las naciones americanas desmiente la primera licencia. Tampoco el pueblo lucha unido contra nadie ni Bukele decide junto a él. Los soldados y los policías reprimen, pero, en sentido estricto, no combaten. Y aunque provienen del mismo pueblo contra el que descargan su agresividad, no constituyen todo el pueblo, ni mucho menos. Bukele no decide al lado del pueblo. Al contrario, mantiene su distancia. Los turistas no encontrarán ningún pueblo unido, sino dividido entre quienes viven muy bien y los que la pasan muy mal, entre los que aplauden la represión y los que la sufren injustamente. Una división alimentada por la mentira, el insulto y el odio. Estas licencias sirven a Bukele para presentarse como víctima de “un grupo de países poderosos, que no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que creen que también son dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos”. Cabe recordar aquí que cuando esos países han explotado y oprimido al pueblo salvadoreño, ha sido siempre con la colaboración activa de fuerzas nacionales, entre las más destacadas, el Ejército, al que él tiene en muy alta estima y consideración. La libertad que Bukele añora y reclama lo eximiría de la observancia de los derechos humanos y de cualquier otra responsabilidad como el calentamiento global, la persecución del lavado de dinero y la corrupción, o la extradición de criminales. Está convencido de que la mejor forma de gobernar es sin cortapisas de ninguna clase. De ahí que haya solicitado a la comunidad internacional crear “un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio destino”, es decir, “queremos ser amigos, pero no pueden venir a mandar a nuestra casa”. La petición no ha tenido eco. No así las denuncias de la inconstitucionalidad de la reelección. The Economist de esta semana descalifica la reelección como “una gran mentira” de Bukele. Su comparecencia ante la Asamblea General de Naciones Unidas no llamó la atención. Las delegaciones dejaron vacío el auditorio. Ni siquiera la presidencia de la sesión estuvo al completo. Los presidentes de Chile y Colombia, con apuestas desafiantes y portadores de grandes expectativas, suscitaron más interés que el mandatario salvadoreño. El vacío de la comunidad internacional no es simple casualidad; es un desaire a El Salvador y a su presidente. El concierto de las naciones le pagó sus desplantes con la misma moneda. La comunidad internacional es más libre y tiene más criterio y olfato político que los likes locales. La pobreza del discurso presidencial es pasmosa. Deja de lado la grave crisis mundial, no contiene novedades ni aportes valiosos. Repite lo mismo de siempre. El presidente habla de sí mismo y se queja de la incomprensión y la malevolencia de los demás. Tal vez ha llegado el momento de reconocer que la egolatría y la dictadura no son de recibo. El soliloquio sobre la libertad y la victimización cayó en saco roto. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el aniversario de la independencia salvadoreña se marcó un hito histórico en el devenir de los Gobiernos civiles del país: Nayib Bukele anunció que correrá como candidato a la presidencia, en clara afrenta al artículo 152 de la Carta Magna. El anuncio lo realizó durante cadena nacional de radio y televisión, en horario de mayor audiencia y rodeado de su séquito de fieles, provenientes de los todos los órganos del Estado. La posible reelección de Bukele parte de al menos tres grandes condiciones que han permitido este atrevido acto de inconstitucionalidad. El primero tiene que ver con el contexto político regional; a saber, los triunfos y fracasos de las izquierdas latinoamericanas que pretendían ser la respuesta al desencanto con enquistados partidos de derecha conservadores y capitalistas. Izquierdas que, sin embargo, no lograron dar giros importantes en sus países. Además, el comportamiento de muchos funcionarios de dichos Gobiernos de izquierda se caracterizó por aquello mismo que quisieron erradicar: corrupción, nepotismo, opacidad, manipulación del aparato público y continuidad del capitalismo. El Salvador no fue ajeno a ello. De hecho, el actual mandatario se gestó en la misma izquierda que ahora calla cuando se habla del tema o se escandaliza y trata de romper lazos con su otrora ungido. La segunda condición, a nivel nacional, radica en el desgaste ciudadano ante las disputas partidistas de la derecha y la izquierda, que no pudieron dar solución a las problemáticas que aquejan a las grandes mayorías desfavorecidas del país. Bukele y sus allegados han sido lo suficientemente estratégicos para capitalizar a su favor ese gran hartazgo ciudadano con la política tradicional. Por último, la tercera condición es el éxito del mandatario en desmantelar y socavar todas las instancias de gobierno que pudieran cuestionar su quehacer, sumado al trabajo realizado para validar jurídicamente la reelección sin cuestionamiento alguno; es decir, eliminar cualquier acceso a la información pública y cooptar la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la República. Vale señalar que también el anuncio del presidente Bukele es posible por la desorganización de los movimientos sociales, los cuales aún no encuentran un rumbo común y de coincidencia. Del surgimiento de una plataforma común e incluyente dependerá que la esperanza de evitar una dictadura se mantenga, sostenga y llegue a buen fin. * José Alejandro Álvarez Ramírez, docente del Departamento de Economía.

Septiembre, mes en el que conmemoramos la independencia de Centroamérica, debería dedicarse a pensar y planificar el futuro de nuestros países. No desde un grupo de poderosos o iluminados, sino desde valores netamente humanos. Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano, con sus democracias débiles, deficientes y en algunos casos plagadas de corrupción y autoritarismo, no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo del anterior presidente, reelegido en contra de la propia Constitución, al igual que Ortega. Pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos y algo de respeto a los mismos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos. Detrás de una propaganda personalista y triunfalista, que insiste en que los nuevos gobernantes son parte de un nuevo punto de partida de la historia, se esconde lo de siempre. Quienes tienen dinero continúan multiplicándolo, mientras los países y una buena parte de sus gentes sufren carencias y dificultades. La migración no se detiene y, en el fondo, se considera un buen negocio. Al fin y al cabo, las remesas, la verdadera “seguridad social” para gran parte de nuestro pueblo, mantienen la economía de países que de otra manera estarían en una situación de pobreza mucho más grave. La contaminación y el daño persistente al medioambiente no importan. El tema del calentamiento global se deja para un indefinido mañana y la corrupción continúa siendo una plaga. Los militares aparecen cada día con mayor relieve como gendarmes protectores de las veleidades presidenciales. Suficiente prueba con ver al almirante Merino aplaudiendo entusiasmado la reelección presidencial. La crítica, un elemento fundamental e indispensable para el verdadero desarrollo humano, se rechaza con una mezcla de desdén y odio. Aunque parezca increíble, permanece presente en la historia actual la prevención de los “notables” que declararon la independencia en Guatemala hace 201 años. Reunidos los acostumbrados a mandar, se decidieron por la independencia, según el primero de los 18 puntos del acta, “para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Escuchar al pueblo es la menor de las preocupaciones de estos Gobiernos. Consideran mucho más rentable manipular a la gente para perpetuarse en el poder. El cardenal Gregorio Rosa Chávez decía hace poco que la contaminación que se avecina para el río Lempa a causa del proyecto minero de Cerro Blanco en Guatemala es un problema gravísimo. Y tiene toda la razón, dada la incapacidad que los Gobiernos del área tienen para protegerse de problemas graves de contaminación, que fácilmente puede convertirse en transfronteriza. No se puede hablar de perseguir la unión de Centroamérica si no podemos controlar la tendencia depredadora de algunas empresas contra el medioambiente. El generar riqueza, aunque necesario para el desarrollo de nuestros países, no puede hacerse a base de explotar a buena parte de la población, multiplicando la pobreza de muchos y el enriquecimiento de una minoría. Reformas fiscales serias, sistemas de redistribución de la riqueza eficaces y justos, administración con transparencia y lucha clara contra la corrupción son imprescindibles para poder celebrar con dignidad la independencia. Lo demás es farsa y fanfarria hipócrita. Si además se aprovecha el día para buscar la permanencia en el poder más de lo permitido, traicionando una cultura bien fundada de alternancia y violando la o las Constituciones vigentes, se puede decir como en Hamlet que “algo huele a podrido en Dinamarca”. Los cuatro países más norteños del istmo centroamericano no parecen dirigirse por el camino del pensamiento democrático, sino por el del clientelismo y las tendencias autoritarias. Honduras ha dado algunas señales de que quiere corregir el rumbo, pero los otros tres están cayendo en una especie de aislamiento internacional cada vez más preocupante. Si en algún momento hubo interés por los derechos humanos, hoy los poderes están aumentando la persecución y los ataques a quienes los defienden. La democracia se entiende como una especie de voto en blanco para que quien salga elegido haga lo que le dé la gana. La racionalidad, el humanismo, la sensatez están lejos de los planteamientos y los discursos.

Editorial UCA 26/09/2022 La semana pasada trascendió que está ya lista para aprobación una ley de justicia transicional que incumple principios básicos. Se prometerán, y en parte se darán, compensaciones monetarias, pero la verdad, la justicia, la reparación y las medidas que garanticen la no repetición de los hechos quedarán severamente recortadas. Los archivos militares estarán protegidos de cualquier revisión e investigación judicial. Y la institución encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación no solo tendrá mayoría gubernamental, sino que los ministerios de seguridad y defensa participarán en ella. Es decir, los militares tendrán voz y voto para decidir a qué víctimas reparar, convirtiéndose así en juez y parte. Dada la total resistencia del Ejército a reconocer públicamente los crímenes del pasado, solo cabe esperar que sus representantes no tendrán ninguna simpatía por la justicia y la verdad. La Comisión de la Verdad estableció que aproximadamente el 85% de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra fueron responsabilidad de la Fuerza Armada. En este sentido, blindar los archivos militares no solamente impide conocer la verdad, sino que niega la justicia más básica. Además, se les otorga a los militares un trato de superioridad y privilegio que niega la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 3 de la Constitución. El cierre de archivos discrimina a las víctimas y favorece a la institución que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en El Salvador. Premiar a quienes han cometido delitos no logra otra cosa que facilitar que esos delitos se repitan. El hecho de que la Fuerza Armada nunca haya querido pedir perdón institucionalmente por su pasado es muestra de su dura insensibilidad ante la víctimas y de su soberbia antidemocrática. Porque más allá de esa insensibilidad y esa soberbia, nada impide que los militares pidan perdón. Las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile lo hicieron. Si bien Mauricio Funes formuló una petición genérica de perdón, nunca se ha roto el historial de complicidad gubernamental con los militares. Cuando hay tensión entre el fuerte y el débil, entre la institución que victimiza y las víctimas, proteger a estas e investigar a aquella es el único camino decente. Si la Fuerza Armada quiere estar presente en cualquier instancia que trate de reparar a las víctimas, antes tiene que pedirles perdón a nivel institucional y abrir sus archivos. En otras palabras, antes debe demostrar en la práctica deseo de colaborar en el establecimiento de la verdad. Sin verdad no hay justicia ni auténtica reparación.

La primera en la frente Rodolfo Cardenal La reelección de Bukele era sabida, faltaba el anuncio. El segundo período se impone, porque no hay aeropuerto, ni ciudad y bonos volcán, ni tren, ni Hospital Rosales, ni Hospital Zona Norte, ni reforma de las pensiones, ni becas en el exterior. La reelección es necesaria, porque, al parecer, ningún elemento del partido oficial posee cualidades para ejercer la presidencia del Ejecutivo. Todos son peones. Ninguno es líder. Tampoco pueden aspirar a serlo, porque los cortan de raíz. La desvalorización de los liderazgos partidarios es paralela a una ambición de poder que reclama continuidad. La reelección es prometedora, no solo para Bukele y su familia, sino también para el elenco de colaboradores que, al permanecer en sus cargos, continuarán, cada uno a su medida, la depredación del Estado. Y por eso mismo, la reelección es indispensable, ya que les garantiza la inmunidad. Así como ahora se reelige una primera vez, Bukele se reelegirá las veces que le apetezca, hasta que se canse o el régimen colapse financieramente, víctima de la iliquidez, las deudas y la corrupción, o socialmente, si la movilización popular se le sale de las manos. La inconstitucionalidad incuestionable de la reelección no lo detendrá. Los otrora defensores de la no reelección, cuando no estaban en el poder, ahora se rebuscan para defenderla. El vicepresidente, uno de ellos, ya acaricia la posibilidad de ser presidente seis meses. Si piensa que mandará, se equivoca. Los hermanos Bukele y las venezolanas serán el poder real tras el sillón presidencial. Los argumentos esgrimidos para razonar la reelección son fascinantes por su retorcimiento. Es cierto que en muchas naciones el titular del poder Ejecutivo es reelegido, pero es deshonesto obviar que esa posibilidad está expresamente establecida en sus constituciones, las cuales, además, incluyen contrapesos eficaces para impedir el ejercicio arbitrario del poder. El poder necesita límites, porque tiende naturalmente al absolutismo y la corrupción. Por esa razón, la Constitución vigente la prohíbe de manera terminante y explícita en seis artículos. El borrador del vicepresidente, en continuidad con la tradición, también lo hace. La reelección legítima exige modificar la Constitución actual. Pero, claro, eso no conviene a un Bukele urgido por la ambición, la inmunidad y las promesas incumplidas. El procedimiento establecido para efectuar dicha reforma le impide la continuidad inmediata. No es suficiente argumentar que la permanencia es la decisión correcta “para que podamos continuar este camino que hemos iniciado y que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto”, incluso si las urnas lo ratifican. “¿Por qué desechar el camino si funciona?”. En primer lugar, porque el funcionario público solo puede hacer aquello que ordena la Constitución. En segundo lugar, porque las dos opiniones a favor, la de Bukele y la de las urnas, no necesariamente son juiciosas. La ironía popular lo ha expresado con la elocuencia que la caracteriza: la reelección es como consumir comida chatarra, apetecible y degustada placenteramente, pero igualmente perjudicial para la salud. En tercer lugar, porque la historia ha demostrado que la dictadura es siempre un mal. Todas las dictaduras crean grandes expectativas al comienzo, pero, más pronto que tarde, producen más males que bienes. Las consecuencias perniciosas de la dictadura se experimentan cuando el dictador ha caído. La reelección y la dictadura se presentan como un bien social deseable y excepcional y, en consecuencia, sin solución de continuidad. Si “nos va bien y queremos que nos signa yendo bien”, ¿para qué cambiar? Sin embargo, los únicos que pueden afirmar que les va bien son la familia presidencial y sus allegados, los altos funcionarios y el capital cercano a los Bukele. Todos explotan sistemáticamente la oportunidad para enriquecerse. Desde esa perspectiva, para qué cambiar. A los demás, no les va nada bien. Tal vez, ampliando el criterio, a quienes ahora se ven libres de las pandillas, pero poco más. La inmensa mayoría sufre el impacto de la inflación, del desempleo y el empleo precario, de unos servicios públicos en ruinas, de unas pensiones ridículas y de la brutalidad de las llamadas fuerzas del orden. Eso solo para mencionar algunas de las privaciones experimentadas directamente por las mayorías. Tampoco les va bien a los que hacen número en las cárceles y a las familias de los detenidos. El argumento histórico que Bukele utiliza para justificar la primera reelección incluye, aunque no lo contemple, su caída. Las dictaduras tienen fecha de vencimiento; ni el presidente, ni su gente pueden garantizar que las mayorías estarán sustancialmente mejor cuando esa fecha se cumpla. El desencanto acecha al régimen que privilegia la lealtad incondicional a la competencia y la honestidad. Si el entusiasmo es tanto, ¿por qué poner retenes para recortar la participación en la marcha de la oposición y for

Proceso 22/09/2022 Para nadie es novedad que El Salvador es una sociedad profunda y arraigadamente autoritaria. Un pueblo fuerte y aguantador. Una nación abusadora y abusada. ¡Cómo ha disfrutado esta sociedad con las manos duras y los uniformes militares! ¡Con cuánto orgullo se ha repetido ese viejo mito de que acá se cortaban las manos a los ladrones! Hemos formado ciudadanos honrados a fuerza de golpes y espantos. Siempre dando la batalla, con un cinturón en una mano y un fusil en la otra. Guerreando siempre. En este país las decisiones no se toman en consenso. No importa el bien común. Esas costumbres fueron exterminadas hace mucho tiempo porque nos volvían un pueblo débil, un pueblo esclavo. Una nación sensible. En este país las verdaderas decisiones se toman sin consultar. Eso de las consultas y los referendos es de países que no quieren progresar, acá todo es digital. En El Salvador, el progreso tiene que ver con más calles, más aeropuertos y más edificios, el progreso guarda el olor del cemento, el asfalto y el hierro. El sonido de los yunques y los motores. Con la misma mano dura que se exterminó a los criminales, en el fondo más débiles que nosotros, debemos extinguir también los árboles y los venados. Las mariposas y los colibríes, símbolos de ese pasado que nos avergüenza. En este país, las personas torcidas son las que no tuvieron cerca un adulto, llámese papá, mamá, abuela, tío que los disciplinara. Y esos pobres que no fueron corregidos son ahora parte de los ochenta mil que engrosan la población carcelaria. Por malos, por tatuados, por pobres, por no enderezados. Decidieron ser victimarios en lugar de víctimas y esto lo pagarán muy caro. ¿Podemos ver nombrados los cimientos de nuestra gloriosa nación? ¿No es acaso esta visión la misma que asesinó más de treinta mil campesinos en 1932 y la que pintó tantos espacios públicos con aquel viejo llamado de Haga patria, mate un cura que más de algún héroe de nación puso en práctica? En El Salvador las leyes no están hechas para cumplirlas, los semáforos en rojo son una sugerencia, los reglamentos son para los tontos y las personas más admiradas son aquellas que consiguen más sin esforzarse, encontrando la trampita. Por eso admiramos al que más dice y no al que más hace, y también admiramos al político que prefiere pagar una multa que seguir los procesos, como lo hizo Naybi Bukele, o como dirían algunos “mejor pedir perdón que pedir permiso”, como también lo hizo el presidente. Sin embargo, durante más de treinta años, este impetuoso país fue domado por oscuras fuerzas externas, por presiones internas y por algunos muertos que en nombre de su memoria, exigieron que ocultáramos nuestras verdaderas y heroicas pasiones. Pero luchamos, hicimos todo lo posible y no abandonamos nunca ese modelo del capataz de finca. Es solo que, de pronto, nos vimos obligados a seguirlo con disimulo. Pegar a la mujer de noche. Violentar a los hijos en silencio. Ocultar la pistola en el escritorio. Sobornar con un maletín negro. Alguien podría denunciarnos, a pesar de que siempre buscamos que el sistema no funcionara. Durante algunos años, los rifles fueron fundidos para construir otros sueños y las golpizas, en general, fueron consideradas de mal gusto. Este pobre paisito empezó a vivir su rabia desde el closet, aunque siempre había gestos de fuga y rebeldía, casi igual de violenta. El problema de esos años fue que la democracia, que los derechos humanos, que la paz y la transparencia… esas ridiculeces inventadas por quienes no saben enfrentarse a la vida. Hasta que por fin… ¡por fin! llegó un hombre… un profeta, y sus discípulos que escucharon su llamado. Fue un enviado, desde lejanas tierras prometidas. Hablaba con la formidable indignación de quien ha tenido que contenerse por mucho tiempo. Nombró los dolores, los engaños, las humillaciones. Y el pueblo, ese pueblo obligado por años a vivir en el armario, lo celebró y lo siguió. Supo, por fin, que su tiempo había llegado, ahora podríamos humillar a quienes no pensaran como nosotros. Lo importante es que pasamos página. Ya basta de esos líderes que golpeaban en la noche y escondían la mano. Tenemos derecho a odiar. Tenemos derecho a tomar las vidas de quienes no quieran perpetuar este orden establecido. Ya basta con vivir en el clóset de la democracia, porque, ¿A quién le ha servido esa democracia si no es a los débiles, a toda esa gentuza que piensa distinto? Ya es hora de tomar lo que nos pertenece, celebremos así, con un estruendoso aplauso esta verdadera independencia, por fin salimos del clóset y podemos vivir como lo que somos, esta sociedad antidemocrática, violenta y autoritaria. Y que nadie quiera venir a meterse con nuestra decisión. P.D. Pero por si a alguien le queda alguna duda, la academia, esa casa de la utopía y el pensamiento crítico, seguirá denunciando. No renunciaremos jamás a la esperanza. Vamos a señalar, vamos a denunciar, vamos a construir una sociedad más justa, donde todos los que pensamos distin

Con dedicatoria especial a Estados Unidos, Nayib Bukele, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, demandó respeto a la soberanía de El Salvador, pero entendiéndola, por supuesto, muy a su manera. Conceptualmente, la soberanía está ligada al concepto de Estado: solo el Estado es titular de soberanía, la cual es independiente de la forma de gobierno. En este sentido, sin importar si es una monarquía, una democracia o una dictadura, un país tiene y puede demandar soberanía. Lo que no hay que perder de vista es que en las democracias la soberanía descansa en la autonomía, independencia y existencia de los tres poderes del Estado: legislativo, Ejecutivo y judicial. Ese, pues, no es el caso de El Salvador en la actualidad. El problema de fondo no es de soberanía. En sus inicios, la administración de Bukele tuvo una luna de miel con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo que calificó a nuestro país como una letrina y a los migrantes salvadoreños como pandilleros, delincuentes y terroristas; el mismo al que a Bukele le pareció simpático, cool. En ese tiempo, el Gobierno salvadoreño no tuvo reparos en que su relación con Estados Unidos fuera de vasallaje. Primero respaldó la política antimigrante de Trump. En 2019, recién llegado Bukele al poder, firmó convenios que declaraban a El Salvador como tercer país seguro, lo que permitía deportar a nuestro territorio a migrantes que entraban a suelo estadounidense de forma irregular. Además, desplegó a la Policía para impedir el paso de migrantes y aceptó la llegada de funcionarios estadounidense para que asesoran a sus contrapartes salvadoreñas en temas aduanales y de seguridad fronteriza. También firmó un programa de intercambio de datos biométricos para prevenir la delincuencia y la amenaza a la seguridad pública. A cambio de todo eso, Estados Unidos extendió el TPS para dar respiro a casi 200 mil salvadoreños en aquellas tierras. El problema inició con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Desde muy temprano, su administración comenzó a señalar públicamente que para controlar la migración no era suficiente construir un muro o firmar acuerdos de terceros países seguros, sino que era necesario contar con Gobiernos transparentes, honestos y respetuosos de los derechos humanos en los países de origen. Para Biden, por tanto, la única manera de detener la migración era y es atacar causas estructurales como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la debilidad democrática. Ese fue el punto de inflexión en la relación con los Estados Unidos. Y vino el cambio. Mientras Bukele le prometió a Trump bajar los índices de migración para que tuviera éxito en su política contra los migrantes, frente a Biden reivindicó el derecho a migrar. En el debate actual sobre el concepto, se considera que existen fenómenos y realidades a los que la soberanía no aplica, porque escapan a las competencias de un solo Estado. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, el medioambiente y los crímenes de lesa humanidad. Bukele habla de soberanía como habla de libertad, entendiéndolas a su conveniencia. Defiende la soberanía entendida como su derecho a hacer lo que él quiera sin que la comunidad internacional diga nada. Exige al país del norte no meterse en los asuntos internos del país, pero se burló a través de Twitter de los congresistas estadounidenses que le pidieron mayor transparencia y respeto a los medios de comunicación. Además, hizo un llamado a no votar por la reelección de la congresista Norma Torres. Más allá de sus intenciones y de los efectos que logra en los suyos, Bukele quedó retratado en la ONU tal cual es: un prestidigitador autócrata que construye en discursos lo que le falta en la realidad.

En su editorial del viernes 16 de septiembre, la UCA insistía en que la búsqueda de reelección presidencial es una clara y directa violación a la Constitución, con graves consecuencias para el país. Seguir la ruta de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández no augura algo bueno para El Salvador. Que el presidente haya hecho su anuncio cuando se celebraba la independencia centroamericana se presta a la interpretación de que, para él y los suyos, la independencia equivale a que el poder haga lo que le da la gana, sentando una piedra más para el reino de la arbitrariedad que el régimen construye desde 2019. Conviene recordar las razones por las que la Constitución salvadoreña y otras de América Latina exigen la alternancia en el poder, rechazando la reelección inmediata. En el caso de nuestra nación, quienes aprobaron la Constitución partieron de la tendencia histórica de los mandatarios a perpetuarse en Casa Presidencial. Leer la historia latinoamericana es contemplar la facilidad con la que se daban golpes de Estado, fraudes electorales y, en general, un mal uso del poder para fines particulares. Atendiendo a ese contexto es que se concluyó que la alternancia en el poder y la independencia de poderes garantizaban un ejercicio gubernamental más trasparente y sujeto a revisión. Los diputados constituyentes de 1983 aumentaron las prohibiciones que ya la Constitución de 1962 imponía a la reelección. La de 1950, la primera Carta Magna salvadoreña, que trató de impulsar una democracia moderna y desarrollada, y que es la base de las dos Constituciones siguientes, también prohibía la reelección presidencial. En otras palabras, existe en el país historia y tradición en favor de la democracia y en contra de la reelección, más allá de los errores que los Gobiernos concretos hayan tenido. Aun en medio de sus contradicciones, los diputados constituyentes eran conscientes de lo que la tradición democrática decía desde sus orígenes. En uno de sus libros clave, la Política, Aristóteles afirma que “las ventajas y utilidades que proporcionan el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder”. Y añade una frase lapidaria: “El poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Hace menos tiempo, un célebre historiador inglés sentenciaba lo siguiente: “El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. La permanencia en el poder ha solido estar acompañada del abuso, la persecución del disidente y la corrupción. Por esa razón, las democracias, especialmente las que tienen un sistema presidencialista, han tendido a limitar la reelección. La independencia de poderes, indispensable en la democracia, es más difícil cuando una persona se mantiene por mucho tiempo en la presidencia. A mayor poder del Ejecutivo, además, con mayor facilidad se violan los derechos humanos. Cuando hoy se ataca a toda persona o institución defensora de derechos humanos, se burla la ley con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia carentes de racionalidad jurídica, se interpreta la cantidad de votos obtenidos como una delegación de poder absoluto que da derecho a la arbitrariedad y se pretende permanecer en el poder torciendo la legalidad, es necesario y urgente defender la Constitución. En particular, la academia, responsable de producir y compartir conocimiento, debe desde sus saberes defender el Estado de derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas; defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos.

Editorial UCA 16/09/2022 A pesar de que la Constitución de la República prohíbe claramente la reelección presidencial, Nayib Bukele anunció este 15 de septiembre su decisión de presentarse como candidato en las elecciones de 2024, oficializando así lo que todos los sectores defensores de la democracia señalaban desde hacía meses: la intención de él y los suyos de atornillarse en el poder. Ciertamente, en muchos países del mundo la reelección presidencial es una posibilidad avalada por ley. Además, en sí misma no es incompatible con la democracia y no tiene por qué ser perjudicial para la vida política. Pero el punto clave es precisamente que en las democracias que la permiten, está regulada por las leyes, no se realiza contradiciéndolas, ni destruyendo la independencia de poderes, ni en un marco de desmantelamiento de los derechos ciudadanos. Al tomar esta decisión, el presidente ha hecho caso omiso de los artículos constitucionales que no solo prohíben la reelección, sino que despojan de sus derechos ciudadanos a quienes la promuevan o apoyen. Tampoco le ha importado que la violación a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia obliga a la insurrección con el fin de restablecer el orden constitucional. Bukele ha desnudado por fin el verdadero calado de su ambición de poder. Por la fecha que escogió para dar el anuncio, pareciera que entiende la independencia nacional como su propio y único derecho a interpretar las leyes de acuerdo a sus intereses personales y que él como presidente, por ser la máxima autoridad de la nación, puede hacer lo que le plazca, sin ataduras ni límites de ningún tipo. Bukele confirmó la noche del 15 de septiembre que El Salvador seguirá la ruta de la Nicaragua de Daniel Ortega y la Honduras de Juan Orlando Hernández. El primero se presentó a la reelección en 2007 yendo en contra de la constitución nicaragüense, y no se ha bajado de la silla presidencial desde entonces. Se ha reelecto comicios tras comicios gracias a fraudes electorales y una férrea dictadura, en la que los derechos humanos y los principios democráticos son solo recuerdos. En Honduras, Juan Orlando Hernández también se presentó a reelección violando su propia Constitución. Ganó por medio del fraude y sumergió al país en una profunda crisis política, económica y social, de la que todavía no ha salido. Terminó siendo repudiado por una gran mayoría de hondureños, que aplaudieron y festejaron cuando al finalizar su segundo mandato fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. En su discurso, Bukele afirmó repetidamente que, por primera vez en 201 años, El Salvador es libre, soberano e independiente porque hoy toma sus propias decisiones, no está sometido a ninguna otra nación y ya no sigue las recetas venidas del exterior. Quiere hacer creer que la guerra contra las pandillas y la suspensión de los derechos humanos fundamentales con el estado de excepción constituyen la única política capaz de resolver el problema de la seguridad y el crimen, y que este es el principal signo de nuestra independencia. Pero mientras el oficialismo repite estas falacias, las voces honestas, con vocación pacífica y democrática, para las que la justicia no es una palabra vacía, ven la realidad: el régimen le niega los derechos constitucionales a la ciudadanía, ha cerrado casi todos los espacios democráticos conquistados a lo largo de los últimos 30 años, ha liquidado la independencia judicial, ha acabado con la transparencia en la gestión pública y ha concentrado todo el poder en el presidente. En la noche del 15 de septiembre, Bukele firmó el acta de defunción de la transición hacia la democracia. Es ya oficial, y los servidores y fieles del presidente lo celebran con el interesado fanatismo que los distingue: El Salvador ha retrocedido décadas y hoy abraza emocionado su historia de redobles militares y dictaduras.

Por José María Tojeira El poder político busca siempre maneras de perpetuarse en el poder. Hay maneras estandarizadas que con frecuencia siguen los partidos políticos, sean de la tendencia que sean. Por ejemplo, en El Salvador tanto Arena como el Fmln en el pasado, y en la actualidad el presidente Bukele, tratan de llevarse bien con la Fuerza Armada, darle protagonismo social y no crearle ningún problema. La ideología en en este punto indiferente. Ninguno de ellos se ha atrevido a poner en algún momento un ministro de defensa civil, como hacen las democracias desarrolladas. Y eso a pesar de que hay civiles que incluso estarían más preocupados por servir al Ejército que muchos de los militares, más interesados en hacer avanzar su carrera que en conseguir poder social. Pero dicho esto, los modos de dominar políticamente y trabajar en favor de la permanencia en el poder, tienen también sus elementos diferenciadores. Más que hacer un ejercicio comparativo entre los partidos que han administrado el poder en los últimos 34 años, nos concentraremos brevemente en algunos aspectos novedosos y específicos del gobierno de Nuevas Ideas. El estilo del liderazgo del presidente Bukele trata de combinar, de un modo sistemático, seducción, novedad, ejecución y temor. Seduce con esa capacidad, con frecuencia salpicada de un poco de desvergüenza, de hablar, responder, criticar, enfrentarse, exaltar las propia realizaciones y tomar decisiones rápidas, aunque la ejecución de lo prometido vaya bastante más lento de lo que el discurso puede hacer suponer. Se puede presentar en la ONU dando lecciones a todos los países de cómo debía estar organizada la asamblea plurinacional, haciéndose selfis, y presumiendo de ser un presidente “cool”. Su estilo desinhibido, irónico y agresivo seduce a muchos salvadoreños. La realidad detrás del discurso, e incluso la vacuidad del mismo, no importa. La apariencia juvenil, activa e incluso respondona, seduce. La escenificación exageradamente glamurosa y la propaganda sistemática contribuye a aumentar la seducción. Al mismo tiempo hace cosas que “nunca se habían hecho anteriormente”. El manejo de la pandemia fue un ejemplo claro. Aunque posteriormente se ralentizó la vacunación, El Salvador fue uno de los primeros países en América Latina en llegar a cubrir con una o dos dosis al 60% de la población. Repartió tanto canastas alimentarias como 300 dólares a una buena cantidad de gente en necesidad. Y si alguien se contagiaba con Covid le llevaban medicina a la casa y le llamaban por teléfono todos los días para ver qué tal le iba. En el estado de alerta, tensión y miedo causado por el covid, resultaban problemas menores que el Estado bajara sustancialmente la atención a otras enfermedades crónicas, que se detuviera y castigara ilegalmente a quienes no cumplían con la orden ejecutiva de reclusión domiciliar o que se descuidara y murieran masivamente ancianos internos en los asilos gerenciados por el Estado. La capacidad ejecutiva para algunos temas y la habilidad en el enfrentamiento con los opositores, en buena parte desprestigiados por el ejercicio del poder, daban apariencia de verdad a todas las promesas presidenciales, por descabelladas que fueran algunas como, por ejemplo, la confianza ciega puesta en el bitcoin. Novedad de acciones, capacidad ejecutiva parcial y estratégica, propaganda intensa, hacían olvidar errores, tanto de ejecución como de menosprecio y abuso de los derechos de las personas.

Por José María Tojeira, S.J. Las apariencias deslumbrantes suelen seducir y cautivar. Pero en la medida que permanece y crece la separación entre apariencia y realidad, el cultivo de la apariencia intenta perpetuarse desde la mentira descarada, el control creciente del poder y la capacidad de infundir miedo en quienes tienen capacidad crítica. En El Salvador, el deseo popular de un cambio en el caminar político, el malestar social frente a la violencia, la pobreza y la desigualdad, así como la ausencia de oportunidades facilitaron el triunfo arrollador del actual presidente, Nayib Bukele, experto en creación de imagen. La capacidad de ofrecer imágenes y promesas de cambio, así como algunos logros, estuvo presente desde el inicio de su participación en la política local, inicialmente de la mano del FMLN. Tras su triunfo electoral de la mano de GANA, los símbolos de desarrollo expresados en un futuro de trenes y aeropuertos, descenso notable de homicidios como prueba de superación de la violencia, relaciones internacionales amparadas en la publicitada relación simultánea con los Estados Unidos de Trump y con un prometedor gobierno chino, creaban confianza en un futuro distinto. La pandemia de Covid, cuando la imagen gubernamental comenzaba a deteriorarse tras la toma de la Asamblea Legislativa, dio un nuevo impulso al reino de la apariencia. Como en muchos otros países del área, la pandemia produjo un serio aumento de la pobreza y un grave retroceso en el terreno del desarrollo económico y social. Pero también ofrecía a los gobiernos la capacidad de crear la apariencia de servicio, efectividad ejecutiva y éxito en la lucha contra la enfermedad. El gobierno aprovechó la situación y concentró todos sus esfuerzos en la gestión del Covid, aun a riesgo de dejar sin recursos o pobremente servidos otros servicios esenciales en el campo de la salud, la educación o el trabajo. La gestión de la pandemia, a pesar de las críticas, fue mucho mejor de lo que podía esperarse. La rapidez inicial de la vacunación, la aportación de medicinas entregadas directamente en la casa de los enfermos, el servicio hospitalario centrado en la calidad de atención a los enfermos de Covid, las ayudas temporales en dinero y canastas alimentarias, la mano firme sancionando a quienes se podía culpar como fuentes de contagio, desobedeciendo normas de confinamiento, tuvieron un efecto positivo en la opinión pública, a pesar de los abusos autoritarios que se dieron en los centros de contención y algunas señales de corrupción administrativa. Pero el tiempo pasa y los abusos siempre cobran su parte. El afán de control del sistema judicial y el modo abusivo e ilegal de destituir jueces discriminando por edad a los mayores de 60 años, unido al fracaso de la apuesta por el bitcoin, comenzaba de nuevo a empañar la aureola seductora. El régimen de excepción y la captura masiva y abusiva de jóvenes acusados de pertenecer a la maras, aun con serias deficiencias legales, creó de nuevo un camino de apoyo popular. Después de dos siglos prácticamente inútiles, “al fin vivimos en paz y libertad”, dirá el presidente Bukele al anunciar las celebraciones del 15 de septiembre. Y es que a pesar de violaciones flagrantes al derecho a la integridad personal y a algunas garantías judiciales indispensables, exigidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por El Salvador), el aumento de la seguridad en muchas zonas marginales renovó una vez más la capacidad seductora del Ejecutivo. ¿Se podía haber conseguido la seguridad de otra manera? En el terreno de la seducción política la respuesta no interesa. Otros no pudieron llevar la paz a las colonias, y el actual gobierno sí. Pero el triunfo de la apariencia, aunque disfrute de mucho brillo y aureola, tiene siempre los pies de barro. El problema del esquema de seducción política imperante tiene como base el control del poder, la construcción de apariencia desde la propaganda en las redes sociales y la imposición de medidas autoritarias para conseguir resultados. El afán de seducir desde la apariencia se percibe en el uso del dinero, en el odio a la crítica, en la incapacidad de diálogo, en la hostilidad a quienes defienden los Derechos Humanos y en el peso del poder Ejecutivo sobre cualquier instancia estatal. Si el gobierno ha conseguido mantener la apariencia de eficacia ha sido a base de propaganda, control férreo de las instituciones públicas y algunos éxitos parciales. Éstos le han dado aire y popularidad en medio de unas deficiencias económico-sociales de tipo estructural que permanecen sin cambio desde la entrada de Nuevas Ideas en la administración política. El problema es que sin cambios estructurales en el nivel de vida ciudadano, la apariencia de desarrollo no puede mantenerse durante períodos largos. Y menos con un estilo real de gobierno que mezcla autoritarismo político, cibervigilancia creciente y liderazgo personalista, con neoliberalismo radical en el campo de la economía. La fabrica

Por José María Tojeira La detención de un “twitero” acusado del delito de desacato, ha ocasionado un debate relativamente amplio sobre la libertad de expresión y sobre la manipulación estatal de la justicia. Pero prácticamente nadie ha cuestionado la conveniencia o inconveniencia de que ese delito esté presente en nuestro código penal. Como tampoco se ha cuestionado la redacción concreta de ese mismo artículo, sumamente vago en su formulación y, por tanto, susceptible de manipulación. Y es que, en efecto, ese delito, a nivel internacional, está seriamente cuestionado. Para empezar, en muchos códigos penales de países con democracias avanzadas, el delito tal y como se configura en nuestro código, ya no existe. Dentro del avance democrático se ha ido eliminando de la legislación todo tipo de norma que en la práctica constituya un privilegio de la autoridad y niegue la igualdad ante la ley de todo ciudadano. Y el artículo 339 de nuestro código penal establece ciertamente una situación de desigualdad entre la ciudadanía normal y quienes detentan como funcionarios algún tipo de autoridad estatal. En principio nadie debería dudar de que es más grave que un diputado, o un juez, insulte a un ciudadano, que el ciudadano los insulte a ellos. El funcionario con autoridad es un servidor público y, en ese sentido, si insulta a alguien, añade a la ofensa del insulto la irresponsabilidad del incumplimiento de un comportamiento respetuoso, indispensable para quien esté al servicio de los demás en un cargo público. Sin embargo, el delito de desacato en El Salvador no tiene contrapartida en las ofensas de palabra que, por ejemplo, un diputado pueda inferir a un simple ciudadano o ciudadana. La desigualdad ante la ley es patente. Si hay que castigar o penar ofensas de palabra o faltas al decoro ajeno, la ley debía ser igual para todos y no establecer una clara desigualdad entre servidores públicos y aquellos que deberían ser servidos por los funcionarios. Si algo podemos decir del delito de desacato, es que procede de una concepción sacral de la autoridad y que olvida el principio básico de que el poder viene del pueblo y está en el pueblo. En otras palabras, que tenemos en nuestro código penal una herencia obsoleta de épocas antidemocráticas. Si los diputados tuvieran un poco más de conciencia democrática desde hace ya tiempo hubieran elminado este artículo. Y si los jueces no fueran tan leguleyos ya hubieran en algún momento aplicado el control difuso de la Constitución al observar la contradicción de este artículo del código penal con el artículo tercero de nuestra Constitución. Además el numeral 339 del código penal se presta a interpretaciones caprichosas desde el poder. Este artículo penaliza ofensas de palabra contra el “honor o decoro” de los funcionarios públicos ¿Qué significa o qué entendemos por decoro? Una “mala palabra”, como solemos llamar a frases exclamativas generalmente insultantes o de mal gusto, ¿implica falta de decoro? Y también ¿qué entendemos por honor? El diccionario de la lengua pone como definición principal del honor la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. ¿Puede el Estado penalizar cualidades morales del ciudadano, cuando con frecuencia no cumple con sus deberes respecto al prójimo? El artículo que comentamos no fue puesto en el código penal por el partido Nuevas Ideas. Cuando los diputados de dicho partido tienden a considerarse el “no va más” del espíritu democrático de la nación, bien harían en revisar este artículo y dar pasos más firmes hacia la democracia no solo suprimiéndolo, sino avanzando con mayor rapidez hacia la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. El honor no es patrimonio de los altos funcionarios, sino de todos por igual. A poca cultura que tengan, los diputados debería recordar lo que decía Pedro Crespo en El Alcalde de Zalamea: “Al Rey la hacienda y la vida se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”. El honor es el mismo para toda persona, simplemente por el hecho de ser humano.

La independencia de Bukele, como todo lo suyo, no tiene parangón en el país ni en la región. La del 15 de septiembre de 1821 palidece ante la desconexión actual del país del mundo exterior. Los movimientos de 1811 y 1814 no llegaron hasta donde él ha conseguido llegar, en poco más de tres años. Aparentemente, El Salvador nunca ha sido tan libre de las potencias imperiales, de los poderes financieros y de los organismos internacionales. En teoría, el país es libre y soberano para decidir su destino por sí mismo, pero siempre mediado por Bukele. El fundamento de está “verdadera independencia” es el aislamiento del entorno regional e internacional. El planteamiento entusiasma a los nacionalismos extremistas y a los populismos radicales. Entusiasmos y fanatismos aparte, el país depende del dólar, una moneda extranjera, cuya adopción lo dejó sin política monetaria. La criptomoneda, que traería libertades inéditas e impulsaría un sorprendente despegue económico, languidece. La economía nacional —en particular, la sostenibilidad del dólar— depende, en gran medida, de las remesas de la diáspora: sin sus dólares sería imposible salvar el déficit existente entre las importaciones y las exportaciones, y cumplir con los compromisos internacionales. La actividad económica, orientada predominantemente a la exportación, depende de los mercados y los precios internacionales, de las cadenas de abastecimiento y de los derivados del petróleo. El crecimiento económico depende de la inversión extranjera, otro capítulo que sería resuelto por los millonarios de la criptomoneda. Pero, así como vinieron, se fueron sin dejar rastro de los miles de millones de dólares que el régimen aguarda ansioso. Los contratos, tan bien aprovechados por los intermediarios locales para enriquecerse, están vinculados a las transnacionales y al capital extranjero. El aislamiento, disfrazado de libertad, soberanía e independencia, del que tanto se enorgullecen Bukele y sus socios, repercute directamente en una actividad económica débil, un crecimiento económico lánguido, una inversión externa mínima y mayor flujo de emigrantes. La independencia de Bukele es, pues, poco independiente. Los entusiastas y los extremistas no deben perder de vista que celebran una independencia de desempleados, de hambrientos, de enfermos y de violentados. Atrincherado tras sus fronteras, el régimen se siente libre para hacer lo que se le antoja, sin preocuparse por lo que dirá la comunidad internacional. Bukele no hace viajes oficiales después de las curiosas visitas a Naciones Unidas, China, Turquía y Qatar. No asiste a las cumbres presidenciales ni a los foros internacionales. Tampoco recibe a los embajadores. Su Casa Presidencial le brinda una comodidad inigualable. Guardado por perdonavidas, evita el fastidio de presentarse como uno más entre sus pares y el apuro de responder a sus interpelaciones. Tal vez piensa que ninguno de ellos contribuirá a hacerlo un gobernante de provecho para su pueblo. Ciertamente, ninguno de ellos tiene paciencia para escuchar su grandilocuente monólogo autoritario. La reclusión, el aislamiento y el empobrecimiento son las notas fundamentales de la “soberanía” de Bukele. El ejercicio de esa “soberanía” lo priva de aportar en las encrucijadas donde se decide el futuro de la humanidad y de la oportunidad de colocar al país en el concierto de las naciones y acceder a la cooperación internacional. Simultáneamente, se priva de la legitimidad asociada a la presencia y la participación en esos espacios. La única que le queda es la popularidad, con la que justifica la injusticia y la opresión. El precio pagado por un orgullo presidencial que solo se reconoce a sí mismo es alto. Pareciera que el modelo a seguir es el de Corea del Norte, pero sin misiles nucleares. En unos tiempos tan globalizados como los que corren, ensayar el aislamiento de la comunidad internacional es delirante. Si solo se tratara de un capricho familiar, podría entenderse. Pero las consecuencias devastadoras que el ejercicio de esa “soberanía” tiene para la sociedad, sobre todo, para sus mayorías, hacen de ella un desatino mayúsculo. Invitarlas a “disfrutar” del desfile de las fuerzas militares que las oprimen como su “verdadera independencia” es sarcástico, ofensivo y humillante. Esa independencia tiene mucho de la dependencia de siempre. El imperialismo del pasado se ha replegado, pero ha adquirido nuevas formas. Una de las más insidiosas es el capitalismo transnacional neoliberal, tan despiadado como aquel. La dictadura oligárquica y militar ha sido sustituida por una nueva elite depredadora y privilegiada, tan corrupta como la de siempre y resguardada por el Ejército, por una policía militarizada y por jueces venales, igual que antes. La dependencia de los mercados internacionales sigue intacta. Las importaciones son ahora mucho más necesarias y voluminosas que en el pasado. La razón, la honestidad y el sentido común impiden “disfrutar” un desfile, fundamentalmente militar,

Hace ya algunos días inició el proceso para investigar y seleccionar, entre los candidatos que se presentan, al próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Aunque esta elección es de suma importancia para el desarrollo democrático de El Salvador, muy rara vez se ha tomado en serio. Entre los elegidos para el cargo ha habido personas muy dignas, pero también otras marcadas por la corrupción o la ineficacia. Además, en general, la clase política y las instituciones estatales no han sido respetuosas con los informes y recomendaciones de la Procuraduría. En el actual proceso en marcha, los candidatos que han asistido a la comisión parlamentaria responsable de revisar las capacidades personales para el cargo no han dado muestra de siquiera entender en qué consiste la defensa de los derechos humanos, al igual que los diputados que los han interrogado. No importa que la proclamación de los derechos humanos sea considerada un hito en el proceso de desarrollo de la conciencia moral de la humanidad, para los diputados oficialistas la utilidad y conveniencia del poder priva sobre cualquier otro criterio. En este contexto, es necesario recordar, en primer lugar, que los derechos humanos son patrimonio del pueblo social e individualmente, son universales, es decir, todas las personas pueden reclamarlos y exigir su cumplimiento; y para todas las instituciones del Estado constituyen un deber: están obligadas no solo a respetarlos, sino también a impulsarlos. La simple omisión u olvido de los mismos constituye una falta que puede y debe ser reclamada por los afectados y por toda la ciudadanía partidaria de la convivencia democrática. En circunstancias especiales, algunos derechos básicos pueden restringirse en favor del bien común, pero nunca anularse totalmente. Sin embargo, en El Salvador, ciertos factores históricos y políticos han rebajado la calidad de los derechos de todos. Los derechos a la educación, a la salud, a un medioambiente sano, al bienestar económico, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley han enfrentado y enfrentan serias limitaciones e incumplimientos. La irresponsabilidad, incluida la ignorancia culpable de una parte de los jueces, es grande ante tratados, convenciones y protocolos de derechos humanos ratificados por el país y que, por tanto, son parte de la legislación nacional. Por ello, el procurador de derechos humanos no solamente debe defender los derechos concretos de la ciudadanía, sino que debe ser conciencia nacional de las limitaciones en este campo y ejemplo de integridad y apego a la ley para un sistema judicial hasta ahora incapaz de tomarse en serio el derecho convencional. Personas complacientes con los abusos de poder del Estado, nepotistas o gente que cambia de opinión según sea la coyuntura política no sirven para dirigir la Procuraduría. Lamentablemente, los candidatos al cargo solo han atinado a expresar su acuerdo con la normativa reguladora del actual estado de excepción, que es fuente de un amplio número de atropellos y abusos.

A un año de la entrada en vigencia de la ley que hizo del bitcóin moneda de curso legal en el país, ha quedado patente el gran fracaso de esa decisión, que fue rechazada desde un inicio por el 80% de los salvadoreños. A pesar de la propaganda gubernamental, del incondicional apoyo del presidente de la República y del enorme gasto realizado en promover la criptomoneda (más de 200 millones de dólares entre fideicomiso, cajeros, billetera Chivo y saldo de 30 dólares de bienvenida), hoy por hoy, según un sondeo de La Prensa Gráfica, el 78% de los salvadoreños no acepta ni recibe el bitcóin como medio de pago. Pero el estrepitoso fracaso no se debe únicamente al rechazo ciudadano y al despilfarro de recursos públicos que mucha falta hacen para cubrir necesidades básicas de la población. El bitcóin ha causado un grave perjuicio a la nación al cerrarle las puertas de importantes instituciones financieras (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y disparar su nivel de riesgo, lo que significa que el país no goza de confianza por parte de los inversionistas y que para conseguir financiamiento en el mercado internacional tendrá que pagar tasas de interés elevadísimas. A pesar de ello, el Gobierno sigue empecinado en su solitaria apuesta por el bitcóin y parece no estar dispuesto a derogar la ley respectiva. Por otra parte, el 8 de septiembre se conmemoró el día internacional dedicado al periodismo, una profesión necesaria y fundamental para que la ciudadanía tenga información confiable de lo que acontece en su país y en el mundo entero. Un oficio que solo es posible realizar a plenitud si se respeta la libertad de expresión, tipificada como un derecho humano. Sin embargo, en el país, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace meses el incremento de las amenazas al trabajo periodístico, las cada vez más frecuentes situaciones de acoso o agresión por parte de policías o funcionarios públicos. Este clima de rechazo al trabajo periodístico independiente es un aspecto más de la vocación autoritaria del régimen político actual. Ello debe preocupar a toda la ciudadanía, como preocupa a la comunidad internacional. De hecho, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que El Salvador está experimentando una retroceso en el tema de libertad de expresión y que el número de agresiones a periodistas ha venido en aumento. Así lo afirma el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca: “El Salvador no era parte de los países que más agresiones policiales a periodistas aportaba a las distintas instancias que monitorean y hacen estadísticas regionales, y recientemente lo empezamos a ver. Recibimos muchos reportes sobre agresiones, restricciones y un ambiente hostil para la prensa”. Y mientras estas cosas suceden, el funcionario que debería velar por la defensa y goce de los derechos humanos guarda silencio o dice no ver graves violaciones a dichos derechos. Paralelamente, en las entrevistas que está realizando la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de elegir al nuevo procurador de derechos humanos, no se observa ninguna preocupación en los diputados oficialistas por encontrar a un candidato idóneo, sino más bien lo contrario: descubrir cuál será más dócil y apoyará más decididamente las acciones del Gobierno. Hasta el momento, ninguno de los entrevistados ha mostrado la firmeza e independencia requeridas para cumplir con la delicada función que la Constitución le asigna al procurador de derechos humanos. Muy en su costumbre, los legisladores de Nuevas Ideas se preparan para, entre discursos grandilocuentes desconectados de la realidad, elegir a un funcionario sin capacidad ni vocación de cumplir con lo que la ley le exige.

La mentira descarada es normal en las comparecencias de los funcionarios de Bukele. ¡Qué más pueden hacer para mantener la ficción y el abultado salario y los privilegios de su cargo! Al de obras públicas se le hundió una colonia que en marzo dio por segura y Los Chorros se le derrumban como en los viejos tiempos. Los de la seguridad reiteran sin sonrojo que el país “vive una de las mejores etapas en el tema de derechos humanos” y que “en períodos anteriores no se vivía este clima de seguridad y respeto a los derechos de las personas, incluyendo a los detenidos” por la excepción. A la injusticia se suma el sarcasmo. Estos mensajeros omiten que ese “clima de seguridad” está reservado solo para la quinta parte de la población. Otro funcionario alega temerariamente que la excepción no responde “al crimen siendo criminal, porque no lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer jamás”. Quizás por eso los certificados de los fallecidos en las prisiones atribuyen las muertes al “edema pulmonar”, aun cuando las huellas de la tortura y la desatención médica son evidentes. El funcionario pretende hacer creíble estas afirmaciones agregando que “trabajan cerca con otras instituciones para ‘respetar’ los derechos de los privados de libertad”. Una colaboración inverosímil con la llamada “justicia colectiva”, que pretende procesar judicialmente a los detenidos no individualmente, como ordena la jurisprudencia, sino en “grupos de delincuentes”, a menos que esas instituciones se hayan desentendido de los derechos humanos. El desparpajo alcanza la sublimidad cuando asegura que “primero renunciamos antes de mandar nuestras fuerzas del orden a ejecutar al que aparentemente ‘es pandillero’”. Así, pues, el funcionario reconoce que “ejecutan” al pandillero, pero no a quien solo lo aparenta. Otro elemento del gabinete de seguridad parece querer salvar el pellejo delimitando sus responsabilidades. Según este funcionario, no capturan “solo por tener tatuajes”, pues están familiarizados con “los códigos de los tatuajes de todas las pandillas” y “las fuerzas del orden están capacitadas para distinguir entre el tatuaje delictivo y artístico”. En caso de duda, consultan el registro policial. Los testimonios de los familiares de los capturados niegan la existencia de esa finura. Las mismas fuentes policiales son incapaces de identificar la pertenencia a una determinada pandilla de más de la mitad de los capturados. Las redadas son tan antojadizas que ninguno de los municipios con más detenidos se encuentra entre los más violentos de 2020 y aquellos con la mayor cantidad de homicidios no figuran entre los que tienen el mayor número de capturas. El colmo de la incuria es que el líder de una pandilla, entregado por Guatemala en abril, ha vuelto a ser capturado, en el mismo sitio, por las autoridades de aquel país. El colofón de esta serie de hipocresías lo colocó el presidente de la legislatura para quien “hoy sí hay una verdadera libertad en el país”, ya que, “por primera vez, la gente está sintiendo la libertad y la paz que tanto ha venido demandando desde los Gobiernos anteriores”. La conclusión lógica es, entonces, que existen dos países completamente diferentes: el nuevo, que acapara toda la atención del régimen, y el de siempre, que no amerita ninguna. El primero es el de los polos turísticos costeros con pretensiones de mundo rico, ruedas incluidas. El otro se inunda, se hunde o se derrumba, acumula desechos contaminantes, sus escuelas se desmoronan y las esperas de quienes buscan salud son interminables. El primero acapara la poca inversión disponible, el otro se queda sin nada. Los habitantes del país de los Bukele gozan de libertad, de tranquilidad y de posibilidades para medrar impunemente. Los habitantes del otro país son delincuentes terroristas, sin oficio ni beneficio y, por definición, peligrosos. Los primeros no solo son buenos, sino totalmente buenos. Todos son honrados, virtuosos, creíbles y competentes, porque todos ellos se encuentran bajo la sombra protectora de los Bukele. Los otros no son solo malos, sino completamente malos. Hagan lo que hagan, siempre son malos. Por eso, están hacinados en las cárceles y sus familiares son maltratados, humillados y desinformados por las llamadas “fuerzas del orden”. La información y la investigación son totalmente innecesarias, porque los seguidores de Bukele son buenos. Argumentar y probar la maldad de los malos está excusado, basta con capturar y, si se ofrece, matar. Criticar el ordenamiento social de los buenos es traición, equivale a consentir la maldad, la perversión y el crimen. El presidente de Chile planteó una pregunta aún sin respuesta. No conoce personalmente a Bukele, “porque [este] no participa en las cumbres”. Sin embargo, su ausencia “genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?”. Muy probablemente, esta pregunta no tendrá respuesta. Bukele encuentra un refugio mucho más confortable en las encuesta de popularidad. Una confrontación con

Mientras se remozan algunas calles de la capital, se inaugura un parque de diversiones con cinco juegos mecánicos donados por China en el Puerto de la Libertad y se hace público el primer caso de viruela símica, sigilosa pero alarmantemente crece el costo de la vida en el país. La escalada de precios ha obligado a la población a rebuscarse cambiando su dieta alimenticia, disminuyendo las porciones de sus comidas, mudándose a marcas más baratas o hasta dejando de comer un tiempo. El costo de la canasta básica urbana, según la Digestyc, alcanzó en mayo los $227.39, que son $26.35 más que su costo en mayo del año pasado, que representan un aumento del 13%, el precio más alto que se tiene registrado desde el año 2001. El costo de la vida, que va más allá de la Canasta Básica Ampliada (dos veces el costo de la canasta básica), también se ha disparado. De acuerdo al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) el costo de la vida en El Salvador de hoy supera los $700 mensuales. Quiere decir que el salario mínimo actual del país apenas cubriría la mitad del costo real de la vida. Algunos alegremente aseguran que el país tiene una canasta básica más barata que la de los países vecinos. En algunos casos esto es cierto, sin embargo, lo que no se dice es que en El Salvador la canasta básica solo tiene 22 productos mientras que en Costa Rica, por ejemplo, contiene más de 50. Como ha sido toda la vida, la presente crisis afecta a los más pobres. ¿Cómo hacen las familias que tienen como ingreso un salario mínimo? ¿Y las que se rebuscan en el día a día y no llegan ni a eso? ¿Sobreviven con remesas? En medio de un ambiente de aparente seguridad y tranquilidad que pregonan las autoridades, la gente está pasando hambre. El último informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021” de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave ha aumentado en el país pasando de un 42% entre 2014-2016 a un 46.5% durante el período de 2019-2021. Por su parte, el “Análisis de inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, El Salvador”, proyectó que para los meses de junio y agosto de 2022, 1,043,661 personas en inseguridad alimentaria necesitan acciones urgentes de parte del Estado salvadoreño, con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, asistencia monetaria y redistribución de activos. Las familias viviendo en pobreza y pobreza extrema han aumentado. No es casual que se estime que 12 mil estudiantes universitarios abandonaron sus carreras este año. No es de extrañar que 300 compatriotas salgan diariamente con rumbo al norte. Que el año escolar 2022 haya comenzado con 100 mil estudiantes menos, probablemente sea, en parte, producto del aumento de la pobreza. Para colmo, las penurias de miles de familias son “buenas” para los que se aprovechan de la política. En la realidad de sobrevivencia la toma de conciencia social y política se vuelve completamente irrelevante para la gente. Para la mayoría de la población no importa quién gobierne, ni quién sea, ni de dónde venga. Lo que le importa a la gente que solo sobrevive es que le resuelvan sus problemas de subsistencia, de alimentación, seguridad y empleo. Quién sea, su trayectoria, sus intenciones y la manera en que resuelva los problemas, sale sobrando. Si quien llega al poder es un gobierno populista, autoritario o dictatorial, no es importante. La cuestión de fondo es si quien gobierna resuelve de verdad la realidad de sobrevivencia o no. Si se pone la esperanza en que alguien más lo haga, pero el estómago sigue apretando, el dinero cada vez alcanza menos y no mejora las condiciones de vida, sino todo lo contrario, la esperanza también mudará de lugar y entonces se comprenderá que la esperanza de mejorar era solo un espejismo. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 101.

Recientemente, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, publicaron un informe sobre violaciones de derechos cometidas entre el 27 de marzo, fecha en la que comenzó el régimen de excepción, y el 31 de julio. El régimen de excepción, que la Constitución prohíbe que dure más de 30 días, se ha convertido en normalidad de arbitrariedades y abusos. Los defensores de derechos humanos registran 3,186 denuncias concretas, en su gran mayoría contra la PNC. Si bien en muchas democracias la Policía es acusada de violaciones a derechos básicos, los números en El Salvador exceden por mucho lo que podría considerarse como contingencias normales del actuar policial. La repetición no solo de denuncias, sino de procedimientos reñidos con los derechos humanos y con los convenios internacionales ratificados por El Salvador lleva a la convicción de que se vive una situación en la que el autoritarismo y el abuso gubernamental se han convertido en la única ley vigente en el país. En general, con sus más y sus menos a lo largo de su relativamente breve existencia, la PNC no ha destacado por capacidad de investigación del delito ni por respeto a los derechos humanos. La presencia de agentes en activo en casi todos los grupos de exterminio que se ha logrado desarticular es clara muestra de una cultura institucional de irrespeto a las protecciones y garantías legales de los ciudadanos. Ha agravado la situación la permanencia en el mando de miembros de las tres primeras promociones de oficiales, muchas veces enfrentados entre sí por sus diferentes relaciones y procedencia política. A algunos se les ha perdonado conductas y faltas que debieron haberles apartado de todo puesto de responsabilidad; a otros, según la conveniencia política, se les ha abierto casos de forma amañada. La ausencia de convicciones y de cultura democrática, la falta de exigencia y de supervisión adecuada de respeto a los derechos humanos, y la prolongada permanencia en el mando de oficiales estrechamente ligados a un pasado muy poco civil han contribuido a la existencia de una Policía de bajo perfil profesional e inclinada al uso de la fuerza bruta. El régimen de excepción continuado, amparado por una Fiscalía politizada y por un sistema judicial obediente y no deliberante, se ha convertido en manos de la PNC en una oportunidad para dejar salir lo peor de su cultura. Por supuesto, no todos los miembros de la corporación participan en eso, pero los datos permiten afirmar que el actual liderazgo policial impulsa modos de proceder reñidos con los derechos humanos. Y no está solo. En los funcionarios del Gobierno de Bukele predomina el discurso hostil tanto a los defensores de derechos como a los procedimientos que defienden la dignidad humana. En el largo plazo, ello fortalece el arraigo de la cultura de la violencia y la arbitrariedad. Los esfuerzos generados en diferentes momentos históricos en favor del Estado de derecho y la cultura democrática, así como el diálogo previo y posterior a los Acuerdos de Paz, han quedado en la diana de los ataques gubernamentales. Aunque en la institucionalidad estatal, incluida la PNC, hay personas no solo conscientes del valor imprescindible de los derechos humanos, sino también críticas frente a los abusos de poder, el miedo ha creado una fuerte tendencia al silencio y a la parálisis de acciones coherentes con la legalidad. Como institución heredera de los Acuerdos de Paz, la Policía debe rectificar su actual modo de proceder. De lo contrario, habrá razón para decir, a la luz del discurso presidencial, que es fruto de un permanente pacto de corruptos.

Editorial UCA La vida no es ni ha sido fácil para la mayoría del pueblo salvadoreño. A lo largo de la historia nacional ha habido algunas épocas de bonanza y tranquilidad, pero han sido muy pocas y cortas. Fuera de un pequeño grupo que vive en la abundancia, que ha sido favorecido por los poderes de turno y por un sistema económico que privilegia el capital sobre el trabajo, al oportunismo sobre la honradez y la dedicación, la mayoría lucha contra viento y marea para sobrevivir y salir adelante. Y en la actualidad, la conjunción de diversas circunstancias ha creado un ambiente aún más difícil y hostil que está perjudicando de diversas maneras a muchos hogares. Aunque el alto incremento del costo de la vida golpea a la población en general, pone en especial aprieto al segmento de menores ingresos, limitando su capacidad adquisitiva, ya de por sí muy ajustada. Para ellos, las deudas crecen y no hay modo de equilibrar las finanzas domésticas. Miles de hogares han visto disminuir sus ingresos en estos últimos años a causa de la pandemia, ya sea por la muerte de la jefa o jefe de familia, o por la pérdida del empleo de uno de sus miembros, o por el cierre del pequeño negocio que garantizaba el sustento familiar. Otros son asesinados o detenidos en el camino hacia el norte. Según las estadísticas, en el último año, cerca de 14 mil personas han pasado a engrosar el sector en condiciones de pobreza. Por otro lado, miles que antes estaban expuestos a los embates de la violencia pandilleril ahora sufren detención arbitraria en el marco del estado de excepción, el cual ha cambiado el principio de inocencia (toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario) por el principio de culpabilidad (todos son culpables mientras no se compruebe su inocencia). Además, cualquier ciudadano que levanta la voz para disentir de la versión oficial de la realidad se arriesga a ser perseguido por un régimen intransigente y antidemocrático, con vocación autoritaria, que ha destruido el Estado de derecho y ha dejado al pueblo salvadoreño sin posibilidad de defensa ni de justicia independiente, pronta y cumplida. Es posible que algunos encuentren en estas palabras un dramatismo exagerado o las vean como propias de aves de mal agüero. Con seguridad, la mayor parte de quienes así piensan tienen la fortuna de no sufrir violencia o privación alguna; sin duda forman parte del 20% que goza de una vida segura y acomodada. Sin embargo, más allá de las burbujas de privilegio, no es fácil mantener la esperanza y la fe ante tantas dificultades y calamidades, pero ambas son fundamentales para salir adelante. Es preciso tener fe en que esta situación será superada, así como se superaron en el pasado otras igual de duras. Las crisis pueden aplastar a un pueblo o empujarlo a sacar lo mejor de sí mismo. Hasta hoy, El Salvador se ha caracterizado por lo segundo. Nuestra gente ha encontrado siempre la fuerza para salir adelante, con su esfuerzo diario, con su honestidad, con su solidaridad. Esta capacidad de resistir ante las dificultades y las frustraciones mostrada por generaciones previas debe ser hoy imitada para superar los obstáculos que nos impiden vivir con tranquilidad, dignidad y libertad. No es momento de desesperar. Todo aquel que ama a El Salvador y su gente debe perseverar, dejar a un lado los pretextos y excusas, y tener la confianza de que el bien siempre acaba triunfando sobre el mal. No hay que desesperar.

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas. Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”. La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia. ¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados? Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana. La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de tra

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas. Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”. La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia. ¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados? Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana. La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de tra

Mientras medios y personalidades gubernamentales atacan a las instituciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, la procuraduría del ramo tiende a presentar un situación positiva. El lenguaje, los comunicados sobre las cárceles y las distinciones a funcionarios públicos durante una supuesta “cumbre” de defensores “oficiales” de derechos humanos insisten en el buen funcionamiento del respeto a los derechos de las personas, incluidos los de las personas privadas de libertad arbitrariamente. Este tipo de farsa publicitaria puede ser entendida dentro del deseo del actual procurador de derechos humanos de ser reelegido, pero, en realidad, se convierte en un alineamiento con el odio y rechazo a los derechos humanos que medio y agentes afines al Gobierno expresan con frecuencia. Incluso el Ejército, que presume de recibir constantes charlas y formación sobre derechos humanos, manifiesta su desprecio hacia la sociedad civil defensora de dichos derechos. Para ello basta escuchar las declaraciones del ministro de defensa insistiendo en que las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil son “a conveniencia de ellas”, ya que “si no tienen qué señalar pierden su trabajo”. En paralelo a la celebración de la supuesta “cumbre”, las autoridades gubernamentales hablaban de “flagrancia permanente” de todos aquellos que pertenecen o han pertenecido a las maras. Una barbaridad jurídica que en la práctica se convertiría en cadena perpetua, contradiciendo el artículo 27 de la Constitución de la República. La suspensión de la temporalidad de los procesos penales, supeditándola “a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme", se convertirá, como en el pasado, en fuente permanente de injusticia para numerosos procesados, cuya condena o absolución no tendrá fecha de resolución y dependerá de la pereza de los jueces o de la voluntad política de la que dependen muchos juzgadores. Escuchar al ministro Villatoro diciendo que están llevando a cabo una “justicia colectiva” o “justicia comunitaria” nos convence de la poca profesionalidad y el escaso conocimiento del derecho de este funcionario. Hablar, como lo hace el ministro, de “pseudosalvadoreños” solo recuerda al fatídico Roberto D’Abuisson, que distinguía entre el “verdadero pueblo salvadoreño” y los falsos salvadoreños, dignos de cualquier castigo, por brutal que fuera. El premio dado al ministro tras ese tipo de discurso no habla bien de la calidad del procurador. La cereza del pastel de la “justicia comunitaria” parece querer ponerla el vicepresidente de la República afirmando que el 80% de los pastores evangélicos están vinculados a las pandillas. Dado el gusto de los funcionarios gubernamentales por las condenas generales, las declaraciones del vicepresidente podrían parecer normales. Pero la ignorancia, el atrevimiento y la irresponsabilidad demostrada en ese modo de expresarse no puede pasarse por alto. Es evidente que los pastores evangélicos en su conjunto han hecho más en favor de El Salvador y de los valores cívicos de la ciudadanía que los presuntuosos análisis y las sospechas vicepresidenciales. Denigrar y atacar de ese modo a servidores de la Palabra de Dios que sistemáticamente han defendido valores morales y espirituales muestra la baja calidad de un régimen empeñado en descalificar a cualquier persona con conciencia crítica. El Gobierno necesita urgentemente dialogar con la sociedad civil, abandonar la pose de ser los propietarios absolutos de la verdad y reconocer que, aunque de diferentes maneras, todos los que tienen posiciones divergentes respecto a las políticas actuales de seguridad desean también lo mejor para El Salvador. De lo contrario, las “cumbres” de derechos humanos solo servirán para demostrar que el Gobierno de Nayib Bukele tiene una deficiencia grave en ese campo.

De acuerdo con la encuesta de opinión pública más reciente del Iudop, el 43.8% de los salvadoreños considera que la economía es el principal problema que enfrenta el país. Lo anterior es coherente con los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2021, que señala que los hogares en pobreza extrema pasaron de representar el 4.5% en 2019 al 7.8% en 2021. La situación se agrava en la zona rural. En el mismo período, los hogares en pobreza extrema pasaron de 5.2% a 10.4%. Si bien la crisis inflacionaria global impacta directamente en los indicadores de pobreza (a través de los incrementos de los precios de la canasta básica alimentaria), los mayores niveles de inflación se han registrado en el año 2022, por lo que su efecto todavía está por observarse. Aunque existen factores estructurales y externos que contribuyen a explicar la delicada situación económica de El Salvador, el manejo propagandístico y poco transparente de la pandemia cargan con una cuota importante de responsabilidad. En una reciente investigación periodística de El Faro se señalan indicios de corrupción en la adquisición de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno de Bukele. De acuerdo con la publicación, el extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía investigaba irregularidades en la asignación de 10 contratos para la entrega de los artículos incluidos en los paquetes alimentarios. Lo anterior se suma a una previa investigación del periódico digital en el que se señala a Osiris Luna de vender 42 mil sacos de alimentos del programa de emergencia. Lo anterior no es únicamente reprochable en términos legales y éticos, también es cuestionable por su impacto económico. Ante la caída de remesas y exportaciones que sufrió El Salvador durante los primeros meses de 2020, la economía salvadoreña se vio urgida del ingreso de dólares desde el exterior para contar con recursos que permitieran seguir operando internamente e importando bienes y servicios. Parte de estos recursos se obtuvieron a través de los $2,000 millones de deuda pública aprobada en 2020 para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por Covid-19. El Fondo sirvió también para financiar las canastas alimentarias entregadas a la población. En ese momento, lo recomendable era —en la medida de lo posible— producir internamente los bienes entregados en la canasta alimentaria. De esta manera, se pudo haber disminuido la salida de dólares, dinamizado la economía interna y reducido la necesidad de endeudamiento externo. Sin embargo, como señala la investigación de El Faro, muchos de los bienes entregados en la canasta se importaron. El valor de las importaciones de algunos de los bienes de la canasta se incrementó sustancialmente en 2020 (año de crisis) en contraste con 2019. Por ejemplo, la importación de pastas pasó de $11.4 millones en 2019 a $27 millones en 2020; la de harinas de cereales, de $8.2 millones a $19.8 millones; la de la partida SAC 1901 que incluye la leche en polvo, de $57.4 millones a $85.5 millones; la de la partida SAC 1604 que incluye el atún, de $10 millones a $26.2 millones. En el agregado, el déficit comercial pasó del 16% del PIB en 2019 al 18% en 2020 y al 25% en 2021. Es importante señalar que algunas importaciones eran ineludibles entre 2020 y 2021. En 2021, por ejemplo, se importaron $158 millones en vacunas, de los cuales $43 millones provenían de Estados Unidos y $94 millones de China. En ese sentido, no se critica la entrega de la canasta alimentaria o la adquisición de vacunas, sino la falta de transparencia y planificación que, lejos de contribuir a dinamizar la economía interna, han agravado la dependencia de importaciones. Un mayor déficit comercial implica un mayor deterioro de la producción interna y una mayor necesidad de entrada de dólares a través de remesas y de endeudamiento externo. Esto se da en un contexto en el que las remesas podrían desacelerase ante el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y en el que el Gobierno de El Salvador ha encontrado dificultades para colocar nueva deuda pública. En ese sentido, en los próximos años la economía salvadoreña podría enfrentar dificultades para cubrir su necesidad de flujo de dólares, lo que en la práctica se observaría como una reducción del consumo privado y público, que a su vez podría incrementar el desempleo o la informalidad. A pesar de este escenario poco alentador, la medida económica más publicitada del Gobierno sigue siendo la introducción del bitcóin (o colón-dólar), que de ninguna manera parece resolver los problemas descritos. “El dinero alcanza cuando nadie roba”, repetía Bukele cuando era candidato. La afirmación es falsa. Como muestra nuestra delicada situación económica, sin modificaciones estructurales al funcionamiento del modelo económico, el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, la situación se agrava ante la corrupción, la falta de tr

Desde el martes 23 de agosto se está celebrando en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Se ha partido del hecho incontestable de que el agua en general, y en particular la destinada al consumo humano, “está bajo una presión sin precedentes debido al rápido aumento de las temperaturas”. La preocupación sobre la situación del agua es cada vez mayor. Fuentes del Banco Mundial afirmaron recientemente que una de cada cuatro personas vive en zonas del planeta donde no hay suficiente agua. Nuestro país, encandilado con promesas de bienestar y desarrollo, parece ajeno en el terreno gubernamental y legislativo a esa preocupación. A pesar de que El Salvador tiene una pluviosidad anual mayor a la de muchos países desarrollados, el servicio de agua adolece de serios fallos en términos de calidad y acceso. Se privilegia el uso industrial sobre el derecho de las personas. Además, por la proliferación de proyectos residenciales orientados al 20% de la población que goza de mejores condiciones económicas, se tiende a convertir el acceso al agua de calidad en un servicio cada vez más exclusivo para quienes gozan de ingresos altos. La explotación irresponsable de acuíferos y la destrucción de yacimientos y zonas de recarga hídrica por la construcción de residenciales privilegiadas y centros comerciales se han convertido en prácticas habituales. El desinterés por cuidar los ríos, repoblar forestalmente los cerros y valles, y proteger los acuíferos subterráneos pintan un panorama pesimista sobre el futuro inmediato. Para colmo de males, en el país, las consecuencias del cambio climático no son tenidos en cuenta. Los científicos que estudian con seriedad la problemática advierten que los efectos del fenómeno serán más duros en las zonas tropicales. Pero la ciencia no parece llegar a la conciencia del Gobierno. Desde el Estado no se trabaja la prevención, estudio y planificación de respuestas adecuadas a un futuro asolado por sequías más largas e inundaciones más violentas y destructivas. Los próximos años serán clave para la protección y cuido del agua. Ya se ha desaprovechado la oportunidad de legislar adecuadamente al respecto. En la medida en que no se cuide el agua, las enfermedades gastrointestinales y renales continuarán golpeando a amplios sectores de la población e impidiendo alcanzar las metas de desarrollo recomendadas por las Naciones Unidas. La vida en el país estará cada día más en riesgo si desde el Estado no se toma la decisión de cuidar y proteger el agua en serio, tanto de la contaminación como del abuso de empresas que la entienden solo como un bien económico de acceso fácil. Algunas naciones con una precipitación pluvial semejante a la nuestra tienen planes y proyectos para implementar la gratuidad del agua para consumo humano y saneamiento. En esa línea, la explotación comercial del líquido (sea para riego o para elaboración de bebidas embotelladas, por ejemplo) debe aportar impuestos o recursos que garanticen el acceso universal al agua potable y para el saneamiento de las viviendas. Un país como el nuestro, con tantas carencias y necesidades, no puede darse el lujo de seguir distraído en pirotecnias y castillos de arena, ignorando la crisis hídrica inminente.

La historia de El Salvador ha estado marcada por la ausencia de paz y las consecuentes inseguridad y violencia. Desde formas de violencia muy visibles, como la ejercida por el Estado para reprimir a los ciudadanos en defensa de los intereses de diversos grupos de poder antes y durante la guerra civil, y la que las pandillas aplican en los territorios que dominan, hasta otras más sutiles y no tan evidentes, como la violencia estructural, que ha mantenido el status quo de una sociedad fundada en la injusticia y la desigualdad, condenando a la pobreza a la mitad de su gente. En el último lustro, la población salvadoreña ha manifestado constantemente que la violencia, la inseguridad y la criminalidad constituyen uno de los principales problemas del país, junto al desempleo, la economía y el alto costo de la vida. Los largos años de inseguridad y de violencia en las calles, en los barrios y en el transporte colectivo; las muchas vidas destruidas por el crimen; las tantas ilusiones y sueños frustrados han hecho que vivir en el país sea una especie de infierno para una importante parte de los salvadoreños. Demasiados de ellos, además de sufrir diversas carencias, han tenido que soportar una violencia, tanto estructural como criminal, que les ha empobrecido aún más, les ha obligado a abandonar sus hogares y los ha estigmatizado por habitar en lugares con presencia de pandillas. No es de extrañar que ante esta situación se acepte sin mayor reparo la imposición de un estado de excepción que, según las autoridades, permitiría perseguir y erradicar a los grupos delincuenciales, y poner fin de una vez por todas a la violencia, devolviendo la seguridad a la población, aunque ello suponga la limitación de los derechos constitucionales. Pero no hay que llamarse a engaño: por ese camino no se logrará la paz y la seguridad anheladas. En su encíclica Paz en la tierra, el papa Juan XXIII afirma que la paz verdadera solo es posible si se “funda en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. No habrá paz, pues, mientras se violen los derechos a la vida, a la integridad personal, a disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad. No habrá paz sin el debido respeto a las personas, sin posibilidad de acceder a la verdad, sin derecho a manifestarse y expresar opiniones libremente, sin acceso a la información de los asuntos públicos. No habrá paz si no se facilita a toda persona la posibilidad de trabajar y recibir un salario justo, si se anula el derecho a legítima defensa, si la justicia avala arbitrariedades y abusos. Basta analizar la realidad que vive gran parte de la sociedad salvadoreña para concluir que el país está lejos de tener aquello que el papa Juan XXIII señalaba como necesario para lograr la paz. Más bien, en cuestión de derechos humanos y calidad de vida se han dado retrocesos significativos en los últimos años. Retrocesos que, al darle nuevas alas a la violencia estructural, están sentando las bases para la profundización de la inseguridad y el fortalecimiento de la cultura de la violencia.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. El proyecto de Constitución del vicepresidente promete un nuevo Estado “democrático” y “moderno”, “un modelo político” de larga duración. Según su patrocinador, es tan novedoso que Bukele lo adoptará como “programa de gobierno”. Asume, pues, el vicepresidente que este se reelegirá. Pero el proyecto conserva “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”. Otra contradicción es que una nueva Constitución ya fue descartada por el presidente de la legislatura, es decir, por el mismo Bukele, a quien la Corte Suprema ya dio vía libre para reelegirse. El “empoderamiento” ciudadano mediante “el referéndum y la consulta revocatoria del mandato”, dos joyas para el vicepresidente, carece de valor en un régimen que desconoce la institucionalidad democrática. El compromiso democrático del vicepresidente tampoco es creíble. Criminaliza a la prensa por utilizar fuentes que ponen en evidencia las conspiraciones del Ejecutivo. Desvaloriza la negociación con las pandillas con la falsa distinción entre acción personal y acción estatal. El funcionario que negocia acuerdos con las pandillas actúa a título personal, porque “eso sigue sin ser una política de Estado”. Tampoco lo es sacar del país a uno de los líderes de las maras reclamado por Washington. Cuando le preguntan si investigan las actividades de este funcionario que actúa por su cuenta, alega que eso “está fuera de mi campo de acción. Es el gobierno que debe decidir eso”. O sea, el vicepresidente no forma parte de la administración del Estado. La arbitrariedad de la excepción vuelve a ser motivo de tropiezo. El vicepresidente no solo reitera la existencia de “víctimas inocentes y daños colaterales”, sino también abunda con otra frase trillada: “La gente se ve afectada porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Una afirmación inaceptable en un constitucionalista, ya que legitima la ilegalidad. Pero, esa, según él, “no es una política de Estado”. Y, otra vez, se embrolla, ya que, justamente antes, afirmó que “la política de Estado es proteger a la población”. La confusión deriva en mentira. Es materialmente imposible que “más del 95% de las capturas” de los más de 40 mil detenidos hayan sido “validadas por los jueces”. La masividad de las audiencias impide que los fiscales, los defensores y los jueces valoren la prueba contra los detenidos. Los fiscales y los jueces simplemente ratifican la acción policial y militar. No satisfecho, el vicepresidente arremete contra los pastores evangélicos, uno de los sectores sociales que más ha hecho para rescatar y reintegrar a los pandilleros en la comunidad, algo que no figura en la agenda gubernamental. El esfuerzo de los pastores, según la jurisprudencia vicepresidencial, los convierte en criminales, al igual que el periodista que utilizó una fuente de las pandillas. Pero no al funcionario presidencial mencionado en los audios. La obcecación ciega. En lugar de atender al contenido de los audios, ataca al mensajero; y en vez de apreciar el bien que hacen los pastores, los acusa de criminales y terroristas. El contacto con los pandilleros, en sí mismo, incrimina. Sin embargo, la intolerancia vicepresidencial pone de manifiesto el fuerte arraigo social de las pandillas, la imposibilidad de acabar con ellas con la violencia y el terror, y el abismo que separa al régimen de Bukele de la realidad popular. Sin pretenderlo, el vicepresidente dice más de lo que quisiera. La guerra que el régimen dice estar ganando a las pandillas es una muy peculiar, porque su enemigo está fundamentalmente desarmado y, en consecuencia, su capacidad de fuego es muy limitada. La cantidad de armas capturadas es ridícula en comparación con la cantidad de detenidos por Bukele. Este dato confirma que el desafío no es fundamentalmente militar, sino social, económico y cultural. Pese a ello, aquel persiste en gastar millones de dólares en armamento y equipo de guerra. Dado el carácter del enfrentamiento, esas adquisiciones tienen una finalidad muy distinta a la atribuida por el régimen. En ningún caso constituyen, como alegan los militares, “una necesidad básica e indispensable”. Las bondades jurídicas, sociales y políticas del proyecto de Constitución son anuladas por la gimnasia mental del vicepresidente en su esfuerzo por justificar los atropellos de la dictadura de la cual forma parte. No es realista que un régimen arraigado en la inconstitucionalidad se interese en un orden constitucional. Un vicepresidente creíble reconocería la brutalidad de la represión policíaca y militar, la violencia clasista, la obstrucción deliberada del derecho de defensa a más de 50 mil prisioneros, la negación del derecho de sus familiares a estas informados sobre su paradero y su situación jurídica y personal, la responsabilidad gubernamental en las muertes acaecidas en las cárceles y, en un palabra, la inexistencia del Estado de derecho. Eso no ocurrirá, porque la credibilidad implica honestidad e independencia. Y en la actua

La captura y desaparición del tuitero Luis Rivas es, además de una nueva afrenta al imperio de la ley y una grave violación a los derechos humanos, una demostración del poder de la familia del presidente. Con el hecho queda claro que ahora está prohibido fotografiar en situaciones comprometedoras a parientes del mandatario y que es delito denunciar el uso indebido de recursos del Estado por parte de personas que no ocupan ningún cargo en el Gobierno. Quienes claman por la libertad de Rivas temen que el régimen esté haciendo tiempo para montar un caso y mantenerlo cautivo. En realidad, por como están las cosas, la familia Bukele puede esgrimir cualquier excusa, pues tiene a sus pies al poder judicial, a la PNC y a la Fiscalía. Centroamericana atraviesa horas sombrías por el desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho. Nicaragua va a la vanguardia con un régimen que cada día se sobrepasa a sí mismo en sus modos autoritarios. Como en los tiempos monárquicos, al país de Darío lo dirigen los esposos Ortega Murillo. El hijo mayor de Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo, cumple las funciones de protocolo y es el administrador de los negocios familiares relacionados con el petróleo y la energía. Laureano Ortega Murillo dirige la Agencia pro-Nicaragua, gestora de la inversión extranjera. Otros hijos de la pareja presidencial son asesores gubernamentales o dirigen los medios de comunicación. En Honduras, la llegada a la presidencia de Xiomara Castro animó esperanzas de cambio democrático. Si embargo, siete meses después del inicio de su gestión, han hecho su aparición viejos vicios, entre ellos el nepotismo. Castro nombró como su asesor privado a su esposo, Manuel Zelaya Rosales, derrocado en 2009 por un golpe de Estado. Ahora, frente a la permanente comparecencia de Zelaya ante los medios de comunicación, algunos sectores comienzan a preguntarse quién realmente gobierna el país. Además, Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, es diputado; el hijo de este, José Manuel Zelaya, fue nombrado ministro de Defensa; Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la pareja presidencial, es diputada; y Héctor Manuel Zelaya Castro, otro de los hijos, es secretario privado de la primera dama. En El Salvador, hermanos, primos, amigos y compadres del presidente ocupan cargos de alto nivel. Uno de sus hermanos dirige el Indes y otros tres, sin nombramiento oficial, deciden sobre diversos aspectos de la vida nacional. Aunque repiten que su apoyo es ad honorem, utilizan los recursos del Estado a su antojo. En otro círculo de íntimos estaría el primo de Bukele, presidente de Nuevas Ideas; su tío, encargado de la Secretaría de Comercio en Inversión; el actual presidente de la Asamblea Legislativa, fiel al mandatario hasta el extremo; y una retahíla de amigos de la niñez y compadres que ocupan cargos públicos sin que su nombramiento haya obedecido a la competencia y méritos profesionales. En Nicaragua, Honduras y El Salvador se han impuesto, pues, gobiernos de familia que mienten continuamente, se presentan como defensores de causas nobles mientras minan derechos ciudadanos o despotrican contra la corrupción y el nepotismo a la vez que se enriquecen con dinero público.

A propósito de la persecución de la dictadura nicaragüense contra miembros de la Iglesia Católica, las reacciones han sido diversas, desde la estupefacción hasta la justificación. En especial han llamado la atención hechos como la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores de su diócesis. De parte de los que intentan justificar lo injustificable he escuchado básicamente dos tipos de versiones: la primera apunta a que los religiosos y religiosas son agentes del imperialismo extranjero que quieren dar golpe de Estado al clan familiar y por eso está bien que se les expulse o encarcele. La segunda da razones que tienen que ver con las actuaciones de las personas de la iglesia. A estos últimos quiero referirme. El argumento de los primeros no resiste la más mínima crítica. Entre los que tratan de explicar la persecución contra el clero he escuchado que los hombres de sotana han perdido el respeto de la gente; primero porque algunos viven en la opulencia mientras la feligresía pasa penurias; segundo, por los muchos casos de pederastia que han hecho que la confianza en ellos se derrumbe. Un tercer argumento remite a que una cosa es evangelizar y otra meterse en política. En el corto espacio que permite esta sección, quisiera responder puntualmente a estos señalamientos. Sin pretender restarle importancia a los lamentables casos en los que el estilo de vida de algunos prelados y sacerdotes son un verdadero antitestimonio y a los condenables delitos de pederastia que son un lastre para la iglesia, estas razones no son frecuentemente causa de persecución y de muerte. La falta de testimonio de seguimiento al Jesús que optó por los pobres es éticamente inaceptable, pero rara vez se persigue a un sacerdote por esta razón. Los casos de pederastia que han salido a la luz pública han sido motivos de escarnio social y de juicios legales por parte del Estado, pero persecución por ello, que yo sepa, no se tiene registrada. Sin embargo, como nos recordó monseñor Romero, la verdad siempre será perseguida1, y toda persona o colectivo que diga y defienda la verdad será perseguida. A quienes se reprime, se expulsa y se encarcela son a aquellas personas que incomodan al régimen, porque lo cuestionan, porque denuncian las injusticias y la mentira. La gran mayoría de sacerdotes y pastores evangélicos asesinados durante la guerra civil de El Salvador y después de eso, lo han sido por su compromiso por cambiar el país y decir la verdad. Porque la verdad molesta a los poderosos. A quienes quieren justificar la represión y el encarcelamiento de personas de iglesia los invito a revisar la historia reciente de El Salvador para que comprueben que lo que está a la base de la persecución es el compromiso con los pobres y con la justicia. Cito solo los nombres de sacerdotes y pastores asesinados porque a ellos se dedica esta reflexión, aunque estamos conscientes de que son muchos más los mártires laicos y laicas que ofrendaron su vida por la justicia.

El presidente más cool del “mundo mundial”, que despierta entusiasmo tanto dentro del país como en la diáspora nacional, tiene otra dimensión, sin la cual su figura queda inconclusa. Genialidades como el bitcóin y su ciudad libertaria, el aeropuerto oriental y el tren costero, la seguridad y ahora otro centro turístico de primerísimo nivel, asumiendo que fueran reales, no constituyen más que la cara amable de Bukele. Sus intervenciones proyectan la realidad deseada y, por eso, crean expectativas. Aunque concretara sus promesas, el régimen tiene otra faceta, de la cual no se puede prescindir sin mutilar la identidad presidencial. La cara amable de Bukele es complementada por otra tenebrosa, que ni siquiera tiene el decoro de ocultar. El encanto fascinante es también perversidad, que detiene caprichosamente a pandilleros y no pandilleros, desintegra familias, deja hijos en el abandono, crea caos en los reducidos ingresos familiares y genera angustia en sus familiares. El día menos pensado, estos pueden descubrir que su pareja, su hermano o su hijo han muerto, torturados o desamparados, en las cárceles de Bukele. Los hogares populares viven en zozobra constante. Intempestivamente, los esbirros fuerzan la entrada en las viviendas, interrogan a sus habitantes, los amenazan con cárcel o simplemente capturan a quienes se les antoja. Erradicar a las pandillas es un pretexto para aterrorizar a la población. Los entusiastas seguidores de Bukele no solo deben prestar atención a la cantidad de detenidos y la reducción de los homicidios como señal incuestionable de su éxito, sino también al drama humano que transparentan los testimonios de los familiares de los detenidos arbitraria e indefensamente. Las narraciones relatan la brutalidad de los policías y los soldados de Bukele, y las consecuencias de sus acciones despóticas. Una de esas voces acepta que persiga a los criminales, pero no a los inocentes, y discrepa del trato que reciben unos y otros. No es drama, expresa otra voz de una pequeña ciudad costera: “Ellos realmente son mucho peor que las tres pandillas juntas”. Una madre interpela a la esposa de Bukele para se coloque en su lugar y piense cómo se sentiría si su hija fuera víctima de una injusticia como la que sufren las madres de los detenidos. Los que ahora dicen gozar de seguridad luego de haber experimentado el control territorial de las pandillas y aquellos otros que, desde la distancia, admiran la determinación de Bukele para acabar con ellas deben ser conscientes de que esa seguridad y esa determinación descansan en una enorme injusticia. La paz asentada en la bestialidad policíaca y militar no es verdadera. La tranquilidad de unos pocos es humillación, tortura y muerte para la mayoría; abandono y hambre para quienes aguardan el retorno de sus seres queridos. Contentarse con esta situación es egoísmo sumo y engaño grande. Bukele ha exhibido su doble cara al anunciar la construcción de otro centro turístico, con carreteras de primer nivel y miradores asombrosos, dotado de mercados, hoteles y restaurantes con calidad Michelin. El proyecto es simultáneamente positivo y perverso. Lo que será diversión para los extranjeros y los nacionales que puedan pagarla coexistirá con la tragedia de miles de familias a las cuales se les niega la justicia. Los presuntos beneficiarios locales, directos e indirectos, son las mismas víctimas de la brutalidad policial y militar. Una cruel ironía. La buena noticia es que la inversión de alrededor de cien millones de dólares no tiene fuente de financiamiento. Si Bukele y su gabinete de seguridad están ganando la guerra contra las pandillas y si la seguridad y la paz son palpables, ¿por qué el presidente compareció rodeado de más de una docena de hombres con armas de guerra? Si él mismo se siente tan inseguro, incluso entre los suyos, que acudieron a escuchar sus novedades, ¿cómo ha de sentirse el ciudadano común y corriente, aquel que reside en los vecindarios populares y utiliza el transporte público? Es inexplicable que un mandatario tan popular y simpático como Bukele se presente ante una reducida audiencia cercado por un fuerte contingente militar. El líder realmente popular confía en sus seguidores, su mejor protección. ¿O será que ese despliegue obedece a su debilidad por los juegos militares? En cualquier caso, la exhibición de fuerza revela mucha debilidad e inseguridad. Igualmente indescriptibles son el vicepresidente y su proyecto de Constitución. El funcionario asegura que el nuevo texto constitucional contiene “un nuevo concepto de Estado moderno y democrático” y “una ampliación del catálogo de derechos fundamentales”. La experiencia de más de tres años muestra que Bukele no está interesado en tal Estado ni en ninguna Constitución. Por consiguiente, ampliar los derechos de la ciudadanía es irrelevante. Más aún, el mismo funcionario que lo anuncia como gran novedad justifica la violación flagrante de esos derechos. Si la intención del vicepresidente es honesta, su t

En el año 2000, los países del mundo reunidos en la Asamblea de las Naciones Unidas se propusieron ocho objetivos, que llamaron los Objetivos del Milenio, con la pretensión de alcanzarlos en 15 años. Las ocho metas buscaban poner el bien común de la humanidad en el centro del trabajo de Naciones Unidas, disminuyendo las brechas y desigualdades entre países y entre grupos humanos, y trabajando en beneficio de aquellos cuya vida y derechos son más claramente amenazados. En concreto, los Objetivos del Milenio apuntaban a erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medioambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Algunos países se los tomaron muy en serio y los utilizaron como guía para formular e impulsar planes y políticas. Sin embargo, a nivel mundial se avanzó poco: llegado 2015, los Objetivos solo se habían alcanzado parcialmente. De los ocho, el primero de ellos, eliminar la extrema pobreza y el hambre, fue el más ampliamente aceptado, ante el cual nadie razonable se atrevía a poner reparos. Quizás por ello, entre 2000 y 2015, el número de personas con hambre disminuyó en 100 millones. Pero el optimismo duró poco: el hambre ha vuelto a crecer en el mundo. Diversos datos indican que, al finalizar el año 2021, 828 millones de personas pasan hambre (el 12% de la población mundial). Pese a ello, la ONU no cesa en su empeño por erradicar ese flagelo. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone alcanzar el objetivo de hambre cero en 2030. En El Salvador, el problema del hambre está muy presente. Según la FAO, casi un millón de personas pasan hambre en nuestro país, lo que representa aproximadamente el 15% de la población. Con el actual encarecimiento de los alimentos, los altos precios de los insumos agrícolas (especialmente los fertilizantes) y la sequía que afecta la zona oriental, es mayor el riesgo de que el hambre y la malnutrición aumenten. Por otra parte, nuestros hábitos alimenticios y las políticas públicas en materia agrícola y de producción de alimentos no contribuyen al consumo de dietas más nutritivas, que incluyen abundantes hortalizas y frutas. El panorama nacional es sombrío, pues, como se sabe, la malnutrición y el hambre causan severas deficiencias en el crecimiento y el desarrollo infantil. A nivel mundial, a efecto de ellas, el 28.7% de la niñez padece problemas de crecimiento y desnutrición aguda. Los retos para el Gobierno (en particular, para los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía) están claros: no solo reducir o erradicar el hambre, sino también crear las condiciones necesarias para una mejor y más nutritiva dieta alimenticia. Aumentar y diversificar la producción agrícola, desanimar el consumo de alimentos nocivos para la salud (los ricos en grasas y azúcares, por ejemplo) y controlar los precios de aquellos que son básicos para una vida sana son tres macroacciones que tendrían gran impacto en el desarrollo de la población. Por desgracia (una más entre tantas otras), las prioridades gubernamentales se alimentan de sueños, no de realidades.

La crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018 dejó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 asesinados, aunque los organismos locales fijan la cifra en 684; el Gobierno de Ortega-Murillo solo reconoce 200. Luego se desató una avalancha de violaciones a derechos humanos elementales, especialmente entre quienes cuestionan la legitimidad del régimen. Desde entonces, el Gobierno ha cerrado más de un millar de organizaciones y asociaciones civiles, entre las que se cuentan la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Asociación de Otorrinolaringología, la Operación Sonrisa (dedicada a operar el labio leporino de niños de escasos recursos) y el Instituto Juan XXIII (dedicado a construir viviendas y apoyar a familias pobres). También cerró 23 medios de comunicación; ha dejado al país sin periódicos impresos al impedir la importación de papel; y ordenó la confiscación de frecuencias, edificios y equipos de los medios independiente Confidencial, 100% Noticias y La Prensa. Ha cancelado a los partidos de la oposición y enviado a prisión a sus adversarios a través de juicios escandalosamente amañados. En el afán de eliminar toda voz no oficialista, emprendió una campaña contra miembros de la Iglesia católica. En marzo de este año, expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw. En julio, expulsó a las Misioneras de la Caridad, congregración fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Y en medio de un clima de agresiones contra templos católicos y tras varios días de acoso policial, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quedó arrestado el 4 de agosto en su sede episcopal junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores, acusados de “instigar al odio” y “organizar a grupos violentos”. El 15 de agosto, el orteguismo arrestó al sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco del municipio de Mulukukú. Además, el régimen ha arrestado a empresarios que dirigían el Consejo Superior de la Empresa Privada, ha prohibido procesiones religiosas y usurpó la sede en el país de la Organización de Estados Americanos. En el vecino país está prohibido disentir. Quienes lo hicieron están desterrados, encerrados o enterrados. Empujado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se hunde en una dinámica dictatorial que nada envidia al somocismo. Desde la acera de enfrente, Nayib Bukele toma nota.

El Gobierno de El Salvador es ahora omnipresente y muy poderoso. Domina los poderes legales como el Ejército, la Policía y la Asamblea. Domina los poderes culturales, como los medios de comunicación, las redes sociales o los discursos religiosos. Y también domina los poderes paralegales a través de procesos como su cuidadosa negociación con líderes de las principales pandillas salvadoreñas. Gracias a este poder, el Gobierno es capaz de decidir no solo sobre qué tema hablamos en la sociedad, sino qué enfoque hacemos sobre esos temas. Esa capacidad del Gobierno ha construido una ciudadanía del “ojo por ojo”. Nuestros actuales gobernantes, en lugar de utilizar su inmenso poder para incidir de forma intencionada en la construcción de ciudadanías críticas y solidarias, han construido y reforzado un discurso de venganza, de odio y de mentira. La ciudadanía del ojo por ojo es la que responde a la violencia con violencia, la que no tolera la crítica y la que sueña con un país en donde todas las personas piensen igual. Incluso aunque en la vida cotidiana se den cuenta de que esto es imposible, la constante manipulación de las emociones lleva a muchos a burlarse de los otros, a los insultos constantes y a la falta de tolerancia. La desconfianza reina en este tiempo de nuevas ideas. Sin embargo, a pesar de ese poder, hay procesos políticos que el Gobierno y su equipo de comunicación no pueden controlar. Esto es lo que podemos llamar: “los límites de la comunicación”. El primer límite ha sido un límite cultural. El fútbol. Si bien el escritor Alessandro Barico, en su libro sobre Los bárbaros, reflexiona sobre la pérdida del alma del fútbol, el uruguayo, Eduardo Galeano, nos ha recordado que esta es “la única religión sin ateos”. Quizá ambos autores exageren un poco pero apuntan un síntoma epocal. En el ámbito cultural de nuestro tiempo, el fútbol se encuentra en el centro de las emociones. Fin del debate. Las ciudadanías del ojo por ojo, tan dispuestas a no negociar, están dispuestas a mucho si ello les permite continuar con un fútbol que es tradición y sueño de una nación que se inventa. Y eso, el Gobierno no supo entenderlo a cabalidad. El segundo límite de la comunicación haría sonreír a Marx y a muchos economistas. A pesar de los muchos intentos para que hablemos de otros temas, la situación económica que la sociedad salvadoreña atraviesa no consigue ser manejada por el aparato gubernamental. La caída del bitcoin está ahí. También sigue ahí el peligro real de la pérdida de las pensiones y, sobre todo, el alto costo de la vida, que hace que cada vez más familias empiecen a recortar sus gastos cotidianos. Que lo digan los más de sesenta mil salvadoreños capturados en la frontera sur de Estados Unidos en lo que va del año. Esa conversación sigue. Y si el Gobierno sigue incentivando el ojo por ojo, puede provocar un estallido social en la medida que la población descubra que las medidas de austeridad no son precisamente populares en el gobierno actual y que los salarios de más de cinco mil dólares abundan entre los funcionarios, mientras que el pueblo sufre hambre y padece de muchas privaciones. El tercer límite de la comunicación tiene que ver con ese universo oscuro y poco transparente del crimen organizado y la represión estatal. La receta más explosiva de acuerdo a las pocas moralejas que la historia nos deja. Hasta hoy, todos los gobiernos que llegaron después de la firma de los Acuerdos de Paz consiguieron que en este país se instalara un mito: acá no hay crimen organizado, lo que hay son pandillas. Acabemos con los mareros y la violencia terminará. Sin embargo, esta telenovela es bastante conocida y hasta el día de hoy no ha terminado nunca bien. Porque la violencia no para, porque hay estructuras criminales, que pueden llamarse pandillas, traficantes, secuestradores, asesinos que tienen distintos niveles de vinculación y connivencia con el Estado. Y a eso se le llama crimen organizado. La comunicación del “diente por diente” ha empezado a salir mal en la medida en que controles internacionales señalan cada vez más a funcionarios del Gobierno por su complicidad con el debilitamiento democrático. Y el mayor problema es que todos perdemos. En un Estado sin controles, en una sociedad sin rendición de cuentas y con información que no se transparenta, en un tiempo con unos funcionarios acostumbrados a instalar su propia verdad desde la prepotencia y la burla, en un país que ha hecho de la matonería su política pública, ya no importará quién gobierne, porque la tentación de perdurar la herencia de estas ideas viejísimas en el país de los nuevos autoritarismos es mucha. Ojalá estas ideas sean simplemente una alerta y no una profecía. Debemos, como sociedad, renunciar a la ciudadanía del ojo por ojo y la política del diente por diente. Debemos encontrar las nuevas razones de nuestra esperanza. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 99.

El clamor popular por las detenciones arbitrarias de la excepción, la brutalidad de las llamadas “fuerzas del orden” y las condiciones de los detenidos en las cárceles parece haber llegado hasta Casa Presidencial. Los comisarios de la popularidad de Bukele han sacado al carcelero mayor para tranquilizar a la población. Sus explicaciones son tan irracionales que caen en el delirio. Según el funcionario de marras, no hay razones para la zozobra. “Las capturas no se realizan de forma ‘antojadiza’”, un centenar de operadores “perfila a los pandilleros” en “las bases policiales de inteligencia, centros penales y el ejército, así como la inteligencia del Estado”. Por tanto, “el 99 por ciento de los capturados” es pandillero. No proporciona detalles de este trabajo de “inteligencia”, porque son “técnicas que hay dentro de las estrategias de seguridad”, que caen “dentro de la confidencialidad”. El llamado es a confiar plenamente en Bukele. El ministro de seguridad agregó luego que están revisando “el registro de todos los […] procesados […] que el sistema de justicia penal fallido y los jueces anteriores dejaron en libertad” en los últimos diez años. Así, pues, estos funcionarios del Ejecutivo no solo han anulado las sentencias de los jueces de la última década, sino también ya han sentenciado que “los pandilleros […] capturados durante el régimen de excepción jamás van a salir”. El reducido uno por ciento, “que se supone inocente, saldría libre”, en seis meses. No hay más justicia que la de Bukele, que actúa siempre correctamente. Los familiares de los detenidos ya pueden descansar tranquilos, porque, según su carcelero, le “están entregando los medicamentos a los enfermos y […] tienen tres centros especiales de salud, destinados a los reos enfermos”. Así, pues, pueden tener plena certeza de que sus familiares están bien cuidados y seguros en las cárceles de Bukele. Los cadáveres que salen de ellas con frecuencia no deben sobresaltarlos, pues “son especulaciones” de algunos parientes y de algunas organizaciones de derechos humanos que “se están valiendo de esta situación para crear zozobra” y “desestabilizar una política de seguridad que beneficia al pueblo”, cosa que “no vamos a permitir”. La apreciación del régimen de la excepción es tan positiva que ahora lo extenderán al transporte público. A los usuarios les pide comprensión por las “pequeñas molestias” que les causarán los soldados y policías cuando les pidan identificarse y los registren para capturar a “algunos ‘rateros’ o bandas que se dedican a robar o a hurtar” en ese medio de transporte. Otra vez, las apariencias y el capricho de los soldados y policías decidirán quién es ladrón. Además, verificarán “el orden en carreteras, que los conductores de autobuses y microbuses vayan en el carril derecho […] a la velocidad adecuada, que siempre piensen que tienen que dar un mejor servicio a los usuarios”. El almirante de blanco añade por su cuenta que “vamos a acompañar desde el punto de origen al punto de trabajo y viceversa. A cualquier hora que ande circulando un vehículo de transporte”. Lo único claro es que las capturas masivas y arbitrarias se extienden de los vecindarios populares a los usuarios del transporte público (por lo general, la población de menores ingresos). Los ladrones de altos vuelos pueden continuar en el afán sin contrariedades. Lo demás son palabras fatuas. El régimen no posee personal ni capacidad para garantizar un transporte público seguro. Sus promesas son tan vagas que no ha determinado cuál es “la velocidad adecuada”. Mucho ha tardado en hablar de ordenar un transporte público caótico y corrupto. Pero es un hablar por hablar. Lo único en firme es la represión de los usuarios. Es así como Bukele anuncia convencido que “la población honrada, […] por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz”. Palabras necias. No se puede vivir “verdaderamente en paz” en medio de una guerra —“de gran magnitud”, especifica el vicepresidente—, aun cuando la vayan ganando. Si esa paz es real, el despliegue de decenas de miles de soldados y policías y la excepción permanente, ampliada al transporte público, son innecesarios. ¿Qué paz pueden experimentar los sobrevivientes de las masacres que aguardan justicia y los familiares de los desaparecidos? La paz de Bukele es un privilegio de “la población honrada”, aquella que reside en colonias y pasajes de ingresos altos, y no usa el transporte público. La inmensa mayoría no vive en paz, porque es corrupta e indeseable. La paz de Bukele es clasista. Gozan de paz aquellos que han renunciado a pensar para que él piense, sienta y actúe por ellos. Viven en paz aquellos que han renunciado a su libertad y sus derechos ciudadanos con la expectativa de encontrar una vida superior. La paz de Bukele es la paz de la irracionalidad y la opresión, de la injusticia y las cárceles, de los corruptos y los serviles. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta administración ha dejado claro que no es devota de la transparencia ni de la publicación de información oficiosa. Pese al imperativo legal que obliga a todas las instituciones del Estado a producir, sistematizar y publicar información de su actividad, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que no es su prioridad informar a la ciudadanía ni brindar insumos para evaluar objetivamente las políticas públicas que implementa. Las acciones para socavar la independencia y labor del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la solicitud de disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) (presentada el 26 de julio por el Gobierno a la Asamblea Legislativa y aprobada por los diputados el 9 de agosto) dan cuenta de ello. La Digestyc es una de las entidades públicas más antiguas del país. Si bien ostenta su actual nombre desde 1955, en realidad nació en 1881 como Oficina Central de Estadística. Por más de 140 años esta entidad ha sido la principal responsable de la generación de información estadística del país. En 1882 realizó el primer censo general de población; sus archivos son el principal acervo de la evolución de la población salvadoreña en un siglo. Solo basta con leer la cronología histórica de esta entidad para comprender su importancia. Es cierto que las estadísticas del país necesitan perfeccionarse, robustecerse y actualizarse, pero la apuesta siempre fue brindarle a la Digestyc autonomía financiera y administrativa para transformarla en una entidad autónoma. Se buscaba que la Digestyc dejara de estar suscrita al Ministerio de Economía con el propósito de aislar las estadísticas de país de los caprichos y potenciales manipulaciones de los Gobiernos de turno. Por casi un lustro se discutieron potenciales proyectos de ley para que El Salvador emulara alguno de los esquemas de instituciones estadísticas robustas, como los institutos nacionales de estadística de México o Chile. Sin embargo, la decisión de este Gobierno no es fortalecer, sino desmantelar; es un error técnico trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva (BCR). Esta decisión política solo hará más difícil para El Salvador avanzar hacia la consolidación de un verdadero sistema nacional de estadística. Esta administración está levantando obstáculos cada vez más complejos para la actividad académica e investigativa, y para el diseño de políticas públicas sustentadas en evidencias. La supresión de la Digestyc pone en riesgo la posibilidad de realizar estudios comparativos sobre distintos indicadores de país a lo largo del tiempo. Es válido cuestionarse si el BCR será capaz de conservar el rigor metodológico necesario para la recolección y procesamiento de indicadores como el índice del precio al consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP) y la evolución de la canasta básica alimentaria urbana y rural. Es difícil anticipar si el Banco será capaz de dar seguimiento a una de las principales herramientas estadísticas nacionales: la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, cuya producción implica recolectar datos de miles de hogares salvadoreños. La decisión del Ejecutivo de disolver la Digestyc profundiza el abismo de tinieblas al que se está empujando a El Salvador. La Real Academia Española define “oscurantismo” como la defensa de ideas o actitudes irracionales. Definitivamente, el traslado de las funciones de la Digestyc al BCR es irracional; no hay justificación técnica que pueda sustentar esta decisión. Por otro lado, el diccionario Merriam-Webster define “oscurantismo” como una política de ocultar el conocimiento al público en general. Ciertamente, las acciones que ha tomado la administración Bukele en sus tres años de gestión son muestra de que una de sus políticas públicas reales es el oscurantismo. Sistemática y deliberadamente ha realizado acciones concretas para privar a la sociedad salvadoreña de la difusión del conocimiento, especialmente de aquel basado en información oficial del Estado. Con la desintegración de la Digestyc, lo único que queda es dar seguimiento al destino del acervo histórico de la entidad y vigilar que los procesos metodológicos se conserven. Y salta la duda sobre con base a qué datos la administración Bukele tomará decisiones en materia de salud, educación y economía. El panorama apunta a que el único criterio que orientará las decisiones del Ejecutivo será su obsesión por la popularidad presidencial. * Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Lavar la ropa y los platos, cepillarse los dientes y tomar una ducha para iniciar el día son actividades en las que el elemento indispensable es el agua. ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no contáramos con el suministro del líquido? Probablemente echaríamos mano de nuestras reservas y el día transcurriría con total normalidad. Pero ¿qué sucedería si dicha situación se presentará al día siguiente y al siguiente, y así hasta alcanzar 60 o más días sin agua? Este tétrico escenario es lo que actualmente está sucediendo en Nuevo León, México; un escenario catalogado por las autoridades locales como “la peor crisis hídrica vivida en las últimas décadas”. Una de las ciudades más afectadas es Monterrey. La crisis hídrica no hace distinción económica y ha afectado tanto a localidades populares como a zonas ricas como el municipio de San Pedro, catalogado como uno de los más exclusivos de Latinoamérica. Por supuesto, los efectos de dicha crisis han sido más sensibles en los sectores más empobrecidos de la población. De acuerdo con una nota periodística del diario El País, Monterrey es la segunda área metropolitana más grande de México; allí habitan alrededor de 5.3 millones de personas, casi la población total de El Salvador. El 40% de esta ciudad se abastece del agua almacenada en las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (Conagua) de México, cuentan con un porcentaje de llenado del 1% y 9%, respectivamente, lo que en palabras sencillas significa que hay una severa escasez de agua. Las autoridades de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (institución pública descentralizada) han tomado una serie de medidas desde el inicio de la crisis, hace un par de años atrás: ajustes tarifarios, imposición de cánones de tratamiento, multas por desperdicio, racionamiento, entre otras. Ninguna de ellas ha sido efectiva debido a dos elementos fundamentales: el primero, no hay agua; y el segundo, la falta de conciencia de los usuarios, quienes, hasta antes del racionamiento, utilizaban indiscriminadamente el agua para fines recreativos, cuidado de jardines y para actividades tan superfluas como lavar autos. A pesar de que en México la institucionalidad del agua es, por mucho, más robusta que en El Salvador, pues cuenta con una ley de aguas que data de 1992 y un organismo regulador, el Conagua (1989), encargado de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos nacionales, no ha podido escapar a la triste realidad de la falta de agua. Ya sea por falta de planificación, aspectos relacionados a la corrupción o el deterioro ambiental, la situación ha generado serios impactos negativos a nivel económico y social. Si bien a la fecha El Salvador no enfrenta una crisis hídrica tan grave como la que ocurre en México, presenta una serie de factores de riesgo (deforestación, falta de planificación territorial con enfoque de cuenca y pérdida de calidad del agua) que más temprano que tarde nos podrían llevar a enfrentar una situación similar o peor. Con un agravante: en nuestro país no existe un ente regulador en materia de recursos hídricos que priorice el uso del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, con todas las facultades de ley necesarias para hacerlo. Lo que actualmente ocurre en México debe de ser un espejo en el que debemos mirarnos con un espíritu reflexivo y orientado a un cambio de paradigmas en materia de regulación hídrica. Debemos, desde ahora, fomentar iniciativas encaminadas a la restauración de las cuencas hidrográficas, la mejora de la calidad de las aguas superficiales y el fomento de la seguridad hídrica. En este último punto, es indispensable que el consenso político nos lleve a reconocer plenamente el derecho humano al agua, puesto que de no hacerlo pronto, nuestra población más vulnerable será —como siempre— la más afectada ante los embates del cambio climático. * Luis Sierra, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido. El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6). El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo. El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa. Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos. La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

Hablar del general Maximiliano Hernández Martínez es hablar de la dictadura que controló el Estado salvadoreño entre 1931 y 1944. El más infame recuerdo que tenemos del general Martínez es el decreto con el que autorizó las masacre de miles de campesinos indígenas quienes, por una disputa de propiedad sobre la tierras y por un sentido de reivindicación de la degradación brutal de sus condiciones de vida durante los años más agudos de la Gran Depresión, se alzaron contra el régimen en un truncado proyecto revolucionario en enero de 1932. A partir de las movilizaciones sociales, calificadas como comunistas, que surgieron en los tiempos en que arreciaba el hambre y mientras los precios se desplomaban a raíz de un sistema monetario confiado a tres bancos privados que controlaban el financiamiento de la cosecha de café y el negocio de su exportación, el gobierno decretó un Estado de Excepción para combatir al enemigo interno. Esa y otras experiencias históricas han demostrado que la declaración de un Estado de Excepción no es un obstáculo para que las masas se manifiesten contra la opresión experimentada en los días aciagos. Sobre la matanza de 1932 hay diversas interpretaciones. Una de ellas afirma que lo que se entendía por comunismo no era más que la lucha y el anhelo por la justicia social de los campesinos oprimidos que estaban siendo fuertemente perseguidos por el régimen. Aunque si bien estos campesinos participaron en el Partido Comunista de El Salvador a cargo de Farabundo Martí y en la labor organizativa del Socorro Rojo Internacional de los sindicatos en las haciendas, la tensión económica y sociopolítica vivida en esa oscura crisis se vio desde una óptica maniqueísta entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. El comunismo se asemejaba más a lo que planteó el propio Marx en el Manifiesto Comunista: un espectro al que se dirigen las fuerzas autoritarias que tratan de acallar el legítimo clamor por el sufrimiento en este cielo y en esta tierra. De ese modo, a pesar de la persecución inquisidora, las demandas reivindicativas crecieron en la medida en que las huelgas de trabajadores ocasionadas por la anulación de los salarios en las fincas paralizaron las labores al interior de las mismas. Con ello, comenzaron a desatarse masacres contra trabajadores del campo. De igual forma, el fraude que sufrió el Partido Comunista en las elecciones a alcaldes que se celebraron a inicios de 1932 implicó el cataclismo con el que la estabilidad social se salió de control y el propio general Martínez promulgó un decreto en el que autorizaba a todo propietario a defender, hasta con el asesinato, a cualquier transgresor de la propiedad privada. La experiencia ha sido sin duda traumática. El comunismo como imaginario fue proscrito y el país se sumió en una larga dictadura donde hasta la libertad de pensamiento se consideró como delito. Lo más complicado era cómo hacer viable un proyecto de país para salir de una crisis que alcanzó semejante paroxismo. En el momento en que se organizaron las matanzas, el Gobierno incautó el oro de los bancos de emisión y emitió un decreto para no pagar la deuda externa. El gobierno de Estados Unidos no reconoció al general Martínez como presidente y se extendió una inestabilidad cambiaria producto del colapso financiero al que se había llegado. El general Martínez era hombre de armas, pero en lo que respecta a asuntos relacionados con la macroeconomía era nulo. Al menos, Martínez tuvo la prudencia de buscar a los expertos más sobresalientes del país en el tema financiero y fiscal. El recorte fiscal que se hizo durante su período fue brutal y se enfrentó de tú a tú con el capital salvadoreño que le exigía la estabilización de la política monetaria y la creación de una nueva fuente saneada de financiamiento, lo que llegaría a ser el Banco Hipotecario. Así pues, a pesar de la severidad de sus acciones, el general Martínez tuvo el tino para atender los llamados del grupo de intelectuales que estaban completamente consternados por el rumbo del país. Así, en 1933, solicitó de favor al Banco de Inglaterra para que enviara a un delegado, Joseph Powell, a que diagnosticara el problema monetario del país y diseñara un plan para organizar un Banco Central de Reserva, realizara una reforma en la institucionalidad bancaria y finalmente se pudiera tener una política monetaria soberana. El Banco Central de Reserva se creó en 1934 y, junto con la devaluación del dólar, permitió incrementar el precio de las exportaciones y hacer frente a la crecida deuda que se había dejado de pagar. No fue hasta que el general Martínez se comprometió a reanudar los pagos de la deuda exterior que el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció oficialmente. La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la otra como farsa, decía Marx. Dicho lo anterior, y en comparación con la coyuntura actual, el presidente Bukele se ha aferrado a un régimen de excepción con la promesa de que ganará la guerra contra