Editoriales y Opiniones

Editorial UCA 26/09/2022 La semana pasada trascendió que está ya lista para aprobación una ley de justicia transicional que incumple principios básicos. Se prometerán, y en parte se darán, compensaciones monetarias, pero la verdad, la justicia, la reparación y las medidas que garanticen la no repetición de los hechos quedarán severamente recortadas. Los archivos militares estarán protegidos de cualquier revisión e investigación judicial. Y la institución encargada de dar seguimiento a las medidas de reparación no solo tendrá mayoría gubernamental, sino que los ministerios de seguridad y defensa participarán en ella. Es decir, los militares tendrán voz y voto para decidir a qué víctimas reparar, convirtiéndose así en juez y parte. Dada la total resistencia del Ejército a reconocer públicamente los crímenes del pasado, solo cabe esperar que sus representantes no tendrán ninguna simpatía por la justicia y la verdad. La Comisión de la Verdad estableció que aproximadamente el 85% de las graves violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra fueron responsabilidad de la Fuerza Armada. En este sentido, blindar los archivos militares no solamente impide conocer la verdad, sino que niega la justicia más básica. Además, se les otorga a los militares un trato de superioridad y privilegio que niega la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 3 de la Constitución. El cierre de archivos discrimina a las víctimas y favorece a la institución que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en El Salvador. Premiar a quienes han cometido delitos no logra otra cosa que facilitar que esos delitos se repitan. El hecho de que la Fuerza Armada nunca haya querido pedir perdón institucionalmente por su pasado es muestra de su dura insensibilidad ante la víctimas y de su soberbia antidemocrática. Porque más allá de esa insensibilidad y esa soberbia, nada impide que los militares pidan perdón. Las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile lo hicieron. Si bien Mauricio Funes formuló una petición genérica de perdón, nunca se ha roto el historial de complicidad gubernamental con los militares. Cuando hay tensión entre el fuerte y el débil, entre la institución que victimiza y las víctimas, proteger a estas e investigar a aquella es el único camino decente. Si la Fuerza Armada quiere estar presente en cualquier instancia que trate de reparar a las víctimas, antes tiene que pedirles perdón a nivel institucional y abrir sus archivos. En otras palabras, antes debe demostrar en la práctica deseo de colaborar en el establecimiento de la verdad. Sin verdad no hay justicia ni auténtica reparación.

La primera en la frente Rodolfo Cardenal La reelección de Bukele era sabida, faltaba el anuncio. El segundo período se impone, porque no hay aeropuerto, ni ciudad y bonos volcán, ni tren, ni Hospital Rosales, ni Hospital Zona Norte, ni reforma de las pensiones, ni becas en el exterior. La reelección es necesaria, porque, al parecer, ningún elemento del partido oficial posee cualidades para ejercer la presidencia del Ejecutivo. Todos son peones. Ninguno es líder. Tampoco pueden aspirar a serlo, porque los cortan de raíz. La desvalorización de los liderazgos partidarios es paralela a una ambición de poder que reclama continuidad. La reelección es prometedora, no solo para Bukele y su familia, sino también para el elenco de colaboradores que, al permanecer en sus cargos, continuarán, cada uno a su medida, la depredación del Estado. Y por eso mismo, la reelección es indispensable, ya que les garantiza la inmunidad. Así como ahora se reelige una primera vez, Bukele se reelegirá las veces que le apetezca, hasta que se canse o el régimen colapse financieramente, víctima de la iliquidez, las deudas y la corrupción, o socialmente, si la movilización popular se le sale de las manos. La inconstitucionalidad incuestionable de la reelección no lo detendrá. Los otrora defensores de la no reelección, cuando no estaban en el poder, ahora se rebuscan para defenderla. El vicepresidente, uno de ellos, ya acaricia la posibilidad de ser presidente seis meses. Si piensa que mandará, se equivoca. Los hermanos Bukele y las venezolanas serán el poder real tras el sillón presidencial. Los argumentos esgrimidos para razonar la reelección son fascinantes por su retorcimiento. Es cierto que en muchas naciones el titular del poder Ejecutivo es reelegido, pero es deshonesto obviar que esa posibilidad está expresamente establecida en sus constituciones, las cuales, además, incluyen contrapesos eficaces para impedir el ejercicio arbitrario del poder. El poder necesita límites, porque tiende naturalmente al absolutismo y la corrupción. Por esa razón, la Constitución vigente la prohíbe de manera terminante y explícita en seis artículos. El borrador del vicepresidente, en continuidad con la tradición, también lo hace. La reelección legítima exige modificar la Constitución actual. Pero, claro, eso no conviene a un Bukele urgido por la ambición, la inmunidad y las promesas incumplidas. El procedimiento establecido para efectuar dicha reforma le impide la continuidad inmediata. No es suficiente argumentar que la permanencia es la decisión correcta “para que podamos continuar este camino que hemos iniciado y que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto”, incluso si las urnas lo ratifican. “¿Por qué desechar el camino si funciona?”. En primer lugar, porque el funcionario público solo puede hacer aquello que ordena la Constitución. En segundo lugar, porque las dos opiniones a favor, la de Bukele y la de las urnas, no necesariamente son juiciosas. La ironía popular lo ha expresado con la elocuencia que la caracteriza: la reelección es como consumir comida chatarra, apetecible y degustada placenteramente, pero igualmente perjudicial para la salud. En tercer lugar, porque la historia ha demostrado que la dictadura es siempre un mal. Todas las dictaduras crean grandes expectativas al comienzo, pero, más pronto que tarde, producen más males que bienes. Las consecuencias perniciosas de la dictadura se experimentan cuando el dictador ha caído. La reelección y la dictadura se presentan como un bien social deseable y excepcional y, en consecuencia, sin solución de continuidad. Si “nos va bien y queremos que nos signa yendo bien”, ¿para qué cambiar? Sin embargo, los únicos que pueden afirmar que les va bien son la familia presidencial y sus allegados, los altos funcionarios y el capital cercano a los Bukele. Todos explotan sistemáticamente la oportunidad para enriquecerse. Desde esa perspectiva, para qué cambiar. A los demás, no les va nada bien. Tal vez, ampliando el criterio, a quienes ahora se ven libres de las pandillas, pero poco más. La inmensa mayoría sufre el impacto de la inflación, del desempleo y el empleo precario, de unos servicios públicos en ruinas, de unas pensiones ridículas y de la brutalidad de las llamadas fuerzas del orden. Eso solo para mencionar algunas de las privaciones experimentadas directamente por las mayorías. Tampoco les va bien a los que hacen número en las cárceles y a las familias de los detenidos. El argumento histórico que Bukele utiliza para justificar la primera reelección incluye, aunque no lo contemple, su caída. Las dictaduras tienen fecha de vencimiento; ni el presidente, ni su gente pueden garantizar que las mayorías estarán sustancialmente mejor cuando esa fecha se cumpla. El desencanto acecha al régimen que privilegia la lealtad incondicional a la competencia y la honestidad. Si el entusiasmo es tanto, ¿por qué poner retenes para recortar la participación en la marcha de la oposición y for

Proceso 22/09/2022 Para nadie es novedad que El Salvador es una sociedad profunda y arraigadamente autoritaria. Un pueblo fuerte y aguantador. Una nación abusadora y abusada. ¡Cómo ha disfrutado esta sociedad con las manos duras y los uniformes militares! ¡Con cuánto orgullo se ha repetido ese viejo mito de que acá se cortaban las manos a los ladrones! Hemos formado ciudadanos honrados a fuerza de golpes y espantos. Siempre dando la batalla, con un cinturón en una mano y un fusil en la otra. Guerreando siempre. En este país las decisiones no se toman en consenso. No importa el bien común. Esas costumbres fueron exterminadas hace mucho tiempo porque nos volvían un pueblo débil, un pueblo esclavo. Una nación sensible. En este país las verdaderas decisiones se toman sin consultar. Eso de las consultas y los referendos es de países que no quieren progresar, acá todo es digital. En El Salvador, el progreso tiene que ver con más calles, más aeropuertos y más edificios, el progreso guarda el olor del cemento, el asfalto y el hierro. El sonido de los yunques y los motores. Con la misma mano dura que se exterminó a los criminales, en el fondo más débiles que nosotros, debemos extinguir también los árboles y los venados. Las mariposas y los colibríes, símbolos de ese pasado que nos avergüenza. En este país, las personas torcidas son las que no tuvieron cerca un adulto, llámese papá, mamá, abuela, tío que los disciplinara. Y esos pobres que no fueron corregidos son ahora parte de los ochenta mil que engrosan la población carcelaria. Por malos, por tatuados, por pobres, por no enderezados. Decidieron ser victimarios en lugar de víctimas y esto lo pagarán muy caro. ¿Podemos ver nombrados los cimientos de nuestra gloriosa nación? ¿No es acaso esta visión la misma que asesinó más de treinta mil campesinos en 1932 y la que pintó tantos espacios públicos con aquel viejo llamado de Haga patria, mate un cura que más de algún héroe de nación puso en práctica? En El Salvador las leyes no están hechas para cumplirlas, los semáforos en rojo son una sugerencia, los reglamentos son para los tontos y las personas más admiradas son aquellas que consiguen más sin esforzarse, encontrando la trampita. Por eso admiramos al que más dice y no al que más hace, y también admiramos al político que prefiere pagar una multa que seguir los procesos, como lo hizo Naybi Bukele, o como dirían algunos “mejor pedir perdón que pedir permiso”, como también lo hizo el presidente. Sin embargo, durante más de treinta años, este impetuoso país fue domado por oscuras fuerzas externas, por presiones internas y por algunos muertos que en nombre de su memoria, exigieron que ocultáramos nuestras verdaderas y heroicas pasiones. Pero luchamos, hicimos todo lo posible y no abandonamos nunca ese modelo del capataz de finca. Es solo que, de pronto, nos vimos obligados a seguirlo con disimulo. Pegar a la mujer de noche. Violentar a los hijos en silencio. Ocultar la pistola en el escritorio. Sobornar con un maletín negro. Alguien podría denunciarnos, a pesar de que siempre buscamos que el sistema no funcionara. Durante algunos años, los rifles fueron fundidos para construir otros sueños y las golpizas, en general, fueron consideradas de mal gusto. Este pobre paisito empezó a vivir su rabia desde el closet, aunque siempre había gestos de fuga y rebeldía, casi igual de violenta. El problema de esos años fue que la democracia, que los derechos humanos, que la paz y la transparencia… esas ridiculeces inventadas por quienes no saben enfrentarse a la vida. Hasta que por fin… ¡por fin! llegó un hombre… un profeta, y sus discípulos que escucharon su llamado. Fue un enviado, desde lejanas tierras prometidas. Hablaba con la formidable indignación de quien ha tenido que contenerse por mucho tiempo. Nombró los dolores, los engaños, las humillaciones. Y el pueblo, ese pueblo obligado por años a vivir en el armario, lo celebró y lo siguió. Supo, por fin, que su tiempo había llegado, ahora podríamos humillar a quienes no pensaran como nosotros. Lo importante es que pasamos página. Ya basta de esos líderes que golpeaban en la noche y escondían la mano. Tenemos derecho a odiar. Tenemos derecho a tomar las vidas de quienes no quieran perpetuar este orden establecido. Ya basta con vivir en el clóset de la democracia, porque, ¿A quién le ha servido esa democracia si no es a los débiles, a toda esa gentuza que piensa distinto? Ya es hora de tomar lo que nos pertenece, celebremos así, con un estruendoso aplauso esta verdadera independencia, por fin salimos del clóset y podemos vivir como lo que somos, esta sociedad antidemocrática, violenta y autoritaria. Y que nadie quiera venir a meterse con nuestra decisión. P.D. Pero por si a alguien le queda alguna duda, la academia, esa casa de la utopía y el pensamiento crítico, seguirá denunciando. No renunciaremos jamás a la esperanza. Vamos a señalar, vamos a denunciar, vamos a construir una sociedad más justa, donde todos los que pensamos distin

Con dedicatoria especial a Estados Unidos, Nayib Bukele, en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, demandó respeto a la soberanía de El Salvador, pero entendiéndola, por supuesto, muy a su manera. Conceptualmente, la soberanía está ligada al concepto de Estado: solo el Estado es titular de soberanía, la cual es independiente de la forma de gobierno. En este sentido, sin importar si es una monarquía, una democracia o una dictadura, un país tiene y puede demandar soberanía. Lo que no hay que perder de vista es que en las democracias la soberanía descansa en la autonomía, independencia y existencia de los tres poderes del Estado: legislativo, Ejecutivo y judicial. Ese, pues, no es el caso de El Salvador en la actualidad. El problema de fondo no es de soberanía. En sus inicios, la administración de Bukele tuvo una luna de miel con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mismo que calificó a nuestro país como una letrina y a los migrantes salvadoreños como pandilleros, delincuentes y terroristas; el mismo al que a Bukele le pareció simpático, cool. En ese tiempo, el Gobierno salvadoreño no tuvo reparos en que su relación con Estados Unidos fuera de vasallaje. Primero respaldó la política antimigrante de Trump. En 2019, recién llegado Bukele al poder, firmó convenios que declaraban a El Salvador como tercer país seguro, lo que permitía deportar a nuestro territorio a migrantes que entraban a suelo estadounidense de forma irregular. Además, desplegó a la Policía para impedir el paso de migrantes y aceptó la llegada de funcionarios estadounidense para que asesoran a sus contrapartes salvadoreñas en temas aduanales y de seguridad fronteriza. También firmó un programa de intercambio de datos biométricos para prevenir la delincuencia y la amenaza a la seguridad pública. A cambio de todo eso, Estados Unidos extendió el TPS para dar respiro a casi 200 mil salvadoreños en aquellas tierras. El problema inició con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Desde muy temprano, su administración comenzó a señalar públicamente que para controlar la migración no era suficiente construir un muro o firmar acuerdos de terceros países seguros, sino que era necesario contar con Gobiernos transparentes, honestos y respetuosos de los derechos humanos en los países de origen. Para Biden, por tanto, la única manera de detener la migración era y es atacar causas estructurales como la pobreza, la exclusión, la corrupción y la debilidad democrática. Ese fue el punto de inflexión en la relación con los Estados Unidos. Y vino el cambio. Mientras Bukele le prometió a Trump bajar los índices de migración para que tuviera éxito en su política contra los migrantes, frente a Biden reivindicó el derecho a migrar. En el debate actual sobre el concepto, se considera que existen fenómenos y realidades a los que la soberanía no aplica, porque escapan a las competencias de un solo Estado. Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, el medioambiente y los crímenes de lesa humanidad. Bukele habla de soberanía como habla de libertad, entendiéndolas a su conveniencia. Defiende la soberanía entendida como su derecho a hacer lo que él quiera sin que la comunidad internacional diga nada. Exige al país del norte no meterse en los asuntos internos del país, pero se burló a través de Twitter de los congresistas estadounidenses que le pidieron mayor transparencia y respeto a los medios de comunicación. Además, hizo un llamado a no votar por la reelección de la congresista Norma Torres. Más allá de sus intenciones y de los efectos que logra en los suyos, Bukele quedó retratado en la ONU tal cual es: un prestidigitador autócrata que construye en discursos lo que le falta en la realidad.

En su editorial del viernes 16 de septiembre, la UCA insistía en que la búsqueda de reelección presidencial es una clara y directa violación a la Constitución, con graves consecuencias para el país. Seguir la ruta de Daniel Ortega y de Juan Orlando Hernández no augura algo bueno para El Salvador. Que el presidente haya hecho su anuncio cuando se celebraba la independencia centroamericana se presta a la interpretación de que, para él y los suyos, la independencia equivale a que el poder haga lo que le da la gana, sentando una piedra más para el reino de la arbitrariedad que el régimen construye desde 2019. Conviene recordar las razones por las que la Constitución salvadoreña y otras de América Latina exigen la alternancia en el poder, rechazando la reelección inmediata. En el caso de nuestra nación, quienes aprobaron la Constitución partieron de la tendencia histórica de los mandatarios a perpetuarse en Casa Presidencial. Leer la historia latinoamericana es contemplar la facilidad con la que se daban golpes de Estado, fraudes electorales y, en general, un mal uso del poder para fines particulares. Atendiendo a ese contexto es que se concluyó que la alternancia en el poder y la independencia de poderes garantizaban un ejercicio gubernamental más trasparente y sujeto a revisión. Los diputados constituyentes de 1983 aumentaron las prohibiciones que ya la Constitución de 1962 imponía a la reelección. La de 1950, la primera Carta Magna salvadoreña, que trató de impulsar una democracia moderna y desarrollada, y que es la base de las dos Constituciones siguientes, también prohibía la reelección presidencial. En otras palabras, existe en el país historia y tradición en favor de la democracia y en contra de la reelección, más allá de los errores que los Gobiernos concretos hayan tenido. Aun en medio de sus contradicciones, los diputados constituyentes eran conscientes de lo que la tradición democrática decía desde sus orígenes. En uno de sus libros clave, la Política, Aristóteles afirma que “las ventajas y utilidades que proporcionan el poder y la administración de los asuntos públicos determinan en todos los hombres el deseo de perpetuarse en el ejercicio del poder”. Y añade una frase lapidaria: “El poder corrompe hasta aquellos que son los mejores”. Hace menos tiempo, un célebre historiador inglés sentenciaba lo siguiente: “El poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente”. La permanencia en el poder ha solido estar acompañada del abuso, la persecución del disidente y la corrupción. Por esa razón, las democracias, especialmente las que tienen un sistema presidencialista, han tendido a limitar la reelección. La independencia de poderes, indispensable en la democracia, es más difícil cuando una persona se mantiene por mucho tiempo en la presidencia. A mayor poder del Ejecutivo, además, con mayor facilidad se violan los derechos humanos. Cuando hoy se ataca a toda persona o institución defensora de derechos humanos, se burla la ley con pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia carentes de racionalidad jurídica, se interpreta la cantidad de votos obtenidos como una delegación de poder absoluto que da derecho a la arbitrariedad y se pretende permanecer en el poder torciendo la legalidad, es necesario y urgente defender la Constitución. En particular, la academia, responsable de producir y compartir conocimiento, debe desde sus saberes defender el Estado de derecho, el gobierno de leyes por encima del gobierno de personas; defender el entendimiento racional y sujeto a valores democráticos.

Editorial UCA 16/09/2022 A pesar de que la Constitución de la República prohíbe claramente la reelección presidencial, Nayib Bukele anunció este 15 de septiembre su decisión de presentarse como candidato en las elecciones de 2024, oficializando así lo que todos los sectores defensores de la democracia señalaban desde hacía meses: la intención de él y los suyos de atornillarse en el poder. Ciertamente, en muchos países del mundo la reelección presidencial es una posibilidad avalada por ley. Además, en sí misma no es incompatible con la democracia y no tiene por qué ser perjudicial para la vida política. Pero el punto clave es precisamente que en las democracias que la permiten, está regulada por las leyes, no se realiza contradiciéndolas, ni destruyendo la independencia de poderes, ni en un marco de desmantelamiento de los derechos ciudadanos. Al tomar esta decisión, el presidente ha hecho caso omiso de los artículos constitucionales que no solo prohíben la reelección, sino que despojan de sus derechos ciudadanos a quienes la promuevan o apoyen. Tampoco le ha importado que la violación a la alternancia en el ejercicio de la Presidencia obliga a la insurrección con el fin de restablecer el orden constitucional. Bukele ha desnudado por fin el verdadero calado de su ambición de poder. Por la fecha que escogió para dar el anuncio, pareciera que entiende la independencia nacional como su propio y único derecho a interpretar las leyes de acuerdo a sus intereses personales y que él como presidente, por ser la máxima autoridad de la nación, puede hacer lo que le plazca, sin ataduras ni límites de ningún tipo. Bukele confirmó la noche del 15 de septiembre que El Salvador seguirá la ruta de la Nicaragua de Daniel Ortega y la Honduras de Juan Orlando Hernández. El primero se presentó a la reelección en 2007 yendo en contra de la constitución nicaragüense, y no se ha bajado de la silla presidencial desde entonces. Se ha reelecto comicios tras comicios gracias a fraudes electorales y una férrea dictadura, en la que los derechos humanos y los principios democráticos son solo recuerdos. En Honduras, Juan Orlando Hernández también se presentó a reelección violando su propia Constitución. Ganó por medio del fraude y sumergió al país en una profunda crisis política, económica y social, de la que todavía no ha salido. Terminó siendo repudiado por una gran mayoría de hondureños, que aplaudieron y festejaron cuando al finalizar su segundo mandato fue extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico. En su discurso, Bukele afirmó repetidamente que, por primera vez en 201 años, El Salvador es libre, soberano e independiente porque hoy toma sus propias decisiones, no está sometido a ninguna otra nación y ya no sigue las recetas venidas del exterior. Quiere hacer creer que la guerra contra las pandillas y la suspensión de los derechos humanos fundamentales con el estado de excepción constituyen la única política capaz de resolver el problema de la seguridad y el crimen, y que este es el principal signo de nuestra independencia. Pero mientras el oficialismo repite estas falacias, las voces honestas, con vocación pacífica y democrática, para las que la justicia no es una palabra vacía, ven la realidad: el régimen le niega los derechos constitucionales a la ciudadanía, ha cerrado casi todos los espacios democráticos conquistados a lo largo de los últimos 30 años, ha liquidado la independencia judicial, ha acabado con la transparencia en la gestión pública y ha concentrado todo el poder en el presidente. En la noche del 15 de septiembre, Bukele firmó el acta de defunción de la transición hacia la democracia. Es ya oficial, y los servidores y fieles del presidente lo celebran con el interesado fanatismo que los distingue: El Salvador ha retrocedido décadas y hoy abraza emocionado su historia de redobles militares y dictaduras.

Por José María Tojeira El poder político busca siempre maneras de perpetuarse en el poder. Hay maneras estandarizadas que con frecuencia siguen los partidos políticos, sean de la tendencia que sean. Por ejemplo, en El Salvador tanto Arena como el Fmln en el pasado, y en la actualidad el presidente Bukele, tratan de llevarse bien con la Fuerza Armada, darle protagonismo social y no crearle ningún problema. La ideología en en este punto indiferente. Ninguno de ellos se ha atrevido a poner en algún momento un ministro de defensa civil, como hacen las democracias desarrolladas. Y eso a pesar de que hay civiles que incluso estarían más preocupados por servir al Ejército que muchos de los militares, más interesados en hacer avanzar su carrera que en conseguir poder social. Pero dicho esto, los modos de dominar políticamente y trabajar en favor de la permanencia en el poder, tienen también sus elementos diferenciadores. Más que hacer un ejercicio comparativo entre los partidos que han administrado el poder en los últimos 34 años, nos concentraremos brevemente en algunos aspectos novedosos y específicos del gobierno de Nuevas Ideas. El estilo del liderazgo del presidente Bukele trata de combinar, de un modo sistemático, seducción, novedad, ejecución y temor. Seduce con esa capacidad, con frecuencia salpicada de un poco de desvergüenza, de hablar, responder, criticar, enfrentarse, exaltar las propia realizaciones y tomar decisiones rápidas, aunque la ejecución de lo prometido vaya bastante más lento de lo que el discurso puede hacer suponer. Se puede presentar en la ONU dando lecciones a todos los países de cómo debía estar organizada la asamblea plurinacional, haciéndose selfis, y presumiendo de ser un presidente “cool”. Su estilo desinhibido, irónico y agresivo seduce a muchos salvadoreños. La realidad detrás del discurso, e incluso la vacuidad del mismo, no importa. La apariencia juvenil, activa e incluso respondona, seduce. La escenificación exageradamente glamurosa y la propaganda sistemática contribuye a aumentar la seducción. Al mismo tiempo hace cosas que “nunca se habían hecho anteriormente”. El manejo de la pandemia fue un ejemplo claro. Aunque posteriormente se ralentizó la vacunación, El Salvador fue uno de los primeros países en América Latina en llegar a cubrir con una o dos dosis al 60% de la población. Repartió tanto canastas alimentarias como 300 dólares a una buena cantidad de gente en necesidad. Y si alguien se contagiaba con Covid le llevaban medicina a la casa y le llamaban por teléfono todos los días para ver qué tal le iba. En el estado de alerta, tensión y miedo causado por el covid, resultaban problemas menores que el Estado bajara sustancialmente la atención a otras enfermedades crónicas, que se detuviera y castigara ilegalmente a quienes no cumplían con la orden ejecutiva de reclusión domiciliar o que se descuidara y murieran masivamente ancianos internos en los asilos gerenciados por el Estado. La capacidad ejecutiva para algunos temas y la habilidad en el enfrentamiento con los opositores, en buena parte desprestigiados por el ejercicio del poder, daban apariencia de verdad a todas las promesas presidenciales, por descabelladas que fueran algunas como, por ejemplo, la confianza ciega puesta en el bitcoin. Novedad de acciones, capacidad ejecutiva parcial y estratégica, propaganda intensa, hacían olvidar errores, tanto de ejecución como de menosprecio y abuso de los derechos de las personas.

Por José María Tojeira, S.J. Las apariencias deslumbrantes suelen seducir y cautivar. Pero en la medida que permanece y crece la separación entre apariencia y realidad, el cultivo de la apariencia intenta perpetuarse desde la mentira descarada, el control creciente del poder y la capacidad de infundir miedo en quienes tienen capacidad crítica. En El Salvador, el deseo popular de un cambio en el caminar político, el malestar social frente a la violencia, la pobreza y la desigualdad, así como la ausencia de oportunidades facilitaron el triunfo arrollador del actual presidente, Nayib Bukele, experto en creación de imagen. La capacidad de ofrecer imágenes y promesas de cambio, así como algunos logros, estuvo presente desde el inicio de su participación en la política local, inicialmente de la mano del FMLN. Tras su triunfo electoral de la mano de GANA, los símbolos de desarrollo expresados en un futuro de trenes y aeropuertos, descenso notable de homicidios como prueba de superación de la violencia, relaciones internacionales amparadas en la publicitada relación simultánea con los Estados Unidos de Trump y con un prometedor gobierno chino, creaban confianza en un futuro distinto. La pandemia de Covid, cuando la imagen gubernamental comenzaba a deteriorarse tras la toma de la Asamblea Legislativa, dio un nuevo impulso al reino de la apariencia. Como en muchos otros países del área, la pandemia produjo un serio aumento de la pobreza y un grave retroceso en el terreno del desarrollo económico y social. Pero también ofrecía a los gobiernos la capacidad de crear la apariencia de servicio, efectividad ejecutiva y éxito en la lucha contra la enfermedad. El gobierno aprovechó la situación y concentró todos sus esfuerzos en la gestión del Covid, aun a riesgo de dejar sin recursos o pobremente servidos otros servicios esenciales en el campo de la salud, la educación o el trabajo. La gestión de la pandemia, a pesar de las críticas, fue mucho mejor de lo que podía esperarse. La rapidez inicial de la vacunación, la aportación de medicinas entregadas directamente en la casa de los enfermos, el servicio hospitalario centrado en la calidad de atención a los enfermos de Covid, las ayudas temporales en dinero y canastas alimentarias, la mano firme sancionando a quienes se podía culpar como fuentes de contagio, desobedeciendo normas de confinamiento, tuvieron un efecto positivo en la opinión pública, a pesar de los abusos autoritarios que se dieron en los centros de contención y algunas señales de corrupción administrativa. Pero el tiempo pasa y los abusos siempre cobran su parte. El afán de control del sistema judicial y el modo abusivo e ilegal de destituir jueces discriminando por edad a los mayores de 60 años, unido al fracaso de la apuesta por el bitcoin, comenzaba de nuevo a empañar la aureola seductora. El régimen de excepción y la captura masiva y abusiva de jóvenes acusados de pertenecer a la maras, aun con serias deficiencias legales, creó de nuevo un camino de apoyo popular. Después de dos siglos prácticamente inútiles, “al fin vivimos en paz y libertad”, dirá el presidente Bukele al anunciar las celebraciones del 15 de septiembre. Y es que a pesar de violaciones flagrantes al derecho a la integridad personal y a algunas garantías judiciales indispensables, exigidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ratificada por El Salvador), el aumento de la seguridad en muchas zonas marginales renovó una vez más la capacidad seductora del Ejecutivo. ¿Se podía haber conseguido la seguridad de otra manera? En el terreno de la seducción política la respuesta no interesa. Otros no pudieron llevar la paz a las colonias, y el actual gobierno sí. Pero el triunfo de la apariencia, aunque disfrute de mucho brillo y aureola, tiene siempre los pies de barro. El problema del esquema de seducción política imperante tiene como base el control del poder, la construcción de apariencia desde la propaganda en las redes sociales y la imposición de medidas autoritarias para conseguir resultados. El afán de seducir desde la apariencia se percibe en el uso del dinero, en el odio a la crítica, en la incapacidad de diálogo, en la hostilidad a quienes defienden los Derechos Humanos y en el peso del poder Ejecutivo sobre cualquier instancia estatal. Si el gobierno ha conseguido mantener la apariencia de eficacia ha sido a base de propaganda, control férreo de las instituciones públicas y algunos éxitos parciales. Éstos le han dado aire y popularidad en medio de unas deficiencias económico-sociales de tipo estructural que permanecen sin cambio desde la entrada de Nuevas Ideas en la administración política. El problema es que sin cambios estructurales en el nivel de vida ciudadano, la apariencia de desarrollo no puede mantenerse durante períodos largos. Y menos con un estilo real de gobierno que mezcla autoritarismo político, cibervigilancia creciente y liderazgo personalista, con neoliberalismo radical en el campo de la economía. La fabrica

Por José María Tojeira La detención de un “twitero” acusado del delito de desacato, ha ocasionado un debate relativamente amplio sobre la libertad de expresión y sobre la manipulación estatal de la justicia. Pero prácticamente nadie ha cuestionado la conveniencia o inconveniencia de que ese delito esté presente en nuestro código penal. Como tampoco se ha cuestionado la redacción concreta de ese mismo artículo, sumamente vago en su formulación y, por tanto, susceptible de manipulación. Y es que, en efecto, ese delito, a nivel internacional, está seriamente cuestionado. Para empezar, en muchos códigos penales de países con democracias avanzadas, el delito tal y como se configura en nuestro código, ya no existe. Dentro del avance democrático se ha ido eliminando de la legislación todo tipo de norma que en la práctica constituya un privilegio de la autoridad y niegue la igualdad ante la ley de todo ciudadano. Y el artículo 339 de nuestro código penal establece ciertamente una situación de desigualdad entre la ciudadanía normal y quienes detentan como funcionarios algún tipo de autoridad estatal. En principio nadie debería dudar de que es más grave que un diputado, o un juez, insulte a un ciudadano, que el ciudadano los insulte a ellos. El funcionario con autoridad es un servidor público y, en ese sentido, si insulta a alguien, añade a la ofensa del insulto la irresponsabilidad del incumplimiento de un comportamiento respetuoso, indispensable para quien esté al servicio de los demás en un cargo público. Sin embargo, el delito de desacato en El Salvador no tiene contrapartida en las ofensas de palabra que, por ejemplo, un diputado pueda inferir a un simple ciudadano o ciudadana. La desigualdad ante la ley es patente. Si hay que castigar o penar ofensas de palabra o faltas al decoro ajeno, la ley debía ser igual para todos y no establecer una clara desigualdad entre servidores públicos y aquellos que deberían ser servidos por los funcionarios. Si algo podemos decir del delito de desacato, es que procede de una concepción sacral de la autoridad y que olvida el principio básico de que el poder viene del pueblo y está en el pueblo. En otras palabras, que tenemos en nuestro código penal una herencia obsoleta de épocas antidemocráticas. Si los diputados tuvieran un poco más de conciencia democrática desde hace ya tiempo hubieran elminado este artículo. Y si los jueces no fueran tan leguleyos ya hubieran en algún momento aplicado el control difuso de la Constitución al observar la contradicción de este artículo del código penal con el artículo tercero de nuestra Constitución. Además el numeral 339 del código penal se presta a interpretaciones caprichosas desde el poder. Este artículo penaliza ofensas de palabra contra el “honor o decoro” de los funcionarios públicos ¿Qué significa o qué entendemos por decoro? Una “mala palabra”, como solemos llamar a frases exclamativas generalmente insultantes o de mal gusto, ¿implica falta de decoro? Y también ¿qué entendemos por honor? El diccionario de la lengua pone como definición principal del honor la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”. ¿Puede el Estado penalizar cualidades morales del ciudadano, cuando con frecuencia no cumple con sus deberes respecto al prójimo? El artículo que comentamos no fue puesto en el código penal por el partido Nuevas Ideas. Cuando los diputados de dicho partido tienden a considerarse el “no va más” del espíritu democrático de la nación, bien harían en revisar este artículo y dar pasos más firmes hacia la democracia no solo suprimiéndolo, sino avanzando con mayor rapidez hacia la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. El honor no es patrimonio de los altos funcionarios, sino de todos por igual. A poca cultura que tengan, los diputados debería recordar lo que decía Pedro Crespo en El Alcalde de Zalamea: “Al Rey la hacienda y la vida se han de dar. Pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios”. El honor es el mismo para toda persona, simplemente por el hecho de ser humano.

La independencia de Bukele, como todo lo suyo, no tiene parangón en el país ni en la región. La del 15 de septiembre de 1821 palidece ante la desconexión actual del país del mundo exterior. Los movimientos de 1811 y 1814 no llegaron hasta donde él ha conseguido llegar, en poco más de tres años. Aparentemente, El Salvador nunca ha sido tan libre de las potencias imperiales, de los poderes financieros y de los organismos internacionales. En teoría, el país es libre y soberano para decidir su destino por sí mismo, pero siempre mediado por Bukele. El fundamento de está “verdadera independencia” es el aislamiento del entorno regional e internacional. El planteamiento entusiasma a los nacionalismos extremistas y a los populismos radicales. Entusiasmos y fanatismos aparte, el país depende del dólar, una moneda extranjera, cuya adopción lo dejó sin política monetaria. La criptomoneda, que traería libertades inéditas e impulsaría un sorprendente despegue económico, languidece. La economía nacional —en particular, la sostenibilidad del dólar— depende, en gran medida, de las remesas de la diáspora: sin sus dólares sería imposible salvar el déficit existente entre las importaciones y las exportaciones, y cumplir con los compromisos internacionales. La actividad económica, orientada predominantemente a la exportación, depende de los mercados y los precios internacionales, de las cadenas de abastecimiento y de los derivados del petróleo. El crecimiento económico depende de la inversión extranjera, otro capítulo que sería resuelto por los millonarios de la criptomoneda. Pero, así como vinieron, se fueron sin dejar rastro de los miles de millones de dólares que el régimen aguarda ansioso. Los contratos, tan bien aprovechados por los intermediarios locales para enriquecerse, están vinculados a las transnacionales y al capital extranjero. El aislamiento, disfrazado de libertad, soberanía e independencia, del que tanto se enorgullecen Bukele y sus socios, repercute directamente en una actividad económica débil, un crecimiento económico lánguido, una inversión externa mínima y mayor flujo de emigrantes. La independencia de Bukele es, pues, poco independiente. Los entusiastas y los extremistas no deben perder de vista que celebran una independencia de desempleados, de hambrientos, de enfermos y de violentados. Atrincherado tras sus fronteras, el régimen se siente libre para hacer lo que se le antoja, sin preocuparse por lo que dirá la comunidad internacional. Bukele no hace viajes oficiales después de las curiosas visitas a Naciones Unidas, China, Turquía y Qatar. No asiste a las cumbres presidenciales ni a los foros internacionales. Tampoco recibe a los embajadores. Su Casa Presidencial le brinda una comodidad inigualable. Guardado por perdonavidas, evita el fastidio de presentarse como uno más entre sus pares y el apuro de responder a sus interpelaciones. Tal vez piensa que ninguno de ellos contribuirá a hacerlo un gobernante de provecho para su pueblo. Ciertamente, ninguno de ellos tiene paciencia para escuchar su grandilocuente monólogo autoritario. La reclusión, el aislamiento y el empobrecimiento son las notas fundamentales de la “soberanía” de Bukele. El ejercicio de esa “soberanía” lo priva de aportar en las encrucijadas donde se decide el futuro de la humanidad y de la oportunidad de colocar al país en el concierto de las naciones y acceder a la cooperación internacional. Simultáneamente, se priva de la legitimidad asociada a la presencia y la participación en esos espacios. La única que le queda es la popularidad, con la que justifica la injusticia y la opresión. El precio pagado por un orgullo presidencial que solo se reconoce a sí mismo es alto. Pareciera que el modelo a seguir es el de Corea del Norte, pero sin misiles nucleares. En unos tiempos tan globalizados como los que corren, ensayar el aislamiento de la comunidad internacional es delirante. Si solo se tratara de un capricho familiar, podría entenderse. Pero las consecuencias devastadoras que el ejercicio de esa “soberanía” tiene para la sociedad, sobre todo, para sus mayorías, hacen de ella un desatino mayúsculo. Invitarlas a “disfrutar” del desfile de las fuerzas militares que las oprimen como su “verdadera independencia” es sarcástico, ofensivo y humillante. Esa independencia tiene mucho de la dependencia de siempre. El imperialismo del pasado se ha replegado, pero ha adquirido nuevas formas. Una de las más insidiosas es el capitalismo transnacional neoliberal, tan despiadado como aquel. La dictadura oligárquica y militar ha sido sustituida por una nueva elite depredadora y privilegiada, tan corrupta como la de siempre y resguardada por el Ejército, por una policía militarizada y por jueces venales, igual que antes. La dependencia de los mercados internacionales sigue intacta. Las importaciones son ahora mucho más necesarias y voluminosas que en el pasado. La razón, la honestidad y el sentido común impiden “disfrutar” un desfile, fundamentalmente militar,

Hace ya algunos días inició el proceso para investigar y seleccionar, entre los candidatos que se presentan, al próximo procurador para la defensa de los derechos humanos. Aunque esta elección es de suma importancia para el desarrollo democrático de El Salvador, muy rara vez se ha tomado en serio. Entre los elegidos para el cargo ha habido personas muy dignas, pero también otras marcadas por la corrupción o la ineficacia. Además, en general, la clase política y las instituciones estatales no han sido respetuosas con los informes y recomendaciones de la Procuraduría. En el actual proceso en marcha, los candidatos que han asistido a la comisión parlamentaria responsable de revisar las capacidades personales para el cargo no han dado muestra de siquiera entender en qué consiste la defensa de los derechos humanos, al igual que los diputados que los han interrogado. No importa que la proclamación de los derechos humanos sea considerada un hito en el proceso de desarrollo de la conciencia moral de la humanidad, para los diputados oficialistas la utilidad y conveniencia del poder priva sobre cualquier otro criterio. En este contexto, es necesario recordar, en primer lugar, que los derechos humanos son patrimonio del pueblo social e individualmente, son universales, es decir, todas las personas pueden reclamarlos y exigir su cumplimiento; y para todas las instituciones del Estado constituyen un deber: están obligadas no solo a respetarlos, sino también a impulsarlos. La simple omisión u olvido de los mismos constituye una falta que puede y debe ser reclamada por los afectados y por toda la ciudadanía partidaria de la convivencia democrática. En circunstancias especiales, algunos derechos básicos pueden restringirse en favor del bien común, pero nunca anularse totalmente. Sin embargo, en El Salvador, ciertos factores históricos y políticos han rebajado la calidad de los derechos de todos. Los derechos a la educación, a la salud, a un medioambiente sano, al bienestar económico, a la libertad de expresión y a la igualdad ante la ley han enfrentado y enfrentan serias limitaciones e incumplimientos. La irresponsabilidad, incluida la ignorancia culpable de una parte de los jueces, es grande ante tratados, convenciones y protocolos de derechos humanos ratificados por el país y que, por tanto, son parte de la legislación nacional. Por ello, el procurador de derechos humanos no solamente debe defender los derechos concretos de la ciudadanía, sino que debe ser conciencia nacional de las limitaciones en este campo y ejemplo de integridad y apego a la ley para un sistema judicial hasta ahora incapaz de tomarse en serio el derecho convencional. Personas complacientes con los abusos de poder del Estado, nepotistas o gente que cambia de opinión según sea la coyuntura política no sirven para dirigir la Procuraduría. Lamentablemente, los candidatos al cargo solo han atinado a expresar su acuerdo con la normativa reguladora del actual estado de excepción, que es fuente de un amplio número de atropellos y abusos.

A un año de la entrada en vigencia de la ley que hizo del bitcóin moneda de curso legal en el país, ha quedado patente el gran fracaso de esa decisión, que fue rechazada desde un inicio por el 80% de los salvadoreños. A pesar de la propaganda gubernamental, del incondicional apoyo del presidente de la República y del enorme gasto realizado en promover la criptomoneda (más de 200 millones de dólares entre fideicomiso, cajeros, billetera Chivo y saldo de 30 dólares de bienvenida), hoy por hoy, según un sondeo de La Prensa Gráfica, el 78% de los salvadoreños no acepta ni recibe el bitcóin como medio de pago. Pero el estrepitoso fracaso no se debe únicamente al rechazo ciudadano y al despilfarro de recursos públicos que mucha falta hacen para cubrir necesidades básicas de la población. El bitcóin ha causado un grave perjuicio a la nación al cerrarle las puertas de importantes instituciones financieras (como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) y disparar su nivel de riesgo, lo que significa que el país no goza de confianza por parte de los inversionistas y que para conseguir financiamiento en el mercado internacional tendrá que pagar tasas de interés elevadísimas. A pesar de ello, el Gobierno sigue empecinado en su solitaria apuesta por el bitcóin y parece no estar dispuesto a derogar la ley respectiva. Por otra parte, el 8 de septiembre se conmemoró el día internacional dedicado al periodismo, una profesión necesaria y fundamental para que la ciudadanía tenga información confiable de lo que acontece en su país y en el mundo entero. Un oficio que solo es posible realizar a plenitud si se respeta la libertad de expresión, tipificada como un derecho humano. Sin embargo, en el país, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace meses el incremento de las amenazas al trabajo periodístico, las cada vez más frecuentes situaciones de acoso o agresión por parte de policías o funcionarios públicos. Este clima de rechazo al trabajo periodístico independiente es un aspecto más de la vocación autoritaria del régimen político actual. Ello debe preocupar a toda la ciudadanía, como preocupa a la comunidad internacional. De hecho, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que El Salvador está experimentando una retroceso en el tema de libertad de expresión y que el número de agresiones a periodistas ha venido en aumento. Así lo afirma el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca: “El Salvador no era parte de los países que más agresiones policiales a periodistas aportaba a las distintas instancias que monitorean y hacen estadísticas regionales, y recientemente lo empezamos a ver. Recibimos muchos reportes sobre agresiones, restricciones y un ambiente hostil para la prensa”. Y mientras estas cosas suceden, el funcionario que debería velar por la defensa y goce de los derechos humanos guarda silencio o dice no ver graves violaciones a dichos derechos. Paralelamente, en las entrevistas que está realizando la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de elegir al nuevo procurador de derechos humanos, no se observa ninguna preocupación en los diputados oficialistas por encontrar a un candidato idóneo, sino más bien lo contrario: descubrir cuál será más dócil y apoyará más decididamente las acciones del Gobierno. Hasta el momento, ninguno de los entrevistados ha mostrado la firmeza e independencia requeridas para cumplir con la delicada función que la Constitución le asigna al procurador de derechos humanos. Muy en su costumbre, los legisladores de Nuevas Ideas se preparan para, entre discursos grandilocuentes desconectados de la realidad, elegir a un funcionario sin capacidad ni vocación de cumplir con lo que la ley le exige.

La mentira descarada es normal en las comparecencias de los funcionarios de Bukele. ¡Qué más pueden hacer para mantener la ficción y el abultado salario y los privilegios de su cargo! Al de obras públicas se le hundió una colonia que en marzo dio por segura y Los Chorros se le derrumban como en los viejos tiempos. Los de la seguridad reiteran sin sonrojo que el país “vive una de las mejores etapas en el tema de derechos humanos” y que “en períodos anteriores no se vivía este clima de seguridad y respeto a los derechos de las personas, incluyendo a los detenidos” por la excepción. A la injusticia se suma el sarcasmo. Estos mensajeros omiten que ese “clima de seguridad” está reservado solo para la quinta parte de la población. Otro funcionario alega temerariamente que la excepción no responde “al crimen siendo criminal, porque no lo estamos haciendo, ni lo vamos a hacer jamás”. Quizás por eso los certificados de los fallecidos en las prisiones atribuyen las muertes al “edema pulmonar”, aun cuando las huellas de la tortura y la desatención médica son evidentes. El funcionario pretende hacer creíble estas afirmaciones agregando que “trabajan cerca con otras instituciones para ‘respetar’ los derechos de los privados de libertad”. Una colaboración inverosímil con la llamada “justicia colectiva”, que pretende procesar judicialmente a los detenidos no individualmente, como ordena la jurisprudencia, sino en “grupos de delincuentes”, a menos que esas instituciones se hayan desentendido de los derechos humanos. El desparpajo alcanza la sublimidad cuando asegura que “primero renunciamos antes de mandar nuestras fuerzas del orden a ejecutar al que aparentemente ‘es pandillero’”. Así, pues, el funcionario reconoce que “ejecutan” al pandillero, pero no a quien solo lo aparenta. Otro elemento del gabinete de seguridad parece querer salvar el pellejo delimitando sus responsabilidades. Según este funcionario, no capturan “solo por tener tatuajes”, pues están familiarizados con “los códigos de los tatuajes de todas las pandillas” y “las fuerzas del orden están capacitadas para distinguir entre el tatuaje delictivo y artístico”. En caso de duda, consultan el registro policial. Los testimonios de los familiares de los capturados niegan la existencia de esa finura. Las mismas fuentes policiales son incapaces de identificar la pertenencia a una determinada pandilla de más de la mitad de los capturados. Las redadas son tan antojadizas que ninguno de los municipios con más detenidos se encuentra entre los más violentos de 2020 y aquellos con la mayor cantidad de homicidios no figuran entre los que tienen el mayor número de capturas. El colmo de la incuria es que el líder de una pandilla, entregado por Guatemala en abril, ha vuelto a ser capturado, en el mismo sitio, por las autoridades de aquel país. El colofón de esta serie de hipocresías lo colocó el presidente de la legislatura para quien “hoy sí hay una verdadera libertad en el país”, ya que, “por primera vez, la gente está sintiendo la libertad y la paz que tanto ha venido demandando desde los Gobiernos anteriores”. La conclusión lógica es, entonces, que existen dos países completamente diferentes: el nuevo, que acapara toda la atención del régimen, y el de siempre, que no amerita ninguna. El primero es el de los polos turísticos costeros con pretensiones de mundo rico, ruedas incluidas. El otro se inunda, se hunde o se derrumba, acumula desechos contaminantes, sus escuelas se desmoronan y las esperas de quienes buscan salud son interminables. El primero acapara la poca inversión disponible, el otro se queda sin nada. Los habitantes del país de los Bukele gozan de libertad, de tranquilidad y de posibilidades para medrar impunemente. Los habitantes del otro país son delincuentes terroristas, sin oficio ni beneficio y, por definición, peligrosos. Los primeros no solo son buenos, sino totalmente buenos. Todos son honrados, virtuosos, creíbles y competentes, porque todos ellos se encuentran bajo la sombra protectora de los Bukele. Los otros no son solo malos, sino completamente malos. Hagan lo que hagan, siempre son malos. Por eso, están hacinados en las cárceles y sus familiares son maltratados, humillados y desinformados por las llamadas “fuerzas del orden”. La información y la investigación son totalmente innecesarias, porque los seguidores de Bukele son buenos. Argumentar y probar la maldad de los malos está excusado, basta con capturar y, si se ofrece, matar. Criticar el ordenamiento social de los buenos es traición, equivale a consentir la maldad, la perversión y el crimen. El presidente de Chile planteó una pregunta aún sin respuesta. No conoce personalmente a Bukele, “porque [este] no participa en las cumbres”. Sin embargo, su ausencia “genera también una sospecha. ¿Por qué no enfrentarse al escrutinio de sus pares?”. Muy probablemente, esta pregunta no tendrá respuesta. Bukele encuentra un refugio mucho más confortable en las encuesta de popularidad. Una confrontación con

Mientras se remozan algunas calles de la capital, se inaugura un parque de diversiones con cinco juegos mecánicos donados por China en el Puerto de la Libertad y se hace público el primer caso de viruela símica, sigilosa pero alarmantemente crece el costo de la vida en el país. La escalada de precios ha obligado a la población a rebuscarse cambiando su dieta alimenticia, disminuyendo las porciones de sus comidas, mudándose a marcas más baratas o hasta dejando de comer un tiempo. El costo de la canasta básica urbana, según la Digestyc, alcanzó en mayo los $227.39, que son $26.35 más que su costo en mayo del año pasado, que representan un aumento del 13%, el precio más alto que se tiene registrado desde el año 2001. El costo de la vida, que va más allá de la Canasta Básica Ampliada (dos veces el costo de la canasta básica), también se ha disparado. De acuerdo al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) el costo de la vida en El Salvador de hoy supera los $700 mensuales. Quiere decir que el salario mínimo actual del país apenas cubriría la mitad del costo real de la vida. Algunos alegremente aseguran que el país tiene una canasta básica más barata que la de los países vecinos. En algunos casos esto es cierto, sin embargo, lo que no se dice es que en El Salvador la canasta básica solo tiene 22 productos mientras que en Costa Rica, por ejemplo, contiene más de 50. Como ha sido toda la vida, la presente crisis afecta a los más pobres. ¿Cómo hacen las familias que tienen como ingreso un salario mínimo? ¿Y las que se rebuscan en el día a día y no llegan ni a eso? ¿Sobreviven con remesas? En medio de un ambiente de aparente seguridad y tranquilidad que pregonan las autoridades, la gente está pasando hambre. El último informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2021” de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señala que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave ha aumentado en el país pasando de un 42% entre 2014-2016 a un 46.5% durante el período de 2019-2021. Por su parte, el “Análisis de inseguridad Alimentaria Aguda de la CIF, El Salvador”, proyectó que para los meses de junio y agosto de 2022, 1,043,661 personas en inseguridad alimentaria necesitan acciones urgentes de parte del Estado salvadoreño, con un plan de respuesta que incluya ayuda alimentaria, asistencia monetaria y redistribución de activos. Las familias viviendo en pobreza y pobreza extrema han aumentado. No es casual que se estime que 12 mil estudiantes universitarios abandonaron sus carreras este año. No es de extrañar que 300 compatriotas salgan diariamente con rumbo al norte. Que el año escolar 2022 haya comenzado con 100 mil estudiantes menos, probablemente sea, en parte, producto del aumento de la pobreza. Para colmo, las penurias de miles de familias son “buenas” para los que se aprovechan de la política. En la realidad de sobrevivencia la toma de conciencia social y política se vuelve completamente irrelevante para la gente. Para la mayoría de la población no importa quién gobierne, ni quién sea, ni de dónde venga. Lo que le importa a la gente que solo sobrevive es que le resuelvan sus problemas de subsistencia, de alimentación, seguridad y empleo. Quién sea, su trayectoria, sus intenciones y la manera en que resuelva los problemas, sale sobrando. Si quien llega al poder es un gobierno populista, autoritario o dictatorial, no es importante. La cuestión de fondo es si quien gobierna resuelve de verdad la realidad de sobrevivencia o no. Si se pone la esperanza en que alguien más lo haga, pero el estómago sigue apretando, el dinero cada vez alcanza menos y no mejora las condiciones de vida, sino todo lo contrario, la esperanza también mudará de lugar y entonces se comprenderá que la esperanza de mejorar era solo un espejismo. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 101.

Recientemente, un conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluido el Idhuca, publicaron un informe sobre violaciones de derechos cometidas entre el 27 de marzo, fecha en la que comenzó el régimen de excepción, y el 31 de julio. El régimen de excepción, que la Constitución prohíbe que dure más de 30 días, se ha convertido en normalidad de arbitrariedades y abusos. Los defensores de derechos humanos registran 3,186 denuncias concretas, en su gran mayoría contra la PNC. Si bien en muchas democracias la Policía es acusada de violaciones a derechos básicos, los números en El Salvador exceden por mucho lo que podría considerarse como contingencias normales del actuar policial. La repetición no solo de denuncias, sino de procedimientos reñidos con los derechos humanos y con los convenios internacionales ratificados por El Salvador lleva a la convicción de que se vive una situación en la que el autoritarismo y el abuso gubernamental se han convertido en la única ley vigente en el país. En general, con sus más y sus menos a lo largo de su relativamente breve existencia, la PNC no ha destacado por capacidad de investigación del delito ni por respeto a los derechos humanos. La presencia de agentes en activo en casi todos los grupos de exterminio que se ha logrado desarticular es clara muestra de una cultura institucional de irrespeto a las protecciones y garantías legales de los ciudadanos. Ha agravado la situación la permanencia en el mando de miembros de las tres primeras promociones de oficiales, muchas veces enfrentados entre sí por sus diferentes relaciones y procedencia política. A algunos se les ha perdonado conductas y faltas que debieron haberles apartado de todo puesto de responsabilidad; a otros, según la conveniencia política, se les ha abierto casos de forma amañada. La ausencia de convicciones y de cultura democrática, la falta de exigencia y de supervisión adecuada de respeto a los derechos humanos, y la prolongada permanencia en el mando de oficiales estrechamente ligados a un pasado muy poco civil han contribuido a la existencia de una Policía de bajo perfil profesional e inclinada al uso de la fuerza bruta. El régimen de excepción continuado, amparado por una Fiscalía politizada y por un sistema judicial obediente y no deliberante, se ha convertido en manos de la PNC en una oportunidad para dejar salir lo peor de su cultura. Por supuesto, no todos los miembros de la corporación participan en eso, pero los datos permiten afirmar que el actual liderazgo policial impulsa modos de proceder reñidos con los derechos humanos. Y no está solo. En los funcionarios del Gobierno de Bukele predomina el discurso hostil tanto a los defensores de derechos como a los procedimientos que defienden la dignidad humana. En el largo plazo, ello fortalece el arraigo de la cultura de la violencia y la arbitrariedad. Los esfuerzos generados en diferentes momentos históricos en favor del Estado de derecho y la cultura democrática, así como el diálogo previo y posterior a los Acuerdos de Paz, han quedado en la diana de los ataques gubernamentales. Aunque en la institucionalidad estatal, incluida la PNC, hay personas no solo conscientes del valor imprescindible de los derechos humanos, sino también críticas frente a los abusos de poder, el miedo ha creado una fuerte tendencia al silencio y a la parálisis de acciones coherentes con la legalidad. Como institución heredera de los Acuerdos de Paz, la Policía debe rectificar su actual modo de proceder. De lo contrario, habrá razón para decir, a la luz del discurso presidencial, que es fruto de un permanente pacto de corruptos.

Editorial UCA La vida no es ni ha sido fácil para la mayoría del pueblo salvadoreño. A lo largo de la historia nacional ha habido algunas épocas de bonanza y tranquilidad, pero han sido muy pocas y cortas. Fuera de un pequeño grupo que vive en la abundancia, que ha sido favorecido por los poderes de turno y por un sistema económico que privilegia el capital sobre el trabajo, al oportunismo sobre la honradez y la dedicación, la mayoría lucha contra viento y marea para sobrevivir y salir adelante. Y en la actualidad, la conjunción de diversas circunstancias ha creado un ambiente aún más difícil y hostil que está perjudicando de diversas maneras a muchos hogares. Aunque el alto incremento del costo de la vida golpea a la población en general, pone en especial aprieto al segmento de menores ingresos, limitando su capacidad adquisitiva, ya de por sí muy ajustada. Para ellos, las deudas crecen y no hay modo de equilibrar las finanzas domésticas. Miles de hogares han visto disminuir sus ingresos en estos últimos años a causa de la pandemia, ya sea por la muerte de la jefa o jefe de familia, o por la pérdida del empleo de uno de sus miembros, o por el cierre del pequeño negocio que garantizaba el sustento familiar. Otros son asesinados o detenidos en el camino hacia el norte. Según las estadísticas, en el último año, cerca de 14 mil personas han pasado a engrosar el sector en condiciones de pobreza. Por otro lado, miles que antes estaban expuestos a los embates de la violencia pandilleril ahora sufren detención arbitraria en el marco del estado de excepción, el cual ha cambiado el principio de inocencia (toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario) por el principio de culpabilidad (todos son culpables mientras no se compruebe su inocencia). Además, cualquier ciudadano que levanta la voz para disentir de la versión oficial de la realidad se arriesga a ser perseguido por un régimen intransigente y antidemocrático, con vocación autoritaria, que ha destruido el Estado de derecho y ha dejado al pueblo salvadoreño sin posibilidad de defensa ni de justicia independiente, pronta y cumplida. Es posible que algunos encuentren en estas palabras un dramatismo exagerado o las vean como propias de aves de mal agüero. Con seguridad, la mayor parte de quienes así piensan tienen la fortuna de no sufrir violencia o privación alguna; sin duda forman parte del 20% que goza de una vida segura y acomodada. Sin embargo, más allá de las burbujas de privilegio, no es fácil mantener la esperanza y la fe ante tantas dificultades y calamidades, pero ambas son fundamentales para salir adelante. Es preciso tener fe en que esta situación será superada, así como se superaron en el pasado otras igual de duras. Las crisis pueden aplastar a un pueblo o empujarlo a sacar lo mejor de sí mismo. Hasta hoy, El Salvador se ha caracterizado por lo segundo. Nuestra gente ha encontrado siempre la fuerza para salir adelante, con su esfuerzo diario, con su honestidad, con su solidaridad. Esta capacidad de resistir ante las dificultades y las frustraciones mostrada por generaciones previas debe ser hoy imitada para superar los obstáculos que nos impiden vivir con tranquilidad, dignidad y libertad. No es momento de desesperar. Todo aquel que ama a El Salvador y su gente debe perseverar, dejar a un lado los pretextos y excusas, y tener la confianza de que el bien siempre acaba triunfando sobre el mal. No hay que desesperar.

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas. Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”. La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia. ¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados? Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana. La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de tra

La apuesta más reciente del régimen de Bukele es la unión centroamericana. El anuncio del interés unionista llega a través del vicepresidente. En teoría, la propuesta es de gran trascendencia para el país y la región. Aparentemente, se propone hacer realidad un proyecto que desde la federación de la década de 1820 ha sido intentado en repetidas ocasiones con idéntico resultado adverso. Fuerzas centrífugas de diversa naturaleza lo han hecho imposible. El intento más duradero y provechoso fue el mercado común de la década de 1960. Curiosamente, el componente que se integró más eficazmente fue el militar. El Parlamento Centroamericano y la Secretaría de Integración Centroamericana aspiran a ser los preludios de un proyecto sin visión y voluntad políticas. Al parecer, Bukele, según su vicepresidente, desea transformar el actual Sistema de Integración Centroamericana en una unión regional similar a la Unión Europa, incluido el actual Parlamento Centroamericano, que se convertiría en una legislatura vinculante para todas las partes. Se trataría, por tanto, de remplazar la costosa instancia burocrática actual por una supranacional que articularía a los poderes del Estado, en todos los ámbitos de la vida nacional, de los cincos países centroamericanos, más Belice, Panamá y República Dominicana. El trasfondo de la iniciativa es la manía de Bukele de refundar o modificar lo que encuentra en su camino, a veces sin hacer mayor diferencia que cambiar el nombre. En este caso, se trata del Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que, según el vicepresidente, “requiere una ingeniería, una actualización conforme a las demandas y desafíos del mundo contemporáneo”. La nueva de propuesta de integración regional es tan novedosa como inviable. Ninguno de los países centroamericanos está dispuesto a renunciar a su soberanía para conformar una instancia gubernativa suprarregional vinculante. El Salvador menos que los otros. Ciertamente, la revisión y actualización del Protocolo de Tegucigalpa es conveniente. Pero un régimen que repudia constantemente a la comunidad internacional y su normativa, porque alega tener derecho a decidir su destino por sí mismo, no parece tener vocación regional. En un régimen de unidad regional como el propuesto, la legislatura y el sistema judicial no estarían a merced de la voluntad de Bukele; tendría que negociar con los representantes de los otros socios potenciales de la unión. Las decisiones legislativas no podrían contradecir la regional y las acciones judiciales estarían sometidas a la revisión de las instancias regionales, cuya sentencia sería inapelable. El argumento de la popularidad para justificar el autoritarismo, la militarización y la violación de los derechos humanos caería en la obsolescencia. ¿Aceptaría Bukele una disposición regional que suprimiera la excepción, la tortura y la negación de los derechos procesales de los detenidos? ¿Renunciaría a lo que ha dado en llamar “justicia colectiva” (evacuar, arbitraria e ilegalmente, los procesos judiciales de las decenas de miles de detenidos)? ¿Investigaría los abusos de autoridad de sus fuerzas de seguridad y sus carceleros, y la corrupción? ¿Acataría las sentencias de un órgano de justicia suprarregional, derivadas de una apelación, por ejemplo, en el caso de El Mozote o de las otras masacres, incluida la de la UCA? ¿Paralizaría los proyectos que aumentan el riesgo medioambiental? ¿Abandonaría el bitcóin para salvaguardar la estabilidad financiera y fiscal de la región? ¿O piensa tal vez que las contrapartes de la unión regional acatarán sus dictados? Los otros dos miembros del Triángulo Norte tampoco están dispuestos a someter sus decisiones a la supervisión de instancias suprarregionales. Nicaragua no solo se ha alejado de las otras cuatro naciones centroamericanas, sino también de la comunidad internacional. Costa Rica siempre se ha mostrado cautelosa ante estas iniciativas. En parte, porque se considera superior a sus contrapartes; en parte, porque sospecha de las intenciones de sus vecinos. Un acuerdo político tan sencillo como el CA-4, que facilitaba la circulación entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, duró poco. La falta de voluntad política y el concepto decimonónico de soberanía dieron al traste con la apertura de las fronteras. Mucho más difícil será llegar a acuerdos sobre temas tan complejos como la uniformidad fiscal y arancelaria, de la cual se ha hablado bastante, pero sin concretar. Belice y Panamá, aunque ubicadas en la misma región, tienen una historia y una realidad muy diferente a las de sus contrapartes. Ya no se diga República Dominicana. La meta es ambiciosa, pero los intereses y la miopía política la vuelven inalcanzable. Mucho tiene que cambiar y muy velozmente para alcanzar acuerdos sustantivos en 2024, tal como desea el vicepresidente. Un presidente con vocación centroamericana habría mostrado un claro interés regional y se habría acercado a sus colegas para trabajar con ellos el plan. Un anuncio de tra

Mientras medios y personalidades gubernamentales atacan a las instituciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos, la procuraduría del ramo tiende a presentar un situación positiva. El lenguaje, los comunicados sobre las cárceles y las distinciones a funcionarios públicos durante una supuesta “cumbre” de defensores “oficiales” de derechos humanos insisten en el buen funcionamiento del respeto a los derechos de las personas, incluidos los de las personas privadas de libertad arbitrariamente. Este tipo de farsa publicitaria puede ser entendida dentro del deseo del actual procurador de derechos humanos de ser reelegido, pero, en realidad, se convierte en un alineamiento con el odio y rechazo a los derechos humanos que medio y agentes afines al Gobierno expresan con frecuencia. Incluso el Ejército, que presume de recibir constantes charlas y formación sobre derechos humanos, manifiesta su desprecio hacia la sociedad civil defensora de dichos derechos. Para ello basta escuchar las declaraciones del ministro de defensa insistiendo en que las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil son “a conveniencia de ellas”, ya que “si no tienen qué señalar pierden su trabajo”. En paralelo a la celebración de la supuesta “cumbre”, las autoridades gubernamentales hablaban de “flagrancia permanente” de todos aquellos que pertenecen o han pertenecido a las maras. Una barbaridad jurídica que en la práctica se convertiría en cadena perpetua, contradiciendo el artículo 27 de la Constitución de la República. La suspensión de la temporalidad de los procesos penales, supeditándola “a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme", se convertirá, como en el pasado, en fuente permanente de injusticia para numerosos procesados, cuya condena o absolución no tendrá fecha de resolución y dependerá de la pereza de los jueces o de la voluntad política de la que dependen muchos juzgadores. Escuchar al ministro Villatoro diciendo que están llevando a cabo una “justicia colectiva” o “justicia comunitaria” nos convence de la poca profesionalidad y el escaso conocimiento del derecho de este funcionario. Hablar, como lo hace el ministro, de “pseudosalvadoreños” solo recuerda al fatídico Roberto D’Abuisson, que distinguía entre el “verdadero pueblo salvadoreño” y los falsos salvadoreños, dignos de cualquier castigo, por brutal que fuera. El premio dado al ministro tras ese tipo de discurso no habla bien de la calidad del procurador. La cereza del pastel de la “justicia comunitaria” parece querer ponerla el vicepresidente de la República afirmando que el 80% de los pastores evangélicos están vinculados a las pandillas. Dado el gusto de los funcionarios gubernamentales por las condenas generales, las declaraciones del vicepresidente podrían parecer normales. Pero la ignorancia, el atrevimiento y la irresponsabilidad demostrada en ese modo de expresarse no puede pasarse por alto. Es evidente que los pastores evangélicos en su conjunto han hecho más en favor de El Salvador y de los valores cívicos de la ciudadanía que los presuntuosos análisis y las sospechas vicepresidenciales. Denigrar y atacar de ese modo a servidores de la Palabra de Dios que sistemáticamente han defendido valores morales y espirituales muestra la baja calidad de un régimen empeñado en descalificar a cualquier persona con conciencia crítica. El Gobierno necesita urgentemente dialogar con la sociedad civil, abandonar la pose de ser los propietarios absolutos de la verdad y reconocer que, aunque de diferentes maneras, todos los que tienen posiciones divergentes respecto a las políticas actuales de seguridad desean también lo mejor para El Salvador. De lo contrario, las “cumbres” de derechos humanos solo servirán para demostrar que el Gobierno de Nayib Bukele tiene una deficiencia grave en ese campo.

De acuerdo con la encuesta de opinión pública más reciente del Iudop, el 43.8% de los salvadoreños considera que la economía es el principal problema que enfrenta el país. Lo anterior es coherente con los resultados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del año 2021, que señala que los hogares en pobreza extrema pasaron de representar el 4.5% en 2019 al 7.8% en 2021. La situación se agrava en la zona rural. En el mismo período, los hogares en pobreza extrema pasaron de 5.2% a 10.4%. Si bien la crisis inflacionaria global impacta directamente en los indicadores de pobreza (a través de los incrementos de los precios de la canasta básica alimentaria), los mayores niveles de inflación se han registrado en el año 2022, por lo que su efecto todavía está por observarse. Aunque existen factores estructurales y externos que contribuyen a explicar la delicada situación económica de El Salvador, el manejo propagandístico y poco transparente de la pandemia cargan con una cuota importante de responsabilidad. En una reciente investigación periodística de El Faro se señalan indicios de corrupción en la adquisición de las canastas de alimentos entregadas por el Gobierno de Bukele. De acuerdo con la publicación, el extinto Grupo Especial Antimafia de la Fiscalía investigaba irregularidades en la asignación de 10 contratos para la entrega de los artículos incluidos en los paquetes alimentarios. Lo anterior se suma a una previa investigación del periódico digital en el que se señala a Osiris Luna de vender 42 mil sacos de alimentos del programa de emergencia. Lo anterior no es únicamente reprochable en términos legales y éticos, también es cuestionable por su impacto económico. Ante la caída de remesas y exportaciones que sufrió El Salvador durante los primeros meses de 2020, la economía salvadoreña se vio urgida del ingreso de dólares desde el exterior para contar con recursos que permitieran seguir operando internamente e importando bienes y servicios. Parte de estos recursos se obtuvieron a través de los $2,000 millones de deuda pública aprobada en 2020 para el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica por Covid-19. El Fondo sirvió también para financiar las canastas alimentarias entregadas a la población. En ese momento, lo recomendable era —en la medida de lo posible— producir internamente los bienes entregados en la canasta alimentaria. De esta manera, se pudo haber disminuido la salida de dólares, dinamizado la economía interna y reducido la necesidad de endeudamiento externo. Sin embargo, como señala la investigación de El Faro, muchos de los bienes entregados en la canasta se importaron. El valor de las importaciones de algunos de los bienes de la canasta se incrementó sustancialmente en 2020 (año de crisis) en contraste con 2019. Por ejemplo, la importación de pastas pasó de $11.4 millones en 2019 a $27 millones en 2020; la de harinas de cereales, de $8.2 millones a $19.8 millones; la de la partida SAC 1901 que incluye la leche en polvo, de $57.4 millones a $85.5 millones; la de la partida SAC 1604 que incluye el atún, de $10 millones a $26.2 millones. En el agregado, el déficit comercial pasó del 16% del PIB en 2019 al 18% en 2020 y al 25% en 2021. Es importante señalar que algunas importaciones eran ineludibles entre 2020 y 2021. En 2021, por ejemplo, se importaron $158 millones en vacunas, de los cuales $43 millones provenían de Estados Unidos y $94 millones de China. En ese sentido, no se critica la entrega de la canasta alimentaria o la adquisición de vacunas, sino la falta de transparencia y planificación que, lejos de contribuir a dinamizar la economía interna, han agravado la dependencia de importaciones. Un mayor déficit comercial implica un mayor deterioro de la producción interna y una mayor necesidad de entrada de dólares a través de remesas y de endeudamiento externo. Esto se da en un contexto en el que las remesas podrían desacelerase ante el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos y en el que el Gobierno de El Salvador ha encontrado dificultades para colocar nueva deuda pública. En ese sentido, en los próximos años la economía salvadoreña podría enfrentar dificultades para cubrir su necesidad de flujo de dólares, lo que en la práctica se observaría como una reducción del consumo privado y público, que a su vez podría incrementar el desempleo o la informalidad. A pesar de este escenario poco alentador, la medida económica más publicitada del Gobierno sigue siendo la introducción del bitcóin (o colón-dólar), que de ninguna manera parece resolver los problemas descritos. “El dinero alcanza cuando nadie roba”, repetía Bukele cuando era candidato. La afirmación es falsa. Como muestra nuestra delicada situación económica, sin modificaciones estructurales al funcionamiento del modelo económico, el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades más básicas de muchos salvadoreños y salvadoreñas. Por supuesto, la situación se agrava ante la corrupción, la falta de tr

Desde el martes 23 de agosto se está celebrando en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. Se ha partido del hecho incontestable de que el agua en general, y en particular la destinada al consumo humano, “está bajo una presión sin precedentes debido al rápido aumento de las temperaturas”. La preocupación sobre la situación del agua es cada vez mayor. Fuentes del Banco Mundial afirmaron recientemente que una de cada cuatro personas vive en zonas del planeta donde no hay suficiente agua. Nuestro país, encandilado con promesas de bienestar y desarrollo, parece ajeno en el terreno gubernamental y legislativo a esa preocupación. A pesar de que El Salvador tiene una pluviosidad anual mayor a la de muchos países desarrollados, el servicio de agua adolece de serios fallos en términos de calidad y acceso. Se privilegia el uso industrial sobre el derecho de las personas. Además, por la proliferación de proyectos residenciales orientados al 20% de la población que goza de mejores condiciones económicas, se tiende a convertir el acceso al agua de calidad en un servicio cada vez más exclusivo para quienes gozan de ingresos altos. La explotación irresponsable de acuíferos y la destrucción de yacimientos y zonas de recarga hídrica por la construcción de residenciales privilegiadas y centros comerciales se han convertido en prácticas habituales. El desinterés por cuidar los ríos, repoblar forestalmente los cerros y valles, y proteger los acuíferos subterráneos pintan un panorama pesimista sobre el futuro inmediato. Para colmo de males, en el país, las consecuencias del cambio climático no son tenidos en cuenta. Los científicos que estudian con seriedad la problemática advierten que los efectos del fenómeno serán más duros en las zonas tropicales. Pero la ciencia no parece llegar a la conciencia del Gobierno. Desde el Estado no se trabaja la prevención, estudio y planificación de respuestas adecuadas a un futuro asolado por sequías más largas e inundaciones más violentas y destructivas. Los próximos años serán clave para la protección y cuido del agua. Ya se ha desaprovechado la oportunidad de legislar adecuadamente al respecto. En la medida en que no se cuide el agua, las enfermedades gastrointestinales y renales continuarán golpeando a amplios sectores de la población e impidiendo alcanzar las metas de desarrollo recomendadas por las Naciones Unidas. La vida en el país estará cada día más en riesgo si desde el Estado no se toma la decisión de cuidar y proteger el agua en serio, tanto de la contaminación como del abuso de empresas que la entienden solo como un bien económico de acceso fácil. Algunas naciones con una precipitación pluvial semejante a la nuestra tienen planes y proyectos para implementar la gratuidad del agua para consumo humano y saneamiento. En esa línea, la explotación comercial del líquido (sea para riego o para elaboración de bebidas embotelladas, por ejemplo) debe aportar impuestos o recursos que garanticen el acceso universal al agua potable y para el saneamiento de las viviendas. Un país como el nuestro, con tantas carencias y necesidades, no puede darse el lujo de seguir distraído en pirotecnias y castillos de arena, ignorando la crisis hídrica inminente.

La historia de El Salvador ha estado marcada por la ausencia de paz y las consecuentes inseguridad y violencia. Desde formas de violencia muy visibles, como la ejercida por el Estado para reprimir a los ciudadanos en defensa de los intereses de diversos grupos de poder antes y durante la guerra civil, y la que las pandillas aplican en los territorios que dominan, hasta otras más sutiles y no tan evidentes, como la violencia estructural, que ha mantenido el status quo de una sociedad fundada en la injusticia y la desigualdad, condenando a la pobreza a la mitad de su gente. En el último lustro, la población salvadoreña ha manifestado constantemente que la violencia, la inseguridad y la criminalidad constituyen uno de los principales problemas del país, junto al desempleo, la economía y el alto costo de la vida. Los largos años de inseguridad y de violencia en las calles, en los barrios y en el transporte colectivo; las muchas vidas destruidas por el crimen; las tantas ilusiones y sueños frustrados han hecho que vivir en el país sea una especie de infierno para una importante parte de los salvadoreños. Demasiados de ellos, además de sufrir diversas carencias, han tenido que soportar una violencia, tanto estructural como criminal, que les ha empobrecido aún más, les ha obligado a abandonar sus hogares y los ha estigmatizado por habitar en lugares con presencia de pandillas. No es de extrañar que ante esta situación se acepte sin mayor reparo la imposición de un estado de excepción que, según las autoridades, permitiría perseguir y erradicar a los grupos delincuenciales, y poner fin de una vez por todas a la violencia, devolviendo la seguridad a la población, aunque ello suponga la limitación de los derechos constitucionales. Pero no hay que llamarse a engaño: por ese camino no se logrará la paz y la seguridad anheladas. En su encíclica Paz en la tierra, el papa Juan XXIII afirma que la paz verdadera solo es posible si se “funda en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. No habrá paz, pues, mientras se violen los derechos a la vida, a la integridad personal, a disponer de los medios necesarios para vivir con dignidad. No habrá paz sin el debido respeto a las personas, sin posibilidad de acceder a la verdad, sin derecho a manifestarse y expresar opiniones libremente, sin acceso a la información de los asuntos públicos. No habrá paz si no se facilita a toda persona la posibilidad de trabajar y recibir un salario justo, si se anula el derecho a legítima defensa, si la justicia avala arbitrariedades y abusos. Basta analizar la realidad que vive gran parte de la sociedad salvadoreña para concluir que el país está lejos de tener aquello que el papa Juan XXIII señalaba como necesario para lograr la paz. Más bien, en cuestión de derechos humanos y calidad de vida se han dado retrocesos significativos en los últimos años. Retrocesos que, al darle nuevas alas a la violencia estructural, están sentando las bases para la profundización de la inseguridad y el fortalecimiento de la cultura de la violencia.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. El proyecto de Constitución del vicepresidente promete un nuevo Estado “democrático” y “moderno”, “un modelo político” de larga duración. Según su patrocinador, es tan novedoso que Bukele lo adoptará como “programa de gobierno”. Asume, pues, el vicepresidente que este se reelegirá. Pero el proyecto conserva “la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia”. Otra contradicción es que una nueva Constitución ya fue descartada por el presidente de la legislatura, es decir, por el mismo Bukele, a quien la Corte Suprema ya dio vía libre para reelegirse. El “empoderamiento” ciudadano mediante “el referéndum y la consulta revocatoria del mandato”, dos joyas para el vicepresidente, carece de valor en un régimen que desconoce la institucionalidad democrática. El compromiso democrático del vicepresidente tampoco es creíble. Criminaliza a la prensa por utilizar fuentes que ponen en evidencia las conspiraciones del Ejecutivo. Desvaloriza la negociación con las pandillas con la falsa distinción entre acción personal y acción estatal. El funcionario que negocia acuerdos con las pandillas actúa a título personal, porque “eso sigue sin ser una política de Estado”. Tampoco lo es sacar del país a uno de los líderes de las maras reclamado por Washington. Cuando le preguntan si investigan las actividades de este funcionario que actúa por su cuenta, alega que eso “está fuera de mi campo de acción. Es el gobierno que debe decidir eso”. O sea, el vicepresidente no forma parte de la administración del Estado. La arbitrariedad de la excepción vuelve a ser motivo de tropiezo. El vicepresidente no solo reitera la existencia de “víctimas inocentes y daños colaterales”, sino también abunda con otra frase trillada: “La gente se ve afectada porque estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Una afirmación inaceptable en un constitucionalista, ya que legitima la ilegalidad. Pero, esa, según él, “no es una política de Estado”. Y, otra vez, se embrolla, ya que, justamente antes, afirmó que “la política de Estado es proteger a la población”. La confusión deriva en mentira. Es materialmente imposible que “más del 95% de las capturas” de los más de 40 mil detenidos hayan sido “validadas por los jueces”. La masividad de las audiencias impide que los fiscales, los defensores y los jueces valoren la prueba contra los detenidos. Los fiscales y los jueces simplemente ratifican la acción policial y militar. No satisfecho, el vicepresidente arremete contra los pastores evangélicos, uno de los sectores sociales que más ha hecho para rescatar y reintegrar a los pandilleros en la comunidad, algo que no figura en la agenda gubernamental. El esfuerzo de los pastores, según la jurisprudencia vicepresidencial, los convierte en criminales, al igual que el periodista que utilizó una fuente de las pandillas. Pero no al funcionario presidencial mencionado en los audios. La obcecación ciega. En lugar de atender al contenido de los audios, ataca al mensajero; y en vez de apreciar el bien que hacen los pastores, los acusa de criminales y terroristas. El contacto con los pandilleros, en sí mismo, incrimina. Sin embargo, la intolerancia vicepresidencial pone de manifiesto el fuerte arraigo social de las pandillas, la imposibilidad de acabar con ellas con la violencia y el terror, y el abismo que separa al régimen de Bukele de la realidad popular. Sin pretenderlo, el vicepresidente dice más de lo que quisiera. La guerra que el régimen dice estar ganando a las pandillas es una muy peculiar, porque su enemigo está fundamentalmente desarmado y, en consecuencia, su capacidad de fuego es muy limitada. La cantidad de armas capturadas es ridícula en comparación con la cantidad de detenidos por Bukele. Este dato confirma que el desafío no es fundamentalmente militar, sino social, económico y cultural. Pese a ello, aquel persiste en gastar millones de dólares en armamento y equipo de guerra. Dado el carácter del enfrentamiento, esas adquisiciones tienen una finalidad muy distinta a la atribuida por el régimen. En ningún caso constituyen, como alegan los militares, “una necesidad básica e indispensable”. Las bondades jurídicas, sociales y políticas del proyecto de Constitución son anuladas por la gimnasia mental del vicepresidente en su esfuerzo por justificar los atropellos de la dictadura de la cual forma parte. No es realista que un régimen arraigado en la inconstitucionalidad se interese en un orden constitucional. Un vicepresidente creíble reconocería la brutalidad de la represión policíaca y militar, la violencia clasista, la obstrucción deliberada del derecho de defensa a más de 50 mil prisioneros, la negación del derecho de sus familiares a estas informados sobre su paradero y su situación jurídica y personal, la responsabilidad gubernamental en las muertes acaecidas en las cárceles y, en un palabra, la inexistencia del Estado de derecho. Eso no ocurrirá, porque la credibilidad implica honestidad e independencia. Y en la actua

La captura y desaparición del tuitero Luis Rivas es, además de una nueva afrenta al imperio de la ley y una grave violación a los derechos humanos, una demostración del poder de la familia del presidente. Con el hecho queda claro que ahora está prohibido fotografiar en situaciones comprometedoras a parientes del mandatario y que es delito denunciar el uso indebido de recursos del Estado por parte de personas que no ocupan ningún cargo en el Gobierno. Quienes claman por la libertad de Rivas temen que el régimen esté haciendo tiempo para montar un caso y mantenerlo cautivo. En realidad, por como están las cosas, la familia Bukele puede esgrimir cualquier excusa, pues tiene a sus pies al poder judicial, a la PNC y a la Fiscalía. Centroamericana atraviesa horas sombrías por el desmantelamiento de la democracia y el Estado de derecho. Nicaragua va a la vanguardia con un régimen que cada día se sobrepasa a sí mismo en sus modos autoritarios. Como en los tiempos monárquicos, al país de Darío lo dirigen los esposos Ortega Murillo. El hijo mayor de Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo, cumple las funciones de protocolo y es el administrador de los negocios familiares relacionados con el petróleo y la energía. Laureano Ortega Murillo dirige la Agencia pro-Nicaragua, gestora de la inversión extranjera. Otros hijos de la pareja presidencial son asesores gubernamentales o dirigen los medios de comunicación. En Honduras, la llegada a la presidencia de Xiomara Castro animó esperanzas de cambio democrático. Si embargo, siete meses después del inicio de su gestión, han hecho su aparición viejos vicios, entre ellos el nepotismo. Castro nombró como su asesor privado a su esposo, Manuel Zelaya Rosales, derrocado en 2009 por un golpe de Estado. Ahora, frente a la permanente comparecencia de Zelaya ante los medios de comunicación, algunos sectores comienzan a preguntarse quién realmente gobierna el país. Además, Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta, es diputado; el hijo de este, José Manuel Zelaya, fue nombrado ministro de Defensa; Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la pareja presidencial, es diputada; y Héctor Manuel Zelaya Castro, otro de los hijos, es secretario privado de la primera dama. En El Salvador, hermanos, primos, amigos y compadres del presidente ocupan cargos de alto nivel. Uno de sus hermanos dirige el Indes y otros tres, sin nombramiento oficial, deciden sobre diversos aspectos de la vida nacional. Aunque repiten que su apoyo es ad honorem, utilizan los recursos del Estado a su antojo. En otro círculo de íntimos estaría el primo de Bukele, presidente de Nuevas Ideas; su tío, encargado de la Secretaría de Comercio en Inversión; el actual presidente de la Asamblea Legislativa, fiel al mandatario hasta el extremo; y una retahíla de amigos de la niñez y compadres que ocupan cargos públicos sin que su nombramiento haya obedecido a la competencia y méritos profesionales. En Nicaragua, Honduras y El Salvador se han impuesto, pues, gobiernos de familia que mienten continuamente, se presentan como defensores de causas nobles mientras minan derechos ciudadanos o despotrican contra la corrupción y el nepotismo a la vez que se enriquecen con dinero público.

A propósito de la persecución de la dictadura nicaragüense contra miembros de la Iglesia Católica, las reacciones han sido diversas, desde la estupefacción hasta la justificación. En especial han llamado la atención hechos como la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el arresto domiciliario del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores de su diócesis. De parte de los que intentan justificar lo injustificable he escuchado básicamente dos tipos de versiones: la primera apunta a que los religiosos y religiosas son agentes del imperialismo extranjero que quieren dar golpe de Estado al clan familiar y por eso está bien que se les expulse o encarcele. La segunda da razones que tienen que ver con las actuaciones de las personas de la iglesia. A estos últimos quiero referirme. El argumento de los primeros no resiste la más mínima crítica. Entre los que tratan de explicar la persecución contra el clero he escuchado que los hombres de sotana han perdido el respeto de la gente; primero porque algunos viven en la opulencia mientras la feligresía pasa penurias; segundo, por los muchos casos de pederastia que han hecho que la confianza en ellos se derrumbe. Un tercer argumento remite a que una cosa es evangelizar y otra meterse en política. En el corto espacio que permite esta sección, quisiera responder puntualmente a estos señalamientos. Sin pretender restarle importancia a los lamentables casos en los que el estilo de vida de algunos prelados y sacerdotes son un verdadero antitestimonio y a los condenables delitos de pederastia que son un lastre para la iglesia, estas razones no son frecuentemente causa de persecución y de muerte. La falta de testimonio de seguimiento al Jesús que optó por los pobres es éticamente inaceptable, pero rara vez se persigue a un sacerdote por esta razón. Los casos de pederastia que han salido a la luz pública han sido motivos de escarnio social y de juicios legales por parte del Estado, pero persecución por ello, que yo sepa, no se tiene registrada. Sin embargo, como nos recordó monseñor Romero, la verdad siempre será perseguida1, y toda persona o colectivo que diga y defienda la verdad será perseguida. A quienes se reprime, se expulsa y se encarcela son a aquellas personas que incomodan al régimen, porque lo cuestionan, porque denuncian las injusticias y la mentira. La gran mayoría de sacerdotes y pastores evangélicos asesinados durante la guerra civil de El Salvador y después de eso, lo han sido por su compromiso por cambiar el país y decir la verdad. Porque la verdad molesta a los poderosos. A quienes quieren justificar la represión y el encarcelamiento de personas de iglesia los invito a revisar la historia reciente de El Salvador para que comprueben que lo que está a la base de la persecución es el compromiso con los pobres y con la justicia. Cito solo los nombres de sacerdotes y pastores asesinados porque a ellos se dedica esta reflexión, aunque estamos conscientes de que son muchos más los mártires laicos y laicas que ofrendaron su vida por la justicia.

El presidente más cool del “mundo mundial”, que despierta entusiasmo tanto dentro del país como en la diáspora nacional, tiene otra dimensión, sin la cual su figura queda inconclusa. Genialidades como el bitcóin y su ciudad libertaria, el aeropuerto oriental y el tren costero, la seguridad y ahora otro centro turístico de primerísimo nivel, asumiendo que fueran reales, no constituyen más que la cara amable de Bukele. Sus intervenciones proyectan la realidad deseada y, por eso, crean expectativas. Aunque concretara sus promesas, el régimen tiene otra faceta, de la cual no se puede prescindir sin mutilar la identidad presidencial. La cara amable de Bukele es complementada por otra tenebrosa, que ni siquiera tiene el decoro de ocultar. El encanto fascinante es también perversidad, que detiene caprichosamente a pandilleros y no pandilleros, desintegra familias, deja hijos en el abandono, crea caos en los reducidos ingresos familiares y genera angustia en sus familiares. El día menos pensado, estos pueden descubrir que su pareja, su hermano o su hijo han muerto, torturados o desamparados, en las cárceles de Bukele. Los hogares populares viven en zozobra constante. Intempestivamente, los esbirros fuerzan la entrada en las viviendas, interrogan a sus habitantes, los amenazan con cárcel o simplemente capturan a quienes se les antoja. Erradicar a las pandillas es un pretexto para aterrorizar a la población. Los entusiastas seguidores de Bukele no solo deben prestar atención a la cantidad de detenidos y la reducción de los homicidios como señal incuestionable de su éxito, sino también al drama humano que transparentan los testimonios de los familiares de los detenidos arbitraria e indefensamente. Las narraciones relatan la brutalidad de los policías y los soldados de Bukele, y las consecuencias de sus acciones despóticas. Una de esas voces acepta que persiga a los criminales, pero no a los inocentes, y discrepa del trato que reciben unos y otros. No es drama, expresa otra voz de una pequeña ciudad costera: “Ellos realmente son mucho peor que las tres pandillas juntas”. Una madre interpela a la esposa de Bukele para se coloque en su lugar y piense cómo se sentiría si su hija fuera víctima de una injusticia como la que sufren las madres de los detenidos. Los que ahora dicen gozar de seguridad luego de haber experimentado el control territorial de las pandillas y aquellos otros que, desde la distancia, admiran la determinación de Bukele para acabar con ellas deben ser conscientes de que esa seguridad y esa determinación descansan en una enorme injusticia. La paz asentada en la bestialidad policíaca y militar no es verdadera. La tranquilidad de unos pocos es humillación, tortura y muerte para la mayoría; abandono y hambre para quienes aguardan el retorno de sus seres queridos. Contentarse con esta situación es egoísmo sumo y engaño grande. Bukele ha exhibido su doble cara al anunciar la construcción de otro centro turístico, con carreteras de primer nivel y miradores asombrosos, dotado de mercados, hoteles y restaurantes con calidad Michelin. El proyecto es simultáneamente positivo y perverso. Lo que será diversión para los extranjeros y los nacionales que puedan pagarla coexistirá con la tragedia de miles de familias a las cuales se les niega la justicia. Los presuntos beneficiarios locales, directos e indirectos, son las mismas víctimas de la brutalidad policial y militar. Una cruel ironía. La buena noticia es que la inversión de alrededor de cien millones de dólares no tiene fuente de financiamiento. Si Bukele y su gabinete de seguridad están ganando la guerra contra las pandillas y si la seguridad y la paz son palpables, ¿por qué el presidente compareció rodeado de más de una docena de hombres con armas de guerra? Si él mismo se siente tan inseguro, incluso entre los suyos, que acudieron a escuchar sus novedades, ¿cómo ha de sentirse el ciudadano común y corriente, aquel que reside en los vecindarios populares y utiliza el transporte público? Es inexplicable que un mandatario tan popular y simpático como Bukele se presente ante una reducida audiencia cercado por un fuerte contingente militar. El líder realmente popular confía en sus seguidores, su mejor protección. ¿O será que ese despliegue obedece a su debilidad por los juegos militares? En cualquier caso, la exhibición de fuerza revela mucha debilidad e inseguridad. Igualmente indescriptibles son el vicepresidente y su proyecto de Constitución. El funcionario asegura que el nuevo texto constitucional contiene “un nuevo concepto de Estado moderno y democrático” y “una ampliación del catálogo de derechos fundamentales”. La experiencia de más de tres años muestra que Bukele no está interesado en tal Estado ni en ninguna Constitución. Por consiguiente, ampliar los derechos de la ciudadanía es irrelevante. Más aún, el mismo funcionario que lo anuncia como gran novedad justifica la violación flagrante de esos derechos. Si la intención del vicepresidente es honesta, su t

En el año 2000, los países del mundo reunidos en la Asamblea de las Naciones Unidas se propusieron ocho objetivos, que llamaron los Objetivos del Milenio, con la pretensión de alcanzarlos en 15 años. Las ocho metas buscaban poner el bien común de la humanidad en el centro del trabajo de Naciones Unidas, disminuyendo las brechas y desigualdades entre países y entre grupos humanos, y trabajando en beneficio de aquellos cuya vida y derechos son más claramente amenazados. En concreto, los Objetivos del Milenio apuntaban a erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medioambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Algunos países se los tomaron muy en serio y los utilizaron como guía para formular e impulsar planes y políticas. Sin embargo, a nivel mundial se avanzó poco: llegado 2015, los Objetivos solo se habían alcanzado parcialmente. De los ocho, el primero de ellos, eliminar la extrema pobreza y el hambre, fue el más ampliamente aceptado, ante el cual nadie razonable se atrevía a poner reparos. Quizás por ello, entre 2000 y 2015, el número de personas con hambre disminuyó en 100 millones. Pero el optimismo duró poco: el hambre ha vuelto a crecer en el mundo. Diversos datos indican que, al finalizar el año 2021, 828 millones de personas pasan hambre (el 12% de la población mundial). Pese a ello, la ONU no cesa en su empeño por erradicar ese flagelo. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propone alcanzar el objetivo de hambre cero en 2030. En El Salvador, el problema del hambre está muy presente. Según la FAO, casi un millón de personas pasan hambre en nuestro país, lo que representa aproximadamente el 15% de la población. Con el actual encarecimiento de los alimentos, los altos precios de los insumos agrícolas (especialmente los fertilizantes) y la sequía que afecta la zona oriental, es mayor el riesgo de que el hambre y la malnutrición aumenten. Por otra parte, nuestros hábitos alimenticios y las políticas públicas en materia agrícola y de producción de alimentos no contribuyen al consumo de dietas más nutritivas, que incluyen abundantes hortalizas y frutas. El panorama nacional es sombrío, pues, como se sabe, la malnutrición y el hambre causan severas deficiencias en el crecimiento y el desarrollo infantil. A nivel mundial, a efecto de ellas, el 28.7% de la niñez padece problemas de crecimiento y desnutrición aguda. Los retos para el Gobierno (en particular, para los ministerios de Agricultura y Ganadería, de Salud y de Economía) están claros: no solo reducir o erradicar el hambre, sino también crear las condiciones necesarias para una mejor y más nutritiva dieta alimenticia. Aumentar y diversificar la producción agrícola, desanimar el consumo de alimentos nocivos para la salud (los ricos en grasas y azúcares, por ejemplo) y controlar los precios de aquellos que son básicos para una vida sana son tres macroacciones que tendrían gran impacto en el desarrollo de la población. Por desgracia (una más entre tantas otras), las prioridades gubernamentales se alimentan de sueños, no de realidades.

La crisis sociopolítica que estalló en Nicaragua en abril de 2018 dejó, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 355 asesinados, aunque los organismos locales fijan la cifra en 684; el Gobierno de Ortega-Murillo solo reconoce 200. Luego se desató una avalancha de violaciones a derechos humanos elementales, especialmente entre quienes cuestionan la legitimidad del régimen. Desde entonces, el Gobierno ha cerrado más de un millar de organizaciones y asociaciones civiles, entre las que se cuentan la Academia Nicaragüense de la Lengua, la Asociación de Otorrinolaringología, la Operación Sonrisa (dedicada a operar el labio leporino de niños de escasos recursos) y el Instituto Juan XXIII (dedicado a construir viviendas y apoyar a familias pobres). También cerró 23 medios de comunicación; ha dejado al país sin periódicos impresos al impedir la importación de papel; y ordenó la confiscación de frecuencias, edificios y equipos de los medios independiente Confidencial, 100% Noticias y La Prensa. Ha cancelado a los partidos de la oposición y enviado a prisión a sus adversarios a través de juicios escandalosamente amañados. En el afán de eliminar toda voz no oficialista, emprendió una campaña contra miembros de la Iglesia católica. En marzo de este año, expulsó al nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw. En julio, expulsó a las Misioneras de la Caridad, congregración fundada por la Madre Teresa de Calcuta. Y en medio de un clima de agresiones contra templos católicos y tras varios días de acoso policial, el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quedó arrestado el 4 de agosto en su sede episcopal junto a otros cinco sacerdotes y seis colaboradores, acusados de “instigar al odio” y “organizar a grupos violentos”. El 15 de agosto, el orteguismo arrestó al sacerdote Óscar Danilo Benavidez, párroco del municipio de Mulukukú. Además, el régimen ha arrestado a empresarios que dirigían el Consejo Superior de la Empresa Privada, ha prohibido procesiones religiosas y usurpó la sede en el país de la Organización de Estados Americanos. En el vecino país está prohibido disentir. Quienes lo hicieron están desterrados, encerrados o enterrados. Empujado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se hunde en una dinámica dictatorial que nada envidia al somocismo. Desde la acera de enfrente, Nayib Bukele toma nota.

El Gobierno de El Salvador es ahora omnipresente y muy poderoso. Domina los poderes legales como el Ejército, la Policía y la Asamblea. Domina los poderes culturales, como los medios de comunicación, las redes sociales o los discursos religiosos. Y también domina los poderes paralegales a través de procesos como su cuidadosa negociación con líderes de las principales pandillas salvadoreñas. Gracias a este poder, el Gobierno es capaz de decidir no solo sobre qué tema hablamos en la sociedad, sino qué enfoque hacemos sobre esos temas. Esa capacidad del Gobierno ha construido una ciudadanía del “ojo por ojo”. Nuestros actuales gobernantes, en lugar de utilizar su inmenso poder para incidir de forma intencionada en la construcción de ciudadanías críticas y solidarias, han construido y reforzado un discurso de venganza, de odio y de mentira. La ciudadanía del ojo por ojo es la que responde a la violencia con violencia, la que no tolera la crítica y la que sueña con un país en donde todas las personas piensen igual. Incluso aunque en la vida cotidiana se den cuenta de que esto es imposible, la constante manipulación de las emociones lleva a muchos a burlarse de los otros, a los insultos constantes y a la falta de tolerancia. La desconfianza reina en este tiempo de nuevas ideas. Sin embargo, a pesar de ese poder, hay procesos políticos que el Gobierno y su equipo de comunicación no pueden controlar. Esto es lo que podemos llamar: “los límites de la comunicación”. El primer límite ha sido un límite cultural. El fútbol. Si bien el escritor Alessandro Barico, en su libro sobre Los bárbaros, reflexiona sobre la pérdida del alma del fútbol, el uruguayo, Eduardo Galeano, nos ha recordado que esta es “la única religión sin ateos”. Quizá ambos autores exageren un poco pero apuntan un síntoma epocal. En el ámbito cultural de nuestro tiempo, el fútbol se encuentra en el centro de las emociones. Fin del debate. Las ciudadanías del ojo por ojo, tan dispuestas a no negociar, están dispuestas a mucho si ello les permite continuar con un fútbol que es tradición y sueño de una nación que se inventa. Y eso, el Gobierno no supo entenderlo a cabalidad. El segundo límite de la comunicación haría sonreír a Marx y a muchos economistas. A pesar de los muchos intentos para que hablemos de otros temas, la situación económica que la sociedad salvadoreña atraviesa no consigue ser manejada por el aparato gubernamental. La caída del bitcoin está ahí. También sigue ahí el peligro real de la pérdida de las pensiones y, sobre todo, el alto costo de la vida, que hace que cada vez más familias empiecen a recortar sus gastos cotidianos. Que lo digan los más de sesenta mil salvadoreños capturados en la frontera sur de Estados Unidos en lo que va del año. Esa conversación sigue. Y si el Gobierno sigue incentivando el ojo por ojo, puede provocar un estallido social en la medida que la población descubra que las medidas de austeridad no son precisamente populares en el gobierno actual y que los salarios de más de cinco mil dólares abundan entre los funcionarios, mientras que el pueblo sufre hambre y padece de muchas privaciones. El tercer límite de la comunicación tiene que ver con ese universo oscuro y poco transparente del crimen organizado y la represión estatal. La receta más explosiva de acuerdo a las pocas moralejas que la historia nos deja. Hasta hoy, todos los gobiernos que llegaron después de la firma de los Acuerdos de Paz consiguieron que en este país se instalara un mito: acá no hay crimen organizado, lo que hay son pandillas. Acabemos con los mareros y la violencia terminará. Sin embargo, esta telenovela es bastante conocida y hasta el día de hoy no ha terminado nunca bien. Porque la violencia no para, porque hay estructuras criminales, que pueden llamarse pandillas, traficantes, secuestradores, asesinos que tienen distintos niveles de vinculación y connivencia con el Estado. Y a eso se le llama crimen organizado. La comunicación del “diente por diente” ha empezado a salir mal en la medida en que controles internacionales señalan cada vez más a funcionarios del Gobierno por su complicidad con el debilitamiento democrático. Y el mayor problema es que todos perdemos. En un Estado sin controles, en una sociedad sin rendición de cuentas y con información que no se transparenta, en un tiempo con unos funcionarios acostumbrados a instalar su propia verdad desde la prepotencia y la burla, en un país que ha hecho de la matonería su política pública, ya no importará quién gobierne, porque la tentación de perdurar la herencia de estas ideas viejísimas en el país de los nuevos autoritarismos es mucha. Ojalá estas ideas sean simplemente una alerta y no una profecía. Debemos, como sociedad, renunciar a la ciudadanía del ojo por ojo y la política del diente por diente. Debemos encontrar las nuevas razones de nuestra esperanza. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 99.

El clamor popular por las detenciones arbitrarias de la excepción, la brutalidad de las llamadas “fuerzas del orden” y las condiciones de los detenidos en las cárceles parece haber llegado hasta Casa Presidencial. Los comisarios de la popularidad de Bukele han sacado al carcelero mayor para tranquilizar a la población. Sus explicaciones son tan irracionales que caen en el delirio. Según el funcionario de marras, no hay razones para la zozobra. “Las capturas no se realizan de forma ‘antojadiza’”, un centenar de operadores “perfila a los pandilleros” en “las bases policiales de inteligencia, centros penales y el ejército, así como la inteligencia del Estado”. Por tanto, “el 99 por ciento de los capturados” es pandillero. No proporciona detalles de este trabajo de “inteligencia”, porque son “técnicas que hay dentro de las estrategias de seguridad”, que caen “dentro de la confidencialidad”. El llamado es a confiar plenamente en Bukele. El ministro de seguridad agregó luego que están revisando “el registro de todos los […] procesados […] que el sistema de justicia penal fallido y los jueces anteriores dejaron en libertad” en los últimos diez años. Así, pues, estos funcionarios del Ejecutivo no solo han anulado las sentencias de los jueces de la última década, sino también ya han sentenciado que “los pandilleros […] capturados durante el régimen de excepción jamás van a salir”. El reducido uno por ciento, “que se supone inocente, saldría libre”, en seis meses. No hay más justicia que la de Bukele, que actúa siempre correctamente. Los familiares de los detenidos ya pueden descansar tranquilos, porque, según su carcelero, le “están entregando los medicamentos a los enfermos y […] tienen tres centros especiales de salud, destinados a los reos enfermos”. Así, pues, pueden tener plena certeza de que sus familiares están bien cuidados y seguros en las cárceles de Bukele. Los cadáveres que salen de ellas con frecuencia no deben sobresaltarlos, pues “son especulaciones” de algunos parientes y de algunas organizaciones de derechos humanos que “se están valiendo de esta situación para crear zozobra” y “desestabilizar una política de seguridad que beneficia al pueblo”, cosa que “no vamos a permitir”. La apreciación del régimen de la excepción es tan positiva que ahora lo extenderán al transporte público. A los usuarios les pide comprensión por las “pequeñas molestias” que les causarán los soldados y policías cuando les pidan identificarse y los registren para capturar a “algunos ‘rateros’ o bandas que se dedican a robar o a hurtar” en ese medio de transporte. Otra vez, las apariencias y el capricho de los soldados y policías decidirán quién es ladrón. Además, verificarán “el orden en carreteras, que los conductores de autobuses y microbuses vayan en el carril derecho […] a la velocidad adecuada, que siempre piensen que tienen que dar un mejor servicio a los usuarios”. El almirante de blanco añade por su cuenta que “vamos a acompañar desde el punto de origen al punto de trabajo y viceversa. A cualquier hora que ande circulando un vehículo de transporte”. Lo único claro es que las capturas masivas y arbitrarias se extienden de los vecindarios populares a los usuarios del transporte público (por lo general, la población de menores ingresos). Los ladrones de altos vuelos pueden continuar en el afán sin contrariedades. Lo demás son palabras fatuas. El régimen no posee personal ni capacidad para garantizar un transporte público seguro. Sus promesas son tan vagas que no ha determinado cuál es “la velocidad adecuada”. Mucho ha tardado en hablar de ordenar un transporte público caótico y corrupto. Pero es un hablar por hablar. Lo único en firme es la represión de los usuarios. Es así como Bukele anuncia convencido que “la población honrada, […] por primera vez en décadas, puede sentir lo que significa vivir verdaderamente en paz”. Palabras necias. No se puede vivir “verdaderamente en paz” en medio de una guerra —“de gran magnitud”, especifica el vicepresidente—, aun cuando la vayan ganando. Si esa paz es real, el despliegue de decenas de miles de soldados y policías y la excepción permanente, ampliada al transporte público, son innecesarios. ¿Qué paz pueden experimentar los sobrevivientes de las masacres que aguardan justicia y los familiares de los desaparecidos? La paz de Bukele es un privilegio de “la población honrada”, aquella que reside en colonias y pasajes de ingresos altos, y no usa el transporte público. La inmensa mayoría no vive en paz, porque es corrupta e indeseable. La paz de Bukele es clasista. Gozan de paz aquellos que han renunciado a pensar para que él piense, sienta y actúe por ellos. Viven en paz aquellos que han renunciado a su libertad y sus derechos ciudadanos con la expectativa de encontrar una vida superior. La paz de Bukele es la paz de la irracionalidad y la opresión, de la injusticia y las cárceles, de los corruptos y los serviles. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Esta administración ha dejado claro que no es devota de la transparencia ni de la publicación de información oficiosa. Pese al imperativo legal que obliga a todas las instituciones del Estado a producir, sistematizar y publicar información de su actividad, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha demostrado que no es su prioridad informar a la ciudadanía ni brindar insumos para evaluar objetivamente las políticas públicas que implementa. Las acciones para socavar la independencia y labor del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como la solicitud de disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc) (presentada el 26 de julio por el Gobierno a la Asamblea Legislativa y aprobada por los diputados el 9 de agosto) dan cuenta de ello. La Digestyc es una de las entidades públicas más antiguas del país. Si bien ostenta su actual nombre desde 1955, en realidad nació en 1881 como Oficina Central de Estadística. Por más de 140 años esta entidad ha sido la principal responsable de la generación de información estadística del país. En 1882 realizó el primer censo general de población; sus archivos son el principal acervo de la evolución de la población salvadoreña en un siglo. Solo basta con leer la cronología histórica de esta entidad para comprender su importancia. Es cierto que las estadísticas del país necesitan perfeccionarse, robustecerse y actualizarse, pero la apuesta siempre fue brindarle a la Digestyc autonomía financiera y administrativa para transformarla en una entidad autónoma. Se buscaba que la Digestyc dejara de estar suscrita al Ministerio de Economía con el propósito de aislar las estadísticas de país de los caprichos y potenciales manipulaciones de los Gobiernos de turno. Por casi un lustro se discutieron potenciales proyectos de ley para que El Salvador emulara alguno de los esquemas de instituciones estadísticas robustas, como los institutos nacionales de estadística de México o Chile. Sin embargo, la decisión de este Gobierno no es fortalecer, sino desmantelar; es un error técnico trasladar las funciones de la Digestyc al Banco Central de Reserva (BCR). Esta decisión política solo hará más difícil para El Salvador avanzar hacia la consolidación de un verdadero sistema nacional de estadística. Esta administración está levantando obstáculos cada vez más complejos para la actividad académica e investigativa, y para el diseño de políticas públicas sustentadas en evidencias. La supresión de la Digestyc pone en riesgo la posibilidad de realizar estudios comparativos sobre distintos indicadores de país a lo largo del tiempo. Es válido cuestionarse si el BCR será capaz de conservar el rigor metodológico necesario para la recolección y procesamiento de indicadores como el índice del precio al consumidor (IPC), el índice de precios al productor (IPP) y la evolución de la canasta básica alimentaria urbana y rural. Es difícil anticipar si el Banco será capaz de dar seguimiento a una de las principales herramientas estadísticas nacionales: la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, cuya producción implica recolectar datos de miles de hogares salvadoreños. La decisión del Ejecutivo de disolver la Digestyc profundiza el abismo de tinieblas al que se está empujando a El Salvador. La Real Academia Española define “oscurantismo” como la defensa de ideas o actitudes irracionales. Definitivamente, el traslado de las funciones de la Digestyc al BCR es irracional; no hay justificación técnica que pueda sustentar esta decisión. Por otro lado, el diccionario Merriam-Webster define “oscurantismo” como una política de ocultar el conocimiento al público en general. Ciertamente, las acciones que ha tomado la administración Bukele en sus tres años de gestión son muestra de que una de sus políticas públicas reales es el oscurantismo. Sistemática y deliberadamente ha realizado acciones concretas para privar a la sociedad salvadoreña de la difusión del conocimiento, especialmente de aquel basado en información oficial del Estado. Con la desintegración de la Digestyc, lo único que queda es dar seguimiento al destino del acervo histórico de la entidad y vigilar que los procesos metodológicos se conserven. Y salta la duda sobre con base a qué datos la administración Bukele tomará decisiones en materia de salud, educación y economía. El panorama apunta a que el único criterio que orientará las decisiones del Ejecutivo será su obsesión por la popularidad presidencial. * Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop).

Lavar la ropa y los platos, cepillarse los dientes y tomar una ducha para iniciar el día son actividades en las que el elemento indispensable es el agua. ¿Qué pasaría si un día despertáramos y no contáramos con el suministro del líquido? Probablemente echaríamos mano de nuestras reservas y el día transcurriría con total normalidad. Pero ¿qué sucedería si dicha situación se presentará al día siguiente y al siguiente, y así hasta alcanzar 60 o más días sin agua? Este tétrico escenario es lo que actualmente está sucediendo en Nuevo León, México; un escenario catalogado por las autoridades locales como “la peor crisis hídrica vivida en las últimas décadas”. Una de las ciudades más afectadas es Monterrey. La crisis hídrica no hace distinción económica y ha afectado tanto a localidades populares como a zonas ricas como el municipio de San Pedro, catalogado como uno de los más exclusivos de Latinoamérica. Por supuesto, los efectos de dicha crisis han sido más sensibles en los sectores más empobrecidos de la población. De acuerdo con una nota periodística del diario El País, Monterrey es la segunda área metropolitana más grande de México; allí habitan alrededor de 5.3 millones de personas, casi la población total de El Salvador. El 40% de esta ciudad se abastece del agua almacenada en las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (Conagua) de México, cuentan con un porcentaje de llenado del 1% y 9%, respectivamente, lo que en palabras sencillas significa que hay una severa escasez de agua. Las autoridades de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (institución pública descentralizada) han tomado una serie de medidas desde el inicio de la crisis, hace un par de años atrás: ajustes tarifarios, imposición de cánones de tratamiento, multas por desperdicio, racionamiento, entre otras. Ninguna de ellas ha sido efectiva debido a dos elementos fundamentales: el primero, no hay agua; y el segundo, la falta de conciencia de los usuarios, quienes, hasta antes del racionamiento, utilizaban indiscriminadamente el agua para fines recreativos, cuidado de jardines y para actividades tan superfluas como lavar autos. A pesar de que en México la institucionalidad del agua es, por mucho, más robusta que en El Salvador, pues cuenta con una ley de aguas que data de 1992 y un organismo regulador, el Conagua (1989), encargado de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos nacionales, no ha podido escapar a la triste realidad de la falta de agua. Ya sea por falta de planificación, aspectos relacionados a la corrupción o el deterioro ambiental, la situación ha generado serios impactos negativos a nivel económico y social. Si bien a la fecha El Salvador no enfrenta una crisis hídrica tan grave como la que ocurre en México, presenta una serie de factores de riesgo (deforestación, falta de planificación territorial con enfoque de cuenca y pérdida de calidad del agua) que más temprano que tarde nos podrían llevar a enfrentar una situación similar o peor. Con un agravante: en nuestro país no existe un ente regulador en materia de recursos hídricos que priorice el uso del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, con todas las facultades de ley necesarias para hacerlo. Lo que actualmente ocurre en México debe de ser un espejo en el que debemos mirarnos con un espíritu reflexivo y orientado a un cambio de paradigmas en materia de regulación hídrica. Debemos, desde ahora, fomentar iniciativas encaminadas a la restauración de las cuencas hidrográficas, la mejora de la calidad de las aguas superficiales y el fomento de la seguridad hídrica. En este último punto, es indispensable que el consenso político nos lleve a reconocer plenamente el derecho humano al agua, puesto que de no hacerlo pronto, nuestra población más vulnerable será —como siempre— la más afectada ante los embates del cambio climático. * Luis Sierra, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. La destrucción de la estatua de tamaño natural del fundador de Arena, ordenada por el presidente, no ha suscitado ninguna reacción entre su militancia. En uno de sus arranques típicos, Bukele anunció que fundiría la estatua para convertirla en tapaderas de alcantarilla. ¿Quién habría imaginado hace tan solo unos años que semejante afrenta al mayor quedaría sin respuesta? El agobio de la deuda electoral y del embargo de las propiedades no explica la indiferencia de Arena. En sus tiempos de esplendor, por mucho menos, su dirigencia y sus frentes agropecuarios, femeninos y anticomunistas, indignados e iracundos, insultaron, dinamitaron y soltaron a sus escuadrones de la muerte. La apropiación del “Patria sí, comunismo no” ensoberbeció a Arena, que asumió como deber patriótico eliminar a la oposición: “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”. Hoy, nadie ha levantado la voz ni el puño cerrado para defender al fundador del partido. El veredicto presidencial que manda destruir la estatua del mayor recuerda la historia de otra estatua, recogida en el libro de Daniel. Nabucodonosor, rey del extenso y poderoso imperio babilónico, tuvo un sueño perturbador, que solo Daniel pudo interpretar. El rey soñó con una estatua enorme y radiante, cuya cabeza era de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas y los pies de hierro mezclado con barro. La estatua refulgía y la combinación de metales la hacía parecer invencible. De repente, sin intervención humana, una piedra se desprendió y golpeó los pies de la estatua, que se desplomó al suelo, sin dejar rastro. El mensaje es claro: muchos se levantan desde el anonimato y alcanzan el poder y la gloria, pero luego caen sin dejar señales de su paso. “Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes” (St 4,6). El soberbio anhela dejar huella para la posteridad. Ansía que lo recuerden como el gran benefactor. En ese afán, hace girar el quehacer a su alrededor y promueve el culto a su figura. Sus obras no buscan aliviar necesidades y sufrimientos, sino la admiración y la alabanza. Mas no sabe que esa actuación pone en grave peligro aquello que más desea: ser recordado y apreciado. En el momento menos insospechado, la piedra se desprende y el monumento se desploma sin dejar rastro. Si en lugar de centrarse en sí mismo se consagrara a liberar a las mayorías de su miseria, entonces sería grande. Mons. Romero y los mártires de la Iglesia salvadoreña fueron asesinados por los escuadrones de la muerte del Ejército y de la oligarquía para borrarlos de la faz de la tierra. Pero, en vez de pasar, se han erigido en referentes de la verdad, de la justicia y del amor al pueblo. El orgullo pierde al soberbio. Está tan seguro de sí mismo que no atiende a razones. Impone su voluntad como ley universal. La arrogancia lo ciega de tal manera que, más pronto que tarde, cae víctima de la insensatez. Entonces, se derrumba como la estatua del sueño de Nabucodonosor, cuyo hijo vio aterrorizado cómo, en medio de un gran festín, una mano misteriosa escribió en la pared: “Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite”. Asimismo, la estatua del mayor, que se creía poderosa, ha sido sentenciada. El culto de sus fieles no ha bastado para librarla de la caída estrepitosa. Los Bukele y su círculo no se comportan de modo diferente que el mayor y sus seguidores de Arena. Están convencidos de estar en posesión de la verdad y del futuro, lo cual los habilitaría para imponer sus deseos. Cabe, sin embargo, apuntar una diferencia. Mientras el mayor decía defender al país del comunismo internacional, los Bukele dicen que como “la tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo” (GN 1,2), han decidido crearla de nuevo. Algo nunca visto. No habría habido nadie como ellos, ni lo habrá, pues piensan haber llegado para quedarse, al igual que el mayor y los suyos. La gran debilidad del soberbio es la prepotencia y el autoritarismo, que lo ciegan de tal manera que no tiene capacidad para rectificar. Camina en la oscuridad, enceguecido por un poder que, por su naturaleza, es pasajero. Se siente poderoso y eterno. El mayor y sus seguidores más furibundos nunca pensaron que pasarían y caerían en el olvido. Sus discursos rabiosos y amenazadores se los llevó el viento. De sus obras y de las de sus seguidores no quedan más que calamidades, incluido el régimen de los Bukele. La vanidad suele pasar relativamente pronto. Aun cuando la estatua del mayor no acabara en el horno, como tampoco la escultura monumental del parque escultórico dedicado a la reconciliación, también condenada a la fundición, el régimen de Buele pasará. Cuestión abierta es cuánta destrucción dejará a su paso.

Hablar del general Maximiliano Hernández Martínez es hablar de la dictadura que controló el Estado salvadoreño entre 1931 y 1944. El más infame recuerdo que tenemos del general Martínez es el decreto con el que autorizó las masacre de miles de campesinos indígenas quienes, por una disputa de propiedad sobre la tierras y por un sentido de reivindicación de la degradación brutal de sus condiciones de vida durante los años más agudos de la Gran Depresión, se alzaron contra el régimen en un truncado proyecto revolucionario en enero de 1932. A partir de las movilizaciones sociales, calificadas como comunistas, que surgieron en los tiempos en que arreciaba el hambre y mientras los precios se desplomaban a raíz de un sistema monetario confiado a tres bancos privados que controlaban el financiamiento de la cosecha de café y el negocio de su exportación, el gobierno decretó un Estado de Excepción para combatir al enemigo interno. Esa y otras experiencias históricas han demostrado que la declaración de un Estado de Excepción no es un obstáculo para que las masas se manifiesten contra la opresión experimentada en los días aciagos. Sobre la matanza de 1932 hay diversas interpretaciones. Una de ellas afirma que lo que se entendía por comunismo no era más que la lucha y el anhelo por la justicia social de los campesinos oprimidos que estaban siendo fuertemente perseguidos por el régimen. Aunque si bien estos campesinos participaron en el Partido Comunista de El Salvador a cargo de Farabundo Martí y en la labor organizativa del Socorro Rojo Internacional de los sindicatos en las haciendas, la tensión económica y sociopolítica vivida en esa oscura crisis se vio desde una óptica maniqueísta entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. El comunismo se asemejaba más a lo que planteó el propio Marx en el Manifiesto Comunista: un espectro al que se dirigen las fuerzas autoritarias que tratan de acallar el legítimo clamor por el sufrimiento en este cielo y en esta tierra. De ese modo, a pesar de la persecución inquisidora, las demandas reivindicativas crecieron en la medida en que las huelgas de trabajadores ocasionadas por la anulación de los salarios en las fincas paralizaron las labores al interior de las mismas. Con ello, comenzaron a desatarse masacres contra trabajadores del campo. De igual forma, el fraude que sufrió el Partido Comunista en las elecciones a alcaldes que se celebraron a inicios de 1932 implicó el cataclismo con el que la estabilidad social se salió de control y el propio general Martínez promulgó un decreto en el que autorizaba a todo propietario a defender, hasta con el asesinato, a cualquier transgresor de la propiedad privada. La experiencia ha sido sin duda traumática. El comunismo como imaginario fue proscrito y el país se sumió en una larga dictadura donde hasta la libertad de pensamiento se consideró como delito. Lo más complicado era cómo hacer viable un proyecto de país para salir de una crisis que alcanzó semejante paroxismo. En el momento en que se organizaron las matanzas, el Gobierno incautó el oro de los bancos de emisión y emitió un decreto para no pagar la deuda externa. El gobierno de Estados Unidos no reconoció al general Martínez como presidente y se extendió una inestabilidad cambiaria producto del colapso financiero al que se había llegado. El general Martínez era hombre de armas, pero en lo que respecta a asuntos relacionados con la macroeconomía era nulo. Al menos, Martínez tuvo la prudencia de buscar a los expertos más sobresalientes del país en el tema financiero y fiscal. El recorte fiscal que se hizo durante su período fue brutal y se enfrentó de tú a tú con el capital salvadoreño que le exigía la estabilización de la política monetaria y la creación de una nueva fuente saneada de financiamiento, lo que llegaría a ser el Banco Hipotecario. Así pues, a pesar de la severidad de sus acciones, el general Martínez tuvo el tino para atender los llamados del grupo de intelectuales que estaban completamente consternados por el rumbo del país. Así, en 1933, solicitó de favor al Banco de Inglaterra para que enviara a un delegado, Joseph Powell, a que diagnosticara el problema monetario del país y diseñara un plan para organizar un Banco Central de Reserva, realizara una reforma en la institucionalidad bancaria y finalmente se pudiera tener una política monetaria soberana. El Banco Central de Reserva se creó en 1934 y, junto con la devaluación del dólar, permitió incrementar el precio de las exportaciones y hacer frente a la crecida deuda que se había dejado de pagar. No fue hasta que el general Martínez se comprometió a reanudar los pagos de la deuda exterior que el gobierno de los Estados Unidos lo reconoció oficialmente. La historia se repite dos veces: la primera como tragedia y la otra como farsa, decía Marx. Dicho lo anterior, y en comparación con la coyuntura actual, el presidente Bukele se ha aferrado a un régimen de excepción con la promesa de que ganará la guerra contra

El régimen insiste cansinamente en atribuir sus tropiezos a los “poderes fácticos”, a sus “financistas” y a los partidos de la guerra, Arena y el FMLN. La trilogía se ha convertido en una especie de mantra, que explicaría las tribulaciones de Bukele. Parece abarcarlo todo, pero, en la práctica, carece de contenido. A juzgar por su intenso bombardeo, la identificación y la neutralización de esos “poderes fácticos” es imperiosa. Pero eso no ha ocurrido, pese a su perversidad y su nocividad. Por consiguiente, su actividad destructiva continúa imparable. ¿Tolerancia, negligencia o incompetencia? Las decenas de miles de detenidos no han alcanzado a esos poderes, que aún gozan de libertad. Poco uso ha dado el ministro de defensa a la tecnología recién adquirida, con la cual librará “lo mejor de la guerra contra las pandillas”, pero no contra “los poderes fácticos”, que gozan de buena salud. La contradicción solo tiene sentido si estos son una simple creación de la retórica presidencial. La construcción es muy útil, porque excusa la incompetencia gubernamental. Si esos poderes no operaran, la prosperidad sería realidad. Ellos impiden a Bukele cumplir sus promesas. Sin embargo, en la medida en que la retórica oficial les atribuye una fuerza y una maldad muy superiores a las de este, lo disminuye, debilitado por la impotencia y la torpeza. “Los financistas”, también desconocidos y tenebrosos, hacen posible la operatividad de esos poderes. Ahora bien, si saben, tal como aseguran desde el gabinete de seguridad, de dónde proviene el financiamiento, ¿por qué no lo han cortado? ¿Por qué no han perseguido a los financistas por traición al pueblo, tal como los acusa el vicepresidente? Si los conocen y no actúan, ellos también son cómplices. Si no los conocen, mienten y han dejado al régimen a merced de sus enemigos más feroces. Un adversario fuerte, oscuro y funesto esconde creíblemente la incompetencia. Uno de los miembros del gabinete de seguridad lo ha expresado con sorprendente claridad, al desechar las crecientes denuncias de las detenciones arbitrarias. “Quieren seguir generando el cuento que hay capturas arbitrarias. Sabemos de dónde viene el financiamiento. Pero nos debemos a la población. No tenemos tiempo para poner atención a los opositores”. Además de contradecir al vicepresidente, que sí acepta esa clase de detenciones, el funcionario admite que no tienen tiempo para identificar y neutralizar a la fuente de financiamiento de “los poderes fácticos”. Dicho de otra manera, se ensañan con las pandillas y sus familiares, y dejan en la impunidad al poder que supuestamente entorpece el desarrollo de sus planes. Si Arena y el FMLN aún retienen capacidad operativa como para desestabilizar al régimen de Bukele, también pueden disputarle el poder en las próximas elecciones. En realidad, los dos están agotados, pero son muy necesarios para cargar sobre ellos la responsabilidad de los desatinos gubernamentales. Gobernaron tan mal, robaron tanto y fueron tan libertinos y corruptos que, ahora, Bukele a duras penas puede enderezar el país. Sin embargo, no hay que confundir a estos partidos con “los poderes fácticos” y sus financistas. No tienen fuerza ni dinero. Están tan debilitados que ni siquiera han explotado el potencial que Bukele les atribuye para hacer una oposición eficaz. Su contribución es de otro tipo. Su simple mención provoca el rechazo visceral de los seguidores de Bukele. Y eso es suficiente para librarlo de todo mal. Este es el verdadero “cuento”. Bukele necesita el cuento y vive del cuento, hasta ahora bastante cómodamente. Ha fabulado un enemigo poderoso, temible y creíble, al cual le atribuye los desaciertos, las torpezas y la incapacidad de su gestión. Incluso el alcance de la excepción, su última gran ocurrencia, después del plan de control territorial, se queda corta por culpa de ese enemigo. Al menos eso dicen los ministros del gabinete de seguridad. El almirante da por hecho que “lo que estamos haciendo ha dado resultados enormes”, pero al mismo tiempo ha observado que “estos delincuentes se están enfrentado militarmente a las autoridades”. En conclusión, en sus planes no figura poner fin a la excepción, porque “propiciaría un retroceso de los avances y permitiría la reorganización de los terroristas”. Entonces, las posiciones militares conquistadas no están todavía aseguradas ni los avances son tan significativos. Calificar las escaramuzas como enfrentamientos es incorrecto. Quizás al almirante se le escapan los detalles del ejército de tierra. Si fueran enfrentamientos, las bajas de ambos lados serían mucho más elevadas. No pueden esperar otra cosa en la “guerra de gran magnitud” del vicepresidente. La excepción es parte del “cuento”. Esconde la ausencia de inteligencia e investigación policial y de acción fiscal; la opción militar y la carencia de políticas de bienestar social. El desafío no es militar, sino social, aunque con una brutal componente violenta. El régimen no ha encontrado mejor respue

Los verdaderos sistemas democráticos se caracterizan por el pleno respeto a los derechos humanos y por proveer a toda la población de los bienes y servicios necesarios para una vida digna. La democracia es mucho más que el derecho al voto; según el politólogo francés Georges Couffignal, es una cultura que implica la aceptación del pluralismo de ideas y opiniones, el ejercicio de la libertad y el respeto a la diversidad. En una cultura democrática, la alternabilidad se da por sentada: la gestión del Estado pasa a otras manos si así lo decide la población. En la democracia no se utiliza la violencia ni para acceder al poder, ni para mantenerse en él; y se exige las libertades de expresión y de información como elementos fundamentales. Por más de 80 años, El Salvador vivió bajo dictaduras militares auspiciadas y controladas por la oligarquía de la época; no se reconocía ningún derecho ciudadano y se ejercía un férreo control sobre las mayorías populares, las cuales vivían en condiciones de extrema pobreza. En ese contexto, la democracia se convirtió en un gran anhelo para acabar con los abusos del poder y las violaciones a los derechos humanos, y resolver los problemas de pobreza, educación y salud, para la mejora significativa de las condiciones de vida de la población. Luego del fin de la guerra, a causa de la falta de una cultura democrática y de un verdadero interés en el bienestar de las mayorías, los líderes políticos salvadoreños entendieron la democracia únicamente como el ejercicio del voto y dejaron de lado los derechos sociales y económicos de la población. Y así nació la decepción con la democracia; una decepción que se fue profundizando con cada elección, hasta llegar al abismo en el que nos encontramos. Hoy, el voto premia a personas y grupos de clara tendencia autoritaria y antidemocrática. Esta es la realidad actual de El Salvador. En este contexto, es fundamental recordar que la libertad de prensa y el acceso a la información pública son dos derechos fundamentales en todo sistema democrático, necesarios para que los ciudadanos reciban una información objetiva y veraz. El acceso a la información pública le permite a la ciudadanía exigir la rendición de cuentas del Estado sobre diferentes temas de interés nacional, como el uso de fondos, la gestión de las políticas públicas y las actuaciones de los funcionarios. Un reciente informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA evidencia el grave deterioro de los derechos de acceso a la información pública y de la libertad de prensa. Ambos derechos son obstáculos para el proyecto oficialista de poder y control absoluto, y por eso busca anularlos. En esto, como en otras cosas, el régimen de Bukele se acerca cada vez más a la forma de gobierno de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su única novedad es hacerlo con un celular en la mano.

Winston Churchill dijo “esfuérzate por mantener las apariencias que el mundo te abrirá crédito para todo lo demás”, frase que calza al pelo con lo que aparentemente pretende hacer el Gobierno de El Salvador, según algunos economistas, al anunciar la compra anticipada de deuda en bonos por vencer en 2023 y 2025. Al respecto, el presidente de la República afirmó: "El Salvador tiene suficiente liquidez, no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025), por adelantado", lo que contradice las versiones que auguran que el país entrará en default por falta de capacidad para honrar sus compromisos. Sin embargo, el dato objetivo es que el riesgo de que el país caiga en impago ha aumentado. En mayo, Moody´s ubicó a El Salvador como el peor calificado de Centroamérica con una nota de Caa3. Por su parte, el 1 de junio pasado, la agencia Standard and Poor´s bajó la calificación crediticia del país de B- a CCC+ que es una de las peores calificaciones de crédito que pueda tener un país ya que indica que hay una alta probabilidad de que no pueda pagar sus deudas. En términos similares ha calificado al país Fitch Ratings. La intención del Gobierno de comprar la propia deuda del país a precio de mercado puede ser buena, pero esto dependerá de que quienes tengan los bonos los quieran vender. Los pagaderos para 2023, por la situación que atravesamos, solo valen en el mercado el 73.79% del precio al que fueron vendidos y los que vencen en el 2025 se cotizaban hasta el martes de esta semana solo al 34.72% de su valor original. Es decir, la compra de los bonos por parte del Gobierno a precios menores de los que se vendieron, depende de quienes los tienen. La decisión está abierta. Quienes teman que el país vaya a peor y que los precios de los bonos puedan caer todavía más, podrían animarse a venderlos, mientras los que no quieran perder sus inversiones probablemente esperen su vencimiento. En cualquier caso, El Salvador quedará como un país que vende bonos a un precio, prometiendo ganancias a quienes los compren, mientras compra los mismos bonos a una fracción del precio al que los vendió. Así, la precaria administración económica quedará en evidencia, lo que no le hará ningún favor a la ya deteriorada imagen que proyecta el país. De acuerdo a los especialistas en el tema, el país estaría incumpliendo una promesa más, esta vez con quienes le han ayudado a conseguir recursos. Aparte de esto, objetivamente hablando, si el Gobierno piensa recurrir a $200 millones de un préstamo y a más de $300 millones de reservas internacionales bajo custodia del Banco Central de Reserva para comprar sus propios bonos, el monto obtenido no le alcanzaría para comprar ni siquiera los bonos del 2023 que suman alrededor de $800 millones. Es decir, el Gobierno adquiere deuda para pagar otra deuda pero todavía no le alcanza. También es objetivo que, hasta la fecha, al Gobierno todavía le falta desembolsar fondos para la Universidad de El Salvador y que ni los montos de lo que sobrevivió del Fodes se transfieren puntualmente a las municipalidades. Un informe de la Gestión Financiera del Estado 2021, conocido el pasado 4 de abril, indicaba que el saldo de los acreedores financieros era de $1,827.4 millones, equivalentes al 9.4% de los pasivos totales del Gobierno central. Si en realidad hay tanta abundancia, como dice el presidente, ¿Por qué suceden estos atrasos? En realidad, de acuerdo a los entendidos, la intención de la maniobra del Gobierno es aparentar capacidad sobrada de pago para que le disminuyan el riesgo de impago al país y así abrir puertas para el financiamiento. Pero, en realidad, la movida refleja el grado de desesperación en el que ha caído el régimen. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 98.

En los últimos días, los medios de comunicación y las redes sociales han hecho eco de los llamados a la reelección presidencial realizados por diputados de la bancada de Nuevas Ideas. Con el paso del tiempo, cada vez hay más señales de que el presidente Bukele buscará la reelección en 2024, aunque ello implique una clara violación a la Constitución de la República. Pero mientras este tema comienza a posicionarse nuevamente en la agenda mediática y electoral, la situación del país y, en específico, la vida de la población salvadoreña continúa experimentando un acelerado deterioro. Para ejemplificar lo anterior, haremos alusión a algunas graves problemáticas que han sido deliberadamente ignoradas o tergiversadas por el Gobierno y su maquinaria propagandística. El pasado 12 de julio entró en vigencia la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre de 2021. De acuerdo con distintas organizaciones sociales, académicas y comunitarias, esta ley no cumple con los parámetros que garantizarían el derecho humano al agua para la población salvadoreña. Por el contrario, esta ley autoriza explotaciones hasta por 15 años renovables automáticamente para el uso y aprovechamiento del agua con fines industriales, comerciales, agropecuarios, etc. Desde la aprobación de la ley, las distintas organizaciones sociales y comunitarias que promovieron durante más de una década una ley de aguas con enfoque de derechos humanos demandaron al Ejecutivo la creación del reglamento y de mecanismos que pudieran solventar los vacíos e irregularidades que contiene la Ley General de Recursos Hídricos. Pese a estas demandas, la ley entró en vigencia sin que la población conozca el reglamento de la ley, su presupuesto y, mucho menos, las autoridades que conformarán la institucionalidad creada para la gestión de los bienes hídricos del país. Desconocer los aspectos anteriormente mencionados no es un detalle menor. En reiteradas ocasiones, el Gobierno salvadoreño ha demostrado poco compromiso con la preservación de los bienes naturales y, con ello, ha puesto en peligro el abastecimiento de agua para la población, por lo que es urgente que se involucre a la ciudadanía en la gestión de los bienes hídricos del país. En relación con lo anterior, las lluvias de las últimas semanas han puesto en evidencia nuevamente la alta vulnerabilidad del territorio salvadoreño. Otra vez también hemos visto que las familias más pobres siempre son las que se llevan la peor parte de la tragedia. Sin embargo, tras tres años en el poder, lo que ha quedado a la vista es que el Ejecutivo no ha sido capaz de desarrollar e implementar una política de prevención y gestión de desastres ni tampoco ha sido capaz de implementar un Sistema Nacional de Protección Civil eficiente que involucre e integre a las comunidades. Por el contrario, los avances que se habían alcanzado en esta materia fueron desmantelados por la actual administración y esto ha ocasionado la pérdida de vidas humanas y ha tenido grandes costos ambientales, económicos y sociales. Finalmente, tras tres meses y medio de la implementación del régimen de excepción y luego de la captura de alrededor de 44 mil personas, los fallecidos en los centros penales (es decir, bajo custodia y responsabilidad del Estado) se pueden contar por decenas. De acuerdo con datos de organizaciones de Derechos Humanos retomados por algunos medios de comunicación, hasta el 4 de julio, se registraban al menos 59 muertes al interior de las cárceles. A su vez, cientos de personas permanecen detenidas de manera arbitraria pues las autoridades no han podido comprobar que tienen vínculos con pandillas. Todo esto ocurre ante la mirada pasiva de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la institución que, por mandato constitucional, está obligada a verificar e investigar de manera independiente todos estos casos de graves violaciones a los derechos humanos. Lastimosamente, en las últimas semanas también ha quedado claro que la PDDH no solo es un actor pasivo y poco beligerante en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, sino que es una institución que se ha prestado de manera activa a legitimar el discurso gubernamental que sostiene que al interior de los cárceles no ocurre nada de lo que haya que preocuparse, aunque hasta el Instituto de Medicina Legal reconozca que un privado de libertad fue asfixiado por custodios al interior del Centro Penal La Esperanza. En suma, el panorama no es alentador para el sostenimiento de la vida de la mayoría de la población. Ante la gravedad de la crisis que enfrentamos, es urgente que el Gobierno y otras instituciones estatales se ocupen de estas problemáticas por medio de políticas y programas que permitan la participación y el involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Tristemente, a estas alturas, parece que eso es ya mucho pedir. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 96.

Por Rodolfo Cardenal, S.J. En la agenda de la legislatura no figura la reforma de la Constitución, pero el vicepresidente lanzó una campaña para difundir el nuevo texto con la ayuda de algunas universidades y de fondos estadounidenses. Si la reforma no figura en la agenda legislativa es porque a Bukele no le interesa, al menos por ahora. Si no cambia de opinión, lo cual puede ocurrir intempestivamente, el vicepresidente trabaja en vano. De todas maneras, tanto la Constitución actual como una nueva son irrelevantes. El régimen no se rige por ella, sino por los caprichos presidenciales. El mismo vicepresidente, el padre de la criatura, no es un ejemplo de observancia constitucional. En el mismo acto donde presentó la campaña de difusión de la reforma, sacó a relucir su pensamiento anticonstitucional y antidemocrático. Este funcionario, como todos los de su especie, es un manojo de contradicciones y de superficialidades. El “reformador” justificó la que dio en llamar “guerra de gran magnitud” por sus fines; “el bien supremo […] la vida, la propiedad y el trabajo del pueblo honrado”. La violación sistemática y masiva de los derechos humanos le tiene sin cuidado, aunque no la ignora. Simplemente la relativiza como “fallas” y “errores, que pudieran haberse cometido”. En definitiva, “el balance es altamente positivo”. En pocas palabras, el fin justifica los medios y “las víctimas inocentes” de la excepción y sus familiares, a quienes también desestima como “daños colaterales”, tienen razones para sentirse orgullosas, pues con su sacrificio y sus sufrimientos contribuyen al éxito de Bukele. El buen jurista sabe que las opiniones del vicepresidente están reñidas con el derecho constitucional. La guerra está sujeta al derecho internacional humanitario, que limita los efectos del conflicto armado. Ni el fin justifica los medios, ni la proporcionalidad es aplicable. Pero el estado de excepción no es una guerra, sino simple represión estatal. El régimen no tiene otro recurso para controlar la criminalidad interna que la violencia y el terror, pese a que el fenómeno de las pandillas tiene un componente social determinante. Si Bukele y su gabinete de seguridad tuvieran como prioridad la vida y el trabajo honrado, otras serían sus políticas. La vida y el trabajo no se promueven reprimiendo indiscriminadamente. En esto, el régimen no es diferente del orden impuesto por las pandillas en sus territorios. No satisfecho con estas ocurrencias, el vicepresidente citó a san Ignacio de Loyola para declarar traidores a los defensores de los derechos humanos y a la prensa independiente. El “reformador” hace decir al santo que “en una ciudad sitiada, cualquier disidencia es traición” para condenar a los disidentes del régimen, que “están haciendo el juego al crimen organizado, a las pandillas y es una actitud de traición al pueblo”. Pero la frase no es de Ignacio de Loyola, sino de Fidel Castro. Aunque la voz “disidencia” es posterior al siglo XVI, su uso aquí es muy pertinente, porque el régimen castrista, al igual que el de los Bukele, no tolera a los disidentes. Bukele reclama la sumisión incondicional. No hay más ideas que las suyas y todo lo suyo es indiscutiblemente beneficioso para el país, incluidas las víctimas de sus desvaríos. En otro giro sorprendente, el vicepresidente acudió a Naciones Unidas a solicitar una misión para “estudiar y sistematizar” el plan de control territorial y para verificar “el estado situacional de esta […] guerra de gran magnitud”. La petición es atrevida. Muy desesperado debe estar el régimen para acudir a “un disidente” y a “un traidor” como Naciones Unidas en busca de legitimidad. O el vicepresidente actuó por cuenta propia, lo cual sería asombroso. Tal vez el régimen confía en que los diplomáticos actuarán con la misma indolencia que el procurador local, angustiado por la reelección. Por muy aguado que sea el informe de la misión, el régimen no obtendrá la aprobación que busca. Quizás la presión internacional es tanta y la situación interna tan apremiante, en términos de popularidad a la baja, que el régimen se dispone a moderar sus impulsos más criminales y a suavizar las condiciones de sus cárceles para obtener el reconocimiento de Naciones Unidas. Es ingenuo pensar que esta lo felicitará por el éxito de su plan de control territorial y por la ejecución del régimen de excepción. Si busca aprobación y reconocimiento, tiene que dar un golpe de timón antes de la visita de la misión. Por las dudas, “el reformador” ya le adelantó que cuentan con “el respaldo del pueblo salvadoreño”. En la Unión Europea, el vicepresidente atribuyó la responsabilidad última de los asesinatos de finales de marzo a “los poderes fácticos y a los políticos del pasado”, que buscan “desacreditar la imagen del Gobierno”. Si esos poderes fueran reales, ya habrían experimentado la brutalidad de la excepción. Los únicos que desacreditan y desprestigian al régimen son sus propios funcionarios, en sentido estricto, poderes fáctic

Proceso 21/07/2022 El martes 19 de julio de 2022, el mismo día que cientos de familiares de detenidos durante el régimen de excepción salieron a las calles para pedir su liberación, la Asamblea Legislativa, con 67 votos de la bancada oficial y sus aliados, aprobó la cuarta prórroga del régimen vigente desde el 27 de marzo. Para los marchantes, la mayoría mujeres, sus familiares fueron capturados injustamente y el amor y el sufrimiento por ellos y ellas los hicieron salir a las calles, a algunos, según relataron, por primera vez en sus vidas. La solicitud de la prórroga la hizo el Gobierno a través de los titulares del gabinete de seguridad. El argumento es el mismo de hace casi 4 meses: seguir capturando a pandilleros. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, que recientemente engrosó la retahíla de funcionarios en la Lista Engel, solicitó dispensa de trámite para que la iniciativa ingresara en la agenda y la aprobaran de manera exprés, sin pasar por el estudio de la Comisión respectiva. En la petición, los funcionarios detallaron que después de 100 días de Estado de Excepción han capturado a más de 46 mil personas, se han decomisado más de mil armas de fuego, se incautaron más de 1,300 vehículos, decomisado más de 1 millón de dólares en efectivo y casi 50 mil porciones de droga. A los funcionarios y a los diputados que dieron sus votos para la prórroga se les olvidó decir que la mayoría de los y las detenidas viven en el umbral de la pobreza y en zonas de alta vulnerabilidad económica y social, por lo que no tienen acceso a una defensa legal y son víctimas de la arbitrariedad y el sometimiento de los jueces a los deseos del Ejecutivo. Mucho menos reconocieron que, según las estadísticas, más de la mitad de los detenidos son menores de 30 años, lo que refleja una persecución contra la población joven y pobre. Tampoco mencionaron ellos –sí lo hicieron legisladores de la oposición- a los miles de casos que han sido denunciados como detenciones injustas, arbitrarias y que algunas reúnen las características de desaparición forzada. Y por supuesto, no hicieron mención de los más de 60 asesinatos que han ocurrido en los centros penales cuando estaban ya bajo la tutela del Estado. Para los funcionarios del Gobierno estos son solo daños colaterales, como lo resumió el mismo Vicepresidente de la República, y como también han afirmado algunos académicos que han dejado a un lado la razón y la dignidad. Ciertamente el pueblo salvadoreño está harto del daño infligido por las pandillas y de estar esclavizados en sus propias colonias. Precisamente por eso, ha aumentado la tolerancia a medidas desesperadas que se llevan de encuentro a inocentes. En la actual administración presidida por Bukele no valen las razones ni las evidencias. Está a la vista que las medidas extraordinarias que se vuelven ordinarias, como el Estado de Excepción, abren las puertas a que se cometan graves injusticias y abusos por parte de las autoridades. Pero el gobierno extiende y extenderá el régimen de excepción porque tiene un alto respaldo social y porque el presidente no tiene otra medida exitosa de la cual agarrarse. Además, como sucedió también durante la pandemia, la medida le permite al Gobierno seguir evadiendo los procedimientos legales para el uso del dinero, la rendición de cuentas y la transparencia, ausentes en toda su administración. Es decir, el régimen de excepción, además de ser popular, se presta para la corrupción. Lo de Bukele no es nuevo como la mayoría de cosas que hace, aunque las presente como novedades históricas. En los gobiernos de Arena, una política estrella en materia de seguridad fueron los Estados de Emergencia. En las políticas de Mano Dura fueron comunes los Estados de Emergencia que se extendían indefinidamente mediante decretos legislativos o ejecutivos. Las medidas se implementaron cuando el país vivía una “emergencia” en materia de seguridad, pero se extendieron hasta convertirse en casi permanentes. Por ejemplo, la Constitución avala el uso de efectivos del Ejército en labores de seguridad pública durante situaciones extraordinarias. La historia reciente nos revela que la Fuerza Armada ha sido parte fundamental de las medidas de seguridad pública de manera ininterrumpida desde las políticas manoduristas, llegando a ser la protagonista de la seguridad pública en este gobierno de Bukele. Como se sabe, el régimen de excepción suspende los derechos de asociación, a la intimidad en las comunicaciones, el derecho a la defensa, conocer las razones de la detención y extiende el periodo de detención preventiva de 72 horas a 15 días. Desde la perspectiva de los derechos humanos, lo que la medida revela es la incapacidad gubernamental de combatir la criminalidad dentro del respeto a la legalidad y al Estado de Derecho. Y cuando cualquier medida que se implemente lleve intrínseca la violación a cualquier derecho humano, esa medida está mal planteada. * Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 97.

En general, la lógica de actuación del Gobierno de Bukele suele seguir los mismos tres pasos. En primer lugar, se selecciona una temática, actividad o instancia que genera descontento o insatisfacción entre la población. Ese descontento se exacerba para que la gente acepte cualquier medida con tal de librarse de la situación o problema. Luego, en segundo lugar, se promete crear un nuevo escenario que traerá grandes beneficios. Finalmente, el Gobierno implementa unas acciones que, pese a ser presentadas como históricas y novedosas, en realidad causan tantos o mayores problemas que lo que se pretendía superar. Bajo esta lógica se abordó el nepotismo de las administraciones anteriores. Mientras con escarnio público eran despedidos del Gobierno familiares de dirigentes del FMLN, hermanos, primos, tíos, compadres y empleados de las empresas del presidente comenzaron a ocupar cargos importantes, arrastrando a la vez a sus propios familiares. Los nuevos funcionarios no fueron nombrados por sus competencias profesionales y principios éticos, sino por su lealtad personal al mandatario. El resultado está a la vista: un gabinete incapaz de gestionar la cosa pública y que en muchas facetas supera los vicios de sus antecesores. Con esa lógica también se destituyó a magistrados, jueces y fiscales para nombrar a otros dóciles a Casa Presidencial. De ese modo, la Corte Suprema de Justicia dejó de ser la máxima administradora de la justicia del país para convertirse en ejecutora de las decisiones del Ejecutivo, sumándose a una Asamblea Legislativa convertida en simple tramitadora de las iniciativas presidenciales y una Fiscalía que persigue a opositores y protege a los miembros del oficialismo. Sobre el Tribunal Supremo Electoral se cierne ya el peligro de dejar de ser el administrador de los procesos electorales para transformarse en mero legitimador del ansia de continuidad de Bukele. El mismo libreto se siguió para suprimir el Fodes, argumentando que las municipalidades no lo usaban bien o, peor aún, lo malversaban, y crear, como una especie de sustituto, la Dirección de Obras Municipales. Esto supuso un retroceso de décadas en el camino de la descentralización. Ahora las municipalidades dependen de las decisiones de una instancia al servicio del presidente. El mandatario ha logrado que la gente pase de decir: “La alcaldía arregló esta calle”, a expresar agradecida: “Nayib mandó a repararla”. Ahora es el turno del deporte más popular del país. Ante las acciones del Indes contra la Federación Salvadoreña de Fútbol, algunos periodistas y cronistas deportivos opinan que lo único importante es que se den cambios en una estructura deportiva caracterizada por la arbitrariedad, la opacidad y la mediocridad. Sin embargo, es pura ingenuidad pensar que estos vicios serán subsanados por un Gobierno que padece de lo mismo. Lo que está pasando con el fútbol hay que contextualizarlo en la enfermiza obsesión del Ejecutivo por controlar todo el poder. Se aprovecha el descrédito de los dirigentes del futbol profesional; se prometen cambios de raíz para mejorarlo y convertirlo en exitoso. Si sucede lo ya acostumbrado, el resultado será más arbitrariedad, más opacidad y más mediocridad, pero sufragados con los impuestos de la ciudadanía.

Por José M. Tojeira, S.J. A todos los seres humanos la conciencia nos pide buscar la verdad y a decirla. Y, sin duda, en estos tiempos de propaganda, fabricación artificial de imagen, relativismo y “posverdad”, la búsqueda de la verdad, que debe ser simultáneamente personal y colectiva, se vuelve mucho más necesaria que en otras épocas. Ya hace sesenta y un años, en la Encíclica Pacem in Terris, el Papa S. Juan XXIII decía que todos estamos llamados a “establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad”. Resuenan en este mensaje las palabras de Jesús en el evangelio de Juan anunciando que “la verdad nos hará libres”. La verdad que no excluye valores humanos básicos y que invita siempre al amor y la fraternidad, al contrario de las técnicas de la posverdad que tratan de repetir consignas y afirmaciones hasta que resultan creíbles, aunque sean falsedades carentes de valores. En ese sentido la verdad nos resulta hoy más desafiante cuando escuchamos al Papa Francisco, en la “Fratelli tutti” diciéndonos que en la actualidad, y con frecuencia, “la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. En El Salvador los grandes testigos de la verdad, han sido los mártires, seguidores del Señor Jesús que de nuevo en el evangelio de Juan nos decía que “para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad”. Ellos insistieron en la necesidad de que los salvadoreños viviéramos como hermanos en un momento en el que la violencia y el odio, la injusticia y la represión, se cebaba en los más débiles. Y les tocó por ello asumir la cruz que ya el Señor había anunciado a sus discípulos cuando les decía que “el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga”. Hoy nos toca a todos los cristianos poner la verdad en la solidaridad con los que sufren, desterrar las mentiras y cambiar la polarización y las llamadas al odio. Debemos esforzarnos por entendernos, dialogar y buscar juntos ese bien común que está en la Constitución de la República, además de en la Doctrina Social de la Iglesia, y que hay que entender como “el conjunto de condiciones de la vida social que hace posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. Dicho esto por el Concilio Vaticano II hace casi sesenta años, hoy los expertos en desarrollo le dan totalmente la razón cuando dicen que el desarrollo humano pasa necesariamente por el pleno desarrollo de las capacidades humanas de cada persona y por la aportación a todos de capacidades adquiridas que son de conocimiento y propiedad común. Al final, la verdad más importante que debemos tener en cuenta los cristianos tiene una doble cara complementaria. La cara del principio básico y concreto que hay que cumplir, y el rostro de las víctimas que soportan y reclaman la privación de sus derechos . Sobre el agua, un derecho de todos, hay que tener claro el principio universal de agua accesible y sana en el hogar. Y hay que escuchar a quienes no la tienen y a quienes defienden el derecho a ella. La verdad del bien común se centra siempre en el cambio social que nos exige la fe y la caridad cuando vemos hermanos nuestros careciendo de derechos de humanidad. Nada justifica la marginación, la violencia, la venganza o el odio en sociedades que están llamadas a la fraternidad y a construir un proyecto común de colaboración y solidaridad. Cuando los Padres de la Iglesia decían que “la verdad está desnuda” se referían a Jesús crucificado. Es la verdad del amor que carga con la cruz para superar las cruces que cargan los oprimidos por el pecado y la injusticia. Como decían los obispos en Puebla, los rostros de nuestros hermanos sufrientes, víctimas de la pobreza injusta y de estructuras sociales insolidarias.

Uno de los elementos distintivos del Gobierno de Nayib Bukele es el establecimiento de nuevas narrativas respecto a situaciones y problemas sociales. Frente a la tendencia de las pasadas administraciones a dialogar con los organismos internacionales, exponer análisis y discutir con alguna racionalidad posibilidades de futuro, el Gobierno actual ha optado por el pensamiento simple. Las nuevas ideas se convierten así en eslóganes publicitarios puros. Ciertamente, el pensamiento complejo de las administraciones anteriores tenía una buena dosis de hipocresía: aunque prometían la superación de vulnerabilidades y gobernar para los pobres, no solo no respondieron a las exigencias sociales de las mayorías, sino que avalaron prácticas corruptas. El oficialismo tampoco es ejemplo de coherencia, pero su discurso simple resulta más inteligible para la gente y toca fibras emocionales largo tiempo reprimidas. En la sociedad salvadoreña, los vínculos familiares se viven con intensidad, la solidaridad frente a las catástrofes es fuerte y hay un amplio sentimiento de compasión ante el que sufre. Pero a raíz de diversas y añejas injusticias, y de aspiraciones de ascenso social frustradas, abundan los resentimientos y complejos, a lo que se suma el machismo y sus diversas violencias. Las nuevas narrativas apuntan a ese bajo mundo de sentimientos frustrados. La culpa de todo lo que pasa, afirma el oficialismo, está en el pasado, y por ello solo hay dos opciones: o el futuro presidido y dirigido por Nuevas Ideas, o el pasado de los corruptos de siempre. Las instituciones solo sirven si obedecen al que manda y se ciñen sin discusión a los lineamientos de la propaganda. El plan establecido consiste en tocar las emociones, generar odio contra todo disenso y hablar de un futuro maravilloso cuya realización depende de la reelección del presidente. De este modo se ha creado una especie de nacionalismo gubernamental, y desde ahí se llama traidor a cualquier persona o institución crítica, amenazándola incluso con confundirla con criminales y delincuentes. El ojo por ojo, la mentira desvergonzada y la estigmatización son propios de estas nuevas narrativas. La forma atinada de responder a este pensamiento simple es la coherencia personal a, y defensa de, los valores expresados en los derechos humanos. El pensamiento complejo no tiene que ser abstracto o indescifrable, pero sí proponer proyectos de realización común comprensibles para la población. Alguna gente se ha cansado de los derechos humanos debido a la manipulación gubernamental pasada y actual de los mismos. Sin embargo, los derechos humanos son la base del humanismo democrático y del desarrollo basado en la solidaridad y en la igual dignidad. La coherencia, la resistencia y la perseverancia son virtudes necesarias cuando el cinismo, la manipulación de la verdad y el culto a la apariencia se alzan como si fueran valores. Frente a quienes llaman bien al mal y mal al bien, y se imponen desde la propaganda y la fuerza, solo queda el camino de la fidelidad a la verdad de la realidad y a las necesidades de una convivencia justa y humana. Tarde o temprano, ese andar termina derrotando a quienes abusan del poder y buscan sustituir la verdad con sus mentiras.

Editorial UCA Mientras los voceros y propagandistas del régimen aseguran que han transformado el país, que hoy El Salvador es mucho mejor que hace tres años, la realidad dice otra cosa. Para mantener su espejismo, el oficialismo cuenta con sus propios medios de comunicación y realiza enormes gastos en propaganda, ha reclutado un ejército de replicadores de falsas noticias y un grupo de ilusionistas que a diario vende lo que no existe, lo que ellos llaman “la otra cara”. Ciertamente, el régimen dice la verdad cuando afirma que en sus tres años de gobierno ha transformado el país, pero miente cuando afirma que este se encamina hacia un futuro de prosperidad y bienestar. En este trienio se ha retrocedido en aspectos clave para el desarrollo nacional y el bienestar de la gente. Se ha debilitado la economía, se ha comprometido las finanzas públicas por el incremento del endeudamiento a niveles inéditos, se ha fragmentado más el tejido social atizando el odio entre hermanos y la polarización, se ha perdido la credibilidad ante la comunidad internacional, se ha destruido el Estado de derecho y se han desactivado los controles al ejercicio del poder propios de un sistema democrático. El cambio más trascendental que ha logrado el oficialismo en estos tres años es la transformación del sistema político democrático en uno autocrático. Todo el poder lo concentra ahora el presidente de la República. Él decide lo que legisla la Asamblea Legislativa y a quién juzga o libera el órgano judicial. Bukele acabó con la independencia de poderes, que es lo propio de un sistema republicano y una de las principales bases de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Además, el Ejecutivo ha extendido su poder hasta las municipalidades, al quitarles los fondos que recibían del presupuesto nacional y pasarlos a la Dirección de Obras Municipales. De ese modo, el Gobierno decide en qué obras y en qué municipios se utiliza el dinero que antes administraban las alcaldías. Hoy todo el mundo sabe que nada se hace en el país si no está ordenado o aprobado por Casa Presidencial. Con esta concentración de poder en una sola persona, la población ha quedado totalmente desprotegida, no cuenta con ningún apoyo estatal para hacer valer la ley y defender sus derechos. Fácil fue para el régimen aprobar un estado de excepción por 120 días; fácil aprobar las modificaciones legales para que sin necesidad de estado de excepción se pueda continuar violando los derechos a la presunción de inocencia y a un juicio justo. Hoy los jueces decretan prisión para cientos de personas de las que no tienen ninguna evidencia de que hayan cometido un delito; lo hacen simplemente por agradar al presidente o por temor a represalias. Cada vez más salvadoreños viven la pesadilla de ser capturados sin justificación alguna o por haber sido acusados anónima y falsamente de pertenecer a una pandilla. Ante la pérdida del Estado de derecho y la instauración de este orden perverso, las familias no tienen modo de demostrar que su pariente es honesto y trabajador, que no debe nada, y que, por tanto, debe ser puestos en libertad de inmediato. Así, la pesadilla pasa a ser colectiva, atormentando tanto a unos como a otros, y no limitándose al tiempo de detención: cuando los injustamente capturados recuperen su libertad, cargarán el estigma de haber estado presos bajo la acusación de ser pandilleros, lo que les afectará de por vida, aunque no sea verdad. De este modo, el régimen de Bukele está destruyendo la vida de miles de jóvenes y sus familias.

No solo la seguridad se encuentra a la deriva. El discurso presidencial también desvaría entre la desmemoria y la incapacidad operativa. Ocho funcionarios, seis de ellos ministros, no pudieron dar cuenta del mal estado de la infraestructura nacional. En su comparecencia, una vez rendida la pleitesía debida a su jefe, los ministros atribuyeron los daños causados por la tormenta tropical Bonnie a los regímenes anteriores, a la población mal educada y al cambio climático. Las inundaciones, los derrumbes y las vías de comunicación intransitables, los techos colapsados de los hospitales, la inhabitabilidad de las escuelas y los muertos, todo ello es “herencia de 30 años de mala administración” de Arena y del FMLN, “resultado de un desorden urbanístico […] que nunca se corrigió”, el “alcantarillado es viejo, obsoleto”, “los techos datan de décadas”, “nos heredaron un sistema hospitalario paupérrimo” y “un país completamente destruido”. La población tiene también, según los funcionarios, mucha culpa en lo ocurrido, porque tira la basura incivilizadamente en cualquier sitio y bloquea los desagües, y porque “durante décadas se dejó vivir a cientos de miles de familias sobre o bajo un talud y en todas las quebradas”, con lo cual “muchas casas a la orilla del río fueron minadas y se fueron al río”. Y, por último, el cambio climático, pues “el agua creció de manera tan fuerte que incluso los puentes se doblaron y no era por escombros, era por la simple fuerza del agua”. Pero, en su momento, Bukele anunció triunfante: “Estamos remodelando toda la red hospitalaria” y, subrayó, “no son reparaciones cosméticas”. Al parecer, olvidaron los techos. Y, en esa misma línea, el ministro responsable de las obras públicas saludó orgulloso como un éxito de Bukele la reparación de la cárcava que se volvió a abrir. Por eso, borró el tuit y aclaró que la reparación fue otra. Los ministros han olvidado que el mismo Bukele desautorizó sus excusas hace tiempo. En “los primeros seis meses o el primer año de un gobierno, pues, tendrá los problemas heredados, pero ya después de varios años, llega el momento en que tienes que asumir que la responsabilidad es tuya”. Atrapados, los ministros atribuyeron el desastre al cambio climático y al calentamiento global, dos cuestiones que no figuran en la agenda de Bukele. No firmó el Acuerdo de Escazú sobre la protección del medioambiente, porque “no se puede dejar de construir viviendas”, y descartó el cuidado del planeta como “tramitología” contraria a la expansión del capitalismo depredador. Muy consternados debieron sentirse los ministros para recurrir a un argumento ignorado por su jefe. En cualquier caso, en tres años no se han ocupado de las zonas protegidas ni del riesgo ambiental. Todo lo contrario, han autorizado proyectos que han aumentado la vulnerabilidad del país a los fenómenos climatológicos. Es cierto que heredaron una infraestructura deteriorada, pero han tenido tres años para comenzar a reconstruirla y a mejorarla. En lugar de asumir el desafío, optaron por la comodidad y se han conformado con hacer promesas fantásticas. Ningún tren, aeropuerto o ciudad, ni siquiera la turística, es viable sin una infraestructura sólida. Bukele se contenta con repartir dispositivos electrónicos en el sistema educativo mientras las escuelas se caen a pedazos. Ofrece “nacer con cariño”, pero sin financiamiento. Invierte en una cárcel gigantesca o en un hospital para mascotas, mientras muchos de sus seguidores viven en sitios de alto riesgo no voluntariamente, sino porque no tienen donde vivir digna y seguramente. La tormenta tropical puso en evidencia el abandono en el que se encuentran el territorio y sus habitantes. Los datos disponibles muestran que la capacidad de ejecución de los ministros que dieron la cara es muy baja y su comparecencia no fue la más feliz. Conscientes de su fracaso, alegaron que “cerrar las heridas de décadas […] no es fácil” y volvieron a prometer, sin plazo de cumplimiento, trabajar “para una solución integral”, de tal manera que los damnificados “ya no vivan en una zona vulnerable”. Nadie se atreva a dudar que “se mantiene esa promesa del presidente”. Un gobernante sensato ya habría despedido a estos ministros por inútiles. Pero Bukele está atrapado. No los puede despedir sin asumir la responsabilidad de lo ocurrido, ya que toda la actividad gubernamental depende directamente de él. Sus ministros solo cumplen órdenes. En tres años no han avanzado en la reducción de los riesgos medioambientales, en la prevención de los desastres y en la capacidad para responder pronta y eficazmente a los fenómenos naturales. Dinero no les ha faltado, sino ejecución eficaz. Rápidos en el tuit, pero lentos en el hacer. De palabrería fácil, pero cortos en las obras. “Nosotros no estamos para dar excusas”, dijo Bukele en su momento, “sino para trabajar al máximo por los salvadoreños”. Eso es, precisamente, lo que hicieron sus ministros: acusar a otros. Si ya alcanzaron su máximo rendimiento, su c

Por los interés en juego y todas las señales al respecto, era solo cuestión de tiempo para que la reelección presidencial fuera impuesta por el oficialismo como tema de la agenda política y pública. Ante los argumentos y falacias que al respecto se ventilan a diario, conviene volver la mirada al texto de la Constitución para dilucidar si el asunto en verdad ameritaba una interpretación constitucional o ya estaba claramente abordado en la máxima ley de la República. En su primer ordinal, el artículo 152 dice que no puede ser candidato a mandatario “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”. El artículo 154, que “el período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”. Por otra parte, el artículo 75, ordinal cuarto, manda que pierdan los derechos de ciudadano “los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin”. Según el artículo 131, ordinal décimo sexto, la Asamblea Legislativa debe “desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional”. Finalmente, el artículo 88 establece que “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección”. ¿Son claros los artículos anteriores o dan lugar a confusión? Independientemente de la conclusión racional a la que se llegue, las posturas ya han sido tomadas. Es sintomático que quienes se oponen a la reelección citan casi siempre los textos constitucionales y que quienes la apoyan suelen aludir más bien a la voluntad popular, antes que a la ley. Lo que vive El Salvador no es nuevo. En Nicaragua, la Constitución establecía que los presidentes podían ser reelectos una vez, pero no para períodos consecutivos. En 2009, la Corte Suprema avaló la reelección de Ortega y dejó abierta la puerta para una reelección indefinida. Ortega fue el último en pronunciarse sobre su propia reelección, hasta que el pueblo supuestamente se lo pidió. Después de 2006, se reeligió en 2011, 2016 y 2021 en unos comicios amañados. En total, contando su primer mandato (1985-1990) y sus años como coordinador de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1981-1984), Ortega lleva aproximadamente 25 años en la presidencia nicaragüense. El otro caso es el de Honduras, con Juan Orlando Hernández. Allí también la Constitución prohibía la reelección. En 2016, Hernández, como presidente en funciones, recurrió a la sustitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional para poner a los suyos, que manipularon la Constitución y avalaron su reelección para un segundo período (2018-2022). El mandatario dijo entonces que la mayoría del pueblo hondureño apoyaba su reelección y que, por tanto, era el pueblo quien tenía que decidir. Se afirma que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. La máxima cabe extenderla para el pueblo que no toma lecciones de los desaciertos de sus vecinos. El presidente Nayib Bukele ha recorrido el mismo camino que Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. En consecuencia, cabe suponer que su destino será o bien el del mandatario de Nicaragua, que resiste en su trono bañado en desprestigio y aislamiento internacional, o el del expresidente hondureño, que enfrenta la justicia en un sistema al que no podrá comprar ni del cual podrá escapar.

Rodolfo Cardenal 07/07/2022 La construcción idílica más reciente de Casa Presidencial, el “salto más grande […] en educación” gracias al reparto de dispositivos electrónicos y el padre amoroso con su hija, se hizo añicos de la mano del asesinato de tres agentes de la PNC. Un serio revés en una guerra supuestamente exitosa. La obsesión presidencial con llevar cuenta de los días con “cero homicidios” quedó mal parada. El día siguiente, un militar retirado fue asesinado. Poco después hubo otro homicidio en oriente, más varios pandilleros muertos en presuntos enfrentamientos con la Policía. Los homicidios no han desaparecido. Estos hechos sangrientos evidencian de nuevo que Bukele no controla el territorio y, por tanto, tampoco puede proteger a sus agentes. Los ha convertido en “héroes” para evadir la indefensión con la que los despliega en un territorio no controlado. La desorganización es tal que ni siquiera ha podido explicar con claridad lo ocurrido. La respuesta al asesinato de los agentes (las otras víctimas no interesan) ha sido la usual: despliegue militar y mediático “con mayor penetración” y, sobre todo, “visible para la población”; arremetida contra los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; y promesa de mayor represión. El monólogo presidencial que siguió a los hechos está plagado de expresiones que traslucen el desconcierto del amor propio herido: “los pandilleros son tontos”, “las pandillas van a pagar”, “no vamos a retroceder”, “ahora verán la verdadera fuerza del Estado”, “estamos combatiendo al mismo demonio”, “vamos a arreciar la lucha […] sin importar quién se queje”. Es desconcertante que un mandatario que apuesta fuerte por la violencia armada haya pensado que podía librar una guerra sin bajas en sus filas. La rabia que el monólogo trasluce evidencia la insensatez con la que decide, sin medir las consecuencias. Las bajas están directamente relacionadas con la opción por la violencia. El llamado gabinete de seguridad ha calculado mal sus fuerzas y sus capacidades. Si tanto aprecia la vida de sus agentes, parece que ha llegado el momento de replantear la opción guerrerista y buscar alternativas que no los hagan correr riesgos innecesarios. Asombrosamente, los directores del control territorial no advirtieron el peligro que corrían los agentes asesinados, pero, en cuestión de horas, identificaron y capturaron a sus asesinos. Si la persecución y la detención han sido tan eficaces, cómo explican que su inteligencia no haya detectado el peligro e impedido los asesinatos. Si los capturados son los asesinos, dicha inteligencia los conoce bien y pudo anticipar el ataque. O no son los asesinos ni existe inteligencia alguna. No sería la primera vez que el régimen presenta a inocentes como asesinos. El gabinete de seguridad debe una explicación a los familiares de los agentes y a la opinión pública. La falta de claridad y la manipulación mediática de los hechos trivializan la tragedia de los agentes y constituyen una burla cruel al dolor de sus familiares y sus amistades. El gabinete de seguridad oculta su torpeza en la desinformación. Contrario a lo que asegura Bukele, el régimen de excepción no “ha sido vital para alcanzar múltiples resultados en la guerra contra las pandillas”. El desconocimiento del plan y sus objetivos impide apreciar esos “múltiples resultados”. Los únicos constatables son los tres agentes asesinados, la transformación de las cárceles en campos de concentración y la presencia activa de las pandillas en el territorio. De hecho, así lo reconoce él mismo, en su monólogo, al afirmar, a la defensiva, que estas “siguen afuera con la capacidad de causar mucho daño, dolor y muerte”. Un desliz iluminador que desmiente el éxito del plan de control territorial y de la excepción. Es temerario sostener que a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos “no les importa” el asesinato de los agentes. Sí les importan y no es “motivo de celebración”, ni para ellos, ni para los medios de comunicación. El malogro de la seguridad lleva a desbarrar para escabullir las responsabilidades presidenciales. Precisamente, esa es la razón por la cual esos organismos sostienen que la guerra no es la solución. La contradicción disgusta mucho a Bukele, más que el fracaso de sus proyectos. En cualquier caso, dichos organismos no son las responsables de la violencia social. Desde hace ya tres años, el único responsable de la seguridad ciudadana es Bukele y su gabinete. Su gran desacierto consiste en la incapacidad para captar la complejidad de la violencia social, en ordenar medidas simplistas y en no medir las consecuencias de decisiones arrebatadas. Ejemplo típico de ello es la orden de desplegar operativos en “zonas aledañas y otras partes relacionadas del país”, es decir, en cualquier lado, para “castigar a los responsables, sean autores materiales, intelectuales y financistas”, es decir, no sabe quiénes son en realidad. Dicho de otra manera, la seguridad ciudadana está

Recientemente, el estado de excepción fue abordado de dos maneras radicalmente diferentes entre sí por dos figuras públicas del país, el cardenal Rosa Chávez y el vicepresidente de la República. El cardenal dijo con claridad que la persecución del crimen debe hacerse de una manera diferente a la actual; es decir, investigando, cumpliendo las leyes vigentes, respetando los derechos de las personas, evitando al máximo las injusticias y el sufrimiento. El vicepresidente llamó “guerra” al estado de excepción, invocó el derecho humanitario para justificarla, afirmó que en todo conflicto bélico hay “daños colaterales” y que, al final, los errores son pocos, y aunque se deben corregir, no le quitan el mérito a las acciones. Frente a la posición humanista del cardenal, partidario de que la lucha contra el crimen se lleve a cabo desde la civilidad, el vicepresidente resta importancia a los errores e injusticias que se están cometiendo. ¿Los 45 mil privados de libertad son presos de guerra? ¿Se les aplicarán los Convenios de Ginebra, que protegen a los combatientes capturados? ¿Hay en el país una guerra civil? Frente al “balance altamente positivo” y la “operación correcta” de los que habla el vicepresidente, está la frase pensada, cristiana y pacifista del cardenal: “Todo ser humano merece un trato digno. Ha habido muchos excesos [durante el estado de excepción] y está documentado, no hay que normalizarlo; hay que tratar de cambiar, porque está en juego la dignidad de la persona, sea culpable o inocente”. Frente a la indiferencia ante el dolor de las personas y sus familias que han sufrido injusticias, está la razón cordial que habla de seres humanos. Mientras el cardenal pide reflexión, el vicepresidente amenaza: “Estamos en guerra, lo que hay es que escoger de que lado estamos, si es del lado del Estado, del Gobierno, que está defendiendo al pueblo, o del lado de las pandillas y sus entornos". Esa afirmación despierta nuevas preguntas: ¿la peculiar guerra de la que habla el vicepresidente permite la violación de derechos humanos?,¿defender la dignidad humana, incluso de los malvados, es delito de guerra? Por su lado, el cardenal recuerda que los detenidos son seres humanos, que entre ellos hay un buen número de inocentes y que la persecución del crimen no implica tratos crueles y degradantes. Las palabras del vicepresidente, dividiendo al país en buenos y malos, y estableciendo la guerra de unos contra otros, no son prudentes ni dignas de un profesional. Que un abogado y docente universitario se exprese de ese modo es incomprensible, trágico. El país necesita racionalidad y sensibilidad humana. Hablar de guerra es prescindir de valores democráticos, es declararse incapaz de aplicar la legislación vigente, es optar por la fuerza bruta en lugar de por la inteligencia, la investigación y la justicia. Optar por el lenguaje guerrerista abre la puerta a que, tarde o temprano, se justifiquen crímenes. En la historia del país abundan ejemplos al respecto. ¿Para combatir la delincuencia es necesario repetir la sistemática violación de derechos humanos que se dio durante la guerra civil? ¿No hay más opción que regresar al pasado?

La tormenta Bonnie mostró con claridad y evidencia que el Gobierno de El Salvador carece de planes para casi todo, incluyendo la gestión de riesgo ante eventos naturales; su forma común de actuar es la improvisación. La tormenta fue detectada días antes de que pasara frente a la costa del país. Se conocía perfectamente su procedencia, ruta, potencial de viento y lluvia, tiempo y zonas de impacto. A pesar de ello, no se tomaron las medidas para proteger a la población. Como ya es habitual, en lugar de actuar con anticipación (desalojar a los habitantes de las zonas con peligro de inundación o de deslaves, y colocarlos en albergues, por ejemplo), se optó por hacer a posteriori. En esencia, Bonnie no fue distinta a otras tormentas de gran intensidad que han caído sobre el área metropolitana de San Salvador. Las localidades más afectadas fueron las de siempre, aquellas cuya vulnerabilidad es de sobra conocida porque resultan dañadas evento tras evento, como la colonia Santa Lucía y las comunidades aledañas al río Acelhuate en la zona de La Chacra. A pesar de esta pública vulnerabilidad, en los tres años de gestión de Nayib Bukele no se han revisado ni reformulado los mapas de riesgo, ni se ha trabajado en un plan nacional o departamental de reducción de riesgos, como la ley lo establece. Sin ellos no es posible tomar las acciones de prevención y mitigación requeridas para proteger eficazmente a la población que vive en zonas vulnerables. A falta de prevención, la acción reactiva se improvisa y es desproporcionada. En el caso de Bonnie, se declaró una emergencia nacional y se suspendió en el país toda actividad de los centros educativos (incluso las administrativas) a pesar de que la tormenta no había afectado a la mayoría del territorio nacional ni se avizoraban nuevos eventos climáticos peligrosos. La suspensión debió aplicarse solo en las zonas que habían sido afectadas por las lluvias torrenciales del sábado 2 de julio y en las que era riesgoso que la niñez y la juventud se desplazará a sus lugares de estudio. Tan desproporcionada fue la medida que incluyó la suspensión de las actividades educativas virtuales. La suspensión por tres días, cuya prolongación se anunciaba cada día en la noche, no solo privó a todos los niños y jóvenes salvadoreños de su educación (ya muy afectada por la pandemia), sino que creó incertidumbre y ansiedad. Además, perjudicó el desempeño organizativo de las instituciones educativas. Así es difícil que la educación mejore y adquiera los niveles de calidad que el desarrollo del país requiere. El ministro de educación, consciente de lo injustificado y absurdo de la medida, se apoyó en el poder del miedo: amenazó con sanciones y desplegó a funcionarios que verificaron in situ el cumplimiento de la suspensión, ignorando la libertad de la que gozan por ley las instituciones educativas privadas. Atemorizar es ya una práctica de rigor del Gobierno de Bukele. Se utilizó para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria; se utiliza para acallar las voces críticas y para que la población no reclame sus derechos. Los cambios en el código penal y los abusos que el estado de excepción permite son útiles para controlar a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Un Gobierno de esta naturaleza, tan amigo de la improvisación y el miedo, no tiene la capacidad para resolver los problemas nacionales. Sin interés en llegar a soluciones atinadas, planificadas y consensuadas, atemoriza a la población para que acate sin rechistar sus órdenes, por absurdas que sean.

Por Rodolfo Cardenal La cantinela del régimen contra las organizaciones de derechos humanos es una muestra de debilidad y de pobreza intelectual. Si está tan seguro de su posición política y de su popularidad, por qué presta tanta atención a unas cuantas organizaciones que lo señalan por violar sistemáticamente los derechos humanos. Si está tan convencido de la eficacia de la soberanía nacional, por qué pierde el tiempo y gasta energías en los organismos internacionales. Si está persuadido de estar habilitado para ejercer el poder absoluto, las diatribas contra las instituciones nacionales independientes es un desvarío. Tal vez el origen del malestar sea el temor de que ese discurso acabe por penetrar en la opinión pública y encienda la chispa de una movilización popular masiva. Si una porción significativa de los actuales seguidores locales del régimen toma conciencia de la contradicción entre sus derechos civiles, políticos, sociales y humanos, y la realidad que experimenta diariamente, la popularidad presidencial puede comenzar a resquebrajarse. Otra posibilidad, sin excluir la anterior, es la susceptibilidad frente a la crítica y la disidencia, propia de figuras inseguras y con poco bagaje intelectual para defender sus ideas y sus decisiones. Son personalidades acostumbradas a ordenar y a ser obedecidas automáticamente, tal como revelan los tuits de los funcionarios. Sea lo que sea, el hecho incontrovertible es que el Bukele autoritario, antidemocrático y violador de los derechos de la ciudadanía ya es un referente obligado de la prensa internacional. Bukele figura en compañía de los Bolsonaro, los Maduro, los Díaz-Canel y los Ortega latinoamericanos. Un artículo de The Economist del 18 de junio, dedicado a la criptocracia, concluye que “una moneda volátil y un líder volátil sugieren un futuro volátil para El Salvador”. Ningún otro mandatario nacional, ni siquiera los coroneles de la dictadura, había recibido semejante distinción. El sarcasmo contra la prensa internacional y la institucionalidad internacional contribuye a confirmar ese juicio negativo sobre el presidente que quiso ser cool. De ahí que sea un desgaste innecesario insistir en la descalificación y el insulto. La forma más eficaz para modificar esa imagen negativa es cambiar el rumbo de la gestión gubernamental. Pero, por ahora, eso no es posible. La vanidad y el orgullo, combinados con la inseguridad y la impaciencia, son obstáculos insalvables. Además de las limitaciones personales, las circunstancias lo desaconsejan. En Washington, la posición de Bukele está muy comprometida. Sobre él se cierne, amenazadora, la sombra del expresidente de Honduras, extraditado y sentado ante un tribunal estadounidense, acusado de varios crímenes. Según fuentes gubernamentales estadounidenses, algunos de los colaboradores más cercanos de Bukele podrían ser inculpados, en un tribunal de Nueva York, por “actividades criminales transnacionales graves”; en concreto, tráfico de drogas, secuestro, tráfico y trata de personas, asesinato, extorsión y chantaje. La acusación se fundamenta en las declaraciones de varios testigos salvadoreños, recabadas en los últimos meses por una fuerza de tarea. Los testimonios de los líderes de la MS-13, cuya extradición Bukele niega, podrían ampliar la acusación hasta alcanzar la cima del poder presidencial. Por eso, a uno lo envió a Guatemala y a otro lo resguarda en una casa de seguridad. Estos líderes son la excepción del régimen de excepción. Washington ha dejado entrever también que no duda de la relación de la tregua con el descenso de los homicidios ni de la participación directa de Bukele. La filtración no es un descuido de funcionarios inexpertos, sino un mensaje para él y los suyos. Washington tiene claro que el plan de control territorial es una patraña y que la represión es insostenible. Y deja claro el futuro que aguarda a Bukele y los suyos si se mantienen en sus trece. Estos tienen las de perder, al igual que el expresidente hondureño y su hermano. Es cuestión de tiempo. Las fuentes aseguran que Washington valora el momento oportuno para iniciar la acción judicial. Sin embargo, no todo está perdido. La negociación con Washington es una salida. Si Bukele aceptara extraditar a los criminales reclamados por la justicia estadounidense, respetar la institucionalidad democrática y sacrificar a los corruptos más connotados de su entorno entregándolos a la justicia, Washington tal vez mire hacia otro lado y haga borrón y cuenta nueva. No sería la primera vez, y lo suele hacer sin asco. Bukele, en cambio, obtendría la legitimidad derivada de Washington, el refinanciamiento que necesita desesperadamente y quizás, incluso, hasta le toleraría la reelección. El dilema de Bukele es la ruina nacional y personal, o la negociación. No rectificar implica fracasar a corto plazo y, probablemente, enfrentar a un juez estadounidense a mediano plazo. Negociar exige una buena dosis de modestia y de oportunismo político, cualidades que ya