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Show Notes
Rodolfo Cardenal
08/11/2019
Casa Presidencial debiera ser más comedida. Declarar secreto el informe técnico que justifica la eliminación de cinco secretarías y centenares de empleos, con el argumento de que su difusión pondría en riesgo “los procedimientos administrativos para lograr los resultados de las estrategias estatales”, no es muy político. El embargo impuesto se extiende por un máximo de siete años, esto es, va más allá del mandato presidencial. La argumentación, como ya parece ser costumbre presidencial, es retorcida. Invocar presuntos procesos administrativos para garantizar estrategias estatales desconocidas no tiene sentido. El razonamiento complementario que alega que la mayoría de despedidos fue contratada por ser militante o familiar de la dirigencia del FMLN es débil. Algunos así consiguieron la plaza, pero no la generalidad. En cualquier caso, independientemente de cómo fueron contratados, muchos de los despedidos tenían derechos adquiridos, pues estaban contratados por la llamada ley de salarios; derechos que no han sido respetados. El informe técnico podría aclarar esa irregular manera de proceder y acallaría la polémica sobre la decisión presidencial. Si el cierre de las dependencias y los despidos está justificado, no hay razón para ocultar dicho informe.