El Reporte Delfino

La detención de un abogado en Corredores, requerido por una corte en Texas por presunto narcotráfico, podría parecer —en otra época— una noticia más de la sección de sucesos. Pero ya no estamos en otra época. Hoy, cada nuevo nombre que aparece en la lista de extraditables inevitablemente se conecta con algo más grande e incómodo.

Ayer, en conferencia de prensa el presidente Rodrigo Chaves dijo que los espacios de control político actuales de la oposición son (palabras más, palabras menos) irrelevantes. En buena medida, coincido con él. Toda esa gente ya está en silla floja y con fecha de vencimiento sobre el cuello. Lo que Chaves no dice abiertamente es que él mismo, al igual que los diputados de oposición, también es un pato cojo.

Como saben Costa Rica firmó un nuevo acuerdo con Estados Unidos para recibir hasta 25 migrantes deportados por semana. El Gobierno lo presentó a inicios de esta semana como un mecanismo ordenado, voluntario, financiado por Washington y bajo control soberano. En papel, suena razonable. En la práctica… ya lo intentamos. Y no salió bien.

La Asamblea Legislativa decidió este lunes algo que, siendo honestos, ya se veía venir: mandó al archivo el informe “light” sobre la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)… y acto seguido aprobó el otro. El incómodo. El que sí señala responsables. Recordemos: la comisión investigadora parió dos versiones del mismo cuento. Una que básicamente decía “aquí han pasado cosas… pero diay, nadie es culpable y doña Marta es toa” y otra que responde “no señor, aquí hay nombres, decisiones y responsables”.

He seguido con interés el temita del embarcadero que Japdeva pretende construir frente al pueblo a pesar de notorias y sostenidas oposiciones de la comunidad cada que surge esa "conversación". A ver, entrémole de atrás para adelante. Ayer jueves dimos a conocer que la Contraloría General de la República (CGR) improbó el financiamiento para el proyecto. En concreto: ₡674 millones que, por ahora, no se pueden usar.

Durante una entrevista en Interferencia de Radio UCR, Nogui Acosta defendió la idea de que, en un eventual escenario de suspensión de garantías, el Estado podría ingresar a domicilios sin autorización de un juez. Para justificarlo, planteó un caso en el que una orden tardía permitió decomisar droga días después de un primer intento que no obtuvo el visto bueno judicial. La periodista Hulda Miranda le consultó: “¿qué pasa si entran a una casa sin orden judicial… y no encuentran nada?”. “Perdón, ¿cuál fue el daño?”, respondió Acosta. Conviene detenerse ahí.

Este martes la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó positivamente dos proyectos de ley que permitirían acelerar el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Con eso, ya son tres los expedientes listos para brincar al plenario con una misma idea de fondo: convertir una pensión complementaria en liquidez inmediata. El primero es el expediente 24.984, impulsado por la diputada oficialista Ada Acuña. El segundo, el 24.972, promovido por la frenteamplista Rocío Alfaro. Ambos pasaron con seis votos a favor y uno en contra. El voto disidente fue el de Andrea Álvarez.

Ayer, mientras me preparaba para escribir este reporte, escuché a la diputada Pilar Cisneros hablando en OPA. Decía la legisladora que está preparando un control político para este martes en el que demostrará que en Costa Rica la clase política es intocable. Lo irónico es que el chavismo se ha presentado como el esperado “punto y aparte” en este tema. La propia Pilar ha gastado horas hablando de la lucha contra la corrupción y dejando claro que con el movimiento jaguar a los corruptos “se les acabó la fiesta”. ¿Por qué digo irónico? Porque ahora resulta que es el propio chavismo el que le pone una piedra en el zapato a un proyecto de ley que combate la corrupción y que Costa Rica ha esperado por 16 años...

La jornada de este jueves arrancó con una noticia seria: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue víctima de una operación de ciberespionaje que permitió la extracción de aproximadamente 9 gigabytes de correos electrónicos internos de la institución.

La denuncia penal presentada el lunes por la exdiputada Marulin Azofeifa contra el legislador y excandidato presidencial Fabricio Alvarado sigue generando ramificaciones. En cuestión de tres días el caso pasó de ser una acusación formal ante la Fiscalía General a convertirse en un asunto político de primer orden que ahora involucra documentos, supuestas presiones para retirar la denuncia y preguntas incómodas sobre quién sabía qué dentro del movimiento político del diputado.

El Fondo Monetario Internacional publicó este martes su evaluación anual sobre la economía costarricense y el diagnóstico, como suele ocurrir con estos informes, viene con dos caras. El punto más delicado del informe aparece cuando el Fondo analiza el futuro de la seguridad social. Mieeeeentras tanto, tal y como estaba previsto el Poder Ejecutivo decidió vetar (por partida doble) la Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas. Para terminar, ayer trascendió que la Auditoría Interna del Congreso decidió revisar otro tema sensible: los permisos y beneficios otorgados a funcionarios legislativos. El resultado dejó algunas historias curiosas.

Arranquemos por el principio. Costa Rica, país sin ejército desde 1948, terminó asociada a una iniciativa hemisférica impulsada por Donald Trump bajo una consigna que aquí, por decirlo amablemente, no pasa inadvertida: “paz a través de la fuerza”. Además, este lunes el Tribunal Penal de Limón rechazó la extradición de Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, a Estados Unidos.

Si algo quedó claro este jueves en la Asamblea Legislativa es que la ampliación de la Ruta 1 sigue siendo un proyecto urgente… pero para variar el pleito político parece avanzar más rápido que el asfalto. Además, este jueves el Consejo Universitario organizó una caminata por la milla universitaria del campus Rodrigo Facio con la intención —según explicó el propio órgano— de acercarse a la comunidad universitaria en medio de la polémica que ha rodeado recientemente a la rectoría...

Ayer la Asamblea Legislativa hizo algo que la ciudadanía viene reclamando desde hace años: le entró finalmente al tema de las estafas digitales. La tarde de este miércoles se aprobó en segundo debate el expediente 23.908, la llamada “Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero”, que obliga a bancos y entidades financieras (públicas y privadas) a responder cuando un cliente pierde plata por estafas electrónicas.

El Concejo Municipal de San José dejó finalmente en firme la suspensión por 15 días contra el alcalde Diego Miranda, sanción que llevaba meses dando vueltas entre votos, actas y discusiones jurídicas. Mientras tanto, el episodio del Novillo Alegre no se quedó en memes, menús y capturas de WhatsApp. Este martes el Consejo Universitario de la UCR decidió pedir cuentas formales al rector Carlos Araya Leandro.

Celso Gamboa Sánchez en entrevista con 7 Días confirmó que piensa dar a las autoridades judiciales estadounidenses información sobre “personas que sí están erosionando la institucionalidad costarricense y lamentablemente en este momento están en el Poder Ejecutivo”. Además, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) solicitó embargar al diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.

Vaya escaramuza se armó a partir de las declaraciones de don Fabián Silva Gamboa en El Octavo Mandamiento. Silva, recordemos, forma parte del grupo de expertos que doña Laura Fernández Delgado presentó la semana pasada como responsable de ayudarle a impulsar reformas legales durante su presidencia. Por esa razón, es comprensible que si sugiere al aire colocar bases militares gringas en Guanacaste, Puntarenas y Limón para combatir el narcotráfico surjan todo tipo de reacciones y comentarios.

Hola queridos suscriptores de Delfino.cr; hoy les acompaña Lucho,en sustitución temporal de Diego, a quien esperamos que esté disfrutando un merecido descanso. Para este jueves traigo una positiva noticia emanada desde el Congreso, antes de hacer un breve repaso por lo que nos dejó la conferencia semanal del presidente, así que entremos en materia.

Este martes la agenda noticiosa dejó tres señales distintas que, vistas en conjunto, cuentan la misma historia: la política administra el tiempo; las cifras no.

El ROP volvió a la mesa legislativa y con él volvió esa tentación tan costarricense de creer que hay un cofre lleno de billetes esperando a ser abierto. Spoiler: no hay cofre. Hay bonos.

No estoy sugiriendo vivir en negación (de hecho mi evangelio personal lo prohíbe) ni mucho menos no llamar a las cosas por su nombre. Simplemente pido dejar siempre abierta la puerta al progreso. Al diálogo. A la concordia. Hablo, por supuesto, del beneficio de la duda que he sugerido otorgarle a la presidencia de Laura Fernández Delgado. Frente a quienes parten de que será una extensión automática de la línea beligerante que ha caracterizado a don Rodrigo Chaves Robles, yo solo estoy planteando algo muy sencillo: no adelantemos la sentencia.

Tremenda frase nos regaló ayer don Eliécer Feinzaig, en un tenso intercambio con doña Pilar Cisneros. Con el permiso del legislador, me voy a agarrar de esa pedrada para entrarle a un tema que viene recientemente acaparando mis pensamientos. A ver: por mucho que me bajonee tengo que reconocer que el diputado tiene razón. La conversación pública se degradó de golpe, pasamos de un casual “el papel aguanta lo que le pongan" a consumirnos de lleno en el ecosistema de desinformación de las redes, desde donde la mentira y la trama viajan por la libre alimentadas por el algoritmo del odio.

Se cocina en Pueblo Soberano tremenda disputa de cara a la presidencia de la próxima Asamblea Legislativa. Recordemos: tienen 31 diputaciones así que el directorio entero es de ellos si así lo desean con cero drama y cero complicación. Además, la actual presidenta electa y actual ministra de presidencia (y desde ayer exempleada de Mideplán) solicitó a las jefaturas de fracción un encuentro el próximo jueves.

No fue una jornada sencilla para don José Miguel Villalobos, mientras CR Hoy dio a conocer que su hijo fue contratado como asesor jurídico en Casa Presidencial, Pilar Cisneros le dijo a Repretel: "A ver él y yo no tenemos nada en común, yo le censuré durante la campaña muchas de sus manifestaciones que no tenían ningún sentido, más que encender la hoguera, en una campaña donde nosotros necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante... nunca hizo caso, hizo lo que quiso, hace lo que quiere... entonces yo digo, que siga su camino y yo con el mío, no tengo ningún tipo de relación”.

El señor presidente Rodrigo Chaves Robles le dedicó ayer a este medio (y a mí) algunas reflexiones poco felices. En resumen faltó a la verdad, se rajó con un chisme insólito y acusó al medio de hacer lo que no hace. Nada de eso me estresa, preocupa o enfada. Tampoco me sorprende, ofende o agrede, de ninguna manera. Con todo gusto compartiré con ustedes mis reflexiones sobre el tema el viernes en Café Para Tres, pues no me parece tan relevante como para que acapare el reporte de hoy. Entremos pues en materia, pues hoy hay mucho de qué hablar.

Las condiciones estaban dadas para el inevitable escándalo. Primero, viajemos hasta setiembre pasado, cuando el jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo Sandí, dijo en el plenario que “con reestructuración o sin reestructuración” (del AyA) votaría a favor de levantarle el fuero al presidente Rodrigo Chaves Robles. Es decir, desde entonces el diputado ya daba a entender que lo tenían “en la mira”. El tiempo pasó y pasó y pasó y la avalancha jaguar se manifestó en las elecciones y todo el mundo pensó que este tema había quedado en el pasado. Hasta ayer, cuando el diputado se enteró de que había sido despedido.