Hablando Claro con Vilma Ibarra

Si va a contraer matrimonio ya no solo lo podrá hacer en una iglesia católica o ante un notario público. Ahora las parejas pueden asistir al Registro Civil y sus oficinas en todo el país y casarse sin pagar un cinco. Gratuitamente. Y si, por el contrario, el amor acaba, es posible obtener el convenio de separación, por gestión personal o mediante un apoderado con escritura pública. Costa Rica está estrenando un nuevo Código Procesal de Familia que establece cambios significativos en la tramitación de casos de esta materia, pero también en pensiones alimentarias, violencia doméstica y asuntos de niñez y adolescencia. Las normas procesales ahora vigentes se aplicarán en todos los procesos de nuevo ingreso. Como soporte, por los temas que trata, el nuevo cuerpo de ley pone especial atención en la utilización de un lenguaje accesible que garantice a todas las personas entender fácilmente cada caso. Para aprender y puntualizar acerca de estos cambios conversaremos con el juez y gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia del Poder Judicial, Eddy Rodríguez Chaves.

El envejecimiento de la población implica una serie de desafíos que requieren de planificación y ejecución de políticas públicas sostenibles y a largo plazo. En Costa Rica, un 10 % de la población total del país tiene más de 65 años. Un 53 % son mujeres y el 47 % son hombres. Ya sabemos que ellas viven más años que ellos. Dramático resulta ser que casi la mitad de ese medio millón de personas adultas mayores (215 mil) viven sin protección económica formal, lo que atraviesa transversalmente otras áreas prioritarias de la calidad de vida como la salud, la alimentación, el acceso a servicios, las redes de apoyo o los programas de asistencia social, en muchos casos no para bien vivir, sino apenas para sobrevivir. Peor aún, esta circunstancia de empobrecimiento se verá acrecentada, dado que en los próximos años la población adulta mayor irá creciendo, con un alto porcentaje en condiciones de vulnerabilidad. Como está claro, a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado en materia de seguridad social, persisten entonces importantes brechas por solventar. Para profundizar en el tema conversaremos con Agustín Gómez y Carlos Murillo, del programa, Observatorio del Envejecimiento del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica.

La tecnología ha acompañado la evolución humana, pero cada vez más se avizoran enormes avances y peligrosos desafíos. Y no lo dice cualquier persona, lo asevera el británico Geoffrey Hinton, profesor emérito de la Universidad de Toronto en Canadá, quien a sus 76 años fue anunciado este martes como Premio Nobel de Física, por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. "Va a ser maravilloso en muchos aspectos, en áreas como la atención médica… pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas. En particular, la amenaza de que estas cosas se salgan de control", fueron sus primeras declaraciones al ser notificado del galardón. Dependemos de grandes conglomerados que dictan sus reglas y nos dejan a la deriva de sus decisiones, pero al mismo tiempo se construye jurisprudencia para defender los derechos humanos tecnológicos. La poderosa red X, de Elon Musk, tuvo que pagar $5.2 millones para liquidar las multas que tenía pendientes con el estado brasileño. Pero el caso no está cerrado aún. El juez de la causa, Alexandre de Moraes, estudia si ordena el restablecimiento de la red o mantiene el bloqueo, dada la acusación penal impuesta por desinformación y delitos de odio en Internet. La conversación digital en Costa Rica nos muestra la misma problemática de un aumento de la polarización, el deterioro de la convivencia y el crecimiento de los discursos de odio. Para atender estos tópicos conversamos con el especialista en estrategia digital y producción de contenidos, Esteban Mora.

Verdad de progrullo: la reactivación económica requiere de la constante evolución de políticas públicas en apoyos diversos a los emprendimientos de mipymes. El objetivo, claro está, se orienta a que esas medidas generen empleos, formalidad y encadenamientos. Pero no todos los caminos conducen a Roma y lo que puede parecer lleno sentido común, no siempre encuentra tierra fértil para concretarse en buena cosecha. Para ir al grano, llaman la atención dos hechos que, pretenden favorecer estos apoyos, pero que enfrentan rechazo del gobierno de la República. El primero tiene relación con el proyecto del diputado, Eliécer Feinzaig de rebajar el precio de los boletos aéreos, tanto en impuestos como en tarifas aeroportuarias, en los viajes que se realicen a Centroamérica y República Dominicana, siempre y cuando se hagan dentro de la región, el otro país mantenga igualmente costos bajos y el boleto no supere los $126 ida y vuelta. Desde el inicio el Ejecutivo adversa la iniciativa y para torpedearla la fracción oficialista llenó de mociones la discusión argumentando que los turistas que viajen a Costa Rica disminuirían su actual estancia promedio de 13 días para ir a conocer los otros destinos de la región aprovechando esos vuelos baratos. De acuerdo con las proyecciones del oficialismo, hasta 170 mil familias encadenadas a la actividad turística se podrían ver afectadas. Organizaciones como la Asociación Costarricense de Operadores de Turismo apoyan esa tesis. El segundo proyecto que adversa categóricamente Hacienda (tanto que el ministro ya anunció que si se aprueba en segundo debate lo vetará) es la rebaja del pago del impuesto de renta para trabajadores independientes. Por ahora la iniciativa está suspendida, pues los oficialistas, con apoyo de dos diputados del PUSC, la enviaron a consulta a la Sala Constitucional. La iniciativa del Frente Amplio aumenta la base para que estén exentos quienes generen ingresos mensuales hasta por ₡520 mil, ya que a hoy la tasa afecta a quienes logran ingresos de apenas ₡348 mil al mes. Según el jerarca hacendario, los frenteamplistas obviaron un preacuerdo de compensar, por otro lado, los 7 mil millones que se dejarían de recaudar anualmente al favorecer a los trabajadores independientes más pobres. Para ampliar sobre ambos temas conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Un duopolio global. Una lucha de David contra Goliat. Es la batalla en un pequeñísimo país que se atrevió a imponer una comisión máxima (1.25%) en las transacciones con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Seamos claros, en términos generales el control del precio es una herramienta de uso calificado, pero cuando hay fallas de mercado pueden ser muy beneficiosas para los participantes en las transacciones. Y si hablamos de tarjetas de crédito, claramente somos la inmensa mayoría, sea como comerciantes o como consumidores y usuarios de bienes y servicios. En este caso, la falla del mercado la constituye el hecho de ambas transnacionales ocupan el 90% del mercado mundial y, por tanto, tienen capacidad para imponer (incluso de común acuerdo) sus propios precios. Dicho esto, ¿cuál es la batalla que se está peleando en Costa Rica? Desde finales del 2020, gracias a una ley de la República, el Banco Central estableció un tope máximo a las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito. Y desde entonces, Visa y Mastercard han adversado en estrados judiciales locales (hasta ahora sin éxito) ese tope, específicamente para los extranjeros que vienen al país, es decir para quienes utilizan tarjetas de crédito extendidas fuera, alegando que el país solo puede imponer topes para el mercado interno. ¿Qué dice el Central? El Banco se sostiene en la potestad de ley para haber establecido ese tope y no dejar las comisiones a la libre. También dice que los sistemas no pueden diferenciar entre tarjetas expedidas en el país y tarjetas emitidas fuera, por lo que si se derogan los topes, eso afectaría a todos por igual. Comisiones más altas significarían automáticamente precios más elevados para los compradores y menores ganancias para los comercios. El caso es que Visa y Mastercard no ceden y ahora la batalla se ha trasladado al Congreso, pues pretenden mediante proyectos de ley (abanderados por la bancada del PUSC) derogar el tope máximo y volver a las tasas libres. Claramente, el mayor problema de esta reglamentación costarricense, no es el pequeño tamaño de nuestro mercado, sino el hecho de que este tope sea un espejo que usen otros países mucho más grandes en volumen y monto de transacciones, aunque ciertamente tanto la Unión Europea como el Reino Unido sí tienen comisiones muy bajas. Tan bajas que andan por el orden de entre 0.2% y 0.3%. Para profundizar acerca de este interesante tema conversamos con Carlos Melegatti y Ana María Cerdas, de la División de Sistemas de Pago del Banco Central.

Termina la semana con varios hechos relevantes en la geopolítica global, de los que indudablemente el más significativo es la escalada de acciones bélicas en Oriente Medio con varios frentes abiertos que complican la atención de la crisis humanitaria y, por supuesto, alejan las pocas posibilidades que de por sí ya se tenían, de encontrar un alto al fuego. Gaza, Siria, Yemen y Líbano son escenarios de las tensiones crecientes entre Israel e Irán, que ponen en entredicho la estabilidad de la región. De este lado del mundo, la primera presidenta de México tomó posesión del cargo. Claudia Sheinbaum mostró su cartera llena de promesas en lo que denomina el segundo piso de la “Cuarta Transformación”, el pomposo nombre con el que Andrés Manuel López Obrador pretende pasar a los anales de la historia azteca. La gran interrogante respecto del nuevo sexenio será cuánto margen de maniobra e independencia tendrá la mandataria para gobernar, siendo que llega tan atada a las decisiones estructurales que le dejó plasmadas el muy poderoso ahora expresidente. Mientras tanto, a solo un mes de la elección presidencial en los Estados Unidos, el único debate de J.D. Vance y Tim Waltz los candidatos a la vicepresidencia, no movió la aguja de las preferencias electorales. Un empate entre Kamala Harris y Donald Trump mantiene en vilo a medio mundo. Para poner en perspectiva estos hechos conversamos con el relacionista internacional, Carlos Cascante.

La tecnología no es neutral. En absoluto. Y por ello su acceso, uso y abusos nos ponen delante de nuevos desafíos en Derechos Humanos. Por tanto, sin dejar de lado las deudas del pasado tanto como los incumplimientos del presente en materia de derechos humanos básicos, tanto los tribunales nacionales de justicia constitucional como las cortes internacionales, deben abocarse a la tarea de proteger a las personas para, por un lado, dotar a todos del derecho a internet como pieza básica para el acceso a otros derechos (de modo que no profundicemos brechas y establezcamos apartheids tecnológicos) y al mismo tiempo protegerlas en cuantas usuarias- de la capacidad dañina (destructiva) de las herramientas comunicativas de hoy que, por lo demás, evolucionan tan vertiginosamente. Así de grandes son los retos que imponen las nuevas tecnologías en materias como el ejercicio de la libertad de expresión e información, el derecho a la privacidad, los neuro derechos (con un potencial benéfico enorme pero también delicadísimos), el impacto de la inteligencia artificial y el derecho al trabajo, la ciberseguridad y cómo no, el poderío inmenso de las corporaciones dueñas de las plataformas. Sobre los nuevos criterios y los nueve desafíos que impone la automatización a la defensa y protección de los Derechos Humanos, conversamos con la experta Catalina Botero, ex-relatora para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.

Algunas líneas en política no deben cruzarse. No todo se vale. Y no pararse encima de la separación de poderes es una de esas líneas rojas que han sido tradicionalmente respetadas en nuestra democracia. Pero ahora, parece que se nos va haciendo costumbre presenciar ataques así. En los últimos días, le ha tocado el turno al Ministerio Público. Frente a la investigación en curso del caso barrenador, el Ejecutivo ha acusado al Fiscal General de abuso de poder, de ser “mandado”, de ser corrupto… en fin, ya nada sorprende. Por suerte, las réplicas a este hecho tan grosero no se hicieron esperar. Y no solo desde el Legislativo. Para citar únicamente dos casos, un grupo de 46 organizaciones nacionales expresaron su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial. Exigen respeto a la división de poderes y a la protección de los principios democráticos consagrados en la Constitución Política. Al mismo tiempo, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló lo peligroso que significa pretender afectar la función del Poder Judicial como garante del respeto de la supremacía constitucional y de la custodia de los derechos y garantías en ella establecidos. “Las declaraciones de la autoridad máxima del Poder Ejecutivo no hacen más que afectar, por su peso, a las instituciones de su país al emitir opiniones sobre cuestiones que no le son propias, resultando en una injerencia indebida”. Antes de esos pronunciamientos, el mismo líder del MP se había manifestado de manera categórica. Don Carlo Díaz garantiza que las acciones que lleva adelante la organización que dirige son propias de un Estado de derecho donde se investiga sin distinción a cualquier persona al amparo de las leyes y de la Constitución. Para hacer un repaso obligado y comprensivo del papel fundamental que cumple el Ministerio Público como encargado de trazar y ejecutar la política de persecución penal conversamos con el ex fiscal general, Francisco Dall’Anese.

En este momento, Israel libra una guerra en siete diferentes frentes, pero sin duda, resuena y por mucho el foco libanés, aunque también un ataque que dirigió este lunes a 1,800 kilómetros de distancia al puerto yemení de Hudayda que controlan los hutíes. Una clara advertencia a Irán de que el poderío militar tecnológico israelí puede también alcanzarlos. Pero el foco principal, reiteramos, está en Líbano. Tras el asesinato el viernes de una veintena de comandantes de Hezbolá entre ellos su máximo líder Hassan Nazralá (un clérigo de 64 años que dirigió la agrupación la mitad de su vida) que fue posterior al quiebre de las comunicaciones de los hasta ahora poderosos milicianos, los acontecimientos se han desencadenado con extrema rapidez, tanto que en cualquier momento (si no ya cuando usted esté leyendo este texto) parece haber poquísimas dudas que los israelíes incursionarán por tierra en territorio libanés. No había habido un enfrentamiento como el que se está librando en estas tensas horas desde la guerra de 34 días en el 2006, de lo cual en su momento se habría arrepentido Nazralá. A punto de cumplirse un año del atentado terrorista de Hamás en Israel que desencadenó todo este conflicto, la situación en Gaza ha perdido foco internacional. Pero la Unión Europea recordó hoy que cualquier intervención militar en Líbano (lo que ya ocurrió) solo agravará la situación, lo cual equivale a agravar la crisis humanitaria. Desde Teherán, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, instó a un apoyo irrestricto a Hezbolá. Su promesa fue contundente, al afirmar que la muerte de Nasrallah no debe quedar sin una venganza. Y ahí, en Irán, es justamente donde analistas estiman que se centran los objetivos de guerra de Netanyahu: necesitaría, aseguran, involucrar a Irán en una guerra abierta. ¿Será cierto algo así? ¿Para qué? Por otro lado, una gran interrogante que se plantea es acerca del silencio de los países árabes en medio del ensordecedor ruido de las bombas. ¿Por qué no quieren enfrentarse a Israel? Las tensiones siguen creciendo y para analizar las implicaciones de un conflicto de múltiples aristas conversamos con el analista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la UCR, Carlos Murillo.

Las sorpresas del caso barrenador se han encadenado unas con otras en una semana de sobresaltos respecto de las plausibles irregularidades en torno a la adjudicación de la prestación de servicios tercerizados de 138 EBAIS distribuidos en 10 áreas de salud. El último hecho noticioso que nos dejó el viernes, fue la revelación de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA) sobre el nombramiento de una de las imputadas centrales de la investigación en el importante cargo de Gerente General de la institución. María de los Ángeles Gutiérrez, la misma funcionaria del que dependió exclusivamente el criterio técnico del que la Junta Directiva se adhirió para conceder una contrato de diez años a las cooperativas oferentes, ya ostentaba el puesto interinamente. Y en condiciones"normales" seguro que ese hecho habría solo una noticia de registro. Pero la Caja no navega en aguas calmas y cristalinas hace ya dos años. Así que seguro no debería ser sorpresa que doña Marta Esquivel, entre una audiencia y otra de medidas cautelares en el Poder Judicial, decidiera darle a Gutiérrez el puesto en propiedad, el miércoles 25 de setiembre a las 6.42 de la tarde. Con esa línea argumental, seguro tampoco debió habernos sorprendido el barrido barrenador de 300 correos electrónicos y varios archivos de la cuenta de un alto cargo de la institución, según confirmo antes el OIJ, sin detallar nombres. Imposible acostumbrarnos a que esta sea la nueva normalidad de la CCSS con tantísimos retos y desafíos que tenemos en salud pública. A partir de que (seguramente) este lunes conozcamos a las medidas cautelares que se les dictarán a los imputados, también tendremos claro la continuidad o no de la conducción directiva de la Caja. Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa proseguirán las repercusiones en el debate político y avanzará la ineludible conformación de una comisión especial investigadora de la cuestionada contratación. Y como no podía ser de otra manera, el Presidente y sus voceros cercanos han aprovechado el caso echando mano de la especialidad de la comunicación política de la casa: tensando las cuerdas de la polarización culpando a los otros poderes (en este caso a la Judicial vía OIJ y Ministerio Público) solo por cumplir con su deber. Para impedirlo, el mandatario dijo "Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar... ojalá podamos llegar en paz a las elecciones del 2026". ¿Más campaña política o sedición? En análisis de coyuntural con el politólogo Claudio Alpízar Otoya.

Por muy llamativa que parezca la pirotecnia confrontativa y polarizante del Ejecutivo de turno, no debemos distraernos del fondo de la cuestión y, en punto al caso Barrenador, se trata de la investigación preliminar de supuestos millonarios sobreprecios en la adjudicación de los servicios de salud que reciben más de medio millón de personas, mediante 138 EBAIS. El manejo de los recursos públicos está, desde hace muchos años, claramente establecido en las leyes, los reglamentos y los órganos de control. Todo tiende a evitar condiciones de arca abierta. Pero siempre hay tentaciones. Y tratándose de la Caja, son miles de millones los que se manejan en la institución más grande del sector público costarricense. El Ejecutivo ha intentado lanzar humo para desviar la atención, pero el hecho en investigación es muy serio, tanto que (aunque sea temprano para asegurarlo) podría ampliarse la tipificación de los delitos iniciales o incluso agregar imputados a la causa. Este jueves el director del OIJ, Randall Zúñiga, reveló que se habrían borrado 300 correos electrónicos y 4 archivos de la cuenta de un “alto funcionario” de la institución. ¿Por qué hacer eso si todo está en orden, como alega Zapote, en clara injerencia, por cierto, de la autonomía de la CCSS? Para ahondar en lo legal y lo político del caso Barrenador conversamos con el abogado constitucionalista, Marvin Carvajal y con el politólogo, Sergio Araya.

Este mes, ya pronto a concluir, se celebran los 45 años de existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son los mismos 45 años en que los costarricenses tenemos el honor de ser su sede. Lograr asentar aquí a una de las tres Cortes de Derechos Humanos que existen en el mundo, constituyó un camino signado de arduo trabajo, tesón y visión de nuestros líderes políticos de entonces, que se propusieron tener ese faro global de defensa, protección y promoción de todos los derechos humanos de todas las personas. Aprehender y rememorar esta gesta de la una voz de una mujer ilustre a quien el presidente Rodrigo Carazo Odio le encomendó la labor y que ella llegará, sin nunca poder imaginarlo, a ser jueza y presidenta de esa prestigiosa Corte 40 años después, es sin duda alguna un lujo y una lección democrática. Ella es la jurista Elizabeth Odio Benítez, quien nos ilustra con pasión acerca de este logro que nos enorgullece. Con ella conversamos en Hablando Claro.

Los embrollos legales que hoy enfrenta la adjudicación de servicios de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais (nada más y nada menos que por 10 años) no son nuevos. Rodrigo Chaves Robles fue advertido de ese enorme riesgo por el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Y más claro no pudo haber sido Álvaro Ramos Chaves: “Yo, al presidente de la República, le había advertido que tuviéramos cuidado con los contratos de tercerización, con procesos de alianzas público-privadas; pueden ser fantásticas, se pueden lograr grandes cosas, pero se tienen que hacer con un contexto de confianza y transparencia y parece obvio que, en este caso, eso no fue lo que ocurrió” Las decisiones de la institución base de la convivencia social democrática de Costa Rica no se pueden adoptar sino dentro del marco legal establecido y con conocimiento técnico profundo, para que no deriven en decisiones que pongan en riesgo la salud de la ciudadanía. Desde su obligada salida, una serie de hechos sumieron a la Caja en una permanente situación conflictiva de inestabilidad y zozobra, con temas de absoluta relevancia como las listas de espera, el portafolio de inversiones y el obvio desdén de criterios técnicos de las unidades internas de control y fiscalización. Para seguir profundizando y entender el contexto de lo que sucede y sus impactos conversaremos con el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves.

En mayo del 2004, fiscales del Ministerio Público allanaban las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la casa de su entonces expresidente ejecutivo, Eliseo Vargas, y de la Corporación Fischel. Investigaban el proyecto Finlandia, referido a un empréstito por $39,5 millones, con los que se adquirieron equipos de mala calidad, entre otras anomalías. Veinte años después, el OIJ y el Ministerio Público desarrollaron este lunes allanamientos en continuidad de un proceso de indagación contra la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel, así como de otros directivos y funcionarios de la Caja, en la aprobación de sobreprecios al adjudicar los servicios y la administración de 10 Áreas de Salud y 138 Ebais. Las acciones judiciales tienen asidero en una denuncia de la misma auditoría interna institucional. Se investigan los aparentes delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y prevaricato en la adjudicación, así como la indagación de otras acciones acometidas para configurar esos ilícitos. El gobierno, por medio de la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, minimizó lo sucedido, hablando únicamente del posible delito de prevaricato y calificando como autoritario el proceder de las autoridades judiciales. De inmediato respondió el Fiscal General, Carlo Díaz argumentando que “no se puede hablar de abuso de poder o de autoridad cuando se cuenta con una serie de pruebas que, con suficiente grado de probabilidad, sostiene la existencia de hechos delictivos, ni cuando nuestras peticiones están avaladas por la figura de un juez de garantías” Para hacer repaso de lo que ha venido sucediendo en la CCSS conversamos con el secretario general del Sindicato de Profesionales en Enfermería, Lenín Hernández, quien ha mantenido una postura sistemática de denuncia ante no pocos hechos controversiales del manejo de la institución.

Este es un asunto que requiere respuesta urgente para 575 mil personas de las comunidades de Cartago y de la zona de Los Santos. De todas las formas posibles se ha sostenido, con base en la realidad y los hechos, que el hospital Max Peralta ya alcanzó sus niveles máximos de su capacidad instalada y, por tanto, de su funcionalidad. Son los pacientes y el personal hospitalario quienes sufren, día a día, las limitaciones estructurales y de espacio, a las que debe agregarse la inadecuada ubicación, cuyas condiciones afectan la gestión de equipos, materiales y labores óptimas que requiere un centro de salud. El 14 de septiembre, durante la celebración de los 203 años de independencia en la Vieja Metrópoli, fue reiterada la queja de la administración Chaves Robles acerca de ese proyecto, tantísimas veces adversado. Nadie sabía el artero golpe que se vendría cinco días después, cuando tras un largo proceso, la empresa mexicana a la que se le adjudicó la construcción se retiró, alegando el perjuicio por la fluctuación del tipo de cambio y la inestabilidad causada por las diferencias entre las instituciones del estado (llámese claramente la oposición del Ejecutivo). ¿Qué sigue ahora? La ciudadanía beneficiaria reclama acción y respuestas. Para escuchar la voz de los pacientes y de los trabajadores de la salud conversamos con la coordinadora de las Juntas de Salud de Cartago, Rosa Mata Mora y con la doctora Janice Sandí.

Costa Rica alcanzó un tristísimo primer lugar en el mundo como el país con la mayor cantidad casos de acoso estudiantil (bullying) en menores de edad y jóvenes. Así lo reportó recientemente un completo informe de la televisión pública alemana, la cadena DW en español. Para determinar esa posición, el trabajo periodístico se basó en el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del 2022, que analizó la data de 80 países y en la que Costa Rica reportó que, en ese año, 44% de los estudiantes se sintieron acosados. Las razones por las cuales esto ocurre se analizan con parámetros como la desigualdad social, la violencia crónica que se vive en diferentes comunidades y la falta de recursos adecuados para la atención de estos casos, como lo hemos visto en los más recientes hechos en San Carlos. Con datos aportados por la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública, los casos de violencia entre pares (estudiantes-estudiantes) aumentaron un 160% entre los años 2019, 2022 y 2023. Los datos de los años 2020 y 2021 se excluyeron por los posibles sub registros durante la pandemia. Pero esa realidad es solo un reflejo de los comportamientos violentos de los adultos en la convivencia social y familiar: en los hogares, en las carreteras y en general en los espacios públicos. Vivimos tiempos de confrontación, de discursos de odio, de polarización y exaltación digital que promueven el disgusto, el descontento y la violación de derechos humanos. Y entonces, ¿cómo esperar otra cosa de nuestros niños, niñas y adolescentes si lo que están viendo como ejemplo cotidiano es eso? Para poner atención a los factores de este fenómeno social conversamos con el psicólogo Milton Rosales.

A tres semanas de cumplirse el primer año (7 de octubre) de la matanza que provocó el grupo insurgente Hamás en Israel, hecho detonador de la guerra que se libra en el territorio palestino de Gaza, un hito histórico en la batalla cibernética cambió este martes y miércoles el estado de la tensísima situación en Oriente Próximo cuando los servicios de inteligencia israelíes (Mossad) habrían infiltrado los dispositivos de comunicación (beepers y walkie takies) del poderoso ejército de Hezbollah (principal aliado de Irán) en Líbano, haciendo virar por completo el escenario de la conflictividad en curso. El recuento de las víctimas refiere en ambas jornadas un balance preliminar de 32 muertos y 3,450 heridos. Hezbollah prometió tomar represalias contra Israel, en tanto Beirut condenó el ataque como una agresión criminal. El sofisticado operativo tuvo como blanco una extraordinaria cantidad de personas con cientos de pequeñas explosiones -todas al mismo tiempo- dondequiera que estuviera el portador del aparato de comunicación, causando un baño de sangre con múltiples mutilaciones. De acuerdo con los expertos, se trataría de una operación planeada desde hacía meses y que habría sido llevada a cabo mediante la infiltración en la cadena de suministros, manipulando los dispositivos con placas metálicas que contenían explosivos, antes de llegar a su destino final en el Líbano. En el contexto, en la Asamblea General de Naciones Unidas 142 países pidieron a Israel en una resolución no vinculante (y, por tanto, sin efecto) el fin de la ocupación de los territorios palestinos en 12 meses, mientras el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken nuevamente llegó a Egipto para seguir pugnando por un alto al fuego en Gaza, con ínfimas posibilidades de lograr el objetivo de evitar una escalada en la región y de hacerlo antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos y antes de que finalice el mandato de Joe Biden en enero. Para hacer repaso de este álgido momento conversamos con dos costarricenses que están en Israel, Luis Alejandro Freer y Jovel Álvarez y analista internacional y profesor universitario, Bryan Acuña.

En las últimas horas, cuatro hechos de mucha relevancia nos colocan de frente a la realidad de la infiltración del narcotráfico en nuestro país. Y no es que no lo supiéramos ya. Solo que en 48 horas el panorama duro y crudo volvió a golpearnos. Costa Rica es espacio para la operación de las estructuras de los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, del colombiano cartel del Golfo y, por supuesto, de las propias bandas nacionales. La incautación de una tonelada de droga en un contenedor con harina de yuca que iba rumbo al puerto de Amberes (Bélgica) se logró gracias a un perro especializado de la Unidad de Intervención Especial, luego de que la carga pasara “inadvertida” en la revisión de las pantallas de los muy famosos escáneres instalados en APM Terminals. Esto ocurría casi en simultáneo con el operativo Shark (tiburón) ejecutado por la Fiscalía General y el OIJ, para desarticular una estructura criminal jefeada por el colombiano nacionalizado costarricense, Alexi Meléndez León, uno de los 50 capos más buscados por la DEA de los Estados Unidos. Fueron detenidos también dos gerentes bancarios y un tesorero del BCR, así como el pastor evangélico Juan Luis Barboza de una iglesia de Aguas Zarcas, además de una docena de implicados. Como si todo eso no fuera suficiente, el domingo en plena celebración de la Independencia nos levantamos con la noticia de The New York Times reportando como Costa Rica pasó de ser una meca turística a convertirse en una inmensa bodega de narcotráfico, tanto que en el 2020 superamos a México como el principal punto de trasbordo de narcóticos a Estados Unidos y Europa. Hoy, estamos en segundo lugar, muy cerca de los aztecas. Por supuesto que con ese cuadro de situación, la ola de criminalidad sigue a la orden del día. El reporte fue de un homicidio cada 5 horas, desde el fin de semana al martes. Para seguir analizando esta situación conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

El trasiego ilegal de oro en Costa Rica tiene una logística muy bien afinada que amalgama la extracción, el transporte, el procesamiento, el bodegaje, la comercialización y la exportación del metal a través de rutas y empresas encubiertas. La magnitud del ilícito negocio lo confirman los hechos y los datos duros: 1) En los últimos siete años salieron del país poco más de ₡78 mil millones, según consta en los conocidos registros oficiales DUAS (Documentos Únicos Aduaneros) del Ministerio de Hacienda. 2) De acuerdo con los reportes policiales, solo en el primer semestre de este año el decomiso de cianuro contrabandeado creció en 2.500%. 3) Testimonios recabados en la comunidad de Abangares, donde es legal la minería artesanal, confirman que se están procesando grandes cantidades de material extraído de Crucitas. Así lo revela una amplia investigación del medio digital La Voz de Guanacaste, en conjunto con Interferencia de Radios UCR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) publicada la semana pasada. Como resultado de ese trabajo periodístico se logró determinar con base en la información del Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) que 22 exportadores ilegales de oro, que no pagan impuestos, deterioran la salud de las personas y del medio ambiente. Se trata de 11 personas físicas y 11 jurídicas, siendo la empresa de mayor actividad, entre los años 2022, 2023 y los cinco primeros meses del 2024, Metales Abangares JM S.A. La actividad no es desconocida para la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que desde hace cuatro años realiza una indagación por el presunto delito de lavado de activos. Para conocer los alcances de este trabajo periodístico conversamos con Ernesto Rivera y Mercedes Agüero, director de La Voz de Guanacaste y periodista del equipo de investigación respectivamente.

Probablemente, nos sea difícil dimensionar el significado que tiene para nosotros los costarricenses vivir en un estado de pleno derecho con garantías sociales e individuales aseguradas. Por ventura no somos víctimas de un estado policial arbitrario y cuando un intento por vulnerar las libertades constitucionales ocurre, las instituciones responden en consecuencia. Lo hace todas las semanas la Sala IV y nos lo acaba de recordar también el Tribunal Supremo de Elecciones en un fallo digno de reseñar. Sin saber por qué razón o con qué objetivo, un exdiputado pretendió que el TSE le suministrara la identidad de los periodistas que formulan consultas sobre el financiamiento de partidos políticos y la Dirección de Estrategia y Gestión Política le negó la información para preservar, acorde con fallos anteriores de la Sala Constitucional, el secreto profesional de los comunicadores. Es decir, le suministró al recurrente la información sobre nombre del medio, fechas y funcionarios que atendieron consultas, pero no específicamente los nombres de los periodistas y las preguntas que hicieron de modo tal que así se pudieron "conciliar dos trascendentales derechos de la vida en democracia: la publicidad de la actuación estatal y el resguardo de la independencia de quienes ejercen el periodismo, toda vez que precisar los nombres de los periodistas, las fechas de sus solicitudes y los temas concretos que plantearon en ellas, aparte de vulnerar su derecho al secreto de las fuentes, daría publicidad a elementos de su investigación, hipótesis de trabajo y análisis de datos, lo que en sí mismo tendría un efecto disuasorio para dicho quehacer profesional lo que reviste el más relevante interés público en una democracia". La jurisprudencia acerca del ejercicio periodístico es de larga data y se afianza no solamente en el marco normativo nacional, sino en múltiples veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la libertad de expresión en su sentido más amplio como eje de la convivencia democrática. Y es en el marco de ese derecho humano fundamental de todas las personas (no solo de los periodistas) que se entiende la potestad de buscar, recibir y comunicar información de interés público para cumplir la máxima de que una sociedad es libre cuando esté bien informada. El derecho a la libertad de prensa y el derecho al acceso de información pública cierran, pues, un círculo virtuoso para su pleno ejercicio. Y deben protegerse de todos los peligros posibles, ya que sus limitaciones, obstrucciones o recursos de intimidación abiertos o velados, constituyen vulneraciones a los derechos del público a saber y a la consecuente obligación de los funcionarios públicos a rendir cuentas, que no es lo mismo que una patente de corso que se pretenda para perseguir el ejercicio de acceso a la información pública. Para profundizar acerca del tema conversamos con el periodista, Eduardo Ulibarri.

Cumplir 75 años este año (al igual que nuestra Constitución Política) como institución responsable de garantizar la pureza del sufragio es un hito histórico del cuarto poder de la República, nuestro Tribunal Supremo de Elecciones. El prestigio nacional e internacional que tiene se comprueba cuando calificados estudios y reportes reconocen su incuestionable solvencia. En el año 2023, ocupó el quinto lugar regional en el Índice de Percepción de Integridad Electoral, tal como lo certifican el Royal Military College de Canadá, la Universidad de East Anglia, Reino Unido y la Universidad de Queens. Este año el Índice de Democracia del Instituto V-Dem de Suecia, que es el conjunto de datos globales más grande acerca de democracia, le otorga a Costa Rica 0,94 de 1, en la categoría de índice de democracia electoral. Para celebrar esta fecha y apuntalar sus tareas conversaremos con las magistradas electorales Eugenia Zamora y Zetty Bou.

De acuerdo con el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicado este miércoles, 65 de cada 100 costarricenses estiman que cada día está peor el problema de la seguridad ciudadana y la violenta ola de criminalidad. Solo 17 de cada centenar sostienen que la situación está igual. Se trata del principal problema que vivimos, seguido de un incremento en la percepción de casos de corrupción. El tercer problema que agobia es la mala gestión del gobierno. Pese a esos resultados que muestran pesimismo y poca confianza en la resolución de los principales problemas nacionales, la popularidad del presidente Rodrigo Chaves Robles se mantiene en un sólido 54%, estancada sí desde las últimas mediciones, pero sin duda muy alta. El rechazo se mantiene en 24% y un 19% lo califica como neutro. Aprobar al mandatario, pero no a sus políticas, va en consonancia con el respaldo a un líder personalista al que viene dando seguimiento este estudio de opinión. Dos datos más muy relevantes del análisis: 90% de las personas encuestadas reconocen un aumento en la violencia contra las mujeres, señalando la poca acción del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), en tanto un 60% responsabiliza al gobierno por los femicidios. El otro es que casi la mitad de la población no acepta que se limiten los controles que existen respecto de las potestades del presidente de la República. Para analizar los datos que evidencian desconfianza y respaldo conversamos con Ronald Alfaro, Director del CIEP/UCR.

Llego el día. Kamala Harris y Donald Trump en un debate cara a cara, que no se sabe aun si resultará ser el único, a dos meses de las elecciones en Estados Unidos. Él con la experiencia de siete debates presidenciales previos. Ella con su primero. Él con un libreto y un estilo inconfundible. Ella con la necesidad imperiosa de definirse políticamente ante el electorado, luego de la ola de popularidad que lograron los demócratas con su convención tres semanas atrás. Ambos técnicamente empatados (48% Trump, 47% Harris) según la primera encuesta no partidaria del último mes, publicada el fin de semana por el New York Times. Trump obligado a romper su techo, ya que el electorado lo conoce bien, por su retórica combativa y al parecer pasando de lado de condenas y escándalos. El examen es diferente para la ex fiscal y actual vicepresidenta. Harris debe concretar su muy reciente popularidad alcanzada y afianzarla en una estructura sólida de propuestas que la den a conocer, pues el 30% de los electores dicen que necesitan saber más sobre ella. Para analizar los resultados del debate conversamos con el politólogo, Guillermo Barquero, en Hablando Claro.

El panorama en Venezuela es desolador. Así, sin adornos retóricos. Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones del 28 de julio, terminó saliendo hacia el exilio, gracias a una negociación entre los gobiernos de España y Venezuela. No había otra alternativa. Porque de lo contrario, habría terminado en la cárcel por las absurdas acusaciones del régimen; algo por supuesto muy delicado para el gobierno de Nicolás Maduro, que ganaba más con quitarse de encima la brasa caliente que significaba tenerlo en el país. Pero ahí, en la clandestinidad, queda María Corina Machado. Será cuestión de horas para que se le inventen unos cargos de delitos inexistentes; a ver si logran terminar de desarticular el liderazgo político más claro de la resistencia interna que ha tenido Venezuela. Por ahora, hay más de 2.500 dirigentes presos, acusados de terrorismo o de cualquier cosa. Los movimientos de protesta social están paralizados por el temor. La fuerza de la oposición comienza a mostrar síntomas de agotamiento. Mientras tanto, el régimen parapetado con el poder “cívico, militar, policial” seguirá aferrado al poder, desconociendo las presiones internacionales y sin importarle que el éxodo de venezolanos sin proyecto de vida, continúe y, acaso, se incremente. Tanto Edmundo González como María Corina aseguran que la lucha para liberar a Venezuela continúa, pero sin duda la salida del presidente legítimamente electo, marca una nueva página y sobre ello conversamos con el historiador y ex embajador en Venezuela, Vladimir de la Cruz en Hablando Claro.

Este 9 de setiembre se conmemora el día del niño. En nuestro país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2022, más de 455 mil pequeños viven en condición de pobreza y pobreza extrema. No hay que explicar mucho acerca de las inmensas responsabilidades (y deudas) que tenemos como sociedad para dotar de condiciones y oportunidades mínimas de acceso a salud, educación, seguridad y un techo digno a esta población. Pero ¿cómo hacerlo con la inversión social en los niveles más bajos de la última década? ¿Cómo hacerlo si la política pública persiste en un enfoque fiscalista que corre a pasos firmes y rápidos con el financiamiento y el pago de la pesada carga de nuestra gigantesca deuda, pero camina cada vez más lentamente en la dotación de recursos a educación de calidad, transporte, comedores escolares y bonos de sostenimiento mínimo para los más vulnerables? ¿Cómo hacerlo con presupuestos públicos cada vez más inflexibles que no dejan márgenes de maniobra para mejorar los servicios públicos? Si vemos el contexto del análisis económico todo gira en torno a colocación de eurobonos, canjes multimillonarios de títulos de deuda, por supuesto importantísimas medidas respecto de las tasas de interés, metas de inflación y tópicos similares. Pero... ¿Y la inversión social? Por cierto que la recaudación fiscal viene a la baja desde noviembre pasado y eso también tiene sus consecuencias. ¿Hemos mejorado suficiente en las diligencias de la recaudación, necesitamos más impuestos, qué otras reformas podríamos poner en marcha para salir del deterioro socioeconómico en el que vive gran parte de la población? Deberíamos estar hablando de todo esto. Pero no. Vamos de una pugna a otra cada semana. Lo último es que Zapote le ha puesto el ojo al nombramiento de la nueva Gerente General del Banco Nacional, Rosaysella Ulloa Villalobos que, con una carrera bancaria de más de 30 años y una calificación sobresaliente en el concurso que se hizo al efecto, fue designada por la Junta Directiva de la entidad bancaria más grande del país. Y ahora el Consejo de Gobierno pide investigar si hubo un "delito", sí, un delito, ¡en la designación!

Desde la antigüedad ética y estética se consideran vías paralelas. O también, como caras de una misma moneda. Por eso, una película (arte) costarricense como expresión estética nos golpea éticamente cuando se atreve a auscultar las profundidades no confesas de la sexualidad femenina y particularmente de la sexualidad femenina de las adultas mayores. Con una narrativa llena de evocaciones entre pasado y presente, que no soslaya la crueldad vital de los distorsionados patrones del sacrificio de las mujeres de ser esposas, madres y forjadoras de familias, dejándose a sí mismas en el olvido, Antonella Sudassassi nos presenta “Memorias de un cuerpo que arde” un docudrama que refleja la vida insatisfecha de tres mujeres, encarnadas en la interpretación de la actriz Sol Carballo. La sexualidad femenina arrebatada y recuperada a la edad adulta como línea argumental es una ventana a la que nos permite asomarnos este filme, reconocido con el premio panorama del público en la reciente Berlinale. Así que ponemos lente en esta obra y lo hacemos con la cineasta creadora y directora, Antonella Sudassassi y con María Lourdes Rivera, sexóloga y educadora.

Dejando un poco atrás los artificios creados en torno a la llamada ley jaguar, en la coyuntura política local al iniciar este último cuatrimestre del año, nos disponemos a conocer las visiones políticas que el gobierno sostiene respecto de cómo atenderá las obligaciones estatales, desde la formulación del presupuesto ordinario para el próximo año, lo que derivará sin duda en nuevas tiranteces entre Ejecutivo y Legislativo. Este no es tema menor, ya que cada vez más sectores manifiestan desencanto con la democracia, en punto a la calidad, pertinencia, eficacia y eficiencia de los servicios públicos que recibe. El panorama en curso presenta claroscuros con la prevalencia de discursos que polarizan la convivencia social, un uso exacerbado de la post verdad y una disputa entre élites. Así se desprende del último análisis de coyuntura del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, al examinar hechos ocurridos de abril a junio pasados, pero la situación tiende a mantenerse así en la recta final de este 2024. Todo hace indicar, de cara al curso del tercer año de la administración actual que cada vez será más difícil encauzar los puentes del entendimiento. Para profundizar acerca de estos hechos políticos conversaremos mañana con el director del OPNA-UCR, Rotsay Rosales Valladares.

Esta es la significativa historia de una voluntad (aún) incumplida. En 1975, Lorne Ross y Agnes Spencer (él costarricense y ella inglesa) le donaron a la comunidad de Santa Ana -gracias a un acuerdo con el Estado- un terreno de 52 hectáreas con el objetivo de proteger las nacientes de agua, los humedales y el bosque de la zona; un corredor biológico y de tránsito de aves migratorias. El sitio estuvo varios años descuidado y pasó por varias instituciones, hasta que en 1993 se dio en administración a la Fundazoo. En 2014 la Municipalidad y la comunidad tenían listo un proyecto de ley para la creación del Parque Nacional Lorne Ross, pero una decisión judicial le extendió 10 años más el derecho de uso a la citada fundación. En el largo camino recorrido hasta hoy el panorama sigue siendo incierto, pues existe una pugna irresuelta: mientras los santaneños buscan alcanzar un marco regulatorio para convertir ese sitio en el Parque Natural Urbano Lorne, Ross (como espacio cultural, recreativo y educativo) la diputada oficialista Pilar Cisneros pretende que el Ministerio de Ambiente y Energía construya ahí un parque con fuentes de agua (similar a uno existente en la ciudad de Lima) cuyo anteproyecto -se ha informado- habría costado $30 mil de fondos públicos, pero que aún no se conoce. Mañana miércoles conversamos con dos de las líderes comunitarias que abanderan el proyecto, Paula Blanco Cantillo, Catalina Obregón, ex regidora y representante de los herederos de la familia Ross.

Hasta hace tres años los recortes a los presupuestos se hacían en la Asamblea Legislativa, ahora no. Ahora la tijera la aplica desde antes el Poder Ejecutivo. Ha sido tal situación que desde Cuesta de Moras ya en varias oportunidades se exige la restitución de las severas rebajas. Este año, además, la disputa será mayor dado que por primera vez le corresponderá al legislativo la definición del monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). El viernes el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto para el 2025 por ₡12.4 billones y aún cuando esa cifra entraña una disminución del 1.9% respecto del plan de gastos del año en curso, Acosta argumentó que llevaba un incremento para la inversión social, una reducción del pago de la deuda y un saludable aumento de ingresos sanos para su financiamiento. Pero las primeras reacciones de preocupación no se hicieron esperar , particularmente por el debilitamiento de programas sociales y rebajas específicas en Educación, Trabajo y Obras Públicas, entre otros ministerios. Para poner atención en los claroscuros de este nuevo plan de gastos conversamos mañana con la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez.

Nunca en la historia republicana del país se ha rechazado la reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para hacerlo, el constituyente previó que tal veto solo sería posible con 38 votos; mayoría calificada. En la práctica entonces, los magistrados en Costa Rica permanecen en el cargo de forma vitalicia, hasta que deseen jubilarse o fallezcan. Pero los tiempos cambian. Y cambian mucho. De unos años para acá, el cuestionamiento acerca de las condiciones y requerimientos que la Asamblea Legislativa debe considerar para elegir a un/a magistrado/a o para sellar su reelección hacen parte de un intenso debate público. Dejó de ser un asunto de élites políticas, aunque ellas pesan, claro, pero las decisiones deben ponderarse con mucho mayor cuidado. Además de todo, la elección ahora es mediante voto público. Se trata pues, de tema político de primer orden. Aun en casos en los que se perfilara como de un mero trámite, como por ejemplo en punto a la reelección del magistrado presidente de la Sala Segunda Porfirio Sánchez. Francamente, era casi que un formalismo. Hasta que el pasado 20 de agosto el abogado y ex-juez Mario Rucavado hizo públicas sendas objeciones a dicha reelección. En el historial de Sánchez aparece el grosero rechazo a una acusación de acoso sexual contra un diputado años atrás, sentencia que debió enderezar un tribunal de trabajo superior de Sánchez Rodríguez, a la sazón juez. También se registra en su expediente cómo le negó derecho de lactancia a una defensora pública y para no dejar dudas de su conducta contra los derechos de juezas y magistradas, pidió derogar años después al acuerdo de Corte Plena que estableció en su día la paridad en los altos cargos de dirección política de ese cuerpo colegiado. Un señalamiento serio es el relativo a la mora en su despacho. La concentración de atrasos da cuenta de 869 casos con retrasos promedio de más de un año (388 días) Peor aún, tiene 769 casos de litigio laboral y de riesgos laborales con retrasos de ¡827 días! Como si todo eso no fuera suficiente, Rucavado denunció que Sánchez cometió un acto obsceno delante de una funcionaria judicial. Posteriormente, la jueza Silvia Arce, dio un paso adelante y se identificó como la víctima del hecho. Y a partir de ahí, la reelección de este lunes 2 de setiembre se ha convertido en un tema neurálgico que roza la integridad y la confianza en el Poder Judicial y ha puesto en batalla a la Asamblea Legislativa y a no menos de una veintena de organizaciones de mujeres que se oponen a la reelección, en tanto el magistrado acudió (acaso desesperado) a las poderosas armas de la judicialización del caso y también ha recibido apoyo de un grupo de empleados del Poder Judicial, aunque prácticamente todas las organizaciones gremiales y sindicales han preferido guardar sepulcral silencio. Para analizar este caso conversamos mañana con Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, Claudia Paz y Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y con Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres.

Costa Rica es un país caro. Carísimo. Esto lo damos por sentado. Pero… ¿Cuán cierto es? Al analizar de manera comparativa los precios con el Programa de paridad de poder adquisitivo OCDE-Eurostat (2007-2020) resulta que nuestros precios son más bajos que países de esa organización. Pero al compararnos con el Índice Mundial del Costo de Vida, también 2007-2020, sí tenemos costos más altos que los países de América Latina. Tenemos precios más altos en pan, cereales, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, leche, queso, huevos, pescado, frutas, vegetales y papas. Y como si eso no fuera ya bastante también somos más caros en transporte, educación y salud. Esto ocurre por factores tales como prácticas monopolísticas, y consecuentemente, falta de competencia, barreras arancelarias y la estructura del gasto del Estado. Todo ello según se desprende de un tal estudio del Banco Central de Costa Rica. Para profundizar en este tema que nos afecta a todos conversamos con la responsable de este informe, la economista Melissa Vega Monge.

Las marchas en defensa de la inversión pública para la educación, conjuntan una gran diversidad de agrupaciones sociales, gremiales y políticas, como respuesta a los excesivos recortes presupuestarios de la administración actual. En la contraofensiva, el presidente Chaves asegura que dotar de recursos económicos, en particular a las universidades públicas, solo sería posible restándole fondos a la educación primaria y secundaria. Ahora abre el abanico y asegura que también se afectarían los recursos para vivienda, salud y hasta obras comunales. Esto resulta contradictorio con la argumentación de que la economía goza de buena salud y que somos campeones de la OCDE en atracción de inversiones, aunque ciertamente la realidad fiscal muestra deterioro por la falta de generación de empleo que reactive más la economía y la recaudación impositiva. La lucha no acaba con la voluminosa marcha de este miércoles, más bien abona a la polarización social. Para poner en balanza esta coyuntura conversaremos con Raquel Loría Quesada, presidenta de la federación de estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) y con Gilberth Díaz, secretario general del sindicato de educadores costarricenses (SEC).

Costa Rica es una democracia resiliente y resistente que cuenta con un respaldo amplio, generalizado en la población y sólido en el tiempo; condiciones que nos hacen sobresalir en la América Latina y El Caribe. Pese a ello, los niveles de satisfacción reflejan más bien valores intermedios. En síntesis, los ticos somos fieles creyentes en la democracia, pero estamos insatisfechos con su funcionamiento. Entonces tenemos una democracia resiliente, pero amenazada y a prueba. Estas afirmaciones, así de categóricas, se desprenden del capítulo Costa Rica del Informe Barómetro de las Américas 2023, que fue dado a conocer esta semana y cuenta con el apoyo de las universidades de Vanderbilt y de Costa Rica, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Programa Estado de la Nación. De acuerdo con el estudio, el 86 % de los costarricenses identificamos al país como una democracia y para un 72 % de nosotros es la mejor forma de gobierno. La satisfacción con el sistema alcanza al 61 %. Un elemento valorado como significativo en el estudio es que el 36 % de los costarricenses muestran alto apoyo al sistema y alta tolerancia, dos condiciones ideales para la estabilidad democrática. Ahora bien, si bien es cierto son buenas calificaciones (somos el segundo país de la región adepto al sistema) los apoyos no son los mismos que a inicios de siglo, ni mucho menos que a los valores que registrábamos allá por la década de los años 80. La insatisfacción particularmente deviene tanto de la percepción y los datos objetivos de la criminalidad, como de la percepción dañina de la corrupción en la política. Amenazante resulta entonces que más de la mitad de la población estaría dispuesta a justificar que líderes actuaran al margen de la ley para lograr que la democracia fuese más efectiva, lo que nos pondría a transitar por terrenos escabrosos. Este amplio estudio da muchísimos insumos. De los más interesantes respecto de la sociedad que somos, son las percepciones sobre la migración que nos muestran ciudadanos sensibles, tolerantes y abiertos; 61 % está de acuerdo en los mismos derechos, 82 % no tiene prejuicios con tener de vecino a un migrante, un 60 % respalda que reciban servicios sociales, un 81 % está de acuerdo con que tengan derecho a ciudadanía y dos de cada tres costarricenses estiman que los nicaragüenses son buenos para apuntalar las actividades de la economía nacional. Para hacer un acercamiento al estudio conversaremos con el autor del informe, Ronald Alfaro.

Seguir culpando a las administraciones anteriores del profundo deterioro del sistema educativo no solo no sirve de nada, sino que además termina profundizando las brechas entre la Costa Rica limitada con acceso a educación privada y la Costa Rica mucho más numerosa que depende exclusivamente de la educación pública. Como bien sabemos, la profundización de los problemas pasados se traduce en rezagos en los aprendizajes, una crisis de gestión, la mayor cantidad de órdenes sanitarias en centros educativos y la menor inversión en una década, reducción signada por una incomprensible inacción política del MEP y su jerarca en la defensa de sus presupuestos. La dura radiografía del Estado de la Educación plantea que entre muchos desafíos que debemos acometer sin dilación, cuatro son los más urgentes: recuperar la inversión venida a menos, reducir la pobreza de los aprendizajes, inyectar calidad y conectividad en los ambientes de aprendizaje y mejorar la formación y contratación de los docentes. Para seguir profundizando acerca de esta situación conversaremos con Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación del proyecto Estado de La Nación.

Lo sabemos bien: la erosión de la democracia en nuestros días está ligada a la crisis de los partidos políticos, a la polarización extrema del sistema y consecuentemente de la convivencia social. En el epicentro de la cuestión observamos la profundización de problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, así como el deterioro educativo y de la prestación de servicios públicos. Todo ello sin dejar de lado los impactos del crimen transnacional organizado. Estas afectaciones generan altos niveles de decepción ciudadana. Obviamente, los problemas de la desafección democrática son multicausales, pero se ven potenciados por la prevalencia de la desinformación, las verdades a medias y mentiras construidas, que generan mayores grietas y afectaciones en lo social, lo cultural y lo identitario. Para seguir debatiendo en esta línea conversamos con el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora.

En la política internacional americana el jueves fue un día de sabor agridulce. El tribunal de justicia chavista terminó por consolidar (como se anticipaba) el robo de las elecciones venezolanas del 28 de julio. Y los jueces fueron más allá, anunciaron sanciones contra los líderes de la oposición, girando más las tuercas de la tirante sociopolítica en ese sufrido país. Mientras tanto en Estados Unidos, culminaron los cuatro días festivos de la Convención del Partido Demócrata con el discurso de la Vicepresidenta y candidata Kamala Harris quien esbozó en un discurso corto, conciso y concreto las grandes líneas de lo que sería su política doméstica con énfasis en oportunidades para la clase media; así como su política internacional en respaldo de los aliados estadounidenses tanto en la crisis de Ucrania, como en el conflicto en Oriente Profundo, en un giro complejo, pues reafirmó el derecho del pueblo de Israel a la defensa y la seguridad al tiempo que defendió también el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación y a terminar con el sufrimiento en Gaza. Ponemos énfasis en la campaña electoral estadounidense este viernes con el politólogo Alfonso Rojas.

Una vez más el diputado opositor Ariel Robles formuló en un control político fuertes denuncias contra acciones y omisiones de actual administración, que tienen como escenario la provincia de Limón. “Es crucial que el presidente esté enfocado en los sectores más vulnerables y no inmerso en una embriaguez de poder que le impide ver la realidad de las personas”. Y esas realidades son las denigrantes condiciones de trabajadores de empresas bananeras que estarían incumpliendo la legislación laboral no observando salarios mínimos, ni mucho menos horas extras, incurriendo en prácticas deleznables como pagar con comida la jornada laboral y despidiendo a trabajadoras que se atrevan a denunciar prácticas de acoso sexual. Otra denuncia refiere que una reciente decisión de Japdeva, afectaría de manera directa a más de 100 familias, quienes se verían imposibilitadas de acceder a bonos de vivienda. En seguimiento a sus gestiones haciendo eco de las irregularidades en Gandoca Manzanillo también conversaremos con él acerca de los 26 allanamientos de esta semana. Todo esto en la antesala de la gira anual que el gobierno realiza para celebrar el día de la persona negra y la cultura afrodescendiente el 31 de agosto. Conversamos entonces con el diputado Ariel Robles.

El 2020 quedó marcado en el calendario como el año de mayor cantidad de femicidios en el país con 28 asesinatos. Para analizar esta realidad un grupo de especialistas en la materia recopilaron datos e información acerca de cada uno de esos 28 dramas con sus contextos e historias. El objetivo fue entender esas tragedias, identificar entornos de prevención y recomendar acciones para fortalecer las políticas públicas que protejan más y mejor a las mujeres. Precisamente uno de esos casos fue el de María Tacsan. Y aunque en un primer juicio su esposo el médico Carlos Pérez, resultó absuelto, este lunes en un nuevo proceso fue hallado culpable y deberá descontar 35 años de cárcel. Pero como sabemos no a todos los femicidios alcanza el brazo de la justicia pronta y cumplida. El Informe de Situación Nacional del Delito de Femicidio 2020 que realizó la Red Feminista Contra la Violencia hacia las Mujeres, sintetizado como “autopsias psicosociales”, confirmó los factores que prevalecen en este tipo de asesinato. Factores tales como la pobreza, la exclusión, el crimen organizado y la violencia machista, entre otros. Para conocer más detalles y aportar a la permanente sensibilización de esta problemática nacional conversamos con las investigadoras Ana Hidalgo y Teresita Ramellini.

Desde siempre, pero particularmente desde la pandemia por SARS-CoV-2 quedamos notificados que viviremos con más frecuencia entre epidemias y distintos grados de importantes diseminaciones de virus y bacterias. La semana pasada, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta global por emergencia de salud pública debido a la rápida transmisión de la enfermedad Mpox (conocida como viruela del mono), dado el peligro exponencial del aumento de casos; por ahora más de 15 mil en 12 países. Aquí en Costa Rica sumamos en la primera quincena de agosto 16 mil casos de dengue, un incremento significativo respecto del año pasado, cuando se inició un brote que sigue circulando con los serotipos tres y cuatro, motivo de preocupación, ya que hay mucha población vulnerable sin inmunidad. Entre tanto, los dos últimos reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, confirman que vienen en aumento los contagios de covid (480 casos nuevos y 80 hospitalizaciones solo en los primeros días de agosto). Y para rematar, las autoridades sanitarias reportaron como sospechoso, analizaron y posteriormente descartaron un primer caso de Oropouche, un virus que se transmite por un insecto conocido como jején. Durante este año se han reportado más de 7,700 casos en Brasil, Bolivia, Perú, Cuba y Colombia, por lo que la Organización Panamericana de la Salud aconsejó fortalecer la vigilancia y control de vectores, así como mantener informada a la población. Para hacer repaso de estas alertas de salud pública conversamos con el epidemiólogo, Juan José Romero.

Venezuela e Israel, son dos de los focos de alta tensión, que siguen sumando atención global dadas las repercusiones que sus conflictos derivan. Israel sigue a la espera de una respuesta a sus últimos ataques (uno en Gaza y otro en Líbano) lo que exacerba las posibilidades de una guerra, contenidas desde hace meses, debido a los complejísimos intereses que constituyen de telón de fondo en la guerra en Gaza. Analistas sostienen que tanto Hezbollah como Irán están atrapados en sus avisos de represalias contra Israel. Mientras continúan las conversaciones esta semana en Doha, Naciones Unidas urge un alto al fuego para poder vacunar a la población dada la alerta de un primer caso de polio en 25 años en el territorio gazatí. Al otro lado del mundo, la oposición venezolana inicia la semana sumando un triunfo a la convocatoria, tanto interna como externa, de apoyo a sus gestiones y de repudio al régimen de Nicolás Maduro, pero no se vislumbra aún una salida al conflicto derivado de la voluntad electoral vulnerada el 28 de julio. Para poner en foco en esta parte de la agenda internacional conversamos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Cada 10 meses asistimos al tortuoso camino de la negociación del financiamiento de la educación superior pública, que antes se hacía cada 5 años. Hoy, esto se ha convertido en un elemento más que abona a la polarización. La última negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se dio en el 2010, dejo un crecimiento del 81% de esa partida presupuestaria, sin contar con los fondos para la Universidad Técnica Nacional entre ese año y el 2015. Para el siguiente año se tomó la decisión de hacer la negociación anualmente dadas varias circunstancias como la situación fiscal, un cambio en la metodología del Banco Central para estimar el Producto Interno Bruto (PIB), el hecho de que no estuviera listo el Plan Nacional de Educación Estatal (insumo básico para la negociación) y fuertes amenazas en la Asamblea Legislativa de variar el destino de esos recursos a otros programas e instituciones. Desde entonces se viene realizando ese diálogo cada año, con el acuerdo de garantizar que el 1.5% del PIB fuera para las universidades. Pero en los últimos tres años esta discusión se ha convertido en un campo de disputas, reproches y distanciamiento entre el gobierno y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). Para poner esta situación en perspectiva conversaremos con la rectora del Tecnológico de Costa Rica, María Estrada y el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

Cuando sin razón aparente pagamos más por un producto, deberíamos volver la mirada hacia el Puerto de Caldera para encontrar, al menos, parte de la respuesta de ese encarecimiento. El sobre costo de muchas mercaderías obedece a los significativos atrasos en la descarga de los contenedores por el congestionamiento de esa terminal portuaria. Por Caldera ingresan el 80% de las importaciones que llegan a Costa Rica en insumos, materias primas y otros bienes que requieren muchos sectores para la producción nacional tales como maíz, hierro, acero, soya, trigo, arroz y abonos agrícolas. Y por ese mismo punto salen muchos de los 1.500 productos que exportamos al mundo. Sin duda es un lugar estratégico que debería tener condiciones óptimas, pero sus usuarios indican que la ineficiencia encarece el abastecimiento, lo cual impacta los costos, lo que consecuentemente aumenta el precio final al consumidor y nos resta competitividad. Caldera opera a un 108% de su capacidad, cuando las mejores prácticas internacionales indican que la ocupación no debe superar un 60%. Los datos de la decimoquinta Encuesta de Perspectivas Empresariales de la Cámara de Industrias advierten que las empresas que usan la terminal pagan sobreprecios de entre $251 y $400 por contenedor y deben esperar un tiempo promedio de 8 a 14 días para tener la carga disponible una vez que llega al puerto. El desafío es doble, por un lado, mejorar las obras que hoy tiene este centro logístico portuario y por otro, planificar otro puerto que cumpla con las condiciones de crecimiento y proyección de la economía nacional. Para analizar el tema conversaremos con Sergio Capón y Arturo Rosabal, presidentes de las cámaras de Industrias y de Comercio, respectivamente.

Hoy, al igual que en 1992, cuando la escritora Anacristiana Rossi publicó “La loca de Gandoca” para exponer en una novela mezcla de ficción y realidad la lucha por la preservación del Refugio mixto de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, esa inacabada batalla está más vigente que nunca. Y por suerte, a diferencia de aquellos años, hay una inmensa vitrina pública y mediática que acompaña la lucha de pobladores locales, ambientalistas y políticos decentes que alzan la voz fuerte, firme y clara para seguir resistiendo ante la voracidad de quienes persisten en vulnerar el patrimonio que aún nos queda en el Caribe Sur. Pero claro, si esto es así, solo es por una razón: están vigentes también los poderosos intereses económicos que quisieran urbanizar (de poder hacerlo, claro) toda la orilla del exótico caribe costarricense. Y son intereses que se heredan por generaciones de padre a hijo. No es ficción. Como tampoco lo es una investigación judicial en curso por múltiples incumplimientos de instituciones como el INDER (antes IDA) y el SINAC del Ministerio de Ambiente, que dieron paso a una nueva cesión de cuestionados permisos de tala de árboles en zona protegida. Pero esta no es la misma lucha de 32 años atrás. Si bien es cierto el dinero fluye, y seguramente mucho más, hoy contamos con un inmenso acopio de jurisprudencia por la consolidación de la Sala IV. También tenemos una protección que se incorporó en nuestra Constitución Política (art.50) como derecho fundamental "a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado". Así que como dice el historiador Iván Molina hoy la novela y la loca gozan de excelente salud... Y con la fuerza acumulada de los años persiste implacable en su denuncia que tiene eco en cientos de miles de personas. Por eso nos enorgullece mucho conversar con Anacristina Rossi.

La crisis político electoral venezolana es un verdadero juego de tronos signado por una creciente tensión, la participación activa de varios países de la región ejerciendo presión sobre un acorralado gobierno de Caracas y, por supuesto, la consabida represión policial que siembra terror con sus detenciones ilegales contra activistas políticos de la oposición mediante la llamada "operación tun tun". El punto central es que Maduro, a falta de las actas del Consejo Nacional Electoral (cne) ha pretendido ganar tiempo judicializando la elección y por ello ha proclamado que lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia (tsj) que es uno de sus órganos satélites (no un poder independiente como en una democracia real) será "santa sentencia y ley sacrosanta de la república" Claro, y el tsj dirá que el sistema electoral fue hackeado y que por eso no aparecen las actas y que el 28 de julio sí habría ganado Maduro bla, bla, bla, bla. El problema es que esa burda pretendida salida a la crisis no sería aceptada por Brasil que se ha distanciado claramente de la troika de apoyo al régimen que mantuvo inicialmente con Petro de Colombia y el saliente López Obrador de México. Luis Ignacio Lula da Silva es hoy, junto con el estadounidense Joe Biden, el más poderoso opositor a los planes de perpetuación de la cúpula bolivariana. Según ha trascendido, el mensaje de Estados Unidos a Maduro es claro: o se marcha por propia voluntad a un exilio dorado con garantía de no persecución o será detenido. Por el momento, Maduro no parece inclinado a ceder, pero la situación interna es complejísima. Por un lado, la oposición se mantiene cohesionada y Edmundo González Urrutia, el presiente electo, ha recuperado fuelle tras la amenaza de detención, misma que se ha lanzado contra la líder indiscutible del proceso María Corina Machado. Pero por otro, hay severos distanciamientos y disputas entre la misma cúpula gubernamental, algunos de los cuales no pueden ni verse: Vladimir Padrino López, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, Tarek William Saad y algunos otros, todos con sus propios planes de escape en caso necesario. Mientras tanto, el Centro Carter, el único observador internacional aceptado por el régimen de Maduro, ha certificado que, con base en las actas mostradas al mundo por la increíble estrategia diseñada por la oposición, Edmundo González Urrutia efectivamente fue el ganador de las elecciones del domingo 28 de julio. ¿Caerá el régimen venezolano esta vez? Lo conversamos con el historiador, analista y ex embajador de Costa Rica en Venezuela, Vladimir de la Cruz de Lemos.

Orosí II, la quinta etapa de la ampliación del Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano, era (y es) fundamental para garantizar agua potable a 638,000 personas de 14 cantones metropolitanos; la mayoría josefinos, además de uno cartaginés y otro herediano. Sin duda una obra pública indispensable. Los cambios de cuatro presidentes ejecutivos de Acueductos y Alcantarillados, (tres de ellos durante este gobierno) así como la inestabilidad y remociones de varias gerencias, serían parte de las razones por las cuales en noviembre pasado se perdió un crédito de $400 millones del BCIE para su construcción. Ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, las autoridades de AyA no lograron explicar las razones de esta situación. Esa mega obra aportaría 2,500 litros de agua por segundo, con una infraestructura de 42 kilómetros de tuberías y casi nueve km de túneles, una nueva planta potabilizadora en Patarrá y cuatro tanques de almacenamiento de 10 mil metros cúbicos cada uno. Desde el año pasado, la crisis de suministro del líquido en el área metropolitana se ha venido agudizando. En abril de este año Juan Manuel Quesada, el actual jerarca de AyA, informó que Orosí II “es la prioridad número uno” en la cartera de 179 proyectos de la institución, pese a que no cuenta con los estudios necesarios, mucho menos con el financiamiento; lo que lleva a prever próximos veranos de racionamientos. Para analizar las implicaciones del rezago en infraestructura hídrica conversamos con el especialista en temas de agua y saneamiento, Saúl Trejos.

En un mundo marcado por la desigualdad, los datos que arroja nuestra situación son aún más desalentadores que los de muchas otras latitudes: solo considerando el grupo de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocupamos el último escalón de la tabla. Sí, pese a nuestra inversión de décadas en salud, educación y pensiones, somos la nación con más disparidad de ingresos entre los ricos y los pobres. ¿Por qué esto es así? Entre otros factores se nos señalan las condiciones de la estructura salarial (obviamente de quienes logran acceder a un empleo formal) el enorme porcentaje de la gente en la informalidad y las conocidas condiciones de inequidad que sufren las mujeres para ser parte del mercado laboral. Y si por la víspera se saca el día -como reza el viejo adagio- las perspectivas no son nada buenas porque, solo para citar un aspecto fundamental de resolución, la OCDE nos recomienda mejorar los resultados educativos. Y eso no ve. Por el contrario, en esta administración afrontamos recortes presupuestarios severos en educación lo mismo que en otros rubros de la inversión social neurálgica, amén de carecer de otras políticas públicas también relacionadas con aspectos tributarios. En pocas palabras tenemos una economía que crece y una sociedad que, en su inmensa mayoría, no recibe los beneficios de ese crecimiento. ¿Cómo entender esto? Lo conversamos con el economista José Luis Arce.

“Padre. Tío. Esposo. Maestro. Entrenador. Guardia Nacional del Ejército. Excongresista. Gobernador de Minnesota”. Así se presenta Tim Walz en sus redes sociales. Pero mucho más que eso analizó Kamala Harris para escogerlo como su compañero de fórmula para correr por la presidencia estadounidense. La aspirante surfea con buen viento y condiciones su batalla contra Donald Trump. Agrupó el apoyo de su partido, ha logrado una recaudación récord de donaciones y las encuestas la colocan ya codo a codo frente al contrincante. La designación de Walz, informó el New York Times, surgió de un grupo de candidatos que tenían un mejor reconocimiento de nombre y estados de origen más ventajosos políticamente. Para ampliar en qué fortalece su designación la corta carrera electoral de la actual vicepresidenta de Estados Unidos conversaremos con el analista, periodista y ex embajador, Eduardo Ulibarri.

Las personas víctimas de los malos manejos de Coopeservidores comenzarán a recibir a finales de este mes los montos que estableció el proceso de resolución de esa malograda entidad financiera. Como sabemos, la intervención y la legislación vigente, lograron rescatar el 100% de los dineros de aquellos ahorrantes con montos de hasta ₡6 millones. El Banco Popular determinó las condiciones de entrega de esos recursos para el próximo miércoles 28. Esto incluye los ahorros a la vista y los certificados de depósitos a plazo. El resto de inversionistas con sumas por encima de seis millones recibirán, además de esa cantidad, la mitad del resto de lo que tenían invertido. Ahora es importante que se dé seguimiento a las condiciones establecidas y evitar que inescrupulosos puedan engañar o timar a quienes inician los procedimientos para obtener su dinero. También es importante saber qué ocurre con los procesos de investigación judicial para, ulteriormente, sentar las responsabilidades legales de este descalabro. Sobre el tema conversamos con el responsable de la resolución de Coopeservidores, Marco Hernández.

Tres hechos relevantes nos permiten poner en perspectiva cómo fluyen los hechos políticos en el arranque del octavo mes del año. La intempestiva presentación de una nueva versión del proyecto de ley que se impulsa llevar por la vía del referéndum. Apenas vio la luz y ya arrastra cuestionamientos. El segundo es otro fallo de la Sala Constitucional ordenando al Ministerio de Hacienda reintegrar ₡62 mil millones al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf). El ministro de Hacienda reaccionó anunciando que para honrar esa deuda rebajará los presupuestos de varios ministerios. Ambos asuntos llegaron a una Asamblea Legislativa que culminó el jueves con una trifulca de reclamos y endosos de culpas por los raquíticos resultados de otro periodo perdido de sesiones extraordinarias, responsabilidad de la administración Chaves Robles. Los enfrentamientos dejaron en claro que ya la mayoría de la oposición perdió el temor a la retórica de Zapote y acusan no poco hartazgo. Así condimentadas continúan las agrias relaciones entre los dos poderes de la República, en tanto, se sigue agudizando la crisis de violencia criminal junto a otros desafíos nacionales. Para poner en coyuntura el inicio de agosto conversaremos con el politólogo Gustavo Adolfo Araya Martínez.

Otro año y la más grande movilización de personas en el país ya está en camino hacia la casa de la Negrita, en Cartago. Pero este 2024 se conmemoran los 200 años de la proclamación como Patrona de Costa Rica a la Virgen de los Ángeles, cuya devoción es un hito con ribetes espirituales y culturales únicos. El hallazgo de su figura, de 20 centímetros, allá por el año 1635 nos ubica en el sincretismo de ese momento al mezclar características de la tradición cristiana-europea con elementos de la cultura indígena y negra, propias de nuestra Nación. Su proclama como patrona nacional se da en un contexto histórico de hechos que se suscitaron en el proceso de conformación de las bases como un Estado, como la Independencia y la Anexión del Partido de Nicoya. En torno a esto hay una serie de anécdotas, retazos de la vida de personajes y de acontecimientos a su veneración que se celebran cada 2 de agosto. Para hilvanar algunos de estos aspectos haremos repaso con el historiador, José María “Milo” Junco.