Mario Cimadevilla

La ley establece que se debe concursar el cargo, que después del concurso hay que hacer una terna con los mejor clasificados, esa terna es elevada al poder ejecutivo y este pide acuerdo con el senado. Es un procedimiento muy similar al del juez. La doctora Gil Carbó apenas llego a la procuración general, lo primero que hace es eliminar los concursos, se sienta en la máquina de escribir y empieza a redactar resoluciones nombrando fiscales, lo cual es una barbaridad, porque no tiene facultades para crear cargos de fiscales. Un fiscal necesita tener garantías, independencia para investigar, no puede estar sometida la investigación del fiscal a la voluntad de quien lo nombró. Lo más grave de todo esto, es que estos fiscales han sido nombrados fiscales generales, con los cuales han quedado bajo su subordinación fiscales que tienen acuerdo del senado y que pueden actuar legalmente. Si estos fiscales truchos actuaran en las causas judiciales, lo más probable es que se plantee la nulidad de todo lo actuado y las investigaciones caigan. Lo que está haciendo la doctora Carbó es de una gravedad institucional muy grande. Los fiscales se nombran a dedo, Carbó nombró a más de una docena de fiscales. El poder ejecutivo debe tener en su poder cerca de 80 pliegos para cubrir vacantes en distintos fueros, y desconocemos las razones por las cuales el poder ejecutivo no eleva esas ternas al senado para que se le de acuerdo y puedan cubrirse con titulares. Si no analizamos cual es la lógica de poder que tiene el oficialismo, nos va a costar entenderlo. El gobierno tiene una lógica de poder donde entiende que ni la ley ni la constitución pueden ser límites al poder. Nombramos una corte ejemplar independiente del poder político, pero después no acatamos los fallos. Cuando usted violenta la constitución usted tiene que concurrir a un juez para que restaure el equilibrio de voto. No es un tema para deprimirse, es para estar atento. La justicia tiene que cambiada. Aparentemente diputados aplicarían reformas.