Hablando Claro con Vilma Ibarra

Las repercusiones políticas, posteriores a la declaratoria de inconstitucionalidad ante la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones, de la primera versión del proyecto de ley que se impulsa llevar a referéndum, siguen agriando y agitando el debate nacional. De inmediato el Poder Ejecutivo, sin siquiera conocer el fallo en su totalidad y lo que debería resolver la Sala Constitucional acerca de dos acciones pendientes, vuelve a polarizar el tema entre buenos y malos; seguidores y detractores, lo cual sigue abonando a una narrativa que sigue deteriorando la confianza en el papel de las instituciones en su labor de fortalecer la convivencia democrática. Enmarcado este como un tema distractor de la discusión de otros desafíos que se dejan de lado y seguir una orquestación que desde el Poder Ejecutivo se impone. Ya varias de las fracciones legislativas, exceptuando la oficialista, señalan con diferentes matices que la segunda versión de la denominada ley jaguar mantiene vicios de inconstitucionalidad, lo cual sigue abonando al enfrentamiento. En el otro lado la ciudadanía recibiendo diferentes versiones, alejando a importantes sectores de la discusión con argumentos y obtener elementos para conocer tener los verdaderos objetivos de seguir inflamando la crispación social y la desinformación. Para analizar estas repercusiones conversaremos con el politólogo, Sergio Araya.

Tanto como sigue escalando las tensiones internas en Venezuela, igual hay movimientos de países y organismos internacionales, para mostrar sus posiciones. La comunidad internacional observa y mantiene un seguimiento cercano, para ir ajustando sus posturas y acciones, dadas los intereses políticos, económicos y las condiciones geopolíticas en torno a este hecho, que se pueden ir tornando en situaciones más complejas. Toda gira en torno a los resultados, y la proclamación del triunfo de Nicolás Maduro, lo que ha tenido diferentes abordajes, que van desde el reconocimiento y felicitación de los países cercanos, como el rechazo y desconfianza de los que exigen la entrega y transparencia en la revisión de las actas electorales. En las últimas, mientras recrudecen las manifestaciones, los señalamientos de responsabilidades de muertes, consecuencias por la agitación y amenazas de arresto de los liderazgos opositores, se han suscitado hechos como la conversación entre los presidentes Lula da Silva y Joe Biden en que abordaron el tema de la importancia de la divulgación de las actas y lograr condiciones de normalización. El gobierno de Costa Rica ofreció asilo político a Edmundo Gutiérrez, Corina Machado y a quienes se mantienen en la sede de la embajada de Argentina en Caracas. Para poner en perspectiva el peso de la presión internacional en solucionar y salvaguardar a la ciudadanía venezolano conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

Todos los artículos consultados son inconstitucionales. Esta es la síntesis del fallo de la Sala Cuarta, ante la consulta realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el proyecto de la Ley Jaguar. Las razones de este fallo fueron justificadas por el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo Víquez, al indicar que el proyecto de ley afecta las atribuciones constitucionales que tiene la Contraloría General de la República y le quita herramientas importantes para que este órgano ejerza las funciones que le atribuye la Constitución Política. El TSE solo consultó 5 de los 9 artículos, no obstante, un grupo de diputados presentó otra consulta con la totalidad del proyecto, aún pendiente de resolución. Ahora los magistrados electorales deberán revisar el fallo completo. Para ahondar en esta decisión conversaremos mañana con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

Venezuela vivió una nueva jornada calificada como una carrera de obstáculos y sin integridad electoral. Seis horas después del cierre el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó los resultados con el 80% de las mesas escrutadas, con 51% para Nicolás Maduro y un 44% para Edmundo González y un 4% al resto de los 8 candidatos presidenciales. La plataforma opositora no reconoce los datos del órgano electoral y sostiene, que con el 40% de las actas transmitidas y que tiene en su poder, ganaron con el 70% de los votos. Y que esto se sabe en Venezuela y en el mundo. El órgano electoral denunció y solicitó una investigación a la Fiscalía de un supuesto acto que habría interrumpido el sistema de transmisión de los datos de las actas electorales. Pareciera una estrategia para intentar detener las denuncias, que el grupo opositor, habría señalado problemas al cierre de las urnas con la recepción de esa información. A partir de esto queda abierto el espacio de las acciones que emprenderá el grupo de González y en el marco de las declaraciones de Perkins Rocha, vocero del comando de campaña de González Urrutia, de dar la vida por la verdad del resultado. Todo el proceso ha sido denunciado de irregularidades que implican cambios arbitrarios e incumplimientos a los acuerdos de Barbados, firmados por el gobierno y la oposición en el año 2023, para otorgar garantías a las elecciones. La ruta opositora fue compleja, primero con la inhabilitación de la líder Corina Machado, la imposibilidad de inscripción de Corina Yoris hasta aglutinarse bajo la candidatura de Edmundo González Urrutia. Se fue escalando a problemas de registro de votantes en el extranjero, cierre de fronteras para que personas no pudieran ingresar, imposibilidad de observadores internacionales para tareas de verificación. Cerradas las urnas, largas horas de espera para el primer boletín del CNE, denuncias acerca de interrupción de datos de mesas electorales. El oficialismo tras el cierre de las mesas negó toda posibilidad de fraude y que nadie podría revertir los resultados de su triunfo. Para hacer un primer balance conversaremos con los ex embajadores en Venezuela, Ricardo Lizano y Vladimir de la Cruz de Lemos.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó una sentencia a favor de Costa Rica en el arbitraje por Industrias Infinito, en el caso de la mina Crucitas. Esto evita un pago por $398 millones, pero aun así Crucitas sigue siendo un tema nacional, ambiental, social y económico que no se logra resolver. Y encontrar cómo solucionar podría ser como “abrir una caja de Pandora”, ya que oscilamos entre quienes insisten en que tenemos allí un yacimiento de 2 millones de onzas (el de los cerros Botija y La Fortuna) con un valor al precio actual de $5 mil millones. Y otro en la saprolita (formación geológica en la roca), que es explotada de manera ilegal. Ambas situaciones nos colocan en posiciones como la del presidente Chaves dispuesto a abrir el tema a la extracción o buscar soluciones ambientales y sostenibles. La explotación de las dos minas identificadas sería una tarea enorme, de un gran costo de inversión y con daños ambientales que seguirán profundizando los problemas que se enfrentan que nos pondrían en disputa incluso con Nicaragua, por la contaminación de las aguas. La extracción minera no es un cajero automático que se le puede solo sacar, sin que haya graves consecuencias, como hay en otros países con este tipo de actividad. Para tener más elementos técnicos de este tema conversaremos con el geólogo ambiental y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.

Conmemoramos 200 años del inicio del proceso de agregación del Partido de Nicoya a Costa Rica. La decisión del aquel 25 de julio de 1824 constituyó un hito en el que poblaciones indígenas, ladinas y españolas de Nicoya, Santa Cruz y Villa Guanacaste (hoy Liberia) adoptaron por mayoría el acuerdo de agregación. En otras palabras, no hubo unanimidad. En Villa Guanacaste vivían hacendados nicaragüenses que no comulgaban con semejante iniciativa, como si lo estaban nicoyanos y santacruceños, que tenían muy estrechas relaciones con Puntarenas. Fue una época muy intensa en acontecimientos políticos, económicos y territoriales que constituyen el marco ideal para la producción de Grupo Columbia de nuestra tercera radionovela: La Voluntad de la Pampa. Para celebrar esta fecha patria hilvanaremos hechos reales con trazos de esta producción en una muy interesante conversación con su creador, el periodista e historiador, Rodolfo González Ulloa. Fotografía: Angélica Castro/ UCR.

La detención de Maickel Villegas Rodríguez, un venezolano de 27 años, que intentó entrar a Costa Rica el 12 de julio infiltrado en un autobús que trasladaba migrantes desde Panamá hacia la frontera norte de nuestro país, activó un mecanismo policial de cooperación internacional. Villegas es un delincuente peligroso. Miembro del tren de Aragua, una organización de crimen transnacional. Él junto con otros sujetos habrían asesinado en marzo pasado al teniente Ronald Ojeda, un opositor del gobierno de Nicolás Maduro que tenía la condición de refugiado en Chile. Al informarse de su detención, las autoridades chilenas solicitaron como mecanismo preliminar, la detención con fines de extradición y este lunes la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente González oficializó ante nuestra Cancillería, la solicitud de extradición. Se trata, pues de un caso de extrema prioridad para el gobierno suramericano. InSight Crime (una fundación dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad Latinoamericana) califica al tren de Aragua como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela. Tiene 4 mil miembros que operan en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile y cada vez van extendiendo más sus tentáculos, pues Transparencia Venezuela dice que ya están en Brasil y Costa Rica y el gobierno de Joe Biden, asegura ya está también en Estados Unidos. Para conocer acerca del caso específico de la extradición y para dimensionar la peligrosidad de esta corporación del delito, conversamos con la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente y con el experto en seguridad e inteligencia, Álvaro Ramos Retchnitz.

Las ramificaciones de la tala y extracción de árboles en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se extienden mucho más allá de los límites del cantón limonense de Talamanca, llegando hasta la sede del Gobierno central en Zapote. Sus implicaciones ya tienen expediente de investigación, personas detenidas y una copiosa serie de hechos y evidencias. La fuerza del caso golpea a quienes han querido minimizar responsabilidades que van más allá del principal implicado, el empresario Allan Pacheco Dent y su empresa Playa Manzanillo, SA. Las raíces llegan al Ministerio de Ambiente y Energía y al hoy cuestionado Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. La Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca, debido a una aparente entrega anómala de aprovechamiento forestal, en una zona que desde el año 2019 la Sala IV había determinado era inconstitucional delegarla a manos privadas, pues se trataba (y se trata) de terrenos que son parte del patrimonio natural del estado. Al no cumplirse con la orden de delimitación del refugio (SINAC e INDER) se habría concretado el ilícito de cambio de uso de suelo en áreas de bosque y humedales. Y como si todo esto no fuera suficiente, la trama se complicó más por las relaciones cercanas de Pacheco Dent con el mandatario Chaves Robles que han llevado a establecer muchas visitas a Casa Presidencial, celebración de fiestas en una propiedad familiar del empresario y actividades de entrenamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI), unidad policial de fuerzas especiales adscritas al Ministerio de la Presidencia. Aún hoy, el mandatario sigue defendiendo los permisos otorgados por el gobierno para la tala. Para ahondar en la materia conversamos con el diputado Ariel Robles Barrantes quien lidera el control político del caso.

Joe Biden tiró la toalla. El presidente de los Estados Unidos -lo sabe el mundo entero, porque al mundo entero le interesa y mucho la campaña estadounidense, no correrá ya por la reelección y endosó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien salta a la primera fila de la escena y se mueve rapidísima buscando apoyos. "Mi intención es ganar esta nominación". Ganarla, reconfirmarla, consolidarla. A pesar de la revuelta demócrata, las apuestas corren a favor de que ella será la candidata oficial, pero, claro, tendrá que llegar a esa orilla para sortear la corriente. Este mismo domingo la segunda de la Casa Blanca obtuvo el respaldo de los Clinton, aunque no de los Obama, ni de Nancy Pelosi. Aún. Otros poderosos del partido y considerados candidateables como el gobernador de California Gavin Newson o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, sumaron su adhesión. Don dinero también. Solo en las primeras cinco horas tras el anuncio del retiro de Biden y el traslado de la estafeta a Harris, la campaña recaudó 27.5 millones de dólares. Los donantes se reaniman. A los republicanos no les gustó para nada la jugada. Aunque no podían manifestar sorpresa. La noticia era más que esperada por propios y extraños. La reacción luego de la buena racha de las últimas semanas, fue la de amplificar los adjetivos descalificadores contra Biden y Harris. La especialidad de MAGA. No faltaron opositores duros que hasta se atrevieron a sugerir que el mandatario no debe terminar su período, argumentado que si no está en condiciones para hacer campaña tampoco lo está para llegar a enero como comandante en jefe. Lo cierto es que vivimos en tiempo real la que está considerada como la campaña electoral estadounidense más convulsa de las últimas décadas y para ponerle foco conversaremos con el analista político, Constantino Urcuyo Fournier.

Desde el 2015, nuestro Istmo atraviesa cambios significativos en materia migratoria: cada vez son más las mujeres y los menores de edad no acompañados quienes migran, a diferencia del pasado cuando este era un fenómeno de hombres solos. También, cada vez las migraciones se producen en grandes grupos y, finalmente, cada vez se observan más desplazamientos forzados debido a la violencia y la persecución política, es decir, ya no solo como desafío de oportunidades económicas. También por supuesto, continúa la migración laboral, de paso, de personas refugiadas y solicitantes de asilo. Esta es una de las conclusiones de los actuales flujos migratorios, que vemos en nuestras ciudades y territorios. Así se desprende del estudio “Nuevas dinámicas del corredor migratorio de Centroamérica y República Dominicana (CARD)” del Estado de la Región. La transformación de estos éxodos los debemos entender por el aumento en cifras, las expectativas de estas personas y los impactos de una realidad política, económica excluyente y en deterioro social constante. En este mosaico, Panamá resulta relevante, ya que la zona del Darién se ha convertido en paso obligado para quienes sueñan con llegar a los Estados Unidos; personas provenientes de Venezuela, Ecuador, Colombia, Haití y latitudes lejanísimas como Afganistán y otras naciones asiáticas. El flujo es tal que entre el 2019 y el 2023, los registros marcan un aumento exponencial de 30 mil a 520 mil seres humanos. De allí que el nuevo presidente canalero, Raúl Mulino, indicó apenas asumiendo el cargo que gracias a un acuerdo con Estados Unidos cerrará el paso por la selva. Es decir, el muro norteamericano se correrá de México a Panamá. Para poner en perspectiva esta realidad conversaremos con los responsables de esta investigación, Andreas Feldman de la Universidad de Illinois y Alberto Mora del Estado de la Región.

La iniciativa de construir una cárcel con carpas nos asaltó de repente. De tan inusual idea (no existe que sepamos en el mundo, al menos en el mundo desarrollado, una cárcel así), se conocen solo algunos ribetes, no las costuras del proyecto, que nos ayuden a comprender su posible viabilidad. Claramente, unas carpas no resolverían el problema de hacinamiento carcelario, que dicho sea de paso no sabemos a ciencia cierta de cuánto es. Lo cierto es que el gobierno tenía un camino de varias semanas recorrido en esto. Hoy sabemos, a partir de la destitución del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, que una delegación de una empresa española estuvo en la sede ministerial presentando la eventual “solución”. Sabemos también por información documentada del diario La Nación, que el Ministro Gerarld Campos y la Viceministra Carolina Castro viajaron a España a ver modelos carcelarios sí, pero no de carpas, sino de los habituales de concreto y cemento. Pero también le devolvieron la visita a los empresarios en cuestión (la compañía se llama ARPA) en Zaragoza para, según le reportó Justicia a La Nación, “hacer un estudio de mercado para la contratación de un sistema constructivo liviano y de fácil montaje para el sistema penitenciario”. No se conocen mayores detalles de la oferta de estas denominadas soluciones móviles y campamentos modulares, tampoco del montaje, de los materiales de los toldos, de la ubicación que tendrían, ni de las sensibles condiciones de seguridad. Se desconoce asimismo el costo del entoldado, de los compromisos de mantenimiento, así como de todos los ajustes necesarios para poner en operación la iniciativa. El presidente -que defiende el modelo- ha mencionado que se requieren más espacios carcelarios ante la eventual aprobación de la reforma a la ley de prisión preventiva y lo cierto es que todo parece indicar que a falta de planificación, surgió una salida a la carrera altamente cuestionable que ahora nos tiene en esta nueva discusión. Para ampliar sobre el tema conversaremos con el ex ministro de Justicia, Fernando Ferraro y el ex director de Adaptación Social, experto en temas penitenciarios, Guillermo Arroyo.

Un joven senador de Ohio, blanco, excombatiente de Irak y en un pasado ya olvidado muy crítico del expresidente Donald Trump, fue justamente el elegido por el ya nominado oficialmente candidato presidencial opositor, para ser el próximo vicepresidente de los Estados Unidos de ganar, claro está, el torneo electoral del primer martes de noviembre próximo. La duda se despejó ayer apenas abriéndose el telón de la magna convención partidaria en Wisconsin, un ritual de cuatro días que culminará el jueves precisamente con el discurso de aceptación de Trump, que luce como todo un héroe en estos días luego de que sorteara el intento de magnicidio que un chico de tan solo 20 años pudo ejecutar el sábado debido a los severos fallos de seguridad del Servicio Secreto y la policía de Pensilvania. James David Vance, conocido como JD Vance, y a quien el Presidente Biden catalogó como "un clon de Donald Trump" por su ahora incuestionable cercanía en ideas y propósitos -empezando por su férrea oposición a la migración- tiene exactamente la mitad de la edad del expresidente con lo que equilibra, solo por ese lado, la fórmula presidencial republicana. ¿Qué implicaciones tiene esta nominación? ¿Es cierto que los éxitos y la buena estrella de las últimas semanas tienen la posibilidad de acrecentar mucho más la diferencia en intención de voto para el exmandatario? ¿Cambiará su línea discursiva Donald Trump para dejar de atizar hogueras, luego del traumático suceso del fin de semana, o seguirá siendo quien en esencia es? ¿Qué pueden hacer los demócratas para revertir esta buena racha de sus rivales? ¿Será Biden si o si el nominado en la convención demócrata el próximo mes? Continuamos tomándole el pulso a la campaña de los Estados Unidos y conversamos con el relacionista internacional Carlos Cascante.

Debido a una peligrosa mezcla de factores físicos emocionales y culturales, en la que confluyen malas prácticas de ingesta calórica y sedentarismo, la obesidad va ganando tallas en Costa Rica. Y claro que eso ya lo sabíamos, pero ahora además está documentado en “Un vistazo a la salud 2023”, informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La báscula es inmisericorde y señala que 7 de cada 10 costarricenses padece de sobrepeso, lo que incide en enfermedades no transmisibles como la diabetes y los padecimientos cardiovasculares. En el citado reporte, solo Estados Unidos y México están por encima de nosotros. Y cuando de obesidad se trata, el estudio nos ubica con un 31 de cada 100 personas en esa condición, la segunda cifra más alta de la región, solo superados por los mexicanos. Una de las causas de esta situación es el consumo de alimentos poco saludables con alto contenido en carbohidratos, sodio, azúcares y ricos en grasas saturadas. Si bien el país cuenta desde el 2018 con una “Estrategia Nacional de Abordaje Integral de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Obesidad”, esta política pública decididamente ha sido insuficiente. Peor aún, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que para el año 2060 la incidencia de obesidad llegaría al monumental 94% de la población. Para analizar cuánto de esfuerzo personal y cuánto de acciones nacionales debemos emprender, conversaremos con la nutricionista, María Marta Ortiz del programa Costa Rica Saludable.

El inicio de la semana nos recibe con las implicaciones de varios hechos políticos, hilvanados por las narrativas de confrontación y de crispación social, tan puestos en boga. En el plano internacional, el disparo el sábado contra el expresidente Donald Trump en un mitin republicano es ya uno de los hechos más relevantes de la trepidante campaña electoral estadounidense, justo en la antesala de su nominación oficial como candidato y, por supuesto, al que le sacará todo el millaje imaginable. Y en el patio interno, la remoción del ex viceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien se opuso al proyecto de instalar una cárcel de carpas, sin que se hayan hecho públicos aspectos básicos del proyecto que cuenta con el respaldo del presidente Chaves, pero que se había manejado en absoluto silencio, justo hasta que se produjo la destitución que por cierto no fue la única de la última semana. Uno de los hombres de mayor confianza del mandatario -si no el que más- fue sorpresivamente trasladado del Ministerio de Comunicación al de Cultura y Juventud. Acerca de las razones de este movimiento de ficha, no se sabe nada aún. Tampoco quién será el reemplazo. En el telón de fondo continúa la espera de la resolución de la constitucionalidad de los contenidos del referéndum. Para acomodar y ampliar acerca de estos temas conversaremos con Eugenia Aguirre Raftaco, subdirectora del Observatorio de la Política Nacional y coordinadora del Observatorio de la Política de los Estados Unidos.

El cambio climático y los eventos extremos que experimentamos son la mayor amenaza para la humanidad. Ya sean las olas de calor con sus noches tórridas o las sequías, la fuerza de los eventos hidrometeorológicos o el aumento del nivel de los océanos y mares, todo está presente al mismo tiempo en el grito de la Tierra. Los impactos en la salud con las enfermedades en las vías respiratorias o las que se transmiten por diversos vectores. La inseguridad alimentaria dadas las condiciones de degradación de los suelos, que inciden en la producción de alimentos y las fuentes de agua. Y a la desnutrición por carencia, se suman las migraciones forzadas por causas climáticas. Y como si todo no fuese suficiente, año a año se profundiza la destrucción de infraestructura vial, hospitalaria, educativa, de viviendas y acueductos. Europa se prepara para un verano de temperaturas elevadas; nuestra región para una temporada de huracanes que, con solo el paso Beryl, uno de los primeros, nos anuncian meses complicados, África y Asia acumulando pasivos ambientales y vulnerabilidad de sus poblaciones. En nuestro país acabamos de transitar la segunda peor sequía en 10 años y eventos de lluvia fortísimos y focalizados ya han causado estragos en comunidades de Cartago, Puntarenas, Alajuela y Heredia. Este es un tema de urgencia en la agenda pública y por eso conversaremos con el director ejecutivo del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

¿Cómo observa y cómo valora hoy el ejercicio del poder como presidente? ¿Cuáles son las fortalezas y las complejidades de un sistema político fragmentado con evidente deterioro de sus liderazgos? ¿Es suficiente la arquitectura institucional que nos sostiene para salir avante con los retos que enfrentamos? ¿Qué modificaciones le haría? ¿Cuál es el balance (o el desbalance) que observa en el sistema de pesos y contrapesos de los poderes formales y fácticos de nuestra democracia? ¿Es la Contraloría General de la República un órgano que cogobierna? ¿Hay necesidad de modernizarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Valió la pena el costo político de la reforma fiscal del 2018, a pesar de lo limitado de su alcance? ¿Cuáles contrapesos -en el ejercicio de la negociación política- le resultaron más difíciles de equilibrar? ¿Lo nuestro es incapacidad de diálogo o mera mezquindad de los actores? ¿Cómo recomponer el sistema de partidos políticos? ¿Podemos sortear un gobierno populista en el 2026? ¿Tiene viabilidad futura el Partido Acción Ciudadana? Estas y otras preguntas se las hacemos al expresidente Carlos Alvarado Quesada, 27 meses después de haber dejado el cargo.

El objetivo -tras declarar la resolución de Coopeservidores- sigue siendo rescatar los activos buenos y garantizar al 97 % de los depositantes físicos y jurídicos la recuperación de la totalidad de sus recursos. Por otro lado, los activos de mala calidad -como ya sabemos también- serán liquidados. En esa línea se anunció el cierre de la sede de San Carlos. Las restantes 17 agencias permanecerán abiertas. Al menos por ahora. Así de contundentes las acciones que se siguen para ir despejando en lo posible la compleja situación de asfixia en la que cayó la cooperativa, gracias a los pésimos (y ocultos) manejos de sus dirigentes. Pero, por supuesto, eso no despeja todas las incertidumbres. El punto de dolor de la resolución son las grandes sumas que tenían allí invertidas las asociaciones solidaristas. Según la Federación Costarricense de Asociaciones Solidaristas (FECASPRI), visualizan la posibilidad de recibir el 75 % de las inversiones que realizaron, aunque expertos en la materia no son tan optimistas. En ese carrusel de noticias transcurren las emociones de las 168 mil personas inversionistas y ahorrantes. Para aportar más elementos de análisis acerca del proceso conversaremos con el economista, José Luis Arce.

Los franceses lo dejaron claro una vez más. Le negaron a la extrema derecha el poder al que aspiraba para conducir el gobierno. Al relegarlos al tercer lugar (143 escaños) le otorgaron el primer sitial a la izquierda del Nuevo Frente Popular (NFP) (182) una alianza compuesta por La Francia Insumisa, el Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista Francés. En tanto, Juntos, la agrupación del Presidente Emmanuel Macron, logró el segundo lugar (168). Los personajes (no los únicos, pero sí los más connotados) del proceso son Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa, el de mayor peso en la coalición ganadora. Por supuesto, el mandatario Macron (168) y Marine Le Pen, de la Agrupación Nacional, quien señaló que solo se ha postergado el triunfo que sus ideas ultraconservadoras tendrán, más tarde que temprano. Pero pasado el suspiro de alivio de los resultados se abrió la gran interrogante para dilucidar quién puede gobernar el país que ahora busca Primer Ministro; por el momento el cargo quedó en manos del actual titular, Gabriel Attal, a solicitud del presidente de la República. Esto ocurre porque el resultado electoral se considera como "inconcluso" pues no hay un gobierno de reemplazo listo y aún no se sabe cómo formarlo, ya que los franceses, a diferencia de otros europeos acostumbrados a gobiernos de coalición, no están familiarizados con gobiernos de cohabitación. Para entender las claves que deberán conducir a Francia del freno al poder a la ultraderecha, a la construcción de una nueva gobernabilidad, conversaremos con el Doctor Constantino Urcuyo Fournier.

La Contraloría General presentó una consulta ante la Sala IV, solicitando un análisis integral de la constitucionalidad de las reformas propuestas en la denominada ley jaguar. Solicita claridad de sí se reduce el sistema de fiscalización a una mínima expresión, si se violan principios y derechos constitucionales y si se alterarían las competencias hoy establecidas a la institución. Ello al argumentar que las reformas le eliminarían la posibilidad de establecer medidas cautelares durante investigaciones, lo que violentaría su independencia y eventualmente deterioraría la calidad de los insumos que aporta a la Asamblea Legislativa en su función de control político. Esta acción se une a la segunda presentada por once legisladores y a la enviada por el Tribunal Supremo de Elecciones. Para seguir entendiendo los señalamientos de la propuesta que es hoy el caballo de batalla del Poder Ejecutivo, conversaremos con el especialista en Derecho Constitucional, Marvin Carvajal.

En una lucha absolutamente desigual contra el crimen organizado, las autoridades policiales requieren siempre de mayores recursos económicos que se traduzcan en más personal altamente capacitado, equipamiento, vehículos, programas de prevención y tecnología para enfrentar la expansión de estos grupos delincuenciales. De allí la alerta que se encendió con la entrada en vigencia de la Ley de Manejo Eficiente de la liquidez del sector público y la consecuente modificación a la Ley sobre Estupefacientes, en lo relacionado con la administración del dinero producto de las subastas de los bienes decomisados en actividades ilícitas. Estos recursos eran manejados y distribuidos por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y ahora pasaron a la caja única del Ministerio de Hacienda. El Organismo de Investigación Judicial sostuvo que esa ley crea incertidumbre. El Ministerio Público lo calificó como un “golpe bajo” a la lucha contra la criminalidad. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y el IAFA manifestaron estar tranquilos de que esos dineros los van a recibir por la vía ahora establecida. Ciertamente, el Ministerio de Hacienda contestó que los recursos para estas instituciones de prevención, represión e investigación están garantizados en el presupuesto de este año, aunque admitió un error en la redacción de la nueva ley. Y como no está claro que ese traslado se vaya a garantizar todos los años, se habla ya de una posible reforma en el Congreso. Al respecto, conversamos con el subdirector del OIJ, Michael Soto, y con el fiscal adjunto del Ministerio Público, Javier Valerio.

A pesar de las explicaciones del presidente Joe Biden y de su equipo más cercano acerca de los efectos de un resfrío y del cansancio por varios compromisos dentro y fuera de Estados Unidos, las dudas y los señalamientos acerca de su pobre participación en el debate con Trump, tienen encendidas las alertas del Partido Demócrata en Estados Unidos. Un editorial del The New York Times, las preocupaciones de otros partidarios fuera del entorno presidencial y la celebración del triunfo de Donald Trump sobre la decisión de la Corte Suprema de concederle inmunidad parcial por sus actos, refuerzan la idea de que debiera emerger otro/a aspirante a la candidatura presidencial. A esta situación se suman los resultados de una encuesta de la agencia Reuters y la consultora Ipsos, que coloca a la ex primera dama Michelle Obama, como potencialmente victoriosa, con un triunfo contundente frente al candidato republicano. De acuerdo con los encuestados, en un hipotético enfrentamiento entre ambos, ella ganaría con el 50% de los votos frente al 39% de él. Para ampliar acerca de este momento que atraviesa el proceso electoral de Estados Unidos conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

“Madre Patria” y “Coraza”, los operativos policiales de los últimos días, han dejado al descubierto el poder, la innovación, la diversificación, la consolidación y la infiltración del crimen organizado en Costa Rica. En el primero de ellos, con allanamientos simultáneos Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas las autoridades judiciales realizaron acciones contra 54 personas vinculadas a una estructura delictiva dedicada al fraude registral con la sustracción de hasta 300 propiedades, actividades de lavado de dinero y transacciones diarias de hasta $13 millones en criptomonedas. Jueces y otros trabajadores del Poder Judicial, policías de tránsito, notarios y los cabecillas del grupo, de nacionalidad española, fueron el objetivo de este operativo, el más grande en la historia del país y para el que se requirió un seguimiento de dos años y medio. El caso Coraza fueron 29 los allanamientos en Guanacaste y Alajuela para atrapar una banda dedicada al narcotráfico y la legitimación de capitales, incluyendo al jefe de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad en Nandayure. Esta organización delictiva habría usado, entre otras, la pista de un hotel para el trasiego de droga y aunque había recibido un golpe con la incautación de 400 kilos de cocaína, se mantenían operando no solo con estupefacientes sino con las actividades de lavado como la compra de ganado. Para entender las ramificaciones del crimen organizado en instancias oficiales conversaremos con el especialista en temas de inteligencia y seguridad, Álvaro Ramos Rechnitz.

Desde que fue invitado a formar parte del comité asesor Ad hoc de Casa Presidencial para el proyecto de referéndum, el abogado Manrique Jiménez declinó, al considerar que la iniciativa que se pretendía plantear (y que finalmente se planteó) cercenaba las potestades de la Contraloría General de la República, lo que devenía en inconstitucional y, por tanto, en inviable para ser sometido a consulta popular. El punto está en que existe una prohibición expresa de someter a referéndum temas tributarios y la Contraloría tiene incidencia tanto respecto de los presupuestos públicos como en lo referido al control del gasto que se hace de esos recursos. Por ello, se cuestiona que el proyecto de la administración Chaves Robles impediría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de ser ejecutados y limitaría la función del ente contralor únicamente a los procesos posteriores. Para seguir aportando a esta discusión, mientras el tema está en estudio en la Sala Cuarta, conversamos con el especialista en Derecho Público y Constitucional, Manrique Jiménez Meza.

El referéndum es un instrumento esencial de la democracia directa; por tanto, no puede ser usado en contra de las normas de la Constitución Política, ni como un arma para exacerbar la polarización. A las puertas del fallo acerca de la viabilidad o no del proyecto de ley impulsado por la administración Chaves Robles, varios especialistas han señalado que sería inconstitucional, por lo cual insistir en llevarlo adelante podría tener otra lógica. Más allá de los $7 millones que costaría el proceso, ya está en marcha una campaña de comunicación sistemática, promoviendo descontento, separación y desinformación. Esa mezcla de acciones conjuntan el enojo de sectores de la población, a quienes el sonido de la narrativa de la extrema derecha y el derroche populista los van acercando a esas posiciones extremas. Un espejo de ello, sucedió este fin de semana en Francia con el triunfo electoral de la ultraderechista Marie Le Pen, en la primera ronda de votaciones para la Cámara Baja del Parlamento. Sin duda, esto da la más fuerza a esa ola que amenaza con arrasar cimientos democráticos liberales en varios países del mundo. Para colocar el foco en esta deriva, conversamos con el abogado especialista en Teoría del Estado y Derechos Humanos, Jaime Ordóñez.

El escenario regional de esta semana es un cóctel de tensiones que nos muestran, una vez más, la fragilidad en que transitamos, en el contexto de enormes desafíos que inciden en una ciudadanía cada vez más polarizada y descontenta. Sea la sentencia de 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico contra el expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que deja en evidencia la infiltración del crimen organizado en nuestros países, o la asonada militar en Bolivia, que nos regresó al siglo pasado, vivimos en policrisis en tiempo real. Como corolario de este contexto inmediato, el primer debate entre el presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump. Inédito por donde se le mire, empezando porque se celebró cinco meses antes de la elección. Para analizarlo conversamos con el periodista, ex embajador y agudo analista de la realidad internacional, Eduardo Ulibarri.

El tipo de cambio del dólar a la baja, la disponibilidad y calidad del talento humano, el deterioro de la logística en los puertos y los problemas que sigue mostrando la infraestructura nacional son los tres principales factores que inciden directamente en la competitividad del país y que afectan tanto a las empresas del régimen definitivo (grandes, medianas y pequeñas) como a las protegidas por el régimen de zonas francas. Este es el resultado más relevante de la quinta encuesta sobre “Perspectivas empresariales y la valoración de los factores de competitividad del sector industrial manufacturero del año 2024”. A estos se les debe sumar el precio de la energía eléctrica, como factor negativo que argumentan las de las zonas francas, y el aumento de la informalidad, que tiene un efecto perjudicial para las pymes. Al sector empresarial le está preocupando, que tanto la poca disposición de personal calificado, como los problemas en la logística portuaria hayan pasado, en un año a niveles más altos de alarma, ya que demuestran un deterioro en dos elementos que son esenciales para la generación de empleo y la confianza en la economía. Los datos se desprenden de las respuestas dadas por 124 empresas del sector industrial manufacturero, las cuales son responsables del 24 % del empleo nacional. Para poner en perspectiva este estudio conversaremos con Sergio Capón, Presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica.

La dura realidad se impone tras la decisión de la resolución de Coopeservidores, como consecuencia de haber sido declarada insalvable, en el expedito proceso de intervención de seis semanas que ordenó el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, CONASSIF. A partir de ahora, las 167 mil personas afectadas por el mal proceder de esa cooperativa de ahorro y crédito, así como las empresas y organizaciones (entre ellas 326 solidaristas) que tienen allí ahorros e inversiones deben familiarizarse con términos y acciones concretas que comienzan a ejecutarse. Es complejo el proceso entre lo que se sintetiza como el “banco bueno”, el conjunto de activos y pasivos de buena calidad que se transferirán a una entidad financiera solvente que deberá seleccionarse y el denominado “banco malo” que son los activos de menor calidad que pasarán a ser administrados por un fideicomiso con el objetivo de liquidar todo a más tardar en un año. Mucho que aprender acerca de esta traumática lección y para aportar a la necesaria información que muchas personas, familias y entidades requieren conversaremos con el interventor de Coopeservidores, y ahora administrador de la resolución de esa entidad financiera cooperativa, Marco Hernández.

Acerca del tema del referéndum todos estamos aprendiendo, ya que a pesar de tener 18 años la vigencia de la ley que lo regula, solo en una oportunidad se ha hecho efectiva. Por esa razón tenemos poca experiencia y en la práctica, vacíos acerca de cómo asumir partes del proceso. Eso es lo que nos está pasando en este momento, ya que la rápida resolución de la Sala Constitucional a la consulta de 22 legisladores nos colocó en el terreno de la incertidumbre. ¿Qué deben hacer los diputados con el proyecto de ley presentado por el gobierno? ¿Se debe votar antes del receso legislativo en puertas? ¿O deben los diputados esperar a que la Sala IV entregue el fallo completo y no solo el por tanto de la resolución en la que rechazó la consulta? ¿Cuáles son las salidas jurídicas ante este momento que experimentamos? ¿Será la nueva consulta que termina de afinar la fracción del Partido Liberal Progresista la que nos permita clarificar el procedimiento con orientación de los magistrados constitucionales? La Asamblea Legislativa debate acerca de estas dudas, en las que se mezclan efectivamente argumentos estrictamente legales y procedimentales, con los intereses políticos. Para entender los pasos que siguen conversaremos con el politólogo especialista en temas legislativos, Daniel Calvo.

Fue la crónica de una renuncia muy anunciada. Casa Presidencial primero la negó y una semana después la oficializó. No hubo despedida, ni agradecimiento del mandatario respecto de la salida de su (en teoría) mano derecha. Pero muestra clara de que estaba muy decidida la jugada, fue que en el mismo boletín de la dimisión de Natalia Díaz, se anunció a Laura Fernández como nueva Ministra de la Presidencia; lo que tampoco generó sorpresa alguna. Aún resuenan las especulaciones sobre los motivos del cambio: que el bajo perfil de su gestión en la Asamblea Legislativa, que el desaguisado del comité asesor de la ley para impulsar el polémico referéndum, que el anuncio de su eventual candidatura presidencial… Acaso solo el tiempo nos permitirá tener la respuesta. Analizamos la coyuntura política de una semana pasada en la que también abandonaron el barco, la jerarca del INAMU y la de DINADECO. Todo aderezado con la decisión de la Sala Constitucional de rechazar por la forma la consulta de 22 legisladores, en torno al proyecto de la denominada ley jaguar, lo que dejó abiertas otras opciones para clarificar el camino. Y, en el telón de fondo, la inquietante noticia el viernes del estado de salud del Presidente del Primer Poder de la República, Rodrigo Arias Sánchez, pivote de la estabilidad de las relaciones institucionales democráticas, quien permanece hospitalizado por un episodio de influenza. Para medir el clima de esta lluviosa temporada política conversaremos con el analista, Iván Barrantes.

“El mar nos da paz / El mar nos da comida / El mar es hogar / El mar deja a las ballenas brillar”. Esta es una de las estrofas de la canción Guardianes y Guardianas del mar, un proyecto creativo que ensambla a la comunidad de Osa, artistas nacionales y especialistas en biología marina, para desarrollar una serie de acciones cuyo objetivo -como cantan jóvenes de Bahía Drake- es dar espacio al ambiente en equilibrio con la gente, ya que el futuro depende del presente. Un potente coro nos conmina a rechazar, reducir, reutilizar y reciclar, como un mandato necesario para la protección de nuestra rica biodiversidad. Su lanzamiento fue la primera semana de junio, en el marco del Día del Océano y es el resultado de la inspiradora voluntad de un grupo de niños, niñas y jóvenes, quienes durante meses participaron en talleres de educación ambiental realizados en conjunto con la Asociación de Guías Naturalistas de Bahía Drake (AGUINADRA), la organización no gubernamental Innoceana, la empresa social BonsaiCafé y la cantante Maf É Tula. Una iniciativa en un momento más que oportuno, pues Costa Rica y Francia lideran la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano que se celebrará en Niza el próximo año para darle impulso a los urgentes compromisos que requiere el planeta a tono con el Décimo Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030, referente a la conservación de los recursos marítimos. Para promover el poderoso sentido de esta canción conversaremos con la productora ejecutiva del proyecto, María Villalobos y la cantante María Fernanda Saénz (Maf É Tula).

Fotografía: CRHoy. A pocos días de que se conozca el informe del interventor de Coopeservidores, solicitan ser escuchados. Son más de 150 mil familias afectadas por los manejos de esta cooperativa. “Acá estamos, unidas y firmes, frente a un futuro incierto. Somos miles de familias afectadas, levantando nuestras voces con la esperanza de encontrar una solución justa y humana. Estamos unidos por el deseo de ver nuestros esfuerzos de toda una vida respetados y nuestro futuro asegurado” indican en una carta abierta. Documentos que se han hecho públicos indican que el deterioro de la cartera de créditos de la cooperativa se venía dando desde el año 2009, con señalamientos que incluso se enviaron a las estancias internas e incluso a la Superintendencia de Entidad Financieras (SUGEF). Para conocer sus posiciones conversaremos con Luis Marín, vocero de estas familias afectadas.

“En su conjunto, la perpetuación de las inequidades, la erosión de la legitimidad de la democracia, la violencia criminal y la migración forzada dan lugar a un panorama de implosión social caracterizado por un debilitamiento de la convivencia ciudadana y democrática que, en algunos contextos, lleva a la existencia de prácticamente una guerra social en torno al control de territorios, especialmente en áreas urbanas, la cual cobra vidas y disminuye oportunidades. La emergencia de populismos autoritarios tiende a ser la respuesta política dominante a los procesos de exclusión social”. Esta lacerante descripción de la realidad está contenida en el libro “¿Responde la política a la exclusión social en Centroamérica?”, que compila una serie de estudios, informaciones, análisis y datos para determinar el peso de la exclusión social, presentes en las narrativas y los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Honduras, Nicaragua y Costa Rica, celebradas durante los años 2021 y 2022. Esta publicación es resultado de un enorme esfuerzo de sus autores, quienes, reforzados por la colaboración de investigadores, universidades y organismos regionales lograron concretar este estudio comparado de los tres países, desde un análisis de coyuntura política, revisión de perfiles públicos de candidatos, partidos políticos y medios de comunicación, así como grupos focales. Esto se complementa con el uso de minería de datos, vinculando las matemáticas con las ciencias sociales. Para conocer más en profundidad esta publicación conversaremos con el investigador social, Carlos Sandoval García, y el matemático, Brayan Rodríguez Delgado.

Varias informaciones nos ponen foco de alerta en materia económica. El Ministerio de Hacienda anunció una caída en la recaudación impositiva de casi ₡73 mil millones el primer trimestre de este año, debido a la ralentización del crecimiento del régimen definitivo (sectores sin beneficios tributarios) y a la caída del precio del dólar. Ya casi llegando al segundo semestre habrá que esperar el nuevo informe oficial. Por su parte, la auditoría interna de la CCSS estimó en ¢3,7 billones la deuda del Estado. Un 82 % corresponde al seguro de salud y un 18 % al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Sobre este último rubro, el ministro Nogui Acosta firmó una carta de entendimiento con Jaime Barrantes, el Gerente de Pensiones, para que ambas instituciones negocien la deuda, a pesar de que el jerarca mantiene una particular e inentendible puja para que la Asamblea Legislativa baje de 15 % a 10 %, el porcentaje que se deduciría del préstamo de $400 millones del BID y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Dice que prefiere perderlos si no se cumple con el 10 % que exige. A esto se añade que después de muchos meses consecutivos el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que había superado los 50 puntos, la segunda semana de junio cayó casi 5 puntos para tener una calificación de 45.3, mostrando que crece el número de pesimistas, con impacto en el consumo y la recaudación de impuestos. Para entender esta coyuntura conversamos con el economista, Fernando Rodríguez.

Los nuevos aires de un ejercicio populista del poder político, surgido desde los procesos electorales, son hoy más que evidentes en América Latina. La continuidad del mandato del partido Morena en México, con la presidencia de Claudia Sheinbaum, augura una concentración del poder, no solo por los contundentes resultados electorales, sino por las reformas en proceso a varias instituciones del sistema de pesos y contrapesos. En Argentina, el presidente Javier Milei logró -a pesar de haber tenido que ceder buena parte de su ambiciosa propuesta - la aprobación de la Ley de Bases, que le dará posibilidad de prescindir del Congreso para tomar decisiones sobre enormes desafíos político económicos. Sus discursos se centran en achacar todos los males al pasado que construyeron un hoy lleno de problemas que -para ser resueltos- requieren de mayor concentración de poder, de cambiar instituciones, a pesar de que las circunstancias no cambian ni dan, por ahora, resultados a las mayorías. Igual tono hemos escuchado estos dos años aquí, lo cual se sintetiza en lo dicho por el presidente Chaves el viernes en La Fortuna de San Carlos: vivimos en una disque “dictadura perfecta” en la que la institucionalidad democrática de los últimos 75 o 70 años, impiden crear prosperidad. ¿Serán “topos” dentro del estado para destruirlo y recomenzarlo, como se autodenominó el mandatario argentino? Para poner más atención en este fenómeno conversamos mañana con el politólogo, Sergio Araya.

El termómetro político se asemeja a estas calientes mañanas de invierno: puro bochorno. Primero el miércoles, como no resulta sorpresivo, el mandatario arremetió contra el Congreso y sin considerar que estamos en periodo de sesiones extraordinarias cuando la iniciativa le corresponde justamente al Ejecutivo, llamó al Primer Poder de la República "tierra infértil". Evidentemente, el trimestre en curso apunta a poquísimos espacios posibles de negociación para hacer algo productivo de la labor conjunta que debería privar entre los dos poderes. Pese a ello, 37 diputados aprobaron en primer debate el ingreso pleno de Costa Rica al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, lo que daría al país acceso a financiamiento en buenas condiciones. Pero el jueves no estuvo exento de bochornos. Hubo un enjambre de rumores sobre la supuesta dimisión (otra vez) de la Ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, de cuyo partido, Unidos Podemos, por cierto -curiosamente- está embanderada la ruta 27. Y aunque hubo un desmentido oficial del titular de Comunicación, los ruidos no cesaron. De hecho, varios ecos no solo insistieron en que la renuncia será efectiva este viernes, sino que además la sustituta sería la Ministra de Planificación, Laura Fernández. Habrá que esperar. En el contexto de la última semana, va quedando al descubierto que la propuesta de referéndum fue advertida como abiertamente inconstitucional tanto por el exdiputado Alex Solís Fallas que formó parte del equipo de asesores, como por el también experto en derecho constitucional Manrique Jiménez, quien declinó participar en el mencionado comité, por considerar abiertamente inviable una consulta directa como la pretendida. El mismo jueves también hubo desencuentros (o mejor dicho, persistieron) en la bancada del PUSC. Imposible disimular la guerra de desacreditación que mantienen contra la diputada Vanessa Castro en su misma bancada a la que, por supuesto, se sumó sin disimulo el actual Embajador de Costa Rica en México que debió comparecer a la Asamblea Legislativa obligado por los diputados. Analizamos los hechos políticos de la semana con el politólogo, Gustavo Araya Martínez.

Para asegurar el futuro de nuestro sistema de pensiones hay que dialogar y tomar decisiones ahora. Es por eso que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) ha planteado, la necesidad de instalar una mesa de diálogo nacional para avanzar hacia “reformas más ambiciosas o integrales”. Sin duda los temas son en extremo sensible, porque la sostenibilidad financiera del sistema pasa por la edad de jubilación, los cambios en la pirámide poblacional, el monto de las aportaciones de cada parte y otros factores también determinantes como la generación de empleo y la expectativa de vida. Los especialistas sostienen que si no hay reformas pronto, en unos 20 años las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social -el más grande del país- se agotarían. Por eso, más pronto que tarde hay que asumir esta discusión y concertar difíciles decisiones. Pero no podríamos conversar con la Superintendente de Pensiones, si no aprovechamos el momento para consultarle sobre el curso de la intervención de Coopeservidores, pues si bien no tendremos el informe del interventor hasta finales de mes, la decisión de despedir al Gerente General sin responsabilidad patronal, así como el anuncio del despido de 147 trabajadores de esa cooperativa de ahorro y crédito, parece advertir un cauce que podría terminar con la resolución de la entidad. Acerca de estos ambos temas conversaremos con Rocío Aguilar, en su doble condición de Superintendente de Entidades Financieras y de Pensiones.

Una microrráfaga, que es un fenómeno meteorológico al que se le conoce popularmente como una bomba de lluvia y viento, y que parece sacada de una película de ficción, azotó varias comunidades de Cartago el fin de semana. Los daños fueron impactantes. El lunes, otro evento provocó desbordamiento en San Pedro de Montes de Oca y severos efectos en Curridabat. Y además, el lamentable fallecimiento de una persona que fue arrastrada por la fuerza de las aguas en Llorente de Tibás. Más de 250 incidentes por lluvias, inundaciones e inestabilidad de suelos, en gran parte del territorio nacional han sido atendidas por las autoridades competentes, en estos días. Dada la inminencia de mayores precipitaciones, fueron elevados a alerta naranja el Valle Central y el Pacífico Central. Y esta semana, además, enfrentamos lo que se conoce como un tren de ondas tropicales. Tres seguidas que ya están siendo monitoreadas por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y que seguirán profundizando la inestabilidad del clima. Para comprender cómo vivir con la variabilidad climática, conversaremos con el meteorólogo, Eladio Solano del IMN.

Ciertamente, el populismo es un fenómeno de raíces viejas, pero los nuevos rebrotes están tambaleando los cimientos de las democracias con la emergencia de líderes personalistas de nuevo cuño que surgen de organizaciones políticas que más allá de la derecha o de la izquierda, se consolidan mediante pregonados proyectos a cargo de mesías salvadores. Con sus matices, hablamos de Andrés Manuel López Obrador, en México, o de Giorgia Meloni en Italia, de Javier Milei en Argentina o de Víctor Orbán en Hungría, de Nayib Bukele en El Salvador o de Donald Trump en Estados Unidos. “Los liderazgos populistas y sus formaciones son hijos legítimos de la democracia”, afirma el politólogo mexicano Israel Covarrubias en “La Fascinación del populismo…” Son liderazgos personalísimos que trabajan para succionar el control de las instituciones, desde la táctica del desprestigio, poniéndolas como verdaderas trabas para el cumplimiento de las demandas de una ciudadanía enojada. Sea la líder francesa, Marine Le Pen o el español, Santiago Abascal. Sea desde el poder o desde la oposición, los populistas dignifican a las clases sin poder, a los excluidos, a los vencidos, para darles una reivindicación, aunque en realidad lo que procuran es enquistar nuevas élites políticas, económicas y religiosas en el poder. Comprender esta realidad para buscar respuestas a la dura realidad de millones de personas en pobreza, con deficientes servicios públicos, sin empleos de calidad, sin seguridad social y a expensas de la inseguridad ciudadana, es el desafío hoy para no perder todo por lo que luchamos cuando defendimos la democracia republicana. Sobre el tema conversamos con el coordinador del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica, Rotsay Rosales Valladares.

Apenas presentados el proyecto de ley y el proceso de iniciativa popular para el referéndum, promovido por la administración Chaves Robles, afloraron las dudas y los señalamientos. Y si bien es cierto existe una opinión muy generalizada respecto de no cuestionar el referéndum como instrumento válido de la democracia directa, tras recordar que desde 1998 la Sala Constitucional sentenció que no se pueden limitar las competencias de la Contraloría General de la República, ha cambiado mucho el giro del análisis respecto de la viabilidad de esta consulta en particular. En el telón de fondo, la discusión hoy es respecto de la verdadera intención del Ejecutivo de plantear una consulta que sabía de antemano que no tendría posibilidades de avance, pero que si podría generar réditos al proyecto político personalista y de paso profundizaría la campaña de desprestigio contra la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y la Sala Constitucional, lo que nos seguiría colocando en los extremos de la polarización. Para analizar este tópico y otros pendientes en materia electoral conversaremos con el expresidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.

Referente de la salud pública de Costa Rica, la sola mención de su nombre es motivo de orgullo nacional, ya que durante seis décadas ha ido evolucionando en la atención pediátrica desde la desnutrición y las enfermedades infecciosas hasta subespecialidades y cirugías de alta complejidad como los trasplantes y las malformaciones congénitas. El Hospital Nacional de Niños, Dr. Carlos Sáenz Herrera, es un ícono. El año pasado atendió 104 mil urgencias y 150 mil consultas externas. Registró una tasa de mortalidad hospitalaria de 1.6% y la estancia promedio fue de 7.5 días. En mayo pasado celebró 60 años como un centro hospitalario con reconocimiento regional, con un mejoramiento en su espacio físico, equipamiento de alta tecnología, especializando a su personal y estableciendo hitos en la protección de la salud de nuestra niñez. Ahora llega a los 61 años aun con la deuda de la Torre de Cuidados Críticos. El cumpleaños coincide con el inicio de la época lluviosa en la que se disparan las infecciones respiratorias que llevan al límite de capacidad a sus calificados equipos. Para repasar oportunidades y desafíos de este emblemático hospital conversaremos mañana con su director, Dr. Carlos Jiménez Herrera, y con la jefa del Departamento de Medicina, Dra. Lydiana Ávila.

Han pasado tres semanas desde la intervención de Coopeservidores y estamos ya a pocos días de que se cumpla el primer plazo establecido para el informe del interventor, que ciertamente podría ampliarse, aunque ello podría generar aún más incertidumbre sobre el caso, cuyo elemento más novedoso fue la decisión del interventor de ordenar hace ocho días el despido sin responsabilidad patronal del gerente general de la cooperativa Óscar Hidalgo, lo cual nos anticipa la contundencia de las pruebas sobre las que se está construyendo todo el caso. Los restantes miembros del Consejo de Administración siguen suspendidos, pero las vísperas no les presagian aguas tranquilas. En tanto, para mantener a flote y llevar calma al negocio de todo el sector cooperativo financiero, la Oficina del Consumidor Financiero (OCF) estableció canales de comunicación para evacuar inquietudes y orientar a las personas afectadas por el proceso. Es un esfuerzo que se sumó a otros de las entidades supervisoras, para acompañar la intervención. En esa línea conversamos con el economista y director de la OCF, Danilo Montero.

En 48 horas, dos casos de vecinos en disputa dejan como saldo familias destrozadas con una víctima mortal y otra hospitalizada con severas lesiones. Por supuesto que la violencia estructural está en el centro de la cuestión: el trágico desenlace de una disputa vecinal en Guachipelín de Escazú el lunes volvió a revivir otros casos similares que hemos experimentado en el pasado y que son resultado de un mal manejo de masculinidades machistas. Aun sin reponernos de esa escena viralizada, dos vecinos también discutieron en San Pedro de Coronado este martes y uno de ellos disparó contra el otro. “Las cifras anuales de homicidio doloso en Costa Rica durante el periodo 2010-2023 dejan en evidencia una tendencia al alza a partir del año 2020. Llaman la atención dos puntos importantes: el primero de ellos, que Costa Rica duplicó la cantidad de homicidios dolosos durante los últimos diez años (2013-2023) y el segundo, que el año pasado se registró la mayor cantidad de víctimas en el país”. Esto indica Infosegura, un reporte elaborado con datos del Observatorio de la Violencia del Viceministerio de Paz a partir de la información del OIJ. Y claro está, aunque la mayor parte de esos homicidios corresponden a actividades delincuenciales, también se encuentran ahí los terribles casos de desencuentros causales y cotidianos en los que no se contienen las iras. Esto nos coloca ante un espejo que debemos mirar de frente, por duro que nos resulte, para fortalecer la atención individual y colectiva de un fenómeno que requiere de intervención social y políticas públicas, para no dejarlo solo en respuestas inmediatas e insuficientes de repudio que finalmente normalizan esas conductas violentas en frías estadísticas. Nos acercamos pues al tema, desde la expertiz y la sensibilidad del psicólogo Milton Rosales.

Costa Rica funge esta semana como sede de la reunión preparatoria de la Tercera Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Océano 2025, a celebrarse en Francia. Este evento global nos sigue posicionando como líder en la defensa, conservación y protección del medio. Así que, sin duda, es una medalla ambiental más en nuestro palmarés. Pero mientras esto ocurre con respecto al tema de los océanos, en tierra el Ejecutivo enfrenta una batalla ante las denuncias respecto de una plausible deforestación irregular (aunque revestida de legalidad) en el sufrido Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe Sur. Ahora, debido a la presión comunitaria y política del caso, el ministro de Ambiente, Franz Tattembach se vio obligado a ordenar una investigación interna en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, pese a que inicialmente aseguró que la tala estaba en regla. El caso ya traspasó los linderos de la acción administrativa y política, pues el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público, efectuaron un allanamiento en la municipalidad de Talamanca para investigar el hecho denunciado por los vecinos, con fuerte eco en el Congreso. Para tratar estos temas de relevancia conversaremos con el ministro Tattembach Capra.

Claudia Sheinbaum Pardo es la primera mujer electa presidenta de México. Capitaneando el acorazado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido político del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene una larga carrera en la función pública. Científica de formación, le gusta tomar decisiones a partir de los datos. Los aportados por el Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el Programa de Resultados Preliminares (PREP) le dieron el triunfo con un 60% de los votos, en un proceso que convocó a 98 millones de votantes. Una elección signada por la violencia, con el asesinato de 30 personas que aspiraban a alguno de los 20 mil puestos en una elección en la que se dispusieron 170 mil mesas electorales. Los comicios fueron un espejo de la trágica realidad de la crueldad con la que grupos del crimen organizado imponen su dominio en varios territorios. A este flagelo, que de acuerdo con datos de una consultora independiente afecta a 108 millones de personas (el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 28 estados y el Cártel de Sinaloa en 24), se debe agregar el dramático resultado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que determinó que para el año 2023, 50 millones de mexicanos no tenían acceso a servicios de salud. Además de estos enormes desafíos, la nueva gobernante deberá demostrar que es capaz de marcar su propia impronta, para desprenderse del peso que implica la figura del presidente saliente. Para hacer una primera aproximación al triunfo de Sheinbaum Pardo conversaremos con la relacionista internacional y estudiante de posgrado del Tecnológico de Monterrey, Ericka Cerdas.

In memoriam. Sucedió hace 40 años y aún hoy es una herida abierta. El 30 de mayo de 1984, en la comunidad fronteriza norte de La Penca, ocurrió un atentado terrorista en medio de la guerra que se libraba en Nicaragua. Murieron siete personas y 22 quedaron afectadas por las secuelas del estallido de la fatídica bomba. Hoy el crimen sigue impune, pese a una larguísima lista de acciones legales y denuncias de los afectados, así como de investigaciones de autoridades nacionales y organismos internacionales. Aún más, con el paso del tiempo esta tragedia va quedando en el olvido y precisamente para mantenerlo vigente en la memoria, desde el año 2010 se decretó el 30 de mayo como el Día Nacional del Periodista Costarricense. Así conmemoramos a todas las personas que han sido perseguidas, atacadas y asesinadas a causa del ejercicio de su profesión y oficio como periodistas. Es también, por supuesto, una fecha para reconocer que una prensa libre, responsable e independiente es fundamental para sostener la democracia. Por ello conversamos con el periodista y víctima de este atentado, Nelson Murillo.

Si fuera una economía estaría por encima de la economía de 50 países. Alrededor de un 5 % de la población mundial la sigue en plataformas digitales. Hizo 53 conciertos que llenaron estadios en Estados Unidos, el año pasado, que añadieron $4.600 millones a la economía, entre viajes, alojamientos y otros gastos. Sus canciones se han reproducido 36 mil millones de veces. Pero no todo acaba allí. La cantante Taylor Swift fue denominada por la revista Times como persona del año 2023, autoridades políticas de Europa y América se la disputan para que realice conciertos en sus ciudades. Es una poderosa portavoz para provocar conciencia y cambios en temas como los derechos de la mujer, la diversidad sexual y sociales que la conectan con población joven y adulta, que la siguen con lealtad y obediencia y lo que expresa tiene capacidad de hacer variaciones globales. A tal punto su capacidad movilizadora, que le han solicitado que durante sus conciertos por Europa (este jueves y viernes canta en Madrid) haga un llamado al voto joven para las elecciones del Parlamento Europeo que se celebraran del 6 al 9 de junio próximo. El comando de campaña del presidente Joe Biden espera que repita, como lo hizo el año 2020, su adhesión al demócrata. Para conocer las claves de este fenómeno global musical, cultural, social y digital conversaremos con la comunicadora y directora audiovisual, Melany Mora, y con el periodista especializado en música, Carlos Soto.

¿Seguro que ya pasó la amenaza de racionamientos eléctricos? La preocupación es que no llueve aún lo suficiente como para alcanzar niveles óptimos en los principales embalses que sostienen el Sistema Nacional Eléctrico de Costa Rica y todo hace indicar que seguimos en la fase de “coyol quebrado, coyol comido”. Por otra parte, ayer fue liberado el informe oficial del apagón que se produjo el jueves 9 de mayo en gran parte del área metropolitana y se extrae de ese documento que el ICE, o para ser más precisos, su Gerencia de Electricidad, habría faltado a la verdad cuando aseguró que la falta de fluido obedeció a una falla técnica, cuando en realidad lo que ocurrió es que el sistema llegó al límite y la decisión fue aplicar desconexiones de carga, particularmente para tratar de asegurar que el viernes 10 no hubiese un faltante aún mayor si persistía la situación de estrechez en que se encontraba el sistema en esas horas. Por cierto, el lunes también la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) informó que para el año 2025 habría un aumento significativo de la tarifa, dados los costos por la compra de búnker para la generación térmica. Datos a abril de este año indican que se han invertido alrededor de ₡193 mil millones. Sin embargo, el ICE salió al paso de ese anuncio asegurando que las tarifas del año entrante serán prácticamente iguales y acaso un poquito menores que las de este 2024. Las explicaciones no son convincentes dados los yerros recientes justo respecto del manejo de la crisis y la falta de transparencia con que se conduce el ICE. Lo cierto es que crisis a lo interno si parece persistir y eso desata rumores que no cesan, como por ejemplo respecto de la inminente salida de uno o varios jerarcas. Para aportar más claridad a este tema, cuyas implicaciones persisten, conversaremos con el ex director del Centro Nacional de Control de Electricidad (hoy DOCSE), Salvador López.

Si hablamos de la descalificación rampante y los insultos en la política, no es que estemos descubriendo el agua tibia. La política siempre ha sido un tinglado de golpes duros y también, sí, de no pocas ocasiones en las que se cruzan las líneas de la discusión de ideas, políticas y proyectos, para personalizar las batallas. Aunque ello no solo no sea lo deseable, sino peor aún, porque incrementa el descrédito hacia la política y el sistema democrático, como lo acaba de dejar en claro el Presidente del gobierno español Pedro Sánchez luego de estar sometido a la guerra campal de las acusaciones de todo tipo contra su esposa. Las diatribas políticas han caído en el lodazal del descrédito y lo vemos como un fenómeno muy expuesto (hoy que todo corre en tiempo real) en las democracias. Recordemos que sin libertades constitucionales estos intercambios no son posibles. La novedad más reciente es que los insultos pasan de un jerarca político a otro. Que cruzan el Atlántico. Tal vez el exponente mayor fue Donald Trump, que no se detenía para lanzar dardos arteros contra la entonces Canciller alemana Angela Merkel, o contra el líder francés Emmanuel Macron, o contra quien fuera... Ahora sigue el libreto Javier Milei de Argentina, que se ha convertido en una especie de rockstar sin contención alguna. Fue a España y no se conformó con hacer el gesto de desdén de no pedir audiencia con el Rey o con el Presidente de gobierno. No, se fue a un mitin político de la derecha europea y aprovechó el escenario y los focos para insultar al Presidente del país que visitaba. Fue un exceso que desembocó en algo inédito: España retiró de manera permanente a su embajadora en Buenos Aires. Con lo que del insulto personal se pasó a lo que hoy algunos analistas empiezan a denominar "desinteligencias diplomáticas". Sánchez-Milei es un ejemplo. Milei también se intercambió linduras con Andrés Manuel López Obrador. Petro de Colombia no tuvo contención con Milei y viceversa. Vivimos, pues, una deriva del populismo que se abre paso en la política y en las democracias. Y para profundizar acerca de esta coyuntura conversaremos con el relacionista internacional y director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo Zamora.

En materia educativa, el compromiso del gobierno fue “encender la educación” para -mediante un mecanismo vivo y en construcción permanente- obtener resultados de mejora sustantiva. Han pasado dos años y lo que tenemos son sombras en temas como la política pública misma, denominada Ruta de la Educación, que se aseguró daría las líneas de trabajo a seguir, pero que aún no se ha hecho de conocimiento público. Opacidad en áreas como las pruebas nacionales estandarizadas por ausencia de metodología y escasa información acerca de su aplicación, confrontación con las universidades públicas y el reclamo de varios sindicatos del sector y el desmantelamiento del Programa Nacional de Informática Educativa, mientras seguimos cayendo en la evaluación internacional de las pruebas PISA. Dos años con los presupuestos más bajos para el Ministerio de Educación que profundizan mucho más los problemas estructurales de este sector fundamental de la movilidad social. Para evaluar qué se ha hecho y qué se ha dejado de hacer, conversaremos con la ex viceministra de Educación, Karla Salguero.

El brutal ensañamiento de los femicidios de Emilce Soto, Kimberly Araya y Nadia Peraza perpetrados por hombres muy cercanos a ellas, son la deplorable expresión de una patología que debemos abordar desde múltiples disciplinas, pero siempre colocando en el eje central de la cuestión el tema del machismo extremo. Años de estar promoviendo e impulsando sensibilización sobre este tema cultural tan sensible para la convivencia humana, han dado resultados sí, pero definitivamente no los suficientes y 19 muertes violentas contra mujeres, en lo que llevamos de este año, nos lo confirman. Que ahora podamos afirmar que hay masculinidades distintas, positivas y emocionalmente saludables que han aprehendido a respetar la igualdad de sus congéneres, es un paso en la dirección correcta, pero la tarea está apenas en proceso y tenemos que seguir encarando desde la política pública y desde los hogares y las comunidades los desafíos que presentan para muchísimas mujeres la vulnerabilidad de su mera existencia. Para seguir analizando y aportando información conversamos con el Director del Instituto Costarricense para la Acción, Educación, e Investigación de la Masculinidad (WEM), Álvaro Campos.