Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve.

Detrás de todo proyecto político, siempre hay un proyecto económico que se promueve. Por José María Tojeira Este es un axioma de la historia. Quienes llegan al poder político, son promovidos, apoyados y manipulados para usar al Estado y hacer las reformas jurídicas necesarias que faciliten la acumulación de riqueza del grupo de poder. En el camino, se van esparciendo migajas para tener cooptados y contentos a los funcionarios. Esa ha sido la historia también en El Salvador. Desde la independencia hasta la actualidad, el país ha sido gobernado por proyectos de élites económicas que usan al Estado como un botín para beneficiar sus intereses. Las artimañas de gobiernos anteriores para favorecer a la cúpula de turno se repiten en la actualidad. Una de ellas es recurrir a las empresas de economía mixta. Un tema que ilustra esta situación fue el acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y el holding turco Yilport para administrar durante 50 años los puertos de Acajutla y de La Unión. Para nadie es un secreto que recurrir a este tipo de empresas se hace con la intención de no rendir cuentas. En los gobiernos de Arena se creó la empresa Inversiones Energéticas, INE, que generaba ganancias netas de más de cien millones. Con razón se dijo que en los gobiernos anteriores al actual, la CEL funcionó como una especie de caja chica. Sin ningún control de auditoría. Más recientemente, la actual Administración creó la empresa Chivo S.A. de C.V. con una inversión inicial de 60 millones de dólares del dinero público sin la obligación de cumplir con las regulaciones de la Ley de Acceso a la Información y puede limitar el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas. También el actual gobierno echó mano de la CEL para tener su propio medio de propaganda. La Perforadora Santa Bárbara, una de las empresas de LaGeo, propiedad del grupo CEL, constituyó la sociedad anónima El Diario Nacional (EDN) que registró la marca Diario El Salvador. Nacer como sociedad anónima, bajo la sombrilla de una subsidiaria de Grupo CEL, le permite al nuevo diario estar fuera del radar de instituciones que fiscalizan la transparencia en el uso de recursos públicos. ¿Son herramientas legales? Quizá. Sin embargo es un modo corrupto de administrar fondos públicos porque, más allá de la legalidad o ilegalidad, se trata de dineros públicos no transparentes ni sujetos a fiscalización de la Corte de Cuentas. En ninguno de los casos anteriores el beneficiado ha sido el pueblo salvadoreño, sino el grupo de poder que está detrás del gobierno. No hay signos que indiquen que ahora con los puertos será distinto. Todo indica que el país sigue repitiendo los vicios de siempre, aunque el discurso haya cambiado.