La abogada Martha Arias advierte sobre deportaciones exprés, TPS extendido y nuevas exigencias para visas de turista

En entrevista con Actualidad Radio, la reconocida abogada de inmigración Martha Arias abordó los más recientes desarrollos en políticas migratorias de Estados Unidos, advirtiendo sobre procesos de deportación acelerada, controversias legales con la forma I-220A y la implementación de un nuevo programa piloto de visas con fianza obligatoria.

Arias denunció la práctica del gobierno de detener y someter a expedited removal (remoción acelerada) a personas cuyo caso fue desestimado por un juez migratorio, incluso después de haber recibido un parole y presentar solicitud de asilo.

“A la persona le dieron la oportunidad de pelear su caso en corte y, cuando el caso se cae, inmediatamente la detienen y la colocan en proceso de expulsión exprés. Es una contradicción legal grave”, advirtió.

Además, criticó la forma en que se interpreta el límite de dos años para aplicar expedited removal, ya que en muchos casos se considera que el reloj se detuvo cuando se emitió el primer documento acusatorio, aunque hayan pasado más de dos años desde la entrada al país.

“Migración dice: usted no acumuló los dos años porque el proceso de corte se le abrió dos meses después de su entrada. Aunque hayan pasado cuatro años, eso no cuenta”, explicó.

Arias también se refirió a la decisión reciente de una corte en la costa oeste que prohíbe la terminación abrupta del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal, extendiendo su vigencia hasta noviembre de 2025.

“La jueza en California consideró que no se podía terminar el TPS tan abruptamente. Esta es una extensión temporal mientras el tribunal analiza el caso a fondo”, detalló.

Aunque no incluye a El Salvador, Arias explicó que esto se debe a las buenas relaciones entre el gobierno de Trump y el presidente Bukele, así como a los cambios en la situación del país.

Sobre la I-220A, un formulario otorgado a muchos cubanos tras su entrada por frontera, Arias informó que el caso sigue pendiente en el Tribunal del Circuito 11, y que un grupo de abogados está organizando una demanda colectiva en el sur de la Florida.

“Esas personas no han podido aplicar a la Ley de Ajuste Cubano pese a llevar más de un año en el país. Están buscando demandar en grupo para reclamar ese derecho”, explicó la abogada.

Arias alertó también sobre un nuevo programa piloto del gobierno federal, que exige una fianza de $15,000 a solicitantes de visas B-1 y B-2 (turismo y negocios) provenientes de países con alto índice de estadías ilegales o con débiles sistemas de verificación de antecedentes.

“Este ‘Visa Bond Pilot Program’ entra en vigor el 5 de agosto y durará un año. Afectará a quienes soliciten la visa en consulados de países de alto riesgo migratorio”, dijo Arias. 

La medida fue publicada oficialmente en el Registro Federal y ya es de cumplimiento obligatorio