Editoriales y Opiniones

En cuestión de días la Asamblea Legislativa reformó y ratificó un paquete de reformas penales que incluye la prisión perpetua a menores de edad que se encuentren culpables de delitos de terrorismo, violación y homicidio. La medida se aprobó con 58 de 60 votos y algunos ediles lo celebraron como un triunfo. La justificación más repetida es que la cadena perpetua constituye un disuasivo para los delincuentes. Condenas más largas se traduce en menos violencia, piensan. La misma justificación se da con la pena de muerte. Pero los legisladores y funcionarios actúan dando por sentado que es así, sin un análisis serio de la investigación existente ni considerando alternativas menos arriesgadas. Desde la experiencia histórica los diputados no tienen nada que celebrar. La primera objeción a la medida es que décadas de investigación no han logrado encontrar evidencia científica que confirme que el uso de la cadena perpetua tenga un impacto en las tasas de homicidios. La evidencia encontrada ha sido más bien mixta y a menudo concluye que la cadena perpetua no es más disuasiva que las penas largas de prisión. La conclusión es clara: la prisión perpetua no funciona bajo el principio de prevención, sino de incapacitación. Se incapacita a la misma persona para que no vuelva a delinquir, pero no disuade a otros de hacerlo. La cadena perpetua no trabaja en el origen del delito sino en su consecuencia. La segunda objeción a la medida es que El Salvador ya contempla condenas de hasta 100 o más años. Recientemente se condenó a 50 pandilleros a entre 400 y 1,135 años de prisión por su participación en varios homicidios y desapariciones forzosas y en otro caso, a 62 pandilleros un Juzgado Especializado les impuso 130 años de cárcel por su participación en delitos en las colonias La Campanera y El Pepeto de Soyapango. En realidad, esas condenas son en la práctica cadenas perpetuas y, a juicio de especialistas, la cadena perpetua es una pena de muerte disfrazada. Y una tercera objeción viene desde la doctrina de los derechos humanos. La cadena perpetua despoja a la persona de la esperanza de reintegración en la sociedad. La cadena perpetua como la pena de muerte entran con conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales El Salvador fue firmante de manera voluntaria y que por tanto está obligado a cumplir. Entonces, si no está comprobado que la cadena perpetua sirva como disuasivo, si en El Salvador ya se aplican de facto cadenas perpetuas y si contradice el respeto a los derechos humanos, ¿vale la pena asumir los costos excesivos que implica, los riesgos de cometer errores al imponerla y otros problemas inherentes a su práctica? ¿Por qué aprobarla en El Salvador? La cadena perpetua en el caso salvadoreño es parte del deterioro que vive el sistema de justicia. En el imaginario popular, detrás de la cadena perpetua está el pensamiento “a más años de cárcel, menos delincuentes habrán” originado por la impunidad que se percibe. El endurecimiento de penas es una acción propia de regímenes populistas punitivos que se realizan sin conocimiento de los efectos de esta pena y que no tiene función preventiva. En el país, además, está el agravante de los juicios masivos donde los imputados no tiene derecho a la defensa ni al debido proceso. Es una medida para aparentar firmeza contra los miembros de pandillas, aunque la terminen aplicando a cualquier persona que les incomode como sucede con el Régimen de Excepción. A propósito de que en estos días recordamos el juicio injusto a Jesús de Nazareth que terminó con su condena a muerte, conviene tener presente que la cadena perpetua es una medida de alto impacto, como le gusta a la administración actual, pero de eficacia muy limitada. Es una decisión exprés que no tiene fundamentos criminológicos válidos.

Se suele decir que la historia se repite. La similitud entre los tiempos de Mons. Romero y los actuales parecieran confirmarlo. Entre otras cosas, lo acusaron de meterse en política por denunciar la injusticia y la violencia institucional. Hoy, el oficialismo se ensaña otra vez por la misma razón con el párroco de Apopa, quien alzó su voz para denunciar la ausencia de democracia y de paz, y por afirmar que el país “va para atrás”. Los insultos contra Mons. Romero subieron de tono progresivamente, mientras el odio se enconaba hasta que ya no pudo más y lo asesinó el 24 de marzo de 1980. Hoy, el oficialismo descalifica al párroco de Apopa en términos parecidos. Casi medio siglo después le ordenó no meterse en política y dedicarse a decir misas. Según la lógica oficialista, si el párroco y el pastor bendicen el poder político y económico son fieles a su misión, aun cuando esa bendición es un acto eminentemente político al legitimarlo sin cuestionar su modo de proceder. En este caso, su acción no es política, porque no les corresponde señalar su pecado y llamarlo a la conversión. Si lo hacen como Mons. Romero o el párroco de Apopa, se meten en política, lo cual no les está permitido. Su misión es congeniar con el pecado. Las dos acciones son igualmente políticas. Pero la dificultad no es la política en sí misma, sino al servicio de quién está. Si sirve al orden establecido, la intervención de los ministros es aprobada, aplaudida y recompensada generosamente por el poder. Aquellos que bendicen el régimen de excepción o se desentienden de sus atropellos y violencias son pastores ejemplares. Pero si asumen la defensa del pueblo pobre y violentado son insultados y despreciados, condenados y perseguidos. Jesús ya previno a sus seguidores al final de las bienaventuranzas que esto les sobrevendría por su fidelidad a la justicia del Reino de los Cielos. El poder se empeña en confinar la religión al ámbito de la conciencia y la sacristía, para campar a sus anchas, sin reclamos, restricciones ni normas. La misión de los ministros es predicar respeto y obediencia a su autoridad. Si defienden el derecho y la justicia, traicionan su misión al meterse en política. A pesar de las coincidencias, la historia no se repite. La historia es un proceso abierto, que no regresa al pasado sino avanza hacia el futuro. Sin embargo, el proceso deja estructuras que si no son modificadas en el presente, se convierten en futuro. La época de Mons. Romero y la actual son similares, porque el poder se ha negado a intervenir en las estructuras heredadas para transformarlas. El modelo de Bukele, que alega crear una tierra nueva, ha aceptado pasivamente ese legado de sus predecesores, porque conviene a sus aspiraciones. La pobreza y la desigualdad, la injusticia y la violencia no han desaparecido, dado que la estructura que las genera permanece intacta. Indudablemente, esta ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias y ha adquirido formas nuevas, pero que matan igual. Rápidamente, por las diversas modalidades de la violencia. Lentamente, por el hambre, la enfermedad y el abandono. El mal es tan hábil como perverso. Se reinventa de la mano del poder. Denunciarlo y anunciar proféticamente la justicia del reino de Dios es abominable y perseguido. Ese fue el destino de los profetas del Antiguo Testamento. No es casualidad que el imperio haya acusado y condenado a Jesús por declararse rey de los judíos. La acusación pende en la parte superior de la cruz como razón del asesinato del crucificado. A pesar de que el Estado es constitucionalmente laico y, sobre todo, que sus funcionarios no son un ejemplo de honestidad, el modelo de Bukele no se cansa de apelar a Dios. Su profesión de fe ha encontrado eco en amplios sectores cristianos. Por eso, las voces disonantes son tan irritantes. El poder se revuelve contra ellas como ya lo hizo con Mons. Romero y la multitud de mártires de la Iglesia salvadoreña. El poder necesita lo sagrado para justificarse. El ejercicio del poder crudo y duro es intolerable. En la voluntad divina encuentra la legitimidad necesaria para imponerse de manera totalitaria. El cuadro de Mons. Romero que preside uno de los salones de Casa Presidencial cumple esa función. Bukele se sienta debajo de él como si estuviera bajo su protección. Aunque sabe bien que si el arzobispo viviera, habría denunciado sus injusticias y habría exigido respetar los derechos humanos, no lo baja. La imagen de Mons. Romero es demasiado poderosa como para descartarla. Desde esa posición privilegiada, Mons. Romero es testigo de los desafueros del régimen y es también una invitación a hacer política de la buena, la del bien común, respetuosa de la dignidad humana de todo el pueblo salvadoreño, por el hecho de ser personas, hijas e hijos de Dios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Después de cuatro años, el régimen de excepción no puede juzgarse solo por la seguridad que consiguió al encerrar a los pandilleros. Ya es hora de valorar críticamente qué país construye. El oficialismo responde impulsivamente que construye uno nunca visto. La declaración es aceptada sin más por quienes han caído en la tentación de pensar que un país nuevo nace de la mano de Bukele. En realidad, el oficialismo está atrapado en el pasado, que limita su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y responder a las necesidades de la ciudadanía. El oficialismo perdió el paso cuando cayó en el error de conformarse con la supresión de las pandillas. El cruce de palabras entre dos diputadas, una vocera del oficialismo y la otra opositora, evidencia la pobreza del modelo de Bukele. El incidente se produjo a raíz de un pronunciamiento legislativo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La diputada opositora propuso ir más allá de una declaración y legislar para prevenir la violencia contra las mujeres. La oficialista saltó en defensa del orden establecido por el régimen de excepción. Según la legiladora, solo Bukele habría defendido a las mujeres y las niñas, puesto que las liberó de la violencia de las pandillas. Encerradas estas, la violencia contra las mujeres desapareció. La estadística gubernamental muestra una realidad muy diferente. En los dos últimos años registro casi tres mil violaciones. Cabe anotar que estas son solo las denunciadas. A pesar de la neutralización de los pandilleros, las mujeres son acosadas y violentadas en su hogar y su comunidad, en los espacios públicos y el sitio de trabajo, incluidas las dependencias gubernamentales. Policías y soldados abusan de ellas; a las que se resisten las encarcelan, acusadas de pertenecer a agrupaciones terroristas. Un francotirador de una fuerza especial asesinó impunemente a una de ellas con un certero disparo en el centro histórico de la capital, uno los sitios “más seguros” del modelo de Bukele, Otras muestras de indiferencia son la desactualización de los datos oficiales sobre la violencia contra la mujer desde 2021 y la baja tasa de condenas conseguidas por la Fiscalía en los procesos judiciales. De poco sirve, pues, condenar a cadena perpetua sin convictos. Reconocer la existencia de esta violencia es incómodo e inoportuno, porque exige ir más allá de confinar pandilleros. Esta operación, que Bukele da por concluida exitosamente, solo fue el comienzo. En el país existen otras formas de violencia que no permiten hablar de una seguridad total. El oficialismo padece del mismo mal que los dos partidos de la guerra civil. Arena y el FMLN gobernaron, tres décadas el primero y una el segundo, inmersos en el legado del conflicto armado. Se resistieron a asumir que los tiempos habían cambiado. No lo hicieron por comodidad y por falta de inteligencia política. Asumir la novedad exigía un esfuerzo que no estaban dispuestos a realizar. Se dejaron atrapar por un pasado más o menos idealizado. Esa fue su perdición y la gran oportunidad que Bukele supo aprovechar. Irónicamente, este se encuentra ahora en una posición similar. Se niega a aceptar que el desafío de las pandillas ya es pasado, que el nuevo país prometido a las mayorías no aparece por ningún lado y que su modelo se enfrenta ahora a desafíos diferentes. Las comunidades que antes sufrieron el terror de las pandillas hoy sufren la represión violenta de los policías y soldados del régimen de excepción, que abusan de ellas, las encarcelan y las asesinan impunemente. Anclado en el pasado, el oficialismo no encuentra motivo para abandonar la comodidad de lo conocido y adentrarse en terrenos que reclaman su atención. Sus troles reflejan esta actitud. Repiten descalificaciones asociadas a un pasado inexistente por pereza e ineptitud. Carecen de formación y talento para enfrentar racionalmente los cuestionamientos del presente. Se refugian en el convencimiento de estar en posesión de la verdad. A su patrón le basta con la descalificación desactualizada. La discusión legislativa sobre la violencia de la mujer revela la parálisis del oficialismo. Al no haber pandillas, tampoco habría violencia. Amenazar con cadena perpetua no detendrá las violaciones. Hace falta prevención eficaz. El oficialismo perdió la conexión con la realidad. La respuesta al cuestionamiento de la diputada de la oposición deja al descubierto su pobreza de pensamiento. La represión de las pandillas, a la cual llegó por mera casualidad, agotó su iniciativa y su eficacia. El oficialismo no ha aprendido la lección. Sigue el mismo camino que sus predecesores. En el momento menos esperado surgirá una fuerza que aglutinará y organizará el descontento popular y pondría fin a su reinado. Lo mismo que hizo con los dos partidos de la guerra. La novedad envejeció. El oficialismo es ahora más viejo, desfasado e inútil. Se quedó sin ideas y sin novedades. Si no reacciona, se encamina lenta, pero inexorablemente al depósito de proyectos fallidos de

Una semana después de que el Estado salvadoreño fuera señalado de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción -el cual está próximo a cumplir cuatro años en vigencia- y de la denuncia de la existencia de la persecución y criminalización política de personas consideradas opositoras al discurso oficial a partir de 2019, el oficialismo eliminó la prohibición de la cadena perpetua en el país, contenida en el inciso N°2 del artículo 27 de la Cn. De la República. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) en su art. 5 así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en su art. 10 establecen que la finalidad esencial de las penas privativas de libertad es la reforma y la readaptación social. En esa misma línea, las Reglas Mandela señalan que el sistema penitenciario no debe agravar el sufrimiento inherente a la privación de libertad y debe orientarse a la rehabilitación, garantizando acceso a la salud, educación y trabajo para contribuir a su resocialización. La jurisprudencia interamericana de la Corte IDH ha sostenido que la finalidad resocializadora tiene objetivos concretos como el favorecer el contacto familiar y condiciones que hagan posible la reinserción. Por su parte el mismo marco legal salvadoreño, ha subrayado la readaptación como el eje central del sistema penitenciario. El día 17 de marzo de 2026, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite aprobó con 59 de 60 votos una reforma al art. 27 de la Cn. de la República la cual elimina la prohibición de las penas perpetuas, afectando “solo a los homicidas, violadores y terroristas”. Esta reforma, como es costumbre desde que Nayib Bukele entró al Ejecutivo en 2019 y, particularmente desde mayo de 2021 con la pérdida del sistema de pesos y contrapesos, fue aprobada sin estudio ni debate previo, y aunque aún está pendiente su ratificación, como es de esperar, esta es inminente. Cabe señalar que la pena máxima de varios delitos fue reformada en 2025, llegando a 60 años para el homicidio agravado, de manera que se elevó el enfoque punitivo del sistema judicial previo a este salto de castigo perpetuo. Según la sala de prensa de la Asamblea Legislativa el artículo reformado quedaría de la siguiente forma: “Se prohíbe la prisión por deuda, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, los violadores y los terroristas”. Además, se agregó también que realizarán los cambios pertinentes al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil para homologarlas y “garantizar que no existan vacíos” (Asamblea Legislativa, 2026). Leyendo entre líneas algunos de los mensajes divulgados por diputados del oficialismo se observan falacias argumentativas que vislumbran el carácter punitivo de la reforma, alejado del orden jurídico respetuoso del Estado de derecho y de derechos humanos, obedeciendo al carácter autoritario del aparataje estatal actual: “al permitir las penas de cadena perpetua en el país se corrigen décadas de injusticias contra la población que fue víctima de las pandillas. Además, se les devuelve a los ciudadanos el derecho a vivir en paz y sin miedo… El Salvador ha dejado atrás esta era de impunidad. Esta reforma constitucional es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror jamás vuelvan a caminar por nuestras calles. Se acabó ese desequilibrio donde se protegían más las garantías del criminal que la vida de las personas honradas” (Declaraciones de Suecey Callejas, Asamblea Legislativa, 2026). Una reforma de este tipo, que absolutiza el encierro para siempre, vacía de sentido a los sistemas penitenciarios que en la teoría no deben agravar el sufrimiento inherente a la prisión y que deben de proveer de condiciones para la rehabilitación y resocialización, eliminando cualquier incentivo para el cambio personal, educativo o laboral. Esta reforma superpone el carácter irreversible “que jamás vuelvan a caminar por nuestras calles” y lo eleva al rango constitucional, desdibujando el objetivo resocializador del artículo 27 de la Constitución. Ante este tipo de reformas que se enmarcan aparentemente en la lógica “penal” es necesario ir más allá y obliga a plantearnos cómo se vincula este carácter punitivo vitalicio con la cultura de violencia estructural que ha caracterizado a El Salvador. Si se tiene en cuenta por un lado, que la historia salvadoreña está marcada por la violencia política que ha dejado graves violaciones a derechos humanos impunes hasta la fecha, la violencia social y la perpetrada por los grupos de pandillas, y por otro, una Memoria individual y colectiva debilitada debido a la cultura del negacionismo de la historia muy presente en la actualidad, nos lleva a deducir que la promoción y aceptación de este tipo de reformas, caracterizan a una sociedad que no ha hecho las pases con su pasado violento porque ha preferido “olvidar” aunque esto co

En El Salvador, las violaciones de derechos humanos han sido un problema recurrente. Todos los Gobiernos de la posguerra se han resistido de forma sistemática a admitir su existencia, aceptar su responsabilidad directa o indirecta, reconocer sus graves falencias a la hora de proteger a las víctimas y, en suma, asumir su deber de investigar estos graves hechos. En 2014, por ejemplo, el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, negaba la existencia de grupos de exterminio, integrados por agentes policiales y militares dedicados al asesinato de personas acusadas de pertenecer a pandillas. Afirmaba que dentro de las pandillas había grupos que usaban armas largas y operaban con uniformes de la PNC y el ejército. En los años siguientes, diversas instancias comprobaron la existencia de un patrón de actuación dentro de la PNC que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales. Dos administraciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y una relatoría especial de Naciones Unidas confirmaron esta realidad. La misma Fiscalía General de la República desarticuló entre 2016 y 2019 alrededor de 10 estructuras integradas por policías, militares y civiles dedicadas a la eliminación de personas acusadas de ser miembros de pandillas. Algo similar sucedió con el desplazamiento forzado interno. Durante años, Mauricio Ramírez Landaverde, el entonces ministro de Seguridad, argumentó que en El Salvador no se podía usar ese término “porque no se configuran las características del mismo según el derecho humanitario”. El Estado salvadoreño tardó algunos años en reconocer su existencia, obligado por las abundantes pruebas aportadas por las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron a las víctimas. Su reconocimiento fue gradual: primero, a través de una sentencia de 2017 de la Sala de lo Constitucional; luego, el Ministerio de Justicia en 2018; y finalmente, la Asamblea Legislativa en 2020, a través de la emisión de una ley especial que no fue implementada. Más recientemente, en 2021, el ministro Gustavo Villatoro, el fiscal general y otros funcionarios del oficialismo negaron sistemáticamente la gravedad del problema de la desaparición de personas. Además de negar su importancia, se promovió una narrativa estigmatizante y deslegitimadora: se culpó a las víctimas al decir que la responsabilidad de las desapariciones era de sus padres, se usó el término “ausencias voluntarias” para manipular los datos y se dijo que todo era parte de “una campaña contra las autoridades”. Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue escenario de un nuevo capítulo de negacionismo. Una delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores y el procurador general de la República negaron rotundamente que en El Salvador se criminalice la labor de defensa de derechos humanos, se ejerza coerción hacia las organizaciones de derechos humanos y se cometan desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. Ambos se suman al listado de funcionarios que han desempeñado esta deshonrosa labor: la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, el comisionado presidencial para los Derechos Humanos, Nayib Bukele y Félix Ulloa, entre otros. Al igual que los del pasado, los actuales funcionarios rechazan la abrumadora evidencia que han aportado las organizaciones de derechos humanos y los señalamientos de los organismos internacionales. Los informes se acumulan a la puerta del Estado, fortaleciendo una verdad que terminará por imponerse. * Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita con Migrantes.

En El Salvador la desaparición forzada ha estado presente en diferentes contextos históricos y ha sido utilizada tanto por el Estado como por el crimen organizado para reprimir disidencias o generar terror en la población. En la década de los setenta y ochenta fue una violación de derechos humanos utilizada principalmente por el Estado y sus estructuras paralelas para perseguir y eliminar a todas aquellas personas con ideas contrarias a las oficiales o que pertenecieran a movimientos sociales considerados subversivos. Este hecho violatorio también fue usado por el FMLN, aunque el número de casos identificados fue menor. El Informe de la Comisión de la Verdad registró cerca de 5,000 denuncias de desaparición forzada entre 1980 y 1991, sin que este número deba interpretarse como el universo completo de personas que fueron desaparecidas en este periodo de la historia. En la posguerra, la desaparición de personas fue usada principalmente por las pandillas como una estrategia de terror ejercida contra la población y también como un mecanismo para evadir la judicialización de los casos de violencia extrema. Funcionó como una válvula de escape en momentos en los que las pandillas tenían un pacto con el gobierno de turno que les comprometía a bajar los homicidios. Solo entre 2009 y 2021, la PNC registró 21,138 denuncias de personas desaparecidas, lo que promedia 1,626 denuncias al año. Aunque se desconoce qué porcentaje de estas personas siguen desaparecidas, actualmente hay muchos colectivos de familiares que siguen en labores de búsqueda. La desaparición de migrantes en la ruta migratoria hacia Estados Unidos es otro de los flagelos de nuestro país. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) ha registrado 471 casos de migrantes salvadoreños no localizados desde 2010, por otro lado, también reporta 84 personas salvadoreñas localizadas sin vida. Por su parte, la Organización Mundial de Migración (OIM) registra 274 salvadoreños desaparecidos o fallecidos desde 2014 hasta 2025. Sin embargo, por la misma naturaleza del contexto de estas desapariciones, es decir ocurridas en el marco del tránsito irregular donde las personas buscan evadir a las autoridades para evitar ser detenidos, es claro que el número debe ser considerablemente más alto. Más recientemente, el Régimen de Excepción ha sido el escenario en donde el Estado vuelve a asumir un papel activo en esta grave violación de derechos humanos. El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) registró en su informe la existencia de 540 casos de desaparición forzada entre marzo de 2022 y febrero de 2025. Al respecto de estos casos, las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas denunciaron que existen diversos patrones de actuación de las autoridades como, por ejemplo, la captura de su familiar, seguida de la negación de información a las familias, el no reconocimiento de la detención, lo que se traduce en la incertidumbre sobre el paradero de la persona detenida. A ello se suma, el régimen de incomunicación al que son sometidas las personas privadas de libertad y sus familias y la existencia de fosas comunes donde son sepultados algunos privados de libertad fallecidos sin que sea informado oportunamente a las familias. Finalmente, la desaparición de migrantes en el retorno ha sido una realidad emergente en los últimos dos años. En un artículo reciente se evidenciaba cómo más de 30 salvadoreños habían sido totalmente invisibilizados en el marco de la deportación y detención arbitraria a la que fueron sometidos los migrantes venezolanos entre marzo y abril del 2025. Sin información clara sobre los procedimientos aplicados con ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaba sobre el grave riesgo de daño irreparable en el que se encontraban cinco de estos migrantes detenidos. No faltará quien diga que la mayoría de estas desapariciones “son cosa del pasado”, que ahora en El Salvador “estos problemas han sido superados”. Nada más alejado de la realidad, por definición la desaparición forzada es un delito continuado, perdura en el tiempo mientras la persona no sea localizada, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Independientemente de si la desaparición inició en los setentas como parte de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto armado, o si fue en los años 2000 fruto de la violencia generalizada ocasionada por las pandillas, o si fue más recientemente en el marco del régimen, existe una responsabilidad compartida entre aquellos que permitieron estas desapariciones al fallar en su deber de protección y quienes ahora fallan por su negligencia a la hora de investigar y esclarecer todos los casos de desaparición forzada. Mientras las víctimas no sean localizadas, los per

Hasta ahora, uno de los principios básicos de Bukele había sido que El Salvador es libre, soberano e independiente. Se vendía, pues, como un nacionalista puro. En Miami, como ya es usual en él, hizo lo contrario. Trump le dictó, junto a otros once mandatarios latinoamericanos, lo que debe hacer y cómo hacerlo. Todos aceptaron sumisamente sus órdenes. Todos son ideológicamente afines a él, es decir, tienden al absolutismo y confían ciegamente en el uso de la violencia pública. Todos sonrieron cuando se mofó del español y guardaron silencio cuando se refirió a América Latina como “nuestra región”. Y todos se alinearon con él desde el comienzo. México, Colombia y Brasil, más dignas e independientes, no fueron invitadas, pese a que las dos primeras han colaborado estrechamente con Washington para combatir los carteles de la droga y que necesitará de todas ellas para alcanzar sus objetivos. Trump impuso tres tareas a sus invitados. En primer lugar, les ordenó integrar una alianza militar para desatar el poder de fuego de sus ejércitos contra los carteles de la droga y sus redes terroristas, en una guerra de aniquilación total. Por su parte, les prometió entrenamiento militar y movilizar a los ejércitos aliados a terceros países. En consecuencia, el ejército salvadoreño ha quedado bajo las órdenes de Trump. Será interesante comprobar cómo combate a las fuerzas armadas de los carteles de Ecuador, las cuales no se entregarán sin luchar tal como lo hicieron las pandillas nacionales. En Haití, no se ha destacado militarmente. En segundo lugar, les exigió detener la emigración y aceptar a los inmigrantes capturados y deportados por la fuerza represiva estadounidense, un trabajo que Bukele ha hecho satisfactoriamente. Frenar la emigración nacional hacia el norte es bastante más complicado, porque para cumplir con el encargo Bukele tendría que dar motivos creíbles a los miles que acarician la idea de abandonar el país, como elevar sustancialmente su nivel de vida e infundirles confianza en unas fuerzas de seguridad que temen tanto como a las pandillas y en una administración de justicia desacreditada. En tercer lugar, les mandó detener la expansión de la inversión y la ayuda de China. En los últimos años, el intercambio de bienes y servicios entre América Latina y China ha alcanzado cotas inéditas. La orden representa un desafío grande para un Bukele que depende de China para construir megaestructuras como la nueva biblioteca, orgullo del centro de la capital, y el estadio más grande de Centroamérica, o de donaciones como dispositivos electrónicos para las escuelas. Las actuales relaciones cercanas y cálidas deberán enfriarse, a pesar de que Washington no es tan generosa como Beijín. Trump dejó claro a sus invitados que “deben mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental”, es decir, de China. La entrega de la soberanía nacional fue recompensada con creces. Trump se deshizo en halagos a Bukele. Ninguno de los otros mandatarios presentes, ni siquiera el argentino, fue honrado como él. Lo colocaron a la derecha de Trump en la fotografía oficial de la cumbre, desplazando a un lugar secundario al presidente chileno, y aquel lo llamó “cercano”, “amigo”, “apuesto” y, sobre todo, que gobierna tal como a él le gusta. Tal vez no sea casualidad que Bukele haya sido el primero en proponer la construcción de un escudo de las Américas durante la visita del presidente de Costa Rica en noviembre pasado. Bukele no podía pedir más. En Miami, fue declarado formalmente el presidente ideal del imperialismo de nuevo cuño. El reconocimiento es, sin embargo, exclusivamente personal, una exaltación del ego presidencial. Bukele no ha usado su envidiable posición para abogar por la diáspora vulnerable a una deportación violenta. Quizás por temor a que la reprimenda de Trump haga añicos su imagen ejemplar. Quizás porque él también piensa que estos inmigrantes son gentes malas, criminales y traficantes, que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Por tanto, merecen la deportación y la cárcel. Al parecer, Bukele y los suyos solo se sienten a gusto con la diáspora próspera y legal, que los admira y les da el voto, pero que no tiene la intención de residir en el país. América Latina no se ha librado de la destrucción de su institucionalidad regional. Trump, igual que Bukele, la desprecia. Prefiere rodearse de mandatarios afines y obedientes, como los reunidos en Miami. Los doce mandatarios presentes más los otros cinco que suscribieron la alianza deben tener claro que Trump no la creó para promover el bienestar y la seguridad de sus naciones, sino para servirse de ella según sus conveniencias. El imperio estadounidense está de regreso, pero en una versión más brutal que la del siglo pasado. Y, al igual que entonces, con la colaboración activa de latinoamericanos que ingenuamente se entregan en sus brazos. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Según los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop), al cierre del año 2025, 61 de cada 100 salvadoreños opinaron que el país estaba mejor en comparación con 2024. No obstante, la percepción sobre la situación económica del país muestra otro panorama: solo 32 de cada 100 salvadoreños consideraron que la economía mejoró, 29 de cada 100 opinaron que empeoró y 38 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Ante este escenario es importante preguntarse quiénes se están beneficiando de los actuales planes económicos. Aunque la economía está creciendo a un mayor ritmo que en las administraciones anteriores, la situación de muchas familias apunta a que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen de manera equitativa. Al respecto, la encuesta revela diversidad de percepciones sobre la situación económica familiar. Al cierre de 2025, 31 de cada 100 salvadoreños percibieron mejoras en la economía de su hogar, 14 de cada 100 consideraron que su situación empeoró y 55 de cada 100 indicaron que se mantuvo igual. Un hallazgo importante es que incluso entre los que perciben mejoras en la economía del país, solo la mitad considera que su economía familiar también mejoró, mientras que la otra mitad considera que su situación no cambió o incluso empeoró. Además, la encuesta señala diferencias importantes entre los hogares al compararlos según sus ingresos. Entre las familias de mayores ingresos (más de $2,000 al mes), 43 de cada 100 afirmaron que la situación económica familiar había mejorado, mientras que entre los hogares de menores ingresos (menos de $180 al mes), solo 22 de cada 100 consideraron lo mismo. Esta diferencia sugiere que las mejoras en la economía no necesariamente se traducen en beneficios para toda la población y que son los sectores más vulnerables los que menos se benefician. Asimismo, la encuesta muestra que algunos hogares han tenido que recurrir a medidas para mitigar su frágil presupuesto: uno de cada cuatro tiene un negocio de subsistencia; uno de cada cinco cría animales o cultiva algún alimento para consumo del hogar; y uno de cada 10 hogares tiene al menos un miembro con un segundo trabajo para aumentar los ingresos familiares. En este sentido, no sorprende que la economía siga siendo la principal preocupación de la población. Los datos señalan que 48 de cada 100 salvadoreños identificaron el desempleo, la pobreza, el alto costo de la vida y otros aspectos económicos como los principales problemas que enfrenta el país. A lo anterior se suma el hecho de que tres de cada 10 encuestados mencionaron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del mes. Esta situación es más aguda en el área rural, donde cuatro de cada 10 personas afirmaron que sus ingresos no son suficientes. Y esta realidad es aún más crítica entre los hogares de menores ingresos, que representan un cuarto de todos los hogares encuestados: seis de cada 10 señalaron que no logran cubrir sus gastos mensuales. En buena medida, esta opinión ciudadana está relacionada con el incremento sostenido de los precios. Según la encuesta, 64 de cada 100 entrevistados indicaron que el costo de la vida aumentó durante 2025 y 68 de cada 100 afirmaron que el precio de la canasta básica se incrementó. Esto a pesar de que en 2025, según el Banco Central de Reserva, los precios de los alimentos aumentaron solo 1.29%. Sin embargo, esta percepción puede explicarse en parte por el efecto acumulado de la inflación en la capacidad adquisitiva de los hogares, ya que entre 2019 y 2025 los precios de los alimentos acumularon un aumento del 28.6%. En definitiva, la encuesta del Iudop muestra un panorama económico complejo: por un lado, existe una percepción relativamente positiva de la economía del país, pero, por otro, muchas familias continúan afrontando dificultades económicas que comprometen su bienestar. Aunque parte de estas dificultades se inscriben en un contexto internacional complejo, ello no libra al Estado salvadoreño de su deber de garantizar el bienestar económico de toda la población. Ante esto, es importante recordar que el crecimiento económico es necesario, pero no suficiente para enfrentar los desafíos estructurales del país. Es clave contar con políticas públicas adecuadamente planificadas que permitan mejorar la situación económica de las familias salvadoreñas, priorizando a quienes han estado históricamente excluidos de los beneficios del desarrollo.

Rodolfo Cardenal 05/03/2026 La reducción del impuesto al güisqui, al gin y a la ginebra es desconcertante. Las finanzas del Estado no están para reducir ingresos. Los diputados aprobaron la ley en cuestión de horas, sin análisis ni discusión, lo cual deja el campo libre a la especulación sobre la finalidad de la medida. Aparentemente, acomoda las tasas locales a los estándares internacionales, pero pasa por alto, como si fuera un detalle sin importancia, el impacto en la recaudación. Esta forma de proceder obliga a preguntar para qué y para quién gobierna Bukele. Si el oficialismo hubiera explorado la voluntad del pueblo, probablemente habría encontrado que este preferiría que bajara los impuestos a los licores más populares. Si hubiera ampliado la pregunta, la gente hubiera opinado que sería mucho mejor reducir los impuestos de la canasta básica y los medicamentos. Este es un caso típico de cómo gobierna la familia Bukele. Reducir el impuesto de licores caros no alivia a unas mayorías que pasan apreturas para llegar a fin de mes. Cualquiera que haya sido el porqué, existen razones de mayor peso para reducir la carga tributaria del pueblo agobiado. En El Salvador de Bukele, como en el de antes, pagan más los que menos ingresos perciben con el pretexto de no desincentivar la inversión. La desigualdad tributaria clama por una reforma que la haga menos regresiva. En la actualidad, la recaudación es sostenida por los impuestos indirectos —en especial, el impuesto al valor agregado— y por el impuesto directo sobre el salario del trabajador formal. Aun cuando el año pasado la recaudación aumentó, es insuficiente para cumplir con los compromisos financieros adquiridos, los cuales, además, serán mayores en 2027, al vencer el período de gracia de los millones tomados del sistema de pensiones. Por cada cien dólares producidos, el Estado debe 80. No es necesario aguardar al próximo año para comprobar que la falta de liquidez impide financiar de forma adecuada los servicios públicos. La retórica electoral recién pasada prometió que estos servicios serían mejores que los privados. Esto no es todo. Existen limitaciones internas y externas que reducen aún más el margen de maniobra. Internamente, la economía es más bien pequeña, poco diversificada y muy dependiente de las exportaciones a Estados Unidos y de las remesas. Externamente, es muy vulnerable a desastres naturales y a crisis económicas como las que puede provocar la guerra en el Medio Oriente. El Estado no tiene capacidad para absorber estos impactos. Dicho de otra forma, el modelo de Bukele hace equilibrios en una cuerda floja para no caer al vacío. La reforma de sistema de pensiones, inviable a corto plazo en los términos actuales, es particularmente crítica, porque, al golpear a los trabajadores formales, puede repercutir en la popularidad de Bukele y en el resultado de las próximas elecciones. Pero sin ella, el FMI puede retirar el salvavidas financiero que lo mantiene a flote. Es inevitable elevar la edad de jubilación, los años de cotización y el aporte del trabajador para, al final, percibir una pensión que no alcanza para adquirir la canasta básica. El pensionado es el gran perdedor. En 2020-2023, el uno por ciento más rico concentró casi la cuarta parte de la riqueza nacional, mientras que el 10 por ciento se quedó casi con la mitad. En cambio, la mitad de la población se debió conformar con poco menos del 5 por ciento. Esta desigualdad, indiscutible y escandalosa, es al mismo tiempo una oportunidad para comenzar a sanar las finanzas del Estado y a mejorar los servicios públicos. Gravar, por ejemplo, el patrimonio y los activos superiores a cinco millones de dólares solo afectaría a unas 110 personas y aportaría entre unos 500 y 1,500 millones de dólares. El apoyo popular está garantizado, también la cólera de los “perjudicados”. Los recursos existen; si no se gravan es por falta de voluntad política. La familia Bukele no da el paso porque da por descontado que cuenta con un respaldo popular a toda prueba y porque no puede permitirse que el poder real, enfurecido, decida que ya no la necesita. Sin embargo, este no puede argüir que pagar más ahuyentará la inversión, porque esta no llega, a pesar de que Bukele le ha reducido los impuestos y le ha dado facilidades para operar libremente. Al parecer, el obstáculo no son los impuestos, sino la inseguridad jurídica, la improvisación y la turbiedad de la familia gobernante. El modelo de Bukele se encuentra en un callejón sin salida. No puede esperar grandes inversiones en una realidad incierta e inestable. Tampoco puede decidirse por uno de esos extremos, porque significaría su fin. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El espectáculo de “la residencia de la Loba” fue reflejo fiel de la realidad nacional. Diversión para las masas e intimidación militar para los inquietos. Sin diversión, la miseria de la vida diaria de esas mayorías sería aún más insoportable y podría poner en peligro la estabilidad del régimen. El despliegue militar es aviso para revoltosos. Indudablemente, la concentración de multitudes demanda medidas básicas de seguridad, tanto para conciertos como para el futbol. Sin embargo, esa tarea no es competencia del ejército. En los medios se encuentran ejemplos abundantes de ello en países supuestamente mucho menos seguros que El Salvador. Es contradictorio que el cuidado de la multitud en el país más seguro del mundo requiera de un despliegue militar grandioso. El motivo no es garantizar la vida de la fanaticada, sino la necesidad irresistible del régimen de excepción de aprovechar la concentración de los amantes de la música para mostrar su cara más auténtica, sin remordimientos ni vergüenza. Si multitudes descontentas llegaran a tomarse las calles y plazas, esas mismas fuerzas que brindaron “seguridad” les dispararán sin contemplaciones. El país está militarizado y la diversión también. Y es que la diversión por atractiva que sea no pone comida en la mesa, ni ofrece empleos dignos, ni garantiza salud, educación y pensiones aceptables. Irónicamente, durante la semana de residencia de la Loba, circularon millones de dólares, en gran parte de fuera. Sin embargo, “el derrame económico”, como el oficialismo ha dado en llamar al negocio del espectáculo, no alcanzó a llegar a los confines de la sociedad. La Loba facturó más de seis millones a su paso por el país. La productora del espectáculo hizo un jugoso negocio. Las empresas de transporte, hostería y restauración, y el comercio tuvieron una semana excepcional. Las masas también participaron de la fiesta gracias a los pases de cortesía y el transporte facilitados por el Gobierno. Así, llenaron los graderíos de la sección general, mientras que los funcionarios, también con pases gratis, ocuparon la zona VIP. El lleno total de los cinco conciertos ha sido exhibido como prueba irrebatible de la aceptación general del régimen. Este también acumuló capital político. Usó el paso de la Loba para convertir los conciertos en actos de intensa propaganda. Decoró espacios públicos, desplegó abundante publicidad, proporcionó fuerza de trabajo cautiva y dio toda clase de facilidades. El espectáculo fue cuidadosamente concebido e impecablemente ejecutado. La nutrida concurrencia de turistas centroamericanos, entusiasmada, se deshizo en expresiones de admiración y reconocimiento al régimen de excepción. Las redes digitales se encargaron de multiplicar los elogios en la región. Una dictadura como la de Bukele es buena. El abultado aporte gubernamental está, pues, justificado. El régimen de excepción exhibió músculo dentro y fuera del país, confirmó a los convencidos, tal vez atrajo a algunos escépticos y previno a los díscolos. Pero la Loba se mantuvo al margen. Guardó distancia del régimen y de Bukele. No residió en el país ni se dejó ver en los lugares emblemáticos de la dictadura. No visitó el despacho presidencial. No hubo sesión de fotografías. Esta frialdad contrasta con la intensa interacción con la multitud. El desplante ha sido silenciado. El régimen se conformó con las ganancias políticas. Muy distinta fue la reacción ante Honduras, que, inesperadamente, en medio de la fiesta, dio una nota discordante al deslegitimar la universalidad del modelo de Bukele. El ministro de seguridad hondureño lo desechó por no ajustarse a las condiciones territoriales, demográficas, sociopolíticas e institucionales de su país, y por violar los derechos humanos. A juzgar por la reacción, Bukele pretende que su modelo sea adoptado por el mundo mundial. Reclama independencia absoluta para sí, pero demanda seguimiento a los demás. Desde Roma, León XIV lanzó otra nota disonante; en concreto, para quienes se declaran creyentes, rezan en público y dicen dar gloria a Dios. En su alocución a la Academia Pontificia para la Vida denunció que no todas las vidas son iguales ni respetadas. La salud y la educación no son promovidas ni protegidas de la misma manera para todos. Afirmar lo contrario, dijo, “es hipócrita si ignoramos simultáneamente las causas estructurales y las decisiones operativas que determinan las desigualdades”. Diversiones como la de la Loba ocultan la realidad. Generan conformidad y, sobre todo, suscitan agradecimiento profundo. Hacen olvidar, al menos por un rato, las penurias de la vida diaria. Y persuaden de que la dictadura es la mejor opción. La aceptación indefinida y el voto que la ratifica parecen asegurados. El régimen dispone ahora de un valioso capital político que puede invertir confiadamente en la anunciada, y temida, reforma del sistema de pensiones. Tal vez incluso subir los impuestos, en concreto, el del valor agregado, el más regresivo. La medicina amarga pasa más

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

Rodolfo Cardenal 12/02/2026 La popularidad de Bukele tiene vida útil limitada. La transformación repentina del país es casi imposible a corto y mediano plazo. El territorio es pequeño, no dispone de petróleo ni de tierras raras, el medioambiente está devastado y las finanzas públicas bordean la ruina. Las políticas actuales difícilmente pueden superar esos obstáculos. En el momento menos pensado, el desgaste político y social obligará a reconfigurar el poder. No necesariamente con criterios democráticos. La experiencia de la posguerra es aleccionadora. El desgaste es real, aunque imperceptible para la mayoría confiada en que el rumbo del país es correcto. El deterioro se observa en el sistema educativo y sanitario, según Fudecen, una fundación especializada en el desarrollo regional. El aumento sostenido del gasto en ambos sistemas es innegable, pero no ha redundado en un mejor servicio. Por tanto, el problema no es la inversión, sino la eficiencia. En esto, como en otras áreas, El Salvador muestra un notable retraso en relación con los otros países de la región. En educación, la distribución de los recursos y la política educativa son ineficientes. En la última década, se redujo la inversión en educación básica para privilegiar programas como Mi Nueva Escuela y su administración. Además, la mayor parte del presupuesto está destinada a salarios, lo cual limita invertir en materiales didácticos o en la alimentación de los estudiantes. La propaganda oficial, muy agitada con el comienzo del año escolar, dice otra cosa. Pero el bajo nivel del aprendizaje es indiscutible. La ineficiencia del sistema educativo es clara en el campo tecnológico. El capital digital y el acceso a internet son relativamente altos. Sin embargo, no se usan eficazmente en el proceso de aprendizaje. El acceso a la tecnología no redunda en una educación de calidad. No se trata solo de comprar dispositivos, equipos y plataformas, sino también de integrarlos en el proceso de aprendizaje, de capacitar a los docentes y de actualizar los programas a partir de la evidencia y las mejores prácticas internacionales. En salud ocurre algo parecido. El gasto ha aumentado desde 2017, pero no se refleja en los servicios sanitarios ni en indicadores como la esperanza de vida saludable. El país tiene el sistema más ineficiente de la región, en parte, por la mala asignación del gasto, concentrado en la atención hospitalaria. Mucho más eficaz sería orientarlo a la prevención, la vacunación y la atención primaria, lo cual no requiere aumentar el presupuesto actual. Es una cuestión de eficiencia administrativa. También en el sistema sanitario tiene dificultades para integrar y aprovechar el cambio tecnológico, lo cual incide en su baja productividad. La inversión en tecnología ha aumentado, pero el sistema no ha podido asumirla eficientemente. Si bien la productividad ha caído en todos los sistemas de la región, el salvadoreño combina el rezago tecnológico con la ineficiencia estructural crónica, lo cual profundiza sus debilidades. Así, pues, el problema no es la cantidad de dinero asignada a educación y salud, sino en cómo se usa, cuáles son las prioridades y cómo se decide en qué gastar. En educación, el gasto no incide de forma clara en el aprendizaje, pues no llega a las aulas. Se pierde en la estructura administrativa. En salud, el patrón es similar. El gasto se concentra en la atención hospitalaria, quizás por ser más vistosa, pero el impacto de la prevención, la vacunación y la atención primaria es mucho mayor a largo plazo. Una publicidad inteligente puede destacarlo. Estos datos indican que, suponiendo la existencia de buena voluntad, los responsables de la educación y la salud no están capacitados para desempeñar las responsabilidades asignadas. La inversión óptima requiere organización ágil y uso eficiente de los recursos, incluida la rendición de cuentas. Pero la prioridad del régimen es conservar el poder. Ha sacrificado la eficiencia, inseparable del pensamiento independiente y crítico, en aras de la lealtad incondicional, pese a los elevados costos para la población. La visión de la realidad nacional es cortoplacista y miope. La aceptación de Bukele está amenazada permanentemente por la ineficiencia de su gestión, aun cuando la lealtad sumisa de sus colaboradores hipoteca su futuro a mediano y largo plazo. Cuando la diversión ya no haga tolerable el peso creciente de la pobreza y la exclusión, y cuando los sectores empobrecidos y descartados pierdan el miedo al régimen de excepción, como en el Irán actual, los estallidos de descontento popular pondrán en entredicho la viabilidad de la dictadura familiar. Entonces, el poder que la sostiene deberá decidir si la reemplaza. No por ética política ni por amor al pueblo, sino por su disfuncionalidad. En ese momento, el relato actual cambiará. Los que hoy la aceptan ciegamente, así como lo hicieron con los regímenes anteriores, hablarán, como en Venezuela, de transición, de estabilidad, de instituciona

La desaparición de migrantes no es, lamentablemente, algo nuevo ni exclusivo de El Salvador. Históricamente ha sido uno de los más graves riesgos a los que se enfrentan todas aquellas personas que, obligados por diversos factores como la inseguridad y la falta de oportunidades, deciden emigrar de su país, de su hogar, en búsqueda de mejores oportunidades para ellos y sus familias. La desaparición de migrantes en el tránsito hacia el norte, es una grave violación de derechos humanos que es resultado tanto de la acción directa del crimen organizado, y en muchos casos de los actores estatales, así como de la negligencia de los estados de la región en proteger la dignidad y los derechos de nuestros migrantes. Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos han trabajado por años para dar respuesta al grave sufrimiento de las familias que quedan. En El Salvador, organizaciones como COFAMIDE han acompañado a las víctimas y han promovido respuestas integrales y estructurales a este problema, sin que este se haya solucionado debido al insuficiente interés de los gobernantes de turno. Por si esto fuera poco, lastimosamente, un grupo de salvadoreños migrantes han padecido otras violaciones de derechos humanos en 2025: la desaparición forzada de corta duración y la detención arbitraria durante el retorno-deportación. Como es sabido, entre marzo y abril del 2025, unos 288 migrantes venezolanos y salvadoreños fueron deportados a El Salvador y privados de libertad en el CECOT, acusados de pertenecer a estructuras del crimen organizado como el Tren de Aragua y la MS-13. Aunque los 252 migrantes venezolanos fueron repatriados a su país de origen en julio de ese año, no hubo información sobre el paradero o el proceso que se les aplicaría a más de 30 salvadoreños deportados en esos mismos vuelos. Según algunos testimonios de los que salieron, los salvadoreños también fueron trasladados a otros centros penales, pero sin informarle a las familias de estos traslados y sometiéndoles un régimen de incomunicación con sus familias. Posteriormente, entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de cinco de estos migrantes salvadoreños. En el marco de este proceso, el Estado Salvadoreño informó a la Comisión que ellos se encuentran privados de libertad en las cárceles salvadoreñas, pero sin corroborar qué tipo de acusaciones enfrentan en el sistema penal. Es decir, ha sido necesario que un organismo internacional solicite información al Estado para que la familia pueda tener una mínima idea sobre el paradero de su familiar. Sin embargo, no han sido suficientes las pesquisas de la Comisión para que se esclarezca la situación jurídica de dichos migrantes. Sin acusación formal, sin investigaciones, incomunicados, mezclados con otros privados de libertad, los migrantes detenidos arbitrariamente, a juicio de la comisión, “se hallan en una situación de gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable a sus derechos”. Ante este escenario parece que ellos no podrán gozar de los beneficios del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas 2025–2029 del Gobierno, todo parece indicar que ellos deberán padecer las arbitrariedades del Régimen de Excepción. Jorge Rodríguez, Coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.

La discusión sobre la violencia y la inseguridad en El Salvador ha estado marcada, de forma persistente, por respuestas inmediatistas y muy visibles mediáticamente, a costa de propuestas de fondo y sostenibles. Más que tratarse de una falta de acciones, el problema radica en una ausencia de enfoques integrales de política pública capaces de atender causas estructurales, no solo efectos. Esta ausencia de enfoques integrales define prioridades, moldea la institucionalidad y revela la idea de justicia que guía la acción del Estado. Durante los años de la guerra civil, en medio de la destrucción y la zozobra, diversas organizaciones nacionales e internacionales impulsaron esfuerzos para proteger la vida, la integridad personal y la cohesión social. Muchas de esas experiencias y aprendizajes, sin embargo, no lograron convertirse en políticas estatales permanentes tras la firma de los Acuerdos de Paz. El fin del conflicto armado no eliminó la violencia: dio paso a nuevas expresiones de exclusión social, debilidad institucional y desigualdad, que exigían respuestas complejas y sostenidas. Desde la posguerra, las políticas de seguridad han transitado por distintos modelos, pero con un rasgo dominante: la centralidad de la respuesta punitiva. Perseguir y sancionar el delito es una función esencial del Estado, pero convertirla en el eje casi exclusivo de la estrategia limita su efectividad. Cuando la intervención pública se concentra en los efectos más visibles y urgentes —y no en los factores que producen y reproducen la violencia, la precariedad de oportunidades, la fragmentación comunitaria y la fragilidad institucional—, los resultados pueden ser rápidos, pero difícilmente duraderos. Un componente clave que ha estado siempre orillado es la participación ciudadana en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de seguridad. No basta con invocarla de forma declarativa: requiere acceso a información pública, organización y canales reales y eficaces de incidencia. Sin estos elementos, la participación se vuelve simbólica. Fortalecer la cultura cívica y la capacidad de propuesta de la ciudadanía es condición necesaria para mejorar la calidad de la gestión y las decisiones públicas. La lógica de la inmediatez también reduce el espacio para el análisis técnico y el debate informado. Las medidas de alto impacto comunicacional suelen generar respaldo rápido y percepción de eficacia, pero al mismo tiempo pueden estrechar la tolerancia a la crítica. Cuando el cuestionamiento técnico o de derechos humanos se interpreta automáticamente como oposición o complicidad con el delito, se debilita uno de los mecanismos más importantes de mejora de la política pública: la contraloría social y la revisión crítica. Este panorama conduce a una pregunta de fondo: ¿qué modelo de justicia orienta la política de seguridad? Ha predominado una visión principalmente penal, mientras enfoques complementarios como la justicia restaurativa (orientada a la reparación del daño, la reintegración social y la reconstrucción del vínculo comunitario) han tenido menos desarrollo normativo y operativo. No se trata de sustituir la sanción, sino de ampliarla con herramientas que contribuyan a reducir la reincidencia y fortalecer la convivencia social. Asimismo, cualquier evaluación seria de la seguridad debe observar el cuadro completo. La mejora de determinados indicadores no elimina la persistencia de problemas estructurales como la marginación, la corrupción, la presión sobre los recursos naturales, la militarización de ámbitos civiles y el debilitamiento de políticas sociales en salud, educación, vivienda, previsión social y empleo digno. Ignorar estas dimensiones puede generar una sensación de resolución que no necesariamente equivale a soluciones de fondo. Superar la trampa de la inmediatez no significa renunciar a respuestas urgentes, sino integrarlas en estrategias de largo plazo, con sustento técnico, presupuestario y ético. La seguridad sostenible no se mide solo por la reducción del delito en el corto plazo, sino por la capacidad de una sociedad para disminuir y prevenir las condiciones que lo generan. Apostar por políticas integrales, participación informada y debate público abierto es, en última instancia, una inversión en democracia, en justicia y en paz social duraderas.

La más reciente encuesta del el Instituto de opinión pública de la UCA muestra resultados tan desalentadores para el país como positivos para Nayib Bukele, cuya figura sigue gozando de buena salud y envidiables cotas de popularidad. Los resultados de la encuesta son curiosos por donde se los vea. Hay quejas importantes: nueve de cada diez salvadoreños expresan que el costo de vida está estancado o empeoró, además de expresar que un familiar se ha visto en la necesidad de abandonar sus estudios; ocho de cada diez creen que el desempleo se mantiene en las mismas condiciones o ha aumentado; y según la mayoría de la población, el aumento al salario mínimo es poco o nada beneficioso, señalando buena parte de los encuestados que todo está más caro. A todo esto debe sumarse que entre las instituciones que generan menos confianza destaca la Asamblea Legislativa, un órgano orgullosamente servil a la voluntad del presidente de la República, solo superada en su impopularidad por las alcaldías controladas en su mayoría por el partido de Bukele. Ahora bien, nada de lo anterior parece importar. El desempeño o la nota de Bukele es de un sólido 8.39, superior a la del año pasado y la segunda mejor desde el año 2020, solo superada por el 8.54 de 2023. La alta confianza hacia la labor del mandatario es inédita como fenómeno político, un espaldarazo que se ha prologando como nunca antes en nuestro país desde la firma de los Acuerdos de Paz. El éxito de Bukele se debe, sin lugar a duda, a su gestión en materia de seguridad. El 62.7% de los encuestados manifestó que lo mejor que está sucediendo en el país es la seguridad, lo que posiblemente explica que el 70.3% de la población sienta “esperanza” y no “temor”. Este hito en seguridad no puede desconectarse del régimen de excepción, mediante el cual se ha detenido a decenas de miles de salvadoreños, muchos de ellos pandilleros, pero también personas inocentes. Esta es la filosofía del régimen: detener al pandillero, al que parezca pandillero, al que acusen de pandillero y al que esté cerca de todos los anteriores. Buena parte de la población parece intuir esta malévola filosofía, y de ahí que cinco de cada diez salvadoreños sostengan que las personas detenidas deberían ser liberadas o no estar en prisión. Pero esta no es la mayor contradicción, pues si analizamos con detenimiento las condiciones que sostienen al popular Bukele o a su régimen de excepción, descubrimos que son las mismas que vuelven inviable y peligroso dicho poder: un control férreo sobre el ejército, dominio absoluto de la Asamblea Legislativa, anulación del sistema judicial, nulo respeto a los derechos humanos y a las obligaciones mínimas de rendición de cuentas. Un nefasto sistema protegido por un discurso agresivo y divisorio, donde no cabe el disenso o la pregunta, y en el que las exigencias por transparencia, derechos humanos o diálogo son propias de mareros, de los “mismos de siempre”, del “gorgojo”, del enemigo o de la “oposición”. Esta es la tragedia final del modelo Bukele: mientras más pule las condiciones de su permanencia y popularidad, más se condena al fracaso. El país necesita urgentemente diálogo, creatividad, educación, transparencia y respeto a los derechos humanos. Pero el actual modelo no conoce estas palabras, solo sabe de violencia, administra lo que quiere y da cuenta de lo que desea. No hay más voces o protagonistas que una o dos personas, y tampoco hay controles, límites o rendición de cuentas. ¿Qué potencia del primer mundo o país con alto nivel de desarrollo ha crecido en semejante aridez? Por lo que arrojan las cifras y los hechos, el modelo Bukele va para rato. Tal como sucede en la mente de un niño que cree que el mundo gira en torno a su figura infantil, el modelo Bukele seguirá girando para pocas personas, siempre enredado en su tragedia fatal: ser tan perjudicial para las grandes mayorías populares como efectivo para maximizar la popularidad y permanencia en el poder de una sola persona. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

La violencia y la criminalidad están directamente relacionadas con una economía que no proporciona los medios para una vida digna. La encuesta del Iudop registra que la mayoría percibe la precariedad de su economía familiar como el problema mayor. Una opción es resignarse. Otra es emigrar. Dos de cada diez salvadoreños, según la misma encuesta, desean hacer vida en el norte. Prefieren correr los riesgos del viaje a sobrevivir malamente. Y la tercera es delinquir. Está comprobado que la dureza del castigo no detiene la comisión del crimen. Las remesas, que crecieron más del 17 por ciento el año pasado, hacen llevadera la precariedad de sus receptores, pero al mismo tiempo han creado nuevas desigualdades entre las familias beneficiadas y las excluidas, y nuevos patrones de consumo que agudizan las desigualdades existentes. Sin pretenderlo, han fragmentado y despolitizado a la ciudadanía. Probablemente el crecimiento de las remesas es consecuencia de la amenaza que se cierne sobre los inmigrantes, a quienes la embajadora salvadoreña se niega a defender por considerar que su permanencia en Estados Unidos es decisión soberana de Trump. Olvida que ella misma declaró que Bukele fue tajante al demandar la deportación de los líderes de las pandillas. Asimismo, Bukele negoció la suspensión de los aranceles, medida que favorece a las empresas exportadoras, pero no la seguridad de los inmigrantes, entre quienes sus legisladores buscan votos y dólares. La “modernización” de la economía de la posguerra, impulsada por el capital y sus políticos, contribuyó, en gran medida, a consolidar la pobreza y la desigualdad heredadas de las décadas anteriores a la guerra. En nombre de la prosperidad, liberalizaron el comercio, desregularon la economía e incentivaron la inversión reduciendo impuestos. El neoliberalismo abandonó la agroexportación y se concentró en los servicios, las finanzas y la construcción, lo cual provocó la emigración masiva del campo a la ciudad y al exterior. Las ciudades concentraron los desafíos y las oportunidades, y fueron escenario de una competencia feroz y violenta por la sobrevivencia. Una masa demográfica crítica de jóvenes encontró en la pandilla una salida. Los neoliberales pregonaron que la desregulación, el recorte acusado de los impuestos y mayor libertad para el capital traerían bonanza. El capital se ocuparía del bienestar general. Un argumento absurdo, porque quienes prosperaban obscena y escandalosamente con el nuevo orden redistribuirían la riqueza nacional de una forma inequitativa. Todos los gobernantes de la posguerra sin excepción, los neoliberales de la primera hora y los de nuevo cuño, y los revolucionarios, han conservado el ordenamiento neoliberal, pese a generar descontento, criminalidad y violencia. El papa Francisco decía que esa forma de capitalismo mata. El Estado indiferente al bienestar general carece de ciudadanía. La lucha por la sobrevivencia diaria, en un medio cargado de diversas amenazas, imposibilita el surgimiento de una ciudadanía activa y creativa, indispensable para el desarrollo de la democracia. Esta realidad explica el surgimiento y la aceptación de la dictadura. El Iudop registró que la mayoría de la población no se identifica con ningún partido político, ni siquiera con el oficial, pero sí con Bukele. La mano dura de la dictadura es así la opción obvia para unas mayorías frustradas y temerosas de males mayores. Las fuerzas de seguridad militarizadas explotan sus miedos como estrategia política. Sin ellas, los pandilleros retornarían. Ellas son las únicas que pueden garantizar su desaparición. Esta estrategia política ofrece protección contra este temido “enemigo”, donde no solo figuran pandilleros, sino también decenas de miles que no lo son. En efecto, “en menos de una década”, Bukele pondrá en libertad a unos 75,000 de los 107,055 prisioneros actuales. Al conceder libertad total a las fuerzas de seguridad para hacer uso de la violencia extrema, las mayorías se vuelven autoritarias. Aceptan sin más que, como dijo un alto funcionario, capturar solo a los criminales “no tiene gracia”. El Salvador es así una democracia sin ciudadanía, donde las elecciones son absurdas. Por eso, el modelo de Bukele resulta incompatible con la institucionalidad democrática, tal como señaló varias veces el presidente electo de Chile. En realidad, la seguridad de Bukele protege los intereses de los poderosos de siempre. Derrotó a un grupo criminal grande e importante, pero no ha capturado a todos los delincuentes. La economía criminal incrustada en los sectores público y privado goza de buena salud. Los poderosos sacan buen provecho de la debilidad del Estado. Desde esta perspectiva, las pandillas son una construcción ideológica exitosa. Los poderosos cuentan con el uso de la violencia extrema para prevalecer. Consciente de ello, León XIV, en el mensaje para la Jornada de la Paz, afirma que “es necesario denunciar las enormes concentraciones de intereses económicos y financieros priv

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

El más reciente estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) en El Salvador, realizado a finales de 2025, ofrece una radiografía compleja de la realidad nacional. Aunque la población reconoce una disminución significativa de la delincuencia, las preocupaciones en torno a la economía y la calidad de vida cotidiana se intensifican y marcan el pulso de la opinión pública. Más del 95% de las personas afirma no haber sido víctima de delitos en el último año, y los niveles de confianza hacia las instituciones armadas y de seguridad se mantienen elevados. Estos datos consolidan la seguridad como uno de los principales logros de 2025. De hecho, el 69.4% de la población identifica la mejora en seguridad y el combate a las pandillas como los sucesos más positivos del año. Sin embargo, la economía continúa siendo el principal desafío nacional y un verdadero dolor de cabeza para las familias. Nueve de cada diez personas consideran que el costo de vida ha aumentado o se ha mantenido igual, mientras que ocho de cada diez señalan que el desempleo se mantuvo o incluso se incrementó en 2025. Ante esta situación, muchas familias reportan haber reducido el consumo de alimentos básicos o recurrido a préstamos y trabajos adicionales para cubrir sus necesidades, lo que refleja la fragilidad de los ingresos y la persistente vulnerabilidad económica que atraviesa una gran parte de los hogares. El 44% de las personas declara que los alimentos constituyen el principal gasto dentro del presupuesto familiar, seguido por servicios básicos y medicamentos. Resulta alarmante que el 58.2% de la población afirme que el aumento de precios ha afectado su consumo dentro del hogar, especialmente en productos esenciales como carne de res, leche, frijoles y huevos. Esta reducción en el acceso a alimentos básicos amenaza con tener consecuencias graves en la seguridad nutricional de la población si la tendencia se mantiene o se profundiza, generando un impacto directo en la salud y en el bienestar de las familias más vulnerables. A esta problemática se suman tensiones sociales emergentes, como la mala calidad de los servicios públicos, los conflictos y desalojos en el Centro Histórico de San Salvador, y los despidos laborales. En contraste, las medidas de alivio económico más reconocidas por la población (el bono agrícola, los paquetes escolares y el pago de recibos de agua y luz a inicios de 2025) muestran que las acciones puntuales de apoyo tienen un impacto tangible y simbólico en la vida cotidiana. No obstante, el aumento del salario mínimo fue considerado poco o nada beneficioso por el 54.6% de las personas. Además, la población declara que dicho incremento ha sido insuficiente frente a la percepción de un aumento generalizado de precios, especialmente en productos de la canasta básica, lo que termina por erosionar cualquier mejora salarial. También se señala que el salario mínimo debería alcanzar en promedio los $548, lo que evidencia una brecha de al menos $140 respecto al salario mínimo más alto vigente. Este dato subraya la necesidad de respuestas estructurales y sostenibles en el ámbito económico, más allá de medidas coyunturales que, aunque visibles, no logran transformar las condiciones de fondo. El estudio devuelve la imagen de un país que se siente más seguro, pero que sigue luchando contra la precariedad económica y social. La esperanza hacia el futuro, expresada por 7 de cada 10 personas, demanda cada vez más ser acompañada de políticas públicas capaces de traducir esa expectativa en mejoras reales en ingresos, servicios y calidad de vida. Finalmente, el nivel de confianza institucional refleja un panorama desbalanceado que favorece a las instancias que protagonizan el tema de seguridad. La población otorga mayor confianza a Nayib Bukele (77%), al gobierno central (69.6%), a la Fuerza Armada (69.1%) y a la Policía Nacional Civil (68.2%). En un segundo nivel de confianza se encuentran, entre otras, la Iglesia católica (58.4%), la Fiscalía General de la República (56.9%), el sistema penitenciario (56.3%), las Iglesias evangélicas (55.9%) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (50.9%). En contraste, la Asamblea Legislativa (43.3%), los empresarios (42.6%), las alcaldías (40.6%) y los partidos políticos (31.4%) reciben los niveles más bajos de confianza. Estos datos muestran una profundización de la fractura entre la ciudadanía y una parte de las instituciones tradicionales, lo que plantea un reto adicional para la gobernabilidad democrática. En definitiva, el sondeo desnuda los dilemas de un país que reconoce positivamente los avances en seguridad mientras enfrenta una economía venida a menos. La confianza depositada en las instituciones de seguridad y en el liderazgo presidencial contrasta con la desafección hacia los partidos y las instancias territoriales, lo que evidencia un vacío de representación política. En este contexto, la narrativa de estabilidad basada en la seguridad corre el

Obviamente, es total. Una segunda cuestión vinculada a la anterior es si el uso de la fuerza brutal, implacable e inhumana es la única forma de conseguirla. De nuevo, la respuesta obvia es afirmativa. La obviedad de estas respuestas depende de cómo se entiendan la seguridad y la inseguridad. La disputa por el espacio del centro de la capital entre la informalidad y las fuerzas de seguridad que protegen las grandes inversiones del sector revela una profunda crisis de sobrevivencia. La concesión de una quincena de salario adicional a los trabajadores confirma la precariedad vital. El beneficio es cortoplacista e insuficiente. No incluye la informalidad ni el desempleo, que constituyen la mayor parte de la fuerza laboral. El apremio por sobrevivir en condiciones adversas hace atractivas tanto la actividad criminal como la respuesta punitiva, incluso justiciera, sin importar cuán arbitraria pueda ser. Las minorías acomodadas, ajenas a las angustias del no tener qué comer, piden mano dura despiadada. Pero, muy a su pesar, esta no garantiza su seguridad. Los criminales se adaptan. La evolución del fenómeno de las pandillas así lo muestra. La violencia, una vez desatada, se reproduce. La seguridad del modelo de Bukele es muy parcial. La estadística oficial de los homicidios no incluye formas de violencia como los feminicidios y las desapariciones, el abuso de poder y las violaciones, y la corrupción. Los responsables de la seguridad etiquetan como “terroristas” a los pandilleros y a los descontentos, mientras que a los corruptos los tratan con consideración. Según esto, la corrupción es diferente de la criminalidad, pero las dos están vinculadas. El régimen de excepción asimila lingüísticamente a los verdaderos delincuentes con los informales, los desempleados y los adversarios políticos para justificar la represión en nombre de “la seguridad ciudadana”. El alcance de la seguridad de Bukele es también muy limitado. No protege la vida, la dignidad humana y el acceso a los medios de subsistencia, a pesar de estar amenazados por el desempleo, el hambre, las enfermedades, la pobreza y la crisis ambiental. La “seguridad ciudadana”, en sentido estricto, comprende las dimensiones personal, comunitaria, alimentaria, sanitaria, de género, económica, política y ambiental. La inundación de un complejo de viviendas, autorizado pese encontrarse en una zona de alto riesgo ambiental, es otra muestra de las limitaciones de la seguridad del régimen de Bukele. En la práctica, el Estado es un factor determinante de la organización, la gestión y la reproducción de la violencia y de la expansión de la criminalidad, diferente a la de las pandillas, pero criminalidad, a fin de cuentas. En un primer momento, utilizó al ejército y a la policía militarizada para expulsar a los pandilleros de los espacios públicos. Concluida esa tarea, en vez de replegarlos, les asignó otra misión, una tan antigua como el mismo Estado salvadoreño: sostener y defender la dictadura de turno. El Estado siempre ha hecho uso de la violencia pública con permisividad notable, incluso para los estándares latinoamericanos. En la primera mitad del siglo XX, el ejército sostuvo a la oligarquía agroexportadora. En la segunda, controló a la oposición social y política de forma cada vez más violenta, incluso organizando y dirigiendo grupos de exterminio. La tarea del ejército no ha sido defender la república, sino el capital, primero liberal y ahora neoliberal, y de paso, promover los intereses institucionales y personales de su cúpula. Estas actividades violentas nunca han sido condenadas, sino presentadas como “seguridad nacional”. No es extraño, entonces, que, aun antes del surgimiento de las pandillas, la violencia social mostrara tasas elevadas. Incluso la tasa de homicidios era alta antes de la guerra civil. En la zona rural, el conflicto violento entre hombres armados con corvos, un arma defensiva aceptada, era común. En las zonas urbanas marginadas, donde se libraba una lucha feroz por la sobrevivencia, la violencia era cotidiana. Dicho de otra forma, las pandillas no son más que la expresión de una sociedad estructuralmente violenta. El modelo de Bukele desconoce que la violencia forma parte de la configuración del Estado. Ignora que él mismo es producto de esa violencia. El Estado y el capital utilizan la violencia para conservar un orden que privilegia sus intereses. Simultáneamente, esta violencia primera se reproduce en otras violencias. La fuerza es necesaria en algunas situaciones y siempre ejercida de forma comedida, pero no puede solucionar las crisis de sobrevivencia humana y ambiental. Es cierto, no hay Estado que no pueda con los criminales, como repite Bukele, pero si estos proliferan es porque aquel no cumple con su obligación primaria de velar por el bien común. El Estado es cómplice por partida doble: por no garantizar la seguridad ciudadana y por tolerar la criminalidad de los suyos. Existe, pues, explicación del fenómeno de la violencia. Otra co

El papa León XIV lamenta, en el mensaje para la Jornada por la Paz de este año, la frecuencia con la que se “arrastra” la fe al combate político. La fe se usa para bendecir el nacionalismo y para justificar religiosamente la violencia y la lucha armada. Eso fue, justamente, el desayuno de oración exhibido hace unos días en cadena nacional. Los jefes de los tres poderes del Estado, encabezados por Bukele, algunos políticos estadounidenses y un selecto grupo de invitados se reunieron en el Palacio Nacional para rezar y desayunar. En su intervención, Bukele atribuyó directamente a Dios el éxito del régimen de excepción. Dios habría escuchado sus súplicas y las de su equipo de seguridad, y habría tomado en sus manos las riendas de la represión. Prueba fehaciente de que Dios provee cuando hay fe. La seguridad actual sería, pues, un portento divino, que nadie puede cuestionar ni explicar. Ni siquiera los expertos. Un milagro auténtico, cuyo secreto es la oración. Los países que han intentado replicar el modelo de Bukele han fracasado, porque solo tomaron el plan, pero no oraron. Si Dios es el autor directo de la seguridad, también es responsable del régimen de excepción, que incluye violencia, arbitrariedad e injusticia. Por tanto, las víctimas inocentes, las parejas y los hijos abandonados, y los muertos por causa de la tortura y la falta de cuidados médicos en las presiones del régimen deben resignarse y aceptar la voluntad de Dios. Su conformidad será recompensada infinitamente en la eternidad. Bukele dice que él no es más que el instrumento, el elegido, para hacer realizar esa voluntad divina providente. El papa, en cambio, pide a los creyentes desmentir “esas formas de blasfemia que opacan el santo nombre de Dios”. La justicia y la dignidad humanas, denuncia el mensaje, están “muy expuestas” al poder de los más fuertes y violentos, quienes han puesto la guerra de moda. Los poderosos del mundo usan el nombre de Dios para justificar sus desafueros. En esa misma línea, Bukele confía en que ese Dios, al que se encomienda, resolverá los problemas de empleo, salud, educación y medioambiente. Y si esas soluciones no llegan o tardan en aparecer, invita a confiar en su providencia. Dios sabe el cuándo y su tiempo es perfecto. Bukele solo reza. Esta postura es ajena a la tradición bíblica. El Dios de la Escritura actúa a través de enviados, a quienes encomienda una misión. Es el caso de Moisés, de los profetas y del mismo Jesús. Sin embargo, de vez en cuando aparecen impostores diciendo “yo soy”. El Evangelio avisa a la comunidad cristiana no creerles. El criterio del juicio final de Mateo 25 es claro. El discípulo de Jesús da de comer al hambriento y de beber al sediento, acoge al extranjero, viste al desnudo y visita al enfermo y al preso. En realidad, la cuestión ya está planteada en el Génesis, cuando Dios pregunta a Caín por su hermano y este responde que no es su guardián. El Dios de Jesús es un Dios de paz, que significa, en palabras de León XIV, proteger lo que es santo: la vida humana, sobre todo la más amenazada por un orden configurado por “enormes concentraciones de intereses económicos y financieros”, que “intenta sacar provecho de todo” y empujan a los políticos y a la sociedad a la violencia y la guerra. El Dios bíblico cuestiona ese orden desde el comienzo de la historia, tiene sueños que inspiran a sus profetas y está decidido a rescatar a la humanidad de las esclavitudes antiguas y nuevas. La justicia y el derecho, el diálogo y la escucha son los caminos que liberan de esas esclavitudes. El desafío consiste, según el papa, en configurar humanamente las relaciones sociales para vivir “una paz desarmada y desarmante”. Una paz que no solo rechaza toda forma de violencia, sino que también se esfuerza para desarmar a los violentos. El desayuno de oración, exhibido en cadena nacional a un país cuyas mayorías no tienen con qué hacer los tres tiempos, se parece a la oración del fariseo. Jesús se refirió a él para prevenir a sus discípulos. El fariseo entró ostentosamente en el templo para jactarse de no ser como los demás y de cumplir fielmente la ley, pero no salió justificado. Jesús recomienda al orante entrar en su habitación y cerrar la puerta para entrar en comunión íntima y personal con Dios. Y Él, que ve en lo secreto, lo recompensará. Dios no quiere la gloria de Bukele. La gloria de Dios, como dijo Mons. Romero, es el pobre que vive. En El Salvador de Bukele, las mayorías, que no fueron invitadas al desayuno de oración, no tienen una vida digna. Mons. Romero fue enviado por Dios para defenderlas y para exigir derecho y justicia. El pecado lo aplastó. Pensó que lo callaba, pero su palabra vive. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La dictadura ya no es reprobable, sino bienvenida si está alineada con el poder imperial. El mismo criterio se aplica a los narcotraficantes y los corruptos. Así lo ha decretado la voluntad imperialista que capturó al gobernante de Venezuela y a su esposa. El aura imperial tiene un poder asombroso para glorificar y demonizar. El cambio de perspectiva es buena noticia para Bukele, cuya dictadura queda así confirmada. La incursión en Venezuela fue una demostración de poder duro para América Latina y el resto del mundo. No cualquier poderío militar tiene capacidad para intervenir o capturar a un déspota con tanta precisión. Pero el hecho debe ser tomado con cautela. Washington solo descabezó la dictadura; la estructura que la sostiene sigue intacta, aunque sometida a sus designios. Trump no busca sustituir la dictadura por la democracia, ni la arbitrariedad del déspota por el respeto de los derechos humanos. Tampoco pretende desmantelar un poderoso cartel del narcotráfico, tal como dijo, un delito que no figura en la acusación fiscal; sino apoderarse del petróleo venezolano. Trump confía en extraer “una enorme cantidad de riqueza del suelo”, la cual, asegura, compartirá, a su discreción, con el pueblo venezolano. El otro objetivo de la operación militar es afirmar la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Trump alega que sus territorios y sus recursos naturales, ahora petróleo, pero también las tierras raras, le pertenecen. No tolerará desafío ni cuestionamiento sobre su dominio hemisférico. Todo ello en nombre de la seguridad nacional de Estados Unidos. Washington ha regresado al imperialismo del siglo XIX, pero equipado con las armas del siglo XXI. Invocar el derecho internacional no tiene sentido. La nueva versión del imperialismo no reconoce ninguna institución, ley o control internacional, por ser contrarias al proyecto estadounidense. La fuerza militar es el derecho. En el nuevo orden mundial, prevalece la voluntad del más fuerte. En la práctica, nadie puede exigir a Estados Unidos observar la legislación internacional. En realidad, el imperialismo de Trump no es ninguna novedad en el continente. Washington siempre ha intervenido en los asuntos internos de los países americanos de manera egoísta y brutal. Sin embargo, entre aquel imperialismo y el actual existe una diferencia importante. El antiguo hablaba de democracia, de orden interno y de derechos humanos, incluso de desarrollo económico, para intentar disimular sus verdaderas intenciones. El de Trump no las oculta. Las ventila descaradamente y se enorgullece de ellas. Con todo, cabe agradecer su honestidad. El Salvador de Bukele hizo a un lado su obstinada oposición a la injerencia extranjera en los asuntos internos de otro país y aplaudió la intervención de Washington en Venezuela. Aunque los dos regímenes son igualmente autoritarios y contrarios a la democracia, y en ambos el Estado es instrumento de corrupción, el de Maduro cayó, mientras que el de Bukele permanece. Venezuela atesora inmensos depósitos de petróleo codiciados por el imperio y tenía socios impresentables. Bukele no tiene petróleo, pero cae bien en los círculos de poder de Washington. Es complaciente y diligente. A la OEA, a la que antes descalificó como “ministerio de colonias de Washington”, le exige “un liderazgo real, decisiones firmes y compromisos con los principios democráticos”. En su seno declaró sin inmutarse que “ninguna persona, por poderosa que sea, está fuera de la ley” y que “todos los pueblos de las Américas merecen una región donde los principios de la democracia, legalidad y respeto a la dignidad humana no sean aspiraciones, sino realidades”. La diplomacia de Bukele prestó así un buen servicio al Washington imperialista en un foro tradicionalmente desconfiado de la administración estadounidense. Olvidada quedó la arrogancia nacionalista, soberanista y libertaria del primer Bukele. Mejor acogerse a la sombra del imperialismo que compartir destino con Maduro. El nuevo imperialismo de Washington no solo descabezó la dictadura venezolana, sino también autorizó a regímenes como el de Bukele a actuar contra sus enemigos con la misma intolerancia, brutalidad y crueldad. Pero a diferencia de Trump, Bukele lo disfraza de modernidad deslumbrante, de magnificencia y de liberalidad. Trump está tan seguro de su liderazgo, de su poderío y de sus habilidades negociadoras que no necesita esconderse. Contrario a las apariencias, los imperios y las dictaduras acaban mal. En su seno llevan el germen de la decadencia. Los imperios colapsan por agotamiento, víctimas de luchas internas de poder y de enemigos externos. Las dictaduras también pasan cuando los valedores del dictador lo descartan por considerarlo una carga improductiva. Los imperios y las dictaduras caen cuando los sometidos se levantan para liberarse de sus señores. Irán es un recordatorio muy oportuno del destino que los aguarda. En otro tiempo, una teocracia sólida, sostenida por fuerzas represivas impl

El miércoles 7 de enero fue asesinada Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), en el marco de un operativo antiinmigrante en la ciudad de Mineápolis, Minnesota. Al día siguiente, otras dos personas resultaron heridas con armas de fuego en Portland, víctimas del accionar de la Patrulla Fronteriza. En dos días, la principal institución encargada de implementar la política migratoria en Estados Unidos ha evidenciado un uso abusivo de armas de fuego en contra de un sector de la población —los inmigrantes y quienes les defienden— cuyos “delitos imputados” no atentan contra los derechos fundamentales de ninguna persona. De hecho, en los videos sobre el incidente que derivó en el asesinato de Good se observa que ella buscó maniobrar su automóvil para evadir el control que realizaba la agencia estatal; de ninguna manera se puede concluir que buscaba “usar su vehículo como arma” en contra de los agentes. El ICE pudo disparar a las llantas o pedir apoyo a otras agencias policiales del Estado para impedir la huida de Good. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, establecen que cuando el uso de armas de fuego es inevitable, y este definitivamente no era el caso, debe primar la moderación, de forma proporcional al objetivo legítimo que se persigue, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, y respetando siempre la vida humana. Ninguno de estos principios se cumple en el caso de Good. El suyo es un nuevo caso de uso excesivo de la fuerza letal. Igual de preocupantes son las declaraciones de varios funcionarios estadounidenses de alto rango que han salido a defender el accionar del ICE, incluida la secretaria de Seguridad Nacional y el mismo presidente Trump. Defender o justificar acciones de empleados públicos que atentan contra la vida de las personas es un peligroso mensaje político, que podría incrementar los niveles de violencia de la agencia estatal en sus procedimientos en las comunidades. Asimismo, este respaldo evidencia un profundo desprecio por la dignidad humana de aquellos que defienden los derechos humanos de la población migrante. Esta situación implica un grave de riesgo para la población migrante en Estados Unidos. Una realidad que afecta a El Salvador por razones obvias: de casi tres millones de salvadoreños en Estados Unidos, más de un millón estarían en una situación migratoria irregular, quedando expuestos a ser detenidos por el ICE. El Salvador nos ha demostrado que darle rienda suelta a una institución policial, librarla de controles internos y externos, tiene efectos negativos en la sociedad, en especial en aquellas personas que tienen una o varias condiciones de vulnerabilidad, y lleva a la desnaturalización de la institución. Por otra parte, aunque muchos salvadoreños deportados afirman haber recibido un buen trato por parte de los equipos profesionales que los reciben en nuestro país, hay excepciones que preocupan: al menos cuatro migrantes salvadoreños deportados en los primeros meses de 2025 sufrieron desaparición forzada a su llegada y luego fueron ubicados en cárceles salvadoreñas sin acceso a comunicación con sus familias y sin saber bien los motivos de sus detención; en suma, fueron víctimas del populismo punitivo y de la inercia institucional a coartar derechos. * Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes.

El modelo Bukele es tan atractivo como inimitable. Los autocráticos lo admiran y lo envidian. Quisieran reproducirlo en sus países. Pero la imitación no es tan sencilla como parece. No es solo una cuestión de voluntad política. Implica desmontar la institucionalidad democrática e implantar una dictadura. Puestos a ello, la empresa no es imposible, incluso en países donde esa institucionalidad es sólida como Costa Rica, Chile o Estados Unidos. Lo que no es viable es una actividad económica vigorosa sin garantías democráticas. Por otro lado, las razones esgrimidas para imitar el modelo de Bukele son falsas. Sus promotores alegan el descontrol de la delincuencia y la inmigración. Asimilan la delincuencia común con el crimen organizado y la inmigración con el caos. Sin fundamento les atribuyen el origen de los males de sus países, obviando su origen estructural. Los líderes autocráticos dramatizan el impacto de la delincuencia y la inmigración para explotar el miedo del electorado, porque carecen de propuesta para enfrentar el estancamiento económico y la frustración sociopolítica. En cualquier caso, el modelo de Bukele no es política y éticamente sano. Es, sin duda, atractivo, pero engañoso. Se empeña en romper con el pasado, porque imagina que el presente heredado es obsoleto e irrecuperable, y que puede reemplazarlo por otro totalmente nuevo, libre de los vicios antiguos y de la dominación de terceros, y dotado de una identidad y una moral superiores. Las criptomonedas y las multinacionales tecnológicas son las primeras señales de lo que estaría por llegar. El modelo de Bukele adolece de una distorsión cognitiva, que deriva en espirales de pesimismo catastrofista. Una tendencia compartida por una elite multimillonaria vinculada a las tecnologías emergentes. Estos magnates se sienten acorralados por enemigos, que les provocan ansiedades insoportables. Aspiran a construir una sociedad basada en la tecnología sin regulaciones ni control alguno. En consecuencia, tienden a dejar en libertad a la inteligencia artificial, en la que confían ciegamente. Bukele les ha entregado la educación y la salud públicas. La responsabilidad social es un estorbo insoportable. Lo que las multinacionales tecnológicas y los libertarios no dicen es que estos experimentos les reportan ganancias abultadas. En la práctica, el proyecto es tan totalitario como aquel del que dicen querer escapar. Rechazan la intervención externa en sus negocios, pero aplauden la aventura imperialista en Venezuela. La consistencia no es su fuerte. Esta elite, desorientada y confundida, afirma haber encontrado en El Salvador de Bukele un lugar seguro para escapar de las amenazas y las atrocidades del mundo actual. Tiene razones para pensar que ha dado con el sitio ideal. La señal luminosa que les indicó que Bukele era el elegido fue la legalización del bitcoin. Está convencida de que El Salvador de Bukele es un refugio inmejorable para desarrollar sus negocios y agrandar su riqueza con total libertad. Por el momento, se les antoja como el lugar idóneo para echar raíces. Las ideas más descabelladas encuentran eco en Bukele o en alguno de sus hermanos, dependiendo de qué se trate. Estos les han abierto las puertas del país, les han facilitado contactos, les han ofrecido oportunidades para establecerse y vender sus servicios y productos, y les han dado toda clase de facilidades, incluso legales como en los casos de las criptomonedas, la inversión y la salud pública, cuyas leyes fueron elaboradas a la medida por algunos de estos magnates extranjeros. No es claro si estos utilizan a Bukele para poner a prueba sus ideas extravagantes y aumentar sus millones, o si aquel se vale de estos para realizar sus sueños de grandeza. Los magnates ganan si sus experimentos son exitosos. Si no satisfacen sus expectativas, abandonan el país y buscan otro sitio. Algunos llegaron atraídos por los cantos de sirena de la dictadura. Cuando descubrieron que habían sido seducidos, se fueron así como llegaron. Si los Bukele fracasan, tampoco perderán, porque los recursos empeñados no son los suyos, que están a buen recaudo, sino los del país. El modelo de Bukele no es tan sólido como parece. Su vigencia depende de la conservación del poder acumulado. El modelo es un régimen de excepción permanente. Por eso, los Bukele priorizan la lealtad sobre la competencia. Son convincentes en la promoción y la promesa, pero han demostrado poca capacidad para la ejecución. Incapaces de proyectar a mediano y largo plazo, improvisan sobre la marcha, siempre cuidando de no poner en peligro su poder. El resultado de la deriva autoritaria es la implantación de una de las versiones más salvajes del capitalismo neoliberal, que facilita a los escogidos multiplicar aceleradamente su riqueza. El modelo no está diseñado para las masas. Difícilmente mejorará su nivel de vida actual. Las masas excluidas deben conformarse con admirar el triunfo de los Bukele, mientras les agradecen la diversión inagotable que les

El discurso de los troles de Bukele discurre por la vertiente del insulto, del ataque personal y de la afirmación acrítica de su prédica. Son trampas retóricas para evadir la crítica, desviar la discusión y persuadir irracionalmente. Les pagan por acorralar a los adversarios en lugar de responder a sus argumentos y por contentar a los conformistas y a quienes disfrutan odiando lo diferente. El insulto, entre más grosero y vulgar, parece más convincente. La agresión verbal menosprecia, humilla y ofende al adversario, pero no desautoriza su opinión. El insulto cumple su cometido cuando provoca al otro y este responde irritado en los mismos términos. La reacción colérica calienta la confrontación y entusiasma a los adeptos, pero no dilucida la verdad del argumento. El ataque personal busca desacreditar la posición del contrario, arremetiendo contra su personalidad, su carácter o sus circunstancias. Al parecer, el descrédito del mensajero invalidaría el mensaje. El trol lo descalifica por hipócrita. La agresión es exitosa cuando la persona desacreditada se defiende, en lugar de abundar en sus argumentos. De esa manera, ella misma contribuye a desviar la atención de su opinión o crítica. Por muy hiriente que pueda ser, el ataque personal es irrelevante para la validez o la falsedad del parecer contrario. Los troles a sueldo repiten acríticamente el discurso de Bukele. Basta con que lo haya afirmado para darlo por verdadero o por hecho. Atribuyen a su palabra una omnipotencia humanamente imposible. La firma del convenio con Finlandia para adoptar su modelo educativo les dio pie para afirmar que la educación nacional ya es similar a la finlandesa, obviando las complejidades de un sistema inalcanzable a corto plazo y que, a mediano y largo plazo, exige una reforma estructural radical para la cual no existen recursos. Levantar la voz, incluso gritar, no convierte los deseos en realidad. Al prescindir de la lógica y la sensatez, los troles corren el riesgo de hacer el ridículo. Carecen de imaginación, de ingenio y de formación para ser originales. Ni siquiera crean buenos memes. Algunos no saben leer y escribir. Su fuerza estriba en la insistencia incansable en un mundo fantástico. En realidad, no se les puede pedir mucho. No tienen educación ni capacidad para comprender los razonamientos del contrario y para formular una respuesta persuasiva. Carecen de perspicacia para encontrar inconsistencias en el argumento del contrario y para responder agudamente. Tampoco les interesa. No les pagan para eso. Ganan bien por repetirse. Casa Presidencial es poco exigente, paga mucho por poco. Pese a ello, no puede garantizar su fidelidad. El trol expulsado de su nómina se revuelve contra Bukele con la misma convicción con la que hasta entonces lo había defendido. Es prácticamente imposible entablar una discusión inteligente o relevante con la dictadura. No vale la pena intentarlo. Tampoco caer en la provocación. Los impacientes pierden los estribos y entran al trapo. Al no haber argumento que rebatir, caen en la trampa y reproducen insultos, descalificaciones y reprobaciones,que no hacen avanzar la discusión. Al contrario, enrarecen aún más el clima social. Siembran odios y rencores, desde la otra orilla y, sin pretenderlo, alejan todavía más la posibilidad del encuentro y la reconciliación alrededor de un proyecto de nación, comprometido con la igualdad, el respeto de los derechos ciudadanos y el cuidado del medioambiente. Sin embargo, la inversión resulta productiva para la dictadura, no por la habilidad argumentativa de estos altavoces, sino por la repetición abrumadora de injurias, difamaciones y trivialidades, y por la placentera comodidad de la fantasía. Muchos se dejan arrastrar hacia el mundo de lo irreal e improbable, donde encuentran una reconfortante sensación de seguridad y bienestar, que los desvincula de la precariedad, las frustraciones y la amenaza de una vida sin futuro. La pobreza y la vulgaridad de los troles desmerece de un régimen presuntamente interesado en el uso correcto del idioma nacional en el sistema educativo. No puede exigir a la juventud algo que uno de sus principales voceros desconoce. El bajo nivel intelectual, político y ético de la dictadura se traduce en una gestión desacertada, ineficiente y negligente. Los troles de la dictadura han contribuido a empobrecer la discusión de los desafíos del país y a deteriorar la convivencia. La única reacción legítima es acatar sin más las decisiones de Bukele. Sus órdenes son espléndidas, oportunas y justas. Por tanto, inmejorables e incuestionables. En consecuencia, el desacuerdo, la propuesta alternativa y la disidencia son superfluas. En El Salvador de Bukele no hay cabida para la diferencia, la disidencia y mucho menos para la oposición. Es el mejor de los mundos imaginables. El descarte, el sufrimiento y la miseria de los excluidos son costos inevitables, compensados con creces por el disfrute, la comodidad y la buena vida de las minorías. * Rodolfo Ca

Cuando los países ricos del norte destierran de las aulas los dispositivos electrónicos, El Salvador los distribuye generosamente, mientras digitaliza apresuradamente la educación pública. Caben dos explicaciones para este contrasentido. La primera es una fascinación ingenua e imprudente con las tecnologías emergentes. Los incautos tienden a pensar que ellas poseen la respuesta para todos los problemas personales y sociales. Pasan por alto que su eficacia depende de la programación específica ejecutada por un programador, es decir, por un ser humano. Hasta ahora, esas tecnologías no van más allá. La segunda explicación es el aislamiento y la ignorancia. El Salvador de Bukele, confiado en su autosuficiencia, más imaginada que real, prescinde del mundo exterior, que percibe como una amenaza. Replegado en sus sueños, ignora lo que acontece fuera de sus fronteras. Los países nórdicos están restringiendo el uso de la tecnología desde la escuela hasta la educación superior, porque facilita el fraude generalizado y fomenta la distracción masiva. Inicialmente, apostaron fuerte por las tecnologías emergentes para ofrecer una formación de alto nivel. Pero desde comienzos de la década de 2020, Suecia, Dinamarca y Finlandia, los países con la educación pública de mejor calidad, empezaron a prohibir las herramientas digitales en las aulas. Incluso algunos estados de Estados Unidos han adoptado medidas similares. Los especialistas en educación han avisado que las computadoras portátiles y de escritorio, las tabletas y los teléfonos son distractores que no se pueden ignorar. Estudios serios han concluido que la tecnología puede ayudar con las matemáticas, pero, en las otras áreas del conocimiento, la evidencia de un mayor rendimiento es escasa. Existe un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de retornar al libro de texto físico, a la lectura, a la escritura a mano y a los exámenes presenciales, orales o escritos. Los beneficios de la escritura a mano para la cognición, no solo en humanidades, son ya indudables. Escribir y sistematizar a mano las notas de clase ayuda a la retención y al pensamiento crítico. Ahora bien, regresar al proceso de aprendizaje tradicional demanda, como es natural, más recursos humanos con una formación sólida y, sobre todo, con vocación. En cambio, El Salvador de Bukele va en sentido contrario. Ignora la mala experiencia de los países con trayectoria comprobada en excelencia educativa y apuesta fuerte por la digitalización, confiado en sus virtualidades —y quizás con la idea de reducir la plantilla docente—. El nuevo “maestro” será un facilitador, una especie de extensión de la tecnología. El peso del proceso de enseñanza-aprendizaje estará a cargo de una máquina, relegando la interacción entre el docente y el estudiante. El invento no es nuevo. Hace décadas, un proyecto rompedor introdujo la televisión en el aula. Los docentes de la televisión educativa eran excelentes, pero los del aula no estaban a la altura por falta de formación, y el proyecto fracasó. No obstante, igual que ahora, los resultados en matemáticas y ciencias no fueron despreciables. La experiencia demuestra que la tecnología —la televisión entonces, la digitalización ahora— es solo una herramienta, cuya trascendencia depende de los docentes y los estudiantes, es decir, de las personas. Algo parecido sucede con los planes de estudio. Pueden estar desfasados, pero un buen docente sabe cómo sacarles provecho. Y, al revés, los planes actualizados pueden fracasar si no son asumidos por un magisterio con vocación, mística y reconocimiento social. El factor humano es fundamental. El reciente convenio firmado con Finlandia para introducir sus prácticas educativas en el país aparentemente busca recuperar dicho factor. Pero una reforma educativa al estilo finlandés supone reducir la cantidad de estudiantes por aula, estimular sus capacidades intelectuales, promover su creatividad, respetar sus inclinaciones, cultivar su ingenio, contar con docentes capacitados para dirigir estas prácticas, contratar muchos más profesores y replantear el uso de las tecnologías emergentes. Si esta es la opción, la apuesta es de mediano y largo plazo, y exige una inversión muy superior a la del ejército. Curiosamente, los objetivos del convenio contradicen el discurso educativo de Bukele, que se entrega sin vacilar a las tecnologías emergentes. Aparentemente, él va cuando los que ya estuvieron ahí están de regreso. Pero esto no es inconveniente para convenir adoptar el modelo educativo de uno de esos países. Es común que donde dijo “digo”, diga “diego”. Las tecnologías emergentes son herramientas creadas por y para seres humanos. Pueden ser utilizadas con fines benéficos o maléficos, según sean las motivaciones. Las multinacionales tecnológicas, en concreto, la inteligencia artificial, están reconfigurando el mundo de manera impredecible, hostil y poco fiable. No construirán El Salvador que Bukele predica, sino el que ellas decidan, según sus inte

Ya sea por intuición, por vivencias personales o por una reflexión cuidadosa, las personas suelen tener una postura sobre cuándo es razonable o no el trato que los cuerpos de seguridad dan a las personas en conflicto con la ley o a sospechosos de haber cometido ilícitos. En el caso de El Salvador, dado el cansancio crónico ante la violencia, la criminalidad y la impunidad, las estrategias de seguridad pública altamente represivas de anteriores Gobiernos (como las políticas de mano dura, súper mano dura y las medidas extraordinarias de seguridad) fueron bien vistas por buena parte de los ciudadanos. ¿Son también populares estas acciones en el presente, en un momento en que la narrativa oficial declara que el nuestro es ahora uno de los países más seguros del mundo? Ese fue uno de los aspectos sobre los que se indagó en un reciente estudio sobre cultura democrática realizado por la UCA, el cual exploró, entre otros temas, la opinión de la ciudadanía ante frases que reflejan una preferencia por medidas drásticas contra delincuentes y personas sospechosas de serlo, incluso si dichas acciones vulneran derechos básicos. En dicho estudio, 36 de cada 100 salvadoreños dijeron estar de acuerdo con que las autoridades torturen a los sospechosos para obtener información; a 39 de cada 100 les parece aceptable que las personas detenidas en las cárceles pierdan todos sus derechos; 41 de cada 100 apoyaron que las autoridades detengan personas sospechosas, aunque no haya suficientes pruebas en su contra; 63 de cada 100 suscribieron que “quienes cometen delitos graves son menos humanos que los ciudadanos que cumplen la ley”; y 67 de cada 100 afirmaron que les parecía aceptable el encarcelamiento masivo de personas en comunidades controladas por pandillas como única forma de mejorar la situación del país. Estos resultados alarman y obligan a ahondar en las causas de que gran parte de la población admita la tortura como método válido para obtener información, afirme que los privados de libertad carecen de derechos, respalde la detención arbitraria y masiva de personas, y considere que ciertos delincuentes tienen una condición humana inferior. También es pertinente preguntarse qué implicaciones tiene el fomento de este tipo de posturas. Promover la aplicación de medidas brutales contra la delincuencia distrae de la necesidad de abordar integralmente la problemática, contemplando medidas no solo represivas, sino también de prevención, control y rehabilitación. Asimismo, es necesario aclarar quiénes se benefician de insistir en que el castigo severo es la única vía eficaz para vivir en un país seguro; una insistencia que lleva a perder de vista que no se están frenando otros procesos que generan inseguridad, como la exclusión económica y social de amplios sectores de la población. Además, es evidente que los abusos que suelen acompañar a las políticas de mano dura por lo general no afectan a los ciudadanos que gozan de una situación socioeconómica favorable, sino a aquellos que forman parte de los sectores más empobrecidos del país, como se ha evidenciado durante el régimen de excepción. Preocupa que en un momento en que la seguridad ciudadana es mucho mayor que en el pasado, haya tanto respaldo al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en labores de seguridad. Esta tolerancia supone un riesgo particular en la coyuntura política actual: que la represión ya no solo se dirija contra personas y grupos considerados criminales, sino también contra quienes se califique de problemáticos o peligrosos por incomodar o desafiar al poder.

Hablar de la pobreza en El Salvador es urgente por ser la realidad cotidiana de las mayorías. La pobreza es dinámica. No tiende a disminuir, sino a engrosar sus filas. La estadística oficial no la ignora, aunque sus informes son incompletos. Ciertamente, la pobreza no es nueva, pero, en lugar de retroceder, se profundiza. Mientras los organismos internacionales alertan sobre ello, Bukele distrae a los pobres con espectáculos de ricos. La diversión masiva entretiene y convence de que la pobreza no es tan grave, uno de los mensajes repetidos por las voces a sueldo. Hablar de pobreza es cosa de “resentidos”, excluidos del poder y del dinero. Les pagan para cultivar falsas expectativas. Destacan algunos aspectos aislados llamativos para pedir paciencia, mientras las fuerzas invisibles del neoliberalismo distribuyan la riqueza nacional. Su amo recetó “medicina amarga” y paciencia, pues avanza “poco a poco”, pero sin plazo. Los países, por lo general, no son pobres. Su riqueza es la que está distribuida de forma muy desigual. El Salvador no es la excepción. Las ganancias asombrosas de unos pocos alimentan exponencialmente su capital, mientras que los ingresos de la mayoría se reducen hasta el punto de no permitirle adquirir la canasta básica. En una sociedad donde los pobres son cada vez más numerosos, una minoría atesora cada vez más riqueza. Posee más de lo necesario para vivir confortable y lujosamente en un mundo completamente diferente al resto. Los pobres no caben en ese mundo. Pero su masividad impide evitarlos. De todas maneras, la cultura dominante se esfuerza para ocultarlos. Son tan visibles y molestos que los expulsa de los espacios gentrificados como el centro de San Salvador, reservados para quienes disfrutan de mayor poder adquisitivo. Los pobres son sucios, ingobernables y afean los sitios emblemáticos de la dictadura. Los pobres no son dignos de estima, de compasión y de atención. En la recién pasada asamblea de la FAO, León XIV volvió a denunciar, como ya lo hizo el papa Francisco, que los pobres son sobrantes que ni siquiera son explotados. La ideología que defiende esta realidad es falsa. Los mercados y la especulación financiera no son libres. Los líderes autoritarios meten la mano para favorecer a los poderosos con menoscabo de los débiles, provocando desequilibrios cada vez más pronunciados. Es falso que un día el vaso rebalsará. Es insultante recetar “medicina amarga” y pedir paciencia a los empobrecidos para lograr unos objetivos que solo benefician a los poderosos. Estas posturas se defienden como racionales, pero más bien son excusas para invisibilizar la imposición unilateral e implacable de una tiranía. La obsesión actual con la felicidad concibe la vida como acumulación de riqueza y de éxito social a cualquier costo porque, de otra manera, esa felicidad es inalcanzable. Esa felicidad es reclamada como un derecho inalienable. En la práctica es la mejor manera de deshumanizarse y de ser infeliz. La acumulación no hace feliz, mientras hunde a las mayorías en la miseria. Sobrevivir malamente en la pobreza, denunció el papa León XIV en la FAO, no es una elección, ni una casualidad, ni obra del destino. En contra de la evidencia, los poderosos y sus aliados así lo sostienen para tranquilizar su mala conciencia. La inmensa mayoría de los pobres, hombres, mujeres y menores de edad, se rebusca de sol a sol en lo que se ofrezca, con lo cual obtiene algo para malvivir, nunca para mejorar su vida. No debe extrañar entonces que entre los pobres haya quienes se niegan a trabajar. Sus antepasados, pese a trabajar durante toda su vida, murieron en la miseria. Los pobres no merecen vivir en pobreza. Son pobres porque han sido despojados. Tampoco la riqueza y la buena posición social son merecidas. Suelen estar contaminadas con la deshonestidad y la inmoralidad. Los líderes populares constituyen la contrapartida de los líderes autoritarios. Son populares no por ocupar el primer puesto en las encuestas de opinión, sino por su capacidad para incluir a todos en los beneficios de la gestión pública. El bienestar no está destinado a unos pocos, sino que es un derecho de todos, comenzando por los menospreciados y vulnerables. El papa Francisco decía que lo que afecta a todos debe ser decidido por todos. No creía en los liderazgos iluminados. Los líderes populares no temen el parecer diferente. Al contrario, consideran la diversidad de opiniones un valor, porque de lo que se trata es de encontrar el bien general, no el privilegio de unos pocos. La dignidad de la persona humana debe ser respetada desde ahora, no en un futuro incierto, insistió León XIV. La miseria de la muchedumbre a la que se niega su dignidad interpela la conciencia, obliga a denunciar la dictadura de una economía que mata al mismo tiempo que divierte y a actuar audazmente para revertir esa tendencia asesina. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Otro anuncio asombroso desde un escenario estilo despacho oval de Trump desplazó la crisis de seguridad. Entre dorados en fondo negro, cómodos sillones de cuero y luz indirecta, DoctorSV hizo su aparición de la mano de una de las multinacionales tecnológicas. La medicina digital entró en escena justamente cuando el sistema público de salud decae por falta de personal, de equipo, de instrumental y de medicamentos. DoctorSV se presentó como “un salto hacia adelante”, único en el mundo mundial. La plataforma, potenciada por la inteligencia artificial de Google, puede aliviar la pesada carga de la consulta externa, al discriminar a pacientes con dolencias leves de aquellos que deben pasar por el especialista. Hasta aquí el aporte positivo de la innovación. El DoctorSV no sustituye la consulta con un médico en el centro de salud, el hospital o el seguro social. Así lo reconocieron fuentes gubernamentales en voz baja después de la presentación de la plataforma. Las expectativas de Google sobre su creación deben ser tomadas con cierto escepticismo. El Salvador no es pionero en medicina digital. En la región, tres países ya la tienen y, más allá, otros la adoptaron hace tiempo. Así, pues, la novedad no es tan excepcional como asegura la multinacional tecnológica. Su entusiasmo no parece genuino. Está subvencionado por 500 millones de dólares. Afirmar que DoctorSV creará igualdad al brindar un servicio universal de alta calidad tanto a pobres como a ricos, ya no es simple entusiasmo. La desigualdad en el acceso a la salud es consecuencia directa de la desigualdad en la distribución de la riqueza nacional, la raíz de todas las desigualdades. Por otro lado, la universalidad de la plataforma es cuestionable. La conexión exige un dispositivo “inteligente”, acceso a internet y un vocabulario específico. Los sectores empobrecidos no disponen de esos dispositivos, ni de internet, al igual que muchas escuelas de la periferia. Los giros idiomáticos de los más necesitados de atención son tan ricos y flexibles que es dudoso que hayan sido registrados por la base de datos de la multinacional. La madre angustiada de Morazán, a la que se aludió en la presentación, es un buen ejemplo. Los creadores del DoctorSV no consideran las precarias condiciones de vida de los habitantes de las zonas más deprimidas del país. El acceso a la salud de Google no las superará. En las prioridades gubernamentales no figura cerrar el abismo que separa a los ricos de los pobres. La prioridad del DoctorSV no es la salud del pueblo, sino su privatización, una medida típica del capitalismo neoliberal. Hecho el diagnóstico, la plataforma enviará al usuario al laboratorio clínico o le expedirá sin más una receta. Los exámenes y los medicamentos serán proveídos por una nutrida red de laboratorios y farmacias privadas, dado que el Estado no tiene esa capacidad. Los grandes favorecidos del “salto hacia adelante” serán, por tanto, los integrantes de esa red. Google, además de la subvención inicial, enriquecerá su base de datos con los usuarios salvadoreños, a quienes les pide más información de la necesaria. La larga presentación del DoctorSV no informó sobre el costo estimado de la privatización de los exámenes clínicos y los medicamentos ni de donde provendrá su financiamiento. Si en la actualidad el sistema público de salud no puede atender a una limitada cantidad de pacientes, no es claro cómo, o en virtud de qué, atenderá a toda la población. En el mejor de los casos, los usuarios del DoctorSV obtendrán un diagnóstico correcto, pero tendrán que asumir el costo de los exámenes y los medicamentos, porque los recursos del Estado son limitados. Identificar la inteligencia artificial con el ser humano es equívoco, porque nunca reemplazará la interacción personal. No es más que una herramienta a disposición de seres humanos. El papa León XIV acaba de alertar a los gerentes de la salud sobre los riesgos de manipular “perversamente” a las personas, al clasificarlas según sus enfermedades, tratamientos y costos, “convirtiéndolas en objetos, en datos, en estadísticas”. La cosificación de la inteligencia artificial, continúa el papa, deshumaniza al enfermo al negarle “el trato humano, la caricia, el reconocimiento… en su fragilidad y su dignidad”. La exageración de las virtualidades del DoctorSV alimenta la vanidad de sus patrocinadores y creadores, y, de paso, la hace aceptable a la opinión pública. Google lo presentó como una contribución al avance de la ciencia, a lo cual cabe agregar, por honestidad, que también engrosará sus ganancias. Dan por hecho que, con el DoctorSV, el país dio un colosal salto, algo que nadie más ha logrado. En realidad, la plataforma solo ha comenzado su andadura. Repiten la expectativa del bitcoin, otro salto que no llegó lejos. Los deseos no deben confundirse con la realidad. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En cada aniversario de los mártires de la UCA, su memoria y legado convocan a miles de personas, tanto nacionales como extranjeras, que acuden a la Universidad para recordarlos y rendir homenaje a su compromiso con la construcción de un mundo mejor. A los mártires se les conmemora en la fecha de su injusta muerte, con la conciencia de que ese final fue el resultado de la vida que eligieron vivir. En ese marco, el aniversario de este año ha estado inevitablemente unido al reciente fallecimiento de dos jesuitas muy queridos, el padre José María Tojeira y el padre Rafael de Sivatte, quienes supieron encarnar el legado de los mártires y hacerlo parte fundamental de la identidad universitaria de la UCA. Cuatro décadas después de la masacre en nuestro campus, la situación del país cada vez se asemeja más a la que les tocó enfrentar a Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas. Los mártires vivieron en medio de un pueblo mayoritariamente empobrecido, víctima del miedo y del horror de la guerra, en un tiempo en que la justicia solo mordía a los descalzos. Hoy sigue habiendo muerte, injusticia, desigualdad. Los fallecidos en los centros penales se cuentan ya por cientos; sin embargo, parece recibir más atención gubernamental el cuidado de perros y gatos que el esclarecimiento de esas muertes. Como antes, los más vulnerables y excluidos siguen siendo las principales víctimas de las decisiones de los poderosos y de la indiferencia social. Según las últimas estimaciones, casi dos millones de salvadoreños son pobres, más de 600 mil se debaten en la extrema pobreza, y todo parece indicar que el número de los que viven precariamente seguirá creciendo ante el incremento del costo de la vida y la falta de protección social. Peor aún, no se hace nada estructural para aliviar su situación. Al contrario, a los pobres se les mantiene fuera de la vista pública; se ha prohibido la presencia de vendedores callejeros y se ha negado permiso al reparto de café y pan a los indigentes que pernoctan a la intemperie en las calles aledañas al centro histórico de la capital. En parte por esta similitud del contexto, la conmemoración del aniversario es cita obligada para quienes buscan luces para el presente. Ellacuría y sus compañeros son ejemplo de búsqueda incansable de la verdad, de compromiso irrenunciable con la justicia y de capacidad de generar y transmitir esperanza. Sus vidas se recuerdan porque son un aliciente para aportar dignidad a la sociedad y luchar por la justicia. La ausencia de justicia erosiona los derechos y limita la posibilidad de resolver los conflictos conforme la ley; sin justicia, la corrupción florece y se multiplica. Pero precisamente por no haber hoy institucionalidad que vele por los derechos humanos, los mártires son un ejemplo que fortalece y anima al compromiso por defenderlos. La UCA recibió, y sigue recibiendo, vida de ellos. El testimonio de estas mujeres y hombres valientes anima a no guardar silencio frente a los abusos imperantes y brinda esperanza en que una sociedad más humana, más participativa y más justa es posible.

El disparo certero de un francotirador asesinó a una mujer del pueblo en el bastión emblemático del nuevo El Salvador en construcción, enfrente del mismísimo Palacio Nacional. La víctima y su hermana visitaban el lugar para hacerse fotografías. La bala de alto calibre impactó también en el núcleo de la seguridad del régimen de excepción. El corazón de la seguridad es inseguro. Conmocionada, la dictadura borró rápida y eficientemente las huellas del asesinato. Levantó el cadáver sin las formalidades debidas, lavó la sangre y cerró y pintó el agujero dejado por la bala. Con la misma celeridad, desmontó el altar y recogió las flores que manos anónimas solidarias colocaron en el sitio donde cayó la víctima. Ninguna de las múltiples cámaras que vigilan la zona registró el hecho. El arma homicida está desaparecida. La dictadura no dejó ningún rastro. El homicidio no existe en el país de Bukele. Junto con el equipo de limpieza apareció el régimen de excepción, que, sin ninguna evidencia, capturó y exhibió a otra mujer como responsable del crimen. En un segundo momento, presentó a un joven soldado, al que acusó y condenó por “homicidio culposo”. Sin más diligencias, imposibles por la contaminación de la escena del crimen y la desaparición de la evidencia, el régimen cerró el caso. Las estadísticas oficiales no registraron el homicidio por haberlo declarado “accidental”. El régimen de excepción se basta a sí mismo, no necesita fiscal, defensor, ni juez. Mientras los generadores de opinión a sueldo responsabilizaban del homicidio a la oposición e insultaban a las mujeres solidarias que colocaron flores en el sitio del crimen, el comandante en jefe del ejército se ocupaba de cómo disponer compasivamente de los perros callejeros, de saludar a jugadores retirados del futbol español y del cumpleaños de su hija menor. Sus subordinados tampoco dieron la cara. Todos se escondieron en la impersonalidad de las redes digitales, desde donde pidieron disculpas y prometieron una compensación económica a la familia de la víctima. Desautorizada la primera versión, las voces asalariadas del oficialismo se esforzaron para intentar poner racionalidad en un crimen brutal. Una relativizó su gravedad al expresar que “una no es ninguna”. Al caer en la cuenta del disparate, agregó, a modo de explicación, que una sola vida es irrelevante cuando no hay ninguna. En esa misma línea, otra sentenció que un accidente le pasa a cualquiera y, por tanto, al final, solo Dios sabe por qué ocurre. Así, pues, el centro histórico sigue siendo seguro. La diversión podía y debía continuar con las estrellas jubiladas del futbol español y la Navidad, que ya llega. El homicidio no fue un simple accidente. Las altas jerarquías militares deben una explicación a la familia de la víctima y a la ciudadanía en general. La ética profesional exige aclarar por qué destacan soldados con armamento de guerra en el centro de la capital, donde, según ellas, la seguridad es total; y cómo fue posible que a un soldado de un cuerpo elite, entrenado como francotirador, se le haya escapado una bala. Si Bukele y su familia corren tal peligro que es necesario protegerlos con armamento pesado, la seguridad que predica es un cuento para los ingenuos y los crédulos. La exhibición de una transeúnte como responsable del asesinato tampoco fue un error. Ella simboliza a todas las personas inocentes capturadas habitualmente por el régimen de excepción sin pruebas y sin defensa. La dignidad mancillada de esta mujer no ha sido reparada. El régimen de excepción no entiende de esas “sutilezas”. El mutismo presidencial y militar ahonda la desconfianza y la proliferación de rumores. El régimen de excepción no garantiza que no habrá más balas perdidas. En cualquier lugar, en cualquier momento, cualquiera puede caer fulminado por una bala perdida. El negacionismo oficialista facilita la repetición de la tragedia. La militarización extrema de la dictadura, más propia de un país en guerra que no de uno seguro, abre la posibilidad para más homicidios “accidentales”. La bala salió de las interioridades del régimen de excepción e impactó en las entrañas de la dictadura, en uno de sus lugares más sensible, el sitio más seguro y representativo. En lugar de esclarecer las circunstancias del crimen y de asumir sus responsabilidades, cerró el caso, desapareció a la víctima, borró el hecho y, como en el pasado, pasó la página rápidamente. La vida del pueblo, en particular, de la mujer, sigue valiendo poco, a pesar del régimen de excepción. Quizás es más apropiado decir que, precisamente, a causa de dicho régimen, que no ha traído la seguridad deseada. De ello pueden dar testimonio las ya incontables víctimas de las tropelías de sus tropas. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Históricamente, las municipalidades han sido espacios clave para la articulación del desarrollo local en El Salvador. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz, se promovió un modelo de descentralización que buscaba fortalecer la autonomía territorial, la participación ciudadana y la capacidad de respuesta a las necesidades comunitarias. Sin embargo, en los últimos años, este modelo ha experimentado transformaciones profundas; reformas institucionales, cambios en la asignación de recursos y nuevas dinámicas de gobernanza han modificado el papel de las alcaldías, generando una percepción ciudadana cada vez más crítica sobre su desempeño. Entre 2021 y 2023, El Salvador experimentó una reorganización significativa de su sistema municipal: se eliminó el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Fodes), que históricamente había sido la principal fuente de financiamiento para las alcaldías; y la Ley Especial para la Reestructuración Municipal redujo el número de municipios de 262 a 44. Estas decisiones implicaron una redistribución de funciones, recursos y competencias, que afectó directamente la capacidad operativa de los gobiernos locales. Además, se fortaleció el papel de la Dirección de Obras Municipales (DOM), una institución creada por el Ejecutivo para impulsar proyectos de infraestructura en todo el país. La DOM asumió funciones que antes estaban en manos de las alcaldías, como la construcción de calles, escuelas y espacios públicos. Aunque esta centralización ha permitido una ejecución más rápida de ciertas obras, su desempeño también ha generado interrogantes sobre el futuro de la autonomía municipal y la participación ciudadana en la definición de prioridades locales. Los datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA muestran una tendencia clara en la evaluación ciudadana del trabajo municipal. Desde 2019 hasta 2025, las calificaciones promedio otorgadas por la población a las municipalidades han sido consistentemente reprobatorias. En 2019, la nota fue de 5.68, y desde entonces ha descendido con altibajos: 4.93 en 2020, 4.79 en 2021, una leve recuperación en 2022 con 5.47, seguida por una nueva caída en 2023 (4.80) y el punto más bajo en 2024, con apenas 4.08. En 2025, la calificación subió ligeramente a 5.13, aunque sigue por debajo del umbral de aprobación. Los datos sugieren un malestar ciudadano creciente, caracterizado por la insatisfacción con los servicios municipales y con la información disponible sobre las obras locales, y una persistente sensación de abandono en ciertos territorios. Al consultar a la población sobre la calificación que otorga a la DOM tras cuatro años de funcionamiento, el resultado revela una aprobación modesta, con una nota promedio de apenas 6.21. Esta cifra sugiere una percepción crítica y una expectativa insatisfecha respecto al impacto de la institución en la vida cotidiana de las comunidades. La transformación del modelo municipal tiene implicaciones importantes para el desarrollo territorial. En primer lugar, la reducción del número de municipios ha generado desafíos administrativos, especialmente en las áreas rurales, donde la distancia entre comunidades y cabeceras municipales ha aumentado. Esto puede afectar el acceso a servicios básicos, la representación política y la articulación comunitaria, debilitando los vínculos entre ciudadanía e instituciones locales. En segundo lugar, la eliminación del Fodes y —más recientemente— del Fondo de Apoyo Municipal ha limitado la capacidad financiera de las alcaldías, dificultando la ejecución de proyectos propios y la atención a demandas locales. Aunque la DOM ha asumido parte de estas funciones, su enfoque centralizado puede no responder de manera adecuada a las particularidades de cada territorio. Según la encuesta del Iudop realizada en 2025, el 46.6 % de la población considera que la reducción de estos fondos ha afectado de forma significativa el trabajo de las comunas, especialmente en áreas relacionadas con servicios básicos, becas y ayudas familiares. El mismo estudio señala que el 78?% de las personas encuestadas considera que su alcalde, alcaldesa o concejo municipal no ha cumplido las promesas de campaña en este primer año de gestión. Finalmente, la percepción ciudadana de insatisfacción hacia las municipalidades puede debilitar el tejido democrático local. La participación en cabildos abiertos, consultas comunitarias y procesos electorales municipales podría verse afectada si la población no percibe a sus gobiernos locales como espacios legítimos de interlocución. Es claro que la situación actual de las municipalidades refleja una etapa de transición institucional; las reformas recientes han modificado el mapa territorial y la forma en que se ejecutan las políticas públicas locales. Sin embargo, la persistente reprobación ciudadana indica que el retroceso del desarrollo territorial es grande y hay mucho por hacer para fortalecer la gobernanza local, recuperar la confia

La renovación de la infraestructura escolar es cosa buena para el país. Sin embargo, el discurso que acompaña el anuncio peca de simplismo y ligereza. El enfoque es vago y el uso de los datos es frívolo. Sus números no coinciden con las estadistas oficiales. Infla el desempeño sin vergüenza. Si los presupuestos son equívocos, las expectativas no puede ser sino engañosas. El punto de partida de la educación de la dictadura es la delincuencia y su finalidad, por tanto, impedir que los jóvenes se conviertan en delincuentes. El origen del fenómeno de las pandillas no es la ausencia de educación, sino la negación de oportunidades a varias generaciones de jóvenes. El capitalismo neoliberal impuesto en la década de 1990 se las cerró y, hasta el día de hoy, permanecen cerradas. No es casualidad que las pandillas cobraran fuerza en esa década. Es iluso pensar que becar a los bachilleres las abrirá. Eso no sucederá mientras no se reforme la estructura capitalista neoliberal, que divide la sociedad entre quienes acaparan las oportunidades y quienes no tienen futuro. Las decenas de miles de encarcelados que Bukele retiene son desechos, descartados por el orden neoliberal. La cultura del descarte, denunciada por el papa Francisco, tolera sin inmutarse que millones de seres humanos mueran de hambre o sobrevivan en condiciones indignas. Mientras la cultura del descarte no sea revertida por otra de la inclusión, no habrá oportunidades. La atención a la infancia y la adolescencia, de la que presume Bukele, no crea esas oportunidades. Cuida el comienzo de la vida, pero luego la abandona a su suerte. Ni siquiera ha sido capaz de asentar sólidamente dicho cuidado. La beca universal tampoco es una buena solución. Pretende colocar el techo sin tener bien asentadas las bases del edificio. Probablemente, muchos becados se frustrarán cuando descubran que el bachillerato no los ha preparado para enfrentar el desafío de la educación superior. La indisciplina de la juventud es, en gran medida, el reflejo de una sociedad donde prevalece la ley del más fuerte, comenzando por el mismo régimen de excepción que procede indiscriminada, arbitraria y violentamente. El mismo comportamiento se observa en todos los ámbitos de la vida nacional. Una muestra del libertinaje social es la investigación de un medio digital que detalla las operaciones de un escuadrón de la muerte donde figuran policías al servicio de un alcalde del oficialismo. Este ha recibido la información como si se tratara de una actividad común y corriente. En cierto sentido, lo es. El régimen de excepción tiene sus excepciones. Los jóvenes crecen y se desarrollan en este ambiente. No debiera extrañar entonces que se comporten igual que sus mayores. Por otro lado, es imposible ofrecer una educación pertinente sin una planificación nacional, que explicite el rumbo del país a mediano y largo plazo. Decidir qué estudiar sin conocer la demanda laboral del país en el corto y mediano plazo es una apuesta de alto riesgo. La educación, al igual que el resto de la actividad gubernamental, discurre a ciegas, víctima de la improvisación. Pero el desarrollo no se improvisa. Uno de los atractivos de la inversión extranjera directa es el nivel educativo de la población. Educar es mucho más que distribuir equipo tecnológico y material educativo. El discurso sobre la educación omitió los planes de estudio y el magisterio, elementos indispensables para garantizar una buena educación. Sin planes de estudio actualizados y pertinentes para los desafíos actuales, y sin un magisterio sólidamente formado y reconocido, la educación no supera la mediocridad. La evaluación anual de los bachilleres apunta en esa dirección. La tecnología, por muy avanzada que sea, no sustituye la interacción con un docente entregado a sus estudiantes. La inconformidad y la rebeldía de la juventud es síntoma de un malestar profundo causado por la falta de oportunidades. La disciplina de corte militar somete, pero no erradica ese malestar existencial. El desengaño y la frustración aparecen cuando descubren el sinsentido de prepararse para un futuro inexistente. Entonces, la emigración y el crimen organizado se ofrecen como alternativas. La educación no cultiva la paz en un orden neoliberal, por definición excluyente y violento. Es contradictorio desear la paz cuando el oficialismo siembra la división, el insulto, el odio, la venganza y la violencia. La paz no es compatible con la dictadura neoliberal. La paz verdadera exige redistribución equitativa del ingreso nacional, generación de empleo digno y bien pagado, seguridad jurídica e inversión pública en educación y salud, no en militarización. La educación no es el tema del último discurso de Bukele, tampoco la infraestructura escolar renovada, sino él mismo. Las futuras generaciones y la educación son un pretexto para destacar una vez más que no él es como los demás. Pero, muy a su pesar, gobierna tan neoliberalmente como ellos, descarta a las mayorías como ellos y se aprove

Los hombres fuertes están de moda en la política. Son autoritarios porque su voluntad, frecuentemente un capricho, es ley; sus colaboradores no cuestionan sus decisiones (de estos se espera obediencia ciega, no competencias ni pensamiento). Son jefes de temperamento irascible e impredecible. Rencorosos y vengativos. Centralizan en ellos el rumbo gubernamental, con lo cual se hacen directamente responsables. Pero solo se hacen cargo de lo que les sale bien. Lo que les sale mal lo dejan de lado como si nunca hubiera ocurrido. Están convencidos de que todo lo que piensan, dicen y hacen es extraordinario. Nadie lo hizo antes, porque son genios en el arte de gobernar. Derrochan grandilocuencia. Son aficionados a los adjetivos superlativos absolutos para expresar sus cualidades con la máxima intensidad posible. Todo lo relacionado con ellos es buenísimo, brillantísimo o bellísimo. Tienen gran debilidad por los dorados, la pompa y el oropel de la monarquía absoluta del siglo XVI. Cada uno se considera un ejemplar único en su especie, pero todos son iguales. Todos se comportan de manera similar. Solo los diferencia el poder que detentan: no es lo mismo el gobernante de una potencia mundial que el de un país africano o latinoamericano arruinado. Estos líderes acuden al cristianismo para alimentar su autoritarismo. La laicidad del Estado y la poca o nula relevancia de la fe en su vida son irrelevantes. Su oración tiene mucho de la plegaria del fariseo en el templo. Solo hablan de sí mismos y de sus méritos, mientras desprecian a los demás por no ser como ellos. Imponen en la sociedad valores morales que no observan. Con la misma frialdad con la que instrumentalizan a quienes los rodean, manipulan el nombre de Dios. Predican paciencia y resignación cristiana, pero olvidan el derecho y la justicia del reino de Dios. Su religión mira solo al cielo para no mirar la crisis de humanidad que los rodea. El entorno en el que estos personajes se mueven es tan cerrado que no se percatan del caos que causan, tanto nacional como internacionalmente. Hoy dicen y mañana se desdicen. Prometen por vicio. Todos les es debido, pero ellos no deben nada a nadie. Están tan absorbidos por su yo que no son conscientes de la incertidumbre y el desconcierto que siembran a su alrededor. Los mercados y las bolsas lo resienten con graves consecuencias negativas. El gobernante autoritario llega al poder impulsado por expectativas de novedad, pero acaba creando más problemas que soluciones. La experiencia comprueba una y otra vez que son perjudiciales para los derechos y la dignidad humana. Restringen severamente la libertad de expresión, porque son hipersensibles a la crítica. Acosan a los detractores, los encarcelan con cargos no probados, los exilian y eventualmente los asesinan. La corrupción es rampante. Sus defensores no lo niegan, pero lo justifican como daños colaterales. Algunos alegan que si bien roban, también hacen cosas buenas que antes no se hacían. Y que esta clase de liderazgo es necesario para cohesionar la sociedad y engrandecer a la nación. Está demostrado que estos alegatos son errados. Los resultados económicos hablan por sí mismos. El Salvador no es la excepción. Informes de varios organismos internacionales registran el estancamiento de la economía, el aumento de la pobreza extrema y la amenaza de una crisis financiera de grandes proporciones. El énfasis en la tecnología, la reducción de los impuestos y la desregulación no han conseguido dinamizar el crecimiento económico. El país capta más dólares por las remesas que por las exportaciones. Esos dólares constituyen la principal fuente de ingresos de los hogares más pobres y, por tanto, están destinados al consumo. El ahorro es mínimo. El reducido crecimiento económico se traduce en menos recaudación de impuestos y en más deuda. Un círculo vicioso difícil de romper. A veces, los líderes autoritarios llegan al poder con buenas intenciones y comienzan a gobernar de forma bastante competente. Pero con el tiempo, su gestión se vuelve cada más ineficiente. La centralización es inviable, la inversión no llega y la economía se paraliza. Simultáneamente, las redes clientelares se estrechan, se vuelven más exclusivas y se valen de los medios a su alcance para aumentar bienes y fortuna. La institucionalidad democrática es declarada obsoleta y reemplazada por un régimen donde la riqueza de unos pocos crece desaforadamente, mientras la mayoría se hunde en la pobreza. Las sociedades democráticas no son perfectas. Más aún, tienen muchas deficiencias. Pero ofrecen unas garantías que la dictadura niega por su misma naturaleza: respetan la institucionalidad, la independencia de poder y la libertad de expresión y protesta. No pueden evitar el mal gobierno y la corrupción, pero cuentan con medios eficaces para contrarrestarlos. Precisamente, esto es lo que la hace insoportable para la dictadura. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cuando estaba finalizando el gobierno de Sánchez Cerén, un juez de Antiguo Cuscatlán dio orden de desalojo de una comunidad que llevaba más de 80 años viviendo en tierras propiedad de la familia Dueñas. Arrojados a la calle y sin tener a dónde ir, quedaron a la intemperie en la calle que conducía hacia el ministerio de Asuntos Exteriores. Al estar en ese entonces al frente del Idhuca, acudí al lugar para ver las condiciones en las que estaba la gente, cómo habían sido tratados y qué podíamos hacer por ellos. El lugar estaba rodeado por agentes de la PNC y cuando quise pasar me lo prohibieron. Cuando le expliqué al agente que yo era defensor de derechos humanos e iba a supervisar la situación me repitió que no se podía pasar y colocó su mano en la culata de la pistola. Al final aparecieron por allá miembros de la Procuraduría para la Defensa de los DDHH, hablaron con el jefe del operativo policial y me dejaron pasar. El problema se prolongó y fue hasta que llegó Nayib Bukele al gobierno que se solucionó la situación, consiguiendo los desalojados lugar y casa en la misma zona. Hoy observo con preocupación la fuerte diferencia de la situación y el encarcelamiento de campesinos y abogados de una cooperativa también condenada al desalojo. Desde hace años la comunidad de defensores de DDHH veníamos pidiendo una legislación protectora de quienes por razón de su trabajo o de su situación defienden derechos propios o ajenos. Hoy daría miedo seguir solicitando esa legislación. No porque nos fueran a detener o hacer algo a quienes lo solicitáramos, sino por el tipo de ley que podría salir en el caso en que los diputados se decidieran a legislar. Situación que sería peor si consideráramos defensores de DDHH a los periodistas, como se suele hacer en los países con grados altos de cultura y civilización y como los reconoce la ONU. La historia de los defensores de derechos nos demuestra que éstos siempre han sido personas pacíficas que pacíficamente defienden tanto los derechos que otorga la Constitución salvadoreña como los convenios internacionales dedicados a la protección de derechos. Muchos arriesgaron la vida defendiendo derechos y algunos fueron asesinados en el pasado. Todavía hoy vemos detenciones de defensores que salen de los márgenes legales. Insistir en una ley de protección era obvio en el pasado y sigue siendo necesario en el presente, precisamente porque el discurso oficial sobre el tema ha caído en un tipo de ataque a los defensores lo suficientemente duro como para que recordemos los ataques que los militares y sus propagandistas hacían en el pasado contra quienes defendían derechos. Los defensores de DDHH no son personas subversivas. Al contrario, son personas constructivas que buscan solucionar problemas, amparar a los pobres e indefensos y construir una sociedad en la que las normas protejan al débil y den libertad y oportunidades a todos. A los defensores no los atacan los pobres, sino quienes tienen demasiado poder y abusan de él. Aunque el Estado tenga la obligación de promover los valores que nos hacen más humanos como la solidaridad, la libertad, el estado de derecho y el bien común, con frecuencia puede caer en arbitrariedades. A veces por mala organización o configuración del propio Estado, o a veces por las propias limitaciones y ambiciones de quienes detentan el poder. Los defensores de derechos ayudan siempre al Estado a ser mejor estado. Perseguirlos es contribuir a convertir el Estado en un instrumento de arbitrariedad y retroceso civilizatorio. Porque los derechos se construyen siempre sobre valores, Y destruir valores es siempre dar marcha atrás en la historia humana.

El presupuesto del próximo año no deja dudas sobre las prioridades de Bukele. No reduce el gasto, como aconseja la prudencia, sino lo aumenta en casi todas las dependencias del Estado. Los ministerios de defensa, agricultura y turismo, y Casa Presidencial tienen las asignaciones más elevadas. En 2026, el ejército tendrá el presupuesto más alto de su historia: duplica el de 2019, cuando Bukele llegó al poder. Apuesta por la profesionalización de los soldados en lugar de la de los maestros, claves para el desarrollo del país. Casa Presidencial es otra dependencia que acumula fondos de la misma manera que centraliza cada vez más las funciones gubernamentales. Otra prioridad es Chivo Pets, cuyo presupuesto es más alto que el de catorce hospitales públicos. Estas asignaciones no son definitivas, pues, como ya es costumbre, son reforzadas a lo largo del año. El presupuesto es una declaración de intenciones que, de ninguna manera, limita el gasto. La ligereza es desconcertante, porque la posición fiscal es incierta. La recaudación no cubre los gastos. Los indicadores anuncian una crisis fiscal severa. Por tanto, el presupuesto necesitará financiamiento externo e interno, es decir, más deuda. Casi la cuarta parte del presupuesto de 2026 se destinará al servicio de la deuda, la cual, por otro lado, no disminuirá, pues solo se pagarán intereses. No es extraño, entonces, que la calificación crediticia del país sea baja en comparación con el resto de la región. Mientras tanto, Bukele se prodiga con el gran capital, al cual ofrece toda clase de facilidades burocráticas y de exenciones fiscales, en un intento desesperado por atraerlo. Pero la inversión extranjera directa no solo se resiste, sino que tiene a salir del país. La arbitrariedad de “las reglas del juego” y la inexistencia de seguridad jurídica lo espantan. Varios organismos internacionales señalan el estancamiento de la economía salvadoreña, una de las menos productivas de América Latina. El valor generado por hora trabajada equivale a la mitad del promedio general. Por cada dólar latinoamericano, El Salvador produce 49 centavos. No es desidia ni pereza. Al contrario, la población trabaja mucho, pero produce poco. En parte, porque su educación y su capacitación son pobres. En parte, porque la innovación, la tecnología y la maquinaria eficiente son escasas. En parte, por la mala organización de las empresas. Y, en parte, porque la infraestructura es insuficiente, el transporte limitado y las fuentes de energía poco confiables. Estas limitaciones estructurales impiden un crecimiento económico dinámico, sólido y sostenido. El Salvador ocupa el penúltimo lugar de la región después de Belice. No es previsible que esta tendencia se revierta en el corto plazo. Antes de atribuir el pobre desempeño de la economía a sus predecesores, Bukele debe reparar en que ha tenido más de seis años de poder absoluto para comenzar a revertir esa tendencia. En vez de ello, la ha profundizado. El poco crecimiento económico ha agudizado la pobreza. Ciertamente no es nueva, pero ha aumentado desde 2019, sobre todo, la pobreza extrema, cuyas filas han sido engrosadas por más de 241,000 personas. La pobreza extrema significa indigencia, miseria y hambre. Un millón de salvadoreños experimentó inseguridad alimentaria aguda, es decir, pasó hambre entre 2022 y 2024. Los casos más críticos pasaron varios días sin comer. Otros tres millones no tuvieron asegurado el acceso a los alimentos, lo cual afectó la calidad de su dieta y sus hábitos alimentarios. En la actualidad, uno de cada diez salvadoreños no come tres veces al día. Contrario a lo que proclama el régimen, el país no puede estar viviendo “una nueva realidad” con esos niveles de pobreza y de hambre. Ni podrá vivirla en el corto plazo, porque no hay indicios de que se esfuerce por revertirlas. Tampoco respeta “los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora”, porque la mantiene hambrienta y sin acceso a servicios básicos de calidad. El país que construye profundiza la distancia entre los que tienen y los que no tienen, entre los hartos y los hambrientos. Ha favorecido el surgimiento de nuevos ricos, que se suman a los ya existentes, cuyas fortunas se reproducen de manera asombrosa, mientras que al resto de “la gente honrada y trabajadora” la empuja hacia la línea de pobreza. Los arquitectos del “nuevo país” no edifican lo que pregonan. Están más interesados en controlar compasivamente la proliferación de perros y gatos callejeros que en garantizar la seguridad alimentaria de la gente. El hambre es cruel, niega la dignidad humana, obliga a abandonar el hogar para rebuscarse la vida en el extranjero o en el crimen, y consolida el capitalismo neoliberal más salvaje, que mata silenciosamente, pero no de manera menos eficaz. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la primera exhortación apostólica del papa León XIV, titulada Dilexi te, es sumamente llamativa la centralidad que se le da a la opción preferencial por los pobres. Como sabemos —y la exhortación lo reitera— la centralidad de los pobres en la fe cristiana tiene un fundamento bíblico: el Dios de la Biblia es un Dios que opta por los pobres; un fundamento cristológico: Jesucristo hizo personalmente una opción por los pobres y los consideró los primeros destinatarios de su mensaje; una motivación apostólica: la Iglesia primitiva se preocupó diligentemente por los pobres; una motivación escatológica: en el juicio final lo que cuenta en definitiva es la actitud de aceptación o rechazo hacia los pobres; y una motivación eclesiológica: en Medellín, por ejemplo, los obispos se pronunciaron en favor de la opción preferencial por los pobres. Dilexi te subraya la importancia de ser “una Iglesia para los pobres” y advierte que “no estamos en el horizonte de la beneficencia, sino de la Revelación”. En esta línea se valora que, en el período posconciliar, en casi todos los países de América Latina se sintió fuertemente la identificación de la Iglesia con los pobres. El papa León sostiene que las conferencias del episcopado latinoamericano en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida constituyen etapas significativas para toda la Iglesia. La exhortación tiene una referencia directa a san Óscar Romero, considerado una figura emblemática de la opción por los pobres: Fue el corazón mismo de la Iglesia el que se conmovió ante tanta gente pobre que sufría desempleo, subempleo, salarios inicuos y estaba obligada a vivir en condiciones miserables. El martirio de san Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fue al mismo tiempo un testimonio y una exhortación viva para la Iglesia. Él sintió como propio el drama de la gran mayoría de sus fieles y los hizo el centro de su opción pastoral. Yo mismo [León XIV], misionero durante largos años en Perú, debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, que el papa Francisco ha sabido unir sabiamente al de otras Iglesias particulares, especialmente las del Sur global. Se dice que la memoria histórica es el presente del pasado, es decir, la evocación de un hecho anterior se hace en la medida en que tiene vigencia en el presente. San Óscar Romero es fuente actual de inspiración y compromiso. Lo es para el papa León XIV, que ve en san Romero un testimonio y una exhortación viva de la opción por los pobres. Hoy, desde luego, hay que hacer un esfuerzo para identificar los rostros actuales de la pobreza. Se habla, por ejemplo, de muchas personas y pueblos marcados por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura, el encarcelamiento, la guerra y la privación de dignidad. Siguen resonando las palabras del santo mártir cuando señalaba que hay un criterio decisivo para saber si Dios está cerca o lejos de nosotros: “Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios. Porque allí está Dios”. Pero, como se afirma en la exhortación, no se trata solo de un asunto de beneficencia, sino de justicia para los empobrecidos. No se trata solo de medidas paliativas, sino estructurales. En esta línea, la exhortación plantea que las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y la técnica. En consecuencia, debemos comprometernos cada vez más para resolver las causas estructurales de la pobreza. Se señala también que todos los miembros del pueblo de Dios deben hacer oír, de diferentes maneras, una voz que despierte, que denuncie y que haga central la realidad de las personas y grupos empobrecidos. San Óscar Romero es un ejemplo de lo que se puede y debe hacer. Es fuente de inspiración permanente para quienes buscan construir una civilización basada en la justicia, la compasión, la verdad, el respeto a la dignidad humana, el cuidado y amor por y con los pobres. Así se reconoce en la exhortación del papa León XIV. Su testimonio y legado sigue siendo una buena nueva. * Licenciado en Filosofía y maestro en Teología. Actualmente, profesor de Cristología y Eclesiología en California, EE. UU.

La libertad de expresión aterroriza al poder autoritario, pero no por expresar ideas novedosas, disruptivas o peligrosas. El régimen no silencia las quejas que proporcionan información valiosa sobre lo que debiera corregir o el funcionario que convendría despedir, sino aquellas que pueden encontrar eco en la opinión pública, poner en entredicho el discurso oficial y dar lugar a una visión alternativa, que desplace progresivamente la impuesta desde arriba hasta desecharla. En este caso, la movilización masiva contra el orden establecido es una posibilidad real. Simultáneamente, la petición de ayuda, el reclamo por la promesa no cumplida y la queja por la negligencia gubernamental que circulan en el espacio cibernético suelen ser atendidas. El poder es muy sensible a la exposición que lo exhibe lejano y frío ante las necesidades de la gente. Por otro lado, la respuesta es recompensada por el reconocimiento y el agradecimiento, también cibernético, de los favorecidos. Estas intervenciones confirman la bondad del régimen y quitan argumentos a sus detractores. Si bien no son más que intervenciones puntuales, que satisfacen el apremio de los peticionarios, no de todos los que se encuentran en una situación similar, las redes digitales a su servicio se encargan de elevar a norma lo que no es más que una especie de limosna. En cambio, el poder reprime duramente la información con potencial para movilizar la protesta. Sus redes digitales se lanzan implacables contra las fuentes, ya que no puede permitir que le arrebaten el monopolio ideológico. No debaten argumentos, porque no los tienen ni les importan. Les pagan para descalificar, tergiversar e insultar despiadadamente. La confrontación es muy violenta, porque se desarrolla al alcance de cualquiera. De esa manera, preparan el terreno para la imputación judicial y la cárcel. El mensaje en sí mismo es inofensivo. Incluso si es aceptado por un sector, al cual el poder descalifica como minoría izquierdista, extremista o globalista. Su temor es que otros muchos lo acepten, se lo apropien y lo reproduzcan. No tanto por convencimiento, sino porque otros hacen los mismo. La imitación que coloca en la tendencia de moda es lo que importa. Los mensajes que circulan en el espacio cibernético son marcas que los usuarios consumen, porque otros las consideran fascinantes. El principio es válido para toda clase de mercancías, incluidas las figuras y las opiniones. El valor de estos objetos no estriba únicamente en los miles que los ven, sino también en que estos saben que otros miles ya los han visto. Es el poder de las visualizaciones y los likes. Saber que otros saben algo y que ellos saben que nosotros sabemos es poderoso. La marca Bukele es popular por ser tendencia. Unos se apuntan porque otros, tanto nacionales como extranjeros, también se han apuntado. Esta es su fortaleza y también su gran debilidad. Bukele no es popular por lo que hace, sino por lo que dice que hace. Que después lo haga o no es secundario. Sus asesores de imagen explotan hábilmente el poder de la imitación para crear la tendencia que se proyecta como realidad. Ahora bien, la comercialización digital de la marca Bukele no tiene el éxito garantizado. Como cualquier otra mercancía, necesita refuerzos constantes para no desvanecerse. Lo mismo sirve la imposición de la moda y del lenguaje escolar, que los perros y gatos callejeros, o la arquitectura de las grandes capitales. Importa la circulación de la marca. Sin refuerzos, la tendencia tiende a debilitarse y abre espacio para que una tendencia alternativa la arrincone. El primer paso para romper el monopolio del mercado ideológico es la información compartida. La deferencia obsequiosa con el poder se convierte en ridículo cuando alguien advierte en voz alta que el rey va desnudo. Todos lo ven, pero nadie se atreve a verbalizarlo. El encanto se rompe cuando alguien lo expresa en voz alta. Entonces, lo grotesco es del dominio público. De todas maneras, no hay que menospreciar el poder persuasivo del encantamiento ni el disuasivo de la represión despiadada. La popularidad de Bukele es líquida. Se acomoda a las expectativas. Por eso, hoy dice una cosa y pasado mañana la contraria. Promete sin intención de cumplir. Explota las inseguridades y las frustraciones de las mayorías para prevalecer en las redes digitales. No pretende construir una sociedad más igualitaria y bien avenida. Al contrario, cultiva la división, el insulto y la venganza, porque se venden bien. Los adolescentes pelean fieramente entre ellos por motivos triviales, porque los más brutos necesitan la reputación de que nadie se puede meter con ellos. Necesitan ser reconocidos como intocables. La popularidad de Bukele está vacía. Cada vez que llueve la infraestructura rural y la urbana recién remozada hacen agua. En lugar de prestar atención a los obsoletos servicios básicos, busca socio extranjero para eliminar a los perros y los gatos callejeros sin crueldad, y admira el diseño arquitectónico de

Está a la vista que los eventos meteorológicos han aumentado en los últimos años, tanto en intensidad como en frecuencia. Y los pronósticos no son nada halagüeños. Los modelos advierten que los días más calientes de hoy en día serán los más fríos dentro de algunas generaciones. La principal causa del calentamiento global son las emisiones de gases de efecto invernadero. Cada 24 horas se depositan en la atmósfera cientos de millones de toneladas de contaminantes, principalmente de la combustión de petróleo, carbón y gas natural. La industria y la quema de combustibles fósiles han alterado el ciclo natural de regulación del planeta, provocando eventos climáticos extremos. Frente a este panorama, Naciones Unidas planteó limitar el aumento de la temperatura a entre 1.5 °C y 2.0 °C. Sin embargo, las metas no se han alcanzado; las emisiones globales siguen aumentando. Limitar el calentamiento a 1.5 °C es ya prácticamente imposible; y los 2 °C se alejan cada vez más. Dos preguntas son ineludibles para situar la magnitud del problema: ¿quiénes son los principales responsables de la emisión de gases de efecto invernadero? y ¿quiénes son y serán los más afectados por el cambio climático? Si bien todos y todas somos responsables de esta situación, no lo somos en la misma medida. Los principales responsables del calentamiento global son los países industrializados, tanto los que acumularon su riqueza contaminando el planeta en el pasado como los que ahora se erigen como nuevas potencias. Pero ni los de antes (Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo) ni los de ahora (como China e India) se hacen cargo de su responsabilidad ni se emplean a fondo para detener el deterioro ambiental. De hecho, son los países ricos y sus élites económicas los que invierten en proyectos e industrias altamente contaminantes. Por otro lado, aunque toda la población mundial experimenta los efectos del cambio climático, el grado de afectación no es el mismo ni entre países ni al interior de los mismos. La razón de ello es la desigualdad. No toda la población de un país está en riesgo de perder su casa y sus bienes materiales a causa de inundaciones o deslaves. Los más afectados son los de siempre: los pobres, los excluidos, los marginados. En el caso de El Salvador, la gente se pregunta: ¿por qué esta calle o esta zona antes no se inundaba y ahora sí? La respuesta se encuentra en la suma del calentamiento global y los eventos climáticos extremos que causa, y un modelo de desarrollo que urbaniza a mansalva, sin respetar las cuencas hidrográficas, las zonas de recarga hídrica y las áreas protegidas. Diversos estudios señalan que el principal problema en América Latina es el cambio de uso de suelos y la deforestación. En nuestro país, suelos de vocación agrícola o forestal se han convertido en zonas urbanizables; actualmente se construye en lugares que hace unos años era impensable. A raíz de ello, El Salvador ya es el segundo país más desforestado y más deteriorado ambientalmente de América Latina, solo después de Haití. El país no tendrá futuro si continúa actuando bajo un modelo que entiende los bienes de la naturaleza como objeto de lucro, mercancía sujeta a las leyes del mercado. Sí, cada vez llueve más intensamente y de improviso, y ello sucede en diversas regiones del globo, no solo acá. Sin embargo, no hay que perder de vista la responsabilidad humana; la responsabilidad tanto de quienes modificaron el marco legal para implementar un desarrollo de concreto y deforestación, como de aquellos que lo aprovechan para lucrarse, en lugar de apostar por un desarrollo sostenible que garantice el bienestar común.

La desconexión entre El Salvador de Bukele y la comunidad internacional quedó en evidencia al no acudir el mandatario a la Asamblea General de las Naciones Unidas por considerarlo un sinsentido. No pensó así Trump, el segundo en ocupar esa tribuna. Tampoco la mayoría de los presidentes latinoamericanos y los jefes de Estado europeos. Ni siquiera el controvertido primer ministro israelí dejó pasar esa oportunidad: acudió para defender su posición, a pesar del creciente repudio internacional, manifiesto en el reconocimiento del Estado palestino y en multitudinarias protestas populares. Mandatarios de todos los colores acuden a esa tribuna internacional para ventilar sus reclamos, expresar sus preocupaciones y exponer sus propuestas. La ausencia de Bukele es una excepción rara. Explicó que no había acudido a Naciones Unidas porque la comunidad internacional no solo no retoma sus ideas, sino también le reclama democracia, derechos humanos y libertad de expresión. Resiente profundamente que Occidente pretenda darle lecciones a él, que ha construido un país excepcional. Solo cuenta el Washington de Trump, una apuesta fuerte, pero pasajera. De hecho, Bukele no sintoniza mucho con sus colegas, excepto con el argentino y el costarricense. La falta de afinidad dificulta aún más la promoción de su modelo, el cual, por otro lado, no es replicable, por impedirlo la institucionalidad y la opinión pública. Fascinado con su obra, Bukele permanece atrapado en su excepcionalidad. La complacencia es tan intensa que desprecia abiertamente lo que sucede más allá de las fronteras nacionales. No tiene opinión sobre la guerra comercial librada por las grandes potencias, la persecución de los inmigrantes en Estados Unidos, el impuesto sobre las remesas y la inversión extranjera directa que no llega, cuestiones todas que inciden negativamente en el país. Las guerras y la militarización, las masacres, las hambrunas, las epidemias y el cambio climático no le interesan. Tampoco la situación comprometida de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, donde se enfrentan con un crimen organizado equipado con armas de guerra, un enemigo mucho más combativo que las pandillas locales. El aislamiento en la excepcionalidad es empobrecedor. La misma pobreza se observa en las periódicas cadenas nacionales. La retórica presidencial es monotemática. Bukele solo habla de su excepcionalidad, la cual, más allá de la seguridad asociada a la erradicación de las pandillas, no logra concretar, pese a detentar el poder absoluto durante más de seis años. No es un simple descuido, sino que El Salvador de Bukele no puede ser gobernado sin el régimen de excepción, que ha convertido la anormalidad en normalidad. Este es el motivo de la ruptura con una comunidad internacional que exige institucionalidad democrática. Y es razón de peso para no comparecer ante ella. Tampoco valía la pena acudir para repetir lo ya dicho, en un auditorio seguramente desolado. A los interesados los remitió a los discursos anteriores. La novedad del presidente milenial y cool está agotada. Los gestos y los comentarios divertidos que llamaron la atención en sus primeras apariciones son irrepetibles. En definitiva, Bukele no está a la altura de los otros presidentes latinoamericanos. Así, pues, la decisión de no comparecer fue sabia. Ahora bien, pensar que El Salvador puede prosperar al margen de la comunidad internacional es suicida. El aislamiento es perjudicial para el país de Bukele. La Ley de Agentes Extranjeros, que castiga la ayuda internacional por miedo irracional a unas influencias externas perversas no identificadas, ha dejado sin financiamiento a diversas actividades de carácter social, las cuales el Gobierno no puede retomar por carecer de fondos y de personal capacitado. Trágicamente, los sectores más afectados son los más vulnerables. El régimen prefiere castigarlos a dialogar y convivir con opiniones diferentes. Aborrece “las injerencias ideológicas globalistas”, pero está influenciado por ellas, como muestra el intento por desterrar “el lenguaje inclusivo”. El miedo a dichas injerencias lo llevó a prohibir terminantemente el uso de esos giros lingüísticos en el sistema educativo, sin percatarse de que la orden se inscribe en otro movimiento ideológico igualmente globalista. La dificultad de uso no es el origen de la descalificación del lenguaje inclusivo, mucho menos el uso correcto del idioma nacional, sino la ideologización, la cual siempre es discutible. El aislamiento es incluso perjudicial para la proyección de la imagen del propio Bukele y su modelo. Ciertamente, al no presentarse en Nueva York, dejó pasar una oportunidad para insistir, presuntamente con más experiencia, en su extraordinaria novedad. La diferencia incomoda e inquieta al régimen; muestra clara de inseguridad. Teme la exposición pública de sus debilidades y contradicciones. No encuentra en ellas una oportunidad para rectificar y fortalecerse. No puede ni quiere superarlas, porque equivaldría a un

El miedo es una emoción primaria que surge ante el peligro real o imaginario. El miedo es universal y desagradable, es una de las pocas emociones que incluso compartimos con los animales. Los efectos del miedo en el cuerpo humano son variados: corazón acelerado, respiración agitada, sudor, agobio, insomnio, ansiedad, parálisis, deseo de escape, agresividad. El miedo es asfixiante y agobiante, y cuando se convierte en sentimiento generalizado en una sociedad, se transforma en un cáncer que carcome y enferma a cada sector de la misma, hasta inutilizarla y hacerla colapsar. Los salvadoreños hemos vivido con miedo desde siempre; nacemos con miedo, vivimos con temor y morimos en medio del recelo y la preocupación. Durante las dictaduras del siglo pasado, vivimos con miedo a la tortura militar o a ser señalados como comunistas. Durante la guerra civil de los ochenta, vivimos con miedo a las balas; a terminar como los miles de muertos de El Mozote; a recibir la bala fatal que se disparó contra monseñor Romero o Rutilio Grande, asesinados para causar más miedo. Luego vinieron los Acuerdos de Paz, donde conocimos nuevas formas de terror. Creció el miedo a no tener qué comer en una economía desigual y empobrecedora, a quedarse en el mismo país recibiendo un salario de miseria, a la delincuencia y las maras. Roque Dalton escribió que el salvadoreño nace medio muerto. Habría que agregar que también nace totalmente aterrado. En la actualidad, seguimos viviendo con miedo. Según una encuesta de 2024 del Instituto Universitario de Opinión Pública, el 85.3 % de la población salvadoreña ve normal y probable que una persona o institución sufra consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el Gobierno o los funcionarios. Es decir, 8 de cada 10 salvadoreños teme a quienes, supuestamente, son sus empleados en el Estado. Debido a este mismo miedo, en los últimos días escuchamos a dos comentaristas de la realidad nacional, de ideologías distintas e incluso encontradas, declarar que no participarán más en espacios públicos por temor a represalias. Un temor que ha motivado a cientos de periodistas, activistas y profesionales a exiliarse. Y qué decir de las múltiples organizaciones que han cerrado sus puertas, como Fespad o Cristosal, o las que han decidido desaparecer de la vida pública, escondidas en el caparazón protector de su silencio. La política del miedo ha traspasado fronteras. Instituciones como Amnistía Internacional señalan que en El Salvador la cárcel y la prisión son armas para causar miedo y angustia, y que “defender derechos humanos o protestar pacíficamente puede costar la libertad”, tal como les sucedió a los abogados Ruth Eleonora López y Alejandro Henríquez, y al pastor José Ángel Pérez, presos de conciencia, detenidos como advertencia: “Tú puedes ser el siguiente”. Pero el miedo finalmente cansa y aburre. La política del terror puede ser efectiva a corto plazo, pero al ser vacía y sin más principios o sustancia que la pistola o la amenaza, es incapaz de sostenerse en el tiempo, resquebrajándose ante el terror de un nuevo caudillo o el coraje de los movimientos sociales. Hitler y Mussolini en Europa, Maximiliano Martínez en El Salvador y Ortega en Nicaragua son muestras de lo que sucede a estos mercaderes del dolor y la angustia, que mueren ahogados en la abundante sangre que han vertido, o son relegados al ostracismo internacional e histórico, donde apenas sirven como ejemplo y caricatura de aquello que da vergüenza. Frente a los rostros autoritarios se yergue el testimonio de coraje y esperanza que nos han brindado tantos buenos salvadoreños, que nos recuerdan que tenemos derecho a vivir donde se respeten nuestros derechos fundamentales; derecho a opinar, criticar y pedir cuentas a nuestros funcionarios; derecho a reunirnos y organizarnos; a trabajar y recibir un salario justo dentro de una economía que distribuya equitativamente la riqueza. Tenemos derecho a vivir en democracia, donde se respeten las leyes y las instituciones funcionen lejos del capricho de unos cuantos poderosos. Tenemos derecho a la inclusión y la humanidad, lejos del garrote y la cárcel como destino único. Tenemos derecho a vivir sin miedo. Mientras más rápido abracemos esa bravura interna que nos da esperanza, más cerca estaremos de heredar a nuestros hijos una sociedad más justa, donde no prime la ley del más fuerte, donde el débil tenga más opción que temblar de miedo escondido en una cueva. * Oswaldo Feusier, académico del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Casi todos los días estamos escuchando quejas de muertes en nuestras cárceles, con frecuencia con signos de mal trato, quejas por la despreocupación estatal respecto a la salud de los privados de libertad así como por la incomunicación y falta de información a los familiares de los presos, tanto vivos como fallecidos. Dentro de los sentimientos de venganza que albergan muchos salvadoreños aquejados por un pasado de violencia y delincuencia, la noticia no acaba de despertar la indignación ciudadana. Se piensa, y a eso alienta el propio Estado, que todos los detenidos son culpables y merecen no solo la privación de libertad sino otros castigos adyacentes, como el hambre, el mal trato o incluso la tortura. Sin embargo, tanto el pensamiento religioso tradicional como el desarrollo de las leyes civiles nos dicen que la persona humana no pierde nunca su dignidad y, aunque este sufriendo un castigo merecido por sus delitos, hay que respetarla y tratarla sabiendo que conserva derechos fundamentales a la vida y la integridad personal. En este contexto resulta importante reproducir aquellas parte de la Convención Americana de Derechos Humanos que habla de los derechos de los privados de libertad. Y es importante hablar de ella, porque dicha Convención es un tratado internacional firmado y ratificado por El Salvador. Y es por tanto parte de nuestro derecho, e incluso tiene prioridad sobre las leyes internas de El Salvador, según se reconoce en nuestra Constitución. Lo primero que nos dice la Convención es que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Y también que “nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En ese sentido, cuando las quejas se multiplican al respecto, la Fiscalía debiera iniciar una investigación exhaustiva sobre la situación de los fallecidos en prisión. No vale decir que en todas las cárceles fallecen personas cuando mueren demasiadas con signos de violencia. Además la Convención añade que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente”. Aunque este texto se refiere al respeto a derechos básicos del privado de libertad, es evidente que la pena impuesta a algunas personas trasciende incluso hacia su familia. Los familiares tienen derecho no solamente a conocer la situación de salud de sus familiares en prisión, sino incluso a ayudarles con medicina. Un caso reciente en El Salvador, de un ex asesor de seguridad del gobierno, fallecido en prisión, ha sido denunciado por su madre, a la que en ningún momento se le brindó la información adecuada ni se le permitió que un médico de su confianza analizara la situación de salud de su hijo. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al respecto, autorizando la visita médica propuesta por la familia en casos donde la información de la salud del detenido es grave y simultáneamente los familiares no gozan de la información adecuada. El hecho, además, de que demasiados casos de “habeas corpus”, muchos de ellos referidos a personas enfermas, no hayan sido atendidos, señala la grave violación de derechos de las personas privadas de libertad por parte del Estado. A este respecto no cabe otra opción que la de exhortar a las autoridades estatales, fiscales, jueces y carceleros, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, a cumplir con sus obligaciones. En repetidas ocasiones se ha advertido que quienes están en puestos de autoridad lanzan mensajes de odio contra los defensores de Derechos Humanos. Esa actitud y modo de comportarse desde la autoridad no hace más que confirmar que son violadores de derechos básicos y de legislación interna e internacional. En medio de una gran actividad de promoción de derechos, llama la atención el silencio con que la Procuraduría observa las violaciones de derechos que proceden del Estado y, en concreto las muertes en prisión. Solamente la hipocresía, el miedo o la venalidad pueden explicar esa actitud. Reflexionar sobre la muerte de privados de libertad y exigir transparencia y justicia es tarea para todo ciudadano decente.